Se atribuye a Confucio una definición breve, sencilla, profunda y semántica del poder: “es la capacidad humana para denotar la realidad”, semejante a la del evangelio de Juan: “en el principio era el verbo” (Juan 1:1-14). Esa capacidad políticamente toma cuerpo cuando la realidad es aceptada y reconocida por todos bajo una forma de gobierno o régimen político específico. Lo cual significa que el poder político es, en principio, comunicación. Una comunicación que se transmite no solo en discursos, más o menos convincentes y persuasivos, sino sobre todo en símbolos y rituales que le confieren un contenido preciso. Por eso el poder es también una puesta en escena que se representa periódicamente y cobra un sentido institucional y social. De allí la importancia de ceremonias públicas como la posesión presidencial y su investidura. Por eso, en las democracias dicha posesión se realiza ante el Congreso o en los recintos del Parlamento, pero también a cielo abierto y ante la ciudadanía para simbolizar la máxima transparencia del poder público y su legítima procedencia, como suele suceder en los Estado Unidos de Norteamérica, bajo temperaturas gélidas y en la explanada del Capitolio. Resulta entonces curioso que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, furibundo admirador del poder de Maga y generoso aportante a la campaña de Trump, además de ciudadano leal a los designios de la doctrina Donroe, no siga dicho ejemplo republicano y opte por hacerlo en una guarnición militar. Parodiando esa obsesión personal, se podría decir que ese es el lugar adecuado para que un Tigre, animal salvaje y temible, sea investido como presidente, pues así los asistentes estarán seguros de no ser atacados y devorados. Pero el asunto es serio y trascendental, no para hacer malos chistes.

Del Capitolio al Campo de Marte

Se trata nada menos que de trasladar, como ya lo aprobó el Congreso, la civilidad y el principio de la soberanía popular encarnada por los Representantes y Senadores electos, artículo 3 de nuestra Constitución, al campo de Marte, propio de las operaciones militares y la guerra. En otras palabras, el poder civil convertido en rehén del poder militar, lo que es la esencia de un régimen castrense y no de uno democrático. Por eso también se hará en el Departamento del Cauca, para declarar la guerra y desafiar en su terreno a las disidencias de Mordisco y otras cruentas organizaciones armadas ilegales que han anegado en sangre y terror el suroccidente colombiano. Seguramente escucharemos del Tigre en su discurso muchos rugidos, amenazas y una retórica heroica en agradecimiento a los numerosos miembros de la Fuerza Pública sacrificados, con alusiones semejantes a la de Churchill de “sangre, sudor y lágrimas”, que auguran una sangría todavía mayor para todos ellos y un sufrimiento incesante para sus familias. Entonces los Congresistas e invitados especiales aplaudirán furiosamente, porque definitivamente es muy fácil enviar al matadero a miles de héroes, mientras ellos se dedican a hacer buenos negocios en nombre de la “seguridad inversionista y la prosperidad de la Patria”, esos tres huevitos tan queridos, que estarán bajo la protección y promoción del Tigre y su competente gabinete ministerial. Sin embargo, ese apoteósico y militar escenario está en vilo, pues el presidente Gustavo Petro se opone, como “comandante supremo de las Fuerzas Armadas” (artículo 189, numeral 3 de la CP), a facilitar una guarnición militar en el Departamento del Cauca para la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su conversión milagrosa de un Tigre en presidente de todos los colombianos.

Un pulso paradójico y revelador

Lo anterior es un pulso paradójico, ni siquiera imaginado por García Márquez, pues un exguerrillero, el presidente Gustavo Petro, está defendiendo la civilidad de la posesión presidencial ante el Congreso y la ciudadanía en la plaza de Bolívar, como ha sucedido desde Belisario Betancur hasta el presente, y un civil, Abelardo de la Espriella, un destacado abogado penalista de penumbrosas causas criminales, quiere ser investido en una guarnición militar para rendir tributo de honor a los “héroes de la Patria”. Muchos de esos héroes han muerto combatiendo a criminales que, directa o indirectamente, han estado relacionados con las disputas por rentas ilegales entre Paramilitares y guerrillas, en cuyo contexto jugó un importante rol el joven abogado Abelardo, promoviendo la Fundación Iniciativas por la Paz (FIP)[i], para el tránsito de los comandantes y miembros de la AUC a la civilidad. Estamos, pues, presenciando una curiosa inversión de identidades, se diría que milagrosa. La de un rebelde convertido en defensor a ultranza de la civilidad y una imposible “Paz Total”, que deja la Presidencia el 7 de agosto sin alcanzarla y, de su contraparte, un civil que llega a la Presidencia obsesionado con el culto al militarismo y la “Guerra Total” en aras de la seguridad y la paz. Pero la realidad es más compleja y reveladora, si recordamos que Gustavo Petro en desarrollo de su posesión presidencial, apeló nada menos que a un símbolo histórico de la guerra, la espada del libertador Simón Bolívar, instalándola en el centro de la ceremonia y luego la esgrimió y anunció: “Hasta que no haya justicia social en Colombia no se envainará la espada, sino que continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño”, acompañada de la bandera rojinegra de Bolívar de “guerra a muerte” contra el general español Pablo Murillo y sus colaboradores.

Profunda crisis de Civilidad, Democracia y Soberanía

Simbolismos que nos revelan una profunda crisis de civilidad, convicción y coherencia con el ejercicio de la democracia por parte de ambos líderes políticos, pues en desarrollo de sus proyectos y objetivos, diametralmente opuestos, coinciden en el recurso y apoyo de los militares como la fuerza decisoria. En el caso de Petro, la Paz Total con justicia social, que lo llevó a confiar demasiado en la supuesta voluntad de paz de organizaciones supuestamente rebeldes, ya carcomidas por el narcotráfico, que afianzaron su control territorial a punto de terror y crímenes abominables. Por el contrario, el Tigre está convencido que solo con guerra total y un Plan Patriota podrá haber seguridad para la prosperidad y la paz. Pero olvida un sabio consejo atribuido a Bonaparte, que algo sabia de armas: “Con las bayonetas pueden hacerse muchas cosas, menos sentarse sobre ellas”. De allí su “Firmes por la Patria” y su predilección por una guarnición en lugar del Congreso y la plaza de Bolívar para su posesión. Abelardo y su Tigre creen ilusamente, igual que su padrino Trump, que para gobernar basta rugir, amenazar y ordenar bombardeos. Por eso también su lealtad a la llamada “Doctrina Donroe” y su entusiasmo por el “Escudo de las Américas”, además de su reveladora y orgullosa afirmación de ser el primer presidente de Colombia del partido republicano de Trump. Declaraciones que no son propias de un “Defensor de la Patria”, mucho menos de un presidente democrático que jura defender la soberanía de Colombia, sino más bien de un lacayo de Maga, que se suma a la compañía de una figura tan vergonzosa, humillada y desprestigiada como Delcy Rodríguez en la sufrida, esquilmada y depredada “Venezuela Bolivariana”. ¿Será ese el significado y el destino de la “Patria Milagro”?

[i]https://www.infobae.com/colombia/2025/09/17/el-rol-de-abelardo-de-la-espriella-en-el-proceso-de-paz-entre-colombia-y-las-auc-lo-volveria-a-hacer/

“Odio a ese hombre que esconde una cosa en su corazón y habla otra”: Homero, en La Ilíada

¿Cómo le diremos a Abelardo De La Espriella a partir del 7 de agosto, ya posesionado como presidente en una guarnición militar? ¿Mi General? o ¿Mi General, “salve usted la Patria… Milagro”? No creo, porque los únicos soles que lo acompañan son los que recibe en la calurosa Barranquilla.

Un cementerio, una fosa común o los vestigios de un horno crematorio podrían ser el lugar ideal para una posesión presidencial en un país marcado por el sino trágico.

Tres milenios atrás, Homero, el célebre poeta ciego de la Antigua Grecia a quien debemos las inmortales epopeyas de La Ilíada y La Odisea, pronunció una sentencia lapidaria para repudiar la hipocresía, la simulación y la falsedad. Aquella máxima sintetiza el abismo imperdonable que existe entre la palabra pública y la auténtica intención del alma. En el convulso escenario de la política colombiana contemporánea, evocar a Homero se vuelve un imperativo ético para desentrañar los discursos pomposos y leer con rigor hermenéutico cada gesto del presidente electo, Abelardo de la Espriella.  

Su intención de realizar un acto de posesión inédito en el departamento del Cauca no constituye una anécdota folclórica ni un afán descentralizador; por el contrario, deja al descubierto un profundo e inequívoco desprecio hacia Bogotá y sus élites tradicionales.

No es la primera vez que Abelardo da muestras de tal desaire, habiendo renegado en el pasado de símbolos gastronómicos y culturales tan bogotanos como la changua y el ajiaco santafereño. Sin embargo, su pugna política va mucho más allá del plano cultural, y lo prueba incluso el hecho mismo de nombrar en el Ministerio de Cultura a Paola Holguín, una persona ajena a ese sector.

Ya dijo que promoverá una reforma constitucional para convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia. Lo que quiera que esto signifique —especialmente en términos mercantiles, aprovechando la cercanía geográfica, marítima y aérea con los Estados Unidos—, entraña un velado grito de independencia y el eventual germen de una fractura territorial: ¿asistimos, acaso, al primer choque de una soterrada guerra política entre el litoral costeño y el interior cachaco? Si se le permite hacer su voluntad, justificada o no, ¿después qué sigue? ¿Tentar al fantasma de la reelección, como ya lo hizo el empresario Nayib Bukele en El Salvador? ¿Acaso para cuántos periodos presidenciales está presupuestada “La Patria Milagro”?

En adelante, cada declaración del presidente electo se debería examinar con pinzas, a la luz de las leyes y principalmente, de la Constitución.

A mi modo de ver, este despliegue busca congraciarse con seis de los siete departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, y Sucre; el séptimo es San Andrés), pretendiendo no solo erigirla en una potencia económica regional, sino conformar nuevas élites políticas y financieras para garantizar la longevidad de su proyecto político denominado “Defensores de la Patria”. Valdría la pena preguntarse si los empalmes regionales y la batería de decretos anunciada no son más que piezas de esta misma arquitectura.

Dentro de la lógica de la costeñización del poder, resultaba estratégico para el presidente electo promover al congresista guajiro Alfredo Deluque como presidente del Congreso; no obstante, su frustrada elección representó el primer traspié formal de su ambición independentista.  

Ahora bien, el mandatario denota una preocupante falta de creatividad y, quizás, un craso desconocimiento de la trágica dinámica del conflicto armado interno colombiano, o peor aún, la negación de éste.

Conocedores de su carácter guerrerista —hasta ahora sostenido desde el plano retórico—, De la Espriella ha mostrado una obstinada insistencia en posesionarse en una guarnición militar. Resulta paradójico que un civil, que ni siquiera prestó el servicio militar, pretenda iniciar su mandato en un recinto castrense, desafiando el ordenamiento tradicional que exige tomar juramento ante el Congreso de la República en Bogotá, sede histórica de las tres ramas del poder. Solo falta que pretenda lucir de camuflado para estar a tono con la ocasión.

Con este afán belicista, De la Espriella no solo evoca una caricaturesca versión moderna de Napoleón Bonaparte o Simón Bolívar —a quienes apenas se asemeja en la estatura física—, sino que evidencia un desdén hacia los colombianos, legítimamente representados en el Congreso, casa de la democracia por excelencia. Valdría la pena recordarle al presidente electo —pero sobre todo a los propios legisladores—, el mandato vinculante del Artículo 3 de la Constitución Política de 1991, el cual consagra que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Es decir, ¿están las fuerzas militares por encima del pueblo? No, y tampoco lo está el presidente de turno.

Toda afrenta a la institucionalidad reitera la fragilidad de nuestra democracia. De ahí que no pocas voces le estén pidiendo al Congreso de la República hacer respetar su propia majestad, entre ellas el editorial de El Espectador, titulado El presidente electo no debe posesionarse en zona militar. Por su parte, el constitucionalista Rodrigo Uprimmy cuestionó el uso reiterado del saludo militar por parte del presidente y su círculo.

“Involucrar de manera activa a las fuerzas militares en un evento de naturaleza política envía un mensaje contrario a su requerida subordinación al poder civil”: Editorial de El Espectador.

El silencio de los inocentes

Si la intención del mandatario electo es realizar un acto de posesión cargado de simbolismo dramático, desde este blog le sugerimos muy respetuosamente una lista de escenarios infinitamente más acordes con la lamentable historia que ha teñido de rojo a Colombia desde el principio de los tiempos, allá donde reina el silencio de las víctimas inocentes de todas nuestras violencias.

Por ejemplo, podría acudir a las regiones donde la población civil campesina, afrodescendiente e indígena sufrió la ferocidad de las guerrillas, los paramilitares y el propio Estado, según la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Lugares como el Urabá (antioqueño y chocoano); Antioquia (el departamento con mayor número acumulado de víctimas en el Oriente, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio); el Catatumbo en Norte de Santander; los Montes de María (Sucre y Bolívar, desolados por más de cien masacres); el Pacífico Sur (Tumaco y el Norte del Cauca); o El Caguán y las Sabanas del Yarí en Caquetá y Meta.  

Los cementerios oficiales convertidos en fosas comunes son otro escenario de nuestra lúgubre historia. Podría optar por tomar juramento en camposantos intervenidos por la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), donde yacen miles de víctimas no identificadas (N.N.) de ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “falsos positivos”) y desaparición forzada. Entre ellos, el Cementerio de Nuestra Señora de La Macarena en el Meta (con más de 2.300 cuerpos enterrados de forma anónima), el Cementerio del Sur en Bogotá, el Cementerio Las Mercedes en Dabeiba, el Cementerio Central de Valledupar, o los de Puerto Berrío y Aguachica en el Magdalena Medio.  

En el inventario de nuestro horror también están las fosas comunes clandestinas y centros de exterminio: El país cuenta con más de 5.300 fosas comunes y cementerios ilegales registrados por la UBPD. Escenarios como La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín (la fosa urbana más grande del mundo), las fosas de San Onofre (Finca El Elbano), Puerto Torres en Casanare, o la Hacienda Villa Linda en Córdoba.  

Añádase a la lista los hornos crematorios y los ríos de sangre. En Juan Frío (Villa del Rosario, Norte de Santander), el Bloque Catatumbo de las AUC construyó hornos crematorios artesanales para desaparecer los cuerpos de sus víctimas; o a orillas del Río Cauca en Marsella (Risaralda).

La paz, siendo un mandato constitucional (artículo 22 de la Constitución de 1991), no se edifica con alardes militaristas, sino honrando la memoria irrebatible de los muertos.  

Señor presidente Abelardo: nuestra Constitución no está pintada en el papel. Jure el 7 de agosto que será el primero en respetarla y obedecerla.

Lo único que podría salvarnos de un (posible) gobierno autoritario, dispuesto a imponerse a punta de decretos, es que los otros dos poderes (las cortes y el legislativo, que deben servir de contrapeso), funcionen como un relojito. Porque el Congreso existe esencialmente para hacerle control político al gobierno y sus funcionarios, no para amangualarse con ellos.

Del lado realista, cerca de 1.300 soldados de infantería y alrededor de 500 jinetes se preparaban para enfrentar al Ejército Libertador, que contaba con aproximadamente 2.000 hombres y 400 integrantes de caballería. Sin embargo, las cifras no reflejaban las condiciones reales de las tropas patriotas.

Los hombres comandados por Simón Bolívar se encontraban exhaustos después de atravesar el páramo de Pisba. El frío, el hambre, las enfermedades y las dificultades del terreno habían causado numerosas bajas. Al menos, una cuarta parte del ejército había muerto, desertado o quedado incapacitada durante aquella travesía.

En la mañana del combate, Bolívar ordenó que sus tropas cruzaran el río Chicamocha, cuyo caudal había aumentado como consecuencia de la temporada de lluvias. Después del esfuerzo que significó atravesarlo, los patriotas encontraron que, en la margen opuesta, las fuerzas españolas ya se organizaban para entrar en combate.

El coronel José María Barreiro, comandante del ejército realista, se adelantó y tomó una posición favorable para la defensa. Desde las alturas dominaba el terreno y obligaba a los patriotas a avanzar por un estrecho espacio ubicado entre los cerros y la zona pantanosa.

Durante varias horas, españoles y patriotas combatieron con enorme valentía. Los enfrentamientos llegaron, incluso, al combate cuerpo a cuerpo y a las cargas de bayoneta. Sin embargo, al final de la tarde, el resultado comenzaba a inclinarse claramente en favor de las tropas realistas.

Hacia las cinco de la tarde, Barreiro reorganizó sus fuerzas y lanzó un contraataque que consiguió hacer retroceder de manera desordenada a los patriotas. La situación parecía definitiva. Según la tradición, el comandante español habría exclamado: “¡Viva España! Ni Dios me quita la victoria”.

En ese momento quedaron en evidencia los errores de planificación del Ejército Libertador. Las tropas habían atravesado el páramo de Pisba en condiciones extremas, cruzado un río crecido y entrado en combate prácticamente sin descanso, mientras el enemigo controlaba las posiciones más favorables del terreno.

Al observar el avance de la caballería española, Bolívar habría reconocido la gravedad de la situación: “Se nos vino la caballería y se perdió la batalla”.

Fue entonces cuando apareció el teniente coronel Juan José Rondón, comandante de la caballería de reserva. Al escuchar las palabras de Bolívar, respondió: “¿Cómo se va a perder la batalla si ni yo ni mis hombres hemos peleado? Déjenos hacer una entrada”.

Bolívar le habría contestado con la frase que pasaría a la historia: “Coronel, salve usted la patria”.

Rondón regresó hacia sus hombres y les dijo: “¡Camaradas, los que sean valientes síganme, porque en este momento triunfamos!”.

Sin esperar una nueva orden, lanzó su caballo al galope y atravesó las filas de los patriotas que comenzaban a retirarse. Inicialmente lo siguieron catorce lanceros, quienes escucharon y respondieron inmediatamente a su llamado. Así comenzó la célebre carga de los quince lanceros.

Los jinetes avanzaron contra los dragones y las reservas de infantería realista. Aunque enfrentaban una fuerza muy superior, consiguieron penetrar sus líneas, frenar la ofensiva y generar suficiente confusión para que las tropas patriotas se reorganizaran.

La carga de Rondón transformó el curso de la batalla. Otros escuadrones de caballería se sumaron al ataque y el ejército que minutos antes se retiraba recuperó la iniciativa. La acción de aquellos hombres demostró que, en ocasiones, la valentía y la capacidad de decisión pueden modificar el resultado de una contienda que parece perdida.

Durante el enfrentamiento también se produjo uno de los episodios más recordados de la batalla. El sargento segundo José Inocencio Chincá se enfrentó al capitán realista Ramón Bedoya en un intenso duelo de caballería. Bedoya logró herir gravemente a Chincá. Sin embargo, pese a la herida, el lancero patriota continuó combatiendo y consiguió atravesar con su lanza al oficial español, causándole la muerte y derribándolo de su caballo. Chincá fallecería días después como consecuencia de las heridas sufridas en el combate.

Después de la carga de los lanceros, de la reorganización de las fuerzas patriotas y del desorden ocasionado entre las tropas españolas, un fuerte aguacero cayó sobre el campo de batalla. La lluvia y la llegada de la noche dificultaron la continuación de las operaciones y llevaron a ambos ejércitos a replegarse.

La batalla del Pantano de Vargas suele reconocerse como una victoria estratégica del Ejército Libertador. No obstante, es necesario recordar que el desenlace estuvo determinado, en buena medida, por la iniciativa de Rondón y sus lanceros. Fueron ellos quienes, en el momento más crítico, impidieron la derrota de las fuerzas independentistas.

Algunos historiadores sostienen que, de no haberse presentado el aguacero y la posterior oscuridad, los patriotas habrían podido obtener una victoria mucho más contundente. Otros consideran que las fuerzas realistas también conservaron capacidad de combate. En cualquier caso, la batalla resultó decisiva para mantener con vida la Campaña Libertadora.

Días después, el 7 de agosto de 1819, se libró la batalla de Boyacá, que permitió cortar la retirada del ejército realista y abrió el camino hacia Santa Fe. En esta batalla nuevamente relució la falta de pericia militar de Simón Bolívar.

Juan José Rondón continuó participando en las campañas de Independencia. Murió en 1822, en la ciudad de Valencia, como consecuencia de las heridas sufridas durante un enfrentamiento. Su legado permaneció estrechamente ligado al nacimiento de la República y a la historia de la caballería colombiana. La expresión “Salve usted la patria” se convirtió en el lema del arma de Caballería del Ejército Nacional. También, Bolívar en cada día previo al aniversario de la Batalla afirmaba que “Mañana es el día de San Rondón”.

Sin embargo, la enseñanza de esta historia trasciende el proceso de Independencia. Rondón no se limitó a contemplar cómo se perdía la batalla. Sabía que todavía tenía hombres disponibles, entendió que podía cambiar el rumbo de los acontecimientos y tuvo el valor de alzar la voz cuando los demás comenzaban a aceptar la derrota.

Su liderazgo no surgió de una orden detallada ni de un plan previamente diseñado. Nació de la capacidad de reconocer una oportunidad en medio del caos, asumir la responsabilidad y actuar cuando otros retrocedían.

En nuestra vida cotidiana y en los grandes asuntos nacionales también enfrentamos momentos semejantes. Situaciones en las que advertimos que algo está mal, sabemos que todavía podemos intervenir, pero preferimos guardar silencio o esperar a que otro actúe.

La pregunta que nos deja Rondón, más de dos siglos después, continúa vigente: ¿Cuántas veces pudimos ayudar a salvar una causa, una institución o incluso al país, pero no tuvimos el valor de dar un paso al frente?

Padilla fue un hombre de mar. Nació en Riohacha, La Guajira, en 1778. Era hijo de un carpintero dedicado a la construcción de pequeñas embarcaciones y de una mujer de ascendencia wayuu. Su vida estuvo marcada por la discriminación y la exclusión derivadas de su origen racial y social.

A los 19 años se enlistó en la Real Armada Española y llegó a combatir en la batalla de Trafalgar, uno de los enfrentamientos navales más importantes de la historia moderna. Aquella experiencia le permitió adquirir los conocimientos marítimos y militares que, años más tarde, pondría al servicio de la causa independentista.

En 1811 fue nombrado contramaestre en Cartagena de Indias, donde rápidamente se destacó por su liderazgo. Durante 1812 participó en los movimientos políticos y militares que buscaban consolidar un Estado autónomo frente a la crisis de la monarquía española provocada por la ocupación napoleónica. En los años siguientes obtuvo importantes victorias en Tolú, Santa Marta y Riohacha. Sin embargo, también fue enviado a prisión tras ser acusado injustamente de traición.

Mientras permanecía encarcelado, en 1815 comenzó la reconquista española. Padilla fue liberado para apoyar la defensa de Cartagena, que resistió durante 106 días de asedio. Aunque la ciudad finalmente se rindió, logró escapar hacia las islas del Caribe, donde tuvo contacto con gobiernos y movimientos independentistas liderados por negros y mulatos.

Durante los años siguientes estrechó su relación con Simón Bolívar y participó en diferentes acciones militares al servicio de la Independencia. En el marco de la Campaña Libertadora, intervino en la campaña de Casanare y tuvo bajo su responsabilidad el transporte de tropas, armamento y material de guerra.

Posteriormente participó, como segundo al mando, en las operaciones para liberar ciudades costeras como Riohacha y Cartagena. Por sus acciones, el Gobierno de la Gran Colombia lo ascendió al grado de general de brigada y lo nombró comandante general del Tercer Departamento de Marina y de la Escuadra de Operaciones del Río Zulia.

Su popularidad aumentaba, pero también crecía el número de sus adversarios. En 1822 ganó las elecciones y fue elegido senador de la República.

La vida de Padilla, sin embargo, parecía estar más destinada a la carrera militar que a la política. Después de su elección se intensificaron sus dificultades. La división entre Bolívar y Santander, así como la confrontación entre centralistas y federalistas, lo convirtió en blanco de ataques provenientes de ambos sectores.

Padilla se sentía más cercano al federalismo, tanto por convicción como por la decepción que le produjo el progresivo distanciamiento de Bolívar frente a los negros, mulatos y pardos que habían combatido por la Independencia, pero que posteriormente fueron excluidos de los principales espacios de poder.

En 1823, Francisco de Paula Santander lo designó para dirigir la defensa del lago de Maracaibo ante la amenaza de las tropas españolas. El 24 de julio de ese año, Padilla obtuvo una victoria definitiva en la batalla naval del lago de Maracaibo. Su escuadra derrotó a las fuerzas realistas y aseguró el control del lago, contribuyendo de manera decisiva a la consolidación de la Independencia.

Como reconocimiento, fue ascendido a general de división, recibió una medalla de oro y una pensión anual de 3.000 pesos. No obstante, la compensación y los honores fueron inferiores a los recibidos por otros jefes militares de la Campaña Libertadora, muchos de los cuales fueron nombrados en altos cargos públicos. Esta diferencia difícilmente puede separarse de los prejuicios raciales que enfrentó Padilla por su origen pardo.

A pesar de los reveses políticos y de los desplantes sufridos durante su carrera militar, fue reelegido senador en 1825. Desde entonces, sus adversarios intensificaron los ataques en su contra, acusándolo de pretender promover una guerra de razas y de querer dividir la naciente República.

En 1828, las diferencias entre Padilla y el general Mariano Montilla llegaron a su punto máximo. Montilla había ordenado su encarcelamiento en 1815 y ambos habían competido durante años por el poder político y militar en Cartagena. En medio de esa confrontación, Padilla y algunos de sus seguidores desconocieron temporalmente la autoridad de Montilla, circunstancia que fue utilizada para presentarlo ante Bolívar como un instigador y una amenaza para el orden público.

Ese mismo año ocurrió la Conspiración Septembrina, el intento de asesinato contra Simón Bolívar. Aunque no existían pruebas concluyentes que vincularan a Padilla con el atentado, fue acusado de participar en la conspiración y condenado a muerte.

La sentencia fue ejecutada el 2 de octubre de 1828 en Santa Fe de Bogotá.

Padilla murió frente a un pelotón de fusilamiento sin que se hubiera demostrado plenamente su responsabilidad. Su mayor desgracia fue haber servido a Bolívar, un líder tirano que no correspondía al sacrificio que tenían a su mando.
A pesar de sus servicios a la patria, su familia no recibió oportunamente todos los honores que correspondían a su trayectoria. Tampoco ostentó formalmente en vida el título de almirante, reconocimiento que le fue concedido de manera póstuma. Sin embargo, su vida, sus victorias y su legado constituyen uno de los pilares históricos sobre los cuales se construyó la Armada de la República de Colombia.

La historia de José Prudencio Padilla debería ocupar un lugar mucho más importante en los colegios, las universidades y las academias de historia del país. Su trayectoria demuestra que un hombre de origen humilde, enfrentado a la exclusión y al prejuicio racial, pudo convertirse en uno de los principales líderes militares de la Independencia. Pero, también nos obliga a revisar críticamente la historia que nos enseñaron. Padilla permite observar una faceta autoritaria de Simón Bolívar que con frecuencia ha sido omitida en los relatos oficiales.

En Colombia necesitamos dejar de presentar a los héroes de la independencia, especialmente a Bolívar, como figuras perfectas. Exaltar a Padilla significa comprender que la Independencia no fue obra de un solo hombre y que muchos de quienes entregaron su vida por la República terminaron siendo perseguidos, olvidados o condenados por aquellos mismos líderes a quienes ayudaron a llevar al poder.

El que amenazó con destripar, resultó destripado en el primer asalto. Lo que pudo ser una luna de miel rápidamente se transformó en luna de hiel. Porque donde mandan congresistas, no manda presidente.

La izquierda y la derecha se unieron en una noche histórica para mandarle un mensaje contundente a Abelardo de la Espriella: En Colombia no hay espacio fácil para la extrema derecha. El Tigre llegó al poder sin más mérito que el de ser una figura mediática y los políticos saben que darle alas a un recién aparecido implica asegurarle perpetuidad a su proyecto político. Porque las pretensiones del abelardismo, bajo la sombrilla de un partido que se llame “Defensores de la patria”, es llegar fuerte a las elecciones de 2030 para seguir de largo.

Con 47 años, Abelardo tiene a su favor el hecho de ser más joven que todos. O al menos más joven que Petro y Uribe. El asunto es que para un Uribe abeja se necesita una avispa, y ese lugar ya lo ocupa Gustavo Petro, siguiendo el juego de palabras que planteó el primero.

Así que se equivocan quienes afirman, como el diario El País de España, que la derrota del presidente electo en el Senado “es más simbólica que práctica”, porque, según el editor de ese medio, De la Espriella se dedicará a expedir decretos desde el día cero. Desconoce el enorme poder que se ejerce desde el Capitolio Nacional y el aparato burocrático que lo sostiene. Y desconoce también que en el sitio donde se confeccionan las leyes, una reforma política podría hacerse a la medida de los políticos y no de quienes dicen despreciar a los políticos, Ese primer pecado lo está pagando caro Abelardo… y lo que falta.

A su pupilo, el congresista guajiro Alfredo de Luque, no le alcanzaron los votos para ser ungido como presidente del Senado. Queda claro que ser amigo íntimo del hombre más fuerte del país no siempre es garantía de nada. La no elección de su protegido significa la primera derrota de la élite caribeña, y así debe interpretarse.

A eso súmele que en la misma semana, la Corte Suprema confirmó que Arturo Char, miembro de la Casa Char, cercana al nuevo presidente, irá a juicio por presunta compra de votos.

Abelardo está probando un poco de su propia medicina. Quien ayer despreciaba públicamente a la clase política, a la medianoche del 20 de julio era tratado con desdén durante la instalación del nuevo Congreso de la República.

Esta bofetada admite diversas lecturas. Por un lado, es el mensaje contundente del Poder Legislativo marcando territorio frente al Ejecutivo que está por entrar a la Casa de Nariño… o al edificio de la Aduana en Barranquilla, o desde Medellín o Cali, cualquiera sea el sitio donde finalmente ubique su despacho alterno.

«Señor presidente, mande allá que acá mandamos nosotros», parecen decirle en términos coloquiales. O mejor dicho: «Sus deseos no siempre serán órdenes».

Y sí. Porque nadie está pintado en el Capitolio Nacional.

El nuevo mandatario quería imponer a un amigo entrañable en un cargo codiciado, arrebatándole ese derecho que por acuerdo tácito le corresponde al partido con las mayorías en el Congreso, que en este caso es el Centro Democrático. Así, pues, la elección del senador Honorio Henríquez como presidente del Senado era un hecho cantado. Subvertir ese orden era algo que el Congreso no iba a permitir, porque ceder ante ello implicaba abrir un boquete para que el presidente electo diera órdenes directas en el lugar equivocado, sin aún vestir la banda presidencial.

En segundo lugar, se trata de un mensaje claro para su ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo. No la tendrá fácil y quizás deba moderar su tono, puesto que durante las últimas semanas ha ofrecido declaraciones displicentes. En este trino quedó retratado su tono altivo, con tufillo amenazante contra el (todavía) presidente Gustavo Petro, en las horas previas a la elección de Honorio Henríquez: “Todo el país conoce que su propósito no es otro que el de sabotear por intereses mezquinos el inicio del gobierno de @ABDELAESPRIELLA. Créame que no se los vamos a permitir”, dijo Lara, y lo cierto es que el petrismo con sus votos al final se salió con la suya, dejando al senador Deluque vestido y alborotado,

Habiendo empezado la relación Legislativo-Ejecutivo con el pie izquierdo, hay quienes apuestan —yo entre ellos— a que los días de Lara como ministro podrían estar contados. Resucitado por el abelardismo después de una larga sequía política y burocrática, Lara Restrepo se estrena, sin haber arrancado del todo, reponiéndose como su jefe de la primera muñequera, y ahora está obligado a entrenar mejor su olfato. Se le olvidó de entrada que en la orilla contraria hay unos perdedores resentidos pero con suficiente astucia para aguarle la fiesta.

No hablemos ya del senador Enrique Gómez, nieto del expresidente Laureano Gómez, a quien dejaron con el credo en la boca y las ganas de brillar. Creyó que por ser bancada oficialista del nuevo gobierno podría saltarse las reglas y hablar en calidad de opositor a Petro, luego del discurso presidencial. Muy temprano le quedó clara al senador de Salvación Nacional que son minoría (con cuatro senadores), frente a un aplastante Pacto Histórico (con 26) y el Centro Democrático (con 17)

Por otro lado, el Congreso de la República ha dado una muestra de genuina independencia frente al Ejecutivo, muy distinta de la colaboración armónica que puede y debe existir entre poderes. Con esto queda en suspenso si los congresistas aprobarán o no que el mandatario electo cumpla su sueño de posesionarse en una guarnición militar. Este capricho no debe leerse simplemente como un respaldo a las Fuerzas Militares, como él pregona, sino como otra muestra del desprecio de De la Espriella —desde Barranquilla— hacia toda la clase política y las élites que representan, distintas a la suya.

Los congresistas deben entender que congraciarse con él es vaciar de contenido al Poder Legislativo, una institución con más de 200 años de historia (nacida en 1821 con el Congreso de Cúcuta, que ese mismo año dio origen a la primera de nuestras Constituciones). Implica abrirle la puerta para que haga lo mismo que presidentes como Nayib Bukele en El Salvador, quien descuadernó la Constitución de su pequeño país para reelegirse. Colombia ya probó esa manzana envenenada con Álvaro Uribe y dudo que esta vez tengan ganas de capar al perro dos veces, aunque todavía sea muy temprano para decirlo.

Por último, el país político está aterrado porque el petrismo ayudó a elegir a un uribista en la Cámara Alta. Bien dicen que «el que no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta», y eso fue exactamente lo que pasó. Dos fuerzas históricas y antagónicas se unieron de manera conveniente (y lícita por lo demás), para cerrarle el paso a un tigre envalentonado, aplicando una máxima que en momentos decisivos derriba a todas las demás: «El enemigo de tu enemigo es mi amigo».

Abelardo convirtió en enemigo a Uribe, y Petro convirtió a su enemigo Uribe en su amigo. Abelardo tendrá que lidiar cuatro años con una realidad: gobernar no significa chasquear los dedos. 

Pero, ojo, porque a partir del 7 de agosto tendrá el poder y nadie sabe cómo lo usará o si lo usará de manera calculada para comprar afectos y lealtades políticas. El propósito de Abelardo de tener sedes alternas en Medellín y Cali podría ser, por si no lo han olido, socavar a la vieja clase política para juntar nuevos talentos en su propio partido. En cuatro años sabremos si el destripador, termina o no con sus sueños destripados.

En resumidas cuentas, el DIH se creó para ponerle límites a la guerra. Guerra como la que tenemos en Colombia hace más de 60 años. Estas normas deberían ser cumplidas por todos los actores armados, incluida la fuerza pública, pero muy pocas veces se tiene en cuenta. Es más, aunque en Colombia llevemos más de medio siglo en guerra, solo hace 32 años se aprobó el protocolo II de los Convenios de Ginebra en el Gobierno del expresidente Ernesto Samper  y  son los que obligan al país a cumplir las normas de conflicto armado interno.

Aunque aprobado, muy pocas veces se cumple. Por ejemplo según el último Reporte Humanitario de la ONG Vivamos Humanos, especializada en trabajar por la aplicación DIH dice que solo en 2026 han ocurrido 402 eventos violentos asociados al conflicto armado. Entre las principales afectaciones 179 hechos contra la vida 67 por uso de minas antipersonal, 47 restricciones a la movilidad. A estos hechos se le suman los nuevos desafíos del conflicto armado con los ataques con drones, ( que ya van 60  solo entre mayo y julio. según el mismo reporte) el reclutamiento forzado de menores por redes sociales y la prohibición del ingreso de la ayuda humanitaria por parte de los actores armados. 

Estas cifras parecen pocas cuando se vive en un país en guerra que mide la vida en números y el éxito de las políticas de seguridad en bajas. Pero pocas veces se piensa que detrás de cada número hay familias que se rompen, jóvenes que no alcanzan a cumplir sus sueños, colegios que son ocupados por actores armados en lugar de estudiantes, carreteras que solo pueden ser transitadas con el permiso de quienes no tienen autoridad para otorgarlo y, sobre todo, en el daño emocional de las infancias que crecen atravesadas por el miedo, porque nunca han podido sentirse seguras en el lugar que debería protegerlas y que, en cambio, les ha dado más guerra que vida: su casa.

Por eso, después de escuchar al nuevo presidente, me pregunto: ¿qué es realmente lo largo? ¿El nombre de la norma que podría ayudar a mitigar estos daños, o la lista interminable de horrores que produce ignorarla?

No podemos olvidar que más de 10 millones de personas viven en territorios afectados por el conflicto armado en Colombia. Basta una sola infracción al Derecho Internacional Humanitario para que comunidades enteras paguen las consecuencias: minas antipersonal sembradas cerca de escuelas; drones cargados con explosivos que detonan en cascos urbanos; personas heridas por artefactos explosivos que llevan meses sin recibir atención porque los actores armados impiden el ingreso de la ayuda humanitaria; familias que padecen escasez de alimentos porque también se controla qué pueden comprar, cómo pueden hacerlo e incluso qué moneda o método de pago pueden utilizar.

Y, en medio de todo ello, queda una pregunta que rara vez se hace: ¿dónde queda la salud mental de quienes viven confinados en sus casas por el miedo permanente a que la violencia vuelva a arrebatarles lo poco que han logrado construir o, peor aún, les quite la vida?

Podría seguir escribiendo más daños, pero eso sí es una vaina larga y dura de narrar,  que además no le alcanzaría al nuevo presidente para contar en sus lives y videos de inteligencia artificial. Entonces, larga va a ser la vaina cuando otra vez tengamos que contar centenas de muertos (actores armados o civiles) que caen por estar en la guerra o sólo por vivir cerca a ella. Y, esto pasa cuando solo le quiere gobernar con política militar y sin tener un enfoque de humanización del conflicto – respeto del DIH-, derechos humanos, o políticas sociales. Y eso es lo que nos avisan que va a pasar. Ojalá me equivoque, pero con el anuncio del Plan Patriota 2.0 lo dudo.

Fui al Centro Nacional de las Artes invitado a ver una nueva coproducción de Umbral Teatro y el Centro Nacional de las Artes de Umbral Teatro. Como suele ocurrir con las experiencias más memorables, llegué desprevenido y salí acompañado de preguntas que todavía me siguen rondando la cabeza.

La Suite del Despertar, escrita y dirigida por Carolina Vivas Ferreira, encuentra una ruta poco transitada para hablar del conflicto colombiano y de los diez años transcurridos desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. No busca convencernos de nada, no intenta funcionar como una consigna política ni como una celebración acrítica del proceso, tampoco cae en la tentación de convertir el dolor nacional en una colección de cifras o estadísticas. Hace algo mucho más complejo: devuelve los rostros.

Durante años hemos conocido la guerra a través de informes, titulares, mapas, porcentajes y balances. Sabemos cuántos muertos hubo, cuántos desplazados, cuántos secuestrados, cuántas víctimas. Sabemos las dimensiones de la tragedia. Lo que a veces olvidamos es que detrás de cada número existió una persona concreta, una familia, una comunidad, una historia interrumpida. La Suite del Despertar trabaja precisamente sobre esa ausencia y por eso pone en el centro a los civiles, los grandes perdedores de todas las guerras.

No a los comandantes, no a los estrategas, no a los dirigentes políticos que negocian o rompen acuerdos desde la distancia. La obra mira a quienes han tenido que sobrevivir durante décadas entre guerrillas, paramilitares, grupos armados, narcotráfico, ausencias estatales y múltiples formas de violencia. Allí radica buena parte de su fuerza, en la decisión de observar el conflicto desde abajo, desde quienes han soportado las consecuencias sin haber tomado las decisiones.

Mientras observaba la puesta en escena pensaba inevitablemente en estos diez años transcurridos desde 2016. Pensaba en aquel plebiscito que dividió al país, en las esperanzas y temores que despertó el acuerdo, en las discusiones interminables que todavía hoy siguen ocupando espacios políticos y mediáticos. También pensaba en algo más incómodo. Han pasado gobiernos de derecha y de izquierda, han llegado proyectos políticos que se presentaban como antagónicos y representantes de visiones completamente distintas de Colombia. Sin embargo, para muchos territorios golpeados por la violencia, la sensación sigue siendo que los acuerdos quedaron atrapados entre disputas ideológicas, prioridades cambiantes e incumplimientos.

La derecha cuestionó aspectos fundamentales de la implementación. La izquierda llegó prometiendo una nueva etapa para la paz y tampoco logró transformar de manera decisiva las condiciones estructurales que siguen alimentando la violencia en muchas regiones. Mientras tanto, en demasiados lugares del país la guerra simplemente cambió de nombre, de uniforme o de bandera. La obra no esquiva esa realidad. Por el contrario, parece preguntarse qué ocurrió con aquella oportunidad histórica que Colombia tuvo en sus manos y, sobre todo, por qué seguimos atrapados en ciclos tan extraños y persistentes de violencia, ciclos que parecen terminar para luego reaparecer bajo nuevas formas, ciclos que se heredan de una generación a otra y que, en ocasiones, dan la impresión de ser eternos.

Hay escenas que condensan esa reflexión de manera extraordinaria. En una de ellas, un niño campesino interpreta su cuatro mientras alrededor suyo aparece la posibilidad de la guerra. La música y el reclutamiento conviven en el mismo espacio. El arte y las armas se disputan el futuro de un muchacho que simplemente debería estar creciendo, estudiando o tocando su instrumento. La escena es devastadora precisamente porque no necesita explicarse. Resume décadas enteras de la historia colombiana.

En otro momento, una mujer cuida a un paramilitar como si estuviera cuidando al hijo que perdió en la guerra. Allí desaparecen las respuestas fáciles. El dolor se vuelve más complejo que cualquier consigna política. La compasión se mezcla con la memoria y la tragedia humana aparece en toda su dimensión. Son imágenes que permanecen mucho después de terminada la función y quizás esa sea una de las mayores virtudes de Carolina Vivas y de todo el equipo creativo. Entienden que la función del teatro no es reemplazar a los historiadores, a los periodistas o a los centros de memoria. Su trabajo consiste en devolverle humanidad a los hechos.

En una conversación posterior a la función, la directora me explicaba que el punto de partida del montaje fue estudiar cuidadosamente qué había ocurrido durante esta década de implementación de los acuerdos, cuáles habían sido los avances, cuáles los obstáculos y cómo esos procesos habían impactado la vida cotidiana de las personas comunes. Porque la verdadera pregunta nunca ha sido únicamente qué pasó con la paz. La pregunta es qué pasó con la gente, con quienes siguieron viviendo en los territorios, con quienes enterraron a sus muertos, con quienes continúan esperando que el Estado llegue de manera efectiva y con quienes sobrevivieron.

La respuesta aparece fragmentada a lo largo de la obra, construida mediante testimonios, literatura, danza, música en vivo, coros y una puesta en escena visualmente poderosa. La propia directora ha señalado que existe un diálogo con el Guernica de Picasso, particularmente desde la fragmentación, la composición espacial y la construcción visual de la escena. Sin embargo, más allá de cualquier referencia estética, lo que termina imponiéndose es la presencia de los seres humanos que habitan el escenario.

Y especialmente la presencia de las mujeres. Las mujeres que sostienen las familias cuando todo se derrumba, las mujeres que cargan la memoria, las mujeres que mantienen vivas las comunidades y las mujeres que reconstruyen el tejido social después de cada ola de violencia. La Suite del Despertar es, en muchos sentidos, una obra sobre ellas.

También merece una mención especial la música en vivo, que acompaña el recorrido emocional de manera notable. No funciona como un simple complemento sino como una voz adicional dentro del relato. El resultado es una experiencia profundamente emotiva que evita tanto la solemnidad excesiva como la simplificación.

Lo más valioso es que la obra nunca pierde de vista quiénes han pagado el precio más alto. Si algo hemos aprendido los colombianos después de tantas décadas de conflicto es que la fuerza bruta de distintos ejércitos, con distintas banderas y diferentes discursos, terminó demasiadas veces cayendo sobre la misma población. Secuestros, desplazamientos, reclutamientos forzados, violaciones, masacres, desapariciones, abusos y miedo forman parte de la experiencia de millones de ciudadanos que quedaron atrapados en medio de una guerra que rara vez consultó su voluntad.

Y aun así, el país sigue produciendo resistencias. Sigue produciendo comunidades capaces de reconstruirse, mujeres capaces de sostener la vida cuando todo parece perdido y artistas capaces de convertir el dolor en preguntas. Por eso resulta tan importante que el Centro Nacional de las Artes impulse una creación como esta. También por eso sería deseable que la obra pudiera viajar por el país, encontrarse con públicos de municipios que han vivido directamente muchas de las historias que aparecen representadas en escena. Estoy convencido de que tendría una recepción poderosa en territorios donde la memoria del conflcito no es un tema de debate sino una experiencia cotidiana.

Salí de la función pensando que quizás la pregunta más difícil no es qué ocurrió durante estos diez años después de La Habana. La pregunta es otra: por qué seguimos regresando a la violencia una y otra vez, por qué los ciclos de nuestra guerra parecen resistirse a terminar y cuánto más tendremos que esperar para que un niño campesino pueda seguir tocando su cuatro sin que nadie vuelva a ofrecerle la guerra como destino.

Información para asistir

La Suite del Despertar
Sala Delia Zapata – Centro Nacional de las Artes
Calle 11 # 5-60, Bogotá.

Temporada: del 16 al 26 de julio de 2026.

Funciones: jueves, viernes y sábado a las 7:30 p.m. y domingos a las 5:00 p.m.

Durante casi 50 años la espada no tuvo mayor relevancia hasta que Gustavo Petro llegó a la presidencia de la República. Una de las primeras solicitudes formuladas como presidente electo fue que la espada estuviera presente durante su ceremonia de posesión. Aunque inicialmente la petición fue negada, una vez asumió la Presidencia ordenó que fuera trasladada para ser exhibida durante el acto oficial.

Posteriormente volvió a empuñarla en un evento público para respaldar políticamente las reformas promovidas por su gobierno, presentándola como un símbolo de lucha frente a quienes, según su interpretación, impedían las transformaciones que el país necesitaba.

Hace apenas unos días, a pocas semanas de concluir su mandato, el propio presidente volvió a referirse a la espada y planteó la posibilidad de llevársela o ubicarla en un lugar donde nadie pudiera dañarla ni opacar su significado.

Bajo este escenario, el país debería tener la conversación de ¿Qué hacer con la espada de Bolívar?

Al no tratarse de un símbolo que represente a las Fuerzas Armadas y haber sido utilizado y vandalizado por quienes se levantaron en armas contra el Estado, convirtiéndose en un referente de organizaciones ilegales, dicha espada debe ser destruida.

Este podría ser el primer paso de Colombia para desmontar las narrativas que glorifican, justifican o romantizan el terrorismo y el narcotráfico. Así como Alemania decidió no exaltar los símbolos del nazismo para evitar su reivindicación y preservar la memoria histórica desde una perspectiva crítica, Colombia también debe reflexionar sobre cuáles símbolos contribuyen a fortalecer la democracia y cuáles perpetúan la legitimación de la violencia.

Las naciones suelen hablar de fronteras; las familias, en cambio, hablan de hijos. Entre esos dos lenguajes casi nunca existe equilibrio. Mientras los Estados clasifican personas en expedientes, permisos, visas o procesos administrativos, una madre recuerda la primera palabra de su hijo; un padre conserva la fotografía donde aún era un niño; una hija espera que alguien vuelva a abrir la puerta de la casa. Ahí comienza la verdadera dimensión de una tragedia.

El 13 de julio, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y asesinó al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de apenas veintiséis años, durante un operativo migratorio en Biddeford. Murió frente a su esposa, Martha Carolina Rojas, y frente a su pequeña hija de tres años. Las autoridades estadounidenses confirmaron que el agente efectuó al menos cuatro disparos que atravesaron el parabrisas del vehículo que conducía el joven colombiano. Joan Sebastián había llegado a Estados Unidos buscando exactamente lo mismo que han buscado millones de seres humanos desde el inicio de la historia: una oportunidad para trabajar, sostener a su familia y construir un futuro mejor.

No conocemos todavía todas las respuestas. Sería irresponsable fingir que las tenemos. La investigación deberá establecer plenamente las responsabilidades penales y administrativas. Pero sí conocemos una verdad anterior a cualquier proceso judicial: un joven trabajador murió por disparos efectuados por un agente del Estado. Y ninguna democracia puede aceptar que una vida termine así sin exigir una explicación completa, transparente e independiente.

Organizaciones de inmigrantes en Maine sostienen que Joan Sebastián contaba con autorización para trabajar y número de Seguro Social. Su abogado explicó que tenía un proceso de asilo activo. Su padre contó que sostenía a su hogar con dos empleos. Su esposa recordó que cada mañana su hija despertaba llamando a su padre. Esas son las cosas que importan cuando se habla de una vida humana.
Después del tiroteo aparecieron nuevas revelaciones. El agente fue identificado por la prensa estadounidense como David Michael Brouillette. Su exesposa, Ashley Brouillette, declaró al Portland Press Herald que él la llamó para decirle que había disparado y le pidió que mintiera para proteger su reputación. Según su testimonio, ella se negó y afirmó públicamente: “Me estaba pidiendo que mintiera por él y que encubriera su conducta”. Será la justicia quien determine el alcance de esos hechos. Pero incluso esas declaraciones reflejan la dimensión moral de una tragedia que ya no puede reducirse a un simple procedimiento administrativo.

Hay millones de colombianos viviendo fuera del país. Algunos escaparon de la violencia, otros de la pobreza, otros simplemente buscaron una oportunidad que aquí no encontraron. Son médicos en Madrid, obreros en Nueva York, ingenieras en Toronto, enfermeros en Londres, cocineras en Santiago, estudiantes en Berlín, agricultores en Australia. Envían remesas que sostienen hogares enteros, celebran la Navidad viendo amanecer por videollamada y aprenden a pronunciar palabras nuevas sin olvidar el acento de su infancia. Cada uno carga una forma distinta de nostalgia. Ninguno deja de ser colombiano porque cambie de pasaporte, de idioma o de paisaje.

Por eso debería dolernos Joan Sebastián. No porque su historia haya llegado a los titulares, sino porque representa a esa Colombia silenciosa que continúa construyendo su vida lejos de casa. A veces pareciera que solo recordamos a nuestros compatriotas cuando una tragedia los devuelve al mapa nacional. Mientras viven, suelen permanecer invisibles; cuando mueren, descubrimos demasiado tarde que también eran parte de nosotros.

Y también porque cualquiera de nosotros podría haber sido él. Bastaba con haber nacido en otra ciudad, haber tomado otra decisión, haber aceptado un trabajo lejos de casa o haber perseguido el mismo sueño de millones de migrantes. La geografía es, muchas veces, una casualidad. La dignidad humana no debería serlo.

Resulta imposible no preguntarse cuánto pesan todavía el origen, la nacionalidad, el idioma o incluso el color de la piel en la manera en que algunas vidas son percibidas. Joan Sebastián era colombiano, era latinoamericano, era migrante. Su muerte obliga a preguntarnos si todas las personas reciben el mismo trato y el mismo valor cuando quienes ejercen el poder deciden usar la fuerza. Esa pregunta no acusa de manera anticipada a una investigación; interpela nuestra conciencia colectiva.

Edward Said escribió que el exilio nunca deja de ser una fractura entre el ser humano y su lugar de origen. Esa herida no desaparece con el éxito profesional ni con los años. Se aprende a vivir con ella. Quien migra lleva dos geografías al mismo tiempo: la que pisa y la que recuerda. Quizá por eso la muerte lejos de casa posee una dimensión particularmente dolorosa. No solo interrumpe una vida; también rompe el puente invisible que une a una familia con la esperanza del regreso.

Las imágenes que llegaron desde Biddeford no muestran únicamente una escena policial. Muestran a una mujer arrodillada frente al cuerpo de su esposo y a una niña pequeña que, según testigos, lloraba con una mochila rosa porque nunca volvería a abrazar a su padre. Ninguna discusión política puede borrar ese instante. Ninguna diferencia ideológica debería impedir reconocer que allí ocurrió una tragedia humana.

Los Estados tienen el derecho y la obligación de hacer cumplir sus leyes. También tienen la obligación —más profunda todavía— de proteger la vida y actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Cuando una intervención termina con una muerte, el deber democrático consiste en investigar sin reservas, esclarecer los hechos y garantizar que la verdad prevalezca sobre cualquier versión apresurada. Esa exigencia no pertenece a una ideología; pertenece a la dignidad humana.

En Colombia conocemos demasiado bien el precio de deshumanizar a las personas. Durante décadas aprendimos que basta con etiquetar a alguien para que su muerte parezca menos importante. Esa es una lección que no deberíamos exportar ni aceptar en ningún rincón del mundo. Ningún migrante es un expediente antes que una persona. Ningún ser humano pierde su dignidad por cruzar una frontera.

Quizá esa sea la responsabilidad más profunda de un país: no abandonar a sus ciudadanos cuando la distancia los vuelve invisibles. Un colombiano en Biddeford, en Queens, en Madrid o en Melbourne sigue llevando consigo una parte de la historia nacional. Sus alegrías también nos pertenecen. Sus dolores también deberían hacerlo.

Porque antes que inmigrante, antes que colombiano, antes que cualquier categoría jurídica, Joan Sebastián Durán Guerrero era un ser humano. Su vida valía exactamente lo mismo que la de cualquier ciudadano del mundo. El llamado urgente que deja su muerte trasciende a Colombia y a Estados Unidos: que nunca olvidemos que la dignidad humana no depende de un pasaporte, de una visa, de un permiso de trabajo, del idioma, del color de la piel o del lugar donde alguien nació. Si permitimos que una vida valga menos por cualquiera de esas razones, habremos empezado a perder algo mucho más grande que una discusión sobre inmigración: habremos empezado a perder nuestra propia humanidad.

Cuando Lamine Yamal (de padre marroquí y madre ecuatoguineana), Aymeric Laporte (nacido en Francia) o Nico Williams (de padres ghaneses) saltan al campo con la camiseta de España, se hace presente un país que hace tiempo dejó de ser tan homogéneo como algunos todavía imaginan. Basta mirar el once titular para entender que la España de hoy también se escribe con apellidos de diversas ascendencias y procedencias, uniendo historias en torno a un balón. Ese engranaje colectivo ha llevado al equipo a disputar la final de la Copa del Mundo de 2026, apenas la segunda de su historia tras el título conquistado en Sudáfrica 2010.

No se trata de una excepción ni de una coincidencia generacional. Es el reflejo de una transformación social que lleva décadas ocurriendo y que el fútbol, una vez más, ha hecho visible antes que muchos otros espacios. Esta vez, además, lo hace desde el mayor escaparate posible: una final mundialista.

El deporte tiene esa capacidad. Allí donde la política suele dividir y el debate público se enreda en discursos, el fútbol simplifica las cosas hasta su esencia. El balón no distingue entre orígenes, religiones o acentos. Solo pregunta quién está mejor ubicado, quién corre por el compañero y quién entiende el juego colectivo. En ese pequeño universo de noventa minutos, la confianza deja de construirse sobre la identidad de cada uno y pasa a depender de algo mucho más sencillo: la capacidad de hacer bien tu parte para que el equipo funcione.

Quizá por eso el fútbol resulta tan interesante para quien observa las sociedades. Los antropólogos solemos decir que los rituales revelan aquello que una comunidad considera valioso. Y pocos rituales contemporáneos tienen tanta fuerza como un partido de la selección nacional. Millones de personas cantando el mismo himno, celebrando el mismo gol y abrazándose con desconocidos hablan menos del deporte que de una necesidad profundamente humana: sentirse parte de una comunidad.

Porque una selección nacional nunca representa únicamente a los mejores futbolistas de un país. También representa la idea que ese país tiene de sí mismo. Y esa idea, como toda identidad colectiva, nunca ha sido estática. Se transforma con las generaciones, con las migraciones y con los cambios culturales. El fútbol, simplemente, hace visible esa evolución.

En ese escenario, la diversidad deja de percibirse como una amenaza y se convierte en un activo. No porque desaparezcan las diferencias, sino porque el objetivo compartido las vuelve secundarias. Ganar exige cooperación. Y cooperar implica reconocer que el talento puede venir de cualquier lugar.

Sin embargo, ahí aparece una paradoja que merece ser observada con calma.

Resulta relativamente fácil admirar al hijo de inmigrantes cuando marca el gol que clasifica a España para una final. Más difícil parece aceptar esa misma diversidad cuando abandona el estadio y vuelve al barrio, al colegio, al trabajo o a la administración pública. El aplauso deportivo no siempre encuentra continuidad en la convivencia cotidiana.

No es un fenómeno exclusivo de España. La historia del deporte está llena de atletas que fueron elevados a símbolos nacionales mientras, fuera del campo, seguían enfrentando prejuicios que el éxito deportivo apenas conseguía disimular. El reconocimiento muchas veces llega antes al rendimiento que a la persona.

Y quizá ahí reside el verdadero valor de esta generación de futbolistas. Más allá de los títulos que pueda conquistar, está contribuyendo —consciente o inconscientemente— a normalizar una imagen de país que ya existe, aunque no todos la hayan asumido con la misma naturalidad. Cada partido ayuda a ampliar la idea de quién puede representar a una nación.

El fútbol no resuelve los desafíos de la integración. Nunca lo ha hecho. Pero sí tiene una enorme capacidad para modificar imaginarios colectivos. No cambia una ley ni elimina un prejuicio de un día para otro. Lo que sí puede hacer es algo igual de poderoso: ampliar el marco de lo que una sociedad considera normal, legítimo y propio.

El verdadero examen comienza cuando el árbitro pita el final. Porque la pregunta ya no es si España puede ganar con una selección diversa; esa respuesta hace tiempo está sobre el marcador. La cuestión es otra: ¿está la sociedad dispuesta a asumir, fuera del estadio, la misma idea de comunidad que celebra cada vez que la selección sale a jugar?

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