No creo que la doctora Morales desconozca que el mundo cambió y que ya no es posible pretender que un joven —sea menor o mayor de edad— piense y actúe de acuerdo con visiones propias del Antiguo Testamento, desconociendo los principios de una sociedad que lucha por la igualdad, la libertad, la inclusión y el respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas.

Me atemoriza pensar que, valiéndose de un cargo de poder, la ministra de Educación promueva limitaciones o prohibiciones para que, a través de los manuales de convivencia de los colegios, dos adolescentes del mismo sexo no puedan expresar sus sentimientos dentro de las aulas o, peor aún, se les obligue a adoptar comportamientos que están lejos de querer asumir. Una cosa es orientar y educar, y otra muy distinta imponer desde el Estado una determinada concepción moral o religiosa.

En Colombia ya tenemos antecedentes de profundas depresiones que han terminado en suicidios por la incomprensión de directivas escolares que no han entendido que los jóvenes de hoy no quieren vivir escondiendo su manera de pensar, sus sentimientos ni sus proyectos de vida. Casos como el de Sergio Urrego no pueden ni deben repetirse, y la ministra debería tenerlo muy claro antes de pretender imponer su manera de pensar en la educación de niños y adolescentes.

Viviane Morales debe entender que la educación de los menores de edad no puede ni debe diseñarse de acuerdo con lo que piensa o quiere una ministra en particular. La educación pública pertenece a la sociedad y debe estar dirigida al respeto por el otro, a la convivencia, a la libertad de pensamiento y a la no discriminación por ningún motivo. El Ministerio de Educación no puede convertirse en una extensión de las convicciones religiosas de quien temporalmente ocupa el cargo.

Estoy de acuerdo con la ministra cuando afirma que a un niño menor de 10 años no se le pueden presentar términos o asuntos sin considerar su edad y su nivel de desarrollo. Pero hay algo que la doctora Morales parece ignorar o, al menos, no querer reconocer: un adolescente no espera a cumplir 18 años para comenzar a preguntarse por su identidad, sus afectos y sus preferencias sexuales. Estos procesos forman parte del desarrollo y del crecimiento humano, y no desaparecerán porque una autoridad administrativa intente ignorarlos o regularlos desde una determinada visión moral.

Pretender que desde el Ministerio de Educación se pueda controlar la manera en que los adolescentes sienten, piensan o construyen su identidad es, además de ingenuo, profundamente peligroso. La escuela debe ser un espacio seguro para aprender y convivir, no un escenario en el que los estudiantes tengan que esconder quiénes son por miedo a ser señalados, sancionados o discriminados. Cuando una institución educativa convierte la diferencia en motivo de castigo, deja de educar y comienza a excluir.

También resulta preocupante que, mientras el país enfrenta enormes desafíos en materia educativa, el debate ministerial termine concentrándose en cruzadas morales y disputas ideológicas. La prioridad debería estar en ampliar los cupos, mejorar la calidad de la educación pública, dignificar las condiciones de los docentes, reconstruir los colegios afectados por desastres, reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales y garantizar acceso real a tecnología y herramientas educativas. Esas son las urgencias que requieren liderazgo, presupuesto y decisiones de Estado.

Aquí no hay tiempo ni espacio para adoctrinamientos ni para visiones religiosas impuestas desde el Ministerio de Educación. Colombia es un Estado plural en el que las creencias religiosas de una funcionaria, por respetables que sean en el ámbito personal, no pueden convertirse en política pública ni utilizarse para limitar los derechos de quienes piensan, sienten o viven de manera diferente.

La ministra debería recordar, además, que ocupar un cargo público no significa tener licencia para imponer convicciones personales sobre toda la sociedad. Su responsabilidad no es educar al país según sus creencias, sino garantizar que el sistema educativo respete la Constitución, la diversidad y los derechos de todos los estudiantes. Si no está dispuesta a asumir esa responsabilidad, entonces el problema no está en los jóvenes ni en la sociedad que ha cambiado: está en una concepción del poder que todavía pretende que el país se adapte a ella.

Y si, como consecuencia de políticas excluyentes, vuelven a presentarse casos de jóvenes perseguidos, discriminados, humillados o llevados al límite de la desesperación por su orientación sexual o su identidad, la responsabilidad política no podrá esconderse detrás de los manuales de convivencia ni de las decisiones de cada colegio. Quienes ocupan posiciones de poder deben responder por las consecuencias de las políticas que promueven. Doctora Viviane Morales, la educación no puede convertirse en el instrumento para imponer una moral particular: debe ser, ante todo, una herramienta para formar ciudadanos libres, críticos, respetuosos y capaces de convivir con quienes son diferentes.

Nota recomendada: ¿Exceso emocional? Pregunta para la magistrada Cristina Lombana

Prólogo

“El único verdadero viaje, el único baño de juventud,

no sería ir hacia nuevos paisajes,

sino tener otros ojos”.

— Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, V: La prisionera

(Ed. Santiago Rueda, Buenos Aires, 1927).

Nadie puede cultivar en el suelo que no ha aprendido a mirar con detenimiento. Los textos reunidos en este libro son el testimonio de esa mirada atenta que emprendieron los maestros en formación de Primer semestre del Programa de Formación complementaria (PFC) de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. Su trabajo no surge de la teoría descontextualizada, sino de la voluntad de detenerse para observar atentamente. El lector encontrará el testimonio de una travesía que implicó la inmersión en el abismo del aula para rescatar la música propia, el detalle y la potencia de cada niño.

La cocina del libro

Este libro se escribió desde la tensión viva de la práctica pedagógica y su relación con la investigación. Surgió del desafío de transformar el rol del normalista: de ser un ejecutor de planes de clase a convertirse en un investigador de su propia práctica. Para lograrlo, se implementó la metodología MARPA (Mapeo de Aula para la Reflexión y la Práctica Académica), un sistema de indagación diseñado para registrar, decodificar y transformar la observación en saber pedagógico estructurado.

El proceso no fue sencillo. Los autores de estos capítulos tuvieron que enfrentarse a las realidades del aula que desbordan los manuales teóricos. La cocina de este proyecto implicó sesiones de escritura, debates intensos para desterrar las visiones adulto-centristas de la infancia, y el ejercicio de contrastar la teoría científica con la vida en el aula.

¿Para qué hacer este esfuerzo? Se editaron estas páginas para demostrar que los futuros maestros son productores de un saber válido y pertinente. Este libro busca dejar una base indagatoria y un precedente ético. La escuela no se transforma con directrices externas, sino sistematizando la riqueza que emerge de su interior.

La ruta y sus hallazgos

El libro está organizado de acuerdo con los hallazgos que emergieron cuando el Pensamiento Crítico y el Trabajo Colaborativo se buscan en el aula. Cada capítulo es el resultado de un proceso de indagación donde la teoría se contrastó con la observación:

El recorrido comienza con “Semillas diferentes, misma tierra: el arte de cultivar el saber en la diversidad”. A partir de la observación de una práctica pedagógica donde la duda de una estudiante fue silenciada y la solidaridad de un par fue sancionada, se propone que la diversidad cognitiva no es un obstáculo, sino el motor que impulsa el saber. Las autoras aseguran que el aula debe ser un ecosistema donde el conocimiento se construye desde el desacuerdo y la pluralidad.

En el segundo capítulo titulado “Callar el error o enfrentarlo: lo que el diálogo revela sobre la construcción del conocimiento” se evidencia la tensión entre la evaluación punitiva y la construcción de saberes. Los autores proponen que el error es necesario y promueve el aprendizaje auténtico, siempre que haya una mediación que fomente la honestidad intelectual.

Por otro lado, “Tejiendo saberes entre voces, risas y miradas: el diálogo sociocultural como motor del aprendizaje significativo” pretende explicar por qué el trabajo en grupo muchas veces se fragmenta y por qué la convivencia es el cimiento indispensable para que el aprendizaje en el aula sea verdaderamente significativo.

En “La brújula del pensamiento: el cuidado del criterio en la construcción del pensamiento crítico” los autores abordan la urgencia de formar estudiantes capaces de habitar la infoxicación[1], cultivando una vigilancia epistémica que permita construir juicios propios frente a la saturación de información.

Finalmente, en “Decidir pisando el acelerador: cuando la mente corre más rápido que el pensamiento”, la investigación trasciende la definición clínica del TDAH[2] para proponer una mirada ética que protege la infancia de la medicalización. Aquí, la impulsividad se analiza como una expresión de una mente que corre más rápido que el pensamiento regulado, exigiendo al docente estrategias que valoren la velocidad cognitiva como una potencia y no como un déficit.

La reflexión como acto de resistencia

Escribir sobre lo que ocurre en el aula es, hoy más que nunca, un acto de resistencia pedagógica. En un mundo que exige inmediatez, estos hallazgos muestran que el verdadero cambio educativo empieza cuando el maestro se atreve a habitar el abismo de la pregunta.

Este libro no pretende dar respuestas a los cuestionamientos trazados. Todo lo contrario. Los autores inician su proceso de configuración identitaria como futuros maestros investigadores a partir de la comprensión del aula y de las indagaciones que surgen de ella. Asimismo, este libro es una invitación a que la comunidad educativa —maestros, normalistas y familias— reconozca que el aula es un lugar de encuentro humano y de transformac0’ión constante.

Se invita al lector a recorrer estas páginas como quien descubre un territorio nuevo. Que su lectura sea, para ustedes también, ese “baño de juventud” que menciona Proust. Y que, al terminar de leer, puedan volver a sus propias aulas habiendo obtenido, finalmente, otros ojos.

Lee el libro interactivo y completo de forma gratuita haciendo clic en el enlace.

[1] Estado de sobrecarga informativa que impide profundizar en los temas y dificulta la construcción de un criterio propio debido al exceso de datos sin procesar.

[2] Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: es una condición del neurodesarrollo que afecta la regulación de la atención, el control de los impulsos y el manejo de las funciones ejecutivas.

Al hablar de acoso o discriminación escolar me remonta la memoria a la época de mi vida escolar en la década de los 80 y 90, donde se tenía una mirada normalizada al hecho de encontrar compañeros que si lo traducimos a los conceptos actuales mantenían un continuo acoso no solo hacia los más “débiles” sino al que en su momento decían “dio papaya”.

Este tipo de acoso era caracterizado por críticas con relación a la apariencia física, estrato económico, debilidades para comunicarse; entre otros. Sin embargo, no se tomaba como un constante ataque que, minimizada, sino que a veces era ejercido por todos y no tenía ninguna denominación. Podría decirse que era el diario vivir de un centro educativo.

En el mundo docente

Pero de está situación no se escapaban los docentes, ya que se podía encontrar algunos con una forma “pedagógica” caracterizada por la discriminación, el castigo, la supresión y el poder de autoridad que era apoyada fielmente por los padres de familia.

Me hace recordar a un docente de Matemáticas que lo apodábamos “Hitler” por la forma de ejercer su autoridad por su saber sobre todos los estudiantes, nos pasaba al frente al tablero para realizar los ejercicios y si no estaban correctos nos dejaba de pie al lado de una pared hasta que terminará la clase, otros sacaban de clase a los estudiantes que no llevarán el uniforme completo y a las estudiantes mujeres que fueran maquilladas les limpiaban la cara ellos mismos con pañuelos. Lo más grave era si te quejabas con el director o los padres de familia porque todo era justificado como bueno para nuestro bien; ya que se decía que “la disciplina forjaba buenos ciudadanos”

Este tipo de conductas tanto de los estudiantes contra sus compañeros y de los docentes contra sus estudiantes fueron reevaluados y empezaron a ser vistas como formas de maltrato y revisarse de una forma más sería hacia el año 2013 con el nacimiento del movimiento global de concientización y el establecimiento del “Día Mundial contra el Acoso Escolar”; ya que anteriormente hacia finales de los años 80 se iniciaron investigaciones sobre este tipo de conductas, pero sólo como una forma de recopilar información de qué tipo de dinámicas se ejercían. En Colombia, en este mismo año 2013 se promulgó la Ley 1620, creando un Sistema Nacional de Convivencia Escolar para prevenir la violencia y discriminación (MEN, 2013).

Unidos contra el acoso escolar

Una organización que ha venido trabajando arduamente a nivel mundial frente a liderar programas, estrategias, promoción de espacios justos, equitativos y seguros frente a algún tipo de discriminación y acoso en las aulas es la UNESCO.

En el año 2023, esta organización lideró una campaña denominada “Unidos contra el acoso escolar”; tomando como ejemplo algunos casos de estudiantes de diferentes escuelas y cómo todos los miembros de la comunidad educativa deberían responsabilizarse por la actuación frente a estos casos con programas que estuvieran vinculados en los currículos de forma transversal como proyectos y en los manuales de convivencia.

Esta organización en el 2025 lideró un espacio importante de apoyo para los países frente al poder identificar “Entornos de aprendizaje seguros: Prevención y tratamiento de la violencia en la escuela y sus alrededores”; desatacando a los docentes como los primeros promotores para la eliminación de estas conductas que afectan a los estudiantes y brindándoles herramientas para poder actuar de una forma óptima y adecuada.

Retomando nuevamente, este compromiso en Colombia por erradicar las conductas de violencia y discriminación al interior de las instituciones educativas, vale la pena rescatar el papel del MEN (2025) donde a parte de brindar estrategias y programas a las instituciones para acompañar este trabajo, también resalta el papel de la familia como garante en eliminar la violencia en los hogares, como fuente primaria de la agresividad y del poco reconocimiento a las diferencias de los otros que se evidencia en los casos de los estudiantes que ejercen está misma violencia en el aula.

Este trabajo con las familias debe ser uno de los primeros pasos para dejar de normalizar la violencia y discriminación como medio de supresión para lograr poder o reconocimiento.

Iniciativas que transforman

Como ejemplo de estas dinámicas dirigidas a la ardua tarea de promover y garantizar espacios académicos donde se tenga la cultura del buen trato a través de la sana convivencia y que vincule la participación de toda la comunidad educativa, es la iniciativa diseñada por la institución educativa Colombiana donde estudia mi hijo “Colegio Bilingüe José Max León”; la cual ha creado el programa SER ( Social, Empático, Responsable) donde su principal tarea es promocionar y prevenir las situaciones Bullying y Ciberbullying; a través de propender por espacios donde se respete la diversidad no solo física y de pensamiento, sino de opiniones, gustos, creencias (CBJML, 2023).

Esta iniciativa que se desarrolla a través de diferentes estrategias como la identificación de casos, capacitación a la comunidad educativa, desarrollar acciones de prevención, concientización y sensibilización frente al significado del acoso escolar y sus implicaciones.

Como resultado de esta implementación y de los resultados obtenidos el Colegio en el año 2023 fue certificado como el primer colegio antibullyng en Colombia; llenando de orgullo a la comunidad y principalmente a nosotros los padres por garantizar un espacio seguro para nuestros hijos.

Una batalla conjunta

De acuerdo con estas experiencias y los excelentes resultados, es importante reflexionar que frente a la lucha contra la eliminación y erradicación de estas formas de violencia que discriminan y han llegado a repercutir en acciones tan tristes y llenas de impotencia como el suicidio.

No deben ser los colegios los únicos responsables de garantizar que no se presenten este tipo de violencias en las aulas; ya que, la familia es el primer responsable de generar entornos seguros para los hijos, donde la comunicación prevalezca para que la generación de violencia física y psicológica no sea el medio para resolver conflictos; donde se tengan acuerdos frente al cumplimiento de los deberes y la defensa de los derechos de cada miembro.

Además, siendo docente de profesión también me parece importante hacer un llamado a nuestra labor en esta tarea frente al acoso y discriminación escolar, ya que como gruías, orientadores y promotores de los procesos educativos, debemos hacer que prevalezca la reflexión, la comunicación, la flexibilidad, el respeto a la diversidad de nuestros estudiantes, la inclusión.

No ser generadores de actos de autoritarismo, poca empatía, creedores del saber absoluto; olvidándonos que nuestros estudiantes son el centro de todo el proceso educativo y que debemos garantizar que estén seguros en los espacios educativos, se sientan identificados, motivados, escuchados y con la confianza de poder expresar sus sentimientos, emociones y miedos frente a las situaciones que se presentan.

Grandes áreas con quemas recientes, suelos chamuscados y unos cuantos árboles que permanecen en pie. Trazos de carreteras que se adentran entre el bosque, pastizales de vieja data, pozos artificiales de agua abiertos con retroexcavadoras y algunas pocas vacas distribuidas en enormes extensiones de tierra. Así luce desde el aire Guaviare, uno de los seis departamentos amazónicos de Colombia.

Leer más: Los vuelos de la muerte: líderes indígenas asesinados en un territorio invadido por 67 narcopistas

Pese a tener áreas clave para la conservación de la biodiversidad, como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete o la Reserva Nacional Natural Nukak, el departamento de Guaviare es uno de los cinco más deforestados del país y forma parte de lo que se conoce como “Arco de la deforestación amazónica”.

En el último año, este territorio se ha convertido, además, en el epicentro de la disputa entre dos grupos disidentes de las extintas FARC: el Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias “Iván Mordisco”, y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), comandado por alias “Calarcá”. Ambos grupos eran parte del proyecto de “Paz Total” impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, en el que se estableció el control de la deforestación como uno de los pilares de la mesa de negociación. Sin embargo, en agosto de 2024 la facción liderada por “Mordisco” decidió abandonar el diálogo.

Su salida también se sintió en la deforestación, que había tenido una reducción considerable a nivel nacional, pasando de 123 517 hectáreas perdidas en 2022, a 79 256 hectáreas en 2023 (justo cuando los actores armados prohibieron la tala con panfletos y manuales de convivencia), y que volvió a repuntar en 2024, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuando alcanzó 113 608 hectáreas.

Incluso, la ex ministra de Ambiente Susana Muhamad reconoció a inicios de 2025, antes de dejar el cargo, que la deforestación estuvo altamente influenciada por lo que ocurría en las mesas de negociación y la reestructuración de estos grupos en la Amazonía.

Guaviare es una muestra de los enormes retos para conservar los bosques en medio del recrudecimiento del conflicto. A mediados de noviembre, en medio de una ofensiva militar impulsada por el Gobierno contra las disidencias de “Mordisco”, y luego de varios días de combate, Petro ordenó bombardear a dos frentes del EMC que se encontraban en la vereda Itilla, en el municipio de Calamar, zona rural de Guaviare.

Aunque se trató del séptimo bombardeo realizado por la fuerza pública este año, recibió una atención diferente, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que, entre los 20 “abatidos” se encontraban siete menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres.

Según la Defensoría del Pueblo (entidad encargada de velar por los derechos de las personas y las comunidades en Colombia), solo en 2024 fueron reclutados 463 menores de edad y casi la mitad pertenecían a pueblos indígenas.

“Cada semana que pasa, la complejidad es mayor”, aseguró Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare (la capital del departamento), en medio de un encuentro organizado por la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales (IRI-Colombia) en el municipio. “Mientras no exista la tranquilidad y la armonía en el territorio, va a ser muy difícil hablar de conservación o de estrategias que permitan una dinámica económica para estas familias”, enfatizó.

Las cifras oficiales también reflejan esa dificultad. Según el último informe del Ideam, Guaviare pasó de perder 11 467 hectáreas de bosque en 2023 a perder 16 906 hectáreas en 2024, un aumento de más de 5000 hectáreas. “Las principales causas directas de la deforestación fueron la praderización con fines de acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de ganadería extensiva, el desarrollo no planificado de infraestructura de transporte, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de madera y la expansión de la frontera agrícola en zonas no permitidas”, señaló la entidad.

“Va más rápido la deforestación que el control, van más rápido las praderas para meter ganadería. Semanalmente sacamos, en promedio, más de 2000 animales para sacrificio a Villavicencio y Bogotá”, confiesa también el alcalde.

Leer más: Imágenes satelitales y estudios científicos revelan devastación en ríos de América Latina | Lecturas ambientales

Las zonas sobre las que la Defensoría ha alertado por el aumento del conflicto en Guaviare coinciden con las áreas donde se ha incrementado la pérdida de bosque. En enero de este año, la entidad emitió una Alerta Temprana sobre los riesgos para la población civil, especialmente en los municipios y zonas rurales de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno, así como en el Resguardo Indígena Nukak y el Resguardo Indígena Yarí Yaguará II. En junio escaló la situación a una “crisis humanitaria”.

De manera similar, el primer boletín de alertas tempranas de deforestación de 2025 (que cobija los meses de enero a marzo), publicado por el Ideam, identificó cuatro de los núcleos con mayores alertas por deforestación en Guaviare: Yaguará II, Calamar-Miraflores, San José del Guaviare-Kuway-Nueva York y El Retorno. El informe más reciente (del trimestre entre abril y junio) mostró que los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare mantienen niveles altos de detecciones tempranas de deforestación.

Mongabay Latam sobrevoló, por invitación de IRI-Colombia, algunos de los puntos con mayores índices de deforestación, como los municipios de El Retorno, Calamar y San José del Guaviare, así como el Resguardo Indígena Nukak y las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak. El avance de la tala y quema de bosques, la ganadería, las vías ilegales y los cultivos de coca se han vuelto una imagen común entre el paisaje.

Entre parches enormes de deforestación, se hace evidente una práctica que los expertos describen como “ganadería extensiva”, donde se ven enormes potreros de cientos de hectáreas con un poco menos de una decena de cabezas de ganado.

En municipios como Calamar y Miraflores, por ejemplo, hay más vacas que personas. El censo de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Según Parques Nacionales Cómo Vamos (una iniciativa de la sociedad civil que evalúa el estado de las áreas protegidas en Colombia), el aumento de la producción ganadera en las zonas de amortiguación de los parques nacionales puede afectar el funcionamiento de sus ecosistemas y dificultar su conectividad ecológica.

Uno de los municipios más afectados es Calamar, donde se perdieron más de 6969 hectáreas por deforestación solo en 2024, es decir, 2552 hectáreas más que el año anterior. Esto lo convierte en uno de los municipios que concentra la mayor superficie deforestada.

Por este municipio pasa un tramo de los 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nukak.

Como reveló una investigación de Mongabay Latam, en esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el año 2000 superaba las 25 000 hectáreas, el equivalente a más de 35 000 canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9000 hectáreas de pasto y actualmente, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 000 vacas.

Las áreas protegidas también se han visto ampliamente afectadas. En el último año, la deforestación en áreas del Sistema de Parques Naturales representó el 10 % del total nacional (con 10 127 hectáreas). El aumento se concentró principalmente en áreas protegidas de la región amazónica.

El sobrevuelo por las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak y el Resguardo Indígena Nukak deja ver cómo la deforestación, el ganado y los cultivos de coca se adentran cada vez más en las áreas protegidas y contrastan con la gran masa de bosque que aún se mantiene al interior. Según Parques Nacionales Cómo Vamos, “se ha venido presentando en los últimos años la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta las veredas (zonas rurales) de La Libertad (Calamar) y La Paz (El Retorno) se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible, de acuerdo con un monitoreo satelital realizado por Mongabay Latam, desde el año 2000 es una zona cocalera y es a partir de 2016 que se mejora y se amplía en casi 57 kilómetros. Allí, a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis evidenció que en 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas de cultivos. Un año después alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120.

Ante el avance de estas problemáticas, a los científicos les preocupa otro aspecto más grave, pero menos visible: la degradación.

De los 34 focos de degradación del suelo por erosión, que identificaron el Ministerio de Ambiente y el Ideam hace 10 años, en Guaviare (donde el 12.1 % de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado de erosión), uno de los principales focos “severos” de erosión se encuentra en el municipio de El Retorno. Entre las causas, señala el estudio, está la sobreutilización del suelo para fines ganaderos, las áreas con susceptibilidad a incendios forestales, deforestación y los usos inadecuados del territorio.

“El conflicto es un gran reto para el territorio, no solo para las alcaldías o para las gobernaciones, que no contamos con los recursos ni las herramientas para hacer frente a ese tipo de problemáticas tan grandes, sino también para las organizaciones de la sociedad civil, para cooperación internacional y sus programas, o para las estrategias de conservación y de reforestación que se impulsan desde el Gobierno Nacional”, le dijo a Mongabay Latam Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare y quien actualmente se desempeña también como la gobernadora encargada.

“Aunque hemos encontrado campesinos y comunidades indígenas que quieren impulsar el trabajo de liderazgo y de protección, son las mismas dinámicas del conflicto las que los han sacado de esos territorios”, insiste Castañeda. Como resultado, solo en 2024, el 68 % de la deforestación de Colombia se concentró en la Amazonía.

Imagen principal: la deforestación avanza sobre grandes extensiones de selva en el departamento de Guaviare. Las vías abren paso al acaparamiento de tierras, ganadería y cultivos de uso ilícito. Foto: Daniela Quintero Díaz

El artículo original fue publicado por YDaniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El bullying en el ámbito escolar no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia y transformación en contextos sociales y tecnológicos actuales exige repensar la forma en que lo comprendemos y enfrentamos. Desde mi rol como psicóloga, comprendo que no se trata de casos aislados, sino de una problemática estructural que afecta la convivencia, la salud emocional y el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes.

“El acoso escolar es una violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

UNICEF (2019)

No es simplemente un juego pesado entre pares, sino una forma de violencia que impacta en la autoestima, la confianza y la vida social de quienes lo sufren. Ante este panorama, cabe preguntarnos: ¿cómo podemos los profesionales de la educación, las familias y la comunidad atenderlo de manera coherente y oportuna? ¿Qué acciones deben trascender el plano normativo para convertirse en una cultura cotidiana de respeto y cuidado mutuo?

Una herida en los derechos fundamentales

Desde la perspectiva de los estudiantes, el bullying no solo duele físicamente: duele en la identidad, en el reconocimiento de sí mismos y en el sentido de pertenencia. El informe El bullying: una mirada desde los niños y las niñas resalta que la burla reiterada se percibe como más dañina que un golpe, porque erosiona la confianza y deja huellas invisibles que pocas veces la escuela logra sanar (Universidad de Manizales, 2018).

En nuestras aulas y descansos, este panorama se refleja en expresiones cotidianas de discriminación: se ridiculiza al estudiante recién llegado, se señala el color de piel, se estigmatiza la orientación sexual o se subestima el desempeño académico. Lo preocupante es que, en ocasiones, estos actos se minimizan como parte “natural” de la vida escolar. Sin embargo, como lo advierte UNICEF (2019), “nunca debe ser aceptado, minimizado o invisibilizado”.

El bullying, además, no se reduce a un conflicto entre pares: se nutre de un sistema de relaciones desiguales y de un contexto social que lo permite. En este sentido, la Conferencia Internacional sobre Acoso Escolar organizada por la UNESCO (2020) invita a reformular la definición tradicional para entenderlo como un fenómeno relacional, incrustado en redes sociales, culturales e institucionales. Según el Comité Científico, “el acoso y el ciberacoso involucran un desequilibrio de poder y ocurren dentro de una red establecida de relaciones escolares y comunitarias” (UNESCO, 2020, p. 2).

Entre silencio y resistencia

Las dinámicas escolares actuales evidencian cómo el bullying se entrelaza con lo cotidiano, manifestándose en tensiones dentro del aula que pueden escalar hacia agresiones verbales, exclusión o violencia física. En otras ocasiones adopta formas más sutiles, como el ciberacoso, donde las redes sociales amplifican y prolongan la humillación más allá de los muros de la escuela.

En mi experiencia, me he preguntado muchas veces: ¿por qué algunos estudiantes asumen la violencia como herramienta de poder? La respuesta, en parte, radica en lo que UNICEF (2019) describe como “confusión en los valores morales y la falta de empatía”. Pero también debemos reconocer que estos comportamientos son aprendidos y validados en entornos familiares, sociales y culturales.

Si lo pensamos desde el marco de la Ética del Cuidado, la pregunta cambia: ¿qué aprendizajes de cuidado de sí, del otro y de lo nuestro están siendo invisibilizados cuando un estudiante agrede a otro? En efecto, el bullying no es solo una falta contra una persona, sino una ruptura del tejido comunitario que nos compromete a todos.

Hacia un enfoque global y sistémico de prevención

La UNESCO (2020) propone un “enfoque global de la educación”, que trasciende la intervención en un solo colegio y compromete al sistema educativo en su conjunto. Entre sus componentes se destacan: liderazgo político firme, ambientes seguros, planes de estudio que promuevan el cuidado, mecanismos de denuncia efectivos y la participación activa de estudiantes y familias.

En el caso colombiano, este planteamiento resuena con fuerza. Contamos con manuales de convivencia que sancionan el acoso, pero la pregunta es: ¿nuestros estudiantes sienten la confianza suficiente para denunciar? Asumir este reto desde la Ética del Cuidado, nos invita a pasar de la norma a la cultura. El Manual de Convivencia no es un listado de sanciones, sino una herramienta pedagógica para aprender a cuidarnos y a construir juntos una comunidad donde la dignidad sea inviolable.

Desde la emoción: la escuela como refugio

No olvidemos que detrás de cada estadística hay una vida en construcción. Pienso en el estudiante que teme ser objeto de burlas al entrar al aula o en la niña que cambia su ruta para evitar encontrarse con sus agresores. ¿Qué sociedad estamos construyendo si permitimos que estas experiencias marquen su infancia y adolescencia?

La escuela debe ser, ante todo, un refugio. Un espacio donde cada estudiante encuentre la certeza de que será escuchado, valorado y protegido. Por ello, trabajamos para que los descansos, las aulas y los proyectos formativos sean escenarios donde se viva el cuidado como práctica diaria. Solo así podremos garantizar que la educación no sea un espacio de dolor, sino de crecimiento y reconocimiento mutuo.

Debemos entender que la educación no es solo transmisión de contenidos: es acompañamiento humano. Aquí la misión consiste en favorecer el aprendizaje de matemáticas, ciencias o literatura garantizando un ambiente donde el estudiante se sienta seguro y valorado. Esto exige compromiso: primero debemos garantizar la dignidad y la seguridad emocional de nuestros estudiantes.

Garantizar esa dignidad implica mirar más allá de la disciplina académica y reconocer que el verdadero aprendizaje ocurre cuando los niños y niñas se sienten amados, cuando perciben que sus voces tienen un lugar, que sus diferencias son celebradas y que su presencia importa.

Significa también estar dispuestos a humanizar la escuela: a abrir espacios de diálogo, a trabajar con la emoción tanto como con la razón y a acompañar el dolor con gestos concretos de solidaridad.

En este sentido, la escuela puede y debe ser un refugio porque prepara para enfrentar la realidad desde la confianza y la fortaleza interior.

Si logramos que nuestros estudiantes se sientan seguros y reconocidos, estaremos sembrando las bases para que no repitan las lógicas del acoso, sino que se conviertan en agentes de paz y cuidado en sus comunidades.

Hacia una educación con rostro humano y mirada transformadora

El bullying nos interpela como educadores, familias, instituciones y sociedad. No es un problema periférico, sino un síntoma de desigualdades, violencias y silencios que atraviesan nuestro tejido social.

Desde la Ética del Cuidado, el reto es sembrar en los niños y niñas la convicción de cuidarse a sí mismos, cuidar a los demás y cuidar lo nuestro no es un ideal abstracto, sino una práctica diaria que transforma la convivencia. Esto implica pasar del silencio a la acción, del señalamiento a la empatía, de la indiferencia a la responsabilidad crítica.

Si, como plantea Foucault (2000), el poder se ejerce en cada interacción, también podemos elegir ejercer un poder distinto: el del cuidado, la escucha y la solidaridad. Ese es, en última instancia, el desafío de nuestra generación docente y de nuestras comunidades educativas: construir escuelas que no reproduzcan las lógicas del acoso, sino que sean verdaderos laboratorios de paz, respeto y humanidad.

Referencias

• Foucault, M. (2000). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión (2.ª ed.). Siglo XXI Editores.
• UNESCO. (2020). Conferencia Internacional sobre el Acoso Escolar: Recomendaciones del Comité Científico para la prevención y la lucha contra el acoso y el ciberacoso escolar. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
• UNICEF. (2019). Bullying en el ambiente escolar: qué es y cómo afrontarlo. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
• Universidad de Manizales. (2018). El bullying: una mirada desde los niños y las niñas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.

Tuve la oportunidad de asistir al foro titulado: “20 Años de Derechos LGBTIQ+ en Colombia: Logros y Desafíos” (16 de octubre de 2024), organizado por Colombia Diversa —la misma que ha contribuido a la dignificación de miles y millones de personas — y la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de los Andes. Fueron invitados/as de manera especial algunos/as de los/as actores/as que han aportado para la dignidad desde el activismo, el litigio estratégico, la academia, la investigación, la justicia, la política y la construcción de lo público.

Todo un homenaje a decenas, cientos y miles de personas que han liderado y permitido un país que, aunque homofóbico y heteronormativo, hoy presenta avances significativos para el amor libre, la construcción de la familia, el derecho al trabajo, el libre desarrollo de la personalidad, la antidiscriminación, la igualdad real, la construcción de la memoria y la paz, junto con una justicia que ya hace gala, en algunos casos, del enfoque de género y de la diversidad.  

Y es que eso de la homofobia mata o hace infelices a miles o a millones. Muchos/as de los/as lideres/as hoy no pueden contar la historia porque el odio los/as terminó matando o agobiando en el silencio. Colombia, se ha desclosetado poco a poco y ha avanzado, de eso no hay duda, pero la lentitud agobia ante un sistema patriarcal binario que se nutre de esa división incomprensible en pleno siglo XXI. Siempre será posible la regresión y el retroceso.

Apenas en 1980, este país despenalizó la homosexualidad, así como se lee. Tal como lo recuerda Caribe Afirmativo: “Amar dejó de ser una causal para privar de la libertad a una persona”. Un simple rastreo en redes nos informa que la homosexualidad está penalizada en 62 países miembros de la ONU y en 12 países puede significar la pena de muerte (Amnistía Internacional). Aquí, no hay pena de muerte, pero sí en la cotidianidad; las cifras hablan, el Informe Final de la Comisión de la Verdad; ¡también! La muerte ronda la diferencia. ¡Así no más!, por el simple hecho de amar y de vivir por fuera de canales heteronormados.

“Amar dejó de ser una causal para privar de la libertad a una persona” Caribe Afirmativo

En el foro, me encantó escuchar a muchos/as actores/as que han construido la igualdad, pero de forma especial, escuché a los/as que han fungido como magistrados/as principales, auxiliares o que están en el mundo de la administración de justicia, abogados/as o investigadores/as de la libertad. Escuché con atención a los/as jueces/zas, lo digo, porque es en el mundo de la administración de justicia en donde veo los aportes más gigantescos para la historia de la igualdad y la libertad en Colombia: ¿qué formación han tenido para leer con ojos de compasión y diferencia?, ¿cómo se han construido estas sentencias?, ¿la resistencia que han tenido en sus propios hogares por administrar justicia en clave de libertad? Y, ¿cómo conciliar los pensamientos más conservadores que también pululan en nuestros tribunales?, entre muchas otras preguntas.

Sin duda, es inmenso el impacto que estás decisiones han tenido. Por ejemplo, la historia de la primera pareja homosexual que contrajo matrimonio en Colombia, gracias al Tribunal Constitucional. ¡Toda una odisea! El abogado; los/as activistas, más de seis horas en las que eran y no eran pareja; la señora notaria valiente, pero asustada que prefirió llamar el acto con el nombre de “casamiento”; y grupos de lado y lado, unos invocando la cruz y otros, la libertad y el amor.

Para una película todo esto. Muchos testimonios de este estilo se ventilaron en el acto celebración de los 20 años de Colombia Diversa.

Muchas de estas historias de la dignidad fueron posibles gracias a la justicia constitucional. La misma que en algún momento de su trasegar logró ponerse a tono con el mundo de los derechos, acorde con la diversidad sexual, inicialmente de forma individual, pero luego a manera de familia, pareja y más. Todo en el marco de una Constitución que, si bien no es feminista y con una marca heterosexual infinita, presenta algunos principios, derechos y reglas para la libertad y la autonomía, todo sumado al bloque de constitucionalidad y la plural jurisprudencia que marca al mundo. La misma que debería sonrojar al legislativo que no ha hecho la tarea de la libertad. No puedo dejar por fuera de este impulso de la justicia a todos los movimientos sociales y de LGBTIQ+ que han estado detrás de tamaños logros.

Apenas invocar, a manera de ejemplo: algunas sentencias que en sede de tutela —acción constitucional fundamental— o de constitucionalidad han permitido, entre otros grandes asuntos: el cambio de nombre para las personas transgénero, la seguridad social para parejas del mismo sexo, el derecho a visita íntima lésbica en cárceles, derechos patrimoniales, la sustitución pensional al compañero/a permanente del mismo sexo, el reconocimiento de derechos de diversas clases, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la diferencia sexual en los manuales de convivencia escolar y de diversas instituciones educativas, la adopción por parejas del mismo sexo o la histórica sentencia de matrimonio igualitario (leer a Esther Lucia Sánchez Barrera).

Puedo nombrar también, algunos hitos legislativos como la Ley 1482 de 2011 – Ley antidiscriminación y la Ley 1448 de 2011: Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Tampoco dejo en el olvido al gran momento histórico de creación del Acuerdo de Paz de la mano de las mujeres y la diversidad. Un enfoque que hoy ha servido para la construcción de una sociedad más igualitaria en materia rural, de participación y democracia, de cierre de la guerra, de enfoque de derechos humanos para la solución del problema de las drogas ilícitas, la construcción de la memoria y de la justicia de paz tan paritaria, plural y distinta a las demás justicias en Colombia. Sin duda, el Acuerdo del año 2016 transformó la sociedad colombiana, entre otros aspectos, debido a la integración de los/as históricamente excluidos/as y, que hoy nos permite identificar con mayor claridad el por qué son sujetos/as de especial protección constitucional.

Pero la historia no termina con esta celebración. Así como el movimiento feminista, el movimiento LGBTIQ+ también tiene diversos matices y enfoques. Lo peor, desde afuera igualmente es golpeado por una sociedad conservadora, transodiante, transfóbica, homofóbica y más, que invoca hasta terapias de conversión o que celebra la negación de los derechos propios de la dignidad. A manera de ejemplo, y en la misma letra de El Espectador del 18 de octubre de 2024: “Se tumbó un artículo de la reforma laboral -en el Legislativo- que permitía la licencia de paternidad o maternidad para las parejas del mismo sexo”.

Entonces, grandes retos siguen, de manera especial, para la administración de justicia y de la Corte Constitucional con nuevos derechos emergentes que seguirán surgiendo en el mundo de la diversidad sexual y que implicarán soporte científico, sociológico y teórico, más allá de lo religioso, prejuicioso o discriminatorio, muchas veces disfrazados de teoría.

Nota 1: Agradecimiento a la revisión y lectura inicial de Lucy Pataquiva

Nota 2: Más años de celebración para COLOMBIA DIVERSA. ¡Gracias!

Nota 3: Esta columna no representa el pensamiento de ninguna institución. Hace parte de mi ejercicio doctrinal, constitucional y como columnista/bloguera de EL ESPECTADOR.

Nota del comité editorial: en este escrito no se mencionan los nombres de las personas involucradas ni del colegio en el que suceden los hechos con dos objetivos: proteger la integridad, respetando su solicitud, de quien escribe este editorial y su hijo; y no individualizar el caso, conociendo que los hechos aquí relacionados se presentan en muchos colegios del país.

°°°

En días pasados, desde que mi hijo inició su cuarto año escolar en un colegio católico de la ciudad de Medellín en el que se encuentra estudiando desde transición, se presentó una situación hasta ahora inédita frente a su presentación personal, relacionada con su corte de pelo. La primera semana de clase, el niño llegó a la casa con un mensaje de su coordinador de disciplina que solicitaba el favor a sus padres de motilarlo, ya que su corte no se ajustaba a lo establecido en las normas del colegio. Vale la pena anotar que el llamado de atención fue en público, lo que le generó dificultades al niño con sus compañeros.

Ello motivó un cruce de notas con el coordinador de disciplina del colegio en las que expresaba mi extrañeza por la solicitud de cambiar el corte de pelo del niño, el mismo corte que había tenido durante todo el año anterior y que no fue problema en ningún momento, y solicitaba que me explicarán por qué era un inconveniente ahora. Además, recomendaba que en futuras ocasiones no se le llamara al niño la atención en público. Frente a esto, solo me remitieron en la respuesta al manual de convivencia del colegio donde se estipulaba que los cortes de pelo de los alumnos debían ser “tradicionales”.

Luego de preguntarle al niño como se sentía con su corte y que él manifestara que no se lo quería cambiar, decidí entonces dejar las cosas como estaban. Días después, recibimos en la casa un llamado por teléfono del coordinador de disciplina en el que nos solicitaba cortarle el pelo por lo menos un centímetro, como si esto hiciera la diferencia. Decidí entonces escribir una carta sentida en la que planteaba mi posición como padre de familia, abogado y ciudadano que usaba, como argumento de fondo, el respeto al libre desarrollo de la personalidad y la supremacía de la Constitución Política de Colombia sobre los manuales de convivencia, además sobre el carácter de irrenunciabilidad de los derechos fundamentales. Luego de esto, recibo nuevamente el llamado del coordinador del colegio, que al parecer no entendió el punto que yo quería mostrar a estas alturas, manteniendo su posición de solicitar el corte de pelo del niño por lo menos un centímetro, ya que él no tenía cómo explicarle a los demás padres si llegasen a preguntar por qué él sí tenía un corte de pelo que a sus ojos no era considerado “tradicional”.

Luego de solicitar una cita con el coordinador para exponer mi posición, cita que me fue negada, decidí llamar directamente al rector y solicitar un espacio de diálogo para plantear la situación que se estaba presentando y encontrar una solución a favor del niño, pues a estas alturas ya creía que por tener un corte de pelo “no tradicional”, según una directiva del colegio, estaba violando normas, se le estaban presentando problemas de autoestima y estaba siendo víctima de “bullying” en su colegio por parte del coordinador.

Me fue concedido el espacio, en el que dialogué con los coordinadores de disciplina y académicos del colegio, y con el rector de la institución. En este espacio expuse la situación, encontrándome inicialmente con una posición retrograda y violatoria de la Constitución y los derechos fundamentales del niño en todo momento por parte del coordinador de disciplina, tal cual había sucedido hasta ahora a través del cruce de notas. Se expusieron argumentos como el de haber firmado en la matrícula la aceptación de las normas del colegio, inclusive aduciendo que de no estar de acuerdo no lo debí haber matriculado allí, el qué dirán los demás padres de familia de por qué este niño si tenía un corte “no tradicional” y los otros no y, nuevamente, la petición de cortarle por lo menos un centímetro.

Con tranquilidad, un poco de paciencia y trayendo en todo momento argumentos de carácter jurídico, expuse claramente que mi posición no era una diferente a la de enseñarle a mi hijo de nueve años a defender sus derechos de manera pacífica, con argumentos y sin que creyera que estaba violando normas simplemente por ejercer su libre desarrollo de la personalidad, que el ejercicio de los derechos fundamentales no puede estar condicionado a nada diferente a los derechos de los otros, que son derechos irrenunciables y que, indiscutiblemente, la Constitución está por encima de cualquier manual de convivencia.

Finalmente el rector y la coordinadora académica se pronunciaron a favor de mi argumentación, y simplemente recomendaron peinar  a mi hijo de forma cómoda para que su pelo no interfiriera en su vista al momento de estar en el salón de clase.

De esta experiencia quiero resaltar la enseñanza que quería dejarle a mi hijo sobre luchar por sus derechos con argumentos, dialogando y sin presiones, y quiero reflexionar sobre la posición que a estas alturas de la vida y 23 años después de haber firmado la Constitución Política de 1991, tienen  instituciones educativas en nuestro país, posición que abiertamente vulnera los derechos de nuestros hijos. Lo que me lleva a preguntarme si como padres de familia tendremos que tener algún tipo de formación jurídica para poder defender los derechos de nuestros hijos en sus colegios.

Éste y otras columnas podrá leerlas en www.bajolamanga.co (@bajo_lamanga)