James Robinson lleva décadas estudiando una pregunta que parece perseguir a las sociedades modernas: ¿por qué algunos países logran construir prosperidad, instituciones sólidas y estabilidad política, mientras otros permanecen atrapados en ciclos de violencia, desigualdad y frustración? Su trabajo, desarrollado junto con Daron Acemoglu y reconocido con el Premio Nobel de Economía, ha influido en presidentes, académicos y líderes de todo el mundo.

Pero más allá de las teorías sobre instituciones inclusivas y extractivas, Robinson se ha convertido en un observador privilegiado de América Latina y, particularmente, de Colombia. Ha recorrido el país durante años, ha estudiado sus regiones y ha seguido de cerca sus transformaciones políticas. Desde esa perspectiva ofrece una mirada incómoda: considera que buena parte de los problemas colombianos siguen sin comprenderse adecuadamente, que ni la derecha ni la izquierda han logrado construir una estrategia duradera para transformar el país y que el acuerdo de paz, aunque histórico, fue tratado como si fuera el final de una historia cuando apenas representaba el comienzo.

En esta conversación habla sobre Colombia, la crisis de la democracia liberal, el ascenso de liderazgos autoritarios, la influencia de la cultura política en el desarrollo y los riesgos que plantea la inteligencia artificial. También reflexiona sobre la pregunta que hoy más le interesa: por qué las sociedades persisten en determinados equilibrios institucionales incluso cuando esos equilibrios parecen perjudicar a la mayoría de sus ciudadanos.

“Las élites cambian; las instituciones son las que permanecen”

Diego Aretz: Gran parte de su trabajo ha explorado por qué algunas sociedades construyen instituciones inclusivas mientras otras permanecen atrapadas en sistemas extractivos. Después de décadas estudiando estos procesos, ¿qué es lo más difícil de cambiar: las instituciones, las élites o la imaginación colectiva?

James Robinson: Los datos sugieren que lo más difícil de transformar son las instituciones. Si observamos América Latina vemos que las élites sí cambian. Los grandes grupos económicos de hoy no son necesariamente los mismos de hace siglos. Hay rotación de élites, aparecen nuevas familias empresariales, inmigrantes que ascienden económicamente y nuevos actores con poder.

Sin embargo, las instituciones permanecen. Las reglas fundamentales del juego, las formas de organización del Estado y las relaciones entre poder político y poder económico suelen ser mucho más resistentes al cambio. Por eso las sociedades pueden experimentar transformaciones importantes en sus élites sin modificar realmente los resultados que producen sus instituciones.

Sobre la imaginación colectiva soy más cauteloso. No estoy seguro de tener una respuesta clara sobre ese tema.

“Colombia ha vuelto al punto donde estaba hace 25 años”

Diego Aretz: Colombia acaba de atravesar una transición política significativa. Pasó de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de su historia reciente, a un liderazgo que reivindica más el orden, la seguridad y la autoridad. ¿Qué nos dice este cambio sobre la democracia colombiana?

James Robinson: No estoy seguro de que sea un cambio tan dramático como suele presentarse. Veo más continuidades que rupturas.

Si pensamos en Álvaro Uribe, gran parte de su proyecto político estaba centrado en el orden, la seguridad y la disciplina. Hay diferencias evidentes entre los distintos liderazgos, pero también existen similitudes importantes que a veces se ignoran.

Los colombianos llevan décadas buscando una salida a problemas estructurales muy profundos. El problema es que ninguna de las alternativas ofrecidas ha logrado consolidarse plenamente. Uribe tuvo una característica particular: hizo buena parte de lo que prometió. Eso generó resultados concretos y abrió la posibilidad de que la sociedad explorara otros caminos.

Después vino la expectativa de transformaciones profundas con Petro. Sin embargo, muchas de las promesas que hizo no se tradujeron en resultados. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía suele volver a buscar respuestas en proyectos políticos anteriores o en propuestas que le resultan familiares.

Pero el asunto central es otro. Lo que se logró mediante la estrategia militar fue transitorio. Lo que se logró mediante el acuerdo de paz también fue transitorio. Ninguna de las dos experiencias se convirtió en un proyecto social de largo plazo. Y por eso tengo la impresión de que Colombia ha terminado regresando al punto donde estaba hace 25 años.

“Las FARC nunca fueron el problema central”

Diego Aretz: Usted ha estudiado Colombia durante mucho tiempo. ¿Qué determina que el uso de la fuerza por parte del Estado construya capacidades institucionales y no simplemente produzca otro ciclo de violencia?

James Robinson: Colombia sigue enfrentando un problema fundamental: amplias zonas del territorio continúan sin estar gobernadas efectivamente por el Estado.

Durante años se pensó que el problema central eran las FARC. Yo nunca compartí esa visión. Las FARC eran un síntoma de problemas más profundos. Por supuesto que su desmovilización fue positiva. Fue un logro político enorme y muy importante para el país. Pero representaba apenas el comienzo de una solución, no el final.

La idea de que bastaba con negociar con las FARC para resolver los problemas históricos de Colombia me parecía equivocada. Los problemas estructurales estaban allí antes de las FARC y continúan después de ellas.

El acuerdo de paz incluía algunos elementos muy importantes relacionados con la transformación territorial y la presencia estatal. Pero esas dimensiones nunca fueron implementadas de manera suficiente. Y sin esa transformación institucional más profunda, los problemas tienden a reproducirse.

Por eso seguimos viendo ciclos de violencia. Cambian los actores, cambian los nombres de los grupos armados, pero persisten las condiciones que permiten su aparición.

“Ni la izquierda ni la derecha entienden completamente el problema”

Diego Aretz: Usted parece sugerir que distintos gobiernos terminan repitiendo errores similares.

James Robinson: Sí, creo que existe un patrón recurrente.

No creo que los distintos gobiernos hayan comprendido plenamente la naturaleza del problema colombiano. Se concentran en síntomas específicos y no en las estructuras que producen esos síntomas.

En algunos casos se piensa que el problema es exclusivamente militar. En otros, que puede resolverse mediante una reforma específica o una negociación determinada. Pero los problemas colombianos tienen raíces mucho más profundas.

Además, existe una tendencia hacia las grandes promesas y las soluciones grandilocuentes. Hay un componente teatral en la política colombiana. Se anuncian transformaciones enormes, pero luego resulta muy difícil construir las capacidades estatales necesarias para implementarlas.

Eso no significa que las personas carezcan de buenas intenciones. Al contrario. Muchas veces hay líderes sinceramente comprometidos con el cambio. El problema es que las instituciones necesarias para materializar esas transformaciones no existen o son demasiado débiles.

Por eso no veo actualmente una estrategia clara para sacar a Colombia del equilibrio en el que se encuentra.

“Hay personas que se benefician del equilibrio actual”

Diego Aretz: ¿Qué ha aprendido sobre la naturaleza humana estudiando el ascenso y la caída de las naciones?

James Robinson: No creo que las diferencias fundamentales entre sociedades se expliquen por una naturaleza humana distinta.

No pienso que los seres humanos en América Latina sean esencialmente diferentes de los estadounidenses o los europeos. Lo que cambia son las instituciones, las relaciones de poder y las trayectorias históricas.

En Colombia, por ejemplo, algunas personas obtienen enormes beneficios del equilibrio existente. Hay sectores que pueden protegerse de muchos de los problemas que afectan al resto de la población. Pueden acceder a seguridad privada, mejores sistemas educativos, mejores servicios de salud y múltiples mecanismos de protección.

Cuando eso ocurre, la presión para transformar el sistema disminuye. Quienes se benefician del equilibrio existente tienen pocos incentivos para modificarlo.

Esa dimensión del poder es fundamental para comprender por qué ciertas instituciones persisten incluso cuando generan resultados insatisfactorios para la mayoría.

La crisis de la democracia liberal

Diego Aretz: Hoy muchas personas sienten que las instituciones democráticas continúan funcionando formalmente, pero ya no las representan. ¿Puede sobrevivir una democracia cuando sus ciudadanos pierden la confianza en ella?

James Robinson: Estamos viviendo precisamente ese fenómeno.

Samuel Huntington hablaba de olas de democratización y de olas inversas. Durante las décadas de 1980 y 1990 vimos una gran expansión democrática en América Latina, África y otras regiones.

La democracia prometía transformar la vida de las personas. Pero cuando opera en contextos donde existen instituciones débiles, clientelismo y baja capacidad estatal, sus resultados suelen ser más limitados de lo que la ciudadanía espera.

Entonces aparece la decepción.

Las personas comienzan a buscar alternativas porque sienten que las instituciones democráticas no resolvieron sus problemas. Eso es visible en muchos países.

En Estados Unidos, por ejemplo, la prosperidad dejó de distribuirse de manera amplia. Aunque la economía siguió creciendo, los beneficios se concentraron cada vez más en sectores específicos. Muchas personas sienten que trabajaron durante décadas sin experimentar mejoras significativas en sus condiciones de vida.

Esa frustración acumulada erosiona la confianza en las instituciones democráticas.

“La gente está buscando algo que funcione”

Diego Aretz: ¿Por eso vemos el auge de liderazgos fuertes o autoritarios?

James Robinson: Exactamente.

Si observamos casos como El Salvador, encontramos ciudadanos que experimentaron durante años niveles extremos de inseguridad. En ese contexto, muchos terminan apoyando soluciones que les ofrecen resultados inmediatos.

La gente está buscando algo que funcione.

Eso no significa necesariamente que esas soluciones vayan a resolver los problemas de fondo. Pero sí explica por qué resultan políticamente atractivas.

Cuando las instituciones tradicionales dejan de generar confianza, aumenta la disposición de los ciudadanos a experimentar con alternativas que anteriormente habrían considerado inaceptables.

“No creo que estos modelos tengan soluciones duraderas”

Diego Aretz: ¿Este ciclo puede revertirse?

James Robinson: Claro que puede. La historia muestra que estos procesos suelen desarrollarse en oleadas.

Sin embargo, no creo que los modelos más autoritarios tengan respuestas duraderas para los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas.

Pueden producir resultados temporales. Pueden generar estabilidad durante ciertos períodos. Pero eso es diferente a construir soluciones sostenibles.

Lo que ocurre hoy es que muchas personas están desencantadas con aspectos importantes del modelo liberal. Cuestionan la meritocracia, cuestionan el funcionamiento del Estado y cuestionan los beneficios distribuidos por la globalización.

Estamos viviendo un período de búsqueda. Todavía no está claro qué tipo de equilibrio político surgirá de esta etapa.

América Latina y la obsesión con las utopías

Diego Aretz: ¿Qué contradicción explica que América Latina siga siendo una región de enorme potencial y frustración permanente?

James Robinson: Cada vez me interesa más explorar una explicación cultural.

Existe una tendencia persistente al idealismo y al utopismo. Con frecuencia aparecen propuestas extraordinariamente ambiciosas para resolver problemas complejos, pero esas propuestas suelen estar desconectadas de las capacidades reales de implementación.

Hay una tensión permanente entre lo ideal y lo posible.

El intelectual uruguayo Ángel Rama reflexionó sobre esta distancia entre la ciudad ideal y la ciudad real. Creo que esa tensión sigue presente en buena parte de América Latina.

Existe una confianza recurrente en soluciones grandiosas y una menor valoración del pragmatismo institucional.

Un ejemplo evidente es la tendencia a reescribir constituciones. A menudo se actúa como si una nueva constitución pudiera resolver problemas históricos profundamente arraigados, a pesar de que la evidencia acumulada durante dos siglos sugiere que las transformaciones son mucho más complejas.

“La inteligencia artificial me parece aterradora”

Diego Aretz: Quisiera preguntarle por la inteligencia artificial.

James Robinson: Me parece profundamente preocupante.

Estamos entrando en una transformación tecnológica gigantesca sin comprender plenamente sus consecuencias.

La humanidad ya ha vivido procesos similares. Ocurrió con la agricultura, ocurrió con la Revolución Industrial y ahora está ocurriendo con la inteligencia artificial.

La diferencia es que hoy sí contamos con instituciones capaces de regular estos cambios. Sin embargo, esas instituciones parecen incapaces o poco dispuestas a actuar.

Ya observamos efectos importantes en los mercados laborales. La automatización ha contribuido durante décadas al desplazamiento de trabajadores y al aumento de la desigualdad. Y ahora nos dirigimos hacia una transformación aún más profunda.

No hemos resuelto las consecuencias sociales de la revolución tecnológica anterior y ya estamos entrando en una nueva.

Eso me parece aterrador.

“La democracia decepciona cuando promete más de lo que puede cumplir”

Diego Aretz: Cuando uno escucha sus respuestas sobre Colombia, América Latina y Estados Unidos, parece haber una preocupación común: la distancia entre las expectativas que generan los sistemas políticos y los resultados que finalmente entregan. ¿Es esa una de las razones por las cuales estamos viendo tanta desconfianza hacia las instituciones?

James Robinson: Sí, creo que esa es una parte importante de la explicación. Si pensamos en las grandes olas de democratización de las décadas de 1980 y 1990, mucha gente vio la democracia como una solución transformadora. La democracia prometía cambiar la vida de las personas, prometía prosperidad, representación y mejores oportunidades.

El problema es que en sociedades donde las instituciones estatales son débiles o donde la política funciona a través de mecanismos clientelistas, la democracia tiene una capacidad limitada para producir transformaciones profundas. Entonces surge una brecha entre las expectativas y la realidad.

La gente esperaba cambios mucho más grandes de los que realmente ocurrieron. Y cuando esa decepción se acumula durante décadas, las personas empiezan a buscar alternativas.

Diego Aretz: ¿Esa decepción ayuda a explicar fenómenos tan distintos como Trump en Estados Unidos, Bukele en El Salvador o el crecimiento de movimientos antisistema en otras partes del mundo?

James Robinson: Sí, creo que existe una conexión. Las personas están buscando algo que funcione. En muchos países la sensación es que las instituciones tradicionales ya no están resolviendo los problemas que preocupan a los ciudadanos.

En Estados Unidos, por ejemplo, durante décadas hubo crecimiento económico, pero los beneficios se concentraron cada vez más en los sectores más ricos. Para muchas personas la experiencia cotidiana fue completamente distinta a la narrativa del éxito económico nacional.

Si uno no tiene educación universitaria, los salarios reales son inferiores a los que existían hace varias décadas. Ese fenómeno tiene múltiples causas: cambios tecnológicos, automatización, debilitamiento de los sindicatos y transformaciones profundas en el mercado laboral.

Todo eso genera frustración y termina erosionando la confianza en las instituciones democráticas.

Diego Aretz: Sin embargo, tampoco parece convencido de que los modelos más autoritarios tengan respuestas duraderas.

James Robinson: No, no lo estoy. Creo que algunas de estas experiencias pueden producir resultados temporales. Pueden generar una sensación de eficacia durante un período determinado. Pero eso es diferente a construir soluciones sostenibles.

Lo que estamos viendo es una búsqueda de nuevas fórmulas políticas. Hay mucha desilusión con aspectos importantes del modelo liberal contemporáneo, pero todavía no está claro qué alternativa va a surgir.

En Estados Unidos, por ejemplo, distintos sectores políticos están tratando de reconstruir coaliciones sociales capaces de volver a conectar con amplios grupos de la población. Pero creo que todavía estamos en una etapa de experimentación.

Y en Colombia veo algo parecido. Hay muchas propuestas, pero sigo sin ver una agenda práctica y coherente capaz de construir una salida duradera para los problemas estructurales del país.

La lección de toda una vida

Diego Aretz: Si pudiera dejar una sola lección a los líderes políticos del mundo, ¿cuál sería?

James Robinson: Que comprendan la importancia de las instituciones.

Cuando viajo y hablo con personas de distintos países encuentro una fascinación enorme por los líderes individuales. Existe la idea de que los problemas pueden resolverse simplemente encontrando al dirigente adecuado.

La evidencia no apunta en esa dirección.

Las sociedades prosperan cuando construyen instituciones capaces de generar oportunidades amplias, distribuir poder y sostener reglas estables.

Las instituciones son mucho más importantes que cualquier individuo.

“Todavía no entendemos el papel de las ideas”

Diego Aretz: ¿Y cuál es la gran pregunta que todavía no sabe responder?

James Robinson: Creo que las ciencias sociales siguen siendo demasiado materialistas.

La economía, la ciencia política y muchas disciplinas han puesto un enorme énfasis en los incentivos materiales. Pero los seres humanos también se mueven por ideas, valores, creencias y aspiraciones.

Todavía comprendemos muy poco sobre los fundamentos culturales de las instituciones.

¿Por qué determinadas sociedades desarrollan ciertas formas de organización política y otras no? ¿Por qué algunas ideas persisten durante siglos? ¿Cómo influyen las creencias colectivas en la construcción institucional?

Esas son preguntas extraordinariamente difíciles.

Y sospecho que allí están algunas de las respuestas más importantes para comprender el desarrollo y la democracia.

La agenda es amplia, pero más allá de la cantidad de actividades, lo que llama la atención es la visión que parece atravesarla. Durante años, la memoria en Colombia estuvo asociada principalmente a la reconstrucción de hechos violentos, a la elaboración de informes y a la preservación de archivos. Todas esas tareas siguen siendo indispensables. Sin verdad documentada no existe posibilidad de comprensión ni de justicia. Sin embargo, la programación que el Centro llevará a Medellín sugiere una apuesta más amplia: convertir la memoria en una conversación pública capaz de involucrar a sectores de la sociedad que tradicionalmente no participan de estos debates.

Esa intención aparece desde el primer día. El viernes 11 de septiembre se abrirán espacios como “Cartografía por la memoria”, un taller dirigido a jóvenes que propone explorar cómo los lugares guardan historias, emociones y recuerdos a través del dibujo y la construcción colectiva de mapas. Ese mismo día se presentará el pódcast Lenguajes de la memoria: afectaciones a metaleros en el marco del conflicto armado en Medellín (1990-2000), una propuesta que recupera testimonios de quienes encontraron en la música una forma de resistencia frente a las distintas expresiones de violencia que marcaron la ciudad durante las últimas décadas.

La elección de Medellín para este tipo de reflexiones no es casual. La ciudad ha sido protagonista de algunos de los capítulos más complejos de la historia contemporánea colombiana. Ha conocido el impacto del narcotráfico, la confrontación armada, las violencias urbanas y las fracturas sociales que dejaron profundas huellas en miles de familias. Pero también ha sido un laboratorio de iniciativas comunitarias, procesos culturales y apuestas educativas que han demostrado que la memoria puede convertirse en una herramienta para reconstruir tejido social. Hablar de memoria en Medellín implica necesariamente hablar de las heridas que dejó la violencia, pero también de las múltiples formas de resistencia que surgieron para enfrentarla.

Uno de los ejes centrales de la programación será el ciclo de conversaciones denominado “El valor de las voces”, en el que participará el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’Mar Córdoba Salamanca. Los encuentros reunirán a víctimas de distintas experiencias, desde mujeres afectadas por el reclutamiento y la violencia sexual hasta Sofía Gaviria Correa y representantes de la fuerza pública.

Más allá de los nombres propios, estos espacios reflejan una idea fundamental: la memoria colombiana no puede construirse desde una sola experiencia ni desde una única mirada. La historia reciente del país está compuesta por relatos diversos, a veces dolorosamente distintos entre sí, que exigen ser escuchados con la misma disposición para comprender. En una época donde la polarización suele empujar a los ciudadanos a escuchar únicamente aquello que confirma sus propias convicciones, la apuesta por reunir voces diferentes adquiere un valor especial.

En ese contexto también puede leerse el trabajo que viene impulsando D’Mar Córdoba al frente del CNMH. Más allá de las responsabilidades administrativas propias de cualquier dirección institucional, la programación de Medellín deja ver una intención clara de acercar el Centro a públicos más amplios y de fortalecer su presencia en espacios donde la memoria dialoga con la cultura, la educación y la ciudadanía. No se trata únicamente de presentar investigaciones o publicar informes. Se trata de lograr que esos contenidos encuentren nuevos interlocutores y que la conversación sobre el pasado llegue a escenarios donde normalmente no se produce.

Quizás uno de los ejemplos más interesantes de esa visión sea el lanzamiento de La naturaleza y el territorio como víctimas: relatos de memoria histórica ambiental, programado para el sábado 12 de septiembre. La investigación inaugura una nueva línea de trabajo que invita a reflexionar sobre los impactos del conflicto armado en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos. Durante años, las discusiones sobre memoria se concentraron principalmente en las afectaciones humanas, algo completamente comprensible dada la magnitud del sufrimiento causado por la violencia. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que la guerra también transformó ríos, bosques, montañas y formas de vida enteras. Reconocer esas afectaciones permite ampliar nuestra comprensión de lo ocurrido y conectar la memoria con desafíos contemporáneos como la protección ambiental y los derechos de las comunidades rurales.

La programación también dedica una atención especial a los niños, niñas y jóvenes. Habrá talleres como Fotovoces, El jardín de la memoria, Exploradores de la memoria, Los viajes del colibrí y Mi memoria, mi museo, actividades que buscan acercar la reflexión sobre el pasado a nuevas generaciones mediante herramientas creativas y participativas.
Y quizás allí se encuentre una de las preguntas más importantes para cualquier política pública de memoria en la actualidad. ¿Cómo transmitir la historia de la violencia a quienes no la vivieron directamente? Millones de colombianos nacieron después de algunos de los episodios más intensos del conflicto armado y observan esos acontecimientos desde una distancia temporal cada vez mayor. Para ellos, la memoria no puede limitarse a una colección de fechas o acontecimientos. Necesita encontrar nuevos lenguajes, nuevas formas de narración y nuevas experiencias que permitan comprender por qué recordar sigue siendo relevante.

La agenda de Medellín parece consciente de ese desafío. Por eso incorpora actividades que exploran la memoria desde la fotografía, la música, la literatura, la educación, los archivos comunitarios e incluso la gastronomía. Uno de los conversatorios más llamativos lleva por título ¿A qué sabe la memoria?, una invitación a reflexionar sobre cómo los alimentos, las recetas y los espacios compartidos alrededor de la mesa también forman parte de las historias que una comunidad decide preservar.

De igual manera, la programación incluye espacios sobre museos escolares, archivos de derechos humanos, bibliotecas, centros de documentación y experiencias barriales de construcción de memoria. Todos ellos comparten una misma convicción: la memoria no pertenece exclusivamente a las instituciones. También pertenece a las comunidades, a los barrios, a las escuelas y a las organizaciones que durante años han trabajado para preservar sus propias historias.
Uno de los momentos más esperados llegará el 19 de septiembre con el lanzamiento de Verdades pendientes. Paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, una investigación que analiza cinco décadas de violencia en la región y pone en el centro las voces, los daños y las demandas de las víctimas. La elección de este escenario para presentar el informe tiene una fuerza simbólica evidente. Medellín sigue siendo un territorio donde la discusión sobre la paz urbana continúa abierta y donde las preguntas sobre las causas, consecuencias y transformaciones de la violencia mantienen plena vigencia.

El título del informe resume bien uno de los grandes desafíos de la memoria colombiana: todavía existen verdades pendientes. Persisten preguntas sobre responsabilidades, impactos, silencios y consecuencias que siguen reclamando atención. La memoria no existe para ofrecer respuestas definitivas a todos esos interrogantes, pero sí para evitar que desaparezcan de la conversación pública.

La elección de Medellín para presentar este informe también invita a una reflexión más amplia sobre la relación entre memoria y ciudad. Durante mucho tiempo, buena parte de los debates sobre el conflicto armado colombiano se concentraron en los territorios rurales, donde ocurrieron algunas de las mayores tragedias de la guerra. Sin embargo, las ciudades también cargan memorias profundas de la violencia. Medellín es quizás el mejor ejemplo de ello. Aquí confluyeron fenómenos asociados al narcotráfico, al conflicto armado, al desplazamiento forzado y a las distintas expresiones de criminalidad urbana que transformaron barrios enteros y marcaron la vida de varias generaciones.

Hablar de paz urbana en Medellín no significa únicamente analizar cifras de violencia o estudiar la presencia de actores armados. Significa escuchar las historias de quienes han vivido esas transformaciones desde sus comunidades, comprender cómo las dinámicas de la violencia afectaron la vida cotidiana y reconocer los esfuerzos colectivos que permitieron resistir en medio de circunstancias extremadamente difíciles. En ese sentido, la memoria se convierte en una herramienta para leer la ciudad desde abajo, desde las experiencias de sus habitantes y no solamente desde las decisiones institucionales o los grandes acontecimientos que suelen ocupar los titulares.

La programación del Centro Nacional de Memoria Histórica parece entender esa necesidad de conectar los grandes relatos nacionales con las historias locales. Por eso resulta significativo que varios de los eventos programados incluyan experiencias comunitarias, archivos barriales, iniciativas educativas y procesos culturales surgidos en los propios territorios. Más que presentar una memoria cerrada o definitiva, la agenda propone un diálogo permanente entre las investigaciones del Centro y las memorias construidas por las comunidades.

Algo similar ocurre con los lanzamientos editoriales previstos para los últimos días de la feria. Obras como ¿Quiénes son las verdaderas heroínas y los verdaderos héroes en el Oriente antioqueño? o la colección Relatos pal desolvido reflejan un esfuerzo por acercar los hallazgos de la investigación histórica a públicos más amplios mediante formatos narrativos accesibles. No es una apuesta menor. Uno de los grandes desafíos de cualquier institución dedicada a la memoria consiste precisamente en encontrar formas de comunicar conocimientos complejos sin perder rigor, pero también sin quedar encerrados en círculos académicos o especializados.

Al revisar el conjunto de actividades, aparece una idea que atraviesa toda la programación: la memoria no es solamente una tarea de preservación del pasado. También es una forma de construir ciudadanía. Recordar implica reconocer experiencias diversas, escuchar voces que históricamente han permanecido al margen de las grandes narrativas y fortalecer la capacidad de una sociedad para comprenderse a sí misma. Esa parece ser, en última instancia, la conversación que el CNMH quiere llevar a Medellín durante estos diez días.

Quizás por eso la presencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en la Fiesta del Libro trasciende el ámbito cultural. Lo que está en juego no es únicamente la difusión de investigaciones o publicaciones. Lo que está en juego es la posibilidad de seguir construyendo espacios donde el país pueda escucharse a sí mismo, reconocer la diversidad de sus experiencias y reflexionar sobre las lecciones que deja su historia reciente.

En tiempos marcados por la inmediatez, las redes sociales y la fragmentación de los debates públicos, resulta valioso que una institución pública insista en la importancia de escuchar, dialogar y comprender. Esa parece ser la apuesta que recorre la programación del CNMH en Medellín y, al mismo tiempo, una de las características más visibles del momento que vive la entidad bajo la dirección de D’Mar Córdoba.

La memoria, al fin y al cabo, no es un ejercicio destinado a inmovilizar a una sociedad en el pasado. Es una herramienta para comprender el presente y pensar el futuro. Y si algo deja claro esta programación es que el Centro Nacional de Memoria Histórica quiere que esa conversación ocurra cada vez más allá de los archivos, más allá de los expertos y más cerca de los ciudadanos.

Ocho cuerpos aparecen sobre un escenario y se mueven como si obedecieran a una orden que nosotros no alcanzamos a escuchar. Marchan, entrenan, celebran. Se sacuden, se tensan, se disciplinan. Por momentos parecen soldados; por momentos, víctimas; por momentos, criaturas salidas de alguna pesadilla. No sabemos bien dónde termina el individuo y dónde comienza la institución.

Ese es uno de los primeros gestos de Oasis de la impunidad, la obra del director y dramaturgo chileno Marco Layera y la compañía La Re-sentida. No es una obra que pretenda llevar literalmente la calle al teatro. Nació, sí, de una calle incendiada: la revuelta social que comenzó en Santiago de Chile el 18 de octubre de 2019. Pero sus creadores entendieron que reproducir sobre un escenario la violencia de aquellas jornadas sería demasiado fácil y, quizá, demasiado poco interesante. El desafío era otro: preguntarse qué ocurre con un cuerpo cuando el Estado le enseña a ejercer la violencia y qué ocurre con una sociedad cuando empieza a acostumbrarse a ella.

La pregunta parece chilena, pero no lo es.

Podría ser colombiana.

Podría ser argentina, mexicana, peruana, brasileña. Podría ser europea. En realidad, podría ser la pregunta de cualquier democracia que tenga policías, ejército, cárceles, fronteras y ciudadanos que alguna vez han salido a la calle para protestar contra el poder.

Porque el Estado democrático tiene una paradoja que preferimos no mirar demasiado de cerca: para proteger la vida necesita tener capacidad de ejercer la fuerza. Y precisamente porque posee esa fuerza necesita someterla a límites.

El problema comienza cuando olvidamos la segunda parte.

La obra de Layera coloca en el centro a quienes ejercen la violencia estatal. No solamente a sus víctimas. No solamente al manifestante golpeado, al detenido, al ciudadano que corre o al cuerpo que cae. También al hombre o la mujer que recibe una orden, se pone un uniforme y aprende que mantener el orden puede exigirle utilizar la fuerza contra otro ser humano.

La pregunta entonces deja de ser solamente quién golpeó a quién.

Se vuelve mucho más incómoda: ¿qué clase de sistema produce al individuo capaz de hacerlo?

El dossier de la obra habla de un organismo mecánico y convulso, compuesto por cuerpos estrictamente disciplinados. La disciplina aparece allí no como una virtud abstracta, sino como algo que se inscribe físicamente en el cuerpo. El cuerpo aprende. El cuerpo obedece. El cuerpo se acostumbra.

Y quizá esa sea una de las grandes tragedias políticas de nuestro tiempo: que la violencia termina convirtiéndose en una técnica.

Primero nos escandaliza.

Después la explicamos.

Después la justificamos.

Y finalmente aprendemos a vivir con ella.

Colombia conoce demasiado bien esa secuencia.

Durante décadas hemos hablado de la violencia como si fuera una especie de clima. Algo que está allí, inevitable, casi meteorológico. La violencia guerrillera, la paramilitar, la criminal, la estatal, la política. Cambian los nombres, cambian los uniformes, cambian las consignas, pero permanece una idea peligrosa: que hay momentos en los que la violencia simplemente se vuelve necesaria.

Y por supuesto que existen circunstancias en las que un Estado debe utilizar la fuerza. Una democracia no puede renunciar al monopolio legítimo de la violencia sin renunciar también a una parte esencial de su capacidad para proteger a sus ciudadanos. El problema no es la existencia de la fuerza. El problema es quién la controla, con qué reglas, bajo qué controles y qué sucede cuando aquellos encargados de ejercerla empiezan a creer que la institución está por encima del individuo.

Esa es justamente una de las preguntas que atraviesan Oasis de la impunidad: quién utiliza y quién controla el monopolio estatal de la violencia y cómo puede una sociedad democrática construir un consenso sobre sus usos legítimos.

No son preguntas menores.

Son preguntas sobre el tipo de Estado que queremos.

Y también sobre el tipo de ciudadano que estamos dispuestos a ser.

Hay algo particularmente poderoso en que la obra no convierta el escenario en una copia de la protesta. Layera lo dice con claridad: el teatro no pretende trasladar territorial ni simbólicamente la calle al escenario. No quiere que asistir a una función se convierta en una forma cómoda de desmovilización. El arte, en cambio, debe dejarse afectar por lo que sucede afuera y ponerse en riesgo frente a ello.

Ahí aparece una idea que me interesa mucho: el teatro no tiene que decirnos qué pensar sobre la violencia. Tiene que devolvernos la violencia convertida en pregunta.

Y quizá eso sea también lo que esperamos de una democracia.

Una democracia madura no es aquella en la que nunca hay conflicto. Es aquella capaz de procesarlo sin convertir automáticamente al adversario en un enemigo y sin convertir la fuerza en la primera respuesta disponible.

El Estado necesita autoridad, pero la autoridad necesita límites.

La policía necesita fuerza, pero la fuerza necesita legitimidad.

El ciudadano necesita poder protestar, pero la protesta también necesita reconocer que el otro ciudadano existe.

Y entre esas tensiones —ninguna de ellas sencilla— se juega buena parte de la salud de una democracia.

Por eso resulta tan sugestiva la imagen inicial de esos cuerpos que marchan juntos. Porque un Estado también es, en cierta manera, un cuerpo. Tiene brazos, tiene músculos, tiene instituciones que ejecutan órdenes. Pero un Estado democrático debería tener algo más difícil de construir que la fuerza: debería tener memoria, controles y capacidad para preguntarse por sus propios actos.

El verdadero peligro no aparece cuando un Estado tiene fuerza.

Aparece cuando deja de preguntarse para qué la tiene.

Oasis de la impunidad nació de una experiencia concreta, la explosión social chilena de 2019, y fue construida a partir de un largo proceso de investigación artística. Más de quinientas personas participaron inicialmente en la convocatoria del laboratorio escénico realizado con apoyo del Goethe-Institut; doscientas fueron invitadas a los laboratorios que sirvieron como punto de partida para la creación. La obra terminó estrenándose en Berlín, en la Schaubühne, en abril de 2022, después de pasar por espacios como las Münchner Kammerspiele y Matucana 100.

Es decir: aquella calle chilena terminó viajando.

Pero no como una postal.

Viajó como una pregunta.

Y esa pregunta llega a Colombia en un momento especialmente interesante, porque aquí seguimos discutiendo cuál debe ser la relación entre autoridad y ciudadanía, entre seguridad y libertad, entre protesta y orden público. Seguimos intentando resolver una vieja contradicción: queremos un Estado suficientemente fuerte para protegernos, pero suficientemente controlado para que su fuerza nunca termine protegiéndolo a él mismo de los ciudadanos.

Y llega, además, a un país con una tradición teatral que ha aprendido a mirar de frente la historia. El teatro colombiano no nació de espaldas a la violencia. Buena parte de su historia moderna está atravesada por la necesidad de representar aquello que durante mucho tiempo parecía imposible de decir: la guerra, el desplazamiento, la desaparición, la desigualdad, la memoria, la vida en los márgenes y las distintas formas en que el poder entra en la vida cotidiana.

Desde las experiencias del teatro universitario y el movimiento de creación colectiva hasta grupos y dramaturgos que han convertido la memoria del conflicto en materia escénica, el teatro ha sido también una forma de investigación sobre el país. En Colombia, subir una historia a un escenario muchas veces ha significado preguntarse qué puede decir el arte allí donde el discurso político se ha agotado, donde los archivos no alcanzan o donde las palabras de todos los días han terminado desgastadas por el uso.

Por eso la llegada de una compañía chilena como La Re-sentida tiene algo más que un interés de programación cultural. Es una conversación latinoamericana.

Chile viene a Colombia con una experiencia histórica distinta, pero con una pregunta que reconocemos inmediatamente. Aquí no necesitamos que nos expliquen qué significa que un Estado utilice la fuerza en nombre del orden. Lo hemos visto demasiadas veces. Tampoco necesitamos que nos expliquen la distancia que puede existir entre una institución y los cuerpos concretos que la representan. La hemos vivido en las calles, en las regiones, en las familias y en los archivos.

Lo interesante, entonces, no es preguntarnos si Chile y Colombia son iguales. No lo son. Tampoco lo son sus instituciones, sus historias recientes ni sus formas de entender la protesta. Lo fértil está precisamente en la diferencia: en descubrir cómo una experiencia chilena puede iluminar una discusión colombiana sin pretender resolverla.

Hay, además, algo profundamente latinoamericano en ese intercambio. Nuestros países han producido una enorme cantidad de literatura, cine, música y teatro alrededor de la violencia, pero seguimos teniendo una deuda con la representación de quienes ejercen el poder. Hemos aprendido a narrar a las víctimas, y debemos seguir haciéndolo; pero también necesitamos comprender las estructuras que producen victimarios, funcionarios, soldados, policías, burócratas y ciudadanos capaces de obedecer órdenes que, en otro contexto, quizá jamás obedecerían.

El teatro puede entrar justamente allí, en esa zona gris que el discurso político suele simplificar.

Y quizá esa sea una de las razones por las que importa que Oasis de la impunidad esté en Bogotá. No solamente porque una obra chilena venga a presentarse en Colombia, sino porque el escenario colombiano puede devolverle otra lectura. Una obra cambia cuando cambia el público que la mira. El mismo cuerpo que en Santiago recuerda octubre de 2019 puede provocar en Bogotá asociaciones con otras calles, otras protestas, otros uniformes y otras heridas.

Ese diálogo no necesita convertir la obra en un manifiesto colombiano.

Al contrario.

Su fuerza está en que siga siendo chilena y, precisamente por eso, pueda hablarnos.

El teatro colombiano no necesita importar sus preguntas, pero sí puede encontrarse con ellas. Y quizá una de las mejores formas de fortalecer una escena nacional sea precisamente esa: permitir que dialogue con otras tradiciones, que compare sus heridas, que descubra sus diferencias y que encuentre en el arte producido en otros lugares un espejo imperfecto de sus propias preguntas.

Porque el teatro, cuando funciona, no confirma lo que ya sabemos.

Nos desacomoda.

Nos obliga a mirar desde otro lugar.

Y una obra sobre la violencia puede ser especialmente valiosa cuando consigue que salgamos del teatro sin estar completamente seguros de quién tenía la razón.

Quizá esa incomodidad sea una forma de inteligencia democrática.

La que permite comprender que una sociedad no se construye solamente con vencedores y vencidos, con buenos y malos, con policías y manifestantes, con Estado y ciudadanos, sino en ese espacio mucho más difícil donde todos deben aprender a convivir con el poder, con el conflicto y con los límites.

Quizá esa sea la frontera más delicada de todas.

La que separa la autoridad de la arbitrariedad.

Cuando el cuerpo de un policía se convierte en una extensión automática de una orden, algo se pierde. Cuando el cuerpo de un manifestante deja de ser visto como el cuerpo de un ciudadano y empieza a ser visto únicamente como una amenaza, algo también se pierde. Cuando el cuerpo de una víctima deja de producir indignación y empieza a producir solamente estadísticas, hemos perdido todavía más.

El teatro puede hacer algo que las estadísticas no consiguen: devolverle un cuerpo a la violencia.

Recordarnos que detrás de una orden hay una persona.

Que detrás de un uniforme hay un cuerpo.

Que detrás de una protesta hay otro.

Y que una democracia, en último término, consiste en impedir que alguno de esos cuerpos deje de importar.

Quizá por eso Oasis de la impunidad no sea realmente una obra sobre Chile.

Es una obra sobre nosotros.

Sobre ese lugar incómodo en el que una sociedad descubre que el problema nunca fue solamente quién tiene la fuerza, sino quién decide cuándo puede utilizarla y quién se atreve a preguntarle, después, por qué lo hizo.

Porque una democracia no se mide únicamente por la manera en que celebra sus libertades.

También se mide por la manera en que controla su fuerza.

Y por la capacidad que conserva para mirar a sus propios cuerpos, después de la violencia, y preguntarles qué ocurrió.

Quizá por eso valga la pena que Oasis de la impunidad llegue a Bogotá. La obra de Teatro La Re-sentida, dirigida y escrita por el dramaturgo chileno Marco Layera, podrá verse el 18 y 19 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en una función de una hora y treinta minutos.

No es una visita menor.

Es el encuentro entre una experiencia teatral nacida de la revuelta social chilena de 2019 y un país cuya propia historia ha obligado al teatro a preguntarse, durante décadas, por la violencia, el poder, la memoria y los límites del Estado.

Quizá el escenario colombiano sea, por eso mismo, un lugar especialmente fértil para esta conversación.

Porque aquellos ocho cuerpos que marchan, obedecen, se tensan y se transforman sobre el escenario no son solamente cuerpos chilenos. Son cuerpos que nos permiten reconocernos en nuestras propias preguntas.

¿Hasta dónde puede llegar la autoridad?

¿Quién controla a quienes tienen el poder de ejercer la fuerza?

¿Qué ocurre cuando la obediencia comienza a reemplazar el juicio?

¿Y qué sucede con una sociedad cuando termina acostumbrándose a la violencia?

Oasis de la impunidad no parece tener respuestas definitivas para esas preguntas.

Quizá esa sea precisamente su virtud.

El teatro no siempre tiene que explicarnos el mundo. A veces basta con obligarnos a mirarlo de nuevo.

Y en un país como Colombia, donde tantas veces hemos tenido que aprender a vivir después de la violencia, quizá no haya nada más necesario que volver a mirar esos cuerpos y preguntarnos, antes de que caiga el telón, qué hacemos con la fuerza que hemos puesto en sus manos.

1º. El ser humano hace la historia, puede cambiar la realidad en la que vive, tal como pensó Gramsci, quien sostuvo: “La historia como acaecimiento es pura actividad práctica”, es decir, la voluntad colectiva, común, produce transformaciones, no solo en el nivel económico, sino en el nivel cultural, intelectual y moral. Tener conciencia de la historia como creación típicamente humana es un punto de partida fundamental para evitar la indiferencia, la resignación, el conformismo y la claudicación ante el presente, pues el porvenir siempre es abierto. El materialismo histórico o, lo que es lo mismo, la filosofía de la praxis, concibe al humano como un protagonista de su propia historia. Es una filosofía o concepción elaborada del mundo que, por medio de la acción política, deviene historia viva. De esta manera se rechaza el optimismo neoliberal del fin de la historia que paraliza el pensamiento y la acción y que pretende inculcarnos la idea del fin del futuro.

2º. El análisis debe partir de “lo que hay”, del mundo que se tiene, de la situación de la infraestructura con sus relaciones de producción, situación económica, grupos de interés, empresas, etc., sin caer en el determinismo económico, pues, en estricto sentido, la disputa por la economía ya es una disputa política. Gramsci decía: “Lo que determina la acción política no es la estructura económica, sino la interpretación que se dé de esta y de las llamadas leyes que rigen su desarrollo. Estas leyes no tienen nada de común con las leyes naturales”. El sujeto no está determinado por su posición de clase, no es ésta la que le otorga la autoconciencia, pues el sujeto político no se constituye como tal antes del conflicto político, sino justamente gracias a él. Igualmente, “lo que hay” requiere pensar en las fuerzas políticas, sus intereses, sus luchas, las tendencias hegemónicas, las ideologías; así como en la correlación de las fuerzas militares y la geopolítica.

3. La política consiste en una batalla intelectual, cultural y moral que disputa el sentido común (opiniones, creencias, supersticiones, prejuicios, valoraciones, certezas, en fin, la concepción del mundo de la gente) de la sociedad. El sentido común es generalmente conservador, contiene visiones retrógradas del mundo, es un abecedario mental con el que nos movemos en la realidad, con el que la interpretamos; el sentido común es misoneísta, pero puede contener un núcleo crítico, un buen sentido que se manifiesta en nuestras prácticas, muchas veces en contra del sentido común dominante. Ahora, la lucha cultural consiste en una guerra de posiciones donde se va avanzando en el terreno de la sociedad civil, conquistando lugares, derrumbando sus fortificaciones, conquistando porciones de sentido, tomando ideológicamente a la sociedad. Desde luego, como toda batalla, implica luchar contra la cultura del adversario. Y en esa tarea el análisis de sus discursos ideológicos, de su literatura, de su propaganda, de los contenidos de la radio, de la televisión, del cine, de su teatro y hasta de sus fiestas etc., es fundamental. Hoy, básicamente, la sociedad es un campo de batalla por la conquista de la atención y en la búsqueda del consentimiento de las grandes más. Y en esa tarea llegar a las masas a través de los artefactos culturales es clave, es imperioso e implica un trabajo permanente.  

4. En la lucha por conquistar el sentido común se requiere partir de lo “que hay”, criticarlo, elaborarlo y “superarlo” en una visión nueva de sociedad (o nueva concepción del mundo) que se debe difundir y consolidar por medio de la propaganda, la discusión, la seducción, la persuasión, el trabajo cultural, etc. Como ha dicho Boaventura de Sousa Santos: “esa lucha tiene lugar en la educación formal y en la promoción de la educación popular, en los medios de comunicación, en el apoyo a los medios alternativos, en la investigación científica, en la transformación curricular de las universidades, en las redes sociales, en la actividad cultural, en las organizaciones y movimientos sociales, en la opinión pública y en la opinión publicada. A través de ella se construyen nuevos sentidos y criterios de evaluación de vida social y de la acción política”. Entonces, se trata de vencer, superar el sentido común hegemónico, dominante, elevarlo al concepto, esclarecerlo, y construir una nueva filosofía democrática que, con la mediación de los intelectuales, pretenda convertirse en un nuevo sentido común que, a la vez, se convierta en “norma de vida”, que devenga acción práctica cotidiana.

Por ello, hay que dialogar con la cultura popular, extraer de ella sus puntos críticos, emancipadores, positivos, que contribuyan a la pelea por la conquista de la hegemonía. Pero debe tenerse en cuenta que destruir el sentido común de la clase dirigente, oligárquica, señorial, aristocrática, corrupta, etc., y cambiarlo por una concepción del mundo que defienda lo común (tierra, agua, aire, conocimiento, intereses colectivos) toma tiempo, y requiere trabajo con las “gentes sencillas”. Se trata de un humanismo plebeyo como dice Luciana Cadahia. Para lograrlo, es necesario el trabajo social, la militancia, la educación popular, el trabajo en cultura política, pues las ideas progresistas, novedosas, etc., no ganan la aprobación de la gente de un momento a otro.

5. Sustituir una vieja concepción del mundo, por ejemplo, la neoliberal, basada en el darwinismo social, el exitismo, el egoísmo, la competencia, la destrucción de la naturaleza, la mecanización de los procesos vitales en la sociedad del frenesí, etc., requiere deconstruirla y sustituirla por un nuevo sentido común, que, por ejemplo, esté afincado y constituido por otros valores y prácticas. Se trata de una rebelión de los instintos vitales contra la tanatopolítica que devasta y arruina nuestro mundo. En esas luchas se puede recoger y aprender de la tradición, recoger los sedimentos revolucionarios y los restos de libertad y dignidad aún no realizados en la historia de las luchas emancipatorias, como pensaron algunos miembros de la Escuela de Frankfurt y en nuestro medio colombiano Orlando Fals Borda.

6. Lo anterior exige la política. El fin de esta es crear una nueva hegemonía, materializarla, mantenerla y reproducirla. Solo así se crea una nueva sociedad. La política es el arte de seducir y convencer para que los nuevos intereses de un grupo o partido se impongan en la mayoría de la sociedad y reciban el respaldo de la gente. En eso consiste que una determinada idea, visión del mundo o programa político se torne hegemónico. La hegemonía es el paso de lo particular y de los intereses económicos-corporativos a una universalidad que recoge esos intereses y los identifica con los de toda la sociedad, de tal manera que la mayoría los asuma como propios. Por eso, no hay hegemonía sin universalización de posturas emancipatorias. Ahora, la contienda por el poder y por ganar la dirección de la sociedad se da no solo a nivel de la sociedad política (parlamentos, sistema electoral, poder ejecutivo) sino especial y principalmente en el campo de la sociedad civil, es decir, en las organizaciones políticas, sindicales, educativas, grupos ambientales, movimientos pro LGBTI, grupos religiosos, movimientos culturales e intelectuales, organizaciones u ONG´s en defensa de los derechos humanos. La sociedad civil es, entonces, el campo de batalla ideológica por la obtención del consentimiento y el consenso.

7º. En la lucha antagónica por la hegemonía es fundamental el papel de los intelectuales, de los estratos más conscientes, en pleno contacto con la sociedad. Es así como se puede elaborar, en la retroalimentación con los sectores subalternos, una visión más coherente y sistemática de la realidad. Por eso, los intelectuales son fundamentales en la construcción de la ideología, entendida no como falsa conciencia, sino como un conjunto o sistema de ideas que encarnan una visión específica de sociedad. Esas ideologías tienen poder de identificación y de movilización de afectos en pro de la construcción de una nueva concepción del mundo. Aquí, la ideología es el cemento o pegante que cohesiona a los grupos que representan las alternativas políticas. Sin ideología no hay, entonces, hegemonía.  Y esta hegemonía presupone la ideología, implica la creación de “un bloque social” no solo como sujeto político, sino como una unidad intelectual y moral donde teoría y práctica han convergido, donde se da esa unidad. Eso ocurre cuando la gente encarna una concepción del mundo, lo vive y lo materializa en sus prácticas cotidianas. 

8. La construcción de hegemonías es una tarea permanente, pues esta nunca es absoluta, ni totalizante, de tal manera que no clausura lo social, ni totaliza la realidad; mucho menos elimina una de las características fundamentales de las sociedades actuales: el conflicto y el antagonismo. Aquí no hay paraísos, ni fin de la historia, solo un devenir conflictivo de lo social. El objetivo es construir un nuevo orden donde haya un nuevo bloque dirigente, producto de una voluntad colectiva nacional-popular que es, a la vez, una unidad intelectual y moral como nueva forma de vida.

9. El pensamiento de Gramsci no es un dogma, ni un catálogo de conceptos o recetas para el cambio social. No. Es una caja de herramientas útiles donde es lo real-concreto y su análisis el que enriquece la teoría y, ésta, a su vez, permite ampliar la comprensión de la realidad favoreciendo la praxis colectiva. Importante es resaltar el gran papel que Gramsci le da a lo político sobre lo económico, su antideterminismo y anti-economicismo, su crítica de la toma del poder, la reciprocidad dialéctica entre estructura y superestructura, la relevancia de la cultura y el trabajo cultural, el papel dado a la lucha, el conflicto y el antagonismo social, la importancia de articular una visión de mundo con un nuevo lenguaje político que conquiste a las grandes mayorías para así construir otro mundo posible. Es por estas razones que Gramsci está de vuelta.

El oficio de “Neutralizar”

Por eso confía a la Fuerza Pública esa misión heroica de combatir, disparar y matar, que en lenguaje oficial y de los noticieros hoy llaman neutralizar. Neutralizar es un eufemismo más apropiado, pues permite reconciliar –vaya ironía más letal– a los pacifistas neutrales que exigen el fin de conflicto armado con los beligerantes belicistas situados en su vórtice, que desde hace más de medio siglo están a un tiro de ponerle fin. Mientras tanto, los civilistas gobernantes, como De la Espriella y su más admirado antecesor, Álvaro Uribe Vélez, se resguardan en un sofisticado entramado de normas e incisos para quedar a salvo de toda responsabilidad por sus órdenes mortales. Una vez estas son impartidas y cumplidas por los Generales y la alta oficialidad, los presidentes quedan exentos de toda responsabilidad. Los malos del paseo, entonces, resultan ser los militares, pero sobre todo los subalternos que dispararon y se excedieron en el cumplimiento de sus funciones. Es una tradición que viene desde la más rancia civilidad, como bien lo expresó Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria en 1958 ante la oficialidad de las Fuerzas Militares, ad portas de ser el primer presidente del Frente Nacional: “Es muy peligroso que se desobedezca una orden, que, por insensata que parezca, ejecutada por cien o mil hombres con rigurosa disciplina puede conducir a la victoria o minimizar el desastre… La preparación militar requiere, pues, que el que dé las órdenes haya aprendido a darlas sin vacilar, y tenga, hasta donde es posible, todo previsto, y que el que las recibe las ejecute sin dudas ni controversias”.

El Palacio del Horror, no del Honor Militar.

Quizá esta tradición de obediencia ciega, poco civilista y menos democrática, explique en parte acontecimientos tan brutales y criminales como los del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Una tradición de la que también participaron quienes portaban uniformes en las filas de la insurgencia, pues no de otra forma se puede comprender un asalto tan delirante y terrorífico como el ejecutado por el M-19, con un desenlace todavía más cruento y letal, precipitado por quienes constitucional y legalmente deberían haber actuado cumpliendo principios, normas y límites fijados por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, que aprendieron en su formación en las academias militares. En ambos bandos, tanto el estatal, precedido por Belisario Betancur, como comandante de las Fuerzas Armadas y la contraparte insurgente del M-19, bajo el mando de Alfonso Jacquin, no hubo rastro de honor militar, pues fueron responsables del asesinato de cerca de 100 civiles inermes y la desaparición de al menos una docena. Es peor aún que 41 años después continúe imponiéndose un relato de heroísmo por cada parte, en lugar de reconocer sin ambages los horrores cometidos. Ello está presente en la memoria colectiva que se divide entre los defensores a ultranza de los guerrilleros asaltantes por su osadía y, de otra parte, la valentía de los militares que los derrotaron y aniquilaron, así fuera con tiros de gracia y desapariciones, como la de Irma Franco Pineda. Lo más deplorable de esta memoria belicista, es que hoy continúa viva, como se aprecia en el paseo presidencial del Tigre en medio de cadáveres de “narcoterroristas neutralizados” y su grito triunfal de “Firmes por la Patria” y “Viva Cristo Rey”. A esto se añaden ingredientes todavía más radicales e incontrolables como la fe y el patriotismo para la prolongación y degradación del conflicto armado, a los que se suman la inestimable ayuda de Maga, el Escudo de las Américas y la inteligencia de agencias y asesores del Estado israelí.

¿Un orden terrorista?

Por eso no solo es absurda e indignante la orden del presidente De la Espriella para que la Cancillería y la Embajada de Colombia en Washington asuman la defensa del coronel retirado Alfonso Plazas Vega en los Estados Unidos, ante hechos tan criminales, vergonzosos y dolorosos como la salida con vida del Palacio de Justicia del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Uran. Salida de la cual hay registro fílmico y más de un testimonio de periodistas que lo conocían y lo vieron caminando herido, apoyado en soldados, para luego ser encontrado su cuerpo sin vida y con signos de tortura en el interior del Palacio de Justicia. Una orden presidencial, justificada además con el pretexto de defender a “un héroe de la Patria”, lo que apenas es comparable con que se hubiera tolerado nacionalmente que, por iniciativa del presidente Petro, se realizará un homenaje de desagravio al M-19 por su acción terrorista, en aras de la reconciliación nacional. No se puede llegar a semejantes extremos de cinismo y negación de la realidad, cuando ya el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de dichos crímenes. Negarlo es volver a validar la absurda explicación del entonces coronel en ejercicio, Plazas Vega, al decir “que estaba manteniendo la democracia” y la independencia de las ramas del poder público, mientras el Palacio de Justicia ardía y la cúpula del Poder Judicial estaba siendo decapitada. De llevarse a cabo esa defensa en nombre del Estado, podría significar, ni más ni menos, la continuidad y repetición de hechos semejantes, arguyendo de nuevo salvar la integridad del Estado de derecho y la democracia, pero en la práctica afianzando un orden de terror oficial y de impunidad absoluta.

¿De la “Patria Milagro” al Oeste salvaje?

En tal caso, no cabría hablar de “Patria Milagro” sino más bien de un “Oeste Salvaje” por la exaltación de héroes que no honraron sus uniformes, ya que los mancillaron con crímenes inexcusables, como sucedió con miles de falsos positivos y los desaparecidos del Palacio de Justicia, respaldados por inmunes e impunes presidentes que ostentan sin mérito el calificativo de civilistas y demócratas. Todo ello, hay que reconocerlo, gracias a los votos y el respaldo de millones de “ciudadanos de bien”, la impostura y complicidad de una tramoya de gremios empresariales, medios de comunicación e incluso la inteligencia de destacados ensayistas y académicos que ponderan la supuesta tradición civilista y democrática de la Fuerza Pública y del Ejecutivo, como lo hizo Eduardo Pizarro en reciente entrevista con Patricia Lara para le revista CAMBIO. Por eso, para impedir que ello siga sucediendo, necesitamos más ciudadanos comprometidos con el rescate de la democracia y la civilidad y menos “héroes militares” condenados a morir y matar en una guerra interminable como la emprendida contra las drogas, prolongada y dinamizada por millones de consumidores y adictos en todo el mundo. Requerimos más inteligencia civil y menos brutalidad militar. Más autonomía y soberanía nacional, en lugar de dependencia y sumisión a mandatarios de Estados genocidas, como el estadounidense y el israelí.

Más civiles rescatistas sin armas

Especialmente, precisamos de esos miles de ciudadanos que respondieron al devastador terremoto en forma solidaria, con acciones valerosas, esas sí heroicas, sin más armas que sus manos y su arrojo para salvar ciento de vidas de los escombros. Sería algo demasiado lamentable que, por miedo o peor aún en nombre de prejuicios, fanatismos políticos o religiosos, la defensa de sus intereses económicos o incluso en nombre de Cristo Rey, muchos de esos héroes civiles anónimos crean ahora que su seguridad dependerá de tener un arma de fuego. Entonces corran a comprarla al flexibilizarse su porte y eventualmente procedan a “neutralizar”, con la mejor buena conciencia y en nombre de su “legítima defensa”, a quienes consideren sus agresores o posibles enemigos. Valdría la pena que mejor comprarán y leyeran el libro Un país bañado en sangre de Paul Auster en el que nos informa, en la página 170, que “millón y medio de norteamericanos han perdido la vida a balazos desde 1968: más muertes que la suma total de todas las muertes sufridas en guerra por este país desde que se disparó el primer tiro de la Revolución Norteamericana”, precisamente por la facilidad con que compran, portan y disparan sus armas muchos ciudadanos de bien y sus jóvenes hijos.

Y es precisamente en medio de esa tragedia que comienza a desvanecerse de la conversación pública donde se libra otra, todavía menos visible: la de la educación superior en las regiones golpeadas por el sismo. Mientras la atención se concentró inmediatamente —con toda razón— en las viviendas destruidas, en las víctimas, en la recuperación de la infraestructura, del comercio y de la actividad económica, el daño sufrido por las universidades corre el riesgo de convertirse en una simple nota al pie. Sería un error de fondo dejar que así ocurra.

Porque en departamentos como el Quindío la educación superior no es un servicio más entre muchos: es uno de los motores capaces de modificar el destino de miles de familias. Instituciones como la Universidad del Quindío abren posibilidades de movilidad social para jóvenes que difícilmente encontrarían otra vía semejante para transformar sus trayectorias de vida. En 2024, el departamento registró una tasa de cobertura bruta en educación superior del 68,72 %, frente al 57,53 % nacional. A ello se suma el efecto que ha tenido la política de gratuidad en las instituciones públicas. Son cifras que recuerdan algo esencial: nuestras universidades cumplen una función social que no cabe entera en las matrículas, los edificios o los presupuestos.

Sobre ese tejido fundamental para el desarrollo de la región cayó el terremoto. En la Universidad del Quindío, cerca del 60 % de las edificaciones presentó algún tipo de afectación, principalmente en elementos no estructurales, y las estimaciones preliminares sitúan en unos $120.000 millones los recursos que podría demandar la recuperación de la infraestructura, sin incluir todavía equipos, mobiliario y otros bienes afectados.

El daño no se detuvo en el Quindío. En la Universidad Tecnológica de Pereira, un balance técnico determinó que el 63 % del área construida del campus —65.965 metros cuadrados— quedó fuera de servicio, aunque ello no equivalía necesariamente a daño estructural. A escala regional, ASCUN ha identificado 21 instituciones con sedes afectadas y cerca de 121.500 estudiantes cuyas actividades se alteraron por cierres o migración a la virtualidad. No estamos, entonces, ante el problema particular de una o dos universidades.

Pero incluso esa medición se queda corta si entendemos la afectación apenas como suspensión de clases. Pasar de la presencialidad a la virtualidad salva parte de la actividad académica, pero la presta en otras condiciones. La universidad es también conectividad, computadores, bibliotecas, laboratorios, talleres, escenarios de práctica, espacios de estudio y redes de apoyo. Para muchos estudiantes, buena parte de esa infraestructura solo está disponible cuando llegan al campus.

La brecha digital lo hace todavía más evidente. En 2024, apenas el 41,9 % de los hogares de centros poblados y zonas rurales dispersas tenía conexión a internet. En Chocó, uno de los departamentos más golpeados por el sismo, la proporción era del 28,7 %; en Quindío, del 63,4 %. Y aun esas cifras incluyen conexiones mediante planes de datos móviles o recargas, que rara vez soportan varias horas diarias de clase. La continuidad formal del calendario académico, por tanto, no siempre equivale a continuidad efectiva del derecho a estudiar.

Detrás de esas cifras hay historias que rara vez caben en un balance oficial. Para una familia campesina o de un barrio popular que ha hecho de la universidad uno de los principales caminos de ascenso social, un semestre alterado es mucho más que un contratiempo administrativo. Puede significar asumir el costo de una conexión que antes no se necesitaba, conseguir un computador que no existe en casa o seguir desde un teléfono celular una clase pensada para un aula. A ello se suman un ingreso que se demora, un empleo que se posterga, una beca que entra en incertidumbre.

Para un joven cuya permanencia depende de un equilibrio económico siempre frágil, una alteración prolongada de esas condiciones puede terminar en abandono definitivo. Y cuando eso ocurre entre cientos o miles de estudiantes, lo que se interrumpe no es únicamente una trayectoria individual: se afecta la capacidad futura de una región para formar a sus propios médicos, maestros, ingenieros y servidores públicos. La reconstrucción física, por urgente que sea, no bastará si esas trayectorias no logran retomar su curso.

Ahí aparece el contraste que merece mayor atención pública. No existe todavía una política integral y financiada de recuperación de la educación superior. No ha habido anuncios de una bolsa extraordinaria de recursos destinada a reconstruir las instituciones afectadas, ni un mecanismo nacional de financiación con criterios públicos de priorización, cronograma y responsables definidos. Tampoco una estrategia para hacer seguimiento al riesgo de deserción universitaria asociado a la emergencia.

Para la educación preescolar, básica y media, en cambio, el Ministerio cuenta con recursos identificados, diagnósticos, una estructura de ejecución y fechas. Para la educación superior no hay instrumentos equivalentes. De ahí que valga la pena insistir en tres frentes.

El primero es financiero. La reconstrucción de la infraestructura universitaria no puede quedar librada a las pólizas de cada institución, a sus recursos propios o a su capacidad individual para buscar cooperación. Se necesita un mecanismo extraordinario de financiación nacional, con criterios transparentes de asignación, cronogramas verificables y rendición pública de cuentas.

El segundo es la permanencia estudiantil. Los alivios del ICETEX son importantes, pero solo alcanzan a quienes tienen obligaciones con esa entidad. Y garantizar la permanencia exige mucho más que dejar abierta una matrícula: implica asegurar condiciones reales para continuar —conectividad, equipos, apoyos económicos y psicosociales— y, cuando la naturaleza de la formación lo demanda, acceso a laboratorios, talleres y prácticas que difícilmente se sustituyen desde una pantalla. La emergencia afecta también a estudiantes cuyas familias perdieron vivienda, ingresos o estabilidad, y el acompañamiento debe sostenerse el tiempo suficiente para que una afectación temporal no se vuelva definitiva.

El tercero es el seguimiento. La educación superior necesita una hoja de ruta tan concreta como la que ya empieza a existir para las escuelas. Saber cuántos edificios resultaron afectados o cuántos estudiantes reciben alguna forma de clase es apenas el comienzo. Hay que saber en qué condiciones están estudiando, cuántos no regresaron, cuántos aplazaron su semestre, cuántos perdieron sus medios de sostenimiento y qué se está haciendo para que no desaparezcan del sistema.

Debemos evitar, además, otra forma de olvido: creer que la solidaridad inicial puede sustituir una política pública. La respuesta del propio sistema universitario ha sido extraordinaria. Universidades públicas y privadas han puesto a disposición capacidades técnicas, espacios y alternativas de continuidad académica. Pero la solidaridad entre instituciones no puede convertirse en el mecanismo permanente de financiación de una reconstrucción de la que el Estado es corresponsable, sobre todo en lo relativo a las instituciones de carácter público.

Reconstruir las universidades y el delicado tejido social que sostienen —con la misma urgencia y el mismo criterio de gestión del riesgo con que se reconstruyen las viviendas y las escuelas— es evitar que al terremoto físico del 10 de agosto se sume otro, más lento y silencioso: el de una generación de estudiantes que terminó quedándose en el olvido.

Hernando Llano Ángel.

Debo admitir que al principio no lo creí. Era demasiado espectacular. Supuse que había sido un acto más de su campaña, en pleno mundial de fútbol, al verlo eufórico desde una camioneta lanzando balones a niños y jóvenes en Buenaventura, marcados con el logo de su campaña presidencial. Que era otra de sus espectaculares jugaditas antes de comenzar un partido de la Selección Colombia. En fin, otro golazo de su ingenio y sus publicistas, como el haberse apropiado la camiseta de la Selección, que llevó a sus seguidores al borde del paroxismo triunfalista, fascinados con esa fusión carnavalesca de la política con el fútbol. De hecho, ya en vallas aparecía que en la segunda vuelta ganaría el Tigre por goleada, aunque el picado terminó con un pírrico resultado a su favor. También llegué a pensar que era una jugada sucia de los mamertos, amargados y resentidos por haber perdido en primera vuelta. Pero pronto salí de mi error cuando vi en Instagram que integrantes de su manada reivindicaban esa patraña futbolística, realizada en medio de los escombros y de necesidades mucho más apremiantes de los jóvenes bonaverenses, como un motivo de alegría por atenuar su tristeza y motivarlos a divertirse, en una actualizada fórmula de circo sin pan. Que convertían semejante autogol presidencial en una proeza mayor que el gol que anotó Maradona con la “mano de Dios” contra Inglaterra. Entonces comprendí por qué el Tigre se definía como outsider no solo en la política sino también en el fútbol, que poco le gusta, pues no se puede recurrir a ese tipo de “milagros lúdicos” para atender a una población damnificada por el terremoto. Semejante autogol del Tigre más bien parece anotado con la mano del diablo y no por su inovocado Cristo Rey.

Máxima (In) Coherencia en la emergencia

Pero los fanáticos de su manada lo celebran como una brillante intuición de optimismo del Tigre, un uso hedonista de la pirámide de Maslow[i] sobre las necesidades humanas y hasta de la psicología positiva para alentar a los niños y jóvenes de Buenaventura en medio de la tragedia. Un gesto magnánimo, incomprendido por los amargados mamertos que todo lo politizan y generan odio. Para reforzar más tan loable acción, el mensaje se acompaña con la canción “los niños no se tocan, la infancia no tiene partido, ni bandera, ni condición”[ii]. De manera que quien se atreviera a discrepar de tan sublime acto a favor de la felicidad de los niños, inmediatamente quedaba fustigado como un resentido social y condenado al infierno por “progre mamerto”. Antes ya habían utilizado un argumento similar contra quienes informaron sobre la exclusión de los Topos de México, ayuda ofrecida oportunamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero descartada por razones burocráticas aún por aclarar, prefiriendo el Tigre a las brigadas de rescatistas estadounidenses e israelíes, que llegaron al filo de las 72 horas de ocurrido el terremoto, cuando las posibilidades de salvar vidas ya eran ínfimas y casi milagrosas. ¿Será acaso una premonición de la suerte de la “Patria Milagro”? Semejantes decisiones y actuaciones del Tigre están más allá de su brillante consigna de “Máxima Coherencia”, como sello distintivo de su gobernabilidad. Una gobernabilidad casi totalmente ausente en desarrollo de la actual emergencia telúrica, atendida oportunamente por la eclosión de solidaridad ciudadana, social, popular y hasta empresarial. Esas decisiones y actuaciones del Tigre son la más clara expresión de las manidas argucias de la ultraderecha en su llamada “Guerra Cultural”. Argucias que se pueden resumir en su obsesión por inventar una realidad paralela y a la vez negar la existente, proyectando en la mente del mayor número de personas la misión de salvar el mundo y la humanidad de la monstruosa y perversa influencia de los “comunistas y la ideología Woke”.

La “Guerra Cultural” salvífica

Para ello llaman comunismo e ideología Woke a todo aquello que afirma identidades personales y colectivas, que está más allá de sus valores, creencias religiosas, prejuicios insuperables y cosmovisiones mediáticas. Por eso se lanzan en una cruzada salvífica contra quienes promueven y defienden los derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el multilateralismo y la ONU. También la emprenden contra quienes cuestionan sus creencias y prejuicios que les sirven para legitimar como naturales e insuperables la existencia de las desigualdades sociales; la discriminación racial fundada en la superioridad y supremacía de los blancos; la dominación, el tutelaje y el ultraje de los hombres sobre las mujeres y ni hablar del exorcismo que demandan contra todas aquellas mentes que consideran enfermizas y delirantes porque hablan de diversidad de géneros y orientaciones sexuales. Todo lo anterior lo consideran diabólico, “progre y mamerto”, izquierdista, decadente, deplorable y vergonzoso, que debe ser destripado y extinguido lo más pronto posible de la faz del planeta para salvar la humanidad y su “genes naturales”: la familia, la tradición, la fe, la Patria y la propiedad. En esa cruzada también la emprenden contra el “ecologismo Woke”, pues a quién se le ocurre defender los derechos de un río, como si él fuera una persona. Mucho menos tener que consultar a comunidades indígenas y afros para explorar y explotar las riquezas de nuestro subsuelo, que son de la Nación y nos pertenecen a todos y no solo a esas minorías. Comunidades inmersas en una ignorancia atávica insuperable, pues todavía creen que existe una supuesta “Pachamama” que debemos respetar y cuidar como si fuera una deidad o nuestra propia Madre, en lugar de perforar, perforar y perforar para beneficio de toda la humanidad. No es posible hablar con semejante gente, mucho menos alcanzar acuerdos, simplemente hay que someterlos y si se resisten, descargar sobre ellos “todo el peso de la ley”, desalojarlos y desplazarlos de esos territorios donde cultivan la “mata que mata”, fumigándola y exterminándola para salvar la humanidad. Ese es el nuevo credo de los exterminadores y depredadores, perdón, salvadores de la libertad, la fe y la civilización occidental, liderados por dos iluminados que rigen dos pueblos supuestamente elegidos por Dios: Trump y Netanyahu.

Contra el sacrilegio de las guerras religiosas

Ambos han convertido la fe y creencias de sus ciudadanos en estandartes para ordenar y perpetrar crímenes de lesa humanidad. Por eso le asiste toda la razón al padre Francisco de Roux S.J en su entrevista con Marta Ruiz en la revista Cambio[iii], cuando casi en tono de súplica le pide: “presidente no use a Cristo para justificar la guerra”, pues el núcleo del mensaje de Jesús de Nazareth a la humanidad fue todo lo contrario: la paz, la reconciliación y el perdón. Por algo su prédica inequívoca de “mi reino no es de este mundo”, pues quienes hoy reinan son depredadores del planeta, genocidas impunes y xenofobos implacables, salvo contadas y honrosas excepciones. Para colmo, el Tigre les dio prioridad en sus tareas de rescatistas a brigadas de militares de Estados Unidos e Israel por encima de la experticia de los Topos mexicanos, en una clara decisión política e ideológica, contrariando así el principio de la urgencia humanitaria. Han llegado a nuestras ciudades y campos, militares cuyos Ejércitos son expertos en sembrar el planeta de escombros y víctimas, como lo siguen haciendo impunemente en Palestina, Líbano e Irán, supuestamente en defensa de sus pueblos, su seguridad, sus creencias religiosas y hasta la civilización occidental. ¿Quiénes, entonces, están politizando y demeritando la solidaridad de millones de colombianos, el surgimiento de esa inconmensurable “Patria Solidaria” en nombre de una fantasmagórica “Patria Milagro”?  ¿Por qué llamar “Fondo Milagro” a lo que es producto de la solidaridad y el esfuerzo de millones de colombianos? A su generosidad y trabajo cotidiano, más allá de sus creencias religiosas o afiliaciones partidistas. Ese fondo debería llamarse Fondo de Solidaridad Ciudadana para ser justos con su origen y no instrumentalizar políticamente los aportes desinteresados de la ciudadanía, de miles de Oenegés y cientos de pequeñas y medianas empresas. Porque hay que empezar por restituir el valor de las palabras y no encubrir con ellas proyectos partidistas, confesionales y militaristas con esa fraseología religiosa que nos impide reconocernos como ciudadanía en toda nuestra diversidad de creencias y de intereses. Además, porque la política es una actividad eminentemente secular y terrenal, que no puede diluirse en metarrelatos religiosos en donde los milagros solo ocurren por obra y gracia de seres superiores y no por las obras transformadoras, si se quiere redentoras de nuestra condición humana, producto de nuestras acciones y del esfuerzo mancomunado de nuestro poder civil, como efectivamente está sucediendo en todo el país. Porque de continuar tolerando esa fraseología encubridora pronto llegarán a nuestros cielos los drones y las aeronaves teledirigidas, como ángeles metálicos, a lanzar y sembrar nuestros campos con bombas de las que brotarán “milagrosamente la vida y la paz”. Claro está, si lo permiten el concepto del Consejo de Estado y lo autoriza el Senado, de conformidad con nuestra Constitución en sus artículos 173 y 237, que en su función de controlar y regular el poder del Ejecutivo puede frustrar y retrasar la llegada de esos ángeles liberadores en nombre de los “Defensores de la Patria”. No tiene ninguna importancia que ellos lleguen del norte, tengan la otra nacionalidad del Tigre y actúen en representación de Maga, de las ambiciones e intereses inconfesables de America First, portando su “Escudo de las Américas” y en cumplimiento de la “Doctrina Donroe”. Incluso que lo hagan en nombre de Cristo Rey y la gloria eterna de Trump con la ayuda invaluable y la complicidad necesaria del Tigre. Porque como bien lo escribió Giuliano Da Empoli en su magnifica novela “El Mago del Kremlin”: “La primera regla del poder es perseverar en los errores, no mostrar la menor fisura en el muro de la autoridad”. Solo que en nuestro caso habría que agregar que es también perseverar en más horrores que terminaremos pagando como población civil y con la claudicación de nuestra autonomía como Nación, ese anacronismo llamado soberanía nacional, que reside exclusivamente en el pueblo, otra invención de la ideología Woke que hay eliminar.

[i] https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=F5Wi8H4_PWY

[iii] https://www.youtube.com/watch?v=QkoXk44R-es

Una parte de los pilos de Semilleros de Becarios U de la Fundación Color de Colombia que se conectarán al Meet conocieron el campus de la UniNorte en grado 10, en 2025.

Los profesionales de Promoción Luis Felipe Navas Cohen y Edgar Jesús Chávez Salas serán los encargados de presentar la oferta de pregrados, los puntajes de referencia de Saber 11 por programa, la convocatoria de becas, los apoyos socio-económicos y el paso a paso de inscripción.

UniNorte, con alrededor de 10 mil estudiantes, ofrece 29 pregrados.

De ellos, 23 programas acreditados y 11 con acreditación internacional.

58% de sus estudiantes están en estratos 1, 2 y 3.

Tiene 2.985 becados de pregrado

Es una universidad con Acreditación Institucional en Alta Calidad.

El sello de una universidad que enseña a triunfar

El sello de UniNorte se expresa a través de cuatro atributos culturales que reflejan el comportamiento de quienes integran la universidad: la excelencia, la innovación, el liderazgo y la colaboración.

En su forma de ser y de actuar buscan:

• Ser excelentes con sostenibilidad
• Vivir la innovación como práctica
• Ser líderes transformadores que empoderan e inspiran
• Trabajar colaborativamente con alegría

Un campus con identidad caribe. El compromiso de UniNorte con la preservación y promoción de los valores de la cultura y la identidad caribe, es parte de su sello.

En el campus universitario vive la presencia de algunas de las figuras más representativas de lo que es la identidad caribe colombiana.

Por ello varios salones, edificios y espacios del campus han recibido el nombre de personalidades que, con su talento y trabajo, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva del ser Caribe.

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad mejor preparados para aprovecharla, sea ganando beca privada o cupo en universidad estatal acreditada.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, conocimiento del mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

La participación ciudadana llegaba entonces hasta la elección de concejales, que debían buscar acuerdos, muchas veces viciados, con alcaldes nombrados por los gobernadores, a su vez escogidos por el presidente de la república. Cada alcalde, de libre nombramiento y remoción, se dedicaba en medio de la incertidumbre de la duración de su mandato a improvisar acciones, y en batalla política desordenada trataba de hacer las cosas lo mejor que pudiera. Los ciudadanos observaban y, cuando más, se dedicaban a la intriga, directamente o a través de agentes políticos, para tramitar sus aspiraciones. 

La elección popular de alcaldes abrió las compuertas de la democracia en ese escenario de la vida cotidiana que es donde cada habitante del territorio se ubica respecto del Estado. Allí donde su voluntad se puede ver reflejada en decisiones concretas que tienen consecuencias inmediatas en materia de obras y servicios. Allí donde se ha de ejercer control directo sobre gobernantes que deben proponer y cumplir proyectos específicos de manejo de los asuntos locales en busca del bienestar de la comunidad. 

Cinco años más tarde, la Constitución de 1991 mantuvo esa conquista democrática y consagró además al municipio como la unidad fundamental de la organización política y territorial del Estado. Como tenemos un territorio enorme y además alojamos una geografía variada como ninguna, portadora de diversidad cultural incomparable, el asunto del manejo territorial ha sido preocupación constante en todas las épocas de nuestra trayectoria, desde antes de la disolución de la Gran Colombia. 

Las variaciones del reparto territorial, que se advierten en los mapas desde la primera fundación del Estado colombiano, reflejan el interés permanente por conciliar la extensión y variedad del territorio con las necesidades de su gobierno. De manera que allí se puede advertir una larga secuencia de altibajos, aciertos y equivocaciones, que demuestra a la vez la importancia de la materia y su condición de tarea inconclusa.  

Los Constituyentes de 1991, al ocuparse de la división institucional del territorio, establecieron cuatro tipos de entidades territoriales que son: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Conocedores de la conveniencia de agrupar algunas de esas entidades para mejorar la planeación, el ordenamiento territorial, la protección del ambiente, el uso de los recursos y la prestación de servicios, abrieron la posibilidad de que, sin necesidad de reforma constitucional, pudiesen existir regiones y provincias. 

La región, como entidad territorial, comprendería los espacios de varios departamentos. La provincia comprendería varios municipios o territorios indígenas al interior de un departamento. En ambos casos, las reglas para la creación y funcionamiento de las nuevas entidades territoriales serían establecidas por la ley. 

Para desatar ese proceso se dedicó un artículo, el 306, a propiciar un paso inicial con la constitución de “regiones administrativas y de planeación” (RAP) con personería, para el desarrollo económico y social del respectivo territorio. No serían todavía entidades territoriales, pero constituirían una instancia previa para llegar a serlo, cuando se expidiese la ley orgánica correspondiente, y luego, en cada caso, la ley de creación de la respectiva región. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial definió las competencias de las RAP, y una ley de 2019, la 1962, vino a establecer las pautas administrativas y financieras que faciliten su transición hacia entidades territoriales. Todo estaría listo para dar ese paso.

En cuanto a las provincias, la Constitución no estableció un precepto equivalente al del Artículo 306, sino que dejó todo el tema a lo que prescribiere la ley. De manera que no se ha expedido una “Ley de Provincias”, equivalente a la de regiones de 2019.

Los avances en esta materia son menores y han tomado un camino diferente. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 1454 de 2011, que tardó veinte años en ser expedida, abordó el tema de las provincias, pero lo incluyó dentro de un concepto amplio, denominado Esquemas de Asociación Territorial, con la idea de promover procesos asociativos entre entidades territoriales mediante alianzas estratégicas en favor de un desarrollo autónomo y sostenible. Dichos esquemas incluirían regiones administrativas y de planificación, regiones de planeación y gestión, asociaciones de departamentos, áreas metropolitanas, asociaciones de distritos especiales, “provincias administrativas y de planificación”, y asociaciones de municipios.

Fue esta la primera mención legal a las provincias, tema al que dedicó un artículo en el que repite la definición constitucional sobre las provincias y señala como objeto de ellas, todavía no entidades territoriales, el de coordinar la prestación de servicios, la ejecución de obras, y proyectos de desarrollo y gestión ambiental. Con la advertencia de que su financiamiento no genera cargos al presupuesto general de la nación, al sistema general de participaciones, ni al Sistema General de Regalías. 

Son numerosos los municipios del país que, al interior de uno u otro departamento, han decidido aprovechar los Esquemas de Asociación Territorial, en algunos casos bajo la denominación de “provincias administrativas y de planeación”. A pesar de todos esos avances, queda pendiente una discusión que aborde la manera en la que se ha de desarrollar la previsión constitucional de que haya provincias que sean de verdad entidades territoriales, objeto de descentralización, esto es de transferencia efectiva de poder político y autonomía fiscal y administrativa. 

Si se quiere fortalecer institucionalmente a la provincia, para que no dependa de la voluntad paternalista o del desprecio de uno u otro gobierno, es necesario producir una “ley de provincias”, que no es otra que ese estatuto básico que ordena el Artículo 321 de la Constitución Política.

El tema, por supuesto, es difícil y dispendioso de abordar. Pero no por ello se debe rehuir el diseño de un modelo adecuado de provincia como entidad territorial integrada por diferentes municipios, con sus complejidades y su riqueza urbano – rural, o territorios indígenas. El modelo ha de servir para dotar de recursos y adecuada dosis de autonomía administrativa y fiscal a pequeñas zonas del territorio que tengan características y necesidades comunes, como las de catastro y ordenamiento territorial.  

Será indispensable que esas nuevas entidades territoriales se integren adecuadamente al conjunto de nuestra organización territorial y que funcionen de manera armónica con municipios y departamentos. Su organización deberá ser sencilla y las exigencias de profesionalismo de sus contados funcionarios tendrán que ser elevadas. Podría haber un consejo provincial integrado por alcaldes ya elegidos y un gerente encargado de coordinar la ejecución de las decisiones que se tomen. El control de sus actividades ha de ser refinado para que no se conviertan en nuevos nidos de burocracia, corrupción y politiquería, sino en gestoras de un desarrollo sostenible, con participación ciudadana. 

En las campañas en busca del poder legislativo o ejecutivo no figuran temas como este, de vital importancia para el desarrollo democrático del país y la profundización de una descentralización del poder que nos libere del modelo clientelista de la vida política. Por lo cual sigue pendiente la deuda de introducir esos temas en la discusión política, y evitar que quede como letra muerta una más de tantas prescripciones constitucionales que, si se desarrollaran adecuadamente, darían como resultado la configuración de un país con una democracia cada vez más consolidada y profunda. 

El avance en el ordenamiento territorial, la coordinación de los procesos de desarrollo y protección ambiental, e inclusive la atención de necesidades como las derivadas de la reconstrucción de regiones enteras del territorio cuando se presentan catástrofes, encontrarían en la provincia, como entidad territorial, el complemento de la fuerza que proviene de la identidad colectiva de municipios vecinos, que ya en otras épocas de la vida nacional fortalecieron sentimientos de pertenencia y comunidad de propósitos de muchas generaciones. 

Desde el fondo de los escombros y el sufrimiento de incontables víctimas, resistiendo la furia de los 7.4 grados Richter del terremoto del pasado lunes 10 de agosto, surgió espontáneamente la Patria Solidaria. Una Patria cuyas coordenadas son la empatía, la sensibilidad y la fraternidad, situada más allá de credos religiosos, clases sociales y banderías políticas. No es, pues, propiamente la llamada “Patria Milagro”, con sus iglesias, autoridades religiosas, consignas políticas, simulacros militares y llamados estentóreos de “Firmes por la Patria”. Es la Patria anónima de millones de colombianos y colombianas convocados por sentimientos que nos cohesionan y acercan a todos, que nacen más allá de nuestros credos religiosos, agnosticismo o ateísmo y nos permiten reconocernos como iguales en nuestra fragilidad y común mortalidad. Sobre todo, son sentimientos reacios a dejarnos dividir en bandos irreconciliables por fanatismos políticos, ideológicos o religiosos, que sitúan a minorías en un pedestal de supuesta superioridad moral desde el cual pretenden gobernar la vida de todos e incluso disponer de ella en nombre fantasmagorías  como MAGA y la PATRIA MILAGRO, o la codicia y ambiciones sin límites  de “AMERICA FIRST” y la megalomanías de líderes políticos delirantes, que hoy dominan en el panorama regional e internacional. Minorías que desde el norte reclaman el dominio y la expoliación de todo el continente en nombre de una doctrina que Trump, el megalómano mayor, llama con modestia “Doctrina Donroe”, sumada a su cruzada belicista con el “Escudo de las Américas”. Un Escudo que acaba de asumir en Panamá el ministro de defensa del Tigre, para así aumentar el número de “Héroes de la Patria” en acciones conjuntas con las “Agilas del Norte”, bombardeando a diestra y siniestra nuestros campos para después “perforar, perforar y perforar” a sus anchas nuestras riquezas. Todo en nombre de la “guerra contra el narcotráfico” y el narcoterrorismo, ahora con la ayuda de drones, alta tecnología aereodigital y la alianza invencible con “Cristo Rey”, sin importar el número de víctimas civiles y de daños colaterales causados, pues tal será el precio de la transitoria victoria. Transitoria, pues mientras millones demanden el elixir de las drogas psicotrópicas para sobrevivir y producir, habrá quienes satisfagan sus deseos.

La paradoja de la Vida y la Mortalidad

Por eso no deja de ser paradójico y hasta una cruel ironía que haya sido precisamente la violenta convulsión de la naturaleza, ese levantamiento telúrico de Pachamama en inmediaciones de San José del Palmar[i], Chocó, epicentro de exclusión social, desidia gubernamental y corrupción político-administrativa, la que haya derrumbado y vuelto añicos la polarización política y social de la mayoría de colombianos.  En cuestión de minutos, sobre las ruinas y la devastación producida por el terremoto, desapareció esa pugnaz polarización y emergió desde abajo y por todos los lugares la solidaridad ciudadana y popular reivindicando la VIDA como su única bandera. Una bandera cohesionadora de todos los esfuerzos, sin esperar llamados gubernamentales o de autoridad alguna, respondiendo únicamente a la sensibilidad y conciencia de cada uno frente al dolor y la desgracia de cientos de miles de colombianos. Por cierto, una respuesta totalmente distante de la del Tigre, caracterizada por su “máxima in-coherencia e incompetencia”.

Máxima In-Coherencia e incompetencia

En efecto, en lugar de aceptar en forma inmediata el ofrecimiento del gobierno de México con sus “Topos” expertos en estos desastres, optó por la de Estados Unidos e Israel, cuyas brigadas llegaron después de las 72 horas de ocurrido el terremoto. Quizá se hubiera podido salvar más de una vida, como lo hicieron los “Topos” en La Guaira en Venezuela.  Algo tan incompresible e indignante como el desfile de tanquetas de guerra por el sector del Alto Jordán en Cali, en lugar de la presencia de personal de ingenieros militares con su competencia en obras civiles para atender este tipo de urgencias y desastres. Esas decisiones y actuaciones ponen de presente los límites de lo que el “Tigre” llama “Máxima Coherencia”, reducida a sus visitas fugaces a distintos municipios y zonas rurales afectadas, como si con su sola presencia fuera a realizar milagros y salvar vidas, en lugar de tomar decisiones rápidas y acertadas para garantizar la coordinación eficiente de las distintas agencias estatales y la ayuda internacional competente. A eso conduce el éxito de un outsider y su personalidad de dandi, siempre obsesionado en aparecer en primer plano en los noticieros y la gran prensa, que es lo propio de la política espectáculo de todos los gobernantes de la extrema derecha. Una política sustentada en la invención de realidades que ocultan bien su incompetencia a punto de algoritmos, Fake News y el eco exponencial de periodistas y medios de comunicación que los exaltan y adulan, traicionando así en forma irresponsable su deber de informar y develar la realidad.

Más allá de la solidaridad

En contraste, hay que reconocer que el mundo empresarial, reunido en Cartagena en el 11 congreso gremial de la Andi[ii], le dio al Tigre un ejemplo de compromiso y una lección de eficiencia, pues en pocas horas logró el aporte de grandes conglomerados económicos con donaciones que superan los 200 mil millones de pesos. Claro que tanta filantropía no es gratuita, pues dichas donaciones obviamente tendrán un reconocimiento tributario equivalente hasta el 25% del valor donado en el pago posterior de sus impuestos[iii]. Por eso, esa “filantropía empresarial” será parte del presupuesto nacional y es mucho más que solo solidaridad. De allí, que precise una rigurosa auditoría de su gasto y mucho más de su ejecución. No vaya a suceder, como lamentablemente aconteció con la UNGRD en el “gobierno del cambio”, que ese llamado “Fondo Milagro”[iv] sea saqueado por alianzas politiqueras o, lo que sería más lamentable, una milagrosa estrategia de favorecimientos corporativos, empresariales, religiosos y de congresistas para convertirlo en la plataforma gubernamental de la llamada “Patria Milagro” y la “caja menor” de los que siempre han gobernado en punible ayuntamiento con los “ciudadanos de bien”. Entonces la Patria Solidaria moriría en manos de la “Patria Milagro” y quedaría sepultada en el “Fondo Milagro” en beneficio de mercaderes, especuladores y emprendedores expertos en coaliciones público-privadas que han hecho del Estado la “empresa privada de los políticos”. Para evitar esa deriva cacocrática y cleptocrática que se apropia de lo público y los intereses generales, es urgente que la Patria Solidaria se haga presente en la fiscalización y funcionamiento de ese “Fondo Milagro” a través de la competencia del poder del saber.

El poder del Saber

Ese poder que se expresa en los aportes de las universidades públicas y privadas, de sus más competentes y honestos profesionales, junto a las diversas y numerosas asociaciones y Colegios de Profesionales: ingenieros, arquitectos, médicos, topógrafos, contadores públicos, psicólogos, sociólogos, politólogos y demás saberes que dan sentido y valor a la vida colectiva y bienes públicos, más allá del mercado y sus ganancias, respaldados por el tejido de organizaciones sociales y populares que han estado en la primera línea de la solidaridad y la defensa de la vida en estos aciagos y esperanzadores momentos. Quizás así no se imponga, una vez más, la lógica del Estado cacocrático al mando de los más hábiles y astutos impostores y saqueadores de lo público y se pueda empezar a forjar El Estado Emprendedor propuesto por la pensadora y activista de lo público, Mariana Mazzucato. En dicho libro, cuyo subtítulo es “La Oposición Público Vs Privado y sus mitos”, demuestra que el “Estado lejos de limitarse a intervenir en el mercado para subsanar posibles errores o abusos, es en realidad una organización audaz, capaz de asumir las inversiones de mayor riesgo, y un facilitador clave de las innovaciones tecnológicas que impulsan el crecimiento económico”. Es lo que precisamos en este momento para que la Patria Solidaria sea una realidad política e institucional y no solo un estado de ánimo y un espíritu colectivo pasajero, desatado por catástrofes naturales impredecibles. Porque solo en la mente de ingenuos creyentes y en el mundo espiritual, por esencia situado más allá de la política terrenal, es donde se producen milagros. Lo más grave sucede cuando esos milagros son promovidos por demagogos y políticos, presentes en todos los espectros políticos, pues se convierten en catástrofes colectivas consentidas por el miedo, la ignorancia y hasta las esperanzas de las mayorías.

[i] https://www.democrata.es/internacional/terremoto-colombia-graficos-mapa-epicentro-magnitud-profundidad-ciudades-afectadas/

[ii] https://www.eluniversal.com.co/economica/2026/08/12/comienza-el-11-congreso-empresarial-colombiano-organizado-por-la-andi/

[iii] https://actualicese.com/descuento-tributario-por-donaciones-destinadas-a-atender-la-emergencia-por-el-sismo-en-colombia/

[iv] https://www.elheraldo.co/colombia/2026/08/13/en-que-consiste-el-fondo-milagro-anunciado-por-de-la-espriella-para-reconstruccion-tras-terremoto/