Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hay historias que llegan a Bogotá después de recorrer un camino mucho más largo. El pasado 3 de septiembre, una delegación del Cabildo Indígena Páez de Jerusalén, en Santander de Quilichao, Cauca, llegó al Centro Nacional de Memoria Histórica con una preocupación que tiene la dimensión de una pregunta y la urgencia de una alarma: ¿qué ocurre cuando los jóvenes de una comunidad indígena vuelven a ser el objetivo de los grupos armados?

La delegación estuvo encabezada por la lideresa indígena y defensora de derechos humanos Diana Socorro Perafán, acompañada por el gobernador del cabildo, Julián Mensa; el fiscal, Mauricio Mensa; el abogado y asesor legal José Jairo Collazos; la alcaldesa, Dioselina Secué, y la integrante de la comunidad Ana Correa. Fueron recibidos por el director general del CNMH, D’Mar Córdoba Salamanca.

El motivo de la reunión fue exponer la situación que, según los representantes del cabildo, atraviesa actualmente la comunidad, particularmente por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas que operan en el Cauca.

La preocupación no era solamente una cifra. Perafán contó que pocos días antes la comunidad había tenido que recibir el cuerpo de un joven que murió en combate en el Guaviare y que, según su testimonio, había sido reclutado en el Cauca por una estructura disidente de las antiguas FARC.

“No son combatientes voluntarios”, afirmó la lideresa.

Según Perafán, el fenómeno afecta de manera particular a comunidades indígenas y existe un riesgo que podría alcanzar a más de 15.000 menores de los territorios que representa. Su denuncia es que algunos jóvenes son sacados de los resguardos y posteriormente terminan en diferentes estructuras armadas.

El relato de la comunidad plantea así una paradoja dolorosa: territorios en los que durante décadas se ha hablado de autonomía, identidad y protección de los pueblos indígenas siguen enfrentando la posibilidad de que sus niños y adolescentes sean incorporados a una guerra que no escogieron.

Durante la reunión apareció además otro elemento que, según los representantes del cabildo, está agravando la situación: la persecución contra indígenas cristianos y evangélicos.

Perafán aseguró que algunos miembros de estas comunidades son señalados por los grupos armados como opositores políticos y que existen amenazas de muerte y órdenes de captura en contra de líderes. Según su denuncia, más de 30.000 indígenas cristianos y evangélicos del suroccidente colombiano estarían en riesgo de terminar involucrados en un conflicto ajeno a sus comunidades.

Son afirmaciones que deberán ser contrastadas y documentadas por las autoridades correspondientes, pero que para quienes llegaron a Bogotá constituyen una realidad cotidiana.

La propia Perafán manifestó además sus diferencias con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización a la que cuestionó por considerar que se habría alejado de principios que, en su opinión, deberían estar concentrados en la resistencia, la cultura y la unidad de los pueblos indígenas.

La acusación es especialmente sensible en un departamento donde la relación entre las comunidades indígenas, el Estado y los grupos armados ha estado marcada durante décadas por la disputa territorial y política.

Durante la conversación también aparecieron historias más antiguas, que muestran que la violencia contra los dirigentes comunitarios no comenzó con las actuales estructuras armadas.

El abogado José Jairo Collazos recordó amenazas contra su vida que, según relató, se remontan a 1986. También habló de la existencia de presuntas fosas comunes en el resguardo de Vilachí.

La alcaldesa Dioselina Secué contó la historia de su hijo, cuya muerte ocurrió años después de que ella hubiera acudido a la Fiscalía para denunciar situaciones relacionadas con la violencia. Su intervención estuvo acompañada de otras preocupaciones menos visibles, pero igualmente determinantes para la vida cotidiana: las dificultades educativas y la falta de infraestructura.

Para el gobernador Julián Mensa, la discusión también pasa por la posibilidad de construir un proyecto de vida distinto para los jóvenes. Defendió un plan de vida para el cabildo basado en sus principios religiosos y alejado de los cultivos ilícitos, al tiempo que denunció la persecución contra maestros y dirigentes comunitarios.

Su compañero de delegación, el fiscal Mauricio Mensa, planteó una idea sencilla frente a un problema complejo: educación, deporte y cultura como herramientas para impedir que los grupos armados terminen convirtiendo a los jóvenes en parte de la guerra.

Ana Correa puso sobre la mesa otro problema estructural: la tierra. Según explicó, la comunidad no cuenta con suficientes tierras productivas y por eso pidió la intervención del Ministerio de Educación y de la Agencia Nacional de Tierras.

Porque detrás del reclutamiento hay también una disputa por las posibilidades de futuro. Un adolescente que no encuentra escuela, tierra, empleo, deporte o espacios culturales tiene menos alternativas frente a quienes llegan a su territorio ofreciendo dinero, pertenencia, poder o simplemente una salida.

La reunión terminó con un compromiso institucional: documentar lo que está ocurriendo en el territorio.

D’Mar Córdoba Salamanca señaló que uno de los retos del Centro Nacional de Memoria Histórica durante esta vigencia es precisamente fortalecer el trabajo territorial y recoger las memorias de comunidades que han vivido distintas formas de violencia.

El reclutamiento forzado, las denuncias de persecución religiosa y las dificultades relacionadas con el acceso a la tierra aparecen, en ese sentido, como algunos de los asuntos que la entidad busca documentar.

Pero para una comunidad como la de Jerusalén la memoria no es solamente un asunto del pasado. El joven cuyo cuerpo regresó recientemente desde el Guaviare pertenece a una historia que todavía está ocurriendo.

Por eso la pregunta que llevaron hasta el Centro Nacional de Memoria Histórica no se refiere únicamente a cómo recordar lo que sucedió durante el conflicto armado. También plantea cómo impedir que una nueva generación de niños y jóvenes termine convertida en parte de él.

En el Cauca, la memoria parece tener todavía una tarea pendiente: llegar a tiempo.

Y es precisamente en medio de esa tragedia que comienza a desvanecerse de la conversación pública donde se libra otra, todavía menos visible: la de la educación superior en las regiones golpeadas por el sismo. Mientras la atención se concentró inmediatamente —con toda razón— en las viviendas destruidas, en las víctimas, en la recuperación de la infraestructura, del comercio y de la actividad económica, el daño sufrido por las universidades corre el riesgo de convertirse en una simple nota al pie. Sería un error de fondo dejar que así ocurra.

Porque en departamentos como el Quindío la educación superior no es un servicio más entre muchos: es uno de los motores capaces de modificar el destino de miles de familias. Instituciones como la Universidad del Quindío abren posibilidades de movilidad social para jóvenes que difícilmente encontrarían otra vía semejante para transformar sus trayectorias de vida. En 2024, el departamento registró una tasa de cobertura bruta en educación superior del 68,72 %, frente al 57,53 % nacional. A ello se suma el efecto que ha tenido la política de gratuidad en las instituciones públicas. Son cifras que recuerdan algo esencial: nuestras universidades cumplen una función social que no cabe entera en las matrículas, los edificios o los presupuestos.

Sobre ese tejido fundamental para el desarrollo de la región cayó el terremoto. En la Universidad del Quindío, cerca del 60 % de las edificaciones presentó algún tipo de afectación, principalmente en elementos no estructurales, y las estimaciones preliminares sitúan en unos $120.000 millones los recursos que podría demandar la recuperación de la infraestructura, sin incluir todavía equipos, mobiliario y otros bienes afectados.

El daño no se detuvo en el Quindío. En la Universidad Tecnológica de Pereira, un balance técnico determinó que el 63 % del área construida del campus —65.965 metros cuadrados— quedó fuera de servicio, aunque ello no equivalía necesariamente a daño estructural. A escala regional, ASCUN ha identificado 21 instituciones con sedes afectadas y cerca de 121.500 estudiantes cuyas actividades se alteraron por cierres o migración a la virtualidad. No estamos, entonces, ante el problema particular de una o dos universidades.

Pero incluso esa medición se queda corta si entendemos la afectación apenas como suspensión de clases. Pasar de la presencialidad a la virtualidad salva parte de la actividad académica, pero la presta en otras condiciones. La universidad es también conectividad, computadores, bibliotecas, laboratorios, talleres, escenarios de práctica, espacios de estudio y redes de apoyo. Para muchos estudiantes, buena parte de esa infraestructura solo está disponible cuando llegan al campus.

La brecha digital lo hace todavía más evidente. En 2024, apenas el 41,9 % de los hogares de centros poblados y zonas rurales dispersas tenía conexión a internet. En Chocó, uno de los departamentos más golpeados por el sismo, la proporción era del 28,7 %; en Quindío, del 63,4 %. Y aun esas cifras incluyen conexiones mediante planes de datos móviles o recargas, que rara vez soportan varias horas diarias de clase. La continuidad formal del calendario académico, por tanto, no siempre equivale a continuidad efectiva del derecho a estudiar.

Detrás de esas cifras hay historias que rara vez caben en un balance oficial. Para una familia campesina o de un barrio popular que ha hecho de la universidad uno de los principales caminos de ascenso social, un semestre alterado es mucho más que un contratiempo administrativo. Puede significar asumir el costo de una conexión que antes no se necesitaba, conseguir un computador que no existe en casa o seguir desde un teléfono celular una clase pensada para un aula. A ello se suman un ingreso que se demora, un empleo que se posterga, una beca que entra en incertidumbre.

Para un joven cuya permanencia depende de un equilibrio económico siempre frágil, una alteración prolongada de esas condiciones puede terminar en abandono definitivo. Y cuando eso ocurre entre cientos o miles de estudiantes, lo que se interrumpe no es únicamente una trayectoria individual: se afecta la capacidad futura de una región para formar a sus propios médicos, maestros, ingenieros y servidores públicos. La reconstrucción física, por urgente que sea, no bastará si esas trayectorias no logran retomar su curso.

Ahí aparece el contraste que merece mayor atención pública. No existe todavía una política integral y financiada de recuperación de la educación superior. No ha habido anuncios de una bolsa extraordinaria de recursos destinada a reconstruir las instituciones afectadas, ni un mecanismo nacional de financiación con criterios públicos de priorización, cronograma y responsables definidos. Tampoco una estrategia para hacer seguimiento al riesgo de deserción universitaria asociado a la emergencia.

Para la educación preescolar, básica y media, en cambio, el Ministerio cuenta con recursos identificados, diagnósticos, una estructura de ejecución y fechas. Para la educación superior no hay instrumentos equivalentes. De ahí que valga la pena insistir en tres frentes.

El primero es financiero. La reconstrucción de la infraestructura universitaria no puede quedar librada a las pólizas de cada institución, a sus recursos propios o a su capacidad individual para buscar cooperación. Se necesita un mecanismo extraordinario de financiación nacional, con criterios transparentes de asignación, cronogramas verificables y rendición pública de cuentas.

El segundo es la permanencia estudiantil. Los alivios del ICETEX son importantes, pero solo alcanzan a quienes tienen obligaciones con esa entidad. Y garantizar la permanencia exige mucho más que dejar abierta una matrícula: implica asegurar condiciones reales para continuar —conectividad, equipos, apoyos económicos y psicosociales— y, cuando la naturaleza de la formación lo demanda, acceso a laboratorios, talleres y prácticas que difícilmente se sustituyen desde una pantalla. La emergencia afecta también a estudiantes cuyas familias perdieron vivienda, ingresos o estabilidad, y el acompañamiento debe sostenerse el tiempo suficiente para que una afectación temporal no se vuelva definitiva.

El tercero es el seguimiento. La educación superior necesita una hoja de ruta tan concreta como la que ya empieza a existir para las escuelas. Saber cuántos edificios resultaron afectados o cuántos estudiantes reciben alguna forma de clase es apenas el comienzo. Hay que saber en qué condiciones están estudiando, cuántos no regresaron, cuántos aplazaron su semestre, cuántos perdieron sus medios de sostenimiento y qué se está haciendo para que no desaparezcan del sistema.

Debemos evitar, además, otra forma de olvido: creer que la solidaridad inicial puede sustituir una política pública. La respuesta del propio sistema universitario ha sido extraordinaria. Universidades públicas y privadas han puesto a disposición capacidades técnicas, espacios y alternativas de continuidad académica. Pero la solidaridad entre instituciones no puede convertirse en el mecanismo permanente de financiación de una reconstrucción de la que el Estado es corresponsable, sobre todo en lo relativo a las instituciones de carácter público.

Reconstruir las universidades y el delicado tejido social que sostienen —con la misma urgencia y el mismo criterio de gestión del riesgo con que se reconstruyen las viviendas y las escuelas— es evitar que al terremoto físico del 10 de agosto se sume otro, más lento y silencioso: el de una generación de estudiantes que terminó quedándose en el olvido.

La Secretaria de Educación Departamental, Betty Horta Miranda, invita a la charla informativa a los 28 municipios no certificados en educación, beneficiarios del programa Talento Magdalena.

Nuevamente, el jefe del Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad del Magdalena, Edwin Gutiérrez Boto, será el encargado de presentar la oferta de pregrados, la admisión regular, el Programa Talento Magdalena, otras vías de admisión especial, los apoyos socio-económicos y el paso a paso de la inscripción.

El Meet hace parte de una serie (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad. Esta vez con un alcance más amplio por la invitación de la Secretaría de Educación Departamental.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace, con un canal de mayor capacidad de la Secretaría General de la Universidad del Magdalena.

UniMagdalena, con acreditación institucional de alta calidad y sello internacional de ACEEU

Es la segunda universidad pública de la región caribe en recibir la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional.

En 2023 recibió del Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y Comprometidas (ACEEU), la acreditación de Universidad Comprometida por su alta calidad e impacto en los territorios., siendo la primera en América Latina.

UniMagdalena ofrece 45 pregrados profesionales en seis Facultades. 14 de sus pregrados tienen acreditación de alta calidad y cinco de sus pregrados de Ingeniería gozan de doble titulación internacional (con universidades de Francia e Italia).

• Facultad de Ciencias de la Educación (14 pregrados)
• Facultad de Ingeniería (10)
• Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas (8)
• Facultad de Humanidades (5)
• Facultad de Ciencias de la Salud (5)
• Facultad de Ciencias Básicas (3)

En el nivel tecnológico ofrece siete programas: 4 en Ciencias Empresariales y Económicas, 2 en Humanidades y 1 en Ciencias de la Salud.

En el nivel técnico profesional ofrece dos programas (en Ciencias Empresariales y Económicas).

Programa Talento Magdalena

Es un programa de admisión especial dirigido a los estudiantes de grado 11 de las instituciones oficiales de educación de los municipios de Magdalena no certificados en educación, que obtengan el primer o segundo mejor puntaje individual de su institución, en las pruebas Saber 11, a partir de los resultados del periodo 2025-II.

En cada proceso de admisión, se destinarán, de la oferta ordinaria, hasta veinte (20) cupos especiales en cada uno de los programas de pregrado presencial para el desarrollo del Programa Talento Magdalena.

Sin embargo, la obtención del cupo especial Talento Magdalena no garantiza la admisión a un programa específico, una de las reglas que se explicará en la charla virtual de Admisiones.

Ampliación de cupos.

La Universidad podrá otorgar hasta tres (3) cupos adicionales del programa Talento Magdalena a las instituciones educativas oficiales de los municipios que firmen convenio y comprometan recursos que permitan sufragar la manutención y sostenibilidad de los estudiantes.

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad, sea ganando beca privada o cupo en estatal acreditada, mejor preparados para ese ciclo de vida crucial.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas y co-cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, acercamiento al mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

La Secretaría de Educación Departamental apoya la extensión de la convocatoria a los 28 municipios beneficiarios del programa Talento Magdalena.

El jefe del Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad del Magdalena, Edwin Gutiérrez Boto, será el encargado de presentar la oferta de pregrados, la admisión regular, el Programa Talento Magdalena, otras vías de admisión especial, los apoyos socio-económicos y el paso a paso de la inscripción.

El Meet hace parte de una serie (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace.

UniMagdalena, con acreditación institucional de alta calidad y sello internacional de ACEEU

Es la segunda universidad pública de la región caribe en recibir la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional.

En 2023 recibió del Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y Comprometidas (ACEEU), la acreditación de Universidad Comprometida por su alta calidad e impacto en los territorios., siendo la primera en América Latina.

UniMagdalena ofrece 45 pregrados profesionales en seis Facultades. 14 de sus pregrados tienen acreditación de alta calidad y cinco de sus pregrados de Ingeniería gozan de doble titulación internacional (con universidades de Francia e Italia).

• Facultad de Ciencias de la Educación (14 pregrados)
• Facultad de Ingeniería (10)
• Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas (8)
• Facultad de Humanidades (5)
• Facultad de Ciencias de la Salud (5)
• Facultad de Ciencias Básicas (3)

En el nivel tecnológico ofrece siete programas: 4 en Ciencias Empresariales y Económicas, 2 en Humanidades y 1 en Ciencias de la Salud.

En el nivel técnico profesional ofrece dos programas (en Ciencias Empresariales y Económicas).

Programa Talento Magdalena

Es un programa de admisión especial dirigido a los estudiantes de grado 11 de las instituciones oficiales de educación de los municipios de Magdalena no certificados en educación, que obtengan el primer o segundo mejor puntaje individual de su institución, en las pruebas Saber 11, a partir de los resultados del periodo 2025-II.

En cada proceso de admisión, se destinarán, de la oferta ordinaria, hasta veinte (20) cupos especiales en cada uno de los programas de pregrado presencial para el desarrollo del Programa Talento Magdalena.

Sin embargo, la obtención del cupo especial Talento Magdalena no garantiza la admisión a un programa específico, una de las reglas que se explicará en la charla virtual de Admisiones.

Ampliación de cupos.

La Universidad podrá otorgar hasta tres (3) cupos adicionales del programa Talento Magdalena a las instituciones educativas oficiales de los municipios que firmen convenio y comprometan recursos que permitan sufragar la manutención y sostenibilidad de los estudiantes.

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad, sea ganando beca privada o cupo en estatal acreditada, mejor preparados para ese ciclo de vida crucial.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas y co-cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, acercamiento al mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

No creo que la doctora Morales desconozca que el mundo cambió y que ya no es posible pretender que un joven —sea menor o mayor de edad— piense y actúe de acuerdo con visiones propias del Antiguo Testamento, desconociendo los principios de una sociedad que lucha por la igualdad, la libertad, la inclusión y el respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas.

Me atemoriza pensar que, valiéndose de un cargo de poder, la ministra de Educación promueva limitaciones o prohibiciones para que, a través de los manuales de convivencia de los colegios, dos adolescentes del mismo sexo no puedan expresar sus sentimientos dentro de las aulas o, peor aún, se les obligue a adoptar comportamientos que están lejos de querer asumir. Una cosa es orientar y educar, y otra muy distinta imponer desde el Estado una determinada concepción moral o religiosa.

En Colombia ya tenemos antecedentes de profundas depresiones que han terminado en suicidios por la incomprensión de directivas escolares que no han entendido que los jóvenes de hoy no quieren vivir escondiendo su manera de pensar, sus sentimientos ni sus proyectos de vida. Casos como el de Sergio Urrego no pueden ni deben repetirse, y la ministra debería tenerlo muy claro antes de pretender imponer su manera de pensar en la educación de niños y adolescentes.

Viviane Morales debe entender que la educación de los menores de edad no puede ni debe diseñarse de acuerdo con lo que piensa o quiere una ministra en particular. La educación pública pertenece a la sociedad y debe estar dirigida al respeto por el otro, a la convivencia, a la libertad de pensamiento y a la no discriminación por ningún motivo. El Ministerio de Educación no puede convertirse en una extensión de las convicciones religiosas de quien temporalmente ocupa el cargo.

Estoy de acuerdo con la ministra cuando afirma que a un niño menor de 10 años no se le pueden presentar términos o asuntos sin considerar su edad y su nivel de desarrollo. Pero hay algo que la doctora Morales parece ignorar o, al menos, no querer reconocer: un adolescente no espera a cumplir 18 años para comenzar a preguntarse por su identidad, sus afectos y sus preferencias sexuales. Estos procesos forman parte del desarrollo y del crecimiento humano, y no desaparecerán porque una autoridad administrativa intente ignorarlos o regularlos desde una determinada visión moral.

Pretender que desde el Ministerio de Educación se pueda controlar la manera en que los adolescentes sienten, piensan o construyen su identidad es, además de ingenuo, profundamente peligroso. La escuela debe ser un espacio seguro para aprender y convivir, no un escenario en el que los estudiantes tengan que esconder quiénes son por miedo a ser señalados, sancionados o discriminados. Cuando una institución educativa convierte la diferencia en motivo de castigo, deja de educar y comienza a excluir.

También resulta preocupante que, mientras el país enfrenta enormes desafíos en materia educativa, el debate ministerial termine concentrándose en cruzadas morales y disputas ideológicas. La prioridad debería estar en ampliar los cupos, mejorar la calidad de la educación pública, dignificar las condiciones de los docentes, reconstruir los colegios afectados por desastres, reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales y garantizar acceso real a tecnología y herramientas educativas. Esas son las urgencias que requieren liderazgo, presupuesto y decisiones de Estado.

Aquí no hay tiempo ni espacio para adoctrinamientos ni para visiones religiosas impuestas desde el Ministerio de Educación. Colombia es un Estado plural en el que las creencias religiosas de una funcionaria, por respetables que sean en el ámbito personal, no pueden convertirse en política pública ni utilizarse para limitar los derechos de quienes piensan, sienten o viven de manera diferente.

La ministra debería recordar, además, que ocupar un cargo público no significa tener licencia para imponer convicciones personales sobre toda la sociedad. Su responsabilidad no es educar al país según sus creencias, sino garantizar que el sistema educativo respete la Constitución, la diversidad y los derechos de todos los estudiantes. Si no está dispuesta a asumir esa responsabilidad, entonces el problema no está en los jóvenes ni en la sociedad que ha cambiado: está en una concepción del poder que todavía pretende que el país se adapte a ella.

Y si, como consecuencia de políticas excluyentes, vuelven a presentarse casos de jóvenes perseguidos, discriminados, humillados o llevados al límite de la desesperación por su orientación sexual o su identidad, la responsabilidad política no podrá esconderse detrás de los manuales de convivencia ni de las decisiones de cada colegio. Quienes ocupan posiciones de poder deben responder por las consecuencias de las políticas que promueven. Doctora Viviane Morales, la educación no puede convertirse en el instrumento para imponer una moral particular: debe ser, ante todo, una herramienta para formar ciudadanos libres, críticos, respetuosos y capaces de convivir con quienes son diferentes.

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Piadosos depredadores

Y el sumo sacerdote de esa orgía depredadora es Donald Trump que, ya en su senectud y senilidad imperial, continúa obsesionado con “perforar, perforar y perforar” toda America, pero especialmente la “Patria Milagro”, sin importarle los desastres ecológicos que ello produzca. Probablemente sean secuelas de su amistad con Epstein y su exclusivo club de depredadores sexuales, entre los cuales parece haber estado el expresidente Andrés Pastrana, otrora defensor ejemplar de la familia y el medio ambiente, además de líder natural del partido conservador, esa reserva moral de la República y sus valores católicos. Esa obsesión por perforar pronto llegará a nuestro territorio con el inofensivo fracking que, según asegura el presidente milagroso, perdón Abelardo, no producirá daño alguno en el medio ambiente, pues se harán rigurosas pruebas pilotos para evitarlo. Es una excelente noticia que tiene a importantes y poderosos inversores muy optimistas y excitados, pues podrán perforar, perforar y perforar sin temor alguno. Algo parecido a la amable advertencia que un violador hace a su víctima de no causarle daño, siempre y cuando ella consienta y satisfaga su incontenible deseo.

Adoradores del Becerro de Oro

Ese es el proceder de estos piadosos depredadores, adoradores del Becerro de Oro, que bien se ocultan bajo sus impúdicas exhibiciones de fe, como auténticos fariseos. Fariseos que sus seguidores, como una manada de fundamentalistas, ciegos a las evidencias y los hechos, los aplauden, admiran y respaldan furiosamente. Al del Norte, en nombre de Maga y al del Sur en nombre de la “Patria Milagro”. Sin duda, durante estos cuatro años presenciaremos mucho$ milagro$. Como los ya realizados por Trump, cuyos beneficios han aumentado su fortuna en “cerca de 2.200 millones de dólares en negocios relacionados con las criptomonedas durante el año pasado”[i]. ¿Será por eso que Abelardo llama al Fondo para la reconstrucción “Fondo Milagro”? ¿Qué entenderá Abelardo, el milagroso, por corrupción? ¿Acaso solo los robos que imputa al gobierno anterior en su libro de la Verdad? A propósito, no habrá algo de ligereza en nombrar en el ministerio de Vivienda al pastor Jaime Andrés Beltrán y ponerlo al frente de la reconstrucción, puesto que “asumirá el cargo bajo la sombra de un proceso fiscal por la presunta pérdida de elementos del alumbrado público de Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde”[ii]. También que la primera dama, Ana Lucia Pineda, como lo revela la siguiente investigación del portal Cuestión Pública[iii], reciba en su fundación Colombia, Luz y Sonrisas, donaciones en dinero y especie para los damnificados del terremoto. Bien conoce Abelardo, erudito en expresiones latinas, aquella de que “la mujer del César no solo debe ser, sino también parecer” y estar más allá de cualquier duda y sospecha. Claro que las anteriores suspicacias no tienen lugar, son prematuras y malintencionadas, pues ambas personas son fieles creyentes y nunca defraudarían al prójimo necesitado. Hay que darles tiempo para que obren milagros, no ser tan ansioso y desconfiado, pues no hay lugar para ello, menos para meterle política a un asunto tan dramático, donde solo cabe orar y donar, sin cálculo partidista o personal alguno.

Una pregunta piadosa

Volviendo a la religiosidad de Abelardo, el converso, le formulo una pregunta piadosa. ¿No será una expresión de máxima corrupción espiritual, cercana incluso a un sacrilegio, invocar a Cristo Rey para ser un presidente invencible y lanzar al campo de batalla a cientos de héroes de la Patria a morir en nombre de la interminable “guerra contra las drogas”? Una guerra que se libra en el lugar equivocado, pues ella se ganará o continuará perdiéndose en la mente y los cuerpos de millones de consumidores de cocaína y otras sustancias psicotrópicas. Nunca bombardeando plantaciones de coca, menos arrasando con glifosato u otro “herbicida inocuo” la biodiversidad de nuestras selvas y la precaria vida de campesinos reclutados por el hambre y las armas, mientras aumentan las fortunas de los capos con todos sus mediadores y alquimistas de la ilegalidad, que convierten en oro el producto del crimen. Entre estos se destacan los banqueros y algunos directores de famosos bufetes, donde sobresale uno que milagrosamente se convirtió, de la noche a la mañana, en un fiero felino y aparece ahora como un cazador implacable de criminales. Pero apenas estamos en el comienzo de todas estas inimaginables y milagrosas metamorfosis, nos esperan muchas más, como la que promoverá la ministra de educación, Viviane Morales, para salvar de la degradación moral a las familias colombianas. Por eso, dejaré para el próximo Calicanto las siguientes preguntas ¿De cuál adoctrinamiento ideológico hablaría el presidente Abelardo en su discurso de posesión ante los militares en el campo de maniobras del Cantón Pichincha? ¿Cómo será la familia de la Patria Milagro? ¿Cómo entiende la niñez la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar si excluye de él la nominación a las niñas? Será que ella toma al pie de la letra el artículo 44 de la Constitución, que solo habla de “los derechos fundamentales de los niños” y reafirma al final que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. ¿Será esa la ideología de género a la que se refiere la ministra de educación? Todo parece indicar que tendremos que aprender ese nuevo metalenguaje de la “Patria Milagro”, con su semántica religiosa y sacra, tan lejana de nuestra vulgar lengua profana, para poder comprender y describir los milagros que nos esperan durante los próximos cuatro años.

[i] https://elpais.com/internacional/2026-08-18/un-gobierno-de-millonarios-trump-nombro-para-su-administracion-a-57-personas-con-un-patrimonio-de-mas-de-100-millones.html

[ii] https://www.publimetro.co/noticias/2026/07/09/el-pasado-polemico-y-el-millonario-caso-de-presunta-corrupcion-que-salpica-al-ministro-de-vivienda-de-de-la-espriella/

[iii] https://cuestionpublica.com/ayudas-que-recoge-la-primera-dama-van-a-parar-a-su-propia-fundacion/

En esta reciente conversación Ocampo propone una mirada que se aleja tanto del pesimismo como de la celebración. Reconoce la reducción de la pobreza, la caída del desempleo y algunos avances en materia económica, pero advierte que la economía sigue creciendo por debajo de su potencial, que la inversión es insuficiente y que sectores como la minería y la construcción atraviesan dificultades. Su balance sobre el gobierno Petro es claro: hay más sombras que luces, aunque también sería injusto desconocer los avances.

Hablamos de las oportunidades que Colombia ha perdido, de lo que podría hacer el próximo gobierno para recuperar el crecimiento, de la necesidad de una política de desarrollo productivo más ambiciosa, de las regiones, de la reindustrialización y de los servicios tecnológicos. También volvemos sobre la salida de Ocampo del gobierno Petro y la ruptura alrededor de la reforma a la salud, antes de mirar hacia América Latina, su creciente polarización y la profunda crisis venezolana. Es, en últimas, una conversación sobre economía, política y sobre el país que Colombia todavía puede llegar a ser.

Diego Aretz: Profesor, muchas gracias por esta entrevista. Quiero comenzar preguntándole por este nuevo escenario para el país. Estamos a pocos días de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual usted hizo parte durante un periodo pequeño, pero importante. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre ese gobierno y también sobre el nuevo escenario que comienza para Colombia?

José Antonio Ocampo: En el caso del gobierno del presidente Petro, participé en ese periodo inicial que Cecilia López llama en su libro El periodo socialdemócrata del gobierno. Creo que se hicieron algunas cosas positivas.

Pero hay una distancia enorme entre las promesas que hizo el presidente Petro durante la campaña y lo que se hizo durante el gobierno. El presidente nunca estuvo realmente encima de las actividades de gobierno en forma contundente.

Y además debo decir que una de las mayores sorpresas para mí fue el hecho de que prácticamente ignoró el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo era, creo, un buen plan, coordinado por el entonces director de Planeación, Iván González, y elaborado con mucho apoyo de todo el equipo de gobierno, incluido mi trabajo. Pero el presidente prácticamente nunca se refirió al Plan de Desarrollo, como si no existiera.

Por lo tanto, cuando uno pregunta cuánto de las realizaciones del gobierno está relacionado con las promesas de campaña y cuánto con el Plan de Desarrollo, la respuesta es difícil.

Diego Aretz: ¿Y cómo lee el gobierno que entra?

José Antonio Ocampo: El gobierno que entra recibe varias crisis que deja este gobierno, pero también algunas tendencias positivas. Entre estas últimas está, por ejemplo, la reducción de la pobreza y la disminución del desempleo abierto, aunque en este último caso todo indica que está relacionado en parte con una cantidad exagerada de contratos públicos.

Pero, por otro lado, recibe la crisis de seguridad, la crisis del sistema de salud, una crisis fiscal de grandes proporciones y, además, yo diría que un deterioro de la administración pública nacional, asociado a la excesiva rotación de ministros, a la falta de experiencia de muchos de los que han entrado a los cargos públicos y a la renuncia de muchas de las personas que estaban en la administración pública nacional porque no consideraban favorable la situación.

Son crisis profundas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno y no solamente enfrentar, sino tratar de resolver.

Diego Aretz: ¿Conoce usted al ministro de Hacienda que entra? ¿Ha conocido su trabajo o ha compartido con él en otros espacios?

José Antonio Ocampo: No. Muy marginalmente lo conozco, pero no he tenido una relación cercana con él.

Diego Aretz: Hablemos de Colombia. Incluso me gustaría plantearlo desde 2016. ¿Qué venimos logrando? ¿Qué venimos haciendo bien? ¿Cuáles son los retos en los que no hemos hecho la tarea y cuáles son las oportunidades perdidas? ¿En qué debería enfocarse realmente el país durante los próximos cuatro u ocho años?

José Antonio Ocampo: Yo diría que hay dos tendencias positivas. Una ha sido la reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza multidimensional, que en realidad es un proceso de larga duración y que tiene además el problema complejo de la diferencia rural-urbana. La distancia entre ciudad y campo se ha acrecentado en materia de pobreza.

También ha habido una reducción de la pobreza monetaria, aunque vamos a ver si esa tendencia se materializa y se mantiene hacia adelante.

En materia de empleo hubo una reducción del desempleo abierto, pero ahí tenemos dos problemas. Uno es el que ya mencioné: la excesiva contratación de personas para cargos públicos. Y el segundo es que la informalidad laboral se ha mantenido muy alta. Sobre todo en las zonas rurales es superior al 80%, pero en las zonas urbanas también está cerca del 50%. Ese es probablemente el problema más serio que tenemos junto con esas tendencias positivas.

En materia económica hubo una reactivación. Primero tuvimos esa desaceleración fuerte de 2023, que en realidad era necesaria porque la economía estaba claramente recalentada en 2022.

En 2023 se desaceleró el crecimiento, pero también algo muy importante: se redujo el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y comenzó una reactivación de las exportaciones no tradicionales. Gracias a eso hoy dependemos menos de los ingresos petroleros y tenemos más ingresos provenientes de otros sectores, incluyendo los no tradicionales.

La reactivación se dio en 2024. Es una reactivación positiva, pero no muy fuerte. La economía ha venido creciendo alrededor de 2,5%, bastante menos de lo que debería crecer la economía colombiana.

Y hay dos elementos complejos. El más grave de todos es la baja tasa de inversión en la economía, que es una señal de que las perspectivas de crecimiento son limitadas si no hay mayor inversión. Y el segundo es que hay sectores en crisis, que se han venido contrayendo. El sector minero es uno, y el otro es el sector de la construcción, tanto la construcción de obras civiles como la construcción de vivienda. Todos han tenido problemas serios durante este gobierno.

Diego Aretz: Su visión no parece ser ni muy pesimista frente a lo que viene, pero tampoco muy optimista. En ese balance, ¿no es usted tan crítico con el final del gobierno del presidente Petro?

José Antonio Ocampo: Como digo en mis presentaciones públicas, hay luces y sombras. Yo diría que hay más sombras que luces, pero de todas maneras están los temas de pobreza y desempleo, que son positivos, así como la reactivación económica, aunque fue limitada, y la reducción del déficit de la balanza de pagos. Son temas positivos.

Ahora, también hay interrogantes muy serios. Uno de ellos es el tema de la tasa de cambio. La inflación y la tasa de cambio son dos problemas que no se habían mencionado, pero que son problemáticos.

La inflación ha venido aumentando este año y la reevaluación ha sido muy fuerte. Eso tiene un efecto muy importante tanto sobre las exportaciones no tradicionales como sobre los sectores que compiten con importaciones. Ahí tenemos un problema.

Además, como se dio un salario mínimo que aumentó muchísimo, yo he calculado que el salario mínimo en dólares ha aumentado más de 40%. Entonces, la capacidad de competir internacionalmente para varios sectores con ese elemento se hace más compleja.

Diego Aretz: Si usted fuera nuevamente ministro de Hacienda —es una pregunta hipotética—, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que tomaría en el escenario que vive el país?

José Antonio Ocampo: La primera es realmente frenar un poco el gasto público. Es un poco lo que de hecho ha anunciado el nuevo gobierno y lo que hemos dicho en público prácticamente todos los analistas: el problema fiscal es, ante todo, un problema de crecimiento excesivo del gasto público. Ese es un primer tema que habrá que enfrentar.

En materia de reactivación, creo que lo más importante es la reactivación de la inversión y, por lo tanto, la generación de confianza de los inversionistas privados es absolutamente esencial. Curiosamente, parece que eso se está dando, por lo que uno observa en indicadores, por ejemplo, de la demanda de bonos colombianos en los mercados internacionales.

Y lo tercero es ver qué sectores se pueden reactivar. Me refiero a un conjunto amplio de sectores. El primero es el sector minero y petrolero, que lo ha mencionado el nuevo gobierno, pero también, a mi juicio, hacer una política de construcción seria, buscar mucho la reactivación de la industria manufacturera y, obviamente, el sector agropecuario, que en realidad se ha comportado relativamente bien durante el gobierno actual.

Diego Aretz: Hay una pregunta más histórica, quizá más para el ministro de Hacienda Ocampo, pero también para el profesor. Muchos economistas han señalado el bajo crecimiento de Colombia. Cuando uno mira los llamados milagros económicos de Corea del Sur o la Alemania de la posguerra, encuentra crecimientos enormes que nosotros nunca hemos tenido. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, Colombia sí ha tenido una virtud histórica: aunque no crece demasiado rápido, sí ha sido históricamente relativamente estable. Hemos tenido muy pocas recesiones.

Cuando uno mira la historia, por ejemplo, en época reciente están la recesión de 1999 y la de 2020 durante el COVID. Esas son las dos únicas recesiones que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. En realidad, desde los años treinta. Virtualmente, en un siglo hemos tenido apenas dos recesiones. Es un buen récord para el país.

Ahora, cuando uno habla de reactivación y de un crecimiento más rápido, creo que sí hay que tener unas políticas productivas mucho más ambiciosas. Ese es un tema que intentó introducir el Plan de Desarrollo, pero que no se ha materializado realmente en nada concreto en el país.

Hay que pensar, por ejemplo, en el sector agropecuario, que es muy importante para el país, y en el sector de infraestructura. Pero también tenemos que pensar cómo reindustrializamos el país. Ese era uno de los temas esenciales del Plan de Desarrollo.

Y debemos preguntarnos cómo nos metemos más en la industria de servicios tecnológicos. En materia de servicios, nuestra exportación de turismo ha sido muy favorable, pero en servicios a las empresas y servicios tecnológicos todavía estamos en pañales.

Diego Aretz: Pareciera que una invitación que surge de estas reflexiones es volver a mirar ese Plan de Desarrollo, intentar ver qué se puede continuar y, precisamente, leer lo que no hizo el presidente Petro.

José Antonio Ocampo: Era un buen Plan de Desarrollo. Más aún, tiene un elemento que se asimila mucho al discurso del nuevo presidente: un mucho énfasis en lo regional.

No hablo solamente de descentralización, sino de desarrollo regional. Es decir, cómo impulsa uno el crecimiento de las regiones atrasadas del país. Ese era un tema muy esencial y por eso se hicieron consultas con todos los departamentos.

Por ejemplo, a nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, nos asignaron el Chocó, que es uno de los departamentos con más problemas en el país.

Todo consistía en ver cómo se deben armar programas fuertes a nivel regional y no solamente sociales, que es donde más o menos ha habido algún avance, sino también económicos. Es decir, cuál es la oportunidad económica de esas regiones atrasadas para ver cómo se impulsa.

Diego Aretz: Surge una pregunta natural y es quizás menos de economía y un poco más personal y política. ¿Qué le pasó al presidente Petro? Teniendo un gabinete como aquel primer gabinete, donde estaba usted y estaban varios de sus colegas, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo se explica que un presidente no busque la construcción de política pública que ha hecho su propia gente?

José Antonio Ocampo: Esa es una buena pregunta. Yo creo que, cuando uno lo mira específicamente, la gran controversia, la gran ruptura de los que salimos del gobierno, fue en torno a la reforma de la salud.

Incluso con Alejandro Gaviria y Cecilia López presentamos unas propuestas alternativas en materia de reforma de salud que no fueron aceptadas y fueron consideradas negativas.

La verdad es que los dos ministros de salud —que es de los pocos sectores donde ha habido pocos ministros, porque en muchos sectores ha habido muchos— hicieron intervenciones que terminaron generando problemas.

Por ejemplo, está el caso de la Nueva EPS. Curiosamente, cuando llegué al Ministerio de Hacienda, la Nueva EPS dependía del Ministerio de Hacienda. Yo nombraba la junta directiva y era una buena EPS.

Pero el presidente se obsesionó con el tema del hermano de Vargas Lleras, que era miembro de la junta, y con la idea de que se estaban robando plata, cosa que era falsa, a mi juicio. En todo caso, eso generó una intervención que se multiplicó y cuyo resultado ha sido desastroso.

Hoy hay un déficit enorme, unas deudas enormes y malos servicios para sus afiliados, siendo la Nueva EPS la dependencia más grande del país.

Y, en general, el sistema de salud queda en una profunda crisis, que será un tema que la nueva ministra de Salud tendrá que manejar, además con su experiencia precisamente en el sector de las EPS.

Diego Aretz: Si usted tuviera que escoger una lección que Colombia todavía no ha aprendido en el manejo de su economía, después de haber asesorado varios gobiernos, haber sido ministro de Hacienda y haber sido profesor prácticamente toda su vida, ¿cuál sería?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, comienzo con lo positivo.

Una de las cosas positivas que tiene Colombia es la expansión del acceso de la gente pobre a muchos elementos: la educación, la salud, los servicios públicos y las mejoras de vivienda.

Es una política que se inició con la Constitución del 91, que se reflejó en el aumento del gasto social y que ha tenido resultados muy positivos. Lo que llamamos reducción de la pobreza multidimensional incluye precisamente, aparte de los ingresos, el acceso a educación, salud, servicios públicos, vivienda, etcétera.

Es uno de los grandes resultados que ha tenido el país en las últimas décadas, desde la Constitución. En poco más de tres décadas ha sido muy positivo.

En materia económica, por el contrario, creo que no ha habido una política de desarrollo productivo realmente ambiciosa. La idea era que la apertura económica iba a generar un gran dinamismo económico. Eso no se materializó.

Tenemos que pasar a una etapa en la cual pensemos qué actividades se pueden promover para que Colombia sea más dinámica económicamente, todo obviamente en asociación con el sector privado.

Diego Aretz: En Colombia a veces parece existir una tensión permanente entre Estado y sector privado. ¿Cómo debería entenderse esa relación?

José Antonio Ocampo: No debería plantearse de esa manera. El desarrollo económico exitoso suele surgir precisamente de la cooperación entre ambos. El Estado tiene responsabilidades fundamentales en regulación, infraestructura, educación y política pública. El sector privado tiene un papel central en la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Pensar que uno puede reemplazar al otro suele conducir a errores. Lo importante es construir mecanismos de colaboración que permitan aprovechar las capacidades de cada uno.

Diego Aretz: Cuando mira a Colombia hoy, ¿cuál cree que es el sector con mayor potencial para transformar el país?

José Antonio Ocampo: No creo que exista una única respuesta. El sector agropecuario tiene enormes posibilidades. Colombia dispone de recursos y condiciones excepcionales para desarrollar una agricultura mucho más productiva.

También creo que la industria manufacturera sigue siendo fundamental. Durante muchos años se instaló la idea de que la industrialización había perdido importancia. Yo no comparto esa visión.

Y además tenemos oportunidades crecientes en servicios tecnológicos, economía digital y exportación de servicios. Allí todavía estamos dando pasos iniciales, pero es un campo con gran potencial.

Diego Aretz: Quiero agradecerle esta conversación y llevarla ahora hacia América Latina. Usted nos habla desde Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Columbia y tiene una oportunidad interesante de observar la región. ¿Cómo ve América Latina en este momento, con la influencia de los BRICS por un lado, China por otro y Estados Unidos manteniendo su peso regional?

José Antonio Ocampo: Yo diría que el tema más preocupante de América Latina es la polarización, que se está generando a nivel nacional y entre países. Hay una profunda división que además tiene mucha intersección con las políticas de Estados Unidos, que casi son una política de dividir América Latina e intervenirla de distintas formas.

Pero ese me parece el elemento más problemático. En materia económica tampoco hay muchas economías de América Latina que sean realmente dinámicas.

Yo diría que hay dos pequeñas, como República Dominicana, e incluso entre las más grandes uno se sorprende con México. Está al lado de Estados Unidos y ha tenido acuerdos de libre comercio con ese país, pero su crecimiento ha sido muy lento.

No se ha desindustrializado como Sudamérica, pero tiene un crecimiento muy lento. En Brasil también hay un resultado bastante mediocre en materia de crecimiento económico, pese a sus fortalezas en varios campos.

Y hay economías que han experimentado crisis profundas y que esperamos que salgan de ellas. Me refiero particularmente a Argentina y Venezuela, economías que han tenido crisis profundas. El caso de Venezuela fue particularmente dramático en términos de la contracción que tuvo su economía.

Diego Aretz: Es muy triste lo que significa eso para las vidas de los venezolanos y cómo esa situación también llevó a una crisis política que terminó dejando al país con menos soberanía que nunca.

José Antonio Ocampo: Los resultados fueron patéticos, sobre todo curiosamente con el gobierno de Maduro, porque a Chávez le tocó un periodo positivo en materia de precios del petróleo.

Pero con Maduro vino la contracción. De hecho, la contracción de la economía venezolana a partir de 2014 es una de las contracciones más severas de la historia mundial.

Estamos hablando de una caída de casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto. Es una locura absoluta. Es un fenómeno que prácticamente no se da en ningún país del mundo.

De hecho, hace unos años, con un amigo de Zimbabwe, hablábamos de que era otra economía que estaba en una contracción muy fuerte. Apostábamos a cuál economía se iba a contraer más. Yo le dije todo el tiempo: va a ser Venezuela. Y efectivamente tuve la razón.

Venezuela fue la economía que más se contrajo, más que Zimbabwe. Hay contracciones muy fuertes durante las guerras, pero no durante periodos de paz.

Diego Aretz: En medio de esa polarización, y pensando también en Colombia, si el nuevo ministro de Hacienda, el presidente o el vicepresidente buscaran sus conceptos, su conocimiento y sus reflexiones, ¿usted aceptaría esas conversaciones?

José Antonio Ocampo: Estoy dispuesto a hablar. No estoy dispuesto a ser parte del gobierno, pero sí estoy dispuesto a hablar, a discutir y a hacer propuestas.

Diego Aretz: Y una última pregunta. Siempre me gusta que los entrevistados recomienden algún libro. Puede ser suyo o de otro autor, algo que esté leyendo hoy, ojalá en materia económica. A veces me sorprenden con libros que no tienen nada que ver con las especialidades del personaje, pero también es válido.

José Antonio Ocampo: Voy a recomendar uno mío que escribí con Jonathan Malagón, presidente de la Sociedad Bancaria, y con uno de sus jóvenes economistas. Es sobre crecimiento económico.

Diego Aretz: Profesor Ocampo, muchas gracias por esta entrevista.

José Antonio Ocampo: Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.

Por eso, tampoco me resultó extraño que diseñara una ceremonia de posesión con alfombra roja y backing fotográfico, como si se tratara de los Premios Óscar, los Billboard, los Grammy o cualquier otro espectáculo de celebridades. Mucho menos me sorprendió verlo, durante una rueda de prensa en la que anunciaba medidas de urgencia frente a la tragedia que afecta a miles de familias por el terremoto, lanzando besos al aire.

Puede que algunos consideren ese comportamiento una estrategia de comunicación. Otros, una manera de mantenerse vigente en redes sociales. Lo cierto es que, mientras el país enfrenta una tragedia de enormes proporciones, el presidente parece empeñado en recordarnos que también sabe posar, provocar conversación y coleccionar «likes».

Pero, más allá del espectáculo, lo que sí esperaba era algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante: resultados.

Esperaba medidas rápidas para las familias que hoy viven en carpas improvisadas, que perdieron sus viviendas y que, en muchos casos, dependen de la solidaridad espontánea de otros colombianos para conseguir siquiera un plato de comida al día. Esa solidaridad ciudadana, admirable y conmovedora, no puede convertirse en sustituto de la responsabilidad del Estado.

A estas alturas, De La Espriella ya debería tener una hoja de ruta clara, concreta y verificable para que el país empiece a superar la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Su gabinete debería estar trabajando a toda máquina. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora son contradicciones, improvisaciones y anuncios que dejan la preocupante impresión de que buena parte del Gobierno Nacional todavía no entiende las dimensiones reales del país que le corresponde administrar.

El presidente anunció durante su discurso de posesión que congelaría el gasto público. Perfecto. Pero entonces vale la pena preguntar: ¿cómo se congela el gasto público cuando precisamente se necesita realizar inversiones extraordinarias para reconstruir ciudades y municipios devastados por un terremoto?

Después aseguró que no tenía capacidad de endeudamiento debido, según él, al excesivo derroche del Gobierno de Gustavo Petro. Y ahora aparece el anuncio de un préstamo de 200 millones de dólares del Banco Mundial.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No había capacidad de endeudamiento o sí la había? ¿El gasto se congela o se descongela cuando las circunstancias políticas lo exigen? ¿Se trata de austeridad fiscal o de austeridad selectiva?

Porque gobernar no consiste en lanzar una consigna económica durante un discurso y descubrir, unas semanas después, que la realidad tiene la desagradable costumbre de contradecir los eslóganes.

Y si de contradicciones hablamos, merece capítulo aparte la ministra de Educación, Viviane Morales, quien anunció el incremento de las clases virtuales en las ciudades y municipios afectados donde varios colegios resultaron averiados, con el propósito de evitar que niños, niñas y adolescentes interrumpan sus jornadas académicas.

La intención puede sonar muy bien desde una oficina con internet de alta velocidad, computador, energía eléctrica y aire acondicionado. El problema es que Colombia no se gobierna desde una presentación de PowerPoint.

¿Se puede hablar seriamente de educación virtual para niños y adolescentes de familias que lo perdieron todo y que hoy duermen en carpas improvisadas? ¿De dónde van a sacar los dispositivos electrónicos para conectarse a una clase? Y, suponiendo que el Ministerio de Educación tenga la generosidad de entregarlos, ¿van a proporcionar uno por cada menor de edad? ¿O una familia con tres, cuatro o cinco hijos deberá organizar una especie de campeonato olímpico para decidir quién se conecta a la clase de las ocho de la mañana?

Pero hay algo todavía más preocupante: ¿cómo se implementará esta estrategia en regiones como el Chocó, donde la conectividad sigue siendo una enorme dificultad? ¿Está garantizada la señal de internet en todos los municipios afectados? ¿Se verificó el estado de las redes de telecomunicaciones después del terremoto? ¿Qué ocurrirá en las zonas donde además de las viviendas colapsaron las redes eléctricas y de comunicaciones?

Porque después de un desastre natural, la primera tarea del Gobierno debería ser conocer el territorio. No imaginarlo.

Y mientras el país intenta entender esta colección de anuncios, aparece otro episodio difícil de explicar: el descanso del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta, en medio de una emergencia nacional que demanda presencia, coordinación y liderazgo. Si la imagen que se transmite es que mientras miles de colombianos duermen en carpas algunos funcionarios están disfrutando del paisaje, resulta perfectamente comprensible que la ciudadanía se pregunte dónde están las prioridades del Gobierno.

A eso se suma la desafortunada propuesta del ministro del Interior, Rodrigo Lara, a las personas de Buenaventura que perdieron sus viviendas: entregarles cemento para que ellas mismas se encarguen de reconstruirlas.

Francamente, resulta difícil decidir qué es más preocupante: la propuesta o la tranquilidad con la que parece haberse formulado.

Quizá, siguiendo esa lógica, el próximo paso sea entregarles ladrillos a las víctimas, una pala, un casco y un manual de construcción para que el Estado pueda declarar inaugurada la reconstrucción sin tener que involucrarse demasiado.

Mientras tanto, Abelardo De La Espriella intenta desviar parte de la conversación nacional con su famoso «Libro Blanco», mediante el cual busca impulsar una persecución judicial contra altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y contra el propio exmandatario.

Puede que ese asunto tenga importancia y que las investigaciones que correspondan deban adelantarse. Nadie está diciendo lo contrario. Pero hay un pequeño detalle que el presidente parece olvidar: hoy gobierna él.

Ya no está en campaña. Ya no es el candidato que podía recorrer escenarios, lanzar acusaciones, señalar culpables y convertir cada declaración en un espectáculo político. Ahora es el presidente de la República. Y eso significa que las excusas, los discursos incendiarios y las estrategias de distracción tienen una fecha de vencimiento: el día en que comienzan las responsabilidades.

El país no necesita que el presidente grite más fuerte en un micrófono ni que señale a más personas como corruptas. Necesita que sus funcionarios lleguen a los territorios, coordinen ayudas, reconstruyan viviendas, restablezcan servicios públicos, garanticen la educación, atiendan a las víctimas y presenten resultados.

Porque, señor presidente, gobernar no es una campaña electoral permanente.

Gobernar es tomar decisiones incómodas cuando nadie tiene ganas de tomarlas. Es reconocer los errores antes de que se conviertan en tragedias mayores. Es corregir a los ministros cuando se equivocan. Es estar donde están los ciudadanos cuando las circunstancias más lo exigen. Y, sobre todo, es responder por los resultados.

Hasta ahora, lamentablemente, los resultados que deberían llenar titulares brillan por su ausencia.

Lo que sí hemos visto es la extraordinaria solidaridad de millones de colombianos que se han puesto la camiseta para ayudar a quienes más lo necesitan. Han llevado comida, agua, ropa, medicamentos y toda clase de ayudas. Lo han hecho espontáneamente, sin que nadie se los ordene y, mucho menos, porque la primera dama, Ana Lucía, haya descubierto de repente una fórmula mágica de solidaridad nacional.

Puede que ella también esté trabajando y que su labor merezca reconocimiento. Pero la solidaridad de los ciudadanos pertenece a los ciudadanos. No puede ser presentada como un logro personal de la Casa de Nariño ni como una extensión de la imagen presidencial.

Señor presidente Abelardo De La Espriella: usted quiso ser presidente de Colombia. Lo consiguió.

Ahora le corresponde la parte menos glamorosa del cargo: gobernar.

Y gobernar implica mucho más que una alfombra roja, una fotografía perfectamente iluminada, un beso lanzado al aire, una denuncia contra el gobierno anterior o una publicación viral en redes sociales.

Mientras usted administra la imagen, miles de colombianos administran la tragedia.

Mientras usted intenta dominar la conversación pública, ellos intentan reconstruir sus vidas.

Mientras usted anuncia, ellos esperan.

Y mientras ellos esperan, el tiempo pasa.

Por eso, señor presidente, con todo respeto: menos espectáculo y más Estado; menos pose y más gestión; menos discurso y más resultados.

Porque la Presidencia de la República no es un escenario.

Y Colombia, definitivamente, no está para aplaudir una función.

Está esperando que alguien gobierne.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero

Leer entre líneas los titulares de prensa es la mejor manera de vislumbrar a qué se enfrentará Colombia a partir del 7 de agosto, cuando asuma el poder el primer gobierno de extrema derecha del siglo y Abelardo se convierta en el segundo presidente costeño de esta era, después de Petro.

Lo curioso es que en ninguno de esos titulares resalta el nombre del mandatario electo. Parece instalarse una narrativa deliberada en torno al gobierno saliente: se le sataniza mientras se deja que otros hagan el “trabajo sucio”. Es como si a cada nuevo funcionario le hubiesen asignado un guion dentro de una trama. Ante esto, cabe preguntarse con suspicacia: ¿cuál es el verdadero poder detrás del tono? Toca desenredar los hilos. El proceso de empalme deja expuestas las costuras del nuevo gobierno, sin contar que la prensa está siendo hábilmente utilizada para replicar ciertas narrativas.

Titula Semana: “Hubo una parranda, ahora viene el guayabo”, advierte el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. De sangre laureanista, la historia ya sabe lo que esa estirpe significa.

Titula Cambio: “Gustavo Petro debe ser juzgado”, sentencia Carlos Alonso Lucio. Tan exguerrillero como Petro, con la diferencia de que Lucio fue condenado en el año 2000 por falsa denuncia cuando buscaba la Alcaldía de Bogotá.

Titula El Colombiano: “Hemos encontrado una destrucción institucional muy profunda”, afirma José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Nótese la hipérbole; ni los dos terremotos en Venezuela dieron para tanta exageración.

En Barranquilla me quedo, decía el Joe

Por el correo de las brujas circula el rumor de que Abelardo despachará desde Barranquilla y no desde Bogotá. También se dice que buscan eliminar la Procuraduría y fusionar los ministerios de Cultura y Tecnología. Esto debe leerse como lo que es: un sutil menosprecio a la institucionalidad que prometieron defender.

Es inevitable preguntarse por qué elegir la capital del Atlántico como sede de gobierno. No creo que se deba al pánico que los costeños le tienen al frío bogotano. ¿Es acaso una muestra de desdén hacia la responsabilidad que exige la investidura presidencial?

Piensen en lo que habría pasado si Abelardo pierde la elección. Acostumbrado a la opulencia de la que presume en redes sociales, es casi seguro que habría rechazado su curul en el Senado, tal como lo hizo Rodolfo Hernández en 2022.

Escarbando más hondo, la elección de Barranquilla responde a la estrecha cercanía del nuevo presidente con la casa Char, el clan que impulsó su candidatura y cuyo poder político está retratado con precisión en el libro La Costa Nostra, de la periodista Laura Ardila, hoy exiliada.

No sería extraño que en la Arenosa ya se esté cocinando una futura candidatura presidencial para Álex Char, el actual alcalde. ¿Es este el principio de lo que en otro texto llamé la “costeñización del poder”? El control del Estado en manos de una élite caribeña que por décadas ansió ser ama y señora de la patria. Para ellos, la “Patria Milagro” ya comenzó.

Aquí cabe otra pregunta: ¿Serán los Char el verdadero poder detrás del trono? Que Barranquilla se convierta en la capital política del cuatrienio no es un asunto menor, dados los escándalos de corrupción en los que se ha visto inmersa. Si usted le pregunta a una inteligencia artificial cuáles son las ciudades colombianas con más funcionarios vinculados a delitos contra la administración pública, la respuesta es predecible: las fiscalías de Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga lideran el volumen de procesos por celebración indebida de contratos, cohecho o peculado.

A partir del 7 de agosto, la prensa tendrá motivos de sobra para poner la lupa sobre “Curramba la bella”. Fortalecer las corresponsalías allí debe ser visto como una oportunidad imperativa para el periodismo. Se espera en todo caso una prensa más vigilante que complaciente.

Por ahora, es temprano para descifrar el papel que jugará Donald Trump en este tablero. Fiel a su estilo de ganar indulgencias con padrenuestros ajenos, el magnate ya se atribuyó la victoria del “Tigre”, asegurando que sin su apoyo habría perdido. En eso coincidimos con el gringo.

Por el bien del país, ojalá Abelardo esté a la altura de las circunstancias y no terminemos sintiendo que nos metieron gato, o sea tigre, por liebre. Es hora de que el abogado abandone su disfraz de hombre rudo y asuma su condición de estadista; los problemas del país son esencialmente humanos y ante esa realidad le quedará difícil hacerse el gringo, por más norteamericano que se crea.

Reforma política ya

Con un panorama poco claro, urge la reconstrucción de los partidos políticos. Colombia no puede darse el lujo de que figuras oportunistas irrumpan en el panorama sin más credenciales que el ruido mediático. Se requiere un mínimo de formación y experiencia en la cosa pública.

La oposición, liderada por el Pacto Histórico —que a pesar de la derrota mantiene la bancada más grande del Congreso—, debe formular una reforma política audaz. Deberían radicarla este 20 de julio, el mismo día en que se instala el legislativo.

Desde ya genera curiosidad saber quién le escribirá el discurso de posesión al nuevo presidente el 7 de agosto: ¿su vicepresidente, el nieto de Laureano Gómez, un exguerrillero, o una IA? Nunca se sabe.

Y todavía falta el elocuente titular de la ministra designada de Educación, Vivian Morales —exfiscal y exesposa de Lucio—, a quien las redes tildan de antiderechos.

En cualquier caso, de la oposición se espera, más que desobediencia civil, que proponga y actúe con firmeza cuando el régimen entrante intente amputar derechos adquiridos y protegidos. Como bien advirtió el jurista Ramiro Bejarano en su columna de El Espectador: “Ningún sentido tiene para la oposición hacer invivible el país a Abelardo y su entorno, si ellos pueden solitos; para eso resucitaron el cadáver insepulto del laureanismo”.

Por primera vez, Laureano Gómez no se revuelca en su tumba: ¡Baila!