Hernando Llano Ángel

Este aforismo del Dhammapada, sabia advertencia contra la futilidad de las guerras y la obsesión por vencer, deberíamos tenerlo en cuenta todos los colombianos mañana domingo 21 de junio, cuando elijamos presidente de la República, pero también en los resultados de nuestra Selección en el mundial de fútbol. Así lo ha expresado el mismo presidente Petro en manifestación pública en Cali: “Ningún ciudadano o ciudadana que haya defendido este Gobierno, que me haya hecho presidente, debe agredir a nadie el domingo. Nada, a nadie”, ha enfatizadodurante un acto con sus seguidores en Cali. “Lo ordeno como presidente y mandatario del mandato que es el pueblo”[i]. Un mensaje muy significativo, dirigido a sus seguidores, en la ciudad que fue el epicentro del llamado “estallido social” en el 2021, para desactivar posibles excesos y provocaciones que deriven en víctimas mortales. Un llamado que incluso deberíamos tener en cuenta en la forma como celebremos los resultados de la Selección en el mundial de fútbol. Por ahora, estamos eufóricos con la victoria de 3-1 sobre Uzbequistán, pero el martes 23 de junio podemos lamentar la derrota o el empate frente a la República Democrática del Congo y el 27 ante Portugal. De nuevo, citaré a Gabo y su Proclama “Por un País al alcance de los niños”: “Nuestra insignia es la desmesura. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil”[ii]. Por eso la única forma de conservar la serenidad y la alegría, para los próximos encuentros y después de las elecciones, es superando el jolgorio de los triunfos y la tristeza por los empates o las derrotas. Eso lo saben muy bien los jugadores de la Selección. Con mayor razón deberíamos saberlo todos los ciudadanos en la política, ese juego del poder que nos define cómo vivimos y morimos, desde la cuna hasta la tumba. Hay que repetirlo hasta la saciedad, como bien lo expresaba Albert Camus en situaciones de máxima confrontación y tensión política: “No estoy hecho para la política porque soy incapaz de desear o de aceptar la muerte del adversario”. Por eso Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tienen la máxima responsabilidad política e histórica mañana, cuando conozcamos el resultado de las elecciones. Entre otras cosas, porque las elecciones se inventaron para contar las cabezas, en lugar de cortarlas y así evitar la muerte del adversario, que en el futuro podrá de nuevo aspirar a ganar el apoyo de las mayorías. Esa es la primera y vital condición para la existencia de la democracia. Aunque entre nosotros todavía parece estar en duda.

“¡Contar cabezas en lugar de cortarlas!”

Según el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE)[iii] hasta los comicios celebrados para Congreso en este 2026 el número de víctimas mortales ya había superado la cifra de 67 colombianos, siendo el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, la víctima más lamentada y repudiada. Pero no debería ser así, pues la democracia muere con cada víctima que es asesinada por razones políticas, más allá de su afiliación partidista, su origen y posición social o su mayor o menor liderazgo público. Simplemente porque la vida de todas las personas en una democracia tiene igual valor y no tolera gradaciones de víctimas de primera o segunda categoría, así como el voto tiene igual valor para todos, independientemente de la riqueza o pobreza del elector, de su sabiduría o ignorancia. Por eso, sería no solo muy lamentable, sino realmente absurdo, inadmisible y condenable, que por la diferencia de unos cuantos votos se vaya a terminar cortando más cabezas colombianas después de conocerse los resultados este domingo. Sería la perdida total del sentido de las elecciones. Las urnas se convertirían en más tumbas y los votos de vida en sufragios luctuosos. En gran parte, ello dependerá de cómo ambos candidatos reciban los resultados del preconteo electoral, así como de la total imparcialidad y absoluta marginalidad del presidente Gustavo Petro durante dicho proceso.

Petro ante el juicio de la historia

Su intromisión no solo sería una grave violación de la Constitución, sino que negaría su condición de gobernante demócrata, como se precia de serlo y hasta ahora ha intentado demostrarlo, a pesar de su beligerancia verbal, intemperancia y críticas contra decisiones de altos tribunales, que cuestiona con frecuencia, pero siempre termina acatando y cumpliendo. Es justo reconocerlo, pues lo ha hecho sin atentar contra la autonomía e independencia de la rama judicial y menos introduciendo micrófonos y grabadoras en sus recintos, como impunemente lo ordenó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez contra la Corte Suprema de Justicia[iv] durante sus investigaciones y deliberaciones por investigaciones relacionadas con la parapolítica, que afectaron a gran parte de congresistas de su coalición de gobierno. No hay que olvidar que terminaron siendo condenados cerca de 60[v], entre ellos su primo Mario Uribe[vi] y Miguel de la Espriella[vii], familiar cercano de Abelardo. De otra parte, bien sabe el presidente Petro que no puede seguir el mal ejemplo del entonces presidente liberal Carlos Lleras Restrepo[viii], quien tuvo responsabilidad directa en la burla y el fraude electoral contra el general (R) Gustavo Rojas Pinilla y el triunfo de la ANAPO esquilmado ese 19 de abril de 1970, que a la postre dio origen al M-19 y su posterior ingreso a dicha organización como joven rebelde. No solo sería una insólita paradoja política, sino una negación de toda su fulgurante carrera como congresista opositor, alcalde de Bogotá y presidente de la República, que la historia no le perdonaría y cuyas consecuencias en el presente serían funestas. De allí que su llamado ayer en Cali a sus seguidores sea tan oportuno y valga la pena repetirlo: “Ningún ciudadano o ciudadana que haya defendido este Gobierno, que me haya hecho presidente, debe agredir a nadie el domingo. Nada, a nadie”. Por eso, deberá abstenerse de emitir opinión alguna sobre el resultado del preconteo electoral y esperar con prudencia la finalización del proceso de escrutinio, que definirá el próximo presidente de 2026-2030.

El preconteo electoral no es vinculante

De otra parte, los candidatos De la Espriella y Cepeda deberían hacer un pacto de caballeros en el sentido de no precipitarse a celebrar victoria, solo con el resultado que arroje el preconteo electoral, sobre todo si la diferencia entre ambos es de pocos votos, pues dicho preconteo no tiene fuerza vinculante y se debe esperar hasta que el escrutinio defina el ganador. Ambos deben contener la impaciencia por celebrar un triunfo prematuro. No hay lugar con el preconteo para celebrar victorias estridentes y mucho menos derrotas definitivas si las diferencias no son significativas e irreversibles entre ambos candidatos. Como en los partidos del mundial, solo cuando el árbitro da el pitazo final –en este caso cuando el escrutinio ha finalizado y la Registraduría oficialmente da un resultado– se podrá celebrar. Y como suele suceder, entonces los jugadores reconocen con serenidad el resultado, se estrechan las manos y se retiran tranquilos al camerino, esperando en el futuro una nueva oportunidad para la revancha deportiva. Un ritual que ambos candidatos deberían emular, evitando el ganador celebrar su victoria en forma estridente y menos ir a estimular a su equipo e hinchada a salir a las calles a humillar a los derrotados, pues ello derivaría en una batalla campal que arrasaría por completo el campo de juego de la democracia, poblándolo de víctimas mortales.

El triunfo de la Constitución

Para evitarlo, el candidato derrotado deberá, además de reconocer el resultado y felicitar al ganador, recordarle que por encima de ambos y de todos se encuentra la Constitución y que su triunfo no es absoluto y sin límites. Mucho menos que le confiere atribuciones para desconocer los derechos de los vencidos e imponer su voluntad y sus intereses por la fuerza y en forma arbitraria sobre los derrotados, ya sea en nombre de la Patria, del Pueblo o de las mayorías que dice representar. La democracia no tolera los abusos de poder y menos la soberbia y discrecionalidad sectaria y apasionada de un gobernante sin límites, extraviado en su megalomanía de salvador, defensor de la Patria o adalid de la Justicia Social, que amenaza con destripar a quienes se le opongan. En ese caso, instauraría una autocracia cacocrática, pues habrá robado y engañado la confianza de quienes lo eligieron creyendo en promesas y milagros irrealizables, como lo hacen los demagogos, los taumaturgos y quienes desprecian y violan la Constitución, empezando por su artículo 188 que obliga al presidente a “garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos”, pero sobre todo el artículo 1 que define a Colombia como un Estado Social de derecho y una Nación “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” y su complemento el artículo 13 que consagra  que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Solo garantizando el triunfo y la vigencia de la Constitución sobre todos y todas tendrá sentido celebrar el resultado de las elecciones, independientemente de quien sea el ganador. Por el contrario, si éste la desconoce y empieza a gobernar en forma autoritaria y arbitraria, imponiendo sus intereses y los de sus seguidores en forma violenta, a imagen y semejanza de un Trump tropical, todos habremos perdido, pues viviremos bajo una cacocracia: “un ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’)”[ix], que es lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica y se está revelando con el naufragio de MAGA en el estrecho de Ormuz.

[i] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-06-20/elecciones-colombia-2026-la-segunda-vuelta-de-las-presidenciales.html

[ii] https://diariodepaz.com/2018/10/10/por-un-pais-al-alcance-de-los-ninos/

[iii] https://www.infobae.com/colombia/2026/05/26/violencia-control-armado-y-desinformacion-marcan-la-alerta-por-riesgo-extremo-electoral-en-139-municipios/

[iv] https://www.infobae.com/america/agencias/2025/05/20/corte-suprema-ratifica-condenas-a-exaltos-cargos-del-gobierno-uribe-por-escuchas-ilegales/

[v] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[vi] https://verdadabierta.com/mario-uribe-escobar-la-caida-de-un-cacique/

[vii]https://www.elcolombiano.com/colombia/condenan-a-cinco-anos-de-carcel-al-excongresista-miguel-de-la-espriella-FD1959456

[viii] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[ix] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

Conocidos los resultados de la votación del pasado domingo y la próxima definición de la presidencia de la República entre Abelardo y Cepeda en tres semanas, el 21 de junio, todos los colombianos nos encontramos frente a una encrucijada histórica. La de avanzar hacia una democracia ciudadana, decidida a dejar atrás la división y confrontación inmemorial entre víctimas y victimarios o, por el contrario, seguir profundizándola bajo dos banderas que hasta ahora han sido irreconciliables en nuestra violenta historia política.

Más allá de banderías irreconciliables

La bandera de la extrema derecha, hoy enarbolada por Abelardo con la parafernalia feroz de su tigre, su saludo militar y su grito autoritario de “firmes por la Patria”. Sin duda, es una bandera que logra ocultar bien la defensa de un establecimiento profundamente inicuo y discriminatorio, que también arropa el comprensible miedo de millones de electores que sufren cotidianamente el asedio de la inseguridad y la violencia. A esa bandera, se suma ahora la efectista y mentirosa fantasmagoría de Uribe augurando una futura Colombia a semejanza de la Venezuela chavista si se vota por Cepeda, eco de su vulgar y fracasada profecía de las “FAR” en la presidencia de la República si se aprobaba el Acuerdo de Paz en 2016. De otra parte, Cepeda en la izquierda iza la bandera de la justicia y la continuidad de reformas sociales estructurales inaplazables, dejadas a medio camino por el “Gobierno del Cambio”, dada la feroz oposición y bloqueo que sufrieron en el Congreso. Esa bandera también convoca a millones de electores con sus esperanzas y legítimas aspiraciones a una vida digna y decente, sin estar sometidos por más generaciones a la violencia del hambre, la ignorancia, la discriminación social, étnica y regional que hasta la fecha los ha condenado a ser unos “nadies”, estigmatizados como zarrapastrosos y vagos.  

Más allá de la “Paz Total”

De alguna forma, podría decirse que es la tensión entre el miedo de muchos y la esperanza de todavía más colombianos, sin desconocer que ambas banderas son rasgadas y sus seguidores vapuleados por la violencia, la inseguridad y la criminalidad organizada, que todos los días aumenta el número de victimas civiles y de victimarios armados impunes. Saldo en rojo que se achaca solo a la “Paz Total”, más con odio y búsqueda oportunista de votos, como si en el pasado hubiésemos vivido en una arcadia de seguridad y paz, sin masacres, miles de secuestros y “falsos positivos”. Sin desconocer la improvisación y los errores propios de la “Paz Total”, la verdad es que ésta recibió un legado de ingobernabilidad, inseguridad e impunidad dejadas por procesos y fórmulas de paz también fallidas en anteriores administraciones. Entre ellas, la supuesta exitosa desmovilización de las AUC promovida por Uribe, que terminó mutando en muchas más estructuras delictivas y narco-ejércitos, siendo el “Ejército Gaitanista de Colombia” el más violento y tenebroso. Algo semejante sucedió con la paz liderada por Santos y la desmovilización de las Farc-Ep, pues a ella siguieron numerosas disidencias convertidas en narco-guerrillas, que hoy incluso se están aniquilando entre sí en el Guaviare, sacrificando cruelmente menores reclutados, así como en la disputa sangrienta del Catatumbo contra el ELN. Una historia sin fin de victimización de la población civil, alentada y catalizada con los recursos de economías ilícitas, que continuará escalando hasta tanto el Estado no sea capaz de complementar su obsesión belicista y punitiva con una presencia civilista, emprendedora y productiva, que brinde alternativas de desarrollo y vida a miles de familias campesinas, comunidades afro e indígenas. Por eso, no es solo impreciso, sino una indolente frivolidad, llamar polarización a esa continúa victimización impune de la población civil, consecuencia de políticas públicas improvisadas y coyunturales.

La Mama-Coca Vital

Un desafío sobre el cual, seguramente, tendrán que debatir Abelardo y Cepeda, más allá de insultos y deslegitimaciones mutuas, como hasta ahora lamentablemente ha sucedido. Solo, entonces, todos los colombianos podremos discernir y decidir en las urnas sobre quién presenta las políticas más democráticas, respetuosas con la vida, los derechos de la población y la protección del medio ambiente, que es lo propio de un Estado social de derecho y de las normas de nuestra Constitución política, además de lo establecido en el Acuerdo de Paz de 2016. De lo contrario, seguiremos envueltos en una disputa absurda, sustentada en visiones tan erradas como la de aquella letal campaña publicitaria de la “mata que mata”, que estigmatizaba las portentosas propiedades de la coca, en lugar de aprovecharlas canalizándolas en la industria legal de bebidas, alimenticia y farmacéutica, arrebatándole de paso a los narcotraficantes y todo su entramado criminal esa fuente inagotable de astronómicas ganancias. Así ha venido sucediendo con la marihuana, que pasó de planta maldita a bendita, cuando se decidió legalmente aprovechar su potencial para el tratamiento de algunas dolorosas y terminales enfermedades. Además, la mayor ganancia de todo lo anterior, es que pondría fin a esa brutal victimización del campesinado marginado y a la devastación ecocida con glifosato de la biodiversidad de nuestros bosques y la Amazonia. Solo entonces el Estado podrá ganar reconocimiento y legitimidad democrática. Incluso, dejaríamos de escuchar todos los días la cantinela de muchos periodistas sobre el terrible flagelo del narcotráfico, como si fuera una maldición divina, y a prestantes analistas repetir esa falsa letanía de la polarización política y social, pues ya no habría bandos de insensatos que lancen a los demás a la fracasada guerra contra las drogas, mientras unos pocos se enriquecen comprando y comerciando el glifosato, estimulado la industria armamentística en desarrollo de futuros “Planes Colombia” o defendiendo y negociando con grandes capos su entrega a la justicia para salvarse de la extradición y asegurarse penas benignas en Colombia. A semejante sainete de impunidad, desde Gaviria con Pablo Escobar y los extraditables, pasando por Uribe con los narcoparamilitares hasta la actualidad con Petro y el Ejército Gaitanista, se ha reducido la política criminal del Estado contra esas poderosas organizaciones narco-crimínales, que combinan con destreza todas las formas de lucha y cuentan con la asesoría de famosos penalistas y exfiscales, ampliamente conocidos, que se escudan en el secreto y la confidencialidad profesional, como es el caso de Abelardo con sus asesorías a los excomandantes de las AUC y recientemente con su amigo y cliente, Alex Saab, para ocultárselas a Daniel Coronell y de paso a toda la sociedad. Algo muy diferente, hay que reconocerlo, han sido las gestiones públicas de Cepeda en los procesos de negociación con comandantes de las Farc-Ep durante las conversaciones de paz en La Habana, e incluso con condenados por paramilitares en las cárceles, que dio origen al todavía inconcluso litigio con el expresidente Uribe, pendiente de casación en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Victimización recíproca contra la democracia

Por eso, bajo ambas banderías hay víctimas y victimarios y tenemos una Colombia ensangrentada, fácil de polarizar y radicalizar, como bien lo han hecho Uribe y Petro, apelando a los miedos, las pasiones, los prejuicios y las reivindicaciones sociales. Entonces ya no hay ciudadanos sino “paracos” y “güerillos”, “gente bien” contra “comunistas”, y así se va generando eso que muchos llaman polarización, que no es otra cosa que una irresponsable radicalización de las emociones que nos impide reconocernos a todos los colombianos como ciudadanos con iguales derechos y responsabilidades. Lo más grave es que ahora Abelardo y Cepeda parecen dispuestos a tomar ese triste y nefasto relevo. Obviamente, bajo semejantes liderazgos nunca será posible la democracia, mucho menos la paz política y la convivencia ciudadana, pues ambos se deslegitiman y tratan como enemigos. Y la responsabilidad de líderes democráticos no es perpetuar una sociedad radicalizada y fragmentada entre millones de víctimas y miles de victimarios, como sucede en la nuestra. Víctimas y victimarios recíprocos, pues los que ayer sufrieron violencia y vejámenes, hoy se convierten en implacables vengadores de sus pasados victimarios, prologando así generaciones irreconciliables, estimuladas por el odio y la sed de venganza. Y, lo que sería más nefasto, es que ello se intente hacer de nuevo desde el Estado en nombre de la democracia o en defensa de la patria. Así se va intrincando esta especie de laberinto mortal, con infinitos pasillos de violencias y venganzas del que es imposible salir indemne, como nos ha venido sucediendo desde hace casi un siglo en esta Colombia en la que pocos viven muy bien –pertrechados de seguridad y escoltas—y la mayoría estamos expuestos desde el raponazo del celular, la extorsión consuetudinaria, el secuestro hasta encontrar una azarosa muerte en medio del fuego cruzado.

Geografía de la victimización recíproca

Por eso los recientes resultados electorales se reflejan en el territorio en forma casi idéntica a la geografía de la votación obtenida por el malogrado acuerdo de paz[i], como puede apreciarse al yuxtaponer ambos mapas[ii]. Es una geografía electoral muy reveladora de una periferia, en su mayoría azotada por la violencia estructural de la marginalidad y la directa del conflicto armado interno, con un brutal legado de colombianos victimizados. Colombianos que en algunas regiones votan coaccionados por grupos armados ilegales y en otras lo hacen porque lo que más desean es vivir en paz y no continuar muriendo bajo amenazas, combates y ataques letales del fuego cruzado de todas las partes y flancos. Desde los bombardeos del Ejército a los desplazamientos forzados, los confinamientos y las masacres de los grupos armados ilegales. Frente a esa periferia, encontramos el centro de la región andina y las regiones limítrofes con Venezuela, donde su población vota casi con desespero y miedo buscando la protección de la Fuerza Pública y cree ilusamente que solo con mayor fuerza se conquistará la seguridad, fórmula que a la postre solo recicla y genera la mutación de más grupos armados ilegales, como lo constatamos con las AUC y sus actuales herederos, el Ejército Gaitanista de Colombia, además de las numerosas y no menos criminales disidencias de las desmovilizadas Farc-Ep.

Deliberemos, más allá de víctimas y victimarios

Tal es la encrucijada que los colombianos debemos resolver en tres semanas y para ello no tenemos otra opción que pensar, deliberar, actuar y votar responsablemente como ciudadanos, sin dejarnos arrastrar por esa vorágine de prejuicios y pasiones que nos convierte en potenciales víctimas sin derechos o, por el contrario, en victimarios arrogantes en defensa violenta de  derechos, convertidos así en privilegiados autócratas, plenos de buena conciencia y superioridad moral que desconfían del resto de colombianos y los sindica de antipatriotas y mamertos. Pero, para superar esa encrucijada, tanto Abelardo como Cepeda, primero deben darnos a todos ejemplo de civilidad y democracia, entrando al foro de la deliberación y la argumentación, dejando atrás la arena de los insultos y la descalificación, como auténticos demócratas y no como enconados e irreconciliables enemigos. Sin duda, gracias a los debates, podremos saber quién estará a la altura de liderar una transición hacia la democracia o, por el contrario, puede llevarnos hacia un régimen autoritario y cacocrático, donde sea la fuerza, la violencia y los intereses de unos cuantos cacos los que prevalezcan sobre los de toda la ciudadanía. Por eso, en la segunda entrega, continuaré con el análisis de ese debate impostergable y urgente, que todos los colombianos esperamos con ansias y esperanzas para decidir a conciencia nuestro voto el próximo 21 de junio.

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_Colombia_(resultados_plebiscito_acuerdo_de_paz_2016_por_departamentos).svg

[ii] https://90minutos.co/elecciones-2026/mapa-electoral-colombia-2026-asi-votaron-departamentos-primera-vuelta-01-06-2026/

En estos días, se conmemoró el centenario del nacimiento de Orlando Fals Borda en
Barranquilla, el 11 de Julio de 1925. Sin duda, uno de los más destacados científicos sociales de
Colombia y de América Latina. Fundador en 1959, en asocio con Camilo Torres, de la facultad
de Sociología de la Universidad Nacional, la primera en el país. Fue un destacado y original
investigador social, alma e impulsor de un análisis crítico de la realidad de la sociedad
colombiana y caribeña. Estructuró un proceso de producción de conocimiento de la realidad
social, articulado a una acción transformadora de esa realidad. La suya, no era una
investigación intelectualmente especulativa y “neutra”, limitada a generar un conocimiento
teórico – especulativo, sino incorporada, en su construcción y aplicación, a la solución de
problemas y desafíos concretos, de los cuales surge el conocimiento y a los cuales este regresa.
En ese escenario, el papel clave lo juegan los campesinos, como gestores sociales que, con sus
conocimientos y saberes propios, así como con su compromiso y participación en actividades
solidarias y cooperativas, de naturaleza comunitaria, especialmente en el ámbito de las
veredas, promueven ese cambio. Esta aproximación ya había dado un primer resultado en
1958, con la creación de las juntas de acción comunal, concebidas e impulsadas por Fals Borda,
las cuales se volverían una presa codiciada por los políticos, por ser articuladoras e impulsoras
de iniciativas y emprendimientos de las comunidades; las juntas fundamentan en los espacios
veredales, la voz y la presencia de esas comunidades, y que llegarían a las ciudades, a
hombros de las familias campesinas que se fueron desplazando de manera voluntaria o
forzada, asentándose en los bordes informales de las ciudades; urbanizándose en la
marginalidad.
Así, en los años setenta, nació y se desarrolló en varios países del trópico, el sistema de análisis
y acción, la investigación – acción participativa (IAP), que confronto la rutina académica
imperante. Es una síntesis de saberes académicos universales y de las experiencias de vida en
comunidades concretas, que generan un conocimiento arraigado en esas realidades, en sus
necesidades y posibilidades; un conocimiento construido en ese contexto social, alimentado
con la empatía y la simpatía hacia los demás, que permiten entender al otro; lo contrario de la
imposición académica. Es una aproximación sentipensante a la realidad, que combina corazón
y cabeza, con una actitud de observar y participar, no de imponer, a partir del respeto al otro,
dándole sentido a la participación en un proceso, donde confluyen la acción y la reflexión.
La IAP es un compromiso con el cambio social, no un simple mandato. Busca construir puentes
entre el conocimiento, las herramientas tecnológicas desarrolladas y la situación específica en
consideración. La comunidad y sus miembros y líderes, pasan de ser objetos de las políticas y
de las acciones, a ser sujetos de ellas, generando una relación entre iguales. Es el camino para
dejar atrás al viejo régimen, controlado por las clases aristocráticas; en adelante, será la
cultura popular la que gobierne. Además, implica pasar del campo de la técnica, al de las
vivencias, con su contexto social, lo que requiere la recuperación de la historia popular. Fals
desarrolla la tarea en su investigación de La historia doble de la Costa, reforzado por su
reclamo de aprender a pensar con independencia, necesario para sembrar las semillas del
cambio de la realidad vivida y de su comprensión.

Ese conocimiento de las realidades concretas no “se recoge” por medio de encuestas
cerradas, sino de entrevistas, de encuestas abiertas que orientan y organizan la conversación.
Y son los campesinos en tanto que gestores sociales, con sus conocimientos y saberes propios,
los promotores del cambio necesario para desarrollar actividades comunitarias, solidarias y
cooperativas.
Ese era el enfoque, la aproximación de Fals a la realidad de Colombia, fundamentada en su
mundo rural y en el campesinado como el centro que le da su sentido, su lógica de
estructuración y su dinámica social, con sus protagonistas y conflictos. En su análisis y en su
metodología investigativa, ese mundo rural es el centro, desde donde se comprende a
Colombia, y donde lo urbano es asumido desde esa perspectiva, de un mundo urbano
ruralizado por el proceso fundamental de la migración campesina, de desplazamientos
poblacionales continuados, por la violencia y por la pobreza.
Orlando Fals plantea la necesidad de una democracia radical, cimentada en los valores
fundantes de los pueblos originarios. No es importada o copiada, nace de nuestra entraña
social y cultural. La democracia solo es posible, si es socialista, ni marxista ni totalitaria; no
como copia de otros, sino como expresión de nuestra realidad. Es en los saberes campesinos,
donde subsisten esos valores fundantes, que alimentan la producción de los necesarios
conocimientos sociológicos y las soluciones a problemas concretos
La investigación – acción participativa (IAP) como acción transformadora de la realidad, se
basa en la organización de los esfuerzos de los sujetos sociales para constituirse en un poder
popular “de abajo hacia arriba”, que combina conocimientos y experiencia, en el marco de
una filosofía de participación, ni dogmática ni autoritaria, que origina un proceso de acción
transformadora y de auto organización, basada en el auto reconocimiento y en el
conocimiento intersubjetivo, que permite el avance social y la transformación cualitativa y
cuantitativa de las comunidades, donde todos sus miembros son sujetos, a partir de una
dinámica de acción y reflexión; su propósito, “actuar localmente, con mirada global y avanzar
hacia acciones globales, sin perder o anular lo local”.
Aborda el ordenamiento territorial, a partir de la región entendida como la formación social
surgida de un proceso que es histórico y natural, abordado en la perspectiva de una
concepción orgánica de la historia, que combina lo sociológico con lo geográfico, lo político y lo
histórico. Las regiones son la articulación histórica de provincias que manejan sus propios
recursos, para la satisfacción de sus necesidades básicas, neutralizando así la intervención
gamonalista, clientelista.
Propone la figura de un Pacto Social y Político sustento de una democracia integral, de base
territorial, a partir de priorizar las regiones y las provincias. Ese trabajo de construcción desde
la base, será la tarea de un movimiento ciudadano, no de un partido, que no sea impuesto
desde arriba, sino expresión política de una democracia radical y de un socialismo raizal y
ecológico. Una democracia que reconozca la existencia de regiones diversas con sus distintos
orígenes y sus geografías múltiples, para reconfigurar el país a partir de su reordenamiento
territorial y de la apropiación de sus territorios y riquezas, por parte de las comunidades
organizadas. Así se construye una democracia radical que permita “la apropiación colectiva del

poder del Estado por parte de la población organizada, donde el saber popular y las tradiciones
ancestrales sean reconocidas y valoradas” (Gerardo Ardila).

Responsabilizar el clima político que propone Petro como el perpetuador único es lavarse las manos. En Colombia la reconciliación es un fracaso nacional, nuestra capacidad de anulación al contrario, de cancelar, de censurar, de desear la muerte del otro y de inventarnos una gramática que lo permita es histórica.

La violencia se cocina en conversaciones de almuerzo, en columnas, en programas de opinión, en cadenas de WhatsApp, en sesiones del Congreso, en trinos iracundos que no dicen nada pero lo insinúan todo. La violencia no llega disfrazada de ideología: llega envuelta en miedo. Y en Colombia —que alguna vez creyó que bastaba con firmar un papel para dejar atrás la guerra— seguimos sin entender que los discursos que deshumanizan son apenas el prólogo de lo que vendrá después.

Es un momento importante para recordar otro magnicidio, el de Álvaro Gómez. Qué curioso, un hombre de derechas que buscaba lograr un pacto sobre lo fundamental. Les recuerdo la altura de la conversación que en ese tiempo tuvo con Carlos Pizarro (otro asesinado) y el M19.

Nunca, en los más de treinta años de Gustavo Petro haciendo política tras su camino como guerrillero, se le hizo un atentado de esta magnitud. En general, de una manera solo explicable por los logros de la Constitución del 91, su vida se ha protegido. Si hay alguien que debería ser guardián de esa Constitución es él —y las izquierdas— que llegaron al poder democráticamente gracias a ese pacto fundamental, imperfecto pero de un esfuerzo enorme en una sociedad ensangrentada. Precisamente Petro tiene la responsabilidad mayor en des escalar el conflicto, porque es el presidente, es la persona con mayor poder en el Estado.

El atentado contra Miguel no fue solamente un intento de homicidio: fue un gesto de época, un signo de nuestro tiempo. Un adolescente armado en la mitad de la calle, disparando contra una figura pública, no es solo la expresión de la marginalidad, sino también el reflejo de una conversación nacional tan degradada que ya no distingue entre el debate y la destrucción. En ese espejo nos deberíamos ver todos. No por lo que hicimos, sino por lo que permitimos de nosotros y de nuestra clase política.

Estudios del Polarization and Social Change Lab de Stanford y del V-Dem Institute han mostrado cómo, en sociedades donde el conflicto comienza a ser indentitario, el paso de la palabra al acto se acorta dramáticamente. No se trata solo de gritar más fuerte: se trata de perder lo que alguna vez hacía que los disensos no terminaran en sangre. En la historia de Colombia, la polarización ha cobrado más vidas que el narcotráfico.

Lo que se rompió con el atentado contra Miguel no es solo la paz de una familia, sino una cierta noción de lo posible en democracia. La política, ya suficientemente degradada, queda ahora con una víctima sobre la mesa. Y con ella, la oportunidad de hacernos una pregunta que va más allá de la coyuntura: ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguir alimentando este ciclo? ¿Cuántas veces más vamos a explicar la violencia sin detenerla, o justificarla sin entender sus raíces?

El triunfo de los que intentaron matar a Miguel es la decadencia de la democracia y la polarización. Oponernos a ellos, humanizarnos y humanizar nuestras diferencias, es la primera y más importante derrota que debemos darles. No nacimos para la guerra.

En el cinturón de África que va del océano Atlántico al Índico, al sur del Desierto del Sahara y a lo largo de la línea ecuatorial, ha sido difícil que anide la tranquilidad, para no hablar de la utopía de la paz.

Una ininterrumpida sucesión de factores deletéreos afecta a esa región del mundo. El cambio climático golpea de manera inclemente y poco conocida porque no afecta sociedades cuyas tragedias sí que se difunden por medios propios y poderosos para llamar la atención de la humanidad. La depredación ambiental, por cuenta de los habitantes del territorio y agentes exteriores, empobrece la calidad de vida de millones de personas. La ausencia de energías alternativas, o siquiera sostenibles, hace que el panorama del futuro se muestre sombrío. 

Conflictos internos, derivados de tensiones étnicas ancestrales, vinieron a complicarse para siempre cuando a los europeos, después de la Conferencia de Berlín de 1885, se les ocurrió repartirse enormes porciones del territorio africano sin tener en cuenta que destrozaban un jardín existente desde mucho antes del poblamiento de la misma Europa.

Al comenzar el Siglo XXI los asuntos africanos llaman la atención de los poderes de nuestra época de manera selectiva, y el interés se centra en el aprovechamiento de los enormes recursos del continente. También llaman la atención, de manera forzada, las migraciones africanas como factor amenazante de la unidad europea con el refuerzo de los nacionalismos, al tiempo que muchos vuelvan la espalda para ignorar situaciones creadas por sus antepasados. Y del lado africano los rezagos de la era colonial han dejado resentimientos heredados hacia las antiguas potencias, donde los gobernantes hacen frente a una conciencia compleja de culpabilidad, responsabilidad, añoranza e impotencia. 

La corrupción campea en África como en ninguna parte del mundo. También la ineptitud de los sistemas políticos, bajo la presión de interferencias foráneas por parte de estados o de empresas que buscan aliados africanos que se convierten en protagonistas de concentración de riqueza y polo opuesto de una marginalidad social abrumadora. A la insuficiencia institucional se suman el hambre y la enfermedad, omnipresentes en un entramado de regiones que viven al ritmo de tradiciones autóctonas e importadas. Con un ingrediente religioso aún más enredado en países que ya antes de la presencia europea habían recibido el influjo del islam a través de las caravanas que atravesaban el desierto. Fenómeno complementado con la pretensión evangelizadora del cristianismo, que se vino a sumar a un revuelto de mitos y creencias que jamás han podido desalojar del todo la variedad de afiliaciones religiosas y espirituales autóctonas del continente.

Bajo esas circunstancias conviven en el escenario africano grandes negocios mineros, tradiciones tribales y actividades desesperadas de supervivencia, todo encima de yacimientos de riqueza que ya quisieran tener muchos países del mundo. Lo cual mantiene activa la ambición de antiguos y nuevos poderes extracontinentales, como Rusia y China, que desean hacer presencia en el continente con ánimo de explotación, sin mayor interés por la gente, en ejercicio de una ambición neocolonial.

En ese paisaje, a finales del Siglo XIX, el Congo fue una especie de “huerto salvaje” de más de 2 millones de kilómetros cuadrados adjudicado por la Conferencia de Berlín, bajo el nombre de “Estado Libre del Congo” como propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica, que lo administró hasta 1908, cuando lo cedió al Estado belga. Antes y después de esa cesión, el Congo fue escenario de la explotación inclemente de caucho, oro y marfil, pero sobre todo de abusos inhumanos contra los nativos, marcados por una brutalidad inenarrable, la explotación esclavista, la segregación entre grupos tribales y toda una serie de hechos reprochables que se encuentran a la raíz de destrozos que tienen efectos aún en nuestra época.

Figuras legendarias, como Patricio Lumumba, se encuentran al origen del Congo independiente, que ha vivido desde 1960 el drama de una sucesión de mandatos de diversa índole que no han podido sacar adelante a un país gigantesco y abandonado a la suerte de sus regiones, dentro de las cuales la oriental, cerca de Ruanda, es la más agitada. Más de ciento veinte organizaciones armadas han desfilado en busca del poder, dentro de las cuales el M23, creado con el apoyo de Ruanda según reporte de Naciones Unidas, e integrado por congoleses tutsis, ha resultado ser en nuestros días la más poderosa. Situación frente a la cual las mismas Naciones Unidas organizaron una de sus celebradas y muchas veces inoficiosas misiones militares encargadas de mantener el orden y desarmar al M23, que alternativamente ha desaparecido y retomado su camino de insurgencia, hasta nuestros días. 

La República Democrática del Congo, como se llama ahora, luego de haberse conocido como Zaire, está separada por una frontera permeable de la República de Ruanda, y vive hoy el más reciente de los dramas africanos, caracterizado por la violencia, la ley del más fuerte, y las guerras por los recursos naturales que han hecho de la vida de esa parte del mundo un drama al tiempo evidente y oculto. Tema del cual nadie se quiere ocupar, aunque muchos anden ansiosos por obtener beneficios de los recursos inmensos del país, cuya explotación está de por medio.

30 años después del genocidio que tuvo lugar en la vecina Ruanda, en el que la mayoría Hutu asesinó en 100 días a más de 800,000 personas de la comunidad Tutsi, sin que las instituciones internacionales ni las cacareadas potencias democráticas hicieran nada para detener la masacre, vuelve la sombra de un conflicto encriptado entre las dos comunidades, a través de la frontera, aparentemente con participación velada de Paul Kagame, el tutsi presidente ruandés, en busca de los beneficios de la explotación de oro y coltán, y de la eventual modificación del orden político de la región. Con el ingrediente anunciado de la pretensión de Kagame de hacer a Ruanda grande otra vez y el objetivo de extender su territorio. Lo que ha llevado al presidente congolés Félix Tshisekedi a compararlo con Hitler. 

La división entre las comunidades Hutu y Tutsi fue sembrada y alimentada por los belgas, que realizaron en su momento clasificaciones a las que anteriormente los nativos africanos no prestaban demasiada atención y que luego se exacerbaron hasta el punto de llegar a la comisión de acciones genocidas. Cuando, después de la tragedia de 1994 los Tusti recuperaron el poder en Ruanda, produjeron la desbandada de los Hutu, que huyeron hacia la República Democrática del Congo, y se inició un proceso dramático que llevó a que los mismos Tutsi continuaran su ofensiva de revancha y llegaran hasta la capital Congolesa, donde derrocaron al famoso Mobutu Sese Seko, que gobernaba desde 1965, para instaurar en el poder a Laurent Kabila, más tarde asesinado, y seguido de una serie de mandatarios que remata con el actual Tshisekedi, reelegido hace poco de manera dudosamente mayoritaria. 

El M23 ha lanzado otra vez una ofensiva contundente, al parecer con el apoyo del ruandés Kagame, y ha conseguido apoderarse de la ciudad de Goma, cerca de la frontera ruandesa, como ya lo había hecho en 2012, de donde fue retirado entonces por fuerzas de la ONU y del ejército congoleño, al que ha debido integrarse. 

Con más de un millón de habitantes, Goma es un centro vital de comercio y transporte, cerca de yacimientos mineros de explotación, entre sofisticada y supremamente primitiva y salvaje, de oro, coltán y estaño, de gran demanda para las empresas de alta tecnología. Naturalmente, quien controle las minas, tendrá enormes beneficios, y existen denuncias de cargamentos de coltán congolés remitido a enriquecer las arcas de Ruanda. 

Aparte de la horrible crisis humanitaria de una ofensiva típica de conflictos despiadados, el M23 amenaza con seguir su marcha hasta Kinshasa, que se encuentra a más de 1500 kilómetros de distancia, con lo cual contribuye a ensuciar aún más las aguas del pantano subsahariano. Semejante anuncio de arreglo de cuentas, así no se consume, sumado a la interferencia extranjera, en este caso de Ruanda, resulta peligroso como propagación de ambiciones nacionales de países que aspiran a interferir en la vida de otros. Contagio preocupante cuando los Estados Unidos, antiguo “garante democrático de estabilidad internacional” repite ahora proclamas como las de caudillos europeos de hace un siglo, en cuanto a la anexión de otros países, como lo demuestra el reiterado anuncio del nuevo ocupante de la Casa Blanca al proponer, contra todo parámetro de institucionalidad y civilización contemporáneas, que Canadá entre a formar parte de la Unión Americana, porque a él le da la gana. 

Ahí está una guerra africana más, originada en el dominio violento y la clasificación étnica de europeos que salieron ya del escenario, mientras sus herederos se escandalizan por el flujo migratorio de esa África que sus antepasados resolvieron despedazar. Situación de la cual deberían ser conscientes los portadores de celulares que llevan porciones de metales extraídos en medio de ese desorden y esa explotación, y los conductores de automóviles cuyas baterías no podrían existir si no salieran de esas minas africanas regadas de lágrimas, sudor y sangre de gente que vive en condiciones vergonzosas para los estándares más elementales de la dignidad humana. 

En el cinturón de África que va del océano Atlántico al Índico, al sur del Desierto del Sahara y a lo largo de la línea ecuatorial, ha sido difícil que anide la tranquilidad, para no hablar de la utopía de la paz.

Una ininterrumpida sucesión de factores deletéreos afecta a esa región del mundo. El cambio climático golpea de manera inclemente y poco conocida porque no afecta sociedades cuyas tragedias sí que se difunden por medios propios y poderosos para llamar la atención de la humanidad. La depredación ambiental, por cuenta de los habitantes del territorio y agentes exteriores, empobrece la calidad de vida de millones de personas. La ausencia de energías alternativas, o siquiera sostenibles, hace que el panorama del futuro se muestre sombrío. 

Conflictos internos, derivados de tensiones étnicas ancestrales, vinieron a complicarse para siempre cuando a los europeos, después de la Conferencia de Berlín de 1885, se les ocurrió repartirse enormes porciones del territorio africano sin tener en cuenta que destrozaban un jardín existente desde mucho antes del poblamiento de la misma Europa.

Al comenzar el Siglo XXI los asuntos africanos llaman la atención de los poderes de nuestra época de manera selectiva, y el interés se centra en el aprovechamiento de los enormes recursos del continente. También llaman la atención, de manera forzada, las migraciones africanas como factor amenazante de la unidad europea con el refuerzo de los nacionalismos, al tiempo que muchos vuelvan la espalda para ignorar situaciones creadas por sus antepasados. Y del lado africano los rezagos de la era colonial han dejado resentimientos heredados hacia las antiguas potencias, donde los gobernantes hacen frente a una conciencia compleja de culpabilidad, responsabilidad, añoranza e impotencia. 

La corrupción campea en África como en ninguna parte del mundo. También la ineptitud de los sistemas políticos, bajo la presión de interferencias foráneas por parte de estados o de empresas que buscan aliados africanos que se convierten en protagonistas de concentración de riqueza y polo opuesto de una marginalidad social abrumadora. A la insuficiencia institucional se suman el hambre y la enfermedad, omnipresentes en un entramado de regiones que viven al ritmo de tradiciones autóctonas e importadas. Con un ingrediente religioso aún más enredado en países que ya antes de la presencia europea habían recibido el influjo del islam a través de las caravanas que atravesaban el desierto. Fenómeno complementado con la pretensión evangelizadora del cristianismo, que se vino a sumar a un revuelto de mitos y creencias que jamás han podido desalojar del todo la variedad de afiliaciones religiosas y espirituales autóctonas del continente.

Bajo esas circunstancias conviven en el escenario africano grandes negocios mineros, tradiciones tribales y actividades desesperadas de supervivencia, todo encima de yacimientos de riqueza que ya quisieran tener muchos países del mundo. Lo cual mantiene activa la ambición de antiguos y nuevos poderes extracontinentales, como Rusia y China, que desean hacer presencia en el continente con ánimo de explotación, sin mayor interés por la gente, en ejercicio de una ambición neocolonial.

En ese paisaje, a finales del Siglo XIX, el Congo fue una especie de “huerto salvaje” de más de 2 millones de kilómetros cuadrados adjudicado por la Conferencia de Berlín, bajo el nombre de “Estado Libre del Congo” como propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica, que lo administró hasta 1908, cuando lo cedió al Estado belga. Antes y después de esa cesión, el Congo fue escenario de la explotación inclemente de caucho, oro y marfil, pero sobre todo de abusos inhumanos contra los nativos, marcados por una brutalidad inenarrable, la explotación esclavista, la segregación entre grupos tribales y toda una serie de hechos reprochables que se encuentran a la raíz de destrozos que tienen efectos aún en nuestra época.

Figuras legendarias, como Patricio Lumumba, se encuentran al origen del Congo independiente, que ha vivido desde 1960 el drama de una sucesión de mandatos de diversa índole que no han podido sacar adelante a un país gigantesco y abandonado a la suerte de sus regiones, dentro de las cuales la oriental, cerca de Ruanda, es la más agitada. Más de ciento veinte organizaciones armadas han desfilado en busca del poder, dentro de las cuales el M23, creado con el apoyo de Ruanda según reporte de Naciones Unidas, e integrado por congoleses tutsis, ha resultado ser en nuestros días la más poderosa. Situación frente a la cual las mismas Naciones Unidas organizaron una de sus celebradas y muchas veces inoficiosas misiones militares encargadas de mantener el orden y desarmar al M23, que alternativamente ha desaparecido y retomado su camino de insurgencia, hasta nuestros días. 

La República Democrática del Congo, como se llama ahora, luego de haberse conocido como Zaire, está separada por una frontera permeable de la República de Ruanda, y vive hoy el más reciente de los dramas africanos, caracterizado por la violencia, la ley del más fuerte, y las guerras por los recursos naturales que han hecho de la vida de esa parte del mundo un drama al tiempo evidente y oculto. Tema del cual nadie se quiere ocupar, aunque muchos anden ansiosos por obtener beneficios de los recursos inmensos del país, cuya explotación está de por medio.

30 años después del genocidio que tuvo lugar en la vecina Ruanda, en el que la mayoría Hutu asesinó en 100 días a más de 800,000 personas de la comunidad Tutsi, sin que las instituciones internacionales ni las cacareadas potencias democráticas hicieran nada para detener la masacre, vuelve la sombra de un conflicto encriptado entre las dos comunidades, a través de la frontera, aparentemente con participación velada de Paul Kagame, el tutsi presidente ruandés, en busca de los beneficios de la explotación de oro y coltán, y de la eventual modificación del orden político de la región. Con el ingrediente anunciado de la pretensión de Kagame de hacer a Ruanda grande otra vez y el objetivo de extender su territorio. Lo que ha llevado al presidente congolés Félix Tshisekedi a compararlo con Hitler.

La división entre las comunidades Hutu y Tutsi fue sembrada y alimentada por los belgas, que realizaron en su momento clasificaciones a las que anteriormente los nativos africanos no prestaban demasiada atención y que luego se exacerbaron hasta el punto de llegar a la comisión de acciones genocidas. Cuando, después de la tragedia de 1994 los Tusti recuperaron el poder en Ruanda, produjeron la desbandada de los Hutu, que huyeron hacia la República Democrática del Congo, y se inició un proceso dramático que llevó a que los mismos Tutsi continuaran su ofensiva de revancha y llegaran hasta la capital Congolesa, donde derrocaron al famoso Mobutu Sese Seko, que gobernaba desde 1965, para instaurar en el poder a Laurent Kabila, más tarde asesinado, y seguido de una serie de mandatarios que remata con el actual Tshisekedi, reelegido hace poco de manera dudosamente mayoritaria. 

El M23 ha lanzado otra vez una ofensiva contundente, al parecer con el apoyo del ruandés Kagame, y ha conseguido apoderarse de la ciudad de Goma, cerca de la frontera ruandesa, como ya lo había hecho en 2012, de donde fue retirado entonces por fuerzas de la ONU y del ejército congoleño, al que ha debido integrarse. 

Con más de un millón de habitantes, Goma es un centro vital de comercio y transporte, cerca de yacimientos mineros de explotación, entre sofisticada y supremamente primitiva y salvaje, de oro, coltán y estaño, de gran demanda para las empresas de alta tecnología. Naturalmente, quien controle las minas, tendrá enormes beneficios, y existen denuncias de cargamentos de coltán congolés remitido a enriquecer las arcas de Ruanda. 

Aparte de la horrible crisis humanitaria de una ofensiva típica de conflictos despiadados, el M23 amenaza con seguir su marcha hasta Kinshasa, que se encuentra a más de 1500 kilómetros de distancia, con lo cual contribuye a ensuciar aún más las aguas del pantano subsahariano. Semejante anuncio de arreglo de cuentas, así no se consume, sumado a la interferencia extranjera, en este caso de Ruanda, resulta peligroso como propagación de ambiciones nacionales de países que aspiran a interferir en la vida de otros. Contagio preocupante cuando los Estados Unidos, antiguo “garante democrático de estabilidad internacional” repite ahora proclamas como las de caudillos europeos de hace un siglo, en cuanto a la anexión de otros países, como lo demuestra el reiterado anuncio del nuevo ocupante de la Casa Blanca al proponer, contra todo parámetro de institucionalidad y civilización contemporáneas, que Canadá entre a formar parte de la Unión Americana, porque a él le da la gana. 

Ahí está una guerra africana más, originada en el dominio violento y la clasificación étnica de europeos que salieron ya del escenario, mientras sus herederos se escandalizan por el flujo migratorio de esa África que sus antepasados resolvieron despedazar. Situación de la cual deberían ser conscientes los portadores de celulares que llevan porciones de metales extraídos en medio de ese desorden y esa explotación, y los conductores de automóviles cuyas baterías no podrían existir si no salieran de esas minas africanas regadas de lágrimas, sudor y sangre de gente que vive en condiciones vergonzosas para los estándares más elementales de la dignidad humana. 

Se habla de reforma agraria, y el gobierno lo hace, en el viejo sentido de simplemente redistribuir tierra a los sin tierra. Hoy la visión es más amplia, la de una reforma rural, una política más realista y más efectiva, necesaria para hacer los cambios que el avance social y económico del país requiere. Una política que implica promover nuevos usos productivos,  legales y sostenibles de la tierra y el agua, terminando con la lógica simplista de incorporarla masivamente a la producción, tumbando monte o secando humedales o explotando tierras sin potencial productivo, en muchos casos para sembrar coca o pastos para una ganadería marginal y tradicional, dadas las condiciones, igualmente marginales, en que se desarrolla, a la espera que el avance de la sociedad  finalmente le abra posibilidades a esas tierras de un empleo, de una explotación económicamente rentable. La amplia perspectiva de la reforma rural, busca que la necesaria transformación rural atienda tanto a la cantidad y calidad de la tierra trabajable como a la infraestructura, mercado y servicios necesarios para hacerlo, pues el resultado productivo es una combinación de tierra, trabajo, tecnología e instrumentos y mercado. La tierra es apenas la cuota inicial del proceso.

Y para que esa tierra pueda recibir el reconocimiento legal y el apoyo de las políticas públicas, necesita su título de propiedad, su formalización. En Colombia aún lo espera el 40% de la tierra trabajada.  Con esa realidad presente, los Acuerdos de La Habana plantearon la meta de formalizar 7 millones de hectáreas; de ellas, solo lo está el 1.7%, o sea 119.000 has. Aunque es una tarea crucial para el desarrollo de la agricultura y de los campesinos, el afán gubernamental se centra en  aumentar la disponibilidad de tierras para la reforma. Por los procesos judiciales en curso, 130.480 has han vuelto al poder del estado, por procesos de clarificación de títulos, de deslindes, extinción de dominio y recuperación de baldíos; de ellas, el gobierno ha entregado de manera provisional, sujeto a fallos de la justicia, 101.600 has y de manera definitiva, solo 10.000. Sinembargo, el gobierno quiere más tierra. En un acuerdo con Fedegán, a través de ella, le han ofrecido para la venta 600.000 has adicionales.

 Habría más cifras para mostrar, pero lo dicho deja claro que el problema de la política de tierras, no es conseguirla sino repartirla entre los campesinos y aún pequeños productores,  que no  es simplemente  entregar escrituras, lo que no está haciendo sino, en esas tierras repartidas y tituladas, generar programas de desarrollo rural integral con los campesinos y en general con los productores agropecuarios y con las autoridades territoriales; lo actual no transforma la realidad rural y campesina,  solo genera frustración, convirtiéndose, en el límite, en un engaño más para un campesinado respetable y olvidado.

A la democracia en el mundo, de Europa Oriental y Occidental a las Américas, la viene matando una mezcla diabólica de populismo y de un autoritarismo con aureola mesiánica. Es un período bien distinto al que conoció a finales del siglo XIX y albores del XX, luego de los años dorados del liberalismo económico y político y de la burguesía (“la belle époque”) que se ahogó en la primera guerra. Fue una prosperidad que, como suele suceder, generó la dinámica de su propia destrucción que, en el escenario internacional llegó a lomo de la troika conformada por el derrumbe del último gran imperio, el austro húngaro, la revolución rusa y la expansión del viejo colonialismo europeo en África, Asia y el Medio Oriente.   Esa primera posguerra del siglo XX, marcó el inicio del declinar de Inglaterra, la potencia occidental aún dominante y la consolidación de la nueva, su hija, Los Estados Unidos con su capitalismo sin atenuantes pero eficaz, operando bajo la consigna de “business is business”. Cambio que se consolidará en la segunda posguerra del siglo, la de los cuarenta, cuando Estados Unidos y el dólar entierran definitivamente el largo reinado de Inglaterra y la libra esterlina.

A estos cambios, en los dos bloques económicos y de poder, se añadirán los que sucedieron  aceleradamente desde los años cincuenta, en las entrañas de las sociedades, de las naciones, con su paso de sociedades agrarias con población dispersa en los campos y pequeños pueblos, con tecnologías aún muy centradas en el trabajo,  y centros urbanos donde  crecía su población a ritmos mayores al del crecimiento de sus economías, con lo cual el desempleo urbano, que antes era subempleo rural, y con él la marginalidad, crecieron incontenibles. Estos procesos superaron la capacidad de los  partidos, de la estructura, dinámica y prácticas políticas tradicionales que,  desde el siglo XIX, poco se habían transformado, mientras se empezaba a vivir una  revolución continuada en las comunicaciones, a partir del radio y luego el  transistor, que rompieron las barreras de ese viejo mundo, geográficamente encasillado y aislado. Hoy se vive en tiempo real, basta ver como las guerras en Ucrania y Gaza las vivimos paso a paso sentados en la casa, algo que empezó con la de Viet nam. Pero se opina también en tiempo real y “en vivo y en directo” con los celulares, con lo cual los medios y la política perdieron el monopolio de transmitir e interpretar la realidad. Ahora es una transmisión en directo y una fijación de posiciones personales y al instante, a medida que los hechos se suceden, sin reflexión, discusión o deliberación, trabajo fundamental para una democracia deliberativa que hacían periódicos y partidos. Ya hasta los presidentes gobiernan tuiteando, donde el nuestro está a punto de ganarse el campeonato.

El resultado es que la política y la información, las dos caras de una misma moneda, están viviendo el desafío de su existencia, que las enfrenta a su reinvención o a su desaparición como las hemos conocido. El espacio que han cedido lo ocupan políticos mesiánicos con sus propuestas convertidas en órdenes que se cumplen, borrando cualquier matiz que es lo propio de organizaciones complejas, como son las sociedades. Autoritarismo mesiánico con una visión de la sociedad sin  matices, en blanco y negro, con buenos y malos, víctimas y victimarios, donde no hay espacio para la discusión y la búsqueda de acuerdos, principios básicos de la democracia real;  simplemente uno ordena, el mesías y los demás obedecen, el pueblo obediente, infantilizado. EL cuento es que el que ordena es el que sabe, es el iluminado, que puede tener aire de derechas, “facho” o de izquierda, “progresista”. Sea Milei o Chávez/Maduro, tiene rasgos en común.

¿Se acabó la democracia? ¿Volveremos a déspotas ilustrados y políticamente voraces (“el estado soy yo”) que antecedieron a las revoluciones sociales y políticas que dieron nacimiento a la modernidad y a la democracia liberal? La Historia no se repite, pero se pueden vivir circunstancias semejantes a otras anteriores.  Esto define la gran tarea en estos tiempos, reinventar, repensar la política y con ella el sentido y características de la democracia. Hoy se redescubre el valor de lo local, de lo territorial y local, que en mucho retoma elementos que han hecho parte de nuestra historia humana: somos animales territoriales que nos abrimos al “mundo exterior” pero que regresamos a lo nuestro, a los nuestros, a nuestros espacios de vida y costumbres. Obvio, regresamos transformados, enriquecidos pero conscientes de que finalmente no somos solo ciudadanos del mundo (cosmopolitas), sino hijos de una tierra, de una cultura, y el secreto es lograr la combinación virtuosa entre ambas, de manera tal, la suma, el resultado, sea superior a las partes constitutivas; una combinación que completa y enriquece, que transforma y permite avanzar. Y luego de un siglo de cosmoplitismo y de desconocimiento de las diferencias en un esfuerzo vano y esterilizante de homogenizar una realidad y experiencia humana que es diversa, estamos en la etapa del reconocimiento y valoración de esa diversidad, no para absolutizarla en expresiones de un egoísmo de grupo, “identitario”, sino para integrarla como ingrediente fundamental de esa mezcolanza que constituye la vida y diría que la naturaleza de la condición humana

A diferencia de la América Latina, donde hace 531 años se inició un complejo y enriquecedor proceso de mestizaje, que sigue en marcha, la presencia europea en Australia no ha dejado de ser, a pesar de las credenciales democráticas de ese país, una apropiación foránea, e irreversible, del continente, que ha implicado el marginamiento, o al menos la insatisfacción de su población aborigen y la aparente insuficiencia de su poder institucional.

Dentro de los asuntos por definir, luego de la independencia respecto del orden colonial británico, en Australia siguen pendientes dos temas respecto de los cuáles los ciudadanos han sido en ocasiones llamados a reflexionar y tomar decisiones por la vía de la consulta popular. Uno es el de la adopción del modelo republicano, que daría por terminado el vínculo con el Reino Unido, cuyo rey sigue siendo jefe del estado australiano. El otro es el de una cuota especial de poder, o al menos de expresión particular de voluntad, de los pueblos aborígenes, que habitan ese país desde hace miles de años.

Totalmente respetables como son los resultados de las consultas realizadas, y siendo el marco institucional australiano plenamente democrático, la idea de cambio hacia una república tiene más que todo valor simbólico. Pero no sucede lo mismo con el asunto de la vocería y el reconocimiento de una cuota particular de representación para los primeros habitantes y dueños originales del territorio llamado ahora australiano.

El 14 de octubre de 2023 se llevó a cabo un referendo dedicado a consultar si los australianos estaban de acuerdo en modificar la constitución para hacer un reconocimiento a los “primeros pueblos” mediante el establecimiento de una “Voz” ante el parlamento y el ejecutivo para los “aborígenes e isleños del Estrecho de Torres” en los asuntos que tengan relación con ellos. Cerca de un 60% de los votantes se manifestó en contra del cambio, que había figurado dentro de los propósitos del gobierno laborista de Anthony Albanese.

Los aborígenes australianos y los isleños del Estrecho de Torres constituyen, con cerca de un millón de personas, el 3.3% por ciento de la población del país. El 40% vive en grandes ciudades, y el resto en ciudades pequeñas y regiones remotas. Una tercera parte son menores de 15 años y una minoría se encuentra en la tercera edad. El De Torres es un estrecho marino que separa a la isla australiana de la de Nueva Guinea y lleva ese nombre en honor del descubridor español Luis Váez de Torres, que lo navegó y dio cuenta de sus islas en 1606.

El resultado del referendo es el más reciente suceso de una serie que comenzó con la toma del territorio por parte de los británicos, el establecimiento de su poder y la segregación de los aborígenes. Modelo de dominación que estuvo acompañado de diferentes formas de “organización” impuesta a las comunidades originales, como la separación familiar de niños indígenas con el objetivo de “formar”, o “deformar”, según el ángulo desde el cuál se vea, generaciones que debían asimilar de manera forzada la cultura de los colonizadores. Práctica que existió hasta bien entrado el Siglo XX.

Cuando, en 1901, surgió la Commonwealth de Australia, que nació con su propia constitución, los pueblos indígenas quedaron excluidos de toda referencia. Momento desde el cual se inició una lucha por el reconocimiento de su ciudadanía, sus derechos, su inclusión social, la opción de controlar sus propios asuntos locales y poner fin a la práctica de separación forzosa de los hijos de familias aborígenes.

Diferentes reformas llegaron a consolidar instancias institucionales favorables a la incorporación paulatina de aborígenes e isleños a la corriente principal de la vida australiana, con derechos y obligaciones que, en todo caso, no han sido suficientes para el logro de una integración aceptable y practicable para todos.

En 1999, cuando ad portas del nuevo milenio se convocó a referéndum para decidir si Australia se convertiría en república, se preguntó también si los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres fueran adicionados en el preámbulo de la constitución, como “pueblos de la primera nación”. La mayoría rechazó el conjunto de la propuesta.

En 2007, John Howard, candidato liberal a primer ministro, prometió en campaña realizar un referendo que incorporase una “Declaración de Reconciliación” con los pueblos aborígenes en el preámbulo de la constitución, pero perdió las elecciones. En 2008, Kevin Rudd, laborista, presentó excusas en el parlamento por las “Generaciones Robadas”, pero todo quedó ahí, como una de esas declaraciones tipo Pilatos, que no tienen consecuencias más allá del siguiente brindis.

Un Acuerdo de Reforma Nacional Indígena pactado con el gobierno en 2008 señaló las pautas, propósitos y estrategias para cerrar la brecha entre los aborígenes y el resto de la sociedad australiana. En 2013 una ley hizo por fin el reconocimiento de los indígenas como primeros habitantes de Australia y estableció un calendario para que el gobierno pusiera las cosas a punto para el reconocimiento constitucional correspondiente.

En 2017 los aborígenes produjeron la “Declaración de Uluru desde el Corazón” en la cual pedían tener “una voz en el parlamento” con fundamento en la constitución nacional, una “comisión de la verdad” y un proceso conducente a una especie de nuevo tratado entre las “Primeras Naciones” y el gobierno.

La idea del referendo del 14 de octubre de 2023 era simplemente la de que los pueblos indígenas australianos pudieran opinar, en una instancia institucional garantizada por la constitución, no modificable por uno u otro gobierno, sobre los asuntos que les pudiesen afectar.  No se trataba de una instancia con poder legislativo ni de veto sobre decisiones gubernamentales. El Parlamento se encargaría de reglamentar el funcionamiento del sistema. Eso era todo.

Los argumentos a favor de “la Voz” resaltaban la significación emblemática del reconocimiento constitucional a los primeros pueblos, además de facilitar los procesos de desarrollo de una comunidad que vive problemas sociales suscitados, entre otros motivos, por su marginalidad estructural. De manera que la suma de reconocimiento y opciones de desarrollo podrían converger en una reconciliación con el pasado y con el resto de la sociedad australiana.

Resulta interesante, por supuesto, conocer los argumentos mayoritarios, que dan la impresión de una sociedad poco interesada en el destino de esos pueblos que, a pesar de haber estado en el territorio desde épocas inmemoriales, son vistos como remanentes de un pasado que a nadie interesa. Lo cual se refleja en el argumento de que “la Voz” podría ser un riesgo para el buen funcionamiento del sistema de gobierno, representaría una división formal del país en favor de un grupo de ciudadanos en un país de iguales, y no serviría por sí sola para cerrar la brecha con el resto de la sociedad.

Ante el fracaso del referendo australiano, resulta interesante contrastar el continuado marginamiento de las primeras naciones en el seno de esa democracia elegante y admirada, con el proceso nuestro, que tiene como premisa fundamental la fuerza extraordinaria del mestizaje, incluye las “leyes de Indias”, que se adelantaron a tratados fundamentales del derecho internacional humanitario, y remata con la letra y el espíritu de nuestra constitución contemporánea. Que debemos poner en práctica.

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

AUGUSTO MONTERROSO  (Escritor  guatemalteco)

La memoria suele ser corta y selectiva. Solo recordamos lo que nos conviene y tranquiliza. Del estallido social que vivió Colombia en 2021 recordamos su finalización de alguna manera. También, los numerosos muertos, desaparecidos y heridos; una economía más lastimada que cuando ocurrió el confinamiento por el Covid (es posible explicar parte de la alta inflación en alimentos por lo ocurrido en aquellos días que estremecieron nuestro mundo); y el surgimiento de una lucha de clases cuyo resentimiento y miedo perviven: insistimos en mencionar a los jóvenes vándalos de la primera línea y a los fascistas camisas blancas de Cali. 

No obstante, el levantamiento de las barricadas y los escombros no significó la solución de muchos asuntos. Sabemos que el gobierno Duque ninguneó a los organizadores originales y su acotado pliego de 135 puntos y en cambio improvisó  una «Gran conversación nacional» con 150.000 personas quienes presentaron 13.000 peticiones. Se conversó con todos en general y con nadie en particular. Y el gobierno salvó su pellejo hasta la llegada del nuevo. 

Resaltar como un gran logro la reversión de la reforma tributaria del ministro Carrasquilla es una exageración: en realidad no afectaba gran cosa a los sectores populares, como dijeron los huelguistas, sino a la clase media. Tan solo fue la excusa perfecta para liberar la rabia contenida, como había ocurrido meses antes en Chile en donde el estallido explotó por el aumento de treinta pesos en el pasaje del metro y terminó en un complejo proceso para cambiar la Constitución y en el triunfo del gobierno izquierdista de Boric. Los impuestos y los pasajes solo fueron disparadores para sacar a flote el hartazgo social. 

Hay similitudes entre ambos casos. No hay consenso en la determinación de  las demandas centrales de los movimientos ni en la identificación de los líderes sobresalientes. Algo tan generalizado y con tan diversas peticiones desbordó las mesas de negociación. Fue una rabia contra todo por parte de una heterogénea población (no solo de izquierdistas porque no son tantos en ninguna parte del mundo: jóvenes pobres, desempleados y sin educación, grupos violentos, madres pobres, universitarios, delincuentes, indígenas y negros, fracciones lumpescas, artistas, profesores, y un extenso etcétera de personas indignadas). Su agenda era difusa, maximalista y contradictoria. Aprovecharon el momento para vociferar su desagrado y desánimo. Por supuesto, también surgió la hipótesis de que fueron levantamientos populares mangoneados por una Internacional Socialista. No es descartable una cuota de conspiración mundial.

Entonces ¿cuáles fueron los problemas concretos planteados por los protestantes? ¿Cuáles fueron sus exigencias? Difícil resumirlo en pocas líneas. Se plantearon todo tipo de reivindicaciones. Al menos los chilenos se decantaron por un accidentado cambio de Constitución aún en curso. Pero en Colombia, ¿qué cambios se esperaban como consecuencia de esta revuelta? 

Hay una posible respuesta poco tranquilizadora. La protesta fue contra un estado de cosas, contra un orden social, contra la manera como el sistema no está funcionando para todos por igual. Una parte importante de la población no la está pasando bien —según un estudio de Gallup, si pudiera, la mitad de los colombianos se iría del país—. Y no se trata de explicar —porque sería mentira— que es debido a que el país no ha progresado en los últimos treinta años: todos los indicadores sociales y económicos mejoraron (acceso a educación, vivienda, servicios públicos, salud, mayores ingresos, en fin). Sin embargo, ha sido insuficiente para esa parte de la población cuyas expectativas son crecientes y ha perdido la paciencia para esperar. Aspiran a un Estado eficaz, legítimo y más preocupado por su bienestar, a mayor movilidad social, a una mejor educación, a más trabajos dignos, a la esperanza de tener pensión, entre muchas cosas. 

Y obviamente como eso no se logró en la mesa de conversación con un gobierno menospreciativo, se produjo el triunfo electoral de Petro, un candidato de izquierda atizador del levantamiento. Quizás por eso Alejandro Gaviria afirmó que fue positivo para el país el triunfo de Petro, porque podría controlar la explosión social. 

No debe ser liviano el peso de las expectativas de los votantes que carga el presidente sobre sus espaldas. Eso explicaría su intención de reformar todo lo que pasa por su mente delirante y agorera, sin priorizar ninguna idea, ni liderar la gestión de su inexperto equipo. Se percibe su falta de claridad para definir por dónde empezar porque sueña con atender —cual hombre providencial— las 13.000 peticiones del estallido social. Con el agravante de sus falencias para construir consensos con otros sectores y dejar sembrados avances reformistas, como exige un trámite democrático. En esas arenas movedizas está pataleando.

Y este apuro no debería producir satisfacción ni sosiego en quienes están en la otra orilla política. Hay que bajarse de esa nube: el fracaso de Petro no amainará la tormenta social. Por el contrario. Si el gobierno no soluciona ni cambia nada, confirma la vigencia de las causas del estallido. Por ahora, los datos disponibles no dan lugar al optimismo: pobreza (casi 40%), desempleo (10%), inflación (9% o más) e informalidad laboral (sinónimo de marginalidad y precariedad, superior al 55%). Cabe agregar la presencia de grupos armados por todo el país listos con su plata y pólvora para ayudar a crear el caos, la proliferación de bloqueos de carreteras por cualquier motivo y una economía en problemas. 

Ante semejante panorama, produce desazón la parsimonia de las élites y de los ciudadanos en mejor situación ante la magnitud de la desigualdad y la frustración social. Se está dejando a merced del populismo este torrente de descontentos. Están subestimando el asunto. Descartan que la explosión social puede estar en modo pausa. Más allá de eso, creo más en la fraternidad que en el miedo para movilizar acciones de mayor justicia social.