La protección de los páramos de Colombia —ecosistemas de alta montaña tropical estratégicos para regular y proveer agua— entró en una nueva etapa, luego de que el Gobierno nacional terminó una consulta pública para definir qué actividades agropecuarias de bajo impacto pueden realizarse en estos complejos. Con este proceso, el Ministerio de Ambiente busca establecer las reglas para delimitar prácticas en territorios altamente frágiles.

Sin embargo, la protección o regulación de qué se puede hacer y qué no en los páramos históricamente ha generado tensión, pues mientras algunas actividades agrícolas y ganaderas representan un impacto para estos ecosistemas, comunidades campesinas han abogado por sus derechos y por el sustento de sus hogares.

Colombia tiene el 50 % de los páramos del mundo, con 37 complejos en el territorio, los cuales proveen el 70 % del agua potable nacional, actúan como santuarios naturales de la biodiversidad y juegan un papel clave contra la crisis climática como grandes sumideros de carbono.

Hay un consenso en que estos ecosistemas deben ser protegidos, sin embargo, las reglas, la implementación y la gobernanza para su cuidado son temas que aún están por definirse. Especialistas, campesinos, organizaciones y autoridades consultadas por Mongabay Latam explican los retos y oportunidades para garantizar la protección de los páramos y de quienes habitan en ellos.

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De la prohibición a permitir algunas actividades en los páramos

Entre las principales amenazas contra los páramos están la ganadería, la agricultura a gran escala y la minería. La propuesta que autoridades ambientales desarrollaron, junto con el Ministerio de Agricultura, y que sometió a consulta pública incluye criterios como la conservación de cobertura vegetal, manejo sostenible del agua y suelo, la prevención de erosión, prácticas agroecológicas y protección de la biodiversidad.

Este proceso responde a un artículo de la Ley 1930 de 2018, que permite —bajo estándares estrictos— actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos, luego de años de prohibición que provocó conflicto entre los intereses de conservación con las actividades de comunidades.

Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, destaca que la metodología propuesta no se concentra en las actividades que se realizan, sino en sus impactos en la calidad del agua o en la diversidad y en cómo medirlos.

“Si los impactos son altos, bajos o medios, acorde a la legislación, se determina si el tipo de actividad puede o no ser realizada. También se priorizan diferentes aspectos del páramo, hay unos que están completamente protegidos, mientras otros sectores se consideran más resilientes a las actividades humanas y permiten un poco más de actividad”, explica.

Sin embargo, Benavides también destaca desafíos para esta reglamentación en los páramos, pues más allá de que hay un reconocimiento en la elaboración de la norma, dice que no cuenta con indicadores sólidos para determinar objetivamente las actividades de un bajo impacto ambiental.

“La manera en que está escrita no tiene indicadores cuantitativos claros, son muy de opinión y puede haber escenarios donde si el personal técnico que hace la evaluación tiene un conflicto de intereses o no tiene capacidad técnica suficiente o el día no es el adecuado, porque no se especifica la temporalidad de estos monitoreos, se pueden tomar decisiones no tan acertadas”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Tras el cierre de la consulta pública, la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Colombia, Natalia María Ramírez Martínez, señala que durante el ejercicio se recibieron cerca de 160 comentarios de diferentes actores, como corporaciones ambientales, comunidades indígenas y organizaciones civiles.

“Ahora estamos con mesas de trabajo conjuntas con Agricultura para identificar cómo o en qué se debe ajustar esta propuesta normativa. Aún no hemos culminado el análisis y el balance de estos comentarios. Tenemos dos semanas para realizarlo y llegar a una resolución que recoja toda la participación incidente”, dice la funcionaria a Mongabay Latam.

Para Paola Echeverri, coordinadora regional de Andes en WWF Colombia, la reglamentación propuesta por autoridades permitirá tener un diagnóstico inicial en las diferentes regiones de páramos para entender mejor los diferentes impactos de ciertas actividades agropecuarias en los ecosistemas.

“El foco es diferenciar la agricultura intensiva de la agroecología de bajo impacto y garantizar la permanencia de los habitantes tradicionales que toda la vida han estado allí, permitir que estén en esas zonas y promover esos medios de vida que tienen, pero regulando esas actividades”, señala la especialista.

Como organización que colaboró en el proceso de consulta, la integrante de WWF también advirtió en el ejercicio la necesidad de mecanismos financieros y de monitoreo para dar seguimiento a la reglamentación propuesta.

“No solamente no basta sacar normas, sino que cada uno de esos procesos normativos debe ir acompañado de un mecanismo financiero que permita su implementación, pero además de un mecanismo de monitoreo que permita ver en el tiempo cuál ha sido el impacto o las contribuciones de la aplicación de esas normas”, sostiene.

De acuerdo con la especialista, estos mecanismos permitirán armar una línea base y también ofrecer mejores condiciones para que quienes dependan de actividades críticas en los páramos puedan reconvertir o sustituir sus oficios, especialmente en ganadería y cultivo de papa, que es el más común en los páramos.

Benavides también coincide en la necesidad de incluir mecanismos de transparencia en el proceso para mejorar la implementación de la norma.

“La autoridad ambiental tiene que fortalecer su mecanismo de transparencia y de capacidad técnica para hacer evaluaciones que sean creíbles, porque si estas evaluaciones van en contra de las percepciones de las personas o de otras visiones técnicas se genera un problema de gobernanza al no tener una autoridad, un respaldo técnico con otras metodologías”, agrega.

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“Aspiro a vivir dignamente en el páramo”

Alejandro Alméciga Castro es campesino y guía ecoturístico en el Páramo de Chingaza, situado en la cordillera oriental, en los departamentos de Cundinamarca y Meta, y clave para el abastecimiento de agua para Bogotá, la capital colombiana.

Para Alméciga, es importante que haya una regulación clara en las actividades que puede haber dentro de los páramos, pues reconoce que son muy frágiles e importantes, pero que en su cuidado se ha desplazado a las comunidades campesinas.

“El campesino realmente no tiene una garantía de que sus derechos se sostengan, se ve muy vulnerado porque literalmente está perdiendo su tierra de una manera, diría, legal. Están sacando comunidades para engrosar las filas de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Están engrosando los cinturones de pobreza”, dice el Alméciga a Mongabay Latam.

El campesino, quien paulatinamente ha transitado más hacia el ecoturismo dentro de la región, insiste en que debe haber una administración con las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

“No hay una gobernanza, no hay una socialización clara, una participación activa de la comunidad paramuna en la forma en que se está planteando la Ley de Páramos”, advierte.

Cuenta, por ejemplo, que cuando se declaró el Parque Nacional Natural Chingaza, en 1977, no hubo un proceso de socialización con las comunidades que estaban dentro del páramo.

“Una noche nos acostamos siendo legales y a la noche siguiente, cuando se declaró como Parque Nacional Natural Chingaza, amanecimos como colonos y como invasores, siendo propietarios éramos intrusos en un territorio donde las comunidades llevan más de 150 años establecidas”, sostiene el habitante del municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Alméciga dice que no estaba enterado del proceso de consulta anunciado por el Ministerio de Ambiente para la limitación de actividades. Sin embargo, considera que sí debe haber un cambio para la conservación de estos ecosistemas.

«Estamos haciendo un cambio de vocación de ganadería extensiva por turismo de naturaleza y conservación. No debería haber actividad económica aparte del turismo de naturaleza, investigativo, el trabajo con universidades, que la comunidad tenga acceso a esos recursos y a un sistema de pagos por servicios ambientales”, sostiene el campesino y guía.

Incluso, comenta que tarde o temprano, las actividades agropecuarias deben salir de ciertos páramos con una compra justa y alternativas para subsistir.

“Yo sí aspiro a vivir dignamente este territorio que tengo, no ser desplazado, no ser sacado por el Estado, pero que viva dignamente, eso es lo que quiere la mayoría de habitantes de Páramo”, afirma.

Benavides señala que los páramos también han convivido históricamente con algunas actividades humanas, por lo que suspender todo uso en estos territorios puede ser perjudicial.

“Son comunidades que llevan 100, 200 años usando la tierra de la misma manera y que la norma les caiga encima sin una transición es muy difícil”, advierte.

El profesor advierte que hay regiones críticas en el país, donde la implementación de esta reglamentación será un reto “gigante”, como en el Complejo de Páramos Las Hermosas, el segundo más extenso de Colombia, o el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo.

Benavides advierte que a la hora de ejercer la norma, el desafío será un conflicto por lo que también pide echar mano de herramientas que ya existen y fortalecer la transición de comunidades.

“Hay que pagar costos de oportunidad, costos de transición, programas de reeducación, de reasentamiento, porque no se puede sencillamente sacar a la gente bajo una norma. Hay unos instrumentos, lo que falta es fortalecerlos a través de inversiones específicas”, sostiene.

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Participación comunitaria es clave

Echeverri destaca casos de éxito en la conservación de páramos como los del Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado entre los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas, y donde se logró la restauración de 258 hectáreas que forman parte de cerca de 7000 que estaban críticamente degradadas.

“Se han hecho trabajos para vincular un sistema como el desarrollo del ecoturismo o turismo de naturaleza, promover la sustitución de unas actividades productivas y que permite también generar ingresos a esas comunidades”, explica la especialista.

Además, agrega que se han promovido viveros comunitarios con especies nativas de páramos como el frailejón, planta emblemática de estos ecosistemas.

También menciona la dificultad para sustituir una actividad productiva de un día para otro. “Sustituir la ganadería por una actividad de bajo impacto requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos para establecer esos procesos”, expone.

Ramírez dice que se trata de una oportunidad para que las autoridades trabajen en el territorio con las comunidades.

“Debemos tener apertura conjuntamente en las visiones hacia una conservación del ecosistema, hacia un uso sostenible, mirar lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. El diálogo es fundamental, no partir de posiciones rígidas que van a afectar el mismo desarrollo y la inversión de recursos en el manejo de gestión, no solo de las comunidades, sino del resto de la población que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos del páramo”, reconoce.

En tanto, Benavides señala que más allá de la reglamentación que se decida, hay un avance en la protección de los páramos a nivel cultural entre la población.

“Muchos de estos páramos ahora están en parques nacionales, parques regionales, áreas protegidas y la gente se cuida de su intervención. Hay un camino ganado muy grande en su protección, que es una parte de la cultura ciudadana. Ahora hay un camino diferente, más legal, un desafío diferente”, sostiene.

Imagen principal: los campesinos han convivido durante siglos con los páramos, que representan menos de 3 millones de hectáreas en un país de 115 millones de hectáreas, pero pueden albergar el 20 % del carbono del país. Foto: Gobernación de Boyacá.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia inició 2026 con una consulta pública para definir cómo implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe. Aunque el ejercicio parte con una propuesta de acciones prioritarias y promete escuchar a comunidades indígenas, organizaciones, ciudadanos y privados, la ruta será insuficiente si no logra traducirse en acciones concretas, como evitar que se sigan asesinando a defensores del territorio.

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Esto es lo que advierten especialistas en derecho ambiental que han seguido de cerca la aplicación del acuerdo en la región. Consultados por Mongabay Latam, destacan las experiencias, aciertos y fallas de esta implementación en países como Chile, Ecuador o México para que el acuerdo vaya más allá de solo un papel.

En Colombia, la propuesta de implementación incluye 23 acciones prioritarias que fueron trabajadas por diferentes instituciones, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y que estarán sometidas a consulta pública hasta el próximo 19 de febrero.

Tras culminar ese proceso, una Comisión Intersectorial —que estará integrada por las mismas instituciones estatales— definirá plazos, metas e indicadores de cada acción que busca dar vida al Acuerdo de Escazú.

Cómo va Escazú en la ruta colombiana

Desde mayo de 2024, la Corte Constitucional de Colombia declaró constitucional y compatible el Acuerdo de Escazú en el país, por lo que es una obligación implementar este tratado, pero cómo hacerlo, por quiénes y desde dónde es el camino que apenas se comienza a trazar.

Al anunciar la consulta pública, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, sostuvo que la ruta colombiana propone acciones concretas para aterrizar el acuerdo y “promover la participación pública” en los temas ambientales.

Sin embargo, Mauricio Madrigal, abogado y especialista en Incidencia Política en WWF Colombia, señala algunas deficiencias del proceso de implementación tanto en Colombia como en otros países de la región.

Más allá de la consulta, explica Madrigal, no hubo un proceso participativo amplio de formulación de esta ruta que se enfoque en las zonas más conflictivas y que dé un diagnóstico lo más real posible de la situación socioambiental por región.

“Falta elaborar, a partir de ese ejercicio de participación, un diagnóstico actual, completo y regionalizado, territorializado de la democracia ambiental y el acceso a la justicia en nuestro país. Es una oportunidad que no podemos perder con la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú”, explica a Mongabay Latam.

La acción prioritaria 16 de la ruta anunciada por las autoridades colombianas sí propone realizar un diagnóstico ambiental, pero solo sobre las dificultades judiciales y administrativas.

Otra deficiencia analizada por Madrigal es el sistema de gobernanza para implementar el acuerdo, es decir, cómo se articularán los diferentes actores del sector público, indígena, académico o privado para aplicar el acuerdo en Colombia.

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Pese a la creación de una Comisión Intersectorial, el especialista señala que la participación ciudadana en este sistema queda acotada, por lo que se podrían implementar mesas de democracia ambiental donde no solo participen instituciones del Estado sino también, por ejemplo, autoridades indígenas.

“En el tema interétnico, en Colombia tenemos el gran reto de [incorporar a] las Entidades Territoriales Indígenas y a los consejos comunitarios, a esas gobernanzas desde abajo, habría que verlas muy bien”, menciona el abogado.

A las acciones prioritarias propuestas por las autoridades de Colombia, Madrigal agrega que deben ser medibles en el corto y mediano plazo para saber si resultan exitosas y no un documento más.

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Participación y acceso a la información ambiental: lecciones de Chile, Ecuador y México

Las experiencias aplicando el Acuerdo de Escazú han sido diversas en dos de los aspectos clave del tratado: acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones. Países como Chile, Ecuador y México han hecho adecuaciones para dar vida a estos derechos en sus sistemas judiciales y administrativos.

En el caso chileno, destaca Constanza Dougnac, de la organización FIMA y vicepresidenta del Consejo Nacional de Escazú en Chile, el país ya contaba con instituciones ambientales que estaban establecidas, como ministerios, subsecretaría, tribunales ambientales y de servicio de evaluación ambiental, lo que ha permitido mayor exigencia para que las instituciones entreguen información pública.

“Ha habido avance en su utilización jurídica en los litigios ambientales. Era un punto que Chile tenía avanzado porque tenemos una ley de acceso a la información, pero son avances que se perciben todavía lejanos”, comenta la coordinadora de difusión de FIMA.

Dougnac destaca también el avance en acceso a la información mediante los organismos que dan seguimiento y fiscalización a resoluciones, normas ambientales, así como a planes de manejo y descontaminación en Chile, mediante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Además, señala el Plan Nacional de Implementación Participativa de Escazú (PIPE), que cuenta con un sistema propio de gobernanza, integrado por diferentes representantes del sector público (organismos públicos, tribunales, gobernadores y municipalidades), pero también por el sector privado, donde participan representantes de la academia y sociedad civil.

“El Consejo Nacional de Escazú tiene también consejos regionales para hacerle seguimiento a este plan de implementación, y eso es un gran logro que empezó a funcionar a nivel nacional a finales de 2025. Es la forma en que podemos ver cómo va avanzando [el acuerdo]”, dice a Mongabay Latam.

Para tener este sistema de seguimiento, Chile también tuvo un proceso amplio de participación ciudadana. Durante casi 8 meses realizó talleres, encuentros presenciales abiertos a todo público en cada región del país y actividades virtuales donde participaron infancias, comunidades indígenas y ciudadanía para trabajar una ruta de implementación.

Los avances, sin embargo, no han impedido casos como el de Julia Chuñil, defensora mapuche desaparecida en noviembre de 2024.

Francisca Toledo, la próxima ministra de Medio Ambiente en Chile con el gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá la Presidencia a partir de marzo, forma parte del Consejo Nacional Escazú, por lo que desde la sociedad civil se espera diálogo e interés por seguir implementado el acuerdo, pese a las posturas del presidente electo en temas ambientales.

Por otro lado, en Ecuador el Acuerdo de Escazú fortaleció principios y derechos que ya contemplaba la Constitución del país en términos de consulta ambiental y participación en los derechos de la naturaleza, explica Gustavo Redín Guerrero, abogado y vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).

“Ecuador tiene una ley de acceso a la información pública que es interesante, la única diferencia que terminó implementando, por vía de las sentencias judiciales, fue la no necesidad de justificar el porqué de la información”, explica.

Por ejemplo, al solicitar información sobre explotación minera, proyectos hidroeléctricos o agroindustriales, se debía argumentar el por qué de la petición, lo que cambió con la implementación de Escazú.

“Empezamos a presentar acciones de acceso a la información, nos pedían que justifiquemos esas acciones y utilizando Escazú nosotros decíamos ‘no tenemos que justificar nada, ustedes tienen que dar la información’. En ese sentido hubo un avance en términos de estándares”, dice Redín a Mongabay Latam al asegurar que hubo más argumentos jurídicos para obtener información ambiental importante.

En tanto, la experiencia en México muestra que la ratificación del Acuerdo de Escazú no es suficiente para implementarla, pues a pesar de contar con leyes y mecanismos para el acceso a la información y la consulta, no se garantiza transparencia en temas ambientales.

De acuerdo con el Informe Sombra de la implementación del Acuerdo de Escazú en México, realizado por organizaciones civiles y personas defensoras, aunque hay una gran demanda de información en materia ambiental, ésta se niega en el peor de los casos o se entrega de forma parcial, desactualizada y poco accesible.

“No hay mecanismos que garanticen un efectivo acceso a la información de forma pronta y expedita, lo que tiene graves consecuencias para la toma de decisiones, los derechos colectivos y la participación comunitaria”, sostiene el documento.

Como ejemplo pone los casos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dos megaproyectos ferroviarios que se fueron construyendo sin presentar estudios de impacto y evaluación ambiental, pese a la insistencia de comunidades indígenas.

Además, pese a contar con mecanismos de participación ciudadana en temas ambientales, al no ser obligatoria ni difundida es poco utilizada por las comunidades. Por ejemplo, el mecanismo de consulta pública solo se implementó en cerca del 12 % de los proyectos, entre 2014 y 2020. Mientras que el promedio de reuniones públicas no llegó ni al 1 %, de acuerdo con el informe.

“Es evidente que los mecanismos existentes para la participación ciudadana no brindan las condiciones necesarias para fomentar la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, como establece el Acuerdo de Escazú”, destaca el documento.

Defensores ambientales, el gran pendiente de Escazú

La violencia letal contra personas defensoras del territorio es el mayor pendiente de la aplicación del Acuerdo de Escazú en toda Latinoamérica, que concentra la mayor cantidad de asesinatos de estos defensores a nivel global. Solo en 2024 fue de 120 asesinatos y desapariciones.

Pese a que países como Chile y México han promovido protocolos de protección para defensores ambientales, los especialistas coinciden en que solo han sido reactivos al problema e insuficientes para prevenir la violencia.

En el caso de Ecuador, Redín destaca la ausencia de medidas para implementar Escazú en este tema, y por el contrario, el aumento de la criminalización contra defensores del territorio.

“Hay más de 50 defensores de derechos ambientales criminalizados en el marco del terrorismo, lavado de Estado y narcotráfico. Tienes una ley que está vulnerando el derecho a la asociación, un reglamento que te prohíbe hacer actividades en contra de las inversiones mineras en el país”, explica a Mongabay Latam.

Para el especialista, no hay voluntad política en proteger a quienes más fiscalizan al poder. “En vez de avanzar en un mecanismo de protección de defensores, se está retrocediendo y precisamente se está buscando criminalizar, estigmatizar y ahogar a los defensores de derechos de la naturaleza y ambientales”, agrega.

En Chile, comenta Dougnac, hay evasivas para hacer una ley de defensa ambiental y reducir la brecha que hay para que funcionarios públicos conozcan el Acuerdo de Escazú y la importancia de proteger a defensores.

“Hay una reticencia a hacer una ley de defensa ambiental y era un compromiso. Hay intereses en que esto no ocurra porque las personas defensoras ambientales tienen un rol fiscalizador, cuando tú quieres la menor cantidad de fiscalización posible, quieres menos gente molestándote para hacer tu proyecto”, sostiene.

Ante algunos retrocesos en temas ambientales y de cara al inicio de la gestión de Kast como presidente, Dougnac llama a ver Escazú como una oportunidad para reducir conflictos y no como una limitante del desarrollo del país.

“Estamos en alerta por las declaraciones que el presidente electo hizo cuando era candidato. Es muy importante que las autoridades y los privados logren entender y se hagan cargo de cómo utilizar el Acuerdo de Escazú para tener proyectos más robustos que finalmente cuenten con la aprobación de las comunidades”, agrega.

Ante este contexto y las diferentes experiencias que hay en la región se podría cuestionar para qué sirve entonces el Acuerdo de Escazú. Madrigal sostiene que no se debe esperar que esta herramienta resuelva problemas y desigualdades de fondo.

“Debemos valorar los avances en su justa medida y exigir que las autoridades dispongan de mayores esfuerzos para implementarlo, pero no pensar que porque aprueban el Acuerdo de Escazú en Colombia ya dejan de matar a defensores ambientales. Es una medida de exigencia, pero también consciente de los límites que tienen estos instrumentos”, señala.

Previo a las elecciones en Colombia este año, donde se renovará no solo la Presidencia sino también el Congreso, Madrigal señala que el reto de seguir construyendo la ruta de implementación de Escazú se vuelve mayor, especialmente cuando el tema no está en la agenda de los candidatos.

“Estamos en periodo electoral, el manejo de recursos se restringe y también este tipo de acciones de participación y socialización. Es un momento muy retador, pero también hay herramientas virtuales y ejercicios territoriales que pueden aportar”, insiste el especialista en derecho ambiental.

Ante este escenario, el mensaje para Colombia es más claro: sin diagnósticos territoriales, acciones medibles, presupuesto y la participación real de la sociedad en sus decisiones, Escazú puede convertirse en una declaración más.

Imagen principal: Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2024 y por ahora trabaja la ruta para implementarlo. Foto: Congreso de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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7:15 a.m. Uno de los oficios más difíciles del mundo

La lluvia de sudor es cada vez más gruesa. Se desliza rápido y se acerca a los ojos. Un enjambre de mosquitos atraviesa la tela de la ropa. Matilde Mosquera Murillo quiere limpiarse la cara y quiere rascarse el cuerpo con fuerza. Pero no tiene cómo. Su mano derecha está cubierta por un guante lleno de barro. Y en la palma y las uñas de la izquierda hay pedazos de ramas, también lodo y piedras diminutas.

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Es un jueves de mayo en el archipiélago de La Plata, ubicado dentro del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, paraíso escondido del suroccidente colombiano, a una hora en lancha desde el puerto de Buenaventura. Los rayos de sol que hace poco se asomaban tímidos, por entre nubes espesas, ahora queman. Ni siquiera son las 8 de la mañana y el termómetro ya señala 27 grados centígrados, con una humedad del 92 %. Es como estar en un baño turco.

Matilde está recogiendo piangua, un pequeño molusco envuelto en una concha entre marrón y negra, que cabe en la palma de la mano y se encuentra en las raíces de los manglares del Océano Pacífico. De repente, ve un hoyo prometedor, se agacha, abre las piernas con las rodillas hacia afuera y así, en cuclillas, hunde la mano protegida por el guante y empieza a escarbar entre el fango. Aunque decir protegida es mucho. Con todo y guante existe el riesgo de que la pique un pejesapo (Sicyases sanguineus), un pez de cara rechoncha y cola delgadita que al morder hincha los dedos y deja ardiendo la piel, y se ha convertido en su peor pesadilla. Esta vez se salva, pero como la posición en V le entumece las piernas, tiene que estirarlas y doblar la mitad superior del tronco hacia delante.

Pianguar es tal vez uno de los oficios más exigentes y agotadores que existen. No es una labor para impacientes ni para los que odian la incomodidad o estar sucios.

Es también, y sin embargo, una actividad ancestral para las comunidades negras del Pacífico, un trabajo diario que les da un alimento que está en la base de su dieta y representa el sustento de miles de familias.

Y, sobre todo, es una forma de libertad. Uno de los caminos que las mujeres han encontrado para conquistar su independencia económica.

7:50 a.m. Un cero menos, de 200 a 20 docenas

Matilde Mosquera Murillo es la representante legal de Raíces Piangüeras, una asociación que une a 28 mujeres del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata – Bahía Málaga. Los Consejos Comunitarios son, desde 1993, una forma de organización colectiva de los pueblos afrodescendientes en Colombia.

Matilde lidera la organización desde que se creó, en 2019, y ella solo tenía 22 años. El objetivo principal de Raíces Piangüeras es promover la conservación del molusco, a través de una recolección sostenible y responsable, y del cuidado de su hábitat: los manglares. Pero no es el único. También quiere mejorar las condiciones de vida de las mujeres por medio de la transformación y comercialización de la piangua y apoyarlas en la formulación de proyectos productivos que les permitan vivir de actividades distintas a la extracción, que siempre hacen con amor pero también siempre las consume, las deja exhaustas.

—Menos mal no está lloviendo y menos mal este manglar está fácil, tiene el barro blandito— nos dice Matilde este jueves de mayo a tres jóvenes citadinas que queremos conocer de cerca cómo es eso del piangüeo. Estamos desesperadas porque el jején no nos ha dejado caminar ni respirar tranquilas, todo nos rasca, tenemos los ojos llorosos, ardidos.

Si en este manglar que “está fácil” las botas de caucho de todas ya se han enterrado varias veces, ¿qué pasará en el manglar “difícil”?

Matilde estudiaba sociología en Buenaventura cuando asumió el liderazgo de la asociación de piangüeras, que no es la única de Bahía Málaga, y tampoco del Pacífico, pero sí es una de las más nuevas. Las movían varias preocupaciones, entre ellas, la disminución del molusco, al menos en los manglares que las rodean.

—La piangua se recoge todo el año, pero aquí el agotamiento es claro porque antes mi abuela podía sacar sus 200 docenas en un solo día, una cantidad grandota, y ahora en promedio las mujeres sacan 20 docenas —explica la joven.

En la década de 1980 la piangua colombiana comenzó a venderse masivamente en Ecuador, nación que ha perdido casi una cuarta parte de sus manglares, en buena medida porque fueron talados para convertirlos en piscinas para la cría de camarones. Hace unos años, cálculos de expertos llegaron a estimar que entre el 80 y el 85 % de las pianguas recolectadas en el Pacífico colombiano se iban para el país vecino.

La presión sobre el molusco también aumentó porque la pesca tampoco es igual que antes (en parte por el aumento de la temperatura de los océanos) y porque muchas personas lo capturan en una talla por debajo del mínimo permitido legalmente en Colombia, cinco centímetros. Eso impide que se reproduzca, dado que no está lo suficientemente maduro.

Según investigaciones realizadas a principios del milenio, que no han sido actualizadas y que utilizan los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Anadara tuberculosa y la Anadara similis (nombres científicos de las dos especies principales de piangua que hay en Colombia) están en estado vulnerable, lo que significa que podrían enfrentar un deterioro poblacional a mediano plazo, si no se toman medidas para explotarlas adecuadamente. Sin embargo, no aparecen en la lista roja de la UICN.

Doña Sinforiana Murillo, a quien todos conocen como Flor, madre de Matilde e hija de Paulina, una piangüera y partera de 77 años que sufre mucho porque el cuerpo ya no le permite salir al manglar, tiene un diagnóstico contundente sobre este punto:

“Yo no lo supero, ahora solo cojo 10 o 12 docenas, por las que es verdad que hoy me dan 30 000 o 40 000 pesos [casi 10 dólares] cuando antes valían muy pocos centavos, pero el problema no es la plata sino la cantidad del producto»

8:20 a.m. La triple discriminación: mujer, negra y piangüera

Benita Rentería no sale a pianguar sin un tiestero. Así le dicen las mujeres al pequeño cuenco de lata en el que queman pedazos de leña para que el humo espante los insectos que las aturden. Este jueves de mayo es la única que se trepa en el manglar con ese objeto.

”Al final, esto no es algo agradable ni delicioso, pero toca, es la vida. Aunque cuando uno las encuentra, ¡ay!, eso sí es muy rico. Cuando toco una piangua grande entre el barro, me emociono”.

En el manglar, la risa desparpajada de Benita —51 años, cinco hijos, “varios nietos”— se multiplica. Se mete como en una cámara de ecos y, aunque esté lejos, sus compañeras la escuchan. El canasto de bejuco donde va metiendo las pianguas no se llena todavía, pero parece contenta, se divierte. Es como una niña chiquita con juguete nuevo cada vez que se trepa y se arrastra por debajo de las raíces larguísimas y entrelazadas de este manglar que parece existir desde el principio de los tiempos.

“La piangua para mí significa muchas cosas. De la piangua muchos nos sostenemos. A veces en varios días yo junto mis 150 docenas. Cada una la vendo en este momento a 3000 pesos [0.75 dólares aproximadamente]. De ahí saco para pagar el arriendo, el gas o el teléfono y algo de comida, y les colaboro a mis nietos”, cuenta Benita, después de toser un par de veces por culpa del tiestero. Prefiere usarlo y que la respiración se entrecorte, a ser destruida por los mosquitos. “Yo no puedo pianguar sin candela”.

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Su historia se repite en los hogares de la mayoría de mujeres de Bahía Málaga. Y del Pacífico. Ellas son el sostén de la casa, en todos los sentidos. Las columnas sobre las que se construyen los palafitos.

Marlyn Valencia es socia de Raíces Piangüeras, tiene 44 años y nueve hijos:

“Una vez no teníamos nada que comer. Nada, nada. Eran como las 3 de la tarde y no habíamos desayunado ni almorzado”, narrará antes de que se acabe el día. “En ese momento yo ya tenía a los tres primeros hijos, todos eran pequeñitos, la mayor tendría 4 años.

La solución fue internarse en el manglar más cercano. Sacó cinco docenas de piangua, suficientes para cocinar algunas al vapor e intercambiar el resto por una libra de arroz y un tarro de aceite.

“La extracción de moluscos casi siempre ha sido realizada por mujeres y yo creo que es porque antes, hace mucho, se hacía solamente para alimentar a los hijos. En los territorios es la mujer la que se da cuenta si no hay qué comer en la casa, y con salir a coger unas pianguas resuelve la comida. ¡Un hombre qué va a pensar en eso!”

Ahora quien habla es Matilde. Ella y Lucy, su hermana menor, pudieron terminar el bachillerato y luego estudiar en la universidad gracias a la piangüa que vendía su madre. Y en buena medida fue gracias a este oficio que Lucy levantó el emprendimiento que inauguró hace poco en la comunidad de La Plata, dedicado a la venta de bebidas y cocteles con viche, un destilado artesanal y tradicional del Pacífico. Se llama Paz Paraíso.

A veces, su papá también les mandaba algo de pescado. Pero como esa actividad cada vez da peores resultados esa era la excepción, no la regla.

Este jueves de mayo, en la noche, sentado sobre una silla Rimax en el salón que construyeron para hacer las reuniones del Consejo Comunitario de La Plata – Bahía Málaga, Santiago Valencia, uno de sus líderes más importantes, complementará la idea que tiene Matilde de porqué solo unos pocos hombres se dedican a la piangua: como el sector pesquero y maderero siempre fueron fuertes en la región, y generaban ingresos muchos mayores que los que podía dejar la extracción de piangua, esta ocupaba el último renglón, era considerada algo menor, una actividad débil, de la que solo podían encargarse las mujeres.

¿Y quiénes se dedican, mayoritariamente, a los oficios “importantes” de la pesca y la madera? Los hombres.

Según el artículo científico La pesca en pequeña escala de Colombia: un enfoque de género al desarrollo sostenible, publicado por los investigadores colombianos Vladimir Puentes Granada y Charles Sánchez-Roncancio en 2024, la participación de la mujer en la pesca a pequeña escala marino-costera que se realiza en el país es solamente del 19,7 % (y del 17 % en la pesca a pequeña escala continental). Sin embargo, señalan los autores, estas cifras están subestimadas “al no estar [las mujeres] registradas en todas las fases en las que seguramente participan (antes, durante y después de la captura), así como su rol integral en las comunidades pesqueras”.

El problema, asegura Matilde, es que no es lo mismo ser pescadora que ser piangüera.

“Si se crea un proyecto para mujeres pescadoras seguramente les van a dar un trasmallo y un anzuelo, y obviamente nosotras no necesitamos eso”, cita como ejemplo. “La recolección de piangua no debería ser un subsector de la pesca [así lo considera la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)], debe ser visibilizada como un sector productivo en sí mismo. No queremos estar en la misma bolsa”.

Según ella, el número oficial de piangüeras va mucho más allá de las 11 328 de las que habló el Ministerio de Ambiente en el Primer Encuentro de Mujeres Piangüeras del Pacífico, que se realizó en Chocó en 2023, y en el que Gobierno Nacional prometió que haría todas las gestiones necesarias para que la labor del piangüeo sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Solamente en La Plata, en su comunidad, donde viven cerca de 70 familias, hay censadas 114 piangüeras.

“La piangua era un tema más del día a día, para resolver algo del momento. Cuando yo era niño, era una creencia en la comunidad que ser piangüero era lo peorcito de la sociedad. Que estaba bien abajo”, comenta Santiago Valencia, que antes de ser líder del Consejo Comunitario y guía turístico profesional fue piangüero. Resulta inevitable sonreír e ilusionarse cuando se oye su discurso sobre equidad e igualdad de género y sobre la necesidad de luchar contra los prejuicios y la discriminación alrededor de lo femenino.

Aura Nelly Díaz Moreno tiene 50 años y seis hijos, también criados a punta de este oficio, sobre todo desde que su esposo perdió una pierna serrando madera hace tres décadas. Cuando la busco después de hablar con Valencia, lo primero que me dice es que antes la gente no la valoraba como piangüera:

Díaz cuenta, incluso, que hubo una época en que cuando veían a alguien muy sucio, una manera de reprenderlo, y ofenderlo, era decirle que parecía una piangüera.

Lo bueno, coinciden muchas y muchos, es que la autoestima de la mujer Piangüera ya no es la de hace 40 o 50 años. Y eso se debe, en gran medida, al trabajo de asociaciones como la que preside Matilde Mosquera.

En la primera reunión que hicieron en la comunidad, en 2019, varios hombres levantaron la mano para hacer parte. Y varias mujeres lo hicieron para que el representante legal fuera un hombre. Valencia fue el primero en oponerse a ambas cosas. Raíces Piangüeras debía ser una organización de y para las mujeres, en la que los hombres, que además nunca habían pianguado o lo habían hecho solo como un juego, cuando eran niños, no debían tener voz ni voto.

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8:45 a.m. El silencio del manglar

—¡Oliviaaaaaaaa!

El grito es de Matilde. Además de ella, y de Benita, este jueves de mayo nos acompaña otra mujer piangüera. Se llama Libia Collazos Sinisterra, pero hace muchos años la comunidad, nadie se explica la razón, le cambió el nombre.

No la vemos cerca, por ninguna parte.

Recorrer el manglar para buscar moluscos es una actividad que se realiza casi siempre en colectivo. Las mujeres la aprovechan para contarse cosas que no se cuentan en el pueblo, desde lo más bonito que les pasó la noche anterior hasta si el marido les pegó de nuevo. La aprovechan para cantar. Para echar chisme. Para desahogarse. Para reírse hasta tener “los dientes fríos”, como ellas mismas dicen.

Algunas pocas, sin embargo, disfrutan mucho cuando lo hacen solas por la conexión que les regala con la naturaleza. Por los sonidos de las 107 aves distintas que habitan este manglar. Por el silencio.

“Una de las cosas que a mí me gusta de pianguar es la tranquilidad que se siente. El silencio”, contará Olivia más tarde, en la lancha de regreso a La Plata. “A mí me encanta ir sola porque a veces usted lo único que escucha allá es el cantar de los pájaros y el silencio”.

Las mujeres de Raíces Piangüeras se han formado para cuidar el escenario donde esa magia  se produce: los manglares. Y lo han hecho desde mucho antes que instituciones y organizaciones internacionales comenzaran a ayudarlas en ese proceso.

En 2001, por ejemplo, lideraron el primer “descanso voluntario” de este ecosistema en Bahía Málaga. La idea surgió al ver el tamaño de las pianguas que recogían: cada vez más pequeñas. Primero pensaron en crear una especie de vivero para dejarlas ahí mientras crecían y se reproducían. Pero luego se hizo necesaria una acción más contundente.

Aura Nelly Díaz fue una de sus principales promotoras:

“Pusimos tableros que decían “Prohibido pianguar” y “Descanso en manglar”. Nuestra mentalidad era crear conciencia. No era que había un proyecto o un recorrido oficial. Cuando íbamos a verlos un mes después, ya los habían quitado. Pero insistimos”.

Luego, ya con Raíces Piangüeras y gracias al apoyo de organizaciones como Fondo Acción y Conservación Internacional, las mujeres fueron entrenadas y luego contratadas para hacer monitoreos de desembarque, en los que verifican que las pianguas tengan los cinco centímetros mínimos de talla en el momento de captura. Esa información se la comparten a toda la comunidad y les sirve para tomar decisiones.

“Así hemos identificado manglares con mayor impacto y hemos puesto algunos en descanso, de forma rotatoria, durante un mes seguido. El problema sigue siendo encontrar otras actividades alternativas. ¿Cómo le vamos a decir a la mujer que coge pianguas de 4,5 o 4 centímetros que no lo haga, si es lo único que tiene para darles de comer ese día a sus hijos?”, se pregunta Matilde, muy seria.

Los manglares son “bosques que solo se encuentran en zonas tropicales o subtropicales del mundo, cuyas plantas viven generalmente entre el agua salada y el agua dulce, pues conforman la línea divisoria entre la desembocadura de los ríos, el mar y la tierra”.  Con sus raíces gigantescas conforman una barrera natural contra la erosión costera y fenómenos como huracanes, tormentas y tsunamis; de ellos depende la vida de cientos de hongos, especies de plantas acuáticas, invertebrados y peces; son la base de la dieta y la seguridad alimentaria de las comunidades donde están ubicados; y son reservorios de carbono importantísimos (según WWF Colombia, “almacenan cinco veces más carbono que los bosques tropicales terrestres”). De las casi 70 especies de mangle que se calcula se encuentran en 123 naciones del mundo, en Colombia existen nueve, repartidas entre la costa atlántica y la pacífica. Una diversidad que no muchos países tienen. Brasil, por ejemplo, que ocupa el segundo lugar en mayor extensión en manglares después de Indonesia, tiene cuatro especies de mangle conocidas, las mismas que México. Perú tiene cinco.

De acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional de Colombia, “a pesar de ser uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, los bosques de manglar del Pacífico colombiano son de los mejor conservados en el planeta”. De hecho, según WWF, los bosques de manglar más altos de toda América están en la costa pacífica colombiana, que alberga el 74 % de las casi 290 000 hectáreas de manglares del país.

Por razones como esas es que el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga es uno de los “hot spots de la conservación de naturaleza a escala planetaria”.

Sin embargo, entre 1996 y 2020, según Global Mangrove Watch, Colombia perdió 7269 hectáreas de manglar, “algo así como el tamaño de 10 000 canchas de fútbol”.

“Tal vez la precariedad de estos ecosistemas se deba a que son difíciles de comprender o de clasificar. Son a la vez agua, pues las mareas suben y bajan de sus raíces al menos dos veces al día, y raíz vegetal, que al estar trenzada ralentiza el movimiento de las mareas. Y son barro, pues de estas mareas quedan sedimentos que se asientan fuera del agua y forman un fondo cenagoso”, escribió hace unos años la investigadora y profesora Tatiana Acevedo Guerrero, experta en gobernanza del agua y ecología política.

Un golpeteo seco y metálico interrumpe de repente nuestros pensamientos.

Es Olivia, que está moviendo su cobador entre el barro. Se trata de una pequeña vara —ahora de metal, hace décadas de madera— que termina en una especie de garfio. Si al enterrarlo y sacudirlo de un lado al otro se oye un golpe seco, significa que está tocando una concha.

Hace décadas, mujeres como doña Paulina, la abuela de Matilde y Lucy, y doña Flor, su madre, pianguaban sin guantes, sin botas, sin cobador. Incluso, la madre de Paulina cargaba las pianguas en su camisa, recogida hacia dentro para hacer las veces de canasto. Así iba y venía. Cientos de veces.

Hoy, la lista de implementos obligatorios para la faena incluye guantes, botas de caucho, una pañoleta para cubrirse la cabeza y ojalá otra para el cuello, camisa de manga larga, canasto de bejuco para recolectar las pianguas, lancha a remo, o a motor (lo que implica contar con dinero para pagar el combustible) y una botella de agua. Son opcionales el cobador, el tiestero o un repelente y, para recuperar la energía perdida al salir del manglar, un portacomidas, un termo de café y tal vez algo de viche.

9:05 a.m. ¿Dónde quedó la lancha?

La marea ha ido subiendo rápido, sin darnos cuenta. Miramos a nuestro alrededor y todo parece igual. ¿Por dónde entramos al manglar? ¿Cómo volvemos a la lancha? Matilde sonríe y nos calma. Esto no es algo que les pase solamente a las citadinas, ocurre también con las mujeres piangüeras más expertas. Perderse es otra de las dificultades inherentes del oficio.

—A veces yo piangüo y piangüo y cuando levanto la cabeza, ni idea dónde quedó la lancha. También nos ha pasado que subió tanto la marea que se hundió y uno ve nada más los portacomidas, que están por ahí flotando —narrará Lucy esa tarde en Paz Paraíso, mientras prepara un coctel de viche—. Achicar la lancha [sacarle el agua] es muy difícil, sobre todo porque uno viene con el cansancio de muchas horas pianguando, las piernas ya están adoloridas y peor en los brazos si uno se vino a canalete.

Es decir, a remo limpio.

En una sola jornada de cuatro o cinco horas, piangüeras como Matilde, Benita, Olivia y Lucy deben agacharse y pararse decenas de veces; luchar contra un calor extremo y húmedo y un sinfín de zancudos; hurgar entre el barro; exponerse a infecciones y al ataque indiscriminado del pejesapo, el camarón bravo y algunos cangrejos; treparse por las raíces interminables del manglar; cargar de regreso a la lancha un canasto que puede pesar 60 o 70 kilos.

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Con unos cuantos agravantes: que se desate una tempestad o que la marea suba mucho más rápido de lo previsto, que el barro no solo entierre sus botas, sino que les llegue hasta la cintura. Y que se desubiquen.

12:50 p.m. Ya es hora del almuerzo

La piangua se puede comer de muchas formas. En un arroz que en el Pacífico llaman atollado (mezcla de carne de cerdo, pollo, longaniza y vegetales variados). En tamales, empanadas, sudados (platos al vapor), encocados (guisos preparados a base de leche y ralladura de coco) y ceviches.

Raíces Piangüeras, la asociación que lidera Matilde, lleva años luchando para encontrar maneras de transformar los moluscos que extraen de los manglares en productos que se puedan vender en muchas ciudades del mundo.

Hace unos años, por ejemplo, ella y Olivia —que reparte su tiempo entre pianguar y los fogones— prepararon 100 tamales de piangua para enviarlos hasta Bogotá y repartirlos en distintos restaurantes que dicen vender platos del Pacífico. ¡Qué innovador! ¡Nos interesan! ¡Qué delicia! Pero los pocos pedidos que llegaron nunca pasaron de 15 o 20 unidades, y a un costo tan bajo para ellas que ni siquiera les alcanzaba para cubrir el transporte en avión o por vía terrestre. Iban a pérdida.

Conservación Internacional, una organización presente en más de 20 países, entre ellos Colombia, les ayudó a hacer un análisis financiero para determinar si era viable transformar la piangua antes de venderla. Sin embargo, Matilde cree que todavía falta mucho trabajo para dar a conocer el molusco más allá de las zonas costeras.

Ahora quieren comercializarla en supermercados, en bandejas que incluyan un recetario y unas bolsas pequeñas con ingredientes que también vienen de su territorio y sirven para prepararla en casa, como coco y hierbas de azotea. El proyecto se llama “Del manglar a tu casa”.

Pero el camino para sacar adelante esta y otras iniciativas ha estado lleno de obstáculos.

Poco después de nacer, con un capital semilla que les dio la junta del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata – Bahía Málaga, crearon un sistema para comprarles la piangua a las socias y luego venderla en Ecuador, sin intermediarios. Pero el estallido social de 2021, que paralizó a Colombia durante casi tres meses, las dejó en la quiebra. Las piangüas se perdieron porque los camiones no podían salir del puerto de Buenaventura.

Ese mismo año, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca las eligió dentro de un proyecto que incluía darles 50 millones de pesos, unos 12 300 dólares de hoy, en equipos fundamentales para cumplir sus sueños. A Bahía Málaga – La Plata llegaron entonces una pesa, un congelador, una embutidora y una empacadora al vacío, pero esta última máquina nunca prendió porque no estaba adaptada para su contexto.

Antes de la entrega, Matilde había advertido que en su comunidad no tenían energía eléctrica y cualquier aparato que les dieran, debía funcionar con energía solar o planta eléctrica.

“Estábamos bien contentas, pero cuando fuimos a conectar la empacadora al vacío no arrancaba. Tiene un motor enorme, necesita un voltaje mucho mayor, que aquí no tenemos. Es una ‘animalota’”, explica Matilde. “Hace poco nos dijeron que van a mandar a alguien para que le regule el voltaje, a ver si por fin funciona”, cuenta.

Por suerte, ya que la tienen bien cubierta, no está deteriorándose por el polvo.

Raíces Piangüeras también está priorizada para recibir, por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), un inmueble incautado a un narcotraficante en la ciudad de Cali, pero la paquidermia del Estado todavía no les ha permitido pasar del anuncio.

“Es una casa lo más de bonita, si las máquinas no nos funcionan acá, podríamos llevarlas allá y montar nuestra propia tienda y una especie de casa cultural. Podríamos hacer tantas cosas”, fantasea Matilde.

En todo caso, quietas no se van a quedar mientras eso ocurre.

Aprovecharon muy bien los recursos de una beca del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para crear su página web, construir un recetario digital y mandar a hacer unas camisetas que venden entre todas, para un fondo común que ayuda con préstamos sin intereses a cualquier socia, cuando lo necesite.

También consiguieron una lancha y montaron una cacharrería en Miramar (una de las cuatro comunidades del Consejo Comunitario, junto con La Plata, La Sierpe y Mangaña), donde venden guantes, botas y otros objetos. Y cuando llegan turistas activan la Ruta de la Piangua, un proyecto colectivo creado en 2010, que incluye un sendero y una experiencia para que los viajeros, que normalmente van al Pacífico colombiano en época de avistamiento de ballenas jorobadas —junio a agosto—, conozcan el molusco y lo saquen del manglar, si pueden.

El problema es la violencia. Con más de 20 asesinatos, marzo pasado fue el mes más violento en los últimos dos años en Buenaventura, y eso influye directamente en el número de turistas que desde ahí viajan en lancha a cualquiera de las islas del archipiélago. En La Plata no recuerdan un año tan vacío de turistas desde la pandemia.

Las comunidades también han sido víctimas de robos por parte de grupos armados ilegales que a veces interceptan las lanchas en las que se movilizan desde y hacia el puerto.

En enero de 2024, además, unos hombres armados con fusiles intentaron tomarse el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata – Bahía Málaga, tras lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 13 de sus líderes. Y todo ello ocurre con la base naval de Bahía Málaga —la más importante de la Armada Nacional en el Pacífico— a solo 15 minutos de distancia en lancha.

5:40 p.m. El “cansancio honrado” de las mujeres piangüeras

Lucy Mosquera Murillo prepara un coctel con hierbas frescas y viche y una jarra de limonada en su quiosco de Paz Paraíso. Esta tarde tiene cuatro clientes. Treinta metros más lejos suenan unos arrullos, cantos tradicionales de las comunidades negras del Pacífico colombiano. El sol comienza a esconderse y poco a poco va tiñendo de naranja fosforescente las construcciones de madera de La Plata.

Además de un título en Gestión de Hotelería y Turismo, Lucy, de 27 años, tiene estudios en etnoeducación y es guía turística.

 “Raíces Piangüeras nos ha ayudado a visibilizar lo que hacemos y nos ha empoderado en cuanto a liderazgo. A mí, por ejemplo, me ha dado confianza, me ha ayudado a convencerme de que mis ideas son importantes”, explica después de servir la primera ronda de bebidas.

Pero hay algo mucho más importante que eso. Lucy sueña con el día en que, gracias a la asociación, las mujeres ya no se vean obligadas a pianguar para vivir y encuentren una o más actividades distintas que les permitan descansar de ese oficio extenuante y, al tiempo, alcanzar la autonomía económica.

“Cuando yo digo que me gusta ir a pianguar es porque el primer día voy sin mucho ánimo pero si ya tengo una producción, el segundo y el tercer día voy a meterle todo y me animo. Pero la real [la verdad] es que es una actividad muy dura, uno lo hace por necesidad, por la costumbre, y hay momentos en que puede pasarla bien cuando va en compañía, pero es muy difícil”.

En marzo de este año se presentó, en el Congreso de la República, un proyecto de ley para “promover, proteger e incentivar la cadena productiva de la piangua, reconocer el valor de las prácticas ancestrales y fomentar el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las mujeres piangüeras en Colombia”.

El proyecto —que logró ser aprobado en el primero de cuatro debates y cuya ponencia para el segundo ya fue radicada para ser discutida en la Cámara de Representantes— fue impulsado por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), uno de los cuatro departamentos del Pacífico colombiano junto con Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Matilde afirma que se enteró cuando ya estaba listo y el asesor de uno de los más de 30 congresistas que lo presentaron la buscó para enviárselo.

Según el representante Carlos Ardila, uno de los principales autores del proyecto, para construirlo fue “imposible alcanzar a todas las piangüeras” del Pacífico. “Hicimos todo el esfuerzo de reunir el sentir de todas las regiones en encuentros regionales durante 2023 y 2024, con una misión de campo al Chocó y en un esfuerzo conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales (autoridades ambientales) y líderes piangüeras de los cuatro departamentos”, dijo.

“Supuestamente es para ayudarnos a nosotras, pero la verdad es que se construyó desde un escritorio”, asegura la representante legal de la asociación Raíces Piangüeras. No puede ocultar la frustración cuando habla del tema.

En julio pasado, Matilde organizó un encuentro de 50 piangüeras de los cuatro departamentos para conversar sobre el proyecto y hacer unas recomendaciones que les enviaron a los congresistas que lo radicaron en Bogotá.

Ella y Lucy siempre han sido mujeres muy independientes porque así las crió doña Flor. Y así es como la hermana menor de Matilde quiere criar a su pequeña hija de tres años, Britney. Para avanzar en ese sentido, aunque suene contradictorio, cuando esté más grande la va a llevar al manglar y le va a enseñar todos los secretos del arte de extraer pianguas de sus raíces.

“Que no llegue el día en que si no hay ninguna alternativa distinta no tenga cómo vivir y le toque depender de un hombre”.

Doña Flor —58 años y seis hijas, las tres primeras con un padre que fue asesinado siendo ellas muy niñas— opina lo mismo:

“Este es un trabajo honrado, que nos ha dado muchos beneficios, pero es muy duro. Yo siempre le pedí a Dios que mis hijas no tuvieran que mantener su familia a punta de piangua, como yo lo hice. A mí me dio mucho y no me arrepiento, me siento contenta por eso, pero es que trabajar en el manglar es muy duro. Yo creo que aquí todos deben aprender, niños y niñas, porque hace parte de lo que somos. Pero ojalá puedan tener otras opciones”.

Marlyn también está de acuerdo con eso:

“A mis nueve hijos yo los levanté con esta actividad. Lo hago porque me nace hacerlo, uno va al manglar y siente como esa paz de la naturaleza, y es una ayuda para sostenerse. Pero para hablarle con la realidad, yo ahora quisiera solo ir para enseñarles a las personas cómo se hace y que me pagaran por eso. Es que estoy muy cansada, ya bastante lo hice”.

Alguna vez el sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano Bravo habló del “cansancio honrado”. Tal vez eso es lo que sienten las mujeres piangüeras del Pacífico.

8:20 p.m. Pianguar, cantar y ser libre

Aura Nelly Díaz normalmente canta estas canciones en el manglar, para distraerse del cansancio, el sudor y los ataques de los zancudos, pero hace meses no puede hacerlo por una enfermedad que también la tiene triste. Sin embargo, esta noche de un jueves de mayo decide entonarlas porque se siente orgullosa de ser “una guerrera, una enamorada de los manglares”.

La canción del chango la compuso un día en que “había como 50 de esos pájaros” en el manglar y “uno cantaba y el otro le contestaba y uno más silbaba”.

Aura Nelly no pudo pasar de cuarto de primaria y sabe leer pero no escribir. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para lo que ha conseguido. Es guía turística. Vende destilados como el viche. Y compone con su mente y con la sabiduría que le da Dios, dice.

“Cuando usted va a hacer la actividad de pianguar se trae muchas cosas. Se concentra con la naturaleza y regresa diferente a como se va. Hacerlo a mí me da respiración, me hace sentir libre, dejo atrás todo lo difícil. Por eso también canto cuando estoy pianguando”.

Esta es la última canción que compuso y “es mucho más sentimental”, porque las pianguas ya no se dejan ver tan fácil como antes.

Imagen principal: Matilde Mosquera (adelante, de negro) y Benita Rentería, en un descanso de la actividad de pianguar. Foto: Laila Abu Shihab Vergara

* Esta crónica es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y VORÁGINE.

El artículo original fue publicado por Laila Abu Shijab Vergara en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En noviembre se llevará a cabo la 30ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en la ciudad amazónica Belém do Pará, en Brasil. Anualmente también se desarrollan las Sesiones de los Órganos Subsidiarios (SB) de la CMNUCC con el objetivo de que los Estados puedan avanzar en la negociación de la agenda que discutirán en las COP. Este año, para calentar motores de cara a la COP30 de Brasil, las reuniones intersesionales y técnicas se realizaron del 16 al 26 de junio en Bonn (Alemania). 

Los temas centrales de la agenda de negociación: financiamiento climático y la Hoja de Ruta de Bakú a Belém, adaptación y mitigación, pérdidas y daños y transición justa. Sin embargo, por fuera de la agenda oficial de negociación quedaron relegados asuntos centrados en Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, el corazón de la acción climática. En este punto me quiero centrar. 

De Comunidades Locales a Pueblos Afrodescendientes y Campesinado

Las Comunidades Locales se definen por ser colectividades con historia en comunes, sus miembros se autoreconocen en colectividad y la colectividad los reconoce como parte de ella, tienen un territorio en gestión común y, finalmente, tienen autoridades o representación de gobernanza territorial propia.

Como fue bien discutido el año pasado de cara a la COP16 de Biodiversidad, para el contexto colombiano el término Comunidades Locales hace referencia a los Pueblos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros (NARP) y al Campesinado, sujetos de la ruralidad que son reconocidos constitucionalmente, sujetos de especial protección y a quienes además se les reconoce una dimensión ambiental y territorial. 

Por esto, los pueblos afrodescendientes de la región organizados en la Coalición Internacional de Organizaciones para la Defensa, Conservación y Protección de los Territorios, del Medio Ambiente, Uso del Suelo y Cambio Climático de los Pueblos Afrodescendientes de América Latina y el Caribe (CITAFRO), se reunieron en Brasilia en mayo de 2025 y lanzaron su declaración frente a la COP30, en la que exigen a las Partes el reconocimiento del Pueblo Afrodescendiente como sujeto colectivo de derechos autodefinido por  Comunidades Locales.

Por su parte, el campesinado sigue siendo un actor y un aliado invisibilizado en la agenda global ambiental. Su exigencia de ser reconocido explícitamente en los convenios y convenciones internacionales relacionadas con el clima y la biodiversidad solo ha encontrado cabida en eventos paralelos y en discusiones nacionales, sin que sea una demanda que escale a las agendas de negociación. Todo esto, en contravía de la Declaración de Derechos del Campesinado y otros trabajadores de la ruralidad de las Naciones Unidas (UNDROP), que define universalmente al sujeto campesino y le reconoce derecho a la tierra, a la diversidad biológica, al ambiente y a participar en la toma de decisiones que afecten directamente sus formas de vida, incluyendo la participación en la formulación de políticas frente al cambio climático (Art. 18.3). 

SB en Bonn rumbo a la COP30: un vehículo sin gente

Estas contradicciones también fueron evidentes en la SB62, donde fue común escuchar en las intervenciones de las Partes el rol central de las comunidades para la sostenibilidad de las estrategias de acción climática, la resiliencia climática y para la garantía de sus derechos en el marco de la crisis climática. No obstante, estas realidades no se ven reflejadas en la agenda de negociación. 

Aun así, la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP, por sus siglas en inglés) y organizaciones de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales y Organizaciones de la Sociedad civil que asistieron a la SB62 lideraron estas conversaciones en los eventos paralelos desarrollados durante las dos semanas. 

El Diálogo Anual de la LCIPP, tuvo por objetivo promover, co-crear recomendaciones y fomentar la colaboración para la incorporación de forma ética y equitativa de los valores y conocimientos indígenas, así como los sistemas de conocimiento locales en las políticas y acciones climáticas nacionales. 

Países como Indonesia y Brasil compartieron buenas prácticas de incorporación de valores y conocimientos indígenas y sistemas de conocimiento local en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Brasil, por ejemplo, destacó el papel de Afrodescendientes, Comunidades Tradicionales y Agricultores Familiares en la acción climática en su contexto nacional y anunció que la COP30 albergará el Círculo de los Pueblos con el objetivo de visibilizar y fortalecer el papel de estos grupos como actores fundamentales en una acción climática integrada. 

Este círculo incluirá una Comisión Internacional de Pueblos Indígenas y una Comisión Internacional de Comunidades Tradicionales, Afrodescendientes y Agricultores Familiares. Durante su intervención, Brasil también esbozó algunos criterios que caracterizan a estos grupos: 

1. Relaciones colectivas con la tierra. 
2. Gobernanza comunitaria.
3. Exposición al despojo territorial y a los conflictos por la tierra.
4. Papel central en la soberanía alimentaria.
5. Custodia ambiental y conservación de la biodiversidad.
6. Resistencia cultural y movilización colectiva.
7. Papel vital en la resiliencia climática.
8. Interés creciente en la política climática.

Estas pautas se relacionan con criterios en los que han venido trabajando por años diversas organizaciones, como la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF), la cual presentó este avance durante un evento realizado también en Bonn. 

La agenda fragmentada del Ministerio de Ambiente

En el contexto de Colombia, la constante invisibilización del campesinado en esta agenda se hace contradiciendo la Constitución Política, que lo reconoce como un sujeto integral, atendiendo, entre otras, a sus dimensiones política y ambiental. 

Así se ha evidenciado en las visitas recientes que ha realizado el Ministerio de Ambiente a espacios claves previos a la COP30, como el Diálogo de Petersberg sobre el Clima realizado en marzo en Berlín. Allí, el Ministerio señaló que sus prioridades de cara a la COP son: financiamiento climático, transición energética justa, la sinergia entre las agendas de cambio climático y biodiversidad y el reconocimiento del rol de los pueblos indígenas en la acción climática. 

Más recientemente, el Ministerio destacó los logros rumbo a la COP30 de la visita oficial de la Ministra Lena Estrada a Reino Unido. Colombia, junto otros Estados y líderes, firmaron la declaración “Nature’s Guardians – On the Road to COP30”, que reconoce el papel central de pueblos indígenas y comunidades locales en la acción climática. Si bien la declaración menciona a las Comunidades Locales, estas no contaron con representantes durante la firma y mucho menos incluyó mención a los afrodescendientes ni al campesinado. A su vez, el Ministerio destacó que Colombia y el Banco Mundial trabajarán en un piloto de financiamiento directo para Pueblos Indígenas. 

Como mencioné más arriba, Brasil está buscando fijar el alcance de los Pueblos Afrodescendientes para contextos nacionales y en algunos casos regionales, como el de América Latina y el Caribe, a partir del reconocimiento de que hay otros actores relevantes plenamente identificados por los Estados como los Pueblos Afrodescendientes y los Agricultores Familiares/Campesinado. Así, la COP30 de Cambio Climático al igual que la COP 16 del Convenio de Diversidad Biológica, parece un terreno fértil para posicionar las demandas de sujetos de la ruralidad para ser reconocidos explícitamente dentro de la Convención, desde una perspectiva de derechos y de justicia, sino porque mantienen  formas tradicionales y locales de vida de estos actores, —incluyendo sus territorialidades y prácticas de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria—, así como estructuras de gobierno propio y valores culturales  las que hacen posible la protección de la naturaleza, la resiliencia frente al cambio climático y la sostenibilidad de las medidas de mitigación. 

A su vez, la apuesta de Colombia junto a países de la región de impulsar en Brasil una sinergia entre la agenda de cambio climático y la de biodiversidad, abre una oportunidad para el reconocimiento de las territorialidades de campesinos y de pueblos afrodescendientes como estrategias de acción climática que deben ser impulsadas y fortalecidas, como quedó consignado en el Plan de Acción de Biodiversidad al 2030 actualizado por Colombia en el marco de la COP16 de Biodiversidad. En esta línea, también corresponde extender a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático lo ya alcanzado en la Decisión 16/6 de la COP16 sobre el reconocimiento de los afrodescendientes en el Convenio de Diversidad Biológica.

El Ministerio de Ambiente tiene un mandato constitucional y popular del movimiento afrodescendiente y del campesino y debe responder a este mandato garantizando la visibilización, participación y el avance en la garantía de derechos de estos sujetos dentro de la política pública nacional y en la conversación global sobre los asuntos ambientales, como medida de reparación histórica, de justicia social y climática y de sostenibilidad de la protección de la naturaleza. El interés de Colombia de liderar la discusión alrededor de la territorialización de las estrategias de acción climática solo es posible de la mano de los guardianes que habitan la selva, las sabanas, los manglares, el bosque seco y el páramo.

Desde Ambiente  y Sociedad hemos acompañado técnicamente estas reivindicaciones de los pueblos afrodescendientes y del campesinado para ser visibilizados en las discusiones globales sobre ambiente. Reconociendo los invaluables aportes de estos sujetos a la protección y sostenibilidad ambiental desde sus sistemas de conocimiento, valores y formas de vida tradicionales, respaldamos sus demandas de inclusión, participación e incidencia en los convenios de cambio climático y biodiversidad. 

Una cuerda improvisada atraviesa de lado a lado una carretera que se abre paso en la selva amazónica de Colombia. Sirve como barrera en uno de los peajes informales que hay a lo largo de 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. Rosa*, la encargada de dar paso, asegura que, para cruzar, los carros deben dar un aporte de COP$15 000 (3,8 dólares), las motos $2000 (0,5 dólares) y los camiones $60 000 (14 dólares). Quienes transportan ganado, además, deben aportar $1000 (0,25 dólares) por cada res. Los recursos, dice, son administrados por la comunidad.

“El [cobro del] peaje se utiliza para alquilar la maquinaria para el mantenimiento de la vía hasta Puerto Nuevo, el caserío más cercano”, explica Rosa, quien por seguridad pide la protección de su nombre. Su trabajo consiste en reunir dinero para cuidar una vía que no ha sido autorizada por el Estado.

El tramo de carretera que administra Rosa empezó a abrirse bajo el bosque a finales de 1990, impulsada por grupos armados ilegales que buscaban mejores rutas para el narcotráfico. Debido a su ubicación estratégica entre los municipios de El Retorno y Miraflores, también fue usada por la guerrilla como corredor para dirigirse a Venezuela. Por supuesto, no fueron los únicos usuarios y, conforme la vía se consolidaba, empezaron a aparecer problemas mayores.

La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nukak, dos áreas claves para la biodiversidad. Tras su apertura, esta conectividad se ha ido perdiendo. Además, las autoridades se enteraron de su existencia “oficialmente” en el 2017, cuando se organizó un rally que pasaba por allí y los participantes compartieron fotos en las redes sociales. “Fue así que se dieron cuenta de que había una carretera en medio de la selva”, recuerda el exalcalde de Calamar, Giovanny Garcés.

2017 es una fecha clave, pues coincide con el período de devastación que llegó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando la desmovilización de los grupos armados le abrió las puertas a la colonización. A partir de entonces, las autoridades optaron por ignorar que esta era una vía ilegal y destinaron fondos públicos para ampliarla irregularmente. La excusa fue promover la conexión. Sin embargo, con esa decisión llegaron muchos problemas. Quien desconoce el impacto de las vías en la Amazonía podría pensar que sus beneficios sobrepasan cualquier tipo de daño ambiental. La realidad demuestra que esto no es cierto.

Al menos 28 mil kilómetros de carreteras se han construido dentro de la Amazonía en Colombia, según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS). Esto equivale a recorrer 28 veces la ruta de Bogotá a Cartagena. En palabras de Maryi Serrano, coordinadora de Seguimiento y Análisis Territoriales de la FCDS, “la tendencia constante al crecimiento de vías ilegales en la Amazonía colombiana tiene un impacto muy fuerte en términos de fragmentación y deforestación, especialmente en zonas con restricción ambiental, donde el avance ha sido más intenso”.

El análisis geográfico hecho por Mongabay Latam evidencia la magnitud del desastre. En esta carretera que se extiende por 159 km —donde se encuentra el pequeño tramo que cuida Rosa—, trazamos una línea imaginaria de 5 km a los costados de la vía. En esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para el 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el 2000 superaba las 25 mil hectáreas, el equivalente a más de 35 mil canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9 mil hectáreas de pasto y hoy, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 mil vacas. Este panorama se repite de forma exponencial en la Amazonía, la región donde se concentra la mayor deforestación del país (63 %).

Mongabay Latam analizó geoespacialmente la transformación del paisaje en torno a cinco carreteras ilegales que, en conjunto, suman 1926 kilómetros que fragmentan la selva colombiana. Además, un equipo periodístico —en alianza con France 24 en Español, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante— se desplazó hasta algunos de los principales tramos de esas vías, situados en los núcleos de deforestación del país, y los recorrió. Lo más preocupante es que la deforestación que detectamos no se ha detenido. Según la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, entre enero y mayo de 2025 se han activado 805 352 nuevas alertas de deforestación en la franja de cinco kilómetros alrededor de las vías. Los resultados muestran una relación directa entre la expansión de las vías ilegales, el avance de la deforestación y el crecimiento del hato ganadero, en medio de un contexto complejo donde confluyen comunidades locales, actores estatales y grupos armados ilegales.

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Las vías, fuente de “deforestación primaria”

Si juntamos, una tras otra, las cinco vías ilegales de la Amazonía colombiana analizadas por Mongabay Latam para este proyecto, el trayecto total sería equivalente a cruzar Colombia de extremo a extremo: desde Punta Gallinas, en la Guajira —la zona más al norte del país— hasta Leticia, en el extremo sur, en la triple frontera con Brasil y Perú.

Se trata de un trayecto enorme, de 1926 km, que reúne los casos más críticos de vías y deforestación en la selva amazónica colombiana: la red vial Selvas de Mapiripán, la vía Marginal de la Selva, la vía Calamar-Miraflores, la vía La Libertad-La Paz, y las redes viales que rodean y se adentran en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

A lo largo de esos caminos ilegales, el bosque ha ido desapareciendo. El análisis de Mongabay Latam revela que alrededor de estas cinco vías, en un radio de solo un kilómetro, ha habido, entre el 2000 y el 2023 , una pérdida acumulada de 104 674 hectáreas de bosque, un área casi tan grande como Río de Janeiro. Si se amplía la mirada a cinco kilómetros alrededor, la cifra se triplica y alcanza las 342 070 hectáreas, más de dos veces el tamaño de Ciudad de México.

La apertura de estas carreteras también ha impactado el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II, que ya acumula 27 kilómetros de vías ilegales en su interior, además de otros siete resguardos ubicados en los departamentos de Meta y Guaviare. Áreas protegidas de gran importancia, como el Parque Chiribiquete y la Serranía de la Lindosa, también están en riesgo. Dentro de ellas se extienden casi 76 kilómetros de vías ilegales que amenazan ecosistemas frágiles y pueblos indígenas no contactados. Además, otras áreas protegidas como la Reserva Nukak, el Parque Nacional Tinigua y el Parque Nacional Serranía de La Macarena se han visto fragmentadas y amenazadas por las vías ilegales que los rodean.

Con la llegada de las vías también se ha incrementado, a solo cinco kilómetros de los trayectos analizados, el número de vacas (con 464 262 registradas) y de cultivos de hoja de coca para uso ilícito (con 781 hectáreas para 2023). Estos últimos han cobrado fuerza cerca y dentro de la Reserva Nacional Natural Nukak.

Las cifras son un correlato del extenso análisis realizado hasta marzo de 2024 por la FCDS en toda la Amazonía de Colombia. Los investigadores de la organización ambiental estimaron entonces la apertura de cerca de 28 091 km de vías, unas 16 veces el trayecto anterior. La devastación detectada forma parte de lo que los expertos han llamado “una fuente de deforestación primaria”, es decir, que le abre paso a otras actividades económicas, tanto legales como ilegales, que contribuyen a la pérdida de bosque primario o virgen.

Estas transformaciones alrededor de las vías son lo que el Panel Científico por la Amazonía —una red de más de 200 científicos que se unieron para producir el primer informe integral del estado de la cuenca— denomina el efecto “espina de pescado”. Es una forma sencilla de explicar cómo, a partir de una vía principal, surgen nuevos poblados, nacen otras carreteras, aumenta el valor de la tierra y las actividades agrícolas se vuelven más rentables.

Para Adriana Rojas, coordinadora técnica de MapBiomas Colombia, una iniciativa que analiza la transformación de los bosques, las vías son “el principal impulso a todos los males de la Amazonía”. “Son una pieza fundamental para la deforestación, la pérdida de conectividad, la ampliación de la frontera agrícola y se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas de esos territorios”, afirma. Como resultado, el bosque desaparece y se convierte en enormes extensiones de pastos.

Ese fue uno de los motivos por los que, en 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que los tramos pendientes de una vía conocida como “La Marginal de la Selva”, que atravesaría la Amazonía colombiana de extremo a extremo, no se iban a realizar. El proyecto se originó en 1963 y buscaba conectar la Amazonía desde Venezuela hasta Bolivia, como un símbolo de desarrollo regional, aunque con enormes implicaciones ambientales.

Pero la decisión presidencial fue insuficiente. Los tramos que no terminó el Estado fueron abiertos de manera informal e ilegal. Este es el caso del corredor de 318 kilómetros que se abre paso entre San José del Guaviare (Guaviare), La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), desconectando los Parques Nacionales Tinigua y Sierra de La Macarena del PNN Serranía de Chiribiquete. Desde el 2000 hasta 2023, el análisis geográfico realizado para esta investigación muestra que a un kilómetro de ese tramo se han perdido más de 13 000 hectáreas de bosque húmedo tropical. A cinco kilómetros la pérdida es casi cuatro veces mayor, sumando más de 63 000 hectáreas.

Al recorrer esa vía, el equipo periodístico de Vorágine pudo corroborar que la carretera continúa abriéndose sin el aval de las autoridades. Además, existe un control de grupos armados que incluye cobros a grandes terratenientes y ganaderos, y establece restricciones de movilidad. También hay un sistema comunitario de peajes informales. “La carretera está a la merced de ellos”, asegura un habitante de la zona. Mientras las comunidades campesinas recogen el dinero, contratan maquinaria y organizan jornadas de trabajo para arreglarla, los grupos armados controlan el paso y dan órdenes sobre el estado en el que debe permanecer.

Lo peligroso es que los ramales que se desprenden de las vías no solo desconectan áreas protegidas, también se extienden hasta el interior de ellas. La organización Parques Naturales Cómo Vamos publicó en su último reporte que, entre 2018 y 2023, se abrieron 827 nuevos kilómetros de caminos ilegales en áreas protegidas del Arco de Deforestación Amazónico. En total, a 2023, se tenían registrados más de 1500 kilómetros de vías al interior de esos santuarios naturales.

Vías sin permisos, pero “¿planificadas?”

Una de las vías analizadas se ubica en la zona de transición entre las sabanas de la Orinoquía y la selva amazónica. Allí, Mongabay Latam identificó más de 10 ramales que, en conjunto, suman 549 kilómetros. Se trata de la Red Vial Selvas de Mapiripán, donde se deforestaron 23 600 hectáreas entre 2000 y 2023 en una franja de apenas un kilómetro alrededor de las carreteras. Si ampliamos la mirada a cinco kilómetros, la deforestación casi se duplica, alcanzando más de 42 000 hectáreas en el mismo periodo de tiempo.

Lo que llama la atención es que algunos de los tramos están perfectamente trazados en línea recta por hasta 60 kilómetros, un trabajo que requiere de condiciones técnicas, equipo especializado, maquinaria y altas inversiones económicas. Como alertó la Procuraduría en febrero de 2023, esa infraestructura se estaría desarrollando “con la posible aquiescencia o pasividad de las autoridades locales y muchas veces mediante procesos contractuales que estas mismas autoridades autorizan y ordenan”.

En Guaviare, un departamento que se encuentra amparado casi en su totalidad por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años, la FCDS analizó 117 proyectos de infraestructura vial y rural, por un valor de más de COP$990 500 millones (240 millones de dólares), destinados a mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras. La mayoría de los recursos públicos se dirigían a los municipios donde la deforestación avanza aceleradamente (San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores).

En el caso de la vía ilegal que une a Calamar y Miraflores, en 2019, la Fiscalía señaló a los alcaldes de El Retorno, Calamar y Miraflores, así como a un funcionario de la Gobernación del Guaviare, de contratar obras para el mejoramiento del tramo en medio de irregularidades. La vía estaba asociada a focos de deforestación e incendios. La pérdida de bosque en el departamento pasó de 11 456 hectáreas a 34 527 en solo tres años (2015-2018), delitos por los cuales aún se les investiga.

Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), que la vía se seguiría ampliando. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 96 462 alertas de deforestación, en comparación con las 117 381 alertas activadas entre enero y mayo de este año. Esto indica que el bosque sigue cayendo.

Este no es el único caso en el que autoridades regionales han sido señaladas de promover, ya sea con fondos o con maquinaria pesada, la apertura y adecuación de vías ilegales.

Ganadería: más vacas que personas

A la par del aumento del número de vías, el análisis hecho por Mongabay Latam muestra que hay una correlación entre el crecimiento de la infraestructura, el aumento de la deforestación y la expansión del hato ganadero. En Guaviare, Caquetá y Meta, donde la red vial ha crecido de forma acelerada, las cabezas de ganado también se incrementaron en 95 %, 60 % y 40 %, respectivamente, entre 2016 y 2022, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Un contraste notable con el promedio nacional, donde el aumento fue de 31 %.

En municipios como Mapiripán (Meta), en los trayectos analizados para esta investigación, se abrieron más de 200 kilómetros de vías entre 2018 y 2021. Según las cifras más recientes del ICA, a cinco kilómetros de estas carreteras pastan más de 19 000 vacas. En todo el municipio, el hato ganadero casi se triplicó entre 2016 y 2023 hasta alcanzar las 162 237 cabezas de ganado.

De forma similar, en el municipio de La Macarena (Meta) —que es atravesado por los tramos informales que buscan “completar” la Marginal de la Selva—, las cabezas de ganado aumentaron casi cinco veces tras la firma del Acuerdo de Paz, según las estadísticas del ICA. Se trata del municipio que acumula el mayor número de vacas en la región desde 2016.

Otros municipios aledaños al PNN Chiribiquete también experimentaron un crecimiento significativo. En Calamar y Miraflores, por ejemplo, ya hay más vacas que personas. El censo de vacunación del ICA registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

Aunque la ganadería no es una actividad ilegal, su desarrollo sí está restringido en áreas de importancia ambiental, como la Amazonía, donde actualmente cerca del 85 % del territorio tiene un estatus legal que promueve la conservación. Pese a esto, las vacas se acercan cada vez más al interior de las áreas protegidas. En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Sin embargo, como insiste Catalina Oviedo, coordinadora de la oficina regional en el Amazonas de la ONG Centro de Alternativas al Desarrollo (Celades), aunque existe una conexión directa entre la expansión de la ganadería y la creación y la mejora de vías, hay que tener en cuenta que estas también han sido históricamente usadas por campesinos y poblaciones indígenas. “Hay que ampliar la discusión sobre esta relación, evitando caer en estigmatizaciones y violaciones de derechos humanos”, afirma. En palabras de Guillermo Peña, líder campesino en San Vicente del Caguán, esas vías, “así las tilden de ilegales”, son la columna vertebral que los conecta y los saca del aislamiento.

Lo cierto es que los pequeños campesinos no son los grandes impulsores de la deforestación, y tampoco son los únicos que usan las vías de esos territorios. Un estudio publicado en la revista científica Nature, en el que se analizó la transformación en la Amazonía colombiana entre 1985 y 2019, concluyó que la conversión masiva de bosques a ganadería no fue impulsada por “pequeños agricultores”, sino por grandes terratenientes con el objetivo de “asegurar expectativas sobre el valor futuro de la tierra y especular a través de mercados ilegales de tierras”. Otros análisis coinciden. En municipios como La Macarena y Mapiripán, la FCDS encontró una alta concentración de terrenos abiertos, con más de 500 hectáreas por propietario.

Además, según un informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la ganadería en estas áreas puede ser una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales y organizaciones criminales que operan en la región, así como un entorno propicio para el lavado de activos.

Vías, conflicto y cultivos ilícitos

La Amazonía en Colombia es un lugar clave y disputado. Allí, además de bosques prístinos o áreas naturales protegidas, se encuentran alrededor de 62 pueblos indígenas, indígenas en aislamiento voluntario y campesinos que han llegado con diferentes oleadas de colonización. Pero también grupos armados ilegales que han utilizado la zona para la extracción de recursos y para ejercer un control territorial.

Como recuerda Fernando Reyes, presidente de la vereda Nuevo Horizonte, en Cartagena del Chairá (Caquetá), él compró su tierra cinco meses antes de que a su alrededor iniciara la “locura de los baldíos”, como le llamó a la migración de personas de otras partes del país hacia esta región en 2015. “A la gente se le metió en la cabeza que la guerrilla ya no estaba y que nadie los atajaba”, menciona. Esa fue la forma que encontraron para lograr un pedazo de tierra donde antes estaban las FARC. Aunque, según la ley, estos predios colonizados no pueden ser vendidos, comprados ni explotados, sobre ellos avanzan actividades legales e ilegales.

Organizaciones ambientales que estudian la Amazonía han identificado “una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos” que han aprovechado el vacío dejado por la desmovilización y desarme de las FARC para ampliar su poder y actividades. “Como resultado, la magnitud, intensidad y velocidad de explotación de recursos en la Amazonía colombiana ha aumentado”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta los municipios de La Libertad y La Paz se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible en el monitoreo satelital desde el año 2000 en una zona cocalera, es a partir de 2016 que se mejora y amplía en casi 57 kilómetros. Allí a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis de Mongabay Latam evidenció que las hectáreas con cultivos de coca se duplicaron alrededor de esta vía. En 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas. Un año después los cultivos ilícitos alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120. A nivel general, en el departamento, se registraron 4395 hectáreas de coca sembradas en 2022 y, como aseguró uno de los habitantes de La Paz, allí la economía gira alrededor de la pasta base de coca.

Una situación similar ocurre en la vía Calamar-Miraflores, en Guaviare, donde —entre 2022 y 2023— las hectáreas de coca a 1 km de la vía se cuadruplicaron. Además, como alertó un informe de la UNODC en 2023, la cuenca amazónica compartida por Colombia, Brasil, Perú y Bolivia “se está configurando como un corredor clave para el narcotráfico en la región”.

La situación es difícil de controlar pues, como informó Parques Nacionales a Mongabay Latam, hay al menos 11 áreas protegidas de la Amazonía colombiana en las que los guardaparques y funcionarios de la entidad tienen restricciones de acceso y movilidad por parte de los actores armados. “Eso dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo a la biodiversidad. También limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control”, aseguró la entidad.

Todas las vías llevan a Chiribiquete

Uno de los lugares con la mayor categoría de conservación en Colombia es el PNN Chiribiquete, que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2018 y al que nadie, además de los guardaparques, algunos investigadores y los pueblos indígenas que lo habitan, puede entrar. Sin embargo, ya ha sido atravesado por más de 62 kilómetros de vías amplias y tecnificadas, como lo muestra el análisis de Mongabay Latam, aunque si se consideran otras trochas que se encuentran debajo del bosque y que están desconectadas del entramado de caminos la extensión alcanza los 125 kilómetros, tal y como figura en el reporte de FCDS incluido en el informe de Parques Cómo Vamos.  Algunas son vías históricas que hicieron parte de la movilización de las guerrillas durante décadas y que, en su origen, estaban ocultas bajo el bosque, pero que, tras el proceso de paz, comenzaron a abrirse con maquinaria.

Según Jenny Cueto, directora de la oficina territorial de la Amazonía de Parques Nacionales, cada año se deforestan, en promedio, mil hectáreas de bosque dentro del parque. Las vías que amenazan el área protegida “no salen de la nada. Sino que vienen asociadas a unos tramos que, a su vez, vienen de unas vías que se conectan entre municipios y departamentos”, insiste.

Al norte de Chiribiquete, por ejemplo, las vías se desprenden de la Marginal de La Selva, que conecta La Macarena con San José del Guaviare. Desde La Macarena también se desarrollan caminos que conducen hacia Chiribiquete y el Resguardo Yaguará II. Como estas, al menos 13 tramos más que forman parte de las vías que están alrededor del parque buscan llegar o pasan por el área protegida. En total, se trata de 843 kilómetros de trochas ilegales.

Su apertura ha desencadenado la deforestación de más de 195 mil hectáreas a cinco kilómetros alrededor de las vías, un área equivalente a casi 1730 veces el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Además, según el análisis realizado por Mongabay Latam, en un radio de un kilómetro de estos 13 tramos alrededor del PNN Chiribiquete existen 53 437 bovinos.

En otras áreas protegidas la situación se repite. Según el último informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos, se identificaron accesos viales en los Parques Nacionales Naturales Tinigua (723,6 km), Sierra de La Macarena (600,4 km), Serranía de Chiribiquete (125,2 km) y La Paya (19,5 km), así como en la Reserva Nacional Natural Nukak (33,3 km). Las carreteras coinciden con las áreas protegidas donde se reporta, también, mayor deforestación. De hecho, en las áreas protegidas de la Amazonía se concentra el 82% de la deforestación de todo el Sistema Nacional Natural de Áreas Protegidas (SINAP).

En agosto de 2024, el Minambiente presentó lo que llamó “una acción contundente en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el Parque Nacional Chiribiquete”: destruyó acceso terrestres ilegales y cultivos ilícitos existentes al interior del área protegida. “Estas infraestructuras eran usadas para actividades ilícitas como procesamiento de cocaína en laboratorios y ganadería como motor de la deforestación. Por lo anterior, se realizó la inhabilitación de dos laboratorios, un establo y además se llevó a cabo la destrucción de 5 puentes carreteables presentes al interior de este parque, que eran utilizados para facilitar estas labores”, le dijo la entidad a Mongabay Latam.

Sin embargo, las operaciones militares no han logrado debilitar las redes que destruyen y degradan Chiribiquete y la Amazonía. La pérdida de bosque ha generado zonas desconectadas y la fragmentación de los ecosistemas.

Aunque también el gobierno ha impulsado acuerdos sociales para pasar de “núcleos de deforestación” a “Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad” en la Amazonía, ofreciendo posibilidades económicas a los campesinos que ya se encuentran allí, por ahora los resultados son poco alentadores. Según explicó la exministra de Ambiente Susana Muhamad, antes de dejar el cargo, de los 15 núcleos de los que hay información, en cuatro persisten niveles similares de deforestación y en cinco la pérdida de bosque aumentó.

Mientras tanto, cientos de kilómetros de vías se siguen abriendo diariamente en la Amazonía y reproduciendo las tensiones entre las necesidades de la población, el conflicto y el futuro incierto de la Amazonía. Si esta tendencia continúa, la región se dirige a un proceso de sabanización y praderización irreversible: lo que los científicos han llamado ‘un punto de no retorno’.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con France 24, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz Cardona. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación: Vanessa Romo y David Tarazona. Análisis geoespacial: Cristian Salas. Periodistas: Daniela Quintero Díaz, Mariana Guerrero, María Clara Calle, César Molinares, María Paula Murcia Huertas, Natalia Duque Vergara, Juan Carlos Granados. Visualizaciones: Eduardo Motta y Cristian Salas. Ilustración: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración principal: 1926 km de vías ilegales analizadas por Mongabay Latam están acabando con la selva en resguardos indígenas y áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Ilustración: Alma Ríos

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Lo más probable es que el 2024 marque el fin de la tendencia en la reducción de la deforestación que vivió Colombia en el 2022 y el 2023. En abril pasado, el Ministerio de Ambiente informó que en el primer trimestre el país habría perdido aproximadamente 109 000 hectáreas de bosque, superando así toda la deforestación que se causó en el 2023 (79 256 hectáreas).

Las dinámicas en la pérdida de bosque están fuertemente ligadas a los grupos armados ilegales, principalmente disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que son las que controlan el territorio amazónico y ejercen presión sobre el gobierno.

Los expertos consideran que el aumento de la capacidad militar y territorial de los ilegales, en medio de las negociaciones de paz que adelantan con el gobierno de Gustavo Petro, ha llevado a que temas como la deforestación, la protección de líderes sociales y ambientales, la gobernanza de las áreas naturales protegidas y la protección de los resguardos indígenas sean hoy problemas grandes para el país.

Las respuestas tardías y poco planeadas ante los desastres causados por eventos climáticos extremos, como las sequías y las inundaciones, también fueron una constante en el 2024, mientras que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de atender las emergencias, protagonizó varios episodios de corrupción. Por su parte, la participación ciudadana y la educación ambiental que trajo la organización de la COP16 de Biodiversidad en Cali, fue la cuota positiva del balance ambiental del 2024 para Colombia.

Lo malo: repunta nuevamente la deforestación

En julio de 2024, las autoridades colombianas celebraron la reducción de la deforestación durante 2023, aunque en medio de críticas de parte de algunos expertos que pusieron en duda esos resultados. La cifra presentada, sin embargo, fue impactante: según el gobierno, la pérdida de bosques disminuyó en un 36 %, pasando de 123 517 hectáreas deforestadas en 2022 a 79 256 hectáreas en el 2023. Es más, esta ha sido la cifra oficial más baja desde que se tienen registros en el país.

Gran parte de esa reducción se debe a que la deforestación, según el análisis oficial, se redujo considerablemente en la Amazonía, la región que más aporta en la pérdida de bosques en Colombia.

“Hemos puesto nuestros esfuerzos en la Amazonía porque es la región que, históricamente, ha concentrado más del 50 % de la deforestación. Logramos un hito histórico con esta disminución. Sabemos que en el 85 % del territorio donde hemos firmado acuerdos de conservación con las familias, se está cumpliendo con la protección del bosque”, afirmó en su momento la ministra de Ambiente Susana Muhamad.

Sin embargo, esta reducción no se debió sólo a los tratos que el gobierno hizo con los campesinos de las zonas más deforestadas, sino a la intervención de los grupos armados organizados, principalmente las disidencias de las FARC, las cuales dominan la Amazonía colombiana.

Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, y Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), coinciden en que buena parte de los logros en la reducción de la deforestación en 2022 y 2023 ocurrieron por una política de intimidación y terror de los grupos armados, que prohibieron la deforestación en la ruralidad de departamentos amazónicos como Guaviare, Caquetá y sur del Meta.

Incluso, así lo afirmó el Bloque Oriental de las Farc, también conocido como Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, en un comunicado que publicaron a finales de septiembre de 2024. Allí indican que “en el año 2022 mediante comunicado se limitó a todos los campesinos la tumba de monte para contribuir en parar la nociva política de deforestación”.

Sin embargo, desde finales del año pasado, los armados les permitieron nuevamente a los campesinos tumbar la selva, ya que, según mencionan en su comunicado, los diálogos que el gobierno adelanta con ellos desde hace dos años no han llegado a consensos sobre temas como el manejo de las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales, garantías para los campesinos dentro de las áreas protegidas y una reforma rural integral.

“En otras palabras, ellos están diciendo que controlan la zona. La situación es tan crítica que incluso generaron un proyecto para parcelar el parque Tinigua y el gobierno no tiene control de 10 parques nacionales en la Amazonía”, comenta Rodríguez, y agrega que es muy probable que esa tendencia de la reducción se revierta, “pero esto no es muy claro porque no nos han mostrado datos de 2024”.

Lo único que se sabe hasta el momento es que la ministra Muhamad, en una rueda de prensa del pasado mes de abril, aseguró que en los primeros tres meses del 2024 se dio “un pico histórico”, que supera los datos de deforestación del primer trimestre de 2022, un “periodo que fue terrible”, porque solo en esos meses se perdieron 77 816 hectáreas de bosque. Se identificó un incremento de 40 % en el primer trimestre de 2024, en comparación con el 2023. Es decir que, entre enero y marzo de 2024, Colombia habría perdido aproximadamente 109 000 hectáreas de bosque, superando así toda la deforestación que se causó en el 2023 (79 256 hectáreas).

A Rodríguez le preocupa que esta haya sido la única información oficial que se ha dado sobre la deforestación en 2024, ya que el gobierno no volvió a publicar los boletines trimestrales de alertas de deforestación. “Eso es falta de transparencia porque evidentemente el gobierno tiene los datos”, asegura.

Rodrigo Botero dice que el viaje de Gustavo Petro a San José del Guaviare en octubre da cuenta del difícil panorama que vive la Amazonía colombiana, ya que el presidente viajó con la ministra de Agricultura y de Ambiente para firmar con las organizaciones sociales y campesinas unos acuerdos de conservación y la entrada en vigor de la política ambiental y agraria para fortalecer y favorecer el ordenamiento territorial, así como los pagos por conservación que tiene el gobierno, que es una política complementaria desde la perspectiva financiera. “Fue dramático cómo las organizaciones le dijeron al presidente que no podían firmar nada porque estaban amenazadas. Es una demostración dramática del poder territorial y la gobernabilidad que tienen los grupos armados”, comenta.

Lo grave: crimen organizado domina las áreas naturales protegidas y los resguardos indígenas

El 2024 tampoco fue un buen año para los resguardos indígenas en la Amazonía colombiana. Los cultivos de coca de uso ilícito, la minería ilegal, la deforestación y la apertura de vías ilegales rodearon e invadieron sus territorios.

Rodrigo Botero asegura que las vías ilegales siguen creciendo exponencialmente. Se superponen a las zonas de deforestación y de apropiación de tierras, y a las zonas de mayor concentración ganadera, las cuales coinciden, en mayor medida, con zonas de reserva forestal, resguardos indígenas y áreas naturales protegidas.

El director de FCDS menciona que hay una gran migración cocalera hacia el sur de los departamentos de Amazonas y Caquetá, así como a todo el departamento de Putumayo. Dicha expansión de la coca, comenta, está entrando masivamente hacia el resguardo indígena Predio Putumayo, un proceso que se ha consolidado desde Tarapacá, en Amazonas, hasta Puerto Asís, en el Putumayo.

“No vemos ningún tipo de reacción en la institucionalidad pública, ni en términos de la política de paz, pero tampoco de la política de cultivos ilícitos, ni en manos del Ministerio del Interior o de la Cancillería [para las zonas de frontera]. Nunca habíamos tenido un registro tan importante del cambio en el uso del suelo orientado al cultivo de coca como el que se está dando hoy en toda la cuenca alta, media y baja del río Putumayo”, sentencia Botero.

Carlos Alberto Gaitán, coordinador de Territorio, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que la protección de la Amazonía sólo se queda en el discurso político, pero que las acciones no se ven. “Este año la contaminación por mercurio en el río Putumayo ha avanzado mucho, al igual que la tala de árboles. Le hemos pedido al gobierno que de manera conjunta busquemos medidas para mitigar todo esto pero ‘no se han puesto las pilas’ [no han tomado acciones]”.

Gaitán asegura que en varios territorios amazónicos ya hay desplazamiento de las comunidades debido a la presión que ejercen los grupos armados y los grandes terratenientes. Este tema también le preocupa a Botero, quien asegura que hay resguardos indígenas que sufren por la deforestación, el aumento de carreteras y de ganado y por un “recambio poblacional”, es decir, la expulsión de los indígenas de sus territorios para que sean ocupados por colonos. “Eso es un tema gravísimo y hay que ponerlo a la luz, el recambio poblacional es dirigido por los armados en zonas de resguardos indígenas que están siendo destruidos. Algunos de los resguardos más afectados son Yaguará y Nukak”, comenta.

La gestión y conservación de las áreas naturales protegidas es otro tema donde el país deja enormes deudas en este 2024. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto publicaron en julio pasado un reportaje que muestra que los parques Alto Fragua Indi Wasi, Serranía de los Churumbelos y La Paya, suman cerca de 600 000 hectáreas con minería o cultivos de coca en sus territorios o en sus zonas de amortiguamiento. La minería de oro se convirtió en una opción económica para los habitantes de la cuenca del río Caquetá, desde San José de Fragua a Solano, además, a las orillas de este afluente y del Orteguaza las comunidades campesinas e indígenas viven un confinamiento parcial, debido a las disputas entre las dos principales disidencias de la guerrilla de las FARC.

A esto se suma el preocupante informe del Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023, presentado en octubre por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), que revela que el área sembrada con hoja de coca aumentó un 10 % entre 2022 y 2023, pasando de 230 000 hectáreas a 253 000. Una de las cifras más alarmantes es que el 48 % de esa superficie se concentra en parques naturales, territorios colectivos y zonas de reserva forestal.

La FCDS realiza constantes sobrevuelos y análisis de imágenes satelitales en la Amazonía, lo que les permite tener un panorama sobre lo que ocurre en la región. Botero menciona que en los últimos dos años “se hicieron añicos 25 años de trabajo de conservación y restauración en el parque La Paya, con la invasión que han promovido los Comandos de Frontera [una de las disidencias de las FARC]. Las cuencas de los ríos Caucayá, Mecaya, Senseya y Yurilla tienen procesos de invasión acelerada por el tema cocalero”.

En general, Botero indica que los parques ubicados en las cuencas alta, media y baja del Putumayo, como el parque Amacayacu, se han convertido en corredores de narcotráfico y minería ilegal. Además, dice que el 2024 ha sido el año donde se ha visto más minería a gran escala proveniente de Brasil en el parque Río Puré, y aunque destaca las acciones de gran magnitud que ha hecho el gobierno nacional, en alianza con Brasil, para enfrentar la minería ilegal en la zona, “al parecer hay otros incentivos para que la ilegalidad se mantenga allí, ya que el río Puré se ha convertido en ruta de tránsito para la coca y la marihuana que salen del departamento del Cauca”.

Durante el 2024, dice el director de la FCDS, continúa la extracción ilegal de oro y coltán en el parque Puinawai, donde ejercen control grupos armados como la Segunda Marquetalia y el ELN.

“En los parques Tinigua y Sierra de La Macarena no sólo continuaron los procesos de deforestación sino de fragmentación acelerada. Por su parte, Chiribiquete ha tenido una cierta estabilidad porque políticamente está en la mira de las mesas de diálogo, sin embargo, a partir del segundo semestre del año hemos visto una aparición consistente de cultivos de coca que vienen desde el río Guayabero y pasan por todo el borde noroccidental del parque”.

Julia Miranda, congresista colombiana y quien fue directora de Parques Nacionales durante casi 17 años, le dice a Mongabay Latam que hay muchos sitios del mundo donde las áreas protegidas prácticamente se cuidan solas, sin embargo, “en Colombia todas las áreas protegidas tienen diversas amenazas y requieren de la presencia de los guardaparques en su ejercicio como autoridad ambiental, pero también en su labor de construcción de confianza con las comunidades locales para lograr la protección de esas áreas”.

Es por eso que a Miranda le resulta muy grave que desde la pandemia de COVID19 los guardaparques de áreas protegidas como Chiribiquete, La Paya, Cahuinarí y Amacayacu hayan tenido que abandonar los territorios y aún no puedan retornar para cumplir sus funciones.

“No hay un control territorial por parte del Estado. Yo entré a parques en el año 2004 y veníamos de situaciones de orden público muy graves, pero ahora es peor porque se han multiplicado los grupos al margen de la ley”, asegura Miranda.

Lo desalentador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Una de las deudas de Colombia que se repite año tras año es el fracaso en la protección efectiva de líderes sociales, ambientales e indígenas.

El último informe de la organización Global Witness muestra que al menos 196 defensores del medio ambiente y de la tierra perdieron la vida en todo el planeta en 2023. En esta lista Colombia fue el país más letal con el 40 % de todos los casos que documentó la organización a nivel mundial.

“Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo el mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año”, indica el reporte. Del total de los crímenes cometidos en el país durante 2023, 31 corresponden a personas indígenas y seis de ellos pertenecían a comunidades de afrodescendientes.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) es una de las organizaciones que lleva registro de homicidios de líderes en el país y registró 162 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2024, una cifra levemente menor a la de 2023 cuando se registraron 172 asesinatos en el mismo periodo, pero igual de alarmante.

Por su parte, la organización Somos Defensores reveló a finales de noviembre su reporte de personas defensoras de los derechos humanos agredidas entre enero y junio de 2024, en el cual registró un total de 65 asesinatos.

Somos Defensores no sólo registra los asesinatos sino otro tipo de agresiones: amenazas, atentados, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones forzadas, robos de información, detenciones arbitrarias, violencia sexual, judicializaciones y torturas.

Al incluir todas estas variables, la organización registró 355 agresiones cometidas en contra de 318 personas. Esto se debe a que, en algunos casos, varias personas fueron víctimas de más de un tipo de agresión en un mismo hecho. En relación con el mismo período de 2023, el total de agresiones registradas mostró una disminución del 24 % (111 hechos menos).

“Esta situación puede estar marcada por la diferencia de contextos entre el primer semestre del 2023 y el del 2024, el año anterior los grupos armados estaban ingresando a los territorios, por lo cual, el ejercicio de la intimidación en las comunidades a través de la violencia selectiva y demostraciones de poder hizo que las agresiones incrementaran, y este año, se observa una consolidación en diferentes regiones por lo cual, cuando los actores armados se establecen se presenta una reducción en los hechos en contra de los liderazgos sociales, incluso por cambios en las estrategias para hacer presencia”, se lee en el documento.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, indica que esta disminución en las agresiones no puede verse como un avance en la protección de los líderes sino que responde a otras lógicas, como el hecho de que la fuerte presencia de los actores armados en los territorios genera un silenciamiento en las denuncias de las comunidades y las personas defensoras.

“Otra explicación a la reducción de agresiones es que puede haber una cooptación por parte de actores armados ilegales de algunos procesos y liderazgos, sustentada en la amenaza y el terror”, dice Torres.

La coordinadora de Somos Defensores asegura que sigue siendo muy preocupante la situación en departamentos como Cauca, Antioquia y Santander, y que repuntaron departamentos que habían tenido disminuciones en años anteriores como Bolívar y Norte de Santander. “Son territorios donde hay disputas de los actores armados que se están tratando de reorganizar y ejercer dominio frente a otros actores armados que están en esos territorios. También son zonas donde las comunidades tienen capacidad organizativa para hacer defensa a temas extractivos y por eso reciben más ataques”, dice.

Torres destaca que las comunidades indígenas continúan entre las más afectadas, porque enfrentan situaciones no sólo de conflicto con los grupos armados sino con los megaproyectos extractivos.

Carlos Alberto Gaitán, de la OPIAC, asegura que los grupos subversivos han ingresado en los resguardos irrespetando las normas de los pueblos indígenas e imponiendo las de ellos. “Como los indígenas no acatan las normas de los subversivos, estos los amenazan y por eso han tenido que abandonar sus territorios. Tenemos indígenas amenazados y hemos llevado esta preocupación al gobierno nacional, pero hasta ahora no ha habido acciones”, comenta.

Juliana Bravo, directora del Programa Amazonía de EarthRights International, comenta que en este 2024 también se ha fortalecido una problemática que ha tenido poca visibilidad. “Hay mucha migración de comunidades étnicas que están de un lado de la frontera, por ejemplo en Venezuela, y que llegan a Colombia pero no son reconocidos ni reciben una atención humanitaria prioritaria, por lo que quedan en riesgo al entrar en la dinámica compleja de un territorio donde hay grupos armados, economías ilegales y empresas que tienen intereses en la zona”.

Lo preocupante: falta de planeación y precaria atención de desastres

El 2024 estuvo marcado por eventos climáticos extremos. Entre los meses de enero y marzo, el país perdió más de 100 000 hectáreas de bosque debido al fuego. Sólo entre enero y febrero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registró 939 incendios.

En noviembre la situación cambió y las emergencias fueron por las intensas lluvias, al punto que el presidente Gustavo Petro declaró el desastre nacional ante la variabilidad climática. Los departamentos de Chocó y La Guajira estuvieron entre los más afectados. En el Chocó se reportaron más de 30 000 familias damnificadas y afectaciones en 27 de los 31 municipios del departamento. Por su parte, La Guajira, caracterizada por su clima árido, seco y de altas temperaturas, recibió en noviembre lluvias intensas que duraron más de 15 días y afectaron a más de 225 000 personas. Ocho de los 15 municipios de La Guajira fueron declarados en calamidad pública, entre ellos Riohacha, la capital.

En medio de todo este panorama la UNGRD, entidad encargada de atender las emergencias, se vio envuelta en denuncias por corrupción que iban desde sobrecostos por la compra de carrotanques o camiones cisternas para llevar agua potable a La Guajira, los cuales nunca se usaron, hasta manipulación de contratos para diversos fines. Su entonces director Olmedo López y su subdirector, Sneyder Pinilla, están investigados por la Fiscalía por celebración indebida de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad en documento y el presunto soborno a congresistas.

Julia Miranda asegura que lo que ocurre en la UNGRD es muy grave pues afecta la capacidad de la entidad para cumplir con su misión, porque Colombia es uno de los países más vulnerables a la crisis climática. “Los científicos han advertido sobre las sequías y las lluvias y a pesar de los diagnósticos, y cómo ha pasado tantas veces, la atención de esos temas es muy precaria. Esto sumado a las gravísimas situaciones de corrupción en la entidad”.

Miranda afirma que se tienen que tomar acciones de mediano y largo plazo que trasciendan los gobiernos de turno e insiste en que hay que escuchar a los científicos porque están generando información en tiempo real y con proyecciones. “Yo sí creo que falta planeación en la UNGRD y no puedo decir que falte plata porque, como vemos, hay mucha y se la roban”, asegura.

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez agrega que “se podría decir que no tenemos una Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres adecuada al creciente problema de los eventos climáticos extremos”.

Lo bueno: más participación ciudadana en temas ambientales

La Cop16 de Biodiversidad fue el evento ambiental más grande que se ha realizado en Colombia. Cali fue sede de las negociaciones bianuales del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, un evento que no logró cerrar debates importantes que se daban en las plenarias, como el procedimiento con el cual se recaudarán los fondos para proteger la biodiversidad mundial o los indicadores para hacer monitoreo de los planes de acción que propuso cada país para cumplir con las 23 metas del Marco Mundial Kunming Montreal. La COP16 quedó suspendida hasta el 25 de febrero de 2025, cuando se realice la reunión intersesional del CDB en Roma.

Aún así, el evento terminó con algunos logros importantes como la aprobación del “Fondo de Cali” para la Información de Secuencias Digitales (DSI, por sus siglas en inglés) sobre recursos genéticos. También se logró el reconocimiento de los afrodescendientes dentro del CDB y la creación de un órgano subsidiario para los pueblos indígenas y las comunidades locales dentro del convenio. Esto quiere decir que tendrán un puesto permanente en las negociaciones, el cual no dependerá de la voluntad de los gobiernos de turno.

A pesar de que este tipo de eventos reciben críticas internacionales porque las negociaciones no avanzan al ritmo que lo requieren la crisis mundial de biodiversidad y climática, algunos expertos consideran que fue una reunión positiva para Colombia porque Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia y presidenta de la COP16, influyó en que se aprobaran temas cruciales como la participación indígena y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes.

Otro punto positivo para Colombia fue el impulso que se le dio a la participación ciudadana en el evento, con una de las zonas verdes más grandes y mejor organizadas en la historia de las COP. En la denominada “COP de la gente” se esperaba la visita de 150 000 personas pero, según cifras oficiales del Ministerio de Ambiente, ingresaron cerca de un millón.

“Logramos una de las movilizaciones ambientales más grandes del país, con la inclusión de comunidades y pueblos de todo el mundo. Tan solo en la Zona Verde conseguimos un millón de visitantes, seis veces más de lo esperado. Más de 300 millones de pesos (cerca de 68 000 dólares) en ventas generadas por las casi 3000 economías de la biodiversidad que ofertaron productos y servicios de comunidades campesinas, afro y negocios verdes. Tuvimos cerca de 40 000 personas en diálogos académicos y se generaron más de 3000 empleos directos e indirectos”, aseguró Muhamad.

El exministro de Ambiente de Colombia, Manuel Rodríguez, resume el impacto de la COP16 para Colombia de la siguiente manera: “Lo más positivo es que se hizo la mayor campaña educativa en medio ambiente que ha tenido Colombia en su historia. De eso no me cabe la menor duda”.

*Imagen principal: Deforestación en el parque nacional Sierra de la Macarena, Colombia. Foto: Jorge Luis Contreras.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Pensando en el ambiente en Colombia y en las implicaciones geopolíticas que tiene su cuidado, decidí invitar a Silvana Mojica Moreno, presidente ejecutiva de la Fundación BioEntorno, para reflexionar sobre el trabajo que ha hecho el actual gobierno y los anteriores en favor del ambiente.

Silvana, Psicóloga y Magíster en Comunicación de la Javeriana de Bogotá, Especialista en Mercadeo Estratégico del CESA, y Abogada en Formación, ha dedicado su vida profesional a estos temas.

Sus reflexiones son invaluables y nos permiten pensar en otras maneras de cuidar la tierra.

Cada vez que pienso en el estado actual del medio ambiente en Colombia, no puedo evitar sentir una mezcla de preocupación y urgencia.

Nuestro país, conocido por su increíble biodiversidad, enfrenta desafíos ambientales que no podemos seguir ignorando.

Deforestación y Pérdida de Biodiversidad

Uno de los problemas más alarmantes es la deforestación. En 2022, perdimos aproximadamente 174,103 hectáreas de bosque, según el IDEAM.

Esta pérdida no solo afecta nuestra biodiversidad, sino que también contribuye al cambio climático y a la degradación de los ecosistemas. Es crucial que implementemos políticas efectivas de reforestación y conservación de nuestros bosques.

Contaminación del Agua y Cambio Climático

Otro tema crítico es la contaminación del agua. Aunque Colombia es rica en recursos hídricos, solo tratamos el 11% del agua utilizada, lo que resulta en ríos y suelos contaminados, especialmente por actividades mineras ilegales. Es imperativo fortalecer la regulación y el control de estas actividades para proteger nuestros recursos hídricos. Más información sobre este tema se puede encontrar en este informe de la UNAL.

El cambio climático también es una amenaza significativa. Hemos visto un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como inundaciones y sequías. Para mitigar estos efectos, debemos acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, como la energía solar y eólica, y promover prácticas agrícolas sostenibles. El Ministerio de Ambiente ha destacado la importancia de estas acciones.

Economía Circular y Protección de Ecosistemas

Además, necesitamos adoptar una economía circular para reducir la generación de residuos y promover el reciclaje y la reutilización de materiales. Aunque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha avanzado en la implementación de esta política, se requiere un mayor compromiso y participación de todos los sectores de la sociedad. Puedes leer más sobre estos avances en el sitio del Ministerio.

Finalmente, la protección de ecosistemas estratégicos como la Amazonía y los océanos es fundamental.

La reciente designación de Colombia como sede de la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica es una oportunidad para fortalecer nuestras estrategias de conservación y promover la paz con la naturaleza. Más detalles sobre este evento están disponibles en el sitio de WWF.

Silvana nos habla de su labor y gestión, y de cómo su trabajo no solo se centra en el ambiente, sino que también ha favorecido a familias enteras y madres cabeza de hogar recicladoras.

En el futuro, espero poder hablar más sobre su maravilloso trabajo con las abejas angelitas y otras iniciativas que promueven acompañamientos sociales efectivos. Personajes como Silvana son fundamentales para el país, ya que nos muestran alternativas viables y efectivas para la protección del medio ambiente y el desarrollo social.

Para conocer a profundidad todas sus reflexiones, no se pierdan la entrevista en video.

Colombia tiene el potencial de ser un líder en sostenibilidad ambiental, para lograrlo, necesitamos un compromiso firme y acciones concretas. La protección del medio ambiente no es solo una cuestión de conservación, sino también un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y el bienestar de las futuras generaciones.

Nota Final

Ya saben que soy escribidora y mujer de este tiempo. El trabajo escritural para darles a conocer mi mirada sobre los temas es apoyado por la IA. Hago esta clarificación para los dueños de la moral de las letras que siguen insistiendo en resistirse a usar una herramienta que nos permite mejorar nuestra capacidad de plasmar en letras lo que muchas veces en palabras, por razones de tiempo, afanes, etcétera, etcétera, no decimos de la mejor manera.

La IA es como la máquina de coser para quien hace ropa.

Eso es todo.

Al 2030, los países deben lograr la reducción y eliminación de la contaminación plástica. Ese fue el compromiso que adoptaron 196 países durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP) 15, que se realizó en diciembre de 2022 y en la que las naciones suscribieron el Marco mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica.

El acuerdo busca reducir la actual pérdida de biodiversidad y para ello se plantearon cuatro objetivos a cumplir hasta el 2050 y 23 metas que los países firmantes deberán concretar a más tardar en el 2030. Reducir la contaminación por plásticos es la meta número 7.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Peor aún, en el 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estimó que la producción de plásticos, que actualmente es de 400 millones de toneladas al año, se podría triplicar en los próximos 40 años, si no se toman medidas al respecto.

¿Cómo han avanzado los países en el cumplimiento de la meta 7? Eso es lo que deberán responder en la próxima COP16 que se realizará en octubre en Cali, Colombia y en la que deberán presentar sus estrategias y planes de acción para cumplir con las 23 metas.

27 países latinoamericanos han elaborado normas

Sólo en el 2020, 3,7 millones de toneladas de desechos plásticos procedentes de América Latina entraron al océano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

“Nosotros siempre vemos el producto como tal, pero también lo que se está abordando (en la meta 7) es la composición de ese producto. En la producción de plásticos hay químicos de preocupación, los cuales, una vez en el ambiente, se convierten en un riesgo de contaminación para la vida marina y la salud humana”, explica Alejandra González, coordinadora de política de plásticos para América Latina y el Caribe de WWF.

Los países de América Latina y El Caribe han intentado dar un primer paso para enfrentar la contaminación de plásticos que invade la región a través de iniciativas ciudadanas, actividades de organizaciones privadas y elaborando políticas y normas.

De hecho, un informe del PNUMA reveló que 27 de los 33 países de América Latina y El Caribe han elaborado normas nacionales y locales para la reducción, prohibición o eliminación de los artículos plásticos de un solo uso — como bolsas de compra, botellas, pajillas o popotes, paquetes, entre otros— que son los que abundan en los océanos.

Algunos de ellos son Argentina, que desde el 2019 estableció lineamientos nacionales para abordar la problemática de los plásticos y su impacto en los cuerpos de agua y asimismo en el medio ambiente; Brasil que tiene un Plan Nacional de Lucha contra la Basura en el Mar; Colombia que también cuenta con un Plan Nacional para la Gestión Sostenible de los Plásticos de un Solo Uso; y Chile que fue el primero en Sudamérica en prohibir el uso de bolsas de plástico en el 2018, y que en el 2021 decretó la Ley de Plásticos de un Solo Uso.

Recientemente, Perú publicó el proyecto de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENDB) al 2050, en la que se alinea la Política Nacional del Ambiente al 2030 y las metas del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

En su meta número 10, la ENDB plantea que al 2030 “el 30% de los residuos sólidos, incluyendo plásticos que impactan en los ecosistemas más vulnerables, deberán estar gestionados por las entidades competentes”. Para ello se dispone la elaboración de instrumentos de inversión para la gestión integral de residuos sólidos y/o recuperación de áreas degradadas por dichos residuos. También se pide la capacitación técnica para mejorar la fiscalización de la disposición inadecuada de los residuos sólidos en los gobiernos locales y proyectos de inversión pública para el tratamiento y reuso del plástico.

“Las normas no son suficientes”

“En la última década se han incrementado las iniciativas, tanto de gobiernos como de sector privado de carácter voluntario, y esto es un avance”, dice González. Sin embargo, agrega que estas medidas no bastan para cumplir con la meta de eliminar la contaminación de plásticos propuesta en el Marco Mundial Kunming-Montreal.

“En la región hay países que han empezado regulaciones como prohibiciones de ciertos artículos plásticos, pero estas son fragmentadas, lo que ha causado que si bien hay esfuerzos nacionales, la respuesta sea también fragmentada. No es suficiente porque el problema es transfronterizo y los esfuerzos que hace un país no evita que a las costas terminen llegando productos plásticos de otros países”, comenta González.

De igual manera, Daniela Durán, defensora Legal Senior del Centro de Derecho Internacional Ambiental (CIEL), considera que el avance que han presentado los países a nivel global y regional es muy limitado respecto a la reducción de la contaminación por plásticos. Esto se debe, señala, a que no se está entendiendo la gravedad del problema. “Históricamente ha habido una percepción de que la contaminación por plásticos es la basura que termina en los océanos, pero hoy sabemos por la evidencia científica que va mucho más allá de la basura y la gestión de residuos sólidos. Los niveles de plásticos que producimos hoy nos están exponiendo a más de 16 000 tipos de químicos diferentes, la mayoría tóxicos para la salud humana”, indicó.

La experta de CIEL asegura que los países de la región han priorizado dos puntos en sus políticas públicas: el reciclaje y la prohibición de los plásticos de un solo uso. Sin embargo, considera que ambos esfuerzos son insuficientes porque no abordan el impacto real de la producción de plásticos. “Ya no estás poniendo plástico en las bolsas, en los pitillos, en los cubiertos, pero ese plástico se está yendo a otras aplicaciones, por ejemplo, hay un mercado creciente de las flores y plantas artificiales de plástico”, comenta.

Además, existen casos en que las normas han quedado, finalmente, sin resultados concretos. Tal es el caso de Perú que, en diciembre del 2018, estableció un marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido (conocidos como tecnopor). Sin embargo, pese a que la norma tuvo algunos resultados positivos en el 2019 (se redujo en un 30% el consumo de bolsas plásticas en el país), la falta de los reglamentos técnicos ha desacelerado la eficacia de la ley.

Incluso ahora, tras la publicación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, todavía están pendientes pasos importantes para alcanzar logros concretos. Juan Carlos Riveros, Director Científico de la ONG Oceana, asegura que la Estrategia muestra que “hay un interés del Ministerio del Ambiente por poner documentos marco de regulaciones a futuro. Sin embargo, hay regulaciones que aún no se concretan, que son ordenanzas regionales y locales. Además falta presupuesto y liderazgo para las políticas”, comenta. En resumen, dice, “diría que no estamos mal, pero no es lo suficiente”.

Para lograr sortear el inconveniente de la fragmentación que comenta González, en marzo del 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas puso sobre la mesa la preocupación mundial por los efectos catastróficos de la contaminación de productos plásticos y estableció el diseño de un Tratado Global de Plásticos. Tal como refiere la experta de WWF, este instrumento se planteó ante la urgente necesidad de incluir todo el ciclo de vida de los plásticos y que los países aborden la reducción de la contaminación desde una mirada transfronteriza.

Se espera que en noviembre de 2024 los países miembros de la Asamblea se reúnan para concluir el tratado y diseñar el instrumento jurídico en consenso.

Las redes de pesca, el plástico más letal

Uno de los contaminantes más peligrosos de los océanos son las redes de pesca ya que, cuando son abandonadas accidental o intencionalmente en el mar, continúan generando un impacto en la fauna marina —algunas durante décadas— aunque nadie las recoja. “Son los desechos plásticos más perjudiciales para los animales marinos”, considerando que a nivel mundial “el 66 % de los mamíferos marinos, el 50 % de las aves marinas y 100 % de las especies de tortugas marinas se han visto afectados por ellas”, señala un informe de WWF que reúne información de diversos estudios científicos publicados y reportes oficiales de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En Perú, de manera aislada, algunos municipios y ONG han iniciado campañas con los pescadores para concientizarlos sobre el uso de estas redes. “En el norte se está trabajando una estrategia de reducción de uso de redes. Se les pide a los pescadores que las cuenten y que las depositen en un lugar para que sean procesadas o llevadas a algún lugar de reciclaje”, cuenta Riveros. “También hay un acuerdo con operadores turísticos para que si ven a un animal varado o atrapado con mallas de pesca, vaya un grupo de personas entrenadas para liberar al animal”, agrega el especialista.

Este problema, que ha sido alertado a nivel mundial, será incluido dentro de los temas a analizar en el Tratado Internacional de Plásticos. Según González, se han discutido tres principales acciones para enfrentarlo: plantear a los países cómo se pueden diseñar redes de una mejor forma (con otros materiales), cómo hacer una trazabilidad de ellas y cómo se pueden recuperar para que no se descarten en el medio marino.

La especialista de WWF destaca que los objetivos planteados hasta el momento en el Tratado Internacional de Plásticos podrían permitir a los países cumplir con la meta 7 del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, que propone la reducción y eliminación de la contaminación plástica. “Los estados de las Naciones Unidas decidieron crear un nuevo documento jurídico vinculante sobre plásticos con el que se podrá cumplir con la meta 7 del Marco Mundial. Este tratado tiene que abordar todas las etapas del ciclo de vida de los plásticos y ver las medidas de prevención sobre esta contaminación, ya que no las tiene actualmente ningún instrumento”, agrega.

Debido a la importancia y urgencia del Tratado Internacional de Plásticos, los países miembros se han reunido hasta en cuatro ocasiones para discutir sobre la elaboración del instrumento jurídico que tendrá carácter vinculante. Sin embargo, tras la última reunión en Canadá ha surgido una alerta: la presencia de lobistas de la industria química y de combustibles fósiles en las sesiones.

Los intereses de estas industrias podrían obstaculizar el avance del tratado, tal como lo han denunciado algunos especialistas. Por ejemplo, uno de los primeros puntos que no ha sido incluido en las reuniones por ser considerado controversial es el de la reducción de la producción del plástico de un solo uso. Se espera que en la próxima sesión, que se realizará en noviembre en Corea del Sur, los países puedan ignorar las presiones y logren incluir los temas que prioricen la biodiversidad en el tratado.

Daniela Durán afirma que la COP16 será un evento crucial para el futuro del tratado ya que en ella habrá dos reuniones de alto nivel de los ministros de los países miembro, para lograr un acuerdo político que sirva como marco para la última ronda de negociaciones. En este acuerdo, señala, se deberá evidenciar la compatibilidad de los objetivos del tratado con la meta 7 del Marco Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París. “Esperamos que los ministros no pospongan la decisión de atender controlar la producción de plásticos y que se comprometan a dar resultados concretos ahora”, agrega. Durán asegura que de no lograrse un acuerdo político para concretar el tratado sería “imponernos una sentencia de muerte”, ya que no sería posible  cumplir con las metas del Acuerdo de París, ni con las del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica y se estaría “poniendo en riesgo nuestra salud”.

* Imagen principal: El plástico llega como desecho al mar y tardan siglos en degradarse. Foto: UNEP.

El artículo original fue publicado por Lourdes Fernandez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los 196 países que forman parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) tendrán que rendir cuentas. Por lo menos, eso es lo que se espera que suceda durante la Conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16) que se realizará en Cali, Colombia, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024.

Casi la totalidad de las naciones del planeta han ratificado el CDB, eso lo convierte en uno de los acuerdos internacionales más universales en materia de medio ambiente. Además, la COP16 genera mucha expectativa, ya que es la primera que se realiza después de que se adoptó el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal en 2022, el cual establece una hoja de ruta estratégica para la conservación y gestión sostenible de la biodiversidad global hasta el año 2030.

En el Marco Global se plantearon 23 metas para atender el enorme problema de la crisis de biodiversidad que enfrenta el planeta, debido a factores como la pérdida de hábitats, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales.

Los reflectores están puestos sobre la ciudad de Cali, porque es allí donde los países deberán presentar sus Planes de Acción y Estrategias Nacionales para la Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), en los que deben informar cómo cumplirán con las metas que suscribieron hace dos años en la COP15 realizada en Montreal, Canadá.

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Las 23 metas y los planes de acción de biodiversidad

Las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal se dividen en tres secciones. Las primeras ocho tienen como objetivo reducir las amenazas a la biodiversidad. Entre ellas están que, para 2030, al menos el 30 % de las áreas terrestres y de aguas continentales y al menos el 30 % de las áreas oceánicas del mundo estarán protegidas y gestionadas de manera efectiva y equitativa, contando con la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y que al menos un 30 % de las zonas de ecosistemas terrestres, de aguas continentales, costeros y marinos degradados estén siendo objeto de una restauración efectiva.

También se pretende adoptar con urgencia medidas de gestión para la recuperación y conservación de las especies, en particular, especies amenazadas; conseguir que el uso, la recolección y el comercio de especies silvestres sea sostenible, seguro y lícito; eliminar y reducir al mínimo las especies exóticas invasoras, así como reducir al mínimo los efectos del cambio climático y la acidificación de los océanos en la diversidad biológica.

Las metas 9 a la 13 tienen como fin satisfacer las necesidades de las personas mediante la utilización sostenible de la biodiversidad. Allí destacan temas como la gestión sostenible de especies silvestres en beneficio de las personas; mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad en la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura, y aumentar los espacios verdes y la planificación urbana.

Las metas 14 a la 23 plantean herramientas y soluciones para la implementación del Marco Global. En este grupo están, por ejemplo, integrar la biodiversidad en la toma de decisiones en todos los niveles; que las empresas evalúen, divulguen y reduzcan los riesgos e impactos negativos a la biodiversidad; garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones y acceso a la justicia y a la información relacionada con la biodiversidad, y movilizar 200 000 millones de dólares anuales para la biodiversidad, incluidos 30 000 millones de financiación internacional.

El Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal deberá cumplirse al año 2030 y reemplaza las 20 Metas de Aichi adoptadas en 2010 durante la COP10 celebrada, precisamente, en Aichi, Japón. Estas metas formaban parte del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020. Sin embargo, la Secretaría del CDB concluyó, en 2020, que el mundo no alcanzó ninguna de las Metas de Aichi y que sólo seis de ellas se lograron parcialmente (9, 11, 16, 17, 19 y 20).

Una de las principales preguntas que surge ahora es, ¿qué se hará para que no ocurra lo mismo con el Marco Global que se aprobó en Montreal?

Expertos del World Wildlife Fund (WWF), The Nature Conservancy (TNC) y el Instituto Alexander von Humboldt en Colombia, creen que el nuevo Marco Global trató de incluir las lecciones aprendidas con las Metas de Aichi.

Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, comenta que “cuando se adoptaron las Metas de Aichi no existían mecanismos de reporte, monitoreo, verificación y cumplimiento de los compromisos. Lo que se hizo en Montreal fue adoptar muchos elementos de la discusión que se ha tenido en las agendas de clima, y así se adoptó un mecanismo con indicadores para hacer el monitoreo y un mecanismo que permita evaluar el cumplimiento de las metas. Todo esto para poder incrementar la ambición”.

Barrera menciona que en este 2024 los países tienen que entregar sus NBSAP y discutir temas que quedaron pendientes en 2022, sobre el marco de monitoreo que se usará para verificar el cumplimiento de esos planes de acción. “Para que no nos pase como con las Metas de Aichi”, enfatiza.

La entrega y análisis de los planes de acción es quizás la principal tarea en la COP16. Hay plazo para entregarlos hasta el inicio de la conferencia, pero hasta el momento sólo 16 de 196 países han entregado sus actualizaciones ante la Secretaría del CDB. El mismo Colombia, país sede de esta reunión internacional, aún no ha entregado la actualización de su plan, aunque la ministra Susana Muhamad ha dicho que se presentará antes del evento y desde hace varios meses se realiza un extenso programa de socialización y participación de la propuesta.

“Esta es una COP con un enfoque más de implementación y acción, donde lo que se requiere es una toma de decisiones que generen unas condiciones habilitantes para la implementación de ese Marco Global de Biodiversidad que se que se aprobó en la COP anterior (COP15 en Montreal)”, dice Catalina Góngora, líder de Política Pública en TNC Colombia.

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Participación de pueblos étnicos y financiamiento de la biodiversidad

Góngora menciona que en la agenda de decisiones durante la COP16 hay varias temáticas centrales, pero destaca la adopción del Programa para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Este programa entraría a desarrollar el artículo 8J que se fijó en 1992, en el documento que dio origen al Convenio sobre la Diversidad Biológica.

“Se espera adoptar un marco programático que reconozca el conocimiento tradicional de las comunidades en la gestión de la biodiversidad. Las comunidades étnicas también solicitan el reconocimiento de un cuerpo subsidiario para ellos, para poder participar más activamente en la Convención”, comenta.

Este es uno de los temas sobre los que más ha hablado la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad: “En la COP16 se va a decidir la aprobación del plan de trabajo para los próximos 10 años para pueblos indígenas y comunidades locales. Si llegamos a un acuerdo en la COP16, esto implica cómo los gobiernos van a apoyar el trabajo de los pueblos indígenas, sus territorialidades y sus derechos, precisamente para que sean actores fundamentales en el cuidado de la diversidad biológica”.

Muhamad también comenta que los pueblos étnicos tienen dos aspiraciones: tener un cuerpo subsidiario permanente en la convención, es decir, quieren ser un organismo reconocido de forma permanente, lo que les dará más capacidad política de influencia, y tener acceso directo a recursos internacionales que se destinen para ese plan de trabajo.

Luisa Forero, oficial de Política y seguimiento Legislativo de WWF Colombia, menciona un segundo tema crucial en la COP16 y es el aumento de la financiación. “Se espera que la conferencia impulse la movilización de recursos financieros significativos para la implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad a nivel nacional e internacional”.

Para Forero, esto es vital para algunas metas como la 14, que busca integrar la biodiversidad en la toma de decisiones; la meta 15 que pretende que las empresas evalúen, divulguen y reduzcan los riesgos e impactos negativos a la biodiversidad; la meta 18 que busca eliminar gradualmente los incentivos, incluidas las subvenciones perjudiciales para la diversidad biológica en al menos 500 000 millones de dólares al año para el 2030, y la meta 19 —objetivo financiero por excelencia del Marco Kunming Montreal— la cual propone movilizar 200 000 millones de dólares anuales para la biodiversidad, incluidos 30 000 millones de financiación internacional.

“Esperamos que haya compromisos ambiciosos en términos del financiamiento para el fondo global de biodiversidad”, dice Ximena Barrera.

El fondo al que se refiere Barrera también se creó en el Marco Global Kunming-Montreal y busca proporcionar recursos a los países en desarrollo para ayudarlos a cumplir con sus compromisos de conservación, lo cual es crucial porque muchas de las regiones con mayor biodiversidad del mundo se encuentran en naciones con recursos económicos limitados. El fondo también busca incentivar prácticas de conservación efectivas mediante la financiación de proyectos que protejan ecosistemas y especies en peligro, promuevan el uso sostenible de los recursos naturales y fomenten la restauración de hábitats degradados.

Góngora menciona que hay mucha discusión sobre si este fondo permanecerá o no, pero hasta el momento la conversación se ha centrado en dejarlo funcionar hasta la COP17, cuando se debe presentar un primer informe de avance de cómo van los países en la implementación del Marco, “y dependiendo de eso evaluar si el mecanismo financiero funciona o se requieren otras medidas”.

El financiamiento, coinciden los expertos, es un tema transversal para lograr el cumplimiento de las 23 metas, debido a la significativa brecha entre el gasto actual en la conservación de la biodiversidad y las necesidades estimadas.

Forero destaca que, según datos de 2019, el gasto actual en conservación de la biodiversidad oscila entre 124 000 millones y 143 000 millones de dólares por año, mientras que las necesidades totales estimadas para la protección de la biodiversidad se sitúan entre 722 000 millones y 967 000 millones de dólares por año. “Esto deja una brecha actual de financiamiento para la biodiversidad que va desde los 598 000 millones hasta los 824 mil millones de dólares anuales”.

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Agenda climática, monitoreo e información genética

Los expertos esperan que en Cali también se aborde la articulación de las agendas de clima y biodiversidad. Se espera que los países reconozcan la estrecha relación entre la biodiversidad y el cambio climático, buscando soluciones integradas que aborden ambas problemáticas de manera conjunta.

“Aunque la Conferencia de las Partes (COP) sobre el cambio climático (CMNUCC) y sobre biodiversidad (CDB) tienen sus propios espacios de negociación, es importante reconocer las sinergias”, menciona Luisa Forero.

El marco de monitoreo que se adoptó en Montreal durante la COP15 es otro de los temas prioritarios de negociación. Con él se quiere asegurar que los países puedan evaluar su desempeño en la implementación de las estrategias de conservación de la biodiversidad y ajustar las políticas si es necesario. Allí, dice Catalina Góngora, quedó pendiente por definir algunos indicadores para que permitan hacer la evaluación y es necesario que ese tema se aborde en Cali.

Forero también incluye entre las prioridades de negociación un tema científico y bastante complejo, pero no menos importante: poner en funcionamiento un mecanismo multilateral sobre el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de la información de secuencias digitales sobre recursos genéticos.

En palabras un poco más simples, esto se refiere a la información genética obtenida de secuencias moleculares de ADN, ARN, proteínas u otras estructuras biológicas que se pueden almacenar, analizar y compartir en formato digital sin necesidad de acceder físicamente al material biológico original.

Catalina Góngora incorpora un último tema en el listado de asuntos prioritarios a negociar. Para ella, es vital plantear una estrategia a largo plazo para la integración de la biodiversidad en diferentes sectores. “Este es uno de los puntos clave, pues no se trata sólo de proteger sino también de cómo negociamos y cambiamos la forma en que producimos y consumimos, pues esto es lo que, en buena medida, nos ha llevado a pérdidas de biodiversidad”, afirma.

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“La COP de la gente y la paz con la naturaleza”

La COP16 que organiza el gobierno colombiano en Cali tiene como lema “Paz con la naturaleza”. El país sudamericano quiere establecer esta temática como eje transversal de todas las reuniones y eventos que se realizarán durante las dos semanas de negociaciones.

“En Colombia, la Paz con la Naturaleza significa recuperar los procesos históricos de los territorios y las luchas sociales, incluyendo a las comunidades, en la búsqueda de una convivencia armónica con el ambiente”, explica la ministra Susana Muhamad, y añade que la biodiversidad del país y la diversidad cultural son clave para dignificar los territorios y construir la paz, empoderando a las comunidades en alianza con el Estado.

“No sé si la paz con la naturaleza será altamente negociada, pero sí se espera que haya una declaración y una alianza o coalición en torno al tema”, comenta Catalina Góngora.

El gobierno de Colombia ha dicho públicamente que quiere llevar la COP no sólo a los líderes políticos y representantes de los países parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, sino acercar la biodiversidad a los diversos sectores de la sociedad civil, academia y grupos étnicos. La ministra Susana Muhammad ha reiterado en diferentes ocasiones que esta será “la COP de la gente”. Por eso, Cali contará con dos espacios de eventos: la Zona Azul y la Zona Verde.

La Zona Azul tendrá como sede al Centro de Eventos Valle del Pacífico, a las afueras de Cali. Este sitio es gestionado por Naciones Unidas y el acceso está limitado a personas acreditadas oficialmente, como delegados de los países, negociadores, personal de la ONU, organizaciones intergubernamentales y algunas organizaciones no gubernamentales con estatus de observadores oficiales. Allí se darán las negociaciones oficiales, reuniones plenarias y sesiones de trabajo.

La Zona Verde está abierta al público y es gestionada por el gobierno colombiano. La sede será el histórico Bulevar del Río, en el centro de la ciudad. En este sitio puede participar una variedad más amplia de asistentes, como ONGs, empresas, estudiantes, activistas y público en general. En este espacio habrá eventos paralelos, exposiciones, actividades educativas, presentaciones y debates que involucran a la sociedad civil.

Los expertos insisten en que el tema del financiamiento y la participación activa de la gente son dos de los grandes retos de eventos internacionales como la COP de Biodiversidad.

Laura Forero asegura que más allá de las metas inmediatas del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, el panorama apunta hacia la necesidad de una reforma del sistema financiero global. “Aunque el mensaje sobre la urgencia y necesidad de esta reforma es claro, quedan muchos aspectos por definir, lo que añade una capa adicional de complejidad al ya difícil ambiente político internacional en torno a la financiación de la biodiversidad”.

La oficial de Política y Seguimiento Legislativo de WWF Colombia también comenta que es importante fortalecer capacidades y gobernanza en las comunidades locales, ya que su participación activa es crucial para el éxito de las políticas de conservación. Sin embargo, asegura que “garantizar la inclusión de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales puede generar resistencia y conflictos”.

*Imagen principal: La gobernadora del Valle, Dilian Frnacisca Toro, la ministra de Ambiente Susana Muhamad, la vicepresidenta Francia Márquez y el alcalde de Cali Alejandro Eder (derecha). Foto: MinAmbiente Colombia.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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