La Cali de los años 70 según Ever Astudillo, y la Europa de la primera mitad del siglo XX según Theo Angelopoulos son la materia prima de la nueva obra del artista Sair García: “El paso suspendido de la cigüeña”.

En el barrio El Polo de Bogotá se ubica La Casita, un espacio cultural creado por Simón y Maritza Chehebar que desde el 2015 tiene el objetivo de desarrollar proyectos de artistas colombianos que contribuyen a la consolidación de los procesos y la identidad del arte contemporáneo colombiano.

La Casita, que es un espacio cultural y no una galería de arte, invita cada año a tres artistas colombianos para que creen obras que dialoguen con una pieza de la colección Chehebar.

Con esa lógica invitaron a Sair García, quien en diálogo con la obra “Lugar No 1” de Ever Astudillo que retrata la Cali de los años 70, presenta hasta septiembre de 2026 “El paso suspendido de la cigüeña”, una muestra que se nutre de la estética de la película de Theo Angelopoulos de 1993.

La exposición “El paso suspendido de la cigüeña”, curada por Camilo Chico, propone una reflexión sobre las fronteras que construimos como sociedad y, especialmente, sobre aquellas que nos imponemos a nosotros mismos, a través de 14 pinturas, dos animaciones, una gran instalación compuesta por 350 obras en pequeño formato.

Entrevista con Sair García sobre “El paso suspendido de la cigüeña”.

¿Cómo es que “El paso suspendido de la cigüeña” se inspira tanto de la obra de Ever Astudillo como de Theo Angelopoulos?

Parto de la obra de Ever Astudillo que pertenece a la colección de La Casita, una pieza que en realidad son cuatro dibujos que habla de Cali de los años 70. En un reto interesante porque esta exposición la sustraigo del cine. La serie “El paso suspendido de la cigüeña” habla de la arqueología del oficio. El título lo adopto de la película de Theodoros Angelopoulos de 1993 que habla de las fronteras, de la imposición de fronteras mentales y físicas.

La película se desarrolla en la Europa de los años 30, durante la Segunda Guerra, cuando aparecían fronteras trazadas de un día para otro en el suelo con una línea. Entonces, lo que hago es un pequeño parangón entre lo que sucedía en la época que muestra el director en su película, y lo que yo desde la pintura traigo a la contemporaneidad.

Hablas de fronteras físicas, pero también mentales. Unas las ponen los gobernantes, otras las pone uno mismo…

Sí, bien, lo dijo Albert Camus en “El Extranjero”, que el migrante carga con su trozo de tierra debajo del brazo. Eso somos finalmente, la trashumancia humana no es de ahora, es desde la historia la humanidad; entonces tanto el humano que se queda como el que se va tendrá su historia que contar y las fronteras de las que habla Theodoros Angelopoulos en sus películas no son otra cosa que la imposición de lo que ha venido ocurriendo a través del tiempo.

Él hablaba de la Europa hace casi 100 años, pero yo hablo de la América contemporánea y la única diferencia son los protagonistas, porque finalmente las escenas son las mismas.

Esta es la periodicidad y la historia cíclica que nos que nos sigue abordando: los migrantes y la diáspora de hace 100 años seguramente no tiene absolutamente nada distinto la actual.

Lo que creo que hay que destacar es el papel que cumplen las artes para mostrar, para sacar a la luz estos temas, para decirle a la gente que la diáspora no es nueva. Theodoros Angelopoulos nos lo dice con sus películas, yo lo hago desde la pintura, eso es lo que nos corresponde (a los artistas) hacer.

Ya sabemos de dónde viene “El paso suspendido de la cigüeña”. ¿Cómo dialoga con tu obra?

Creo que la gran diferencia entre el arte que he presentado y lo que exhibo ahora es a nivel formal, porque esta muestra, en medio de todo, sigue guardando la coherencia conceptual de lo que siempre he trabajado, que son los fenómenos sociopolíticos. En este caso, es la diáspora, sólo que tomo como sustrato el cine.

Anteriormente, formalmente fue el acero el que me permitió crear obra porque el acero estaba determinado únicamente para la serie “Magdalena”, porque el acero constituye una metáfora bellísima del río.

Y “El paso suspendido de la cigüeña” tiene también una resolución interesantísima si se tiene en cuenta que, primero, es una exposición de obras secuenciales que derivan en una animación; y esta animación es el resultado de tomar dos escenas puntuales de la película “El paso suspendido de la cigüeña”, tomar escenas de 8 segundos y 10 segundos y volverla una escena pictórica, dramática y contundente de tres minutos y medio. Entonces, es una apuesta bastante osada de lo que hizo Theodoros Angelopoulos desde el cine, y lo que yo trato de hacer desde la pintura.

Me impone un reto interesantísimo, pero además de eso, hay unas pinturas que parecieran unas pantallas cinematográficas, con unas escenas cinematográficas que son, por supuesto, fotogramas intervenidos, porque me apropio y reinterpreto la imagen con una narrativa conceptual muy cercana “Magdalena”, a “Éxodos” y a las otras series anteriores que he hecho. Entonces, digamos que la gran diferencia radica en lo formal.

¿Ya habías tenido acercamiento con la animación?

Sí, pero no las había exhibido. En el Museo de Arte Moderno se hizo una exposición que tuvo unas pequeñas animaciones, unas escenas secuenciales que respondían a la curaduría.

De ahí se empieza a desglosar esto de la secuencialidad porque en “El paso suspendido de la cigüeña”, alrededor del 90% de la exposición está por fuera de las paredes porque yo necesitaba sacar de ese contexto de colgar las obras y más bien utilizar el lenguaje cinematográfico.

La instalación está dispuesta de tal manera que se puede ver como se observan los archivos fotográficos. Las pinturas las en gran formato están exhibidas como se exhibían las pantallas publicitarias del cine de los años 40 y 50. No quería que fuera una exposición tan típica, sino salir de los esquemas y formatos para volverla más bella en su recorrido.

-> Si quieres escuchar el pódcast con Sair García, aquí.

Inclusive, en la sala donde está la animación hay seis sillas estilo cine que lo transportan a uno a la sala oscura….

Sí. Hay algo bellísimo y es que en la animación se puede ver claramente la materialidad de los soportes. Hay unos hay unos primeros planes donde se ve claramente la materia de la madera, porque aquí hay lino, hay tela normal y hay madera como soporte histórico.

En la animación, se ve se ve el grano del soporte de la madera que era lo que me interesaba, porque al final de cuentas esa gestualidad, esa expresión y esa fuerza que tiene la animación era para resaltar las 350 pinturas que componen la animación: cada pintura es un fotograma.

Realizar la animación con las pinturas era la puerta que se hacía desde la toma del cine como sustrato para el resultado.

Sair García ha expuesto en museos y galerías. ¿Qué significa exhibir en La Casita, un espacio cultural que toca visitar con cita previa?

Esta galería gusto de mi prestigio tremendo. De hecho, para nosotros (los artistas) es un honor tener esta invitación. Las exposiciones de La Casita son muy concurridas y la mía, afortunadamente, no ha sido la excepción.

La Casita es importante porque es un espacio de culto. Aquí se hacen tres muestras al año, así que cada vez que hay una exposición uno sabe que es de lo mejor.

¿Hasta cuándo está “El paso suspendido de la cigüeña”?

Hasta septiembre. Se desmonta después de ArtBo, que se realizará del 24 al 27 de septiembre en Ágora Bogotá.

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte

Un grupo de investigadores analizó más de 142 000 documentos oficiales y llegó a una conclusión: la provincia de Chaco, en el noreste de Argentina, auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido durante 15 años, entre 2009 y 2024. No fue necesario modificar la Ley Nacional de Bosques para alentar la deforestación, ya que se utilizaron decretos y trámites administrativos para perforar la normativa nacional y dar vía libre al desmonte, según detalla el estudio realizado por los científicos.

Este trabajo de investigación fue liderado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Tiene un contexto internacional: los bosques secos están desapareciendo debido a la expansión agrícola y la extracción de madera, impulsadas por el consumo en el extranjero, determina el estudio.

«El reglamento de deforestación de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor a fines de 2026, aborda este problema al exigir que las importaciones a la UE se produzcan cumpliendo con las leyes de protección forestal de sus países de origen». Sin embargo, en la provincia de Chaco y otras provincias que forman parte de la región chaqueña, como Santiago del Estero, Formosa y Salta, la deforestación avanza para la producción sojera -principalmente para la alimentación de ganado-, ganadería y para extraer productos madereros (madera, carbón y extractos de tanino).

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La investigación identificó seis mecanismos para sortear la Ley Nacional de Bosques y lograr el desmonte en la provincia: recategorización de predios, permisos desvirtuados, sobreexplotación de madera, “blanqueo” de origen irregular, multas mínimas y actualización del mapa provincial para correr los límites.

Esta deforestación tuvo lugar en la zona del bosque conocido como el Impenetrable chaqueño, ubicado en la región del Chaco Sudamericano, la segunda región boscosa más grande de Sudamérica y donde los pueblos indígenas, como los qichí, gom y moqoit, denuncian la destrucción de sus territorios.

Estos seis mecanismos fueron implementados, según el estudio, por actores públicos y privados que «relajaron la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques para eludir los estándares mínimos de la ley nacional argentina de protección de bosques». Así, ampliaron las áreas donde se podría producir madera o productos agrícolas en cumplimiento de las políticas transnacionales contra la deforestación.

Los autores afirman que «para evitar que estas respuestas desadaptativas se propaguen a otras regiones productoras, los países importadores deberían exigir productos que generen cero deforestación bruta».

Matías Mastrangelo, especializado en ambiente, conservación y sustentabilidad y unos de los autores del estudio, explicó a Mongabay Latam que esta investigación revela que solo la región de bosque llamada el Impenetrable, en la provincia de Chaco, perdió alrededor de 500 000 hectáreas de bosque nativo, el 90 % de toda la deforestación registrada en la provincia durante el periodo analizado, entre 2009 y 2025.

Entre las normas analizadas, Mastrángelo tomó una como ejemplo: el decreto provincial 2157/22 transformó zonas catalogadas en la Ley de Bosques como zonas amarillas (donde está prohibida la deforestación total del área) en zonas verdes, habilitando el desmonte total de esas zonas de bosque nativo.

“Nosotros calculamos que alrededor de 370 000 hectáreas de bosque protegido se perdieron en estos 15 años mediante estos mecanismos. De esa cifra, 270 000 fueron desmontadas de forma ilegal, sin ningún tipo de permiso. A esas 370 000 que ya se perdieron es posible que haya que sumarles las más de 200 000 hectáreas por la actualización del mapa de la provincia y ahí hablamos de más de medio millón de hectáreas que se perderían por estos seis mecanismos”, detalló Mastrángelo.

La actualización del mapa de la provincia de Chaco es el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sancionado bajo la Ley Provincial número 4005-R. Este mapa redefine las zonas de conservación ambiental (rojo, amarillo y verde) que regulan el uso del suelo y los permisos forestales en el territorio.

El experto añadió que auditaron 15 042 permisos de uso del bosque, 127 632 guías de transporte forestal y múltiples expedientes tramitados entre 2009 y 2024. Además, detalló que una “porción significativa” de la superficie afectada correspondía a categorías de alto (zona roja) y mediano valor de conservación (zona amarilla), donde el cambio de uso del suelo está prohibido o regulado por la ley nacional, respectivamente.

Las maniobras que abrieron el desmonte

La investigación detalla los seis dispositivos administrativos que se utilizaron para avalar el desmonte en supuesta complicidad con la autoridad forestal chaqueña. La primera es la recategorización de predios, que consta en la modificación del mapa de zonificación para pasar de áreas protegidas a categorías que autorizan el desmonte.

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El segundo dispositivo son los permisos silvopastoriles desvirtuados, que son autorizaciones para manejo integrado que terminaron ejecutándose como tala rasa y sustitución total de la cubierta vegetal.

Luego viene la sobreexplotación maderera, que involucra permisos de extracción otorgados por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.

El cuarto mecanismo es el blanqueo de madera, que son los esquemas de regularización e incorporación al circuito comercial de productos forestales extraídos de desmontes ilegales.

Además, detectaron las multas no disuasorias: la aplicación de sanciones económicas cuyos montos resultaron insignificantes frente al beneficio financiero del cambio de uso del suelo.

Por último, están las actualizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que redujeron de manera sustancial la superficie bajo protección estricta. Esto fue llevado adelante por las autoridades de la provincia de Chaco.

“La intención con la que los propietarios desmontan estos bosques protegidos apelando a este tipo de maniobras es sembrar la soja o maíz, o para sembrar pasturas y criar ganado. Sin embargo, esta zona es muy seca y frágil, ya que tiene suelos que rápidamente pierden su fertilidad cuando se les quita el bosque. No es una zona agrícola o ganadera”, afirmó Mastrángelo.

Mongabay Latam contactó a ex autoridades de la provincia de Chaco que tuvieron a su cargo el área ambiental y de bosques durante los años en que los investigadores señalan la aplicación de estas maniobras, pero no logró respuestas. También se contactó al equipo de comunicación del actual gobierno provincial, pero tampoco emitieron un pronunciamiento sobre este tema.

Mastrángelo afirmó que él también intentó contactarse con la actual gestión del gobierno de Chaco para mostrar los resultados del estudio y emitir algunas recomendaciones. “A pesar de mostrar esta evidencia, ellos siguen con la insistencia de ampliar la frontera agropecuaria y de seguir yendo en contra de sus bosques y de las familias que habitan en estos bosques”, dijo el experto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y quien no participó del estudio, afirmó a Mongabay Latam que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es una herramienta fundamental para proteger los ecosistemas forestales de Argentina. Sin embargo, advirtió que las actualizaciones en la provincia de Chaco hacen evidentes inconsistencias legales, técnicas y procedimentales en estos procesos.

Además, el experto detalló que los ajustes en los trámites administrativos violan principios ambientales clave, como los de no regresión -la imposibilidad de dar marcha atrás con una norma de protección ambiental- y progresividad -que implica la modernización y digitalización de trámites-, además de afectar directamente a las comunidades locales, especialmente indígenas, que habitan en estos territorios.

“Estas medidas representan un retroceso ambiental preocupante, ya que buscan habilitar el desmonte indiscriminado en un área clave para la biodiversidad. Con estos mecanismos se institucionaliza un incentivo perverso, promoviendo el negocio de la madera proveniente de desmontes ilegales. Todo esto implica un retroceso enorme para la protección de los bosques nativos chaqueños y consolida un modelo de explotación insostenible”, remarcó Nápoli.

El bosque chaqueño en riesgo

Chaco es una de las provincias argentinas más afectadas por la deforestación. En 2024 se perdieron casi 40 000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, de acuerdo con el monitoreo de la organización Greenpeace Argentina. Luego vino una baja considerable en las cifras que se debió a que la Justicia Federal de Chaco ordenó suspender los desmontes a mediados de 2024. Aún así, en 2025 se perdieron otras 17 000 hectáreas de bosque nativo en la provincia.

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En el estudio se destaca que las tácticas administrativas observadas en la provincia de Chaco guardan marcadas similitudes con procesos de erosión institucional documentados en la Amazonía brasileña y peruana, así como en el Cerrado, otro ecosistema boscoso clave de Sudamérica. Por ello, el caso chaqueño se posiciona como un modelo de estudio clave para comprender cómo se debilitan las políticas de conservación ambiental aun con marcos regulatorios vigentes, según detalló Mastrángelo.

El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.

“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.

Según la investigación, entre el 16 % y el 28 % de los permisos habilitaron la extracción de entre dos y tres veces la cantidad de madera que es posible extraer sosteniblemente. Ese excedente, dijo Mastrángelo, permite incorporar al circuito legal madera proveniente de zonas rojas o de desmontes sin permiso.

También aparecen las “autorizaciones especiales”, que permiten a empresas de carbón y tanino comprar madera de áreas desmontadas ilegalmente. En 2024, el 55 % de la madera extraída en la provincia del Chaco proviene de desmontes ilegales con este tipo de autorizaciones.

Según el estudio, las multas tampoco funcionaron como freno. En 2024, solo con la venta del quebracho colorado, un propietario pudo pagar la sanción y conservar una ganancia inmediata de 126.5 dólares por hectárea.

Ese mismo año, la provincia de Chaco modificó su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): excluyó de estrictos controles 270 000 hectáreas desmontadas ilegalmente y redujo la protección de otras 220 000. Así, casi medio millón de hectáreas quedaron habilitadas para el desmonte.

*Imagen principal: el estudio sostiene que se burló la Ley Nacional de Bosques para flexibilizar la protección de bosque nativo en la provincia de Chaco, Argentina. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace Argentina

REFERENCIAS

Mastrángelo, M.E., Aguiar, S. & Krause, V. Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation policies. Nat Sustain (2026). https://doi.org/10.1038/s41893-026-01917-5

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Frases de Luis Enrique Abadía García en esta entrevista:

• “Reglas conocidas de antemano y aplicadas por igual. Eso protege tanto a quien gobierna como a quien ejerce oposición”.
• “Tengo un perfil de vicecontralor en mente, no un nombre”.
• “El control en tiempo real no es leer papeles más rápido. Es seguir el dinero”.
• “El daño fiscal casi nunca empieza en el robo o el desgreño administrativo. Empieza antes”.
• “El control fiscal debe llegar a cada municipio sin multiplicar la nómina”.

Luis Enrique Abadía García nació en Juradó, Chocó. Trabajó desde niño en la pesca y las ventas ambulantes; la violencia sacó a su familia del pueblo.

Se hizo abogado en la Universidad Tecnológica del Chocó con un crédito del Icetex.

Hoy es doctor en Derecho, y además cuenta con cuatro maestrías, seis especializaciones, y ha sido profesor universitario por más de dieciocho años.

Lleva más de veintiún años en el servicio público y conoce el control fiscal desde adentro: fue contralor delegado y director de Despacho en la Contraloría General, así como Gerente de la Auditoría General de la República en Medellín.

Ocupó el primer lugar en el concurso de méritos para la elección de Contralor General.

¿Qué garantías les ofrece al gobierno y a la oposición sobre su neutralidad política?

Ofrezco independencia y ecuanimidad. Ofrezco total garantía de un control fiscal transparente y responsable, ese que no se construye contra nadie sino con todos y por el bien del país.

Pero la independencia e imparcialidad se demuestran: por eso publicaremos los criterios técnicos con los que se decide qué se audita, antes de auditar. Y cada decisión quedará documentada y verificable.

Reglas conocidas de antemano y aplicadas por igual. Eso protege tanto a quien gobierna como a quien ejerce la oposición.

La elección del vicecontralor suele ser una señal que esperan el Congreso, el Gobierno y la opinión. ¿Tiene un perfil de vicecontralor?

Tengo un perfil, no un nombre. Escucharé a quien quiera aportar ideas, pero el criterio que decide será la capacidad técnica.

Busco conocimiento profundo del control fiscal y a alguien capaz de sostener una posición contraria a la mía. Un contrapeso, no un eco.

Es un cargo de gestión: quien llegue responderá por resultados medibles, igual que yo.

Y creo que el mejor mensaje que puede dar un nombramiento es que la persona esté a la altura del cargo.

Frente a la corrupción, ¿es posible el «control fiscal en tiempo real»?

Sí, y ya empezó: la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 04 de 2019 otorgó a la contraloría la facultad del control preventivo y concomitante, la cual permite la realización de los seguimientos permanentes a la ejecución de los recursos públicos, lo que, llevado a un nivel superior de optimización, permite anticipar los riesgos de pérdida de recursos públicos, ya sea por corrupción o ineficiencia administrativa.

El control en tiempo real no es leer papeles más rápido. Es seguir el dinero: desde que sale del presupuesto hasta que llega, o no llega, a la obra bien o servicio que se persigue.

Y ese dinero no se detiene en la frontera. Me reuniré próximamente con el congresista Gregory Meeks, quien presidió el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara en Estados Unidos: hablaremos de cooperación internacional para la recuperación de activos de responsables fiscales y del Pacífico.

Se propone recurrentemente eliminar las contralorías territoriales. ¿Qué opina?

Se ha planteado la existencia de duplicidades funcionales y dispersión de competencias. Comparto la necesidad de fortalecer el control fiscal en los territorios, el control fiscal debe llegar a cada municipio sin multiplicar la nómina.

Es un debate que tendrá que abordarse desde las instancias concernidas, de cara a la ciudadanía; es un tema álgido, con múltiples miradas, cuya decisión de fondo corresponde al Congreso, no al contralor.

Me comprometo a acompañar de manera técnica un debate transparente que arroje el mayor consenso y las mejores conclusiones y decisiones para el país.

Creo que la contraloría debe liderar con el ejemplo en materia de austeridad y eficiencia en el gasto público, contribuyendo a la estabilidad fiscal del país por la vía de los ahorros.

También considero debe propenderse por un control fiscal musculoso, ojo, no adiposo, ágil y competente para cumplir cabalmente su misionalidad.

La planta de personal de la Contraloría General de la República ha crecido notablemente. ¿Con qué criterios manejará la planta? ¿Y si por ajuste fiscal hay que recortarla?

Con dos criterios: carga real de trabajo y riesgo fiscal. Ni presión política ni conveniencia.

Si llega un ajuste, primero se ajusta lo que no toca la capacidad de vigilar. Modernizar no es despedir: el criterio del auditor es el activo que hay que proteger, no el que hay que recortar.

Y cambiemos la pregunta. El tamaño no se decide en abstracto, sino contra una medida: qué porción del gasto público alcanzamos a vigilar de verdad. Si el Estado crece y el control no, la cobertura cae, aunque la nómina siga igual.

¿Cuáles son sus dos principales aprendizajes de su experiencia en la Contraloría General de la República?

El primero: el daño fiscal casi nunca empieza en el robo o el desgreño administrativo. Empieza antes, en un estudio previo mal hecho o en una obra mal planeada. Por eso insisto en la prevención.

El segundo tiene dos caras. La lentitud es la forma más silenciosa de impunidad; pero también castiga al investigado que termina siendo inocente. Una medida cautelar mal puesta puede arruinar a una familia honesta.

Por eso hablo de rapidez con garantías. Detrás de cada expediente hay una comunidad esperando algo que no llegó — y también una persona esperando decisiones justas fruto del debido proceso.

¿Se preparó mucho para obtener el primer lugar en la prueba académica?

Me preparé veintiún años. El examen duró unas horas; el estudio, media vida.

Para los que venimos del Pacífico y en general de la periferia del país, la educación es la mejor y muchas veces la única vía que tenemos para lograr las oportunidades.

Al que no tiene padrino solo le queda el estudio. Salí del pueblo por la violencia, trabajé desde niño y me gradué de abogado con un crédito del Icetex.

Después vinieron los posgrados hasta graduarme del doctorado y más de dieciocho años como profesor universitario. Nada de eso lo hice pensando en un concurso.

Pero cuando llegó, estaba listo. Eso hace la meritocracia cuando funciona: premia lo que uno construyó en silencio.

Aclaro que mis ideas alrededor del tema del arte (su definición, razón de ser y sentido) —aunque consideran seriamente algunas propuestas del libro se Shiner— son distintas de las suyas. Aquí, en este texto, hablaré de las ideas de Shiner. Haré una lista de supuestos sobre el arte que la mayoría de la gente da por ciertos, pero que no son verdad en todos los casos y, a veces, en ninguno (y en los que coincido con él):

1. Que el arte es una esencia que poseen algunos objetos y no otros.
2. Que el arte se encuentra en cierto tipo de actividades, pero no en otras; por ejemplo: bailar, cantar, esculpir, pintar o tocar un instrumento, pero no jugar yoyó, saltar la cuerda, hacer zapatos, la jardinería, la cerámica o la física y las matemáticas.
3. Que el arte demanda una contemplación desinteresada.
4. Que el arte no debe tener ninguna función; o sea, que no debe servir para nada.
5. Que el arte debe estar relacionado con la belleza.
6. Que es normal que el arte exista en un mundo elitista.

En su libro, Shiner dice que la definición del arte y lo que esto implica ha variado en el tiempo y en las culturas; nunca ha sido un concepto universal. Sostiene que se trata de un concepto en constante transformación, pues cada momento histórico específico lo ha definido según sus necesidades y convenciones y, por lo tanto, debe ser reinventado para ajustarse a nuevos contextos, inventos y necesidades. Según él, el «sistema moderno del arte» es una construcción histórica.

Menciona que los museos y las élites del arte (como galerías, revistas y marchantes) han mantenido los productos artísticos fuera del alcance de la gente común, y se han encargado de que las personas sientan que «no lo entienden»; y, añado yo, de hacer que los precios sean tan astronómicos que solo los ricos los puedan adquirir. El mundo del comercio ha influenciado muchísimo el cómo se ven y cómo se manejan las artes para sacarles el máximo provecho económico posible.

Shiner muestra que la separación entre arte, artesanía y artes populares solo existe desde hace doscientos años. Nos presenta registros históricos que demuestran cómo antes del siglo XVIII el arte y la artesanía estaban unidos en un solo concepto: el del saber hacer (ars / techné), orientado al uso, la devoción o el ritual.

Dice que a pesar de que movimientos como el Dadaísmo, el Pop Art o el Arte Conceptual intentaron disolver la frontera entre el arte y la vida cotidiana, el mercado del arte, los museos y la crítica profesional terminaron absorbiendo e institucionalizando estas rupturas, convirtiendo la mismísima rebelión contra el «objeto de arte» en nuevas mercancías y piezas de exhibición.

Así que Shiner nos propone romper con las falsas dicotomías: la de artista y artesano; la de contemplación desinteresada versus utilidad o funcionalidad; y la de arte culto versus arte popular. Sobre todo, a Shiner le molesta que las artes domésticas, las músicas populares y los oficios tradicionales sean relegados a categorías de «artes inferiores» (su sueño de que cambien de estatus se está haciendo realidad en Instagram, en mi opinión).

Comparto con Shiner la idea de que la categoría de arte, tal como la entendemos hoy, es una invención cultural. No obstante, hay algo que nos ocurre a todos los humanos, lo nombremos o no: nos sorprendemos, encantamos, apegamos y exaltamos frente a cualquier objeto o comportamiento que alcance un óptimo dirigido hacia una función o característica, o un óptimo respecto a otros elementos de su misma categoría (no comparamos una sonata con un edificio). Esto no es cultural; todos los humanos —del pasado y del presente— estamos programados para sentir dicha, asombro y apego ante las cosas excelsas.

El techo de la mezquita Isfahan, en Irán.

[i]En un segundo libro escrito por Shiner, Art Scents: Exploring the Aesthetics of Smell and the Olfactory Arts, él explica a profundidad por qué debe existir un arte para apreciar con el sentido del olfato y no solo con la vista y el oído. Shiner abre aún más las puertas del mundo del arte, lo cual es interesante.

Han pasado seis semanas desde que el doble terremoto de 7.2 y 7.5 grados de magnitud devastara Venezuela el 24 de junio. La última cifra oficial presentada el 3 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indica que han muerto 6125 personas, mientras que la cifra oficial de desaparecidos ofrecida por el gobernador de La Guaira –la zona más afectada por el doble sismo– José Alejandro Terán, habla de unas 1400 personas.

En medio del dolor y la destrucción y mientras los sobrevivientes siguen buscando a sus familiares enterrados bajo los escombros de las casas y los edificios colapsados, empiezan a surgir nuevas preguntas sobre los daños a largo plazo que podría dejar esta tragedia. El gobierno venezolano indica que al menos 190 edificios quedaron completamente destruidos. Además, 6433 viviendas fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 9866 están bajo la categoría de uso restringido.

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La mayor devastación ocurrió en La Guaira, una ciudad costera ubicada a 30 minutos de Caracas. Aunque en la capital venezolana también colapsaron casas y edificios, los derrumbes en La Guaira destruyeron gran parte de la ciudad. Según un reporte elaborado por las Naciones Unidas a pocos días de ocurridos los sismos, los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura alcanzaban aproximadamente 37 000 millones de dólares.

“Se vieron como nubes inmensas de polvo y, en el caso de La Guaira, mucho mayores porque la cantidad de edificaciones que colapsaron fueron muchas más”, dice Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima21. “Esa cantidad de polvo puede producir daños a la salud humana y ambiental. No tenemos conocimiento ni referencia de que se esté haciendo alguna evaluación sobre esos daños para que se puedan hacer advertencias a la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables”, agrega Álvarez.

Tras el terremoto, las imágenes de La Guaira mostraban toneladas de cemento, fierros y otros materiales de construcción de los edificios caídos por toda la ciudad. Las fotografías y videos que han circulado tras los terremotos dejan ver una gran destrucción en la ciudad.

El gobierno de Delcy Rodríguez también ha informado que alrededor de 24 000 personas damnificadas permanecen en refugios temporales en Caracas y La Guaira, mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos.

El destino de los escombros

Las primeras semanas de julio empezaron a circular en redes sociales mensajes sobre el destino de la gran cantidad de escombros que había dejado la destrucción de la ciudad.  “Desde el principio se vio que había camiones que estaban extrayendo el material de las grandes montañas de escombros y echándose directamente al mar”, comenta Álvarez sobre lo que se denunciaba en ese momento.

“Todos estos escombros que van saliendo, se van depositando en diferentes lugares, afectan la flora y la fauna de los ecosistemas en general. El daño mayor puede ocurrir si son echados al mar. Las grandes cantidades de sedimentos pueden destruir zonas donde hay especies que son importantes en la cadena alimenticia, en los sedimentos, pueden afectar zonas importantes de pesquerías”, comenta Álvarez y agrega que estos desechos pueden contener productos con algún tipo de elemento tóxico.

A la bióloga Mariana Hernández, investigadora doctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, le preocupa el destino de los desechos en La Guaira, sobre todo, si estos se depositan en la zona costera, debido a que “la energía de olas puede hacer que los escombros se rompan, se fragmenten y se descompongan rapidísimo”.

Para Hernández, el caso del plástico es grave por la problemática de los microplásticos. “Mientras más oleaje lo golpee, más rápido se va a ir descomponiendo en fragmentos pequeñitos, estamos hablando de mesoplásticos y microplásticos desde 5 milímetros hasta menos de un milímetro que ni siquiera podemos ver, pero que tienen impactos gravísimos”, comenta la experta sobre cómo los escombros que puedan llegar al mar terminan transformándose.

A la bióloga no solo le preocupan los microplásticos, sino también el resto de componentes de los escombros que ha dejado el derrumbe de decenas de casas y edificios. “Tenemos concreto, arena, ladrillos, materiales de construcción muy diversos. Metales; asbesto, que es muy preocupante; tuberías de PVC; pinturas con elementos pesados y, bueno, toda esta mezcla hace que el impacto ambiental sea muy fuerte, justamente porque se colocan en una zona donde las olas hacen que se rompa rápidamente”.

Hernández explica que cuando se arrojan escombros sobre un suelo marino se genera una especie de turbidez y oscuridad. “Cuando está muy turbio, se bloquea la luz y afecta a las especies que tienen branquias y que son filtradoras. Pero además tenemos la contaminación química y, como decía, los metales pesados de las pinturas y el asbesto me preocupa muchísimo”.

Otra preocupación son las pequeñas áreas de arrecifes de coral que hay en la zona de La Guaira, comenta Hernández, con especies de macroalgas, porque ninguna de estas especies “va a poder escapar del enterramiento y de la turbidez”. Los escombros que llegan al mar también afectarán erizos, caracoles, mejillones, bivalvos y todas las especies que forman parte de este ecosistema. “Es gravísimo porque va afectar los huevos y las larvas de los peces en una zona pesquera donde habitan especies de importancia para los pescadores para el país”.

“No es un impacto de hoy, sino es un impacto también para mañana, no es un ecosistema que se va a haber afectado a corto, sino más a largo plazo”, agrega Hernández.

Desde que se informó que los restos de los edificio se estaban depositando en la costa de La Guaira e incluso, arrojándose al mar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que «bajo ningún concepto, ni a nosotros ni a los expertos internacionales que convocamos, se nos va a ocurrir lanzar los escombros de las edificaciones colapsadas al mar» y aseguró que las autoridades estudian mecanismos para clasificar y reutilizar más de un millón de toneladas de residuos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela también se pronunció ante las denuncias y a mediados de julio emitió un comunicado en el advirtió que tendrá “tolerancia cero” ante los vertidos ilícitos de escombros al mar. “Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados”, indicó en el comunicado.

En una reunión del ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y del Equipo de Evaluación de Desastres y Coordinación de las Naciones Unidas (UNDAC) se definieron protocolos para la gestión técnica y segura de los escombros, especialmente en Caracas y La Guaira.

“La movilidad de escombro tiene que hacerse con mucho cuidado”, dice Gustavo Carrasquel, Director General de Azul Ambientalistas, una organización dedicada a la conservación de los océanos. “Se deben clasificar por tipo de material para posteriormente triturarlo, molerlo o transformarlo en otro tipo de materia prima que pueda servir nuevamente para la construcción, para algún tipo de infraestructura”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), los escombros de los terremotos no se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Semarnat también sugiere que estos desechos se deben ubicar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas. Además, se deben reciclar y, de ser posible,  reutilizar los materiales en otras obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, así como en rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.

Mariana Hernández menciona que si bien el gobierno venezolano ha asegurado que existe tecnología para reutilizar estos escombros, no confía en que esto se concrete. “No hay detalles sobre eso. Sabemos que para cosas mínimas como separación y reciclaje de residuos del día a día no existen los espacios por parte del gobierno, entonces es difícil imaginar que tenemos la tecnología y las condiciones para una emergencia y una situación de esta magnitud”.

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Los efectos del polvo

Una de las preocupaciones sobre los escombros del terremoto es sobre los efectos que pueda tener el polvo en la salud humana. “Estamos viendo familiares que están yendo a colaborar en la zonas de derrumbes con las labores de desescombrar y el polvo y todo lo que se levanta al quitar los escombros afecta, por ejemplo, a los asmáticos y estamos viendo reagudizaciones de asma y personas con problemas de bronco espasmo porque han aspirado el contenido del polvo”, señala Carmen Limiñana, médico de emergencias del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana, quien viajó a La Guaira dos semanas después de los sismos.

Limiñana también señala que se están presentando “patologías crónicas reagudizadas” porque las personas que han perdido su hogar y sus pertenencias y que padecían alguna enfermedad crónica se quedaron sin tratamientos, sin el control de los sistemas sanitarios que también resultaron deteriorados. “Eso es lo que corresponde a estas etapas [de la emergencia]”, comenta.

A la bióloga Mariana Hernández le preocupa que las sustancias como el asbesto que se pueda encontrar como parte de los materiales de construcción también puedan significar un riesgo para la salud de quienes están en contacto con los escombros.

Sobre este tema, Damián Soriano García, ingeniero de edificación oficial del Servicio contra Incendios del Ayuntamiento de Albacete, en España, y Responsable de la Sección de Intervención en Catástrofes de Bomberos Sin Fronteras España, explica que el asbesto normalmente va asociado a elementos de hormigón que forman parte de productos prefabricados. Elementos usados para proteger las estructuras del fuego también pueden contener amianto o asbesto. “Antiguamente se aplicaba amianto a elementos de impermeabilización de cubiertas, placa de fibrocemento, incluso a tuberías”, explica el experto.

“Durante los trabajos de remoción de los restos de colapso o incluso de en fase de rescate de cuerpos, es necesario llevar un traje encapsulado, es decir, una protección exterior, un traje que podamos tirar y gestionar adecuadamente como residuo. También es importante la protección de manos, de cara, ojos y una máscara facial para no respirar las fibras” respirables de asbesto, aconseja Soriano.

El asbesto es un grupo de minerales en forma de fibras diminutas resistentes al calor y a muchas sustancias químicas. La exposición prolongada a estas fibras puede ocasionar problemas serios en los pulmones y causar cáncer, según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos. Actualmente está prohibido en Venezuela pero sigue formando parte de las construcciones antiguas, como las que colapsaron con el terremoto.

“Para que haya asbestosis tiene que darse una exposición prolongada como ha ocurrido con la gente que trabaja en fábricas durante muchos años. En este caso, que es una exposición aguda, por tanto, una patología muy grave del asbesto no se va a producir”, asegura la médico Limiñana.

No obstante, el ingeniero y bombero Soriano advierte que es muy importante que las personas que estén en contacto con la gestión de los escombros de los edificios derrumbados “cuenten con equipo de protección individual para evitar la inhalación de esas fibras”. Sugiere también que el tratamiento de estos residuos se realice en una zona de acopio determinada con una gestión adecuada.

“La manipulación es peligrosa cuando se rompe una placa de fibrocemento con amianto o asbesto, por tanto, todos los equipos de protección personal que hayan estado en contacto con ese tipo de material tienen que ser también gestionados como residuos”, aclara Soriano.

*Imagen principal: vista aérea de Caraballeda, estado de La Guaira, tras los dos terremotos ocurridos en Venezuela. Foto: Miguel Medina/Pool Photo vía AP

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las embajadas forman parte de ese mapa en movimiento. Vistas desde lejos, pueden parecer simples oficinas administrativas en otras capitales. Sin embargo, estas constituyen los puntos desde los cuales un Estado representa sus intereses, interpreta el entorno, construye confianza, negocia, anticipa riesgos y abre oportunidades. Por ello, decidir dónde debe estar Colombia no es una tarea burocrática menor, sino uno de los ejercicios más complejos de planeación estratégica.

Es por ello que el reciente anuncio del gobierno electo sobre el cierre de catorce embajadas, acompañado de la revisión de consulados y otras representaciones, ha abierto una discusión necesaria. Después de varios años en los que la política exterior colombiana estuvo excesivamente condicionada por afinidades ideológicas y decisiones de dudoso respaldo técnico, resulta legítimo examinar la estructura heredada, corregir desequilibrios, eliminar duplicidades y preguntarse si cada misión responde verdaderamente a las prioridades nacionales.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene, en este sentido, una oportunidad significativa. No solo puede reorganizar la presencia internacional de Colombia, sino también sentar las bases de una política exterior más coherente, profesional y orientada al largo plazo. La revisión anunciada puede convertirse en el punto de partida de una transformación institucional importante, siempre que el nuevo mapa se trace con una brújula suficientemente bien calibrada.

Porque el debate de fondo no consiste en determinar si Colombia debe tener muchas o pocas embajadas. Tampoco debería reducirse a una confrontación entre quienes defienden cada apertura realizada por el gobierno anterior y quienes consideran necesario desmontarlas. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué red diplomática necesita el país para defender sus intereses en las próximas décadas?

Abrir, cerrar, fusionar o transformar una embajada son decisiones igualmente válidas cuando obedecen a una estrategia nacional. Ninguna representación debería mantenerse únicamente por costumbre, ni debería desaparecer por el solo hecho de haber sido creada por una administración distinta. Las embajadas son herramientas del Estado, no trofeos políticos ni símbolos ideológicos.

Precisamente por eso, la reorganización anunciada debería superar la lógica de una simple corrección administrativa. No se trata únicamente de identificar cuánto cuesta una sede, cuántos funcionarios trabajan allí o cuántas reuniones se realizan al año. Esos datos son importantes, pero resultan insuficientes para comprender el valor real de una representación diplomática.

El primer criterio de la revisión debería ser geopolítico. Colombia necesita identificar con claridad los países y regiones decisivos para su seguridad, su estabilidad democrática, su inserción económica y su influencia internacional. Nuestra ubicación convierte a América Latina, el Caribe y Estados Unidos en espacios naturalmente prioritarios; la geografía impone realidades que ningún gobierno debería ignorar.

Sin embargo, la geografía inmediata no puede ser el único horizonte de nuestra acción exterior. El desplazamiento progresivo del poder económico hacia Asia, la creciente relevancia de África, la importancia estratégica del Golfo Pérsico, la transformación energética y la competencia global por tecnología, minerales y cadenas de suministro obligan a mirar más allá de nuestras relaciones tradicionales.

La política exterior, además, debe anticipar el mundo que viene. Una embajada en un país con un intercambio comercial reducido puede ser una apuesta acertada si ese territorio se proyecta como un centro económico de importancia regional. Del mismo modo, una misión históricamente estratégica puede requerir una estructura más pequeña si las condiciones que justificaron su apertura han cambiado.

La permanencia no constituye un argumento suficiente, pero ni siquiera la austeridad puede sustituir la lectura geopolítica. En diplomacia, reducir costos sin comprender el entorno puede terminar generando pérdidas mayores que el ahorro inicial.

A esta dimensión debe sumarse un criterio económico. Las representaciones diplomáticas deben contribuir a abrir mercados, atraer inversión, promover el turismo y acompañar la internacionalización de las empresas colombianas. Esto no significa reducir la diplomacia a un simple instrumento comercial, sino comprender que, en el mundo contemporáneo, es una herramienta para el desarrollo.

Para ello, los objetivos de cada misión deberían articularse con el Ministerio de Comercio, ProColombia, gremios, universidades y gobiernos territoriales. Una embajada puede ser clave para la agroindustria; otra para la transferencia tecnológica, la cooperación científica o la transición energética. Lo fundamental es que cada representación tenga un propósito claro y la capacidad institucional para cumplirlo.

Asimismo, la revisión de embajadas no puede confundirse con el análisis de la red consular. Mientras las embajadas representan políticamente al Estado, los consulados se concentran en la atención directa a los ciudadanos, respondiendo a los flujos migratorios y a los riesgos territoriales. Hay países con los que Colombia necesita interlocución política de alto nivel pese a tener una comunidad pequeña; en otros, requerirá una estructura consular robusta sin necesidad de embajada. Diferenciar estas funciones permite asignar mejor los recursos.

Junto con estas variables tangibles existen intangibles invaluables: la diplomacia produce confianza, acceso y capacidad de anticipación. Un canal político construido discretamente durante años puede ser determinante en medio de una crisis. Una alerta recibida a tiempo puede permitirle al Estado anticipar una decisión desfavorable.

Por eso, evaluar una embajada no puede reducirse a contar eventos o acuerdos firmados. En política exterior, algunos de los resultados más importantes consisten precisamente en evitar una crisis o impedir que una oportunidad desaparezca. Una misión puede parecer poco productiva y, en cuestión de días, convertirse en una infraestructura crítica para los intereses de Colombia.

De ahí que la auditoría anunciada deba ser la ocasión para construir una política exterior de largo aliento. Un documento que identifique los intereses permanentes de Colombia, establezca prioridades regionales y defina los criterios con los que el país decide abrir, fortalecer o cerrar una representación.

Si algo queda claro, es que Colombia no puede seguir reinventando su rumbo en el mundo cada cuatro años. Cada presidente tiene derecho a imprimirle prioridades a la acción internacional, pero esa conducción debe inscribirse en una visión de Estado que preserve la continuidad institucional frente a los ánimos cambiantes de la política doméstica. A partir de esa hoja de ruta, cada embajada debería contar con un mandato específico y evaluaciones periódicas diferenciadas. Algunas tendrían que fortalecerse; otras podrían asumir funciones regionales, y aquellas que ya no respondieran a un interés nacional identificable podrían cerrarse de manera ordenada.

En este empeño, el país no parte de cero. En el Ministerio de Relaciones Exteriores permanece una carrera diplomática con conocimientos técnicos, experiencia y memoria institucional. Aprovechar ese capital no limita la capacidad del gobierno; por el contrario, proporciona las herramientas necesarias para convertir sus orientaciones políticas en decisiones sostenibles.

Colombia podría avanzar, entonces, hacia una red más flexible: misiones integrales en países estratégicos; representaciones regionales; oficinas especializadas; y estructuras austeras donde sea necesario conservar presencia y observación. La eficiencia no es sinónimo de recorte. En algunos frentes habrá que reducir costos y revisar las estructuras. En otros, seguramente será necesario invertir más. La planeación consiste en distinguir unos casos de otros y asignar recursos con prioridades claras.

En este orden de ideas, el anuncio del rediseño diplomático puede convertirse en una oportunidad para ordenar la casa, corregir los excesos del pasado y construir una política exterior más profesional y previsora. Porque mover los puntos en el mapa es relativamente sencillo. Lo verdaderamente complejo es saber hacia dónde quiere dirigirse Colombia y qué instrumentos necesita para llegar allí. Y para eso no basta con tener un mapa. Se necesita, ante todo, una brújula construida con planeación, conocimiento y sentido de Estado.

La minería ilegal está llegando a lugares cada vez más recónditos de Colombia, como el Parque Nacional Natural Río Puré, en la zona fronteriza con Brasil. Allí, esta actividad ha disparado la deforestación con pérdidas de 506 hectáreas de bosque desde 2024, de acuerdo con un reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de la organización Amazon Conservation Association.

El monitoreo de las organizaciones que integran esta iniciativa advierte que la deforestación en esta región y la contaminación del río Puré por el uso de mercurio están aumentando los riesgos tanto para la biodiversidad de la región como para las comunidades indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos, los yuri y passé.

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En 2025, mediante el uso de imágenes satelitales, la misma alianza había documentado la presencia de al menos 27 dragas de extracción ilegal sobre el río Puré. Ahora, identificó cuatro zonas críticas, donde la minería ilegal ya afectó significativamente a algunas de sus riberas, incluso en zonas donde se realizaron operativos fronterizos entre Colombia y Brasil.

La demanda y precios históricos del oro, la falta de rastreo en su comercialización, así como la poca coordinación entre los países amazónicos han contribuido al deterioro ambiental de esta zona, considerada como refugio de biodiversidad y fuente importante de agua y alimento, de acuerdo con autores del reporte y especialistas consultados por Mongabay Latam.

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Deforestación ribereña enciende las alarmas

El análisis advierte que desde enero de 2024 se detectó la deforestación minera a lo largo de la zona ribereña del río Puré —el cual atraviesa el núcleo del área protegida y cruza hacia la Amazonía brasileña—, donde las extensiones de la deforestación pasaron de menos de cinco hectáreas en el primer semestre del año a un acumulado de 38 hectáreas.

Para el comienzo de 2025 ya se había detectado el doble de deforestación, respecto a diciembre de 2024. Aunque esta situación ha generado dos operativos binacionales en la zona fronteriza entre mayo y noviembre del año pasado, la pérdida de bosque continúa. Solo en lo que va de 2026, se identifican más de 177 hectáreas deforestadas en el área protegida.

Andrés Santana, gerente para combatir la deforestación ilegal en Amazon Conservation Association, señala que los operativos han tenido poco efecto para frenar la actividad, así como una respuesta descoordinada de gobiernos para la protección del Parque Río Puré.

“Lo desalentador en este caso es que el efecto del operativo duró solo dos meses. Estos operativos son costosos porque son áreas en donde los Estados no tienen presencia normalmente. Las fuerzas militares están unos días y después salen”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Santana señala que este tipo de acciones han provocado la dispersión de la minería ilegal a otras áreas. Agrega que el monitoreo de MAAP detectó cuatro zonas críticas que se expanden hacia el interior del área protegida.

“Los operativos se enfocaron en la frontera, sin embargo, el flujo del río va mostrando que hay gente que está dispuesta a adentrarse más en el parque nacional para excavar, extraer oro. Refleja básicamente la dificultad que tienen los dos Estados en hacer control de la presencia de mineros ilegales”, explica, en referencia a Colombia y Brasil.

Un informe de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) de Colombia y el Instituto Igarapé destaca que el alto valor ecológico de la red de ríos que conectan al río Puré coincide también con la exposición a la minería ilegal y con la poca presencia del Estado en las extensas áreas selváticas.

“En materia fiscal, ambiental y aduanera, la presencia institucional es principalmente simbólica. Colombia carece de puestos de migración o aduana en esta sección de frontera y los operativos de Corpoamazonia [Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia en Colombia] o Parques Nacionales son esporádicos”, destaca el documento.

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Riesgos para los pueblos en aislamiento voluntario

Julia Yansura, directora del programa contra delitos ambientales y finanzas ilícitas de la coalición Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), destaca que la minería ilegal de oro ha llegado en los últimos años a zonas más vulnerables y remotas, lo que implica contactos no deseados con las comunidades y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

“Ahora está penetrando en el corazón del bosque, donde nunca había llegado. Esto significa que está afectando regiones muy sensibles en su biodiversidad, en sus bosques, son zonas muy especiales. Está alcanzando por primera vez a pueblos no contactados, como los yuri y passé”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

Los cuatro puntos críticos identificados en el informe de MAAP registran diferentes grados de afectación en el Parque Río Puré, una región donde también habitan estas poblaciones, lo que implica un riesgo adicional, de acuerdo con Santana.

“La minería ilegal está llegando a tal grado dentro del parque que nos da indicios de que va a haber un contacto no deseado. Los pueblos indígenas que están en aislamiento allí van a ser contactados por mineros que están viniendo principalmente desde Brasil”, advierte el especialista.

Este acercamiento ha sido advertido por diferentes instituciones, como el Grupo de Trabajo Internacional de Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI), la FCDS y la Defensoría del Pueblo de Colombia, quienes han señalado los riesgos de encuentros no deseados con estas poblaciones vulnerando no solo su decisión de no ser contactadas, sino también exponiéndolas a enfermedades y violencia.

“Las incursiones ilegales en zona intangible significaban un alto riesgo de contacto entre los mineros, madereros y los pueblos indígenas yuri-passé, lo cual podría resultar en encuentros violentos y en el contagio de enfermedades que podrían ser devastadoras para los grupos en aislamiento, dada su altísima vulnerabilidad epidemiológica», concluyó la Defensoría en una alerta emitida en 2023. «Las actividades mineras y madereras ilegales a su vez pueden modificar los determinantes ambientales que permiten la subsistencia de los pueblos en situación de aislamiento”, agregó el organismo.

Además, se han estudiado también los impactos socioambientales que deja esta actividad con la presencia de mercurio en los ríos, peces y cultivos de las poblaciones para subsistir.

Al respecto, Yansura también destaca que los niveles de violencia en esta región serán un indicador clave, ante el aumento de la minería ilegal de oro y la deforestación del parque.

“La minería ilegal se asocia de manera estadística con mayores niveles de violencia. No solo la minería llega a las zonas más remotas, sino que el crimen organizado también llega a esas zonas ahora. No es la minería ilegal por sí sola, sino quiénes están detrás”, expone la experta.

La calculadora de impactos desarrollada por Conservation Strategy Fund, que hace parte de la iniciativa Amazon Mining Watch, estima que la extracción de un kilogramo de oro utiliza 2.33 kilos de mercurio, de los cuales el 9 % se vierte en los ríos, de los que un 3 % puede ser absorbido por peces que migran hasta 2000 kilómetros. En un escenario conservador, se estima que el radio de dispersión del mercurio es de 100 kilómetros.

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Demanda global del oro, un factor clave

Tanto Yansura como Santana coinciden en que el precio del oro, la alta demanda a nivel global y la falta de trazabilidad tienen una responsabilidad grande que impulsa a la minería ilegal no solo en el río Puré, sino en la región de la Amazonía, debido a la rentabilidad del metal.

“Estamos en un año donde el precio del oro ha alcanzado cifras récord a nivel internacional y eso se debe principalmente a que la demanda responde a tiempos de crisis geopolítica, de incertidumbre. Cuando sentimos que no sabemos qué viene en el futuro queremos invertir en activos muy sólidos, tradicionales y antiguos como el oro”, afirma Yansura a Mongabay Latam.

Sin embargo, la experta considera que la demanda y el precio del oro son solo un factor, pues advierte que el sistema de opacidad en el que opera es el que permite el avance de la minería ilegal y el lavado de oro ilícito en el mercado.

“El incremento que vemos ahora en la minería ilegal en la Amazonía no solo se debe al precio del oro. También es la facilidad con la que se lava [blanquea], con la que se transporta, es la falta de debida diligencia en los mercados, son lagunas y brechas profundas”, sostiene.

Santana agrega que más allá de que sea un refugio para inversionistas, la falta de mecanismos, especialmente en la Amazonía, impiden rastrear su origen.

“El comercio internacional de oro tiene graves falencias en términos de trazabilidad y debida diligencia que permiten que el oro siga siendo extraído de esta forma ilegal, que entre a una cadena formal y de esta forma muchas organizaciones criminales o ilegales se están enriqueciendo”, afirma.

En el caso del Parque Río Puré, la calculadora de Conservation Strategy Fund estima que es mayor el valor monetario en impactos socioambientales (más de 26 millones de dólares) por 180 hectáreas afectadas que el valor del oro extraído (poco más de 20 millones de dólares).

“Si tú lo miras desde la perspectiva económica, ni siquiera es un buen negocio. Lo están extrayendo a un costo ambiental, humano y social que no es rentable y nosotros, como ciudadanos, vamos a terminar pagando el precio”, sostiene Santana.

El reporte de MAAP asegura que uno de los retos en este caso es fortalecer acciones sostenidas para la construcción de una estrategia de prevención, así como coordinar acciones con el gobierno de Brasil para frenar los insumos de la industria minería ilegal y la movilización del oro extraído.

“Los operativos y estas acciones para aplicar la ley, en realidad tienen un efecto temporal. Nosotros vemos ahí la oportunidad de que los gobiernos colaboren más en términos de alinear sus marcos normativos para dar una respuesta unificada frente a este fenómeno que es transnacional”, agrega Santana.

*Imagen principal: pese a los operativos binacionales entre Colombia y Brasil, la minería ilegal se intensifica en el río Puré. Foto: cortesía Fuente Aeroespacial Colombiana.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La historia suele conceder mayor importancia al instante de la llegada que al tiempo de la permanencia. Los archivos registran con relativa facilidad el origen de un asentamiento, la apertura de un camino, la expedición de un decreto o la creación de una institución; mucho más difícil resulta reconstruir aquello que ocurre después, cuando el paso de los años convierte un territorio de colonización en un espacio habitado y una suma de familias dispersas comienza a reconocerse como comunidad. Allí, precisamente, se encuentra uno de los episodios menos explorados de la historia reciente de Ipiales.

Las dos entregas anteriores permitieron seguir las huellas del poblamiento afrodescendiente en Cofanía–Jardines de Sucumbíos desde sus primeros momentos. Vimos llegar familias procedentes del Pacífico nariñense y del Valle del Cauca, atraídas por la apertura de la frontera agrícola, por la explotación forestal o por las oportunidades laborales que ofrecía una región que apenas empezaba a transformarse. También observamos cómo aquellas trayectorias individuales fueron encontrándose hasta configurar un tejido humano que desbordaba el simple hecho migratorio. Quedó pendiente, sin embargo, la pregunta más importante: ¿cuándo dejó de hablarse de colonos para empezar a hablar de comunidad?

No existe una fecha para responderla, y quizá allí radique la mayor dificultad. Las comunidades no nacen el día en que una autoridad las reconoce ni cuando un documento oficial decide nombrarlas. Se forman lentamente, casi siempre lejos de los escritorios donde después se escribirá su historia. Mientras las instituciones producen resoluciones, las personas levantan sus viviendas, cultivan la tierra, entierran a sus muertos, celebran el nacimiento de sus hijos y aprenden a depender unas de otras. Es en esa vida cotidiana, casi siempre silenciosa, donde empieza a construirse el verdadero sentido de pertenencia.

Así ocurrió en Cofanía–Jardines de Sucumbíos. Los primeros migrantes llegaron con la incertidumbre propia de quien desconoce cuánto tiempo permanecerá en un lugar. Muchos pensaban regresar al Pacífico una vez mejoraran las condiciones económicas. Era una expectativa razonable. Allá habían quedado los padres, los hermanos, los amigos y una memoria construida durante generaciones. La frontera representaba una oportunidad; difícilmente podía imaginarse como un destino definitivo. Sin embargo, la historia suele avanzar por caminos distintos a los que proyectan quienes la protagonizan. Los años pasaron, los hijos crecieron, aparecieron nuevas necesidades y los vínculos con el territorio empezaron a adquirir una profundidad que ya no dependía únicamente de las circunstancias económicas que habían motivado el viaje.

Fue entonces cuando comenzó a producirse una transformación mucho menos visible que la apertura de una carretera o la explotación de un recurso natural, pero infinitamente más duradera. Las viviendas dejaron de levantarse con la lógica de la provisionalidad; los cultivos empezaron a pensarse para el futuro; las mingas, las celebraciones y el apoyo mutuo dejaron de ser respuestas ocasionales para convertirse en prácticas habituales. Sin declararlo expresamente, aquellas familias empezaban a construir una memoria compartida. Y una comunidad comienza a existir justamente en ese momento: cuando el territorio deja de ser el lugar donde se trabaja para convertirse en el lugar donde se imagina el porvenir.

La consolidación de ese proceso no significó la desaparición de las raíces. Ocurrió exactamente lo contrario. En la medida en que aquellas familias fueron comprendiendo que su permanencia ya no sería transitoria, surgió también la necesidad de conservar aquello que las identificaba. La cocina siguió reuniendo alrededor del fogón los sabores traídos desde la costa; las celebraciones familiares conservaron músicas, formas de hablar y maneras de entender el parentesco que difícilmente podían aprenderse en un libro. Los niños crecían entre dos memorias. Escuchaban a sus mayores hablar de los ríos del Pacífico, de las faenas de pesca y de los pueblos que habían quedado atrás, mientras ellos empezaban a construir recuerdos distintos, ligados a las montañas, a los caminos abiertos por sus padres y a una frontera que ya no percibían como ajena.

Ese diálogo entre dos territorios terminó produciendo una experiencia singular. Los hijos de quienes llegaron desde el Pacífico nariñense y el Valle del Cauca, no dejaron de ser afrodescendientes por haber nacido o crecido en Ipiales, pero tampoco podían explicarse únicamente desde la historia del litoral Pacífico. Su experiencia vital era otra. Habían compartido la escuela con hijos de colonos, campesinos e indígenas Cofán; habían participado de las mismas mingas, enfrentado las mismas dificultades para acceder a los servicios básicos y aprendido a resolver problemas comunes en un territorio donde la presencia institucional continuaba siendo limitada. Aquella convivencia cotidiana no borró las diferencias culturales, pero produjo un conocimiento mutuo que terminó enriqueciendo la vida de todos.

Quizá allí comenzó a gestarse una de las características menos estudiadas de los afroipialeños: la capacidad de construir identidad sin aislarse del entorno. Mientras en otras regiones del país la defensa de la diferencia étnica estuvo marcada por procesos de confrontación o de resistencia frente a modelos de exclusión muy definidos, en Cofanía–Jardines de Sucumbíos la afirmación de la identidad avanzó de manera más silenciosa. No porque hubieran desaparecido las dificultades o las formas de discriminación, sino porque las condiciones propias de la frontera hicieron indispensable una convivencia permanente entre comunidades distintas que compartían problemas similares y, en muchas ocasiones, idénticas expectativas de futuro.

Esa particularidad explica por qué la historia de los afroipialeños no puede reducirse a un capítulo más dentro de la historia de las comunidades negras del Pacífico. Su proceso responde a circunstancias propias, determinadas por la colonización del occidente del municipio, por la ocupación de nuevos espacios productivos y por una relación cotidiana con poblaciones indígenas y campesinas que terminó moldeando una experiencia histórica diferente. Esa condición fronteriza produjo una identidad que merece ser comprendida desde sus propias dinámicas y no únicamente como una extensión geográfica de los procesos ocurridos en la costa nariñense.

Sin embargo, mientras esa realidad se consolidaba, la historia escrita continuaba avanzando por otros caminos. Los estudios sobre Ipiales privilegiaron, con razón, asuntos como la antigua provincia de los Pastos, la Independencia, el comercio fronterizo o el desarrollo urbano. Todos ellos forman parte esencial del pasado regional. Lo llamativo es que, paralelamente, una comunidad crecía, trabajaba, organizaba su vida y transformaba un sector importante del municipio sin que ese proceso encontrara un lugar equivalente dentro de la narrativa histórica. No fue un acto deliberado de exclusión. Fue, más bien, la consecuencia de una tradición historiográfica que acostumbró a buscar las grandes transformaciones en los archivos oficiales y prestó menor atención a las memorias construidas por las propias comunidades.

Por eso esta investigación nunca pretendió descubrir una historia desconocida. La historia ya existía. Existía en los relatos conservados por las familias, en las fotografías guardadas con cuidado durante décadas, en los nombres de quienes abrieron las primeras trochas, levantaron las primeras viviendas o decidieron quedarse cuando otros regresaron. Lo que faltaba era incorporarla al relato general de Ipiales, no como una nota al margen ni como un ejercicio de reparación simbólica, sino como parte de un proceso histórico que contribuye a explicar mejor la transformación del municipio durante la segunda mitad del siglo XX.

La consolidación de aquella comunidad terminaría encontrando, años más tarde, un marco jurídico que le permitió organizarse y reclamar derechos colectivos. Sin embargo, conviene insistir en una precisión que resulta indispensable para comprender este proceso en su verdadera dimensión histórica. Los Consejos Comunitarios no dieron origen a los afroipialeños; fueron la expresión organizativa de una realidad social que llevaba varias décadas construyéndose. Antes de que existieran actas de constitución, resoluciones de reconocimiento o juntas directivas, ya existían familias que habían aprendido a compartir el territorio, a resolver sus conflictos mediante formas propias de organización y a transmitir una memoria común a las nuevas generaciones.

La expedición de la Constitución Política de 1991 y, posteriormente, de la Ley 70 de 1993, abrió un escenario completamente distinto para las comunidades negras del país. Aquellas disposiciones no solo reconocieron derechos largamente reclamados; también ofrecieron instrumentos para proteger formas de organización que habían sobrevivido durante años sin respaldo institucional. En regiones como el litoral Pacífico, donde la presencia afrodescendiente había sido ampliamente documentada, ese reconocimiento encontró procesos comunitarios consolidados. En Ipiales ocurrió algo semejante, aunque con una diferencia sustancial: la comunidad había nacido en un contexto fronterizo, lejos de los territorios que tradicionalmente ocupan un lugar central en los estudios sobre población afrocolombiana. Esa particularidad explica, en buena medida, por qué su historia permaneció durante tanto tiempo en un discreto segundo plano.

Los Consejos Comunitarios de Nueva Esperanza, Liberación y Futuro y Nuevo Renacer constituyen hoy la expresión más visible de ese recorrido histórico. No representan únicamente una figura administrativa prevista por la ley. Son el resultado de un proceso de maduración colectiva que permitió a las familias reconocerse como parte de una misma experiencia histórica y asumir la responsabilidad de preservar su patrimonio cultural, fortalecer su organización interna y participar en las decisiones que afectan el territorio donde han construido su proyecto de vida.

Reducir su importancia al cumplimiento de un requisito legal sería desconocer el verdadero significado de estos procesos organizativos. Cada Consejo Comunitario sintetiza décadas de esfuerzo silencioso, de trabajo compartido y de una memoria que se negó a desaparecer aun cuando la historia oficial apenas registraba su existencia. Detrás de cada reunión comunitaria, de cada decisión adoptada colectivamente o de cada iniciativa orientada a la defensa del territorio, permanece la experiencia acumulada por quienes abrieron los primeros caminos y demostraron que era posible convertir un espacio de colonización en un lugar de pertenencia.

Ese es, quizá, el aporte más significativo de los afroipialeños a la historia contemporánea del municipio. No se limita a la ocupación de un territorio ni a su participación en las actividades productivas que impulsaron el desarrollo de Ipiales. Su legado también se expresa en una manera de comprender la comunidad como un ejercicio permanente de solidaridad, de memoria y de responsabilidad compartida. Son valores construidos en la experiencia cotidiana, lejos de los discursos oficiales, pero profundamente arraigados en la vida de quienes hicieron de Cofanía–Jardines de Sucumbíos un hogar.

Durante mucho tiempo esa contribución permaneció dispersa en recuerdos familiares, en fotografías guardadas con celo y en relatos transmitidos de generación en generación. Cada testimonio parecía una historia aislada. Solo al reunir esas voces fue posible advertir que todas hablaban, en realidad, de un mismo proceso. Lo que aparecía fragmentado en la memoria individual adquiría sentido cuando se observaba como parte de una experiencia colectiva. Allí comenzó a revelarse una historia distinta, una historia que no cuestiona las narraciones tradicionales sobre Ipiales, pero sí las completa y las enriquece.

Tal vez esa sea la principal conclusión de esta trilogía. La investigación no pretendió añadir un episodio más a la historia local ni elaborar un inventario de nombres y fechas destinado a llenar un vacío bibliográfico. El propósito fue demostrar que la historia de Ipiales todavía conserva zonas insuficientemente exploradas y que muchas de ellas permanecen vivas en la memoria de comunidades cuya experiencia rara vez ha sido incorporada al relato histórico del municipio. Escuchar esas voces no responde a una concesión académica ni a una moda historiográfica. Responde, simplemente, a una exigencia de rigor.

Porque una historia que deja por fuera a quienes también construyeron el territorio termina siendo una historia incompleta. La presencia afrodescendiente en Cofanía–Jardines de Sucumbíos no modifica el pasado de Ipiales; modifica nuestra manera de comprenderlo. Obliga a desplazar la mirada, a reconocer que las grandes transformaciones de un municipio no siempre ocurren en los escenarios donde tradicionalmente se ha concentrado la atención de los historiadores y que, muchas veces, los procesos más profundos transcurren lejos de los centros políticos y administrativos, allí donde la vida cotidiana va modelando silenciosamente nuevas formas de pertenencia.

La verdadera tarea que deja esta investigación no consiste únicamente en visibilizar la presencia de los afroipialeños, sino en incorporarla de manera definitiva a la interpretación histórica del municipio. Su experiencia colectiva no constituye un episodio aislado ni un apéndice de la historia regional; forma parte de los procesos que explican la transformación del oriente de Ipiales durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI. Integrar esa memoria al relato histórico no responde a un ejercicio de inclusión simbólica, sino a una exigencia de rigor historiográfico. En la medida en que nuevas investigaciones profundicen en estas trayectorias, dialoguen con la memoria oral y amplíen el conocimiento sobre las comunidades asentadas en Cofanía–Jardines de Sucumbíos, la historia de Ipiales será también más completa y más fiel a la diversidad de quienes la han construido.

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Andrés Bräutigam es médico veterinario especializado en fauna silvestre y trabaja en un centro de rescate en San Isidro de Heredia, un cantón cercano a San José, la capital de Costa Rica. En 2025 recibió a un pequeño margay (Leopardus wiedii) que, entre sus innumerables pacientes, le es difícil olvidar. Su cuerpo, recuerda, tenía “todas las muestras del conflicto felino-humano”.

El animal —que se encontraba cerca de la comunidad de Turrialba, en el centro del país— había entrado a un gallinero en busca de alimento. Al verlo acorralando a las gallinas, los perros de la zona lo persiguieron y luego un habitante lo golpeó en el cráneo en represalia. Pero la historia no acabó allí. Tras ser llevado al centro de rescate, Bräutigam y su equipo evidenciaron que el margay, además de las heridas, estaba infectado con dos enfermedades comunes en gatos domésticos: sida (FIV) y leucemia felina (FeLV).

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“Mucho de ese conflicto —dice el veterinario— se deriva de un ecosistema que está altamente alterado”. Es una cadena de eventos desafortunados. Sin un ecosistema conservado en el que el felino pueda desplazarse y camuflarse para cazar a sus presas, y con comunidades humanas que se expanden hacia zonas conservadas, el animal se acerca cada vez más a las personas e interactúa con sus animales de crianza y mascotas, pudiendo contagiarse de enfermedades de las que aún se conoce poco.

La transmisión de enfermedades de animales domésticos a felinos silvestres se ha convertido en una preocupación en aumento entre grupos de conservación, biólogos y médicos veterinarios. Como asegura Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés) y miembro del Grupo de Especialistas en Felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), “es, sin duda, el asesino silencioso más grave, generalizado y devastador” para los félidos silvestres.

Enzo Aliaga-Rossel, investigador asociado del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y miembro del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia (PIF), explica que el contagio de virus entre la fauna silvestre y los animales domésticos se conoce como “salto zoonótico” y ocurre cuando la actividad humana altera los ecosistemas, ocasionando el contacto estrecho. Los animales domésticos, comenta, actúan frecuentemente como «puentes epidemiológicos» que transmiten estos patógenos.

Además, el impacto potencial de las enfermedades “domésticas” no se limita a una sola especie, sino que puede exponer a diferentes felinos a patógenos peligrosos que, en muchos casos, pueden ser mortales, asegura la científica brasileña Flavia Tirelli, doctora en Zoología y coordinadora del Geoffroy’s Cat Working Group, una red internacional que lucha por la conservación del gato del bosque o gato montés (Leopardus geoffroyi) y de otros felinos silvestres. La transmisión de enfermedades pone en riesgo, especialmente, a los felinos silvestres que ya están en peligro de extinción.

Desde los grandes jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor), hasta los más pequeños y poco conocidos como el gato de las pampas (Leopardus munoai), el gato colocolo (Leopardus colocola) y la oncilla nebulosa (Leopardus pardinoides), se enfrentan a los riesgos de contraer enfermedades virales, hongos, bacterias o parásitos de animales domésticos. Se trata de una amenaza en aumento, que no conoce fronteras y de la que los gatos salvajes no pueden huir por instinto.

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Si a esto se le suman otras presiones como la pérdida de ecosistemas, el avance agrícola y urbano en sus zonas de distribución, su captura para el tráfico de fauna o la caza por retaliación (es decir, como respuesta a los ataques a animales domésticos), la situación que enfrentan los gatos silvestres es dramática.

En esta entrega especial, Mongabay Latam documentó el avance de numerosas enfermedades de animales domésticos que afectan a los felinos silvestres en seis países de la región: México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

Una amenaza cada vez más cerca

Diversos estudios han documentado cómo los gatos y los perros domésticos pueden impactar gravemente la fauna silvestre. Los perros, por ejemplo, han llevado a la extinción a 11 especies de aves y han puesto en peligro la supervivencia de 96 especies de mamíferos. Los gatos cazan y se comen más de 2084 especies de diferentes grupos de animales, de las cuales 347 (16.65 %) están amenazadas de extinción. Además de esto, durante las interacciones, pueden transmitirles enfermedades.

Como explica Tirelli, “la fragmentación del hábitat y la expansión urbana han facilitado en gran medida la transmisión de patógenos entre especies domésticas y silvestres. Cuanto más aumenta esta fragmentación, con más ‘pedacitos’ de áreas naturales modificadas, los humanos traen consigo animales domésticos que pueden transmitir enfermedades a los animales silvestres”. Además, advierte Diego Ramírez-Álvarez, especialista en manejo y conservación de la biodiversidad, esas enfermedades “se están presentando con mayor frecuencia en los últimos años, debido al aumento de mascotas de libre deambular en territorios silvestres, al acortamiento de la interfaz humano-silvestre y a una pésima tenencia responsable de mascotas”.

Cámaras trampa de biólogos y científicos en distintos países de Latinoamérica han evidenciado cómo los animales domésticos se mueven por las mismas zonas que los silvestre, compiten por recursos y se depredan, incluso al interior de áreas protegidas. “El problema no son el perro o el gato, sino que las personas no son conscientes de lo que pueden causar a la fauna silvestre”, señala la médica veterinaria Carolina Sáenz, directora del Hospital de Fauna Silvestre (Tueri) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

José Daniel Ramírez, biólogo costarricense, creó el programa “La amenaza invisible” para entender la relación entre las enfermedades de mascotas y los felinos silvestres en su país y para detectar patógenos que podrían pasar desapercibidos entre ellos. En el bosque nuboso de Monteverde, donde trabaja, se encuentran las seis especies de félidos de Costa Rica (jaguar, puma, oncilla, margay, ocelote y yaguarundí). “En el país, todas están en peligro de extinción y las enfermedades transmitidas por animales domésticos actúan como una presión adicional”, señala.

Los registros de sus cámaras trampa han documentado que el mismo sendero por el que pasa una puma con sus dos crías se convierte, algunas horas más tarde, en el camino de tres perros pastores alemanes. “Esa era una de nuestras cámaras trampa más remotas. Pero no ha sido la única vez ni la única zona. Es una muestra de que están compartiendo el hábitat”, insiste Ramírez.

En México, el profesor Heliot Zarza Villanueva, biólogo y vicepresidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), levanta otra señal de alerta: “Las áreas naturales protegidas han sido una de las estrategias de conservación más sólidas a nivel mundial. Pero no pueden proteger la biodiversidad por sí solas. Necesitan también de lo que está fuera de sus límites”.

El último censo de jaguares coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ANCJ y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mostró un crecimiento de la población en un 10 % en un periodo de seis años en ese país, pasando de 4800 ejemplares en 2018 a 5326 en 2024. Sin embargo, los investigadores advierten que este incremento —atribuido a la expansión de áreas protegidas— no significa que la especie esté a salvo.

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La situación se repite en otros países. “Como investigadores, solíamos ir a áreas naturales, revisar las cámaras trampa y decir: ‘Acá hay muchos ocelotes (Leopardus pardalis), yaguarundíes (Herpailurus yagouaroundi) o margays’, o ‘hay cachorros, juveniles o adultos’, y creíamos que esa era una muestra de poblaciones saludables y una esperanza de conservación”, señala Abel Gallo Pérez, biólogo ecuatoriano especialista en felinos silvestres. “Pero ahora se nos abre una nueva ventana que antes ignorábamos: ¿Y si están enfermos? Es una amenaza que existe, que pone en riesgo a las poblaciones de felinos silvestres y que puede llevarlas a su colapso”.

En palabras de Isabel Hagnauer, veterinaria de Wildlife Rescue Costa Rica, «si desde hace muchísimos años estábamos hablando de que algunas de estas especies están en peligro de extinción, la posibilidad de que se infecten con estas enfermedades podría hacer que las poblaciones disminuyan mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora”.

Ya han ocurrido eventos similares en otras partes del mundo. En Tanzania, a principios de los años 90, murió un tercio de los leones del Parque Nacional Serengueti a causa del distemper canino (más conocido como moquillo), que fue contagiado por los perros domésticos de las comunidades de pastores masái.

Virus y parásitos, un riesgo invisible y subestimado

El biólogo Rodrigo Núñez, integrante de la asociación Alianza Jaguar, lleva tres décadas monitoreando felinos en el occidente de México. A través de cámaras trampa ubicadas en la Reserva Chamela-Cuixmala, donde trabaja, pudo ver cómo un ocelote (especie en peligro de extinción en México) se deterioraba progresivamente. En 2011, el félido era uno de los machos dominantes del área y se encontraba sano y robusto, pero en el transcurso de un año se convirtió en un animal extremadamente delgado, con cambios y lesiones en la piel.

“Lo más probable es que el ocelote haya muerto de sarna sarcóptica, una enfermedad causada por ácaros que se alojan en la piel y que se contagia por contacto directo”, dice el experto. Aunque se cree que esta enfermedad no es muy peligrosa porque los perros y gatos pueden sobrevivir a ella, lo cierto es que la fauna silvestre la pasa “realmente mal”. Animales como los ocelotes y pumas, explica Núñez, “necesitan estar quietecitos para poder acechar a su presa. Si se están moviendo por la comezón, les va a costar mucho trabajo poder cazar. Además, como se quedan pelones (calvos), pierden la protección que les da su camuflaje”. Ese deterioro los puede llevar hasta la muerte.

El panorama de la transmisión es complejo porque hay distintas formas en las que los animales domésticos pueden contagiar a la fauna silvestre: intercambio de fluidos, secreciones nasales, heces en lugares no debidos e incluso por garrapatas. Enfermedades como el sida felino —también conocido como virus de la inmunodeficiencia felina (FIV)— y la leucemia felina (FeLV), que suelen transmitirse por contacto directo con fluidos de los gatos domésticos, inquietan fuertemente a los veterinarios debido a su alta prevalencia en muchos países y la gravedad de las enfermedades asociadas.

La saliva, mordidas o rasguños típicos en enfrentamientos, por ejemplo, pueden contagiar los virus que causan inmunodepresión, anemia, pérdida de condición corporal y deterioro general de la salud del animal.

De hecho, investigaciones realizadas en Brasil han identificado gatos domésticos que dieron positivo para leucemia felina y que se encuentran al interior de áreas protegidas. “Podemos reconocer esto como una amenaza real y grave para las poblaciones de felinos salvajes, especialmente en áreas protegidas, donde la densidad de estos felinos salvajes tiende a ser mayor”, señala el estudio.

Además de los virus más conocidos, como los causantes del FIV y el FeLV, un estudio de 2024 dedicado a la revisión bibliográfica sobre enfermedades en felinos silvestres de Brasil también destacó el riesgo de exposición al virus del distemper viral canino (CDV, por sus siglas en inglés), a los adenovirus y al virus de la rabia.

Otro caso bien documentado en Chile es el de la güiña (Leopardus guigna). Las poblaciones de este felino silvestre, uno de los más pequeños de América, han contraído leucemia felina, inmunodeficiencia felina y endoparásitos gastrointestinales y cardiorrespiratorios de gatos domésticos, así como parvovirus de perros. Constanza Napolitano, una de las científicas que ha liderado estos estudios y directora del Laboratorio de Genética de la Conservación del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, de la Universidad de Los Lagos, afirma que “la evidencia de la presencia de estos tres virus de gran importancia epidemiológica la encontramos a través de todo el rango de distribución de la guiña en Chile, por lo que se puede afirmar que es un problema generalizado en el país y bastante grave por su extensión y magnitud”.

El investigador Enzo Aliaga-Rossel alerta que la panleucopenia felina (conocida popularmente como moquillo felino y causada por un virus es perteneciente a la familia Parvoviridae), es una de las más comunes entre animales domésticos que habitan las zonas rurales de Bolivia. Según explica, se trata de un virus altamente contagioso, extremadamente resistente y que afecta a diversas especies de fauna silvestre. “Este virus puede saltar fácilmente entre especies. Los grandes felinos, como leones o tigres, y también los pequeños, como los gatos monteses, son altamente susceptibles a contraer esta enfermedad”, insiste.

“Le decimos ‘amenaza invisible’ porque, desde afuera, puedes ver a los animales ‘normales’, pero cuando haces algunas pruebas específicas te das cuenta que tienen enfermedades que se transmiten por animales domésticos. Y ahí es donde viene la preocupación”, afirma José Rodríguez, de Costa Rica.

Claudio Ahumada-Sanhueza, médico veterinario de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello (UFAS-UNAB) e integrante del ColoColo Project, en Chile, coincide: “Las enfermedades infecciosas que transmiten animales domésticos, como perros y gatos, terminan siendo súper graves para los animales silvestres porque ellos no están preparados para esto. Terminan enfermándose y, cuando son encontrados, son casos sumamente difíciles de tratar”.

Esfuerzos comunitarios para superar las dificultades del monitoreo

En general, hacer monitoreo de felinos silvestres es una tarea sumamente compleja. Son rápidos, se camuflan, huyen y es muy difícil verlos en entornos naturales.

«Muestrear vida libre es muy difícil. Ir a agarrar tigrillos, pumas o yaguarundíes para hacer un censo de enfermedades requiere mucha logística y muchos recursos”, asegura la veterinaria Natalia Montero. “Casi no se ha hecho, pero eso no significa que las enfermedades no estén allí”. Por lo mismo, los expertos consultados para este especial coinciden en que —aunque falte evidencia— las enfermedades revisten un riesgo que no puede ignorarse.

Aliaga-Rossel, de Bolivia, señala que, además de la dificultad de ver a estos animales en su hábitat natural, otra razón por la que hay pocos estudios es por la falta de “financiamiento masivo, tecnología de punta y permisos especiales” para monitorear y tomar muestras en poblaciones de felinos silvestres.

La veterinaria Susana Illescas, que se ha encargado de la contención, anestesia y evaluación clínica de grandes carnívoros en proyectos de investigación en México, coincide con Aliaga-Rossel. La logística en campo para capturar felinos, anestesiarlos y tomar muestras tiene una limitación difícil de ignorar: el presupuesto. Tomar y procesar muestras implica una costosa cadena de frío, reactivos y laboratorios especializados. Sin estos recursos, conocer la escala y el avance de las enfermedades sigue siendo un desafío.

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“A mí un ocelote puesto en la mesa, sólo para hacerle un panel de exámenes de tres enfermedades domésticas [sida felino, leucemia felina y moquillo], me cuesta unos 500 dólares”, dice Eliana Molineros, directora médica del Proyecto Sacha, en Ecuador, que desde 2019 decidió hacerle ese “panel” de pruebas a todos los ocelotes que llegan a su centro de rescate. “Pero es importante hacerlo para tomar las mejores decisiones por ese animal y para todas las especies”, agrega.

Ante la dificultad de llegar a las poblaciones silvestres, y para hacer frente al avance de las enfermedades, biólogos, veterinarios, centros de rescate y organizaciones de conservación han hecho esfuerzos conjuntos para controlar una de las fuentes del problema: muestrear a los perros y gatos de las comunidades cercanas a las áreas protegidas y bosques con felinos silvestres. Así han podido identificar algunas de las enfermedades presentes y han adelantado campañas de vacunación y esterilización para los animales domésticos. También han realizado talleres sobre la tenencia responsable de mascotas y acuerdos con comunidades rurales aledañas a las áreas protegidas.

Sólo en 2024 se esterilizaron 255 perros domésticos y 196 gatos, y se vacunaron 2020 perros domésticos y 562 gatos de zonas rurales de México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina. Pero los esfuerzos deben redoblarse e incluir participación de los Estados, pues, como advierte la bióloga Paola Nogales, coordinadora del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia, “la frontera entre la salud de las mascotas y la fauna del bosque es hoy más delgada que nunca”.

Mientras la ciencia trabaja a contrarreloj y con fondos limitados, los felinos se acercan cada vez más a las poblaciones humanas para sobrevivir a la fragmentación de su hábitat, una de las principales raíces de estas nuevas amenazas.

*Imagen principal: Caoba es una yaguarundí (‘Herpailurus yagouaroundi’) que se contagió de leucemia felina, una enfermedad propia de gatos domésticos, por lo que deberá permanecer en cautiverio en un centro de rescate de Costa Rica. Foto: cortesía Centro de Rescate Las Pumas.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La historia de Ipiales suele contarse desde sus pueblos indígenas, su condición fronteriza, su vocación comercial o los acontecimientos políticos que marcaron su desarrollo. Son relatos necesarios, pero no suficientes. Hay otras memorias que permanecieron durante décadas al margen de la historia local, no porque carecieran de importancia, sino porque casi nadie se detuvo a buscarlas. Entre ellas se encuentra la de las primeras familias afrodescendientes que llegaron al corregimiento de Cofanía–Jardines de Sucumbíos y comenzaron, sin proponérselo, un proceso de poblamiento que con el tiempo daría origen a las comunidades afro reconocidas hoy en el municipio de Ipiales.

Las comunidades no aparecen de un momento a otro ni nacen el día en que una institución decide reconocerlas. Antes de que el Estado colombiano expidiera los actos administrativos que reconocieron los consejos comunitarios de Nueva Esperanza, Nuevo Renacer y Liberación y Futuro, ya existía una población afro asentada en este territorio amazónico. Su historia no comenzó en una oficina del Estado, sino en los largos caminos recorridos por familias que abandonaron el litoral Pacífico buscando un lugar donde trabajar, cultivar la tierra y ofrecer un futuro distinto a sus hijos.

Las investigaciones realizadas en los últimos años permiten reconstruir parte de ese proceso y, sobre todo, devolverle nombre a quienes durante mucho tiempo permanecieron reducidos al anonimato. La memoria comunitaria y los estudios desarrollados por el antropólogo Juan Carlos Rubiano Carvajal coinciden en señalar a Feliciano Castillo, Rómulo Castillo, Eliberio Obando Castillo y Tomás Emilio Obando, oriundos de la vereda Sanabria, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, como parte de los primeros afrodescendientes que se establecieron en Sucumbíos. A ellos se sumaría años más tarde Libardo Obando, cuyo testimonio constituye hoy una de las fuentes más valiosas para comprender cómo se fue construyendo esta historia.

Conviene detenerse un momento en el lugar del que partieron. Santa Bárbara de Iscuandé no es solamente uno de los municipios más antiguos del Pacífico nariñense; es también un territorio donde la población afrodescendiente ha construido durante siglos una cultura ligada al río, al mar, a la pesca, a la agricultura y a la extracción de recursos naturales. Sin embargo, como ocurrió en buena parte del litoral colombiano durante el siglo XX, las oportunidades económicas resultaban insuficientes para una población creciente. El abandono estatal, las limitadas posibilidades de empleo y las dificultades para acceder a la tierra llevaron a muchas familias a buscar nuevos horizontes. En ese contexto comenzó a mencionarse una región ubicada al extremo sur de Nariño, donde el bosque ofrecía trabajo y la frontera amazónica parecía abrir otras posibilidades.

Hoy basta observar un mapa para imaginar la distancia entre Iscuandé y Sucumbíos; recorrerla hace cinco o seis décadas era una experiencia completamente distinta. Los trayectos implicaban desplazamientos fluviales, caminos de difícil acceso y jornadas enteras atravesando territorios poco comunicados. Cada viaje suponía abandonar un mundo conocido para internarse en otro donde casi todo estaba por descubrir. Quienes emprendieron esa ruta no llevaban más riqueza que su experiencia como campesinos y trabajadores forestales, algunas herramientas, semillas y la determinación de comenzar de nuevo.

La explotación maderera fue uno de los principales motivos que impulsaron aquella migración. El cedro, abundante en los bosques del piedemonte amazónico, se había convertido en una especie de gran valor comercial y demandaba mano de obra para las labores de corte y transporte. Rómulo Castillo es recordado como uno de los primeros aserradores que trabajó en la región, una actividad que exigía internarse durante semanas en la selva y enfrentar condiciones extremadamente difíciles. Aquellos hombres no llegaron pensando en fundar una comunidad; llegaron buscando trabajo. Sin advertirlo, fueron abriendo el camino para que otras familias siguieran la misma ruta.

Existe una idea equivocada según la cual las fronteras amazónicas eran territorios deshabitados que esperaban la llegada de nuevos pobladores. La realidad era otra. Mucho antes de la presencia de colonos, campesinos y trabajadores afrodescendientes, estas tierras formaban parte del territorio ancestral del pueblo Cofán (A’i), cuya relación con la selva estaba fundada en un conocimiento profundo de los ríos, las plantas, los animales y los ciclos naturales. Comprender esta realidad permite entender que el poblamiento afro de Sucumbíos no fue la ocupación de un espacio vacío, sino el encuentro entre comunidades con historias y experiencias diferentes.

Los testimonios recogidos durante el proceso de consulta previa recuerdan que Eusebio Lucitante y Natali Lucitante, integrantes del pueblo Cofán, desempeñaron un papel importante en los primeros años del asentamiento afro. Ellos orientaron a los recién llegados sobre el territorio, facilitaron el acceso a lugares de trabajo y compartieron conocimientos indispensables para desenvolverse en una selva desconocida. La memoria de ambas comunidades conserva ese tiempo inicial como una etapa marcada más por la colaboración cotidiana que por la confrontación. Es un aspecto que merece destacarse porque rompe con la idea, demasiado frecuente, de que toda relación entre pueblos distintos estuvo necesariamente determinada por el conflicto.

Poco a poco la madera dejó de ser el único motivo para permanecer. Comenzaron a levantarse viviendas, aparecieron pequeñas parcelas dedicadas a la agricultura y las familias fueron tejiendo relaciones de vecindad que fortalecieron el sentido de pertenencia. Cada nuevo hogar animaba la llegada de otros parientes; cada cosecha confirmaba que era posible quedarse. La comunidad fue creciendo sin ceremonias fundacionales, sin titulares de prensa y sin mayor atención por parte de las instituciones. Mientras la historia oficial seguía mirando hacia otros escenarios centralistas, en Sucumbíos empezaba a consolidarse una población afrodescendiente que haría de ese territorio el centro de su vida.

Quizá allí radique el mayor valor de esta historia. Los nombres de Feliciano Castillo, Rómulo Castillo, Eliberio Obando Castillo, Tomás Emilio Obando y Libardo Obando representan mucho más que una lista de pioneros. Son el rostro de una generación que abrió caminos donde no los había, transformó una migración en arraigo y convirtió la incertidumbre en proyecto de vida. Sin proponérselo, aquellos hombres y sus familias empezaron a escribir un capítulo de la historia de Ipiales que durante demasiado tiempo permaneció oculto.

La tercera y última entrega abordará el momento en que esa comunidad, construida durante décadas alrededor del trabajo, la familia y la permanencia en el territorio, decidió organizarse para reclamar el reconocimiento de sus derechos colectivos. Solo entonces aparecerán los consejos comunitarios. Antes de la norma existía la comunidad; antes del reconocimiento jurídico ya había una historia que merece ser contada.

PD. Las fotos de estos artículos corresponden a Asoccafrain Jardines de Sucumbios.