Es una pregunta pertinente, aunque pueda parecer absurda, pues se presume que la condición sine qua non para el desarrollo democrático de una campaña electoral es que todos los participantes en ella se reconozcan legítimamente como adversarios. En palabras del recientemente fallecido filósofo Jürgen Habermas, que se reconozcan como “interlocutores válidos”, en lugar de hacerlo como enemigos irreconciliables entre sí. No deberían tratarse entre ellos como una amenaza para la propia existencia y menos para la convivencia social. Pero esto último es lo que está sucediendo en la actual campaña por la Presidencia de la República en Colombia. Algo inaudito y hasta inverosímil, pues los tres aspirantes que puntean en las encuestas de opinión, Iván Cepeda, filósofo, Paloma Valencia, abogada y Abelardo de la Espriella, también abogado, seguro leyeron con juicio en sus carreras el ensayo de Habermas “¿Es posible la legitimidad por vía de legalidad?”, piedra angular de todo régimen democrático. Aunque dudo que Abelardo, sumergido en el derecho penal para la posterior defensa de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, haya tenido tiempo para leerlo. Pero le convendría hacerlo ahora, para que comprenda que es imposible disociar la política y la legalidad de la ética pública en su dimensión de principios y valores compartidos para la justicia y la convivencia social, sin caer en el absurdo de apelar a la imagen depredadora de un tigre y enarbolar un saludo militar supuestamente para “salvar a la Patria”. ¿Tendrá algún sentido civilizador, legal y democrático asociar la Patria con tigres y guerreros? ¿No será lo propio de la ley de la selva y del más fuerte, como lo está haciendo Trump en el actual caos internacional?

Deslegitimar y demonizar al contrario para ganar

Pero esta campaña, tal como está discurriendo, en lugar de serlo para la legitimación democrática se está convirtiendo en una pugna por la deslegitimación mutua entre estos tres candidatos y arrasar así con el más mínimo vestigio de democracia. Es decir, para invisibilizar e impedir vislumbrar el espíritu de la democracia, ya que su cuerpo está desaparecido junto a las más de 135.396 personas dadas por desaparecidas en desarrollo del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, según el portal de datos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UNDPD)[i].  Las tres candidaturas se encuentran atrapadas en el “modo guerra” de hacer política y parecen no comprender que el principio fundacional y existencial de la democracia es la práctica de la política como deliberación y controversia sin violencia, según manda el artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Causa perplejidad, estupor y hasta miedo que quienes aspiran a la presidencia y la jefatura del Estado sean incapaces de estar a la altura de ese artículo constitucional, sin cuyo cumplimiento irrestricto no puede existir reconciliación política y mucho menos una verdadera democracia. Ya lo había expresado con lucidez filosófica y contundencia política el maestro Norberto Bobbio: “La democracia solo comienza en el momento –que llega después de mucho luchar—en que los adversarios se convencen de que el intento de eliminar al otro es mucho más oneroso que convivir con él”. Y no hay duda, por la pugnacidad que predomina entre ellos, que cada uno está empeñado en eliminar la legitimidad democrática del contrario. Lo hacen, obviamente desde el discurso, pero parecen olvidar que la violencia simbólica y retórica, cargada de animosidad contra quien es considerado enemigo, antecede a la violencia letal. Por eso están empecinados en la utilización de la memoria, buscando en el pasado las actuaciones y afinidades políticas de cada uno de ellos, incluso en las ejecutorias de sus padres y ancestros, para estigmatizarse y deslegitimarse mutuamente como aspirantes a la presidencia.

De la filiación a la afiliación política.

Quizá ello tenga que ver precisamente con sus historias personales y familiares. En el caso de Paloma Valencia, nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), quien como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordenó la “Operación Soberanía”[ii] y el bombardeó a Marquetalia, mito fundacional para el surgimiento de las Farc. Iván Cepeda, hijo del entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994 por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército nacional[iii]. Indirectamente también es el caso de Abelardo de la Espriella, pues su principal escudero y beligerante alfil, Enrique Gómez Martínez, es nieto del expresidente conservador Laureano Gómez y sobrino del asesinado exsenador Álvaro Gómez Hurtado, promotor de la “Operación Soberanía” contra las que llamaba “Repúblicas Independientes”. Se presenta así en estas tres candidaturas una estrecha relación entre filiación y afiliación política, que se proyecta con intensidad emocional y confrontación política creciente entre ellos y, lo que es más censurable e inadmisible, con su actual utilización irresponsable y sectaria. A tal punto que el expresidente Álvaro Uribe sindica a Iván Cepeda de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo contra el senador Miguel Uribe Turbay. A su vez Cepeda relaciona a Uribe y su fulgurante carrera política con el surgimiento de los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia[iv]. Y, para completar, desde la campaña de Abelardo, Enrique Gómez señala irónicamente: “Por más que miro, no veo al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y eso que el señor le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe. ¿Sí será eso lo que necesita Colombia? ¿o necesita la independencia del Tigre?”[v]. Desde luego que Colombia no es un zoológico para necesitar otro presidente “cargado de tigre”, mucho menos que los ciudadanos vayan a las urnas con su fiereza o llenos de rencor y deseos de revancha como sucede en las redes sociales entre quienes, por carecer de argumentos, solo se cruzan insultos y descalificaciones llamando “mamerto” o “paraco” a quien piensa distinto o no apoya incondicionalmente a su candidato o candidata.

No más “mesías” electorales y “salvadores nacionales”

Causa vergüenza el fanatismo, sectarismo e ignorancia que inunda las redes sociales por estos días, estimuladas por bodegas de dichas campañas. Pero lo peor y más preocupante es esa falsa superioridad moral que cada candidato y campaña esgrime con la absoluta certeza de que posee en su mente y manos la salvación de Colombia. Que su partido y aliados son un dechado de virtudes y sabiduría. Que, si no los respaldamos en las urnas, todos estaremos condenados al infierno de la guerra y la exclusión social. Candidaturas incapaces de la más mínima autocrítica, mucho menos de reconocer sus errores y horrores pasados y sus limitaciones presentes, porque están convencidas de su misión salvífica y solo si cada uno proyecta ese carisma de líderes y lideresas providenciales, destinados a satisfacer nuestras necesidades y hacernos felices, podrá ganar las elecciones. En ese sentido, más que demagogos son taumaturgos de futuras catástrofes, cuando desde el gobierno incumplan sus promesas de pan, paz, seguridad, ríos de miel y reinos de reconciliación. Porque cuando ya estén en sus altos cargos en el Ejecutivo comprobarán amargamente que no son tan poderosos y sí bastante impotentes. Comprobarán que son rehenes de los poderes de facto e intereses más o menos legales o abiertamente ilegales que los encumbraron a esas posiciones, con los cuales hicieron alianzas y sellaron compromisos tras bambalinas y se convirtieron así en sus testaferros y mandaderos. Eso sí, unos testaferros bien remunerados y protegidos por una tramoya de instituciones y rituales de una Constitución que juraron cumplir, pero parece que ignoran, no pueden o son incapaces de honrarla. Si ahora como candidatos no cumplen el artículo 22 y hacen de la campaña política una coartada perfecta para combatirse entre sí, qué no harán cuando tengan en sus manos el poder de gobernar y hasta de hacer la guerra contra los que consideran sus “enemigos”.

¡Lean y cumplan la Constitución!

Por eso, especialmente a estas tres candidaturas les conviene, en medio de las descalificaciones y deslegitimaciones que mutuamente se lanzan y cruzan durante esta campaña, tener presente además del citado artículo 22, el 188 de la Carta, que reza: “El presidente de la República simboliza la unidad nacional…y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. La pregunta obvia es ¿Cómo lo harán si en tanto candidatos y candidatas están empecinados en fragmentar y antagonizar a los colombianos, dividiéndonos absurdamente entre “ciudadanos de bien” contra “terroristas”; “paracos” contra “mamertos”; “oligarcas” contra “plebeyos” y hasta supuestos “patriotas demócratas” contra “peligrosos comunistas”? Una pregunta valida para todas las candidaturas, pero especialmente para estas tres por contar con el mayor apoyo en las encuestas. Es, en primer lugar, una pregunta vital y urgente para todos nosotros como ciudadanía, pues tenemos la responsabilidad de estar a la altura de los principios, valores y metas de la Constitución de 1991, entre las que figuran la “paz política, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general” según su artículo 1 y especialmente el 95: “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla” y para ello“defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. ¿Seremos capaces de hacerlo en las próximas elecciones? Y quien llegue a la Casa de Nariño ¿Será capaz de cumplir la Constitución, promover la reconciliación política nacional o continuará profundizando otros cuatro años la confrontación y degradación nacional en que estamos desde tiempos inmemoriales?

[i] https://datos.unidadbusqueda.gov.co/

[ii] https://www.elespectador.com/politica/la-historia-de-una-carta-que-pudo-haber-evitado-el-conflicto-armado-en-colombia-article-599330/

[iii] https://www.lanacion.com.co/cayo-en-neiva-el-asesino-del-papa-del-senador-ivan-cepeda/

[iv] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-31/alvaro-uribe-e-ivan-cepeda-calientan-su-enfrentamiento-tras-el-mitin-del-candidato-del-pacto-historico-en-medellin.html

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-04-02/se-ahonda-la-fractura-en-la-derecha-colombiana-el-ultra-enrique-gomez-arremete-contra-paloma-valencia-y-alvaro-uribe.html?event_log=oklogin

En medio de la incertidumbre que corroe a estas elecciones, lo más seguro es que tendremos repechaje, es decir, segunda vuelta, para definir el próximo 21 de junio quien llegará a la Casa de Nariño. Y llegará al “poder” no a gobernar sino más bien a transar intereses con los poderes decisorios, tanto los legales como ilegales, que tras bastidores ya le han marcado los límites a la cancha de la gobernabilidad presidencial. Unos límites que no conocemos, pero que sabemos están fijados y acordados con sus generosos aportantes y los acuerdos ocultos con sus patrocinadores. No ha existido ninguna campaña presidencial, al menos desde 1990, que previamente no haya adquirido compromisos para devolver en contrataciones públicas, concesiones y burocracia el pago de esas contribuciones. De allí, que cada presidente termine su mandato tan agobiado y desprestigiado. Por eso, valdría la pena que contáramos en las campañas electorales con un VAR, como en el mundial, que anulará a tiempo todas esas jugaditas ilegales y tramposas con las cuales muchos candidatos y sus partidos ganan las elecciones. Aunque, a decir verdad, al menos para algunos trámites de las contiendas electorales sí funciona, como lo acaba de demostrar la Registraduría Nacional al anular y no avalar el 62% de los casi cinco millones de firmas presentadas por Abelardo de la Espriella como precandidato en nombre de “un grupo significativo de ciudadanos”. Si como precandidato comete semejante osadía, engaña y defrauda así la confianza ciudadana, la pregunta obvia es ¿Hasta dónde podrá llegar siendo presidente? Si llega a la Casa de Nariño, habrá que reconocer que será gracias a millones de “significativos ciudadanos” para quienes la ilegalidad, la picardía y la trampa es fuente de legitimidad presidencial. Entonces estaríamos ante la máxima expresión de la cacocracia en nombre de “la salvación nacional”, “firmes por Colombia” y “defensores por Colombia”. Sin duda, como lo anuncia el propio Abelardo, muchos correrán el riesgo de que se “los coma el tigre”, su mascota de campaña, especialmente aquellos que no se comen su cuento de “salvar a Colombia”.

En las campañas presidenciales no hay VAR

Lo lamentable es que el VAR, que seguro impedirá en el mundial de fútbol que una selección gane con jugadas ilegales o dudosas, no existe en las campañas presidenciales en curso o solo funciona cuando ya el partido ha terminado. Siempre nos enteramos demasiado tarde que el ganador en la contienda electoral ha llegado a la Casa de Nariño en “virtud” de muchas jugaditas ilegales, siendo la más frecuente y leve violar los topes fijados para la financiación de las campañas, como al parecer sucede en el actual o, mucho peor, de recibir el apoyo, obviamente en el “camerino” y antes de jugarse la final, de poderes de facto ilegales y criminales, que van desde el narcotráfico (proceso 8.000), los grupos de autodefensa y la guerrilla, hasta los muy legales como Odebrecht o el generoso AVAL de grupos financieros. Es decir, ganan no con la mano de Dios que le ayudó a Maradona y Argentina para derrotar a Inglaterra en el mundial de México de 1986, sino con la mano del “diablo”, como lo han hecho muchos candidatos y por eso después gobiernan impunemente. Para completar el panorama de ese desleal y turbio juego del poder político, cada cuatro años vuelven los mismos partidos políticos con sus mismas alineaciones de jugadores profesionales. Candidatas y candidatos sonrientes en costosas vallas publicitarias, muy diestros y hasta siniestros para la trampa y la demagogia, a disputar las campañas y ganar de nuevo sus curules en el Congreso. Sucede así porque tienen una hinchada numerosa de fanáticos y clientelas leales agradecidas que los reeligen por prebendas, afinidades, intereses compartidos y necesidades acuciantes, pero también porque un número significativo de electores carece de información y no utiliza o tiene atrofiado el VAR de su memoria y el juicio ciudadano. Van a las urnas a botar su voto y marcan el tarjetón como si fuera un baloto, esperando acertar con el ganador. Ya tenemos 16 aspirantes a la presidencia, en la liga menor que se definirá el próximo 8 de marzo en las tres consultas, y tres jugadores en la liga mayor: Cepeda, Abelardo y Fajardo, que los esperan para el picado del 31 de mayo, en primera vuelta. Y la final será el 21 de junio, en la segunda y definitiva vuelta presidencial.

Los partidos de verdad  

Pero estoy seguro que la inmensa mayoría de colombianas y colombianos estaremos pendientes de otros partidos donde la Selección Colombia y sus jugadores nos demostrarán en el mundial todo lo contrario de los partidos políticos y sus mediocres jugadores y candidatos: trabajo, talento, juego limpio y triunfos inobjetables. Porque a la Selección Colombia se llega por mérito propio y no por adulación y jugaditas sucias o compromisos tras bambalinas con el cuerpo técnico y sus directores. Se está en la cancha de fútbol porque se ha demostrado competencia y calidad humana. Esa presencia en la selección es gracias a sus jugadas a la vista de todos en la cancha de fútbol. Es una alineación y participación ganada con absoluta transparencia y destreza, por el compromiso de cada jugador con el equipo y el juego colectivo, no a su narcisismo por ser la estrella ganadora. Sin duda, en la cancha de fútbol predomina la meritocracia alcanzada con disciplina, sudor y sacrificio, como nos lo demuestran los “Luchos” en el Bayern y el Sporting de Lisboa.  Todo lo contrario de lo que sucede en la arena política y sus Partidos, donde reina por lo general la intriga y la adulación, propias de la cacocracia y la mediocridad. El miércoles 17 de junio será el debut de la selección contra Uzbekistán a las 10 de la noche, con posibilidades ciertas de ganar, lo que nos deparará seguramente alegría para llegar el 21 de junio a las urnas, donde decidiremos con nuestro voto una disputada final entre dos candidatos, sin que tengamos la seguridad de ganar o perder, pues solo lo sabremos cuatro años después. Y el 27 de junio Colombia enfrentará un desafío mayor ante Portugal a las 7 de la noche. Pero más allá del resultado, habremos visto que si bien el fútbol y la política son juegos que convocan la pasión de multitudes, también tienen diferencias considerables.

“Reglas ciertas y resultados inciertos”

En el fútbol siempre hay reglas ciertas que un árbitro hace cumplir, ahora con mayor precisión y acierto gracias a la tecnología del VAR y los resultados de los partidos suelen ser inciertos. En cambio, en nuestra política las reglas son cada vez más inciertas, carecemos de un árbitro confiable y no existe el VAR para evitar el triunfo de jugadores deshonestos y tramposos. Es verdad que los resultados en ambos juegos son más o menos inciertos, pero en el fútbol vemos todos cómo se gana o pierde, los jugadores están expuestos a la vista de millones de espectadores, a su exaltación o rechifla, en la cancha la visibilidad y transparencia de sus jugadas es absoluta, desde sus aciertos hasta sus errores, su juego limpio y sucio. Todo lo contrario, sucede en la política, por eso los candidatos hablan tanto de transparencia, honestidad y juego limpio, pero sus jugadas cruciales suelen ser ocultas y en la penumbra. Mientras más se precian de ser honestos, virtuosos y transparentes más impostores y farsantes suelen ser.

Triunfos en camerinos ocultos

Ganan en las elecciones como certamen público, pero sus triunfos se tejen en camerinos ocultos, con apoyos más o menos vergonzosos y maniobras clandestinas. Pero, sin duda, la mayor y más importante diferencia es que en la cancha de fútbol no se tolera la violencia y menos la eliminación física del contrario, por eso los jugadores irascibles y agresivos son expulsados inmediatamente. Disputan el juego como adversarios y no como enemigos y al final del partido, por más enconado que haya sido, los técnicos y jugadores se despiden y reconocen el resultado. Lo contrario suele suceder en nuestra arena política, donde el contrincante cuando no es excluido del juego al aplicarle arbitrariamente las reglas, como lo hizo el Consejo Nacional Electoral contra el precandidato Iván Cepeda y a favor de Daniel Quintero, corre el riesgo de ser eliminado físicamente, como sucedió con Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, en anteriores comicios presidenciales. Ya el ELN ha amenazado de muerte a De la Espriella. Esperemos que esa saga espectral y letal no se repita en las próximas elecciones, pues la sombra del precandidato Miguel Uribe Turbay todavía se proyecta, aunque su padre no aparezca en la llamada “Consulta amplia por Colombia”. Una consulta que demuestra así ser lo contrario, según las denuncias de la senadora María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Lafaurie. Ojalá tuviéramos presente, tanto en los partidos de nuestra selección en el mundial, pero sobre todo en los próximos comicios electorales este palio del DHAMMAPADA: “El que vence engendra odio, el que es vencido sufre. Con serenidad y alegría se vive si se superan victoria y derrota”. Porque el fútbol y la política deberían ser juegos vitales, no mortales, como los convierten los fanáticos de las barras bravas y los partidos sectarios con sus caudillos salvíficos y mascotas felinas amenazantes.

ELECCIONES ESPECTRALES Y LETALES

Hernando Llano Ángel.

En Colombia las elecciones suelen ser espectrales, letales, fantasmagóricas y hasta escatológicas. Así aconteció con la candidatura de César Gaviria Trujillo a la Presidencia en 1989, proclamada desde el cementerio central de Bogotá por Juan Manuel Galán, en el sepelio de su padre donde le entregó sus banderas a Gaviria: la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la búsqueda de la paz política. Esas elecciones estuvieron precedidas por los magnicidios de otros dos candidatos presidenciales, plenos de juventud y vitalidad: Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, que representaban la posibilidad de una Colombia renaciente, diferente, más allá de la anquilosada, violenta y moribunda legada por los dos partidos tradicionales, ya carcomidos por su contemporización con el narcotráfico.

Sacrificios inútiles

Pero el sacrificio de estos tres candidatos terminó siendo en vano, pues el “Bienvenidos al futuro” de Gaviria comenzó con la prohibición constitucional de la extradición de colombianos por nacimiento (artículo 35, después derogado), el aborto prematuro del Estado Social de derecho de la Constitución del 91 en el altar de su “apertura económica” y, para colmo, la paz como un “derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (artículo 22) la convirtió en una declaratoria de guerra integral contra las Farc-Ep. Para completar la traición a Galán, promovió por decreto las nefastas cooperativas de seguridad Convivir, embrión de los posteriores grupos narcoparamilitares. Esa dimensión espectral y violenta de las elecciones no ha cambiado, pese a la firma del Acuerdo de Paz hace ya casi una década. Sin embargo, las elecciones se siguen efectuando, como si nada grave sucediera, para conservar así la mascarada de ser la democracia “más estable y profunda” de Latinoamérica.

Riesgos espectrales y mortales

Según el reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), “Mapas y Factores de Riesgo Electoral – Elecciones nacionales 2026”[i], y su directora nacional, Alejandra Barrios: “este estudio identificó que, para las elecciones nacionales de 2026, hay 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores indicativos de fraude y violencia en el país. De estos, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio”. Pero como acontece desde hace 67 años, estas elecciones se realizarán sin novedad. Los candidatos ganadores celebrarán y se afirmará una vez más, con bombos y platillos, el valor y la resiliencia de la democracia colombiana, sin deparar que unas elecciones en tales circunstancias carecen de los requisitos mínimos propios de la legitimidad democrática: libertad para el ejercicio del voto por todos los electores y garantías de seguridad y legalidad para todos los candidatos. Tras estas elecciones siguen agazapados múltiples poderes de facto que determinarán sus resultados, con su combinación letal de plata y plomo. Poco importa que miles de votos procedan de regiones y municipios donde la intimidación y el control de los grupos armados ilegales impiden la libre participación y elección de sus ciudadanos o la compraventa de votos sea una práctica consuetudinaria. Y el número de votos que aportan dichos municipios no es insignificante según el informe de la MOE: “Excluyendo a Bogotá por sus dinámicas urbanas específicas, los 170 municipios en riesgo tienen 4.564.177 personas habilitadas para votar, lo que representa el 11 % del censo electoral”. “Estos datos permiten dimensionar la magnitud territorial y operativa que enfrenta el Estado para mitigar los riesgos que identificó el grupo técnico que elaboró el estudio y garantizar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía”, aseguró Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE.

Consultas “inter-persona-listas”

A la anterior singularidad electoral colombiana, habría que sumar las circunstancias tan insólitas en que se celebrarán el próximo 8 de marzo las llamadas consultas interpartidistas para la selección de los candidatos presidenciales que se enfrentarán el próximo 31 de mayo en primera vuelta. Para empezar, son consultas que de interpartidistas tienen muy poco, pues son más disputas interpersonales en busca de una generosa reposición de votos. Por cada voto que obtenga un precandidato o precandidata tendrá derecho a recibir COP 8.613 de reposición por sus gastos de campaña. En semejante mercado electoral se encuentra gran parte de la corrupción del régimen y el despilfarro de nuestros impuestos de la que son cómplices y beneficiarios todos los candidatos a la Presidencia y el Congreso. Candidatos que no cesan de hablar durante sus campañas de transparencia y prometen un Estado austero en beneficio de todos los colombianos. Tal incoherencia e hipocresía valdría la pena ser castigada y no votar en ninguna de esas consultas interpersonales. En la realidad no son consultas entre partidos, más bien son consultas entre “personas-listas”, que no van tanto por los votos, sino más bien por el botín en pesos que pueden obtener para reponer los gastos en que incurrieron en la recolección de miles de firmas de ciudadanos incautos que los avalaron, persuadiéndolos con el cuento de que ellos son antipolíticos, técnicos y empresarios, que van a salvar a Colombia de la corrupción y la politiquería de los partidos, como lo hizo el candidato Álvaro Uribe Vélez en el 2002 con el respaldo de miles de firmas de ciudadanos. Y no olvidemos en que culminó esa cruzada contra la corrupción y la politiquería: en el mayor número de altos funcionarios condenados, cerca de una veintena del círculo presidencial, incluso más que los de este “gobierno del cambio”, un Congreso infectado de parapolíticos y en miles de ejecuciones extrajudiciales, con la mano firme y el corazón grande de la “seguridad democrática”. Un legado que ahora pretende reeditar Abelardo de la Espriella, de nuevo sin partido y con firmas ciudadanas, cuyas credenciales contra la corrupción y la politiquería son exitosas, especialmente como abogado del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien ahora parece estar requiriendo en Caracas de nuevo su valiosa defensa. No debería Abelardo desperdiciar semejante oportunidad, al menos así sería coherente con su mayor vocación y ambición, como abogado penalista defensor de la pulcritud y corrección de clientes como David Murcia de la pirámide DMG y Alex Saab, eslabón clave en el entramado financiero de ese paraíso inconmensurable de corrupción bolivariana, ahora coadministrado por Trump con Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, Diosdado Cabello y Padrino. Pero Abelardo tiene razón, en la Casa de Nariño puede hacer mejores negocios y con socios más poderosos, “Defensores de la Patria”, que seguro la “defenderán” con el crecimiento de su propio patrimonio. Ya entregó Abelardo cerca de cinco millones de firmas de ciudadanos a la Registraduría que avalan su ambición, perdón, aspiración presidencial, que son la “materialización de un anhelo para salvar y reconstruir el país”[ii].

Consultas para todos los gustos, excepto una

El próximo 8 de marzo los ciudadanos, como en un restaurante, tendrán a disposición un menú de consultas y deberán decidir por la que más le apetezca. Cada consulta se la ingenia para parecer más democrática que las de sus contrincantes. La verdad, ese tarjetón de Consulta, atiborrado de precandidatos y precandidatas sonrientes, en total son 16, terminará por confundir y hasta difuminar el apetito del elector. Incluso hay una consulta con nueve precandidatos que tiene el desparpajo de apropiarse el nombre de Colombia, como si fuera de su propiedad, a pesar de haber excluido de la misma al padre del sacrificado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Tal es el talante democrático de ese mosaico de nueve candidatos que se autoproclama “La Gran Consulta por Colombia”. Hay consultas para casi todos los gustos. Se le tiene “La Consulta de las Soluciones”, que nos ofrece a todos nuestros problemas una pareja de candidatos y la más insólita, “El Frente por la Vida”, con cinco precandidatos que no incluye al del Pacto Histórico, Ivan Cepeda, que obtuvo 1.533.284 votos en la consulta del pasado 26 de octubre, pero sí a Daniel Quintero que solo obtuvo 144.677, pero no fue inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral a pesar de haber participado en la misma consulta. Así queda demostrado que ese Consejo aplica la ley electoral como un comodín y selecciona los candidatos según los intereses partidistas de sus miembros, eliminando de entrada al más temido rival. Con esa discrecional decisión se completa la otra dimensión espectral de estas elecciones, la de la exclusión selectiva del hasta ahora precandidato presidencial más representativo en las urnas y en las encuestas de opinión. Solo cabe tener la esperanza de que en las elecciones presidenciales del 31 de mayo Cepeda pueda participar y no aparezca otra decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral que se lo impida o, peor aún, que la polarización sectaria, violenta y criminal no lo permita.

¿Elecciones letales?

Porque asistiremos a las elecciones más asediadas y bajo las amenazas de tres cabezas que están en el tarjetón de la Paz total, o quizá letal, del gobierno: “Chiquito malo” del Ejército Gaitanista de Colombia; “Mordisco” de las disidencias de las Farc y “Pablito” del ELN, considerados por el presidente Petro como “traquetos” y por Trump como narcoterroristas. Unas campañas que discurren entre urnas y tumbas, pues según informe de Indepaz, durante los primeros 31 días del 2026 se cometieron doce masacres que dejaron 63 víctimas y convirtieron a enero en el mes con más masacres desde 2023[iii]. Y la MOE ya reporta cifras preocupantes sobre amenazas y violencia contra liderazgos políticos y sociales: “De los 134 hechos de violencia contra personas con liderazgo político, social y comunal, 59 fueron asesinatos o atentados. Además, alerta por un “preocupante aumento de los secuestros”, que alcanzaron su nivel más alto desde 2016 con 13 registros, la mayoría ocurridos en zonas rurales. Además, 43 de los 134 hechos se concentraron en tres departamentos: Cauca, Norte de Santander y Huila”. ¿Se transformarán, una vez más, las urnas en tumbas?

[i] https://moe.org.co/en-170-municipios-del-pais-hay-riesgo-coincidente-por-factores-indicativos-de-fraude-y-violencia-para-las-elecciones-de-2026-moe/

[ii] https://www.eltiempo.com/politica/elecciones-colombia-2026/abelardo-de-la-espriella-entrego-mas-de-4-8-millones-de-firmas-a-la-registraduria-para-ser-candidato-a-la-presidencia-aqui-manda-el-pueblo-3514354

[iii] https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/masares-en-colombia-enero-de-2026-fue-el-mes-con-mas-hechos-violentos-desde-2023-estas-son-las-cifras-y-lugares/

Nada más urgente y vital para Colombia en este 2026 que comprometernos todos, como ciudadanía, con forjar una paz democrática, una paz querida, promovida y cuidada por todos. Una paz que sea mucho más que un armisticio, una tregua, un sometimiento a la justicia o incluso un solemne Acuerdo, como en 2016, entre actores armados y el Estado. Eso es lo que parcialmente hasta ahora hemos conocido, sin que se haya garantizado a todos los colombianos, especialmente a los líderes sociales y defensores de derechos humanos sus vidas y el ejercicio libre y no violento de la política, es decir, la democracia. Y esa paz se llama paz política, paz democrática porque nace de la deliberación, la participación y el consentimiento ciudadano, no solo del apaciguamiento transitorio o la desmovilización permanente de los actores armados. Es una paz fraguada en la deliberación, no en la manipulación de líderes políticos en trance electoral o ávidos de protagonismo histórico y vanidad personal, como hasta ahora los hemos conocido.

La Paz Democrática no se negocia

Es una paz como resultado de valores concertados, no tan solo de intereses negociados. Es decir, es una paz sustentada en el respeto, la promoción y garantía de los derechos humanos como expresión de la igual dignidad de todos, en lugar de esa otra paz negociada que defiende privilegios de cuna, el color de piel, intereses minoritarios, sean ellos empresariales, corporativos o sindicales, hegemonías regionales y hasta clientelas y empresas políticas, autodenominadas partidos, con líderes mesiánicos que se proclaman salvadores de la Patria. Esta última no es la paz política, mucho menos la democrática, sino la paz de los políticos y los mercaderes en beneficio de sus clientelas y promotores legales e ilegales. Por eso ahora en campaña muchos de ellos casi no hablan de paz y mucho de seguridad, hasta con tigre incluido, porque están convencidos que la paz se agota en la defensa a ultranza del statu quo, la confianza inversionista, las rentas seguras y más ganancias para los mismos de siempre. Suena igual a la fábula conocida de los tres huevitos, solo que ahora pondrán énfasis, con absoluto cinismo, en la cohesión social y la fraternidad entre empresarios y trabajadores (!pero sin reajustes exagerados al salario mínimo!), la reconciliación y el abrazo entre todos los colombianos, porque unidos los “ciudadanos de bien” se impondrán sobre los del mal, como lo han hecho desde que gobiernan virtuosamente, sin asomo de corrupción y respetando totalmente los derechos humanos.

Sentido de la Paz Democrática

Por el contrario, la paz democrática recobra y defiende el sentido de lo público, del Estado Social de derecho, de la legalidad y de los intereses generales, en lugar de la apropiación y depredación partidista del presupuesto público mediante el clientelismo, las prebendas y la contratación corrupta con empresarios y organizaciones criminales. Como esto último es lo que ha predominado en nuestra política y el régimen –así lo llamó tardíamente y en forma oportunista Álvaro Gómez Hurtado– desde tiempos inmemoriales hasta el presente, la paz democrática es casi totalmente desconocida. Por eso hay que dotarla de sentido. No es redundante ni un pleonasmo, todo lo contrario, pues solo mediante el ejercicio responsable de la ciudadanía ella existe. Lo que nos sucede es que tenemos más millones de electores cautivos en redes clientelistas y prebendarías que ciudadanos libres y responsables. Con semejante déficit de ciudadanía es muy difícil forjar y menos consolidar una paz democrática. Pero como dice el refrán popular “querer es poder”.

La democracia es más que elecciones

Para empezar, no hay que confundir la democracia con las elecciones. Si ellas no son libres y se realizan en medio de la coacción y la violencia, el asesinato de precandidatos y candidatos, la intimidación y constreñimiento a los electores, la compraventa de votos, el famoso TLC (techo, ladrillos y cemento) y la financiación ilegal de las campañas, pues simplemente no hay democracia. En ese contexto siempre terminarán ganando los poderes de facto y no la ciudadanía. Se consolidará así un régimen político electofáctico y no uno democrático, bajo la mampara y la tramoya de las elecciones. Pero solo muchos años después, como ha sucedido desde Gaviria hasta hoy, sabremos al final de sus mandatos cómo y en cuánto han violado los topes de financiación sus campañas políticas, quiénes han sido sus promotores legales e ilegales, las oscuras alianzas tejidas tras bastidores para ganar y gobernar, como tambien sus principales beneficiarios. Es una historia por todos conocida que vale la pena recordar: el magnicidio de Galán; el proceso 8.000 de Samper; el preacuerdo electoral de Pastrana con las Farc para la segunda vuelta; el paramilitarismo y su apoyo a Uribe en las regiones bajo su control; Odebrecht con Santos, la Ñeñepolítica de Duque[i]; la violación de los topes electorales y supuesta financiación ilegal de la campaña de Petro y el Pacto Histórico[ii]. Sin duda, un panorama electoral que sobrepasa los límites y requisitos mínimos de un certamen democrático, como son la ausencia de violencia, el no constreñimiento a los electores y la legalidad.

La Paz democrática es pública, no privada.

Valga la redundancia, la paz democrática es pública y de todos, con todos y para todos, no es una paz privada entre pocos y para su exclusivo beneficio, seguridad y prosperidad de sus personales negocios. Esa paz expropia a miles sus derechos y dignidad en nombre de la seguridad y la prosperidad de sus inversiones, empresas y fortunas. Quienes la promueven y afirman que la seguridad es el fundamento de la paz, olvidan la sentencia de un prudente pontífice que nos recuerda que “la seguridad de los ricos es la tranquilidad y dignidad de los pobres”. Y por lo general donde predomina el hambre y la negación de los derechos fundamentales más vitales como la salud, el empleo, la vivienda y educación no hay tranquilidad, mucho menos dignidad y legalidad. Tiende a predominar la zozobra, el crimen y la inseguridad. Como gravemente lo expresó Miguel Hernández en su poema “El Hambre”, en versión musicalizada por Serrat: “Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola”[iii].

La Paz democrática es Política

Lo cual significa que es una paz entre adversarios que se reconocen mutuamente sus intereses, valores e identidades, siempre en disputa y tensión, y por eso renuncian a imponerse sobre el otro como un enemigo a quien se le niega violentamente sus reivindicaciones, valores, derechos, intereses y hasta su identidad existencial. No se los deslegitima con epítetos desde la derecha llamándolos “mamertos” o desde la izquierda “paracos”. Por eso es una paz entretejida todos los días con argumentos, emociones y gestos, muchas veces contradictorios y antagónicos, pero sin llegar al extremo de la exclusión simbólica, luego violenta y hasta su aniquilamiento físico. Será una paz tanto más democrática y ciudadana cuanto más se sustente en la amabilidad y no en la pugnacidad. Y será tanto menos democrática cuanto más estimule la enemistad y la hostilidad. Más política y democrática si promueve la argumentación y la deliberación en busca de acuerdos y no la unanimidad de los consensos, que anulan el derecho a la pluralidad, el disentimiento y la oposición política, sin los cuales no hay vida democrática. En ese sentido es una paz deliberante, civilista y no beligerante, siempre conflictiva y abierta al debate, por eso es la quintaesencia de la política y de la democracia y puede denominarse propiamente Paz Democrática.

La Paz Democrática es conflictiva

Por eso quienes pretenden eliminar el conflicto mediante la violencia, ya sea en nombre de la seguridad y azuzan el miedo desde la derecha o reivindican con furia la justicia social desde la izquierda, son su principal amenaza y vale tenerlos en cuenta para las próximas elecciones. Pero también los partidarios del llamado centro político poco contribuyen a la paz democrática cuando estigmatizan la controversia y la consideran una polarización dañina, pues deliran con una reconciliación plena en una sociedad sin conflictos, que jamás existirá en este mundo terrenal y “valle de lágrimas”. Quizá por lo anterior muchos los consideran tibios, pues no son ni chicha ni limoná.

Por el contrario, la Paz Democrática exige posturas radicales en la práctica y no solo en el discurso, como suele suceder en el centro político, a favor de los derechos humanos, el Estado Social de derecho, la justicia como igualdad de oportunidades, la defensa de la pluralidad, la sostenibilidad y protección de la biodiversidad, la vigencia del derecho internacional y no guardar silencio ante su violación imperial. Por todo ello es que la paz democrática es tan querida como desconocida y se encuentra amenazada en estos tiempos antidemocráticos que corren. Es un desafío ciudadano promoverla, defenderla y afianzarla durante todo el 2026, porque ya abundan candidatos y candidatas que nos quieren seducir con cantos de seguridad, patriotismo y fiereza para abusar de ella y sacrificarla de nuevo en campos de batalla. Ansían, sobre todo, tomar revancha desde el Estado contra sectores sociales que reivindican democráticamente sus derechos estigmatizándolos como “populistas”, “vagos”, “igualados” y hasta “comunistas”. La pregunta es ¿se depositarán en las urnas del 2026 más votos a favor de una paz democrática con libertad y justicia social o sufragios a favor de la guerra y la desigualdad en nombre de la seguridad nacional?

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91e%C3%B1epol%C3%ADtica

[ii] https://www.infobae.com/colombia/2025/11/27/cne-sanciona-campana-petro-presidente-por-violacion-de-topes-electorales-y-financiacion-irregular/

[iii] https://jmserrat.com/project/el-hambre/

(Artículo para EL PAIS, el periódico global, edición América-Colombia, noviembre 2025.)

Resulta tentador realizar un paralelo entre las presidencias de Belisario y Petro, pues ambas tienen en común su obsesión por la paz y la ampliación de la democracia. Belisario la postuló desde su discurso de posesión presidencial con su inconfundible estilo lírico: “Levanto una bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco de decisión que tomen las Cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: ¡a esa tarea prioritaria me consagro porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional! … No quiero que se derrame una sola gota más de sangre colombiana de nuestros soldados abnegados ni de nuestros campesinos inocentes, ni de los obcecados, ni una gota más de sangre hermana. ¡Ni una gota más!”. Pero, lamentablemente, el 6 y 7 de noviembre de 1985 olvidó tan vital deseo e imperativo presidencial y corrieron ríos de sangre en el letal desenlace del Palacio de Justicia.

Algo semejante le acaba de suceder al presidente Petro, pues su consigna central “Colombia, potencia mundial de la vida”, ha sido olvidada al ordenar bombardear un destacamento guerrillero en la selva del Guaviare, con un saldo de por lo menos de 15 menores de edad muertos. Sin duda, las circunstancias son muy diferentes, incomparables, desde el punto de vista político y militar, pero en ambos casos los mandatarios apelan a razones de Estado para justificar el resultado de sus decisiones.

Del Palacio

En el Palacio de Justicia, Belisario lo hace argumentando que lo que se“hizo fue para encontrar una salida dentro de la ley, fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República”. Argumento falaz, pues esa decisión la tomó Betancur no solo por fuera de la Constitución de 1886 en su artículo 121, sino también desconociendo las normas del Derecho Internacional Humanitario, como bien lo señaló el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes: “La Procuraduría considera que el problema no puede plantearse primero legal que políticamente; y, además, que el enfoque legal correspondiente, no es propiamente el del Código Penal, sino el Derecho de Gentes y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

Al Guaviare

En el bombardeo contra el agrupamiento guerrillero del Estado Mayor Central de las Farc, Petro lo justifica políticamente así: “Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”. Y agrega que los menores, al portar armas y estar uniformados, se convierten en objetivos militares: “estamos hablando de menores de edad que fueron reclutados, integran un grupo armado que han sido entrenados y que mantienen en ese momento un equipo de armas y de intendencia para hacer la guerra”.

Tal es la mayor paradoja de la política cuando se enfrenta a situaciones límites, propias de la guerra, los conflictos armados internos y la criminalidad organizada, donde lo decisivo es el uso de la violencia. Entonces los jefes de Estado ya no se pueden guiar solamente por sus convicciones y lo que Max Weber denominó “ética de principios”, sino también contando con la ética de la responsabilidad, so pesando las consecuencias de sus decisiones, como en este caso lo expone el presidente Petro. En efecto, la práctica criminal de Iván Mordisco de reclutar menores los convierte en carne de cañón en desarrollo de las confrontaciones armadas con la Fuerza Pública. Una consecuencia que trata de aminorar el accionar de la Fuerza Pública, pues según las cifras presentadas en su alocución presidencial del pasado 19 de noviembre[i], se han recuperado 2.411 menores.

Ética de responsabilidad en acción

De alguna forma, esa ética de responsabilidad es así sustentada en dicha alocución: “Quiero dejar aquí una idea y es que se dice que abandonemos el bombardeo porque efectivamente hay riesgo, si abandonamos el bombardeo por la razón de que los capos de los grupos armados reclutan niños para que no sean ellos atacados, una actitud cobarde criminal, cobarde porque se protegen es con menores de edad, como lo hemos visto ya, entonces ellos van a reclutar más niños, porque saben, ya han entendido que entonces la forma de que no los ataquemos con fuerza, que es la fuerza que nos da el bombardeo, como jefes que son del narcotráfico en Colombia, es reclutar niños y sería un mensaje contradictorio, en vez de reducir el reclutamiento como en este momento lo llevamos respecto al año pasado, en menos 34 por ciento, aumentaría mucho más y el riesgo de muerte de niños aumentaría y de menores en general combatientes”.

También le sucedió a Belisario después del magnicidio del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, ordenado por Pablo Escobar, en retaliación por la destrucción de los laboratorios de cocaína en Tranquilandia[ii], en los llanos del Yari. Entonces, justificó así su decisión de aplicar el tratado de extradición: “Así mismo, a pesar de mi renuencia inicial para acoger el Tratado de Extradición, suscrito entre Colombia y Estados Unidos, por mis convicciones humanísticas y democráticas, y mi acendrado sentido de la soberanía nacional, después de la muerte del ministro Lara Bonilla, creí interpretar el sentir del país al reconocer que el tráfico de narcóticos no tiene fronteras y que deben facilitarse los medios para que, quienes incurran en él, sean juzgados en cualquier parte del mundo donde los reclame la justicia”.

Así las cosas, teniendo en cuenta la encrucijada mortal enfrentada por Belisario y Petro, tan parecidos en su obsesión y voluntad política por alcanzar la paz y ampliar la democracia, llegamos al menos a tres conclusiones insólitas e ineludibles:

La primera, que el telón de fondo que impide avanzar en la consecución de la paz política es la imbricación de numerosos grupos armados ilegales con el narcotráfico y rentas provenientes de minerales críticos o “tierras raras”, que los provee de recursos ilimitados para hacer la guerra.

La segunda, que esta simbiosis criminal los despoja cada vez más de identidad política y de reivindicaciones sociales que en el futuro puedan hacer valer en el mundo de la legalidad, pues han perdido por completo su credibilidad y legitimidad ante la sociedad. Como bien lo advirtió Belisario desde 1982: “En la violencia que el narcotráfico ha engendrado, desde hace cerca de tres lustros, no existe ningún designio social o político distinto al del súbito enriquecimiento. Todo lo demás es cobertura o camuflaje, hábilmente manipulado según las conveniencias y las alianzas”. Así lo han demostrado no solo los grupos narcoparamilitares y narcoguerrilleros, sino también un entramado de empresarios y políticos afines con las economías ilícitas, que han contado en sus campañas políticas con sus generosos aportes y apoyos electorales.

Y, la tercera, que ambos mandatarios tuvieron que enfrentar un establecimiento político y social tan retardatario y cerril al cambio y la paz que les impidió avanzar en sus principales reformas sociales, al punto que sigue siendo válida esta caracterización de Belisario, aludiendo al imaginario Gaitanista del “País Nacional y el País Político”:

“la prioridad del gobierno es empezar  -y lo recalco, empezar tan sólo a que las dos naciones en combate se cohesionen y se fundan, a que la expresión ciudadano colombiano tenga embrujo de porvenir y no eco fantasmal de irrisión; a que expresemos nuestra colombianidad con orgullo; a que dejemos de ser federación de rencores y archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”.

Objetivo que, igualmente, expresa Petro en su discurso de posesión presidencial: “Y finalmente, uniré a Colombia. Uniremos, entre todos y todas, a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad”. Una aspiración que se quedó, como sucedió con Belisario, en el discurso, por circunstancias muy complejas, entre ellas su liderazgo mesiánico y su descuido, cuando no desprecio, por el esfuerzo gris, colectivo y coherente que demanda una eficiente gestión pública.

Una etapa que es imperiosa comenzar y nos señala un horizonte que todos deberíamos tener presente en las elecciones para Presidencia y Congreso en el 2026 y la mediática feria de vanidades preelectorales en curso con cerca de 100 precandidaturas. De lo contrario, seguiremos convirtiendo las urnas en más tumbas, como lo auguran todos aquellos candidatos y candidatas que se proclaman salvadores de la Patria en nombre de la “seguridad, el bien común” y hasta la “defensa de la democracia”, coartadas con las que siempre han gobernado impunemente hasta el presente, por eso abjuran del Estado Social de derecho y reclaman más administración y menos política, haciendo de lo público su empresa privada.

[i] https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Alocucion-del-presidente-de-la-Republica-Gustavo-Petro-Urrego-sobre-seguridad-251119.aspx

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Tranquilandia

No deja de ser muy significativo que el expresidente Álvaro Uribe haya decidido inscribir su nombre en el renglón 25 de la lista cerrada que presentará el Centro Democrático (CD) para el Senado en las elecciones del 8 de marzo de 2026 para el Congreso. Es obvio que se trata de una estrategia electoral que busca arrastrar y obtener el mayor número de senadores electos, pues el propósito del CD, como de todo partido, es ganar y asegurar mayorías en el Congreso. Mucho más, cuando también el CD aspira a ganar la Presidencia, lo que le garantizaría una amplia gobernabilidad al Ejecutivo durante su cuatrienio. Semejante activismo político del expresidente en el interludio de la apelación que resolverá el Tribunal Superior Penal de Bogotá en los próximos días, presupone que tiene la certeza de la revocatoria a su favor de la sentencia condenatoria proferida por la Jueza Sandra Liliana Heredia Aranda. De lo contario, si el Tribunal la confirma, así dosifique la pena, estará inhabilitado para inscribirse en la lista y aspirar a cargo público alguno. Entonces estaríamos frente a una tensión paradójica entre la justicia y la política. Mientras la primera lo condena y lanza al ostracismo, la segunda lo requiere y reconoce como un actor protagónico decisorio en tanto presidente vitalicio del CD cuenta con amplio respaldo de millones de simpatizantes y potenciales electores. Es, pues, una figura de la cual depende el éxito o fracaso electoral del CD y, en gran parte, el triunfo de la derecha y sus eventuales aliados sobre el candidato que postulará la izquierda o un hipotético Frente Amplio, con el padrinazgo del presidente Petro.

El ascenso de la criminalidad política

Detrás de esta paradoja se encuentra un fenómeno más complejo que tiene relación con los vasos comunicantes, unas veces visibles y la mayoría ocultas, entre la política, la ilegalidad y el crimen. Una relación que dista mucho de ser nacional y tiene en el orden internacional su máxima expresión con mandatarios como Trump, Netanyahu y Putin, que representan el ascenso de la criminalidad a la cumbre del poder estatal. Una criminalidad que se reviste de impunidad y está arrasando con todos los principios básicos y las normas reguladoras del Derecho Internacional Humanitario, como también con la Carta fundacional de las Naciones Unidas de 1945[i] ; la Convención sobre la prevención y castigo del delito de genocidio de 1948[ii] y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. En el vecindario, los mayores exponentes son Daniel Ortega y Nicolas Maduro, por la izquierda y por la derecha Nayib Bukele y Javier Milei. El que esta pléyade de transgresores del derecho y el orden internacional procedan de tan diversas vertientes ideológicas y proyectos económicos, nacionales y sociales tan dispares, nos demuestra que las coordenadas de derecha e izquierda de nada sirven, que son apenas coartadas y comodines para el ejercicio de un poder político despótico, autocrático y megalómano, que todos ellos se arrogan en nombre de la ciudadanía y sus respectivas naciones.

Y el colapso de la democracia

 Por eso, para orientarse en el entreverado y arrasado mundo de la política actual, cada vez con más similitudes a lo sucedido en la década de los años treinta del siglo pasado con el ascenso de la extrema derecha en muchas latitudes, es avizorar quiénes son los líderes más diestros en manejar las pasiones, los miedos y los prejuicios, al tiempo que proclaman ser los restauradores de sus naciones y hasta del orden mundial. Y una de las pasiones más nefastas que estimulan magistralmente todos los anteriores es el patriotismo y el nacionalismo agresivo, tras el cual millones de incautos ciudadanos se galvanizan y unen, pues les insufla un sentimiento de superioridad y hasta de sacrificio personal, como sucede actualmente en los conflictos de Rusia contra Ucrania y de Israel contra el pueblo palestino, en los cuales casi todas las normas del DIH se han desconocido y por consiguiente el mayor número de víctimas mortales terminan siendo civiles. Y cuando ello repercute en el orden interno de cada nación, la división y polarización entre patriotas y traidores, ciudadanos y terroristas, paracos y mamertos, derecha e izquierda, como en nuestro caso, la arena política se convierte en un campo de guerra anegado en sangre. Por eso los precandidatos que hoy pregonan triturar o arrasar a sus contrarios, más allá de cuál sea su procedencia partidista, se encuentran en el lugar equivocado, están fuera del juego democrático. Igual que aquellos que burlan las reglas del juego político y la legalidad, acostumbrados en violarlas con habilidosos y costosos abogados, expertos en eludir la justicia a punta de incisos y excepciones. Quizá el máximo criterio que deberíamos tener en cuenta para votar en las próximas elecciones sea el de lanzar al ostracismo a todos los candidatos que han realizado sus carreras haciendo alianzas o coaliciones con aquellos sectores y actores que medran en la periferia de la ilegalidad, con tenebrosos poderes de facto regionales y que tienen como máxima divisa utilizar todos los medios a su alcance para alcanzar el triunfo en las urnas, así se arropen bajo banderas como la seguridad, la libertad,  la defensa de la democracia y hasta la salvación de la patria. Basta mirar a Trump, Putin, Netanyahu, Ortega, Bukele, Maduro y Milei. A los precandidatos que se inspiran en alguno o todos los anteriores, ojalá les serviera de advertencia la condena que acaba de recibir Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel, ese adalid del “orden, la seguridad y la ley”, que pretendió seguir el ejemplo de Trump en Brasil y hoy cuenta con su complicidad contra la economía y el pueblo brasileño.

[i] https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text

[ii] https://corteidh.or.cr/tablas/16264.pdf

El centro político partidista no existe en Colombia. Es, cuando más, una convención y ficción de las coordenadas espaciales proyectadas en la arena política. Una arena que siempre está en disputa y en donde las coordenadas que cuentan son otras, mucho más complejas y contingentes. Unas coordenadas de orden ideológico, social, económico y cultural en continuo movimiento, que definen los límites del campo político. De suerte que los linderos y coordenadas de esa arena no caben en esas tres elementales toponimias: derecha, centro e izquierda. La política va mucho más allá. El centro, como la derecha y la izquierda, son una simplificación mental que obedece a la necesidad ciudadana, demasiado atareada en sobrevivir, para orientarse en ese denso bosque de las ideologías y controversias que convierten el campo político en un rizoma oculto y entreverado que se extiende en todas las direcciones. Hacia abajo, arriba y todos los puntos cardinales, con alianzas inimaginables, incluso entre extremas de derecha e izquierda, que tratan de ocultarse con eufemismos como centro-derecha y centro-izquierda en aras de canalizar votos y ganar elecciones, así después no puedan gobernar y hagan del Estado un botín que se reparten entre todos los socios. A propósito, la elección de Carlos Camargo como próximo magistrado de la Corte Constitucional es un ejemplo deplorable del clientelismo en la Corte Suprema de Justicia que niega de plano la separación entre el poder judicial y el legislativo.

 Líderes manipuladores

Pero, sobre todo, ellas obedecen a la astucia de ciertos líderes políticos, obsesionados por el control del poder estatal, sus pingües ganancias y sus vanidades personales, que proyectan para su beneficio y manipulación el espejismo político de la derecha, el centro y la izquierda. El campo de la política del poder es mucho más vasto, difuso y disputado que el definido institucionalmente por esas convenciones y los partidos políticos, que suelen presentarse y promocionarse como opciones de derecha, centro o izquierda. El poder político es un campo renuente a esas simplificaciones mentales y espaciales. Simplificaciones por cierto muy útiles para cautivar los votos de cándidos ciudadanos que aún creen en esa clasificación artificiosa y tienden a definirse o inscribirse como de derecha o izquierda y desprecian el centro, por considerarlo tibio y conciliador. Especialmente en momentos críticos, donde quienes definen el campo político solo les interesa obtener más votos para ganar las elecciones y en sus mentes binarias solo caben esas dos opciones: derecha o izquierda, por fuera de las cuales, supuestamente, no hay salvación y mucho menos espacio político. El centro viene a ser como un limbo, un no-lugar, pues sólo hay espacio para la polarización entre la derecha y la izquierda. Ese centro solo existe en la mente y el rechazo de una ciudadanía que se niega a caer en la trampa de la polarización, esa especie de profecía autocumplida de la que se benefician quienes son sus creadores e instigadores, tanto en la derecha como en la izquierda.

¿Cuál polarización política?

Entonces surge esa palabra mágica, un comodín político que todo lo atrapa, especialmente en boca de politólogos, sociólogos y formadores de opinión que creen explicar todo lo que sucede pronunciando esa palabra como un mantra. Pero esa palabra sirve más para ocultar que para revelar y termina siendo performativa, pues en efecto logra dividir a la sociedad en dos bandos irreconciliables. Dos bandos que hoy respaldan millones de fanáticos que siguen ciegamente, como barras bravas, a sus líderes y bodegueros en las redes sociales. Barras incluso dispuestas a morir y hasta matar por sus líderes y “partidos”, como sucede con los fanáticos de los equipos de fútbol, que en medio de la emoción olvidan que sin vida no hay fútbol ni política. Esos fanáticos nunca podrán volver a ver ganar a su equipo y mucho menos gobernar a su partido, pues literalmente su fanatismo y pasión los aniquila.

¿Existe el campo democrático?

Sin embargo, este símil político-deportivo solo vale para aquellas sociedades donde existe realmente un campo democrático, que demanda unas reglas claras acatadas por todos los partidos y jugadores –como sucede en el fútbol– más allá de los resultados inciertos de las elecciones y del juego por el poder estatal. Reglas que en nuestra sociedad estamos muy lejos de cumplir, pues la primera de ellas exige la exclusión absoluta de la violencia en las controversias políticas y en la disputa por el poder político. Una regla que se viola en forma permanente, ya sea asesinando precandidatos como Miguel Uribe Turbay o mediante el magnicidio social de cientos de líderes populares, cuyo número llegaba a 102 hasta el pasado 8 de agosto, con el asesinato del campesino José Erlery Velasco en Balboa Cauca, según informa INDEPAZ ([i]). Por lo anterior, esas coordenadas de derecha, centro e izquierda significan poco entre nosotros hasta tanto la cancha donde se define el poder político estatal, la sociedad en su conjunto, no esté segura y a salvo de la violencia política y la ilegalidad, pues quien mejor y más impunemente las utilice para obtener votos terminará ganando, lo cual es profundamente antidemocrático, más allá de si es de derecha, centro o izquierda. Según el “Segundo informe de violencia política-electoral 2025”[ii] de la fundación Paz y Reconciliación (PARES): “Entre el 8 de marzo y el 8 de agosto de este año, periodo correspondiente a los primeros cinco meses del calendario electoral, se registraron 93 víctimas únicas en 69 hechos de violencia, lo que significa que, en promedio, cada dos días una persona es afectada por este fenómeno. La mayoría de los casos correspondieron a amenazas (42), seguidas por atentados (20), homicidios (6) y un secuestro”.

El imaginario centro partidista

De allí la dificultad, casi la imposibilidad de la existencia de un centro político partidista en nuestra sociedad, pues son las extremas partidarias de la violencia y su ladina utilización, tanto a la derecha como a la izquierda, desde el Estado o por fuera de él, las que terminan imponiéndose. Por eso la sociedad en su conjunto se convierte en el centro político de sus disputas mortales y todos terminamos perdiendo el sentido vital del juego de la democracia y la política. Un juego donde nadie debería ser intimidado y menos morir por promover y defender sus ideas. Sin embargo, ya hay precandidatos que llaman a la guerra, incluso una precandidata de revista ruega a Trump que envíe sus marines a salvarnos, otros afines al “Centro Democrático”, como Abelardo de la Espriella habla de “interrumpir, destripar, el relato de la izquierda para instalar el relato correcto”[iii] y la senadora María Fernanda Cabal diagnostica a la izquierda como una enfermedad mental y dice a sus miembros y seguidores que “deberían ir al psiquiatra o ir a un cura y hacerse un exorcismo”[iv].

La convivencia social es el centro de la política

Por eso hay que recobrar la convivencia social como el centro de la política. Porque garantizar la vida de todos los miembros de la sociedad, más allá de la derecha, el centro o la izquierda, es el máximo bien público. Un bien supremo que no puede ser propiedad exclusiva de ningún partido y requiere ser protegido sin discriminación alguna, sin subordinarlo a la seguridad, pues ésta puede convertirse en un privilegio que se pone más al servicio de ciertos intereses, asociaciones y poblaciones minoritarias en lugar de proteger a la sociedad en su conjunto. Carece de sentido hacer de la seguridad una bandera partidista de la derecha relegando la vida, la libertad y la equidad a un segundo plano, pues sin ellas no hay seguridad estable y duradera. Mucho menos convertir la vida, la libertad y la justicia social como banderas exclusivas de la izquierda, pues sin seguridad ellas no existen ni podrán levantarse. Por eso, reducir la política a esa errática disputa entre derecha, centro e izquierda carece de sentido. Sobre todo, cuando un partido se autodenomina “Centro Democrático” y sus ejecutorias han tenido poco de centro y menos de carácter democrático. Tanto es así que dicho partido reivindica como su más preciado y valorado triunfo el NO del plebiscito contra el Acuerdo de Paz del 2016 y proclama como máximo lema de su gobernabilidad una “seguridad democrática” que dejo más de 6.400 civiles inermes asesinados por miembros de la Fuerza Pública. Todo lo anterior es la negación de la vida, la paz política y la seguridad, sin las cuales es imposible convivir democráticamente. Sin ellas no existe el centro político de la convivencia social y menos una competencia electoral libre de toda coacción violenta, presupuestos vitales de la democracia.

Más allá del centro político partidista

Quizás la urgencia de una alternativa partidista de centro en Colombia deriva de la idea aristotélica del “justo medio”[v], expresión de la prudencia en política para superar el voluntarismo excesivo de cierta izquierda, cercana a un reformismo catastrófico y, en la otra orilla, la indolencia de una derecha furibunda, defensora a ultranza de la seguridad para conservar intacto un statu quo de cleptócratas, que cínicamente llaman democracia. Entre ambos extremos navega precariamente la nave del Estado, que puede encallar y naufragar, bien por la urgencia de su capitán de conducirla ya al puerto utópico de sus reformas, sin considerar la viabilidad de las mismas, o por la intransigencia recalcitrante de la oposición que solo aspira volver a comandarla y bloquea en el Congreso su avance social. Tanto esa izquierda impaciente y utópica como esa derecha indolente y distópica deberían atender con urgencia este aforismo del jurista suizo decimonónico, Johann Caspar Bluntschli: “La política debe ser realista. La política debe ser idealista. Dos principios que son ciertos cuando se complementan y falsos cuando se mantienen separados”. Es probable que en la articulación prudente y a la vez coherente de estos dos principios se encuentre el inexistente centro político partidista en nuestra sociedad, tan urgente para las próximas elecciones y necesario para las futuras generaciones. Un centro hoy rebasado por la impaciencia reformista del Pacto Histórico y por la intransigencia, todavía peor, de una ultraderecha contrareformista que no oculta su obsesión por retomar la nave del Estado en el 2026 y llevarla de nuevo a su exclusivo balneario de privilegios.

[i] https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2024/

[ii] https://www.pares.com.co/segundo-informe-de-violencia-politico-electoral-2025/

[iii] https://www.eltiempo.com/politica/elecciones-colombia-2026/impondre-mano-dura-como-nunca-antes-se-ha-visto-abelardo-de-la-espriella-habla-de-su-candidatura-presidencial-3485383

[iv] https://www.ecosdelcombeima.com/politica/nota-172593-la-izquierda-deberia-ir-al-psiquiatra-o-hacerse-un-exorcismo-maria-fernanda

[v] https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Justo_medio

Artículo publicado inicialmente en EL PAÍS, sección AMÉRICA-COLOMBIA: https://elpais.com/america-colombia/2025-06-15/colombia-en-estado-de-coma-politico.html)

“El estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado”, parece un diagnóstico sobre la realidad política colombiana. Pero es el primer parte médico de la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá sobre la salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, después del aleve y repudiable atentado criminal que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia en Bogotá. Ese diagnóstico escueto y preocupante no solo da cuenta del presente, sino que describe la forma como la política discurre cotidianamente en Colombia en medio de una violencia ubicua y letal. Una violencia aleatoria que estalla en cualquier lugar y momento, como los 19 atentados terroristas en la mañana del martes del 10 de junio en Cali y el Departamento del Cauca, que dejaron una dolorosa estela de 7 víctimas mortales. Es una violencia que solo la percibimos con esa intensidad amenazante, intolerable y condenable, cuando ella se ensaña en lideres políticos destacados de la oposición, como Miguel Uribe Turbay, o irrumpe mortalmente en las calles de los barrios residenciales y populares de nuestras principales ciudades. Es lo que ha venido sucediendo en la última semana, pero no ha dejado de estar presente en forma soterrada durante muchos años, cobrando la vida de numerosos líderes sociales, 71 durante estos cinco meses, sepultados y olvidados rápidamente, sin piedad y oraciones que velen por sus vidas y sin que por ellos entremos en “coma político” y conmoción nacional. Por eso solo el criminal atentado contra el senador Miguel Uribe revive en la memoria nacional el fantasma de los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro entre agosto de 1989 y abril de 1990. Entonces vuelven a nuestras mentes las imágenes dantescas de las incontables víctimas del narcoterrorismo de los extraditables. Se imponen las inevitables similitudes entre los jóvenes sicarios contratados para disparar contra Rodrigo Lara Bonilla y Miguel Uribe Turbay. Y hasta algunos periodistas evocan con cierto morbo el sino trágico de la familia Turbay y el asesinato de la madre del senador Miguel Uribe, Diana, por orden de Pablo Escobar, cuando el Ejército intentó rescatarla. Incluso los noticieros invitan a sesudos analistas y constitucionalistas para que esclarezcan lo que está sucediendo y estos, en lugar de destacar las diferencias sustanciales con el pasado, resaltan las similitudes más evidentes para reafirmar sus convicciones políticas y prejuicios personales. Nos advierten alarmados que no podemos repetir lo sucedido hace más de 30 años. ¡Como si los protagonistas del presente no fueran otros muy distintos y los escenarios institucional y constitucional sean incomparables!

Más allá del “déjà vu” del 90

Todo ello nos conduce al error de concluir que estamos volviendo a repetir la misma pesadilla. Pero la situación actual es muy diferente, aunque las similitudes con la violencia sicaria de ambos jóvenes y la explosión del terrorismo ubicuo nos sumerja en esta especie de “déjà vu” infernal. Más aún ahora, cuando el gobierno apela al recurso de promover una nueva Asamblea Constituyente para supuestamente conjurar y superar su actual crisis de gobernabilidad. Sin embargo, es precisamente en este escenario donde estriba la mayor diferencia. Porque la crisis de finales de la década del 80 y comienzos del 90 fue desatada por el narcoterrorismo de los extraditables y generó una respuesta política inmediata, la del proceso constituyente que, gracias a la alquimia de la séptima papeleta, el movimiento estudiantil “Todavía podemos salvar a Colombia”[i] y la acción coordinada entre el consejero constitucional del presidente Barco, Manuel José Cepeda Espinosa[ii] y el profesor de derecho público, Fernando Carrillo Flórez[iii], se pudo encauzar en las urnas. Por cierto, en forma supraconstitucional, como auténtica expresión del poder constituyente primario y su fuerza política proteica, que desconoció participativamente la Constitución de 1886 y clausuró el ineficiente y corrupto Congreso de entonces, tan parecido al actual. Ese proceso culminó en 1991 con la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la Constitución actual.  Es verdad, incorporando a la Carta Política el artículo 35 que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento, coronando así Pablo Escobar su máxima aspiración política-criminal. Artículo que fue derogado en 1997, bajo el gobierno de Ernesto Samper, cuando el Estado ya había capturado a los hermanos Rodríguez y permitió el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, que entonces había descertificado a Colombia por el proceso 8.000 y retirado la visa al presidente Samper.

¿Crisis constituyente o desconstituyente?

Ahora las circunstancias y el escenario político son muy diferentes y quizás más complejos. De alguna forma, esta parece ser una crisis de carácter desconstituyente, pues su origen está directamente relacionado con una agria e intensa disputa por la interpretación y aplicación de la Constitución del 91 entre el Ejecutivo y el Legislativo. El ejecutivo, empeñado en hacer realidad el Estado Social de derecho y la democracia participativa, decide convocar el constituyente primario por decreto a una Consulta Popular que el senado le negó en medio de una zambra vergonzosa. Una zambra que dejó en vilo no solo la legalidad de esa decisión, sino incluso su legitimidad. Con esa decisión el Senado desconoció, por dos votos, el artículo 3 de la Constitución: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público” y reclamó para sí esa soberanía con fundamento en otro artículo de la Carta, el 104[iv], negando la convocatoria del Ejecutivo. Así las cosas, la soberanía volvió a quedar en manos de la Nación, como en la derogada Constitución de 1886, por la decisión de dos senadores que despojaron a toda la ciudadanía, el pueblo o constituyente primario de su poder político decisorio de última instancia. Semejante impase desconstituyente de la legitimidad ciudadana no habría sucedido si el Congreso en estos 34 años de promulgada la Constitución hubiese cumplido el espíritu de su artículo 1 que define a Colombia como una “República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. No hay duda que ese interés general no ha sido promovido y mucho menos defendido por los congresistas durante estos 34 años, pues no han tenido la voluntad política de expedir el Estatuto del Trabajo que les ordena el artículo 53 con sus siguientes principios fundamentales: “Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.  Pero los congresistas hicieron todo lo contrario con la aprobación de la ley 789 de 2002 presentada por el gobierno de Álvaro Uribe[v], que terminó recortando “beneficios mínimos establecidos en normas laborales”, que hoy intenta restituir la actual reforma, como el pago de horas extras desde la 6 de la tarde y la remuneración plena durante los días festivos.

La paradoja del Estado Social de Derecho bajo el “Gobierno del Cambio”

Ahora estamos bajo un gobierno cuya principal meta ha sido convertir en realidad el artículo 1 de la Constitución, el Estado Social de derecho, pero paradójicamente tenemos menos Estado en el territorio nacional porque en vastas regiones predomina el neofeudalismo devastador de organizaciones criminales que se disputan a muerte economías ilícitas, desplazan a la población y asesinan a sus líderes sociales, despojándolos de su tierra, esperanza y derechos más vitales. También su contenido Social: salud, educación, vivienda y seguridad está en cuidados intensivos por el bloqueo de sus reformas en el Congreso y la incapacidad del propio Ejecutivo para realizar una gestión pública eficiente, desgastada por numerosos escándalos de corrupción y cambios constantes en su gabinete ministerial, que no puede dar continuidad a sus principales políticas públicas. A ello se suma haber despertado expectativas inalcanzables en 4 años como la “Paz Total”, “Colombia, potencia mundial de la vida” y la transición energética, más generadoras de frustración que de satisfacción y confianza ciudadana. Dolorosamente, la Paz Total, su divisa central, se convirtió en una explosión letal de atentados terroristas durante esta semana. Y, para terminar, el Derecho naufraga en un campo de batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tiene sumida la política en coma y amenaza convertir la actual crisis de gobernabilidad en una más aguda de legitimidad.

El “sancocho constitucional”

Por eso el decreto gubernamental 0639 del 11 de junio[vi] que convoca a la Consulta Popular es una especie de “sancocho constitucional” que trata de reconciliar pensadores políticos irreconciliables como Schmitt, Habermas y Luhmann, según el perspicaz análisis del profesor Carlos Ramírez de la universidad de los Andes. Y cada vez ese “sancocho constitucional” es más sustancioso, denso e indigerible, pues el gobierno pretende apelar directamente al constituyente primario, saltándose el Congreso que debe expedir una ley para convocar esa Asamblea Constituyente, según el artículo 376 de la Constitución[vii]. Para burlar ese escollo insalvable, el nuevo ministro de justicia, Eduardo Montealegre, haciendo honor a su apellido, desde la montaña mágica de la especulación constituyente esboza alegremente el siguiente camino: “crear mecanismos que le permitan a un gobierno avanzar en una agenda social”, pues, explicó, el presidente está “bloqueado institucionalmente por unas mayorías en el Congreso que sistemáticamente se oponen al cambio”. El camino que tomaría el oficialismo es recoger las firmas del 20 % del censo electoral, algo así como 8 millones, para hacer que el proyecto de ley de convocatoria sea “vinculante” para el Congreso y que así no pueda negar la constituyente o incluso vaya directamente a la Corte Constitucional”[viii].Una audaz idea que trata de reeditar la gesta de la 7 papeleta y crear así un hecho político supraconstitucional. Pero esa imaginación constituyente ignora que la actual coyuntura, pese a las similitudes violentas con la del 90, es totalmente diferente, pues se ha perdido el clima de consenso político y urgencia que entonces existió, generado por la ofensiva narcoterrorista de los extraditables.  Por eso la 7 papeleta fue promovida ampliamente por todos los medios de comunicación y no contó con oposición significativa alguna del “País Político” y del Congreso de entonces, que fue clausurado de común acuerdo entre el presidente Gaviria y la Asamblea Nacional Constituyente. Objetivamente eso sí puede calificarse como golpe de Estado y desmantelamiento de la institucionalidad, pero fue celebrado por todos como la única y extraordinaria vía para la salvación nacional.

Ahora sucede todo lo contrario. Por eso la oposición convoca la ciudadanía a las calles en solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay, pero el trasfondo es demostrarle al Ejecutivo su profundo rechazo al llamado “decretazo” y a la impredecible aventura de la constituyente.  Así las cosas, llegamos a la mayor paradoja de esta tramoya político-constitucional. Un Ejecutivo defensor de la Carta del 91 y políticamente coautor de la misma, promotor entusiasta de su aplicación en la vida social, ahora impulsa su reforma por vía de una incierta e inviable Asamblea Constituyente. Y, por el contrario, las fuerzas políticas opositoras, que han sido mayoría en el Congreso desde la promulgación de la Constitución, que la han reformado regresivamente en múltiples ocasiones y sin voluntad política para hacer realidad social sus contenidos más progresistas, hoy la defienden y se proclaman sus celosos y mejores defensores, después de haberla engañado y burlado durante 34 años, sirviendo a intereses particulares y no generales.

Del “estado de máxima gravedad” a la gobernabilidad constituyente

Sería relativamente fácil salir de “este estado de máxima gravedad” y en coma en que se encuentra la política nacional, igual que el senador Miguel Uribe Turbay, si ambas partes tomaran conciencia de su responsabilidad histórica. Por parte del Ejecutivo, si abandonara su radicalismo constituyente y su exacerbado narcisismo político, dedicándose a realizar una gobernabilidad constituyente para recobrar así el control del orden público, la seguridad en todo el territorio nacional y cumplir sus políticas y promesas sociales con un gabinete ministerial estable, competente y eficiente, al menos por este año que le queda. Y, de parte de la oposición, si renunciara a su obsesión del “golpe de estado” con su consigna favorita “fuera Petro” y a su irresponsable delirio de venezolanizar el próximo proceso electoral, pues al no asistir a la instalación de la Comisión de Seguimiento Electoral[ix] convocada por el gobierno y desconocer al presidente Petro como su principal garante, está empezando a recorrer ese escabroso camino y agravando el “coma político” actual. En conclusión, ambas partes deberían cumplir la Constitución, aprobando una reforma laboral que honre los puntos fundamentales y mínimos del artículo 53 ya citado. Quizás así saldríamos del actual Estado de coma en que se encuentra la política nacional y recobraría su pleno sentido el Estado Social de derecho, como también esperamos que acontezca con el sentido y la vida del senador Miguel Uribe Turbay.

[i] https://hacemosmemoria.org/2016/05/02/la-papeleta-que-cambio-la-constitucion/

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Jos%C3%A9_Cepeda_Espinosa

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Carrillo_Fl%C3%B3rez

[iv] https://www.constitucioncolombia.com/titulo-4/capitulo-1/articulo-104

[v] https://www.pares.com.co/post/la-reforma-laboral-de-%C3%A1lvaro-uribe-que-favoreci%C3%B3-a-los-empresarios-y-hundi%C3%B3-a-los-trabajadores

[vi] https://www.presidencia.gov.co/Documents/250611-Decreto-0639-11-de-junio-2025.pdf#search=decreto%20de%20consulta%20popular%2E

[vii] https://www.constitucioncolombia.com/titulo-13/capitulo-0/articulo-376

[viii] https://www.elespectador.com/politica/estos-son-los-caminos-del-petrismo-con-la-consulta-popular-y-la-constituyente-para-encarar-el-2026-y-retar-al-congreso/?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=politica&utm_content=todos

[ix]https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/comision-de-garantias-fue-liderada-por-el-presidente-gustavo-petro-estas-fueron-las-principales-conclusiones-3461831

Viva el juego sucio                                                                                                      

No se le podía permitir semejante probable triunfo al Pacto Histórico, menos faltando pocos minutos para la finalización del partido, con la participación de una hinchada popular que invadiera esa especie de campo minado del Congreso y terminará decidiendo en una Consulta Popular sobre sus derechos laborales, conculcados en el 2004 por la reforma del expresidente Uribe[i]. No son aceptables esos cuentos de la “democracia participativa” prescrita en los artículos 3, 40 y 103 de la Constitución. Mucho menos, la deliberación y decisión directa de la ciudadanía en torno a sus intereses y derechos. Solo son aceptables las jugaditas habilidosas de “jugadores profesionales” en ese campo cerrado y vedado llamado Congreso, pues solo ellos supuestamente conocen de verdad los intereses de los trabajadores y los ciudadanos. Por eso, durante este partido han puesto todo tipo de “jugaditas y zancadillas” a las reformas sociales propuestas por el Ejecutivo para impedir su avance y rechazarlas, como lo acabamos de presenciar con el naufragio de la Consulta Popular.

Y la guachafita contra la Consulta Popular

Lo anterior suena demasiado evidente, hasta vulgar, pues demuestra que la alabada y ponderada democracia representativa no es otra cosa que una partidocracia y nada tiene que ver con el gobierno de los ciudadanos. Es el gobierno de los “políticos profesionales”, esos impostores que se han apropiado y degradado la República, la que nos pertenece a todos, en beneficio de sus “partidos”. Esas organizaciones semicriminales dedicadas a los negocios clientelistas y corporativos en beneficio de minorías, cuando no a perpetrar numerosos conciertos para delinquir como lo hicieron en el proceso 8.000, la parapolítica y los negociados con Odebrecht. Por eso la verdadera identidad de la mayoría de los congresistas es la de actores mutantes que oscilan entre la legalidad y la ilegalidad, la justicia y la impunidad, lo público y lo clandestino, casi siempre subordinando los intereses generales a los particulares de sus financiadores, cuando no a sus propias ambiciones. Por eso hoy están en la cárcel los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, David Name y Andrés Calle.  Así como ayer fueron condenados los exministros de Álvaro Uribe –¡ese insuperable líder contra la corrupción y la politiquería! — Sabas Pretelt de la Vega del Interior y Derecho y Diego Palacio de Protección Social, por el delito de cohecho impropio, junto a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Un delito que enriqueció las inimaginables variables de la corrupción pública, pues agregó una mayor: la Corrupción Constitucional, cambiando un “artículito” de la Carta, que con el respaldo de millones de colombianos elevó impunemente a la presidencia de la República a Álvaro Uribe Vélez del 2006 al 2010.

Segunda Lección: ¡No es la “Justicia y el bien común”!

Por eso, la segunda lección es que la mayoría de Senadores y Representantes, una vez electos, se representan en primer lugar a sí mismos y sus elevados emolumentos. No cumplen el artículo 133 de la Constitución que les ordena que “deberán actuar consultando la justicia y el bien común”.  Todo lo contrario, pues en nuestro país un congresista gana cerca de 50 veces más que el salario mínimo de un trabajador formal. Ni hablar de la diferencia con el paupérrimo ingreso que un trabajador informal pueda recaudar a final del mes en medio de las penurias del hambre, las enfermedades y la inseguridad. En la actualidad un congresista le cuesta al Estado hasta 81 millones al mes. Según estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana: “Para el caso de los senadores, la asignación mensual es de $11,6 millones, mientras que por representación les giran $20,6 millones y su prima especial de servicios es de $15,8 millones. En total, 48.08 millones al mes. Para los representantes los montos son diferentes, especialmente porque estos funcionarios tienen otras tareas, como los desplazamientos a las regiones. Sus asignaciones mensuales son de $10,3 millones, los gastos de representación ascienden a $21,9 millones y la prima de servicios es de $21,4 millones, en total, 53.6 millones. Si se suman los demás ítems, en el caso de los senadores el gasto total mensual asciende a $74,6 millones, mientras que el de los representantes llega a $72,8 millones. Hay funcionarios cuyo gasto mensual es más significativo, por ejemplo, el secretario de la Cámara con $83,2 millones en total, o el director del Senado que llega recibir hasta $98,8 millones. Solo el costo de los 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, le valen 172.137 millones de pesos al mes”[ii]. Por eso es apenas comprensible que el ochenta por ciento de los colombianos no crean en la democracia, según encuesta de EL PAÍS de España[iii], y les cueste a los congresistas tanto trabajo legislar pensando en la justicia y el bien común de los colombianos.

Basta cumplir la CP del 91.

Pero quizás ahora, bajo las paradojas de este gobierno que ha logrado hacer transparente tanto escándalo y que sus intenciones reformistas están a punto de frustrase en medio de una oposición cerril y cínica, además de por su propia incoherencia en la gestión pública, el canibalismo interno de sus altos funcionarios, la crisis de orden público y la criminalidad de sicarios y extorsionistas en ascenso, todos tomen consciencia que si no aprueban al menos una reforma laboral que restituya derechos mínimos y justos a los trabajadores, incluso sus aspiraciones a ser reelectos estén en peligro y más aún su victoria presidencial. Por eso la senadora Angelica Lozano presidenta de la Comisión Cuarta del Senado “aseguró que dará todas las garantías para el trámite de la resucitada reforma laboral que promueve el Gobierno del presidente Gustavo Petro” y además nos trata de convencer, con cierto cinismo, que “esto no es una puja política”[iv]. Una puja que trasladará a las calles y las movilizaciones populares el presidente Petro, para que se cumplan esas garantías y se apruebe una reforma laboral que tenga en cuenta parcialmente los “principios mínimos fundamentales” consignados  en el artículo 53 de la Constitución: “La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. Amanecerá y veremos si pasamos de la confrontación a la concertación, que exige tanto de la oposición como del gobierno mutuas concesiones y dejan de darnos espectáculos tan deplorables como los de ayer. Así cumplirían los senadores con lo mandado por el artículo 53 de la CP, que por ironía tiene las mismas iniciales de la Consulta Popular.

[i] https://www.pares.com.co/post/la-reforma-laboral-de-%C3%A1lvaro-uribe-que-favoreci%C3%B3-a-los-empresarios-y-hundi%C3%B3-a-los-trabajadores

[ii] https://www.elcolombiano.com/negocios/cuanto-gana-un-senador-y-representante-a-la-camara-en-colombia-al-mes-FJ26588094

[iii] https://elpais.com/america-colombia/2022-05-09/la-corrupcion-el-agujero-negro-de-colombia.html

[iv] https://www.elespectador.com/politica/angelica-lozano-habla-de-reforma-laboral-en-congreso-consulta-popular-de-petro-y-de-alianza-verde-noticias-hoy/?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=politica&utm_content=todos

La Cacocracia inmemorial

Pero nuestra realidad es otra, completamente diferente. Sobrevivimos alelados en este Macondo, deslumbrados por su belleza natural, extraviados en las redes sociales y deslumbrados con los conciertos demenciales de Shakira, ignorando este espejismo mortífero llamado democracia. Aunque en su médula es un régimen cacocrático, definido así por Fundéu[ii], la Fundación del Español Urgente: “Por su formación a partir del griego kakós (‘malvado, malo’) y el elemento -cracia (‘gobierno, poder’), sería un ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’). Aunque la cacocracia puede incluir la idea de ‘gobierno de los ladrones’, este último concepto se expresa más precisamente con cleptocracia, a partir del griego kléptis, ‘ladrón’ (como en cleptomanía)”. Para la mayoría de colombianos el régimen sería ambas cosas, cleptocrático y cacocrático, pero se engañan si creen que es solo a partir de este gobierno y desconocen o niegan que desde tiempos inmemoriales ha sido así. Incluso, incurriendo en cierto anacronismo, podría afirmar que desde la conquista española el régimen está impregnado por ambos hados maléficos, a pesar de los esfuerzos de algunos gobernantes por liberarse de ellos. Su longevidad se debe, precisamente, a la red de complicidades, lealtades y solidaridades que propicia entre la “gente de bien” y los “políticos”, que se benefician, una vez entran al Estado, de sus alianzas y acuerdos con el crimen, la ilegalidad y los delincuentes de cuello blanco, que la prensa y el ciudadano común llama “corrupción”, pero cuya denominación más exacta sería cacocracia.

El Régimen Cacocrático

Quien mejor lo definió, justamente por conocer el régimen desde sus entrañas, fue Álvaro Gómez Hurtado, en pleno escándalo del proceso 8.000: “La política se ensució hace ya dos décadas, cuando cayó bajo el dominio del clientelismo y se sometió a la preponderancia del dinero. Desde entonces se quedó sucia. Es la forma de dominio que ha tenido el Régimen imperante para poder doblegar la opinión pública y aprovecharse de las oportunidades de mando y de los gajes del poder. El Régimen necesita que la política sea sucia porque es la manera de conseguir la amplia gama de complicidades que se necesitan para mantener su predominio”[iii]. Entonces Gómez Hurtado dijo que la cuestión no se resolvía tumbando a Samper, pues éste era rehén del régimen, como ahora lo es el presidente Petro: “un simple prisionero del Régimen. No tiene autonomía para dominar el Congreso, ni apoyo político para disciplinar a su propio partido, ni prestigio suficiente para que la prensa áulica le preste un apoyo eficaz”[iv], escribió sobre el drama de Samper. El 8.000 exhibió sin pudor alguno toda esa tramoya, hasta entonces más o menos oculta, de la financiación de las campañas presidenciales. Pero mucho antes y desde entonces todas las campañas presidenciales exitosas han estado permeadas por poderes de facto ilegales, como el narcotráfico, el narcoparamilitarismo y hasta la guerrilla, o de los legales como Odebrecht y numerosos empresarios en las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga[v], aún pendiente de conclusión judicial, pues nada sabemos al respecto, en medio de los nuevos y mayores escándalos, que sepultan los de ayer.

Benedetti es el Hombre del Régimen.

Por eso Armando Benedetti es el ministro del interior y Gregorio Eljach el Procurador General. Ambos conocen perfectamente cómo funciona el Congreso, además de las intimidades e intereses oscuros de numerosos congresistas, lo cual les permitirá seguramente transar muchas decisiones vitales para las reformas en trámite del “gobierno del cambio” o pasar por alto investigaciones disciplinarias que los afecten. La cuestión de fondo es saber hasta qué punto dichas transacciones y negociaciones permitirán la aprobación de reformas como la de salud y laboral, o, por el contrario, será la claudicación de las mismas, en favor de los intereses electorales de los congresistas y de los que ellos bien representan, tanto de las EPS como de los gremios económicos. El presidente Petro, que bien conoce ese entramado de corrupción y de intereses, donde lo público por lo general se subordina a la lógica de intereses particulares, partidistas, corporativos, empresariales y gremiales, se encuentra frente a esa encrucijada histórica y ha jugado la carta de Benedetti y respaldado el nombramiento de Eljach como Procurador General.

La encrucijada histórica

Esa encrucijada se reflejó de manera tragicómica en el Consejo de Ministros, dividido entre leales al proyecto del Pacto Histórico, que el presidente Petro llamó sectarios por vetar la presencia de Benedetti como jefe del Despacho Presidencial y los señaló de quererlo encerrar en la Casa de Nariño. Falta esperar la forma como Benedetti cumpla su tarea de hombre del régimen cacocrático y si logra tramitar con éxito las reformas en curso en el Congreso. Solo entonces sabremos, al final y tardíamente, quiénes contribuyeron a la transición democrática o, por el contrario, terminaron siendo cómplices de la transacción cacocrática, que consolidará por muchas generaciones más el actual régimen electofáctico[vi], cuya quintaesencia es la simbiosis de la política con la ilegalidad, el crimen y la impunidad. Una simbiosis exitosa e impunemente forjada por los últimos gobiernos, unos en nombre de la Constitución del 91, otros de la “seguridad democrática”, “la paz con legalidad” y hasta  la “paz total”. Pero ningún presidente ha podido gobernar sin romper con aquellos que desde la institucionalidad estatal e incluso la rebelión y la contrainsurgencia han convertido la política en un negociado de intereses, codicias, crímenes, vanidades e impunidades personales, que nos impiden avanzar hacia una transición y paz democrática. ¿Será que en el 2026 tendremos la oportunidad y responsabilidad histórica de no elegir otra vez el mismo régimen? ¿Habrá candidaturas para evitarlo o estaremos condenados a vivir bajo esta cacocracia en nombre de la democracia?

[i] https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Fund%C3%A9u

[iii] https://locriticodelasunto.blogspot.com/2011/07/tumbar-el-regimen-alvaro-gomez.html

[iv] https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/la-cruzada-de-alvaro-gomez-contra-el-regimen

[v] https://elpais.com/america-colombia/2023-08-18/odebrecht-santos-y-zuluaga-la-historia-mas-conocida-de-la-financiacion-ilegal-de-campanas-en-colombia.html

[vi] https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=223842