El proyecto, llamado Identificación de patrones de movimiento en entornos laborales y deportivos, analiza al detalle cada movimiento de quienes realizan actividades físicas exigentes y busca atender un problema frecuente: según un estudio de la Universidad Nacional, las lesiones afectan al 60 % de los deportistas universitarios en Colombia. Durante años, la tecnología capaz de analizar con detalle el movimiento del cuerpo estuvo reservada a los grandes centros de alto rendimiento del mundo; hoy empieza a llegar a las universidades y las empresas del país.

La herramienta más novedosa es un traje inteligente llamado Teslasuit, que se ajusta al cuerpo y mide en tiempo real cómo responde el organismo a cada esfuerzo físico. Según la institución, no se había usado antes en ninguna otra universidad del país. A este traje se suman cámaras especiales, capaces de seguir el movimiento al milímetro, y una sala de observación, conocida como cámara Gesell, que permite analizar el comportamiento y las emociones del deportista sin interrumpir su entrenamiento.

Usadas en conjunto, estas herramientas permiten seguir en detalle cómo se mueve cada parte del cuerpo y corregir errores de técnica antes de que terminen en una lesión.

Uno de los casos que ha impulsado esta investigación es el de Isis Ladino, una deportista de 19 años que practica levantamiento de pesas y entrena en la escuela de formación Cundeportes Funza. Gracias al traje y a los sensores, el equipo ha podido ver detalles que pasan desapercibidos a simple vista, como el leve giro de un pie, el movimiento de una rodilla o una pérdida de equilibrio en pleno levantamiento.

“Muchas veces como entrenadores no alcanzamos a visualizar ciertos momentos biomecánicos que son muy específicos. Estas ayudas permiten detectar con claridad esos errores no forzados y evitar que el deportista los repita”, afirmó Viviana Espejo Romero, entrenadora de la deportista.

Con esa información, los investigadores analizan y reconstruyen cada movimiento para darle a Isis indicaciones precisas, con el fin de mejorar su rendimiento y alargar su carrera deportiva. “El gesto técnico que Isis realiza en cada levantamiento ha sido descompuesto, analizado y reconstruido por los investigadores para entregarle retroalimentación detallada. Así, no solo se optimiza su rendimiento deportivo, sino que se extiende su vida competitiva como atleta. Este enfoque, que combina ciencia aplicada con vocación pedagógica, es también un ejemplo de cómo la tecnología puede estar al servicio del cuerpo humano, sin reemplazarlo”, explicó Paola Andrea Mejía, líder del programa de Ingeniería Biomédica de UCompensar.

El alcance del proyecto no se limita al deporte. En paralelo, el equipo trabaja con un consorcio de servicios empresariales, donde ha hecho seguimiento a operarios de bodega durante sus jornadas. Con visitas al lugar de trabajo, grabaciones y el uso del traje inteligente, ha identificado movimientos repetitivos que, con el paso del tiempo, podrían causar lesiones en músculos y articulaciones. Esa información servirá para diseñar programas de prevención, capacitaciones, herramientas de inteligencia artificial y mejoras en los puestos de trabajo para cuidar el cuerpo de los trabajadores.

Queremos que la tecnología que hoy usamos con un deportista también se aplique para cuidar a quienes, en sus trabajos, levantan peso a diario y están expuestos a lesiones. explicó Jeysson Riaño, docente de Ciencia de Datos de UCompensar.

De cara al futuro, el equipo explora nuevas posibilidades, como simuladores para entrenar en condiciones controladas, indicaciones inmediatas a través de pequeños estímulos eléctricos en los músculos y herramientas de inteligencia artificial que registren y comparen los avances de cada persona con el tiempo. El proyecto está pensado como un servicio, con la idea de abrir estos espacios a deportistas de ligas y clubes, y a cualquier persona interesada en conocer y mejorar su técnica.

Iniciativas como esta reflejan el modelo universidad-empresa de UCompensar, que no se queda en producir conocimiento, sino que busca llevarlo a la práctica para generar bienestar y responder a los retos reales del deporte y del mundo laboral.

Venimos de cuatro años de la secuencia más agresiva de falta de respeto a la Constitución que cada jefe del Estado jura cumplir cuando se posesiona. A lo largo del cuatrienio, y luego a manera de despedida, el presidente saliente hizo flotar el llamado a una asamblea constituyente. Y el candidato que, con su apoyo explícito, aspira a continuar su proyecto, no descartó el avance en esa dirección. El hecho de que ahora, por motivos de estrategia electoral, hayan dicho que retiran la idea, no cambia el fondo del asunto. Ya vivimos la experiencia de quien hace cuatro años prometió con escrito sobre piedra que no convocaría una constituyente. 

A lo largo del periodo presidencial que termina, las Altas Cortes y el conjunto de la Rama Judicial del Poder Público han defendido con valor el Estado Social de Derecho en medio de tempestades de insolencia. También lo han defendido diferentes sectores políticos en el seno del Legislativo. Los organismos de control del Estado han cumplido bien que mal su tarea. Y la Organización Electoral ha hecho valer su independencia respecto del gobierno, como debe ser, porque tenemos reglas claras de orden constitucional que evitan el autoritarismo del Ejecutivo. 

Al llegar el momento de la consulta ciudadana que implica la escogencia de un nuevo presidente, el apoyo a la Constitución, o a su cambio, se ha vuelto tema de la mayor importancia. Así como hay quienes estuvieron recogiendo febrilmente firmas para promover una constituyente, se ha formado a lo largo y ancho del país, y en los más diversos sectores de la sociedad colombiana, una vigorosa corriente en favor de la defensa, cumplimiento y desarrollo de los principios, derechos, y reglas de acción del Estado consagrados en la Constitución de 1991. 

Es posible que algunos ignoren, por falta de interés o por razones de edad, la forma como fue adoptada la Carta del 91, así como el contenido y alcance de sus preceptos. Por lo cual resulta infundado que apoyen su cambio sin conocerla a fondo y sin saber que es una de las más avanzadas del mundo en materia de libertades y opciones de acción democrática. 

La Constitución de 1991 fue la culminación de un largo y complejo proceso de exigencias históricas y reclamos populares, comprendidos en mayor o menor medida por diferentes gobiernos, comenzando por el de Alfonso López Michelsen, 1974-1978, “gobierno puente” entre el modelo del reparto bipartidista del poder propio del Frente Nacional y la satisfacción de las necesidades institucionales de una nación que requería entrar con solvencia en una nueva era.

Se reclamaba autonomía regional y local, democratización profunda, pluripartidismo, derechos ampliados, separación y equilibrio de poderes, estados de excepción regulados, un estatuto de la oposición, reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y palenqueras, lo mismo que de comunidades de orientación sexual diferente de las tradicionales, participación ciudadana, planeación obligatoria, manejo económico confiable, controles al Estado y un sistema electoral cada vez más adecuado y transparente.

De ahí en adelante, como lo explica de manera clara y pedagógica el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar, en un afortunado video que se puede consultar en https://youtu.be/biBhLs5kX10?si=sna1CIYrDCLZpetJ, la nación y sus gobernantes, aún en medio la arremetida brutal del narcotráfico y la acción de diversos movimientos de subversión armada, que buscaban cambiar el Estado a su gusto, jamás cejaron en el empeño de realizar las reformas necesarias para dotar al país de un nuevo esquema institucional. 

El presidente Virgilio Barco, que realizó gestiones exitosas de paz con el movimiento guerrillero M19, al que pertenecía el actual presidente de Colombia, anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuya elección popular se produjo, después de muchos avatares y al impulso de la juventud universitaria de la época, bajo el gobierno del presidente César Gaviria, que propició y animó con todo interés el proceso.

La discusión sobre el contenido de la nueva constitución no se llevó a cabo solamente en el seno de la Asamblea, sino que previamente, en su gestación, tuvo lugar una discusión amplia y abierta desde lo más profundo de Colombia, con mesas de discusión destinadas a acopiar todo tipo de sugerencias, con participación de actores tradicionales, innovadores, revolucionarios de salón, exguerrilleros, juristas, economistas, sociólogos y estudiantes creativos, con el ánimo de contar con un texto constitucional que fuese patrimonio de la nación colombiana y no un etéreo “canto a la bandera” o algo de lo que se deban ocupar solamente juristas, políticos y gobernantes. 

En la nueva Carta se estableció un Estado social de derecho guiado por principios democráticos y garante de una amplísima gama de derechos individuales y colectivos, así como de medidas de protección ambiental, y garantías y deberes para todas las personas, sin que importe cuál sea su etnia, condición, creencia religiosa, orientación sexual o identidad de género. Y aparecieron mecanismos de protección de esos derechos, como la acción de tutela, y todo un catálogo de medios de defensa ciudadana, e instituciones como la Defensoría del Pueblo. Además, se adoptaron principios relacionados con la paz como valor, principio y derecho fundamental colectivo, con la obligación estatal de garantizarla.

Se adoptó una estructura del Estado con auténtica separación de poderes propia de una democracia avanzada. De manera que los presidentes no pueden considerarse omnipotentes, ni intérpretes únicos e indiscutibles de la voluntad popular, ni tomadores exclusivos de las decisiones públicas. 

Se adoptó la posibilidad de Moción de Censura por parte de las corporaciones públicas contra ministros y otros funcionarios, cuando la gestión de los asuntos a su cargo sea deficiente, o cuando no acaten las citaciones para responder inquietudes de control político. 

Se fortaleció la independencia de la Rama Judicial, con administración y autoridad de disciplina propias, y apareció, como modelo para muchos otros países, una Jurisdicción Constitucional encargada de mantener la integridad y darle vida a la constitución política, a través de interpretaciones de su contenido que profundicen el sentido de sus principios en el ámbito de la vida real de nuestra sociedad. Se creó además la Fiscalía General de la Nación, encargada de darle vida y efectividad al sistema penal acusatorio, para luchar de manera más efectiva contra el delito.

Para conseguir una descentralización efectiva del poder y del ordenamiento del territorio, se ratificó la elección popular de alcaldes, hasta entonces la principal transformación de la democracia colombiana, adoptada en 1986, y se estableció la elección popular de gobernadores. Además, se estableció el voto programático como exigencia de cumplimiento de sus programas de campaña a alcaldes y gobernadores, para que sometan a la decisión popular proyectos realizables y respondan por su ejecución. 

Se establecieron los Territorios Indígenas como entidades territoriales, a la par de Municipios, Distritos y Departamentos. Y se abrió la posibilidad de que existan nuevas entidades territoriales como las Provincias, que agruparían varios municipios, y las Regiones, que agruparían varios departamentos. Además, se refinó el sistema de irrigación de recursos hacia todas esas entidades. 

Otra cosa es que las comunidades indígenas no hayan logrado ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarse como Entidades Territoriales, ni ha habido partido ni gobierno capaz de ayudarles a conseguir ese propósito. Tampoco ha habido, salvo intentos de avance como el de los departamentos del Caribe, quien tenga la audacia de aprovechar el espacio constitucional para la creación de Provincias y Regiones, que facilitarían una gestión más adecuada del territorio y una mejor protección de nuestros recursos. 

Por todos lados aparecen en el texto opciones verdaderas de participación democrática, desde las instancias de la planeación del desarrollo hasta el control ciudadano de los actos de la administración del Estado. 

Se dejó atrás el bipartidismo, que había animado con exclusividad la vida política, para abrir espacios a nuevos partidos y movimientos, que deben funcionar conforme a principios democráticos. También se abandonó el confesionalismo y se dejó espacio para la coexistencia de diferentes creencias y religiones. 

Se establecieron reglas y garantías para el ejercicio de la oposición, anteriormente desprotegida, como factor indispensable de una controversia civilizada y además leal con los principios constitucionales y los propósitos que ellos representan para la nación colombiana.   

Se adoptó el sistema de Banca Central para el manejo de la política monetaria, como en los países más avanzados, en busca de que se pueda disfrutar de moneda sana y estabilidad monetaria. De manera que ese crucial asunto no quede en manos del gobernante de turno, que puede ser proclive al retrógrado caudillismo latinoamericano en el que un cacique adopta a su gusto y conveniencia medidas monetarias y después se larga dejando endeudada a la nación, cuando no se perpetúa en el poder para obrar como padrecito bondadoso de millones de menesterosos a los que, con ayuda de la represión, mantiene ilusionados con algún discurso pseudo-poético que garantice su fidelidad.

Para garantizar la conversión límpida de la soberana voluntad popular en poder conferido a servidores públicos elegidos, se estableció una Organización Electoral autónoma, por fuera de las Ramas del Poder Público. De manera que la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de todos los comicios, no depende para nada del gobierno de turno, ni éste tiene facultad de aprobar o rechazar los resultados electorales, porque no es de su incumbencia. 

Una nación del Siglo XXI, que cuenta ya con un ordenamiento constitucional tan refinado que otros países estudian cuando sienten la obligación de ponerse al día en materia de derechos, separación de poderes, controles adecuados, manejo monetario responsable y elecciones libres, tiene que sentir preocupación ante los anuncios enredados y nebulosos de llamado a una constituyente. 

Semejante llamado resulta preocupante, pues el concepto de asamblea constituyente significa que el cuerpo colegiado que se ocupe de ella tendría plenos poderes para cambiar la constitución en su totalidad, y reemplazarla por una con orientación completamente diferente. Y es que, en medio del entusiasmo enigmático de los promotores de la idea, se ha omitido la distinción fundamental entre una “asamblea constituyente”, que es la que piden, que permitiría la abolición de la del 91, y una “asamblea constitucional”, que conceptualmente es aquella que se reuniría para realizar unos pocos cambios puntuales. 

De manera que el riesgo resulta justificado, porque no es que carezcamos de principios y mucho menos de derechos y organización estatal democrática, ni de controles a los gobiernos, ni de garantías para nadie por diverso, ni opositor que sea, ni de medios para defender el medio ambiente, ni de controles al Estado, ni de libertades de acción en el campo que se quiera. 

No se sabe a ciencia cierta qué es lo que desean cambiar los promotores de una constituyente, en pausa ahora por la conveniencia electoral de no insistir en el tema. 

Por si acaso, pensar en “asamblea constituyente”, con todo lo que ello implica, para cambiar el sistema de salud o el de pensiones, es huir hacia adelante ante la impotencia política para impulsar esos cambios en uso de las opciones que existen dentro de la constitución que tenemos. Salvo que se busque en su momento armar una algarabía para obtener el giro de un cheque en blanco que permita a quienes han demostrado sobresaliente insuficiencia en el respeto por las instituciones y el manejo del gobierno, echar por la borda lo que tenemos y producir una chapuza que cambie radicalmente el ordenamiento constitucional, que el mismo M19 ayudó en su momento a adoptar.  

Colombia no es una nación desgraciada, aunque no faltan quienes insisten en convencernos de lo contrario. Mientras ellos insisten, con un discurso importado que nos pone a la par de países que llegaron al concierto de las naciones libres muchas décadas después de nosotros, aquí se han hecho esfuerzos enormes, a veces desordenados, otras veces infructuosos, pero la mayoría de un éxito asombroso, por salir adelante. De manera que el panorama de la Colombia de hoy no se puede comparar con el de hace medio siglo.

Lo importante es que los protagonistas de esos esfuerzos y de esos éxitos hemos sido los colombianos, y no ha sido obra de ningún jefecito iluminado. La gente que aquí acostumbran todavía a llamar “de a pie”, como en la época colonial. Esos millones de familias que, lideradas por madres o padres heroicos, han sabido salir adelante en toda circunstancia, en nuestro territorio y por todo el mundo, y hoy viven una realidad mucho mejor que la de sus abuelos. 

Llevamos el lastre de una desigualdad que no es solo posible sino obligatorio desmontar. Para eso tenemos a la mano los elementos reales y además los propósitos y mandatos de la solidaridad, la dignidad humana, el trabajo, los deberes sociales del Estado y la prevalencia del interés general, consagrados en los dos primeros artículos de la Constitución de 1991.

La “apertura económica”, adoptada por la misma época de la Asamblea Constituyente del 91, nos sacó de una típica tradición latinoamericana de andar dando tumbos y nos metió de frente, con realismo audaz, en el difícil y azaroso mundo del capitalismo. 

Esto vino a servir de base para que el país supiera afrontar, mejor que otros en nuestra América, la realidad de un modelo hegemónico en todo el mundo, que, como lo reconoce la socialdemocracia, es navegable con voluntad, creatividad y esfuerzo. De manera que todo dependa de una ciudadanía visionaria, que haga uso de su ADN de luchadora, en lugar de declararse vencida y esperar que sus enemigos la socorran.

Todo esto de ninguna manera exime al Estado de obligaciones ineludibles en materia económica y social, que no puede dejar en manos de particulares que obran con una lógica diferente de la del servicio público. Porque en muchos escenarios de un país enorme y variado, multicultural y afectado en ciertos parajes por injusticias ancestrales, no se puede dejar todo a un juego abierto que profundice diferencias y abusos. 

A la cabeza del Estado requerimos de alguien que comprenda todo esto y llegue a cumplir el juramento que hacen los presidentes de defender la constitución y las leyes, que son parámetros de la vida social y no asunto de especuladores bizantinos. De alguien que gobierne para todos y no para favorecer caprichosamente a sus amigos y perjudicar a sus enemigos. Alquien que no llegue al poder a ejercer la oposición desde dentro del sistema, para degenerarlo y crear las condiciones de un desmonte, gradual o explosivo, del país que tenemos, que es el único que tenemos. 

No merecemos un caudillo del siglo antepasado que llegue a dictar su voluntad “inspirada”, ni un lector de discursos que nos obligue a devolvernos a propósitos y modelos fracasados de hace sesenta años. Debemos tener un presidente que presida y al tiempo contar con un equipo amplio de facilitadores honestos para que esta nación de emprendedores, desde fabricantes de empanadas y repartidores en motocicleta que se meten por todas partes, hasta empresarios de nivel internacional, pueda dar rienda suelta a su creatividad y su deseo de progreso, con una actitud optimista que nos sacaría adelante si todos la asumiéramos, en lugar de actuar innecesariamente con el odio y el resentimiento de quien se está ahogando en la inmundicia y desea que alguien lo saque con helicóptero.

Para que todo esto sea posible, el voto del 21 de junio servirá de manifestación de apoyo a la constitución Política de 1991, que se adelantó a su tiempo para establecer las bases de un país democrático del Siglo XXI. Del respaldo que obtenga, a través de ese voto, la institucionalidad allí consagrada, depende en gran medida la claridad de nuestro futuro.

Tal vez si estuviera vivo Gabriel García Márquez, el escritor colombiano más grande de todos los tiempos, podría decir, desde la altura de su centenario, como solía decirlo respecto de gente que era excelente, pero obraba como caminando a tientas: “ustedes son unos berracos y no se han dado cuenta”.  

Este domingo, Colombia no solo vota un nuevo rumbo político: vota también una narrativa sobre sí misma. Las urnas serán el escenario de una disputa más profunda que la simple alternancia de poder. Lo que está en juego es la identidad política de un país que durante décadas giró alrededor del conflicto armado, el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez y el miedo a los extremos, pero que ahora parece desplazarse hacia nuevas formas de polarización.

La campaña presidencial revela una paradoja notable: mientras la derecha tradicional pierde capacidad de representación, emergen liderazgos más emocionales, personalistas y radicalizados. Y al mismo tiempo, la izquierda intenta dejar de ser oposición para convertirse en continuidad institucional.

En ese mapa, la figura de Paloma Valencia sintetiza la crisis de la centro derecha colombiana. Nieta de Guillermo León Valencia, presidente conservador entre 1962 y 1966, representante de las élites terratenientes del Cauca y recordado por su ofensiva contra las primeras guerrillas campesinas que luego desembocarían en las FARC, Paloma encarna una tradición política profundamente conservadora. Su apellido pertenece a una genealogía del poder colombiano: latifundio, centralismo, orden público y defensa del establecimiento.

Pero el país de 2026 ya no parece responder con la misma intensidad a esa narrativa. Valencia, que durante años se presentó como “la hija política de Uribe”, intentó moderar su discurso y acercarse al centro en busca de una ampliación electoral. El resultado ha sido ambiguo: pierde parte de la fidelidad del uribismo duro sin conquistar plenamente a los votantes moderados. La paradoja de la centro derecha colombiana es precisamente esa: para sobrevivir necesita alejarse de Uribe, pero al hacerlo corre el riesgo de desaparecer como identidad política reconocible.

El uribismo, que dominó Colombia durante dos décadas, enfrenta quizás por primera vez una crisis sucesoria real. Ningún heredero ha logrado reproducir el magnetismo político del expresidente ni su capacidad de convertir la seguridad en un relato nacional. La fragmentación de la derecha es consecuencia directa de ese vacío.

En ese contexto aparece Abelardo de la Espriella, figura disruptiva y mediática, que parece comprender mejor el clima emocional de la región. Abogado de personajes tan diversos como polémicos —incluidos narcotraficantes, paramilitares y empresarios vinculados a grandes escándalos judiciales—, De la Espriella ha construido una imagen de outsider feroz, nacionalista y punitivista.

Su biografía política carga además sus propias contradicciones. Entre sus clientes estuvo Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y pieza central de la arquitectura financiera del chavismo. Esa trayectoria le ha valido críticas constantes, especialmente porque hoy construye un discurso de ultraderecha ferozmente antichavista mientras intenta presentarse como cruzado moral contra la corrupción y el crimen. Pero justamente esa ambigüedad parece fortalecerlo ante una parte del electorado: más que un político tradicional, sus seguidores lo perciben como un operador capaz de moverse sin complejos en las zonas grises del poder colombiano y latinoamericano.

Su referencia implícita parece ser Nayib Bukele. No tanto por programa económico como por estilo político: desprecio por los consensos liberales, exaltación del liderazgo personal, promesa de orden inmediato y una comunicación basada en la confrontación permanente. Colombia, históricamente orgullosa de su institucionalidad comparada con otros países latinoamericanos, empieza a mostrar síntomas de cansancio con las formas tradicionales de la democracia representativa. El crecimiento de De la Espriella refleja precisamente esa ansiedad.

Del otro lado aparece Iván Cepeda, hoy el candidato con mayores posibilidades. Y ahí emerge otra de las ironías de esta elección. Cepeda proviene de una tradición ideológica que durante décadas fue marginal en la política colombiana. Hijo de una familia comunista, filósofo de formación y activista de derechos humanos, construyó su carrera enfrentando jurídica y políticamente a Álvaro Uribe Vélez, especialmente alrededor de los vínculos entre paramilitarismo y sectores del poder regional.

Hoy aparece como el heredero natural de Gustavo Petro. Pero no comparte el temperamento del presidente. Mientras Petro es improvisación, épica y confrontación verbal, Cepeda transmite calma, método y contención. Lee cuidadosamente sus discursos, evita la exaltación emocional y proyecta una imagen casi académica. Para algunos, eso representa seriedad institucional; para otros, evidencia una dificultad para conectar espontáneamente con las masas.

Sin embargo, la candidatura de Cepeda no puede separarse del balance de los cuatro años de gobierno de Petro. El presidente llegó al poder prometiendo reformas estructurales en salud, trabajo y pensiones, además de una transformación profunda del modelo económico y político colombiano. Pero gran parte de esas reformas quedaron atrapadas entre la resistencia institucional, las fracturas internas de la coalición oficialista y la dificultad del propio Petro para construir mayorías estables.

A eso se suma una creciente percepción de deterioro en materia de seguridad. La expansión de grupos armados regionales, el fortalecimiento de economías ilegales y la sensación de pérdida de control territorial han golpeado una de las fibras más sensibles de la sociedad colombiana. Paradójicamente, el país vuelve a discutir temas que parecían relativamente estabilizados tras los años más duros del conflicto.

Y aun así, Petro conserva un núcleo electoral extraordinariamente sólido. Más que un simple apoyo partidario, existe un electorado cautivo de su discurso y de su personalidad política. Petro sigue siendo, para millones de colombianos, la representación de una ruptura histórica con las élites tradicionales y la posibilidad de una inclusión social largamente postergada. Esa fidelidad explica por qué el petrismo continúa siendo la fuerza más organizada del escenario político, incluso en medio del desgaste del gobierno.

La elección entonces parece debatirse entre dos imaginarios latinoamericanos contemporáneos: el modelo Bukele y el modelo correísta. De un lado, una derecha emocional que promete orden y autoridad; del otro, una izquierda que busca consolidar un proyecto de transformación estatal bajo una narrativa de justicia social y reparación histórica.

Pero Colombia nunca ha encajado completamente en los moldes ideológicos regionales. Su sistema político sigue teniendo una enorme fragmentación territorial, clientelar y personalista. Por eso la pregunta central no es solo quién ganará, sino con qué legitimidad podrá gobernar un país exhausto por la polarización.

En términos electorales, el panorama también favorece la incertidumbre. Aunque cerca de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, las proyecciones indican que probablemente los votos válidos rondarán los 30 millones. Bajo ese escenario, un candidato necesitaría más de 15 millones de votos para superar el umbral del 50 % y ganar en primera vuelta, algo que hoy parece prácticamente imposible.

Históricamente, lograrlo ha sido excepcional. Solo Álvaro Uribe Vélez consiguió imponerse en primera vuelta bajo las reglas contemporáneas, tanto en 2002 como en 2006, gracias a un contexto marcado por la violencia guerrillera, el desgaste de los partidos tradicionales y una demanda social masiva de seguridad. Ese antecedente explica la dimensión histórica del uribismo: no fue solamente un liderazgo exitoso, sino un fenómeno político difícilmente repetible.

El escenario más probable es, por tanto, una segunda vuelta profundamente polarizada. Y allí Colombia deberá decidir no solo entre nombres propios, sino entre dos maneras de entender el futuro: la autoridad vertical del populismo de derecha o la continuidad reformista de una izquierda que busca institucionalizarse.

Quizás la verdadera señal de esta elección sea otra. Durante décadas, la política colombiana giró alrededor de la guerra. Hoy gira alrededor del desencanto. Y ese tránsito puede resultar incluso más imprevisible.

* Publicado originalmente para Le Monde Diplomatique

Colombia vuelve a mirarse en el espejo de Gabriel García Márquez: un país donde la historia parece repetirse más que avanzar. En ese escenario, Gustavo Petro irrumpe como promesa de ruptura, pero su gobierno expone una tensión más profunda: la distancia entre la épica del cambio y la obstinada realidad del Estado.

Más allá de los nombres, este texto explora las fuerzas que realmente moldean el poder: herencias políticas que no desaparecen, instituciones que resisten y una gobernabilidad cada vez más frágil. En un país que no termina de resolverse, la pregunta no es solo quién viene después, sino si Colombia puede, por fin, dejar de repetir su propia historia.

Porque aquí no hay héroes claros ni finales escritos: hay herederos, tensiones, egos, cálculos y un Estado que a veces avanza… y a veces bosteza. Este artículo invita a entrar en ese laberinto . A medio camino entre Macondo y el Congreso—donde lo trágico y lo absurdo conviven, y donde entender el presente colombiano es, también, una forma de anticipar sus próximas sorpresas.

En las páginas de Gabriel García Márquez, los destinos no eran simplemente biografías: eran condenas envueltas en poesía. Sus personajes –melodramáticos, obsesivos, circulares– parecían atrapados en una lógica donde la historia no avanza, sino que se repite con variaciones de tragedia. El propio Gabo hablaba de “razas condenadas a cien años de soledad”, como si el tiempo en Colombia fuera una espiral y no una línea. En ese espejo, Gustavo Petroaparece también como una figura de destino: un líder que se narra a sí mismo como ruptura histórica, como punto de inflexión inevitable.

Pero la historia – y esto conviene recordarlo– no termina con Aureliano. Ni con Petro.

Después de Gabo, la literatura colombiana no se extinguió en el peso de su sombra. Al contrario: se fragmentó, se diversificó, encontró nuevas voces, nuevos lenguajes, nuevas obsesiones. Del mismo modo, después de Petro, Colombia no será una nota al pie de su biografía. Será otra cosa: incierta, conflictiva, pero abierta.

Hoy el país parece atrapado en una ecuación compleja, de múltiples variables y escasa solución evidente. Una ecuación donde los herederos pesan tanto como las ideas, y donde la historia familiar sigue siendo capital político.

Ahí está Paloma Valencia, heredera de una tradición política que no es solo ideológica sino genealógica. Nieta de Guillermo León Valencia, su figura condensa los ecos de un país donde las élites no desaparecen: mutan. Su discurso, firme y sin concesiones, se apoya en una memoria histórica que incluye episodios tan fundacionales como el bombardeo a Marquetalia, ese momento en que el Estado decidió responder a la insurgencia campesina con el lenguaje de la guerra total. La herencia, en Colombia, no es un dato biográfico: es una herramienta estratégica. Y Valencia parece entenderlo con precisión quirúrgica.

En la otra orilla, Iván Cepeda representa otro linaje, también marcado por la violencia. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, su trayectoria política está atravesada por la memoria del conflicto, pero también por una apuesta institucional que, hasta hace poco, parecía diluirse en el silencio. Su reciente decisión de entrar de lleno en el debate rompe una especie de mutismo prolongado de la voz más fuerte de la izquierda.

Sin embargo, ese regreso no disipa las dudas. Si algo ha quedado claro en la experiencia reciente es que un eventual gobierno de Cepeda –o de alguien en su línea– estaría marcado por una convicción férrea, casi inamovible. Virtud o defecto, según quien mire. No sería un gran negociador en un Congreso fragmentado y muchas veces hostil. Serían años de fricción constante: calles movilizadas como sustituto de mayorías legislativas, reformas empujadas más por presión que por consenso. Un escenario de tensión permanente, donde la gobernabilidad sería un ejercicio diario de resistencia.

En el centro, como siempre, un archipiélago difuso de candidaturas que intentan capitalizar el cansancio sin lograr articular una narrativa convincente. El centro colombiano, más que un proyecto, parece un síntoma: el deseo de escapar de los extremos sin saber muy bien hacia dónde.

Y todo esto ocurre sobre un terreno inestable. Colombia enfrenta un riesgo fiscal creciente, una estructura estatal atravesada por la mediocridad y la corrupción en múltiples niveles – Congreso, cortes, burocracias regionales– y una institucionalidad que, aunque funcional, dista mucho de ser eficiente. Paradójicamente, la economía muestra signos de mayor solidez relativa, como si el país real avanzara a un ritmo distinto del país político.

Pero la ecuación no es solo interna.

En el horizonte regional y global, los próximos años estarán condicionados por factores que escapan al control de Bogotá. La prolongación de la influencia de Donald Trump –directa o indirecta– redefine las relaciones hemisféricas, endurece agendas migratorias, reconfigura alianzas. América Latina, fragmentada y sin un eje claro, se mueve entre pragmatismo económico y volatilidad política. Las agendas globales –cambio climático, transición energética, tensiones geopolíticas– imponen desafíos cada vez más complejos a un país que aún lucha por resolver sus problemas más básicos.

Sin embargo, reducir el momento colombiano a una suma de nombres propios sería un error de diagnóstico. Lo que está en juego no es solo quién suceda a Petro, sino bajo qué condiciones estructurales ese sucesor – o sucesora– intentará gobernar.

Porque Colombia arrastra una paradoja persistente: es un país con vocación institucional, pero con una práctica profundamente informal del poder. Las reglas existen, pero su aplicación es selectiva; las instituciones funcionan, pero lo hacen muchas veces capturadas por intereses particulares. El Estado colombiano no es débil en el sentido clásico –no ha colapsado, no ha perdido el monopolio formal de la ley–, pero sí es desigual en su capacidad de acción. Es fuerte en algunos territorios, inexistente en otros; riguroso en ciertos ámbitos, laxo en muchos más.

Esta fragmentación se traduce en un problema central para cualquier gobierno futuro: la imposibilidad de ejecutar reformas profundas sin enfrentar resistencias múltiples y simultáneas. No se trata solo de oposición política, sino de redes clientelares, intereses económicos, inercias burocráticas y, en algunos casos, estructuras ilegales que se entrelazan con lo institucional.

En ese contexto, la promesa de cambio –sea desde la izquierda, la derecha o el centro– choca inevitablemente con los límites del aparato estatal. Petro lo ha experimentado en carne propia: una agenda ambiciosa que, al aterrizar en la realidad administrativa, encuentra cuellos de botella, demoras, reinterpretaciones, sabotajes silenciosos.

De ahí que el debate sobre el “después de Petro” no pueda limitarse a la continuidad o ruptura de sus políticas. La pregunta más incómoda es otra: ¿es gobernable Colombia bajo los parámetros actuales?

La respuesta, si se mira con frialdad, es ambigua.

Por un lado, existe una resiliencia notable. A pesar de crisis recurrentes –violencia, corrupción, desigualdad– el país no se ha desmoronado. Ha mantenido una cierta estabilidad macroeconómica, ha preservado elecciones competitivas, ha evitado rupturas institucionales abruptas. Pero esa misma resiliencia puede ser leída como estancamiento: una capacidad de absorber el conflicto sin resolverlo, de normalizar lo excepcional, de convertir la crisis en rutina.

Por otro lado, hay señales de fatiga. La confianza en las instituciones es baja, la polarización ha aumentado, y la idea misma de un proyecto nacional compartido parece cada vez más difusa. En ese vacío, los liderazgos tienden a personalizarse, a construir relatos épicos que sustituyen la falta de consensos estructurales.

Es aquí donde la figura de Petro –y la de sus posibles sucesores– se vuelve más compleja. No se trata solo de su programa, sino de su estilo de liderazgo. Un estilo que privilegia la confrontación, que entiende la política como un campo de disputa permanente, que apela a la movilización social como fuente de legitimidad.

Ese enfoque tiene ventajas evidentes: permite romper inercias, visibilizar conflictos, desafiar poderes establecidos. Pero también tiene costos: dificulta la construcción de acuerdos, agota a la opinión pública, y puede derivar en una gobernabilidad basada más en la presión que en la negociación.

Un eventual relevo desde la derecha, representado por figuras como Valencia, implicaría un giro en el tono, pero no necesariamente en la estructura del conflicto. La derecha colombiana, históricamente más disciplinada, enfrenta hoy su propia fragmentación interna. El legado del uribismosigue siendo un factor de cohesión, pero también de desgaste. Gobernar desde ahí implicaría no solo oponerse a Petro, sino redefinir un proyecto que vaya más allá de la reacción.

En el centro, la dificultad es distinta: construir identidad. Sin un relato claro, sin una base social movilizada, el centro corre el riesgo de convertirse en un actor de segunda línea, relevante en el discurso pero marginal en la práctica.

Hay un momento poco explorado –y sin embargo decisivo–en la trayectoria de Gustavo Petro: la construcción y posterior descomposición de su primer gabinete. Allí, más que en los discursos o en las plazas, se jugó una parte sustancial de su aspiración de convertirse en estadista y no solo en líder de ruptura.

El arranque fue, en apariencia, una señal de madurez política. La inclusión de figuras como Alejandro Gaviria , Ocampo y otros perfiles de corte liberal como Roy Barreras o técnico sugerían un intento deliberado de construir un gobierno de síntesis, capaz de tender puentes con sectores moderados y de enviar un mensaje de estabilidad a un país temeroso de los extremos. Era, si se quiere, el gesto clásico de quien entiende que gobernar no es lo mismo que hacer campaña.

Ese primer gabinete tenía algo de pacto tácito: la energía transformadora de Petro se equilibraría con la experiencia institucional de quienes conocían los ritmos del Estado. No era solo una coalición política, sino una alianza de temperamentos. De un lado, la voluntad de cambio acelerado; del otro, la conciencia de que el aparato público tiene inercias que no se desmontan por decreto.

Pero ese equilibrio duró poco.

Con el paso de los meses, la relación entre el Presidente y varios de sus ministros empezó a tensarse. No tanto por diferencias ideológicas de fondo, sino por algo más difícil de gestionar: la brecha entre expectativa y ejecución. Algunos de esos primeros ministros –en conversaciones privadas, casi siempre marcadas por la discreción– describían una atmósfera de creciente frustración. Hablaban, con una metáfora que no es casual en Colombia, de una suerte de desesperación a lo Aureliano: la sensación de estar librando batallas repetidas sin lograr alterar el curso de los acontecimientos.

Esa comparación con los personajes de Gabriel García Márquez no es simplemente literaria. Apunta a un rasgo más profundo del liderazgo de Petro: una relación intensa, casi visceral, con la idea de transformación histórica. El problema es que el Estado –ese entramado de normas, procedimientos, tiempos administrativos y resistencias internas– no responde a la lógica de la épica.

Ahí aparece, quizá, uno de los límites más claros de su gobierno. Petro llegó al poder con una larga trayectoria política, pero sin experiencia significativa dentro del aparato burocrático en condición de subordinado. No es un detalle menor. Quien ha sido burócrata –en el sentido más amplio del término– aprende que las decisiones no solo deben ser correctas, sino implementables. Que cada reforma atraviesa capas de validación, interpretación y, muchas veces, dilación. Que el Estado no es un instrumento dócil, sino una maquinaria compleja, a veces torpe, otras veces resistente.

Esa distancia entre el diseño y la ejecución genera una tensión constante. Desde la perspectiva del líder, los cambios parecen urgentes y moralmente inaplazables. Desde la lógica administrativa, son procesos que requieren tiempo, coordinación y, sobre todo, paciencia. Cuando esas dos temporalidades chocan, lo que emerge es frustración: la sensación de que el aparato estatal traiciona el mandato político.

El relevo progresivo de ministros puede leerse, en parte, como un intento de resolver esa tensión. Sustituir perfiles más técnicos o moderados por otros más alineados con la visión presidencial buscaba reducir el ruido interno y acelerar la toma de decisiones. Pero esa estrategia tiene un costo: debilita los contrapesos dentro del propio gobierno y reduce la diversidad de criterios, justo en un entorno que exige deliberación cuidadosa.

Al final, lo que queda es una lección incómoda para cualquier proyecto de cambio en Colombia. La política, a diferencia de la literatura, rara vez ofrece momentos de catarsis. Es, en gran medida, un ejercicio de gestión paciente, de avances incrementales, de negociaciones grises que no caben en relatos heroicos. El deseo –tan potente en la narrativa– se vuelve, en la práctica, rehén de procedimientos, de presupuestos, de firmas que tardan más de lo previsto.

Hay algo casi inevitablemente anticlimático en gobernar. Y tal vez ahí radica una parte del desencuentro: en la dificultad de traducir una visión épica en una realidad que, la mayoría del tiempo, es simplemente prosaica.

A todo esto se suma un elemento que suele subestimarse: el tiempo.

Colombia entra en una fase donde las decisiones ya no pueden postergarse indefinidamente. La transición energética, por ejemplo, no es solo un debate ambiental, sino fiscal. La dependencia de los ingresos petroleros plantea un dilema inmediato: cómo financiar el Estado en un escenario de descarbonización. Las respuestas posibles –reforma tributaria, diversificación productiva, endeudamiento– son políticamente costosas.

Lo mismo ocurre con el sistema de salud, el modelo pensional, la educación. Son reformas estructurales que requieren mayorías, tiempo y capital político. Tres recursos escasos en el contexto actual.

En paralelo, la dinámica regional introduce nuevas tensiones. La relación con Venezuela, siempre delicada, sigue siendo un factor de inestabilidad. La migración, la seguridad fronteriza, el comercio informal: temas que ningún gobierno puede ignorar.

Y en el plano global, la incertidumbre es la regla. La competencia entre potencias, la reconfiguración de las cadenas de suministro, la crisis climática, las nuevas tecnologías: todo apunta a un entorno más volátil, donde los márgenes de maniobra para países como Colombia son muylimitados.

En medio de las tensiones y los extravíos, sería injusto negar que en el gobierno de Gustavo Petro han coexistido –y aún resisten– funcionarios de una convicción honesta, casi silenciosa, que contrasta con el ruido de la coyuntura. Algunos de ellos, curiosamente, han tenido una relación más directa con la tierra que con la retórica: técnicos, gestores, reformistas discretos que entienden que la deuda agraria de Colombia no es un eslogan sino una herida abierta. En esa línea, en esa posibilidad de una reforma rural seria, paciente, anclada en lo concreto, parecía insinuarse un camino más fértil, acaso el verdadero derrotero para un Aureliano menos atrapado en la épica y más comprometido con la siembra lenta de instituciones. Pero la vanidad –esa fuerza sutil que también habita a los personajes de Gabriel García Márquez–terminó por inclinar la balanza: la aspiración a una estatura global, la seducción de los grandes escenarios internacionales, la coreografía de discursos que buscan resonancia más allá de las fronteras. En esa danza, tan visible como efímera, algo de la brújula se extravió; y mientras el mundo escuchaba, el país –más terco, más concreto– seguía esperando respuestas menos grandilocuentes y más tangibles.

Para lo que sigue, la tentación de pensar en términos de “salvadores” resulta comprensible, pero engañosa. Ni Petroes el principio absoluto, ni quien le suceda será el final de la historia.

Quizás la lección más profunda –y más incómoda– es que Colombia no necesita otro Aureliano. No necesita otro personaje destinado a encarnar todas las contradicciones del país. Necesita, más bien, una política menos épica y más prosaica. Menos centrada en figuras y más en instituciones. Menos obsesionada con el destino y más comprometida con la gestión.

Eso, por supuesto, es más difícil de narrar. No hay novelas memorables sobre burocracias eficientes. No hay mitologías sobre consensos técnicos. Pero es ahí donde se juega, en última instancia, la posibilidad de un país distinto.

Después de Petro, Colombia seguirá siendo un país en disputa. Con avances y retrocesos, con momentos de lucidez y de extravío. Un país que, como en las novelas de Gabo, parece a veces condenado a repetirse, pero que –a diferencia de Macondo– tiene la posibilidad de aprender.

La historia no se acaba con el gran Aureliano.

Se complica. Se bifurca. Y, si hay algo de esperanza, es precisamente eso: que no está escrita de una vez y para siempre.

La izquierda colombiana no necesita una cohorte de aduladores ni un comité de aplausos. Necesita saber que camina sobre arenas movedizas. Que si bien Gustavo Petro deja un legado social que debe capitalizarse, continuar, afianzarse y mejorarse, ese solo argumento por sí solo no garantiza el triunfo de Iván Cepeda el 31 de mayo.

Diferentes encuestas le otorgan al Pacto Histórico alrededor de un 35% de intención de voto —la última de Invamer le concede un extraordinario 44,9%—. Eso quiere decir que sigue faltando el centavo pa´l peso: todavía no completa la mitad más uno para ganar cómodamente en primera vuelta. La izquierda no puede fiarse de los números, ni llamarse a engaños.

Me gusta Cepeda porque representa la conciencia social de ese país sometido a la persecución y el destierro hasta el exterminio, pero no veo una estrategia de comunicación efectiva y convincente para hacerse con los votos faltantes.

Más allá de la malquerencia justificada hacia Álvaro Uribe, no hay un mensaje que apele a las emociones de aquel electorado meditabundo sobre el que nadie sabe qué está pensando, y probablemente ni siquiera figura en las encuestas.

Mucha gente no tiene claras las propuestas de Iván Cepeda, o esa es la idea que flota en el ambiente. No hay tampoco una frase –a manera de slogan- que enmarque el espíritu progresista de la campaña. Los discursos en plaza pública deben condensarse en frases contundentes que se graben en la memoria, y se puedan repetir ante un interlocutor apático.  

¿Cómo es que sabemos tanto de Sócrates, si el filósofo griego no escribió nada en su vida? Cuenta la leyenda que Sócrates no escribió nada por considerarlo una forma inferior de transmisión de conocimiento, prefiriendo el diálogo vivo y directo. Bueno, creo que aquí hay un mensaje poderoso para, en lo que resta de campaña, sacarle todo el jugo posible a la calle y conectar con la gente, pero no con los que salen a vitorear en la plaza, porque esos ciudadanos ya están alineados con un proyecto político en el que pusieron sus esperanzas.

Insisto: En esta recta final, sobran los halagos. Se necesita una estrategia de persuasión más clara con mensajes cortos y bien construidos que se traduzcan en titulares. Una foto oficial del candidato ayudaría mucho.  

Iván Cepeda está confiado en ganar en primera vuelta, y lo pregona a los cuatro vientos. Creo que peca por exceso de confianza. El triunfalismo mal manejado podría hacer que muchos se crean el cuento y, confiados en el triunfo, opten por no salir a votar el 31 de mayo.

Los partidos se ganan en la cancha y con goles, del mismo modo que las elecciones se ganan en las urnas, no en las encuestas. Humildad es prudencia. Y lo que necesita el Pacto Histórico para ganar es que los ya convencidos, convenzan a los indecisos (un 28%, según análisis de La Silla Vacía); a los inconformes, (los que no votan asqueados de la política y los políticos), y a los que votarán en blanco.

Todo candidato es un producto y ese producto se vende puerta a puerta, uno a uno. Hablando de tú a tú, quiero decir. Las horas corren.

Se perdió tiempo valioso respondiendo las andanadas de Uribe, que esa es su táctica para desgastar al contendor y mantenerse vigente en el ocaso de su vida política. Cualquier ruido le sirve. Darle importancia a Uribe es hablarle a esa base antiuribista que no necesita argumentos, pues conocen la historia que antecede al expresidente. A los indecisos se les conquista por el oído con propuestas audaces que calen en el corazón pero que tengan efecto directo en sus bolsillos y sus problemas cotidianos.

Concuerdo con el analista Shameel Thahir Silva cuando interpela a la izquierda en el periódico Desde Abajo: “Nos dejamos meter en la trampa de que la política son las personas y sus liderazgos, y perdimos la capacidad de plantear problemas a largo plazo: las estructuras y los intereses colectivos que mueven la rueda de la historia”. (…) mucha gente (…) cree que si el Presidente chasquea los dedos aparecerán las escuelas, las vías y los hospitales que reducirán las profundas brechas de desigualdad”.

Se menciona en los discursos el término “revolución ética”, pero en la práctica falta su desarrollo. Las palabras no pueden ponerse en el papel y olvidarse. El por qué y el para qué deben socializarse. La figura de Cepeda como filósofo, siendo poderosa, tampoco ha sido suficientemente explotada; no entiendo ese descuido, si partimos del hecho de que ética y filosofía tienen sangre común, como generadores de conciencia social en un país donde la desigualdad es proporcional a los altos niveles de corrupción política y la evasión de impuestos por parte de las clases altas. (En una próxima columna analizaré estos fenómenos).

Para despetrizar la izquierda, sus líderes deben ser capaces de cuestionar lo que no se hizo bien y ofrecer la cura para el mal, mientras agitan las banderas por lo bueno. Gallardía es quitarse la paja del propio ojo.  

Simón Rubiños, analista y magíster en políticas públicas, hace la siguiente reflexión: “El gobierno Petro abrió puertas a sujetos y territorios históricamente relegados: instaló la idea de que el Estado debía mirar de frente la desigualdad y asumirla como mandato. Pero ese giro –en sí mismo valioso y con logros tangibles– dejó una tensión: no basta con representar sectores marginados ni ponerlos en el centro del relato si la política pública no traduce esa centralidad en cambios tangibles en su vida cotidiana”.

En su artículo para el periódico Desde Abajo, Rubiños pone como ejemplo el caso mexicano. “Un gobierno que logró amalgamar –y con ello seducir a su pueblo- fue el de AMLO en México, quien logró una continuidad narrativa disciplinada, apoyada en organización, control de agenda y ejecución coherente”.

La izquierda no debe temerle a la autocrítica. Debe empezar por aceptar que bajo el mandato de Gustavo Petro muchas promesas quedaron incumplidas: las plegarias no atendidas de las que hablaba Santa Teresa.

Queda apenas una semana para la elección presidencial y ningún candidato tiene las mayorías para cantar victoria. ¡Humildad!

La izquierda tiene, eso sí, un candidato serio como Iván Cepeda, con porte intelectual y demócrata, para ganar en junio. La derecha uribista, con dos candidatos en contienda, está dando la pelea. Abelardo y Paloma se batirán en un duelo (electoral) a muerte, aunque por ahora El Tigre ruge más que lo que vuela su rival.

Promesa de político: Si el candidato del Pacto Histórico gana en primera vuelta, prometo dejar en paz a Uribe en mis escritos. 

En Colombia, los apellidos no son solo herencia: son historia viva. Y a veces, también, destino.

En un momento decisivo para el país —cuando el escenario electoral abre la posibilidad real de que una mujer llegue por primera vez a la Presidencia de la República— mirar hacia atrás deja de ser un ejercicio erudito y se convierte en una necesidad política. Porque entender de dónde vienen nuestras élites, cómo se han formado y qué trayectorias han marcado su poder, es también una forma de comprender hacia dónde podría dirigirse la nación.

En esta edición de La Conspiración del Olvido, recibimos con mucho honor al autor de esta letras que siguen, al doctor Carlos Valdivieso, cirujano plástico, investigador independiente y apasionado genealogista, quien nos propone un viaje que trasciende el relato familiar para adentrarse en las raíces profundas de uno de los apellidos más influyentes en la historia colombiana: Valencia.

Ya en una publicación anterior, destacábamos su capacidad para reconstruir, con rigor y sensibilidad, el tránsito de ocho generaciones desde la llegada a América del almirante Bernardino García de Valdivieso. Hoy, ese mismo espíritu investigativo alcanza una nueva dimensión. Con un trabajo respaldado por fuentes históricas, archivos y estudios especializados, el doctor Valdivieso nos conduce por un recorrido fascinante donde convergen linaje, poder, conflicto y transformación social.

Su relato no es solo una reconstrucción del pasado. Es, ante todo, una exploración del carácter: del liderazgo, de las decisiones y de las tensiones que han moldeado a quienes han ocupado —y aspiran a ocupar— los más altos cargos del Estado. En un país donde la memoria suele fragmentarse o diluirse en el ruido del presente, este tipo de ejercicios se vuelve indispensable.

No es menor que, en el contexto actual, una figura como Paloma Valencia surja como una de las candidatas con mayores posibilidades de alcanzar la Presidencia. Su nombre no solo encarna una opción política, sino también la continuidad —y en ella, la reinterpretación— de una historia larga, compleja y, en muchos aspectos, decisiva para Colombia.

En La Conspiración del Olvido, creemos que recordar es un acto de resistencia. Por eso, esta colaboración no es solo un aporte académico y narrativo: es una invitación a mirar de frente aquello que muchas veces preferimos no ver. Porque solo entendiendo las raíces, podremos, como sociedad, decidir con mayor conciencia el rumbo que queremos tomar.

Ramón García Piment y Claudia Patricia Romero Velásquez.

El apellido Valencia en Colombia está presente en varias poblaciones de Caldas, Antioquia y Norte de Santander, pero tambien se encuentra en Cauca, particularmente en Popayán. Por mucho tiempo, la creencia fue que su origen tenía un tronco común. Sin embargo, gracias a la revisión de documentos históricos, facilitada por la digitalización de archivos eclesiásticos y civiles realizada a finales del siglo pasado por una iglesia de los Estados Unidos, hemos podido finalmente resolver este enigma. Este esfuerzo se apoya, a su vez, en la labor acumulada durante siglos por la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes registraron con rigor en los libros sacramentales los principales hechos de la vida humana. Son precisamente estos registros: bautismos, matrimonios y defunciones, los que hoy permiten reconstruir con mayor claridad el linaje y la memoria de nuestros antepasados.

En realidad, se trata de dos linajes totalmente distintos. Judíos conversos los unos y cristianos viejos los otros, militares los unos y los otros no. Los unos favorecidos por la corona española, los otros perseguidos y vigilados por la inquisición. Cada uno de ellos ha dado hasta ahora un Presidente de Colombia.  Pero como hay una brillante candidata que hace parte de los Valencia de Popayán: la Doctora Paloma Valencia Laserna, puede ser que haya un presidente más.

Debo comenzar advirtiendo a todos, que el relato histórico no es una pintura en blanco y negro de héroes y villanos, sino un paisaje colorido. Es una historia de hombres y mujeres reales con aspiraciones y sueños, con creencias e intereses de diversos ordenes, como siempre ha sido. La conquista, la colonia y la vida republicana es más parecida a las obras del pintor mexicano Diego Rivera, quien en su mural sobre la conquista, muestra sinópticamente todos los elementos humanos del periodo. Entremos pues en materia.

La familia Valencia de Caldas, Antioquia y Pamplona.

El primer Valencia con registro que llegó a la Tierra Firme, como se conocía la Colombia actual, fue un Capitán de Infantería llamado Juan de Valencia, quien aparece comandando un regimiento español asentado en la ciudad de Santa Ana de los caballeros de Anserma (Caldas), en la segunda mitad del siglo XVI. La población fundada por el Mariscal Jorge Robledo en 1539 era el sitio de conexión, entre las regiones del sur y el noroccidente del país, durante las épocas de la conquista y el inicio de la colonia.

Dicho militar tuvo un hijo en estas tierras, quien también ingresó a la vida militar y fue Capitan de Infantería igual que su padre, siendo su nombre Juan de Valencia y Ramírez de la Serna. Se sabe, que llegó hasta la región de Rionegro (Antioquia) a mediados del siglo XVII.  De sus numerosos hijos proceden probablemente, todos los Valencia de Caldas y de Antioquia.

Sin embargo, el más famoso de ellos fue el también Capitan de Infantería Pedro de Valencia Antolínez Beltran, quien a fines del siglo XVII se dirigió hasta la región de lo que hoy es Marinilla (Antioquia). Por alguna razón que no sabemos, dos de sus hijos varones llamados Bernardino y Joaquín, se trasladaron desde allí a principios del siglo XVIII al norte del país, a la ciudad de Pamplona de Indias, fundada en 1549 por Pedro de Ursúa y Ortún Velázquez de Velasco. Allí se casaron con dos hermanas, Antonia y Beatriz Villamizar Pinedo.

Es así como se crea una línea separada de sus ancestros antioqueños, en una lejana, verde y próspera ciudad del norte del país, y se olvida el verdadero origen de los Valencia pamploneses. Los dos hermanos reciben grandes extensiones de tierra entregadas en encomienda, y se convierten en una de las estirpes más cultas y distinguidas de la región. Sus mujeres eran amantes de la música, y sus hombres gente culta e incentivadora de tertulias literarias en Pamplona.

La encomienda tuvo su origen en el antiguo sistema feudal castellano, y al ser implementado en la américa española mediante la Cedula Real de 1503 por Isabel la Católica, suponía el gobierno del designado encomendero sobre un territorio específico, en el cual ejercía tareas de justicia y administración. Debía enviar recaudo de impuestos a la corona y podía emplear la mano de obra indígena, a cambio de garantizar sus condiciones de vida y evangelizarlos. Esto último suponía la cercana relación del encomendero con las comunidades religiosas que hicieron presencia para ello, como los franciscanos, los dominicos y finalmente los jesuitas.

Hay que recordar que el sistema de encomienda en lo que hoy es Colombia duró hasta cerca de 1620, siendo que para esa época ya estaba en declive en el resto de los nuevos territorios. El encomendero estaba siendo reemplazado por los llamados corregidores, funcionarios directos de la corona que ya existían en España, y que pasaron a presidir los ayuntamientos, ejercer justicia (primera o segunda instancia), y administrar la gestión económica y la política local.

Precisamente uno de estos corregidores del Rey, fue quien provocó la famosa revuelta del 4 de julio de 1810 en Pamplona, días antes del grito de independencia en Santa Fe, la capital del Virreinato de la Nueva Granada.

Para aportar contexto, debemos decir en primer término que una de las capitulaciones de la revuelta comunera, había contemplado que se creara el nuevo Corregimiento del Socorro separado del de Tunja, y que sus corregidores fueran de origen criollo (es decir nacidos en América). Fue así como en 1795 se crearon los corregimientos de Socorro y Pamplona, y el Virrey Ezpeleta tuvo el buen tino de proponer como primeros titulares a dos criollos, quienes ejercieron brillantemente sus cargos. Ya vencidos sus periodos, el Rey Carlos IV bajo propuesta del ministro Godoy a quien los criollos americanos tenían cierta inquina, nombró a dos españoles en los cargos, lo cual contrarió grandemente la sociedad de las dos ciudades.

En el caso de Pamplona, el designado era Don Juan Bastús y Falla, un abogado catalán. El referido jurista que debía tomar posesión ante el cabildo de Pamplona, por ser la cabecera del corregimiento, lo hizo ante el cabildo de Girón, más leal a la corona y que también correspondía a su jurisdicción. Con tal conducta ya comenzó ofendiendo a la clase dirigente pamplonesa, que la tomó como una afrenta. Instalado en la ciudad, Bastús protagonizó además un altercado con el alcalde José Javier Gallardo y Guerrero, al no permitir que el referido se sentara a su lado en la sesión del cabildo, alegando que el corregidor era de mayor rango al ser un representante del Rey. Los afectados interpusieron varias demandas ante la Real Audiencia de Santa Fe. Sin embargo, el punto culminante de la enemistad entre el corregidor y la sociedad pamplonesa se produjo cuando, después del levantamiento de Caracas, se prohibieron preventivamente las reuniones y diversiones en la ciudad de Pamplona.  A pesar de ello Doña Agueda Gallardo de Villamizar, una hermana del alcalde agraviado y viuda de un rebelde comunero, decidió celebrar la fiesta religiosa de San Pedro con música en las calles, el 29 de junio de 1810. El corregidor respondió abriendo proceso contra la dama, y la encarceló por desacato.

Cinco días después el día 4 de julio, ocurrió una multitudinaria asonada callejera previamente organizada, en la que participaron José Rafael y Pedro Juan Valencia, dos nietos de Bernardino de Valencia. Los rebeldes tomaron preso al corregidor Bastús, y el 31 de julio conformaron una junta de gobierno provisional para la ciudad, de la cual formó parte José Rafael Valencia. Su hermano Pedro Juan fue designado como uno de los jefes de las milicias de defensa de la ciudad. Desde ese momento los miembros de la familia Valencia tomaron partido, a favor de la independencia del país.

Ya en la era republicana, a fines del siglo XIX, se presentaron en Colombia varias confrontaciones civiles armadas, donde se atacaron militarmente los dos partidos políticos mayoritarios: el liberal y el conservador. La más importante de ellas fue conocida como la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Los Valencia de Pamplona siempre habían sido jefes políticos del partido conservador en su región, y por eso participaron en esa guerra. Varios descendientes de Joaquin de Valencia, uno de los dos hermanos que habían llegado a Pamplona a comienzos del siglo XVIII, fueron generales del ejercito conservador: Ramón González Valencia, Manuel María Valdivieso Valencia y Rafael Valencia Camargo.

De ellos tuvo especial brillo el General Ramón González Valencia, quien había participado en acciones militares desde 1876, por lo cual tenía un gran bagaje militar. En la guerra se destacó su papel en la Batalla de Palonegro, y en la toma de Cúcuta. El 21 de noviembre de 1902 fue, además uno de los firmantes del Tratado de Chinácota (Norte de Santander), en el que se acordaron las bases para terminar el conflicto armado.

Una vez terminada la guerra, el General González Valencia participó en las elecciones de 1904, como formula vicepresidencial del General Rafael Reyes Prieto, quien fue elegido Presidente de la Republica. Pero el ambiente político y jurídico de la época se afectó gravemente, con la supresión del Consejo de Estado ejecutada por el presidente Reyes, mediante acto legislativo del 22 de abril de 1905.

Esta medida fue seguida de un intento de golpe de estado contra Reyes, liderado por el General Manuel María Valdivieso Valencia primo del vicepresidente, el 20 de diciembre de 1905.  El General González Valencia decidió entonces renunciar a la Vicepresidencia de la República. En respuesta Reyes clausuró el Congreso de la República, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, y gobernó como un “dictador político”, hasta los violentos actos de protesta popular suscitados en Bogotá del 9 al 13 de marzo de 1909, después de los cuales abandonó el poder. El General Ramón González Valencia fue entonces designado Presidente de la República, el 3 de agosto de 1909, por la misma Asamblea Nacional Constituyente convocada por Reyes en 1905, con el encargo de terminar el período presidencial hasta 1910.  Se posesionó el 7 de agosto, y convocó una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual procedió más tarde a redactar la Reforma constitucional de 1910, y a elegir al antioqueño Carlos Eugenio Restrepo, como Presidente de la República para el periodo 1910-1914.

La resiliente y perenne estirpe Valencia de Popayán.

Hacia fines del siglo XVI el ancestro más antiguo conocido de esta línea familiar era Don Diego de Castillejo un caballero al parecer de origen judío y casado con la señora Catalina de Valencia que, según las pocas informaciones disponibles, residía en la ciudad de Oran en Argelia al norte de Africa. Muchos miembros de la comunidad judía de España se habían refugiado en el norte de Africa, después de la emisión del Edicto de Granada por parte de la Reina Doña Isabel I de Castilla, que ordenaba la expulsión de los judíos.

Tal decreto estuvo vigente en España hasta 1968, cuando el dictador Franco lo derogó. Orán había sido tomado por los españoles en 1509, y tenían allí un emplazamiento militar, el Fuerte de Santa Cruz. Vale decir de otra parte, que Castillejo, aunque era un antiguo apellido español, también fue llevado por algunos miembros de la comunidad judeoconversa de España, entre ellos Don Gonzalo de Castillejo, quien a mediados del siglo XV llegó a ser maestresala del Rey Don Juan II de Castilla, el padre de la misma reina Isabel.

Una costumbre usada en España en esa época, de la que también echaron mano quienes tenían origen judío, era llevar primero el apellido de la madre y no el del padre. Por eso no debe extrañar, que el hijo de Don Diego de Castillejo se llamara Miguel de Valencia y Castillejo. A partir de ahí, esta línea genealógica usará el apellido Valencia.

A principios del siglo XVII, Miguel de Valencia atraviesa el mar y se instala en Málaga, donde de su unión con Ana de Aranda Sendía nace Manuel de Valencia y Aranda. Éste último es quien, en la segunda mitad del siglo se embarca para el continente americano, y se instala en Popayán. Allí nace en 1678 su hijo Pedro de Valencia y Aranda, del matrimonio con Ana de Aranda Forcallo.

Pedro de Valencia y Aranda es un personaje fascinante, por su brillante estrategia para dar un rumbo al ascenso social de su familia en el nuevo mundo. Acontecía que el Rey Felipe V de Borbón había creado en 1717 el Virreinato de Nueva Granada, separando este territorio del Virreinato del Perú. Sin embargo, en 1723 se suspendió la existencia de esta jurisdicción, aparentemente por problemas de viabilidad financiera.

Aunque ya desde 1621 existía una Real Casa de la Moneda en Santa Fe de Bogotá, lugar donde se acuñaban las monedas de diversas denominaciones y composiciones de metal, que cumplían los estándares de la corona, Don Pedro escribe a España en 1725. Allí argumenta la conveniencia de crear una nueva Casa de la Moneda en Popayán, dada la dificultad de traslado de los metales a la capital, y la pérdida eventual de parte de este en el trayecto.  

En respuesta, el Rey Don Felipe V de Borbón ordena a la real Audiencia de Santa Fe en 1726 revisar la viabilidad del asunto, encontrando razones válidas para la creación de la nueva casa de la moneda en Popayán (ceca), la cual se formaliza mediante Cédula Real en 1729. El edificio fue construido a partir de ese mismo año. Allí se inicia la gran fortuna de los Valencia, porque en 1747 el Rey Fernando VI nombró al hijo de Don Pedro llamado Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, tesorero perpetuo de la casa de la moneda, cargo que éste ocupó hasta su muerte.

En los libros de cuentas de su mayorazgo, reportaron hasta 1785 haber invertido más de 300.000 pesos de plata (equivalentes a más de 50 millones de dólares de hoy), para la creación y manutención de la referida casa de la moneda. De otra parte, y no descuidando además el contacto directo con la corona, el hijo mayor de Don Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, llamado Francisco de Valencia y Sáenz del Pontón, fue enviado a la madre patria, con el fin de concluir allá sus estudios.

A distancia desde España, asumió el cargo de Tesorero de la ceca a la muerte de su padre en 1788. Aunque en verdad, quien tomaba cuenta de la ceca en Popayán era su hermano Joaquin de Valencia. Pero al año siguiente, el Rey decidió suprimir el cargo de tesorero remplazándolo por el de administrador, y dejó la ceca bajo control directo de la corona. A pesar de ello, mantuvo el cargo de tesorero en cabeza nominal del mismo Francisco hasta su muerte.

En compensación por la supresión de su cargo, y gracias a la cercanía del rey Carlos IV con Francisco de Valencia y Saénz del Pontón, el Rey decidió ennoblecerlo con el título de I Conde de Casa Valencia, mediante Despacho Real en 1789. En España Don Francisco fue también Consejero de Indias, y Caballero de la Orden de Carlos III.

Se configuró así el imponente ascenso social de una línea familiar, que pasó de judeoconversa a tener noble titulado, lo cual no fue único, pero no deja de ser notable. Hay que recordar que la legislación vigente en España después del Decreto de la Alhambra, contemplaba la necesidad de tener registro de limpieza de sangre, para ser funcionario de la corona. Se requería gran habilidad, para evadir tal requerimiento.

El Condado de Casa Valencia que existe hasta hoy, contempla ser Grande de España, y sus titulares son descendientes directos del primer conde. No obstante, hay que aclarar desde ya, que no es que los Valencia de Popayán desciendan de un noble y grande de España, sino todo lo contrario: es un noble y grande de España quien desciende de la antigua casa Valencia de Popayán. Los Valencia de Popayán descienden todos, de los hermanos del Conde que se quedaron en América.

La línea más conocida continúa en Popayán, con el mismo Don Joaquín de Valencia y Saénz del Pontón, el cual se casó con su pariente Doña Joaquina Ramona Valencia y Hurtado, y tuvo varios hijos, dos de los cuales fueron Antonio y Mariano.  Durante los finales del siglo XVIII se dedicaron a sus haciendas, donde trabajaba un numeroso contingente de esclavos negros y servidumbre indígena.

La calma llegó a su fin, cuando se dio el levantamiento de Quito contra las autoridades de la corona en 1809. Recordemos que, desde mayo de 1808 el Rey Fernando VII había sido encarcelado por orden de Napoleón Bonaparte. Esta noticia ya era pública en las clases altas de América. La sublevación liderada por el Marqués de Selva Alegre Don Juan Pedro Montufar, había terminado con la creación de una Junta de Gobierno en Quito, bajo la dirección del mismo Marqués, quien incluso era llamado su alteza serenísima. Las noticias llegaron a Popayán en agosto de 1809, y más tarde el mismo marqués envió comunicaciones a Popayán y a otras ciudades, invitándolas a unirse a la sublevación. El gobernador de Popayán Don Miguel Tacón de Tacón y Rosique, quien era un militar de formación naval, convocó un cabildo abierto, llamó a la creación de milicias para prevenir un ataque de los de Quito, estableció control sobre las comunicaciones que entraban y salían de la ciudad, y prohibió hablar de temas de gobierno en los lugares públicos. En tales medidas fue apoyado por el Alférez Real Don Antonio Tenorio, jefe militar de la ciudad.

Para empeorar la situación, un año después también en agosto llegaron las noticias del levantamiento del 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá. El gobernador Tacón decidió crear entonces una Junta de Seguridad bajo su control, para intentar mantener el poder. Sin embargo, la misma Junta comenzó a tener sus propios adeptos en contra del gobernador. Miembro de esa Junta fue un sacerdote de la familia Valencia: Marcelino Pérez de Arroyo y Valencia.

Y es que los miembros más influyentes de la familia Valencia de Popayán, eran en ese momento dos hijos de una hermana del I Conde de Casa Valencia: Doña Francisca Antonia Valencia Sáenz del Pontón, de su matrimonio con el dominicano Andrés Pérez de Arroyo.  El mayor era el referido sacerdote que había nacido en 1764, venía de haber sido Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, y ya era reconocido por sus numerosas obras como arquitecto empírico, que aún hoy engalanan la ciudad de Popayán.

El otro era el amigo personal del Sabio Caldas, Santiago Pérez de Arroyo y Valencia nacido en 1775, quien para la época ya era un gran jurista y académico. Había sido alcalde de Popayán, e igual que su hermano había descollado como Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Una vez lograda la independencia fue Senador de la República, y ejerció liderazgo político en Popayán hasta su muerte, en 1845. Además, fue uno de los firmantes del Acta de Constitución de la Universidad del Cauca.

Estos dos grandes hombres que fueron ideólogos y próceres de la patria, mantuvieron a la familia Valencia en la línea favorable a las ideas de la independencia, sin participar nunca en la lucha armada, porque se trataba de personas contrarias a la guerra. Con su liderazgo, la familia transitó sabiamente a la era republicana.

Sin embargo, nada nos puede conmover más que la historia trágica del mártir que la familia Valencia sacrificó, en el altar de la patria. En 1806 a la muerte del I Conde de Casa Valencia, lo sucedió su hijo Pedro Felipe Valencia y Codallos, nacido en 1767. Era un militar de escuela, que había obtenido el grado de Coronel de Infantería, y era Caballero de la Real Orden de Santiago.

Había desempeñado además cargos de importancia diplomática y civil, primero durante el reinado de Carlos IV, y después en la era napoleónica, en la que llegó a ser Consejero de Estado y Secretario General del Gobierno. Gracias a lo cual era visto con recelo en ciertos círculos. Durante ese último periodo, el Conde visitó Paris y el contacto con la corriente ilustrada cambió su opinión frente a la emancipación de las naciones americanas. Así, cuando viajó desde España a Santa Fe de Bogotá, poco después del grito de independencia de 1810, inmediatamente estableció relaciones de amistad con los rebeldes Francisco José de Caldas, Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano, en la época de la “patria boba”.

Estando en su casa de Popayán en 1816, fue tomado preso por el General Sámano después de la Batalla de la Cuchilla del Tambo. Fue llevado a la capital, donde se le acusó de infidencia a la corona, por haber redactado escritos de apoyo ideológico a la independencia, y por contribuir financieramente con la causa. Fue condenado a muerte por el General Pablo Murillo y sus oficiales, y ejecutado por fusilamiento el 5 de octubre de 1816.

Decadas después, en el seno de la familia de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva, nació en Popayán en 1873, un niño llamado Guillermo Valencia Castillo. Quedó huérfano de madre a los 7 años, y de padre en su adolescencia. Su hermano Joaquín lo matriculó en el Seminario Menor de Popayán, que regentaban los padres vicentinos franceses, entre ellos el Padre Juan Bautista Malézieux, con quien comenzó su formación como poeta. Inició después estudios universitarios, en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad del Cauca.

Terminó sus estudios en Paris adonde fue enviado como parte del cuerpo diplomático colombiano, y por ello pudo asistir al Instituto de Francia, y a La Sorbona. Poemas como “Anarkos”, “Croquis”, o “San Antonio y el centauro”, hacen parte de las mejores letras del idioma español. En su vida política fue también Representante a la Cámara, Senador de la República, y candidato presidencial del Partido Conservador.

Se casó el Maestro Valencia con Doña Josefina Muñoz, y uno de sus hijos fue Guillermo León Valencia, quien cursó estudios de Derecho en la Universidad del Cauca y después de una brillante carrera política, ganó la Presidencia de la República en 1962. Era el segundo período presidencial del llamado Frente Nacional.

El estado debió enfrentar un grupo de autodefensas campesinas liderado por Pedro Antonio Marín, quien usaba el alias de Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”. Este personaje que había sido inicialmente liberal fue mudando al comunismo, en concordancia con el llamado hecho en 1949 por la Dirección del Partido Comunista Colombiano. Se refugiaron en la región de Planadas (Tolima), que habían bautizado como: “República de Marquetalia”.

El presidente Valencia ordenó una operación militar conocida como “Operación Marquetalia”, en la cual fue bombardeado el enclave guerrillero de este grupo campesino rebelde. La situación fue hábilmente transformada en “mito fundacional”, por la llamada Guerrilla de las FARC, que lo usó para justificar su accionar criminal de práctica de extorsiones a ganaderos y comerciantes, secuestros extorsivos, reclutamiento y abuso sexual de menores, etc. La estructura armada afirmó ser una resistencia campesina, contra la acción represiva del estado colombiano.

Su gobierno logró sin embargo pacificar el país, atacando con éxito en muchos lugares el fenómeno del bandolerismo rural, que afectaba gravemente la productividad en el campo. Criminales sanguinarios y muy famosos como Efraín González conocido como “El siete colores”, o José William Aranguren alias “Desquite”, fueron perseguidos y dados de baja por el ejército.

La Doctora Paloma Valencia Laserna, miembro de la novena generación de su estirpe en este país, es una de las candidatas presidenciales de Colombia, en las elecciones que se llevaran a cabo en los próximos días. Es así como, la nación podría tener un presidente Valencia más.

REFERENCIAS

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https://www.senalmemoria.co/la-voz-del-poder/guillermo-leon-valencia-munoz

Pero esta vez el debate no es el mismo. La pregunta ya no es si queremos la paz —porque ese anhelo es casi un consenso nacional—, sino con quién es posible negociarla y en qué condiciones.

La llamada “paz total” del actual gobierno prometía abrir múltiples mesas, desescalar el conflicto y avanzar hacia el cierre definitivo de décadas de violencia. Sin embargo, en la práctica, el país ha presenciado un fortalecimiento militar, territorial y político de varios grupos armados ilegales. Las cifras de expansión, los corredores estratégicos recuperados por estructuras criminales y el incremento de acciones violentas plantean una inquietud legítima: ¿se negocia desde la fortaleza institucional o desde la debilidad operativa?

En 2014, la campaña presidencial entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga giró en torno a la continuidad del proceso de paz en La Habana. Los colombianos optaron por respaldar la negociación. El acuerdo firmado partía de una premisa clara: quienes no se acogieran o retomaran las armas enfrentarían todo el peso del Estado.

Hoy, sin embargo, subsisten estructuras asociadas a lo que fueron las FARC. No son idénticas en mando ni en estructura, pero comparten origen, doctrina y, en muchos casos, integrantes que decidieron no acogerse al acuerdo o traicionarlo posteriormente. Cambian los nombres, cambian los comandantes, cambian los territorios; el denominador común es el mismo: disidencia armada y continuidad criminal.

Con el ELN, cinco gobiernos consecutivos —Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro— han intentado abrir o sostener procesos de negociación. En paralelo a cada esfuerzo de diálogo, el país ha visto atentados, secuestros, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

La pregunta no es si se debe intentar la paz; la pregunta es si existe voluntad real de desarme por parte de quienes negocian. Porque un proceso de paz sin coherencia entre discurso y hechos termina erosionando la credibilidad institucional y desgastando la confianza ciudadana.

En el caso del llamado “Clan del Golfo”, pese a los golpes contundentes de la Fuerza Pública contra su liderazgo, la organización mantiene capacidad operativa significativa. No es una guerrilla con ideario político; es una estructura de narcotráfico y control territorial.

Más abajo en la escala aparecen múltiples grupos criminales de alcance regional, sin agenda política ni proyecto ideológico. Son, en esencia, empresas ilegales dedicadas a rentas ilícitas. Y allí surge otro dilema: ¿se negocia con quien no tiene un propósito político sino exclusivamente económico?

La lectura general del panorama actual conduce a una conclusión incómoda: hoy ninguno de estos grupos parece actuar desde una posición genuina de voluntad de paz. Por el contrario, muchos han aprovechado los espacios de diálogo para reconfigurarse, expandirse o fortalecerse.

Negociar no es un acto de ingenuidad; es un instrumento del Estado. Pero ese instrumento exige condiciones mínimas: voluntad verificable, coherencia entre lo que se firma y lo que se ejecuta, y una correlación de fuerzas que no premie la violencia.

Si esas condiciones no existen, la pregunta “¿Con quién vamos a negociar la paz?” tiene una respuesta preliminar: con nadie que no demuestre primero, de manera inequívoca, que está dispuesto a abandonar las armas.

Mientras tanto, el Estado no puede abdicar de su función esencial: garantizar la seguridad, ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y aplicar todo el peso de la ley. La negociación debe ser el punto de llegada cuando la ilegalidad reconoce que no puede imponerse, no el punto de partida para que se fortalezca.

En tiempos electorales, conviene que el debate sobre la paz sea menos emocional y más estratégico. Porque la paz no es simplemente sentarse a dialogar; es crear las condiciones para el final del conflicto.

Desde su computadora, un investigador especializado en teledetección de hidrocarburos pasa meses revisando datos de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2, cruzando cada sobrevuelo con algoritmos para identificar anomalías y registrar la superficie de los cuerpos de agua de Venezuela. Para él, la imagen desde el espacio de una lámina iridiscente sobre el Lago de Maracaibo —visible incluso en fotografías satelitales de la NASA desde 2021— no es un evento aislado, sino un patrón crónico de contaminación.

Entre 2023 y 2025, el especialista —quien prefirió mantener su identidad en reserva por el complejo clima político del país— detectó de forma persistente manchas de hidrocarburos no sólo en la superficie del Lago de Maracaibo, sino también a lo largo de las costas de los estados de Anzoátegui, Monagas, Sucre, Carabobo y Falcón, así como en múltiples áreas marino-costeras protegidas. Estos patrones coinciden con registros de fugas y derrames continuos en la región y sugieren que dichas descargas están ligadas a la infraestructura de la empresa estatal de hidrocarburos más reconocida de Venezuela: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA).

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“Lo que vemos es permanencia”, explica el investigador sobre el Lago de Maracaibo. “Una capa de hidrocarburos que varía de espesor, pero que está siempre allí”. Además, señala que el seguimiento satelital del equipo de investigación muestra un aumento sostenido de los incidentes con hidrocarburos en aguas venezolanas. En el primer semestre de 2023 se registraron 949 casos mientras que en el primer semestre de 2025, la cifra ascendió a 1364, lo que representa un incremento cercano al 44 %.

Al sumar los registros correspondientes a los primeros semestres de 2023, 2024 y 2025, el total acumulado asciende a 3091 incidentes. De ese total, dos fueron derrames mayores a 100 kilómetros cuadrados: uno desde la Refinería El Palito, en diciembre de 2023; y otro, en agosto de 2024, entre los estados de Falcón y Carabobo. El resto corresponden a fugas menores, pero igualmente recurrentes. El conteo total de incidentes indica que se afectaron 25 090 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi la mitad del territorio de Costa Rica.

“El peor derrame que he visto recientemente fue el de agosto de 2024, dejó una estela que alcanzó manglares y refugios de fauna. Las descargas no fueron sólo de petróleo: también hubo aguas negras, sedimentos y agroquímicos. El impacto es visible en la cadena alimentaria: moluscos como las ostras quedaron contaminados y ya no son aptos para el consumo” comenta el investigador.

Aunque en años recientes Washington había otorgado licencias limitadas para que empresas como Chevron operaran en el país, en 2025 muchas de esas autorizaciones fueron revocadas y restricciones más estrictas se impusieron sobre exportaciones petroleras y buques asociados al comercio de crudo venezolano. El panorama político e internacional del país estaría cambiando radicalmente en 2026, pues otra vez Venezuela es observada por inversionistas extranjeros interesados en reactivar la industria petrolera, debilitada por décadas de deterioro y sanciones internacionales.

La intervención internacional

Para el especialista que pidió la reserva de su nombre, las sanciones económicas internacionales que ha recibido Venezuela no han reducido el impacto ambiental de la industria en el país. Por el contrario, han aumentado los riesgos señalados en informes de varias ONG, en los que se comenta que al empujar las exportaciones hacia rutas opacas —como flotas ilegales y transferencias de crudo en mar abierto— se debilitan los controles ambientales y crece la probabilidad de derrames, especialmente en zonas costeras y portuarias.

La capacidad petrolera venezolana, de la que depende gran parte de la economía del país, se mantiene en torno a un millón de barriles por día, muy por debajo de su capacidad potencial, que podría ser tres veces mayor. Sin embargo, este escenario podría cambiar en el corto y mediano plazo.

Tras años de operaciones opacas, el sector petrolero venezolano enfrenta ahora la posibilidad de un repunte productivo, impulsado por el giro en la política de Donald Trump hacia el país, quién, luego de la intervención que terminó con la captura de Nicolás Maduro, promovió la apertura de esta industria a empresas estadounidenses y europeas, incentivando a las compañías para que evalúen inversiones para reconstruir y aumentar la producción. En declaraciones públicas, Trump mencionó que se podrían movilizar hasta 100 000 millones de dólares en inversión privada.

Esta dinámica de interés corporativo surge en un momento en que el Gobierno venezolano, ahora liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha propuesto una reforma a la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo explícito de atraer mayores inversiones extranjeras al sector petrolero. La iniciativa busca responder a las críticas de compañías como Exxon Mobil sobre la falta de seguridad jurídica y satisfacer la demanda de empresas como Repsol y Chevron de operar bajo condiciones regulatorias “seguras” que permitan la entrada de capital y operaciones en campos dónde hoy no existe infraestructura.

En paralelo a este rediseño del marco legal, Rodríguez anunció la firma del primer contrato para exportar gas licuado de petróleo (GLP), marcando un giro en la estrategia energética venezolana y su intención de monetizar subproductos de la actividad petrolera. El anuncio, presentado como un hito comercial, se produjo en un contexto en el que altas cantidades de gas asociado continúan siendo quemadas o liberadas a la atmósfera por falta de infraestructura.

Este panorama abre dos escenarios opuestos. El primero, y en el que coinciden la mayoría de fuentes consultadas, es que se dé una expansión acelerada de la industria petrolera, sin salvaguardas robustas y profundizando los daños ecológicos en ecosistemas ya altamente vulnerables a la crisis climática. El segundo es la esperanza de que la llegada de capital y tecnología introduzca estándares más estrictos de regulación ambiental.

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El antes del petróleo venezolano y la incertidumbre por su futuro

Un ingeniero que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad y que creció en el campo petrolero de Judibana, en la península de Paraguaná, recuerda que entre 1990 y 2002, cuando trabajó en PDVSA, llegó a liderar un equipo técnico responsable del mantenimiento y la confiabilidad de los sistemas de instrumentación del Centro de Refinación Paraguaná, que integra las refinerías de Amuay y Cardón.

“Cada vez que entraba a la planta veía equipos con letreros pintados que decían ‘100 días sin accidentes’, y eso era un incentivo para nosotros”, relata. En ese período, explica, la empresa medía la eficiencia a partir del tiempo transcurrido sin fallas operativas y otorgaba bonos de productividad, una lógica que marcaba la cultura interna de la industria petrolera.

El punto más alto de producción del país fue en 1997, cuándo superó la producción de 3 millones de barriles diarios, al aprovechar las reservas más grandes de crudo pesado en el mundo. El ingeniero asegura que la industria tenía mecanismos de monitoreo ambiental en algunas refinerías, por ejemplo, casetas de medición de contaminantes y separadores de hidrocarburos en afluentes.

“En la refinería de Amuay había dos casetas ambientales conectadas a una estación de monitoreo que medían contaminantes como óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de azufre (SO) y partículas en suspensión. Una de esas casetas se instaló en el sureste-noreste, donde el viento suele llevar las emisiones hacia las comunidades, para detectar variaciones en la contaminación y activar medidas en las plantas cuando los niveles aumentaban”, señala el ex trabajador de la empresa.

Sin embargo, esta supervisión era costosa, requería de personal capacitado para monitorear continuamente las instalaciones y no se ejecutó en todas las instalaciones de la industria. En la actualidad, se desconoce si medidas como estas se siguen implementando. “Ya hasta colegas me han dicho que los equipos se los robaron” comenta.

Venezuela posee aproximadamente el 17 % de las reservas de petróleo conocidas en el mundo, de las cuáles, de acuerdo a Edgar Chacín, geólogo con más de tres décadas de experiencia en PDVSA y empresas petroleras internacionales, están distribuidas de la siguiente manera: 53 % extrapesado, 20 % pesado, 15 % mediano, 8 % liviano y 4 % condensado. “Para procesar este crudo hay que trabajar con mayor prioridad el mantenimiento y la recuperación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos en el país. Hablamos de oleoductos, gasoductos y terminales de embarque”, señala.

Chacín explica que contar con infraestructura apta es necesario para refinar con mayor facilidad y producir combustibles de alto valor en el mercado internacional. “Venezuela tiene grandes reservas de crudo pesado, pero para transportarlo y venderlo es necesario mezclarlo con diluyentes [crudo liviano o condensados] o someterlo a procesos de mejoramiento en plantas especializadas. Ese tipo de capacidad requiere inversión y ahora [con la situación política actual] podría ser viable”, indica.

Aún así, alerta que la producción de esos crudos debe acompañarse con técnicas que reduzcan el impacto ambiental durante la extracción. “Elaborar agrupaciones de perforaciones, planificación ambiental y otros factores ecológicos y de hábitat. Todo esto es posible sólo si hay personal capacitado”, dice.

Gladys Rincón es doctora en ingeniería ambiental y tiene dudas sobre el cumplimiento de altos estándares ahora que se quiere potenciar la industria petrolera en Venezuela. Trabajó durante las décadas de 1980 y 1990 como analista en PDVSA, actualmente es investigadora universitaria y señala que, a pesar de que en la época de la bonanza petrolera venezolana existían normas internacionales que minimizaban los accidentes, no se consideraba la contaminación de manera integral. Por ejemplo, no se tenía en cuenta la calidad del aire.

En estudios realizados años después, Rincón modeló la dispersión de contaminantes atmosféricos generados por complejos petroquímicos, incluyendo óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado fino para determinar de dónde venían las emisiones.

“En el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui hubo comunidades afectadas debido a fallos en la hidrodesulfuradora y sus emisiones. Eso se expuso hace años”. La investigadora señala que hubo reclamos por problemas respiratorios, cardíacos y neurológicos, además de registros de supuestas malformaciones en algunos centros médicos.

Hoy, ya dedicada al estudio de la contaminación atmosférica y el cambio climático, Rincón observa con preocupación el posible retorno de grandes volúmenes de producción petrolera. “Si no hay evaluaciones ambientales ni regulación efectiva, el impacto será enorme: aguas contaminadas con metales pesados, emisiones de CO2 y metano, pasivos que se acumulan. Si el Gobierno actual o futuros inversionistas no hacen evaluaciones ni regulaciones, la situación seguirá igual a la que vivimos actualmente o peor”, advierte.

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El clima y el costo de la producción petrolera

Aunque Venezuela hoy no figura entre los mayores emisores globales de gases de efecto invernadero, su enorme reserva de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco (región al norte del país, dividida en los bloques Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo, y que contiene las mayores reservas de petróleo extrapesado y pesado del planeta) la coloca como un actor climático clave si la producción se reactiva.

En un informe, la organización Global Witness advierte que un aumento sustancial de la extracción de este crudo de complejo procesamiento podría añadir emisiones equivalentes a las de todo el transporte marítimo global.

El informe estima que un escenario de producción elevada podría generar hasta 729 millones de toneladas de CO2 equivalente al año y subraya que gran parte de ese riesgo está ligado a la infraestructura deteriorada, las fugas, las fallas operativas y la quema de gas que elevan drásticamente el impacto climático.

Y es que la infraestructura petrolera atraviesa ecosistemas clave del país. En las costas de Falcón, Carabobo y el eje Puerto La Cruz–Mochima, fallas operativas han causado daños severos al ambiente marino. Por otro lado, en el oriente, sabanas, morichales y el río Guarapiche, fuente de agua para consumo humano en la ciudad de Maturín, han sido impactados por vertimientos. A esto se suma que en la Faja Petrolífera del Orinoco, advierte la investigadora Rincón, el mejoramiento del crudo pesado estaría generando subproductos contaminantes como coque y azufre.

En este mapa de afectaciones, el Lago de Maracaibo destaca de forma recurrente como uno de los territorios más afectados. Mayra Leal lo conoce bien, vive en el sector Altos de Milagro Norte, en Maracaibo, y trabaja con comunidades pesqueras e indígenas Añú en el lago. Además de dirigir una fundación de alimentación para niños, mujeres y adultos mayores, ha sido testigo de la contaminación constante de las refinerías cercanas: “Somos una comunidad pesquera y con petróleo en el agua no se puede salir porque se daña la ropa, la red se daña. Esto ha traído enfermedades en la piel a los niños que viven cerca del agua”, señala.

Ella, así como muchas personas de estas comunidades, no entienden sobre inversión en la industria petrolera, sólo saben que si esto no se traduce en responsabilidad social y decisiones políticas que les permitan recuperar el lago en el que han crecido, su vida no cambiará.

Con esto coincide Joaquín Benítez, profesor de impacto ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Católica Andrés Bello. Benítez plantea que la reactivación petrolera no puede entenderse como una decisión económica aislada, sino que debe integrarse en un debate público más amplio sobre transición energética, cambio climático y justicia internacional.

“Somos un país que necesita desarrollarse y estabilizarse socio-económicamente, pero sólo si se tiene en cuenta el contexto climático internacional. Hay países donde la explotación petrolera aún es motor de desarrollo, pero la institucionalidad ambiental suele ser sólida y la gobernanza funciona con un monitoreo constante”, indica.

De acuerdo con Benítez, además de gobernanza se requiere democracia o, de lo contrario, se vulneran derechos ambientales y humanos. “En Venezuela no sólo hará falta tecnología y recursos, sino también fortalecer capacidades institucionales, actualizar el marco legal, garantizar un sistema judicial operativo y habilitar la fiscalización ciudadana. Sin esos elementos, la supervisión ambiental no puede operar plenamente”.

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El eslabón débil: la falta de fiscalización ambiental

En los años 90, con la llegada de inversiones internacionales a la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela construyó un andamiaje legal y técnico para regular el impacto ambiental de una industria intensificada. Se aprobaron normas como la Ley Penal del Ambiente y se establecieron procedimientos de evaluación de impacto ambiental para actividades susceptibles de degradar la naturaleza. “Recuerdo que incluso se diseñaron planes de gestión territorial y socioeconómica, para atender los desajustes regionales que traería el crecimiento petrolero”, indica Benítez.

Sin embargo, con el paso de los años, la capacidad de fiscalización se ha erosionado. Aunque en 2015 se aprobó la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire, su implementación depende de decretos y normas técnicas que, en la práctica, siguen basándose en parámetros de 1995 y no han sido actualizados con estándares contemporáneos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La capacidad institucional aún debe mejorar muchísimo”, enfatiza Benítez.

En un contexto de debilidad institucional, los recientes cambios en el gabinete ministerial venezolano han generado inquietud entre organizaciones ambientalistas. A mediados de enero de 2026, Delcy Rodríguez nombró a Freddy Ñáñez como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, con la misión declarada de “promover políticas públicas para la protección de la Pachamama y todo lo relacionado con materia ambiental”.

A pesar de esto, ONG como SOSOrinoco y World Heritage Watch han señalado que el reemplazo de figuras políticas no necesariamente se traduce en una mejora real de la gestión ambiental, advirtiendo la continuidad de políticas extractivas.

Imagen principal: hombre camina sobre zona impactada por petróleo en las costas del sector El Bajo, cerca de la Refinería Bajo Grande (2020). Foto: cortesía MedioSur.

El artículo original fue publicado por Liliana Rivas en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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 Colombia no necesita ponerse el cerebro de Donald Trump para pensar por sí misma y decidir su destino.

El presidente Trump confunde a Venezuela con Disneylandia, su reino mágico petrolizado.

Lo que pase en Venezuela, no se queda en Venezuela, porque puede ocurrirle a Colombia.

Lo que pasa con Venezuela, bueno y malo, se volvió de interés público mundial, y ante todo regional, porque nos toca a los colombianos de muchas maneras; así que de los políticos y la prensa se espera ecuanimidad y sabiduría a la hora de ponderar los acontecimientos.

Donald Trump amenazó a Colombia y a un presidente, Gustavo Petro, elegido democráticamente, acusándolo de ser “un enfermo que disfruta fabricando y vendiendo cocaína a Estados Unidos”, según recoge El Espectador.

Desde la Conquista española, no ha habido en la historia colombiana una amenaza externa más evidente que ésta y quizás sea la puerta de oportunidad que estábamos esperando para echar a andar un acuerdo nacional, sin mezquindades ideológicas. Porque Trump pasará cuando entregue su gobierno —aunque como están las cosas, ya no hay certeza de nada—, pero las consecuencias de sus acciones, si se lo permitimos, podrían ser dolorosamente irreversibles, incluso para las generaciones que no han nacido.

Lo que está en juego hoy, son los intereses de la sociedad toda, dueña de un territorio, de su riqueza, (por debajo y por encima de nuestro suelo); de su historia, de su presente y de su futuro. Dueña, cómo no, también de sus dichas y sus desdichas.

El país es una unidad indivisible en el marco de la Constitución y sus leyes, la norma superior que nos arropa como colombianos. Para decirlo en términos castizos, nos debemos a la tierra que nos parió y a la Constitución que nos obliga.

La Constitución Política de Colombia es la biblia de las leyes —la norma de normas—, que estamos obligados a acatar los aquí nacidos. En esta coyuntura, se nos impone, por lo tanto, el deber de desempolvarla y apropiarnos de lo consignado en su preámbulo:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia:”. (Los subrayados son míos).

El artículo 4 de la Constitución es claro: “Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

Si la intención de Trump es capturar al mandatario colombiano, sin pruebas, por la cocaína que Colombia produce y los gringos consumen, lo lógico sería, en consecuencia, que el gringo venga por todos los presidentes que ha habido desde Julio Cesar Turbay Ayala, y eso implica sacarlo a él, a Belisario Betancur y a Virgilio Barco de sus tumbas, y llevarse esposados a todos los demás, incluidos Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Duque, porque el tráfico de drogas no es de ahora, y, por el contrario, hasta donde nos consta el país ha pagado un precio muy alto para combatirlo —nada más recuerden que a don Guillermo Cano, el director de El Espectador, lo mataron los narcos—, y documentado está, con resultados tangibles, que cada gobierno ha hecho lo que ha podido en la lucha antidrogas.  

Además, como lo reseñó el diario The New York Times “no existe evidencia de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, lidere o tenga vínculos con organizaciones criminales”. Mientras tanto, en el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York quedó claro que el tal “Cartel de los Soles” no existe.

Dice, con contundencia, este editorial de El Espectador: “Las amenazas del presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro son una agresión directa contra Colombia. No hay justificación alguna para que el líder de Estados Unidos fantasee con una operación militar en nuestro país y contra un mandatario elegido democráticamente. Nuestro país es una democracia estable y en proceso de fortalecimiento, con instituciones robustas, con una sociedad civil activa y con una Constitución garante de libertades individuales. Nuestra soberanía es innegociable. Cualquier apoyo a lo dicho por el presidente Trump es complicidad con un golpe de Estado y una traición a este país que con tanto esfuerzo, dolor y sangre hemos construido”.

Y esto agrega el editorial del El Universal de Cartagena: “nuestro país ha mantenido una tradición de respeto a la normativa que preserva el multilateralismo y la primacía de la diplomacia ante cualquier conflicto. Esta es la posición correcta y la que debe prevalecer”.

Un paréntesis para decir que la conversación telefónica y amistosa entre los presidentes Petro y Trump no significa nada por ahora, porque la civilización pende de un hilo y del genio con que se levante el gringo. Es más, con este mundo al revés, vale la pena hacerse una pregunta, con todo respeto por los creyentes: ¿El destino de la humanidad está hoy en manos de Dios o de tres hombres: Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping? Digamos que de los cuatro para no pelear con Dios ni con el diablo.

En este momento los editorialistas de prensa, tanto como el gobierno, el Congreso y los partidos políticos, deberían declararse en sala de crisis permanente, y prestar toda la atención posible a cada cosa que se diga desde Estados Unidos. Ningún hecho doméstico puede ser más relevante que una amenaza a la soberanía colombiana, que podría ponerlo todo patas arriba si permitimos el más mínimo manoseo a dos siglos de vida republicana

Cuando el destino de todo un país está en juego, la entereza de los tres poderes se pone a prueba, y así con la prensa como el cuarto poder que es. La separación de poderes debe funcionar en una democracia para garantizar su existencia y protegerla de las amenazas internas, pero no puede actuar separadamente cuando las amenazas vienen desde afuera.

Ante las circunstancias, y una vez conocida la denuncia del ministro de Justicia contra tres congresistas (María Fernanda Cabal, Lina Garrido y JP Hernández) por presunto llamado a intervención militar extranjera, a todos los políticos en campaña se les debe exigir que actúen con sentido patriótico, y no en función de consignas, votos o ambiciones personales u odios particulares. Quizás lo que estos personajes necesitan, más que una demanda, es que se les obligue a leer la Constitución y, mediante un examen, cerciorarse de que la leyeron y, sobre todo, de que la entendieron.

Señores: El palo no está para cucharas. Nuestras pulgas las matamos nosotros. Somos Colombia, no Colombialand.

Con lanzas en sus manos, coronas de plumas y tejidos de chambira, más de 200 personas de 15 pueblos de la Amazonía colombiana, ecuatoriana y peruana atravesaron bosques y navegaron el río Aguarico, en el norte de Ecuador, hasta llegar a la comunidad A’i cofán de Sinangoe el 1° de diciembre de 2025. Allí, hasta el día 5, se realizó el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura.

“Nos acompañan para intercambiar experiencias desde nuestra cosmovisión y desde la espiritualidad de cada territorio, para revivir la memoria de las luchas de los pueblos que hemos venido perviviendo muchos años”, dijo a Mongabay Latam Alexandra Narváez, lideresa a’i cofán durante el segundo día del encuentro. “Aquí estamos con guardias indígenas de la vida”, resaltó.

Esa mañana, las autoridades tradicionales a’i cofán limpiaron con ortiga a los asistentes, una tradición espiritual y de sanación. En el espacio de armonización, la lideresa shuar Josefina Tunki compartió tabaco. Esta planta es considerada sagrada y se usa para sanar, limpiar y establecer comunicación espiritual.

Narváez; Robert Molina, ex coordinador de la guardia indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia; y Mario Erazo, líder del pueblo indígena ziobain, de la frontera colombiana con Ecuador, conforman el equipo Punta de Lanza, impulsado por la organización no gubernamental Amazon Frontlines y la fundación Alianza Ceibo, las cuales organizaron el encuentro.

Punta de Lanza nació en 2022 tras el I Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador. Su objetivo es fortalecer estas agrupaciones civiles no armadas para la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ante el avance de las industrias extractivas y de las economías criminales sobre sus territorios.

“La gran tarea está en que los mayores transmitan el conocimiento y que los jóvenes lo absorban. Se debe partir desde la espiritualidad, desde los principios, ese es nuestro chaleco antibalas”, se dirigió ante los asistentes Erazo, quien vino desde la comunidad de Buenavista.

A lo largo de los cinco días, los asistentes expusieron sobre sus cosmovisiones ligadas a sus territorios, espiritualidad, la importancia del idioma y de la cultura propia para asegurar su existencia como pueblos indígenas. También trabajaron en el fortalecimiento de las capacidades organizativas, la autonomía y la defensa territorial.

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Pueblos transfronterizos en riesgo

El tercer día giró alrededor del análisis de la coyuntura que amenaza a los pueblos indígenas. En primer lugar, al menos el 67 % de las 987 municipalidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela enfrentan la presencia de redes criminales y grupos armados asociados a minería ilegal de oro y narcotráfico, de acuerdo con la investigación Amazonía bajo ataque, publicada en octubre de 2025 por la alianza de medios Amazon Underworld.

Además, sobre 31 millones de hectáreas de territorios indígenas de toda la cuenca amazónica se han sobrepuesto bloques petroleros y gasíferos, según un análisis publicado en noviembre de 2025 por la organización Earth Insight. La investigación también detectó 9.8 millones de hectáreas de concesiones mineras sobre territorios ancestrales de la Amazonía.

María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines, añadió un tercer elemento: los cambios normativos que se están dando en Colombia, Ecuador y Perú, que “tienen el objetivo” de dejar a los pueblos indígenas “sin derechos colectivos”.

El pueblo indígena kakataibo, en la Amazonía peruana, enfrenta los problemas que tanto el Estado como los actores ilegales han traído a sus territorios. Elías Noico, miembro de la guardia indígena de este pueblo, señaló que, por un lado, es el mismo Estado el que concede derechos de minería y explotación forestal dentro de los territorios indígenas.

Por otro lado, los kakataibo habitan entre las regiones de Ucayali y Huánuco, dos de las más letales para los pueblos indígenas peruanos, según halló la investigación Los vuelos de la muerte, de Mongabay Latam. Durante el Encuentro, Noico dijo que la presencia de pistas clandestinas para el transporte de droga y el tráfico de tierras están poniendo en riesgo la vida de los líderes y guardias indígenas.

Al menos seis miembros del pueblo kakataibo han sido asesinados en este contexto, aseguró a Mongabay Latam. Él mismo ha recibido amenazas de muerte y, aunque el Estado le ha otorgado “garantías de vida”, no confía en ellas, porque no pasan de ser meros documentos que “no aguantan balas”.

Como medida de protección, guardias indígenas de diferentes comunidades se han unido para tratar de mantener a los invasores y actores ilícitos fuera. Noico además propuso una integración regional para fortalecerse ante las amenazas, que a su criterio intentan despojarlos de sus derechos ancestrales.

En Ecuador, cada vez más pueblos indígenas están amenazados por la expansión de la minería ilegal de oro. Jacinto Shiguango, miembro de los Inkarukunas, la guardia indígena del Pueblo Kichwa de Rukullacta (PKR), relató a Mongabay Latam que personas externas llegaron y vincularon a habitantes del PKR en actividades de minería ilegal.

En una asamblea comunitaria, se resolvió desalojar a los mineros ilegales. Sin embargo, antes de que la guardia indígena actuara con el apoyo del resto de la población, los mineros se retiraron, evitando un enfrentamiento. A pesar de ello, cuenta Shiguango, la guardia indígena se mantiene vigilante en la defensa del territorio.

El derecho al territorio vulnerado

María Ochoa, representante del pueblo murui bue, puso otro ejemplo que grafica los intentos por vulnerar los derechos. La lideresa relató que aunque el territorio murui está legalmente titulado, el Estado peruano solo reconoce a los murui muinani, ignorando las variantes de ese tronco principal. Esa falta de reconocimiento, aseguró a Mongabay Latam, obstaculiza la validación de sus derechos.

Ahora mismo, los murui bue enfrentan intentos del Estado peruano para construir el segundo tramo de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho a través de la comunidad Centro Arenal sin realizar consulta previa, libre e informada. “No se dan cuenta de que nos va a afectar tanto en lo ambiental, cultural, social e incluso a nuestras aves. ¿Por qué el Estado no entiende que nos afecta psicológicamente también?”, reclamó.

Los murui bue se informaron sobre sus derechos y junto un antropólogo de la organización Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) aprendieron a elaborar mapas parlantes de su territorio. Esta es una representación que recoge las percepciones culturales, ambientales, económicas y sociales de los espacios mediante gráficos y el uso del idioma propio.

Este tipo de ejercicios, se señaló en el encuentro, son los que los indígenas, como guardianes de sus territorios, deben fortalecer para demostrar su relación con el espacio que han habitado de manera ancestral. Aquí, además, es donde las guardias juegan un rol especial, al ser quienes hacen un monitoreo constante del territorio, reconociendo los cambios y amenazas.

Finalmente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones inició un proceso de consulta, pero Ochoa señala que la institución ha justificado retrasos y otros errores en el proceso porque esta sería la primera vez que realiza una consulta de este tipo. El Centro Arenal elaboró su propio Protocolo de Consulta Previa, con el fin de que la consulta no sea un proceso exclusivamente administrativo, sino que busque realmente el consentimiento informado de la población indígena.

En Ecuador, se está desarrollando una consulta ambiental para dar paso a la explotación petrolera en el Bloque 10. Aunque hay poblaciones indígenas, no se está realizando la consulta previa, libre e informada, que tiene estándares más altos que la consulta ambiental y que no solo busca informar sobre la realización de una actividad y sus impactos, sino evitar poner en riesgo el derecho a la existencia cultural ligada al territorio, de acuerdo con Espinosa.

En la búsqueda del autogobierno

Ante estos problemas, Espinosa recordó a los asistentes que los tres países reconocen el derecho de los pueblos originarios a ejercer jurisdicción sobre sus territorios. “Ustedes son autoridad territorial”, dijo. Si bien las comunidades y pueblos enfrentan trabas para que ellos mismos, sus territorios o sus derechos sean reconocidos, la abogada animó a continuar con el fortalecimiento del autogobierno con base en la elaboración de estatutos colectivos.

El cuarto día del encuentro, los asistentes analizaron las experiencias exitosas de autogestión, autogobernanza y defensa del territorio. También establecieron la situación actual y los aportes de las guardias indígenas. El último día, se aprobó el pronunciamiento del encuentro.

En el documento, se abordó la criminalización que enfrentan las guardias indígenas, como sucedió recientemente en Ecuador, tras el paro nacional de octubre. “Este intento de desprestigiar nuestra identidad y labor como sujeto colectivo de derechos, pretendiendo alinearnos al terrorismo o al narcotráfico, genera un grave escenario de riesgo físico y cultural”, se lee en el documento.

“La guardia no necesita más que el permiso colectivo. La guardia resulta incómoda porque es la línea de defensa de los territorios y de la vida”, aseguró Espinosa.

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Los 15 pueblos resolvieron reafirmar el gobierno propio, la jurisdicción indígena y las guardias como ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en cada uno de los tres países y en las normativas internacionales. Además, resolvieron reafirmar la articulación de las guardias indígenas a escala regional y reconocer su labor como defensoras de la vida y el territorio. Por último, reiteraron a los gobiernos nacionales que seguirán realizando acciones de monitoreo, control y gobernanza.

En una segunda parte del documento, exigieron que los Estados garanticen la seguridad e integridad de los territorios ante las amenazas ilícitas, generen garantías para proteger a las guardias indígenas y exigieron la no persecución política por la defensa de derechos humanos, de la naturaleza y colectivos.

El pronunciamiento fue firmado por los pueblos amazónicos ziobain, awá, a’i cofán, siekopai, kichwa de Rukullacta y kichwa de Pastaza, quijos, waorani, shuar, kakataibo, kukama, murui bue, shipibo konibo shetebo y por las guardias indígenas que conforman el Tejido Unuma de la Orinoquía colombiana y del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Las delegaciones volvieron a cruzar el río Aguarico el viernes al mediodía, de regreso a sus territorios cada vez más acorralados por intereses ilícitos, pero también por el abandono estatal.

Foto principal: representantes de 15 pueblos indígenas de Colombia, Ecuador y Perú asistieron al encuentro de guardias indígenas. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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