En Colombia, los apellidos no son solo herencia: son historia viva. Y a veces, también, destino.

En un momento decisivo para el país —cuando el escenario electoral abre la posibilidad real de que una mujer llegue por primera vez a la Presidencia de la República— mirar hacia atrás deja de ser un ejercicio erudito y se convierte en una necesidad política. Porque entender de dónde vienen nuestras élites, cómo se han formado y qué trayectorias han marcado su poder, es también una forma de comprender hacia dónde podría dirigirse la nación.

En esta edición de La Conspiración del Olvido, recibimos con mucho honor al autor de esta letras que siguen, al doctor Carlos Valdivieso, cirujano plástico, investigador independiente y apasionado genealogista, quien nos propone un viaje que trasciende el relato familiar para adentrarse en las raíces profundas de uno de los apellidos más influyentes en la historia colombiana: Valencia.

Ya en una publicación anterior, destacábamos su capacidad para reconstruir, con rigor y sensibilidad, el tránsito de ocho generaciones desde la llegada a América del almirante Bernardino García de Valdivieso. Hoy, ese mismo espíritu investigativo alcanza una nueva dimensión. Con un trabajo respaldado por fuentes históricas, archivos y estudios especializados, el doctor Valdivieso nos conduce por un recorrido fascinante donde convergen linaje, poder, conflicto y transformación social.

Su relato no es solo una reconstrucción del pasado. Es, ante todo, una exploración del carácter: del liderazgo, de las decisiones y de las tensiones que han moldeado a quienes han ocupado —y aspiran a ocupar— los más altos cargos del Estado. En un país donde la memoria suele fragmentarse o diluirse en el ruido del presente, este tipo de ejercicios se vuelve indispensable.

No es menor que, en el contexto actual, una figura como Paloma Valencia surja como una de las candidatas con mayores posibilidades de alcanzar la Presidencia. Su nombre no solo encarna una opción política, sino también la continuidad —y en ella, la reinterpretación— de una historia larga, compleja y, en muchos aspectos, decisiva para Colombia.

En La Conspiración del Olvido, creemos que recordar es un acto de resistencia. Por eso, esta colaboración no es solo un aporte académico y narrativo: es una invitación a mirar de frente aquello que muchas veces preferimos no ver. Porque solo entendiendo las raíces, podremos, como sociedad, decidir con mayor conciencia el rumbo que queremos tomar.

Ramón García Piment y Claudia Patricia Romero Velásquez.

El apellido Valencia en Colombia está presente en varias poblaciones de Caldas, Antioquia y Norte de Santander, pero tambien se encuentra en Cauca, particularmente en Popayán. Por mucho tiempo, la creencia fue que su origen tenía un tronco común. Sin embargo, gracias a la revisión de documentos históricos, facilitada por la digitalización de archivos eclesiásticos y civiles realizada a finales del siglo pasado por una iglesia de los Estados Unidos, hemos podido finalmente resolver este enigma. Este esfuerzo se apoya, a su vez, en la labor acumulada durante siglos por la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes registraron con rigor en los libros sacramentales los principales hechos de la vida humana. Son precisamente estos registros: bautismos, matrimonios y defunciones, los que hoy permiten reconstruir con mayor claridad el linaje y la memoria de nuestros antepasados.

En realidad, se trata de dos linajes totalmente distintos. Judíos conversos los unos y cristianos viejos los otros, militares los unos y los otros no. Los unos favorecidos por la corona española, los otros perseguidos y vigilados por la inquisición. Cada uno de ellos ha dado hasta ahora un Presidente de Colombia.  Pero como hay una brillante candidata que hace parte de los Valencia de Popayán: la Doctora Paloma Valencia Laserna, puede ser que haya un presidente más.

Debo comenzar advirtiendo a todos, que el relato histórico no es una pintura en blanco y negro de héroes y villanos, sino un paisaje colorido. Es una historia de hombres y mujeres reales con aspiraciones y sueños, con creencias e intereses de diversos ordenes, como siempre ha sido. La conquista, la colonia y la vida republicana es más parecida a las obras del pintor mexicano Diego Rivera, quien en su mural sobre la conquista, muestra sinópticamente todos los elementos humanos del periodo. Entremos pues en materia.

La familia Valencia de Caldas, Antioquia y Pamplona.

El primer Valencia con registro que llegó a la Tierra Firme, como se conocía la Colombia actual, fue un Capitán de Infantería llamado Juan de Valencia, quien aparece comandando un regimiento español asentado en la ciudad de Santa Ana de los caballeros de Anserma (Caldas), en la segunda mitad del siglo XVI. La población fundada por el Mariscal Jorge Robledo en 1539 era el sitio de conexión, entre las regiones del sur y el noroccidente del país, durante las épocas de la conquista y el inicio de la colonia.

Dicho militar tuvo un hijo en estas tierras, quien también ingresó a la vida militar y fue Capitan de Infantería igual que su padre, siendo su nombre Juan de Valencia y Ramírez de la Serna. Se sabe, que llegó hasta la región de Rionegro (Antioquia) a mediados del siglo XVII.  De sus numerosos hijos proceden probablemente, todos los Valencia de Caldas y de Antioquia.

Sin embargo, el más famoso de ellos fue el también Capitan de Infantería Pedro de Valencia Antolínez Beltran, quien a fines del siglo XVII se dirigió hasta la región de lo que hoy es Marinilla (Antioquia). Por alguna razón que no sabemos, dos de sus hijos varones llamados Bernardino y Joaquín, se trasladaron desde allí a principios del siglo XVIII al norte del país, a la ciudad de Pamplona de Indias, fundada en 1549 por Pedro de Ursúa y Ortún Velázquez de Velasco. Allí se casaron con dos hermanas, Antonia y Beatriz Villamizar Pinedo.

Es así como se crea una línea separada de sus ancestros antioqueños, en una lejana, verde y próspera ciudad del norte del país, y se olvida el verdadero origen de los Valencia pamploneses. Los dos hermanos reciben grandes extensiones de tierra entregadas en encomienda, y se convierten en una de las estirpes más cultas y distinguidas de la región. Sus mujeres eran amantes de la música, y sus hombres gente culta e incentivadora de tertulias literarias en Pamplona.

La encomienda tuvo su origen en el antiguo sistema feudal castellano, y al ser implementado en la américa española mediante la Cedula Real de 1503 por Isabel la Católica, suponía el gobierno del designado encomendero sobre un territorio específico, en el cual ejercía tareas de justicia y administración. Debía enviar recaudo de impuestos a la corona y podía emplear la mano de obra indígena, a cambio de garantizar sus condiciones de vida y evangelizarlos. Esto último suponía la cercana relación del encomendero con las comunidades religiosas que hicieron presencia para ello, como los franciscanos, los dominicos y finalmente los jesuitas.

Hay que recordar que el sistema de encomienda en lo que hoy es Colombia duró hasta cerca de 1620, siendo que para esa época ya estaba en declive en el resto de los nuevos territorios. El encomendero estaba siendo reemplazado por los llamados corregidores, funcionarios directos de la corona que ya existían en España, y que pasaron a presidir los ayuntamientos, ejercer justicia (primera o segunda instancia), y administrar la gestión económica y la política local.

Precisamente uno de estos corregidores del Rey, fue quien provocó la famosa revuelta del 4 de julio de 1810 en Pamplona, días antes del grito de independencia en Santa Fe, la capital del Virreinato de la Nueva Granada.

Para aportar contexto, debemos decir en primer término que una de las capitulaciones de la revuelta comunera, había contemplado que se creara el nuevo Corregimiento del Socorro separado del de Tunja, y que sus corregidores fueran de origen criollo (es decir nacidos en América). Fue así como en 1795 se crearon los corregimientos de Socorro y Pamplona, y el Virrey Ezpeleta tuvo el buen tino de proponer como primeros titulares a dos criollos, quienes ejercieron brillantemente sus cargos. Ya vencidos sus periodos, el Rey Carlos IV bajo propuesta del ministro Godoy a quien los criollos americanos tenían cierta inquina, nombró a dos españoles en los cargos, lo cual contrarió grandemente la sociedad de las dos ciudades.

En el caso de Pamplona, el designado era Don Juan Bastús y Falla, un abogado catalán. El referido jurista que debía tomar posesión ante el cabildo de Pamplona, por ser la cabecera del corregimiento, lo hizo ante el cabildo de Girón, más leal a la corona y que también correspondía a su jurisdicción. Con tal conducta ya comenzó ofendiendo a la clase dirigente pamplonesa, que la tomó como una afrenta. Instalado en la ciudad, Bastús protagonizó además un altercado con el alcalde José Javier Gallardo y Guerrero, al no permitir que el referido se sentara a su lado en la sesión del cabildo, alegando que el corregidor era de mayor rango al ser un representante del Rey. Los afectados interpusieron varias demandas ante la Real Audiencia de Santa Fe. Sin embargo, el punto culminante de la enemistad entre el corregidor y la sociedad pamplonesa se produjo cuando, después del levantamiento de Caracas, se prohibieron preventivamente las reuniones y diversiones en la ciudad de Pamplona.  A pesar de ello Doña Agueda Gallardo de Villamizar, una hermana del alcalde agraviado y viuda de un rebelde comunero, decidió celebrar la fiesta religiosa de San Pedro con música en las calles, el 29 de junio de 1810. El corregidor respondió abriendo proceso contra la dama, y la encarceló por desacato.

Cinco días después el día 4 de julio, ocurrió una multitudinaria asonada callejera previamente organizada, en la que participaron José Rafael y Pedro Juan Valencia, dos nietos de Bernardino de Valencia. Los rebeldes tomaron preso al corregidor Bastús, y el 31 de julio conformaron una junta de gobierno provisional para la ciudad, de la cual formó parte José Rafael Valencia. Su hermano Pedro Juan fue designado como uno de los jefes de las milicias de defensa de la ciudad. Desde ese momento los miembros de la familia Valencia tomaron partido, a favor de la independencia del país.

Ya en la era republicana, a fines del siglo XIX, se presentaron en Colombia varias confrontaciones civiles armadas, donde se atacaron militarmente los dos partidos políticos mayoritarios: el liberal y el conservador. La más importante de ellas fue conocida como la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Los Valencia de Pamplona siempre habían sido jefes políticos del partido conservador en su región, y por eso participaron en esa guerra. Varios descendientes de Joaquin de Valencia, uno de los dos hermanos que habían llegado a Pamplona a comienzos del siglo XVIII, fueron generales del ejercito conservador: Ramón González Valencia, Manuel María Valdivieso Valencia y Rafael Valencia Camargo.

De ellos tuvo especial brillo el General Ramón González Valencia, quien había participado en acciones militares desde 1876, por lo cual tenía un gran bagaje militar. En la guerra se destacó su papel en la Batalla de Palonegro, y en la toma de Cúcuta. El 21 de noviembre de 1902 fue, además uno de los firmantes del Tratado de Chinácota (Norte de Santander), en el que se acordaron las bases para terminar el conflicto armado.

Una vez terminada la guerra, el General González Valencia participó en las elecciones de 1904, como formula vicepresidencial del General Rafael Reyes Prieto, quien fue elegido Presidente de la Republica. Pero el ambiente político y jurídico de la época se afectó gravemente, con la supresión del Consejo de Estado ejecutada por el presidente Reyes, mediante acto legislativo del 22 de abril de 1905.

Esta medida fue seguida de un intento de golpe de estado contra Reyes, liderado por el General Manuel María Valdivieso Valencia primo del vicepresidente, el 20 de diciembre de 1905.  El General González Valencia decidió entonces renunciar a la Vicepresidencia de la República. En respuesta Reyes clausuró el Congreso de la República, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, y gobernó como un “dictador político”, hasta los violentos actos de protesta popular suscitados en Bogotá del 9 al 13 de marzo de 1909, después de los cuales abandonó el poder. El General Ramón González Valencia fue entonces designado Presidente de la República, el 3 de agosto de 1909, por la misma Asamblea Nacional Constituyente convocada por Reyes en 1905, con el encargo de terminar el período presidencial hasta 1910.  Se posesionó el 7 de agosto, y convocó una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual procedió más tarde a redactar la Reforma constitucional de 1910, y a elegir al antioqueño Carlos Eugenio Restrepo, como Presidente de la República para el periodo 1910-1914.

La resiliente y perenne estirpe Valencia de Popayán.

Hacia fines del siglo XVI el ancestro más antiguo conocido de esta línea familiar era Don Diego de Castillejo un caballero al parecer de origen judío y casado con la señora Catalina de Valencia que, según las pocas informaciones disponibles, residía en la ciudad de Oran en Argelia al norte de Africa. Muchos miembros de la comunidad judía de España se habían refugiado en el norte de Africa, después de la emisión del Edicto de Granada por parte de la Reina Doña Isabel I de Castilla, que ordenaba la expulsión de los judíos.

Tal decreto estuvo vigente en España hasta 1968, cuando el dictador Franco lo derogó. Orán había sido tomado por los españoles en 1509, y tenían allí un emplazamiento militar, el Fuerte de Santa Cruz. Vale decir de otra parte, que Castillejo, aunque era un antiguo apellido español, también fue llevado por algunos miembros de la comunidad judeoconversa de España, entre ellos Don Gonzalo de Castillejo, quien a mediados del siglo XV llegó a ser maestresala del Rey Don Juan II de Castilla, el padre de la misma reina Isabel.

Una costumbre usada en España en esa época, de la que también echaron mano quienes tenían origen judío, era llevar primero el apellido de la madre y no el del padre. Por eso no debe extrañar, que el hijo de Don Diego de Castillejo se llamara Miguel de Valencia y Castillejo. A partir de ahí, esta línea genealógica usará el apellido Valencia.

A principios del siglo XVII, Miguel de Valencia atraviesa el mar y se instala en Málaga, donde de su unión con Ana de Aranda Sendía nace Manuel de Valencia y Aranda. Éste último es quien, en la segunda mitad del siglo se embarca para el continente americano, y se instala en Popayán. Allí nace en 1678 su hijo Pedro de Valencia y Aranda, del matrimonio con Ana de Aranda Forcallo.

Pedro de Valencia y Aranda es un personaje fascinante, por su brillante estrategia para dar un rumbo al ascenso social de su familia en el nuevo mundo. Acontecía que el Rey Felipe V de Borbón había creado en 1717 el Virreinato de Nueva Granada, separando este territorio del Virreinato del Perú. Sin embargo, en 1723 se suspendió la existencia de esta jurisdicción, aparentemente por problemas de viabilidad financiera.

Aunque ya desde 1621 existía una Real Casa de la Moneda en Santa Fe de Bogotá, lugar donde se acuñaban las monedas de diversas denominaciones y composiciones de metal, que cumplían los estándares de la corona, Don Pedro escribe a España en 1725. Allí argumenta la conveniencia de crear una nueva Casa de la Moneda en Popayán, dada la dificultad de traslado de los metales a la capital, y la pérdida eventual de parte de este en el trayecto.  

En respuesta, el Rey Don Felipe V de Borbón ordena a la real Audiencia de Santa Fe en 1726 revisar la viabilidad del asunto, encontrando razones válidas para la creación de la nueva casa de la moneda en Popayán (ceca), la cual se formaliza mediante Cédula Real en 1729. El edificio fue construido a partir de ese mismo año. Allí se inicia la gran fortuna de los Valencia, porque en 1747 el Rey Fernando VI nombró al hijo de Don Pedro llamado Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, tesorero perpetuo de la casa de la moneda, cargo que éste ocupó hasta su muerte.

En los libros de cuentas de su mayorazgo, reportaron hasta 1785 haber invertido más de 300.000 pesos de plata (equivalentes a más de 50 millones de dólares de hoy), para la creación y manutención de la referida casa de la moneda. De otra parte, y no descuidando además el contacto directo con la corona, el hijo mayor de Don Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, llamado Francisco de Valencia y Sáenz del Pontón, fue enviado a la madre patria, con el fin de concluir allá sus estudios.

A distancia desde España, asumió el cargo de Tesorero de la ceca a la muerte de su padre en 1788. Aunque en verdad, quien tomaba cuenta de la ceca en Popayán era su hermano Joaquin de Valencia. Pero al año siguiente, el Rey decidió suprimir el cargo de tesorero remplazándolo por el de administrador, y dejó la ceca bajo control directo de la corona. A pesar de ello, mantuvo el cargo de tesorero en cabeza nominal del mismo Francisco hasta su muerte.

En compensación por la supresión de su cargo, y gracias a la cercanía del rey Carlos IV con Francisco de Valencia y Saénz del Pontón, el Rey decidió ennoblecerlo con el título de I Conde de Casa Valencia, mediante Despacho Real en 1789. En España Don Francisco fue también Consejero de Indias, y Caballero de la Orden de Carlos III.

Se configuró así el imponente ascenso social de una línea familiar, que pasó de judeoconversa a tener noble titulado, lo cual no fue único, pero no deja de ser notable. Hay que recordar que la legislación vigente en España después del Decreto de la Alhambra, contemplaba la necesidad de tener registro de limpieza de sangre, para ser funcionario de la corona. Se requería gran habilidad, para evadir tal requerimiento.

El Condado de Casa Valencia que existe hasta hoy, contempla ser Grande de España, y sus titulares son descendientes directos del primer conde. No obstante, hay que aclarar desde ya, que no es que los Valencia de Popayán desciendan de un noble y grande de España, sino todo lo contrario: es un noble y grande de España quien desciende de la antigua casa Valencia de Popayán. Los Valencia de Popayán descienden todos, de los hermanos del Conde que se quedaron en América.

La línea más conocida continúa en Popayán, con el mismo Don Joaquín de Valencia y Saénz del Pontón, el cual se casó con su pariente Doña Joaquina Ramona Valencia y Hurtado, y tuvo varios hijos, dos de los cuales fueron Antonio y Mariano.  Durante los finales del siglo XVIII se dedicaron a sus haciendas, donde trabajaba un numeroso contingente de esclavos negros y servidumbre indígena.

La calma llegó a su fin, cuando se dio el levantamiento de Quito contra las autoridades de la corona en 1809. Recordemos que, desde mayo de 1808 el Rey Fernando VII había sido encarcelado por orden de Napoleón Bonaparte. Esta noticia ya era pública en las clases altas de América. La sublevación liderada por el Marqués de Selva Alegre Don Juan Pedro Montufar, había terminado con la creación de una Junta de Gobierno en Quito, bajo la dirección del mismo Marqués, quien incluso era llamado su alteza serenísima. Las noticias llegaron a Popayán en agosto de 1809, y más tarde el mismo marqués envió comunicaciones a Popayán y a otras ciudades, invitándolas a unirse a la sublevación. El gobernador de Popayán Don Miguel Tacón de Tacón y Rosique, quien era un militar de formación naval, convocó un cabildo abierto, llamó a la creación de milicias para prevenir un ataque de los de Quito, estableció control sobre las comunicaciones que entraban y salían de la ciudad, y prohibió hablar de temas de gobierno en los lugares públicos. En tales medidas fue apoyado por el Alférez Real Don Antonio Tenorio, jefe militar de la ciudad.

Para empeorar la situación, un año después también en agosto llegaron las noticias del levantamiento del 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá. El gobernador Tacón decidió crear entonces una Junta de Seguridad bajo su control, para intentar mantener el poder. Sin embargo, la misma Junta comenzó a tener sus propios adeptos en contra del gobernador. Miembro de esa Junta fue un sacerdote de la familia Valencia: Marcelino Pérez de Arroyo y Valencia.

Y es que los miembros más influyentes de la familia Valencia de Popayán, eran en ese momento dos hijos de una hermana del I Conde de Casa Valencia: Doña Francisca Antonia Valencia Sáenz del Pontón, de su matrimonio con el dominicano Andrés Pérez de Arroyo.  El mayor era el referido sacerdote que había nacido en 1764, venía de haber sido Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, y ya era reconocido por sus numerosas obras como arquitecto empírico, que aún hoy engalanan la ciudad de Popayán.

El otro era el amigo personal del Sabio Caldas, Santiago Pérez de Arroyo y Valencia nacido en 1775, quien para la época ya era un gran jurista y académico. Había sido alcalde de Popayán, e igual que su hermano había descollado como Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Una vez lograda la independencia fue Senador de la República, y ejerció liderazgo político en Popayán hasta su muerte, en 1845. Además, fue uno de los firmantes del Acta de Constitución de la Universidad del Cauca.

Estos dos grandes hombres que fueron ideólogos y próceres de la patria, mantuvieron a la familia Valencia en la línea favorable a las ideas de la independencia, sin participar nunca en la lucha armada, porque se trataba de personas contrarias a la guerra. Con su liderazgo, la familia transitó sabiamente a la era republicana.

Sin embargo, nada nos puede conmover más que la historia trágica del mártir que la familia Valencia sacrificó, en el altar de la patria. En 1806 a la muerte del I Conde de Casa Valencia, lo sucedió su hijo Pedro Felipe Valencia y Codallos, nacido en 1767. Era un militar de escuela, que había obtenido el grado de Coronel de Infantería, y era Caballero de la Real Orden de Santiago.

Había desempeñado además cargos de importancia diplomática y civil, primero durante el reinado de Carlos IV, y después en la era napoleónica, en la que llegó a ser Consejero de Estado y Secretario General del Gobierno. Gracias a lo cual era visto con recelo en ciertos círculos. Durante ese último periodo, el Conde visitó Paris y el contacto con la corriente ilustrada cambió su opinión frente a la emancipación de las naciones americanas. Así, cuando viajó desde España a Santa Fe de Bogotá, poco después del grito de independencia de 1810, inmediatamente estableció relaciones de amistad con los rebeldes Francisco José de Caldas, Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano, en la época de la “patria boba”.

Estando en su casa de Popayán en 1816, fue tomado preso por el General Sámano después de la Batalla de la Cuchilla del Tambo. Fue llevado a la capital, donde se le acusó de infidencia a la corona, por haber redactado escritos de apoyo ideológico a la independencia, y por contribuir financieramente con la causa. Fue condenado a muerte por el General Pablo Murillo y sus oficiales, y ejecutado por fusilamiento el 5 de octubre de 1816.

Decadas después, en el seno de la familia de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva, nació en Popayán en 1873, un niño llamado Guillermo Valencia Castillo. Quedó huérfano de madre a los 7 años, y de padre en su adolescencia. Su hermano Joaquín lo matriculó en el Seminario Menor de Popayán, que regentaban los padres vicentinos franceses, entre ellos el Padre Juan Bautista Malézieux, con quien comenzó su formación como poeta. Inició después estudios universitarios, en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad del Cauca.

Terminó sus estudios en Paris adonde fue enviado como parte del cuerpo diplomático colombiano, y por ello pudo asistir al Instituto de Francia, y a La Sorbona. Poemas como “Anarkos”, “Croquis”, o “San Antonio y el centauro”, hacen parte de las mejores letras del idioma español. En su vida política fue también Representante a la Cámara, Senador de la República, y candidato presidencial del Partido Conservador.

Se casó el Maestro Valencia con Doña Josefina Muñoz, y uno de sus hijos fue Guillermo León Valencia, quien cursó estudios de Derecho en la Universidad del Cauca y después de una brillante carrera política, ganó la Presidencia de la República en 1962. Era el segundo período presidencial del llamado Frente Nacional.

El estado debió enfrentar un grupo de autodefensas campesinas liderado por Pedro Antonio Marín, quien usaba el alias de Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”. Este personaje que había sido inicialmente liberal fue mudando al comunismo, en concordancia con el llamado hecho en 1949 por la Dirección del Partido Comunista Colombiano. Se refugiaron en la región de Planadas (Tolima), que habían bautizado como: “República de Marquetalia”.

El presidente Valencia ordenó una operación militar conocida como “Operación Marquetalia”, en la cual fue bombardeado el enclave guerrillero de este grupo campesino rebelde. La situación fue hábilmente transformada en “mito fundacional”, por la llamada Guerrilla de las FARC, que lo usó para justificar su accionar criminal de práctica de extorsiones a ganaderos y comerciantes, secuestros extorsivos, reclutamiento y abuso sexual de menores, etc. La estructura armada afirmó ser una resistencia campesina, contra la acción represiva del estado colombiano.

Su gobierno logró sin embargo pacificar el país, atacando con éxito en muchos lugares el fenómeno del bandolerismo rural, que afectaba gravemente la productividad en el campo. Criminales sanguinarios y muy famosos como Efraín González conocido como “El siete colores”, o José William Aranguren alias “Desquite”, fueron perseguidos y dados de baja por el ejército.

La Doctora Paloma Valencia Laserna, miembro de la novena generación de su estirpe en este país, es una de las candidatas presidenciales de Colombia, en las elecciones que se llevaran a cabo en los próximos días. Es así como, la nación podría tener un presidente Valencia más.

REFERENCIAS

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Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hasta el 30 de noviembre se podrá votar en este álbum en las cuentas de FaceBook de El Espectador y la Fundación Color de Colombia, otorgantes del premio desde 2010. También en la cuenta de Instagram de @ColordeColombia

Son ocho jurados y tres votos del público. Los ganadores se conocerán en la ceremonia de premiación el 09 de diciembre en Cali.

Las trece categorías del premio son: Medios y Periodismo, Música y Artes, Educación, Justicia y Derecho, Sector Privado, Fuerza Pública, Sector Público, Academia, Ciencia y Tecnología, Sector Salud, Deportes, Joven y Sector Social.

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Nominados en Música y Artes

Una leyenda de la música, un artista con álbum internacional y un grupo de cantadoras tradicionales nominado al Grammy Latino representan la vibrante contribución de los afrocolombianos a la música popular del país.

Juan Carlos Coronel, cantautor y productor musical: una leyenda viva de la música que lanzó el álbum “ChambaCumbia”, su legado narrativo histórico-racial, e hizo el show del Reinado Nacional de la Belleza. Bolivarense.

Mauro Castillo, cantautor y actor: logró el hito de ser el primer artista afrolatino en grabar en vivo en la Casa Blanca, un álbum salsero con músicos de Latinoamérica. Vallecaucano.

Voces del Bullerengue, colectivo de cantadoras:  con su segundo álbum, Anónimas & Resilientes, de canciones ancestrales y del siglo XXI, lograron nominación al Grammy Latino en Mejor Álbum Folclórico. Bolivarenses.

Los jurados, que representan simbólicamente a la sociedad colombiana

Los cinco jurados permanentes son: 

• Fidel Cano, director de El Espectador;
• Cecilia María Vélez, exministra de Educación;
• Mabel Lara, actual secretaria de Desarrollo Económico de Cali;
• Élber Gutiérrez, productor general de El Espectador; y
• Daniel Mera Villamizar, director ejecutivo de la Fundación Color de Colombia y columnista de El Espectador.  

Este año los jurados invitados son tres mujeres líderes de cámaras empresariales:

• La exministra María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana;
• Ingrid Tatiana Chaves, directora ejecutiva de la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio; y
• Carolina Herrera, directora de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI.

El público vota

El público es el jurado número nueve.  El nominado que reciba más “Me gusta” y “Me encanta” por categoría sumará dos votos frente a los ocho de los jurados individuales.

Por tercer año, habrá un tercer voto de parte del público, correspondiente a cerca de 500 estudiantes pilos de colegio y de universidad de Semilleros de Becarios U, un programa de la Fundación Color de Colombia, que está en más de 20 municipios de 12 departamentos.

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Personalidades que entregan galardones y placas

Para reforzar el simbolismo de ser un premio por el cual la sociedad reconoce todavía más que los afrocolombianos pueden desempeñarse en cualquier responsabilidad y que han aportado históricamente y aportan a la construcción de una mejor nación colombiana, se invita a personalidades a entregar galardonas y placas, además de los jurados:

• Alejandro Eder, alcalde de Cali
• Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
• Esteban Piedrahita, rector de la Universidad ICESI
• Claudia Calero Cifuentes, presidenta de Asocaña
• Carlos José Murgas, vicepresidente del Grupo Empresarial Oleoflores
• José Miguel Maldonado, gerente de la Unidad de Negocio de Plátanos de Uniban
• Marie Claude Joachim, gerente de Talento Humano y Cultura de Totto
• Lina Sinisterra, directora de la ANDI regional Valle del Cauca
• Carlos Arcesio Paz, empresario
• Kira Gidrón, directora general de Lumni, inversora en educación

Afrocolombianos del Año es una acción afirmativa de inclusión simbólica que ayuda a contrarrestar estereotipos negativos asociados al color de la piel, rezago cultural del racismo en una parte de la sociedad, y a visibilizar más la integración de los afrocolombianos en la nación. 

Por ser una acción afirmativa tiene carácter temporal, hasta cuando los otorgantes consideren que ha cumplido su objetivo y ya no sea necesaria.

La Fundación Color de Colombia, co-otorgante del premio, con 19 años de existencia, se enfoca en promover el reconocimiento, la movilidad social y la integración de la población afrocolombiana en la sociedad y el desarrollo sostenible. 

Para información adicional, escribir a: reconocimiento.integracion@fundacioncolordecolombia.org

Algo hay de fondo también en la proclama ahora de moda para rechazar la tendencia autoritaria del presidente de turno, con dos palabras que en ese mismo país tienen significado más profundo que el de la simple oposición, dentro de una democracia, a quienes tienen talante de dictadores: “No King”. 

Entre chiste y chanza, el presidente no ha escapado a la tentación de permitir que circulen imágenes suyas con la cabeza coronada. Su sentido del ejercicio del poder, con ese disfraz, parece ir mucho más atrás de las revoluciones americana y francesa: “el poder soy yo”, parece decir con sus declaraciones, que le deparan ostensible placer. Algo que tiene seguidores y defensores, pues muchos prefieren que haya alguien que mande con fuerza y no con tibiezas. Así se ejerza el poder, como sucede también en otros países, tocando al oído y con una confianza casi patológica en un ego que se cree genial y todopoderoso. 

Nadie más feliz que el presidente de los Estados Unidos al recibir la carta de invitación del Rey Carlos Tercero de la Gran Bretaña a visitar oficialmente por segunda vez su país y alojarse en su castillo más significativo. Invitación fina y oportunamente calculada por una diplomacia que hace bien su oficio y que puso al rey en ese trance a cambio de que el presidente se sintiera agasajado y no fuera a desatar sus furias arancelarias en mala hora contra la otrora metrópolis colonial de una nación que se ufanó de ser de inmigrantes, justo hasta su retorno a la Casa Blanca. Nadie más feliz que el mismo presidente caminando casi despegado del suelo por los corredores de Windsor y sentado a manteles en un salón que jamás podría imitar en Mar a Lago, donde hay oro pero falta el peso de la historia. 

Como las “casas reinantes” europeas, sin excepción, se han convertido más bien en símbolos de países democráticos en donde cumplen una función protocolaria pero no hacen negocios y son más bien, comenzando por la británica, mucho más sencillas y prudentes que lo que la gente piensa, un presidente con el carácter del actual no tiene mucho que hablar con ellas. Allí no se disputan por la amistad de un personaje suigéneris aún para los estándares estadounidenses, donde la tradición presidencial no solo ha sido elevada sino que ha estado rodeada de funcionarios profesionales y conocedores del mundo y de las “obligaciones ineludibles” de una gran potencia, muchos de los cuales han sido despedidos porque su profesionalismo resulta incómodo. 

Sin mucho qué hacer ante o con las cortes europeas, el presidente y sus socios de negocios han encontrado un escenario perfecto para “hacer muchas cosas”, en un mundo diferente, donde sí que hay reyes y príncipes y demás dignatarios que ostentan no solamente títulos sino poder efectivo para desarrollar emprendimientos en común y dialogar en dólares más que en cualquier otro lenguaje. Además, no se puede negar, que están al mando efectivo de países de significación geopolítica, revestidos del poder que todavía confiere el petróleo.

Los árabes, a lo largo de su extensa historia, han sido protagonistas de negocios de todas proporciones desde mucho antes de la aparición del capitalismo. Saben que en materia de negocios tiene gran valor el acierto en el conocimiento de la contraparte mucho más allá de la evaluación de su capacidad económica, que es apenas uno de los factores a tener en cuenta. Entienden que es preciso romper barreras invisibles y “calibrar” el alma del otro, con sus fortalezas y debilidades. Y que en materia de negocios el placer se deriva en muchos casos de lo enriquecedor de la experiencia personal más que de la ganancia obtenida, que no es sino dinero. 

Dentro del estrellato del mundo árabe contemporáneo brilla con luz propia y poder y ambiciones incontenibles Mohammed bin Salman Al Saud, el hijo del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, quien le ha delegado poderes completos, que el depositario ha aprovechado para dirigir un proceso de transformación del país en todos los campos posibles, como lo acreditan medidas de cambio en el orden social, el propósito de tránsito al uso de energía nuclear en previsión de un futuro de decadencia del petróleo, que aunque lejano hay que prever, y el tejido de una red de relaciones internacionales de primer orden. 

Cuenta Bob Woodward, el legendario periodista que destapó el escándalo de Watergate, que en una visita del senador republicano Lidsey Graham, el príncipe Mohammed, conocido como MBS, mandó traer una cesta con algo así como 50 teléfonos desechables, cada uno marcado con el nombre de un destinatario exclusivo. Así se comunicó, delante de Graham con Donald Trump lo mismo que con Jack Sullivan, el uno en el desierto político entre sus dos presidencias y el otro en la Casa Blanca, junto a Joe Biden. 

La estrella de MBS pasó por un periodo de opacidad cuando se le achacó la autorización final, al menos, del asesinato de Jamal Ahmad Hamza Khashoggi, periodista del Washington Post y opositor inclemente del gobierno de los Saud, que fue al parecer vuelto trizas y desaparecido en un consulado en Turquía. Sospecha de responsabilidad que, según los medios, fue confirmada por la CIA, que no es cualquier cosa. 

Faltaba que regresara a un segundo mandato, inédito y casi inverosímil, un presidente dispuesto a hacer negocios de diferente índole con Arabia Saudita. Propósito que solamente se pude cumplir si se tiene una buena relación con MSB, el muy hábil dueño del poder, con quien hay que contar para hablar lo mismo de inversiones mutuas que de la situación y el futuro del Medio Oriente.  

Una “productiva” visita del presidente de los Estados Unidos a Riad, llena de pompa medio oriental, dio lugar a conversaciones muy importantes en torno a asuntos como la normalización de las relaciones con Israel, la eventual alianza americano-saudí para hacer frente a Irán, y el futuro de Siria, cuyo nuevo presidente fue presentado con todos los honores, y la posibilidad de un Estado Palestino. También sirvió para la inspección de proyectos inmobiliarios, con campos de golf y las inevitables torres, promovidos en territorio saudí por la familia y amigos del presidente.

Fue después de todo eso que vino la invitación a Su Alteza Real, como degusta al decirlo el presidente, para que visitara la Casa Blanca, donde fue recibido con la gracia un poco escuálida de las pompas americanas para visitantes orientales -faltan siglos de historia-. 

Cuando una periodista se atrevió a preguntar a su alteza el árabe sobre la desaparición del periodista en Estambul, su alteza el americano la reprendió por agredir al visitante, algo que no hizo cuando agredieron vilmente a Zelensky, y fue más allá para defenderlo y decir que el desaparecido no le gustaba a mucha gente y que el príncipe, que se frotaba nervioso las manos, no tenía nada que ver con eso. 

Rehabilitado luego de esa visita, en el mundo que depende para tantas cosas del ocupante temporal de la Casa Blanca, MBS salió del encierro y vuelve a jugar a lo grande como factor no solamente de negocios multimillonarios para su país, que se beneficiará de nuevas tecnologías y de un intercambio de inversiones rentables, sino que tendrá mucho qué decir en las discusiones sobre el futuro del Medio Oriente, mientras los encantados en América con la magia de las mil y una noches lo tratan con reverencia.

Algo hay de fondo también en la proclama ahora de moda para rechazar la tendencia autoritaria del presidente de turno, con dos palabras que en ese mismo país tienen significado más profundo que el de la simple oposición, dentro de una democracia, a quienes tienen talante de dictadores: “No King”. 

Entre chiste y chanza, el presidente no ha escapado a la tentación de permitir que circulen imágenes suyas con la cabeza coronada. Su sentido del ejercicio del poder, con ese disfraz, parece ir mucho más atrás de las revoluciones americana y francesa: “el poder soy yo”, parece decir con sus declaraciones, que le deparan ostensible placer. Algo que tiene seguidores y defensores, pues muchos prefieren que haya alguien que mande con fuerza y no con tibiezas. Así se ejerza el poder, como sucede también en otros países, tocando al oído y con una confianza casi patológica en un ego que se cree genial y todopoderoso. 

Nadie más feliz que el presidente de los Estados Unidos al recibir la carta de invitación del Rey Carlos Tercero de la Gran Bretaña a visitar oficialmente por segunda vez su país y alojarse en su castillo más significativo. Invitación fina y oportunamente calculada por una diplomacia que hace bien su oficio y que puso al rey en ese trance a cambio de que el presidente se sintiera agasajado y no fuera a desatar sus furias arancelarias en mala hora contra la otrora metrópolis colonial de una nación que se ufanó de ser de inmigrantes, justo hasta su retorno a la Casa Blanca. Nadie más feliz que el mismo presidente caminando casi despegado del suelo por los corredores de Windsor y sentado a manteles en un salón que jamás podría imitar en Mar a Lago, donde hay oro pero falta el peso de la historia. 

Como las “casas reinantes” europeas, sin excepción, se han convertido más bien en símbolos de países democráticos en donde cumplen una función protocolaria pero no hacen negocios y son más bien, comenzando por la británica, mucho más sencillas y prudentes que lo que la gente piensa, un presidente con el carácter del actual no tiene mucho que hablar con ellas. Allí no se disputan por la amistad de un personaje suigéneris aún para los estándares estadounidenses, donde la tradición presidencial no solo ha sido elevada sino que ha estado rodeada de funcionarios profesionales y conocedores del mundo y de las “obligaciones ineludibles” de una gran potencia, muchos de los cuales han sido despedidos porque su profesionalismo resulta incómodo. 

Sin mucho qué hacer ante o con las cortes europeas, el presidente y sus socios de negocios han encontrado un escenario perfecto para “hacer muchas cosas”, en un mundo diferente, donde sí que hay reyes y príncipes y demás dignatarios que ostentan no solamente títulos sino poder efectivo para desarrollar emprendimientos en común y dialogar en dólares más que en cualquier otro lenguaje. Además, no se puede negar, que están al mando efectivo de países de significación geopolítica, revestidos del poder que todavía confiere el petróleo.

Los árabes, a lo largo de su extensa historia, han sido protagonistas de negocios de todas proporciones desde mucho antes de la aparición del capitalismo. Saben que en materia de negocios tiene gran valor el acierto en el conocimiento de la contraparte mucho más allá de la evaluación de su capacidad económica, que es apenas uno de los factores a tener en cuenta. Entienden que es preciso romper barreras invisibles y “calibrar” el alma del otro, con sus fortalezas y debilidades. Y que en materia de negocios el placer se deriva en muchos casos de lo enriquecedor de la experiencia personal más que de la ganancia obtenida, que no es sino dinero. 

Dentro del estrellato del mundo árabe contemporáneo brilla con luz propia y poder y ambiciones incontenibles Mohammed bin Salman Al Saud, el hijo del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, quien le ha delegado poderes completos, que el depositario ha aprovechado para dirigir un proceso de transformación del país en todos los campos posibles, como lo acreditan medidas de cambio en el orden social, el propósito de tránsito al uso de energía nuclear en previsión de un futuro de decadencia del petróleo, que aunque lejano hay que prever, y el tejido de una red de relaciones internacionales de primer orden. 

Cuenta Bob Woodward, el legendario periodista que destapó el escándalo de Watergate, que en una visita del senador republicano Lidsey Graham, el príncipe Mohammed, conocido como MBS, mandó traer una cesta con algo así como 50 teléfonos desechables, cada uno marcado con el nombre de un destinatario exclusivo. Así se comunicó, delante de Graham con Donald Trump lo mismo que con Jack Sullivan, el uno en el desierto político entre sus dos presidencias y el otro en la Casa Blanca, junto a Joe Biden. 

La estrella de MBS pasó por un periodo de opacidad cuando se le achacó la autorización final, al menos, del asesinato de Jamal Ahmad Hamza Khashoggi, periodista del Washington Post y opositor inclemente del gobierno de los Saud, que fue al parecer vuelto trizas y desaparecido en un consulado en Turquía. Sospecha de responsabilidad que, según los medios, fue confirmada por la CIA, que no es cualquier cosa. 

Faltaba que regresara a un segundo mandato, inédito y casi inverosímil, un presidente dispuesto a hacer negocios de diferente índole con Arabia Saudita. Propósito que solamente se pude cumplir si se tiene una buena relación con MSB, el muy hábil dueño del poder, con quien hay que contar para hablar lo mismo de inversiones mutuas que de la situación y el futuro del Medio Oriente.  

Una “productiva” visita del presidente de los Estados Unidos a Riad, llena de pompa medio oriental, dio lugar a conversaciones muy importantes en torno a asuntos como la normalización de las relaciones con Israel, la eventual alianza americano-saudí para hacer frente a Irán, y el futuro de Siria, cuyo nuevo presidente fue presentado con todos los honores, y la posibilidad de un Estado Palestino. También sirvió para la inspección de proyectos inmobiliarios, con campos de golf y las inevitables torres, promovidos en territorio saudí por la familia y amigos del presidente.

Fue después de todo eso que vino la invitación a Su Alteza Real, como degusta al decirlo el presidente, para que visitara la Casa Blanca, donde fue recibido con la gracia un poco escuálida de las pompas americanas para visitantes orientales -faltan siglos de historia-. 

Cuando una periodista se atrevió a preguntar a su alteza el árabe sobre la desaparición del periodista en Estambul, su alteza el americano la reprendió por agredir al visitante, algo que no hizo cuando agredieron vilmente a Zelensky, y fue más allá para defenderlo y decir que el desaparecido no le gustaba a mucha gente y que el príncipe, que se frotaba nervioso las manos, no tenía nada que ver con eso. 

Rehabilitado luego de esa visita, en el mundo que depende para tantas cosas del ocupante temporal de la Casa Blanca, MBS salió del encierro y vuelve a jugar a lo grande como factor no solamente de negocios multimillonarios para su país, que se beneficiará de nuevas tecnologías y de un intercambio de inversiones rentables, sino que tendrá mucho qué decir en las discusiones sobre el futuro del Medio Oriente, mientras los encantados en América con la magia de las mil y una noches lo tratan con reverencia.

Tras una larga caminata por el enorme recinto de Le Bourget, varios días de poco sueño y en medio del invierno decembrino, Julio Cordano —hoy jefe de la delegación chilena ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— arribó al plenario final de la COP21, donde hace diez años en París 195 países del mundo llegaron a un inédito acuerdo global para combatir la crisis climática. Según recuerda, hay “un antes y un después” en la acción climática global desde ese día.

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Todo parecía listo para un resultado histórico tras un proceso de varios años, hasta que un verbo en el borrador final lo puso a sudar frío. Cada palabra en el Acuerdo se debatía con una precisión milimétrica y “cada artículo era un mundo en sí mismo”, dice Cordano. Cuando ya no se podían hacer más cambios, Estados Unidos señaló que el borrador decía que los países ricos “deberán” tomar acciones para cortar emisiones —un verbo que implica obligaciones legales— en vez de “deberían”, una opción más voluntaria. “Era una línea roja para muchos países desarrollados, especialmente para uno”, asegura Cordano.

Esto activó una crisis. El plenario se suspendió y comenzaron las consultas a las delegaciones. “La gente corría para arriba y para abajo”, recuerda Cordano. Laurent Fabius, el presidente de la COP21, terminó por indicar que el verbo fue un “error tipográfico” y ajustó el texto dejando el más laxo “deberían”. El cambio es pequeño, pero muestra que tanto países ricos como pobres asumirían compromisos voluntarios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país hoy decide su nivel de ambición.

Al no encontrar objeciones y habiendo logrado el consenso de todos los gobiernos, Fabius declaró el Acuerdo de París con un martillazo y el plenario estalló en aplausos. “Lo que se logró ahí fue fantástico porque fue un acuerdo donde todos tuvimos que ceder”, recuerda Cordano.

Diez años después, las mismas bases sentadas en la capital francesa —entre ellas el principio de acciones voluntarias— representan actualmente algunos de los mayores retos para implementar el Acuerdo de París. Los gobiernos llegarán a la COP30, por celebrarse en la ciudad brasileña de Belén en noviembre de este año, con un sistema multilateral debilitado, planes climáticos insuficientes y embates del clima cada vez peores, entre ellos sequías extremas en la Amazonía, huracanes cada vez más destructivos y pérdida masiva de corales.

La ciencia es clara: los últimos diez años, desde la firma del Acuerdo de París en 2015, han sido también los diez años más calientes registrados, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y las emisiones globales de gases de efecto invernadero continúan aumentando. La respuesta del Acuerdo ante la gravedad de la situación sigue siendo la misma: que cada país presente planes para reducir emisiones —llamados Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)—.

Sin embargo, las NDC fueron insuficientes en su primera versión presentada en 2020 y deberán ser actualizadas antes de la COP30. Algunos de los países claves de Latinoamérica como México y Argentina, que forman parte de los mayores emisores de gases de efecto invernadero de la región, aún no han presentado su actualización.

Incluso, una vez presentados, convertir los planes climáticos en realidad ha sido otro reto del Acuerdo. Estados Unidos, el principal contaminador histórico, presentó su NDC actualizado el año pasado, pero se retiró por segunda vez del Acuerdo este año bajo la administración de Donald Trump. Es más, puso en marcha políticas contrarias a la acción climática, entre ellas desmantelar los incentivos fiscales a las energías limpias y acelerar permisos para combustibles fósiles.

“Cuando las reglas son tan flexibles, es fácil atraer a los países, pero es más difícil convertir las promesas en acciones”, asegura Marcio Astrini, veterano asistente a las COP y secretario ejecutivo del Observatório do Clima, una coalición de ONG climáticas brasileñas. “Veremos qué tan resiliente es el Acuerdo ante estos retos”.

Pese a los desafíos en su implementación, Cordano argumenta que el mundo y en particular la región latinoamericana está “sin duda mucho mejor equipada” para aumentar su acción climática gracias al Acuerdo. Las negociaciones climáticas han aumentado desde la reunión de París en número de delegados y han surgido nuevas iniciativas para reducir las emisiones de metano (un gas de efecto invernadero 86 veces más potente que el dióxido de carbono), así como iniciativas para proveer fondos a países que sufren embates climáticos y para proteger los bosques.

La ex secretaria ejecutiva de la convención climática de la ONU, Patricia Espinosa, sostuvo que el Acuerdo de París “ha sido una extraordinaria contribución a la humanidad” durante un evento a finales de septiembre de este año.

La carrera por los 1.5°C

Una de las mayores virtudes del Acuerdo de París es que fijó por primera vez una meta común entre todos los países: limitar el aumento de la temperatura global a 2° C y con miras a 1.5° C, afirma Astrini. “El Acuerdo de París creó un sentido de que los países están avanzando en la misma dirección”, dice.

Aunque 1.5° C puede parecer poco, la ciencia climática advierte que cada fracción de grado implica pérdidas económicas millonarias, miles de vidas y cambios irreversibles, como, por ejemplo, el blanqueamiento masivo de corales. Hasta ahora, el planeta se ha calentado cerca de 1.2° C y si los países no actualizan sus planes con metas más ambiciosas, el destino será un drástico aumento de entre 2.6° y 3.1° C para finales de siglo.

Haciendo un balance de la situación, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, dijo en un evento conmemorativo de los 10 años de París que, sin el Acuerdo, la Tierra estaría rumbo a escenarios de hasta 5° C de calentamiento. Según dijo, vivimos en un mundo más seguro gracias al Acuerdo.

Para lograr mantener con vida la meta de 1.5° C grados, el planeta necesita cortar las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad para 2050, es decir, lograr un estado en el que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas se compensen con la misma cantidad de gases retirados de la atmósfera.

Aún así, Stiell resaltó que el Acuerdo ha servido como guía para el sector privado, que desde la firma del documento en 2015 ha invertido 10 veces más en energías limpias. Un reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) muestra que actualmente la inversión en energías renovables (2.2 billones de dólares) duplica la inversión en combustibles fósiles (1.1 billones de dólares).

En América Latina, la inversión en energías limpias aumentó un 25 % desde 2015, llegando a 70 mil millones de dólares, según la AIE. Chile, Colombia y Costa Rica lideraron este crecimiento, duplicando la inversión en energías limpias tales como vehículos eléctricos y fuentes renovables. De acuerdo con AIE, en el mismo periodo, la inversión en combustibles fósiles se redujo en 20 % en la región.

“Hay una ola de acciones positivas de gobiernos, sociedad civil y el sector privado iniciando sus propios caminos, inspirados por el Acuerdo de París. El Acuerdo tiene una acción indirecta,” dice Cordano. “La fuerza que tiene un acuerdo político de esa magnitud va mucho más allá de la mera implementación de sus disposiciones”, añade.

En la región, por ejemplo, el Acuerdo ha sido referenciado en los fallos de las cortes más altas, entre ellos una reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que urge a los países a limitar el uso y extracción de combustibles fósiles. En Brasil, la Corte Suprema del país condenó al gobierno de Jair Bolsonaro por no cumplir con sus obligaciones ante el Acuerdo de París. “Esto muestra muy claramente por qué era necesario tener el acuerdo”, dice Astrini.

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Comunidades indígenas exigen acciones

Mientras que para algunos expertos el Acuerdo de París dio paso a cambios históricos durante la última década, para Levi Sucre, indígena Bribri de Costa Rica y coordinador del grupo regional Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), no mucho ha cambiado en su comunidad rural del Caribe costarricense. En el territorio, las comunidades indígenas aún enfrentan falta de acceso a la tierra, pocos fondos para proteger los bosques y hostilidades contra los defensores ambientales.

Pese a que el Acuerdo de París requirió a los países realizar nuevos planes para enfrentar la crisis climática, “las legislaciones nacionales están muy lejos de garantizar derechos”, dice Sucre. “Hay temas muy arraigados como la falta de tenencia de la tierra”.

Estas falencias han llevado a que algunos gremios de comunidades originarias como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) vayan a la COP30 en Belén con campañas globales inéditas. Buscan, entre otras cosas, posicionar los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas como una de las principales respuestas frente a la crisis climática en el mundo.

La ONIC, por ejemplo, presenta 10 demandas claras, que resumen los consensos del Movimiento Indígena Colombiano y latinoamericano, entre ellas el reconocimiento de los sistemas de conocimiento indígena como mecanismos eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático, la exigencia de aplicación inmediata del artículo 9.1 del Acuerdo de París que obliga a los Estados a financiar la acción climática global y la petición de garantizar el financiamiento climático directo, sin intermediarios, de manera que los recursos lleguen real y directamente a las comunidades indígenas.

“Las políticas climáticas impuestas desde visiones hegemónicas y coloniales continúan desconociendo nuestro papel como autoridades ambientales y gobiernos propios, reduciéndonos a simples actores sociales, cuando en realidad somos garantes de la continuidad de la vida en el planeta”, indica el Consejero Mayor de la ONIC, Rosalino Guarupe Joropa.

Hay otro escenario que no se puede dejar de lado. Durante la última década, América Latina ha registrado el mayor número de asesinatos a defensores del ambiente, muchos de ellos indígenas, según el último reporte de la ONG Global Witness. A nivel mundial, más de 1500 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas desde la firma del Acuerdo de París, según el informe.

Mientras tanto, durante la última década, los mayores sumideros de carbono – entre ellos la Amazonía – han continuado en firme retroceso por la deforestación, pese a que todos los países han presentado planes climáticos. Un reporte de ONU Ambiente muestra que las NDC -las metas de reducción de emisiones- de países latinoamericanos con mayor deforestación carecen de objetivos medibles para reducir la deforestación. América Latina es la región con mayores emisiones por la pérdida de bosques.

Algunos países han actualizado sus NDC de cara a la COP30 y han aumentado sus compromisos de reducción de deforestación. Por ejemplo, Colombia prometió bajar la tasa de deforestación a más de la mitad, pasando de las 113 000 hectáreas deforestadas en 2024 a 50 000 en 2030. Bolivia buscará reducir la deforestación al 100 % en áreas protegidas y 80 % fuera de áreas protegidas para 2035.

Con todo, la falta de fondos ha sido otra de las debilidades históricas del Acuerdo. Los países ricos prometieron movilizar 100 mil millones de dólares para la acción climática cada año a partir de 2020. Lo cumplieron dos años tarde y principalmente a través de préstamos, en lugar de donaciones. Para comunidades como la de Levi Sucre, acceder a estos fondos es fundamental para poder proteger los bosques efectivamente. Esa es, precisamente, una de las exigencias que hará la ONIC en la COP30.

Una de las herramientas del Acuerdo de París para movilizar fondos son los mercados de carbono, que permiten a comunidades vender sus reducciones de emisiones a países interesados en reducir su huella de carbono. Sin embargo, los gobiernos tardaron casi una década en definir las reglas de este mercado, adoptadas el año pasado en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán.

Actualmente, el mercado propuesto en el Acuerdo no está activo, ya que su plataforma administrativa sigue en desarrollo. En su ausencia, el vacío ha sido llenado por el mercado voluntario dirigido a actores privados, pero que ha estado lleno de denuncias por violaciones de derechos humanos contra comunidades, como ha documentado Mongabay Latam en varios reportajes.

“Estamos terminando una década con una agresión fuertísima. Ha habido engaños, estafa, incluso hemos tenido experiencias en Mesoamérica donde una comunidad perdió su derecho de propiedad del bosque por una ONG que los engañó en el mercado de carbono”, comenta Sucre.

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La COP30 llama a defender el Acuerdo de París

A diez años de que el plenario estallara en aplausos en Le Bourget y el multilateralismo recibiera un nuevo impulso con el Acuerdo de París, el problema de las emisiones persiste y algunos gobiernos han comenzado a empujar en contra de las negociaciones. Por ejemplo, siguiendo las señales de la administración Trump en Estados Unidos, Argentina retiró a su delegación de la pasada COP29 por órdenes del presidente Javier Milei.

Para Adrián Martínez, director de la ONG La Ruta del Clima, “Milei también es nada más que un síntoma de la enfermedad negacionista que viene de Estados Unidos”, añadiendo que sus posturas en contra de la acción climática se han propagado por la región. “Hay un deseo de negar esta realidad y encontrar placebos con soluciones idealizadas.”

En Argentina, parece haber consenso en la expansión fósil, ya que tanto el anterior gobierno progresista de Alberto Fernández como el actual derechista de Milei han apoyado la expansión de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo.

Andrés Gómez, coordinador de campañas en Latinoamérica de la iniciativa para un Tratado de No-Proliferación de Combustibles Fósiles, destaca el trabajo de comunidades y la sociedad civil en la región para avanzar en la acción climática, entre ellos el referendo liderado por indígenas en el que Ecuador decidió eliminar la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. El Gobierno sin embargo ha fallado en implementar la decisión a dos años del referendo.

“Eso lo puedes ver en todos los países: desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, el trabajo en Ecuador para que se cumpla la sentencia del Yasuní, el trabajo en LA Amazonía de Perú por los derrames de petróleo, el trabajo anti-fracking en Argentina… Desde los pueblos es donde vemos que está la mayor ambición y eso es algo que hay que destacar”, dice Gómez.

Pero los Estados se han movido más lento, por lo que han surgido iniciativas para reformar las COP de forma en que fomenten acciones más rápidas. Un grupo de expertos conocido como el Club de Roma —conformado en parte por ex secretarios de la ONU— argumentó en una carta abierta el año pasado que las negociaciones, pese a sus virtudes, no permiten los cambios rápidos y drásticos necesarios para cumplir el Acuerdo.

En parte, la propia naturaleza voluntaria del Acuerdo ha dificultado presionar a los países a tomar acciones más drásticas, una flexibilidad por la que el Gobierno estadounidense luchó hasta el último momento de negociación en 2015.

Una de las posibles reformas más discutidas en los últimos años ha sido la regla de consenso para tomar decisiones, en la que todos los países del mundo tienen que estar de acuerdo sobre un tema, explica Astrini. Esta regla difiere de otros foros de la ONU donde se toman las decisiones por mayoría. Esto ha permitido que países productores de petróleo como Arabia Saudita bloqueen menciones a los combustibles fósiles, como sucedió el año pasado en la COP29.

En una carta preparativa para las negociaciones de este año, el presidente de la COP30, André Correa do Lago, enfatizó que una de sus prioridades será defender el multilateralismo y enfocarse en la implementación del Acuerdo de París. La presidencia brasileña ha anunciado iniciativas como convocar a todas las presidencias de las últimas diez COP en un “círculo de presidencias”, así como un “balance ético global” sobre la necesidad de tomar acciones rápidas.

“De cara al futuro, las próximas COP pueden representar una nueva generación de conferencias sobre el clima: no como eventos diplomáticos aislados, sino como plataformas sistémicas para acelerar la ejecución, medir el progreso e involucrar a un ecosistema más amplio de actores”, escribió Correa do Lago en una de sus cartas preparativas a la conferencia.

Mientras el mundo se prepara para la COP30 y a pesar de los obstáculos, el veterano negociador chileno Julio Cordano se muestra optimista y sostiene que “en estos diez años hemos logrado muchísimas cosas”. Los países negociarán un nuevo marco para que las Naciones fortalezcan su adaptación al cambio climático.

Durante París, Cordano fue justamente negociador en el tema de adaptación y sostiene que este tema se logró incluir en el Acuerdo gracias a la unidad de los países en desarrollo. “Seguimos la misma lógica, construyendo este castillo de acción climática sobre el Acuerdo de París”, dice Cordano. “Es un ejemplo de cómo el multilateralismo puede funcionar”.

Imagen principal: celebración luego de la firma del Acuerdo de París en 2015. Foto: cortesía UN Photo – Mark Garten

El artículo original fue publicado por Sebastiánn Rodríguez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En ese orden de ideas, hace unos días la Alcaldía de Cali, en conjunto con Invest Pacific y la Cámara de Comercio de Cali, lanzó oficialmente la narrativa ‘Cali Home4Tech’, una apuesta estratégica que busca posicionar a la ciudad como un referente de tecnología con proyección global.

“Más que una narrativa, Cali Home4Tech es una visión compartida que proyecta a Cali como una ciudad inteligente, con talento humano calificado, infraestructura moderna, vocación exportadora y un ecosistema empresarial dinámico que promueve la transformación tecnológica y la sostenibilidad. Queremos mostrarle al mundo que nuestra ciudad está lista para fomentar el crecimiento de nuestras empresas, generar empleo de calidad y atraer inversión tecnológica, como una ciudad que evoluciona y se adapta a las demandas del futuro”, destacó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, durante el evento de lanzamiento de la narrativa.

Cada uno de los elementos de esta narrativa fue elegido de manera minuciosa, tal y como lo explicó María Eugenia Lloreda, asesora del alcalde Eder y quien lideró este ejercicio de construcción. El ‘home’, por ejemplo, hace referencia a que Cali es el hogar de las empresas de tecnología, no solo de las que nacen en la ciudad, sino desde donde se expanden al mundo.

A su vez, el ‘4’ evidencia las audiencias a las que está dirigida la narrativa: el talento humano que Cali desea atraer; los inversionistas que deben asentarse en la ciudad (empresas y fondos de inversión que apuesten por startups caleñas), los clientes de las empresas de tecnología, y, por último, los caleños, para que se apropien de esta narrativa.

En el eslogan de Cali Home4Tech, además, hay tres componentes clave: inteligente, sostenible y global, y hacen referencia al ingenio caleño, a su biodiversidad —que hace parte del ADN de la ciudad—, y a la intención clara de ser una plataforma en la exportación de servicios tecnológicos.

CAMINO RECORRIDO

Tal vez, lo más importante que hay que tener en cuenta con respecto a esta narrativa, es que evidencia algo que ya viene ocurriendo en la ciudad. De acuerdo con Ana María Castillo, directora de competitividad e internacionalización de la Cámara de Comercio de Cali, el ecosistema de startups en la ciudad ha venido creciendo de manera muy significativa: en 2024 registró un aumento de 75% con respecto al año anterior en startups asociados a fintechs, heatlhtech y foodtech y otros subsectores tecnológicos. Cali es ya el tercer ecosistema en Colombia y el 18 en América Latina.

En ese sentido, Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft y quien también participó en el evento de lanzamiento de Cali Home4Tech, señaló que entre las condiciones para que una ciudad se convierta en un hub de tecnología están: un ecosistema empresarial dinámico y activo; la infraestructura adecuada y suficiente para que las empresas puedan operar; habilitadores del ecosistema (aceleradoras, fondos de inversión y centros de innovación); y el talento humano preparado y disponible.

De acuerdo con la directora ejecutiva de Fedesoft, Cali ya cumple con estos requisitos (hay un ecosistema vivo y una industria con cerca de 40 años de vida en la ciudad), pero aún queda camino por transitar para crecer y consolidar esta apuesta, sobre todo, en la atracción de inversión y el desarrollo de talento humano.

En cuanto a la inversión, desde Invest Pacific detectamos a partir de 2012 un aumento significativo de las empresas extranjeras de vocación tecnológica que están presentes en la región, al pasar de siete a 42 firmas. Ese trabajo de promoción de Cali como destino para las inversiones en tecnología se está reforzando, justamente, con el lanzamiento de esta narrativa.

La dinámica de inversión en el sector de tecnología y desarrollo de software ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos diez años, generando a hoy inversiones por más de US$46 millones y contribuyendo a la creación de más de 1.300 empleos. Además, este sector aporta el 2,7 % del PIB regional. Esta dinámica del sector TIC y de startups se da gracias a un tejido empresarial maduro y diverso con el que ya cuenta la región, especialmente relacionado con industrias de salud, agroindustrias y manufacturas.

En cuanto a talento humano, de acuerdo con cifras de Cenisoft, en Colombia hacen falta 161.000 desarrolladores (3,5 millones en todo el mundo). La buena noticia, como lo confirmó Antonio Jiménez, CEO de Helppeople —empresa de software de raíces caleñas— es que la academia ya está volcada a ofrecer programas para jóvenes interesados en el sector. Hoy, el Valle del Cauca es el departamento de Colombia con mayor número de matrículas en carreras relacionadas con tecnología.

“Cali Home4Tech es una declaración de lo que se convertirá Cali de aquí al futuro. Ya somos el hogar de las empresas de tecnología. Mi sueño es que los niños y jóvenes tengan en su mente que Cali es la ciudad que los va a catapultar en el mundo de la tecnología”, precisó el CEO de Helppeople durante el lanzamiento de la narrativa. Un sueño que sin duda compartimos todos los caleños y en el que hay que trabajar de manera conjunta para hacerlo realidad lo antes posible.

*Por: Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific.

Deciamos que los CLÁSICOS no desaparecen SIMPLEMENTE están ahí solo tratando de APARECER cuando el MOMENTO se les requiera… que “MAPY”FERNÁNDEZ GÓMEZ… se acuerde de sus INICIOS por estos lugares… y nos envíe este formato que hemos denominado…

“MAPY por el MUNDO… HOY: LONDRES en un tipico SÁBADO INGLÉS…

Un buen café, después de un recorrido
magnífico por Londres, saliendo de
Kensington, pasando por el palacio donde
vivió la querida Diana de Gales -la princesa
del pueblo- paseando por sus bellos y
tranquilos jardines, no tiene precio.
En este Palacio nació (1819) y vivió la
reina Victoria, mujer que llevó a Inglaterra
a ser el país m á s avanzado de Europa.
Cruzando Hyde Park, escenario magnífico
para la representación de cualquier obra
del teatro de la vida en su estado más
espontáneo y natural, me siento yo;
observo, camino, corro, fotografío,
comparto espacio con las ardillas 3 ime
encantan! Ágiles y curiosas.
Continuo mi paseo cruzando hacia el Arco
de triunfo del Duque de Wellington ,

me siento abrumada por su colosal tamaño,
conmemora la victoria de las tropas
británicas sobre Napoleón Bonaparte.
Sigo en dirección al Palacio de
Buckingham…

pensar que más de un millón
de personas se acercó a el en el 50 °aniversario de la coronación de la Reina Isabel”, me hace sentirme afortunada, por
las pocas personas que me rodean, no
ondea el Estandarte Real, los Reyes no
están ¿estarán en Windsor? O quizá en
Balmoral…
Camino hacia Wetsmister, el famoso Big
Ben, atrapa mi atención, jes magnífico!,
reloj que desde 1859 marca las horas. Big
Ben, es en realidad el nombre de la
campana de la Elisaheth Tower, nombrada
así en honor a la Reina Isabel I y su
jubileo de diamante, j60 años de reinado!
“God save the Queen”
70 años de reinado, la reina más longeva
d e la historia del Reino Unido.

Les invito a visitar Londres, capital de
Inglaterra y del Reino Unido, Museos,
Galerias de arte, Castillos, Comercios
como Harrod”s, Plazas Populares, Calles y
Barrios señoriales, EL GRAN LONDRES, es
m e r e c e d o r d e n u e s t r o tiempo.
Viajar es vivir, vivir es viajar.

MAPYDELAROSA”

Y parodiando como diría KING RICHARD..: My kingdom for a TRIP…”

En un SÁBADO INGLÉS… MÚSICA idem…

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CONTINUARÁ

CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

El Parque Nacional Carrasco está en grave riesgo. La apertura de caminos clandestinos, la proliferación de asentamientos ilegales de comunidades, el aumento de cultivos de coca y el narcotráfico se han profundizado en los últimos cuatro años. Detrás existe una frágil fiscalización de las autoridades y el poder de comunidades o sindicatos de productores de cocales que habitan en su interior, legal e ilegalmente. A pesar de que se trata del área protegida con mayor humedad de Bolivia, es una de las tres más deforestadas.

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Una investigación que empezó a finales de diciembre de 2024 permitió establecer que solo entre octubre de ese año y febrero de 2025, cuatro vías han sido abiertas en la zona de protección estricta. La primera, el 20 de octubre en los sindicatos ilegales Campamento y Carmen Pampa, con una extensión de cinco kilómetros. La segunda, el 12 de noviembre, impulsada por el sindicato Yungas Perguantío (también ilegal), con una longitud de cuatro kilómetros y medio. La tercera vía está en el sindicato de Macho Yungas (legal) y tiene una extensión de 16 kilómetros; los trabajos empezaron el 5 de noviembre. Finalmente, el 21 de febrero de este año hubo una cuarta apertura, en la subcentral Pampas Amarías, compuesta por los sindicatos Peña Rumi, Nuevas Pampas, Primero de Agosto y Chaco soberano (todos legales), con una longitud de 10 kilómetros. Los trabajos de este último camino terminaron en mayo.https://albumizr.com/a/ZLlk

Estas imágenes registradas dentro del parque Carrasco, que han sido proporcionadas por una fuente en territorio, muestran el avance de las vías ilegales dentro del área protegida. Foto: Cortesía comuneros locales.

El parque, de 622 600 hectáreas de superficie, está ubicado en el departamento de Cochabamba, y abarca dos provincias y diez municipios. Debido a su extensión, tiene desde bosques amazónicos hasta puna, pasando por sectores de Yungas, bosque montano, ceja de monte y subandino. Esta variedad de ecosistemas es la que la ubica como la segunda área protegida “con mayor representatividad ecológica y de biodiversidad” del país, después del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado (ANMI) Madidi, en La Paz. Así lo establece un diagnóstico ambiental al que Mongabay Latam tuvo acceso.

Exfuncionarios y biólogos coinciden en que el mayor riesgo al que se expone el área es la pérdida de su categoría de Parque Nacional, para pasar a ser un Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), lo que implicaría legalizar actividades humanas en su interior que actualmente se consideran fuera de norma. Asimismo, se pone en riesgo la riqueza biodiversa de un territorio de reserva que provee agua dulce a toda la zona tropical de Cochabamba.

“Lo poco que se está sosteniendo (del parque) es justamente por su categoría. Pero si la dirección omite sus funciones de protección, incurriría en procesos por no resguardar la categoría”, explica Noel Altamirano, biólogo que estudia y trabaja en el lugar desde hace más de 20 años. “Pero más allá de eso, lo que se va a perder es un ecosistema, porque se sabe que hay planes de unir los municipios de Pojo y Epifania con Chimoré Bulo Bulo, es decir, atravesar todo el parque”, advierte.

El otro conflicto que observa Altamirano es el político-social, ya que hay disputas entre grupos cocaleros de la zona subandina que se disputan el poder con los del trópico, señala una fuente que pidió reserva por seguridad. “La coca del trópico no es para consumo (o acullicu, que es como se conoce al masticado tradicional de la hoja en Bolivia). Es más, ni siquiera nosotros consumimos. En el camino se puede ver que la coca que se vende es la de Yungas de La Paz o la de Yungas de Vandiola (Parque Carrasco), porque es más dulce y pequeña. La otra tiene otro destino y ya se están generando disputas por este tema, porque los compradores prefieren la de Yungas (de Vandiola)”, dice.

Todos los caminos conducen a Carrasco

La apertura de caminos ilegales comenzó en 2021, señala un ex funcionario del parque, quien pidió reserva en su  nombre por seguridad. Ese año se abrió una vía de 15 kilómetros en el sector de Arepucho. Tres sindicatos cocaleros—Arepucho, Guanay y Guanay A— promovieron los trabajos, que luego fueron legalizados mediante una licencia ambiental que se tramitó cuando ya había un avance de nueve kilómetros y se habían derribado árboles primarios con maquinaria.

Un lugareño que habita dentro del parque confirmó que, para llevar adelante los trabajos de dicha apertura, cada familia hizo un aporte económico. Dicho dinero  se usa para: alquilar tractores, pagar combustible diésel y la multa que se estipula por una falta administrativa, ya que se trata de sindicatos reconocidos legalmente.

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“Cuando empezaron a tramitar la licencia ambiental (en el sector de Arepucho), nosotros ya teníamos una senda abierta, que luego se convirtió en un camino. Una noche, un dirigente llegó a mi casa y nos explicó que se había llegado a un acuerdo con la Dirección del parque, y que había que dar una cuota para los trabajos y pagar la multa”, reveló la fuente. En una asamblea, se informó que la recaudación superó los 67 mil bolivianos mil (9 600 dólares, al tipo de cambio oficial: Bs 6.96). Sin embargo, el entrevistado cree que la cifra alcanzó los 150 mil bolivianos (21 500 dólares), porque se recibió aportes de tres sindicatos para realizar dichos trabajos y pagar la citada multa.

A partir de ahí, las vías comenzaron a proliferar de forma alarmante. Lo mismo sucedió con el aumento de coca ilegal, los asentamientos de nuevos colonos o “interculturales”, como se les denomina en Bolivia, y la deforestación de bosque primario.

En el caso de los caminos, en cinco meses se abrieron cuatro y con tres fines, según fuentes consultadas: expandir y ampliar la producción de coca ilegal mediante la mecanización del sembradío, facilitar el tránsito para la comercialización de la hoja ilegal y, finalmente, para sacar otros productos agrícolas. De hecho, entre 2022 y 2023, los cultivos no permitidos crecieron en un 38 %, según el informe de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, por sus siglas en inglés) presentado en febrero último. En esa línea, Carrasco es también la tercera área protegida nacional con mayor deforestación del país, con una pérdida total de bosque de 31 688 hectáreas entre 1953 y 2023, según un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

A través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), Mongabay Latam y La Región han podido constatar que de mayo del 2024 a la fecha se han registrado 245 805 alertas de deforestación en el Parque Nacional Carrasco. Esto significa un 25% más de alertas en comparación al año anterior. Alrededor del 61% de estas alertas ocurrieron entre agosto y octubre de 2024, durante el pico de incendios del año pasado. Además, según los datos de GFW, el 2024 fue el tercer año con mayor pérdida de bosque primario en el 2015 dentro del Parque Carrasco.

Actualmente se estima que en la zona de protección estricta hay, al menos, 16 comunidades ilegales, algunas de las cuales han establecido trancas para controlar el ingreso de foráneos, por lo que no está permitido el patrullaje de guardaparques. “Ellos (los guardaparques) no tienen más que someterse o alejarse de ciertas zonas críticas, por su seguridad y la de sus familias”, dice a Mongabay Latam Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac).

Uno de los puntos más críticos es Parajti, donde hace seis años se construyó un paso peatonal, según confirmaron a este medio tres fuentes distintas con acceso al lugar. Del mismo modo, se conoce de la existencia de una pista de aterrizaje, que no estaría en funcionamiento, pero que se encuentra “bien mantenida”. Ni el cuerpo de protección ni otras instancias de Estado han podido llegar al punto.

Muchas de las comunidades asentadas ilegalmente ya tienen sistemas de agua, construyeron casuchas con madera de árboles derribados y comenzaron con nuevos cultivos de coca. Es más, las familias fueron contabilizadas en el reciente censo de 2024. “Otros no viven ahí, solo entran dos o tres veces al año, para sembrar la coca, cuidarla con agroquímicos y luego sacar la cosecha”, explicó el exfuncionario. Siguiendo su declaración, también se encontró a personas extranjeras y fosas de maceración, “pero muchas de estas denuncias no se hacen por temor”.

Pese al temor, el último 7 de abril se denunció un caso ante la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) por el hallazgo de una fosa de maceración de cocaína abandonada y otra activa en el norte del área protegida. Aunque no se encontró a nadie, los indicios de la presencia de narcotráfico fueron corroborados por asambleístas del Poder Legislativo.

Tanto la senadora Cecilia Requena como el diputado Saúl Lara, del Comité de Medio Ambiente y el de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente, solicitaron informes a autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Ministerio de Medio Ambiente por las denuncias en Carrasco, sin obtener respuesta alguna, aseguraron por separado. Lara incluso realizó inspecciones para verificar la erradicación de cocales junto al Ministerio de Gobierno. “Entre 2022 y 2023, constatamos que había una gran cantidad de focos de calor. Quiere decir (que había) decenas de factorías de elaboración de droga”, aseguró en una entrevista.

En febrero último, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, apuntó a declarar el área protegida como territorio libre de cultivos hasta fin de este año. Pero los congresistas dudan que esto sea posible. Desde octubre pasado, los trabajos de erradicación son irregulares, ya que cocaleros expulsaron a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo de élite conformado por el Ejército, la Policía y la sociedad civil. Se estima que en el interior hay alrededor de 310 hectáreas de coca ilegal, según UNODC.

Desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), no han querido referirse al respecto. Desde abril pasado, se esperaba una entrevista con el director interino, Jair Gonzales Delgadillo, pero el 15 de mayo último, este fue reemplazado de forma sorpresiva por Idelfonso Canaza Kapajeique. El director del parque, David Andrade, pidió que se le devuelva la llamada y no respondió más el teléfono. Hasta el cierre del reportaje se esperó que alguna autoridad pudiera referirse a la situación.

La profundización de presiones sobre el área coincide con el masivo despido de directores jefes de protección y guardaparques que se dio en 2021. “Ninguno de los anteriores directores se dejó convencer de abrir los caminos, pero cuando los cambiaron, los nueve sindicatos cocaleros legales y los que se asentaron ilegalmente se unieron para construir los caminos”, dijo el exfuncionario.

La exasesora legal del parque, Fabiola Iriarte, aseveró en una entrevista por mensajes de WhatsApp que cuando ella dejó el cargo se echó por la borda todo el trabajo que venía realizando. Desde su departamento se habían iniciado procesos penales por estos y otros hechos, “pero me sacaron y en mi área entraron justamente personas del trópico (cocaleros) y paralizaron todos los procesos”, aseguró de forma escueta sin entrar en detalles.

Territorio “no disponible”

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró gran parte del territorio de Carrasco como “tierra fiscal no disponible”. Al tener categoría de Parque Nacional, no debiera haber presencia humana dentro, pero se respetó a las comunidades asentadas antes de la creación, el 11 de octubre de 1991. Según documentos, en ese momento, eran alrededor de 100 familias campesinas (entre 700 a 800 personas), aglutinadas en nueve sindicatos cocaleros. Actualmente hay 16 sindicatos o comunidades ilegales, la mayoría de las cuales se dedica al cultivo de coca.

Nivardo Rivera, director de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (Udestro), una repartición respaldada por ley para medir hectáreas de cocales ilícitos y apoyar la erradicación, dijo a Mongabay Latam que dos federaciones de cocaleros —Bulo Bulo-Mamoré y Carrasco— no permiten el ingreso a ciertas zonas. En enero último, dos campamentos lograron ser instalados en la zona Pampa Colorada, pero un grupo tuvo que retirarse “por falta de alimentación e insumos”.

Lo ocurrido en octubre pasado, con la expulsión de la Fuerza de Tarea Conjunta, es solo una muestra del poder de las seis Federaciones del Trópico cochabambino: una red campesina jerárquica conformada por sindicatos (cada uno de entre 30 y 50 familias) agrupados en subcentrales o centrales. Actualmente, el presidente es el exmandatario Evo Morales, secundado por el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien busca inscribirse como candidato a la Presidencia, en las elecciones generales previstas para agosto próximo.

Tanto el Trópico de Cochabamba como los Yungas de La Paz son las únicas zonas autorizadas para el cultivo de coca en Bolivia. Cada familia puede producir un cato de coca, que equivale a 1600 metros cuadrados de terreno. “Algo que no se cumple”, admite el hijo de un cocalero que vive dentro del área protegida. “Por ejemplo, nosotros somos ocho hermanos y no haríamos nada con un cato. Mi papá se ha comprado un cato en blanco (denominativo que se da al terreno ilegal). El sindicato ayuda en esa parte (la compra del cato ilegal), así que cada familia tiene, por los menos, dos catos: uno legal y otro que no está permitido”, dice.

Durante el gobierno de Evo Morales, se llegó a un acuerdo respecto a la coca ilegal, refiere el entrevistado. Se dejaría un cato por familia y se permitiría “voluntariamente” la eliminación del o los otros catos que tuviesen. Pese a que la acción era ilegal, ello permitió seguir con los trabajos, de ahí que el término “erradicación” se cambió por “racionalización”.

Historia de un parque “donde siempre llueve”

El Parque Nacional Carrasco solo ha sido estudiado en un 20 % de toda su riqueza biodiversa, lamenta el biólogo Noel Altamirano. Él y su hermano Saúl fueron parte de equipos de investigación desde que eran universitarios, lo cual les permitió conocer gran parte del territorio en reserva.

Hasta 2005, más de 3000 especies de plantas fueron registradas, 300 de ellas, orquídeas. En fauna, 181 especies de mamíferos, 750 especies de aves, 306 especies de reptiles y los más recientes hallazgos incluyen animales de extrema rareza como la rana de cristal.

Esa riqueza natural en parte se debe a la calidad y cantidad hídrica que se genera dentro. Un estudio de diagnóstico ambiental de 2016 da cuenta que “la zona más húmeda de Bolivia se encuentra en los Yungas de Cochabamba”, que es parte de Carrasco. “La evapotranspiración real en el Parque Nacional Carrasco oscila entre 1000 a 1300 milímetros, con una humedad relativa de 80%”, se lee en el mismo. En palabras del biólogo Noel Altamirano, “se trata de un banco que almacena agua”.

Estos detalles, sumados a la presencia de pueblos indígenas Yuqui, Yuracaré y Chimanes, fueron argumentos suficientes para la creación del parque, primero por resolución ministerial, en 1988, y luego por decreto supremo, el 11 de octubre de 1991. En el documento también se incorporó al Santuario de Vida Silvestre Cavernas del Repechón, que alberga especies de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

Con el tiempo, los originarios fueron relegados y, entre las décadas de 1960 y 1970, el territorio empezó a ser ocupado por migrantes quechuas y aymaras, que llegaron a colonizar distintos puntos del país, atraídos por una “selva virgen, que cubre las montañas, donde están los ricos Yungas de Arepucho, (lugar) donde se produce la coca más famosa de Bolivia, por su calidad y su tamaño diminuto”, describe el historiador Jorge Ovando Sanz.

Desde la creación del área protegida —según el diagnóstico ambiental de 2016— la presencia de asentamientos humanos fue un tema a debatir, debido a que legalmente, la categoría de Parque Nacional (PN) en Bolivia no permite actividad humana alguna. Frente a ello, en 2001, un acuerdo entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los sindicatos de cocaleros legales permitió una delimitación preliminar de ocho zonas dentro del parque, dejando el 80 % del territorio como protección estricta, demarcado por una “línea roja”.

Un acuerdo que se dejó de cumplir en 2016, con el inicio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, mediante el cambio de categoría, de “protección estricta” a “zona de uso especial”. El argumento fue que se trataba de “una obra de interés y prioridad nacional”.

Un destino incierto

Pese a la profundización de las amenazas, el biólogo Saúl Altamirano, quien trabaja actualmente en el lugar, asegura que el área está “bastante bien conservada”. Sin embargo, los riesgos de que pierda la categoría de Parque y se convierta en ANMI, permitiendo o legalizando los asentamientos irregulares y los nuevos caminos, son latentes.

Al cierre de este reportaje, el Sernap analizaba un plan de manejo o administración que fue elaborado “en escritorio y no en campo, como debió realizarse”, denunció a Mongabay Latam un experto que conoció el proceso de adjudicación. Uno de sus temores era precisamente la “rezonificación” o serios cambios en las zonas de protección estricta y aquellas donde está permitido algún tipo de actividad humana controlada.

Por su parte, Nivardo Rivera, director de la Udestro, aseguró que la meta de erradicación de coca ilegal solo será posible si la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) recibe apoyo logístico, como helicópteros y alimentación. Por lo pronto, las oficinas de la repartición en Villa Tunari, municipio del trópico cochabambino al que también pertenece el parque Carrasco, están tomadas desde agosto último por cocaleros de las seis federaciones, quienes reclaman el derecho de consensuar la designación de autoridades. Mientras ello no suceda, no permitirán “ni erradicación ni racionalización”.

En la zona, lo que se conoce entre habitantes de las comunidades es que se hicieron acuerdos verbales con alcaldes de los municipios a los que pertenece el área protegida para abrir más caminos, por lo menos hasta antes de las elecciones generales, debido a la incertidumbre sobre quién será el nuevo gobernante del país.

Actualmente, muchas de las decisiones en el parque dependen del momento político que vive el país. Fuentes consultadas sobre erradicación de coca ilegal aseguraron que no se hará énfasis en ello, por lo menos hasta el 17 de agosto, fecha de las elecciones generales. En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien había prometido declarar a Carrasco libre de coca ilegal, renunció a su cargo, para postular a la presidencia por el actual partido en poder, Movimiento Al Socialismo. El cambio intempestivo del director del Sernap tampoco cayó bien entre activistas y ambientalistas, ya que se presume se dio para dar vía libre a irregularidades en el tiempo que le queda a los actuales gobernantes.

Mientras las rutas ilegales se multiplican y la frontera de la coca se amplía en silencio el “banco natural de agua” está cada vez más perforado por nuevas amenazas. El año pasado ya se registraron incendios forestales en zonas de alta humedad y contaminación de aguas por uso de agroquímicos para mejorar la producción de la coca ilegal y el narcotráfico. Al cierre de este reportaje, Mongabay Latam todavía esperaba respuesta del Sernap y la Dirección del Parque.

Imagen destacada: Una fuente en territorio, a la que protegemos por seguridad, nos proporcionó está imagen de una de las vías ilegales abiertas dentro del parque Carrasco. Foto: Cortesía comuneros locales.

El artículo original fue publicado por La Región / Mongabay Latam en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La charla fluye con naturalidad. Gaviria no declama ni se esconde detrás de fórmulas políticas. Habla con la voz de quien ha regresado de un lugar oscuro y quiere compartir lo aprendido. La enfermedad, la pérdida reciente de una amiga cercana, la memoria de su padre y un puñado de cuentos componen esta obra híbrida, donde la literatura y la vida se entrecruzan de forma inevitable.

“Yo mismo me sorprendí con lo que terminé escribiendo”, confiesa. Y uno lo cree. No porque Gaviria no haya hablado antes de sí mismo —lo ha hecho en columnas, discursos, libros anteriores—, sino porque aquí hay una vulnerabilidad distinta, una rendija por donde se cuelan sus silencios más profundos. Cuenta, por ejemplo, un viaje con su padre a San Agustín, cuando tenía diez u once años. Un viaje que entonces pareció disciplinario —había sacado malas notas—, pero que hoy recuerda como un acto de amor puro. “Él sabía que me gustaba la arqueología. Organizó ese viaje por amor, nada más.”

Las estatuas de piedra que vio entonces —y que luego volvió a visitar, con una mirada distinta— le inspiran uno de los cuentos del libro. Lo tituló “Las estatuas del sur”. En un gesto casi azaroso, le preguntó a ChatGPT cuál historia del manuscrito le parecía más potente. “Esa fue la respuesta”, dice entre risas. Terminó siendo la primera del libro.

Ese cruce entre lo ancestral y lo contemporáneo —entre los dioses muertos y los algoritmos del presente— atraviesa todo El desdén de los dioses. Pero también lo atraviesa el duelo. Y en ese punto la conversación se vuelve más grave, más personal. Tatiana Andia, economista, colega cercana, murió de cáncer pocos días antes. “Fue un golpe duro”, admite. Y de nuevo, la escritura aparece como una forma de ordenar el dolor. Le escribió un cuento, epistolar, donde una científica descubre una sustancia capaz de extender la vida en ratones en un 80%. Un hallazgo que abre dilemas bioéticos profundos y, como en casi todo lo que escribe Gaviria, una meditación sobre la entropía: esa ley física, pero también espiritual, que recuerda que todo tiende al desorden.

Cita a Antonio Machado: “Detén el paso, belleza esquiva, detén el paso.” Una frase que le repetía un tío poeta de Medellín, Jesús Gaviria. “La belleza siempre anticipa la muerte”, dice. Y hay algo en su tono que hace pensar que no lo dice con tristeza, sino con aceptación. La literatura, en su caso, se ha convertido en una forma de duelo y también en una forma de redención.

A medida que la conversación avanza, aflora otro tema: la vida pública de Gaviria. El rector de los Andes, el ministro de Salud, el precandidato que estuvo cerca del poder. “He vivido muchas vidas”, dice. Pero no lo dice con arrogancia, sino con el asombro de quien no termina de entender cómo llegó hasta aquí. Recuerda una frase de su profesor de bachillerato: “Todo lo que pasa tiene probabilidad cero, pero pasa.”

Cita a Tabucchi, a Steiner, a Brodsky. Y sin embargo, no hay pedantería. Hay, más bien, una voluntad de encontrar sentido en los equívocos que terminan marcando una existencia. “He sido un ingeniero desubicado que llegó de Medellín”, dice. Y con eso basta. No hay necesidad de adornos.

A veces, confiesa, siente que lo importante ya no es haber sido rector o ministro, sino cosas simples. “Como bajar las escaleras de mi casa. Dar una vuelta a la esquina. Ir a un restaurante italiano con mi esposa, sentarnos del mismo lado de la mesa, como hippies.” La imagen provoca una sonrisa en el público. Pero también un silencio denso. Porque uno entiende que está hablando alguien que estuvo cerca de morir.

La enfermedad, dice, le cambió la escala de valores. Ahora encuentra satisfacción en detalles mínimos, como comprar un libro en la librería de Álvaro Castillo y dejarlo sin leer, como una promesa. “Eso ya me llena de satisfacción.” Recuerda una línea del poeta cubano Eliseo Diego: “Las diminutas dichas, que con sus ínfimas garras se aferran a la vida, serán el por qué sí de todo.” Ahí, en esa frase, parece condensarse su filosofía actual.

Habla, también, del silencio. De la necesidad de proteger ciertos espacios interiores que no están hechos para la exposición pública. En ese punto, recuerda una frase de Kafka que lo persigue desde hace años: “En tu lucha contra el resto del mundo, te aconsejo que te pongas del lado del resto del mundo.” Una cita que, en su caso, no se interpreta como renuncia sino como advertencia. La política, dice, puede consumir incluso lo que uno no está dispuesto a dar.

Durante un buen tramo de la conversación, se habla del lenguaje. Del poder de las palabras, pero también de sus límites. “Cuando uno pasa por algo como el cáncer, hay una dimensión de la experiencia que no puede decirse. Que simplemente está.” Por eso, asegura, el cuento le permite una cercanía distinta con esa dimensión: “La ficción es más hospitalaria que el ensayo, más permisiva.” Y se nota que ha encontrado allí una forma de decir lo que no puede decirse de otra manera.

Hacia el final de la tertulia, el tono vuelve a ser más literario. Le pregunto por su biblioteca, por esa vida como lector que ha llevado incluso en los momentos más convulsos. Me responde con una mezcla de orgullo y duda. “¿Sirve de algo que un político lea?”, pregunta retóricamente. “¿Es útil para el ejercicio del poder?” Y entonces recuerda una frase que soltó en la Feria del Libro: “A los políticos deberíamos conocerles la biblioteca, no tanto la hoja de vida.” Le aplaudieron, pero en Twitter alguien le respondió con sorna: “Alberto Santofimio Botero tenía una biblioteca muy bonita.”

Gaviria ríe. “Eso me pasa por soltar tonterías en público”, dice. Pero luego vuelve sobre el punto con más seriedad. La literatura, sostiene, no es garantía moral —“Steiner nos recuerda que en los campos de concentración había bibliotecas”—, pero sí puede hacernos menos propensos al dogmatismo. “Si has leído a Dickens, tal vez tienes menos probabilidades de hacerle daño a alguien.”

Lo que sí quiere —y lo repite con distintas palabras a lo largo de la charla— es leer y escribir. No por evasión, sino porque ahí encuentra una forma de hacerse cargo de su vida. “Yo creo que leer es una manera de mantenerse a flote. No te salva de nada, pero te permite seguir. Como si el mundo fuera un mar revuelto, y las palabras fueran pequeñas tablas a las que uno se agarra para no hundirse.”

Le pregunto si tiene una rutina de escritura. Sonríe, como quien se sorprende de haberla construido. “Escribo en las mañanas, cuando todo está en silencio. Trato de no pensar en el resultado. Me dejo llevar por lo que salga. Es un momento íntimo, casi como un acto de fe.” Le pregunto también por sus lecturas más recientes. Menciona a Annie Ernaux, a Natalia Ginzburg, a Emmanuel Carrère. Le atraen los autores que entrecruzan la autobiografía con la memoria, que no temen exponer su fragilidad. “Me interesa esa literatura que se atreve a decir ‘esto soy, con todas mis contradicciones’.”

Ese gesto —el de la escritura honesta, incluso incómoda— es el que articula gran parte de El desdén de los dioses. No se trata solo de cuentos, sino de piezas que parecen buscar una verdad que se escapa en cada línea. “Escribir, para mí, se ha vuelto una manera de pensar. Una forma de procesar la pérdida, el miedo, el amor, la incertidumbre.” La literatura, como el arte de aprender a perder.

En un momento le pregunto por su cuento favorito del libro. Se queda pensando. “Tal vez uno que habla de un hombre que ha tenido un infarto y empieza a ver todo de otra manera. Su familia, su trabajo, su biblioteca. Se da cuenta de que ha acumulado muchas cosas que no necesita.” La historia tiene un aire de fábula contemporánea: alguien sobrevive y, en lugar de celebrar, comienza a preguntarse si ha vivido como debía. No hay moraleja, solo una pregunta que se queda flotando.

Gaviria no tiene respuestas tajantes, pero sí intuiciones. Una de ellas es que la enfermedad, cuando se vive con conciencia, transforma la mirada. “Yo ya no pienso tanto en lo que viene. Pienso más en lo que tengo ahora. El presente se volvió más concreto. Más suficiente.” En ese sentido, El desdén de los dioses no es solo un libro sobre la muerte, sino sobre lo que vale la pena mientras estamos vivos.

Hablamos también de la amistad. De cómo las relaciones profundas —más allá del ruido de las redes o la polarización política— pueden sostener a una persona. “Hay amigos que uno siente como parte de su estructura interior. Cuando mueren, algo se desmorona adentro.” Así recuerda a Tatiana Andia. No como una colega, sino como alguien que iluminaba el mundo con su inteligencia, su ironía, su compasión. Le dedica un cuento, pero también una especie de homenaje callado, una presencia que atraviesa el libro sin nombrarse todo el tiempo.

Mencionamos el lugar de la poesía en su vida. “Yo no escribo poesía, pero la leo todos los días.” Dice que la poesía le da algo que la política nunca le dio: una forma de conexión con lo esencial. “Hay versos que me acompañan como oraciones. No importa si no los entiendo del todo. Lo importante es que están ahí, como una música de fondo.” Cita a Jaime Sabines, a José Emilio Pacheco, a Rilke. Versos que lo han sostenido en los momentos difíciles, cuando el cuerpo no respondía o el ánimo se nublaba.

Uno pensaría que alguien que ha ocupado tantos cargos de poder podría tener un ego desbordado. Pero no. En Gaviria hay, sobre todo, conciencia de su propia fragilidad. “Yo no creo en la idea del héroe solitario. Me interesa más el que duda, el que se equivoca, el que aprende.” En ese sentido, su escritura tiene algo de diario, algo de carta, algo de espejo. Una forma de hablar consigo mismo, pero también con los demás.

Le pregunto si se siente más libre ahora. No duda: “Sí. Mucho más. Tal vez porque ya no tengo que probar nada. Ya no me importa si me entienden o no. Solo quiero ser fiel a lo que siento.” Me recuerda entonces una frase de Susan Sontag que anotó alguna vez: “La literatura es libertad.” Y añade: “Yo no aspiro a cambiar el mundo con lo que escribo. Solo quiero que alguien lea una página y diga: ‘esto también lo he sentido’.”

Se habla brevemente de política. Del país. De las esperanzas frustradas y las ilusiones que no mueren. Pero Gaviria no se instala ahí. No quiere que lo definan por lo que intentó y no fue. Más bien, insiste en que la política es solo una de sus formas de buscar sentido. “Fui feliz cuando construimos el Plan Decenal de Salud Pública. Fui infeliz el último mes de la campaña presidencial. Fui feliz cuando conocí a Benedetti. Fui infeliz cuando me mentí a mí mismo.” En esa oscilación está su ética. No una de grandes certezas, sino una hecha de momentos precisos, de memorias que se sostienen porque tienen peso.

“Me gusta ser poeta e ingeniero”, dice casi al final. Una definición que resume su dualidad. El que sueña y el que calcula. El que imagina futuros y el que gestiona realidades. “Si solo fuera poeta, podría perderme en el aire. Y si solo fuera ingeniero, podría perder la capacidad de imaginar un mundo distinto.”

Antes de despedirnos, me cuenta que está trabajando en un nuevo libro. No sabe bien qué forma tomará. “Puede que sea otro híbrido: algo entre diario, ensayo, cuento. Quiero escribir sobre la esperanza, pero sin ingenuidad. Sobre cómo encontrar sentido en un mundo que muchas veces parece haberse rendido.” No promete fechas ni títulos. Solo el deseo de seguir escribiendo, de seguir leyendo, de seguir vivo.

Cuando todo termina, la audiencia aplaude largo. Alejandro Gaviria recoge sus papeles, pero no se levanta de inmediato. Mira un momento al vacío, como si todavía tuviera algo por decir. Tal vez lo diga en su próximo libro. O tal vez lo guarde para sí. Después de todo, algunas cosas —como esas estatuas del sur— no necesitan explicarse. Solo estar ahí. Recordándonos, en silencio, que incluso los dioses muertos tienen algo que decirnos.