Pero esta vez el debate no es el mismo. La pregunta ya no es si queremos la paz —porque ese anhelo es casi un consenso nacional—, sino con quién es posible negociarla y en qué condiciones.

La llamada “paz total” del actual gobierno prometía abrir múltiples mesas, desescalar el conflicto y avanzar hacia el cierre definitivo de décadas de violencia. Sin embargo, en la práctica, el país ha presenciado un fortalecimiento militar, territorial y político de varios grupos armados ilegales. Las cifras de expansión, los corredores estratégicos recuperados por estructuras criminales y el incremento de acciones violentas plantean una inquietud legítima: ¿se negocia desde la fortaleza institucional o desde la debilidad operativa?

En 2014, la campaña presidencial entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga giró en torno a la continuidad del proceso de paz en La Habana. Los colombianos optaron por respaldar la negociación. El acuerdo firmado partía de una premisa clara: quienes no se acogieran o retomaran las armas enfrentarían todo el peso del Estado.

Hoy, sin embargo, subsisten estructuras asociadas a lo que fueron las FARC. No son idénticas en mando ni en estructura, pero comparten origen, doctrina y, en muchos casos, integrantes que decidieron no acogerse al acuerdo o traicionarlo posteriormente. Cambian los nombres, cambian los comandantes, cambian los territorios; el denominador común es el mismo: disidencia armada y continuidad criminal.

Con el ELN, cinco gobiernos consecutivos —Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro— han intentado abrir o sostener procesos de negociación. En paralelo a cada esfuerzo de diálogo, el país ha visto atentados, secuestros, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

La pregunta no es si se debe intentar la paz; la pregunta es si existe voluntad real de desarme por parte de quienes negocian. Porque un proceso de paz sin coherencia entre discurso y hechos termina erosionando la credibilidad institucional y desgastando la confianza ciudadana.

En el caso del llamado “Clan del Golfo”, pese a los golpes contundentes de la Fuerza Pública contra su liderazgo, la organización mantiene capacidad operativa significativa. No es una guerrilla con ideario político; es una estructura de narcotráfico y control territorial.

Más abajo en la escala aparecen múltiples grupos criminales de alcance regional, sin agenda política ni proyecto ideológico. Son, en esencia, empresas ilegales dedicadas a rentas ilícitas. Y allí surge otro dilema: ¿se negocia con quien no tiene un propósito político sino exclusivamente económico?

La lectura general del panorama actual conduce a una conclusión incómoda: hoy ninguno de estos grupos parece actuar desde una posición genuina de voluntad de paz. Por el contrario, muchos han aprovechado los espacios de diálogo para reconfigurarse, expandirse o fortalecerse.

Negociar no es un acto de ingenuidad; es un instrumento del Estado. Pero ese instrumento exige condiciones mínimas: voluntad verificable, coherencia entre lo que se firma y lo que se ejecuta, y una correlación de fuerzas que no premie la violencia.

Si esas condiciones no existen, la pregunta “¿Con quién vamos a negociar la paz?” tiene una respuesta preliminar: con nadie que no demuestre primero, de manera inequívoca, que está dispuesto a abandonar las armas.

Mientras tanto, el Estado no puede abdicar de su función esencial: garantizar la seguridad, ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y aplicar todo el peso de la ley. La negociación debe ser el punto de llegada cuando la ilegalidad reconoce que no puede imponerse, no el punto de partida para que se fortalezca.

En tiempos electorales, conviene que el debate sobre la paz sea menos emocional y más estratégico. Porque la paz no es simplemente sentarse a dialogar; es crear las condiciones para el final del conflicto.

Desde su computadora, un investigador especializado en teledetección de hidrocarburos pasa meses revisando datos de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2, cruzando cada sobrevuelo con algoritmos para identificar anomalías y registrar la superficie de los cuerpos de agua de Venezuela. Para él, la imagen desde el espacio de una lámina iridiscente sobre el Lago de Maracaibo —visible incluso en fotografías satelitales de la NASA desde 2021— no es un evento aislado, sino un patrón crónico de contaminación.

Entre 2023 y 2025, el especialista —quien prefirió mantener su identidad en reserva por el complejo clima político del país— detectó de forma persistente manchas de hidrocarburos no sólo en la superficie del Lago de Maracaibo, sino también a lo largo de las costas de los estados de Anzoátegui, Monagas, Sucre, Carabobo y Falcón, así como en múltiples áreas marino-costeras protegidas. Estos patrones coinciden con registros de fugas y derrames continuos en la región y sugieren que dichas descargas están ligadas a la infraestructura de la empresa estatal de hidrocarburos más reconocida de Venezuela: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA).

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“Lo que vemos es permanencia”, explica el investigador sobre el Lago de Maracaibo. “Una capa de hidrocarburos que varía de espesor, pero que está siempre allí”. Además, señala que el seguimiento satelital del equipo de investigación muestra un aumento sostenido de los incidentes con hidrocarburos en aguas venezolanas. En el primer semestre de 2023 se registraron 949 casos mientras que en el primer semestre de 2025, la cifra ascendió a 1364, lo que representa un incremento cercano al 44 %.

Al sumar los registros correspondientes a los primeros semestres de 2023, 2024 y 2025, el total acumulado asciende a 3091 incidentes. De ese total, dos fueron derrames mayores a 100 kilómetros cuadrados: uno desde la Refinería El Palito, en diciembre de 2023; y otro, en agosto de 2024, entre los estados de Falcón y Carabobo. El resto corresponden a fugas menores, pero igualmente recurrentes. El conteo total de incidentes indica que se afectaron 25 090 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi la mitad del territorio de Costa Rica.

“El peor derrame que he visto recientemente fue el de agosto de 2024, dejó una estela que alcanzó manglares y refugios de fauna. Las descargas no fueron sólo de petróleo: también hubo aguas negras, sedimentos y agroquímicos. El impacto es visible en la cadena alimentaria: moluscos como las ostras quedaron contaminados y ya no son aptos para el consumo” comenta el investigador.

Aunque en años recientes Washington había otorgado licencias limitadas para que empresas como Chevron operaran en el país, en 2025 muchas de esas autorizaciones fueron revocadas y restricciones más estrictas se impusieron sobre exportaciones petroleras y buques asociados al comercio de crudo venezolano. El panorama político e internacional del país estaría cambiando radicalmente en 2026, pues otra vez Venezuela es observada por inversionistas extranjeros interesados en reactivar la industria petrolera, debilitada por décadas de deterioro y sanciones internacionales.

La intervención internacional

Para el especialista que pidió la reserva de su nombre, las sanciones económicas internacionales que ha recibido Venezuela no han reducido el impacto ambiental de la industria en el país. Por el contrario, han aumentado los riesgos señalados en informes de varias ONG, en los que se comenta que al empujar las exportaciones hacia rutas opacas —como flotas ilegales y transferencias de crudo en mar abierto— se debilitan los controles ambientales y crece la probabilidad de derrames, especialmente en zonas costeras y portuarias.

La capacidad petrolera venezolana, de la que depende gran parte de la economía del país, se mantiene en torno a un millón de barriles por día, muy por debajo de su capacidad potencial, que podría ser tres veces mayor. Sin embargo, este escenario podría cambiar en el corto y mediano plazo.

Tras años de operaciones opacas, el sector petrolero venezolano enfrenta ahora la posibilidad de un repunte productivo, impulsado por el giro en la política de Donald Trump hacia el país, quién, luego de la intervención que terminó con la captura de Nicolás Maduro, promovió la apertura de esta industria a empresas estadounidenses y europeas, incentivando a las compañías para que evalúen inversiones para reconstruir y aumentar la producción. En declaraciones públicas, Trump mencionó que se podrían movilizar hasta 100 000 millones de dólares en inversión privada.

Esta dinámica de interés corporativo surge en un momento en que el Gobierno venezolano, ahora liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha propuesto una reforma a la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo explícito de atraer mayores inversiones extranjeras al sector petrolero. La iniciativa busca responder a las críticas de compañías como Exxon Mobil sobre la falta de seguridad jurídica y satisfacer la demanda de empresas como Repsol y Chevron de operar bajo condiciones regulatorias “seguras” que permitan la entrada de capital y operaciones en campos dónde hoy no existe infraestructura.

En paralelo a este rediseño del marco legal, Rodríguez anunció la firma del primer contrato para exportar gas licuado de petróleo (GLP), marcando un giro en la estrategia energética venezolana y su intención de monetizar subproductos de la actividad petrolera. El anuncio, presentado como un hito comercial, se produjo en un contexto en el que altas cantidades de gas asociado continúan siendo quemadas o liberadas a la atmósfera por falta de infraestructura.

Este panorama abre dos escenarios opuestos. El primero, y en el que coinciden la mayoría de fuentes consultadas, es que se dé una expansión acelerada de la industria petrolera, sin salvaguardas robustas y profundizando los daños ecológicos en ecosistemas ya altamente vulnerables a la crisis climática. El segundo es la esperanza de que la llegada de capital y tecnología introduzca estándares más estrictos de regulación ambiental.

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El antes del petróleo venezolano y la incertidumbre por su futuro

Un ingeniero que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad y que creció en el campo petrolero de Judibana, en la península de Paraguaná, recuerda que entre 1990 y 2002, cuando trabajó en PDVSA, llegó a liderar un equipo técnico responsable del mantenimiento y la confiabilidad de los sistemas de instrumentación del Centro de Refinación Paraguaná, que integra las refinerías de Amuay y Cardón.

“Cada vez que entraba a la planta veía equipos con letreros pintados que decían ‘100 días sin accidentes’, y eso era un incentivo para nosotros”, relata. En ese período, explica, la empresa medía la eficiencia a partir del tiempo transcurrido sin fallas operativas y otorgaba bonos de productividad, una lógica que marcaba la cultura interna de la industria petrolera.

El punto más alto de producción del país fue en 1997, cuándo superó la producción de 3 millones de barriles diarios, al aprovechar las reservas más grandes de crudo pesado en el mundo. El ingeniero asegura que la industria tenía mecanismos de monitoreo ambiental en algunas refinerías, por ejemplo, casetas de medición de contaminantes y separadores de hidrocarburos en afluentes.

“En la refinería de Amuay había dos casetas ambientales conectadas a una estación de monitoreo que medían contaminantes como óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de azufre (SO) y partículas en suspensión. Una de esas casetas se instaló en el sureste-noreste, donde el viento suele llevar las emisiones hacia las comunidades, para detectar variaciones en la contaminación y activar medidas en las plantas cuando los niveles aumentaban”, señala el ex trabajador de la empresa.

Sin embargo, esta supervisión era costosa, requería de personal capacitado para monitorear continuamente las instalaciones y no se ejecutó en todas las instalaciones de la industria. En la actualidad, se desconoce si medidas como estas se siguen implementando. “Ya hasta colegas me han dicho que los equipos se los robaron” comenta.

Venezuela posee aproximadamente el 17 % de las reservas de petróleo conocidas en el mundo, de las cuáles, de acuerdo a Edgar Chacín, geólogo con más de tres décadas de experiencia en PDVSA y empresas petroleras internacionales, están distribuidas de la siguiente manera: 53 % extrapesado, 20 % pesado, 15 % mediano, 8 % liviano y 4 % condensado. “Para procesar este crudo hay que trabajar con mayor prioridad el mantenimiento y la recuperación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos en el país. Hablamos de oleoductos, gasoductos y terminales de embarque”, señala.

Chacín explica que contar con infraestructura apta es necesario para refinar con mayor facilidad y producir combustibles de alto valor en el mercado internacional. “Venezuela tiene grandes reservas de crudo pesado, pero para transportarlo y venderlo es necesario mezclarlo con diluyentes [crudo liviano o condensados] o someterlo a procesos de mejoramiento en plantas especializadas. Ese tipo de capacidad requiere inversión y ahora [con la situación política actual] podría ser viable”, indica.

Aún así, alerta que la producción de esos crudos debe acompañarse con técnicas que reduzcan el impacto ambiental durante la extracción. “Elaborar agrupaciones de perforaciones, planificación ambiental y otros factores ecológicos y de hábitat. Todo esto es posible sólo si hay personal capacitado”, dice.

Gladys Rincón es doctora en ingeniería ambiental y tiene dudas sobre el cumplimiento de altos estándares ahora que se quiere potenciar la industria petrolera en Venezuela. Trabajó durante las décadas de 1980 y 1990 como analista en PDVSA, actualmente es investigadora universitaria y señala que, a pesar de que en la época de la bonanza petrolera venezolana existían normas internacionales que minimizaban los accidentes, no se consideraba la contaminación de manera integral. Por ejemplo, no se tenía en cuenta la calidad del aire.

En estudios realizados años después, Rincón modeló la dispersión de contaminantes atmosféricos generados por complejos petroquímicos, incluyendo óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado fino para determinar de dónde venían las emisiones.

“En el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui hubo comunidades afectadas debido a fallos en la hidrodesulfuradora y sus emisiones. Eso se expuso hace años”. La investigadora señala que hubo reclamos por problemas respiratorios, cardíacos y neurológicos, además de registros de supuestas malformaciones en algunos centros médicos.

Hoy, ya dedicada al estudio de la contaminación atmosférica y el cambio climático, Rincón observa con preocupación el posible retorno de grandes volúmenes de producción petrolera. “Si no hay evaluaciones ambientales ni regulación efectiva, el impacto será enorme: aguas contaminadas con metales pesados, emisiones de CO2 y metano, pasivos que se acumulan. Si el Gobierno actual o futuros inversionistas no hacen evaluaciones ni regulaciones, la situación seguirá igual a la que vivimos actualmente o peor”, advierte.

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El clima y el costo de la producción petrolera

Aunque Venezuela hoy no figura entre los mayores emisores globales de gases de efecto invernadero, su enorme reserva de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco (región al norte del país, dividida en los bloques Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo, y que contiene las mayores reservas de petróleo extrapesado y pesado del planeta) la coloca como un actor climático clave si la producción se reactiva.

En un informe, la organización Global Witness advierte que un aumento sustancial de la extracción de este crudo de complejo procesamiento podría añadir emisiones equivalentes a las de todo el transporte marítimo global.

El informe estima que un escenario de producción elevada podría generar hasta 729 millones de toneladas de CO2 equivalente al año y subraya que gran parte de ese riesgo está ligado a la infraestructura deteriorada, las fugas, las fallas operativas y la quema de gas que elevan drásticamente el impacto climático.

Y es que la infraestructura petrolera atraviesa ecosistemas clave del país. En las costas de Falcón, Carabobo y el eje Puerto La Cruz–Mochima, fallas operativas han causado daños severos al ambiente marino. Por otro lado, en el oriente, sabanas, morichales y el río Guarapiche, fuente de agua para consumo humano en la ciudad de Maturín, han sido impactados por vertimientos. A esto se suma que en la Faja Petrolífera del Orinoco, advierte la investigadora Rincón, el mejoramiento del crudo pesado estaría generando subproductos contaminantes como coque y azufre.

En este mapa de afectaciones, el Lago de Maracaibo destaca de forma recurrente como uno de los territorios más afectados. Mayra Leal lo conoce bien, vive en el sector Altos de Milagro Norte, en Maracaibo, y trabaja con comunidades pesqueras e indígenas Añú en el lago. Además de dirigir una fundación de alimentación para niños, mujeres y adultos mayores, ha sido testigo de la contaminación constante de las refinerías cercanas: “Somos una comunidad pesquera y con petróleo en el agua no se puede salir porque se daña la ropa, la red se daña. Esto ha traído enfermedades en la piel a los niños que viven cerca del agua”, señala.

Ella, así como muchas personas de estas comunidades, no entienden sobre inversión en la industria petrolera, sólo saben que si esto no se traduce en responsabilidad social y decisiones políticas que les permitan recuperar el lago en el que han crecido, su vida no cambiará.

Con esto coincide Joaquín Benítez, profesor de impacto ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Católica Andrés Bello. Benítez plantea que la reactivación petrolera no puede entenderse como una decisión económica aislada, sino que debe integrarse en un debate público más amplio sobre transición energética, cambio climático y justicia internacional.

“Somos un país que necesita desarrollarse y estabilizarse socio-económicamente, pero sólo si se tiene en cuenta el contexto climático internacional. Hay países donde la explotación petrolera aún es motor de desarrollo, pero la institucionalidad ambiental suele ser sólida y la gobernanza funciona con un monitoreo constante”, indica.

De acuerdo con Benítez, además de gobernanza se requiere democracia o, de lo contrario, se vulneran derechos ambientales y humanos. “En Venezuela no sólo hará falta tecnología y recursos, sino también fortalecer capacidades institucionales, actualizar el marco legal, garantizar un sistema judicial operativo y habilitar la fiscalización ciudadana. Sin esos elementos, la supervisión ambiental no puede operar plenamente”.

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El eslabón débil: la falta de fiscalización ambiental

En los años 90, con la llegada de inversiones internacionales a la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela construyó un andamiaje legal y técnico para regular el impacto ambiental de una industria intensificada. Se aprobaron normas como la Ley Penal del Ambiente y se establecieron procedimientos de evaluación de impacto ambiental para actividades susceptibles de degradar la naturaleza. “Recuerdo que incluso se diseñaron planes de gestión territorial y socioeconómica, para atender los desajustes regionales que traería el crecimiento petrolero”, indica Benítez.

Sin embargo, con el paso de los años, la capacidad de fiscalización se ha erosionado. Aunque en 2015 se aprobó la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire, su implementación depende de decretos y normas técnicas que, en la práctica, siguen basándose en parámetros de 1995 y no han sido actualizados con estándares contemporáneos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La capacidad institucional aún debe mejorar muchísimo”, enfatiza Benítez.

En un contexto de debilidad institucional, los recientes cambios en el gabinete ministerial venezolano han generado inquietud entre organizaciones ambientalistas. A mediados de enero de 2026, Delcy Rodríguez nombró a Freddy Ñáñez como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, con la misión declarada de “promover políticas públicas para la protección de la Pachamama y todo lo relacionado con materia ambiental”.

A pesar de esto, ONG como SOSOrinoco y World Heritage Watch han señalado que el reemplazo de figuras políticas no necesariamente se traduce en una mejora real de la gestión ambiental, advirtiendo la continuidad de políticas extractivas.

Imagen principal: hombre camina sobre zona impactada por petróleo en las costas del sector El Bajo, cerca de la Refinería Bajo Grande (2020). Foto: cortesía MedioSur.

El artículo original fue publicado por Liliana Rivas en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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 Colombia no necesita ponerse el cerebro de Donald Trump para pensar por sí misma y decidir su destino.

El presidente Trump confunde a Venezuela con Disneylandia, su reino mágico petrolizado.

Lo que pase en Venezuela, no se queda en Venezuela, porque puede ocurrirle a Colombia.

Lo que pasa con Venezuela, bueno y malo, se volvió de interés público mundial, y ante todo regional, porque nos toca a los colombianos de muchas maneras; así que de los políticos y la prensa se espera ecuanimidad y sabiduría a la hora de ponderar los acontecimientos.

Donald Trump amenazó a Colombia y a un presidente, Gustavo Petro, elegido democráticamente, acusándolo de ser “un enfermo que disfruta fabricando y vendiendo cocaína a Estados Unidos”, según recoge El Espectador.

Desde la Conquista española, no ha habido en la historia colombiana una amenaza externa más evidente que ésta y quizás sea la puerta de oportunidad que estábamos esperando para echar a andar un acuerdo nacional, sin mezquindades ideológicas. Porque Trump pasará cuando entregue su gobierno —aunque como están las cosas, ya no hay certeza de nada—, pero las consecuencias de sus acciones, si se lo permitimos, podrían ser dolorosamente irreversibles, incluso para las generaciones que no han nacido.

Lo que está en juego hoy, son los intereses de la sociedad toda, dueña de un territorio, de su riqueza, (por debajo y por encima de nuestro suelo); de su historia, de su presente y de su futuro. Dueña, cómo no, también de sus dichas y sus desdichas.

El país es una unidad indivisible en el marco de la Constitución y sus leyes, la norma superior que nos arropa como colombianos. Para decirlo en términos castizos, nos debemos a la tierra que nos parió y a la Constitución que nos obliga.

La Constitución Política de Colombia es la biblia de las leyes —la norma de normas—, que estamos obligados a acatar los aquí nacidos. En esta coyuntura, se nos impone, por lo tanto, el deber de desempolvarla y apropiarnos de lo consignado en su preámbulo:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia:”. (Los subrayados son míos).

El artículo 4 de la Constitución es claro: “Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

Si la intención de Trump es capturar al mandatario colombiano, sin pruebas, por la cocaína que Colombia produce y los gringos consumen, lo lógico sería, en consecuencia, que el gringo venga por todos los presidentes que ha habido desde Julio Cesar Turbay Ayala, y eso implica sacarlo a él, a Belisario Betancur y a Virgilio Barco de sus tumbas, y llevarse esposados a todos los demás, incluidos Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Duque, porque el tráfico de drogas no es de ahora, y, por el contrario, hasta donde nos consta el país ha pagado un precio muy alto para combatirlo —nada más recuerden que a don Guillermo Cano, el director de El Espectador, lo mataron los narcos—, y documentado está, con resultados tangibles, que cada gobierno ha hecho lo que ha podido en la lucha antidrogas.  

Además, como lo reseñó el diario The New York Times “no existe evidencia de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, lidere o tenga vínculos con organizaciones criminales”. Mientras tanto, en el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York quedó claro que el tal “Cartel de los Soles” no existe.

Dice, con contundencia, este editorial de El Espectador: “Las amenazas del presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro son una agresión directa contra Colombia. No hay justificación alguna para que el líder de Estados Unidos fantasee con una operación militar en nuestro país y contra un mandatario elegido democráticamente. Nuestro país es una democracia estable y en proceso de fortalecimiento, con instituciones robustas, con una sociedad civil activa y con una Constitución garante de libertades individuales. Nuestra soberanía es innegociable. Cualquier apoyo a lo dicho por el presidente Trump es complicidad con un golpe de Estado y una traición a este país que con tanto esfuerzo, dolor y sangre hemos construido”.

Y esto agrega el editorial del El Universal de Cartagena: “nuestro país ha mantenido una tradición de respeto a la normativa que preserva el multilateralismo y la primacía de la diplomacia ante cualquier conflicto. Esta es la posición correcta y la que debe prevalecer”.

Un paréntesis para decir que la conversación telefónica y amistosa entre los presidentes Petro y Trump no significa nada por ahora, porque la civilización pende de un hilo y del genio con que se levante el gringo. Es más, con este mundo al revés, vale la pena hacerse una pregunta, con todo respeto por los creyentes: ¿El destino de la humanidad está hoy en manos de Dios o de tres hombres: Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping? Digamos que de los cuatro para no pelear con Dios ni con el diablo.

En este momento los editorialistas de prensa, tanto como el gobierno, el Congreso y los partidos políticos, deberían declararse en sala de crisis permanente, y prestar toda la atención posible a cada cosa que se diga desde Estados Unidos. Ningún hecho doméstico puede ser más relevante que una amenaza a la soberanía colombiana, que podría ponerlo todo patas arriba si permitimos el más mínimo manoseo a dos siglos de vida republicana

Cuando el destino de todo un país está en juego, la entereza de los tres poderes se pone a prueba, y así con la prensa como el cuarto poder que es. La separación de poderes debe funcionar en una democracia para garantizar su existencia y protegerla de las amenazas internas, pero no puede actuar separadamente cuando las amenazas vienen desde afuera.

Ante las circunstancias, y una vez conocida la denuncia del ministro de Justicia contra tres congresistas (María Fernanda Cabal, Lina Garrido y JP Hernández) por presunto llamado a intervención militar extranjera, a todos los políticos en campaña se les debe exigir que actúen con sentido patriótico, y no en función de consignas, votos o ambiciones personales u odios particulares. Quizás lo que estos personajes necesitan, más que una demanda, es que se les obligue a leer la Constitución y, mediante un examen, cerciorarse de que la leyeron y, sobre todo, de que la entendieron.

Señores: El palo no está para cucharas. Nuestras pulgas las matamos nosotros. Somos Colombia, no Colombialand.

Con lanzas en sus manos, coronas de plumas y tejidos de chambira, más de 200 personas de 15 pueblos de la Amazonía colombiana, ecuatoriana y peruana atravesaron bosques y navegaron el río Aguarico, en el norte de Ecuador, hasta llegar a la comunidad A’i cofán de Sinangoe el 1° de diciembre de 2025. Allí, hasta el día 5, se realizó el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura.

“Nos acompañan para intercambiar experiencias desde nuestra cosmovisión y desde la espiritualidad de cada territorio, para revivir la memoria de las luchas de los pueblos que hemos venido perviviendo muchos años”, dijo a Mongabay Latam Alexandra Narváez, lideresa a’i cofán durante el segundo día del encuentro. “Aquí estamos con guardias indígenas de la vida”, resaltó.

Esa mañana, las autoridades tradicionales a’i cofán limpiaron con ortiga a los asistentes, una tradición espiritual y de sanación. En el espacio de armonización, la lideresa shuar Josefina Tunki compartió tabaco. Esta planta es considerada sagrada y se usa para sanar, limpiar y establecer comunicación espiritual.

Narváez; Robert Molina, ex coordinador de la guardia indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia; y Mario Erazo, líder del pueblo indígena ziobain, de la frontera colombiana con Ecuador, conforman el equipo Punta de Lanza, impulsado por la organización no gubernamental Amazon Frontlines y la fundación Alianza Ceibo, las cuales organizaron el encuentro.

Punta de Lanza nació en 2022 tras el I Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador. Su objetivo es fortalecer estas agrupaciones civiles no armadas para la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ante el avance de las industrias extractivas y de las economías criminales sobre sus territorios.

“La gran tarea está en que los mayores transmitan el conocimiento y que los jóvenes lo absorban. Se debe partir desde la espiritualidad, desde los principios, ese es nuestro chaleco antibalas”, se dirigió ante los asistentes Erazo, quien vino desde la comunidad de Buenavista.

A lo largo de los cinco días, los asistentes expusieron sobre sus cosmovisiones ligadas a sus territorios, espiritualidad, la importancia del idioma y de la cultura propia para asegurar su existencia como pueblos indígenas. También trabajaron en el fortalecimiento de las capacidades organizativas, la autonomía y la defensa territorial.

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Pueblos transfronterizos en riesgo

El tercer día giró alrededor del análisis de la coyuntura que amenaza a los pueblos indígenas. En primer lugar, al menos el 67 % de las 987 municipalidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela enfrentan la presencia de redes criminales y grupos armados asociados a minería ilegal de oro y narcotráfico, de acuerdo con la investigación Amazonía bajo ataque, publicada en octubre de 2025 por la alianza de medios Amazon Underworld.

Además, sobre 31 millones de hectáreas de territorios indígenas de toda la cuenca amazónica se han sobrepuesto bloques petroleros y gasíferos, según un análisis publicado en noviembre de 2025 por la organización Earth Insight. La investigación también detectó 9.8 millones de hectáreas de concesiones mineras sobre territorios ancestrales de la Amazonía.

María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines, añadió un tercer elemento: los cambios normativos que se están dando en Colombia, Ecuador y Perú, que “tienen el objetivo” de dejar a los pueblos indígenas “sin derechos colectivos”.

El pueblo indígena kakataibo, en la Amazonía peruana, enfrenta los problemas que tanto el Estado como los actores ilegales han traído a sus territorios. Elías Noico, miembro de la guardia indígena de este pueblo, señaló que, por un lado, es el mismo Estado el que concede derechos de minería y explotación forestal dentro de los territorios indígenas.

Por otro lado, los kakataibo habitan entre las regiones de Ucayali y Huánuco, dos de las más letales para los pueblos indígenas peruanos, según halló la investigación Los vuelos de la muerte, de Mongabay Latam. Durante el Encuentro, Noico dijo que la presencia de pistas clandestinas para el transporte de droga y el tráfico de tierras están poniendo en riesgo la vida de los líderes y guardias indígenas.

Al menos seis miembros del pueblo kakataibo han sido asesinados en este contexto, aseguró a Mongabay Latam. Él mismo ha recibido amenazas de muerte y, aunque el Estado le ha otorgado “garantías de vida”, no confía en ellas, porque no pasan de ser meros documentos que “no aguantan balas”.

Como medida de protección, guardias indígenas de diferentes comunidades se han unido para tratar de mantener a los invasores y actores ilícitos fuera. Noico además propuso una integración regional para fortalecerse ante las amenazas, que a su criterio intentan despojarlos de sus derechos ancestrales.

En Ecuador, cada vez más pueblos indígenas están amenazados por la expansión de la minería ilegal de oro. Jacinto Shiguango, miembro de los Inkarukunas, la guardia indígena del Pueblo Kichwa de Rukullacta (PKR), relató a Mongabay Latam que personas externas llegaron y vincularon a habitantes del PKR en actividades de minería ilegal.

En una asamblea comunitaria, se resolvió desalojar a los mineros ilegales. Sin embargo, antes de que la guardia indígena actuara con el apoyo del resto de la población, los mineros se retiraron, evitando un enfrentamiento. A pesar de ello, cuenta Shiguango, la guardia indígena se mantiene vigilante en la defensa del territorio.

El derecho al territorio vulnerado

María Ochoa, representante del pueblo murui bue, puso otro ejemplo que grafica los intentos por vulnerar los derechos. La lideresa relató que aunque el territorio murui está legalmente titulado, el Estado peruano solo reconoce a los murui muinani, ignorando las variantes de ese tronco principal. Esa falta de reconocimiento, aseguró a Mongabay Latam, obstaculiza la validación de sus derechos.

Ahora mismo, los murui bue enfrentan intentos del Estado peruano para construir el segundo tramo de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho a través de la comunidad Centro Arenal sin realizar consulta previa, libre e informada. “No se dan cuenta de que nos va a afectar tanto en lo ambiental, cultural, social e incluso a nuestras aves. ¿Por qué el Estado no entiende que nos afecta psicológicamente también?”, reclamó.

Los murui bue se informaron sobre sus derechos y junto un antropólogo de la organización Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) aprendieron a elaborar mapas parlantes de su territorio. Esta es una representación que recoge las percepciones culturales, ambientales, económicas y sociales de los espacios mediante gráficos y el uso del idioma propio.

Este tipo de ejercicios, se señaló en el encuentro, son los que los indígenas, como guardianes de sus territorios, deben fortalecer para demostrar su relación con el espacio que han habitado de manera ancestral. Aquí, además, es donde las guardias juegan un rol especial, al ser quienes hacen un monitoreo constante del territorio, reconociendo los cambios y amenazas.

Finalmente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones inició un proceso de consulta, pero Ochoa señala que la institución ha justificado retrasos y otros errores en el proceso porque esta sería la primera vez que realiza una consulta de este tipo. El Centro Arenal elaboró su propio Protocolo de Consulta Previa, con el fin de que la consulta no sea un proceso exclusivamente administrativo, sino que busque realmente el consentimiento informado de la población indígena.

En Ecuador, se está desarrollando una consulta ambiental para dar paso a la explotación petrolera en el Bloque 10. Aunque hay poblaciones indígenas, no se está realizando la consulta previa, libre e informada, que tiene estándares más altos que la consulta ambiental y que no solo busca informar sobre la realización de una actividad y sus impactos, sino evitar poner en riesgo el derecho a la existencia cultural ligada al territorio, de acuerdo con Espinosa.

En la búsqueda del autogobierno

Ante estos problemas, Espinosa recordó a los asistentes que los tres países reconocen el derecho de los pueblos originarios a ejercer jurisdicción sobre sus territorios. “Ustedes son autoridad territorial”, dijo. Si bien las comunidades y pueblos enfrentan trabas para que ellos mismos, sus territorios o sus derechos sean reconocidos, la abogada animó a continuar con el fortalecimiento del autogobierno con base en la elaboración de estatutos colectivos.

El cuarto día del encuentro, los asistentes analizaron las experiencias exitosas de autogestión, autogobernanza y defensa del territorio. También establecieron la situación actual y los aportes de las guardias indígenas. El último día, se aprobó el pronunciamiento del encuentro.

En el documento, se abordó la criminalización que enfrentan las guardias indígenas, como sucedió recientemente en Ecuador, tras el paro nacional de octubre. “Este intento de desprestigiar nuestra identidad y labor como sujeto colectivo de derechos, pretendiendo alinearnos al terrorismo o al narcotráfico, genera un grave escenario de riesgo físico y cultural”, se lee en el documento.

“La guardia no necesita más que el permiso colectivo. La guardia resulta incómoda porque es la línea de defensa de los territorios y de la vida”, aseguró Espinosa.

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Los 15 pueblos resolvieron reafirmar el gobierno propio, la jurisdicción indígena y las guardias como ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en cada uno de los tres países y en las normativas internacionales. Además, resolvieron reafirmar la articulación de las guardias indígenas a escala regional y reconocer su labor como defensoras de la vida y el territorio. Por último, reiteraron a los gobiernos nacionales que seguirán realizando acciones de monitoreo, control y gobernanza.

En una segunda parte del documento, exigieron que los Estados garanticen la seguridad e integridad de los territorios ante las amenazas ilícitas, generen garantías para proteger a las guardias indígenas y exigieron la no persecución política por la defensa de derechos humanos, de la naturaleza y colectivos.

El pronunciamiento fue firmado por los pueblos amazónicos ziobain, awá, a’i cofán, siekopai, kichwa de Rukullacta y kichwa de Pastaza, quijos, waorani, shuar, kakataibo, kukama, murui bue, shipibo konibo shetebo y por las guardias indígenas que conforman el Tejido Unuma de la Orinoquía colombiana y del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Las delegaciones volvieron a cruzar el río Aguarico el viernes al mediodía, de regreso a sus territorios cada vez más acorralados por intereses ilícitos, pero también por el abandono estatal.

Foto principal: representantes de 15 pueblos indígenas de Colombia, Ecuador y Perú asistieron al encuentro de guardias indígenas. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Dice el estudio de Reframeit: “Lo que el fenómeno De La Espriella señala son las fracturas profundas en el país: el desgaste emocional, la necesidad de orden, el hartazgo de la política, la ansiedad por la seguridad y la búsqueda de historias simples en un país complejo”.  

Por primera vez tenemos en Colombia un candidato presidencial con alias: El Tigre. Abelardo De La Espriella se autodenomina así “…quizás porque se ubica como la figura dominante en un escenario político crispado y volátil”. Para algunos sectores, proyecta una imagen sofisticada y fuertemente centrada en sí mismo, lo que genera percepciones divididas.  

Por ahora, el candidato por firmas no es un fenómeno de masas, a pesar de que una encuesta reciente lo ubica de segundo en el podio de favoritos por debajo de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Es, ante todo, el personaje pintoresco que toda campaña presidencial necesita para despojarse de su acartonamiento, en medio de unos candidatos predecibles y más de lo mismo. En 2022 ese papel le correspondió al ingeniero Rodolfo Hernández con su lenguaje rocambolesco y no pocas veces vulgar.

Dice Reframeit: “Abelardo De la Espriella es, ante todo, un candidato con un nicho. Pero en 2025 los nichos no se comportan como antes: las redes sociales los amplifican, los hacen parecer más grandes y más representativos de lo que realmente son. La ‘repentinidad’ del fenómeno tiene explicación: había una demanda latente esperando un discurso contundente; las tácticas de los influencers aceleran la atención; y la viralidad genera una sensación de crecimiento súbito que no siempre corresponde a una expansión real”.

Abelardo tiene un estilo impulsivo y frontal: responde sin filtros, lo que en política puede ser ventaja o riesgo. Su espontaneidad lo vuelve atractivo para quienes valoran la autenticidad, pero también lo lleva a exponer posturas que generan distancia con sectores más amplios del país. En sus apariciones públicas proyecta seguridad y prosperidad, una imagen cuidadosamente construida que, sin embargo, contrasta con la realidad cotidiana de la mayoría de los colombianos. Ese contraste —más que su tono altisonante— es parte de lo que alimenta la conversación sobre el lugar que realmente ocupa en el tablero político. 

Se ha plegado al discurso de la seguridad con su eslogan de “Firmes por la patria”, vendiéndose como un gran salvador. Es como creer que Superman existe y va a venir a salvarnos a todos.

Con ganas de trasquilar el Estado, ya dijo que si alcanza la presidencia retirará a Colombia de la OEA, la ONU y la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos). Una decisión de esa magnitud tendría profundas implicaciones para las víctimas del conflicto, que continúan buscando verdad, justicia y reparación dentro de los marcos internacionales de derechos humanos; por ejemplo, las familias de los falsos positivos.  

Dice Reframeit: “La política hoy no se entiende sólo en términos programáticos. Un porcentaje alto de los colombianos toma decisiones desde estados emocionales de supervivencia y limitación (miedo, incertidumbre, tensión), lo que habilita el espacio para discursos contundentes y simplificados”.

El discurso guerrerista del candidato De La Espriella le habla a ese segmento de la población asustadizo, que compra el discurso de la mano dura y el garrote como forma legítima de gobierno. Esa parece ser su promesa de valor.

Dice Reframeit: “La narrativa de “acción sobre principios” tiene una base real. 44% del país prioriza acción inmediata; 56% prioriza principios. ADE se ubica exactamente en el vértice que activa ese 44%”.

Un eventual gobierno de Abelardo implicaría un giro radical en la continuidad de los procesos de paz. El Acuerdo de 2016 abrió una senda institucional hacia la reconciliación que el país ha venido transitando lentamente. Volver a enfoques centrados en la fuerza y la excepcionalidad jurídica —que marcaron etapas previas de nuestra historia reciente— tendría implicaciones serias sobre derechos humanos, institucionalidad y confianza pública.

Abelardo no habla de soluciones a problemas serios, históricos, estructurales (empleo, ingresos y, en general, el bienestar del colombiano raso), en un país donde la mayoría sobrevive de milagro, mientras personas como él tienen asegurado el futuro para siete vidas, aunque el tigre, a diferencia del gato, solo tiene una.

Un cuarentón en la era de TikTok

Abelardo, monteriano de nacimiento y barranquillero por adopción, conecta con un estilo político asociado históricamente a dinámicas muy presentes en varias regiones del país: prácticas clientelistas, redes locales de poder y una cultura electoral basada en lealtades tradicionales. En Colombia existe un segmento del electorado —disperso en distintas zonas— que participa bajo ese tipo de lógicas, donde el intercambio político es más transaccional que programático. Es en ese terreno, familiar para muchos liderazgos regionales, donde De la Espriella busca construir parte de su tracción. 

Según la prensa, juntó más de cuatro millones de firmas para inscribir su candidatura presidencial. De hecho, el evento de lanzamiento de campaña en el Movistar Arena con lleno total dejó entrever su músculo financiero, lo que puede resultar llamativo para aquellos que consideran la política, no como una noble vocación de servicio ciudadano, sino como un lucrativo negocio clientelista.

De Reframeit: “El llamado ‘efecto De La Espriella’ no significa necesariamente que pueda ganar. Su impacto principal es otro: radicaliza el discurso político y ordena emocionalmente a ciertos grupos alrededor de posiciones más extremas. Es el impulso típico del polimercado: las apuestas generan noticias, las noticias generan apuestas. Pero la tracción no es lo mismo que posibilidad de victoria”.

Abelardo viene registrando un crecimiento visible en las encuestas, pero los datos sugieren que su techo electoral difícilmente supera el 25% o, en escenarios optimistas, el 30%, de acuerdo con Reframeit. Su consolidación depende de factores que todavía no están claros, entre ellos la respuesta de los sectores políticos tradicionales. Ser percibido como cercano al uribismo no garantiza automáticamente el respaldo pleno de la derecha, que históricamente ha administrado con cuidado la continuidad de su propio legado. En ese escenario, será clave observar en qué medida el origen regional de los candidatos influye —o no— en las dinámicas de apoyo dentro de esos grupos.

Dice Reframeit: “El apoyo a este tipo de candidatos no es homogéneo; viene de varios grupos que se superponen: ciudadanos en modo supervivencia, personas frustradas con la clase política tradicional, nostálgicos del ‘orden’, jóvenes desconectados de la política formal pero expuestos a narrativas virales y una derecha en búsqueda de una figura de choque. Estos grupos coinciden en un clima emocional marcado por fatiga del cambio, ansiedad económica, sensación de inseguridad, desconfianza institucional y necesidad de simplicidad en un entorno complejo. Abelardo De la Espriella no crea estos estados emocionales; los amplifica, los organiza y los usa a su favor”. 

Abelardo es un hombre cuarentón que, dotado de “sabrosura” en su lenguaje, le habla a la gente con desparpajo; posa como un rockstar, rodeándose de artistas vallenatos, lo que puede resultar atractivo para el segmento más joven de la población, aquel que está decepcionado de una clase política rancia, y educado bajo el nuevo evangelio de las redes sociales, TikTok principalmente, donde los jóvenes se descrestan fácilmente, porque la pinta es lo de más y el contenido lo de menos.

“El fenómeno, más que sobre la persona, es sobre las fracturas internas del país que él logra activar”, me explica Juanita Uribe Cala, directora de Reframeit, especializada en análisis de complejidad social y política.

“Funciona –agrega ella- porque conecta con emociones colectivas no resueltas —miedo, cansancio, frustración— que encuentran en él una narrativa ordenadora. Ese es el verdadero riesgo: cuando el malestar se organiza alrededor de una figura que en campaña ofrece respuestas simples a problemas complejos. Porque una vez electo, va a tener que manejar y resolver esos problemas complejos”. 

Sin embargo, todavía no ha llegado diciembre con su ventolera. Falta ver si el tigre le quita su puesto al burro y las ovejas o resulta ser el primer gato en el pesebre político colombiano. Con tanto candidato, ojalá los electores no pasen por santos inocentes. 

Por eso, cuando se conocieron los bombardeos en el Guaviare y en otras regiones, no pensé en la estrategia ni en la “necesidad operativa” que suelen invocar los comunicados oficiales. Pensé en lo que implica, en cualquier sociedad democrática, aceptar la muerte de menores como un costo colateral. Países que han logrado reducir el reclutamiento —desde Uganda hasta Sri Lanka— coinciden en un principio básico: cuando un Estado golpea militarmente un campamento donde puede haber menores, el efecto no solo es ético, sino estratégico. Se rompe la legitimidad, se profundiza la desconfianza y se perpetúa la lógica de que la guerra es un terreno donde la infancia siempre pierde.

Colombia, además, no agrede a sus niños únicamente desde los cielos. Lo hace también en tierra firme, a diario, con silencios que pesan tanto como las bombas. En los territorios rurales, los menores siguen expuestos al reclutamiento forzado, al abuso sexual utilizado como mecanismo de control, a la desaparición, a minas antipersonal que amputan futuros, a escuelas donde la guerra entra sin permiso. En las ciudades, los adolescentes caen atrapados entre bandas locales, extorsiones, economías ilegales que los absorben desde temprana edad y un Estado que llega tarde, o no llega. La violencia contra la niñez en Colombia es estructural, sostenida y plural; los bombardeos solo son la forma más visible —y la más fácil de negar— de un problema mucho más profundo.

A diferencia de otros países posconflicto, Colombia sigue atrapada en un ciclo repetitivo: acuerdos que abren expectativas, disidencias que se multiplican, territorios donde el Estado llega después de los fusiles. Basta comparar nuestra situación con la de países que, tras conflictos internos prolongados, adoptaron protocolos estrictos para operaciones militares en zonas con presencia de menores: en Nepal, por ejemplo, la política de “primero evacuar, después disparar” redujo drásticamente la victimización infantil. En Sierra Leona, una década después del final de la guerra, la regla de no atacar campamentos con posible presencia de adolescentes se convirtió en política de Estado. No es ingenuidad; es pragmatismo civilizatorio.

Aquí, en cambio, la discusión se fractura según conveniencias partidistas. Y es imposible ignorar la responsabilidad política del presidente Gustavo Petro: un mandatario que en sus años de oposición hizo de la protección de los menores un pilar discursivo y que hoy, en el poder, ha avalado operaciones que contradicen de frente ese principio. Pero quizá más desconcertante que el giro presidencial es la reacción de muchos sectores de izquierda: sectores que, por temor a incomodar al líder o por el cálculo de no aparecer como críticos internos, han optado por el silencio. Esa autocensura no solo revela una profunda incoherencia, sino que pone en cuestión el marco ético que dijeron defender durante años. No se puede proclamar la defensa de la vida cuando gobierna otro y justificar la misma muerte cuando gobierna el propio.

Los nombres de los menores muertos —Dani Santiago Leyton Cuéllar, Deini Lorena Beltrán Mendoza, Maicol Andrés Pérez Ávila, Martha Elena Abarca Vilches— no deberían ser un punto de debate, sino de convergencia nacional. En cualquier país que aspire a una paz sostenible, la muerte de adolescentes en operaciones militares es un fracaso institucional, no un trofeo operativo. La evidencia comparada es clara: mientras más se normaliza la participación de menores en la guerra —como víctimas, reclutas o daños colaterales— más difícil es salir del conflicto. Las sociedades que han logrado hacerlo comenzaron por lo más obvio: poner a los niños fuera de la ecuación militar. A estos niños asesinados poco les importo si las balas y el fuego letal desde el cielo, lo disparaba un gobierno de izquierdas o derechas.

No se trata de ingenuidad ni de sentimentalismo. Se trata de comprender que el tratamiento que un país da a sus jóvenes es un indicador más fiable de su futuro que cualquier cifra económica. En Colombia llevamos demasiado tiempo aceptando que las decisiones de seguridad se tomen sin incorporar esta perspectiva. Pero un Estado que renuncia a proteger a los menores, incluso en contextos de guerra, termina debilitando la legitimidad que necesita para imponer la paz.

Los niños de la guerra no son una tragedia inevitable: son el resultado de decisiones. Y las decisiones pueden cambiar. Países que vivieron conflictos tan complejos como el nuestro lo han demostrado. La pregunta es si tendremos la madurez institucional y política para hacer lo mismo, o si seguiremos, por comodidad o por cálculo, sacrificando a aquellos que menos pueden defenderse.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, uno de los grandes pensadores del Idealismo alemán, dictó, en 1827, una serie de conferencias sobre la llamada filosofía moderna, que va desde sus comienzos con René Descartes hasta culminar con el mismo Schelling. Siglo Editorial, en su Colección A-corta distancia, acaba de publicar la traducción al español de dichas conferencias, con una excelente presentación, tanto de la figura del autor como del contenido de la obra, por parte de Carlos Andrés Ramírez, especialista en el pensamiento del filósofo alemán[1].

Se trata de un texto de cuya traducción al español no se disponía, y que viene así a enriquecer nuestro acervo bibliográfico, al ofrecer una excelente panorámica de uno de los periodos más representativos del pensamiento occidental. Porque es bien sabido que dicho pensamiento sufrió un cambio significativo con la filosofía cartesiana, al pasar de fijar su atención en la realidad circundante, para centrarla en el examen del pensamiento mismo. Se trata del llamado “giro a la subjetividad” que caracteriza al pensamiento moderno, y que le otorga al ser humano un lugar privilegiado en lo que respecta a la búsqueda de la verdad. Todavía hoy, en el siglo xxi, seguimos inmersos en ese marco conceptual que ha hecho del ser humano el centro de su atención, condicionando así nuestra manera de abordar los grandes temas que atañen a la humanidad, como la política, el arte, la religión, la historia, la sociedad, etc.

El libro, de formato reducido, ofrece una exposición muy esclarecedora de dicha evolución del pensamiento, al analizar las filosofías de Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, Kant y Fichte, para desembocar en la filosofía del propio autor, a la que llama “filosofía de la naturaleza”. Termina con una dura crítica al pensamiento de su colega Hegel y a su pretendido idealismo absoluto, así como a las corrientes irracionalistas lideradas por F. H. Jacobi.

Pocos pensadores, como Schelling, disponían de la necesaria perspectiva para ofrecernos una visión de conjunto sobre los inicios del pensamiento moderno, ya que asumió una posición que podríamos llamar intermedia con respecto a ese giro. Si bien reconoce la importancia e incluso necesidad del mismo, busca, sin embargo, mantener la reflexión filosófica conectada con dicha realidad; de ahí su apelativo de “filosofía de la naturaleza”.

Sin embargo, desde una perspectiva contemporánea, lo que más puede llamar nuestra atención en estas conferencias es lo que señala con claridad el profesor Ramírez en su presentación de la obra, al hacer ver cómo una persona de características tan conservadoras y “burguesas”, como lo fue Schelling, elaboró en realidad una filosofía con una poderosa carga revolucionaria. En sus palabras: “La filosofía de Schelling conserva el impulso revolucionario de la filosofía moderna, tal como la describe a partir de Descartes, en cuanto su filosofía negativa resulta ser la consumación del racionalismo moderno”. Como bien lo señala Ramírez, “los filósofos no son dueños de sus ideas”.

El texto comienza señalando la necesidad que tiene la filosofía de tomar en cuenta su historia para poder seguir avanzando, porque se trata de buscar siempre nuevos horizontes que nos permitan situarnos de manera adecuada en nuestro presente. Pasa luego a considerar el pensamiento de René Descartes, que marca “el derrumbamiento de la escolástica”, y a quien califica como un “revolucionario según el espíritu de su nación”. Sin embargo, es en el pensador judío B. Spinoza donde Schelling encuentra “una figura mejor, más hermosa, más satisfactoria”.

Luego de examinar los alcances y las limitaciones del spinocismo, pasa a considerar el sistema del pensador alemán Gottfried Leibniz, al que considera como “silenciosamente opuesto al de Spinoza”. Desde su perspectiva de filósofo y matemático, Leibniz no considera que la realidad esté conformada, como en Spinoza, por una única sustancia, sino por una infinitud de “mónadas”, especie de unidades virtuales radicalmente diferentes entre sí. Sin embargo, Schelling muestra cómo esta diferencia, que parece diametralmente opuesta, viene a ser el resultado de concepciones en realidad muy cercanas.

Especial interés merece la presentación del pensamiento de I. Kant, quien, como dice Schelling, “apareció inesperadamente como instaurador de la filosofía y le devolvió la seriedad científica, y con ella, a la vez, la dignidad perdida”. Porque fue Kant quien, con su pensamiento crítico, despertó el mayor interés entre sus contemporáneos y se convirtió en el centro de una muy viva controversia, que será el caldo de cultivo para el surgimiento del Idealismo alemán.

Para Schelling, la filosofía crítica kantiana logró exactamente el efecto contrario de lo que se propuso. Si su propósito era terminar con la metafísica tradicional, lo que en realidad logró fue despertar un nuevo y renovado interés por su cultivo. “El juicio de la historia –nos dice– habrá de ser que nunca se había llevado a cabo una lucha tan dura, externa e interna, en torno a los bienes supremos del espíritu humano, y que en ninguna época el espíritu científico había tenido experiencias más profundas y más ricas en resultados, que aquellas que ha tenido después de Kant”.

Procede luego Schelling a exponer su propio sistema de pensamiento, en un apretado discurso que, a pesar de la brevedad y la complejidad de los temas, constituye tal vez la mejor exposición del mismo. Sin embargo, para compensar en parte el elevado nivel de abstracción en el que se mueve la exposición schellinguiana, cabe muy bien recordar y acudir a las indicaciones que ofrece el profesor Ramírez en la Presentación del libro, donde podemos ver las implicaciones tanto antropológicas, como sociales y políticas de la llamada “Filosofía de la Naturaleza”.

En cuanto a las duras críticas que le hace Schelling al idealismo de su colega Hegel, es verdad que están marcadas por un cierto resentimiento, proveniente, como nos dice Ramírez, de considerarse “como una figura destronada por quien no había sido, en sus inicios, sino un comentador y un heredero de su propia filosofía”. Sin embargo, bien vale la pena tenerlas en cuenta, porque apuntan sin duda a elementos del idealismo hegeliano que no suelen examinarse con el debido cuidado. En particular, la crítica apunta a su excesivo conceptualismo, que lo aparta de la realidad a la que sin embargo pretende comprender. Todo hubiera ido bien, dice Schelling, “si se hubiera circunscrito a ello y si hubiera ejecutado dicho pensamiento, renunciando estricta y definitivamente a todo lo positivo”; pero no lo hizo, porque cayó en “la pretensión de que el concepto es todo y no deja nada por fuera”.

En las páginas finales, el texto ofrece una aguda crítica a las pretensiones del irracionalismo que, escudado en los límites que Kant le había establecido al ejercicio de la razón, busca acceder a las realidades últimas y espirituales mediante el sentimiento y la fe. Sin embargo, Schelling señala con cuidado las diferencias entre ese irracionalismo y las que considera justas pretensiones de la mística.

Con el título de “Sobre la oposición nacional en la filosofía”, el texto termina con unas muy someras consideraciones acerca de las diferencias que, a su parecer, existen entre las maneras de hacer filosofía en los tres grandes centros de su época: Alemania, Francia y Gran Bretaña.

[1] Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (2025). Introducción a la Filosofía Moderna. Trad. Jorge-Aurelio Díaz. Colección A-corta distancia. Bogotá: Siglo Editorial.

Cuando hay partidos organizados, que tienen claro lo que proponen y funcionan conforme a reglas confiables, no hay “jefaturas naturales”, como se acostumbra en países que se enorgullecen del caudillismo criollo. Se presentan, en cambio, turnos en la dirección de cada formación política, que a su vez significan opciones de renovación frecuente en la jefatura del gobierno. 

Bien sabido qué propone el partido, en lugar de ir en romería a visitar caudillos que, según el genio del día, resuelven dar uno u otro giro, o no hacer ninguno, existen mecanismos internos de adopción de programas y selección de quien debe llevar la vocería y ponerlos en práctica. 

Lo anterior no quita que haya familias políticas, explicables e inevitables dentro de las tradiciones orientales, y no orientales, de herencia de uno u otro oficio. Solo que a los vástagos de familias políticas les toca competir abiertamente dentro de las reglas del partido, de manera que si llegan a la cumbre es por sus méritos, que con mucha frecuencia los tienen. Por algo se criaron en todo caso viendo hacer el oficio. 

A lo largo de la historia japonesa de la postguerra, y dentro de las instituciones parlamentarias adoptadas bajo la tutela de Douglas MacArthur, el Partido Liberal Democrático ha gobernado casi siempre, por su cuenta o en alianzas con otros partidos, que han tenido en sus manos la terminación de cada gobierno que desean clausurar, cuando le quitan su apoyo.

Eso fue lo que sucedió recientemente con el gobierno de Shigeru Ishiba, quien resolvió renunciar cuando supo, en las reuniones internas, que perdería la mayoría de la que disfrutaba en ambas cámaras del parlamento. Si no hubiera renunciado, una votación interna le habría obligado a hacerlo. Había terminado su turno. Se podía ir tranquilo, más o menos, pues había cerrado un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Algo que, en el caso del Japón, representa aspecto esencial de su estabilidad económica y su pertenencia política al mundo occidental.

Lo anterior significaba, al mismo tiempo, que era preciso votar para ver quién resultaba aupado a la jefatura del partido, con alta posibilidad de llegar a la del gobierno, siempre y cuando lograra el concurso de alguna de las formaciones políticas que suelen acomodarse con el Liberal Democrático para tomar parte en la conducción del país, a veces inclusive sin ministerios. 

Con lo anterior aparecieron en el horizonte dos problemas: primero, el de las decisiones políticas que hay que tomar para propiciar una estabilidad económica y social interna, y una solidez en la posición internacional del país; segundo, quién sería la persona indicada para afrontar esos retos, en términos de refinamiento político, económico y estratégico que requieren de alta sensibilidad y cuidadoso criterio a la hora de proponer y conseguir apoyo a las medidas propuestas. 

Fue ahí cuando apareció como finalista, en busca de la jefatura del partido, Sanae Takaichi, proveniente del ala derecha de los liberales democráticos, caracterizada como nacionalista, aspirante a convertirse en “la Thatcher” japonesa, como primera mujer, conservadora de hierro, en ocupar la jefatura del gobierno, en un país con tradiciones milenarias dentro de las cuales el hecho resulta novedoso y afronta el reto de convertirse en innovador.

Como contradictor en la lucha por la jefatura del partido, y como debería suceder con frecuencia al interior de partidos verdaderamente democráticos y no propiedad de ningún cacique, Takaichi tuvo que confrontar al joven Shinjiro Koizumi, hijo y heredero político del ex primer ministro Junichiro Koizumi, que hace su propia carrera al interior del partido. 

Takaichi resultó victoriosa y, en su tercer intento por conseguir la jefatura del partido, consiguió su meta y quedó a un paso de la jefatura del gobierno, luego de alcanzar un acuerdo con el Partido Japonés de la Innovación, algunos de cuyos proyectos encontrarían en un posible gobierno Takaichi la posibilidad de convertirse en realidad. 

Así que una nueva coalición se prepara para gobernar en el Japón. Para tener éxito debe comenzar por la investidura. Y como su mayoría sería leve, habrá de negociar muchas cosas, particularmente respecto de medidas que afecten la vida cotidiana de la gente, que se ha convertido en países democráticos en uno de los parámetros fundamentales de las preferencias ciudadanas, que no se concentran en anuncios grandilocuentes y vacíos sino en medidas concretas, milimétricas, que conducen a la genta a votar en uno u otro sentido. 

Por lo demás, y no es poca cosa, Takaichi es nacionalista decidida, lo cual está de moda en muchas partes, con sus consecuencias en materia de inmigración y, en el caso japonés, en las necesarias reflexiones y posturas estratégicas sobre el rearme y la competencia regional con China y las dos Coreas. También conforme a una oleada trasnacional, se podría observar un freno al avance de las reivindicaciones propias de la cultura Woke. Esto último, en manos de Takaichi, podría eliminar el “drenaje” de votos que la derecha radical ha venido sustrayendo del PLD.

Cualquier ejercicio de gobierno, en esta época de la historia, enfrenta problemas que requieren de sensatez, experiencia, serenidad y buen juicio a la hora de tomar decisiones. Hay unos filtros que no dejan seguir adelante a países con visiones retrógradas, que interpretan el decurso de la vida de una u otra sociedad a la luz de teorías fracasadas, abolidas o derrotadas por el rumbo que ha tomado el mundo en la última década. Aferrarse a la crítica de la economía de siglos anteriores resulta inútil ante la exigencia de ubicarse en la del Siglo XXI. Mientras que, por otro lado, creerse adalid de causas que suenan bien pero producen retrasos o pérdidas de distancia frente a quienes lideran el desarrollo de la ciencia, la técnica y hasta la inteligencia artificial, puede salir muy caro.   

La señora Takaichi tiene experiencia política de sobra. Pasó por el examen implacable de la derrota cuando aspiró anteriormente a liderar su partido. Eso le permitió refinar su discurso y buscar consensos. No llegaría a improvisar en el gobierno japonés. Eso la califica para afrontar aquellos retos de un nuevo mundo, que en el caso de una potencia económica, industrial, cultural y científica, tiene muchas aristas. 

Su llegada a la jefatura del gobierno marcará un punto importante en la historia de su país, no solamente debido a su condición de mujer exitosa en una sociedad dominada por hombres, sino por la exigencia de cambios institucionales y estratégicos que se imponen al Japón en momentos en que los Estados Unidos se retiran de alianzas hasta ahora confiables y países que tenían obligación de mantenerse desarmados, como el suyo, empiezan a cambiar otra vez, véase Alemania, para abrir nuevas incógnitas.

En cualquier caso, en manos de una mujer liberal – conservadora estaría ahora el timonel de uno de los principales actores de ese continente asiático, y esos mares, hacia los cuales parece girar inevitablemente el mundo. 

No otra cosa se hace cuando se ejerce el gobierno para favorecer amigos y golpear adversarios, en lugar de gobernar para todos; cuando se burla la institucionalidad o se aprovechan sus vericuetos para sacar ventajas; cuando se obra sin lealtad hacia los fines del pacto que representa una constitución política; cuando se miente, se siembra calculada incertidumbre, se cambia de rumbo a cada rato, se difunden falsas noticias o de gestan hipótesis conspirativas. 

Nuestra época parece plagada de acciones conducentes al caos, tanto al interior de uno u otro país como en el conjunto de la vida política y económica a escala global.  La expresión “artesanos del caos” ha sido puesta a circular por el primer ministro francés, François Bayrou. Su gobierno está al borde del colapso a merced de una oposición mezquina, luego de que él mismo, con pronóstico incierto, ha solicitado un voto de confianza en la Asamblea Nacional.  

El gobierno centrista minoritario que preside Bayrou ha hecho lo posible por sobrevivir, desde diciembre de 2024, atrapado entre los partidos de izquierda, moderada y radical, y el de extrema derecha. Todos ellos se pueden juntar, de hecho, así no se puedan ver, para dar al traste con su gobierno. Ninguno tendría cómo gobernar por su cuenta, ni estaría dispuestos a formar una alianza programática. Los une, eso sí, la vocación por el caos a la que se refiere el primer ministro. 

Bayrou, apoyado por el presidente Macron, busca apoyo parlamentario a un plan de reducción de la deuda pública. Los diputados opositores no quieren que su nombre, ni el de sus partidos, aparezca vinculado a medidas necesarias pero impopulares, que afectarían el apoyo de sus electores, en un clima de descontento con la gestión de un presidente al que no bajan de “jupiterino” y servidor de los intereses de los ricos. 

Si la votación fuera hoy, Francia quedaría sin gobierno. El golpe político se sumaría a los que ha recibido ya el presidente desde que disolvió apresurada e innecesariamente hace un año la Asamblea Nacional y desbarató un rompecabezas cuya recomposición resultó fallida pues su partido terminó en cuarto lugar en las siguientes elecciones parlamentarias. En un régimen a mitad de camino entre parlamentario y presidencial, y sin que nadie hubiera conseguido mayoría absoluta, Macron optó por la organización de gobiernos minoritarios, de los cuales el primero, Barnier, duró algo más de tres meses, y el segundo, Bayrou, no ha completado nueve. 

Con la eventual no aprobación del proyecto de acción para controlar una deuda pública acumulada en 1974, que asciende hoy al 114% del PIB, el presidente enfrentaría otra vez el dilema de ofrecerle el gobierno a la oposición, o insistir en un tercer gobierno minoritario encabezado por su partido, condenado de antemano a no perdurar ni arreglar las cosas. 

La oposición, de izquierda y derecha, no puede negar la existencia del endeudamiento ni la necesidad de buscarle una solución al problema. Pero no está dispuesta a aprobar con ese fin un ahorro del 2.6% en el gasto público en la próxima vigencia. En cambio, quisiera forzar al presidente a que le pida formar un gobierno, que también sería minoritario. Inclusive, no falta quien piense que todo esto debería terminar con la renuncia del presidente, que no está prevista para estas circunstancias en la Constitución, pero sería una salida política. 

El caos que bien describe Bayrou trae dificultades preocupantes para Europa y para alianzas internacionales en las que Francia participa. Si bien el presidente de la república se reserva la conducción de la política exterior, su debilidad política interna le quita fuerza en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OTAN, y la Unión Europea, dentro de la cual es la única potencia nuclear. Todo esto cuando Macron ejerce protagonismo occidental con el británico Starmer y el alemán Merz, está comprometido en la defensa de Ucrania y ha anunciado el reconocimiento del Estado Palestino. 

La contribución francesa al caos internacional es pequeña, si se compara con la de los Estados Unidos. Los giros inverosímiles en el apoyo a Ucrania, o en las relaciones con Rusia, el maltrato al Canadá, la India y el Brasil, la búsqueda de la paz como espectáculo, la secuencia frenética de anuncios, reversazos, amenazas, retrocesos, modificaciones, exenciones y uso político de los aranceles, al exigir decisiones judiciales en otros países o “sancionar” a quienes compren petróleo a Rusia, perfilan una enorme contribución estadounidense a esa sensación de caos que afecta muchos aspectos de la vida mundial. La ruptura de múltiples lazos con aliados tradicionales, en particular la fractura de confianza en la alianza occidental, y las amenazas de corte imperial hacia otros países, crean un clima inconveniente de zozobra e intranquilidad.  

Complemento de lo anterior es una sensación interna de confusión en territorio norteamericano, con una serie ilimitada de acciones inéditas como el desmonte atropellado de instituciones de la administración pública y de la ayuda internacional, el uso de la fuerza armada en el control de la vida cotidiana, la politización vengativa del aparato de la justicia, exigencias nunca vistas a ciudades y universidades, la abolición sin fundamento sólido de instituciones científicas y de referencia en materia de salud, o la intervención sesgada en manifestaciones culturales, que conllevan una confusión interna preocupante. 

Y así, aquí y allí, con guerras interminables en el Medio Oriente y la Europa Oriental, crisis humanitarias como en Sudán, Haití y Myanmar, rearmamento acelerado de los ánimos y recelo en diferentes vecindarios, parece que vivimos una de esas épocas en las que la humanidad piensa una vez más, como en el año 1000 y en otras ocasiones, que estamos en una sin salida. Todo para saber que la fuerza que conlleva el ánimo de vivir le ha permitido siempre al género humano esquivar el despeñadero que parecía inevitable. 

Si bien es cierto que pululan personajes que dicen hoy una cosa y mañana otra, que se dan ínfulas de líderes de talla mundial, especuladores radicales que plantean como siempre soluciones mágicas a problemas crónicos, jefes estériles en la producción de ideas nuevas, realizables y edificantes, que orienten a los pueblos hacia el futuro en lugar de devolverlos a empujones hacia el pasado, todos esos artesanos del caos tarde o temprano se irán. 

En medio del caos de hoy, se está gestando el mundo de mañana, con un nuevo reparto del poder y de las opciones de felicidad. Poco a poco, bien que mal, se van alineando los grupos humanos, como los planetas mismos se acomodan en virtud del magnetismo. Mientras unos siguen con la ilusión de hacer a su país más grande, al tiempo que lo aíslan y siembran rencores en su contra, otros se buscan y se reúnen para consolidar nuevas alianzas en busca de otros ideales. Aunque todo esto no está exento de peligros como el de une pandemia de autocracias, también es posible que germinen otra vez ideales que sirvan mejor a la humanidad. 

Por estos días, la democracia colombiana no solo se expresa en las urnas o en el Congreso. Se está escribiendo en las plazas, en las calles, en los videos virales y en los símbolos que cada bloque político ha decidido enarbolar como parte de una disputa más profunda: la del relato fundacional de país. Lo que está en juego ya no es un simple giro de gobierno o un reemplazo de élites. Es, ni más ni menos, el alma del modelo democrático que regirá en el mediano plazo.

La “marcha del silencio”, paradójicamente ruidosa y simbólicamente potente, dejó en evidencia que el tablero político está marcado por dos bloques en abierta confrontación. De un lado, un progresismo que necesita trascender a Gustavo Petro y consolidarse como proyecto de país si desea tener viabilidad política más allá de 2026. Del otro, una derecha en reconstrucción que, luego del atentado a Miguel Uribe, encontró el elemento emocional que requería para cohesionarse y proyectarse en la etapa post-uribista.

Ambos bloques se encuentran atrapados en lo que podríamos llamar un conflicto existencial: sienten que la supervivencia de su visión de país depende de la derrota absoluta del otro. En esa lógica, todo se vuelve irreconciliable. La polarización no es un accidente, es un síntoma de fondo: los proyectos que se enfrentan no son negociables porque están hechos de mitos, de imaginarios identitarios que delimitan quiénes somos “nosotros” y quiénes son “ellos”.

Por eso, el centro político parece naufragar en su intento de mediar. Su identidad, tradicionalmente ligada a la institucionalidad y al acuerdo, se ve desbordada por una coyuntura en la que los consensos son mal vistos y los tonos grises pierden tracción frente a los relatos heroicos de los extremos. El centro aparece entonces como un lugar frágil, sin fuerza narrativa, con una capacidad limitada para convocar o contener.

No es casual que las derechas estén invirtiendo en la creación de un nuevo mito fundacional. La narrativa de orden, estabilidad y seguridad —reconfigurada ahora como defensa frente a un enemigo interno: el gobierno— les permite cohesionarse y convocar a sectores medios que sienten que el país ha perdido el rumbo. Ya no se trata del enemigo armado que desafiaba al Estado desde las selvas, sino del riesgo que, dicen, viene desde adentro, desde el mismo poder.

Mientras tanto, el progresismo encuentra en la Consulta Popular su propia plataforma mítica: la idea de que el pueblo puede y debe defender sus reformas frente a una institucionalidad capturada por quienes se oponen al cambio. Así, ambos bloques caminan en paralelo, levantando sus banderas, marchando, gritando, votando. Pero sin escucharse.

En este contexto, las instituciones ya no están funcionando como espacios de arbitraje y resolución de diferencias. Por el contrario, se han convertido en el terreno donde se despliega la confrontación. El Congreso, las Cortes, incluso los organismos de control, parecen estar siendo absorbidos por esta lógica binaria que todo lo divide entre amigos y enemigos.

La posibilidad de una Constituyente ronda como salida a la crisis política, pero no puede ser asumida con ligereza. Soy un defensor de la Constitución del 91, una carta política avanzada que consagró derechos, reconoció la diversidad étnica y territorial, y creó mecanismos de participación y control ciudadano. Esa Constitución tiene las herramientas necesarias para materializar las transformaciones sociales que hoy Colombia le adeuda a sus sectores más excluidos. Sin embargo, por falta de voluntad política —unas veces del legislativo, otras del ejecutivo, y muchas veces de ambos—, esas herramientas han quedado reducidas a promesas no cumplidas, a letra muerta. Apostarle a una nueva Constituyente sin resolver primero esa falta de voluntad solo trasladaría el conflicto a otro escenario sin garantizar una solución.

Lo ocurrido en Chile debe servirnos como advertencia. Tras el estallido social de 2019, ese país optó por una Asamblea Constituyente como respuesta a las demandas populares, pero el proceso fue cooptado en su segunda etapa por sectores conservadores, que terminaron imponiendo una visión regresiva del orden institucional. El resultado: una nueva Constitución propuesta por la derecha radical, que fue ampliamente rechazada en las urnas por la ciudadanía. Ese desenlace muestra los riesgos de abrir procesos constituyentes sin un consenso mínimo ni garantías democráticas claras. En contextos de polarización, una Constituyente puede dejar de ser una herramienta de transformación progresiva y convertirse en una estrategia de restauración autoritaria. Colombia no está exenta de ese riesgo: si el nuevo pacto social se entrega a quienes ven en la exclusión y el miedo una plataforma de poder, se corre el peligro de retroceder en derechos, cerrar espacios de participación y desmontar avances históricos en justicia social y reconocimiento de las diversidades.

La violencia reciente contra líderes políticos —57 casos en apenas tres meses— no puede leerse al margen de este contexto. Es el síntoma de una democracia donde los canales institucionales se han erosionado y la confrontación se desborda hacia lo físico, hacia el cuerpo de quienes representan una idea, una propuesta o una voz disonante.

En medio de esta fractura institucional, tres eventos recientes dan cuenta del momento crítico en el que estamos: la reunión en la Curia Arzobispal —convocada por el cardenal primado José Luis Rueda— entre el presidente Gustavo Petro, el presidente del Senado, los presidentes de las Altas Cortes y los jefes de entes de control; la posición del registrador nacional, Hernán Penagos, quien anunció que no tomará decisiones frente a la convocatoria de Consulta Popular hasta que el Consejo de Estado no emita un concepto; y el incierto futuro legislativo de la reforma laboral, que a pesar de haber sido revivida, enfrenta un Congreso dividido y una clase política cada vez más presionada por tomar partido.

Lo que estamos presenciando no es una simple tensión coyuntural. Es una disputa estructural sobre el tipo de democracia que queremos. Las posibilidades de desescalamiento son escasas porque los incentivos para negociar son débiles, y los relatos que hoy movilizan a los bloques son excluyentes por definición. No son programas de gobierno, son mitologías en las que cada bando ha encontrado identidad y propósito.

El desafío es mayúsculo: o encontramos una manera de canalizar el antagonismo dentro de los marcos democráticos existentes, o nos exponemos a que la polarización siga creciendo hasta convertir la política en una zona de guerra simbólica permanente, donde solo sobrevivan los discursos más extremos.

Colombia ya vivió lo que significa dejar que los conflictos políticos se resuelvan por fuera de las instituciones. No podemos darnos el lujo de repetir esa historia. La Constitución del 91 nos dejó una hoja de ruta. La pregunta es si tendremos, finalmente, la voluntad política de recorrerla.