incertidumbre. Al momento de escribir esta nota, se está a 8 horas de que este personaje,
enfrentado a Irán, pueda desatar una hecatombe.

Alejandro se pasea solo en el estanque artificial de agua. Es el único que se mantiene fresco porque ningún otro cocodrilo se atreve a entrar en esa poza mientras este macho de casi cuatro metros de largo esté sumergido. Para refrescarse, los otros reptiles que comparten el mismo espacio deben ingresar al mismo tiempo o esperar a que Alejandro decida salir del agua, así evitan cualquier inconveniente, porque este cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus), como todos los de su especie, es muy territorial.

Cuando sale, su presencia es imponente. Pero no es el único que impacta en el Centro de Conservación del Cocodrilo de Tumbes. La imagen también es asombrosa cuando todos los otros cocodrilos dentro del corral se deslizan para entrar o salir de las pozas.

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Detrás de las mallas parecen petrificados bajo los 32 grados que marca el termómetro ese sábado por la mañana en que un equipo de Mongabay Latam recorrió el centro de conservación. Este sitio forma parte del Centro de Acuicultura Tuna Carranza, ubicado en Puerto Pizarro, Tumbes, en el norte de Perú, un lugar destinado a la protección de esta especie en cautiverio, al ecoturismo y a proyectos de investigación para la reproducción de conchas negras y de peces como el robalo.

“Los turistas que vienen se asombran cuando nosotros estamos adentro, haciendo mantenimiento, a veces preguntan ¿por qué no los agreden? Yo les digo: porque ellos han nacido acá, están acostumbrados a la presencia humana, pero tampoco son muy confiables», dice Juan Manuel Pulache, quien forma parte del equipo de cinco técnicos y dos profesionales que se encargan de atender todos los días a los 321 cocodrilos que viven en este centro.

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Tres décadas cuidando al cocodrilo

Pulache y el resto del equipo ingresan a los corrales para atenderlos. Entran cuando se percatan de que los cocodrilos han pasado mucho tiempo fuera del agua de las pozas para lograr que se deslicen dentro del agua. También para alimentarlos con trozos de pollos o pescados y mientras lo hacen, quienes observamos desde el borde de los corrales podemos ver cómo devoran sus presas con sus afilados dientes.

Diego, un cocodrilo grande de tres metros y medio y más de 40 años, es otro de los engreídos de Pulache, junto a  Chalo y Godzilla. Actualmente hay 321 cocodrilos en este centro de conservación distribuidos en 12 corrales. Por ahora, los machos están separados de las hembras porque el centro ha alcanzado la capacidad máxima para albergar a los animales, por tanto, ya no deben reproducirse. “El Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] nos ha recomendado que hagamos un paréntesis en la reproducción”, comenta el ingeniero pesquero Flavio Saldarriaga, responsable del Centro de Acuicultura Tuna Carranza del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

Mientras caminamos entre los corrales donde viven los cocodrilos, Saldarriaga cuenta cómo nació este centro de conservación. “En 1996 se hizo la captura de 40 animales para ponerlos en cautiverio. Ahora tenemos 321 cocodrilos de diferentes estadios: juveniles, adultos y reproductores”.

El cocodrilo de Tumbes, también llamado cocodrilo americano, es una especie que habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Aunque está considerado como Vulnerable en toda su extensión, en Perú aparece En Peligro Crítico de extinción.

“En su hábitat natural las densidades poblacionales son bajas, por eso se encuentra categorizada En Peligro de extinción y bajo el Apéndice I de CITES [Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres]”, agrega Saldarriaga. En el Apéndice I se incluyen las especies con el mayor riesgo de extinción, por tanto, está prohibido su comercio internacional.

La caza ilegal para el comercio de su piel y de su carne ha sido una de las causas de la reducción de la población de esta especie. “La expansión agrícola y la expansión acuícola ha reducido también el hábitat del cocodrilo”, agrega Saldarriaga.

Otra causa para la reducción de la población de esta especie tiene que ver con la disminución de su alimento. “El río Tumbes se ha visto amenazado por la contaminación de sus aguas a consecuencia de los residuos de la minería ilegal que llega desde Ecuador”, explica Harold Sánchez, director de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico de Acuicultura de Fondepes, un organismo que forma parte del Ministerio de la Producción (Produce).

Sobre la problemática de la contaminación explicó que la polución de la cuenca Puyango-Tumbes proviene de las actividades mineras en Ecuador (provincia de El Oro) y la inadecuada gestión de los residuos vertidos a lo largo del río.

Esta contaminación reduce la cantidad de peces que son el alimento de los cocodrilos. A ello se suma que esta disminución de peces también impacta en la población de las aves, que muchas veces son también alimento de los cocodrilos, por tanto, “cada vez encuentran menos alimento”, agrega Sánchez.

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Una población en recuperación

“El cocodrilo de Tumbes es una de las especies únicas en Perú. Se le encuentra en todo el departamento, pero mayormente desde el origen del río Tumbes hasta la desembocadura en el mar”, explica George Reyes Rueda, médico veterinario zootecnista de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios de Tumbes.

Reyes reafirma que esta especie llegó al borde de la extinción como consecuencia de la caza ilegal para la comercialización de su piel. “Era muy difícil verlo en su hábitat natural, pero actualmente podemos verlos por diferentes zonas en el departamento de Tumbes, gracias a los cuidados, al monitoreo, a todos los esfuerzos que se han sumado para su protección”, dice Reyes.

Sin embargo, las amenazas para esta especie no se han terminado. Reyes cuenta que en diciembre de 2025 la Policía incautó 37 crías de cocodrilo que estaban siendo trasladadas en un vehículo, posiblemente para el comercio ilegal. Tras el decomiso, los pequeños cocodrilos fueron liberados en su hábitat natural.

También se han dado casos en los que se han encontrado cocodrilos en las playas. “Hace poco encontramos un cocodrilo de 3.5 metros de largo en playa Hermosa [distrito de Corrales, Tumbes] y lo entregamos en custodia al centro de conservación, debido a su tamaño es un poco difícil devolverlo a su hábitat.”, cuenta Reyes. “Cuando son más pequeños si es posible llevarlos a su hábitat natural”.

“La demanda de espacio para la expansión agrícola y urbana va reduciendo el hábitat del cocodrilo, es por eso que buscan otros lugares y muchas veces terminan en canales de regadío agrícola, cerca de los pueblos, como en el caso de Corrales; también son arrastrados al mar en temporada de lluvia y llegan a las playas”, explica Reyes.

Mientras esto sucede en su hábitat natural, dentro del centro de conservación los especialistas se esfuerzan por conocer más de esta especie. “Evaluamos su comportamiento, su alimentación y tenemos todos los protocolos para el manejo en cautiverio desde que el animal nace”, explica Saldarriaga.

Enero es el mes en que nacen los cocodrilos y desde ese momento empieza la etapa de adaptación del neonato. Los siete primeros días se les da alimento, porque estos animales comienzan a comer a partir de los siete días de nacido. “Les damos papilla de hígado de pollo  mezclados con cangrejos, con peces, hacemos una molienda y la complementamos con vitaminas de acuerdo al peso corporal”. Para el segundo año se les cambia de dieta y los alimentan con pollo picado. A medida que van creciendo las presas de pollo son más grandes pero siempre tienen complementos vitamínicos. “Ese es nuestro protocolo de alimentación”, explica Saldarriaga.

De acuerdo con el Protocolo de Crianza del Ccocodrilo de Tumbes, elaborado por Fondepes, el centro de conservación fue establecido para la crianza en cautiverio de esta especie y garantizar procesos posteriores que eviten su extinción. Por ahora no se han establecido las condiciones para que los especímenes que habitan en el Tuna Carranza retornen a su hábitat natural.

Otro protocolo que han elaborado en el centro de conservación es el manejo de la reproducción. “Manejamos la proporción sexual que debemos tener en un corral. Nosotros hemos trabajado con la proporción de un macho y cuatro o cinco hembras. También hemos evaluado el comportamiento de la hembra cuando está cuidando su nido. Toda esta información sirve para la academia y para los estudiantes de veterinaria, pesquería, ingeniería forestal y medioambiente que vienen al centro para hacer sus prácticas”.

En el laboratorio del centro de conservación también analizan muestras de sangre de los cocodrilos y enseñan a los practicantes a pesarlos, tomarles la talla, la temperatura corporal de los animales, cortarles las uñas a los cocodrilos y hacerle curaciones.

También analizan el fitoplancton y zooplancton de los tanques de agua para saber cuáles son las microalgas dominantes en este cada de agua, entre otros análisis para mantener en buen estado a los cocodrilos.

Harold Sánchez, de Fondepes, aclara que el costo de este centro de conservación es de alrededor de medio millón de soles al año (unos 150 000 dólares), considerando la población actual. La propuesta inicial del centro de conservación, explica Sánchez, era llegar a reproducir 1000 cocodrilos en cautiverio para empezar a liberarlos en su medio natural.

Pero esto no ha ocurrido, pues para que se concrete se tendría que ampliar la infraestructura y contar con por lo menos el triple de presupuesto para su funcionamiento. “Cuando son pequeños pueden estar juntos en un corral, pero cuando crecen se ponen territoriales y pueden ser agresivos, entonces, es necesario separarlos. Si no contamos con más corrales tenemos esa limitación, por eso hemos frenado la reproducción”, comenta Sánchez.

Alejandro, Diego, Chalo y Godzilla, por ejemplo, son grandes cocodrilos que dominan el espacio en el que se encuentran. Por ahora, no hay opción a un crecimiento. La propuesta que se mantiene pendiente hace ocho años es concretar la transferencia del centro de conservación al Gobierno Regional de Tumbes.

“Actualmente, Fondepes asume el cuidado de los animales, pero ya hemos decidido que se tiene que transferir no solo la infraestructura, sino también el encargo del cuidado de esta especie”, afirma Sánchez. Sin embargo, el funcionario de Fondepes aclara que el proceso de transferencia está suspendido porque actualmente la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está actualizando las directivas de transferencia para que se concrete el proceso no solo para este sector, sino para todos los sectores. “Es un tema normativo, un documento de gestión que ya ha sido elaborado y se encuentra en revisión”.

Mientras las decisiones administrativas siguen su proceso y se decide si los trabajos de conservación de los cocodrilos en Tumbes en el centro Tuna Carranza pasan pronto a manos del gobierno regional o permanecen a cargo de Fondepes, este refugio mantiene sus puertas abiertas para los visitantes que quieren conocer a la especie y ver a sus cuidadores interactuar con ellos.

“Siempre mantenemos una distancia de ellos, no los molestamos, ni los tocamos. Siempre hay respeto hacia ellos. Cuando son pequeñitos podemos cogerlos, pero cuando son grandes lo hacemos entre varios, solo si es necesario” dice Juan Manuel Pulache. “A veces, mientras  guío a los turistas, llamo a los cocodrilos por su nombre y ellos vienen hacia mí”.

*Imagen principal: el cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Foto: Leandro Amaya/Mongabay Latam.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia sigue necesitando un centro político. Pero no cualquier centro: uno que no esté obsesionado con caerle bien a todos. El país requiere un centro que convoque desde la diversidad, que represente de verdad una pluralidad de voces y visiones, y que no tema enfrentarse —con la misma claridad— a los extremos. Porque hay un problema evidente en querer quedar bien con todo el mundo: en el intento de no perder un electorado, se puede terminar perdiéndolos todos. Experiencias internacionales del siglo XX lo muestran con claridad: liderazgos como el de Adolfo Suárez en la transición española o el de Helmut Kohl en la reunificación alemana consolidaron proyectos de centro con vocación de poder porque asumieron posiciones definidas, mientras otros intentos centristas naufragaron precisamente por su ambigüedad.

Convocar implica tomar riesgos. Implica medirse, pero también construir con los cercanos antes de intentar seducir a los lejanos. En ese sentido, la consulta con Claudia López no solo era conveniente: era necesaria. No únicamente para contar votos, sino para consolidar un liderazgo dentro de un sector que hoy luce disperso, casi huérfano. Ese liderazgo —claro, firme, reconocible— es precisamente lo que más urge.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿dónde están los otros nombres? ¿Dónde está Alejandro Gaviria? ¿Dónde está Luis Gilberto Murillo? incluso en el centro izquierda ¿Dónde está Roy? ¿Dónde están quienes, en distintos momentos, parecían llamados a estructurar una alternativa de centro con vocación de poder? El vacío no es solo de candidaturas; es de dirección, de narrativa, de propósito.

Porque el centro que Colombia necesita no puede ser tímido. Tiene que ser intenso, incluso agresivo en términos electorales. Debe estar dispuesto a meterse en el fango de las preguntas difíciles: defender sin ambigüedades la Jurisdicción Especial para la Paz y el sistema integral de justicia, insistir en que la desigualdad y la falta de creación de riqueza son problemas estructurales —no narrativas ideológicas—, y rechazar la tentación de normalizar un país partido en dos. Ese tipo de firmeza, en contextos complejos, también se vio en liderazgos como los de Franklin D. Roosevelt, que enfrentó la desigualdad con reformas profundas, o Konrad Adenauer, que entendió que la reconstrucción exigía decisiones difíciles y sostenidas.

No hay excusas para que la mitad de Colombia siga atrapada en la pobreza y la informalidad. Y decir esto no es una consigna contra la riqueza; al contrario. Ojalá haya más riqueza y más ricos, más empresas, más inversión. Pero también más responsabilidad. Porque un país menos desigual no solo es éticamente superior: es, también, un mejor negocio para todos.

Ese centro debe ser capaz de sostener posiciones incómodas: enfrentarse a veces a los grandes capitales, a veces a los gremios, a veces a los sindicatos, y sí, también a ciertas demandas de las propias comunidades. No es una tarea sencilla, ni una sociedad fácil. Pero es precisamente ahí donde aparece la necesidad de un liderazgo con carácter, con método, con ética y con una comprensión clara de que el cambio es necesario, pero debe ser posible. Lo que el país necesita no es una gran sociabilidad ni una gran empatía; lo que se necesita es una enorme responsabilidad y la fuerza para enfrentar lo que se avecina.

Y ahí es donde surge la duda y la oportunidad de fondo de Fajardo. No sobre su integridad, ni sobre su discurso, sino sobre una virtud esencial para el momento político que vive Colombia: la capacidad de liderar y convocar su propio sector. De ordenar, de representar con claridad la pluralidad del centro, de construir una fuerza que no solo exista en el plano moral, sino también en el electoral.

Porque al final, un centro sin liderazgo no es un punto de equilibrio: es un espacio vacío.

Ese cuento de que toca conquistar al centro puede ser un sofisma: la falacia de distracción.

El otro día la portera me dijo: —“Usted es de los poquitos en este edificio que habla bien de Petro”. La frase me dio mucho qué pensar, porque sé cómo piensan esos otros residentes y cuáles son sus preocupaciones reales.

Más de 17 millones de colombianos pertenecen a eso que llaman la clase media, aquella franja de la población ubicada por lo general en los estratos 3 y 4: Hogares que sumando el ingreso per cápita (por persona), ganan hasta $4.835.315 al mes, según el Dane.

Quienes devengan más de $5 millones de pesos mensuales pueden considerarse clase alta. Por debajo están la clase baja (con ingresos inferiores a $420.676) y la clase vulnerable (con ingresos por debajo de $781.000), de acuerdo con la clasificación que hace la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Según Portafolio, “en 2024, el 34,4% de la población en Colombia se ubicó en la clase media, lo que corresponde a cerca de 17,7 millones de personas en un país con una población aproximada de 51,5 millones”.  Diecisiete millones de almas representan un caudal atractivo para ganar una elección presidencial, sí, pero el asunto es cómo seducir a una población que anhela continuar en ascenso.

Con el 35% de intención de voto que le otorgan las encuestas a Iván Cepeda —una cifra bastante alejada de la mitad más uno para ganar en primera vuelta—, esa clase media puede ser hoy el mayor obstáculo para la izquierda o, al mismo tiempo, representar una oportunidad para buscar dentro de ella los votos que le faltan al Pacto Histórico para siquiera soñar con renovar por otros cuatro años su contrato con la Casa de Nariño.

La clase media son una especie de Ninis: Ni pobres, ni ricos, pero con la ambición lícita de saltar hacia el siguiente estrato (no descender en todo caso). En ese orden de ideas, de manera consciente o inconsciente, podría estar evaluando cuál es ese candidato o programa de gobierno que no se interpone en su lógica aspiracional. Porque la clase media quiere algo más que el pan que reclaman los pobres. 

Quienes se mueven en esa franja, no piensan en términos de derecha, izquierda o centro. Una encuesta callejera sería suficiente para determinar que el ciudadano común no comprende el significado de esas palabras desde una perspectiva ideológica, como no sea asociándolas a un rostro. El colombiano corriente entiende la política en términos de amores y odios, porque eso han implantado en su mente los propios políticos. Por eso, ningún argumento por fuera de esos dos sentimientos convencerá a un convencido de lo contrario.

La clase media piensa en términos monetarios; es decir, en quién sería la persona que mejor les cuide el bolsillo o, dicho de otra forma, quién tiene el remedio menos perjudicial para los privilegios conquistados. Así es como la gente —más pragmática que los políticos— entiende una campaña presidencial. ¿¡Para qué buscarle la quinta pata al gato!?

Es decir, las personas clase media piensan en asegurar su discreto tren de vida —los ingresos suficientes para cubrir ciertas comodidades, léase calidad de vida—: propiedades, colegio medianamente bueno para los hijos, recreación y una vida social activa, viajes y, muy importante, contar con empleada doméstica del estrato 1 y 2 (o al menos con la señora de por días, así las llaman), que en eso la clase media se parece a la clase alta, con marcadas diferencias, claro está.

La clase media colombiana goza de ciertos privilegios pero desea más, y en virtud de ello son personas con una conciencia social más teórica que auténtica. “No tiene conciencia de clase, tiene conciencia de estatus”, dice el filósofo español Antonio Gómez Villar. A mi modo de ver, les puede sonar muy bonito el discurso sobre la justicia social, pero a la hora aplicarlo se muestran reticentes a meterse la mano al dril, precisamente por su condición de Ninis.

Primero está su confort, ganado a pulso, con sacrificio y deudas en los bancos -nadie dice lo contrario-, que las necesidades ajenas. Al fin de cuentas, el capitalismo y el poder adquisitivo se rigen bajó la misma lógica: la del sálvese quien pueda. Es una mirada bastante egoísta en un mundo cercado por la miseria, pero es lo que hay. Por supuesto, los Ninis no tienen la culpa de los millones de desarrapados que pueblan la Tierra.  

Estrato versus sensibilidad social

Mientras la clase alta se protege en su hermética burbuja, viviendo a sus anchas y sin afugias, la clase media considera la paz como algo importante más no urgente, porque la guerra no está en sus narices, ni la pobreza respirándoles en la nuca. Lo que ocurre en los territorios apenas les alcanza para santiguarse a la hora del noticiero, porque luego viene la telenovela y el reality show qué son los más efectivos anestésicos contra la realidad nacional, tan cruda y dura pero siempre ajena, distante.  

Son los pobres (los estratos 1 y 2 o clase obrera que llaman), los que ponen sus esperanzas en el progresismo, en que un día alguien los sacará de pobres como prometía la propaganda de cierta lotería. Los ricos, pero sobre todo los superricos colombianos —aquellos a los que Petro quiere imponerles más impuestos sin conseguirlo— tienen dinero de sobra y saben que necesitan muchas vidas para gastarlo, y aun así no están dispuestos a compartir sus tesoros con nadie. Hay pruebas de ello.

El discurso sobre la redistribución de la riqueza es ese vals que nadie quiere que le toquen. Prefieren poner a salvo su capital en paraísos fiscales, donde cada centavo esté a salvo de gravámenes o cargas impositivas onerosas.  Según el diario El País, el 40% de las personas que hacen parte del 0,01 % con más riqueza de Colombia, admitió que evadió impuestos. No entiendo por qué nadie se ha escandalizado.

En una sociedad tan desigual como la colombiana, la falta de sensibilidad social debe verse como un problema grave que profundiza las injusticias. Veámoslo a la luz de las estadísticas reales. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay más de 10 millones de personas afectadas por el conflicto armado, de las cuales más de 7,8 millones son sujeto de atención y reparación.

Si Colombia fuera un país con conciencia social sobre su tragedia histórica, diez millones de personas y sus familias serían suficientes para elegir a un candidato que ponga la paz como eje central de su plan de gobierno. Pero insisto: la paz no hace parte de la canasta familiar de los colombianos y por eso estamos condenados a la sinrazón de los conflictos no resueltos que continuarán sin nosotros cuando hayamos desalojado este mundo, porque tristemente llegamos a un nivel de polarización tal, que estar a favor de la paz da votos, lo mismo que oponerse a ella.

¿La prueba?  Llevamos diez años y tres gobiernos sin que se implemente debidamente lo acordado con las FARC en 2016. Y peor que eso: si la derecha y la extrema derecha ganan la presidencia, (en cabeza de Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella), figuras como el tribunal de la JEP, creado para buscar verdad, justicia y reparación, podrían desaparecer, y podrían truncarse otros avances significativos.

A tal nivel de inconciencia colectiva hemos llegado, que los propios congresistas que aprobaron la Ley de Víctimas y Restitución de tierras dejaron plantadas a las víctimas el 9 de abril, día escogido para honrar cada año su memoria. Cuando un país pierde el rubor y la vergüenza, ¡qué importa lo demás! A veces pienso que si esta nación se mueve es por osmosis, por una fuerza superior distinta a la humana, porque hace rato se perdió toda voluntad política que permita enderezar nuestro destino común. Y no habrá redención, sin una clase política dispuesta a construir un legado que perdure en el tiempo. Que distinto sería si en 50 años alguien pudiera hablar algo bueno, aunque sea una sola cosa, de alguno de los políticos de hoy. Es pedir demasiado.

Iván Cepeda, doblemente víctima del conflicto colombiano —luego de que asesinaron a su padre en 1994, él huyó por su vida a otro continente— tiene la conciencia social del país perseguido y despojado, pero esa no es una carta suficiente en una nación donde el dinero se ha impuesto sobre la sangre derramada.

Por encima de la paz, e incluso de la seguridad, el colombiano promedio vota con la mano puesta en el bolsillo, no en el corazón. Y la clase media tiene claro que los empresarios (clase alta) generan el empleo que da estabilidad a sus familias, pero no ha entendido que hay una población trabajadora —clase baja y clase media— que está ayudando a generar esa riqueza, que está bien pero mal distribuida. Porque de la clase media hacia abajo todos son clase trabajadora o asalariada, sin importar qué tantos ingresos tengan unos y otros según las odiosas etiquetas de la estratificación socioeconómica. 

El candidato que sea capaz de seducir a esa clase media con un discurso que reconcilie lo económico con lo social —es decir, que tenga la virtud de reconciliar a pobres y ricos, a empresarios y clase trabajadora—, podría inclinar la balanza a su favor de aquí a las elecciones del 31 de mayo.

Me gustaría tener la certeza de que un político y filósofo como Iván Cepeda puede ser esa persona. Pero veo a la izquierda muy triunfalista, alérgica a la autocrítica y demasiado confiada en su liderazgo en las encuestas. En la siguiente columna me referiré a los pecados que podrían arruinar a fiesta. 

En particular, el sistema de seguridad colectiva que dio origen a la ONU en 1945 representó una apuesta ambiciosa y, en su momento, indispensable. Su promesa consistía en reemplazar la fuerza por el derecho, la guerra por la diplomacia y la unilateralidad por la cooperación internacional. Durante décadas, ese diseño otorgó legitimidad al multilateralismo y permitió consolidar un marco normativo sin precedentes, sostenido en la premisa de que el sistema internacional podía regirse por reglas relativamente claras. Esa promesa, sin embargo, dependía de un tipo de orden histórico que ya no existe.

Hoy el mundo está atravesado por conflictos híbridos, actores no estatales, ciberamenazas, riesgos nucleares y crisis localizadas que producen efectos energéticos, financieros y humanitarios de alcance global. Basta con mirar la prolongación de la guerra en Ucrania, la devastación humanitaria en Gaza, la persistencia de situaciones críticas en Sudán y en el Sahel, así como la escalada en torno a Irán y al estrecho de Ormuz, para advertir no solo la magnitud de los desafíos actuales, sino también la dificultad de la comunidad internacional para articular respuestas efectivas.

Ahora, si hay un lugar donde la ineficacia de esa arquitectura institucional se hace especialmente visible, es en el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en 2024 se registraron siete proyectos de resolución vetados, la cifra más alta desde 1986 para este tipo de bloqueos. Lejos de tratarse de un episodio excepcional, la tendencia se mantuvo en 2025, cuando el Consejo volvió a registrar nuevos vetos en asuntos críticos como Gaza y Ucrania, lo que confirma la persistencia de una  estructura dentro del sistema. Más recientemente, Rusia y China vetaron una resolución orientada a coordinar esfuerzos para proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, pese al respaldo mayoritario del resto de los miembros del Consejo. Así, cuando el principal órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales queda una y otra vez condicionado por los intereses de las grandes potencias, la seguridad colectiva deja de operar como un principio efectivo y empieza a desgastarse también como promesa política.

No se trata, entonces, de una falla coyuntural ni de un problema meramente procedimental o de gestión. La ineficacia del modelo de seguridad colectiva de las Naciones Unidas se debe a factores estructurales. Los intentos de reforma del Consejo de Seguridad y del sistema multilateral tropiezan desde hace décadas con obstáculos reiterados. Las potencias con derecho de veto, justamente porque ese privilegio garantiza su influencia en el diseño institucional, suelen bloquear cualquier propuesta que pueda limitarlo.

A ello se suman las tensiones geopolíticas, la competencia estratégica y la defensa cerrada de intereses nacionales, que han impedido avances sustantivos en asuntos como la ampliación del Consejo o la regulación del uso del veto. En otras palabras, los mecanismos de poder preestablecidos siguen priorizando un statu quo, a todas luces indefendible, por encima de la adaptación a las nuevas condiciones del sistema internacional.

Reconocer esta crisis no implica negar el papel que Naciones Unidas ha desempeñado en ámbitos como la asistencia humanitaria, la cooperación internacional para el desarrollo o la atención a poblaciones especialmente vulnerables. Pero también sería ingenuo suponer que ese saldo parcial compensa el deterioro de sus funciones centrales. Incluso esos programas, valiosos en muchos contextos, requieren hoy una revisión profunda, no para desmantelarlos, sino para hacerlos más eficientes, más pertinentes y más visibles en sus resultados. La ONU ha acumulado durante décadas una burocratización excesiva y una distancia cada vez mayor respecto de su espíritu fundacional. Y esa distancia resulta especialmente preocupante para la prevención de conflictos y la respuesta institucional cuando la seguridad internacional entra en crisis.

Por otra parte, también existe un desgaste moral y simbólico que merece tomarse en serio. La organización surgió de la convicción de que, tras la devastación de las guerras mundiales, era necesario construir un marco normativo capaz de limitar la soberanía estatal absoluta y de situar la paz, los derechos y la cooperación por encima de los intereses unilaterales de los Estados. Esa era, en el fondo, su ambición civilizatoria.

El panorama actual, sin embargo, deja ver hasta qué punto ese horizonte se ha erosionado. El Estado nación mantiene plena vigencia y la unilateralidad estatal —precisamente aquello que el multilateralismo buscaba contener— ha recuperado una centralidad evidente en el sistema internacional. Los marcos multilaterales subsisten, por supuesto, pero con mucha frecuencia operan más como escenarios de disputa entre intereses nacionales que como límites reales a su ejercicio. Por eso, parte de la crisis actual de Naciones Unidas es también la crisis del ideal político y moral que le dio origen.

Ahora bien, más allá del caso del Consejo de Seguridad, resulta claro que la actual crisis del multilateralismo no puede entenderse únicamente como un problema de gestión institucional. Las discusiones recientes sobre la reforma de la gobernanza global apuntan, cada vez con mayor claridad, a algo mucho más profundo. No basta con hacer más eficientes los mecanismos existentes; es necesario repensar la manera misma en que se distribuyen responsabilidades, capacidades de respuesta y la fuente misma de legitimidad dentro del sistema internacional. Ello exige avanzar hacia una gobernanza mejor articulada entre los niveles nacional, regional y global, con una mayor capacidad de respuesta en los ámbitos más cercanos a cada crisis y con redes de rendición de cuentas más sólidas allí donde todavía sea posible construirlas o preservarlas.

En este orden de ideas, uno de los errores más persistentes del enfoque tradicional ha sido asumir que la respuesta a las crisis internacionales debe centrarse casi exclusivamente en los grandes organismos de alcance global. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que la contención de una deriva autoritaria, de una ruptura institucional o de una escalada bélica depende también de otros planos de acción: de la capacidad de mediación de los entornos regionales, de los instrumentos de rendición de cuentas que puedan agenciarse desde la sociedad civil y, cuando todavía existen, de las instituciones internas que conservan algún grado de autonomía.

Desde luego, estos contrapesos no están disponibles en todos los contextos; en muchos países han sido capturados, debilitados o simplemente no existen. Esto obliga a abandonar la idea de que las crisis internacionales pueden seguir gestionándose exclusivamente desde estructuras globales y, en cambio, a avanzar hacia mecanismos más realistas de articulación entre niveles nacionales, regionales y multilaterales.

Lo que hoy está en entredicho no es la necesidad del multilateralismo, sino la pretensión de que sus viejas estructuras sigan ofreciendo respuestas pertinentes. Insistir en fórmulas institucionales heredadas equivale, en el fondo, a una lectura del mundo que ya no corresponde a la realidad. Sin una reforma profunda, la ONU, particularmente, seguirá debilitándose hasta perder paulatinamente su relevancia internacional. Y es precisamente en ese punto donde se juega algo mucho más profundo que el destino de una organización. Lo que está en juego es la capacidad del orden multilateral para seguir ofreciendo respuestas legítimas y eficaces a desafíos que ninguna sociedad puede enfrentar por sí sola. Sin transformaciones reales, el debilitamiento del multilateralismo solo abrirá nuevamente espacio a formas aun más pronunciadas de unilateralidad, cuyos costos históricos para la vida, la paz y la estabilidad de la humanidad, tristemente, conocemos bastante bien.

Bueno, muchas gracias por esta entrevista, yo quiero empezar hablando un poco de estos años, de ese reto de asumir la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica y quizás de todo lo que te ha tocado aquí, pero sobre todo ese reto más difícil. ¿Cuál es el reto más difícil de lo que te ha tocado, la complejidad más grande de haber asumido la dirección del Centro Nacional de Memoria?

A ver, esa pregunta es sustancial para entender lo que hemos hecho en todos estos meses de gobierno. Al entrar al Centro, de las palabras más comunes que escuché fue producto. Y yo, fue una de las cosas que más me interpelaron, porque yo no considero que ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación, ni las investigaciones, ni el conflicto sean un producto, sino que se necesita un proceso. Y si nosotros no entendemos la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad como un proceso y lo manejamos como un producto, no va a tener las consecuencias tan importantes que implican escuchar, y para escuchar se requiere un proceso, porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, a nosotros no nos enseñan culturalmente a escuchar, ni en el colegio, ni en la casa, ni en la sociedad escuchamos. Entonces es quizás uno de los retos más significativos, y eso estamos aprendiendo, eso ha sido la fuerza de escuchar todas las memorias, todas. Me acuerdo en un territorio que me decían María, no señora, usted no puede escuchar a los paramilitares, usted no puede escuchar a los guerrilleros, usted no puede escuchar a los delincuentes, y yo les decía, pero si no escucho a los responsables, ¿cómo voy a entender sus acciones para poder explicar este conflicto? Tengo que escuchar, eso no quiere decir que sea empática con lo que hicieron, eso no quiere decir que justifique lo que hicieron, pero nosotros tenemos que escuchar, escuchar no implica aceptar lo que el otro está diciendo, y eso es dificilísimo. Porque nosotros, y eso me pasa, yo no quiero decir que yo soy la maestra de la escucha, lejos de ahí, pero estamos en un proceso absolutamente auténtico y veraz de aprender a escuchar, porque muchas veces uno está escuchando al otro ya con todo un universo cultural y personal que nos impide recibir lo que estamos escuchando, y estamos siempre en una escucha reactiva, no receptiva. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, una escucha receptiva, y no solamente receptiva para recoger la memoria colectiva, que es lo que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica desde su primer día de nacimiento, y convertirla en memoria histórica, y memoria histórica es triangular la información, yo escucho a la víctima, o el hecho victimizante, al responsable, y también lo cotejo con archivos. Esa triangulación es la que le da fuerza al esclarecimiento de la verdad y a la memoria histórica, porque en Colombia la memoria colectiva es quizás de las expresiones también tan diversas como nuestra geografía, porque la memoria colectiva en Colombia se baila, se canta, se llora, se grita, se insulta, se pone en teatro, se escribe, se compone, se conversa, y esa diversidad es la que nos permite saber que como cantan en La Guajira, no cantan como en el Llano, y como cantan en el Llano, no cantan en el Chocó, y en el Chocó no cantan como en el Amazonas, y escuchar a todos esos cantos nos permite tener una sinfonía colectiva que nos permita construir el país que queremos, o el país que soñamos, y el país que sueña La Guajira no es el mismo país que sueña el Amazonas, ni que sueña el Chocó, ni que sueña Nariño, ni que sueño yo, porque yo qué país sueño, el de la restauración moral y democrática de la República que Jorge Eliécer Gaitán encarnó toda su vida, y por eso el 9 de abril no solamente les rindo homenaje a las víctimas del conflicto, que para mí, más allá de ser víctimas, que sí han habido un centenar de miles de víctimas del conflicto, les rindo homenaje a los líderes, lideresas y resistencias, que además han escuchado la palabra de Jorge Eliécer Gaitán, porque Jorge Eliécer Gaitán buscó ser asesinado, y claro, asesinaron su cuerpo, y eso deshizo una familia, violentó una esperanza que estaba surgiendo, pero sobre todo, destruyó una familia, una familia que tenía vocaciones distintas, y que muchos, o la gran mayoría, mujeres, hemos optado por mantener firme el legado de Jorge Eliécer Gaitán, porque es un legado que este país tiene que escuchar, entonces cuando digo que Gaitán está vivo es porque está en el territorio presente, como me dice un compañero que lo repito tantas veces, yo, María Gaitán, me convierto en el territorio en una rockstar, porque no soy yo, es Gaitán, y que Gaitán, como él decía, yo no soy yo, personalmente, yo soy un pueblo que me sigue porque lo he interpretado, y yo no soy yo, María Gaitán, yo soy Gaitán porque es un pueblo que se siente interpretado todavía por lo que dijo Gaitán hace más de 78 años, cuando fue asesinado.

Me gustaría hablar de las acciones, porque las acciones siempre cuentan mucho, este 9 de abril, quizás, no sabemos si usted va a seguir al frente del Centro Nacional de Memoria el próximo año, pero por ahora sabemos que este 9 de abril es el último en este mandato, y usted está al frente, ¿qué va a pasar este 9 de abril?

Este 9 de abril nos vamos a encontrar con más de 80 líderes y lideresas y resistencias de todo el país, que vienen a que conversemos, a que articulemos y tejamos las experiencias de los otros, a que escuchemos dolor, pero sobre todo lo más importante es a contarles que reanudamos la obra del Museo de Memoria de Colombia, y logramos reanudarla en esta administración, difícil, difícil, duro, duro, pero logramos limpiar todo un proceso administrativo que era tan complejo, que era muy difícil de darle ruta si no se hacía este trabajo metódico de ordenar la casa para poder empezar a pensar en la idea de retomar la obra. Y en este museo de más de 14.700 metros cuadrados, y con un espacio público que estamos buscando que se integre a Bogotá, que eso también lo estamos haciendo, integrar el museo a Bogotá, que no sea un edificio aislado, sino que sea un edificio que haga parte de la ciudad, de una ciudad además que tiene que escuchar el territorio, porque nosotros decimos en permanencia el territorio habla, que también Bogotá es territorio, pero es que a Bogotá le cuesta mucho escuchar al resto del país. Entonces, en este lugar es donde realmente el territorio va a hablar y el centro tiene que escuchar, y el centro es Bogotá, el centro es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y este 9 de abril en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán vamos a escuchar el territorio, en el centro, y en un lugar muy emblemático de la ciudad que es el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Hay un tema sobre todas las memorias que a mí me fascina porque realmente creo que es lo que necesita el país, encontrarse, pero vemos la polarización, vemos que esto parece que somos descendientes de ese bipartidismo que tanto nos hizo daño y del que su abuelo tanto también le hizo daño a él, y tanto lo criticó también como esa falta de dignidad moral, que me parece muy interesante esa idea que usted está devolviendo, de devolverle dignidad al país, porque cuando se ven todas las memorias se devuelve dignidad a todas las memorias también, pero…¿por qué nos cuesta tanto?

Porque yo creo que nosotros fuimos formados culturalmente y socialmente a mantener tres elementos de los cuales yo considero que son los combustibles más efervescentes para este conflicto, que son el racismo, el clasismo y la desigualdad, y eso no viene desde el bipartidismo, eso viene desde la ocupación colonial española, cuando vinieron aquí a arrebatar territorios que no les pertenecían con una arrogancia que todavía tenemos, porque los criollos recuperaron y mantuvieron la arrogancia española, y eso es lo que nos está también impidiendo escucharnos, y que todas las memorias sean tenidas en cuenta. Entonces, cuando se habla de polaridad, yo creo que esta polarización no es de ahora, sino de siempre, y como tú lo dices, Gaitán, esa polarización fue la que más atacó, pero la razón por la cual, o sea, la esencia que él atacó es por la cual a él lo atacan, Gaitán unió al país de todos los partidos, al país nacional de todos los partidos, y unió al país político de todos los partidos, y ahí sí crea una división, pero es una división distinta, es una claridad política, que es la que tenemos, pero que es súper confusa. Entonces, a partir de la Constitución del 91, ya no son liberales y conservadores esa polarización, pero sí unos totalmente polarizados, en una explosión de partidos que representan al país político y que siguen manipulando al país nacional. Pero yo creo que poco a poco ese país nacional se está despertando, y yo pienso en los jóvenes con el estallido social. El estallido social abrió un trecho y un sendero muy importante en Colombia. Y esos estallidos sociales, como el 9 de abril, fue un estallido social. El 9 de abril de 1948, que mal llaman Bogotazo, porque eso no fue en Bogotá, fue en toda Colombia. Y cuando hablan de Bogotazo es como si se limitaran para que la historia oficial piense en incendios, en asesinatos, en un país emborrachado. Sí, se emborracharon, incendiaron, pero hay que saber quiénes incendiaron también, quiénes emborracharon, porque yo sé que también el país político brindó y se emborrachó de la felicidad de haber asesinado a Jorge Eliécer Gaitán. Entonces, quiénes se emborracharon hay que saberlo, porque se emborracharon unos y otros. Entonces, la polaridad, yo creo que hay una frase de Gaitán que a mí, o un concepto de Gaitán que me parece muy importante. “Para que haya luz, tienen que existir dos polos, el negativo y el positivo.” De lo contrario no hay luz. Entonces, el problema no es que haya dos fuerzas polarizantes que permiten la luz, sino que esas dos fuerzas polarizantes no produzcan luz, que es lo que nos sucede. Por eso Gaitán decía tan sabiamente que existía un país político liberal y conservador, y un país nacional liberal y conservador, pero que si ese país político —el liberalismo y el conservatismo— no eran el polo positivo y negativo, lo que producía luz era que el pueblo fuera superior a sus dirigentes para poder nivelar y darle dignidad a este pueblo que históricamente ha sido destrozado, humillado, denigrado, convertido en miseria, por eso somos el tercer país más desigual del mundo.

Hablemos de la administradora pública también, que le tocó llegar a administrar el CNMH después de Darío Acevedo y de todo el planteamiento, de una ruptura que venía del Centro, de una ruptura del Centro con muchos historiadores, con muchos sectores también del país, ¿cómo fue retomar eso desde la administración, desde darle una vuelta también a esta institución?

Mira, yo voy a decir una frase que puede ser tomada de distintos ángulos dependiendo de quien la escuche. Cuando yo llegué a esta entidad, te digo sinceramente que yo nunca me había acercado a ella, porque inclusive en momentos en que fue muy importante en investigación, a mí la academia, como decía Jorge Eliécer Gaitán, la frialdad dolosa del académico me parece que no transforma. Da de pronto luces y claridades, pero no transforma. Por eso esos ocho años de investigaciones tan académicas, donde recogían la memoria colectiva, la convertían en memoria histórica y se quedaba enterrada en productos en bibliotecas, era algo que no me interesaba. Nunca me acerqué. Después entra ese momento con esta idea de que el conflicto no existe, sino una mano de bandoleros criminales terroristas, y que el Ejército y la Fuerza Pública eran los defensores de la patria, y eran defensores de la patria que estaban cometiendo falsos positivos. Entonces yo dije, bueno, esta institución no es ni de centro, ni de memoria, ni de historia, ni nacional. Entonces yo siempre estuve muy, muy alejada. Y cuando entré, ¿qué me pasó? Que la Fuerza Pública estaba muy empoderada de la entidad, siendo los “héroes de la patria”. Pero por el otro lado, yo había escuchado permanentemente, con gran admiración y respeto, a las madres buscadoras y a las madres de Soacha buscando a sus hijos, y donde el Ejército también cometió de las cosas más criminales que puede tener un país contra su mismo pueblo, que son los falsos positivos. Y además sabiendo que en la época de Gaitán existió la chulavita y que cuando vino el Ejército el 9 de abril, los curas les dieron aguardiente con pólvora para que asesinaran violentamente. Entonces, esta Fuerza Pública también tiene… sí, ha habido víctimas dentro del mismo Ejército, de la misma Fuerza Pública, y a ellos los escucho y avanzo con ellos. A la otra también. Pero lo que me ha parecido absolutamente fantástico es que las conversaciones iniciales que tuvimos con la Fuerza Pública, que llegaban uniformados y acartonados, pues en este momento nos estamos escuchando. Y eso para mí es un éxito y un agradecimiento infinito, porque realmente ha habido una transformación en el diálogo. Porque tanto ellos empezaron a escuchar como yo, porque esto no es de un solo lado. Yo tampoco los escuchaba porque culturalmente, históricamente, tengo mis diferencias. Pero al mismo tiempo, el último debate de Jorge Eliécer Gaitán en la madrugada del 8 de abril fue por el honor militar. Entonces traté de escuchar a Gaitán todavía y decir: quiero encontrar el honor militar de la Fuerza Pública.

Hablando de un tema que es importante para la memoria ¿Qué hacer cuando un grupo paramilitar, un grupo narcotraficante como el Clan del Golfo quiere tomar el nombre de su abuelo?

Mira, eso hace parte de lo que sí es realmente la polarización. Eso para mí sí es polarización, porque la polarización en Colombia está cargada de mentiras, está cargada de estigmatización y de tergiversación de la verdad. Y eso es lo que está haciendo este grupo criminal del Clan del Golfo, usurpando un nombre que no se le mide por ninguno de los ángulos que ellos buscan que les cuadre. El Clan del Golfo hace parte de esas pocas intenciones en este país de destruir un legado, porque lo que están buscando es destruir un legado. Pero este pueblo no es bobo. Este pueblo sabe perfectamente que Gaitán lo que buscó fue la restauración moral y democrática de la República, cosa que es absolutamente opuesta a lo que estos criminales están haciendo en este país, que es toda la falta de ética, la falta de moral, y todo por la plata, con una corrupción, con una violencia, una criminalidad que no roza a Gaitán. Yo sé que esta lucha la convertí sinceramente en algo personal, y recuerdo mucho frases que contaba mi abuela sobre su vida con mi abuelo. Cuando Gaitán había tenido un momento muy estelar en alguna parte de Colombia, los medios de comunicación, por lo general El Tiempo en ese momento, lo atacaban y decían que era un populista, negro, indio, lo insultaban utilizando además expresiones que para él eran un orgullo. Porque si uno va a la esencia misma del populismo, eso fue lo que fue Gaitán: el pueblo superior a sus dirigentes. Entonces mi abuelo leía siempre el periódico en el desayuno, y mi abuela se enfurecía, y Gaitán le decía: no te preocupes, no te preocupes. Yo sé que Gaitán me diría eso frente a lo del Clan del Golfo, que no me preocupe, pero a mí sí me toca, porque tengo una rebeldía que no me permite quedarme tranquila frente a la distorsión de un legado que fue una esperanza para Colombia. Entonces, lo que decía mi abuela, y es lo que yo le respondo a Gaitán cuando hablo de esta lucha, es: tú preocúpate por las cosas importantes que yo me preocupo por las pequeñas. Y mi abuela cogía el teléfono y llamaba al director de El Tiempo y le reclamaba. Yo tampoco permito que este grupo criminal y otros estén usurpando a Gaitán, como mi mamá siempre dice, muchos políticos hablan de Gaitán, pero al mismo tiempo la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán está en ruinas, se está cayendo, y el Exploratorio Nacional está abandonado hace más de 20 años, está en ruina, y el legado de Gaitán, el sitio donde está enterrado mi abuelo, se lo comió la maleza. Y la Universidad Nacional no hace nada y el gobierno tampoco hace nada. Entonces eso también es una agresión contra el legado gaitanista, no solamente la usurpación de su nombre.

Bueno, vamos a hablar un poquito del gobierno porque finalmente toca hablar, no puedo dejar de hablar del gobierno al cual usted también pertenece.

¿El presidente Petro escucha? ¿O a usted la escucha?

Mira, yo creo que en los pocos momentos que he tenido con Gustavo Petro han sido conversaciones muy afectuosas, muy fraternas y supremamente constructivas, porque independientemente de la cantidad de veces que haya o no haya hablado con el presidente, las veces que he logrado conversar con él, es un hombre audaz, tan creativo, que lo que uno conversa se convierte en mucho más poderoso y le abre, florecen nuevas ideas. Entonces esos momentos para mí son sagrados, son importantes.

 ¿Cuál es el legado de este gobierno frente a la memoria del país, en cabeza suya además?

 A ver, nosotros estamos dejando un Centro Nacional de Memoria Histórica con enorme sentido, y yo digo sinceramente que ese sentido no se lo pueden arrebatar, porque si se lo arrebatan pierde el Estado su deber con el país. Este Centro Nacional de Memoria Histórica no puede darle otra forma distinta a lo que hemos construido, porque lo que hemos construido es la escucha con el territorio. Eso es lo que se necesita. Hay todavía muchos procesos por afinar, porque construir y transformar en cuatro años es muy corto tiempo. Entonces, por ejemplo, ya se retomó la obra del museo, y el museo ya tiene sentido por dentro, pero ese sentido no se lo pueden transformar, porque si se transforma estamos haciendo una negación de lo que es un conflicto contado y escuchado desde el centro para el territorio. Yo creo que nosotros hemos dejado armado el Centro Nacional de Memoria Histórica, y lo más importante es la lucha de convertir esta entidad en una institución permanente, porque otra de las apuestas que consideré fundamentales era que no solamente Colombia tenía que escuchar, sino que el mundo tenía que escuchar a Colombia, y siempre uno vive que uno sale colombiano y le hablan de Escobar y se limitan a unas ignorancias informativas que son agotadoras. Lo otro es esa apuesta de contarle al mundo quiénes somos, y me encontré con una cosa maravillosa, y es que muchos museos del mundo lo que están buscando es crear en su interior centros de memoria, y nosotros hicimos al revés, pensado o no pensado, pero fue muy bien pensado en la Ley 1448 crear el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero lo que no fue positivo es que le hubieran dado un tiempo limitado a esta entidad, primero además porque seguimos en conflicto, y segundo porque experiencias de otras latitudes han demostrado que la memoria es un proceso largo, largo, largo. Pero además, por algo que usted ha dicho en algún lado, y es que la memoria es necesaria para que un país encuentre constantemente un sentido, usted no puede prescindir de la memoria, y sobre todo que nosotros somos memoria, permanentemente somos resultado de unos ancestros también, que a su vez tenían memoria, y si nosotros escuchamos a científicos, sobre todo a neuro-científicos, hablan de la importancia de la memoria en las células. Entonces si estamos permanentemente bloqueando la posibilidad de la memoria, estamos bloqueando la posibilidad de construir ese después que tanto necesitamos, y no es solamente que queramos, es que necesitamos. ¿Qué hubiera pasado en una Colombia donde no hubieran asesinado a Gaitán? ¿Qué hubiera pasado con una Colombia donde no hubiera existido esa polarización de los privilegiados? Entonces eso es lo que el Centro Nacional de Memoria tiene que seguir construyendo.

Voy a finalizar esta con una pregunta un poco psicoanalítica, me va a perdonar. ¿Qué le diría a su abuelo de eso que está haciendo usted? Si pudiera tenerlo hoy, ¿qué le diría de eso que ha hecho? De lo que está haciendo?

Pues yo le diría que lo escucho mucho y lo escucho de verdad. Pongo mucho sus discursos, muchos.

En este punto vale anotar que la Inteligencia Artificial (IA) también impactó a esta industria: ya no basta con almacenar datos, ahora hay que procesarlos a velocidades y densidades que exigen instalaciones radicalmente más sofisticadas. Un data center diseñado para IA puede consumir más electricidad que una ciudad intermedia.

Ante este panorama, la inversión global en este tipo de infraestructura de datos está desatada: en 2025, según estimaciones de Gartner y TechJury, superó los 405.000 millones de dólares. Grandes empresas tecnológicas, como Microsoft, Google, Meta, Amazon, anunciaron inversiones que no tienen comparación histórica.

América Latina no es ajena a esta ola. Brasil y México lideran la expansión regional, pero Colombia gana terreno con rapidez. El mercado colombiano de centros de datos podría pasar de 450 millones de dólares en 2025 a casi 1.500 millones en 2031, de acuerdo con las estimaciones de Arizton.

Las inversiones ya confirmadas, refrendan esta creciente tendencia. En octubre del año pasado, ODATA anunció una inversión de 1.300 millones de dólares para dos data centers en Colombia; en febrero pasado, una inversión colombiana y de los Emiratos Árabes construirán otras tres instalaciones. Las señales son claras: el país está en el radar de los grandes operadores globales.

Cali, hub de tecnología

Hay una ciudad que debería estar más presente en esa conversación: Cali. ¿Por qué? Ya mismo se los cuento.

Cuando un operador global decide dónde construir un data center, no solo busca un terreno barato: evalúa energía —disponibilidad, estabilidad y costo—, conectividad digital, agua para refrigeración, costos de construcción, régimen tributario y talento humano. En cada uno de esos criterios, Cali tiene mucho que decir y aportar. Y, en algunos, tiene ventajas que destinos como Ciudad de México, Santiago de Chile o la capital del país no pueden replicar.

La más subestimada de estas variables es el agua. Pocos saben que un data center de escala media puede consumir millones de litros de este líquido al día solo para mantener sus equipos fríos. Es un factor que los inversionistas sofisticados ya están midiendo con el mismo rigor con el que miden la energía, por ejemplo.

Según el índice WRI Aqueduct —referencia global de estrés hídrico— Colombia tiene un índice cercano a cero, mientras que México supera el nivel 4 sobre 5. Dicho de otra forma: Colombia está en el cuadrante ideal a nivel mundial (junto con Brasil y Costa Rica). México, que hoy concentra buena parte de los data centers de la región, enfrenta un riesgo hídrico que a mediano plazo será un obstáculo operativo y regulatorio real. Y al revisar las condiciones dentro de Colombia, es claro que el Valle del Cauca, bañado por varias fuentes hídricas, ofrece una ventaja comparativa con respecto a otros departamentos del país con menos acceso a fuentes de agua.

A esto se suma la energía. El Valle del Cauca generó 190 GWh de energía solar en 2025, un logro significativo si se tiene en cuenta que partió prácticamente de cero hace seis años. El departamento alberga la primera granja solar de gran escala del país y el primer sistema de almacenamiento con baterías. Además, la región tiene una red eléctrica estable con 17 subestaciones y sus costos industriales están entre los más competitivos del país. Y, como ñapa, algo que no siempre se menciona: Cali es la única gran ciudad andina con conexión directa a cables submarinos del Pacífico —MAYA, SAM, PAN-AM, entre otros— lo que le da rutas de datos internacionales que otros grandes centros urbanos del país simplemente no tienen.

El desarrollo del ecosistema tecnológico local tampoco es menor: el sector IT en Cali crece al 23% anual; cuatro de las diez principales empresas de software de Colombia tienen sede en la capital vallecaucana, y 14 de las 22 compañías líderes globales en IA ya emplean talento nativo caleño. Esto no es casualidad: es el resultado de décadas de inversión universitaria y de un ecosistema que produce ingenieros de calidad a costos que otras ciudades de la región no pueden ofrecer.

Entonces, ¿qué falta?

Para reforzar su presencia, Cali y el Valle del Cauca deben evidenciar, explícitamente, que quieren jugar en esta liga. En ese sentido, iniciativas como Cali Home4Tech —una apuesta para que la ciudad se consolide como un territorio inteligente, sostenible y global—, y la narrativa ‘Valle Verde’ —que evidencia las capacidades y facilidades que ofrece el Valle del Cauca para que las empresas alcancen sus retadoras metas de descarbonización— son decididas apuestas que demuestran la voluntad de la región por hacer parte de esta carrera por los datos y en las que convergen autoridades departamentales, locales y los demás actores del tejido empresarial de la región.

Por otra parte, Turner & Townsend —consultora global que publica el único índice mundial de costos de construcción de datacenters— ha identificado, una y otra vez, los obstáculos que tienen el freno de mano puesto para Colombia: la lentitud en permisos, la necesidad de expandir infraestructura eléctrica para cargas de alta densidad y la ausencia de una política pública local que articule suelo, energía y zonas francas con los requerimientos específicos de esta industria. Ninguno de estos es insuperable, por el contrario, todos son, en el fondo, decisiones políticas y de gobernanza que se pueden sacar adelante.

En definitiva, el mundo está construyendo la infraestructura que va a sostener la próxima década de economía digital. Las ciudades que ganen esa carrera no serán necesariamente las más grandes ni las más conocidas: serán las más preparadas. Cali tiene los cables, el agua, la energía limpia, el talento y los costos competitivos. Ahora, como en cualquier carrera, hay que emplearse a fondo para evidenciar estas ventajas y lograr así que Cali se sume al lote que lidera esta competencia global.

*Por: Valery Sanclemente, gerente de inversión en Invest Pacific

Crédito foto: Cotel Wave DC.

Sin embargo, la apuesta parece ser otra: no darle visibilidad a los contradictores, evitar las preguntas incómodas y, sobre todo, esquivar los cuestionamientos que inevitablemente lo conectan con el gobierno de Gustavo Petro y sobre los que obligatoriamente le pedirían explicaciones. El caso de la a corrupción en la UNGRD, las sombras sobre la llamada “paz total” —de la cual Cepeda ha sido uno de sus principales arquitectos— y una implementación errática que, tras años de anuncios, el país aún no logra comprender del todo, son temas que flotan sin respuesta.

A esto se suman señalamientos recientes que rozan estructuras sensibles del Estado con los computadores de alias Calarca. Frente a ese panorama, surge una pregunta inevitable: ¿tiene hoy el gobierno una incapacidad real de enfrentar el aparato mafioso que corroe al país?

La historia de Cepeda es particular. Su irrupción en la gran política llega a su clímax por su confrontación directa con Álvaro Uribe Vélez. Pero más allá de ese episodio, su trayectoria lo ubica en una tradición política e intelectual muy específica. Su formación, cercana a la academia, su estilo pausado y argumentativo, lo convierte en una figura atípica en una política dominada por el ruido y la consigna.

Por eso resulta aún más llamativo su silencio.

He tenido la oportunidad de entrevistarlo un par de veces. Es evidente su gusto por las palabras, por la construcción del argumento, por el debate sereno, por la decencia en las formas. Su oratoria no solo supera ampliamente la de Petro, sino que refleja una vocación auténtica por la conversación. En ese contexto, su decisión de no debatir sabemos que no es una limitación personal, sino una decisión estratégica.

La razón es evidente: mientras menos hable Cepeda, más se proyecta la continuidad de Petro. Pero esa es, precisamente, la paradoja. Porque en realidad son profundamente distintos. Quienes han seguido de cerca a la izquierda colombiana saben que sus estilos, sus formas y sus trayectorias difieren casi por completo. Cepeda no proviene de una guerrilla; su formación es más institucional, más académica. Es un profesor en un escenario que premia al agitador.

Incluso dentro de las tradiciones políticas que comparten, hay matices de élite. Cepeda es, en muchos sentidos, un producto de contextos más favorables, alguien que podría haber desarrollado su vida cómodamente en la academia colombiana o europea.

Y sin embargo, el país no sabe qué piensa sobre la economía. No hay claridad sobre su propuesta, sobre su modelo, sobre su visión de país. Ese vacío es, probablemente, su mayor debilidad y, al mismo tiempo, la fuente más real de incertidumbre que genera.

Las encuestas —que han fallado repetidamente— han contribuido a inflar su figura hasta ubicarlo como favorito en múltiples escenarios. Ese fenómeno ha creado una dinámica peligrosa: un candidato fuerte que no necesita explicar qué propone.

Mientras tanto, Petro conserva una fortaleza clave: el país no ha vivido el desastre que muchos de sus opositores pronosticaban. Ese error de cálculo de la extrema derecha terminó jugando a su favor. Bastaba con que el gobierno fuera modestamente mejor que el peor escenario imaginable para que el contraste lo beneficiara. Hoy, su sombra es enorme, incluso comparable —o superior— a la de Uribe, lo cual en Colombia es decir mucho, o todo.

Pero el problema de fondo es otro. La política actual parece atrapada en una pobreza de ideas alarmante. Hay escasez de propuestas, de imaginación, de visión. Los centros no están proponiendo un relato que enganche al país, no lo están interpretando, otra vez. El debate se ha reducido a un juego de personalismos donde todo gira, nuevamente, en torno a Uribe… o en torno a su contraparte…la mejor propuesta de un extremo es decir que no es Uribe y la mejor propuesta del otro extremo es decir que no son Petro.

Hay un detalle casi literario de esa matriz, una ironía incómoda y curiosa. La vida de Iván Cepeda Castro y la de Álvaro Uribe Vélez están marcadas por una herida idéntica: ambos son hijos de padres asesinados por las fuerzas más retardatarias, por esos extremos violentos que dicen combatir mientras lo devoran todo.

Dos tragedias casi calcadas. Antagónicos en todo: en el lenguaje, en la forma, en la idea de país, en la manera de ejercer el poder. Y, sin embargo, profundamente conectados por ese origen que los persigue como una sombra. Es casi una broma cruel de la historia: solo una prueba de como Colombia lleva décadas atrapada entre violencias que nunca acaban…entre oposiciones imposibles en las que tan difícil es construir un relato común.

Y aquí estamos otra vez.

Creo que una de las mayores pobrezas del momento político actual es la incapacidad —o la pereza— de construir algo distinto. No hay historias nuevas, no hay imaginación, no hay riesgo. Solo queda el personalismo, esa vieja adicción nacional que todo lo simplifica hasta volverlo caricatura. 

En ese juego, Cepeda no aparece como una propuesta sino como un reflejo invertido. No sabemos qué piensa, no sabemos qué propone, no sabemos qué haría. Pero lidera, sin hablar, sin exponerse. Sin debatir.

Una hazaña, si no fuera un síntoma.

La ligereza del debate nos ha llevado a una paradoja casi obscena: un candidato fuerte que no necesita decir qué quiere hacer con el país, y una democracia que parece dispuesta a aceptarlo sin exigirle nada.

Gobernar sin explicar. Ganar sin debatir. Convencer sin hablar.

Qué tragedia.

Es una pregunta pertinente, aunque pueda parecer absurda, pues se presume que la condición sine qua non para el desarrollo democrático de una campaña electoral es que todos los participantes en ella se reconozcan legítimamente como adversarios. En palabras del recientemente fallecido filósofo Jürgen Habermas, que se reconozcan como “interlocutores válidos”, en lugar de hacerlo como enemigos irreconciliables entre sí. No deberían tratarse entre ellos como una amenaza para la propia existencia y menos para la convivencia social. Pero esto último es lo que está sucediendo en la actual campaña por la Presidencia de la República en Colombia. Algo inaudito y hasta inverosímil, pues los tres aspirantes que puntean en las encuestas de opinión, Iván Cepeda, filósofo, Paloma Valencia, abogada y Abelardo de la Espriella, también abogado, seguro leyeron con juicio en sus carreras el ensayo de Habermas “¿Es posible la legitimidad por vía de legalidad?”, piedra angular de todo régimen democrático. Aunque dudo que Abelardo, sumergido en el derecho penal para la posterior defensa de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, haya tenido tiempo para leerlo. Pero le convendría hacerlo ahora, para que comprenda que es imposible disociar la política y la legalidad de la ética pública en su dimensión de principios y valores compartidos para la justicia y la convivencia social, sin caer en el absurdo de apelar a la imagen depredadora de un tigre y enarbolar un saludo militar supuestamente para “salvar a la Patria”. ¿Tendrá algún sentido civilizador, legal y democrático asociar la Patria con tigres y guerreros? ¿No será lo propio de la ley de la selva y del más fuerte, como lo está haciendo Trump en el actual caos internacional?

Deslegitimar y demonizar al contrario para ganar

Pero esta campaña, tal como está discurriendo, en lugar de serlo para la legitimación democrática se está convirtiendo en una pugna por la deslegitimación mutua entre estos tres candidatos y arrasar así con el más mínimo vestigio de democracia. Es decir, para invisibilizar e impedir vislumbrar el espíritu de la democracia, ya que su cuerpo está desaparecido junto a las más de 135.396 personas dadas por desaparecidas en desarrollo del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, según el portal de datos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UNDPD)[i].  Las tres candidaturas se encuentran atrapadas en el “modo guerra” de hacer política y parecen no comprender que el principio fundacional y existencial de la democracia es la práctica de la política como deliberación y controversia sin violencia, según manda el artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Causa perplejidad, estupor y hasta miedo que quienes aspiran a la presidencia y la jefatura del Estado sean incapaces de estar a la altura de ese artículo constitucional, sin cuyo cumplimiento irrestricto no puede existir reconciliación política y mucho menos una verdadera democracia. Ya lo había expresado con lucidez filosófica y contundencia política el maestro Norberto Bobbio: “La democracia solo comienza en el momento –que llega después de mucho luchar—en que los adversarios se convencen de que el intento de eliminar al otro es mucho más oneroso que convivir con él”. Y no hay duda, por la pugnacidad que predomina entre ellos, que cada uno está empeñado en eliminar la legitimidad democrática del contrario. Lo hacen, obviamente desde el discurso, pero parecen olvidar que la violencia simbólica y retórica, cargada de animosidad contra quien es considerado enemigo, antecede a la violencia letal. Por eso están empecinados en la utilización de la memoria, buscando en el pasado las actuaciones y afinidades políticas de cada uno de ellos, incluso en las ejecutorias de sus padres y ancestros, para estigmatizarse y deslegitimarse mutuamente como aspirantes a la presidencia.

De la filiación a la afiliación política.

Quizá ello tenga que ver precisamente con sus historias personales y familiares. En el caso de Paloma Valencia, nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), quien como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordenó la “Operación Soberanía”[ii] y el bombardeó a Marquetalia, mito fundacional para el surgimiento de las Farc. Iván Cepeda, hijo del entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994 por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército nacional[iii]. Indirectamente también es el caso de Abelardo de la Espriella, pues su principal escudero y beligerante alfil, Enrique Gómez Martínez, es nieto del expresidente conservador Laureano Gómez y sobrino del asesinado exsenador Álvaro Gómez Hurtado, promotor de la “Operación Soberanía” contra las que llamaba “Repúblicas Independientes”. Se presenta así en estas tres candidaturas una estrecha relación entre filiación y afiliación política, que se proyecta con intensidad emocional y confrontación política creciente entre ellos y, lo que es más censurable e inadmisible, con su actual utilización irresponsable y sectaria. A tal punto que el expresidente Álvaro Uribe sindica a Iván Cepeda de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo contra el senador Miguel Uribe Turbay. A su vez Cepeda relaciona a Uribe y su fulgurante carrera política con el surgimiento de los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia[iv]. Y, para completar, desde la campaña de Abelardo, Enrique Gómez señala irónicamente: “Por más que miro, no veo al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y eso que el señor le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe. ¿Sí será eso lo que necesita Colombia? ¿o necesita la independencia del Tigre?”[v]. Desde luego que Colombia no es un zoológico para necesitar otro presidente “cargado de tigre”, mucho menos que los ciudadanos vayan a las urnas con su fiereza o llenos de rencor y deseos de revancha como sucede en las redes sociales entre quienes, por carecer de argumentos, solo se cruzan insultos y descalificaciones llamando “mamerto” o “paraco” a quien piensa distinto o no apoya incondicionalmente a su candidato o candidata.

No más “mesías” electorales y “salvadores nacionales”

Causa vergüenza el fanatismo, sectarismo e ignorancia que inunda las redes sociales por estos días, estimuladas por bodegas de dichas campañas. Pero lo peor y más preocupante es esa falsa superioridad moral que cada candidato y campaña esgrime con la absoluta certeza de que posee en su mente y manos la salvación de Colombia. Que su partido y aliados son un dechado de virtudes y sabiduría. Que, si no los respaldamos en las urnas, todos estaremos condenados al infierno de la guerra y la exclusión social. Candidaturas incapaces de la más mínima autocrítica, mucho menos de reconocer sus errores y horrores pasados y sus limitaciones presentes, porque están convencidas de su misión salvífica y solo si cada uno proyecta ese carisma de líderes y lideresas providenciales, destinados a satisfacer nuestras necesidades y hacernos felices, podrá ganar las elecciones. En ese sentido, más que demagogos son taumaturgos de futuras catástrofes, cuando desde el gobierno incumplan sus promesas de pan, paz, seguridad, ríos de miel y reinos de reconciliación. Porque cuando ya estén en sus altos cargos en el Ejecutivo comprobarán amargamente que no son tan poderosos y sí bastante impotentes. Comprobarán que son rehenes de los poderes de facto e intereses más o menos legales o abiertamente ilegales que los encumbraron a esas posiciones, con los cuales hicieron alianzas y sellaron compromisos tras bambalinas y se convirtieron así en sus testaferros y mandaderos. Eso sí, unos testaferros bien remunerados y protegidos por una tramoya de instituciones y rituales de una Constitución que juraron cumplir, pero parece que ignoran, no pueden o son incapaces de honrarla. Si ahora como candidatos no cumplen el artículo 22 y hacen de la campaña política una coartada perfecta para combatirse entre sí, qué no harán cuando tengan en sus manos el poder de gobernar y hasta de hacer la guerra contra los que consideran sus “enemigos”.

¡Lean y cumplan la Constitución!

Por eso, especialmente a estas tres candidaturas les conviene, en medio de las descalificaciones y deslegitimaciones que mutuamente se lanzan y cruzan durante esta campaña, tener presente además del citado artículo 22, el 188 de la Carta, que reza: “El presidente de la República simboliza la unidad nacional…y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. La pregunta obvia es ¿Cómo lo harán si en tanto candidatos y candidatas están empecinados en fragmentar y antagonizar a los colombianos, dividiéndonos absurdamente entre “ciudadanos de bien” contra “terroristas”; “paracos” contra “mamertos”; “oligarcas” contra “plebeyos” y hasta supuestos “patriotas demócratas” contra “peligrosos comunistas”? Una pregunta valida para todas las candidaturas, pero especialmente para estas tres por contar con el mayor apoyo en las encuestas. Es, en primer lugar, una pregunta vital y urgente para todos nosotros como ciudadanía, pues tenemos la responsabilidad de estar a la altura de los principios, valores y metas de la Constitución de 1991, entre las que figuran la “paz política, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general” según su artículo 1 y especialmente el 95: “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla” y para ello“defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. ¿Seremos capaces de hacerlo en las próximas elecciones? Y quien llegue a la Casa de Nariño ¿Será capaz de cumplir la Constitución, promover la reconciliación política nacional o continuará profundizando otros cuatro años la confrontación y degradación nacional en que estamos desde tiempos inmemoriales?

[i] https://datos.unidadbusqueda.gov.co/

[ii] https://www.elespectador.com/politica/la-historia-de-una-carta-que-pudo-haber-evitado-el-conflicto-armado-en-colombia-article-599330/

[iii] https://www.lanacion.com.co/cayo-en-neiva-el-asesino-del-papa-del-senador-ivan-cepeda/

[iv] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-31/alvaro-uribe-e-ivan-cepeda-calientan-su-enfrentamiento-tras-el-mitin-del-candidato-del-pacto-historico-en-medellin.html

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-04-02/se-ahonda-la-fractura-en-la-derecha-colombiana-el-ultra-enrique-gomez-arremete-contra-paloma-valencia-y-alvaro-uribe.html?event_log=oklogin