Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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1º. El ser humano hace la historia, puede cambiar la realidad en la que vive, tal como pensó Gramsci, quien sostuvo: “La historia como acaecimiento es pura actividad práctica”, es decir, la voluntad colectiva, común, produce transformaciones, no solo en el nivel económico, sino en el nivel cultural, intelectual y moral. Tener conciencia de la historia como creación típicamente humana es un punto de partida fundamental para evitar la indiferencia, la resignación, el conformismo y la claudicación ante el presente, pues el porvenir siempre es abierto. El materialismo histórico o, lo que es lo mismo, la filosofía de la praxis, concibe al humano como un protagonista de su propia historia. Es una filosofía o concepción elaborada del mundo que, por medio de la acción política, deviene historia viva. De esta manera se rechaza el optimismo neoliberal del fin de la historia que paraliza el pensamiento y la acción y que pretende inculcarnos la idea del fin del futuro.

2º. El análisis debe partir de “lo que hay”, del mundo que se tiene, de la situación de la infraestructura con sus relaciones de producción, situación económica, grupos de interés, empresas, etc., sin caer en el determinismo económico, pues, en estricto sentido, la disputa por la economía ya es una disputa política. Gramsci decía: “Lo que determina la acción política no es la estructura económica, sino la interpretación que se dé de esta y de las llamadas leyes que rigen su desarrollo. Estas leyes no tienen nada de común con las leyes naturales”. El sujeto no está determinado por su posición de clase, no es ésta la que le otorga la autoconciencia, pues el sujeto político no se constituye como tal antes del conflicto político, sino justamente gracias a él. Igualmente, “lo que hay” requiere pensar en las fuerzas políticas, sus intereses, sus luchas, las tendencias hegemónicas, las ideologías; así como en la correlación de las fuerzas militares y la geopolítica.

3. La política consiste en una batalla intelectual, cultural y moral que disputa el sentido común (opiniones, creencias, supersticiones, prejuicios, valoraciones, certezas, en fin, la concepción del mundo de la gente) de la sociedad. El sentido común es generalmente conservador, contiene visiones retrógradas del mundo, es un abecedario mental con el que nos movemos en la realidad, con el que la interpretamos; el sentido común es misoneísta, pero puede contener un núcleo crítico, un buen sentido que se manifiesta en nuestras prácticas, muchas veces en contra del sentido común dominante. Ahora, la lucha cultural consiste en una guerra de posiciones donde se va avanzando en el terreno de la sociedad civil, conquistando lugares, derrumbando sus fortificaciones, conquistando porciones de sentido, tomando ideológicamente a la sociedad. Desde luego, como toda batalla, implica luchar contra la cultura del adversario. Y en esa tarea el análisis de sus discursos ideológicos, de su literatura, de su propaganda, de los contenidos de la radio, de la televisión, del cine, de su teatro y hasta de sus fiestas etc., es fundamental. Hoy, básicamente, la sociedad es un campo de batalla por la conquista de la atención y en la búsqueda del consentimiento de las grandes más. Y en esa tarea llegar a las masas a través de los artefactos culturales es clave, es imperioso e implica un trabajo permanente.  

4. En la lucha por conquistar el sentido común se requiere partir de lo “que hay”, criticarlo, elaborarlo y “superarlo” en una visión nueva de sociedad (o nueva concepción del mundo) que se debe difundir y consolidar por medio de la propaganda, la discusión, la seducción, la persuasión, el trabajo cultural, etc. Como ha dicho Boaventura de Sousa Santos: “esa lucha tiene lugar en la educación formal y en la promoción de la educación popular, en los medios de comunicación, en el apoyo a los medios alternativos, en la investigación científica, en la transformación curricular de las universidades, en las redes sociales, en la actividad cultural, en las organizaciones y movimientos sociales, en la opinión pública y en la opinión publicada. A través de ella se construyen nuevos sentidos y criterios de evaluación de vida social y de la acción política”. Entonces, se trata de vencer, superar el sentido común hegemónico, dominante, elevarlo al concepto, esclarecerlo, y construir una nueva filosofía democrática que, con la mediación de los intelectuales, pretenda convertirse en un nuevo sentido común que, a la vez, se convierta en “norma de vida”, que devenga acción práctica cotidiana.

Por ello, hay que dialogar con la cultura popular, extraer de ella sus puntos críticos, emancipadores, positivos, que contribuyan a la pelea por la conquista de la hegemonía. Pero debe tenerse en cuenta que destruir el sentido común de la clase dirigente, oligárquica, señorial, aristocrática, corrupta, etc., y cambiarlo por una concepción del mundo que defienda lo común (tierra, agua, aire, conocimiento, intereses colectivos) toma tiempo, y requiere trabajo con las “gentes sencillas”. Se trata de un humanismo plebeyo como dice Luciana Cadahia. Para lograrlo, es necesario el trabajo social, la militancia, la educación popular, el trabajo en cultura política, pues las ideas progresistas, novedosas, etc., no ganan la aprobación de la gente de un momento a otro.

5. Sustituir una vieja concepción del mundo, por ejemplo, la neoliberal, basada en el darwinismo social, el exitismo, el egoísmo, la competencia, la destrucción de la naturaleza, la mecanización de los procesos vitales en la sociedad del frenesí, etc., requiere deconstruirla y sustituirla por un nuevo sentido común, que, por ejemplo, esté afincado y constituido por otros valores y prácticas. Se trata de una rebelión de los instintos vitales contra la tanatopolítica que devasta y arruina nuestro mundo. En esas luchas se puede recoger y aprender de la tradición, recoger los sedimentos revolucionarios y los restos de libertad y dignidad aún no realizados en la historia de las luchas emancipatorias, como pensaron algunos miembros de la Escuela de Frankfurt y en nuestro medio colombiano Orlando Fals Borda.

6. Lo anterior exige la política. El fin de esta es crear una nueva hegemonía, materializarla, mantenerla y reproducirla. Solo así se crea una nueva sociedad. La política es el arte de seducir y convencer para que los nuevos intereses de un grupo o partido se impongan en la mayoría de la sociedad y reciban el respaldo de la gente. En eso consiste que una determinada idea, visión del mundo o programa político se torne hegemónico. La hegemonía es el paso de lo particular y de los intereses económicos-corporativos a una universalidad que recoge esos intereses y los identifica con los de toda la sociedad, de tal manera que la mayoría los asuma como propios. Por eso, no hay hegemonía sin universalización de posturas emancipatorias. Ahora, la contienda por el poder y por ganar la dirección de la sociedad se da no solo a nivel de la sociedad política (parlamentos, sistema electoral, poder ejecutivo) sino especial y principalmente en el campo de la sociedad civil, es decir, en las organizaciones políticas, sindicales, educativas, grupos ambientales, movimientos pro LGBTI, grupos religiosos, movimientos culturales e intelectuales, organizaciones u ONG´s en defensa de los derechos humanos. La sociedad civil es, entonces, el campo de batalla ideológica por la obtención del consentimiento y el consenso.

7º. En la lucha antagónica por la hegemonía es fundamental el papel de los intelectuales, de los estratos más conscientes, en pleno contacto con la sociedad. Es así como se puede elaborar, en la retroalimentación con los sectores subalternos, una visión más coherente y sistemática de la realidad. Por eso, los intelectuales son fundamentales en la construcción de la ideología, entendida no como falsa conciencia, sino como un conjunto o sistema de ideas que encarnan una visión específica de sociedad. Esas ideologías tienen poder de identificación y de movilización de afectos en pro de la construcción de una nueva concepción del mundo. Aquí, la ideología es el cemento o pegante que cohesiona a los grupos que representan las alternativas políticas. Sin ideología no hay, entonces, hegemonía.  Y esta hegemonía presupone la ideología, implica la creación de “un bloque social” no solo como sujeto político, sino como una unidad intelectual y moral donde teoría y práctica han convergido, donde se da esa unidad. Eso ocurre cuando la gente encarna una concepción del mundo, lo vive y lo materializa en sus prácticas cotidianas. 

8. La construcción de hegemonías es una tarea permanente, pues esta nunca es absoluta, ni totalizante, de tal manera que no clausura lo social, ni totaliza la realidad; mucho menos elimina una de las características fundamentales de las sociedades actuales: el conflicto y el antagonismo. Aquí no hay paraísos, ni fin de la historia, solo un devenir conflictivo de lo social. El objetivo es construir un nuevo orden donde haya un nuevo bloque dirigente, producto de una voluntad colectiva nacional-popular que es, a la vez, una unidad intelectual y moral como nueva forma de vida.

9. El pensamiento de Gramsci no es un dogma, ni un catálogo de conceptos o recetas para el cambio social. No. Es una caja de herramientas útiles donde es lo real-concreto y su análisis el que enriquece la teoría y, ésta, a su vez, permite ampliar la comprensión de la realidad favoreciendo la praxis colectiva. Importante es resaltar el gran papel que Gramsci le da a lo político sobre lo económico, su antideterminismo y anti-economicismo, su crítica de la toma del poder, la reciprocidad dialéctica entre estructura y superestructura, la relevancia de la cultura y el trabajo cultural, el papel dado a la lucha, el conflicto y el antagonismo social, la importancia de articular una visión de mundo con un nuevo lenguaje político que conquiste a las grandes mayorías para así construir otro mundo posible. Es por estas razones que Gramsci está de vuelta.

El oficio de “Neutralizar”

Por eso confía a la Fuerza Pública esa misión heroica de combatir, disparar y matar, que en lenguaje oficial y de los noticieros hoy llaman neutralizar. Neutralizar es un eufemismo más apropiado, pues permite reconciliar –vaya ironía más letal– a los pacifistas neutrales que exigen el fin de conflicto armado con los beligerantes belicistas situados en su vórtice, que desde hace más de medio siglo están a un tiro de ponerle fin. Mientras tanto, los civilistas gobernantes, como De la Espriella y su más admirado antecesor, Álvaro Uribe Vélez, se resguardan en un sofisticado entramado de normas e incisos para quedar a salvo de toda responsabilidad por sus órdenes mortales. Una vez estas son impartidas y cumplidas por los Generales y la alta oficialidad, los presidentes quedan exentos de toda responsabilidad. Los malos del paseo, entonces, resultan ser los militares, pero sobre todo los subalternos que dispararon y se excedieron en el cumplimiento de sus funciones. Es una tradición que viene desde la más rancia civilidad, como bien lo expresó Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria en 1958 ante la oficialidad de las Fuerzas Militares, ad portas de ser el primer presidente del Frente Nacional: “Es muy peligroso que se desobedezca una orden, que, por insensata que parezca, ejecutada por cien o mil hombres con rigurosa disciplina puede conducir a la victoria o minimizar el desastre… La preparación militar requiere, pues, que el que dé las órdenes haya aprendido a darlas sin vacilar, y tenga, hasta donde es posible, todo previsto, y que el que las recibe las ejecute sin dudas ni controversias”.

El Palacio del Horror, no del Honor Militar.

Quizá esta tradición de obediencia ciega, poco civilista y menos democrática, explique en parte acontecimientos tan brutales y criminales como los del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Una tradición de la que también participaron quienes portaban uniformes en las filas de la insurgencia, pues no de otra forma se puede comprender un asalto tan delirante y terrorífico como el ejecutado por el M-19, con un desenlace todavía más cruento y letal, precipitado por quienes constitucional y legalmente deberían haber actuado cumpliendo principios, normas y límites fijados por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, que aprendieron en su formación en las academias militares. En ambos bandos, tanto el estatal, precedido por Belisario Betancur, como comandante de las Fuerzas Armadas y la contraparte insurgente del M-19, bajo el mando de Alfonso Jacquin, no hubo rastro de honor militar, pues fueron responsables del asesinato de cerca de 100 civiles inermes y la desaparición de al menos una docena. Es peor aún que 41 años después continúe imponiéndose un relato de heroísmo por cada parte, en lugar de reconocer sin ambages los horrores cometidos. Ello está presente en la memoria colectiva que se divide entre los defensores a ultranza de los guerrilleros asaltantes por su osadía y, de otra parte, la valentía de los militares que los derrotaron y aniquilaron, así fuera con tiros de gracia y desapariciones, como la de Irma Franco Pineda. Lo más deplorable de esta memoria belicista, es que hoy continúa viva, como se aprecia en el paseo presidencial del Tigre en medio de cadáveres de “narcoterroristas neutralizados” y su grito triunfal de “Firmes por la Patria” y “Viva Cristo Rey”. A esto se añaden ingredientes todavía más radicales e incontrolables como la fe y el patriotismo para la prolongación y degradación del conflicto armado, a los que se suman la inestimable ayuda de Maga, el Escudo de las Américas y la inteligencia de agencias y asesores del Estado israelí.

¿Un orden terrorista?

Por eso no solo es absurda e indignante la orden del presidente De la Espriella para que la Cancillería y la Embajada de Colombia en Washington asuman la defensa del coronel retirado Alfonso Plazas Vega en los Estados Unidos, ante hechos tan criminales, vergonzosos y dolorosos como la salida con vida del Palacio de Justicia del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Uran. Salida de la cual hay registro fílmico y más de un testimonio de periodistas que lo conocían y lo vieron caminando herido, apoyado en soldados, para luego ser encontrado su cuerpo sin vida y con signos de tortura en el interior del Palacio de Justicia. Una orden presidencial, justificada además con el pretexto de defender a “un héroe de la Patria”, lo que apenas es comparable con que se hubiera tolerado nacionalmente que, por iniciativa del presidente Petro, se realizará un homenaje de desagravio al M-19 por su acción terrorista, en aras de la reconciliación nacional. No se puede llegar a semejantes extremos de cinismo y negación de la realidad, cuando ya el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de dichos crímenes. Negarlo es volver a validar la absurda explicación del entonces coronel en ejercicio, Plazas Vega, al decir “que estaba manteniendo la democracia” y la independencia de las ramas del poder público, mientras el Palacio de Justicia ardía y la cúpula del Poder Judicial estaba siendo decapitada. De llevarse a cabo esa defensa en nombre del Estado, podría significar, ni más ni menos, la continuidad y repetición de hechos semejantes, arguyendo de nuevo salvar la integridad del Estado de derecho y la democracia, pero en la práctica afianzando un orden de terror oficial y de impunidad absoluta.

¿De la “Patria Milagro” al Oeste salvaje?

En tal caso, no cabría hablar de “Patria Milagro” sino más bien de un “Oeste Salvaje” por la exaltación de héroes que no honraron sus uniformes, ya que los mancillaron con crímenes inexcusables, como sucedió con miles de falsos positivos y los desaparecidos del Palacio de Justicia, respaldados por inmunes e impunes presidentes que ostentan sin mérito el calificativo de civilistas y demócratas. Todo ello, hay que reconocerlo, gracias a los votos y el respaldo de millones de “ciudadanos de bien”, la impostura y complicidad de una tramoya de gremios empresariales, medios de comunicación e incluso la inteligencia de destacados ensayistas y académicos que ponderan la supuesta tradición civilista y democrática de la Fuerza Pública y del Ejecutivo, como lo hizo Eduardo Pizarro en reciente entrevista con Patricia Lara para le revista CAMBIO. Por eso, para impedir que ello siga sucediendo, necesitamos más ciudadanos comprometidos con el rescate de la democracia y la civilidad y menos “héroes militares” condenados a morir y matar en una guerra interminable como la emprendida contra las drogas, prolongada y dinamizada por millones de consumidores y adictos en todo el mundo. Requerimos más inteligencia civil y menos brutalidad militar. Más autonomía y soberanía nacional, en lugar de dependencia y sumisión a mandatarios de Estados genocidas, como el estadounidense y el israelí.

Más civiles rescatistas sin armas

Especialmente, precisamos de esos miles de ciudadanos que respondieron al devastador terremoto en forma solidaria, con acciones valerosas, esas sí heroicas, sin más armas que sus manos y su arrojo para salvar ciento de vidas de los escombros. Sería algo demasiado lamentable que, por miedo o peor aún en nombre de prejuicios, fanatismos políticos o religiosos, la defensa de sus intereses económicos o incluso en nombre de Cristo Rey, muchos de esos héroes civiles anónimos crean ahora que su seguridad dependerá de tener un arma de fuego. Entonces corran a comprarla al flexibilizarse su porte y eventualmente procedan a “neutralizar”, con la mejor buena conciencia y en nombre de su “legítima defensa”, a quienes consideren sus agresores o posibles enemigos. Valdría la pena que mejor comprarán y leyeran el libro Un país bañado en sangre de Paul Auster en el que nos informa, en la página 170, que “millón y medio de norteamericanos han perdido la vida a balazos desde 1968: más muertes que la suma total de todas las muertes sufridas en guerra por este país desde que se disparó el primer tiro de la Revolución Norteamericana”, precisamente por la facilidad con que compran, portan y disparan sus armas muchos ciudadanos de bien y sus jóvenes hijos.

Si bien, existen varios mecanismos alternativos sobre Solución de controversias (como el arbitraje y la conciliación), tales como la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras o Convención de Nueva York (1958); la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (1966); la Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional (2002), entre otros; es una muy buena noticia, que la Convención de Singapur entre en vigor para Colombia.

La Convención fue aprobada mediante la Ley 2309 del 02 de agosto de 2023 y declarada exequible mediante la Sentencia C-418 del 3 de octubre de 2024. En virtud de lo previsto en el artículo 14 de la Convención, la misma entra en vigor seis meses después de la fecha del depósito del instrumento de ratificación, vale decir, que Colombia lo depositó en la Secretaría General de las Naciones Unidas el 12 de marzo del 2026 y, por lo tanto, hoy 12 de septiembre de 2026, entra en vigor para nuestro país, lo que nos convierte en el número 21 de los Estados Parte^[1].  

La Convención, como su nombre lo indica, promueve la Mediación como un método alternativo para la solución de las controversias (MASC), brindando carácter vinculante a acuerdos privados que alcancen las partes mediante lo que podemos llamar un pacto o transacción.^[2]

¿Cuál es entonces el valor agregado de la Convención frente a otros mecanismos existentes de solución de controversias? 

Tanto la Mediación como la Conciliación son mecanismos para la resolución de controversias que recaen sobre derechos discutibles y transigibles. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es el órgano legal principal del sistema de las Naciones Unidas en el campo del derecho comercial, ha considerado que Mediación y Conciliación son conceptos similares o intercambiables^[3]. En el ordenamiento jurídico colombiano son mecanismos que han tenido diferente desarrollo normativo. La conciliación ha sido ampliamente desarrollada desde el año 1991, y a la mediación se le han otorgado efectos jurídicos en normas como la Ley 1801 de 2016^[4] (Código Nacional de Policía); la Ley 906 de 2004^[5] (Código de Procedimiento Penal) y el Decreto 915 de 2017^[6] (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado).

La Convención, que según su artículo primero, es aplicable a todo acuerdo resultante de la mediación que haya sido celebrado por escrito por las Partes con el fin de resolver una controversia comercial (“transacción”) y que al momento de celebrarse sea internacional, resalta en el preámbulo que el uso de la mediación produce beneficios importantes, como disminuir los casos en que una controversia lleva a la terminación de una relación comercial, facilitar la administración de las operaciones internacionales por las partes de una relación comercial y dar lugar a economías en la administración de justicia por los Estados.

En un mundo en el cual las transacciones comerciales internacionales son diarias es de la mayor importancia reafirmar la ventaja de contar con un sistema comercial intencional basado en reglas, entre ellas, procedimientos adicionales al litigio y al arbitraje, como la mediación, que siendo ágil permite tramitar las controversias. El efecto positivo es doble, pues cuando se brinda seguridad jurídica en Estados (con sistemas económicos y ordenamientos jurídicos diferentes), se fomentan a la vez las inversiones privadas de capital y precisamente, la Convención procura la armonización legislativa de las reglas sobre comercio internacional en un aspecto definitivo como es el de la resolución pacífica de los conflictos que de allí surgen.

La Convención conlleva ventajas que desde su entrada en vigor internacional son evidentes:

• Permite que un acuerdo de conciliación internacional alcanzado por las partes comerciales pueda aplicarse o invocarse con un procedimiento simplificado y ágil. Sin ello, los acuerdos de conciliación tendrían que hacerse cumplir como contratos ordinarios a través de procesos judiciales onerosos y largos.
• Promueve el comercio internacional, ya que las partes saben que cuentan con mayor seguridad al tener la mediación como una opción adicional a la del arbitraje o el litigio, para resolver sus disputas comerciales.
• Se fortalece el acceso a la justicia y la certeza jurídica.
• La mediación no se contrapone al arbitraje, e incluso se complementan, ya que las partes pueden intentar la mediación dentro de un proceso de arbitraje, es decir, el proceso puede dar como resultado un acuerdo mediado que se ejecute bajo la Convención de Singapur o un laudo arbitral que se ejecute bajo la Convención de Nueva York.

Cuando las partes podían resolver disputas mediante la mediación, no se tenía una manera uniforme de hacer cumplir el resultado en diferentes jurisdicciones por lo que en muchas ocasiones no se optaba por la mediación para resolver disputas internacionales, con la Convención ese obstáculo se disipa y además por la Convención, los acuerdos que resulten de la mediación son ejecutables.

Así, en el mundo de las transacciones comerciales cada vez más se utilizan acuerdos de mediación independientes o se encuentra la mediación en las cláusulas de resolución de disputas, (antes de llegar al arbitraje o al litigio) y la Convención de Singapur les da a estas cláusulas un valor práctico.  La aplicación de la Convención resulta crucial en la promoción de una cultura, en el mundo del comercio y la economía internacional, que favorezca la resolución amistosa de los conflictos lo que a su vez contribuye a preservar las relaciones, los socios y los negocios internacionales, así como a fomentar la inversión extranjera.

* Margarita Eliana Manjarrez Herrera es abogada egresada de la Universidad de los Andes en Bogotá, con maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Funcionaria de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia, ha sido directora de Asuntos Migratorios y Consulares, directora de Control Interno, jefe de Tratados, coordinadora en Derechos Humanos, cónsul en Nueva York, cónsul en Berlín, consejera en la Misión de Colombia ante la OEA, embajadora de Colombia en Israel, directora de Organismos Regionales y actualmente, es la embajadora de Colombia en la República de Singapur.

[1] Jurisdiction Profiles | Singapore Convention on Mediation

[2] Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación. Artículo 1. Ámbito de aplicación 1. La presente Convención será aplicable a todo acuerdo resultante de la mediación que haya sido celebrado por escrito por las partes con el fin de resolver una controversia comercial (“acuerdo de transacción”) y que, en el momento de celebrarse, sea internacional debido a que:

a) Al menos dos de las partes en el acuerdo de transacción tienen sus establecimientos en Estados diferentes; o

b) El Estado en que las partes en el acuerdo de transacción tienen sus establecimientos no es:

i) El Estado en que se cumple una parte sustancial de las obligaciones derivadas del acuerdo de transacción; o

ii) El Estado que está más estrechamente vinculado al objeto del acuerdo de transacción.

[3] ‘Mediación’ es un término que se utiliza ampliamente para hacer referencia a un proceso en que las partes solicitan a un tercero o terceros que les presten asistencia en su intento de llegar a un arreglo amistoso de una controversia derivada de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o vinculada a ellas. En los textos ya aprobados y demás documentos pertinentes, la CNUDMI utilizó el término “conciliación” en el entendido de que los términos “conciliación” y “mediación” eran intercambiables. Al preparar el texto modificado de la Ley Modelo, la Comisión decidió utilizar en cambio el término “mediación” para tratar de adaptarse al uso que efectivamente se hace de estos términos en la práctica y con la expectativa de que el cambio facilite la promoción de la Ley Modelo y aumente su visibilidad. Este cambio en la terminología no tiene consecuencias de fondo ni conceptuales”. https://undocs.org/sp/A/CN.9/WG.II/WP.205.

[4] “ARTÍCULO 231. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE DESACUERDOS Y CONFLICTOS DE CONVIVENCIA. Los desacuerdos y los conflictos relacionados con la convivencia pueden ser objeto de conciliación y de mediación, sólo en relación con derechos renunciables y transigibles y cuando no se trate de situaciones de violencia”.

[5] “ARTÍCULO 523. CONCEPTO. Mediación es un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado, conforme con el manual que se expida para la materia, trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el conflicto que les enfrenta. La mediación podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; realización o abstención de determinada conducta; prestación de servicios a la comunidad; o pedimento de disculpas o perdón”.

[6] “ARTÍCULO 1 numeral (xii) Participar en los Comités de Conciliación de las entidades u organismos del orden nacional, cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional”.

“Paz Total” y “Patria Milagro”, tan lejanas y cercanas.

Ese principio de realidad hobbesiano no lo tuvo en cuenta desde el comienzo de su gobierno el expresidente Gustavo Petro y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde y la “Paz Total” terminó siendo un horror fatal que dejó al menos 65 menores de edad muertos en bombardeos contra campamentos guerrilleros, según reporte de Medicina Legal[i]. Paradójicamente, esa “Paz Total” tan bien intencionada, que partía de un supuesto falso, la buena voluntad de numerosos grupos armados interesados en hacer tránsito a la vida civil y dejar la guerra, terminó engendrando su antítesis, la “Patria Milagro” y una especie de presidente teratológico-converso, que se cree un Tigre enviado por Cristo Rey para salvar a Colombia del narcoterrorismo. Por eso la “Paz total” está tan cercana de la “Patria Milagro”, pero también tan lejana. Así lo ha anunciado el Tigre desde el día de su posesión, en medio de una ceremonia que fusionó la fe con la fuerza, recordándonos esa alianza sangrienta entre la Cruz y la Espada, que se rompió transitoriamente con el nacimiento de la República, pero que luego se prolongó durante todo el siglo XIX y hasta nuestros días. Solo que ahora lo hace bajo formas más discretas y complejas, pero no menos sangrientas, mezclando los intereses legales e ilegales con los valores más excelsos, como la codicia con la fe y la violencia con la seguridad.

Una santidad felina y belicosa

De la Espriella lo reafirmó con fe y fuerza ante las tropas en el campo de maniobras del Cantón Pichincha en Cali: “Quien está de rodillas ante Dios, nunca será vencido”. Pero la verdad, es que el Tigre bien sabe que con la fe no solo se gana la guerra, aunque la utilice para ello, si antes no se postra de rodillas ante Trump, como Señor supremo de la Guerra, con toda la parafernalia de su complejo industrial militar y modernas tecnologías para derrotar el narcoterrorismo. Por eso, como un César triunfante y pleno de buena conciencia, ahora recorre como un Tigre depredador los cuerpos exhibidos de bandidos dados de baja, entre los cuales ya figuran por lo menos 4 menores de edad. A ese ritmo, en pocos meses superará el número de bajas de la “paz Total”. Ese exhibicionismo tanático lo complementa con la figura paternal de un presidente que auxilia a niños enfermos y prodiga ayudas generosas a familias damnificadas del terremoto, proyectando así una síntesis perfecta de vengador y salvador. Para asegurarse esa aureola de converso y hombre piadoso, realiza actos de consagración de su gobierno a la virgen de Fátima en la plaza de Bolívar y entrega “la Nación a Cristo” [ii]. Todas estas puestas en escena, cotidiana e intensamente difundidas por los noticieros y la gran prensa, difuminan por completo su pasado de pagano y de sibarita hedonista, exhibido en forma orgullosa y ostentosa en su entrevista con María Elvira Arango en su programa “Los Informantes”, realizado hace siete años, que puede verse en el enlace[iii] que aparece al final.

Una conversión milagrosa

Para completar esa conversión milagrosa, el penalista que ayer defendía delincuentes de cuello blanco y criminales de guerra en tránsito a la vida civil a través de la Fundación Iniciativas para la Paz (FIP)[iv], cuyo bufete en Miami además está siendo investigado por presunto lavado de fortunas ilegales[v], ahora se convierte en un perseguidor implacable del crimen con la ayuda de los dos Estados más belicosos y sus respectivos gobernantes, incursos en procesos por corrupción, crímenes de guerra y genocidio, como lo son Trump y Netanyahu. Estamos, pues, a punto de un milagro extraordinario, más que fantástico, ahora los gobergánsteres que presiden Estados genocidas se embarcan en guerras hibridas contra narcoterroristas en nombre de la seguridad, la libertad, la defensa de la democracia y hasta los más sagrados valores y creencias cristianas. Desdicen de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consideran la matriz de una decadente cultura Woke que debe ser erradicada, mediante una batalla cultural implacable contra quienes reivindican fantasmagorías como el Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos, junto a la igual dignidad de todos los seres humanos.

El Armagedón de la “Patria Milagro”

Y en el vórtice de este Armagedón en que miden sus fuerzas Estados y gobernantes cacocráticos contra maléficos izquierdistas y terroristas, se encuentra la “Patria Milagro”, convertida en un laboratorio de guerra híbrida y de batalla cultural mediática campal, atrapada en una estrategia que combina el fanatismo religioso con el extremismo antidemocrático de una manada de fanáticos, convencidos de encarnar la batalla final donde el bien derrotará para siempre el mal. Poco importa que entonces sobrevivan solo los asesinos victoriosos y sus numerosos cómplices. Esa manada es continuamente animada por piadosos pastores y rabinos, que celebran una conversión monstruosa, la fusión de un Tigre con un profeta armado, que invoca a Cristo-Rey para ganar la “guerra contra las drogas” y el crimen. Esa guerra tras la cual está la adicción incontenible de Trump con su doctrina Donroe y su cohorte de asociados y cómplices para expoliar todas las riquezas y recursos que necesita para su amada MAGA y America First, como ya empezó a hacerlo con el petróleo de Venezuela. Por todo ello, Colombia debería situarse mucho más allá de la “Paz Total”, que ya sabemos es inalcanzable mientras persistan las economías ilegales en simbiosis con las legales, en un complejo entramado de Cambalache nacional e internacional donde “resulta que es lo mismo ser derecho que traidor¡¡ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador! ¡Todo es igual!”. Basta verlo en la ejemplar sociedad de Trump con Alejandro Betancourt[vi] en Venezuela.

Más allá de la “Patria Milagro”

Pero, con mayor razón, Colombia debería estar mucho más allá de la “Patria Milagro”, que puede terminar siendo una especie de “Patria Maga”, totalmente malograda y abusada por quien solo aspira a “perforar, perforar y perforar” sus intimidades, además de fumigar, fumigar y fumigar sus bosques tropicales y sumarla a sus conquistas como depredador insaciable de sus riquezas, bellezas, población y soberanía. Así lo está haciendo con éxito en Venezuela, contando con la valiosa e incondicional colaboración de Delcy Rodríguez, su hermano y demás cómplices. Y espera continuar su saga extractivista en la “PATRIA MILAGRO”, pues cuenta con la ambición y fiereza del Tigre, otra más de sus mascotas del Sur, respaldado por un establecimiento impaciente para volver a realizar “Business as usual” con el concurso entusiasta de un contingente de “Defensores de la Patria”, cuya idea de soberanía se agota en la seguridad para sus negocios y el aumento sostenido de sus ganancias, que evoca los tres huevitos empollados por Uribe. Huevitos que podrían terminar siendo los empollados por la víbora de la guerra, como lo advierte Isaías 59.5: “Incuban huevos de víbora y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y si uno los aplasta sale una víbora”.

[i] https://caracol.com.co/2026/07/01/medlegal-revelo-que-65-menores-murieron-durante-gobierno-petro-en-bombardeos-contra-grupos-armados/

[ii] https://elpais.com/america-colombia/2026-08-29/de-la-espriella-preside-un-evento-religioso-por-las-victimas-del-terremoto-el-presidente-entrego-la-nacion-a-cristo.html

[iii] https://co.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrFYCaUeJ1qNgIAakarcgx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=los+informantes+caracol&fr=mcafee#id=24&vid=ea7000da913b1c70eb4835805f59c9e2&action=view

[iv] https://cambiocolombia.com/poder/articulo/2026/7/abelardo-gestor-de-paz-archivos-ineditos-su-papel-ralito

[v] https://eldiariony.com/2026/07/27/el-pasado-de-abelardo-de-la-espriella-de-defender-a-acusados-de-narcotrafico-en-miami-a-ser-el-presidente-electo-de-colombia/

[vi] https://www.elespectador.com/mundo/quien-es-alejandro-betancourt-el-poderoso-empresario-que-conecto-a-trump-con-delcy/

El campesinado ganó derechos, pero no poder. La reforma del artículo 64 de la Constitución Política de Colombia en el año 2023 marcó un hito al reconocer al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Esta reforma incorpora, entre otras, la dimensión ambiental como un elemento esencial de esos derechos. Aun así, esta reforma es, por ahora, un avance principalmente normativo, que está lejos de garantizar una distribución más democrática del poder sobre los bienes naturales, los territorios y las decisiones que determinan la protección y uso. 

Se habla de derechos sin poder porque, como ha señalado el constitucionalista Roberto Gargarella (2011), gran parte de las reformas constitucionales en América Latina ampliaron de manera generosa el catálogo con “nuevos” derechos, pero no tocaron la estructura donde se toman las decisiones; no le prestaron la misma importancia a la organización de poder, que la cual tiene como función principal lograr activar los derechos. El resultado es conocido: derechos ampliamente reconocidos en el papel, pero con escasa capacidad para transformar la realidad. Y aquí surge una pregunta: ¿Quién toma las decisiones sobre los territorios y quién tiene el poder para decidir sobre estos?

Esto muestra el verdadero desafío de este debate: transformar la arquitectura del Estado para democratizar la toma de decisiones sobre el territorio y hacer efectiva la dimensión ambiental del campesinado a través de instrumentos concretos. Pasar del “reconocimiento” al “poder”. Fortalecer el papel del campesinado significa reconocer su importancia en la conservación de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, la reducción de los conflictos socioambientales y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

Un camino que apenas comienza

En esta dirección empiezan a aparecer instrumentos institucionales que buscan hacer efectivos los derechos ambientales de estas comunidades. Vistos en conjunto, estos revelan las luces y sombras alrededor de las medidas orientadas a transferir el poder durante los últimos cuatros años de gobierno en Colombia.

El primer terreno donde esto se juega es el judicial. La idea de una Jurisdicción Agraria y Rural estaría llamada a facilitar y expandir la “legitimidad jurídica” de las resoluciones de conflictos agrarios y rurales en Colombia. De ser aprobada, esta Jurisdicción enfrentará discusiones importantes cuando entren en disputa los derechos de tenencia, uso y propiedad de las tierras rurales frente a las áreas de especial importancia ambiental, por ejemplo.

Se espera que haya jueces que conozcan los asuntos agrarios y, por consiguiente, la interpretaciónque hacen de la Constitución. Resulta importante entender el papel que podrían adoptar los jueces como guardianes de las reglas del procedimiento democratico, pero especialmente la población campesina en la interpretación de cómo se deben entender los derechos y compromisos constitucionales, principalmente del artículo 64 de la Constitución Política. La jurisdicción agraria, como reconoce Rodrigo Uprimny “es entonces una gran oportunidad para darle contenido a la reforma constitucional del 2023”. 

Sin embargo, durante los períodos legislativos de los últimos cuatro años, el proyecto de ley que tenía como objetivo reglamentar la Jurisdicción Agraria no fue aprobada en el Congreso. Martha Carvajalino, Ministra de Agricultura del Gobierno Petro reconoció que, con el hundimiento de la iniciativa, no fue posible “fortalecer las herramientas para la distribución, administración y resolución de conflictos sobre la tierra en Colombia”. 

Si el litigio es un terreno, el ordenamiento territorial es otro. La importancia de que las comunidades puedan definir el uso y manejo de sus territorios bajo las normatividad ambiental, implica reafirmar el rol de las figuras de territorialidades campesinas, como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Además de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZAPPA).

Esto resulta significativo, pues, como señala Noriega, Ortega, & Duarte(2025), las figuras jurídicas que son comprendidas como territorialidades campesinas representan un “progreso institucional”. Sin embargo, las posibilidades que ofrecían estas figuras se encuentran hoy en un escenario de incertidumbre, tras el anuncio del presidente electo de iniciar la derogatoria de las resoluciones que declaran las APPA. De concretarse esta decisión, estarían en riesgo cerca de un millón de hectáreas declaradas en 55 municipios del país, además de seguir comprometiendo 20 millones de hectáreas que necesitan procesos para contrarrestar las afectaciones y degradaciones del suelo.

Más allá de las figuras reconocidas (ZRC, TECAM, APPA y ZAPPA) los territorios campesinos son espacios donde las comunidades han desarrollado modos de vida (productivos y comunitarios) sin necesidad de estar amparados bajo una figura.  

Un paso importante para otorgarle poder al campesinado se produjo durante el cierre de la Cumbre Campesina, realizada en el marco preparatorio de la COP16 Colombia en 2024. Allí se anunció la modificación del Decreto 1777 de 1996. Esta modificación permite fortalecer las ZRC ya que habilita la oportunidad de constituirlas al interior de las Zonas de Reserva Forestal de la Ley Segunda. En este caso, se puede incorporar la agricultura campesina, familiar y comunitaria dentro de las áreas reconocidas en la frontera agrícola. Destacando las prácticas y modos de vida campesina como formas estratégicas de protección ambiental. 

Queda un tercer frente, quizás el más determinante: la voz del campesinado en las decisiones que lo afectan. Es un avance importante si se consagra constitucionalmente los derechos ambientales del campesinado; sin embargo, aún más importante resulta, en línea con lo que se expresa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), su derecho a ser escuchados y consultados de forma obligatoria cada vez que se pretendan tomar decisiones que puedan impactar su vida, su territorio y sus derechos. 

En relación con lo anterior, la Consulta Popular Campesina representa un “mecanismo específico de participación diferenciada” (Noriega, Ortega, & Duarte, 2025). El cual permitirá que esta población pueda ver materializado su reconocimiento constitucional como sujeto de especial protección y de derechos a través de “garantías efectivas de incidencia en las decisiones que afectan los territorios rurales” (Noriega, Ortega, & Duarte, 2025). Esto permite ampliar el espectro de participación de comunidades históricamente excluidas, y entender la existencia de una herramienta real que da condiciones materiales de igualdad. 

Todo esto parte de una idea clara, pero aún pendiente de materializar: el campesinado es un aliado fundamental en la protección del ambiente, y no debe ser visto solamente como beneficiario de las políticas ambientales, sino como un actor que ha tenido capacidad real para decidir sobre los territorios que históricamente ha contribuido a conservar.

El verdadero desafío apenas comienza. 

Se han presentado tres ejemplos de cómo la dimensión ambiental del campesinado ha comenzado a traducirse en instrumentos concretos. A la par con el reconocimiento de los derechos ambientales del campesinado, el debate público debe concentrarse en una pregunta más profunda: ¿Quién toma las decisiones sobre los territorios y, sobre todo, quién tiene el poder para decidir sobre ellos? 

La gobernanza real de los territorios sigue en manos de actores externos, como gremios agroindustriales, empresas extractivas y grupos armados, cuyos intereses responden a lógicas e intereses económicos, en algunos casos ilegales. Darle vida a la dimensión ambiental y, por consiguiente, a los derechos exige redistribuir el poder para fortalecer la participación y transformar las instituciones. El verdadero desafío no es seguir reconociendo derechos, sino garantizar que las comunidades campesinas tengan una capacidad real de incidir en las decisiones sobre sus territorios.

El pasado gobierno trató de dotar de contenido la dimensión ambiental del campesinado. Ahora, consolidar esos avances, o impedir su progreso, representará uno de los grandes desafíos del actual gobierno (2026-2030): decidir si la reforma constitucional que reconoce nuevos derechos al campesinado termina despertando y activando escenarios de cambios sociales e institucionales o si, una vez más, acaban sufriendo la misma suerte de promesa como ha sucedido en otros procesos reformistas: derechos ampliamente reconocidos en el papel, pero con escasa capacidad para transformar la realidad. 

Referencias bibliográficas

Gargarella, R. (2011). Pensando sobre la reforma constitucional en América Latina. En C. Rodríguez Garavito (Coord.), El derecho en América Latina: Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI (pp. xx–xx). Siglo Veintiuno Editores. 

Noriega, J., Ortega, J. C., & Duarte, C. (2025). Consulta campesina en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana Cali. https://www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2025-07/Consulta%20campesina.pdf

Noriega, J. (2025). El territorio campesino: Un derecho en constante construcción. Semillas, 82, 15–20. 

Las diferentes especies de primates de América Latina padecen una crisis ecológica alarmante y se encuentran en las categorías de mayor riesgo según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Una buena parte de los primates están a un paso de la extinción en estado salvaje debido a la destrucción masiva de sus hábitats, pero también debido a la caza y el tráfico ilegal. En diferentes países existen planes para salvar a estas especies.

Cada 1° de septiembre se celebra el Día Internacional de los Primates. Mongabay Latam contactó a expertos de Bolivia, Colombia y Perú para conocer las amenazas que sufren las 217 especies de primates que viven en América Latina.

Entre los más afectados de la región figuran el mono araña o marimono (Ateles chamek), el chango o mono araña centroamericano (Ateles geoffroyi) y el tití de cabeza amarilla (Callithrix flaviceps). También, el mono capuchino de Brasil (Cebus kaapor), el mono capuchino ecuatorial (Cebus aequatorialis), el tití de alta Floresta (Plecturocebus grovesi), el mono guariba (Alouatta guariba) y el mono araña de cabeza café (Ateles fusciceps). Estos datos son recogidos por la UICN.

El refugio en Bolivia que rescata a primates víctimas del mascotismo

Senda Verde es uno de los refugios de animales más grandes de Bolivia. Allí habitan 350 primates de al menos nueve especies, que, explica su directora, Vicky Ossio, fueron rescatados del tráfico ilegal. Muchos de ellos fueron capturados para ser vendidos como mascotas. Ahora, este refugio también enfrenta la amenaza de la minería ilegal que avanza sobre sus límites geográficos.

“Todos los primates que están ahora en el refugio fueron víctimas de tráfico ilegal. La mayoría de las especies que están en Senda Verde son el mono araña, los monos aulladores y los capuchinos, que, solo ellos, conforman un grupo de más de 140 individuos”, detalló Ossio en contacto con Mongabay Latam.

La experta relató que los primates llegan a Senda Verde en “pésimo estado” porque al ser víctimas de tráfico o ser utilizados como mascotas las condiciones de estas especies son “deplorables” debido a la alimentación que recibieron. Por ejemplo, contó que la última primate que llegó al refugio es una cría de mono araña y que la familia que la tenía le daba pan y leche de vaca.

“Llegan mal alimentados porque la gente que compra estos primates que son víctimas de tráfico piensa que hacen bien dándoles comida de humanos. Alimentar mal a un animal constituye maltrato y es importante que la gente sepa eso. Los primates llegan [a Senda Verde] físicamente y mentalmente muy dañados. Hay que recuperar la confianza y algunos no se recuperan nunca”, relató Ossio.

La directora de Senda Verde afirmó que en Bolivia la especie de primate más afectada por el tráfico ilegal es el mono araña o marimono, el primate más grande de ese país. “Esta especie es la más vulnerable no solo por tráfico, sino también porque son alimento de pueblos indígenas”, dijo Ossio.

Esta especie enfrenta un escenario cada vez más preocupante en Bolivia. La especie fue recategorizada en 2026 de Vulnerable (VU) a En Peligro (EN) en la nueva edición del Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, debido al fuerte descenso de sus poblaciones y al incremento de las amenazas que enfrenta.

La evaluación científica establece que la población del mono araña o marimono a nivel global se redujo en al menos un 50 % durante los últimos 45 años. Entre las principales causas se encuentran la pérdida y fragmentación de su hábitat por incendios, deforestación, construcción de caminos, minería y expansión agropecuaria. A esto se suman la cacería, el tráfico ilegal y el uso de estos animales como mascotas.

Estas actividades están prohibidas por la normativa boliviana que protege a la fauna silvestre, ya sea a través de la Ley 1.333 de Medio Ambiente como del Decreto Supremo 4489, que refuerza las disposiciones relacionadas con la conservación, bienestar y preservación de la fauna silvestre, incluyendo restricciones a la caza, comercialización y tenencia ilegal.

El Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia explica que el mono araña o marimono permaneció en la categoría Vulnerable durante evaluaciones anteriores y que ahora su situación exige medidas de conservación más urgentes. Según Ossio, una de las mayores dificultades para recuperar las poblaciones de mono araña está relacionada con su baja capacidad reproductiva.

Las hembras alcanzan la madurez sexual aproximadamente entre los cuatro y seis años y tienen, en promedio, una sola cría cada tres o cuatro años. Esto significa –dijo Ossio- que la pérdida de individuos adultos o de crías tiene consecuencias importantes para la supervivencia de las poblaciones.

Después de períodos de cacería o extracción, la recuperación puede tomar décadas, especialmente cuando la pérdida de animales ocurre al mismo tiempo que la destrucción de los bosques donde viven.

Ossio denunció que en Senda Verde, el refugio que está en los Yungas de La Paz, la minería ilegal está destruyendo sus límites. La ambientalista informó que una cooperativa minera excavó con maquinaria pesada sobre una superficie de 100 metros cuadrados y una profundidad de hasta 30 metros. Esa acción pone en riesgo el santuario que alberga a más de 1100 animales de más de 70 diversas especies. Hubo dos aprehendidos, pero recuperaron la libertad.

Colombia: primates que pierden sus bosques

Colombia es el tercer país con mayor diversidad de primates en América Latina, pero más de la mitad de sus especies enfrenta algún grado de amenaza, según el estudio Retos de la conservación y el conocimiento de los primates en el departamento de Tolima, Colombia, publicado en la Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales.

En ese país hay 38 especies de primates, nueve de ellas endémicas. Las dos especies más afectadas son el tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) y el mono araña café (Ateles hybridus), que en Colombia están catalogadas en peligro crítico de extinción.

Andrés Link, biólogo y profesor del departamento de Biología de la Universidad de Los Andes, explicó a Mongabay Latam que el mayor riesgo que enfrentan los primates en Colombia es la pérdida de hábitat en todas las regiones del país. “Se siguen perdiendo los ecosistemas naturales, los bosques, sobre todo, y eso lleva de la mano el declive de las poblaciones de los primates que dependen de estos bosques para vivir”, dijo el experto.

Link añadió que el tráfico y la cacería son las otras amenazas que enfrentan los primates en Colombia. “Este sigue siendo un problema porque los primates tienen ciclos de vida muy lentos y les cuesta recuperarse de pérdidas de individuos de sus poblaciones. Hay un tráfico de vida silvestre bastante grande en Colombia y los primates son algunas de las especies que más se trafican”, afirmó el biólogo.

El experto es fundador de la Fundación Proyecto Primates, que se dedica al estudio y a proyectos de conservación de algunas de estas especies. Link es experto en el mono araña café, que en Colombia es uno de los monos más amenazados por el tráfico y la pérdida de su hábitat.

Los primeros pasos de Link cerca del mono araña café fueronen la zona de Macarena, donde trabajó como asistente de campo del científico Pablo Stevenson. Esa labor fue hasta que el conflicto armado lo obligó a salir en 2001, pues la extinta guerrilla de las FARC tomó el control de esa área. En 2005 regresó a Colombia y desde ese año no paró en su labor de defensor e investigador de los primates.

“Diría que lo primero que se debe hacer es tratar de detener la destrucción de los hábitats que todavía existen. En muchos sitios, por ejemplo, el bosque seco tiene menos del 5 % de lo que era el bosque seco original y la Amazonía se está perdiendo rápidamente. Entonces, la primera cosa para salvarlos sería proteger todos los hábitats donde ahora viven los primates”, dijo Link.

Un segundo paso, resaltó Link, será mejorar las condiciones de los primates a través de corredores y enriquecimiento de sitios que ya están degradados. “Pero lo más importante es detener la deforestación tan fuerte que se da en Colombia y tratar de detener el tráfico, que es la otra amenaza”, dijo el biólogo.

Como una medida de conservación, la Fundación Proyecto Primates construyó viveros de especies nativas y las plantó para crear corredores entre los bosques que aún quedan de pie. Con esta iniciativa los primates pueden moverse por una extensión más larga. Según esta fundación, hasta mayo de 2025 se sembraron alrededor de 15 de estos corredores.

“El proceso de recuperación del ecosistema es lento, realizado, precisamente, con la paciencia de personas que están acostumbradas a quedarse quietas por horas observando a monos araña en temperaturas que están por encima de los 30 °C y rodeados de mosquitos”, relató Link, quien añadió que, luego de tres años de plantar los primeros ejemplares, en los corredores se empezaron a ver pasar especies terrestres, como jaguares, pumas y paujiles. Y a los cinco o seis años comenzaron a transitar especies trepadoras de árboles, como los puercoespines y los mismos monos araña.

Perú: los regeneradores del bosque en peligro

En Perú, la situación de los primates tampoco es alentadora. Una de las principales amenazas para estas especies sigue siendo la pérdida y fragmentación de sus bosques.

Fanny Cornejo, directora ejecutiva de Yunkawasi y co-vicepresidenta de países andinos del grupo de especialista de primates de la IUCN, explicó a Mongabay Latam que esta pérdida se da principalmente por el cambio de uso del suelo, la expansión de actividades productivas no sostenibles y el desarrollo de infraestructura sin una adecuada planificación territorial.

“Como resultado, las poblaciones de primates quedan aisladas en espacios cada vez más pequeños, con menos alimento y mayores dificultades para desplazarse y reproducirse”, dijo Cornejo.

En el caso del tráfico ilegal, Cornejo explicó que muchas veces se mata a la madre primate para poder capturar a la cría. “Luego estos animales son trasladados durante días, escondidos en cajas o costales, sin alimento ni cuidados adecuados. Muchos mueren en el camino y los que sobreviven suelen llegar con heridas, desnutrición y un nivel muy alto de estrés”, lamentó.

Los primates, explicó Cornejo, cumplen un papel fundamental en la regeneración de los bosques porque dispersan las semillas de los frutos que consumen. “Por eso, cuando perdemos primates, también estamos perdiendo a algunos de los principales aliados que tienen nuestros bosques para recuperarse”, dijo la bióloga.

Según Cornejo, que obtuvo datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 3500 animales silvestres afectados por el tráfico ilegal. Los mamíferos fueron el tercer grupo con más registros, después de las aves y los reptiles, y dentro de los mamíferos los primates fueron los más afectados.

“Pero esas cifras son solo una parte del problema. Por cada animal que logra ser recuperado, no sabemos cuántos otros recorrieron la misma ruta sin ser detectados o murieron durante la captura y el traslado. Mientras sigan existiendo personas que quieran comprar un mono, tenerlo como mascota, exhibirlo o utilizarlo para una fotografía, seguirá habiendo alguien dispuesto a sacarlo del bosque”, resaltó Cornejo.

La bióloga explicó que los primates que aparecen con mayor frecuencia en el tráfico son principalmente especies amazónicas, que son capturadas para venderlas como mascotas y trasladadas desde la Amazonía hacia otras regiones y ciudades. Según los últimos datos que obtuvo, los monos frailes o monos ardillas fueron los más encontrados por las autoridades, junto con los machines, los pichicos y los leoncitos.

“También se registran primates más grandes, como los monos choros, los maquisapas y los monos aulladores. En estos casos, el impacto puede ser todavía mayor porque para llevarse a una cría generalmente matan a la madre y estas especies tienen una reproducción lenta. La pérdida de un solo individuo adulto puede afectar a todo su grupo”, dijo Cornejo.

Además, la experta recalcó que un primate no debe vivir como mascota, ya que son animales muy sociales y que necesitan crecer junto con otros individuos de su especie, aprender de ellos y desplazarse por grandes áreas de bosque. “Una casa, una jaula o un patio nunca podrán reemplazar todo lo que necesitan para vivir y comportarse como primates”, dijo.

Como medidas de conservación, Cornejo explicó que se necesita mayor vigilancia en los lugares donde los animales son capturados, pero también en las carreteras y terminales de buses, puertos y aeropuertos, donde pueden ser transportados, y en mercados y redes sociales, donde suelen ser  comercializados.

Perú cuenta con la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre 2017-2027, que reconoce que este problema debe abordarse desde distintos puntos de la cadena: la captura, el transporte, la comercialización y la demanda. El reto es que estas acciones se mantengan en el tiempo y cuenten con recursos.

“Por ejemplo, en Amazonas, desde Yunkawasi trabajamos junto con la Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu en la campaña ‘Yo no soy parte de la ruta del tráfico de fauna silvestre’. Nos enfocamos en uno de esos puntos de la cadena: el transporte. Trabajamos con empresas y transportistas para que pudieran reconocer posibles casos, conocer cómo actuar y comprender que también pueden convertirse en aliados para impedir que los animales sean trasladados fuera de sus territorios”, destacó Cornejo.

Sin embargo, aclaró que el control no será suficiente si no se reduce la demanda. “Todavía hay personas que piensan que comprar una cría es rescatarla o darle una vida mejor, cuando en realidad esa compra hace que otros animales sean capturados. Necesitamos hablar de este tema en las escuelas, con las familias, con los turistas, con las empresas y en las redes sociales”, resaltó.

*Imagen principal: Mono lanudo de cola amarilla en cautiverio. Foto: cortesía Yunkawasi.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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​“No estoy muy seguro de que la historia de Cien años de soledad dure en realidad cien años”: Gabriel García Márquez, en El olor de la guayaba.

​“El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas”.

​(…)

​“Era un pellejo hinchado y reseco, que todas las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia sus madrigueras por el sendero de piedras del jardín”.

​Con cada relectura de Cien años de soledad uno descubre detalles que pasaron inadvertidos la vez anterior.

Tras ver las dos temporadas, debo decir que el esfuerzo de la producción valió la pena y reitero mi devoción por la obra maestra de Gabriel García Márquez.

​La serie de Netflix ha servido para refrescar la grandeza del hombre a quien sus amigos llamaban Gabo. El monumental empeño habrá valido la pena si nuevos lectores se acercan con curiosidad a la novela de papel: un regalo anticipado a las vísperas del centenario de su natalicio.

Me atrevo a sugerir que, de estar vivo, estaría satisfecho con el resultado. Se nota en esta segunda parte que los directores atendieron las observaciones hechas a la entrega inicial (incluso desde este blog), pues lograron explotar con mayor soltura la poética de una prosa maravillosa.

​Con todo, el capítulo sobre la masacre de las bananeras resulta el más logrado por el realismo trágico con el que fue traducido al lenguaje audiovisual. Es imposible no conmoverse hasta las lágrimas con lo sucedido en aquel diciembre de 1928, cuando Gabito apenas tenía un año de vida.

​Un cataclismo borró a Macondo del mapa. Esta parte final pudo ser más espectacular; queda la sensación de una pequeña deuda. Daban ganas de habitar ese Macondo de ficción antes del Apocalipsis porque Macondo es principio y fin, la reescritura de la Biblia en cuyas páginas debió germinar el realismo mágico… Perdonen esta sacrílega conclusión.

​De hecho, en una entrevista Gabo reconoció que recibió mayor influencia de la Biblia que de Cervantes: “La Biblia —dijo— es capaz de todo. En el Antiguo Testamento todo es posible. No temen absolutamente nada. Suponte que la Biblia fuera escrita por un autor: ¡tú te imaginas la “modestia” de ese tipo! Ese tipo estaba era dispuesto a construir un mundo mejor que el que él suponía que Dios había construido. Entonces ahí el pleito fue grande”.

​Recordemos además que, según Mario Vargas Llosa, Gabo asumió un papel demiúrgico: cometió deicidio y creó el mundo de cero, con pestes tan originales como la del insomnio, donde cada habitante veía lo que el otro soñaba.

Para perpetuar el luto por Macondo, sería lindo reconstruirlo todo para deleite de los turistas y en gratitud con el municipio de Alvarado, en el Tolima, que sirvió de locación. ¿Hay voluntad para emprender una empresa de tales alcances?  

Un siglo de nostalgias

​La casa de los Buendía es otra alegoría: representa las ruinas de la infancia propia —la mía y la de todos los lectores— que ya no existe, como tampoco existen sus fantasmas.

El desangre de Amaranta Úrsula es la tragedia incesante de Colombia; el nacimiento del hijo con cola de cerdo prefigura nuestra propia condena como nación. Macondo es Colombia y Colombia es Macondo, la ciudad de los espejos (o de los espejismos). Por eso no se equivocan quienes la consideran una lectura indispensable para entender nuestra historia.

​La “Danza negra” al inicio del capítulo final refuerza esa identidad y sirve para avivar el orgullo patrio. Aunque las notas del maestro Lucho Bermúdez ambientan en realidad la vida libertina del burdel El Niño de Oro, recordando que este es un país de excesos y que muchas historias nacieron de las parrandas de Gabo.

​Todo el mundo está bailando

Esta cumbia colombiana.

Cerca del mar se escucha el grito

De un negro triste que canta a sus amores

Y de su raza cumple el rito

Con esta cumbia de gaitas y tambores.

​La presencia de Gabo sobrecoge. Se quedó a vivir en Cien años de soledad; no sabremos jamás si por un acto de vanidad o para asegurar su inmortalidad, aunque los escritores son eternos mientras alguien los lea.

​“Gabriel se había hecho reembolsar el pasaje de regreso para quedarse en París, vendiendo los periódicos atrasados y las botellas vacías que las camareras sacaban de un hotel lúgubre de la calle Dauphine. Aureliano podía imaginarlo entonces con un suéter de cuello alto que solo se quitaba cuando las terrazas de Montparnasse se llenaban de enamorados primaverales, y durmiendo de día y escribiendo de noche para confundir el hambre…”.

​Entrar a la librería del sabio catalán y ver allí a los amigos de Gabo —y al propio escritor— le imprime un aire aún más surrealista a la adaptación. Un homenaje justo para el grupo que inmortalizó el bar La Cueva, donde se discutía de periodismo y literatura: Álvaro Cepeda Samudio, Germán Vargas Cantillo, Alfonso Fuenmayor y el propio Ramón Vinyes.

​“Aureliano siguió reuniéndose todas las tardes con los cuatro discutidores, que se llamaban Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel, los primeros y últimos amigos que tuvo en la vida”. (…)

“Álvaro fue el primero que atendió el consejo de abandonar a Macondo”. (…)

“Aureliano no comprendió hasta entonces cuánto quería a sus amigos, cuánta falta le hacían y cuánto hubiera dado por estar con ellos en aquel momento”.

​Cabe preguntarse si el desprecio de Fernanda del Carpio por Macondo recrea esa histórica tensión entre el interior y la costa. “Le hubiera cerrado a esa monja la puerta en la cara. El peor error que he cometido en mi vida, peor que haberme casado con un corroncho”, expresa el personaje.

​En El olor de la guayaba, Plinio Apuleyo Mendoza apuntó sobre Gabo: “La élite de Bogotá, que tiende a juzgar a la gente por los apellidos y las ropas que lleva, no pasaba todavía por alto su origen provinciano, costeño; sus pelos abruptos, sus calcetines rojos y quizás su incapacidad para distinguir los cubiertos del pescado de los cubiertos del postre”.

​El tramo final de la serie es también la redención de los hijos bastardos en la figura de Aureliano Babilonia, antes de que el muchacho cometa la imprudencia de cruzar su sangre con la de otra Buendía. Estaba escrito desde el principio de los tiempos en los pergaminos de Melquiades.

​“Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe”.

​La escena de Pilar Ternera enterrada sin ataúd o la de los diecisiete Aurelianos marcados con la cruz de ceniza por el padre Antonio Isabel se cuentan entre las imágenes más potentes de la adaptación.

​Pero nada, ni el viento mortuorio a ritmo del Lacrimosa del Réquiem de Mozart, podrá arrebatarnos la poesía de los paisajes más sensuales, acaso sublimes, imaginados por el autor; esas líneas seguirán vivas en la mente de cada lector.

​“Mientras él amasaba con claras de huevo los senos eréctiles de Amaranta Úrsula, o suavizaba con manteca de coco sus muslos elásticos y su vientre aduraznado, ella jugaba a las muñecas con la portentosa criatura de Aureliano, y le pintaba ojos de payaso con carmín de labios y bigotes de turco con carboncillos de las cejas, y le ponía corbatines de organza y sombreritos de papel plateado”.

​Destaca también la revelación de José Arcadio, el hijo de Fernanda del Carpio y Aureliano Segundo, quien durante años “entretuvo a su madre con la patraña sin término de su vocación pontificia” y, tras sepultarla, ejecuta su mayor herejía al quemar a los santos. Cuando García Márquez afirma que la literatura es “el mejor juguete que se había inventado para burlarse de la gente”, parecía reconocer su propia ironía frente a la Iglesia católica.

​Podría inferirse que el último Aureliano —hijo de Renata Remedios y Mauricio Babilonia, a quien Fernanda llamaba bastardo— funciona como alter ego del autor: el personaje a través del cual abrazó sus nostalgias y sus amores con Nigromanta, acaso confesando infidelidades a Mercedes (quien aparece al final del libro, aunque no en la serie). La sospecha surge al releer el pasaje:

​“Se hicieron amantes. Aureliano ocupaba la mañana en descifrar pergaminos, y a la hora de la siesta iba al dormitorio soporífero donde Nigromanta lo esperaba para enseñarlo a hacer primero como las lombrices, luego como los caracoles, hasta que tenía que abandonarlo para acechar amores extraviados”.

​La intuición crece por otro detalle. Si los hijos de Aureliano Babilonia habrían de llamarse Rodrigo y Gonzalo —nombres de los hijos del Nobel—, cabe considerar que el escritor añoró tener “una hija que se llamara Virginia, y en ningún caso Remedios”. El anhelo se cumplió en 1990 con el nacimiento de Indira Cato, cineasta como su madre, fruto de su relación con la escritora mexicana Susana Cato (hecho revelado por el periodista Gustavo Tatis). A diferencia de los hijos del coronel Aureliano Buendía, ella no llevó el apellido del escritor.

​Si se mira bajo esa luz, Cien años de soledad fue un obituario anticipado de Gabriel García Márquez. Conviene leer la obra considerando esa clave y las convicciones que el autor dejó sembradas en sus páginas.

​Llegado a este punto, la extensión del texto delata el efecto prodigioso que la literatura ejerce sobre los lectores. La recomendación es clara: ver la serie y acudir sin demora al libro. Cien años de soledad —que puede abordarse en veinte días a razón de un capítulo diario, o de un capítulo del libro al tiempo con un capítulo de la serie— pertenece a esa categoría de obras maestras que exige ser leída al menos una vez en la vida.

Este es precisamente el caso de la conocida Ley de Benford, a la que me referiré a continuación. Aunque lleva el nombre de Benford, fue descubierta varias décadas antes por el matemático y astrónomo canadiense Simon Newcomb (1835‑1909).

La historia es bastante interesante y surgió a partir de una observación que hizo Newcomb. En 1881, mientras consultaba una de esas tablas de logaritmos —los pequeños libros que se usaban antes de la aparición de las reglas de cálculo y, más tarde, de las calculadoras— notó algo curioso: las primeras páginas de la tabla que tenía entre las manos estaban mucho más usadas, sucias y desgastadas que las últimas. ¿A qué se debía aquello?

Tras un análisis cuidadoso, Newcomb concluyó que los dígitos iniciales de los números que empleaba para estudiar las observaciones astronómicas no aparecían con la misma frecuencia. El dígito 1 surgía con mayor frecuencia, seguido del 2, mientras que el 9 era el que menos aparecía al comienzo de los números. Así llegó a la sorprendente conclusión de que la posición de los dígitos iniciales no era equiprobable.

La pregunta que se formuló Newcomb fue sencilla pero profunda: ¿es más probable que un número empiece por el dígito 1 que por otro dígito, como el 7, por ejemplo? En principio, parecería lógico suponer que todos los dígitos tienen la misma probabilidad de ocupar la primera posición en un número elegido al azar. Sin embargo, Newcomb dedujo —sin ofrecer aún una explicación matemática formal— que el dígito inicial no nulo más frecuente es el 1, seguido del 2, luego del 3, y así sucesivamente hasta el 9.

Con base en esta observación, expresó que la probabilidad de que un número tenga como primera cifra no nula un dígito $C$ puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

$P = \log(1 + 1/C)$

Décadas después, en 1938, el físico Frank Benford retomó las observaciones de Newcomb y amplió notablemente su alcance. Reunió más de 20 000 datos provenientes de fuentes muy diversas —longitudes de ríos, constantes físicas, números de artículos periodísticos, direcciones, valores bursátiles— y comprobó que el patrón descrito por Newcomb se mantenía de manera sorprendente en múltiples contextos.

Esta curiosa propiedad se verifica para cualquier lista de números que se obtenga como resultado de datos tomados en forma aleatoria, por ejemplo se ha verificado con estadísticas deportivas, valores de impuestos, constantes y magnitudes físicas, longitudes de ríos y carreteras, poblaciones de países y ciudades, cifras económicas.

A partir de ese estudio sistemático, Benford publicó la propiedad que hoy lleva su nombre: la Ley de Benford, según la cual los dígitos iniciales de muchos conjuntos de datos reales no se distribuyen de forma uniforme, sino que siguen la pauta logarítmica descubierta por Newcomb.

Paradójicamente, y en perfecta sintonía con la Ley de Stigler, el crédito histórico terminó asociado al segundo investigador, no al primero.

Los conjuntos de datos que no se ajustan a la Ley de Benford suelen ser aquellos que provienen de distribuciones uniformes o normales, en los que los dígitos iniciales están determinados por reglas externas. Tal es el caso de los números de loterías, las listas telefónicas, los números de identidad y, en general, cualquier secuencia numérica construida artificialmente o restringida por formatos fijos.

Pero, de manera sorprendente, se han descubierto aplicaciones insospechadas de la Ley de Benford que han motivado una intensa actividad investigativa en las ciencias de la computación, un campo particularmente dinámico en la actualidad y, en especial, en áreas como la criptografía y el análisis algorítmico de datos.

Además, la ley ha encontrado usos muy efectivos en la detección de fraudes, tanto en datos electorales como en auditorías fiscales, donde las desviaciones respecto del patrón de Benford pueden revelar manipulaciones o irregularidades en los registros numéricos.

Uno de los usos más frecuentes consiste en aplicar la ley a través de pruebas repetidas sobre conjuntos de datos similares, con el fin de verificar si su distribución de dígitos iniciales se ajusta al patrón esperado. Cuando la ley no se cumple o aparece una desviación significativa, es razonable sospechar que existe alguna anomalía o que ciertas cifras han sido manipuladas, lo que permite identificar rápidamente los datos que requieren una revisión rigurosa.

Un ejemplo ilustrativo aparece en el ámbito electoral: si en los resultados de unos comicios la distribución de los primeros dígitos se aparta de manera notable de la Ley de Benford, resulta prudente realizar un reconteo de votos o una auditoría detallada para confirmar la validez de los resultados.

Una de las aplicaciones más importantes de la Ley de Benford se encuentra en la detección de fraudes financieros. En 1992 se demostró que los datos contables y tributarios reales se ajustan notablemente bien al patrón de Benford, lo que permite identificar cambios, alteraciones o inconsistencias en declaraciones de impuestos y en las cifras que las empresas reportan periódicamente.

La presencia de dígitos iniciales con frecuencias que violan la Ley de Benford no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí constituye un indicio sólido de que algo no encaja y de que conviene realizar una investigación más detallada. En auditorías modernas, esta desviación funciona como una señal temprana que orienta al revisor hacia los segmentos de datos que requieren especial atención.

En tiempos recientes, la Ley de Benford ha encontrado una aplicación especialmente relevante en el análisis de las cifras asociadas al comportamiento del COVID‑19. Diversos estudios han mostrado que tanto el número de contagios como el de muertes atribuidas a la pandemia siguen una distribución tal que las frecuencias de los dígitos iniciales reportados por distintos países se ajustan de manera sorprendentemente precisa al patrón previsto por esta ley.

En la página web coronavirus.app/map puede consultarse, entre otros ejemplos, el ajuste entre las frecuencias de los casos de contagio y de las muertes reportadas por COVID‑19 en Colombia y las distribuciones esperadas según la Ley de Benford.

Este tipo de análisis resulta útil para evaluar la consistencia estadística de los datos epidemiológicos y para detectar posibles irregularidades en los reportes oficiales. Cuando las cifras se alinean con la distribución de Benford, ello sugiere que reflejan un comportamiento natural del fenómeno; por el contrario, desviaciones significativas pueden señalar errores de registro o incluso manipulación, y constituyen un indicio que amerita una revisión más detallada.

Así, la Ley de Benford se convierte en una herramienta estadística de gran utilidad para analizar la evolución de una epidemia y anticipar comportamientos anómalos en los datos. Su capacidad para detectar desviaciones en las cifras reportadas permite identificar a tiempo inconsistencias que podrían afectar la interpretación del avance del coronavirus en una población. De este modo, el uso adecuado de la ley contribuye tanto a predecir tendencias como a tomar medidas de control oportunas, apoyando la toma de decisiones en contextos donde la calidad y fiabilidad de la información son esenciales.

La historia de la Ley de Benford, desde la observación casual de Newcomb hasta sus aplicaciones contemporáneas en la detección de fraudes y el análisis epidemiológico, revela cómo una simple curiosidad matemática puede transformarse en una herramienta poderosa para comprender la realidad. Más allá de su aparente sencillez, esta ley nos recuerda que los números —cuando se observan con atención— pueden revelar patrones ocultos y advertirnos sobre irregularidades que escapan a la mirada superficial. En última instancia, la Ley de Benford es una prueba de que las matemáticas no solo describen el mundo, sino que también lo protegen.

@MantillaIgnacio

De allí viene buena parte del lenguaje político contemporáneo: la disputa por la familia, la religión, el sexo, el género, la nación, la educación, el lenguaje. Todo parece convertirse en una batalla cultural.

Pero quizá Colombia debería hacerse una pregunta distinta: ¿cuál ha sido, en realidad, nuestra gran batalla cultural?

Para responderla habría que volver mucho más atrás que Gramsci.

Habría que volver a Nariño.

Y a Santander. Y a los hombres que, con todas sus contradicciones, comenzaron a imaginar una república en este territorio. No fueron liberales en el sentido partidista que adquiriría la palabra décadas después, y sería un error convertirlos retrospectivamente en militantes de un liberalismo contemporáneo. Pero buena parte de aquella generación estaba atravesada por las ideas de la Ilustración, el republicanismo, la libertad y la ruptura con la autoridad absoluta.

Había una pregunta enorme detrás de la Independencia: ¿quién debía tener la última palabra sobre nuestras vidas?

Durante siglos, la respuesta había estado en el rey, en la Iglesia, en la tradición, en la jerarquía. La modernidad política introdujo otra posibilidad: que los ciudadanos pudieran deliberar, disentir y construir sus propias instituciones.

Colombia no resolvió bien esa pregunta. La hemos respondido muchas veces con guerras.

Pero tampoco la respondió siempre con guerras.

Esa es una parte de nuestra historia que convendría recordar.

Nuestra democracia ha sido imperfecta, violenta, excluyente y, durante largos periodos, profundamente cerrada. Colombia fue durante buena parte de su historia una sociedad mayoritariamente católica, y el peso de la Iglesia en la vida pública fue enorme. El pluralismo religioso que hoy damos por descontado no existió siempre en las condiciones actuales.

Precisamente por eso la Constitución de 1991 constituye una de nuestras grandes victorias culturales.

No solamente porque cambió instituciones. Cambió la idea de lo que podía ser Colombia.

La Carta reconoció la libertad de conciencia, la libertad de cultos y la igualdad de las distintas confesiones ante la ley. El artículo 19 es extraordinariamente claro: toda persona puede profesar y difundir libremente su religión y todas las iglesias son igualmente libres ante la ley.

Y hay algo hermoso en la consecuencia de esa decisión.

Gracias a esa libertad, hoy las iglesias cristianas —incluidas aquellas que no pertenecen a la tradición católica— pueden predicar, organizarse, abrir templos, formar comunidades, participar en la conversación pública y tratar de convencer a millones de colombianos.

Pueden incluso hacer política.

Y pueden hacerlo precisamente porque vivimos en un Estado que no les impone una religión oficial.

Esa es la paradoja que a veces olvidamos: la libertad religiosa no protege solamente a quienes piensan como nosotros. Protege también a quienes tienen ideas que nos incomodan.

La libertad es eso.

Y por eso cuesta entender que una parte del progresismo colombiano, que tanto ha defendido —con razón— la diversidad, la pluralidad y las libertades individuales, no siempre haya sabido reconocer que muchas de esas conquistas están inscritas en la arquitectura liberal de la Constitución de 1991.

La diversidad no nació ayer.

No la inventó el progresismo.

Tampoco la inventó la derecha.

Es el resultado de una tradición constitucional que permitió que colombianos muy diferentes pudieran existir dentro de la misma República.

Un colombiano puede ser católico. Otro puede ser evangélico. Otro judío. Otro musulmán. Otro ateo. Otro puede no saber muy bien qué cree. Todos tienen el mismo derecho a vivir de acuerdo con su conciencia.

Y eso incluye el derecho a intentar convencer al otro.

Ahí está, quizás, la verdadera batalla cultural.

No consiste en lograr que todos pensemos igual.

Consiste en construir una sociedad donde podamos pensar radicalmente distinto sin matarnos por ello.

Esto puede parecernos una obviedad en 2026. No lo es.

Colombia tiene una larga historia de guerras políticas. Liberales contra conservadores. Guerrillas contra el Estado. Paramilitares contra guerrillas. Narcotráfico contra instituciones. Y demasiadas veces la política terminó convirtiéndose en una justificación para la violencia.

Por eso uno de los grandes logros colombianos no es haber eliminado el conflicto. No lo hemos hecho.

Es haber conseguido, en distintos momentos, que una parte sustancial de nuestros conflictos políticos pueda resolverse mediante elecciones, congresos, tribunales, periódicos, universidades, libros, debates y urnas.

Es decir: que las ideas puedan enfrentarse sin que necesariamente se enfrenten las armas.

Esa batalla la hemos ganado muchas veces.

Y deberíamos sentir orgullo de ello.

Hoy, además, buena parte de la violencia que permanece en Colombia tiene cada vez menos que ver con grandes proyectos ideológicos y cada vez más con economías criminales, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, control territorial y rentas ilícitas. Los datos más recientes muestran casi 30.000 integrantes de estructuras armadas y delincuenciales en el país, con organizaciones cuyo poder está estrechamente ligado al control de economías ilegales.

Eso no significa que toda nuestra violencia haya perdido contenido político. El ELN y algunas disidencias conservan discursos ideológicos. Pero sería difícil negar que el crimen organizado y las economías ilegales tienen hoy un peso enorme en la explicación de la violencia.

Y eso también es una batalla cultural: conseguir que el narcotraficante, el extorsionista, el comandante armado y el corrupto dejen de aparecer como alternativas de poder y vuelvan a ser entendidos por la sociedad como lo que son: enemigos de la libertad.

Por eso me interesa menos la batalla cultural de Laje que la pregunta que hay detrás de ella.

¿Batalla cultural para qué?

Si se trata de conquistar universidades, medios de comunicación, iglesias, redes sociales y escuelas para imponer una nueva ortodoxia, no me interesa demasiado. Ya hemos tenido demasiadas ortodoxias.

Pero si se trata de defender una cultura política en la que el ciudadano pueda creer, disentir, rezar, no rezar, votar por la izquierda, votar por la derecha, cambiar de opinión, criticar al presidente, defender al presidente, escribir un libro, fundar una iglesia, abrir un periódico, marchar, protestar y convencer a los demás sin tener que pedir permiso al poder, entonces sí: esa batalla vale la pena.

Y hay señales recientes que deberían ser recibidas con atención.

El presidente Abelardo de la Espriella, por ejemplo, ha dicho que no buscará la reelección y, ya en la Presidencia, fue explícito en que durante su Gobierno no se abrirá camino a una Asamblea Constituyente. También se comprometió a entregar el poder en 2030 a quien resulte elegido en las urnas.

Hay que señalarlo.

No porque un presidente haya dicho algo correcto debamos dejar de criticarlo. Precisamente al contrario: una democracia madura debe ser capaz de reconocer un gesto institucional.

Y hay otros gestos que merecen atención.

Hace pocos días, Viviane Morales contó públicamente que se reunió con Brigitte Baptiste y directivos de la Universidad EAN para buscar colaboración en materia educativa después del terremoto.

Puede parecer una pequeña noticia.

No lo es.

Durante años hemos aprendido a mirar a determinadas personas como enemigos culturales. Morales y Baptiste pertenecen a mundos que, en la conversación política colombiana, han sido presentados muchas veces como incompatibles.

Pero allí estaban hablando.

No estaban renunciando a sus convicciones. No tenían que hacerlo.

Simplemente estaban descubriendo algo elemental: una República no exige que sus ciudadanos tengan las mismas ideas. Exige que puedan convivir con ellas.

Esa debería ser nuestra batalla cultural.

No que Colombia deje de ser católica para convertirse en progresista.

Ni que deje de ser progresista para convertirse en conservadora.

Ni que las iglesias desaparezcan de la esfera pública.

Ni que el Estado adopte una religión.

Ni que las convicciones religiosas sean expulsadas de la conversación democrática.

Ni que las nuevas identidades sean prohibidas.

Ni que las viejas tradiciones sean ridiculizadas.

La batalla consiste en algo más difícil: hacer que todas ellas quepan dentro de una misma República.

Colombia ha avanzado mucho en eso.

La Constitución de 1991 no fue solamente un cambio jurídico. Fue una declaración de confianza en que la sociedad colombiana podía ser plural sin dejar de ser una sola nación.

Por eso quizá deberíamos agradecer un poco más aquello que hemos construido.

Agradecer que hoy un sacerdote pueda predicar, que un pastor pueda abrir una iglesia, que un ateo pueda burlarse de Dios, que una persona LGBT pueda vivir públicamente su identidad, que un conservador pueda defender la familia tradicional, que un progresista pueda cuestionarla, que un periodista pueda escribir sobre lo que desee y que un ciudadano pueda votar por quien quiera.

Todo eso forma parte de la misma victoria.

La libertad no consiste en que ganen nuestras ideas.

Consiste en que nuestras ideas tengan derecho a intentar ganar.

Y quizá esa sea la verdadera batalla cultural que Colombia ha venido librando desde Nariño hasta 1991 y hasta nuestros días: conseguir que, finalmente, las ideas y las palabras valgan más que las armas.

Esa guerra todavía no la hemos ganado definitivamente.

Pero, a diferencia de tantas otras, vale la pena seguir peleándola.