Leer entre líneas los titulares de prensa es la mejor manera de vislumbrar a qué se enfrentará Colombia a partir del 7 de agosto, cuando asuma el poder el primer gobierno de extrema derecha del siglo y Abelardo se convierta en el segundo presidente costeño de esta era, después de Petro.

Lo curioso es que en ninguno de esos titulares resalta el nombre del mandatario electo. Parece instalarse una narrativa deliberada en torno al gobierno saliente: se le sataniza mientras se deja que otros hagan el “trabajo sucio”. Es como si a cada nuevo funcionario le hubiesen asignado un guion dentro de una trama. Ante esto, cabe preguntarse con suspicacia: ¿cuál es el verdadero poder detrás del tono? Toca desenredar los hilos. El proceso de empalme deja expuestas las costuras del nuevo gobierno, sin contar que la prensa está siendo hábilmente utilizada para replicar ciertas narrativas.

Titula Semana: “Hubo una parranda, ahora viene el guayabo”, advierte el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. De sangre laureanista, la historia ya sabe lo que esa estirpe significa.

Titula Cambio: “Gustavo Petro debe ser juzgado”, sentencia Carlos Alonso Lucio. Tan exguerrillero como Petro, con la diferencia de que Lucio fue condenado en el año 2000 por falsa denuncia cuando buscaba la Alcaldía de Bogotá.

Titula El Colombiano: “Hemos encontrado una destrucción institucional muy profunda”, afirma José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Nótese la hipérbole; ni los dos terremotos en Venezuela dieron para tanta exageración.

En Barranquilla me quedo, decía el Joe

Por el correo de las brujas circula el rumor de que Abelardo despachará desde Barranquilla y no desde Bogotá. También se dice que buscan eliminar la Procuraduría y fusionar los ministerios de Cultura y Tecnología. Esto debe leerse como lo que es: un sutil menosprecio a la institucionalidad que prometieron defender.

Es inevitable preguntarse por qué elegir la capital del Atlántico como sede de gobierno. No creo que se deba al pánico que los costeños le tienen al frío bogotano. ¿Es acaso una muestra de desdén hacia la responsabilidad que exige la investidura presidencial?

Piensen en lo que habría pasado si Abelardo pierde la elección. Acostumbrado a la opulencia de la que presume en redes sociales, es casi seguro que habría rechazado su curul en el Senado, tal como lo hizo Rodolfo Hernández en 2022.

Escarbando más hondo, la elección de Barranquilla responde a la estrecha cercanía del nuevo presidente con la casa Char, el clan que impulsó su candidatura y cuyo poder político está retratado con precisión en el libro La Costa Nostra, de la periodista Laura Ardila, hoy exiliada.

No sería extraño que en la Arenosa ya se esté cocinando una futura candidatura presidencial para Álex Char, el actual alcalde. ¿Es este el principio de lo que en otro texto llamé la “costeñización del poder”? El control del Estado en manos de una élite caribeña que por décadas ansió ser ama y señora de la patria. Para ellos, la “Patria Milagro” ya comenzó.

Aquí cabe otra pregunta: ¿Serán los Char el verdadero poder detrás del trono? Que Barranquilla se convierta en la capital política del cuatrienio no es un asunto menor, dados los escándalos de corrupción en los que se ha visto inmersa. Si usted le pregunta a una inteligencia artificial cuáles son las ciudades colombianas con más funcionarios vinculados a delitos contra la administración pública, la respuesta es predecible: las fiscalías de Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga lideran el volumen de procesos por celebración indebida de contratos, cohecho o peculado.

A partir del 7 de agosto, la prensa tendrá motivos de sobra para poner la lupa sobre “Curramba la bella”. Fortalecer las corresponsalías allí debe ser visto como una oportunidad imperativa para el periodismo. Se espera en todo caso una prensa más vigilante que complaciente.

Por ahora, es temprano para descifrar el papel que jugará Donald Trump en este tablero. Fiel a su estilo de ganar indulgencias con padrenuestros ajenos, el magnate ya se atribuyó la victoria del “Tigre”, asegurando que sin su apoyo habría perdido. En eso coincidimos con el gringo.

Por el bien del país, ojalá Abelardo esté a la altura de las circunstancias y no terminemos sintiendo que nos metieron gato, o sea tigre, por liebre. Es hora de que el abogado abandone su disfraz de hombre rudo y asuma su condición de estadista; los problemas del país son esencialmente humanos y ante esa realidad le quedará difícil hacerse el gringo, por más norteamericano que se crea.

Reforma política ya

Con un panorama poco claro, urge la reconstrucción de los partidos políticos. Colombia no puede darse el lujo de que figuras oportunistas irrumpan en el panorama sin más credenciales que el ruido mediático. Se requiere un mínimo de formación y experiencia en la cosa pública.

La oposición, liderada por el Pacto Histórico —que a pesar de la derrota mantiene la bancada más grande del Congreso—, debe formular una reforma política audaz. Deberían radicarla este 20 de julio, el mismo día en que se instala el legislativo.

Desde ya genera curiosidad saber quién le escribirá el discurso de posesión al nuevo presidente el 7 de agosto: ¿su vicepresidente, el nieto de Laureano Gómez, un exguerrillero, o una IA? Nunca se sabe.

Y todavía falta el elocuente titular de la ministra designada de Educación, Vivian Morales —exfiscal y exesposa de Lucio—, a quien las redes tildan de antiderechos.

En cualquier caso, de la oposición se espera, más que desobediencia civil, que proponga y actúe con firmeza cuando el régimen entrante intente amputar derechos adquiridos y protegidos. Como bien advirtió el jurista Ramiro Bejarano en su columna de El Espectador: “Ningún sentido tiene para la oposición hacer invivible el país a Abelardo y su entorno, si ellos pueden solitos; para eso resucitaron el cadáver insepulto del laureanismo”.

Por primera vez, Laureano Gómez no se revuelca en su tumba: ¡Baila!

[Semblanza elaborada por los profesores Damián Pachón Soto (Universidad Industrial de Santander), Edgar Eslava (Universidad Santo Tomás) y Maximiliano Prada Dussán (Universidad Pedagógica Nacional), con los aportes de Ángela Milena Niño (Uniminuto) y otros filósofos colombianos. Leído en la entrega del Doctorado Honoris Causa en Educación otorgado por la Universidad Pedagógica Nacional al filósofo Leonardo Tovar González, 2023]   

Los inicios

El 3 de febrero de 1985 aparecía en el periódico El Espectador el artículo “A los 200 años de ¿Qué es la ilustración? La razón pública hoy”. El autor, un joven filósofo, Leonardo Tovar González, en la introducción del texto se preguntaba: “¿Nosotros los hombres del presente, hemos aceptado el reto de Kant, nos valemos autónomamente de nuestra razón? […] ¿Es también la nuestra una época de ilustración?”. Estas preguntas, tan válidas ayer como hoy, han marcado el derrotero intelectual del profesor Tovar. Es así, por lo menos, en tres frentes: 1) la enseñanza de la filosofía y filosofía de la educación, 3) la idea de la necesidad de la deliberación pública, o el uso público de la razón, tal como decía Kant, o, en otros términos, la necesidad de poner en acto en la esfera pública el uso intersubjetivo de la racionalidad comunicativa para buscar consensos y arreglos que nos permitan vivir mejor, y, 3) sus invaluables aportes a la investigación del proceso de consolidación filosófica en Colombia y en América Latina. Estas tareas las ha desarrollado el profesor Tovar con dedicación y detenido cuidado, con la reflexión pausada que da frutos en una obra ensayística y decenas de artículos siempre de gran calado, hondura intelectual y densidad filosófica.  

Su labor académica e investigativa

Como profesor y educador Leonardo Tovar ha dirigido más de 40 trabajos de grado y posgrado, y desde la Sociedad Colombiana de Filosofía ha organizado eventos para reflexionar sobre las cuestiones pedagógicas, la enseñanza y la vigencia de la disciplina. Su interés ha estado enmarcado en resaltar el papel de la filosofía para la convivencia, la democracia y la vida cotidiana. Ha movido estas actividades la idea de que el saber se crea y se recrea permanentemente en un diálogo con la tradición, en un ejercicio pausado, lento, que aborde la perspectividad de los problemas filosóficos. En esta tarea ha estado influido, sin duda, por el pensamiento de Kant y de Habermas que ya, desde 1985, han acompañado su horizonte intelectual. A estos pensadores ha dedicado escritos como: “La constitución de la comunidad ética en Kant” (1995), “Principios, valores e ideales: ética y democracia en Colombia.  Valores Para Una ética Ciudadana” (1992), “Decisión y ejecución en la ética kantiana” (2018), “Modernidad y postmodernidad en Jürgen Habermas: el giro comunicativo” (1998), “La razón irreconciliable” (2003), “Ética y detrascendentalización en Jürgen Habermas” (2009), “Crítica y política en la Escuela de Frankfurt” (2015). En esta línea de trabajo se encuentra su texto “¿Es posible una democracia intercultural en Colombia?” (1999) ganador del Premio Nacional de Ensayo Político Darío Echandía, del Ministerio de Educación Nacional. No está de más recordar que el jurado estuvo compuesto por Gabriel García Márquez, Álvaro Tirado Mejía, entre otros.  

En el campo de la investigación del pensamiento filosófico en Colombia y en América Latina el profesor Leonardo Tovar González ha hecho grandes contribuciones. Al respecto, hay que recordar que hasta hace unos pocos años, el estudio de la historia intelectual filosófica en el país era escaza. En las facultades de filosofía no había un interés por el estudio de nuestro pasado intelectual. Profesores y estudiantes se dedicaban con exclusividad al estudio del pensamiento clásico, dejando de lado el subsuelo intelectual mismo desde el cual filosofaban o se enfrentaban con ese pensamiento. No había un interés por la tradición filosófica propia. Justamente, el interés por el pensamiento propio lo llevó también a interesarse por los asuntos educativos y de enseñanza de la filosofía, en un despliegue de pensamiento que aborda asuntos como la defensa de la enseñanza de la filosofía como problema filosófico, la denuncia al olvido de la didáctica de la filosofía en el ámbito nacional, el asunto de las facultades y la universidad -siguiendo la estela kantiana- o, incluso, propuestas de currículo para la formación de profesores de filosofía (2022B, 21-22).

Desde distintos espacios académicos el profesor Tovar es uno de los pioneros de tales estudios en el país. Esto se ha concretado en la dirección por varios años de la Revista Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, una revista con gran tradición, con más de 100 números publicados, y que ayudó a difundir el pensamiento de la llamada Filosofía de la liberación en los años ochenta. En este sentido, Tovar ha investigado, difundido y divulgado esa historia intelectual nuestra. Igualmente, dirigió y apoyó la Colección Biblioteca Colombiana de Filosofía, donde se recogió y publicó la obra de pensadores como Danilo Cruz Vélez, Rafael Carrillo, Abel Naranjo Villegas, Rafael Gutiérrez Girardot, Jorge Aurelio Díaz, entre otros. Esta colección es un testimonio también de la calidad del pensamiento producido en Colombia. De resaltar es el trabajo de Tovar González junto al fallecido maestro Rubén Sierra Mejía, en la Universidad Nacional, donde se publicaron investigaciones memorables sobre la filosofía en el país, entre ellas La filosofía y la crisis colombiana (2 volúmenes), Frente Nacional: política y cultura, República liberal: sociedad y cultura, entre otros.   

Por otro lado, desde la Maestría en Filosofía Latinoamericana Tovar enseñó durante años y dirigió investigaciones en torno al pensamiento de la región abordando problemas filosóficos como la fundamentación teórica de la historia de las ideas, el problema de la normalización de la filosofía en América Latina, la investigación específica sobre autores, temas y problemas de la región. Igualmente, fue partícipe y organizador de los congresos internacionales de Filosofía Latinoamericana, iniciados en 1980, que cuenta ya con más de 22 ediciones. Este espacio se ha convertido en un lugar de discusión de los principales temas, problemas y debates de nuestra contemporaneidad, tanto de la región como del mundo. Memorables son los congresos “La posmodernidad a debate” realizado en 1998 que reunió a Enrique Dussel, Guillermo Hoyos Vásquez y Gianni Vattimo, y el congreso del año 2015 sobre Filosofía de la liberación, organizado por Freddy Santamaría Velasco y Damián Pachón Soto, donde se le otorgó el Doctorado Honoris Causa a Enrique Dussel. En ese congreso participaron otros grandes como Francesca Gargallo, Eduardo Mendieta, Carlos Cullen y Santiago Castro-Gómez. 

Se puede recordar, también, su participación en el conocido “Grupo de Bogotá”, que promovió desde los años 80´s la filosofía latinoamericana; sus aportes al frente del grupo “Bartolomé de las Casas”, su presencia en la “Sociedad Colombiana de Filosofía” y en la “Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española” (SEKLE). Al interior de la Sociedad Colombiana de Filosofía, institución que promueve la actividad filosófica en el país, y a la cual el profesor Tovar se encuentra vinculado desde el año 2000, él ha animado la inclusión de simposios, mesas temáticas y ponencias centrales en torno al pensamiento filosófico colombiano y latinoamericano. Este espacio ha servido para divulgar el pensamiento de la región y para promover el debate crítico con la tradición filosófica de América Latina, la cual es ese subsuelo intelectual desde el cual nos hemos insertado en la disciplina, ese lugar de enunciación, ese pensamiento situado, que de una u otra manera, constituye las condiciones de posibilidad desde la cual se reflexiona y se investiga en Colombia.

Bajo la guía y tutela del profesor Tovar, muchas generaciones de estudiantes han, no solo descubierto la alegría del encuentro a profundidad con la filosofía como disciplina y como forma de vida, sino construido sus propios proyectos de vida alrededor de la filosofía, como docentes, investigadores, escritores y gestores de proyectos culturales, dando alcance a las enseñanzas de su maestro y recordándonos que el mayor honor que puede ofrecerse a un maestro ejemplar consiste en intentar transformarse en uno.

La producción académica sobre educación de Leonardo Tovar

La obra completa del profesor Tovar está compuesta por decenas de publicaciones, entre artículos (cerca de 30), libros (5) y capítulos de libro (también, cerca de 30), publicados dentro y fuera del país; es una obra que está por ser compilada y redescubierta, para valorar y apreciar en su justa medida; una obra labrada en la dedicación ininterrumpida, el silencio y la modestia que han marcado su actividad filosófica a lo largo de estos años.

Además de los asuntos ya mencionados, son de particular interés la comprensión de la filosofía de la educación y la enseñanza de la filosofía. Enunciaré apenas una selección de los títulos que representan un aporte a estos dos últimos campos. Esta selección revela que su interés por la educación no ha sido ni esporádico ni tangencial, aunque se haya incrementado en los últimos años, sino que se ha dado a lo largo de su carrera. El interés por estos asuntos revela que el proyecto de construcción política de una nación está enlazada necesariamente a su proyecto educativo. Pensar la nación y pensar la educación van de la mano.  Dentro de esta producción académica encontramos:

• “¡Colombia necesita de filosofía! Aproximación histórica a la educación filosófica que necesita Colombia” En: Actualidad y defensa de la filosofía. Bogotá, Universidad del Rosario-Uniagustiniana.  pp. 67-81. 2022
• “Prólogo con coda”. En: Didácticas emergentes de la filosofía. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional. pp. 7-26. 2022B
• “¿Universidad pospandemia?”. Escrito incluido en “Bocas liberadas. Testimonios filosóficos de la pandemia”, 20 de abril de 2020. https://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/5599-bocas-liberadas,- testimonios-filos%C3%B3ficos-de-la-cuarentena
• “Introducción: por los caminos investigativos de la filosofía, el lenguaje y la educación”, (en co-autoría con Gloria Isabel Reyes). En REYES, Gloria Isabel y TOVAR, Leonardo (editores) “Investigaciones en filosofía y cultura en Colombia y América Latina” Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2018. ISBN: 978-958-782-083-6
• “¿Educación para la democracia sin democracia?” En: La Crisis Colombiana. Reflexiones Filosóficas. ISBN: 978-958-719-000-7.  Ed: Universidad Nacional De Colombia Facultad De Ciencias Humanas , v. , p.351 – 378, 2008.
• “Derecho y política en la normalización filosófica en Colombia”. En:
  Franciscanum.  ISSN: 0120-1468.  Ed: Universidad De San Buenaventura.  v.XLIX fasc.146 p. 57 – 82, 2007.
• “Jorge Enrique González: Legitimidad y cultura. Educación, política y cultura en los Estados Unidos de Colombia, 1863- 1886”. En: Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, Bogotá, Universidad Santo Tomás, 2006, enero-junio, 27 (94), 313- 315.
• “¿Hacia una ciberpaideia para América Latina?”. En:
  Cuadernos De Filosofía Latinoamericana.  ISSN: 0120-8462.  Ed: Universidad Santo Tomas v.26 fasc.92 p. 55 – 60, 2005.
• “Educación intercultural y democracia”. En: 
  Educación Hoy: Perspectivas Latinoamericanas.  ISSN: 0120-8446  Ed: CIEC
  v.32 fasc.152 p. 73 – 82, 2002.
• “Educación intercultural y democracia, ¿más allá del multiculturalismo?”. En: Nómadas  ISSN: 0121-7550  Ed: Fundación Universidad Central
  v. fasc.15 p. 122 – 129, 2001.
• “La normalización filosófica en Colombia. Ensayo de crónica de las ideas”: En: La Filosofía Del Siglo Xx: Balance Y Perspectivas. ISBN: 9972423549  Ed: Pontificia Universidad Católica Del Perú, v. , p.621 – 627, 2000.
• “La normalización filosófica en Colombia”. En: Cuadernos de Filosofía Latinoamericana. v.72-73 fasc. p. 19 – 25, 1998.
• “Multiculturalismo y educación intercultural”. En:
  Itinerario Educativo.  Ed: v.32 fasc. p. 69 – 91, 1998.
• “Francisco Miró Quesada, entre universalismo y latinoamericanismo” “Le Monde Diplomatique Colombia”, Bogotá, año XVII, (192), septiembre de 2019, pp. 36- 37; ISSN 1657988-7 disponible en página web “Desde Abajo”, https://www.desdeabajo.info/colombia/item/37660-francisco-miro-quesada-entre-universalismo-ylatinoamericanismo.html

Hablar del profesor Leonardo Tovar es referirse, entonces, a una vida comprometida con el estudio, el conocimiento, la filosofía y la educación; sin dejar de resaltar su entusiasmo y su gran capacidad de articulación de proyectos y eventos en pro de la defensa y el reconocimiento del pensamiento propio producido en el continente y el país.

El 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (exministro de Comercio, Industria y Turismo), lo que anticipa que la diplomacia económica y la política comercial serán pilares centrales del nuevo gobierno. Esto es, a la vez, una oportunidad y una obligación. Durante más de tres décadas, Colombia equiparó la política comercial con la negociación de tratados de libre comercio y la promoción de exportaciones de sus materias primas. Esa estrategia generó, como logros reales, una de las redes de acuerdos comerciales más amplias de América Latina, pero dejó pendiente la tarea más difícil: convertir el acceso a mercados en crecimiento productivo sostenido, diversificación económica y resiliencia.

La economía internacional de hoy exige algo fundamentalmente distinto. La política comercial ya no se limita a las negociaciones arancelarias ni a la promoción de exportaciones. Se ha convertido en un instrumento de política exterior, estrategia industrial, seguridad nacional, competencia tecnológica y resiliencia económica. La rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, la reconfiguración de cadenas de suministro, los subsidios industriales, la regulación climática y la coerción económica han transformado el entorno en que los países persiguen el desarrollo.

En este nuevo contexto, la pregunta ya no es si los países deben ser abiertos al comercio. La pregunta es si poseen una estrategia coherente para competir en una economía internacional cada vez más fragmentada. Por eso, Colombia debería prestar atención a un concepto que ha recibido escasa atención en América Latina: la “Diplomacia del Bambú” de Vietnam.ⁱ

El concepto es extraordinariamente sencillo, pero a la vez creativo. Al igual que el bambú, la política exterior debe tener raíces profundas en los intereses nacionales, un tronco estratégico firme y estable, y ramas lo suficientemente flexibles para doblarse sin romperse. Vietnam ha resistido la tentación de plantear las relaciones internacionales como una disyuntiva entre Washington y Pekín. En cambio, ha profundizado simultáneamente sus relaciones con Estados Unidos, mantenido vínculos económicos estables con China, expandido alianzas con Japón, Corea del Sur, India, Australia y la Unión Europea, y convertido esa red diplomática diversificada en inversión, transferencia tecnológica, modernización industrial y crecimiento exportador.

Los resultados de Vietnam son contundentes. Las exportaciones de mercancías de Vietnam pasaron de unos

14.48 mil millones de dólares en el año 2000, pasando a 176.58 mil millones en 2016, hasta alcanzar aproximadamente 404.82 mil millones de dólares en 2024, según datos del Banco Mundial, lo que supone un aumento de veinticinco veces, al tiempo que el país mantenía relaciones comerciales tanto con Estados Unidos como con China, sus dos principales socios comercialesⁱⁱ. La inversión extranjera directa registrada alcanzó aproximadamente los 12 600 millones de dólares en 2016 y los 20 170 millones de dólares en 2024, mientras que en el año 2000 la cifra apenas alcanzaba los 1.300 millones de dólares.ⁱⁱⁱ La canasta exportadora migró de materias primas a electrónica, maquinaria y manufactura de alto valor, maquinaria eléctrica y equipos solo representaron más del 40 % de las exportaciones de mercancías en 2025.^iv Esa transformación no fue fruto de la geografía ni de la suerte. Fue el resultado de una estrategia deliberada y coherente: la diplomacia del bambú plasmada en una política industrial.

La lección no es que Colombia deba copiar a Vietnam. Las realidades estratégicas son distintas. La pregunta pertinente es si Colombia puede adoptar el principio subyacente: una política comercial firmemente anclada en los objetivos claros de desarrollo nacional y, al mismo tiempo, lo suficientemente flexible para relacionarse constructivamente con potencias económicas en competencia.

¿Cómo se vería esa política de Bambú en el contexto colombiano?

Primero, Colombia debe redefinir su diplomacia comercial. Las embajadas no pueden seguir funcionando principalmente como representaciones políticas en el exterior. Deben convertirse en plataformas de diplomacia económica—medidas por resultados concretos: acceso a mercados conquistados, inversión atraída, cooperación regulatoria avanzada y apoyo efectivo a empresas colombianas.

El rol que se perfila para el vicepresidente Restrepo como “supercanciller” coordinador de la política comercial y exterior ofrece una columna institucional concreta para esta reforma, que debe traducirse en mandatos específicos, indicadores de desempeño y mecanismos de rendición de cuentas. El nuevo Gobierno ya ha dado a entender que el cuerpo diplomático será evaluado en función de los resultados económicos, un principio que la comunidad ampliada de la política comercial debería ayudar a poner en práctica mediante mandatos específicos, indicadores de rendimiento y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.

Segundo, Colombia debe superar el debate cada vez más artificial sobre si su futuro está con Estados Unidos o con China. Ambas economías seguirán siendo socios indispensables de Colombia, al igual que la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, India, la ASEAN y América Latina. Una Política Comercial del Bambú no buscaría neutralidad; buscaría la diversificación estratégica. En lugar de reducir la dependencia de un socio sustituyéndolo por otro, Colombia debería ampliar su abanico de relaciones económicas.

Hoy, Estados Unidos y China concentran cerca del 50 % del comercio exterior colombiano,^v una concentración que nos hace estructuralmente vulnerables. Según Analdex, solo 411 empresas generan el 91 % de las exportaciones de Colombia,^vi un nivel de concentración que excluye a la gran mayoría de las empresas colombianas de los mercados internacionales. Corregir este desequilibrio no es una opción política: es una necesidad económica.

Tercero, Colombia debe fortalecer sustancialmente sus instituciones de política comercial. A medida que los mercados globales se ven más afectados por subsidios industriales, intervención estatal y distorsiones comerciales, los países necesitan instituciones de defensa comercial más sólidas, no más débiles. Una economía abierta debe contar también con la capacidad institucional necesaria para garantizar una competencia leal.

Esto implica robustecer los mecanismos de antidumping y derechos compensatorios administrados por el Ministerio de Comercio, invertir en la dotación de los medios técnicos adecuados para sus organismos de investigación y control. Un país que carece de instrumentos efectivos de defensa comercial no está más abierto: simplemente está más expuesto. En una época en la que incluso Estados Unidos ha recurrido a los aranceles de la Sección 301, a las medidas de salvaguardia y a los controles de exportación como

instrumentos geopolíticos, fortalecer la capacidad de Colombia para hacer cumplir las normas de competencia leal no es opcional.

Cuarto, las mayores barreras a la competitividad internacional de Colombia siguen siendo domésticas. Los cuellos de botella logísticos, la fragmentación regulatoria, los trámites excesivos, la infraestructura insuficiente y el limitado acceso a capital de trabajo continúan imponiendo costos a los exportadores que con frecuencia superan los de los aranceles extranjeros. La “Gran Revolución de Desregulación” y la política “Una Entra y Dos Salen” anunciadas por el gobierno entrante^vii son señales alentadoras. Pero la desregulación debe ser consciente del comercio exterior: no basta con simplificar trámites internos si esas reformas no se sopesan contra los costos reales que enfrentan los exportadores a lo largo de toda la cadena logística.

Quinto, Colombia debe ampliar significativamente su arquitectura de financiación del comercio exterior. Las garantías de crédito a la exportación, el financiamiento de cadenas de suministro, el seguro de riesgo político, la financiación pre-embarque y otros instrumentos financieros siguen siendo insuficientes.

Bancóldex, como banco de comercio exterior, tiene el mandato institucional para liderar esta expansión, pero requiere mayor capitalización, una gama más amplia de productos y una coordinación más estrecha con ProColombia y la red diplomática. La alternativa sería crear una agencia especializada concentrada solo en crédito de exportación. Corficolombiana ha estimado que Colombia podría alcanzar exportaciones adicionales de 2.500 millones de dólares anuales, con café, oro, flores, aguacates y transformadores eléctricos a la cabeza, una meta que solo es alcanzable si se moderniza la infraestructura financiera de apoyo a los exportadores.

Finalmente, Colombia debe redefinir el objetivo mismo de la política exportadora. El éxito no puede medirse únicamente por volúmenes de exportación, sino por sofisticación exportadora. Una economía resiliente no puede depender indefinidamente de productos básicos. La competitividad de largo plazo dependerá de sectores intensivos en conocimiento, servicios empresariales, software, inteligencia artificial, tecnologías médicas, industrias creativas, agroindustria sofisticada y biotecnología, y del ascenso sistemático de Colombia en las cadenas globales de valor.

La lección más importante de Vietnam trasciende la diplomacia. Su éxito refleja la notable coherencia entre política exterior, política industrial, inversión en infraestructura, promoción de inversiones, educación y estrategia exportadora. Estos no son escenarios de política separados; son componentes mutuamente potenciadores de una única estrategia de desarrollo nacional.

Colombia posee muchos de los ingredientes necesarios: acceso preferencial a los mercados más grandes del mundo, una posición geográfica privilegiada que conecta dos océanos, abundantes recursos naturales, empresarios capaces y un ecosistema de innovación cada vez más dinámico. Lo que ha faltado no es la oportunidad, sino la coherencia estratégica.

La administración De la Espriella–Restrepo enfrenta una disyuntiva concreta en el arranque de su mandato: puede seguir tratando la política comercial como un conjunto de TLC y programas de promoción exportadora, que es el enfoque que ha prevalecido por treinta años, o puede adoptar una visión más ambiciosa: aquella en que la política comercial se convierte en un instrumento integrado de desarrollo nacional, resiliencia económica y relevancia geopolítica. Las bases institucionales para ese salto están a la

mano. Lo que se necesita ahora es la voluntad política de construirlas de manera deliberada, sistemática y con un horizonte de largo plazo que trascienda cualquier período presidencial.

Una Política Comercial del Bambú para Colombia no buscaría imitar a Vietnam. Buscaría emular algo más fundamental: la disciplina de alinear política exterior, política comercial y desarrollo económico detrás de un objetivo nacional común. En otras palabras, sería una genuina y permanente política de estado.

El adecuado diseño de esa estrategia, rigurosa, basada en evidencia y anclada en la posición geopolítica y económica específica de Colombia, es la tarea más urgente que tiene hoy el nuevo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

ⁱ El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, introdujo por primera vez la metáfora del «bambú» en la 29.ª Conferencia Diplomática Nacional, celebrada el 22 de agosto de 2016, y posteriormente la formalizó como doctrina — con la frase «raíces fuertes, tronco robusto, ramas flexibles»— en la primera Conferencia Nacional sobre Relaciones Exteriores, celebrada el 14 de diciembre de 2021. Nota: algunos sitios en inglés ubican el origen del concepto exclusivamente en 2016 o exclusivamente en 2021; ambas fechas son correctas en lo que respecta a diferentes etapas de su desarrollo.

ⁱⁱ Banco Mundial – Datos. Exportaciones de mercancías (en dólares estadounidenses corrientes) – Vietnam (2024).

ⁱⁱⁱ Banco Mundial – Datos. Inversión extranjera directa, entradas netas (Balanza de pagos, en dólares estadounidenses corrientes)

^iv La maquinaria y los equipos eléctricos (código SA 85) representaron 189,2 mil millones de dólares, es decir, el 41,8 % del total de las exportaciones de mercancías de Vietnam en 2025.

^v Estados Unidos y China concentraron en conjunto cerca del 50% del comercio exterior total de Colombia en 2025.

^vi Según el presidente de Analdex, Javier Díaz, tras la elección de Abelardo de la Espriella, tan solo 411 empresas concentran el 91 % de las exportaciones de Colombia.

^vii Los cambios normativos que Abelardo de la Espriella tiene pensados – Ámbito Jurídico

En este momento conviene recordar que la grandeza de una democracia se mide tanto por la conducta de quienes asumen el triunfo como por la manera en que los demás asimilan la derrota. El escrutinio y los recursos electorales forman parte, por supuesto, de las garantías del sistema y deben ejercerse plenamente. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre acudir a las instituciones con evidencias concretas y sembrar, como estrategia política, una sospecha generalizada sobre la legitimidad de todo el proceso. Las autoridades electorales, los testigos de las campañas y las misiones nacionales e internacionales de observación acompañaron la elección y ofrecieron un parte general de tranquilidad. Sería, por tanto, gravísimo sentar el precedente de que un resultado solo se reconoce cuando favorece a un determinado sector.

Reconocer un resultado adverso no significa abandonar las convicciones ni renunciar al control político, sino aceptar que las diferencias se tramitan mediante el derecho, la oposición y el debate público. Quienes no obtuvieron el respaldo mayoritario tienen ahora el deber de ocupar un espacio esencial: el del contrapeso democrático. Este será un paso necesario para avanzar hacia la estabilidad democrática del país.

Sin embargo, la responsabilidad principal ante el país recaerá en quien gobernará durante los próximos cuatro años. El estrecho resultado electoral demuestra que, junto al país que respaldó el nuevo rumbo, existe otro, prácticamente equivalente en número de votos, que expresó una visión distinta sobre el futuro de Colombia. Reconocer su existencia, sus preocupaciones y sus expectativas será fundamental.

El nuevo presidente electo tendrá que gobernar para quienes celebran su victoria, para quienes la observan con expectativa y también para quienes votaron en su contra. Así como los derrotados deben reconocer la voluntad expresada en las urnas, el vencedor tendrá la obligación de no interpretar el resultado como un cheque en blanco, menos aún en las profundas tensiones políticas que atraviesa actualmente el país.

Esa responsabilidad se hará especialmente visible en el Congreso. La composición del Senado y la Cámara de Representantes no le otorgará automáticamente una mayoría al nuevo Gobierno. Cada reforma relevante exigirá diálogo y la construcción de acuerdos. La gobernabilidad será uno de los mayores desafíos del próximo cuatrienio y no podrá sostenerse exclusivamente en negociaciones burocráticas ni en coaliciones improvisadas en torno a cada votación.

El país necesitará, entonces, consensos programáticos y amplios sobre asuntos esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional, la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Construir esos acuerdos no significará renunciar al programa elegido por la ciudadanía, sino comprender que las transformaciones duraderas, en una sociedad pluralista y profundamente dividida, rara vez pueden imponerse desde una sola orilla.

Esa voluntad de concertación deberá estar acompañada por una administración capaz de convertir las decisiones políticas en resultados concretos. El nuevo Gobierno llega con un mensaje contundente y una oportunidad invaluable para recuperar la confianza ciudadana, restablecer el orden y devolverle a la administración pública su capacidad de ejecución. Para que esa visión trascienda el discurso y se convierta en realidad, la arquitectura gubernamental deberá sustentarse en un equipo excepcional.

La conformación del gabinete será una de sus primeras y más reveladoras decisiones. Colombia necesitará ministros y altos funcionarios con las más altas calidades académicas, técnicas, profesionales y éticas. No bastará con premiar la lealtad. El momento histórico exigirá conocimiento sectorial, experiencia administrativa, independencia de criterio, integridad comprobada y capacidad para generar resultados.

En esa arquitectura, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, podrá desempeñar un papel fundamental. Su trayectoria académica, su conocimiento de la economía y su experiencia en la administración pública pueden contribuir a traducir las prioridades políticas en decisiones técnicamente responsables. Una Presidencia impulsada por el liderazgo y la autoridad, acompañada por el rigor técnico y la capacidad gerencial, puede constituir una fórmula prometedora.

No obstante, el éxito del Gobierno no dependerá de una sola figura. Ese estándar de idoneidad deberá extenderse a todo el gabinete, a las entidades descentralizadas, a las superintendencias y a la representación diplomática. Colombia no necesita sustituir una improvisación por otra, sino construir un Estado que combine orientación política con evidencia, capacidad de ejecución con responsabilidad fiscal y autoridad con respeto por los procedimientos.

A esa exigencia de idoneidad deberá sumarse la coherencia. El presidente tendrá que ser fiel a su palabra, y la ciudadanía tendrá derecho a exigir correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y lo ejecutado desde el Gobierno. Cuando alguna propuesta deba modificarse por razones fiscales, jurídicas o institucionales, será indispensable explicarlo con transparencia.

Sobre esa base, uno de los frentes prioritarios será la recuperación de la seguridad. El país espera resultados frente al fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la extorsión y la pérdida de control territorial. Recuperar la autoridad estatal requerirá inteligencia, coordinación institucional, presencia efectiva en los territorios y una estrategia que articule seguridad, justicia y oportunidades económicas.

De manera paralela, será urgente recuperar la confianza en la economía. El nuevo Gobierno deberá generar condiciones para la inversión, proteger la estabilidad fiscal, impulsar la productividad y reconstruir una relación de confianza entre el Estado, el sector privado y los territorios. El crecimiento no podrá concebirse como una simple abstracción estadística: deberá traducirse en empleo formal, movilidad social y oportunidades reales para las regiones históricamente más rezagadas.

Tanto en materia de seguridad como en la conducción económica, el ejercicio del poder requerirá una profunda sabiduría republicana. Recuperar la autoridad no implica desconocer la crítica, debilitar el pluralismo ni ignorar que, en la orilla contraria, existen preocupaciones legítimas sobre el futuro de la nación. Gobernar con sentido de Estado supone ejercer el poder con firmeza, pero también con límites claros, respeto institucional y conciencia de la diversidad del país.

Esa misma madurez deberá reflejarse tempranamente en la política exterior. La intención manifestada por el presidente electo de sanar y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos constituye un punto de partida pragmático y necesario, dada la importancia de ese país para el comercio, la seguridad, la inversión y buena parte de la cooperación internacional de Colombia.

Al mismo tiempo, el país necesitará una política exterior profesional, diversificada y estable, capaz de defender el interés nacional, reconstruir alianzas y ampliar su presencia en otras regiones. Las relaciones internacionales no pueden seguir dependiendo de afinidades ideológicas, impulsos personales ni de controversias dirimidas en redes sociales. Para avanzar en esa dirección será indispensable reconstruir las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia no puede seguir desmantelando su servicio exterior en nombre de las ideologías de turno y crear condiciones para que los mejores talentos de las regiones puedan formarse, ingresar a la carrera diplomática y representar al país con excelencia, nivelando por lo alto y no por lo bajo el servicio exterior.

Pero la proyección internacional de Colombia no dependerá únicamente del cuidado de sus relaciones exteriores. También estará determinada por su capacidad para educar, producir conocimiento, innovar y formar el talento que las transformaciones productivas y científicas contemporáneas demandan. Por ello, la recuperación del país deberá sustentarse en una gran apuesta nacional por la educación, la ciencia y el conocimiento.

Colombia no podrá resolver sus problemas de productividad, desigualdad, violencia y debilidad institucional mientras la educación continúe tratándose como un sector aislado y no como el fundamento de su desarrollo. El nuevo Gobierno tendrá que reducir las profundas brechas entre territorios, mejorar la calidad en todos los niveles y garantizar que el origen social o el lugar de nacimiento no sigan determinando las posibilidades de cada ciudadano.

Esta apuesta exigirá dignificar la profesión docente, fortalecer las instituciones educativas y construir una formación que responda a los grandes desafíos sociales, culturales, científicos y productivos del país. Colombia necesita una educación que no solo prepare para el trabajo, sino que forme ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar en la vida democrática, convivir con la diferencia y contribuir a la transformación de sus comunidades.

En ese horizonte, la ciencia, la tecnología y la innovación deberán dejar de ocupar un lugar periférico en las decisiones del Estado. Un país que no produce conocimiento queda condenado a depender de las soluciones, tecnologías y prioridades definidas por otros. Fortalecer la investigación, respaldar el talento nacional y articular las capacidades de las universidades, las empresas, el Estado y los territorios será indispensable para diversificar la economía, enfrentar los cambios tecnológicos y construir una verdadera sociedad del conocimiento.

Todas las universidades, en el marco de un sistema mixto de educación superior revitalizado, deberán desempeñar un papel central en este propósito. Estas no son únicamente espacios de formación profesional, sino instituciones capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación, fortalecer la cultura democrática y conectar los territorios con oportunidades nacionales e internacionales. Convertirlas en aliadas estratégicas permitirá que la transformación del país no se concentre en unas pocas ciudades, sino que nazca también de las capacidades, los saberes y las aspiraciones de sus regiones.

El Gobierno electo tiene, en suma, una oportunidad excepcional para corregir el rumbo, recuperar la confianza y fortalecer el Estado. Pero recibe también un país dividido, con enormes desafíos en materia de seguridad, productividad, desigualdad, conocimiento y presencia territorial. Su éxito no dependerá únicamente de la firmeza de sus decisiones, sino de su capacidad para construir consensos, conformar un equipo de las más altas capacidades y gobernar más allá de quienes depositaron su voto en él.

En este orden de ideas, el nuevo rumbo de Colombia deberá sostenerse en la autoridad, pero también en la sensatez; en la técnica, pero también en la sensibilidad social; en la convicción, pero también en el respeto por la diferencia. Solo así será posible consolidar instituciones sólidas y resguardar ese delicado y complejo sistema que sostiene nuestra democracia.

Hay una escena que probablemente se ha repetido este año en distintos rincones de Colombia. Una biblioteca pública recibe varias cajas de libros. Entre novelas, textos infantiles y colecciones generales aparecen otros títulos menos habituales: investigaciones sobre masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, resistencias campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y procesos de reconciliación. La bibliotecaria acomoda los ejemplares en un estante. Poco después llega un estudiante, un profesor o un vecino. Toma uno de esos libros sin saber que, en sus manos, la memoria de un país comienza un nuevo recorrido.

Durante mucho tiempo, buena parte de los archivos sobre el conflicto armado permanecieron lejos de la vida cotidiana. Existían en centros de documentación, universidades o instituciones especializadas, pero no siempre alcanzaban a llegar a los lugares donde esas historias ocurrieron o donde nuevas generaciones intentan comprenderlas. La distancia entre producir memoria y ponerla al alcance de la ciudadanía seguía siendo considerable.

Por eso resulta significativa la continuidad del Convenio 4472, una alianza entre el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Más que distribuir publicaciones, la iniciativa busca convertir las bibliotecas en espacios para leer, conversar y reflexionar sobre el pasado reciente del país.

La apuesta puede parecer sencilla: llevar libros de memoria a las bibliotecas públicas. Sin embargo, detrás de esa decisión hay una idea más profunda. La memoria no termina cuando un investigador publica un informe ni cuando una institución digitaliza un archivo. Su verdadero recorrido comienza cuando alguien abre esas páginas, hace una pregunta o encuentra allí una historia que dialoga con la suya.

Las bibliotecas tienen una ventaja silenciosa frente a otros escenarios públicos. No exigen pertenecer a una organización ni compartir una posición política. Son uno de los pocos lugares donde personas con experiencias distintas pueden encontrarse alrededor de un libro. En un país donde la violencia también fracturó las conversaciones, ese detalle adquiere una dimensión mayor.

En los últimos años, Colombia ha avanzado en la producción de conocimiento sobre el conflicto armado. Nunca antes existieron tantos informes, investigaciones, archivos digitales, testimonios y publicaciones disponibles. El desafío, sin embargo, ya no consiste únicamente en preservar esa memoria, sino en lograr que circule. Que deje de ser patrimonio exclusivo de especialistas para convertirse en una herramienta cotidiana de educación y formación ciudadana.

Eso es lo que intenta responder esta alianza, que en 2026 continúa fortaleciendo procesos de lectura, escritura, oralidad y acceso a las colecciones del Centro Nacional de Memoria Histórica en bibliotecas de todo el país. La apuesta no se limita a entregar libros. Incluye encuentros con comunidades, actividades pedagógicas y espacios donde la memoria deja de entenderse como un conjunto de documentos para convertirse en conversación.

Quizá ese sea uno de los cambios más importantes. Durante años, hablar de memoria en Colombia remitía casi exclusivamente a archivos, expedientes o museos. Hoy empieza a aparecer también en clubes de lectura, talleres escolares, conversaciones comunitarias y bibliotecas municipales. Son escenarios menos visibles, pero tal vez más decisivos, porque es allí donde el pasado entra en contacto con quienes no lo vivieron directamente.

La paz suele imaginarse en grandes acuerdos o decisiones políticas. Sin embargo, también depende de gestos mucho más modestos: una profesora que incorpora un libro a su clase, un joven que descubre la historia de su región, una bibliotecaria que organiza un encuentro de lectura o un adulto mayor que decide contar por primera vez aquello que nunca había dicho.

Ningún libro transformará por sí solo un país atravesado durante décadas por la violencia. Tampoco un convenio resolverá las profundas heridas que aún persisten. Pero cuando la memoria logra salir de los depósitos institucionales y encuentra un lugar en las bibliotecas públicas, ocurre algo difícil de medir en cifras: el conocimiento deja de estar reservado para unos pocos y empieza a convertirse en una conversación compartida.

Tal vez esa sea una de las formas más discretas —y también más duraderas— de construir paz: que los libros no permanezcan cerrados en un archivo, sino abiertos sobre una mesa donde alguien, en cualquier municipio de Colombia, pueda leer el pasado para comprender mejor el presente.

Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una reserva que declara a la Sierra Nevada de Santa Marta como un territorio libre de minería y explotación de hidrocarburos en el extremo norte de Colombia, junto con un decreto presidencial reciente que precisa el territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo son parte de la respuesta del Gobierno colombiano para proteger a esta región montañosa única en el país. Especialistas y líderes indígenas celebran la decisión, pero también advierten los desafíos que existen para traducir estas herramientas en protección efectiva de una zona conocida como el “corazón del mundo”.

Ambos instrumentos eran una promesa del presidente Gustavo Petro para la protección ambiental, cultural y espiritual de la Sierra Nevada y de los pueblos que la habitan.

Expertos consultados por Mongabay Latam destacan que además de estas nuevas medidas, el Estado colombiano debe activar mecanismos y acompañar su implementación, por ejemplo, con el fortalecimiento de consultas previas frente a los proyectos energéticos, de minería, ganaderos o de infraestructura en la región.

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La Línea Negra, un sistema clave de espacios sagrados

El nuevo decreto 0514, emitido el pasado 19 de mayo, surge en respuesta a una decisión del Consejo de Estado, uno de los altos tribunales de Colombia, que declaró la nulidad de un decreto anterior, el 1500 de 2018. Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas mediante un límite simbólico y sagrado conocido como la “Línea Negra”, que abarca un sistema 348 espacios sagrados que están interconectados y sostienen el equilibrio espiritual, cultural y ambiental en la región, según estas comunidades.

Para Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo, la Línea Negra es lo que permite llamar a esta región el “corazón del mundo”, dada su importancia para el ordenamiento territorial y cultural.

“Para nosotros la Línea Negra representa el tejido de espacios sagrados, cumple una función natural y ancestral y es donde se salvaguarda el conocimiento, la semilla y los elementos que equilibran la vida en el territorio”, explica el líder indígena a Mongabay Latam.

Aunque la cartografía de estos espacios sagrados ya se encontraba reconocida en el decreto anterior (el 1500), uno de los argumentos del Consejo de Estado para anular la norme fue que al momento de ser expedido no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

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Al respecto, Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destaca que el nuevo decreto 0514 no solo repara en esta falla de procedimiento, sino que también retoma una resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 2022. Allí, se inscribió al sistema de conocimiento ancestral de los pueblos arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa de la Sierra Nevada a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto implica que para proteger el sistema ancestral de conocimientos de los pueblos es necesaria la protección del territorio.

“El Gobierno tiene un mandato de reafirmar la protección de estos territorios a nivel interno y adoptar medidas para su protección. Ya no es un sistema que se protege solamente como patrimonio cultural y material para Colombia, sino que es de la humanidad y que está siendo vigilado por una instancia global”, señala la especialista.

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Otro de los argumentos por los cuales el Consejo de Estado anuló el decreto anterior fue que no se agotó la consulta previa con otros grupos indígenas y afrodescendientes que habitan la Sierra Nevada, por lo que la nueva norma también tuvo que corregir este señalamiento. Para ello, realizó procesos de consulta con otras comunidades étnicas, como los pueblos taganga, ette ennaka, wayuu y comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra.

Aunque han surgido críticas de autoridades indígenas, por ejemplo del pueblo wayuu, que consideran que ambos decretos mantienen una jerarquización entre pueblos indígenas, el Ministerio del Interior sostuvo que en los procesos de consulta se identificaron dinámicas territoriales con “necesidades de atención sin preferencias y con toda la imparcialidad debida apartándose de intereses particulares”.

Rodríguez comenta que este aspecto es de los más difíciles de atender al considerar que los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada tienen diferentes formas de diálogo intercultural dentro de la Línea Negra.

“Fueron consultas formales acompañadas por las autoridades del Gobierno, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales y allí se realizaron algunos acuerdos de concertación donde se incorporó el respeto de las otras comunidades hacia lo que es la Línea Negra”, señala,

Para Arias, el proceso de consulta para el nuevo decreto también contó con el apoyo de otros pueblos indígenas y afrodescendientes. “Se estableció una ruta de diálogo con los pueblos indígenas y afros, que es lo que llevó finalmente a tramitar la consulta previa que ratificó el contenido, pero también llevó a tener en cuenta esas medidas que puedan preservar algunos derechos que también tienen las otras comunidades que están en este territorio”, reconoce.

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Una reserva complementaria en Sierra Nevada

El 4 de junio el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregó oficialmente una resolución que delimita y declara como Reserva de Recursos Naturales Renovables a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto implica que es considerada un territorio libre de nuevos títulos mineros, así como de la explotación de combustibles fósiles.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, sostuvo que esta reserva no solo es un documento, sino “una herramienta” para que los pueblos de la Sierra Nevada puedan defender el territorio.

“Estamos diciendo que en el corazón del mundo no se hará minería, ni explotación de hidrocarburos porque rompe las conectividades naturales y el tejido espiritual que sostiene el territorio. La reserva permite la agricultura, el turismo, el ecoturismo y turismo de los pueblos, las economías para la vida y las economías productivas”, agregó la ministra.

Sin embargo, Rodrígez advierte que la medida no detiene toda la actividad minera pues los proyectos que ya cuentan con título minero, permisos ambientales y autorizaciones vigentes podrán continuar operando, además de que se mantienen excepciones para materiales de construcción destinados a obras públicas —asociados a gran parte de la minería en Sierra Nevada— y para ciertos procesos de formalización de pequeña minería en ríos.

De acuerdo con datos procesados por AIDA, existen al menos 120 títulos mineros vigentes activos en la Línea Negra de Sierra Nevada y más de 90 solicitudes en evaluación.

Pese a los avances que puede representar el decreto y la reserva para la protección de la sierra, la especialista advierte que un reto está en la implementación de estos instrumentos no sólo por parte de las comunidades y gobiernos indígenas, sino especialmente por parte de las autoridades nacionales, especialmente ahora que Colombia está en medio de una elección y un cambio de gobierno.

“Para que el nuevo decreto no vuelva a generar conflictos jurídicos [en temas de consulta previa] esto va a depender de que el Gobierno adopte regulaciones para proteger los territorios, implemente el nuevo decreto, pero también blinde jurídicamente la Sierra Nevada para no generar expectativas en el sector privado”, explica la abogada a Mongabay Latam.

Rodríguez considera clave que el nuevo decreto avance en la recuperación espiritual y física de esos espacios en lugar de abrir camino a nuevos proyectos extractivos.

Arias considera que existe un desafío para la protección de la región frente a intereses económicos en el territorio.

“Aún hay amenazas de megaproyectos mineros, extractivos, también presión turística y de otros sectores productivos en este territorio. Con este Gobierno venimos trabajando una propuesta que pueda generar un instrumento vinculante complementario al decreto frente a una moratoria minera”, expone el dirigente indígena sobre la reserva.

Informes elaborados por el CINEP dan cuenta también de cómo el conflicto armado, junto con el avance de la minería y otros megaproyectos, representan una amenaza directa para poblaciones indígenas de la Sierra Nevada, quienes enfrentan crisis humanitarias, desplazamiento forzado y persecución por la defensa de sus territorios.

Rodríguez insiste también en cómo la comprensión del concepto del territorio será clave a la hora de saber si procede o no un proyecto extractivo en la Sierra Nevada y en los espacios sagrados de la Línea Negra, los cuales señala que deben entenderse no sólo como espacios físicos sino como espacios sagrados para los pueblos donde existen complejas interconexiones culturales y espirituales.

“Es un territorio indígena cuyos espacios se interconectan entre sí, lo que quiere decir que la definición, por ejemplo, del área de influencia de un proyecto debe valorar las interconexiones espirituales que existen entre los diversos espacios sagrados”, explica la especialista. Rodríguez agrega: “Si el espacio 40 se conecta con el espacio 41 de determinada forma, el concepto de afectación directa debe ampliarse y construirse con enfoque biocultural y en respeto de ese sistema ancestral de conocimiento”.

*Imagen principal: las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se enfrentan a megaproyectos mineros, energéticos o turísticos por sus impactos socioambientales. Foto: cortesía Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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De acuerdo con las denuncias de los medios y los reclamos de la comunidad de padres —cuya asociación llegó a sufrir una suspensión temporal de su personería jurídica por parte de la Secretaría de Educación—, las tensiones con la Embajada francesa surgieron por fallas de transparencia del Consejo de Administración, la abrupta salida del rector Maxime Prieto y sospechas sobre presuntos intereses de orientar el colegio hacia fondos de inversión privados mediante la ejecución de polémicos proyectos de infraestructura.

En días recientes caló en los medios una noticia que, aunque afecta apenas a una minoría, dice bastante sobre la manera en la que las élites bogotanas (y por extensión, las colombianas) se ven a sí mismas y a los demás. El asunto giró en torno a las presuntas decisiones de un órgano de administración del colegio Liceo Francés que involucrarían el predio donde se ubica la institución; un terreno de alta valorización con el “metro cuadrado más caro de Colombia”, de acuerdo con Juan Pablo Calvás, exalumno y periodista de la W Radio, quien reveló varios elementos del caso.

Sin importar si esta era la razón de fondo por la que aquel órgano de administración mantenía relaciones tensas con el Gobierno de la República Francesa, lo cierto es que hubo consecuencias: dicho gobierno —el socio más importante de un proyecto educativo que permanece en el primer percentil de las pruebas Saber— optó por concluir el convenio mediante el cual el plantel recibe subvenciones del Estado francés y su planta profesoral para los niveles preescolar, básico, elemental y medio. De acuerdo con lo manifestado por el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, uno de los puntos neurálgicos de la controversia que casi provoca la ruptura es la exigencia de mayor democratización de los órganos de gobernanza de la institución.

Como dato anexo muy relevante en una de las notas matutinas de W Radio/Caracol, y para dar un contexto adicional a la noticia, Julio Sánchez Cristo listaba varios colegios cuyos antiguos predios habían sido convertidos en centros comerciales: el Colegio Andino (hoy Centro Andino, trasladado a Suba); el Colegio José Max León (hoy Atlantis Plaza, trasladado a Cota); y el Liceo Cervantes (hoy Centro 93, con sedes actuales en Chapinero y Usaquén).

Se puede o no estar de acuerdo con la manera en la que los franceses estructuran su esquema de educación pública y universal, pero hay dos puntos en las que coincidimos quienes tenemos o hemos tenido a nuestros hijos en ese sistema: está diseñado para todos y pone a la escuela de barrio en el centro de la vida comunitaria.

Las escuelas públicas francesas no tienen costo para los padres, independientemente de la ubicación del plantel o de los ingresos familiares, pues el único requisito es demostrar que se vive o trabaja en el sector. Así, una escuela pública en un barrio parisino de altos ingresos acoge al hijo de un consejero diplomático y al de la conserje de su edificio, impartiendo los mismos contenidos y suministrando los mismos alimentos.

Esa no es la única diferencia con la educación de las élites en Colombia. Los esquemas de participación en la vida escolar francesa incluyen órganos de gobernanza para los que anualmente se convocan elecciones abiertas. Cualquier padre o madre (sea diplomático o conserje) puede postularse a través de las asociaciones de padres, con obligaciones y derechos estrictamente consignados en la legislación educativa de ese país. La interacción entre padres, alumnos e institución es cotidiana en la administración de los asuntos de la escuela, al punto de contar con “presupuestos participativos” para diversos proyectos de inversión.

Lo del Liceo Francés parecería un problema exclusivo de las clases altas y, ciertamente, en Colombia lo es debido a un modelo que privatizó la educación hace décadas. Este esquema se funda en la concepción de la educación es un acto de caridad o un lujo, y no un derecho fundamental, un factor de cohesión social y la base del progreso económico. Esta visión comercial de la educación privada explica por qué instituciones educativas, incluso las de “élite”, pueden desaparecer un día de un barrio para reaparecer a quince kilómetros de allí, en la sabana de Bogotá, a donde llegan niños mejor adaptados a los asientos de la ruta que a sus propias camas.

Actualización: La crisis, al menos por el momento, se resolvió formalmente el pasado jueves 4 de junio, cuando la Embajada de Francia y el Consejo de Administración emitieron un comunicado oficial conjunto en el que anunciaron la renovación del convenio por cinco años, el cual quedó blindado bajo una reforma estructural de gobernanza plasmada en la aprobación de los nuevos estatutos institucionales que en principio garantizarían mayor participación de las familias y la debida supervisión por parte del gobierno francés. Sin embargo, los padres aún aguardan las decisiones referentes a los cambios en las representaciones del Consejo de Administración y la Asociación de padres.

* Ana María Cristancho Rocha.  Economista de la Universidad Nacional. MBA en Relaciones Internacionales, Fundación Getulio Vargas. Consejera de la Carrera Diplomática y Consular. Actualmente presta servicio en el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración de la Cancillería.

** Las opiniones expresadas en el blog corresponden únicamente a los autores y no comprometen a la Asociación Diplomática y Consular de Colombia -ASODIPLO-, ni al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Estado social de derecho nuestro era un intento de construir un Estado de bienestar, al estilo de las democracias europeas o de las socialdemocracias. Ese era el anhelo y algo se logró en estos años, primero, por medio de la Corte constitucional en los 90s y sus decisiones revolucionarias sobre los derechos; después, por algunos gobiernos que entendieron que el papel del Estado no era pasivo, sino que debía intervenir en la economía y en la sociedad para corregir las desigualdades sociales buscando así la equidad y la justicia. El fundamento de ese modelo de Estado lo expresó la Corte en la sentencia C-1064 de 2001. Allí dijo la alta corte: “el ser humano no es realmente libre e igual debido a limitaciones naturales y sociales dentro de las cuales sobresalen las económicas. Es por ello que se acepta que, en muchos casos, la libertad y la igualdad requieren para su realización de medidas, acciones, prestaciones, servicios, que la persona, por sí misma, no puede asegurar. El Estado de Derecho evolucionó así, de un Estado liberal democrático a uno social, también democrático, animado por el propósito de que los presupuestos materiales de la libertad y la igualdad para todos estén efectivamente asegurados”. C-1064/2001.

Pues bien, en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella el soñado Estado social de derecho será eso, un sueño. La filosofía de su programa de gobierno, el de las tres páginas, más algunas de sus declaraciones en prensa y en medios públicos, apunta a que el tipo de Estado por el que propende, el tipo de Estado que defiende es de otra naturaleza. No es un Estado social de derecho, sino un Estado mínimo, autoritario, policivo, securitista y al servicio del gran capital. Me explico.

1º. Será un Estado mínimo porque en su programa habla explícitamente de reducir el Estado en un 25%. En otras declaraciones ha dicho que el recorte del Estado será del 40%, y que el objetivo es eliminar, privatizar, fusionar muchas instituciones, por ejemplo, reducir los ministerios de 19 a 10. El argumento es que hay mucha burocracia y que el Estado es ineficiente. Este recorte, de suyo, generará miles de desempleados y aumentará la cifra de desempleo en el país. Tampoco es creíble ni viable la idea de que esos trabajadores puedan ser reubicados en el sector privado, pues este no cuenta con las capacidades de absorción. Si además se desmontan programas sociales, la situación de los menos favorecidos será peor, pues se habla de intervenir el ICBF, El programa de alimentación escolar PAE, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otras. Intervenir estas tres instituciones deja desprotegida a los niños, aumenta el hambre escolar y encarece el acceso a la vivienda.

2º. En segundo lugar, y esto es, a mi juicio, lo más preocupante del programa de la derecha, es que se trata de un Estado autoritario. Esto es muy claro. El candidato habla en términos del Bien y del Mal, de un país enfermo que hay que sanar, de un país corrompido que hay que purificar. Habla en nombre de Dios, de la fe, de la iglesia, de la familia. Este es un lenguaje inmunitario donde el otro aparece como un peligro, como alguien que debe eliminarse, pues es una especie de virus que enferma al “cuerpo social”. El lenguaje que habla de enfermedad, sanación, es un lenguaje biológico, del organicismo, que apunta a que hay que proteger la comunidad de otro amenazante. Era el mismo lenguaje de la “re-generación” (término biológico) del autoritarismo de Caro y de la constitución de 1886. Esos Otros estarían representados en la izquierda “comunista”, “los marxistas” y en todo aquél que se oponga a su visión de país, y a sus personales convicciones como cuando, bajo sus propios términos, distingue entre “periodista” y “activista”. El “País milagro” es otra entelequia para captar votos entre evangélicos o cristianos fanáticos. Y todo fanatismo (político o religioso) solo expresa el fondo bestial del entusiasmo, un fondo bestial que en este país es demasiado fácil activar con el peligro del porte de armas.

3º. Pero el Estado mínimo y autoritario tiene otras señales en su corto programa: [a]la construcción de megacárceles es una de ellas. Esta idea, copiada o plagiada de Bukele, es la antesala. Si el gobierno va a iniciar una cruzada contra el Mal (y todos aquellos que lo encarnan) primero hay que construir los lugares de reclusión y encerramiento. El Gulag o campo de concentración debe estar preparado previamente para aislar de la sociedad todo aquello que la amenaza. Pero los signos o señales no paran ahí. [b] En el programa dice: “Elevar a rango constitucional la prohibición de la ‘combinación de todas las formas de lucha’ como estrategia de poder político”. Esto es peligrosísimo. Sabemos que la expresión “combinación de todas las formas de lucha” fue usada por las guerrillas para justificar el uso de todos los medios posibles para lograr el fin de “la toma del poder” y de la “transformación de la sociedad”. Eso es ampliamente sabido. Sin embargo, en el contexto de un posible gobierno de De la Espriella que no ha dejado de enviar señales de autoritarismo, como el ataque a periodistas con su respectiva intimidación judicial, el uso de la famosa expresión entra en terreno resbaloso. La expresión misma se torna demasiado amplia, abstracta e interpretable por vía extensiva a cualquier tipo de acción. Puede equivaler a prohibir “con rango constitucional” la protesta social misma. Además, dentro de la expresión “todas las formas de lucha” cabe desde una marcha, una protesta, un cierre vial, una obstrucción del espacio público hasta una columna, una conferencia o un escrito, pues estas últimas también son formas de lucha ideológica. Si la persecución a los herejes que atentan contra la “patria” o el “país milagro” se generaliza, terminaremos en la mazmorra todos aquellos que pensemos diferente o que salgamos a defender la educación pública (que aparece una vez en su programa y con tintes privatizadores) o nos opongamos al fracking en los páramos.

Pero las señales siguen. [c] En el programa aparece esta idea: “Seguridad en el barrio: Bloque de Búsqueda contra la extorsión, y Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas”. Es loable la preocupación por la seguridad barrial. De hecho, la policía ya tiene programas como la seguridad por cuadrantes, sin embargo, una especie de fuerza pública o ejército paralelo formado por “reservistas o veteranos” suena funesta. Estas personas, ¿serán funcionarios públicos? ¿No es ese sector de veteranos uno de los más agresivos y fanáticos militantes, fervorosos del orden y defensores de la pureza moral de la patria? Y para culminar, la cereza del pastel. [d] En un artículo en El Tiempo publicado el día 3 de junio, titulado: “Los puntos claves del plan de gobierno de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta: Plan Colombia II, reducción del Estado y 7 megacárceles”.

En este artículo se habla de “seguridad jurídica total a la Fuerza Pública: “Prioridad absoluta a la Fuerza Pública sobre los narcoterroristas en el DIH”. Esto significa, palabras más, palabras menos, que habrá una especie de blindaje jurídico para la fuerza pública, lo que equivale a protegerla ante el sistema judicial por posible extralimitación de sus funciones; significa desarmas a la ciudadanía ante el abuso policial y otros excesos. La violación de Derechos humanos por parte de militares o policias, como en los gobiernos de Uribe Vélez y Turbay Ayala, se puede volver pan de cada día. En aras de no igualar a la fuerza pública con los grupos ilegales, se termina desprotegiendo a los ciudadanos y dándole una especie de carta blanca a la fuerza pública para el abuso.

En ese mismo artículo se habla de  [e] revisar la pertenencia de Colombia a organismos como la “ONU, la OEA y la CIDH”. Pues bien, en el contexto explicado esto quiere decir que el Estado autoritario, mínimo, represivo, no podría ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) por la violación de derechos por parte del Estado colombiano y sus fuerzas represivas, o por otros motivos. Esa jugada la hicieron ya, curiosamente, los gobiernos autoritarios de izquierda de la región. En ese momento la derecha salió a criticar, pero ahora copian (como muchas otras cosas) esa estrategia.

La verdad es preocupante el tinte autoritario del proyecto abelardista. La ciudadanía debería de estar atenta en vez de emborracharse con expresiones patrioteras y vacías como “El tigre” o “Firmes por la patria”. La proclividad a la dictadura del proyecto de ultraderecha la han puesto de presente personas (escritores, constitucionalistas, académicos, políticos) como Abad Faciolince, Rodrigo Uprimny, Ramiro y Ana Bejarano, Humberto de la Calle, Gonzalo Sánchez, Claudia López, entre muchos otros. Ese autoritarismo es propio de la ultraderecha internacional a la cual se encuentra adscrito De la Espriella: el sionismo de Netanyahu, Vox en España, Bukele en Salvador, Milei en Argentina y Donald Trump. En Estados Unidos, lo sabemos bien, Trump caza migrantes, interfiere en las universidades, censura e insulta periodistas, viola la división de poderes, gobierna por decreto, gobierna para los millonarios, persigue a los opositores, etc. Abelardo haría muchas de estas cosas aquí, eso está anunciado.

Preocupa sobremanera que el país se convierta en una colonia trumpista, en un país lacayo sometido a los intereses gringos; y que dada su calidad de “ciudadano americano republicano” de Colombia, en una eventual presidencia, actué más a favor de intereses extranjeros que a favor de los propios; o que pida intervenciones frecuentemente. En ese caso, la soberanía estaría seriamente comprometida. Igualmente, preocupa el ingreso al país del sionismo que masacra y comete genocidio en Gaza y en el Líbano.

Por último, sin duda, el modelo de Estado que prefigura la ultraderecha es un Estado al servicio del capital: el tema de la desregulación, las exenciones a empresarios, la reducción de impuestos a los más ricos; los anuncios sobre la “revisión” de las superintendencias y sus facultades de control y vigilancia; las declaraciones (muy confusas y contradictorias) sobre el futuro de las licencias ambientales, de la Agencia Nacional de Tierras,  de la consulta previa a comunidades, etc., apunta ineludiblemente a que estas instituciones son consideradas obstáculos para el crecimiento Económico y por ello deben intervenirse o suprimirse. Todo quedará sometido a la lógica del mercado, la acumulación de la ganancia y la especulación financiera. Este es, en verdad, un Estado policial al servicio del neoliberalismo.

Es un modelo donde los organismos de control son obstáculo; es la antípoda del Estado social de derecho que contempla la constitución de 1991. En ese sentido, el programa político no defiende la constitución, defiende el mercado y los intereses de los sectores más ricos de la sociedad. Se configuraría un Estado oligárquico autoritario donde lo “social” y lo “democrático” serían tan solo un espejismo o una cosa del pasado.  En un escenario represivo, defender el Estado social y democrático de derecho equivaldría a levantar las banderas del comunismo y a convertirse inmediatamente en un subversivo al que hay que combatir.  

El activismo en la sociedad florece como una inoculación de generosidad necesaria para alimentar el alma de los individuos y, a su vez, apaciguar o envalentonar el ímpetu de sus pasiones e intereses. No han sido pocos los surgimientos sociales que nos terminaron caracterizando como nación; sin embargo, algunos de los que más hemos olvidado, y que han tenido altas repercusiones sociales y políticas en nuestra herencia y transmisión cultural o incluso memética, son aquellos que conformaron sociedades y agrupaciones en pro de la generación de empleo, del alivio a la miseria y reconocimiento de los excluidos.

Ahora bien, descontando el incuestionable e ingente esfuerzo realizado por la Iglesia en la construcción de una sociedad con sustento moral, del cuidado, de la salud, de la educación y del amparo a los desamparados, entre otras, labor que, por su magnitud histórica, no admite comparaciones, emergen también, casi a contraluz, aquellos quijotes sociales que, sin aparato ni reconocimiento, aportaron de manera decisiva a la edificación de esta misma sociedad.

A ellos, sin embargo, no les fue concedida una memoria proporcional a su entrega. La sociedad que hoy se erige y en no poca medida se sostiene sobre las estructuras que ayudaron a levantar, parece haber olvidado a sus artífices, relegándolos a un silencio que no corresponde ni a su esfuerzo, ni a su legado.

En medio de las guerras civiles partidistas que se vivieron durante el siglo XIX, empezaron a surgir, de manera casi mimetizada, varios tipos de sociedades con fines caritativos, proteccionistas, educativos y gremiales. Muchas de ellas se enfocaban en formas de apoyo mutuo que brindaban planes de protección a sus miembros en casos de invalidez, enfermedad, muerte y demás calamidades de la vida. Es así como aparecen, entre otras, la Sociedad de Caridad de Santafé, la del Señor del Despojo, la de Auxilio Mutuo de Bucaramanga, la de Socorros Mutuos de Manizales y la de Socorros Mutuos de Bogotá.

De estas sociedades citadas y de muchos proyectos llevados a buen termino, sólo podremos traer a nuestro presente una minima muestra, iniciamos con la Sociedad de Socorros Mutuos de Bogotá. En sus estatutos, conocidos gracias a la obligación dictada por la Constitución de 1886, según la cual las sociedades debían ser legalizadas mediante resolución expedida por el Ministerio de Gobierno, se indicaban las condiciones, obligaciones y derechos de los socios. Quienes debían jurar, lo siguiente:

Los miembros debían generar un aporte inicial y otros aportes semanales que permitían sostener su defensa y apoyo. Se estimaba que el número de miembros no podía exceder los 400 socios y que su duración sería de 99 años. El médico Abraham Aparicio Cruz, presidente de la sociedad, fue además uno de los cofundadores de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, creada en 1873 en su casa de San Victorino junto con otros destacados galenos, corporación que posteriormente se transformaría en la hoy reconocida Academia Nacional de Medicina.

La Sociedad de Socorros Mutuos contaba con personajes como Luis Rivas, Rafael Tapia, Gabriel Garzón, José del Rosario Guerrero, Adonías Gómez, Antonio Calvo, Ricardo Bonilla y José Asunción Silva. Pero entre todos ellos, y en los pliegues de la historia, se alza la figura silenciosa de su hermana, Elvira Silva Gómez.

Ella no solo participó: se consumió en la entrega. Descendió a los barrios obreros, se internó en sus calles densas y húmedas, respiró el aire espeso de la miseria, y en ese contacto íntimo con el dolor ajeno, contrajo la pulmonía que lentamente le arrebató la vida. Su enfermedad no fue un accidente: fue, en cierto modo, el precio de su compasión.

Así, su juventud, su amor y su salud no se extinguieron en vano, sino que se transformaron en ese eco persistente que resuena en el tiempo, en esa herida íntima que su hermano inmortalizaría en uno de los más hondos lamentos de la poesía colombiana: Nocturno.

Y este dolor fuerte e incólume de todos, se unía a otras necesidades, como la búsqueda para complementar la falta de recursos fiscales de la incipiente nación a través de la unión y la solidaridad con los necesitados, lo que permitió no solo la agrupación de obreros y artesanos, sino el desenvolvimiento y pulimiento de la gema de su bondad y virtudes humanas.

Sus propósitos se volcaron en parte de su esencia, tanto así que incluyeron en ella sus mayores pasiones, aprovechando sus potencialidades, las cuales se transformaron en cimientos de grandes proyectos, como la red de cajas de crédito, círculos de obreros, agremiaciones de artesanos y la conformación de cooperativas.

No obstante, estas semillas pasaron por un oscuro periodo que inicialmente cercenó su crecimiento. Así, a finales del siglo XIX se ordenó la clausura de la sociedad, acusada de incitación a revueltas de artesanos, movidas por la polarización bipartidista. A ello se sumó la muerte prematura de uno de sus fieles miembros, José Asunción Silva, que llenó de tristeza y desaliento a la sociedad. Posteriormente, la Guerra de los Mil Días y la separación del istmo de Panamá cubrieron con un manto de desesperanza a los nacionales, diezmando sus impulsos casi hasta el apaciguamiento. En medio de ese abatimiento, su tránsito parece encontrar eco en aquellas palabras de la Escritura:

Quizá en esa tensión, entre la fragilidad y la persistencia, se sostuvo su empeño, como si cada golpe no hiciera más que templar la convicción de quienes, aun en la adversidad, se negaban a desaparecer, inoculando en el tiempo una semilla que otros habrían de hacer germinar.

Algunos intrépidos retomaron las banderas quemadas y enlodadas, a través de ideas influenciaron la creación de asociaciones rurales retomadas en 1950 por Orlando Fals Borda en sus proyectos agrarios y en la conformación de las juntas de acción comunal, así como iniciativas del padre jesuita José María Campoamor, quien en 1911 conformó el Círculo de Obreros, unido a un proyecto urbano-social que hoy se conoce como el barrio Villa Javier y la Caja Social de Ahorros.

Otro esfuerzo que ha florecido es el de María Berenice Duque Hencker, quien, sin dejar huella visible, como si su paso no buscara ser recordado sino multiplicado, con sigilo sembró presencias. Allí donde la pobreza parecía un destino irrevocable, aparecían, casi sin anuncio, pequeñas casas habitadas por mujeres que se llamaban a sí mismas “hermanitas”, como si en la diminución residiera su fuerza; y en esas casas, la infancia encontraba abrigo, la enfermedad, compañía, y la familia, un hilo tenue pero firme que la sostenía.  Así, fundo en 1957 la comunidad de las Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesús y María, donde tejieron redes fortísimas bajo un lema oculto en sus venas “Calla, y que tus obras confirmen tu misión”. En la repetición de gestos mínimos, en la pedagogía del cuidado, en el pacto de “amar, sufrir, callar y sonreír”. Y así, sin ruido ni proclama, su obra se extendió como una raíz bajo la tierra invisible, paciente sosteniendo continentes enteros con la discreta virtud  de la caridad.

En Cúcuta, entre tanto, en 1912, una escuela nocturna apoyada por el párroco de San Antonio del Táchira, Elías Daniel Calderón, se transmutaba en la Asociación de Artesanos y el Colegio Gremios Unidos, que en 1922 se convertiría en un claustro de libres pensadores encargado de la educación de los desamparados. Pero aquella obra no fue fruto de una sola voluntad: fue la conjunción de nombres que la historia ha pronunciado con menor fuerza de la que merece. Así, se reconoce el impulso decidido de Teodoro Gutiérrez Calderón, Miguel A. Pizani, Leopoldo Piment, Ramón B. Álvarez y Víctor Ocariz, artífices de una empresa silenciosa que encontró en la educación su forma más honda de resistencia.

Hacia 1926, entre aquellos “niños sin alpargatas”, se gestaba, sin que nadie pudiera anticiparlo, uno de los que años después se convertiría en figura determinante de la historia venezolana: Marcos Pérez Jiménez. Quien, aun habiendo ascendido al poder por la vía de las armas, proyectó una idea de nación fundada en la transformación material y el orden, bajo el llamado “Nuevo Ideal Nacional”.Una visión que, entre el impulso modernizador y la sombra de la represión, dejó una huella tan profunda como contradictoria, recordándonos que incluso las semillas más tempranas pueden florecer en direcciones imprevisibles.

Los personajes nombrados, unos inscritos en la historia, otros apenas sostenidos por evidencias dispersas y muchos más disueltos en el anonimato, lograron transformar las circunstancias naturales, hasta convertirlas en instrumentos que, con el tiempo, incidieron silenciosamente en la sociedad entera. Pero ese influjo, profundo y casi invisible, no fue gratuito: se pagó con deshonras injustificadas y con juicios dictados por valores o antivalores asumidos por las masas. Ni siquiera todos fueron maltratados: a muchos les bastó el olvido, o un reconocimiento insuficiente frente a la magnitud de sus obras.

A pesar de que la estrategia pudo percibirse como fallida, en el sentido de permitir el sacrificio de sus propios derechos, la fuerza de sus ideas resultó superior a su instinto de supervivencia y dignidad. Fue allí donde su verdadero legado se consolidó.

Y sin embargo, lograron el influjo de sus postulados. Inocularon, en efecto ideas diversas en su origen, hoy ampliamente aceptadas. Son ellos quienes han gestado buena parte de la estructura social que hoy vemos, aunque no siempre los reconozcamos. Nunca tuvieron el reconocimiento debido. Se convirtieron en forjadores anónimos de nuestra identidad. Se permitieron pasar al libro del olvido; sin embargo, como escribió José Ortega y Gasset: en tanto haya alguien que crea en una idea, la idea vive.

En el lento y convulso proceso de conformación de naciones como la nuestra, aún hoy inconcluso, late una tensión primordial: la del poder que se impone y la de la sociedad que se rehúsa a ceder del todo, y que, en su resistencia, inventa formas de sostenerse.

Homo homini lupus est: el hombre es el lobo del hombre; pero es también, en ese mismo abismo, donde aprende a oponerse a sí mismo.

Es precisamente en esa tensión donde estas sociedades encontraron su razón de ser; surgieron como mecanismos para aliviar, contener y dinamizar los conflictos, evitando tragedias previsibles o, al menos, mitigando sus efectos. Es allí donde los hechos del pasado recobran su sentido: al erigirse como faros que iluminan el presente, evocando en sus destellos las acciones originarias que aún pueden orientarnos frente a los conflictos de hoy, como bien lo recordaba recientemente una voz pastoral cercana.

Esta situación no ha desaparecido; apenas ha mudado de forma. Persiste en nuestra actualidad con rostros distintos, pero con mecanismos similares, como si el tiempo no hubiera hecho más que transformar sus superficies. Y, sin embargo, algo permanece inalterable: la decisión de florecer obras germinadas a través de las virtudes.

Quizá en ello radique su enseñanza más honda: la fe, callada, persistente, casi invisible, pero potente como la roca, como antesala de la realidad; como ese impulso primero que, aun en medio de la adversidad, insiste en abrir camino:

LA FE ES LA ANTESALA DE LA REALIDAD