Citados a las siete de la mañana del domingo por el Icfes, muchos tuvieron que viajar el día anterior con acudientes y hospedarse en casas de familiares o en hoteles económicos.

Además de pagarle $72.000 al Icfes por concepto de inscripción, las familias asumen (con mucho esfuerzo y en algunos casos con apoyo de los colegios) gastos de transporte intermunicipal y urbano, almuerzos y hasta dos noches de hotel.

¿Por qué hacen todo esto si no es obligatorio? Porque son estudiantes que quieren ingresar a la universidad y se esfuerzan en la preparación de Saber 11, que les espera el 26 de julio.

Presentar PreSaber del Icfes es realizar el simulacro más real posible de Saber 11, un ejercicio habitual en colegios de alto rendimiento en las ciudades.

Estos estudiantes pilos, determinados y esforzados, hacen parte desde grado octavo del programa de Semilleros de Becarios U de la Fundación Color de Colombia.

Muchos otros pilos de los semilleros no lograron inscribirse en diciembre y enero ante el Icfes, pero harán simulacro virtual en la plataforma Puntaje Nacional, luchando contra los problemas de conectividad.

Algunos lograron inscribirse ante el Icfes (vendiendo boletas de una rifa colectiva), pero no reunir las condiciones para viajar, con lágrimas de frustración.

Otros viajaron solos para ser recogidos por familiares. Múltiples pequeñas historias de formación del carácter y la determinación de buscar un futuro mejor.

Y muchas muestras de amor filial y compromiso de padres y madres con sus hijos, esperanza de la familia.

• De los municipios de El Paso, Tamalameque, Chimichagua y Chiriguaná viajaron a Valledupar, Cesar.

• De Zona Bananera y El Retén viajaron a Santa Marta, Magdalena.

• De Santiago de Tolú y San Onofre viajaron a Sincelejo, Sucre.

• De Moñitos y San Bernardo del Viento viajaron a Montería, Córdoba.

• De María La Baja y Mahates viajaron a Cartagena, Bolívar.

• De corregimientos de la ciudad a Riohacha, La Guajira.

• De corregimientos y colegios de la ciudad a Cartagena, Bolívar.

Pilos del Magdalena

Del municipio de Zona Bananera:

• Sheiry Roxana Cantillo Velásquez, IE de Tucurinca
• Luis Santiago Villar Montero, IED Ciudad Perdida
• Felipe Hereira Pinto, IED Ciudad Perdida
• Jhon Jairo Noel Mercado, IED Humberto Velásquez García
• Branis Yasuri Aparicio Berrío, IE Soplador.

Del municipio de El Retén:

• Silvana Tocora Borrero, IED Roque de los Ríos Valle
• Sonia Sofía Mercado Rodríguez, IED San Juan Bautista
• Alexis Manuel Sánchez Barrios, IED San Juan Bautista
• Clara Michell de Orta Moreno, IED Roque De Los Ríos Valle

Pilos de Bolívar

Del municipio de María La Baja:

• Taliana Sofía Terán Vanegas, IE Rafael Uribe Uribe
• Isaac David Rocha Carrillo, IE San Luis Beltrán
• Ramón Andrés Julio González, IE Técnica Agropecuaria Nueva Florida
• María Camila Chiquillo Flórez, IE Técnica Agropecuaria Nueva Florida
• Johandry Carolina Cantillo Santos, IE Rafael Uribe Uribe
• Nailin Carolina Gutiérrez Fernández, IET Acuícola San Francisco de Asís
• Isabel Sofia Herrera Noreña, IE Técnica Agropecuaria Nueva Florida
• Jesús David Soto Moreno, IE Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural

Del municipio de Mahates:

• Quiliar Daniel Herrera Pimientel, IE de Evitar
• Cristiana de Jesús Atencio Orozco, IE Camilo Torres
• Yarlis Cecilia Calderón Yepes, IET Agropecuaria Ezequiel Martelo
• Lindys Neleidys Julio Herrera, IE Camilo Torres
• Lina Marcela Arrieta Polo, IE de Evitar

De Cartagena:

• Noelis María Babilonia Martínez, IE de Bayunca
• Sandy Fonseca, Liceo Bolívar
• Cristina Arellano, I.E nuestra Señora del Carmen

Pilos del Cesar

• Nataly Castro Avendaño, IE Técnica Agroindustrial Octavio Mendoza Durán, El Paso
• Sharik Nicolle Córdoba Castilla, IE Conalpa, El Paso
• Yuranis Andrea Rivera Nevado, IE El Carmen, El Paso
• María José Suárez Guerra, IE Conalpa, El Paso
• Rosalba María Camacho Álvarez, IE San José Soledad, Chimichagua
• Amir Julian Porras Trespalacios, IE Octavio Mendoza Duran, El Paso
• Leamis Patricia Palomino Rangel, IE San José Soledad, Chimichagua
• Nataly Bustos Bonet, IE Agropecuaria Luis Felipe Centeno, Chiriguaná
• Jesús David Sánchez Sánchez, IE Aníbal Martínez Zuleta, Tamalameque
• Esteban David Robles Castro, IE Aníbal Martínez Zuleta, Tamalameque
• José Eduardo Vanegas Castilla, IE Técnico José Celestino Mutis, Guacoche, Valledupar
• Miguel Ángel Rodríguez, IE Benito Ramos Trespalacios, de El Paso
• Andrea li Villarreal Tejeda, IE la Inmaculada, Chimichagua

Pilos de Sucre

Del municipio de Santiago de Tolú:

• Gabriela Padilla Ríos, IE Técnica José Yemail Tous
• Isaura Sofia Berrío Cermeño, IE Técnica José Yemail Tous
• Emmanuel Martínez Barragán, IE Técnica José Yemail Tous
• Luisa Fernanda Solar Bohórquez, Liceo Pedagógico Los Ángeles
• Antero Tomás Arias Mendoza, Liceo pedagógico los ángeles

Del municipio de San Onofre:

• Ronaldo Bello Álvarez, IE Aguas Negras

Pilos de Córdoba

• Natalia Doria Castro, IE Obdulio Mayo Carpeta, Moñitos
• Aliska Carielys Corredor Silgado, IE José Manuel de Altamira, San Bernardo del Viento.
• Johelys Paola Padilla Palencia, IE Perpetuo Socorro, Moñitos

Pilos de La Guajira

• Luz Elisa Quintero Amaya, IE San Juan Bautista de Cotoprix, Riohacha
• Zaide Carolina Godoy Martínez, IE Luis Antonio Robles, Camarones
• Elisaray Pinedo Amaya, IE San Juan Bautista de Cotoprix, Riohacha
• Jhon Mario Redondo Morales, IE Rural Miguel Pinedo Barros, Dibulla

Trazador misional de esta publicación:

En su línea estratégica, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grado octavo para ayudar a la preparación de aspirantes a becas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas).

En Icesi participarán en “Hora con gerentes”, un encuentro inspiracional con nueve gerentes afrocolombianos:

• Agrícola de Ingenio Manuelita: Luis Guillermo Amú
• Jefe de planta de Pavco de Occidente: Rodrigo Abonía
• de la exportadora Dimel Ingeniería: Jorge Isaac Mosquera
• exgerente de Sociedad Portuaria de Buenaventura: Victor Julio González
• de la firma internacional Posso Sports: Luis Felipe Posso
• de ESE SurOriente: Hugo Ezequiel Perlaza
• de Hospital de Santander de Quilichao: Carlos Gabriel Gutiérrez
• de IPS Humanizarte: Yohanna Balanta
• exscretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Cali: Mabel Lara

El encuentro será instalado por Alejandro Domínguez, director de Mercadeo Institucional de Icesi, en representación del rector, Esteban Piedrahita.

Lea también: Gerentes afros visitan @Icesi para hablar con estudiantes

Los pilos del Semillero del norte del Cauca vienen de un proceso desde grado octavo con el propósito de fortalecer o complementar el desarrollo de una mentalidad de crecimiento, competencias cognitivas, valores de excelencia y de servicio, habilidades del carácter y socioemocionales, y capacidades ejecutivas para un proyecto de vida universitario y de movilidad social.

Con las visitas guiadas a universidades acreditadas (en la segunda inmersión estarán en UniValle) se busca que tengan una aproximación a:

• La oferta de pregrados
• Las opciones de becas
• Las posibilidades de movilidad académica
• Recorrido el campus

Previamente, han realizado el test de orientación vocacional Proyecta-T del Ministerio de Educación.

En la mañana estarán en ICESI, donde almorzarán y serán saludados por ganadores de becas empresariales e institucionales, y en la tarde tendrán la experiencia en la Universidad Javeriana.

Pilos del Semillero de Becarios U de norte del Cauca e invitados de Puerto Tejada

29 estudiantes de grado 11 destacados académicamente de tres municipios y siete instituciones educativas.

De Puerto Tejada, cuatro colegios:

• IE Fidelina Echeverry (8): Einer Alexander Candelo Saa, Georgelis Nailet Vásquez Valencia, Karol Vivian Brand Larrahondo, Keruv Isabella Arteaga Candelo, María José Paz Rengifo, Víctor Manuel Hualpa Guerrero, Leidy Alexandra Torres Arboleda, Juan David Chara Valencia.

• IE Ana Silena Arroyave (5): Jhoan Sebastián Loboa Ramírez, Juan Sebastián Valencia Briche, Meily Tatiana Valencia López, Sara Sofía Gómez Rengifo y Yoridel Tatiana Carabalí Chaguendo.

• Colegio Evangélico Ebenezer (3): Laura Nicolle Mina Cosme, María José Perlaza Salazar y Paula Andrea Hurtado Delgado.

• Colegio Comfacauca (2): Luna Jahely Estupiñán Uzuriaga e Isabel Sofía Narváez Chacón.

De Villa Rica (Cauca), IE Técnico Comercial Simón Bolívar (4): Andrés Mauricio Carabalí Lara, Gabriel Balanta Rivera, Loren Oriana Duran Escobar y Miguel Angel Bonilla Barona.

De la IE Leopoldo Pizarro González (1): Matías Satizabal Osorio

De Miranda (Cauca), Instituto Técnico El Ortigal (7): Ashley Mariam Cuero Pineda,  Duvan Jesid Aguilar Carabalí, Génesis Ellien Quintana Delgado, Kiara Roxana Toro Pantoja, Laura Sofía Quintana Machado, Marleyn Dahiana Valencia Martínez y Sharit Tatiana Ramos Fernández. 

Adicionalmente, invitados del Colegio Bahai de Puerto Tejada (22):

Carabalí Cosme Juan David, Chará Ibarra Emanuel, Collazos Lasso Jeremi Isaac, Cortéz Valencia Adrian Badi, Criollo Rodríguez Carlos Mario, Díaz Torres Arnubio, Echeverri Alvarez Yuseth Alejandro, Escobar Sánchez Santiago, Fernández Casanova Milagros, García Velasco Danna Sofia, Larrahondo Suárez Luisa María, Quezada Vallecilla Cristian Samuel, Reyes Girón María José, Rivas Hurtado Helen Dahyan, Rivas Vargas Emmanuel, Rodríguez Bravo Laura Stephanie, Serna Palacios Joshua Stevan, Silva Mina Sara Sofía, Viáfara Anacona Lindsay Camila, Vidal Vásquez Isis Yosiris, Yurgaky Rojas Juan Pablo, Zapata Mina Angel José.

Docentes acompañantes: Fredinson Penagos y Wldania Gutiérrez (rectora).

También están invitados tres bachilleres pilos de 2025:

• Carmen Sánchez Ibarbo (INEM Jorge Isaac, de Cali)
• David Santiago Mina Mezú (Instituto Técnico, de Santander de Quilichao) y
• Saray Yanelly Moreno Rosero (IE Carlos Holmes Trujillo, de Cali).

Pilos invitados de Cali, Jamundí y Candelaria

De Cali, siete instituciones educativas:

• Liceo Superior Juan Pablo II (12): Danna Lineth García Ibargüen, Valentina Luna Sánchez, Eilin Camila Valverde Cajares, Danna Isabel Rivas Ramírez, Darwin Stiven Castro, Jhosua Viveros, Luis Alejandro Mera Giraldo, Mateo Silva Lerma, Ayleen Varón Lugo, David Grajales Álvarez, Santiago Izquierdo, María Paula Duque López. Docente acompañante: Yasmina Mogollón

• IE Cristóbal Colón (6): Wendy Vanessa Yesquen Meza, Diliangely Orta Ortega, Susen Isabela Moreno Rodríguez, Sara Sofia Ramírez Morales, Luisa Fernanda García España y Michel Andrea Álvarez Blanco. Docentes acompañantes: Norberto Jiménez Quintero y Wallington Iturre Campiño (coordinadores).

• Instituto Politécnico Comuna 21 (2), Centro Educativo Autónomo (2), Colegio Panamericano (2), Colegio Técnico Juvenil del Valle (2).

De Jamundí (Valle), Gimnasio Moderno del Valle (4): Pablo Alejandro Rojas García, Mariana Restrepo Herazo, Juan Esteban Díaz Camacho y Carlos Andrés Dorado Varón.

De Candelaria (Valle), IE Rodrigo Lloreda Caicedo (8): Greismer David Paredes Rivas, Abraham López Cotillo, Liliam Andrea Zúñiga Martínez, José David Núñez González, Juan David Morales Gutiérrez, María Valentina Camayo González, Diana Cristina López Ascensión y Alison Viera Mejía. Docente acompañante: María Derly Bermúdez.

Le puede interesar: En @Icesi, taller directivo para 36 colegios privados del Valle y Cauca

Universidad Pedagógica Nacional, Colombia/ / Universidad de San Isidro, Argentina

El pasado 3 de febrero se celebró el 97 cumpleaños de Jorge Camilo Torres Restrepo y el 15 de febrero se conmemoraron los 60 años de su paso a la inmortalidad. El sacerdote–sociólogo colombiano se convirtió en el primer colombiano universal a raíz de su decisión última de unirse a las filas rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) convirtiéndose en el “cura guerrillero”.

Camilo Torres ha vuelto a estar en el centro de la opinión nacional por la identificación y posterior entrega de sus restos mortales al padre Javier Giraldo Moreno, justo el 15 de febrero del año en curso, después de que el difunto general Álvaro Valencia Tovar decidiera ocultarlos y desaparecerlos desde el mismo día de su muerte, incurriendo en un crimen de guerra y de lesa humanidad, en una mezcla de alevosía y premeditación, con la complicidad, complacencia y/o connivencia del establecimiento político, económico, eclesiástico y castrense.

Ciertamente, la decisión y acción de Valencia Tovar merecería una reflexión seria y profunda, y, a su lado, una explicación de por qué Camilo Torres se puede y debe considerar y reconocer como una víctima de desaparición forzada. No obstante, en esta ocasión prefiero proponer dos grandes desafíos que deben enfrentarse para comprender cabalmente su vida–obra y sugerir algunas coordenadas de ésta.

Dos grandes desafíos

Desde el mismo día de su muerte y desaparición Camilo se convirtió y consolidó como un mito. Esto no es malo porque los pueblos necesitan sus mitos. Lo que conviene es considerar el sentido que reviste tal mitología.

El mainstream de la literatura disponible acerca de él, sobre todo la que se produjo durante las primeras dos décadas después de su muerte (1966–1986), convirtió la figura del “cura guerrillero” en lo que llamo un mito–fetiche, es decir, una figura mesiánico–militarista que reduce la experiencia de Camilo a un solo momento de su vida (su vinculación a la lucha armada), haciendo de ese pedazo un discurso que pretende explicar la totalidad de su vida–obra, aunque niegue tal reduccionismo, y que termina opacando otras facetas y dimensiones.

A la larga, el mito–fetiche construye un “ídolo” a medida ante el cual solo quedan dos opciones posibles. La primera es rendir un culto obsecuente e irreflexivo que conduce a aceptar como “dogmas” sus postulados y decisiones, exaltando sus dotes militares como “guerrillero ejemplar”, “comandante en jefe” u otras definiciones. En ella han incurrido sectores opositores del statu quo, incluidas facciones de izquierdas. La segunda, es abjurar y apostatar rechazando totalmente cualquiera de sus gestos, viendo como una contradicción lo que en realidad es una paradoja, etiquetándolo como “asesino” o “criminal” (con el desparpajo propio del tiempo de la posverdad que no requiere de pruebas). En ella han incurrido sectores del establecimiento colombiano (político, religioso y académico).

Por cualquiera de las dos vías, el mito–fetiche del “cura guerrillero” no sirve para recuperar la profundidad de la experiencia de Camilo, impide la comprensión cabal de su vida–obra y no alimenta con su savia las luchas populares.

Así pues, sugiero abandonar la identificación del “cura guerrillero” con el mito–fetiche, para comprenderlo como un mito–símbolo. Este giro interpretativo no niega su condición insurgente, ni busca una desodorización histórica, por considerar “mala” o “equivocada” su decisión última; más bien, apunta a comprender que su vinculación con la lucha armada es producto de un devenir coherente de su trayectoria, decisiones, comprensión del mundo y posicionamiento en su actuar.

Como se sabe, la palabra símbolo proviene del griego symbolon, que tiene el prefijo sin– (con, juntamente) y el sufijo –ballein (lanzar, arrojar, tirar) que significa lanzar conjuntamente y reunir. En sus orígenes, se consideraba al símbolo como un objeto que estaba partido en dos y cuyas partes eran conservadas por personas distintas, y que al unirlas les permitía ser reconocidas como portadoras de un compromiso o una deuda. Luego aparece el symbolum (que se traduce como “signo” o “contraseña”) y con el tiempo devino en un tipo de elemento que representa una entidad, una idea o una condición, siendo sinónimo de distintivo, insignia, ícono o emblema.

Paul Ricouer, Joseph Campbell y Mircea Eliade, entre otros, nos enseñan que los mitos, en tanto símbolos, revisten de fuerza explicativa profunda, capacidad de condensación y síntesis poderosa, y, en ocasiones, de sacralidad trascendente. Así pues, todas, todos y todes podemos disputar y discutir el sentido del mito–símbolo e, incluso, otorgarle un nuevo significado, lo cual es muy provechoso para las luchas populares y las tareas revolucionarias por la emancipación.

El segundo desafío está en destruir los moldes explicativos de la vida–obra de Camilo. En su obra Hacia una destrucción de la historia de la ética, Enrique Dussel señala que “destruir” no se refiere a lo que el sentido común asocia, es decir, no alude a la pulverización, reducción a pedazos o aniquilamiento. Más bien, acudiendo a la etimología, enseña que el verbo “destruir” está compuesto por el sufijo “–struo” que significa juntar, hacinar, amontonar, y es antecedido por el prefijo “De–” que es justamente su negación. Así, “destruir” es sinónimo de desatar, desarticular, desmontar y separar una estructura para poder rearmarla. En el caso de la vida–obra de Camilo es necesario de–struir los tres moldes interpretativos canónicos.

Al primero lo llamaré molde–escalera pues presenta la vida–obra como un camino lineal que va del sacerdocio a la sociología y de allí a la dirigencia política y la lucha guerrillera, siendo esta última el “eslabón más alto que puede alcanzar la humanidad”, al decir del Che Guevara. El molde–escalera se articula estrechamente con el mito–fetiche. Por ello, conviene más comprender su devenir en períodos coherentes que den cuenta de sus procesos articulados.

En segundo lugar, está el molde–pozo, que concibe los “campos” – en el sentido de Bourdieu– de su vida–obra como compartimientos estancos. Las fronteras internas de la vida–obra de Camilo son impuras y barrosas, pues siempre se mezclan las reflexiones–acciones teológicas, sociológicas y políticas. Por ello, en su lugar, sugiero comprender su vida–obra como un conjunto de vasos comunicantes o como un estuario.

El tercero lo defino como molde–libresco, que le niega a Camilo la condición de vida–obra por considerar que una “obra” se reduce a la producción de conocimiento escrito, que en nuestro tiempo alude a artículos académicos, capítulos y, sobre todo, libros. Desde esos criterios, pues sus aportes son bastante magros, y lo mismo podría decirse de Jesús de Nazaret, Sócrates y muchos pueblos indígenas; incluso, el propio Antonio Gramsci no escribió ni un solo libro. Así pues, en su lugar, conviene seguir al propio Gramsci, quien recomendaba que la obra de Lenin se comprendía en la articulación entre lo que dijo y lo que hizo, es decir, la praxis; y, a su lado, las de Orlando Fals Borda, quien retomaba de las comunidades pescadoras del río San Jorge, en el caribe colombiano, la idea de articular el pensamiento y el sentimiento, esto es, el sentipensar.

La obra de Camilo se halla en el cruce de caminos entre la praxis y el sentipensar dando lugar al neologismo de sentipraxis que tiene como sustrato la radicalidad de la coherencia y el compromiso. Debe comprenderse como un devenir o un estar–siendo, un entramado que hilvana los principios de complejidad (Morin), totalidad (Marx) y exterioridad (Levinas y Dussel).

El hilo conductor

Al superar los dos desafíos (la figura del “cura guerrillero” como mito–fetiche y los tres moldes explicativos), se revela el hilo conductor de la vida–obra de Camilo: su condición de educador, de pedagogo. En efecto, su vida–obra está atravesada por una sentipraxis que lo convierte en un maestro de las masas populares que, al igual que Frantz Fanon y Paulo Freire, fue educado por su pueblo en los procesos de lucha social y transformación subjetiva. Su condición de educador/pedagogo se deriva de su sentipraxis pedagógica o educativa, dependiendo desde donde se lo vea.

Desde la filosofía latinoamericana de Enrique Dussel (en su libro La pedagógica latinoamericana), podemos verla como sentipraxis pedagógica, ya que alude a un proceso colectivo de enseñanza–aprendizaje y que reivindica la cultura, la espiritualidad y la historia popular, cuya clave está en escuchar la voz de la otredad e inclinarse ante su presencia. Aquí lo pedagógico no alude a la pedagogía, ni se circunscribe a ella, en el sentido de ser una ciencia de la enseñanza y el aprendizaje y, por tanto, no se reduce al aula, como su espacio tradicional y privilegiado.

Por su parte, desde el campo educativo y de las pedagogías críticas (véanse el brasilero Dermeval Saviani y los colegas chilenos Fabián Cabaluz y Cristian Olivares Gatica), se la puede definir como sentipraxis educativa, como una práctica social que busca incidir en la subjetividad para transformar la realidad sociohistórica o (re)producirla, donde el propósito central es convencer y no vencer. En este caso, también se trata de un fenómeno que excede lo estrictamente técnico–pedagógico y trasciende las aulas.

La sentipraxis pedagógica o educativa de Camilo mantiene una estrecha relación dialéctica con la política, con la intervención en las cuestiones públicas, con la interpelación a las instituciones de todos los niveles, y establece ese intercambio dinámico entre el poder de la verdad y la verdad del poder, lo mismo en el poder instituido como en el instituyente.

Ahora bien, esta sentipraxis se expresa a través de tres tipos de magisterios, entendiendo por magisterio el oficio del magíster, del maestro o maestra: el institucional, el social–popular y el revolucionario.

En sus magisterios, Camilo se desenvuelve en la educación formal como en la educación popular, casi en paralelo, aportando elementos a cada una de ellas. Así, en la educación formal, articuló de manera decidida y nítida la docencia, la investigación y la extensión, es decir, el escritorio y el territorio para producir conocimientos situados de la realidad, en los que se combinen el diálogo y la interculturalidad con el pensamiento propio y creativo de cuño anticolonial, y no sólo descolonial.

Una gran síntesis de esta perspectiva fue la creación del Movimiento Universitario y Profesional de promoción de la Comunidad (MUNIPROC), que desarrolló sus acciones principalmente en el barrio de Tunjuelito y que le hizo acreedor al Premio Nacional de Beneficencia “Alejandro Angel Escobar”, que reconoció el valor científico y social de su enfoque pedagógico. Asimismo, su presidencia del Consejo Interfacultades para el Desarrollo de la Comunidad de la Universidad Nacional, en el que canalizó el conocimiento de diversas disciplinas hacia la solución de problemas comunitarios, en un horizonte cercano a lo que hoy se conoce como extensión universitaria crítica (o solidaria).

En cuanto a la educación popular, si se entiende como un proceso que busca apoyar a los sectores populares en sus caminos de concientización y organización para que transformen sus realidades, pues justamente Camilo promovió la triada conciencia–organización–acción. Estaba convencido que el fundamento de todo era la conscientización, es decir, la toma de conciencia de la condición de sujetidad histórica de las clases populares.

La educación popular es, en esencia, una educación del pueblo, y puede hacerse desde espacios institucionales formales, aunque en el devenir de la historia se haya hecho privilegiadamente desde afuera. Nada impide una praxis y no se niegan las instituciones, pero tampoco se desconocen su rigidez y cristalización. De allí que lo interesante es que en sus formas de educación popular él usa las instituciones como plataforma o catapulta para articularse con las comunidades con miras a la transformación radical. Por ello, sus experimentos más notables son, primero surgidos desde adentro de las instituciones, como el MUNIPROC y la Unidad de Acción Rural de Yopal (UARY) y luego el Frente Unido del Pueblo (FUP) y su paso al ELN.

La sentipraxis educativa o pedagógica de Camilo Torres parte de dos principios: el principio material de la vida, pues busca comprender y ayudar a resolver los problemas que impiden el devenir de la vida misma de las personas, ya sea que nieguen la vida de la manera que sea porque, para estos fines, lo mismo vale matar que dejar morir; y el principio del Amor Eficaz, que lejos de cualquier sentimentalismo, se trata de una ética radical de la alteridad y de un criterio de definición (en los sentidos dados por Enrique Dussel y Franz Hinkelammert) que, por definición, asume una fe antropológica: creer en la otredad es el criterio para crear junto a la otredad.

Siguiendo la pista de connotados autores colombianos, como Orlando Fals Borda, Mario Peresson, Miguel Ángel Quiroga Gaona, Fernando Torres Millán y Néstor Camilo Garzón, y tomando nota atenta de que Paulo Freire alude a Camilo en sus dos obras fundamentales (Pedagogía del oprimido y Pedagogía de la esperanza), puede considerarse que su sentipraxis educativa o pedagógica se constituye en antecedente, prototipo o prefiguración de lo que años después de su muerte adoptó los nombres de Educación Popular (propiamente dicha) e Investigación–Acción Participativa (IAP).

A manera de cierre

Justamente, en la intersección entre educador popular e investigador militante está el núcleo de su rol como dirigente revolucionario y es allí donde pueden buscarse las claves explicativas de su condición de intelectual orgánico integral (al decir de Gramsci) y referente insoslayable de la política de la liberación indo–afro–latinoamericana.

Al mismo tiempo, de allí pueden recuperarse su condición de pensador crítico radical de todas las instituciones (iglesia, estado, academia) y sus aportes sustantivos a la teoría y práctica del cambio social revolucionario: su sentido del poder, su comprensión plural de la sujetidad histórica protagónica y su perspectiva de la organización que invierte la pirámide tradicional para dejar, en esta nueva geometría, a las bases arriba de las dirigencias, devolviéndoles a aquellas su lugar de protagonistas del cambio y a éstas su papel de servidoras obedienciales de la lucha popular que se enfrentan a todo tipo de fetichismo y corrupción del poder, comenzando por el burocratismo.

Desde este punto de vista, Camilo se ubica en el corazón del pensamiento crítico continental de cuño liberacionista, aportando elementos centrales también para la Teología de la Liberación y el (eco)socialismo Raizal. Parafraseando el preámbulo del Manifiesto Comunista, puede decirse: “Un fantasma recorre el pensamiento crítico de nuestro continente. El fantasma de Camilo”.

Referencia bibliográfica:

Torres, Restrepo, Camilo. (2025). Cristianismo y revolución. 2a ed. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Herrera Farfán, Nicolás. (2023). El profeta A(r)mado. Camilo Torres Restrepo. Biografía mínima. Bogotá: Editorial Laboratorio Educativo.

Umaña Luna, Eduardo. (2003). Camilo y el nuevo humanismo. Paz con justicia social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Estereotipografía / El poeta
Federico Santodomingo Zárate
Edición Cara y cruz
Funescuela
Barranquilla, 2025
80 páginas

En una muy particular edición facsimilar y en formato de cara y cruz, el proyecto editorial Funescuela de Barranquilla entregó el septiembre pasado la reedición del poemario Estereotipografía / El poeta de Federico Santodomingo Zárate (Orihueca, Magdalena), quizá como una necesaria forma de hacer contrapeso al silencio que pesa en muchos ámbitos culturales del país frente a la producción literaria no cobijada por la bendicion de los gremios, los grandes grupos editoriales, los premios institucionales, la prensa nacional y, en buena medida, por la crítica y la difusión regional. De alguna forma, muchos autores se abren camino a partir de la buena fe de lectores entusiasmados por escarbar más allá lo que venden las estanterías; en otros casos, seguimos viviendo en pequeños feudos o parroquias donde autores y lectores se acomodan a su realidad, a veces no parece necesario ceñirse al criterio editorial o trasponer las murallas regionales para sentirse a salvo entre lo familiar y esa cotidiana resistencia que no necesita de la bendición del canon o de la crítica de bolsillo. A veces los libros –como el patito feo– brillan a pesar de su precariedad estética o de su ausencia de apellidos.

La labor editorial en el país supone una suma de buenas y malas decisiones, sobre todo en lo referente a proyectos emergentes, regionales, edición de autor y libros venidos a este mundo sin un intermediario real entre el autor y el impresor. Uno de los problemas propios a la edición en Colombia, por lo menos a aquella que no alcanza a sumarse al lobby cultural o a ser siquiera parte de la recientemente inaugurada familia de “los independientes” en el país[1] ­–aparte de la falta de apoyo institucional, así como de programas de formación editorial a nivel nacional–, reside en la ausencia de una figura que convenga en materializar un libro como un todo orgánico, esto tanto en lo estético como en lo literario: hace falta la presencia de un editor.

Salidos de este primer llamado de atención, vamos al libro. Estereotipografía / El poeta comporta como obra una lectura paralela, una película con comentarios del director, un ejercicio necesario en la revisión crítica de las nuevas literaturas por alguna razón aisladas dentro de los feudos literarios en Colombia[2]. Estereotipografía / El poeta es un libro que debe ser leído en este contexto. Hay una deuda con la literatura escrita desde los márgenes y un libro a varias voces como este lo demuestra. Por un lado, se incluyen –en El poeta– voces de autores, periodistas, críticos y amigos alrededor de Santodomingo Zárate. Empresa interesante, cuando se revisa la lista de llamados a hablar del autor y llegamos a algo que me recordó una colección adelantada desde la Editorial de la Universidad Nacional, “Valoración múltiple”, colección de libros dedicados a autores colombianos como Germán Espinosa o R.H. Moreno Durán. Dicha colección recogía crítica académica y ensayos sobre los autores homenajeados. Aquí, en el caso de Santodomingo Zárate, algo similar sucede en ese tenor, aunque estas sean notas breves y un poco personales, amistosas si se quiere, notas que dan cuenta de los ires y venires de la obra de Santodomingo Zárate en el boca a boca de contemporáneos y amigos. Ejemplo de ello, el texto de David Sánchez Juliao donde se lee, en un simpático relato en el que al poeta se le confunde en una reunión en las instalaciones de Caracol Televisión con algún millonario apóstata –claro, a cuenta de su apellido Santodomingo–:

“Claro que a todos extrañó la pinta de excéntrico millonario. Pantalón azul desteñido, sandalias con calcetines, una chaqueta de cuero raído, el cabello alborotado como nido de oropéndola, y lo que más denunciaba su exótica bohemia, una mochila Arahuak repleta de papeles, lápices y libros”.

A la anécdota le sigue esta declaración: “Es poeta, ¡cómo te parece ala!, murmuraban las secretarias en el claro oscuro de los pasillos”. A modo de cortas crónicas, el libro se abre camino con notas como la escrita por el poeta samario José Luis Díaz-Granados. Se trata de un perfil biográfico del poeta amigo, una semblanza: “Este hombre sensible y recreador de la vida –escribe Díaz-Granados–, que cuando niño soñaba con ir a Santa Marta o a Fundación en tren, que casi no puede creer que de pronto se encontraba en la cosmopolita Bogotá, obtuvo (…) el gordo de la lotería en un viaje a la legendaria Rusia…”. Luego otros como Simón Orozco, Guillermo Luis Nieto Molina o la propia hija del poeta Santodomingo aunarán a este libro su propia experiencia junto a él, sea desde la idiosincrasia que se sabe alimenta el carisma del poeta así como desde la cercanía, “este es mi padre, el poeta…”, sentencia Trilce Santodomingo Payeras.

Interesa entonces los saltos que presenta esta parte del libro, no se sabe su jerarquía pues puede o no ser la cara y el otro la cruz o viceversa; hallamos así cartas, como la que le escribe el padre arzobispo de Barranquilla o el padre Rivas –huelga decir que del otro lado del libro se incluye un saludo del presbítero Bernardo Hoyos Montoya–, perfiles de cercanos y otros un poco más protocolarios, poemas en su honor, notas breves, saludos y recortes de prensa, hasta fotografías o textos como el referido a un premio que se le dio en 1984 por su escrito “La sala limpia del olor a rancio de una vieja”. Allí, Amaury Díaz Romero escribe:

“Como así todos los vales, Santodomingo es un profundo soñador pero duerme poco. Su mujer le dice que tiene vocación de celador pues le gusta esperar los amaneceres con los ojos abiertos. Sin embargo, se considera un bohemio disciplinado”.

Dentro de este apartado, se cuentan además algunas notas sobre sus libros. Breves reseñas como la de Oscar Santodomingo Payeras, otro de sus hijos, sobre el libro Herejes. Entonces subraya: “Federico Santodomingo es un hombre criado y formado por exigentes censores, tal vez a ellos les debe ser un gran hereje”. Otro poco agrega Luis Armando Mola a este respecto: “Pero el alcance de su herejía en su trabajo poético, es solo el manifiesto humanista de su íntimo sentir (…), poeta en franca rebeldía…”. Ahora, vamos a los poemas: el otro lado de esta dupleta.

“Despreocupado y latente en el arte de vivir”, como lo dice por allí Oscar Flores Tamara en su texto homenaje, Federico Santodomingo Zárate recoge en su Estereotipografía –poemario aquí reeditado y que incluye además una nota de presentación de Milcíades Arévalo– poemas “sin pretensiones esteticistas” que se abren desde la sinceridad para allanar varios temas muy suyos, esto a manera de educación sentimental. Cada texto surge como expectación de una poética individual: escribir textos de largo aliento que encarnan su puesta en escena para que allí confluya la confesión personal –en la que parece hablarle a sus hijos y amigos– frente a ese nombrarse mientras va haciéndose a una piel. La voz del yo busca madurar un arte poética. Al no estar decorada de arabescos estilísticos o nombrar lecturas o engendrar cadáveres cifrados –como parece en estos días estar tan de moda–, estos versos bien podrían madurar en forma de canciones o simplemente quedarse en el papel como momentos que Santodomingo recoge como su propia Ética para Amador. Lo digo por el recurso que sostiene buena parte de estos poemas donde Federico le habla a ese alguien aprendiz con quien compartirá su gusto por Neruda –por allí escuché voces del Canto general–, hasta hablar desde la segunda persona de un juglar, libertador, vengador o gurú: “Mi condición de guerrero de esta tierra / le da a mi espada filo / para proferir las palabras / acusadoras… (…) el privilegio de los mares. / expansionistas. Mercantilistas. / Usurpadores de la tenencia colectiva de la tierra…”.

Hay aquí una pieza en actos en la que se va de lo general, en un sentido reivindicador, a lo particular. En su contexto más “beligerante”, por ejemplo, el poema se convierte en consigna, a ratos se desprende de lo local para acercarnos a las voces de la Plaza de Mayo en la Argentina o el Apartheid en Sudáfrica. Al tiempo que se nos ofrece el cuadro de costumbres Caribe, el amor o el mito de un relato ancestral, la raza se abre como un signo perpetuo para seguir remarcando atmósferas comunes a otros libros de Federico Santodomingo, caso de sus cuentos y relatos.

Se trata en suma de un poemario breve, sincero y directo, hecho con la materia de la sangre. Y digo sangre por sentirlo precisamente como algo sanguíneo e íntimo, familiar. Un solo canto que Federico escribe a modo de catecismo, que huele a esa búsqueda nacida por allá en 1981 cuando se publicara la primera edición de este Estereotipografía. Creo que es precisamente allí donde reside su valor y donde se entiende también el por qué se le reedita bajo esta interesante treta/colección de un cara y cruz hecho de memoria y de afectos, de recuperación. Un proyecto que, como colección, está llamado a crear vasos comunicantes en tanto obra y vida de autores necesitados de un diálogo abierto con el ejercicio y el oficio de la literatura.

Coda

Hay, finalmente, rarezas en este libro que no le perdono. Primero, en su maquetación. Está impreso solo en los tiros y la fuente es muy pequeña (cosa que pudo haberse solucionado en manos de un diagramador más recursivo pues tanto cornisas como folios yacen en la caja como líneas huérfanas muy hacia los bordes). Lo segundo deviene de los males que pesan sobre esta clase de aventuras editoriales. Si por un lado a los autores sin apellidos no les pone mucha atención la prensa, por el otro también es bueno recordarle a entusiastas y promotores de kermeses, clubes de lectura, rincones literarios, grupos culturales, así como concursos regionales y municipales en el país que siempre es más importante la figura del editor que la del impresor. No solo se trata de maquetar e imprimir. No se puede cruzar el Aqueronte o el río Estigia sin su barquero.

[1]        Hay que ver, sin embargo, cuánto se ha ganado en materia de diseño editorial en Colombia a través de los últimos veinte años si se ha de revisar la buena salud de la que goza parte de la edición independiente, véase el caso de editoriales como las que ahora agrupa la joven Cámara Colombiana de la Edición Independiente. Pero ahora quedan los otros independientes, los no agrupados, los que se mantienen a la sombra o que vienen publicando sin demasiada atención de la prensa o del ecosistema cultural y su intrínseca jerarquía en la que siempre existirán ciudadanos de primer y de segundo nivel, y por ciudadanos léase autores/obras/editoriales, etc.

[2]        Hablo de pequeños sellos editoriales y autores-editores que publican sin pausa toda clase de libros pero que viven inmersos en un ralentizado proceso de divulgación y de formación. O bien se mantienen como islas, obligados al onanismo cultural, o se ven damnificados por la burocracia: del presupuesto diezmado en el camino solo quedó para una centena de libros mal diagramados e impresos y apenas revisados por algún mal pago corrector miope.

A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado  para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

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Concretar demandas en un panorama desalentador

Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

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La dependencia de los combustibles fósiles

Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

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El eterno debate del financiamiento climático

En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

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Voces indígenas que quieren ser escuchadas

La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la lucha titánica por mitigar los cambios del clima, los reflectores se han centrado mayoritariamente en la protección de bosques tropicales como las selvas de la Amazonía, importantes sumideros de carbono que pueden almacenar entre 60 y 230 toneladas de carbono por hectárea en bosques primarios.

Sin embargo, en Latinoamérica, hay otros ecosistemas que permanecen olvidados y relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial, a pesar de que la ciencia reconoce su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero y que muchos de ellos almacenan incluso más carbono que los bosques tropicales.

Un equipo de Mongabay Latam recorrió diversos países de la región para visibilizar a los olvidados: páramos, humedales costeros, turberas, manglares y pastos marinos, ecosistemas clave y depósitos invaluables de carbono. A pocos meses de la versión 30 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belén, Brasil, estas seis historias muestran cómo comunidades, organizaciones y científicos se unen para conservar y estudiar estos ecosistemas vitales en la lucha contra el cambio climático y cuyo potencial aún no es completamente valorado.

Darle protagonismo a páramos, humedales costeros y pastos marinos

En la lucha contra el cambio climático todo ecosistema cuenta. Cada emisión de dióxido de carbono (CO2), metano y demás gases de efecto invernadero que no llegue a la atmósfera es crucial para evitar, o al menos contener y limitar, el calentamiento global.

El Acuerdo de París, adoptado en 2015, busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2° C (grados Celsius) por encima de los niveles preindustriales, con un esfuerzo por mantenerlo por debajo de 1.5 grados. Sin embargo, el progreso hacia esta meta no va en el camino esperado.

Muchos países han presentado sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las evaluaciones han mostrado que los compromisos actuales no son suficientes.

Desde 2023, cuando se publicó el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), quedó claro que se requiere una acción mucho más ambiciosa para lograr las reducciones necesarias a 2030. “Urge tomar medidas más ambiciosas. Si actuamos ahora, aún es posible garantizar un futuro sostenible y habitable para todos”, dijo en ese momento Hoesung Lee, presidente del IPCC.

Esas medidas podrían incluir empezar a ver –y a proteger– ecosistemas clave para la mitigación de carbono. Algunos estudios sugieren, por ejemplo,  que una hectárea de suelo en el páramo puede almacenar hasta 338 toneladas de carbono en sus primeros 30 centímetros de profundidad, e incluso más dependiendo de las condiciones locales. En turberas dentro del páramo, la captura de carbono puede alcanzar incluso las 2000 toneladas.

En las zonas Boquilla de Oro y La Mancha, en Veracruz, México, se han encontrado que las selvas inundables pueden capturar hasta el doble de carbono (869 toneladas por hectárea) que los manglares contiguos (482), mientras que los humedales herbáceos capturan 692, según comparaciones realizadas por Patricia Moreno Casasola, investigadora del Instituto Nacional de Ecología (Inecol).

Los pastos marinos, aunque solo cubren el 0.1 % del fondo oceánico, pueden almacenar hasta el 18 % del carbono oceánico mundial, lo que los convierte en una potente solución frente a los efectos del cambio climático, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Expertos entrevistados para este reportaje coinciden en que hay un despertar en el interés de los países en estos ecosistemas, pero hay varios obstáculos que se deben superar para vincularlos dentro de los NDC. Uno de ellos es que aún falta mucho por estudiar, en algunos casos ni siquiera se cuenta con un mapa detallado de su ubicación. Otro obstáculo son las extenuantes discusiones políticas para que los gobiernos tomen en cuenta el trabajo y los resultados de la ciencia. Priman demoras y trabas que impiden que los hallazgos lleguen oportunamente a los altos niveles gubernamentales que toman decisiones.

La “fijación” por los bosques

“Nuestras autoridades políticas y técnicas tienen una gran fijación en los bosques y tratan de lidiar con ellos, entonces no les queda tiempo para pensar en otras cosas”, dice el profesor Juan Carlos Benavides, coordinador del Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Climático de la Universidad Javeriana en Colombia y quien tiene un largo historial de investigación en páramos y humedales.

Y no es que Benavides le reste importancia al papel de los bosques en el secuestro de carbono, sino que considera que hay un sesgo arraigado en la gente porque la educación ambiental en Colombia se ha enfocado en los bosques. “Aún hay mucho desconocimiento sobre el papel de los suelos, las sabanas, los pastos, los páramos. Como que nos da miedo mirar más allá. Romper con esas barreras y paradigmas es muy difícil”.

Benavides se ha acercado a los creadores de políticas públicas en el país para que comprendan, por ejemplo, la importancia de los páramos, no solo en términos de agua sino de captura de carbono.

Aunque comenta que los funcionarios públicos comprenden que es necesario avanzar en el conocimiento y conservación del páramo, es frustrante que los procesos sean tan lentos y que se tenga que empezar desde cero cada vez que hay un cambio de gobierno.

“El desafío más grande que tenemos es lograr la articulación entre los instrumentos técnicos del Estado y los instrumentos políticos que producen los documentos de política pública como los NDC, los compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero, las estructuras de pago por servicios ambientales y sus mecanismos de gobernanza y salvaguardas sociales”, comenta Benavides, y sustenta su afirmación con un ejemplo contundente.

Según comenta, cerca de 2.9 millones de kilómetros cuadrados del territorio colombiano son páramos y un 20 % de esa cifra son humedales. Unas 300 000 hectáreas de humedales en páramo están degradadas pero, asegura, si se manejan y se recuperan se podría retener entre un 10 % y un 15 % de las emisiones del país. “Pero, como esos humedales ni siquiera están en los inventarios, no importa lo que usted les haga, el país no los puede utilizar para sus reportes porque no tiene metodologías que los reconozcan”.

A pesar de esto, existen iniciativas de conservación que intentan proteger el páramo. Por ejemplo, en el Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquentiva, en el centro de Colombia, se han implementado procesos de restauración ecológica desde hace más de dos décadas. Esto ha permitido conocer mejor la capacidad del páramo para hacer frente al cambio climático.

En esta iniciativa trabajan de la mano comunidades, organizaciones como WWF y Conservación Internacional y academia. El grupo de investigación del profesor Benavides desde 2017 estudia allí los gases capturados por este ecosistema, que hoy es un área protegida dedicada a la investigación y la conservación de la biodiversidad.

No son “malezas” acuáticas

Desde México, Patricia Moreno comparte opiniones similares a las de Benavides, aunque su trabajo se centra principalmente en humedales costeros de agua dulce. “Lo importante es que las autoridades, sobre todo las federales, se den cuenta de que también los humedales de agua dulce capturan muchísimo carbono. Y si realmente los incluimos, así como se está haciendo con los manglares, tendríamos una participación internacional mucho más fuerte contra el cambio climático”, asegura.

Moreno comenta que la superficie disponible de humedales costeros de agua dulce se ha reducido históricamente y continúa en descenso principalmente por la pérdida de hábitat causada por el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias. Este problema se agudiza con la falta de registros confiables, pues “desafortunadamente, estos ecosistemas no están contabilizados por la mayoría de los países”, explica, y agrega que en el caso mexicano la situación es tan crítica que se suele confundir a los humedales de agua dulce con los manglares, lo cual se refleja en los mapas y datos disponibles.

A esto se suma, dice Moreno, un desconocimiento histórico sobre estos ecosistemas. “Por ejemplo, muchos ingenieros hidráulicos les siguen llamando ‘malezas acuáticas’ porque históricamente se drenaban los desagües hacia estos ecosistemas incomprendidos en muchas partes del país y por eso se degradaron mucho”.

En medio de este panorama, en el estado de Veracruz se logró crear hace varios años el parque estatal Ciénaga del Fuerte, que busca proteger una extensa área de humedal. Además, en el sector de La Mancha, en ese mismo estado, campesinos lograron restaurar un potrero a su estado original de selva inundable con el apoyo de científicos.

El potencial de almacenamiento de carbono de los pastos marinos también es un mundo por descubrir. En países como Venezuela recién empiezan a explorar el potencial que tiene este ecosistema en las costas del país. “En Venezuela no existen investigaciones enfocadas en esta temática, ya que la mayoría de los estudios en estos ambientes han sido realizados en la diversidad de la fauna asociada y su biomasa, sin resaltar la importancia de estos ecosistemas como reservorios de carbono”, apunta Mayré Jiménez, investigadora del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV).

Aunque las investigaciones sobre almacenamiento de carbono en pastos marinos aún se encuentran en etapas iniciales en Venezuela, gracias a ellas han podido detectar graves problemas. Por ejemplo, que la industria del turismo arrasa con estas plantas porque “afean” las costas y que un coral invasor proveniente del Indo-Pacífico está acabando con su hábitat natural y reduciendo su cobertura.

Con todo, las crisis políticas y económicas por las que atraviesa el país, y que han afectado a la academia, no han sido obstáculo para científicos como Jiménez, quien se las ingenió para crear un laboratorio en el garaje de su casa, donde estudia con detalle los pastos marinos y su potencial de secuestro de carbono.

Las sorpresas detrás de las turberas

Un sorprendente hallazgo en Perú es uno de los principales responsables de que las turberas comiencen a tener el protagonismo que les corresponde en la lucha contra la crisis climática en América Latina.

Las turberas del Abanico del Pastaza fueron descubiertas gracias a exploraciones científicas y estudios ambientales realizados en las últimas décadas, y su estudio y reconocimiento como un ecosistema de gran importancia comenzó a destacar en los años 2000, gracias a investigaciones de instituciones científicas peruanas y extranjeras que identificaron su riqueza en biodiversidad y su papel en el ciclo del carbono.

Se trata de uno de los complejos de humedales más profundos a nivel global: la tercera turbera tropical más profunda, con 8.1 metros, después de Central Kalimantan, en Indonesia, y Cuvette Centrale, en el Congo. Se creía que en Sudamérica no existía un ecosistema como este.

Un estudio publicado en 2024 comprobó la fascinación científica con este ecosistema y encontró que el stock de carbono en la vegetación de las turberas del Datem del Marañón, que forma parte del Abanico del Pastaza, es de 80 toneladas de carbono por hectárea en promedio. En el suelo de turba las estimaciones llegan incluso a 1700 toneladas, por lo que puede almacenar entre tres y cinco veces más dióxido de carbono que otros ecosistemas tropicales.

Comunidades nativas del Datem del Marañón, en la región de Loreto, fusionan saberes ancestrales con conocimiento científico para proteger las turberas que se encuentran en esta área de la Amazonía peruana. De esta manera protegen la palma de aguaje (Mauritia flexuosa), que es parte de su sustento alimenticio y vital en la conservación de las turberas. “Antes cosechábamos tumbando, ahora realizamos el escalamiento, o sea, ya no la tumbamos, aprovechamos la palmera cuando está de pie. Ese ha sido el principal cambio en estos años”, dice Segundo Chanchari, escalador de la comunidad nativa Puerto Díaz.

La investigación de las turberas del Abanico del Pastaza motivó nuevas investigaciones en países como Colombia. Un artículo publicado en abril de 2025 en la revista Environmental Research reveló que las turberas colombianas podrían ser una herramienta importante para combatir el cambio climático, pero que primero deben identificarse y ubicarse con precisión.

Scott Winton, ecólogo de la Universidad de California Santa Cruz, llevó a cabo tres años de extenso trabajo de campo para desarrollar el primer mapa basado en datos de turberas recientemente documentadas y previstas en los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana.

Entre los principales hallazgos destaca que estas dos regiones probablemente contienen entre 7370 y 36 200 kilómetros cuadrados de turberas, que podrían estar secuestrando actualmente una cantidad de carbono equivalente a 70 años de emisiones del país provenientes de combustibles fósiles e industrias.

Los resultados de Winton y sus colegas sugieren que la densidad promedio de carbono en estas turberas es de cuatro a diez veces mayor que en la selva amazónica. Los investigadores identificaron dos tipos específicos de turberas colombianas, incluidas las turberas de arena blanca que no se habían documentado previamente en Sudamérica, lo cual es un fiel reflejo de la necesidad de estudiar más estos ecosistemas.

“Las turberas son una masa de carbono gigante. Las estadísticas nos dicen que cubren entre el 3 % y el 5 % de la superficie de la Tierra pero tienen dos veces más carbono que los bosques del mundo”, dice Winton, y agrega que, a diferencia de los bosques, que pueden restaurarse y ayudar a recuperar el carbono, cuando se pierde turba se requieren cientos y hasta miles de años para recuperar lo que se ha perdido del suelo. “Por eso se considera casi como una pérdida irrecuperable”.

Un escudo de manglares

El manglar también es un ecosistema trascendental: es capaz de almacenar entre cinco y siete veces más carbono que otros bosques, reportando valores promedio de 432 toneladas de carbono por hectárea, con rangos promedio cercanos a 1000 toneladas por hectárea, especialmente en manglares maduros y conservados.

Sobre este ecosistema también faltan muchos más estudios, pero es quizás, después de los bosques tropicales, el que más reconocimiento y protagonismo tiene en este momento en Latinoamérica.

“Los manglares, en particular, absorben y almacenan grandes cantidades de carbono mediante la fotosíntesis y la retención de sedimentos por sus complejas estructuras radiculares, lo que provoca una lenta descomposición de la materia orgánica en suelos húmedos”, asegura Julie Shahan, investigadora de la Universidad de Stanford que trabaja con manglares en Ecuador.

Shahan destaca que además de la mitigación del cambio climático, los manglares son importantes para la adaptación climática al proporcionar control de la erosión, prevención de inundaciones, garantizar la calidad del agua y mantener la biodiversidad. También menciona que hay avances positivos, ya que 97 países, entre ellos varios latinoamericanos, incluyen actualmente soluciones basadas en la naturaleza costera y marina en sus planes nacionales de mitigación del cambio climático.

Ecuador, en particular, ha tomado medidas adicionales para proteger los manglares, brindando a las comunidades locales la capacidad de conservar y restaurar los manglares locales y comprometiéndose a no convertir los manglares para la acuicultura de camarones. De hecho, aunque muchas veces los esfuerzos gubernamentales son vistos con escepticismo, la estrategia del gobierno ecuatoriano en gestión de manglares se ha convertido, según los expertos, en un verdadero caso de éxito.

A través de acuerdos de uso sostenible y custodia, el recientemente desarmado Ministerio del Ambiente de Ecuador ha concesionado 98 000 hectáreas de bosque de mangle a pescadores artesanales, que pueden extraer cangrejo para venderlo, pero se comprometen a proteger este valioso ecosistema.

El área concesionada representa el 62 % del total de los bosques de mangle que existen en el país, de los cuales, el 80 % está en el golfo de Guayaquil. Este sistema ha permitido la conservación del manglar desde hace 26 años y ha mostrado ser efectivo en su protección.

“Si no hubiésemos tenido esta estrategia [de concesionar zonas de mangle] ahorita tendríamos mucho menos manglar”, dice la bióloga Natalia Molina, docente investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil. Esto no es un dato menor, ya que Molina recuerda que en 37 años (entre 1969 y 2006) se perdió el 27 % de los manglares del país, lo que equivale a unas 56 000 hectáreas.

En general, los científicos coinciden en que hay que prestarle más atención a los humedales, ya sean costeros, de manglar o turberas. “Los humedales tropicales se encuentran entre los ecosistemas de secuestro de carbono más eficientes del planeta. Si bien ocupan una pequeña área de la superficie terrestre, tienen el potencial de contribuir significativamente al secuestro de carbono a largo plazo debido a sus altas tasas de acumulación y almacenamiento de carbono”, asegura Shahan.

*Este especial hace parte de un trabajo colaborativo entre Mongabay Latam, El Tiempo, La Barra Espaciadora y Runrun.es

**Imagen principal: En Perú, Segundo Chanchari y Kietre Gonzales unen fuerzas para el aprovechamiento del aguaje y la conservación de la palmera. Foto: Leslie Moreno Custodio

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La Vorágine, es una serie disponible en HBO Max (a través de Amazon Prime Video), que por primera vez en la historia de la televisión colombiana, unió a los canales regionales públicos para lanzar una espléndida producción audiovisual, dirigida por Luis Alberto “Peto” Restrepo y protagonizada por Juan Pablo Urrego, Viviana Serna, Majida Issa y Marlon Moreno. Invito a todos a ver la serie que nos trae de regreso a la centenaria novela. Al final dejo el tráiler. 

Resulta oportuno, rescatar la reseña de la única adaptación cinematográfica, de la inmortal obra de José Eustasio Rivera. El pasado 23 de abril, tuve ocasión de ser uno de los pocos afortunados en ver una experiencia cinematográfica irrepetible, gracias a la Cinemateca Distrital de Bogotá y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Esta es la crónica de la visualización de una película largamente esperada. Se trata de la cinta mexicana La Vorágine, Abismos de Amor (1949), dirigida por Miguel Zacarías.

La primera vez que supe de la película, fue cuando preparaba el libro Colombia en el cine universal. La caza de citas (2011), sobre menciones de nuestro país en películas extranjeras, pero con motivo del centenario de la novela La Vorágine de José Eustasio Rivera en 2024, estuve investigando a fondo y surgió de nuevo esta película, así como Alicia Caro su protagonista femenina.

Alicia Caro (1930), actriz colombiana radicada en México, cuyo nombre real es Beatriz Segura Peñuela, escogió su nombre artístico en homenaje al personaje de la novela de Rivera y el apellido para rendir tributo a un ex presidente de Colombia que ella admiraba. A doña Alicia, quien sigue viva en México, al momento de redactar estas líneas, le estamos debiendo el homenaje que merece en nuestro país. 

Una felicitación inmensa a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano por la labor de restauración de la copia hallada en la UNAM de México, la cual era oscura en exceso, como lo explicó en interesante charla Jorge Mario Vera, subdirector técnico de la FPFC, en donde se realizó la captura digital en 4K. 

Fue un prodigio la exhibición de la película, que se consideraba extraviada. Luego de una intensa búsqueda en México, la Fundación encontró en la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),dos rollos de 16 milímetros (la película original fue filmada en 33 mm), porque en aquella época se solía sacar copias en ese formato para las proyecciones itinerantes por ciudades y pueblos, aunque sacrificando la calidad de la cinta, tornándola más oscura de lo que ya era, propósito estilístico del realizador Miguel Zacarías, su director de fotografía Ignacio Torres y el editor José W. Bustos.

La productora de la cinta es Diana Internacional Films, fundada en 1942 por el cineasta Fernando De Fuentes Carrau y que todavía existe, dirigida por los descendientes de su creador. Precisamente la FPFC contactó a Diana Films para obtener su autorización sobre el préstamo y el proceso técnico llevado a cabo. Ojalá en el futuro, se pudieran realizar nuevas proyecciones de la cinta, tanto en México como en diferentes ciudades de Colombia, porque seguramente y con la divulgación previa adecuada o en festivales especializados como el de Cartagena, resultaría un éxito, no sólo artístico sino comercial, por tratarse de un documento tan importante como sorprendente. 

No recuerdo ansiedad semejante, al menos en los últimos años, sobre un estreno cinematográfico o el anuncio de una nueva película, que fue todo un regalo, además porque la proyección era gratuita. Con mi esposa Patricia, quien me alcahuetea todas mis iniciativas, llegamos una hora antes, pues preveíamos una larga fila de cinéfilos, pero nos equivocamos, realmente fuimos pocos los asistentes, algo casi que incomprensible frente a la importancia del documento cinematográfico 

La película cuenta con dos partes diferenciadas, la primera que se inicia en Bogotá y pasa a los llanos orientales y la segunda enfocada plenamente en la selva amazónica. El filme, en su desarrollo sigue la huella trazada por Rivera en la novela, pero cuenta con un inicio y un final inéditos, que además le permiten mayor trascendencia a la figura de Alicia, tanto del personaje como de la actriz, que en la novela no pasa de ser la excusa o motivación para las tribulaciones de Arturo Cova, el verdadero protagonista.

Durante la proyección, escuché varias risas juveniles, cuando aparecían escenas románticas o algunos diálogos. Automáticamente callaron con la terrible escena de la amputación de las manos de un hombre, que simbolizaba la violencia y las atrocidades que denunció el escritor José Eustasio Rivera en La Vorágine. Para destacar, el director se permite una escena de tipo surrealista, cuando Cova delira en medio de la selva y los árboles circundantes adquieren naturaleza antropomórfica, con rostros que le miran. 

Es necesario hablar del actor que encarnó al sufrido Arturo Cova, se trató del gran actor hispano-puertorriqueño Armando Calvo, quien tuvo una brillante carrera en España, Italia y en México. Calvo protagonizó películas como El Escándalo (1943), Los últimos de Filipinas (1945), Belami, la historia de un canalla (1947), El último cuplé (1957), La Muralla (1958). Falleció en 1996 en México, en donde en los últimos años participó en diversas telenovelas. Se le recuerda en la miniserie Cañas y Barro, en el rol del cura. 

Capítulo aparte es la música de la cinta, a cargo de Manuel Esperón, compositor muy popular en aquella época. Una de las bandas sonoras más emotivas para cualquier colombiano, que integró melodías nacionales como la emblemática Brisas del Pamplonita. El cantante y compositor Ventura Romero (autor de Senderito de amor), protagoniza una de las escenas mejor logradas, cuando su personaje de Miguelito, escuálido y mínimo, se convierte en un portento, con una poderosa voz que llena el teatro, mientras Arturo Cova espera y desespera, en lo que piensa es la traición de Alicia.

Como dato curioso, en esta película actúan padre e hija, los destacados Eduardo Arozamena y Amparo Arozamena, quien además era una gran bailarina y realiza una destacada interpretación del baile del joropo con la canción el Galerón Llanero. De igual forma, en la realización aparece Luis Moya Sarmiento como asistente, Moya sería director de El Milagro de la Sal (1958) en Colombia, radicándose en nuestro país, en donde formaría hogar.

No soy el primero en reseñar esta película, pues ya en 1949, el miércoles 23 de octubre, cierto joven crítico de cine en el periódico El Heraldo de Barranquilla, decía lo siguiente: “La fuerza de Rivera, la brutalidad del ambiente en que se movieron sus personajes, las violentas pasiones que los empujaron hasta el satánico corazón de la selva han sido llevadas fielmente a la pantalla, quizá con una maestría poco común en la mercancía cinematográfica de México.” Aquella nota fue firmada por un tal Gabriel García Márquez.

Realmente fue una muy grata experiencia cinéfila y seguramente la serie de televisión que se ha estrenado, llevará con renovada emoción a las nuevas generaciones a la trágica selva que nos descubrió el gran José Eustasio Rivera. Aquí dejo el tráiler, como aperitivo: 

Dixon Acosta Medellín

En lo que sigo llamando Twitter me encuentran como @dixonmedellin y exploro el cielo azul en Bluesky como @dixonacostamed.bsky.social

Una cuerda improvisada atraviesa de lado a lado una carretera que se abre paso en la selva amazónica de Colombia. Sirve como barrera en uno de los peajes informales que hay a lo largo de 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. Rosa*, la encargada de dar paso, asegura que, para cruzar, los carros deben dar un aporte de COP$15 000 (3,8 dólares), las motos $2000 (0,5 dólares) y los camiones $60 000 (14 dólares). Quienes transportan ganado, además, deben aportar $1000 (0,25 dólares) por cada res. Los recursos, dice, son administrados por la comunidad.

“El [cobro del] peaje se utiliza para alquilar la maquinaria para el mantenimiento de la vía hasta Puerto Nuevo, el caserío más cercano”, explica Rosa, quien por seguridad pide la protección de su nombre. Su trabajo consiste en reunir dinero para cuidar una vía que no ha sido autorizada por el Estado.

El tramo de carretera que administra Rosa empezó a abrirse bajo el bosque a finales de 1990, impulsada por grupos armados ilegales que buscaban mejores rutas para el narcotráfico. Debido a su ubicación estratégica entre los municipios de El Retorno y Miraflores, también fue usada por la guerrilla como corredor para dirigirse a Venezuela. Por supuesto, no fueron los únicos usuarios y, conforme la vía se consolidaba, empezaron a aparecer problemas mayores.

La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nukak, dos áreas claves para la biodiversidad. Tras su apertura, esta conectividad se ha ido perdiendo. Además, las autoridades se enteraron de su existencia “oficialmente” en el 2017, cuando se organizó un rally que pasaba por allí y los participantes compartieron fotos en las redes sociales. “Fue así que se dieron cuenta de que había una carretera en medio de la selva”, recuerda el exalcalde de Calamar, Giovanny Garcés.

2017 es una fecha clave, pues coincide con el período de devastación que llegó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando la desmovilización de los grupos armados le abrió las puertas a la colonización. A partir de entonces, las autoridades optaron por ignorar que esta era una vía ilegal y destinaron fondos públicos para ampliarla irregularmente. La excusa fue promover la conexión. Sin embargo, con esa decisión llegaron muchos problemas. Quien desconoce el impacto de las vías en la Amazonía podría pensar que sus beneficios sobrepasan cualquier tipo de daño ambiental. La realidad demuestra que esto no es cierto.

Al menos 28 mil kilómetros de carreteras se han construido dentro de la Amazonía en Colombia, según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS). Esto equivale a recorrer 28 veces la ruta de Bogotá a Cartagena. En palabras de Maryi Serrano, coordinadora de Seguimiento y Análisis Territoriales de la FCDS, “la tendencia constante al crecimiento de vías ilegales en la Amazonía colombiana tiene un impacto muy fuerte en términos de fragmentación y deforestación, especialmente en zonas con restricción ambiental, donde el avance ha sido más intenso”.

El análisis geográfico hecho por Mongabay Latam evidencia la magnitud del desastre. En esta carretera que se extiende por 159 km —donde se encuentra el pequeño tramo que cuida Rosa—, trazamos una línea imaginaria de 5 km a los costados de la vía. En esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para el 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el 2000 superaba las 25 mil hectáreas, el equivalente a más de 35 mil canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9 mil hectáreas de pasto y hoy, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 mil vacas. Este panorama se repite de forma exponencial en la Amazonía, la región donde se concentra la mayor deforestación del país (63 %).

Mongabay Latam analizó geoespacialmente la transformación del paisaje en torno a cinco carreteras ilegales que, en conjunto, suman 1926 kilómetros que fragmentan la selva colombiana. Además, un equipo periodístico —en alianza con France 24 en Español, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante— se desplazó hasta algunos de los principales tramos de esas vías, situados en los núcleos de deforestación del país, y los recorrió. Lo más preocupante es que la deforestación que detectamos no se ha detenido. Según la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, entre enero y mayo de 2025 se han activado 805 352 nuevas alertas de deforestación en la franja de cinco kilómetros alrededor de las vías. Los resultados muestran una relación directa entre la expansión de las vías ilegales, el avance de la deforestación y el crecimiento del hato ganadero, en medio de un contexto complejo donde confluyen comunidades locales, actores estatales y grupos armados ilegales.

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Las vías, fuente de “deforestación primaria”

Si juntamos, una tras otra, las cinco vías ilegales de la Amazonía colombiana analizadas por Mongabay Latam para este proyecto, el trayecto total sería equivalente a cruzar Colombia de extremo a extremo: desde Punta Gallinas, en la Guajira —la zona más al norte del país— hasta Leticia, en el extremo sur, en la triple frontera con Brasil y Perú.

Se trata de un trayecto enorme, de 1926 km, que reúne los casos más críticos de vías y deforestación en la selva amazónica colombiana: la red vial Selvas de Mapiripán, la vía Marginal de la Selva, la vía Calamar-Miraflores, la vía La Libertad-La Paz, y las redes viales que rodean y se adentran en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

A lo largo de esos caminos ilegales, el bosque ha ido desapareciendo. El análisis de Mongabay Latam revela que alrededor de estas cinco vías, en un radio de solo un kilómetro, ha habido, entre el 2000 y el 2023 , una pérdida acumulada de 104 674 hectáreas de bosque, un área casi tan grande como Río de Janeiro. Si se amplía la mirada a cinco kilómetros alrededor, la cifra se triplica y alcanza las 342 070 hectáreas, más de dos veces el tamaño de Ciudad de México.

La apertura de estas carreteras también ha impactado el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II, que ya acumula 27 kilómetros de vías ilegales en su interior, además de otros siete resguardos ubicados en los departamentos de Meta y Guaviare. Áreas protegidas de gran importancia, como el Parque Chiribiquete y la Serranía de la Lindosa, también están en riesgo. Dentro de ellas se extienden casi 76 kilómetros de vías ilegales que amenazan ecosistemas frágiles y pueblos indígenas no contactados. Además, otras áreas protegidas como la Reserva Nukak, el Parque Nacional Tinigua y el Parque Nacional Serranía de La Macarena se han visto fragmentadas y amenazadas por las vías ilegales que los rodean.

Con la llegada de las vías también se ha incrementado, a solo cinco kilómetros de los trayectos analizados, el número de vacas (con 464 262 registradas) y de cultivos de hoja de coca para uso ilícito (con 781 hectáreas para 2023). Estos últimos han cobrado fuerza cerca y dentro de la Reserva Nacional Natural Nukak.

Las cifras son un correlato del extenso análisis realizado hasta marzo de 2024 por la FCDS en toda la Amazonía de Colombia. Los investigadores de la organización ambiental estimaron entonces la apertura de cerca de 28 091 km de vías, unas 16 veces el trayecto anterior. La devastación detectada forma parte de lo que los expertos han llamado “una fuente de deforestación primaria”, es decir, que le abre paso a otras actividades económicas, tanto legales como ilegales, que contribuyen a la pérdida de bosque primario o virgen.

Estas transformaciones alrededor de las vías son lo que el Panel Científico por la Amazonía —una red de más de 200 científicos que se unieron para producir el primer informe integral del estado de la cuenca— denomina el efecto “espina de pescado”. Es una forma sencilla de explicar cómo, a partir de una vía principal, surgen nuevos poblados, nacen otras carreteras, aumenta el valor de la tierra y las actividades agrícolas se vuelven más rentables.

Para Adriana Rojas, coordinadora técnica de MapBiomas Colombia, una iniciativa que analiza la transformación de los bosques, las vías son “el principal impulso a todos los males de la Amazonía”. “Son una pieza fundamental para la deforestación, la pérdida de conectividad, la ampliación de la frontera agrícola y se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas de esos territorios”, afirma. Como resultado, el bosque desaparece y se convierte en enormes extensiones de pastos.

Ese fue uno de los motivos por los que, en 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que los tramos pendientes de una vía conocida como “La Marginal de la Selva”, que atravesaría la Amazonía colombiana de extremo a extremo, no se iban a realizar. El proyecto se originó en 1963 y buscaba conectar la Amazonía desde Venezuela hasta Bolivia, como un símbolo de desarrollo regional, aunque con enormes implicaciones ambientales.

Pero la decisión presidencial fue insuficiente. Los tramos que no terminó el Estado fueron abiertos de manera informal e ilegal. Este es el caso del corredor de 318 kilómetros que se abre paso entre San José del Guaviare (Guaviare), La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), desconectando los Parques Nacionales Tinigua y Sierra de La Macarena del PNN Serranía de Chiribiquete. Desde el 2000 hasta 2023, el análisis geográfico realizado para esta investigación muestra que a un kilómetro de ese tramo se han perdido más de 13 000 hectáreas de bosque húmedo tropical. A cinco kilómetros la pérdida es casi cuatro veces mayor, sumando más de 63 000 hectáreas.

Al recorrer esa vía, el equipo periodístico de Vorágine pudo corroborar que la carretera continúa abriéndose sin el aval de las autoridades. Además, existe un control de grupos armados que incluye cobros a grandes terratenientes y ganaderos, y establece restricciones de movilidad. También hay un sistema comunitario de peajes informales. “La carretera está a la merced de ellos”, asegura un habitante de la zona. Mientras las comunidades campesinas recogen el dinero, contratan maquinaria y organizan jornadas de trabajo para arreglarla, los grupos armados controlan el paso y dan órdenes sobre el estado en el que debe permanecer.

Lo peligroso es que los ramales que se desprenden de las vías no solo desconectan áreas protegidas, también se extienden hasta el interior de ellas. La organización Parques Naturales Cómo Vamos publicó en su último reporte que, entre 2018 y 2023, se abrieron 827 nuevos kilómetros de caminos ilegales en áreas protegidas del Arco de Deforestación Amazónico. En total, a 2023, se tenían registrados más de 1500 kilómetros de vías al interior de esos santuarios naturales.

Vías sin permisos, pero “¿planificadas?”

Una de las vías analizadas se ubica en la zona de transición entre las sabanas de la Orinoquía y la selva amazónica. Allí, Mongabay Latam identificó más de 10 ramales que, en conjunto, suman 549 kilómetros. Se trata de la Red Vial Selvas de Mapiripán, donde se deforestaron 23 600 hectáreas entre 2000 y 2023 en una franja de apenas un kilómetro alrededor de las carreteras. Si ampliamos la mirada a cinco kilómetros, la deforestación casi se duplica, alcanzando más de 42 000 hectáreas en el mismo periodo de tiempo.

Lo que llama la atención es que algunos de los tramos están perfectamente trazados en línea recta por hasta 60 kilómetros, un trabajo que requiere de condiciones técnicas, equipo especializado, maquinaria y altas inversiones económicas. Como alertó la Procuraduría en febrero de 2023, esa infraestructura se estaría desarrollando “con la posible aquiescencia o pasividad de las autoridades locales y muchas veces mediante procesos contractuales que estas mismas autoridades autorizan y ordenan”.

En Guaviare, un departamento que se encuentra amparado casi en su totalidad por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años, la FCDS analizó 117 proyectos de infraestructura vial y rural, por un valor de más de COP$990 500 millones (240 millones de dólares), destinados a mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras. La mayoría de los recursos públicos se dirigían a los municipios donde la deforestación avanza aceleradamente (San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores).

En el caso de la vía ilegal que une a Calamar y Miraflores, en 2019, la Fiscalía señaló a los alcaldes de El Retorno, Calamar y Miraflores, así como a un funcionario de la Gobernación del Guaviare, de contratar obras para el mejoramiento del tramo en medio de irregularidades. La vía estaba asociada a focos de deforestación e incendios. La pérdida de bosque en el departamento pasó de 11 456 hectáreas a 34 527 en solo tres años (2015-2018), delitos por los cuales aún se les investiga.

Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), que la vía se seguiría ampliando. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 96 462 alertas de deforestación, en comparación con las 117 381 alertas activadas entre enero y mayo de este año. Esto indica que el bosque sigue cayendo.

Este no es el único caso en el que autoridades regionales han sido señaladas de promover, ya sea con fondos o con maquinaria pesada, la apertura y adecuación de vías ilegales.

Ganadería: más vacas que personas

A la par del aumento del número de vías, el análisis hecho por Mongabay Latam muestra que hay una correlación entre el crecimiento de la infraestructura, el aumento de la deforestación y la expansión del hato ganadero. En Guaviare, Caquetá y Meta, donde la red vial ha crecido de forma acelerada, las cabezas de ganado también se incrementaron en 95 %, 60 % y 40 %, respectivamente, entre 2016 y 2022, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Un contraste notable con el promedio nacional, donde el aumento fue de 31 %.

En municipios como Mapiripán (Meta), en los trayectos analizados para esta investigación, se abrieron más de 200 kilómetros de vías entre 2018 y 2021. Según las cifras más recientes del ICA, a cinco kilómetros de estas carreteras pastan más de 19 000 vacas. En todo el municipio, el hato ganadero casi se triplicó entre 2016 y 2023 hasta alcanzar las 162 237 cabezas de ganado.

De forma similar, en el municipio de La Macarena (Meta) —que es atravesado por los tramos informales que buscan “completar” la Marginal de la Selva—, las cabezas de ganado aumentaron casi cinco veces tras la firma del Acuerdo de Paz, según las estadísticas del ICA. Se trata del municipio que acumula el mayor número de vacas en la región desde 2016.

Otros municipios aledaños al PNN Chiribiquete también experimentaron un crecimiento significativo. En Calamar y Miraflores, por ejemplo, ya hay más vacas que personas. El censo de vacunación del ICA registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

Aunque la ganadería no es una actividad ilegal, su desarrollo sí está restringido en áreas de importancia ambiental, como la Amazonía, donde actualmente cerca del 85 % del territorio tiene un estatus legal que promueve la conservación. Pese a esto, las vacas se acercan cada vez más al interior de las áreas protegidas. En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Sin embargo, como insiste Catalina Oviedo, coordinadora de la oficina regional en el Amazonas de la ONG Centro de Alternativas al Desarrollo (Celades), aunque existe una conexión directa entre la expansión de la ganadería y la creación y la mejora de vías, hay que tener en cuenta que estas también han sido históricamente usadas por campesinos y poblaciones indígenas. “Hay que ampliar la discusión sobre esta relación, evitando caer en estigmatizaciones y violaciones de derechos humanos”, afirma. En palabras de Guillermo Peña, líder campesino en San Vicente del Caguán, esas vías, “así las tilden de ilegales”, son la columna vertebral que los conecta y los saca del aislamiento.

Lo cierto es que los pequeños campesinos no son los grandes impulsores de la deforestación, y tampoco son los únicos que usan las vías de esos territorios. Un estudio publicado en la revista científica Nature, en el que se analizó la transformación en la Amazonía colombiana entre 1985 y 2019, concluyó que la conversión masiva de bosques a ganadería no fue impulsada por “pequeños agricultores”, sino por grandes terratenientes con el objetivo de “asegurar expectativas sobre el valor futuro de la tierra y especular a través de mercados ilegales de tierras”. Otros análisis coinciden. En municipios como La Macarena y Mapiripán, la FCDS encontró una alta concentración de terrenos abiertos, con más de 500 hectáreas por propietario.

Además, según un informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la ganadería en estas áreas puede ser una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales y organizaciones criminales que operan en la región, así como un entorno propicio para el lavado de activos.

Vías, conflicto y cultivos ilícitos

La Amazonía en Colombia es un lugar clave y disputado. Allí, además de bosques prístinos o áreas naturales protegidas, se encuentran alrededor de 62 pueblos indígenas, indígenas en aislamiento voluntario y campesinos que han llegado con diferentes oleadas de colonización. Pero también grupos armados ilegales que han utilizado la zona para la extracción de recursos y para ejercer un control territorial.

Como recuerda Fernando Reyes, presidente de la vereda Nuevo Horizonte, en Cartagena del Chairá (Caquetá), él compró su tierra cinco meses antes de que a su alrededor iniciara la “locura de los baldíos”, como le llamó a la migración de personas de otras partes del país hacia esta región en 2015. “A la gente se le metió en la cabeza que la guerrilla ya no estaba y que nadie los atajaba”, menciona. Esa fue la forma que encontraron para lograr un pedazo de tierra donde antes estaban las FARC. Aunque, según la ley, estos predios colonizados no pueden ser vendidos, comprados ni explotados, sobre ellos avanzan actividades legales e ilegales.

Organizaciones ambientales que estudian la Amazonía han identificado “una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos” que han aprovechado el vacío dejado por la desmovilización y desarme de las FARC para ampliar su poder y actividades. “Como resultado, la magnitud, intensidad y velocidad de explotación de recursos en la Amazonía colombiana ha aumentado”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta los municipios de La Libertad y La Paz se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible en el monitoreo satelital desde el año 2000 en una zona cocalera, es a partir de 2016 que se mejora y amplía en casi 57 kilómetros. Allí a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis de Mongabay Latam evidenció que las hectáreas con cultivos de coca se duplicaron alrededor de esta vía. En 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas. Un año después los cultivos ilícitos alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120. A nivel general, en el departamento, se registraron 4395 hectáreas de coca sembradas en 2022 y, como aseguró uno de los habitantes de La Paz, allí la economía gira alrededor de la pasta base de coca.

Una situación similar ocurre en la vía Calamar-Miraflores, en Guaviare, donde —entre 2022 y 2023— las hectáreas de coca a 1 km de la vía se cuadruplicaron. Además, como alertó un informe de la UNODC en 2023, la cuenca amazónica compartida por Colombia, Brasil, Perú y Bolivia “se está configurando como un corredor clave para el narcotráfico en la región”.

La situación es difícil de controlar pues, como informó Parques Nacionales a Mongabay Latam, hay al menos 11 áreas protegidas de la Amazonía colombiana en las que los guardaparques y funcionarios de la entidad tienen restricciones de acceso y movilidad por parte de los actores armados. “Eso dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo a la biodiversidad. También limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control”, aseguró la entidad.

Todas las vías llevan a Chiribiquete

Uno de los lugares con la mayor categoría de conservación en Colombia es el PNN Chiribiquete, que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2018 y al que nadie, además de los guardaparques, algunos investigadores y los pueblos indígenas que lo habitan, puede entrar. Sin embargo, ya ha sido atravesado por más de 62 kilómetros de vías amplias y tecnificadas, como lo muestra el análisis de Mongabay Latam, aunque si se consideran otras trochas que se encuentran debajo del bosque y que están desconectadas del entramado de caminos la extensión alcanza los 125 kilómetros, tal y como figura en el reporte de FCDS incluido en el informe de Parques Cómo Vamos.  Algunas son vías históricas que hicieron parte de la movilización de las guerrillas durante décadas y que, en su origen, estaban ocultas bajo el bosque, pero que, tras el proceso de paz, comenzaron a abrirse con maquinaria.

Según Jenny Cueto, directora de la oficina territorial de la Amazonía de Parques Nacionales, cada año se deforestan, en promedio, mil hectáreas de bosque dentro del parque. Las vías que amenazan el área protegida “no salen de la nada. Sino que vienen asociadas a unos tramos que, a su vez, vienen de unas vías que se conectan entre municipios y departamentos”, insiste.

Al norte de Chiribiquete, por ejemplo, las vías se desprenden de la Marginal de La Selva, que conecta La Macarena con San José del Guaviare. Desde La Macarena también se desarrollan caminos que conducen hacia Chiribiquete y el Resguardo Yaguará II. Como estas, al menos 13 tramos más que forman parte de las vías que están alrededor del parque buscan llegar o pasan por el área protegida. En total, se trata de 843 kilómetros de trochas ilegales.

Su apertura ha desencadenado la deforestación de más de 195 mil hectáreas a cinco kilómetros alrededor de las vías, un área equivalente a casi 1730 veces el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Además, según el análisis realizado por Mongabay Latam, en un radio de un kilómetro de estos 13 tramos alrededor del PNN Chiribiquete existen 53 437 bovinos.

En otras áreas protegidas la situación se repite. Según el último informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos, se identificaron accesos viales en los Parques Nacionales Naturales Tinigua (723,6 km), Sierra de La Macarena (600,4 km), Serranía de Chiribiquete (125,2 km) y La Paya (19,5 km), así como en la Reserva Nacional Natural Nukak (33,3 km). Las carreteras coinciden con las áreas protegidas donde se reporta, también, mayor deforestación. De hecho, en las áreas protegidas de la Amazonía se concentra el 82% de la deforestación de todo el Sistema Nacional Natural de Áreas Protegidas (SINAP).

En agosto de 2024, el Minambiente presentó lo que llamó “una acción contundente en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el Parque Nacional Chiribiquete”: destruyó acceso terrestres ilegales y cultivos ilícitos existentes al interior del área protegida. “Estas infraestructuras eran usadas para actividades ilícitas como procesamiento de cocaína en laboratorios y ganadería como motor de la deforestación. Por lo anterior, se realizó la inhabilitación de dos laboratorios, un establo y además se llevó a cabo la destrucción de 5 puentes carreteables presentes al interior de este parque, que eran utilizados para facilitar estas labores”, le dijo la entidad a Mongabay Latam.

Sin embargo, las operaciones militares no han logrado debilitar las redes que destruyen y degradan Chiribiquete y la Amazonía. La pérdida de bosque ha generado zonas desconectadas y la fragmentación de los ecosistemas.

Aunque también el gobierno ha impulsado acuerdos sociales para pasar de “núcleos de deforestación” a “Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad” en la Amazonía, ofreciendo posibilidades económicas a los campesinos que ya se encuentran allí, por ahora los resultados son poco alentadores. Según explicó la exministra de Ambiente Susana Muhamad, antes de dejar el cargo, de los 15 núcleos de los que hay información, en cuatro persisten niveles similares de deforestación y en cinco la pérdida de bosque aumentó.

Mientras tanto, cientos de kilómetros de vías se siguen abriendo diariamente en la Amazonía y reproduciendo las tensiones entre las necesidades de la población, el conflicto y el futuro incierto de la Amazonía. Si esta tendencia continúa, la región se dirige a un proceso de sabanización y praderización irreversible: lo que los científicos han llamado ‘un punto de no retorno’.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con France 24, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz Cardona. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación: Vanessa Romo y David Tarazona. Análisis geoespacial: Cristian Salas. Periodistas: Daniela Quintero Díaz, Mariana Guerrero, María Clara Calle, César Molinares, María Paula Murcia Huertas, Natalia Duque Vergara, Juan Carlos Granados. Visualizaciones: Eduardo Motta y Cristian Salas. Ilustración: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración principal: 1926 km de vías ilegales analizadas por Mongabay Latam están acabando con la selva en resguardos indígenas y áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Ilustración: Alma Ríos

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En los llanos orientales de Colombia, la unión de tres reservas naturales de la sociedad civil ha servido para hacerle frente a la deforestación y a la degradación de los ecosistemas. Lo han hecho plantando más de 20 000 árboles nativos y creando corredores biológicos. El proyecto, llamado el Triángulo del Puma, ha logrado el avistamiento de cerca de 300 especies de mamíferos y aves y ha permitido que pumas (Puma concolor), dantas (Tapirus), chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris), entre otros, transiten libremente por la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Manacacias.

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El Triángulo del Puma está ubicado en la cuenca alta del río Yucao, en las veredas Matazul-Yucao, La Ema y La Serranía en Puerto López, Meta. Y recibe su nombre no solo en honor a este felino que es la especie sombrilla —aquella que requiere de grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural y funcionan como un canal para la conservación de todo el ecosistema—, sino a la figura que forman las reservas Yurumí, El Amparo y La Reseda.

En la Orinoquia confluyen las sabanas colinadas, los bosques de galería y las zonas de humedales, todos ecosistemas clave para la protección de la biodiversidad. Es por eso que en el Triángulo del Puma, según el Reporte Bio Orinoquia del Instituto Humboldt, se sembraron más de 20 000 árboles en colaboración con Cormacarena —autoridad ambiental en la región— y se proyectó el trazado de corredores biológicos mediante sistemas de información geográfica.

Esto, según el informe, para proteger algunas especies que habitan allí como la nutria gigante o nutria del Amazonas (Pteronura brasiliensis), categorizada como especie En Peligro según la Lista Roja, además del mono nocturno de brumback (Aotus brumbacki), el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), el tapir terrestre o tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris), el armadillo gigante (Priodontes maximus), el pecarí de collar (Pecari tajacu), el tigrillo o gato tigre (Leopardus tigrinus), todas en categoría Vulnerable.

Esta iniciativa nació en 2018 de la unión y la preocupación de habitantes del Meta por proteger y promover la biodiversidad. Juan David Gutiérrez, director de la Reserva Natural El Amparo, cuenta que “en un trabajo por fortalecer lazos con las comunidades de las veredas aledañas, nos unimos con dos reservas más para crear una iniciativa de la sociedad civil que incentiva hacer corredores biológicos que nos conecten. Esto especialmente porque ahora somos zona de amortiguamiento del Nuevo Parque Natural Manacacías”.

Según Paola Campo, directora de la fundación y reserva natural Yurumí, en la región hay varias amenazas para los ecosistemas, como el avance de la frontera agroindustrial, la degradación de ecosistemas, el conflicto entre humanos y felinos, la fragmentación del paisaje y la pérdida de bosques. En el Triángulo del Puma han apostado por actividades de avistamiento y monitoreo de aves, promoción de la ganadería sostenible y la restauración participativa del territorio como formas de contrarrestar esas amenazas.

Quitándole el estigma al puma

La Orinoquía colombiana está llena de colonos que han llegado desde otras zonas del país. Cuando la familia de Juan David Gutiérrez se trasladó a los llanos orientales desde Bogotá, la región era principalmente ganadera y los conflictos entre los habitantes y el puma eran constantes. Los ganaderos acusaban al animal de matar a su ganado y hacían jornadas para cazarlo.

Aunque hoy en día la amenaza no ha desaparecido, los participantes del Triángulo del Puma se han dedicado a implementar estrategias antidepredatorias para disminuir los conflictos entre el animal y los habitantes de las veredas. Una de ellas es la promoción de la ganadería sostenible, una alternativa en la que por medio del cerramiento de potreros, el suministro constante de agua para las vacas y la conservación de cierto porcentaje de los árboles, se contribuye a la protección del medio ambiente y del ganado.

“Hay que hacer una transformación en la mentalidad y una inversión económica que no ha sido fácil. El llano ha sido culturalmente de ganadería extensiva, con poco cuidado del medio ambiente. Entonces se han hecho cambios de manera lenta, no solo para controlar el conflicto con el puma, sino también para que la gente vea los beneficios que trae el programa de ganadería sostenible”, asegura Gutiérrez.

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto López, de las 17 338 hectáreas que abarca el Triángulo del Puma, 2099 se catalogan como determinantes en protección, 2097 como protectoras forestales y 2400 como área de interés paisajístico y productivo (entre ellas la ganadería sostenible).

Intentar un cambio en la actividad ganadera fue una de las primeras resistencias con las que se encontraron los dueños de las reservas cuando decidieron socializar el Triángulo del Puma a sus vecinos. A la gente de las demás fincas les generaba desconfianza la iniciativa. “Pero en la medida que avanzamos, hemos podido mostrar las ventajas. Poco a poco van cediendo, se requiere de mucho trabajo en este punto”, asegura Martha Morales, dueña de la reserva La Reseda.

Por otra parte, Paola Campo explica que el recelo de los vecinos se relacionaba, en gran medida, con el temor y odio que le tenían al puma.

Según el informe Felinos de la Fundación Omacha, la percepción negativa hacia estos animales está influenciada por la fuerte presión humana a los paisajes en los que habitan. “Los modelos productivos conllevan a una fuerte transformación de las coberturas naturales e introducción de especies de fauna y flora exóticas. Estas nuevas aproximaciones generan percepciones hacia los felinos como depredadores de animales domésticos y una amenaza a la seguridad de las personas en las zonas rurales donde humanos y felinos comparten los ecosistemas”.

Juan Manuel Cardona Granda, ingeniero forestal con maestría en manejo forestal de la Universidad de Chile, explica que es necesario romper con el estigma hacia el puma, ya que es una especie que regula las poblaciones de todas sus presas, impidiendo su crecimiento excesivo y manteniendo el equilibrio en sus hábitats. Además, su presencia es un indicador del buen estado de conservación de los ecosistemas.

Cardona Grana añade que “al proteger el puma se protegen muchas plantas de su hábitat. Si logramos asegurar que el puma permanezca en la zona, los árboles y otros animales, por más pequeños que sean en la cadena alimenticia, se preservan, se propagan y se controlan”.

Para el informe Felinos, la iniciativa del Triángulo del Puma se convierte en una estrategia que permite la conservación de este importante ecosistema conocido como la Serranía Llanera. Además, “esta iniciativa es innovadora al emplear un felino como el puma y sus amplios requerimientos de hábitat como criterios para ordenar, ecológica y sosteniblemente, una cuenca hidrográfica donde tenga espacio la conservación de la biodiversidad y los diferentes modelos productivos presentes en el área”.

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El valor de monitorear la fauna

Precisamente, para velar por la protección de otras especies, desde 2023 las tres reservas instalaron 16 cámaras trampa. Según el portal Wildlife Insights, en el que las reservas y las ONG suben la información y la ponen a disposición de científicos, El Amparo ha logrado captar 4220 imágenes de vida silvestre, identificando especies como el pecarí de collar (Pecari tajacu) y el paujil culicolorado (Crestless curassow). La Reseda ha capturado 1043 imágenes en donde aparecen la tórtola frentiblanca (Leptotila rufaxilla) y el zorro cangrejero (Cerdocyon thous). Y en Yurumí se han tomado 777 imágenes donde han identificado especies como la rata espinosa (Proechimys canicollis) y el ocelote (Leopardus pardalis).

De acuerdo con el Reporte Bio Orinoquia, en el desarrollo de estas acciones de monitoreo más de diez familias (en ocho predios que abarcan aproximadamente 6000 hectáreas) se involucraron en la recolección de datos sobre biodiversidad.

La importancia de este método de monitoreo, según Loreta Rosselli, bióloga, ornitóloga y consultora independiente, es que en el Triángulo del Puma se han registrado apariciones de especies raras como el zorro vinagre o perro vinagre (Speothos venaticus). Además que se han podido registrar ejemplares de dantas muy jóvenes. “Lo más emocionante es que esos datos quedan en el sistema de información de biodiversidad del país y en otras plataformas para que estén a disposición de científicos y otras personas interesadas”, dice Rosselli.

Estos encuentros con esta especie han sido de suma importancia ya que suele alejarse de zonas en donde haya mucho contacto con humanos y prefiere habitar zonas bien conservadas, donde haya muchas presas como roedores y ardillas.

Las reservas del Triángulo del Puma también participan cada seis meses en eventos mundiales de observación y monitoreo de aves como el Global Big Day. A través de estos espacios han identificado 301 especies de aves.

Con la información de fototrampeo y de avistamiento de aves, los integrantes del Triángulo, en conjunto con el Instituto Humboldt, GIZ, la Universidad de los Llanos, Audubon, The Nature Conservancy y otras organizaciones, han estudiado patrones de tránsito, migración, propagación y hábitos para implementar programas que ayuden a la protección y conservación de la flora y fauna de la región.

En el último conteo de aves realizado el 12 de octubre de 2024, la bióloga Loreta Rosselli asegura que se registraron 833 individuos de 122 especies. Ese día se captaron dos nuevas especies para el área del Triángulo del Puma: el ermitaño barbigrís​ (Phaethornis griseogularis) y el mango gorginegro​ o mango pechinegro (Anthracothorax nigricollis).

Gutiérrez comenta que “cuando uno empieza a hacer memoria, la cantidad de aves que se ven en El Amparo, alrededor de las casas, en los bosques, se ha incrementado indudablemente. Ahora, por ejemplo, están las tijeretas que vienen del sur, hay unos grupos bastante grandes de esas aves migratorias”.

Para Rosselli, hacer un inventario y monitoreo de estas especies no es solo hacer un conteo. “La idea es hacer este ejercicio a lo largo del tiempo, varias veces y usando el mismo método para ver cómo va cambiando la avifauna. También es importante ver qué nos están diciendo esos números. Por ejemplo, si este pájaro está aumentando, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué come él? ¿Por qué está aumentando?”.

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El Triángulo del Puma como guardián de los árboles

El Triángulo del Puma no funciona como una gran reserva, sino que, según los dueños de los predios, son tres ‘islas’ conectadas por corredores biológicos que buscan mantener la conexión de las especies. Además, está en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Manacacías, que fue declarado como área protegida e ingresó al Registro Único Nacional de Áreas Protegidas en 2023.

La Orinoquía se ve amenazada por varios factores, no solo por la deforestación y la cacería de diferentes especies como el puma y el venado. Según Juan Manuel Cardona, la zona tiene riesgo por las malas prácticas en ganadería y agricultura que afectan la flora y fauna de la región. “Hay prácticas que son simplemente destructivas. Por ejemplo, cuando la gente saca material de sabana para rellenar carreteras, en donde la regeneración de pasto es muy lenta y quedan un montón de charcas, peladeros”, afirma. El ingeniero también menciona la amenaza que representa el pasto jaraguá que, aunque crece rápido, es un pasto africano muy invasor.

Loreta Rosselli destaca la cercanía del Triángulo del Puma con el Parque Manacacías porque “hace que la capacidad de desplazamiento de algunos organismos mejore sus posibilidades de conservación a largo plazo”. La científica asegura que si en un parque nacional hay animales que requieren grandes áreas, su población es muy pequeña, y lo más probable es que haya un deterioro genético por el cruce entre parientes. “Por eso es muy importante que haya conectividad con otras poblaciones [por fuera del área protegida] para que sean más sanas”.

En 2019, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) declaró el Triángulo del Puma como una zona de importancia ambiental. En noviembre de 2023 se declaró a Manacacías como parque nacional y Paola Campo, directora de la fundación y reserva Yurumí, cuenta que junto con las reservas vecinas tuvieron reuniones con  TNC, el Sirap Orinoquia, Resnatur y Parques Nacionales Naturales, donde les explicaron cómo la promoción de reservas de la sociedad civil como las de ellos son cruciales para formar un gran corredor biológico que rodee al parque.

En ese sentido, Juan Manuel Cardona menciona que en la zona hay varias especies de flora que son representativas y que requieren una protección urgente. “Por ejemplo, el saladero rojo (Pterocarpus soyauxii) está siendo muy golpeado en la Orinoquía por su uso en la parte maderera, ya que lo utilizan para postes de cerca y construcción”.

De ahí que El Triángulo del Puma trabaje también en programas de reforestación. Juan David Gutiérrez, explica que en el caso de la reserva El Amparo “aprovechamos que teníamos vocación de cuidado medioambiental y tras obtener un certificado de incentivo forestal en la región, iniciamos la siembra de árboles nativos. Esa fue la transición para dejar la ganadería con la forma tradicional”.

Gutiérrez también dice con orgullo que en su reserva hay un parche muy grande de una palma llamada socratea (Socratea exorrhiza) al que han entrado investigadores con sus alumnos y se sorprenden porque es difícil ver un bosque en esas condiciones, debido a la alta deforestación de la zona. “Uno de los investigadores contó que cuando hizo su tesis encontró un bosque pero tenía una cuarta parte de la cantidad de palma que tenemos nosotros [en El Amparo]”.

Paola Campo también cuenta que hay zonas donde el bosque se viene restaurando solo: “hay sectores de regeneración espontánea y eso me ha parecido un gran logro porque hay un moriche totalmente sano [palma nativa vital para garantizar la seguridad hídrica, hacerle frente a los incendios forestales y servir de sustento para comunidades locales] que captura CO2, y que hace parte de todo un ciclo del agua en la región”.

Para Juan Manuel Cardona es fundamental contar con iniciativas privadas que complementen el sistema nacional de áreas protegidas, ya que Colombia, como país megadiverso, no puede esperar a que todos los ecosistemas y sitios que requieren preservación, conservación y restauración sean protegidos únicamente por los parques nacionales u otras categorías a cargo de los gobiernos nacional, departamental o municipal.

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Un esfuerzo de conservación que quiere crecer

Alrededor del Triángulo del Puma hay varias empresas agroindustriales. Según el informe El zumbido del Orinoco de Parques Nacionales Naturales, en 2017, además de la ganadería, se ha fortalecido el sector cañero en la región.

Es por eso que los miembros del Triángulo han intentado acercarse a los empresarios agrícolas y ganaderos para que se sumen a la iniciativa y para que dentro de sus políticas contribuyan a la conservación de la zona y la protección del puma. Paola Campo dice que podría existir una mejor relación con los grandes monocultivos cercanos si se invierte en compensaciones significativas —medidas para resarcir el daño a la biodiversidad y los ecosistemas causado por actividades humanas—. “En lugar de dispersar las compensaciones en esfuerzos menores, ¿por qué no dirigirlas hacia iniciativas de gran impacto que operan cerca de sus instalaciones, dentro de sus propios territorios?”.

Para María Cristina Moreno, gestora de procesos comunitarios y copropietaria de la reserva El Amparo, la producción tiene que ir de la mano de la conservación. Para lograrlo, dice, es necesario reunir la voluntad política del gobierno nacional y de los locales para establecer planes de ordenamiento territorial y licencias ambientales. Moreno añade que dichas licencias deberían otorgarse a proyectos que estén alineados con la protección de los corredores biológicos que conectan las áreas protegidas o las zonas de conservación en la región.

Pese a que han recibido apoyo de diferentes organizaciones como universidades, y ONG, mantener proyectos como El Triángulo del Puma es un reto. Por ejemplo, Martha Morales, de la reserva la Reseda, explica que su reserva se sostiene por la ganadería de cría. “La venta de semovientes cubre el 64 % de los costos, el 30 % lo cubre mi pensión y el 6 % restante se cubre con servicios derivados de la conservación: prácticas universitarias, descuento predial, abono orgánico, productos de pan coger”, dice Morales. En otras fincas, como El Amparo, se dedican a la apicultura y también hacen aportes de su propio capital.

Todo esfuerzo cuenta, pues a pesar de esfuerzos como El Triángulo del Puma, la Orinoquia sigue enfrentando amenazas como la pérdida de hábitat, la disminución de presas para especies como el puma y el conflicto de este y otros animales con los humanos. Según Global Forest Watch, entre 2002 y 2023, Puerto López experimentó una disminución del 1,3% en su área total de bosque primario húmedo, lo que equivale a una pérdida de 127 hectáreas.

Actualmente, varios científicos trabajan en un estudio sobre las aves y mamíferos que se encuentran dentro del Triángulo del Puma. Además, los dueños de las tres reservas de la sociedad civil esperan que las fincas vecinas conozcan y aprendan más sobre el cuidado de esta zona de vital importancia para el Parque Nacional Natural Manacacías, para que finalmente sumen su grano de arena en la protección del biodiverso ecosistema orinocense.

*Imagen principal: foto de referencia para este artículo. Un ejemplar de Puma concolor avanza entre los riscos de un área de la Patagonia. Especie oportunista y con gran capacidad de adaptación, su progresiva expansión hacia el norte ya ha sido documentada en varias provincias del centro de Argentina. Foto: cortesía Franco Bucci/Rewilding Argentina

El artículo original fue publicado por Alejandra Cetina en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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¿Por qué no se ha vuelto a hablar del caso judicial del exsenador, Ciro Ramírez, y de las marionetas?

José Moreno: El caso del doctor Ciro Ramírez está para decisión judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia y ya se presentaron los alegatos. Hasta hace poco terminó el juicio oral se presentaron los testimonios de diferentes personas, entre ellos los testigos de la Fiscalía que sirvió para que el alto tribunal adelantara el escrito de acusación.

¿Qué se pudo evidenciar la declaración de estos testigos?

José Moreno: En esta etapa fue posible evidenciar la manera en cómo estos testigos cambiaban su versión frente a varios aspectos como la mención de unas reuniones a las que supuestamente asistió Ciro Ramírez y durante la práctica de pruebas se determinó que solo había asistido a una. Tampoco había una sola versión de las fechas de estas reuniones, divagaron sin precisar. Además de que aseguraron que estas citas se hicieron en la sede del Departamento de Prosperidad Social (DPS), pero no hay registros de un ingreso suyo a la entidad.

¿En qué otros aspectos hubo esas contradicciones?

José Moreno: Algunas veces decían que las reuniones se hicieron en Bogotá; cuando se les preguntó sí eran virtuales o presenciales también las cambiaban porque primero dijeron que eran presenciales y luego que llamadas y luego que por chat. En esto último salieron con que borraron las conversaciones.

En este asunto está mezclada la señora Katherine Rivera

José Moreno: Al principio decían que era ella la que movía y modificaba las citas, pero después en la Corte Suprema de Justicia dicen que nunca entraba a las reuniones. Discúlpeme, pero no se puede hacer lobby si no se hace presencia en una reunión.

¿Qué se dijo de los dineros que supuestamente habría recibido Ciro Ramírez?

José Moreno: Al caso llega otro elemento, y es el del dinero. Aseguran que ese proyecto se gestionó porque según ellos, se le habían dado mil millones de pesos al senador Ciro Ramírez, pero cuando ya esa declaración llega a una instancia como la Corte y se evidenció que no existe ninguna conversación con este tipo de ofrecimientos, cambian su versión y dicen que no saben, que les dijeron, y que se ofrecieron 200 millones a los contratistas. Aquí hay unas personas que están mintiendo.

¿Qué han dicho los contratistas?

José Moreno: Los contratistas dijeron que no conocían a Katherine, y que tampoco conocían a Ciro Ramírez. Sí ellos no los conocían, ¿cómo direccionaban dinero? Es absurdo.

¿Absurdo?

José Moreno: Si claro. Y le digo algo que me parece bastante extraño, hay contratistas que tenían contratos en la Gobernación (Quindío) con unos sueldos bastante altísimos.

¿Qué pruebas tiene usted para asegurar eso?

José Moreno: El mismo Proyecta publicó en algunos medios de comunicación y en su misma página que esa gestión del convenio que se firmó entre Proyecta Quindío y la Gobernación se hizo por gestión de la Gobernación.

¿Usted lo que está diciendo o insinuando es que la Gobernación del Quindío pagó vía contratos a testigos falsos?

José Moreno: Es muy raro que una persona que esté en un problema jurídico con la Gobernación, pues tenga al mismo abogado del exgobernador. Eso es lo raro.

¿Es posible que la Corte Suprema de Justicia dicte una orden de captura basándose en un expediente con testimonios de testigos falsos?

José Moreno: Es que a Ciro Ramírez lo capturan bajo el argumento de un posible riesgo de influencia en el proceso por parte del senador.

¿Qué intereses podría existir por parte de la anterior Gobernación del Quindío para querer encarcelar al senador Ramírez’

José Moreno: Es importante dejar claro que es el gobernador anterior, no el actual. Ahora, sí hay un contrato firmado entre una empresa privada y una gobernación, a quién deben investigar es al gobernador de turno no a Ciro Ramírez.

Dice usted que esas reuniones han sido desvirtuadas, pero ¿no será que esas reuniones se hicieron por fuera del DPS para que no quedaran evidencias?

José Moreno: Esa pregunta me permite aclarar lo siguiente: Primero dijeron que fueron 5 reuniones y luego que 1. Cuando se evidenció que no existía evidencia del ingreso de Ciro Ramírez al DPS dijeron que no se acordaban, que fue en otra fecha y que los chats lo habían borrado. Además, el día que supuestamente hablaron con Katherine Rivera, ella estaba en una operación médica.