En estos días, se conmemoró el centenario del nacimiento de Orlando Fals Borda en
Barranquilla, el 11 de Julio de 1925. Sin duda, uno de los más destacados científicos sociales de
Colombia y de América Latina. Fundador en 1959, en asocio con Camilo Torres, de la facultad
de Sociología de la Universidad Nacional, la primera en el país. Fue un destacado y original
investigador social, alma e impulsor de un análisis crítico de la realidad de la sociedad
colombiana y caribeña. Estructuró un proceso de producción de conocimiento de la realidad
social, articulado a una acción transformadora de esa realidad. La suya, no era una
investigación intelectualmente especulativa y “neutra”, limitada a generar un conocimiento
teórico – especulativo, sino incorporada, en su construcción y aplicación, a la solución de
problemas y desafíos concretos, de los cuales surge el conocimiento y a los cuales este regresa.
En ese escenario, el papel clave lo juegan los campesinos, como gestores sociales que, con sus
conocimientos y saberes propios, así como con su compromiso y participación en actividades
solidarias y cooperativas, de naturaleza comunitaria, especialmente en el ámbito de las
veredas, promueven ese cambio. Esta aproximación ya había dado un primer resultado en
1958, con la creación de las juntas de acción comunal, concebidas e impulsadas por Fals Borda,
las cuales se volverían una presa codiciada por los políticos, por ser articuladoras e impulsoras
de iniciativas y emprendimientos de las comunidades; las juntas fundamentan en los espacios
veredales, la voz y la presencia de esas comunidades, y que llegarían a las ciudades, a
hombros de las familias campesinas que se fueron desplazando de manera voluntaria o
forzada, asentándose en los bordes informales de las ciudades; urbanizándose en la
marginalidad.
Así, en los años setenta, nació y se desarrolló en varios países del trópico, el sistema de análisis
y acción, la investigación – acción participativa (IAP), que confronto la rutina académica
imperante. Es una síntesis de saberes académicos universales y de las experiencias de vida en
comunidades concretas, que generan un conocimiento arraigado en esas realidades, en sus
necesidades y posibilidades; un conocimiento construido en ese contexto social, alimentado
con la empatía y la simpatía hacia los demás, que permiten entender al otro; lo contrario de la
imposición académica. Es una aproximación sentipensante a la realidad, que combina corazón
y cabeza, con una actitud de observar y participar, no de imponer, a partir del respeto al otro,
dándole sentido a la participación en un proceso, donde confluyen la acción y la reflexión.
La IAP es un compromiso con el cambio social, no un simple mandato. Busca construir puentes
entre el conocimiento, las herramientas tecnológicas desarrolladas y la situación específica en
consideración. La comunidad y sus miembros y líderes, pasan de ser objetos de las políticas y
de las acciones, a ser sujetos de ellas, generando una relación entre iguales. Es el camino para
dejar atrás al viejo régimen, controlado por las clases aristocráticas; en adelante, será la
cultura popular la que gobierne. Además, implica pasar del campo de la técnica, al de las
vivencias, con su contexto social, lo que requiere la recuperación de la historia popular. Fals
desarrolla la tarea en su investigación de La historia doble de la Costa, reforzado por su
reclamo de aprender a pensar con independencia, necesario para sembrar las semillas del
cambio de la realidad vivida y de su comprensión.

Ese conocimiento de las realidades concretas no “se recoge” por medio de encuestas
cerradas, sino de entrevistas, de encuestas abiertas que orientan y organizan la conversación.
Y son los campesinos en tanto que gestores sociales, con sus conocimientos y saberes propios,
los promotores del cambio necesario para desarrollar actividades comunitarias, solidarias y
cooperativas.
Ese era el enfoque, la aproximación de Fals a la realidad de Colombia, fundamentada en su
mundo rural y en el campesinado como el centro que le da su sentido, su lógica de
estructuración y su dinámica social, con sus protagonistas y conflictos. En su análisis y en su
metodología investigativa, ese mundo rural es el centro, desde donde se comprende a
Colombia, y donde lo urbano es asumido desde esa perspectiva, de un mundo urbano
ruralizado por el proceso fundamental de la migración campesina, de desplazamientos
poblacionales continuados, por la violencia y por la pobreza.
Orlando Fals plantea la necesidad de una democracia radical, cimentada en los valores
fundantes de los pueblos originarios. No es importada o copiada, nace de nuestra entraña
social y cultural. La democracia solo es posible, si es socialista, ni marxista ni totalitaria; no
como copia de otros, sino como expresión de nuestra realidad. Es en los saberes campesinos,
donde subsisten esos valores fundantes, que alimentan la producción de los necesarios
conocimientos sociológicos y las soluciones a problemas concretos
La investigación – acción participativa (IAP) como acción transformadora de la realidad, se
basa en la organización de los esfuerzos de los sujetos sociales para constituirse en un poder
popular “de abajo hacia arriba”, que combina conocimientos y experiencia, en el marco de
una filosofía de participación, ni dogmática ni autoritaria, que origina un proceso de acción
transformadora y de auto organización, basada en el auto reconocimiento y en el
conocimiento intersubjetivo, que permite el avance social y la transformación cualitativa y
cuantitativa de las comunidades, donde todos sus miembros son sujetos, a partir de una
dinámica de acción y reflexión; su propósito, “actuar localmente, con mirada global y avanzar
hacia acciones globales, sin perder o anular lo local”.
Aborda el ordenamiento territorial, a partir de la región entendida como la formación social
surgida de un proceso que es histórico y natural, abordado en la perspectiva de una
concepción orgánica de la historia, que combina lo sociológico con lo geográfico, lo político y lo
histórico. Las regiones son la articulación histórica de provincias que manejan sus propios
recursos, para la satisfacción de sus necesidades básicas, neutralizando así la intervención
gamonalista, clientelista.
Propone la figura de un Pacto Social y Político sustento de una democracia integral, de base
territorial, a partir de priorizar las regiones y las provincias. Ese trabajo de construcción desde
la base, será la tarea de un movimiento ciudadano, no de un partido, que no sea impuesto
desde arriba, sino expresión política de una democracia radical y de un socialismo raizal y
ecológico. Una democracia que reconozca la existencia de regiones diversas con sus distintos
orígenes y sus geografías múltiples, para reconfigurar el país a partir de su reordenamiento
territorial y de la apropiación de sus territorios y riquezas, por parte de las comunidades
organizadas. Así se construye una democracia radical que permita “la apropiación colectiva del

poder del Estado por parte de la población organizada, donde el saber popular y las tradiciones
ancestrales sean reconocidas y valoradas” (Gerardo Ardila).

Responsabilizar el clima político que propone Petro como el perpetuador único es lavarse las manos. En Colombia la reconciliación es un fracaso nacional, nuestra capacidad de anulación al contrario, de cancelar, de censurar, de desear la muerte del otro y de inventarnos una gramática que lo permita es histórica.

La violencia se cocina en conversaciones de almuerzo, en columnas, en programas de opinión, en cadenas de WhatsApp, en sesiones del Congreso, en trinos iracundos que no dicen nada pero lo insinúan todo. La violencia no llega disfrazada de ideología: llega envuelta en miedo. Y en Colombia —que alguna vez creyó que bastaba con firmar un papel para dejar atrás la guerra— seguimos sin entender que los discursos que deshumanizan son apenas el prólogo de lo que vendrá después.

Es un momento importante para recordar otro magnicidio, el de Álvaro Gómez. Qué curioso, un hombre de derechas que buscaba lograr un pacto sobre lo fundamental. Les recuerdo la altura de la conversación que en ese tiempo tuvo con Carlos Pizarro (otro asesinado) y el M19.

Nunca, en los más de treinta años de Gustavo Petro haciendo política tras su camino como guerrillero, se le hizo un atentado de esta magnitud. En general, de una manera solo explicable por los logros de la Constitución del 91, su vida se ha protegido. Si hay alguien que debería ser guardián de esa Constitución es él —y las izquierdas— que llegaron al poder democráticamente gracias a ese pacto fundamental, imperfecto pero de un esfuerzo enorme en una sociedad ensangrentada. Precisamente Petro tiene la responsabilidad mayor en des escalar el conflicto, porque es el presidente, es la persona con mayor poder en el Estado.

El atentado contra Miguel no fue solamente un intento de homicidio: fue un gesto de época, un signo de nuestro tiempo. Un adolescente armado en la mitad de la calle, disparando contra una figura pública, no es solo la expresión de la marginalidad, sino también el reflejo de una conversación nacional tan degradada que ya no distingue entre el debate y la destrucción. En ese espejo nos deberíamos ver todos. No por lo que hicimos, sino por lo que permitimos de nosotros y de nuestra clase política.

Estudios del Polarization and Social Change Lab de Stanford y del V-Dem Institute han mostrado cómo, en sociedades donde el conflicto comienza a ser indentitario, el paso de la palabra al acto se acorta dramáticamente. No se trata solo de gritar más fuerte: se trata de perder lo que alguna vez hacía que los disensos no terminaran en sangre. En la historia de Colombia, la polarización ha cobrado más vidas que el narcotráfico.

Lo que se rompió con el atentado contra Miguel no es solo la paz de una familia, sino una cierta noción de lo posible en democracia. La política, ya suficientemente degradada, queda ahora con una víctima sobre la mesa. Y con ella, la oportunidad de hacernos una pregunta que va más allá de la coyuntura: ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguir alimentando este ciclo? ¿Cuántas veces más vamos a explicar la violencia sin detenerla, o justificarla sin entender sus raíces?

El triunfo de los que intentaron matar a Miguel es la decadencia de la democracia y la polarización. Oponernos a ellos, humanizarnos y humanizar nuestras diferencias, es la primera y más importante derrota que debemos darles. No nacimos para la guerra.

En el cinturón de África que va del océano Atlántico al Índico, al sur del Desierto del Sahara y a lo largo de la línea ecuatorial, ha sido difícil que anide la tranquilidad, para no hablar de la utopía de la paz.

Una ininterrumpida sucesión de factores deletéreos afecta a esa región del mundo. El cambio climático golpea de manera inclemente y poco conocida porque no afecta sociedades cuyas tragedias sí que se difunden por medios propios y poderosos para llamar la atención de la humanidad. La depredación ambiental, por cuenta de los habitantes del territorio y agentes exteriores, empobrece la calidad de vida de millones de personas. La ausencia de energías alternativas, o siquiera sostenibles, hace que el panorama del futuro se muestre sombrío. 

Conflictos internos, derivados de tensiones étnicas ancestrales, vinieron a complicarse para siempre cuando a los europeos, después de la Conferencia de Berlín de 1885, se les ocurrió repartirse enormes porciones del territorio africano sin tener en cuenta que destrozaban un jardín existente desde mucho antes del poblamiento de la misma Europa.

Al comenzar el Siglo XXI los asuntos africanos llaman la atención de los poderes de nuestra época de manera selectiva, y el interés se centra en el aprovechamiento de los enormes recursos del continente. También llaman la atención, de manera forzada, las migraciones africanas como factor amenazante de la unidad europea con el refuerzo de los nacionalismos, al tiempo que muchos vuelvan la espalda para ignorar situaciones creadas por sus antepasados. Y del lado africano los rezagos de la era colonial han dejado resentimientos heredados hacia las antiguas potencias, donde los gobernantes hacen frente a una conciencia compleja de culpabilidad, responsabilidad, añoranza e impotencia. 

La corrupción campea en África como en ninguna parte del mundo. También la ineptitud de los sistemas políticos, bajo la presión de interferencias foráneas por parte de estados o de empresas que buscan aliados africanos que se convierten en protagonistas de concentración de riqueza y polo opuesto de una marginalidad social abrumadora. A la insuficiencia institucional se suman el hambre y la enfermedad, omnipresentes en un entramado de regiones que viven al ritmo de tradiciones autóctonas e importadas. Con un ingrediente religioso aún más enredado en países que ya antes de la presencia europea habían recibido el influjo del islam a través de las caravanas que atravesaban el desierto. Fenómeno complementado con la pretensión evangelizadora del cristianismo, que se vino a sumar a un revuelto de mitos y creencias que jamás han podido desalojar del todo la variedad de afiliaciones religiosas y espirituales autóctonas del continente.

Bajo esas circunstancias conviven en el escenario africano grandes negocios mineros, tradiciones tribales y actividades desesperadas de supervivencia, todo encima de yacimientos de riqueza que ya quisieran tener muchos países del mundo. Lo cual mantiene activa la ambición de antiguos y nuevos poderes extracontinentales, como Rusia y China, que desean hacer presencia en el continente con ánimo de explotación, sin mayor interés por la gente, en ejercicio de una ambición neocolonial.

En ese paisaje, a finales del Siglo XIX, el Congo fue una especie de “huerto salvaje” de más de 2 millones de kilómetros cuadrados adjudicado por la Conferencia de Berlín, bajo el nombre de “Estado Libre del Congo” como propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica, que lo administró hasta 1908, cuando lo cedió al Estado belga. Antes y después de esa cesión, el Congo fue escenario de la explotación inclemente de caucho, oro y marfil, pero sobre todo de abusos inhumanos contra los nativos, marcados por una brutalidad inenarrable, la explotación esclavista, la segregación entre grupos tribales y toda una serie de hechos reprochables que se encuentran a la raíz de destrozos que tienen efectos aún en nuestra época.

Figuras legendarias, como Patricio Lumumba, se encuentran al origen del Congo independiente, que ha vivido desde 1960 el drama de una sucesión de mandatos de diversa índole que no han podido sacar adelante a un país gigantesco y abandonado a la suerte de sus regiones, dentro de las cuales la oriental, cerca de Ruanda, es la más agitada. Más de ciento veinte organizaciones armadas han desfilado en busca del poder, dentro de las cuales el M23, creado con el apoyo de Ruanda según reporte de Naciones Unidas, e integrado por congoleses tutsis, ha resultado ser en nuestros días la más poderosa. Situación frente a la cual las mismas Naciones Unidas organizaron una de sus celebradas y muchas veces inoficiosas misiones militares encargadas de mantener el orden y desarmar al M23, que alternativamente ha desaparecido y retomado su camino de insurgencia, hasta nuestros días. 

La República Democrática del Congo, como se llama ahora, luego de haberse conocido como Zaire, está separada por una frontera permeable de la República de Ruanda, y vive hoy el más reciente de los dramas africanos, caracterizado por la violencia, la ley del más fuerte, y las guerras por los recursos naturales que han hecho de la vida de esa parte del mundo un drama al tiempo evidente y oculto. Tema del cual nadie se quiere ocupar, aunque muchos anden ansiosos por obtener beneficios de los recursos inmensos del país, cuya explotación está de por medio.

30 años después del genocidio que tuvo lugar en la vecina Ruanda, en el que la mayoría Hutu asesinó en 100 días a más de 800,000 personas de la comunidad Tutsi, sin que las instituciones internacionales ni las cacareadas potencias democráticas hicieran nada para detener la masacre, vuelve la sombra de un conflicto encriptado entre las dos comunidades, a través de la frontera, aparentemente con participación velada de Paul Kagame, el tutsi presidente ruandés, en busca de los beneficios de la explotación de oro y coltán, y de la eventual modificación del orden político de la región. Con el ingrediente anunciado de la pretensión de Kagame de hacer a Ruanda grande otra vez y el objetivo de extender su territorio. Lo que ha llevado al presidente congolés Félix Tshisekedi a compararlo con Hitler. 

La división entre las comunidades Hutu y Tutsi fue sembrada y alimentada por los belgas, que realizaron en su momento clasificaciones a las que anteriormente los nativos africanos no prestaban demasiada atención y que luego se exacerbaron hasta el punto de llegar a la comisión de acciones genocidas. Cuando, después de la tragedia de 1994 los Tusti recuperaron el poder en Ruanda, produjeron la desbandada de los Hutu, que huyeron hacia la República Democrática del Congo, y se inició un proceso dramático que llevó a que los mismos Tutsi continuaran su ofensiva de revancha y llegaran hasta la capital Congolesa, donde derrocaron al famoso Mobutu Sese Seko, que gobernaba desde 1965, para instaurar en el poder a Laurent Kabila, más tarde asesinado, y seguido de una serie de mandatarios que remata con el actual Tshisekedi, reelegido hace poco de manera dudosamente mayoritaria. 

El M23 ha lanzado otra vez una ofensiva contundente, al parecer con el apoyo del ruandés Kagame, y ha conseguido apoderarse de la ciudad de Goma, cerca de la frontera ruandesa, como ya lo había hecho en 2012, de donde fue retirado entonces por fuerzas de la ONU y del ejército congoleño, al que ha debido integrarse. 

Con más de un millón de habitantes, Goma es un centro vital de comercio y transporte, cerca de yacimientos mineros de explotación, entre sofisticada y supremamente primitiva y salvaje, de oro, coltán y estaño, de gran demanda para las empresas de alta tecnología. Naturalmente, quien controle las minas, tendrá enormes beneficios, y existen denuncias de cargamentos de coltán congolés remitido a enriquecer las arcas de Ruanda. 

Aparte de la horrible crisis humanitaria de una ofensiva típica de conflictos despiadados, el M23 amenaza con seguir su marcha hasta Kinshasa, que se encuentra a más de 1500 kilómetros de distancia, con lo cual contribuye a ensuciar aún más las aguas del pantano subsahariano. Semejante anuncio de arreglo de cuentas, así no se consume, sumado a la interferencia extranjera, en este caso de Ruanda, resulta peligroso como propagación de ambiciones nacionales de países que aspiran a interferir en la vida de otros. Contagio preocupante cuando los Estados Unidos, antiguo “garante democrático de estabilidad internacional” repite ahora proclamas como las de caudillos europeos de hace un siglo, en cuanto a la anexión de otros países, como lo demuestra el reiterado anuncio del nuevo ocupante de la Casa Blanca al proponer, contra todo parámetro de institucionalidad y civilización contemporáneas, que Canadá entre a formar parte de la Unión Americana, porque a él le da la gana. 

Ahí está una guerra africana más, originada en el dominio violento y la clasificación étnica de europeos que salieron ya del escenario, mientras sus herederos se escandalizan por el flujo migratorio de esa África que sus antepasados resolvieron despedazar. Situación de la cual deberían ser conscientes los portadores de celulares que llevan porciones de metales extraídos en medio de ese desorden y esa explotación, y los conductores de automóviles cuyas baterías no podrían existir si no salieran de esas minas africanas regadas de lágrimas, sudor y sangre de gente que vive en condiciones vergonzosas para los estándares más elementales de la dignidad humana. 

En el cinturón de África que va del océano Atlántico al Índico, al sur del Desierto del Sahara y a lo largo de la línea ecuatorial, ha sido difícil que anide la tranquilidad, para no hablar de la utopía de la paz.

Una ininterrumpida sucesión de factores deletéreos afecta a esa región del mundo. El cambio climático golpea de manera inclemente y poco conocida porque no afecta sociedades cuyas tragedias sí que se difunden por medios propios y poderosos para llamar la atención de la humanidad. La depredación ambiental, por cuenta de los habitantes del territorio y agentes exteriores, empobrece la calidad de vida de millones de personas. La ausencia de energías alternativas, o siquiera sostenibles, hace que el panorama del futuro se muestre sombrío. 

Conflictos internos, derivados de tensiones étnicas ancestrales, vinieron a complicarse para siempre cuando a los europeos, después de la Conferencia de Berlín de 1885, se les ocurrió repartirse enormes porciones del territorio africano sin tener en cuenta que destrozaban un jardín existente desde mucho antes del poblamiento de la misma Europa.

Al comenzar el Siglo XXI los asuntos africanos llaman la atención de los poderes de nuestra época de manera selectiva, y el interés se centra en el aprovechamiento de los enormes recursos del continente. También llaman la atención, de manera forzada, las migraciones africanas como factor amenazante de la unidad europea con el refuerzo de los nacionalismos, al tiempo que muchos vuelvan la espalda para ignorar situaciones creadas por sus antepasados. Y del lado africano los rezagos de la era colonial han dejado resentimientos heredados hacia las antiguas potencias, donde los gobernantes hacen frente a una conciencia compleja de culpabilidad, responsabilidad, añoranza e impotencia. 

La corrupción campea en África como en ninguna parte del mundo. También la ineptitud de los sistemas políticos, bajo la presión de interferencias foráneas por parte de estados o de empresas que buscan aliados africanos que se convierten en protagonistas de concentración de riqueza y polo opuesto de una marginalidad social abrumadora. A la insuficiencia institucional se suman el hambre y la enfermedad, omnipresentes en un entramado de regiones que viven al ritmo de tradiciones autóctonas e importadas. Con un ingrediente religioso aún más enredado en países que ya antes de la presencia europea habían recibido el influjo del islam a través de las caravanas que atravesaban el desierto. Fenómeno complementado con la pretensión evangelizadora del cristianismo, que se vino a sumar a un revuelto de mitos y creencias que jamás han podido desalojar del todo la variedad de afiliaciones religiosas y espirituales autóctonas del continente.

Bajo esas circunstancias conviven en el escenario africano grandes negocios mineros, tradiciones tribales y actividades desesperadas de supervivencia, todo encima de yacimientos de riqueza que ya quisieran tener muchos países del mundo. Lo cual mantiene activa la ambición de antiguos y nuevos poderes extracontinentales, como Rusia y China, que desean hacer presencia en el continente con ánimo de explotación, sin mayor interés por la gente, en ejercicio de una ambición neocolonial.

En ese paisaje, a finales del Siglo XIX, el Congo fue una especie de “huerto salvaje” de más de 2 millones de kilómetros cuadrados adjudicado por la Conferencia de Berlín, bajo el nombre de “Estado Libre del Congo” como propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica, que lo administró hasta 1908, cuando lo cedió al Estado belga. Antes y después de esa cesión, el Congo fue escenario de la explotación inclemente de caucho, oro y marfil, pero sobre todo de abusos inhumanos contra los nativos, marcados por una brutalidad inenarrable, la explotación esclavista, la segregación entre grupos tribales y toda una serie de hechos reprochables que se encuentran a la raíz de destrozos que tienen efectos aún en nuestra época.

Figuras legendarias, como Patricio Lumumba, se encuentran al origen del Congo independiente, que ha vivido desde 1960 el drama de una sucesión de mandatos de diversa índole que no han podido sacar adelante a un país gigantesco y abandonado a la suerte de sus regiones, dentro de las cuales la oriental, cerca de Ruanda, es la más agitada. Más de ciento veinte organizaciones armadas han desfilado en busca del poder, dentro de las cuales el M23, creado con el apoyo de Ruanda según reporte de Naciones Unidas, e integrado por congoleses tutsis, ha resultado ser en nuestros días la más poderosa. Situación frente a la cual las mismas Naciones Unidas organizaron una de sus celebradas y muchas veces inoficiosas misiones militares encargadas de mantener el orden y desarmar al M23, que alternativamente ha desaparecido y retomado su camino de insurgencia, hasta nuestros días. 

La República Democrática del Congo, como se llama ahora, luego de haberse conocido como Zaire, está separada por una frontera permeable de la República de Ruanda, y vive hoy el más reciente de los dramas africanos, caracterizado por la violencia, la ley del más fuerte, y las guerras por los recursos naturales que han hecho de la vida de esa parte del mundo un drama al tiempo evidente y oculto. Tema del cual nadie se quiere ocupar, aunque muchos anden ansiosos por obtener beneficios de los recursos inmensos del país, cuya explotación está de por medio.

30 años después del genocidio que tuvo lugar en la vecina Ruanda, en el que la mayoría Hutu asesinó en 100 días a más de 800,000 personas de la comunidad Tutsi, sin que las instituciones internacionales ni las cacareadas potencias democráticas hicieran nada para detener la masacre, vuelve la sombra de un conflicto encriptado entre las dos comunidades, a través de la frontera, aparentemente con participación velada de Paul Kagame, el tutsi presidente ruandés, en busca de los beneficios de la explotación de oro y coltán, y de la eventual modificación del orden político de la región. Con el ingrediente anunciado de la pretensión de Kagame de hacer a Ruanda grande otra vez y el objetivo de extender su territorio. Lo que ha llevado al presidente congolés Félix Tshisekedi a compararlo con Hitler.

La división entre las comunidades Hutu y Tutsi fue sembrada y alimentada por los belgas, que realizaron en su momento clasificaciones a las que anteriormente los nativos africanos no prestaban demasiada atención y que luego se exacerbaron hasta el punto de llegar a la comisión de acciones genocidas. Cuando, después de la tragedia de 1994 los Tusti recuperaron el poder en Ruanda, produjeron la desbandada de los Hutu, que huyeron hacia la República Democrática del Congo, y se inició un proceso dramático que llevó a que los mismos Tutsi continuaran su ofensiva de revancha y llegaran hasta la capital Congolesa, donde derrocaron al famoso Mobutu Sese Seko, que gobernaba desde 1965, para instaurar en el poder a Laurent Kabila, más tarde asesinado, y seguido de una serie de mandatarios que remata con el actual Tshisekedi, reelegido hace poco de manera dudosamente mayoritaria. 

El M23 ha lanzado otra vez una ofensiva contundente, al parecer con el apoyo del ruandés Kagame, y ha conseguido apoderarse de la ciudad de Goma, cerca de la frontera ruandesa, como ya lo había hecho en 2012, de donde fue retirado entonces por fuerzas de la ONU y del ejército congoleño, al que ha debido integrarse. 

Con más de un millón de habitantes, Goma es un centro vital de comercio y transporte, cerca de yacimientos mineros de explotación, entre sofisticada y supremamente primitiva y salvaje, de oro, coltán y estaño, de gran demanda para las empresas de alta tecnología. Naturalmente, quien controle las minas, tendrá enormes beneficios, y existen denuncias de cargamentos de coltán congolés remitido a enriquecer las arcas de Ruanda. 

Aparte de la horrible crisis humanitaria de una ofensiva típica de conflictos despiadados, el M23 amenaza con seguir su marcha hasta Kinshasa, que se encuentra a más de 1500 kilómetros de distancia, con lo cual contribuye a ensuciar aún más las aguas del pantano subsahariano. Semejante anuncio de arreglo de cuentas, así no se consume, sumado a la interferencia extranjera, en este caso de Ruanda, resulta peligroso como propagación de ambiciones nacionales de países que aspiran a interferir en la vida de otros. Contagio preocupante cuando los Estados Unidos, antiguo “garante democrático de estabilidad internacional” repite ahora proclamas como las de caudillos europeos de hace un siglo, en cuanto a la anexión de otros países, como lo demuestra el reiterado anuncio del nuevo ocupante de la Casa Blanca al proponer, contra todo parámetro de institucionalidad y civilización contemporáneas, que Canadá entre a formar parte de la Unión Americana, porque a él le da la gana. 

Ahí está una guerra africana más, originada en el dominio violento y la clasificación étnica de europeos que salieron ya del escenario, mientras sus herederos se escandalizan por el flujo migratorio de esa África que sus antepasados resolvieron despedazar. Situación de la cual deberían ser conscientes los portadores de celulares que llevan porciones de metales extraídos en medio de ese desorden y esa explotación, y los conductores de automóviles cuyas baterías no podrían existir si no salieran de esas minas africanas regadas de lágrimas, sudor y sangre de gente que vive en condiciones vergonzosas para los estándares más elementales de la dignidad humana. 

Se habla de reforma agraria, y el gobierno lo hace, en el viejo sentido de simplemente redistribuir tierra a los sin tierra. Hoy la visión es más amplia, la de una reforma rural, una política más realista y más efectiva, necesaria para hacer los cambios que el avance social y económico del país requiere. Una política que implica promover nuevos usos productivos,  legales y sostenibles de la tierra y el agua, terminando con la lógica simplista de incorporarla masivamente a la producción, tumbando monte o secando humedales o explotando tierras sin potencial productivo, en muchos casos para sembrar coca o pastos para una ganadería marginal y tradicional, dadas las condiciones, igualmente marginales, en que se desarrolla, a la espera que el avance de la sociedad  finalmente le abra posibilidades a esas tierras de un empleo, de una explotación económicamente rentable. La amplia perspectiva de la reforma rural, busca que la necesaria transformación rural atienda tanto a la cantidad y calidad de la tierra trabajable como a la infraestructura, mercado y servicios necesarios para hacerlo, pues el resultado productivo es una combinación de tierra, trabajo, tecnología e instrumentos y mercado. La tierra es apenas la cuota inicial del proceso.

Y para que esa tierra pueda recibir el reconocimiento legal y el apoyo de las políticas públicas, necesita su título de propiedad, su formalización. En Colombia aún lo espera el 40% de la tierra trabajada.  Con esa realidad presente, los Acuerdos de La Habana plantearon la meta de formalizar 7 millones de hectáreas; de ellas, solo lo está el 1.7%, o sea 119.000 has. Aunque es una tarea crucial para el desarrollo de la agricultura y de los campesinos, el afán gubernamental se centra en  aumentar la disponibilidad de tierras para la reforma. Por los procesos judiciales en curso, 130.480 has han vuelto al poder del estado, por procesos de clarificación de títulos, de deslindes, extinción de dominio y recuperación de baldíos; de ellas, el gobierno ha entregado de manera provisional, sujeto a fallos de la justicia, 101.600 has y de manera definitiva, solo 10.000. Sinembargo, el gobierno quiere más tierra. En un acuerdo con Fedegán, a través de ella, le han ofrecido para la venta 600.000 has adicionales.

 Habría más cifras para mostrar, pero lo dicho deja claro que el problema de la política de tierras, no es conseguirla sino repartirla entre los campesinos y aún pequeños productores,  que no  es simplemente  entregar escrituras, lo que no está haciendo sino, en esas tierras repartidas y tituladas, generar programas de desarrollo rural integral con los campesinos y en general con los productores agropecuarios y con las autoridades territoriales; lo actual no transforma la realidad rural y campesina,  solo genera frustración, convirtiéndose, en el límite, en un engaño más para un campesinado respetable y olvidado.

A la democracia en el mundo, de Europa Oriental y Occidental a las Américas, la viene matando una mezcla diabólica de populismo y de un autoritarismo con aureola mesiánica. Es un período bien distinto al que conoció a finales del siglo XIX y albores del XX, luego de los años dorados del liberalismo económico y político y de la burguesía (“la belle époque”) que se ahogó en la primera guerra. Fue una prosperidad que, como suele suceder, generó la dinámica de su propia destrucción que, en el escenario internacional llegó a lomo de la troika conformada por el derrumbe del último gran imperio, el austro húngaro, la revolución rusa y la expansión del viejo colonialismo europeo en África, Asia y el Medio Oriente.   Esa primera posguerra del siglo XX, marcó el inicio del declinar de Inglaterra, la potencia occidental aún dominante y la consolidación de la nueva, su hija, Los Estados Unidos con su capitalismo sin atenuantes pero eficaz, operando bajo la consigna de “business is business”. Cambio que se consolidará en la segunda posguerra del siglo, la de los cuarenta, cuando Estados Unidos y el dólar entierran definitivamente el largo reinado de Inglaterra y la libra esterlina.

A estos cambios, en los dos bloques económicos y de poder, se añadirán los que sucedieron  aceleradamente desde los años cincuenta, en las entrañas de las sociedades, de las naciones, con su paso de sociedades agrarias con población dispersa en los campos y pequeños pueblos, con tecnologías aún muy centradas en el trabajo,  y centros urbanos donde  crecía su población a ritmos mayores al del crecimiento de sus economías, con lo cual el desempleo urbano, que antes era subempleo rural, y con él la marginalidad, crecieron incontenibles. Estos procesos superaron la capacidad de los  partidos, de la estructura, dinámica y prácticas políticas tradicionales que,  desde el siglo XIX, poco se habían transformado, mientras se empezaba a vivir una  revolución continuada en las comunicaciones, a partir del radio y luego el  transistor, que rompieron las barreras de ese viejo mundo, geográficamente encasillado y aislado. Hoy se vive en tiempo real, basta ver como las guerras en Ucrania y Gaza las vivimos paso a paso sentados en la casa, algo que empezó con la de Viet nam. Pero se opina también en tiempo real y “en vivo y en directo” con los celulares, con lo cual los medios y la política perdieron el monopolio de transmitir e interpretar la realidad. Ahora es una transmisión en directo y una fijación de posiciones personales y al instante, a medida que los hechos se suceden, sin reflexión, discusión o deliberación, trabajo fundamental para una democracia deliberativa que hacían periódicos y partidos. Ya hasta los presidentes gobiernan tuiteando, donde el nuestro está a punto de ganarse el campeonato.

El resultado es que la política y la información, las dos caras de una misma moneda, están viviendo el desafío de su existencia, que las enfrenta a su reinvención o a su desaparición como las hemos conocido. El espacio que han cedido lo ocupan políticos mesiánicos con sus propuestas convertidas en órdenes que se cumplen, borrando cualquier matiz que es lo propio de organizaciones complejas, como son las sociedades. Autoritarismo mesiánico con una visión de la sociedad sin  matices, en blanco y negro, con buenos y malos, víctimas y victimarios, donde no hay espacio para la discusión y la búsqueda de acuerdos, principios básicos de la democracia real;  simplemente uno ordena, el mesías y los demás obedecen, el pueblo obediente, infantilizado. EL cuento es que el que ordena es el que sabe, es el iluminado, que puede tener aire de derechas, “facho” o de izquierda, “progresista”. Sea Milei o Chávez/Maduro, tiene rasgos en común.

¿Se acabó la democracia? ¿Volveremos a déspotas ilustrados y políticamente voraces (“el estado soy yo”) que antecedieron a las revoluciones sociales y políticas que dieron nacimiento a la modernidad y a la democracia liberal? La Historia no se repite, pero se pueden vivir circunstancias semejantes a otras anteriores.  Esto define la gran tarea en estos tiempos, reinventar, repensar la política y con ella el sentido y características de la democracia. Hoy se redescubre el valor de lo local, de lo territorial y local, que en mucho retoma elementos que han hecho parte de nuestra historia humana: somos animales territoriales que nos abrimos al “mundo exterior” pero que regresamos a lo nuestro, a los nuestros, a nuestros espacios de vida y costumbres. Obvio, regresamos transformados, enriquecidos pero conscientes de que finalmente no somos solo ciudadanos del mundo (cosmopolitas), sino hijos de una tierra, de una cultura, y el secreto es lograr la combinación virtuosa entre ambas, de manera tal, la suma, el resultado, sea superior a las partes constitutivas; una combinación que completa y enriquece, que transforma y permite avanzar. Y luego de un siglo de cosmoplitismo y de desconocimiento de las diferencias en un esfuerzo vano y esterilizante de homogenizar una realidad y experiencia humana que es diversa, estamos en la etapa del reconocimiento y valoración de esa diversidad, no para absolutizarla en expresiones de un egoísmo de grupo, “identitario”, sino para integrarla como ingrediente fundamental de esa mezcolanza que constituye la vida y diría que la naturaleza de la condición humana

A diferencia de la América Latina, donde hace 531 años se inició un complejo y enriquecedor proceso de mestizaje, que sigue en marcha, la presencia europea en Australia no ha dejado de ser, a pesar de las credenciales democráticas de ese país, una apropiación foránea, e irreversible, del continente, que ha implicado el marginamiento, o al menos la insatisfacción de su población aborigen y la aparente insuficiencia de su poder institucional.

Dentro de los asuntos por definir, luego de la independencia respecto del orden colonial británico, en Australia siguen pendientes dos temas respecto de los cuáles los ciudadanos han sido en ocasiones llamados a reflexionar y tomar decisiones por la vía de la consulta popular. Uno es el de la adopción del modelo republicano, que daría por terminado el vínculo con el Reino Unido, cuyo rey sigue siendo jefe del estado australiano. El otro es el de una cuota especial de poder, o al menos de expresión particular de voluntad, de los pueblos aborígenes, que habitan ese país desde hace miles de años.

Totalmente respetables como son los resultados de las consultas realizadas, y siendo el marco institucional australiano plenamente democrático, la idea de cambio hacia una república tiene más que todo valor simbólico. Pero no sucede lo mismo con el asunto de la vocería y el reconocimiento de una cuota particular de representación para los primeros habitantes y dueños originales del territorio llamado ahora australiano.

El 14 de octubre de 2023 se llevó a cabo un referendo dedicado a consultar si los australianos estaban de acuerdo en modificar la constitución para hacer un reconocimiento a los “primeros pueblos” mediante el establecimiento de una “Voz” ante el parlamento y el ejecutivo para los “aborígenes e isleños del Estrecho de Torres” en los asuntos que tengan relación con ellos. Cerca de un 60% de los votantes se manifestó en contra del cambio, que había figurado dentro de los propósitos del gobierno laborista de Anthony Albanese.

Los aborígenes australianos y los isleños del Estrecho de Torres constituyen, con cerca de un millón de personas, el 3.3% por ciento de la población del país. El 40% vive en grandes ciudades, y el resto en ciudades pequeñas y regiones remotas. Una tercera parte son menores de 15 años y una minoría se encuentra en la tercera edad. El De Torres es un estrecho marino que separa a la isla australiana de la de Nueva Guinea y lleva ese nombre en honor del descubridor español Luis Váez de Torres, que lo navegó y dio cuenta de sus islas en 1606.

El resultado del referendo es el más reciente suceso de una serie que comenzó con la toma del territorio por parte de los británicos, el establecimiento de su poder y la segregación de los aborígenes. Modelo de dominación que estuvo acompañado de diferentes formas de “organización” impuesta a las comunidades originales, como la separación familiar de niños indígenas con el objetivo de “formar”, o “deformar”, según el ángulo desde el cuál se vea, generaciones que debían asimilar de manera forzada la cultura de los colonizadores. Práctica que existió hasta bien entrado el Siglo XX.

Cuando, en 1901, surgió la Commonwealth de Australia, que nació con su propia constitución, los pueblos indígenas quedaron excluidos de toda referencia. Momento desde el cual se inició una lucha por el reconocimiento de su ciudadanía, sus derechos, su inclusión social, la opción de controlar sus propios asuntos locales y poner fin a la práctica de separación forzosa de los hijos de familias aborígenes.

Diferentes reformas llegaron a consolidar instancias institucionales favorables a la incorporación paulatina de aborígenes e isleños a la corriente principal de la vida australiana, con derechos y obligaciones que, en todo caso, no han sido suficientes para el logro de una integración aceptable y practicable para todos.

En 1999, cuando ad portas del nuevo milenio se convocó a referéndum para decidir si Australia se convertiría en república, se preguntó también si los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres fueran adicionados en el preámbulo de la constitución, como “pueblos de la primera nación”. La mayoría rechazó el conjunto de la propuesta.

En 2007, John Howard, candidato liberal a primer ministro, prometió en campaña realizar un referendo que incorporase una “Declaración de Reconciliación” con los pueblos aborígenes en el preámbulo de la constitución, pero perdió las elecciones. En 2008, Kevin Rudd, laborista, presentó excusas en el parlamento por las “Generaciones Robadas”, pero todo quedó ahí, como una de esas declaraciones tipo Pilatos, que no tienen consecuencias más allá del siguiente brindis.

Un Acuerdo de Reforma Nacional Indígena pactado con el gobierno en 2008 señaló las pautas, propósitos y estrategias para cerrar la brecha entre los aborígenes y el resto de la sociedad australiana. En 2013 una ley hizo por fin el reconocimiento de los indígenas como primeros habitantes de Australia y estableció un calendario para que el gobierno pusiera las cosas a punto para el reconocimiento constitucional correspondiente.

En 2017 los aborígenes produjeron la “Declaración de Uluru desde el Corazón” en la cual pedían tener “una voz en el parlamento” con fundamento en la constitución nacional, una “comisión de la verdad” y un proceso conducente a una especie de nuevo tratado entre las “Primeras Naciones” y el gobierno.

La idea del referendo del 14 de octubre de 2023 era simplemente la de que los pueblos indígenas australianos pudieran opinar, en una instancia institucional garantizada por la constitución, no modificable por uno u otro gobierno, sobre los asuntos que les pudiesen afectar.  No se trataba de una instancia con poder legislativo ni de veto sobre decisiones gubernamentales. El Parlamento se encargaría de reglamentar el funcionamiento del sistema. Eso era todo.

Los argumentos a favor de “la Voz” resaltaban la significación emblemática del reconocimiento constitucional a los primeros pueblos, además de facilitar los procesos de desarrollo de una comunidad que vive problemas sociales suscitados, entre otros motivos, por su marginalidad estructural. De manera que la suma de reconocimiento y opciones de desarrollo podrían converger en una reconciliación con el pasado y con el resto de la sociedad australiana.

Resulta interesante, por supuesto, conocer los argumentos mayoritarios, que dan la impresión de una sociedad poco interesada en el destino de esos pueblos que, a pesar de haber estado en el territorio desde épocas inmemoriales, son vistos como remanentes de un pasado que a nadie interesa. Lo cual se refleja en el argumento de que “la Voz” podría ser un riesgo para el buen funcionamiento del sistema de gobierno, representaría una división formal del país en favor de un grupo de ciudadanos en un país de iguales, y no serviría por sí sola para cerrar la brecha con el resto de la sociedad.

Ante el fracaso del referendo australiano, resulta interesante contrastar el continuado marginamiento de las primeras naciones en el seno de esa democracia elegante y admirada, con el proceso nuestro, que tiene como premisa fundamental la fuerza extraordinaria del mestizaje, incluye las “leyes de Indias”, que se adelantaron a tratados fundamentales del derecho internacional humanitario, y remata con la letra y el espíritu de nuestra constitución contemporánea. Que debemos poner en práctica.

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

AUGUSTO MONTERROSO  (Escritor  guatemalteco)

La memoria suele ser corta y selectiva. Solo recordamos lo que nos conviene y tranquiliza. Del estallido social que vivió Colombia en 2021 recordamos su finalización de alguna manera. También, los numerosos muertos, desaparecidos y heridos; una economía más lastimada que cuando ocurrió el confinamiento por el Covid (es posible explicar parte de la alta inflación en alimentos por lo ocurrido en aquellos días que estremecieron nuestro mundo); y el surgimiento de una lucha de clases cuyo resentimiento y miedo perviven: insistimos en mencionar a los jóvenes vándalos de la primera línea y a los fascistas camisas blancas de Cali. 

No obstante, el levantamiento de las barricadas y los escombros no significó la solución de muchos asuntos. Sabemos que el gobierno Duque ninguneó a los organizadores originales y su acotado pliego de 135 puntos y en cambio improvisó  una «Gran conversación nacional» con 150.000 personas quienes presentaron 13.000 peticiones. Se conversó con todos en general y con nadie en particular. Y el gobierno salvó su pellejo hasta la llegada del nuevo. 

Resaltar como un gran logro la reversión de la reforma tributaria del ministro Carrasquilla es una exageración: en realidad no afectaba gran cosa a los sectores populares, como dijeron los huelguistas, sino a la clase media. Tan solo fue la excusa perfecta para liberar la rabia contenida, como había ocurrido meses antes en Chile en donde el estallido explotó por el aumento de treinta pesos en el pasaje del metro y terminó en un complejo proceso para cambiar la Constitución y en el triunfo del gobierno izquierdista de Boric. Los impuestos y los pasajes solo fueron disparadores para sacar a flote el hartazgo social. 

Hay similitudes entre ambos casos. No hay consenso en la determinación de  las demandas centrales de los movimientos ni en la identificación de los líderes sobresalientes. Algo tan generalizado y con tan diversas peticiones desbordó las mesas de negociación. Fue una rabia contra todo por parte de una heterogénea población (no solo de izquierdistas porque no son tantos en ninguna parte del mundo: jóvenes pobres, desempleados y sin educación, grupos violentos, madres pobres, universitarios, delincuentes, indígenas y negros, fracciones lumpescas, artistas, profesores, y un extenso etcétera de personas indignadas). Su agenda era difusa, maximalista y contradictoria. Aprovecharon el momento para vociferar su desagrado y desánimo. Por supuesto, también surgió la hipótesis de que fueron levantamientos populares mangoneados por una Internacional Socialista. No es descartable una cuota de conspiración mundial.

Entonces ¿cuáles fueron los problemas concretos planteados por los protestantes? ¿Cuáles fueron sus exigencias? Difícil resumirlo en pocas líneas. Se plantearon todo tipo de reivindicaciones. Al menos los chilenos se decantaron por un accidentado cambio de Constitución aún en curso. Pero en Colombia, ¿qué cambios se esperaban como consecuencia de esta revuelta? 

Hay una posible respuesta poco tranquilizadora. La protesta fue contra un estado de cosas, contra un orden social, contra la manera como el sistema no está funcionando para todos por igual. Una parte importante de la población no la está pasando bien —según un estudio de Gallup, si pudiera, la mitad de los colombianos se iría del país—. Y no se trata de explicar —porque sería mentira— que es debido a que el país no ha progresado en los últimos treinta años: todos los indicadores sociales y económicos mejoraron (acceso a educación, vivienda, servicios públicos, salud, mayores ingresos, en fin). Sin embargo, ha sido insuficiente para esa parte de la población cuyas expectativas son crecientes y ha perdido la paciencia para esperar. Aspiran a un Estado eficaz, legítimo y más preocupado por su bienestar, a mayor movilidad social, a una mejor educación, a más trabajos dignos, a la esperanza de tener pensión, entre muchas cosas. 

Y obviamente como eso no se logró en la mesa de conversación con un gobierno menospreciativo, se produjo el triunfo electoral de Petro, un candidato de izquierda atizador del levantamiento. Quizás por eso Alejandro Gaviria afirmó que fue positivo para el país el triunfo de Petro, porque podría controlar la explosión social. 

No debe ser liviano el peso de las expectativas de los votantes que carga el presidente sobre sus espaldas. Eso explicaría su intención de reformar todo lo que pasa por su mente delirante y agorera, sin priorizar ninguna idea, ni liderar la gestión de su inexperto equipo. Se percibe su falta de claridad para definir por dónde empezar porque sueña con atender —cual hombre providencial— las 13.000 peticiones del estallido social. Con el agravante de sus falencias para construir consensos con otros sectores y dejar sembrados avances reformistas, como exige un trámite democrático. En esas arenas movedizas está pataleando.

Y este apuro no debería producir satisfacción ni sosiego en quienes están en la otra orilla política. Hay que bajarse de esa nube: el fracaso de Petro no amainará la tormenta social. Por el contrario. Si el gobierno no soluciona ni cambia nada, confirma la vigencia de las causas del estallido. Por ahora, los datos disponibles no dan lugar al optimismo: pobreza (casi 40%), desempleo (10%), inflación (9% o más) e informalidad laboral (sinónimo de marginalidad y precariedad, superior al 55%). Cabe agregar la presencia de grupos armados por todo el país listos con su plata y pólvora para ayudar a crear el caos, la proliferación de bloqueos de carreteras por cualquier motivo y una economía en problemas. 

Ante semejante panorama, produce desazón la parsimonia de las élites y de los ciudadanos en mejor situación ante la magnitud de la desigualdad y la frustración social. Se está dejando a merced del populismo este torrente de descontentos. Están subestimando el asunto. Descartan que la explosión social puede estar en modo pausa. Más allá de eso, creo más en la fraternidad que en el miedo para movilizar acciones de mayor justicia social.

La enorme desigualdad y exclusión existente en el mundo, fundamento de la pobreza e injusticia reinante, se origina en mercados globalizados que desbordan sus ámbitos nacionales originales,  como consecuencia de la búsqueda de los inversionistas de los países centrales, no solo los privados, por localizar sus capitales allí donde sean más rentables y enfrenten las menores trabas posibles, los  menores costos y un más fácil acceso a los recursos o factores productivos – trabajo, materias primas y energía-, abundantes en la periferia de la economía mundial.

Capturados los mercados nacionales por la globalización, las economías periféricas sufren sus efectos en términos de desempleo y el aumento de la marginalidad (“el rebusque”). Este contraste entre la opulencia de unos pocos países y la miseria o ínfimo desarrollo de los más, unido a las guerras y violencia que esa situación alimenta, impulsa de manera creciente la migración de los pobres hacia donde la riqueza se acumula exponencialmente. Los desplazados por la pobreza en el África negra y los países árabes, se arriesgan a la travesía azarosa del Mediterráneo para llegar a una Europa que fue potencia colonial en ese continente y donde hoy se concentran riqueza, empleo e inversiones; un mundo que es visto desde la otra orilla, como el de una plenitud que no está al alcance de los millones necesitados y excluidos.Del lado americano, ya no es el océano sino un río el que separa la opulencia norteamericana de una pobreza que se extiende hacia el sur por el continente, con su añadido caribeño. El paso del Tapón del Darién, los marchantes por Centro América, el amontonamiento humano en la frontera mejicana son los escenarios dramáticos donde se hace visible esta búsqueda por salir de la pobreza, de amenazas a la vida y de exclusión.

En este mundo globalizado reina la libre circulación de todo salvo de las personas y su capacidad de trabajar, de ganarse dignamente la vida y de aportar como productores y consumidores a esa economía sin límites, de la cual está excluida. Las mueve la fuerza de la necesidad, de subsistir, de soñar en un futuro mejor o al menos diferente al que les ofrece su triste y cerrado presente. En sus países desapareció la posibilidad de tener ese sueño, son países donde los sueños murieron.

Mientras subsista y se profundice la brecha entre el desarrollo y la opulencia de los unos y la pobreza y carencia de tantos, no habrá muros ni represión que contengan los flujos migratorios de los excluidos. Este drama solo lo transformará el desarrollo de los países expulsores, que no puede reducirse a simples acciones humanitarias paliativas; un desarrollo que les permita construir su futuro en sus países, entre los suyos y con los suyos. Ya es hora de que los ideales que después de la Segunda Guerra, dieron origen al sistema de Naciones Unidas y el Banco Mundial para impulsar y acompañar el desarrollo económico de las excolonias y de América Latina y el Caribe, y evitar que en plena “guerra fría” fueran atraídas a la órbita soviética.

Hoy es urgente regresar a propósitos de entonces, que conservan su validez pero  ya no en el contexto de una confrontación superada por la Historia, sino en la actual, entre el mundo de la prosperidad, la riqueza y las posibilidades, y el de los millones excluidos, pobres cuando no dramáticamente hambrientos, despojados de sus posibilidades de futuro,  abandonados a  su suerte,  con la única esperanza  de recibir las migajas que caen de la mesa del rico Epulón, de acuerdo con el relato evangélico. La tarea impostergable en este mundo resquebrajado y vulnerable es nivelar la cancha para garantizar un equilibrio básico en la generación y distribución de una riqueza sin la cual ni la vida social ni la natural tienen asegurado su futuro. Es cuestión de equidad y de justicia, pero también de simple supervivencia. El tiempo se agota.

Aunque el mobbing o acoso laboral es un fenómeno que soportan los trabajadores, obreros, campesinos y sobre todo las mujeres en sus entornos laborales desde hace siglos, hace tan sólo unos años que existe en Colombia una ley que castiga ese tipo de conductas. La ley 1010 de 2006 establece que el acoso laboral es vertical y horizontal, pues puede provenir tanto de los jefes como de los compañeros de trabajo, independientemente de su cargo, de su nivel de estudios, de su raza, ideología, opción sexual, condición social y modalidad de contratación. Sin embargo, el acoso siempre está ligado a las condiciones asimétricas de poder que existen en las organizaciones. Al respecto dice la ley:

ARTÍCULO 2. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

Y establece seis modalidades de acoso laboral así:

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

(Ver Sentencia de Octubre 16 de 2014, Rad. 2014-01359 del Consejo de Estado.)

3. Discriminación laboral: (Modificado por el art. 74, Ley 1622 de 2013), todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

(Ver Sentencias T-882 de 2006)

Adicional a esto, la ley establece: una serie de circunstancias agravantes; las conductas que constituyen acoso laboral y las que no; las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral; así como también dispone la manera de darle el tratamiento sancionatorio al acoso laboral; las garantías ofrecidas contra las actitudes retaliatorias; la competencia en relación con el abordaje de las denuncias y de las investigaciones; y el procedimiento sancionatorio entre otras cuestiones. 

Pero a pesar de existir esta ley, que en realidad representa un avance en la lucha por los derechos y libertades fundamentales, conquistadas con sangre, sudor y lágrimas por parte de obreras, trabajadores, campesinos y esclavos de todos los tiempos y nacionalidades, uno de los obstáculos más difíciles de superar está cimentado en las mismas empresas, fábricas, industrias, instituciones públicas y privadas: la falta de fe en la justicia, pues la creencia generalizada es que, pese a las denuncias, “las cosas son así y no se pueden cambiar”.

De manera que, con mucha frecuencia, los denunciantes se quedan solos pues enfrentan la actitud indigna de sus jefes y de sus compañeros de trabajo, que les restan importancia a las denuncias y tratan de disuadir a las víctimas con expresiones como: “dele gracias a Dios que hay trabajo”; “eso es normal aquí”; “a todos nos pasa lo mismo”; “a mi siempre me pasa y yo nunca me he quejado”, o con actitudes hostiles como la estigmatización y la marginación, pues al denunciante se le trata como a una especie de enfermo contagiado por el virus de la verdad, a la que muchos le temen, por algo será.

Esto se suma a la desidia de algunos empleadores e incluso de las juntas directivas de algunos sindicatos que desestiman las denuncias, toman partido a favor del victimario por sus vínculos de amistad, o para evitar un escándalo que afecte su imagen. Cuando no es que los empleadores pretenden minar la estabilidad emocional de los denunciantes, al dilatar la toma de desiciones en relación con las medidas de protección que deben tomar para cuidar a los denunciantes. En cambio, hacen todo lo posible por desconocer la situación y la pruebas de las denuncias, llegan incluso a perfilar a las víctimas como personas conflictivas que tienen problemas de actitud, o que padecen enfermedades mentales que les impiden llevar a cabo sus labores con normalidad, integrados a la sociedad, y todo lo hacen para lavarse las manos y no asumir que hay un problema profundo de dirección y de administración. Todo esto agrava la situación para quien se atreve a denunciar, pues las denuncias son asumidas por algunos jefes y empleados con recelo, como si se tratara de un desafío al “establecimiento”. Y es que hay personas que consideran que una queja disciplinaria por acoso laboral pone en riesgo la estabilidad de la organización, incluso su propia comodidad y sus intereses, y por lo tanto asumen que el problema es de la víctima y no del victimario.

Falta mucho por hacer en Colombia al respecto, y aunque se supone que por ley, las acciones de prevención y conciliación dentro de una organización les corresponde a los comités de convivencia, muchas veces estos “comités” son cooptados y mediatizados por los empleadores para asegurarse de “castigar” y de “premiar” a las víctimas y a los victimarios a su conveniencia, según sea su interpretación acomodada de la ley, en lugar de tomar medidas, hacer justicia y evitar que el acoso laboral se constituya en una práctica frecuente y en una enfermedad crónica de la organización.

(Gracias a las fuentes de información y testimonios documentados que me brindaron las personas que me contactaron y de las cuales conservaré su anonimato para proteger su integridad. La próxima semana publicaré el segundo escrito como resultado de mi investigación).