Las emociones suelen imponerse sobre la reflexión, y el deseo de justicia puede transformarse fácilmente en sed de venganza. En ese sentido, la historia parece repetirse con un personaje que la tradición cristiana conoce muy bien: Barrabás.

De acuerdo con el relato bíblico, Barrabás no era simplemente un ladrón o un homicida condenado por las autoridades romanas. Para muchos judíos de su tiempo representaba algo más profundo: la esperanza de liberarse del dominio romano mediante la fuerza. Roma no solo era el poder ocupante; era también el símbolo de años de humillaciones, abusos, despojos, ejecuciones, persecuciones y violencia contra el pueblo de Israel.

En un contexto semejante, un hombre dispuesto a combatir al imperio con las armas podía convertirse fácilmente en un héroe para quienes habían acumulado décadas de sufrimiento.

Jesús, por el contrario, representaba un camino radicalmente distinto. Predicaba el Reino de Dios, llamaba al arrepentimiento, enseñaba el amor al prójimo y el perdón incluso hacia los enemigos. Su mensaje devolvía la esperanza espiritual a un pueblo desesperanzado, pero no respondía a las expectativas políticas de quienes anhelaban un libertador militar semejante a David. Muchos esperaban un mesías que derrotara a Roma con la espada; Jesús les hablaba de transformar el corazón. Mientras Barrabás prometía responder a la violencia con más violencia, Jesús proponía romper ese ciclo mediante el perdón y la reconciliación.

Por esa razón, cuando llegó el momento de escoger entre ambos, buena parte del pueblo prefirió a quien encarnaba su rabia antes que a quien representaba la misericordia. Eligieron al hombre que expresaba sus emociones más profundas y no al que les proponía una verdad más difícil de aceptar. El deseo de ver castigado al opresor terminó pesando más que el llamado a construir una sociedad distinta.

Algo parecido ocurre hoy en Colombia. Nuestro país ha acumulado durante décadas un inmenso dolor causado por asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos, despojo de tierras, violencia sexual y múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas por diferentes actores armados. Ese sufrimiento ha dejado heridas profundas que explican por qué muchos ciudadanos reciben con entusiasmo a quienes prometen mano dura, cárcel, exterminio del delincuente o incluso la eliminación física del adversario.

No se trata de negar el derecho de las víctimas a exigir justicia. La justicia es indispensable para la convivencia y para la reparación. El problema surge cuando el discurso político deja de buscar justicia y comienza a alimentar el resentimiento como principal herramienta para conquistar el poder. En ese momento, el dolor deja de ser un llamado a reconstruir el país y se convierte en un instrumento para movilizar emocionalmente a los ciudadanos.

Las palabras perdón, reconciliación, diálogo y entendimiento suelen perder fuerza frente a mensajes que ofrecen respuestas inmediatas al sufrimiento colectivo. Resulta paradójico que muchos de quienes se identifican como cristianos o católicos, que cada domingo proclaman su fe y oran diciendo: “Señor Jesús, ilumíname con tu verdad y guíame con tu Espíritu”, encuentren más atractivo un discurso centrado en el castigo que uno inspirado en el perdón que enseñó Cristo. Esa contradicción invita a una profunda reflexión sobre la distancia que puede existir entre profesar una fe y vivir de acuerdo con sus principios.

Mientras Colombia siga permitiendo que el miedo, el resentimiento y la indignación sean los principales motores de la política, siempre aparecerá un nuevo “Barrabás”: un líder dispuesto a prometer una patria redentora mediante la confrontación, explotando las heridas abiertas de la sociedad para alcanzar el poder. Y una vez instalado en la Casa de Nariño, ese mismo líder puede terminar olvidando las promesas que lo llevaron allí, mientras quienes votaron movidos por la emoción continúan padeciendo las mismas carencias en municipios, pueblos y veredas.

La gran lección del relato bíblico no consiste únicamente en recordar que un pueblo escogió a Barrabás en lugar de Jesús en medio de un arresto al hijo de Dios promovido por una conspiración de los líderes de la Iglesia de ese entonces. Consiste en reconocer que las sociedades, cuando son gobernadas por el miedo, el odio o el deseo de venganza, corren el riesgo de elegir siempre a quienes reflejan sus heridas antes que a quienes ofrecen el difícil camino de la reconciliación. La historia demuestra que la venganza puede producir satisfacción momentánea, pero rara vez construye una paz duradera. La reconciliación, aunque exige más sacrificio y paciencia, sigue siendo el único camino capaz de romper definitivamente el ciclo de la violencia.

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Si yo fuera Abelardo de la Espriella, volvería inmediatamente a Buga a darle gracias al Señor de los Milagros por haberme permitido ser elegido presidente de Colombia, y le pediría al Espíritu Santo que me dé la sabiduría y la serenidad que deben tener los vencedores una vez terminada la batalla; que me llene de sobriedad, magnanimidad, generosidad y serenidad para con las personas que voy a gobernar y, muy especialmente, con quienes no votaron por mí. Pues la mayor de las grandezas en política es ser grande con los adversarios, manteniendo la simpatía de nuestros propios seguidores.

Me propondría, no ser un presidente más, sino ser el mejor presidente de la historia de Colombia. Con ese propósito en la mente y en el corazón, le informaría al país acerca de lo que, ya desde el gobierno, juzgo que se debe hacer por el bienestar de todos los colombianos.

0. No al espejo retrovisor: Los colombianos saben en que condiciones recibo el país, por lo tanto, no perderé tiempo haciendo alusión al gobierno anterior. Cuando sea preciso hacerlo me limitaré a decir: “ya ustedes saben lo que pasó por aquí”. Cuando me postulé como candidato sabía a que me iba a enfrentar como gobernante.
1. Compromiso con los más pobres: Comenzaría por informarle a los menos favorecidos del país, a los trabajadores, a los ancianos y a los beneficiarios de los programas sociales del anterior gobierno que haré todo lo posible por mantener sus beneficios, pero que a cambio, nos ayuden a restablecer el orden público y la armonía social perdidos.
2. Plazo perentorio a la criminalidad: Emplazaría a todas las personas que militan en los grupos armados a que se desmovilicen voluntariamente, entregándose con sus armas en el centro militar más cercano con el fin de someterse a la justicia. Este gobierno se comprometería a vincularlos a un programa de reinserción en el que se les dará prioridad a ellos y a sus familias en materia de educación, trabajo y vivienda. Este ofrecimiento tendrá una duración de 50 días; al día 51, llegaré con todos los desarrollos tecnológicos de nuestros nuevos aliados al corazón de todas esas bandas criminales e iré por ellos.
3. El Acuerdo sobre lo Fundamental: Realizaré el sueño que siempre tuvo el doctor Álvaro Gómez Hurtado, uno de los más grandes estadistas que ha tenido el país y fundador de la bien amada Universidad Sergio Arboleda: lograr un gran acuerdo nacional sobre lo fundamental. Para ello, les pediría diseñar el mecanismo de implementación a los doctores Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo, Iván Cepeda, Carolina Corcho, Enrique Gómez Martínez y Mauricio Cárdenas. Ellos formularían un método que le permita al Consejo Gremial, los partidos políticos, la Iglesia, los sindicatos y demás organizaciones sociales ser parte de ese gran acuerdo, el cual aspiraría a consolidar dentro del primer año de gobierno.
4. ⁠Alianza por la prosperidad: Le pediría a los medios de comunicación, a los influencers y a los medios alternativos que emprendamos una gran campaña por la unidad nacional. Tenemos un país demasiado rico y maravilloso para permitir tanta pobreza dentro de él. Debemos derrotar la pobreza y volver a Colombia una potencia mundial; no solo de la vida, como lo anunciaba el anterior gobierno, sino de los negocios, que son los que pueden producir los recursos necesarios para que todos podamos vivir bien en nuestra querida y tremenda patria.
5. Reordenamiento de partidos: Invitaría al Congreso a que, en breve tiempo, haga posible el reacomodo de los partidos políticos. Al Centro Democrático le pediría que se una al Partido Conservador, junto con Creemos y Salvación Nacional, para defender a una sola voz la primacía del orden; pero eso sí, sin armas distintas a los argumentos y a las buenas razones. Esa misma invitación se la haría a los partidos de centro y de izquierda democrática, buscando que se reúnan, ojalá, en un solo partido por cada vertiente, de tal manera que solo queden tres grandes fuerzas políticas: una de derecha, una de centro y una de izquierda. Esto fortalecería enormemente a los partidos y a nuestra democracia.

Hacia una novísima Constitución

Invitaría a todas las fuerzas vivas del país —al gobierno, a los partidos políticos, a los colombianos y, muy especialmente a las mujeres— a sacar adelante una gran reforma a la Carta Política, una novísima Constitución en la que se plasmen estos puntos mínimos:

• Cero corrupción: Buscaría implementar una reforma anticorrupción, considerando, así no me guste, la cadena perpetua para los condenados por este delito. Nombraría como zar anticorrupción al doctor Juan Lozano.
• Solidaridad constitucional: Que la solidaridad y la economía solidaria sean el fundamento de nuestra organización política, económica y social.
• Alternancia de género: Establecer la alternancia de género en el poder ejecutivo. Cuando un hombre sea presidente, debe ser sucedido por una mujer, y así sucesivamente; una regla aplicable también para gobernaciones y alcaldías.
• Justicia sin privilegios: Una reforma a la justicia en la que desaparezca cualquier fuero o privilegio para los gobernantes. Puesto que, según la Constitución, todos somos iguales ante la ley, las autoridades deben ser el primer ejemplo y asumir las mayores responsabilidades.
• Impuesto a la tierra improductiva: Crear el impuesto a la tierra improductiva, como lo soñó don Hernán Echavarría Olózaga. Él tenía razón: siempre debió ser así.
• Prohibición absoluta de la reelección: Prohibir la reelección en la presidencia, gobernaciones y alcaldías, incluso de manera intermitente o no consecutiva. Esto ayudaría a acabar con las hegemonías, promovería la renovación de los liderazgos y facilitaría el ingreso de los jóvenes a la política.
• Ley de Punto Aparte: Implementar una ley de amnistía condicionada. Una norma para que todas las personas que tengan cuentas pendientes con la justicia (incluidos los privados de la libertad) sean amnistiados a cambio de la VERDAD, la aceptación de cargos, la entrega de una parte significativa de sus fortunas y el compromiso solemne de no volver a delinquir en lo que les queda de vida. En caso de reincidencia, perderían el beneficio y tendrían que pagar por todos sus delitos, incluidos los amnistiados.

Por último, invitaría al Consejo Gremial y a los grandes, medianos y pequeños empresarios a promover la Ley de la Generosidad: una iniciativa tendiente a legalizar, mediante una reforma tributaria, el aporte del 10% de sus utilidades netas durante los próximos 25 años en favor de la paz y la restauración del país. De este país que nos lo ha dado todo y merece todo de nosotros. Sería un legado maravilloso para las próximas generaciones.

Si yo fuera el presidente electo de Colombia, me propondría como objetivo fundamental unir a los colombianos como una sola familia, buscando sanar sus heridas y, como lo dije en campaña y lo haré, hacer de Colombia un verdadero milagro.

Y tú, amigo lector, ¿ qué harías si fueras el presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030?

Siyofuera777@gmail.com

Hoy hay dos verdades en Colombia: Abelardo De la Espriella ganó por un chiripazo, y media Colombia votó contra un político que le cae gordo; la otra mitad también.

Algo bueno hay que reconocerle a la tal polarización: más gente salió a votar esta vez; no en vano, la votación fue histórica: más de 26 millones de personas: 12.960.166 votaron por Abelardo y 12.708.312 por Cepeda. Demasiada gente para destripar, si nos atenemos a la amenaza que sonó en campaña contra los “zurdos”. Según mis cuentas: a razón de 8 por día durante los cuatros años.

Hubo una época en que Colombia era la suma de muchos estados (después de una guerra civil), y por eso se llamaba Estados Unidos de Colombia, así establecido por la Constitución de 1863. Varios países dentro de un mismo país. Hoy no tenemos tantos, pero sí dos Colombias que en nada se parecen entre sí. En realidad vendrían a ser tres, si contamos la Colombia abstencionista, cuya apatía no ha sido estudiada con juicio.  

• Un informe de Dejusticia de 2025 dice lo siguiente: “En una democracia la abstención electoral puede interpretarse de varias maneras: desencanto de la política, protesta silenciosa o castigo a dinámicas de corrupción. En Colombia, ha sido relativamente alta, fluctuando entre el 40 y el 60%. Aunque este comportamiento es palpable en todo el país, es más notable en territorios históricamente apartados del centro político y económico, donde las precarias condiciones socioeconómicas, la desconfianza institucional o el limitado acceso a puestos de votación acentúan la inasistencia a las urnas”.

Tras los resultados electorales del 21 de junio, podría pensarse que se necesitan dos presidentes en Colombia: uno que gobierne para el centro andino (donde ganó mayoritariamente Abelardo de la Espriella) y otro presidente que gobierne para la periferia (donde ganó mayoritariamente Iván Cepeda). La diferencia fue de 250 mil sufragios, más o menos la cantidad de habitantes que tiene la localidad de Puente Aranda en Bogotá.  

Yo si quiero ver al presidente electo llegando a Chocó, Cauca y Nariño. Lo quiero ver abrazando a sus hermanos chocoanos, caucanos y nariñenses, que así los llamó en campaña.  ¿Será capaz de reconciliar esas Colombias tan desiguales? Triste sería que por complacer a una, la otra siga pagando los platos rotos, debatiéndose entre la miseria y el azote de disidencias y bandas criminales.

Cambiemos la narrativa. Si bien la polarización existe en términos políticos, nada tiene que ver con el trato injusto que recibe la   periferia. Bien lo dijo en X el exministro Luis Gilberto Murillo, en respuesta a una Vicky Dávila insensata que llamó “vacas arriaras” a sus habitantes: “Ni el Chocó, ni el Pacífico, ni ningún otro territorio históricamente olvidado del país merecen el desprecio de quienes nos consideran ciudadanos de segunda o tercera categoría, y que además solo respetan la democracia cuando les favorece. Llamar “vacas” a un pueblo porque votó distinto, de manera legítima y auténtica, es negar su dignidad, su conciencia y su derecho a decidir en libertad. Los votos de los territorios olvidados no valen menos que los del resto del país”.

Hay dos Colombias y la vemos con claridad en el mapa. Cepeda ganó en 19 departamentos y Abelardo en 14, pero el mandatario electo recibió una paliza en su propia casa, la región Caribe: así que Colombia tiene un nuevo presidente costeño sin el afecto de los costeños. Cepeda arrasó en los siete departamentos (Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, La Guajira, Sucre y Cesar) y sus capitales.

La sabiduría caribeña explicó en X este fenómeno con desparpajo: “Creyeron que los costeños nos tragaríamos el verso de costeño vota costeño, como si no supiéramos reconocer a un hablador de mondá”.

Para desconsuelo del Pacto Histórico, ganó donde hay menos habitantes. Con el triunfo de Abelardo, los colombianos castigaron a la izquierda por ocuparse de los más pobres. No culpen de la derrota a Petro, porque si bien hay algo de verdad en el voto castigo a su gestión en asuntos como la seguridad o la Paz Total, también es cierto que termina su gobierno con un 50% de aprobación; las cifras en las urnas así lo demostraron. Dejará el cargo con su partido fortalecido. El Pacto Histórico obtuvo 11.281.000 votos en 2002 y 12.700.000 votos en 2026.

Iván Cepeda regresará al Senado tras perder la banda presidencial por las razones que cada quien esgrima. Agréguese a ello que fue el David enfrentado a dos Goliat: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Javier Milei, presidente de Argentina, que sin ningún rubor metieron sus narices en las elecciones colombianas a favor de Abelardo, violando la soberanía nacional, sin contar el respaldo de algunos medios masivos de comunicación, que hicieron oposición a Cepeda.

Incluso, jugaron en contra suyo aquellos columnistas que se burlaron de sus dientes y su incipiente joroba; Mauricio Vargas y Luis Guillermo Vélez lo llamaron comunista sin serlo. En cambio, jamás le reconocieron tres décadas de trabajo ininterrumpido como el defensor de derechos humanos que carga con el dolor de las víctimas de la violencia colombiana, a partir del asesinato de su propio padre en 1994. 

De mala leche lo que hizo el podcast Deja Vu, de La Silla Vacía, al presentar una mirada sesgada sobre la familia Cepeda Castro y minimizar el genocidio contra la Unión Patriótica, hasta casi ponerlo en duda, en tanto que, en otro episodio, pintaron a un Abelardo De la Espriella tranquilo, pasando de agache ante los cuestionamientos que pesan sobre su fortuna y relaciones non sanctas. 

Lecciones de una derrota

Mientras el país no reconozca que existen dos Colombia, a la derecha le quedará más fácil ganar elecciones que a la izquierda y demás fuerzas progresistas. El centro del país bulle en lo económico. La periferia sobrevive a punta de chichiguas presupuestales.

No pregunten neciamente porqué los territorios ninguneados expulsan a su gente. El político que quiera defender esa otra Colombia, de entrada tiene una doble desventaja geográfica y numérica. Es como nacer condenado, y con el agua lejos. En territorios inhóspitos, cientos de ciudadanos realizan desplazamientos extenuantes hasta los puestos de votación, mientras los demás vamos en coche, como se dice.

• Afirma Dejusticia: “Algunas investigaciones sostienen que en departamentos donde predomina la pobreza, la baja educación y la falta de información política, las tasas de abstención son más altas. Entonces, la abstención no solo refleja decisiones individuales, sino también la débil legitimidad democrática del Estado en territorios en los que no logra garantizar condiciones básicas para el ejercicio de derechos”.

En medio de los errores que cometió Gustavo Petro, la historia debe reconocerle un mérito: el enrostrarle al país esa Colombia que está llevada del hi, recordando el hablar de mi abuelo materno, distinta a la Colombia del centro con una vida relativamente cómoda, pero ajena a esa otra nación a la que llaman la Colombia profunda, como si nombrarla así produjera algún milagro instantáneo. Los libros de historia dirán que Gustavo Petro fue, en el siglo que corre, el primer mandatario en poner en el mapa a los desahuciados por el Estado.

Luego del pírrico triunfo de Abelardo, la izquierda y el centro deben unirse para crear una gran fuerza de centroizquierda que adelante pueda contener a la derecha y a la ultraderecha, que vienen siendo harina del mismo costal ahora que el uribismo se declaró partido de gobierno, y ya María Fernanda Cabal se autoproclamó próxima presidenta.

¿Les suena Iván Cepeda como próximo alcalde de Bogotá?

Infografías tomadas de EL ESPECTADOR. El color morado corresponde a los votos del Pacto Histórico. El rojo, a los votos de Firmes por la Patria.

Aunque el progresismo ganó en Bogotá por margen estrecho, hoy cuenta con los votos para hacerse con la Alcaldía de Bogotá en 2028 y, en consecuencia, desyerbar el camino para gobernar a Colombia en 2030, siempre y cuando haga bien la tarea gerenciando ese país pequeño que es la capital de la República.

No me parece descabellada la idea de que Iván Cepeda asuma su curul de senador y renuncie después para ser el siguiente alcalde de Bogotá, no como premio de consolación, ni revancha. Los casi trece millones de colombianos que votaron por un modelo de país más igualitario sentirán que tienen en la pequeña Colombia bogotana a un hombre decente que podría hacer en la capital lo que no pudo hacer en el resto del país.  

Por otro lado, si el centro insiste en ir solo, lo más seguro es que seguirá coleccionando derrotas. En todo caso, que nadie cuente con Sergio Fajardo. Demostró pequeñez de espíritu cuando se le pidió sacar la casta para impedir la llegada de la extrema derecha a la Casa de Nariño. La suerte ya está echada en todo caso. La exalcaldesa Claudia López, por el contrario, al respaldar a Cepeda mostró gallardía y coherencia con su discurso antiAbelardista, pero también, hay que decirlo, ese apoyo llegó demasiado tarde; pudo haber hecho más que meras declaraciones.

Me atrevo a decir que el voto en blanco (426.848) le dio el triunfo a De La Espriella; en total fueron 675.000 sufragios perdidos contando los votos nulos y los no marcados. Nadie ha dicho en qué estratos ocurrió esto, otro tema digno de análisis. Preguntas inocentes: ¿Cómo saber que a un tarjetón no le marcaron un segundo voto para anularlo o cómo determinar que a un tarjetón sin marcar no se le marca el voto a favor de x o y?

La izquierda y sus aliados perdieron la elección sí, pero ganaron en experiencia; a partir de ahora esa izquierda debe aprender a tragarse su soberbia. Pensaron que con la popularidad de Petro la tarea estaba resuelta y no pararon bolas cuando desde este blog se les dijo que estaban confiados y alejados de la clase media (12 de abril).

Tienen cuatro años para preparar a los tecnócratas progresistas. Tienen cuatro años para hacerse sentir en el Congreso de la República presentando reformas sociales vía legislativa y con trabajo decoroso en Senado y Cámara. Tienen cuatro años para conquistar a los estratos 3 y 4, porque no hacerlo es abonar una siguiente derrota.

Ganó Abelardo de la Espriella sí, pero no por eso vamos a olvidar los señalamientos que pesan sobre el pasado del nuevo presidente, ampliamente documentado por la prensa. Así que, henchido de orgullo, puedo decir que somos casi 13 millones los colombianos que reconocimos en las urnas el valor de la decencia. No hay un señalamientos de mala conducta sobre Iván Cepeda. En adelante, el país debe repensarse en función de las cualidades humanas y morales de sus gobernantes.

También la prensa perdió esta elección: al tomar partido de manera descarada, ahuyentó la posibilidad del debate público entre candidatos. El periodismo quedó en deuda con el país. Los intelectuales aparecieron en el último segundo. Si el país se reacomoda con un gobierno con tintes de derecha extrema, la prensa debe preguntarse si está a la altura para lo que se avecina, o jugará un rol complaciente con el nuevo mandamás de Palacio.

Sí, el nuevo presidente ganó por un chiripazo y sin siquiera alcanzar la mitad más uno de los votos; para bien de Colombia, ojalá sea mejor gobernante de lo que fue como candidato. 

Un operativo realizado por diferentes autoridades de Colombia ha revelado el alcance de una supuesta red de deforestación que operaba en el municipio de Mapiripán, en Meta, al norte de la Amazonía colombiana. Los involucrados están acusados de acaparamiento de tierras para la presunta instalación ilegal de ganadería y plantaciones de palma aceitera. Además de las implicaciones ambientales en los ecosistemas de la región, el caso por el que se investiga a empresarios, familiares de políticos y militares retirados ya ha provocado que altos funcionarios del país denuncien amenazas.

El pasado 10 de junio, las autoridades dieron a conocer que mediante un dispositivo en el que participaron la Policía de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se ejecutaron órdenes de captura contra 17 presuntos integrantes de esta red, entre ellos un exalcalde de Mapiripán.

Para Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, esta operación fue resultado de años de investigación y es solo la punta del iceberg de un caso que ha implicado el acaparamiento de 60 predios de baldíos, la deforestación de más de 52 000 hectáreas de bosque y la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales en una región estratégica que conecta la Amazonía con la Orinoquía.

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Si bien este proceso de pérdida de bosque en Mapiripán tiene cerca de 15 años, las autoridades ambientales comenzaron a investigar esta red en 2024, tras detectar las alertas de mayor deforestación a nivel nacional en esta región.

“Fuimos descubriendo que este era el caso más emblemático que iba a tener Colombia en su historia y toda América Latina respecto a una red criminal en la que uno de los delitos es deforestación, pero no el único”, dice la ministra Vélez a Mongabay Latam y agrega que esta operación implica también el supuesto acaparamiento ilegal de tierras baldías de la Nación, lavado de activos, ganadería sin trazabilidad y procesamiento de aceites de palma sin permisos ambientales.

Dicha investigación ha estado principalmente a cargo del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), una instancia en la que participan diversas instituciones del Gobierno y establece la política para enfrentar la deforestación en el país.

Sin embargo, el caso se ha complicado. Apenas dos días después del operativo, autoridades ambientales denunciaron amenazas directas de muerte y acciones de espionaje. Funcionarios cercanos al caso cuentan a Mongabay Latam que la que consideran la mayor investigación contra la deforestación que ha tenido Colombia se encuentra, para ellos, en la incertidumbre.

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La acelerada deforestación en Mapiripán y sus huellas en Colombia

Mapiripán ha sido un constante foco rojo en la pérdida de bosque natural. Solo en 2024 este pequeño municipio registró el 5 % de la deforestación nacional y fue uno de los nueve núcleos activos identificados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ese año registró 6722 hectáreas, un aumento de más del 38 %, respecto a 2023.

Sin embargo, en los últimos 13 años Mapiripán ha perdido cerca de 74 000 hectáreas de bosque, un área similar al tamaño de Singapur, de acuerdo con Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del Ideam.

“Tenemos registros de una creciente dinámica de deforestación asociada a estas áreas. Originalmente esta área estaba casi en estado 100 % de conservación, teníamos áreas de deforestación muy pequeñas en 2013, unas 1900 hectáreas, pero esta superficie se ha ido incrementando. El pico de deforestación para este municipio ocurrió en 2021, cuando se deforestaron cerca de 11 000 hectáreas”, explica el especialista a Mongabay Latam.

Si bien Mapiripán ha tenido períodos de reducción, como en 2023, cuando registró poco menos de 4900 hectáreas deforestadas, en 2025 se incrementaron a cerca de 9000, de acuerdo con Cabrera.

Entre los principales motores de deforestación en esta región está la praderización, que hace que el bosque húmedo tropical, rico en biodiversidad, se transforme directamente en un área de pastos. La segunda causa es la ganadería extensiva y le siguen la apertura de vías ilegales y los cultivos de uso ilícito que se mantienen en la región.

Cabrera destaca la extensión de la ganadería y la apertura de vías ilegales para el caso de Mapiripán en los últimos años.

“El incremento del hato ganadero [ganado] en Mapiripán se ha dado específicamente en esta ventana de tiempo de los últimos 10 años, cuando se ha incrementado de forma importante, muy relacionado a ese incremento de estas áreas de deforestación acumuladas. Las áreas no se abandonan después de la deforestación, se mantienen ya transformadas en áreas de pastos. No hay recuperación, no hay restauración, no hay regeneración”, sostiene el especialista del Ideam.

En 2025, Mongabay Latam realizó un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio había un entramado de 11 ramales de vías que en ese momento sumaban 549 kilómetros.

Estas actividades están afectando bosques estratégicos que conectan la Amazonía colombiana con la Orinoquía y que son un corredor para especies de gran importancia ecosistémica y de los cuales también dependen comunidades.

Los impactos no solo ponen mayor presión a áreas protegidas cercanas, como los parques nacionales de Picachos, Tinigua, La Macarena, Nukak y Chiribiquete. También están presentando alteraciones en resguardos indígenas, como el caso de Alto Unuma, ubicado en los municipios de Cumaribo y Puerto Gaitan; y El Tigre, en Uribe, de acuerdo con Cabrera.

“En términos de áreas protegidas, se genera una mayor presión a las áreas de conservación que están en sus alrededores y no solamente parques nacionales. Ya se están viendo afectaciones de deforestación dentro de esos resguardos indígenas cuando antes no teníamos”, expone el especialista.

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Un caso judicial por deforestación

De acuerdo con autoridades ambientales de Colombia que dialogaron con Mongabay Latam en las últimas horas, la CONALDEF ha sido la institución principal de la investigación contra esta supuesta red de deforestación. El organismo busca probar que hay un entramado criminal que se ha apoderado de terrenos rurales que no han tenido un dueño particular y son reservados por el Estado, conocidos como baldíos. Lo hacen para expandir zonas ganaderas y producción de palma de aceite.

De las 17 personas con órdenes de captura, a la mayoría se les detuvo por los supuestos delitos de deforestación y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Sin embargo, a algunos de los detenidos se les investiga también por presunto lavado de activos, acaparamiento de tierras y daño medioambiental. Del total de personas señaladas, dos de ellas se entregaron voluntariamente, de acuerdo con autoridades ambientales consultadas por este medio.

Personas cercanas a la investigación sostienen que lograr los arrestos contra los presuntos responsables ha sido particularmente difícil por la presión económica y el riesgo que implica procesar a altos perfiles involucrados.

“La norma penal de Colombia dice que la orden de captura la debe expedir el juez del lugar donde sucedieron los hechos. Eso sería en Mapiripán, donde solamente existe una jueza. Obviamente se declaró impedida por temas de seguridad, después se incapacitó para no expedir esa orden de captura”, explica a Mongabay Latam una de las personas que lidera la investigación en CONALDEF y que pide omitir su nombre por seguridad.

Tras lograr que un juez fuera del municipio emitiera las órdenes de captura y que las detenciones de 15 de los investigados (dos se entregaron voluntariamente) se realizaran, las autoridades sostienen que otra jueza encargada de una de las audiencias no legalizó la captura de ocho personas.

De acuerdo con fuentes del CONALDEF, las órdenes de captura se dividieron en dos audiencias. En una de ellas se validó la detención de siete personas, así como registros y allanamientos, mientras que en otra se resolvió no declarar legal la detención de otras ocho personas.

“Esta situación no es tan normal en el proceso penal porque si ya otro juez había emitido una orden de captura, lo único que tenía que validar era que se hubieran cumplido los requisitos formales de la captura. El caso quedó en un limbo. Algunos quedaron libres y otros quedaron con la legalización de la captura”, explica la fuente anónima.

Esto derivó en que la jueza de Villavicencio que no validó las capturas se declarara impedida y enviara el proceso de vuelta a Mapiripán, donde la jueza de la localidad se había incapacitado, por lo que no hay un juez que determine las medidas del caso, según la fuente consultada.

Una abogada experta en derecho penal ambiental en Colombia explica que si bien la legalización de la captura es un procedimiento que debe realizarse dentro de las 36 horas siguientes a la captura, el que no se haya legalizado no implica que se detenga el proceso judicial.

“Si el juez verifica que los procedimientos de captura no se llevaron a cabo de manera adecuada y que, en consecuencia, hubo afectación a las garantías constitucionales del procesado, ordenará su libertad inmediata”, explica la especialista, quien pide conservar el anonimato.

También explica que al no legalizar la captura, las personas quedan en libertad, pero continúan vinculadas a la investigación del caso.

“No existe una relación directa entre la libertad del capturado y la evidencia del proceso, pues los elementos probatorios que ya se encuentren bajo custodia de la Fiscalía, estarán protegidos para su utilización en juicio. La persona vinculada deberá continuar atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y de los jueces de la república, aun estando en libertad luego de no legalizada su captura”, dice la abogada a Mongabay Latam.

Para la experta, estas resoluciones no implican necesariamente algún tipo de estrategia que utilicen las personas señaladas en casos penales para desgastar el proceso judicial.

“La no legalización de captura no implica la detención del trámite, sino que se traduce en que aquel continuará, pero la persona estará afrontando el proceso sin privación de su libertad. La decisión de los jueces frente a las capturas depende exclusivamente del acatamiento a los procesos legales, lo que varía en cada caso en particular”, insiste.

Mongabay Latam se comunicó con la Fiscalía y no obtuvo respuestas sobre las razones por las cuales la juez de Villavicencio desestimó las ocho capturas. También intentó dar con los jueces que intervienen en el caso pero no fue posible ubicarlos.

Personal del CONALDEF que ha trabajado en la investigación sostuvo en diálogo con este medio que el caso contra esta red de deforestación se encuentra en riesgo no solo por la liberación de presuntos responsables, sino también por la validez de las pruebas recabadas.

“Es la primera investigación que se ha hecho en términos de deforestación, es la primera vez que se está probando un agravante que es el de acaparamiento de tierras, que no es fácil probarlo jurídicamente y que tiene un componente financiero internacional y nacional. Esos resultados van a ser muy importantes para el país”, advierte la fuente sobre el proceso judicial.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, una de las personas señaladas en el caso es Carlo Vigna Tagliante, director general de la empresa Poligrow, dedicada a la extracción de aceite de palma con una planta ubicada en Mapiripán.

Mongabay Latam contactó a la empresa de Poligrow para conocer su versión sobre los señalamientos en el caso. Sin embargo, la compañía descartó dar un posicionamiento ante la investigación en curso. También señaló que ni la empresa ni su personal fueron citados a las audiencias, al “no existir imputación alguna” en su contra hasta la fecha.

“Tenemos toda la tranquilidad de haber siempre operado respetando las normas legales y aplicando los más altos estándares de sostenibilidad que nos permitirán demostrar nuestro buen actuar”, sostuvieron en su respuesta.

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Denuncias de amenazas y espionaje contra autoridades ambientales

Autoridades ambientales aseguran que diferentes personas involucradas en la investigación del caso y el proceso judicial han recibido intimidaciones e incluso amenazas de muerte, entre ellos fiscales, abogados e incluso la ministra de Ambiente, quienes las recibieron simultáneamente mediante llamadas, mensajes y correos. Las intimidaciones llegaron tras las detenciones.

“Están intentando amedrentarnos para que no tomemos las decisiones que en el caso nos competen, peor aún, están explícitamente pidiendo que cerremos el caso”, dice Vélez a Mongabay Latam al hablar de las amenazas.

Vélez narra que el viernes 12 de junio exactamente a las 3:48 de la tarde, ella y personas cercanas a la investigación recibieron intimidaciones. Tras presentar la denuncia, la ministra sostiene que cerca de la medianoche detectó un artefacto de inteligencia en su apartamento.

“Hubo un despliegue de algo que creemos que se llama acoustic array que es un dispositivo de grabación y de emisión de sonido que se desplegó sobre mi balcón. Es un dispositivo tecnológico que se utiliza para inteligencia”, explica la ministra.

Pese a que presentó la denuncia ante la Fiscalía y a que cuenta con un esquema de seguridad, Vélez dice que vive un ambiente de gran vulnerabilidad por su trabajo institucional.

“Uno siente que el poder que está detrás de esto es tan grande que las medidas, a pesar de que somos el Estado, parecieran insuficientes para garantizar nuestra seguridad. Me parece difícil de creer que esto le pase a un ministro en un país democrático”, dice a este medio.

La ministra de Ambiente asegura que buscarán principalmente salvar el caso y que puedan continuar el proceso judicial para dar a conocer las pruebas sobre la presunta red de deforestación.

“Estamos hablando de por lo menos cuatro países involucrados en el lavado de activos, donde operan algunas compañías. Es un crimen organizado internacional. La responsabilidad que tenemos con nuestra Amazonía y Orinoquía es proteger el bosque, pero también asegurar que este tipo de crímenes ambientales adquieran una relevancia internacional”, advierte Vélez.

*Imagen principal: las imágenes de satélite dejan ver cómo las vías se van extendiendo y arrasando con la selva de Mapiripán. Foto: Google Earth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

La transfiguración de una fiera destripadora

No deja de ser sorprendente esa transfiguración de una fiera depredadora, que en campaña hablaba de “destripar a la izquierda” y a sus miles de seguidores, ahora convertida en un aplomado abogado que cita el artículo 188 de la Constitución Política y dice encarnar y simbolizar la “unidad nacional” para proteger los “derechos y libertades de todos los colombianos”. Sin duda, asistimos al primer milagro de este taumaturgo que, con su vicepresidente tecnócrata, José Manuel Restrepo, convertido repentinamente en telonero del espectáculo, harán de toda Colombia una “Patria Milagro”. ¿Cómo entender esa transfiguración? Habrá que atribuirla a la alquimia constitucional que es capaz de transformar a un candidato “cargado de tigre” en un civilizado estadista, al menos en el discurso, faltará ver en la realidad, que es donde realmente importa. Por ahora, la Constitución no es más que un libreto protocolario para tranquilizar incautos.  De no cumplirla y solo recitarla, entonces estaremos frente a una grave esquizofrenia política y constitucional, parecida a la vivida y sufrida por su admirado antecesor, Álvaro Uribe Vélez, que terminó abusando y cambiando un artículito de la sacrosanta Constitución del 91. Hasta llegó a decir que el Estado de opinión era superior al Estado de derecho. Es probable que también el Tigre llegué a afirmar que la salvación de la Patria está por encima de la Constitución. Pero, como tanto gusta al Tigre Abelardo hablar de extrema coherencia, vamos analizar someramente algunos apartes de su discurso que develan extremas contradicciones e incoherencias. Vamos hacerlo en dos entregas, empezando esta con el significado que le asigna a la Patria y el alcance de su consigna: “Firmes por la Patria”.

¿De cuál Patria nos habla?

Nos habla sobre todo de la Patria de los negocios y los grandes mercaderes, de sus inversiones y su codicia sin límite, que no depararán en la depredación de nuestra portentosa biodiversidad, utilizando el fracking para “perforar, perforar y perforar”, en asocio con petroleras internacionales y de MAGA, como lo pregona y hace Trump en America First, sin escatimar los daños irreversibles causados al planeta y la actual catástrofe climática. No demorará Trump en proponerle extender sus inversiones hoteleras y campos de golf para hacer de Barranquilla la Miami del Caribe, así como lo hizo con su cómplice genocida, Netanyahu, para convertir a Gaza en la Riviera del Oriente Próximo. Es muy probable que ambos, con ese espíritu de empresarios que tienen, terminen haciendo buenos negocios con la asesoría del vicepresidente, José Manuel Restrepo, que será el vendedor internacional de la marca Colombia, como ya lo anunció el Tigre, invitando a Elon Musk para que ensamble sus Teslas en Medellín y se interese por explorar las tierras raras que necesita su empresa espacial. Así irán haciendo de la Colombia Milagro un Dorado para un selecto grupo de emprendedores nacionales e internacionales, con el apoyo de todos los gremios y el corifeo de los grandes medios de comunicación. Hasta acabarán convenciéndonos a todos de ese milagro económico que eliminará en pocos meses la pobreza, la economía informal y hasta el desempleo, por lo cual no serán necesarias políticas sociales, si acaso subsidios puntuales.

Primero la seguridad, matriz de la paz

Pero, para ello, antes se necesitan los héroes de la Patria, esa legión de abnegados militares que ofrendarán sus vidas por la seguridad, matriz de la paz, que todos disfrutaremos en 90 días en los campos y ciudades, gracias a miles de ciudadanos “firmes por la Patria”, como otrora lo hicieran Carlos Castaño en compañía de Mancuso, Jorge 40 y Don Berna con los buenos muchachos del DAS. A todos ellos asesoró el Tigre y condujo desinteresadamente por los caminos de la desmovilización en compañía de su colega, Mario Iguarán, entonces viceministro de justicia en el gobierno de Álvaro Uribe. Por eso, con la asistencia del audífono en su oído derecho, recitó el Tigre la Oración Patria que rezan los militares para insuflar su espíritu de valor y así sacrificar sus vidas en defensa del patrimonio y la Patria de unos pocos. Esa es la esencia del patriotismo y el alcance de ese grito estentóreo: “Firmes por la Patria”. Tampoco podía faltar en su discurso la defensa a ultranza de la democracia, del respeto a la separación de las ramas del poder público, de las libertades ciudadanas y de las garantías al senador Iván Cepeda para el ejercicio de la oposición, siempre y cuando no se le ocurra promover la subversión, es decir, liderar protestas y movilizaciones ciudadanas en defensa de derechos sociales conquistados durante el gobierno del cambio. Porque es muy curioso que, para el Tigre, como para casi todo el establecimiento y sus poderosos gremios, en Colombia no existe el Estado Social de derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución, pues solo nos hablan del Estado de derecho. Pero sobre esa peculiar concepción del Estado y la democracia trataré en la segunda parte, ya que requiere un análisis más detallado y extenso de ese espectacular y emotivo discurso pronunciado, mejor recitado, gracias al discreto audífono instalado en su oído derecho, en medio de cánticos gloriosos y ese deslumbrante juego de luces de navidad en “La Ventana al mundo”.

Hernando Llano Ángel

Este aforismo del Dhammapada, sabia advertencia contra la futilidad de las guerras y la obsesión por vencer, deberíamos tenerlo en cuenta todos los colombianos mañana domingo 21 de junio, cuando elijamos presidente de la República, pero también en los resultados de nuestra Selección en el mundial de fútbol. Así lo ha expresado el mismo presidente Petro en manifestación pública en Cali: “Ningún ciudadano o ciudadana que haya defendido este Gobierno, que me haya hecho presidente, debe agredir a nadie el domingo. Nada, a nadie”, ha enfatizadodurante un acto con sus seguidores en Cali. “Lo ordeno como presidente y mandatario del mandato que es el pueblo”[i]. Un mensaje muy significativo, dirigido a sus seguidores, en la ciudad que fue el epicentro del llamado “estallido social” en el 2021, para desactivar posibles excesos y provocaciones que deriven en víctimas mortales. Un llamado que incluso deberíamos tener en cuenta en la forma como celebremos los resultados de la Selección en el mundial de fútbol. Por ahora, estamos eufóricos con la victoria de 3-1 sobre Uzbequistán, pero el martes 23 de junio podemos lamentar la derrota o el empate frente a la República Democrática del Congo y el 27 ante Portugal. De nuevo, citaré a Gabo y su Proclama “Por un País al alcance de los niños”: “Nuestra insignia es la desmesura. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil”[ii]. Por eso la única forma de conservar la serenidad y la alegría, para los próximos encuentros y después de las elecciones, es superando el jolgorio de los triunfos y la tristeza por los empates o las derrotas. Eso lo saben muy bien los jugadores de la Selección. Con mayor razón deberíamos saberlo todos los ciudadanos en la política, ese juego del poder que nos define cómo vivimos y morimos, desde la cuna hasta la tumba. Hay que repetirlo hasta la saciedad, como bien lo expresaba Albert Camus en situaciones de máxima confrontación y tensión política: “No estoy hecho para la política porque soy incapaz de desear o de aceptar la muerte del adversario”. Por eso Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tienen la máxima responsabilidad política e histórica mañana, cuando conozcamos el resultado de las elecciones. Entre otras cosas, porque las elecciones se inventaron para contar las cabezas, en lugar de cortarlas y así evitar la muerte del adversario, que en el futuro podrá de nuevo aspirar a ganar el apoyo de las mayorías. Esa es la primera y vital condición para la existencia de la democracia. Aunque entre nosotros todavía parece estar en duda.

“¡Contar cabezas en lugar de cortarlas!”

Según el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE)[iii] hasta los comicios celebrados para Congreso en este 2026 el número de víctimas mortales ya había superado la cifra de 67 colombianos, siendo el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, la víctima más lamentada y repudiada. Pero no debería ser así, pues la democracia muere con cada víctima que es asesinada por razones políticas, más allá de su afiliación partidista, su origen y posición social o su mayor o menor liderazgo público. Simplemente porque la vida de todas las personas en una democracia tiene igual valor y no tolera gradaciones de víctimas de primera o segunda categoría, así como el voto tiene igual valor para todos, independientemente de la riqueza o pobreza del elector, de su sabiduría o ignorancia. Por eso, sería no solo muy lamentable, sino realmente absurdo, inadmisible y condenable, que por la diferencia de unos cuantos votos se vaya a terminar cortando más cabezas colombianas después de conocerse los resultados este domingo. Sería la perdida total del sentido de las elecciones. Las urnas se convertirían en más tumbas y los votos de vida en sufragios luctuosos. En gran parte, ello dependerá de cómo ambos candidatos reciban los resultados del preconteo electoral, así como de la total imparcialidad y absoluta marginalidad del presidente Gustavo Petro durante dicho proceso.

Petro ante el juicio de la historia

Su intromisión no solo sería una grave violación de la Constitución, sino que negaría su condición de gobernante demócrata, como se precia de serlo y hasta ahora ha intentado demostrarlo, a pesar de su beligerancia verbal, intemperancia y críticas contra decisiones de altos tribunales, que cuestiona con frecuencia, pero siempre termina acatando y cumpliendo. Es justo reconocerlo, pues lo ha hecho sin atentar contra la autonomía e independencia de la rama judicial y menos introduciendo micrófonos y grabadoras en sus recintos, como impunemente lo ordenó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez contra la Corte Suprema de Justicia[iv] durante sus investigaciones y deliberaciones por investigaciones relacionadas con la parapolítica, que afectaron a gran parte de congresistas de su coalición de gobierno. No hay que olvidar que terminaron siendo condenados cerca de 60[v], entre ellos su primo Mario Uribe[vi] y Miguel de la Espriella[vii], familiar cercano de Abelardo. De otra parte, bien sabe el presidente Petro que no puede seguir el mal ejemplo del entonces presidente liberal Carlos Lleras Restrepo[viii], quien tuvo responsabilidad directa en la burla y el fraude electoral contra el general (R) Gustavo Rojas Pinilla y el triunfo de la ANAPO esquilmado ese 19 de abril de 1970, que a la postre dio origen al M-19 y su posterior ingreso a dicha organización como joven rebelde. No solo sería una insólita paradoja política, sino una negación de toda su fulgurante carrera como congresista opositor, alcalde de Bogotá y presidente de la República, que la historia no le perdonaría y cuyas consecuencias en el presente serían funestas. De allí que su llamado ayer en Cali a sus seguidores sea tan oportuno y valga la pena repetirlo: “Ningún ciudadano o ciudadana que haya defendido este Gobierno, que me haya hecho presidente, debe agredir a nadie el domingo. Nada, a nadie”. Por eso, deberá abstenerse de emitir opinión alguna sobre el resultado del preconteo electoral y esperar con prudencia la finalización del proceso de escrutinio, que definirá el próximo presidente de 2026-2030.

El preconteo electoral no es vinculante

De otra parte, los candidatos De la Espriella y Cepeda deberían hacer un pacto de caballeros en el sentido de no precipitarse a celebrar victoria, solo con el resultado que arroje el preconteo electoral, sobre todo si la diferencia entre ambos es de pocos votos, pues dicho preconteo no tiene fuerza vinculante y se debe esperar hasta que el escrutinio defina el ganador. Ambos deben contener la impaciencia por celebrar un triunfo prematuro. No hay lugar con el preconteo para celebrar victorias estridentes y mucho menos derrotas definitivas si las diferencias no son significativas e irreversibles entre ambos candidatos. Como en los partidos del mundial, solo cuando el árbitro da el pitazo final –en este caso cuando el escrutinio ha finalizado y la Registraduría oficialmente da un resultado– se podrá celebrar. Y como suele suceder, entonces los jugadores reconocen con serenidad el resultado, se estrechan las manos y se retiran tranquilos al camerino, esperando en el futuro una nueva oportunidad para la revancha deportiva. Un ritual que ambos candidatos deberían emular, evitando el ganador celebrar su victoria en forma estridente y menos ir a estimular a su equipo e hinchada a salir a las calles a humillar a los derrotados, pues ello derivaría en una batalla campal que arrasaría por completo el campo de juego de la democracia, poblándolo de víctimas mortales.

El triunfo de la Constitución

Para evitarlo, el candidato derrotado deberá, además de reconocer el resultado y felicitar al ganador, recordarle que por encima de ambos y de todos se encuentra la Constitución y que su triunfo no es absoluto y sin límites. Mucho menos que le confiere atribuciones para desconocer los derechos de los vencidos e imponer su voluntad y sus intereses por la fuerza y en forma arbitraria sobre los derrotados, ya sea en nombre de la Patria, del Pueblo o de las mayorías que dice representar. La democracia no tolera los abusos de poder y menos la soberbia y discrecionalidad sectaria y apasionada de un gobernante sin límites, extraviado en su megalomanía de salvador, defensor de la Patria o adalid de la Justicia Social, que amenaza con destripar a quienes se le opongan. En ese caso, instauraría una autocracia cacocrática, pues habrá robado y engañado la confianza de quienes lo eligieron creyendo en promesas y milagros irrealizables, como lo hacen los demagogos, los taumaturgos y quienes desprecian y violan la Constitución, empezando por su artículo 188 que obliga al presidente a “garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos”, pero sobre todo el artículo 1 que define a Colombia como un Estado Social de derecho y una Nación “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” y su complemento el artículo 13 que consagra  que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Solo garantizando el triunfo y la vigencia de la Constitución sobre todos y todas tendrá sentido celebrar el resultado de las elecciones, independientemente de quien sea el ganador. Por el contrario, si éste la desconoce y empieza a gobernar en forma autoritaria y arbitraria, imponiendo sus intereses y los de sus seguidores en forma violenta, a imagen y semejanza de un Trump tropical, todos habremos perdido, pues viviremos bajo una cacocracia: “un ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’)”[ix], que es lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica y se está revelando con el naufragio de MAGA en el estrecho de Ormuz.

[i] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-06-20/elecciones-colombia-2026-la-segunda-vuelta-de-las-presidenciales.html

[ii] https://diariodepaz.com/2018/10/10/por-un-pais-al-alcance-de-los-ninos/

[iii] https://www.infobae.com/colombia/2026/05/26/violencia-control-armado-y-desinformacion-marcan-la-alerta-por-riesgo-extremo-electoral-en-139-municipios/

[iv] https://www.infobae.com/america/agencias/2025/05/20/corte-suprema-ratifica-condenas-a-exaltos-cargos-del-gobierno-uribe-por-escuchas-ilegales/

[v] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[vi] https://verdadabierta.com/mario-uribe-escobar-la-caida-de-un-cacique/

[vii]https://www.elcolombiano.com/colombia/condenan-a-cinco-anos-de-carcel-al-excongresista-miguel-de-la-espriella-FD1959456

[viii] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[ix] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

Por Sergio E. Mosquera-Córdoba[1] (@SEMCordoba)

Hay momentos en que la neutralidad deja de ser prudencia para volverse una forma elegante de evasión. Esta segunda vuelta es uno de ellos. No lo digo porque cada votante de Abelardo de la Espriella sea fascista —no lo es—, ni porque la palabra deba esgrimirse como insulto contra cualquier derecha; esa ligereza ha empobrecido durante años nuestro debate público y conviene resistirla. Pero resistirla obliga, antes que nada, a devolverle al término su precisión. Fascismo no es alzar la voz, ni ser conservador, ni defender el orden, ni pedir mano dura. Fascismo es algo más específico y más grave: convertir la política en una guerra moral entre patriotas y enemigos, negarle legitimidad a quien piensa distinto, prometer la salvación de la patria por la vía de la fuerza, la purga y la obediencia, y señalar a una porción de la ciudadanía como un cuerpo extraño que hay que derrotar, expulsar o neutralizar para que la nación recupere una pureza que nunca tuvo.

Eso —con acento colombiano, con sus propios matices— es lo que esta vez está sobre la mesa.

Lo que encarna De la Espriella no es la derecha liberal, democrática y constitucional que compite dentro de las reglas del pluralismo y acepta perder. Es una derecha de cruzada. Habla de rescatar la patria, de derrotar “para siempre” al comunismo, de que la neutralidad equivale a complicidad, de defender la democracia —si hace falta— por la fuerza. No se limita a discrepar de Iván Cepeda: lo erige en encarnación del mal político. A la izquierda no la contradice; la nombra como amenaza criminal. Al centro no lo persuade; lo somete a un chantaje moral. Y no ofrece, en rigor, una alternancia, sino algo más ambicioso y más inquietante: una limpieza simbólica del país.

Ahí está el problema, y es un problema de gramática democrática antes que de programa. En una democracia constitucional el rival no es un enemigo interno: es un adversario legítimo. Se le critica, se le fiscaliza, se le investiga, se le derrota en las urnas y se le reemplaza. Lo que no puede hacerse —sin que algo esencial empiece a fracturarse— es convertirlo en plaga, en cáncer, en tiranía o en peligro existencial. Porque el día en que el lenguaje político deja de ver ciudadanos y empieza a fabricar enemigos, la violencia abandona el lugar de la anomalía y se instala en el de la consecuencia previsible.

Colombia no puede darse el lujo de fingir que ignora a dónde lleva ese camino, porque ya lo recorrió. Entre los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica fue exterminada: militantes de base, dirigentes, alcaldes, concejales, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados de manera sistemática, año tras año. No fue una desgraciada acumulación de homicidios sueltos, sino una operación de eliminación política sostenida en el tiempo, incubada en la estigmatización y en una premisa que circuló mucho antes que las balas: que una fuerza de izquierda no era una opción legítima dentro de la democracia, sino una infiltración que había que extirpar. La deshumanización precedió al crimen, y la autorización moral precedió a ambos. El plomo llegó de último.

Por eso la comparación no es un recurso retórico. Es una advertencia que la propia historia nacional ya pagó con sangre.

No estamos en los años ochenta, desde luego. El andamiaje institucional es otro, el sistema de partidos cambió y las formas de la violencia se transformaron. Pero la matriz discursiva resulta inquietantemente familiar: un caudillo que se ofrece como salvador, un adversario reducido a tiranía o a “comunismo criminal”, una invocación constante de la fuerza, una promesa de restauración moral y una ciudadanía partida en dos entre patriotas auténticos y cómplices de la ruina. Ese repertorio tiene nombre, y no es el de la simple “polarización”, ni el del “estilo recio”, ni el de la “campaña dura”. Es una versión contemporánea —de saco y corbata, de urna de cristal y camiseta de la selección— del fascismo político.

La inquietud crece cuando uno se asoma al universo intelectual del propio candidato. Muerte al Tirano no es una rareza de anaquel ni una boutade. Es una pieza que deja ver una manera de razonar el poder: bajo ciertas condiciones, dar muerte al tirano no sería un crimen, sino un acto patriótico. Sus defensores responderán que se trata de una reflexión histórica y jurídica sobre el tiranicidio, no de un manual operativo, y la distinción es pertinente; no la descarto. Pero junto a ella hay otra pregunta, estrictamente política, que no se puede esquivar: ¿qué significa que alguien que ha defendido esa tesis, que llama tirano a su contendor y que promete defender la democracia por la fuerza, aspire a controlar el aparato coercitivo del Estado?

No es la pregunta de un exaltado, sino una cuestión constitucional de primer año. El monopolio de la fuerza, en una democracia, no se le entrega a quien habla de la fuerza como si fuera un destino moral. Se entrega amarrado a límites, controles, garantías y reconocimiento del otro. La Presidencia no es una oficina administrativa: es la jefatura del Gobierno, el mando de la fuerza pública, la conducción de la política exterior y la custodia de buena parte del relato simbólico de la nación. En manos de un proyecto que parte al país en patriotas y enemigos, ese poder deja de ser una herramienta de gobierno para volverse un riesgo.

La primera vuelta, por lo demás, dejó un dato que debería bastar para enfriar cualquier fantasía de exclusión: Cepeda obtuvo cerca del 40,9 % de los votos, casi diez millones de personas. No son una célula clandestina, ni una metástasis que extirpar, ni el “comunismo criminal” del eslogan. Son ciudadanos, son pueblo, son Colombia. Cuando De la Espriella promete derrotar “para siempre” lo que Cepeda representa, no habla apenas de un rival de campaña: habla —por más que después intente suavizarlo— de esos diez millones de compatriotas que sencillamente piensan distinto.

Y aquí asoma la pregunta de fondo. ¿Qué clase de país se resigna a que casi la mitad de su ciudadanía sea tratada como sospechosa moral? ¿Qué democracia sobrevive cuando una parte se apropia de la patria y convierte al resto en amenaza?

La Constitución de 1991 contestó esa pregunta mucho antes de que nosotros la formuláramos. Colombia no se fundó, en términos constitucionales, sobre la obediencia, ni sobre la propiedad, ni sobre una moral única, ni sobre la seguridad entendida como valor absoluto. Se fundó sobre la dignidad humana. Y eso encierra una afirmación que no tiene nada de decorativa: que cada persona vale antes de obedecer, antes de producir, antes de creer, antes de votar, antes de encajar en el orden moral de nadie. La dignidad no se concede por adhesión política, no se gana a fuerza de patriotismo y no se pierde por disentir. Es el piso, no el premio.

De ese cimiento se desprende todo lo demás, empezando por aquello que la campaña ha querido reducir a un asunto de seguridad y que es, en el fondo, una cuestión de libertad. No la del mercado únicamente: la de ser. El proyecto de De la Espriella ofrece libertad máxima para el capital —menos Estado, menos impuestos, menos regulación, más propiedad, más aire para la empresa—, y es coherente al ofrecerla. La grieta aparece cuando la conversación se desplaza del mercado al cuerpo, de la empresa a la conciencia, de la propiedad a la identidad: ahí la libertad cede su lugar a la tutela. Sospecha hacia el feminismo, rechazo a la llamada “ideología de género”, defensa de una sola forma legítima de familia, resistencia frente a derechos que la Corte Constitucional ya reconoció y que hoy son cosa juzgada. La asimetría merece nombrarse con todas sus letras: libertad ancha para acumular, vigilancia estrecha para existir. Eso no es libertad constitucional; es libertad para unos y corrección para otros.

Otro tanto ocurre con el bienestar, palabra que todos pronuncian. La diferencia no está en prometerlo, sino en cómo se lo concibe: como derecho o como favor. El Estado social de derecho no se diseñó para repartir dádivas al arbitrio del gobernante, sino para garantizar pisos —salud, educación, mínimo vital, trabajo, protección de los más vulnerables— que no deberían depender de la generosidad de quien manda. Por eso recortar drásticamente el Estado mientras se jura proteger a los más pobres obliga a una pregunta incómoda: ¿quién responde por los que solo tienen Estado precisamente porque nunca tuvieron mercado? En los barrios populares, en el Pacífico, en la Colombia rural, en los territorios étnicos y campesinos, el Estado no es una abstracción de manual: es el hospital que falta, la escuela que aguanta, el subsidio que sostiene, la vía que nunca llega, el juez que ampara. Un Estado ineficiente se reforma; un Estado ausente no se puede recortar como si sobrara.

La paz corre una suerte parecida, y vale la pena ser justos con el atractivo de la promesa contraria. De la Espriella plantea una ruptura frontal con la negociación y con buena parte de la arquitectura transicional: con los criminales, dice, no habrá diálogo. A un país exprimido por la extorsión, el secuestro y las disidencias, esa frase puede sonarle a liberación, y sería deshonesto no admitirlo. Pero la experiencia colombiana enseña algo que incomoda: la paz no se decreta, se construye. La fuerza pública es imprescindible —nadie serio lo discute—; ocurre que la fuerza, por sí sola, no desactiva las causas que reproducen la guerra. El verdadero dilema no enfrenta la ingenuidad con la autoridad, sino dos maneras de entender la autoridad: una seguridad democrática sujeta a controles constitucionales y una seguridad concebida como licencia para arrasar con todo matiz. La primera protege sin vaciar el Estado de derecho; la segunda fabrica silencio, que no es lo mismo que paz. Colombia conoce de sobra la distancia que separa un territorio pacificado de un territorio reconciliado.

Con la justicia el patrón se repite, y otra vez con un reclamo legítimo de por medio. Hay una idea de justicia que se agota en el castigo ejemplar, en la cárcel y en la mano firme, y que conecta con un dolor verdadero: demasiadas víctimas sienten que el sistema nunca les respondió. Pero existe otra, más áspera y menos taquillera, que no renuncia a sancionar y a la vez comprende que en sociedades atravesadas por violencia masiva hacen falta verdad, reparación, reconocimiento y garantías de no repetición. Desmontar o deslegitimar la justicia transicional no es retocar una institución cualquiera: es alterar el modo en que el país decidió tramitar su propio pasado. La JEP, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica y los instrumentos restaurativos son criticables —ninguna institución escapa al escrutinio—, pero una cosa es corregir y otra muy distinta proclamar que son una farsa y prometer barrerlas. Un país que destruye sus mecanismos de verdad no se emancipa del pasado: se condena a litigarlo para siempre, y sin reglas.

Queda el territorio. El modelo económico que rodea al candidato vuelve a poner la extracción en el centro: petróleo, gas, minería, licencias más expeditas, expansión energética, aprovechamiento intensivo de los recursos. La discusión no se zanja con consignas verdes; Colombia necesita energía, empleo, inversión y equilibrio fiscal, y fingir lo contrario sería irresponsable. Pero el territorio no es una bodega de recursos a la espera de despacho. Es donde habitan pueblos, culturas, memorias, ecosistemas y generaciones que todavía no nacen. En un país pluriétnico y multicultural, hablar de “agilizar consultas” o “destrabar licencias” no es un tecnicismo administrativo: toca el corazón mismo del pacto de 1991. La consulta previa no es un trámite molesto, sino una garantía democrática de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y de las comunidades directamente afectadas. Cuando el desarrollo se piensa sin esas voces, deja de ser desarrollo y empieza a parecerse demasiado a una imposición.

Conviene recordar, llegados a este punto, que el fascismo rara vez comparece con el uniforme de los manuales. No necesita camisa negra ni brazo en alto para resultar reconocible; a veces se presenta envuelto en banderas, himnos, camisetas de la selección y discursos sobre la familia, la fe, la propiedad y la seguridad. No pronuncia la palabra “dictadura”: dice “orden”. No anuncia que recortará derechos: promete “recuperar valores”. No confiesa que perseguirá al adversario: jura “derrotar al comunismo”. No se reivindica autoritario: se proclama salvador de la patria. Cambia el léxico, no el mecanismo. Debajo siguen los mismos engranajes: una identidad nacional cerrada, un enemigo interno, un líder providencial, la promesa de una purificación y la disposición a usar la fuerza si la realidad se niega a obedecer.

Frente a algo así, el cálculo electoral no alcanza; hace falta una posición, y una posición a la vez política y moral. No una postura histérica ni sectaria, ni incapaz de admitir los errores del progresismo o los miedos legítimos de quien va a votar por la derecha. Una posición lúcida, más bien, capaz de sostener lo elemental: el fascismo no se normaliza, no se maquilla, no se rebautiza como “carácter”, “mano firme” o “coherencia”. Se enfrenta, y se lo enfrenta con los instrumentos de la democracia.

Nada de esto convierte a Iván Cepeda en un candidato impecable ni blinda su proyecto contra las preguntas. Tendrá que gobernar más allá del petrismo; ofrecer seguridad sin candidez; responder por los desaciertos del gobierno saliente; hablarles a los empresarios, al centro, a las iglesias, a las regiones que no se sienten oídas y a quienes temen que la izquierda confunda transformación con improvisación. Todo eso es cierto y todo eso es exigible. Pero esta elección no transcurre en abstracto: ocurre frente a una candidatura que ha hecho de la fuerza, la estigmatización y la restauración moral su lengua de poder.

De ahí que, en esta coyuntura, votar por Cepeda no equivalga sin más a votar por la izquierda. Es votar por mantener la democracia abierta: por que el adversario siga siendo adversario y no enemigo, por que los derechos no queden a merced del credo moral de quien gobierna, por que la seguridad no se transforme en licencia de persecución, por que la memoria de la Unión Patriótica no termine archivada como una lección que el país prefirió olvidar. Es votar, en suma, para no reincidir en esa secuencia tristemente conocida en la que primero se señala, luego se deshumaniza y al final se justifica la violencia.

A quienes se sientan ofendidos por el rótulo, vale la pena decirles algo sin estridencia: el problema no es la palabra, es el parecido. Si un programa habla como el fascismo, divide como el fascismo, amenaza como el fascismo y sueña, como el fascismo, con una patria homogénea, la obligación democrática no consiste en buscarle un eufemismo presentable. Consiste en nombrarlo.

Y nombrarlo, contra lo que suele alegarse, no clausura el debate: lo habilita. La democracia solo puede defenderse mientras conservemos la capacidad de distinguir entre una derecha democrática y una derecha que aspira a gobernar como cruzada; entre un adversario legítimo y un proyecto que convierte a media nación en enemigo; entre el orden constitucional y la pulsión autoritaria; entre la patria de todos y la patria de los obedientes.

El domingo, por eso, no se vota solo un presidente. Se vota la frontera moral de la democracia colombiana. Se vota si el país acepta que la mitad de sus ciudadanos sea tratada como amenaza o insiste en que también quienes piensan distinto son parte del mismo pueblo; si la libertad incluirá la libertad de ser; si el bienestar será derecho o dádiva; si la paz será transformación o silencio impuesto; si la justicia será memoria o venganza; y, en última instancia, si la dignidad seguirá siendo el cimiento del Estado o quedará rebajada a una moral de obediencia.

Hay que decirlo, entonces, sin rodeos: contra el fascismo no se guarda neutralidad. Contra el fascismo se vota. Y este domingo, la forma democrática de hacerlo tiene un nombre: Iván Cepeda.

El turno es nuestro.

[1] Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Magister en Derecho Constitucional. Especialista Internacional en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Especialista en Gerencia de Proyectos. Abogado

• —”¡¡Smithers, que es esta extraña sensación en el pecho!!”.
• —”Es su corazón señor, creo que volvió a latir”. (Escena de Los Simpsons)

La candidata Claudia López usó dos veces el término “mafiosongo” para referirse a las personas a las cuales representan el candidato Abelardo De La Espriella y su vice José Manuel Restrepo. Lo dijo en su cuenta de X y lo repitió en entrevista con María Jimena Duzán.

Sobre Restrepo, Claudia López afirmó: “El señor va a pasar a ser lo que todos los vicepresidentes: una figura de adorno que la ponen donde no estorbe. (…) Es una vergüenza que un tipo como José Manuel se preste para ser la cara de la mafia de Colombia. El que le lava la cara a un proyecto mafioso, sectario, machista, clasista, corrupto. La derecha tecnocrática de Colombia prefiere ser la careta de la mafia que va a gobernar que quedarse a hacer oposición y controlar eso”.

Fue más allá: “A la derecha colombiana le valen huevo las instituciones y la Constitución. Lo que quiere es defender unos privilegios (…) esto volverá a ser una corruptela de negocios como Trump (…) protegida desde el Estado”.

Tan grave como eso, dijo también que “vienen con un proyecto hegemónico de décadas, reaccionario, antiderechos, clasista, machista trumpista”.

De acuerdo con la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, la candidatura de Abelardo de la Espriella representa un peligro para las libertades. “La mafia del señor Abelardo las va a aplastar todas: la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad de crédito, la libertad política. (…) Es un señor que va a venir a matar a la gente de frente por ser opositora, sin asco”. (…) El señor Trump los ha ido matando políticamente uno por uno (…) Desde el poder Trump ha exterminado a toda la derecha republicana. Ese exactamente es el plan de Abelardo”.

Hay quienes creen que José Manuel Restrepo es el “rostro amable” de esa campaña. Es un tecnócrata que ya pasó por el gobierno de Iván Duque como su doble ministro de Hacienda y de Comercio, y no con pocas polémicas encima.

Del trino de la exalcaldesa, llama la atención que puso una foto del economista Restrepo junto a la icónica (¿lacónica?) imagen del famoso señor Burns, de la serie Los Simpsons, con su frente ancha, nariz aguileña y mandíbula superior prominente. Hay quienes tomaron esto como una burla a la apariencia física del vice.

No obstante, se parecen en sus profesiones. El señor Burns se matriculó en la Universidad de Yale, donde estudió administración de empresas. Restrepo es un economista bogotano, especialista en finanzas de la Universidad del Rosario.

El uno costeño y el otro cachaco, podría pensarse que Abelardo tuvo la sagacidad de escogerlo para darle un parte de tranquilidad a las elites bogotanas, pero lo cierto es que el vice no figura en el círculo íntimo del candidato presidencial, revelado por La Silla Vacía. Extrañamente, tampoco aparece ningún miembro de la familia Char.

Hay quienes creen que el verdadero poder detrás de De La Espriella son los Char y que, en consecuencia, el polémico abogado es la persona que podría hacerles realidad el sueño presidencial a los miembros de este clan político, según cuentan las periodistas María Jimena Duzán y Laura Ardila en un episodio del podcast A fondo. A mi modo de ver, una élite local está a punto de convertirse en el nuevo establishment colombiano, con tentáculos nacionales. Es posible que a esta hora se froten sus manos con mucha ansiedad, entre güisqui y güisqui.

Me di a la tarea de indagar donde se unen la realidad y la ficción, y encontré que en la forma de ser y comportarse, el detestable señor Burns es más parecido al candidato De La Espriella. Si ganan la elección el domingo, el tiempo lo dirá… y seguramente El Espectador también. Juzguen ustedes.

Biografía de un empresario codicioso e infeliz

Su nombre es Charles Montgomery Burns. Es el anciano infeliz, ricachón y poderoso de Springfield, transformado en el villano que utiliza el dinero como arma para hacer lo que le venga en gana (marranear diríamos en Colombia), pasando por encima de las autoridades. Su leal empleado, confidente y enamorado secreto se llama Waylon Smithers.

Restrepo hizo algo parecido: desafió una decisión judicial que le prohibía a los políticos hacer campaña usando la camiseta de la selección colombiana de fútbol. “La usaré cuando me dé la gana”, vociferó. 

Señas particulares del señor Burns: hombre tacaño, egoísta, codicioso, amargado y excéntrico multimillonario, dueño de la central nuclear de Springfield. Inescrupuloso como el que más, e insensible con sus empleados, encarna al empresario insaciable a la hora de incrementar su cuenta bancaria. En asuntos políticos es conservador y republicano; lo mismo puede decirse de un Abelardo trumpista con ciudadanía norteamericana y su vice, quienes ya dieron señales de su férrea defensa del empresariado colombiano antes que de la clase trabajadora. 

Dice La Silla Vacía: “El programa de gobierno tiene similitudes con los de presidentes referentes de De la Espriella como Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador (…) en los primeros días de su gobierno firmaría 90 decretos, haciendo un uso amplio del poder ejecutivo para implementar su propuesta”.

El candidato de Firmes por la Patria prometió reducir el Estado en un 40%, lo equivale a dejar a 700 mil personas en la calle, con lo que se anticipa el primer estallido social, como ocurre en Argentina, país donde la motosierra económica trajo recortes sociales, pobreza y descontento.

El señor Burns se frota las manos en señal de que trama algo terrible, y cuando le dice a Smithers “¡Suelte a los perros!”, significa que debe ahuyentar a las visitas indeseadas de su propiedad. El autodenominado Tigre dijo que destripará a la gente de izquierda, pero no ha contado el método que usaría de ser la Casa de Nari “su nueva propiedad”.

En Wikipedia se lee: “Un día se le presenta la oportunidad de vivir con un retorcido y cruel multimillonario, y el pequeño Monty no duda en abandonar a sus padres”. Por las redes sociales se viralizó un video en el que una señora monteriana acusa a Abelardo De La Espriella de pegarle a la mamá cuando era joven.

El señor Burns se crio en un ambiente tóxico donde maltratar a la gente y burlarse de los inmigrantes era el pan de cada día. Donald Trump —cuyo gobierno persigue a los inmigrantes, incluido el influencer colombiano Beto Coral—, respaldó públicamente la candidatura de Abelardo, por su postura firme para detener la inmigración ilegal.

Burns sirvió a la armada de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. (Abelardo ni siquiera prestó el servicio militar). Lo echaron del club de Peces Voladores por tratar de matar a su superior, Abe Simpson. Abelardo se hizo famoso al confesar que mataba gatos usando voladores, en tanto que el señor Burns tiene gustos estrambóticos como vestir con pieles de animales.

Mientras que el señor Burns acude a la iglesia, presume de sus bienes  y menosprecia a los más pobres, aunque a veces intenta en vano mezclarse con ellos, De La Espriella alardea de su riqueza cada vez que puede (es el primer candidato presidencial de la historia colombiana en tener jet privado), se volvió un ser creyente después de declararse ateo (el cierre de campaña lo hizo desde la Basílica del Señor de los Milagros en Buga) y si antes ofendió a los amantes del ajiaco santafereño y la changua bogotana, (yo entre ellos), luego reculó porque, según él,  eso fue “pura mamadera de gallo”.

Y es que, viéndolo bien, su candidatura presidencial parece más una tomadura de pelo, “un meme” la llaman en las redes sociales, no la propuesta seria de quien tendría ante sí la responsabilidad de conducir a un país hastiado de sus dirigentes, que no resiste más frotaditas de mano por parte de los poderosos.  

• “Los del gallinero pueden aplaudir, los de los palcos basta con que hagan sonar sus joyas”: John Lennon, cantante.

• “Enfermo está el mundo donde tener y ser significan lo mismo”: Eduardo Galeano, escritor.

• “Cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales”: John Maynard Keynes, economista británico.

El bienestar de unos pocos no es la prosperidad de todo un país, del mismo modo que ciertos ricos cuando hablan enseñan más sobre la desigualdad que cuando permanecen callados.

La riqueza jamás será un problema, sobre todo para quien la posee; la pobreza en cambio sí. Lo único malo de la riqueza es enrostrársela a los demás. El rico de cuna no alardea con eso. Ah, pero eso era en otros tiempos. En la era de Instagram la cosa es distinta. Exhibirse es parte del nuevo relato. No basta con ser sino que hay que parecer, para que los demás sueñen con llegar tanto alto como quieran.

Tengo en la retina aquella imagen polémica de la revista Hola edición Colombia del año 2011, en la que aparecían las, entonces, mujeres más poderosas del Valle del Cauca y en la misma fotografía, al fondo, dos empleadas del servicio, negras ellas, con sus impecables vestidos blancos sosteniendo las teteras de las que saldría el té para las señoras muy aseñoradas. La imagen causó revuelo.

Hoy ya nada sorprende. La esposa del candidato Abelardo de la Espriella soltó en público una de esas frases que usted soltaría en la sala de su casa, con o sin la empleada presente.

“Tenemos dos caminos: ganar o perder y bueno, si perdemos no pasa nada porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos, nuestros hijos, estamos en otro país. Si queremos vamos a Colombia, si no, no”, dijo en Semana Ana Lucía Pineda.

Todavía no entiendo por qué pasamos a la ligera ese episodio que revela el país clasista que somos, ese al que nada le importa, porque nada tiene que perder. Ni su jet privado, ni su triple nacionalidad, contando la italiana y la gringa.

“Ya tenemos una vida resuelta”. La frase resuena en mi cabeza. Es maravilloso y envidiable saber que se tiene una vida confortable y que eso jamás cambiará. ¿Qué malo podría pasarle a uno en la vida si ya todo está arreglado? Ni Dios, el Dios en el que ahora cree el exateo Abelardo, podría disponer otra cosa.   

De malas, eso sí, aquellos que no han resuelto nada en su vida, que los hay por millones en este mundo de desarrapados, que se levantan cuando todavía no ha amanecido para ir a buscar lo del diario, y regresan cuando ya anocheció. Aquellos que resuelven seis meses de alimentación con lo que otros gastan en una botella de ron, destapada y consumida en la misma noche. En La chinita, el barrio más pobre de Barranquilla, la gente se levanta a las 4:00 de la mañana para resolver cada día su vida. Un día a la vez, la lucha por sobrevivir ¡qué afán!

La inmensa mayoría de mujeres no tienen la dicha de Ana Lucia Pineda. No tienen criadas que eduquen a sus hijos, apellido con abolengo y menos un marido adinerado.

Pero, ojo, no estoy diciendo que los De la Espriella-Pineda tengan la culpa de que otros sean pobres o no hayan buscado la manera creativa de no serlo.

Su vida de privilegios no debe ser asunto de dominio público. Públicos, en cambio, son los comportamientos de un hombre público. ¿Qué pensaba la señora Analú cuando su marido le pedía a la periodista Laura Rodríguez, de Piso 8 Fm, opinar sobre su paquete? Al final, la reportera, no dijo nada sobre lo que aquel preguntó y debe ser, como dicen, porque no vio nada extraordinario. Un juez, en cambio, vio en ello una conducta reprochable y le pidió al candidato disculparse.

• “Soy, definitivamente, un antimachista. El machismo es cobardía, falta de hombría”: Gabriel García Márquez, escritor.  

• “El machismo es lo que más detesto en este mundo. Toda mi obra es una condena larga y constante de esa actitud, porque el machismo es la peor desgracia que tenemos en América Latina y particularmente en el Caribe”. Gabriel García Márquez, escritor.  

¿Qué piensa ella, la administradora de empresas con la vida resuelta, cuando tildan a su marido de misógino, machista, homófobo, atarván, fantoche, fascista, etcétera…? El machismo de Abelardo de la Espriella se evidencia en el círculo intimo que lo rodea. No hay una sola mujer (¿acaso una oda a la manosfera?), pero peor que eso: escondió a los mismos de siempre con los que gobernará, empezando por Álvaro Uribe y César Gaviria; no hablemos ya de los señores Char.

¿Qué siente la señora Ana Lucía cuando ve a su esposo humillar a otras mujeres en público? Yo, con morbosa curiosidad, me pregunto si también es así en privado o es solo parte de su show electoral, que no lo creo.

Quienes tenemos amigos costeños, sabemos cómo el machismo es algo cultural, más no la regla. Porque los hay que hablan bien de sus paisanos. Gabriel García Márquez, por ejemplo, no solo puso a las mujeres en el centro de su obra, sino que las consideraba las más aptas para gobernar a Colombia.

Decía Gabo “Los hombres no servimos para gobernar este país. Servimos para pintar, para escribir, para jugar fútbol… Hay grandes talentos médicos, grandes talentos del narcotráfico. Hay grandes talentos del bien y del mal. Todos son muy buenos en cada una de las especialidades. En lo único en que hemos sido malísimos es en gobernar el país. La salida son las mujeres. Probemos con una mujer”.

De Pilar Rueda, la esposa de Iván Cepeda, sabemos que es antropóloga de la Universidad Nacional, con una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz con énfasis en Derechos Humanos, Justicia y Género de la Universidad de Notre Dame. Trabajó para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como investigadora en temas de violencia sexual, derechos de las mujeres y protección de víctimas, en el marco del conflicto armado.

“En esta elección está en juego la libertad de ser”, le dijo Pilar Rueda al diario El País.

“Seamos activas, mujeres, y decidamos”, dijo Ana Lucía Pineda en Semana.

El 21 de junio se elige no un presidente. Elegimos entre dos Colombias, en la que una en nada se parece a la otra. Y, como dije en otra entrada de este blog, de lo que se trata es de reconciliar esas dos naciones tan desiguales, sin necesidad de sacarle las tripas a nadie. Porque lo malo no es la riqueza material de unos, sino la pobreza espiritual de la mayoría.