El premio es otorgado por el Instituto Clay de Matemáticas, una fundación estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a promover y estimular la investigación matemática. Además de diversos programas de apoyo y reconocimientos para matemáticos destacados, el Instituto estableció en el año 2000 su iniciativa más conocida: la selección de siete grandes problemas abiertos, denominados «Problemas del Milenio», y la oferta de un premio de un millón de dólares para quien consiguiera resolver cualquiera de ellos.

Entre esos desafíos figura la «hipótesis de Riemann», uno de los problemas más célebres de las matemáticas. Su importancia ha sido resaltada en numerosas ocasiones, entre ellas por el matemático alemán David Hilbert (1862-1943), quien afirmó:

«Si despertara después de haber dormido mil años, mi primera pregunta sería: “¿Ha sido demostrada la hipótesis de Riemann?”».

La lista de los siete Problemas del Milenio también incluye la «conjetura de Poincaré», las «ecuaciones de Navier-Stokes» y la «conjetura de Hodge», entre otros. Hasta la fecha, solo uno de los siete problemas ha sido resuelto: la conjetura de Poincaré, demostrada en 2003 por el matemático ruso Grigori Perelman. Sin embargo, Perelman rechazó tanto los reconocimientos académicos asociados a su logro como el premio de un millón de dólares ofrecido por el Instituto Clay.

El pasado 8 de septiembre se anunció una posible solución de otro de los Problemas del Milenio: el relacionado con las ecuaciones de Navier-Stokes. Según la información difundida, la solución se habría obtenido con ayuda de la inteligencia artificial, lo que ha suscitado un intenso debate acerca del mérito de este posible logro. Buena parte de la discusión gira en torno al papel desempeñado por los matemáticos españoles Diego Córdoba y Luis Martínez-Zoroa, cuyos trabajos y métodos habrían proporcionado la base sobre la que la IA pudo alcanzar la solución presentada.

Sin embargo, en medio de todo el alboroto suscitado no solo por la posible resolución de otro de los Problemas del Milenio, sino también por el alcance que parecen estar adquiriendo las herramientas de inteligencia artificial, resulta especialmente sensato el pronunciamiento que hizo público el Instituto Clay de Matemáticas el pasado 11 de septiembre. No hay que olvidar que es precisamente esta institución la que ofrece el premio de un millón de dólares para quien logre resolver alguno de esos problemas.

A continuación comparto dicho comunicado, para que los lectores puedan conocer de primera mano cuál es la posición del Instituto y comprender mejor el verdadero alcance de este anuncio.

Los Problemas del Milenio fueron presentados por el Instituto Clay de Matemáticas (Clay Mathematics Institute, CMI) en una reunión celebrada en París en el año 2000 para conmemorar «La universalidad del pensamiento matemático».

Estos problemas representan algunos de los desafíos más difíciles que ocupaban a los matemáticos en el cambio de milenio. Al formularlos y asociar a cada uno un premio de un millón de dólares, el CMI perseguía tres objetivos: destacar ante el público general que la frontera de las matemáticas sigue abierta y está llena de importantes problemas sin resolver; subrayar el valor duradero de trabajar en las cuestiones más profundas y difíciles; y reconocer logros matemáticos de trascendencia histórica.

Cada uno de los Problemas del Milenio se refiere a una cuestión clásica de gran importancia que había resistido todos los intentos de resolución durante muchos años. No se trata de acertijos arbitrarios semejantes a complejos crucigramas. Son, por el contrario, desafíos fundamentales que marcan la frontera del conocimiento humano y nos obligan a desarrollar nuevas estructuras y métodos. Constituyen puntos de referencia en la continua lucha, a través de generaciones y culturas, por profundizar nuestra comprensión de las matemáticas y del universo que estas describen. Las innovaciones profundas necesarias para avanzar significativamente en estos problemas suelen abrir nuevas perspectivas que van mucho más allá del ámbito específico de cada cuestión.

El Problema del Milenio relativo al movimiento de los fluidos posee todas estas características. El problema se refiere a la existencia y suavidad de las soluciones de las ecuaciones de Navier-Stokes en el espacio euclídeo tridimensional. En los últimos años ha crecido la expectativa a medida que diversos avances en áreas relacionadas, algunos reconocidos con el Premio de Investigación Clay, han alimentado la esperanza de que el problema de Navier-Stokes pudiera resolverse pronto. La creciente capacidad de las nuevas tecnologías para acelerar la investigación matemática ha intensificado aún más esa expectativa.

Hoy, el CMI comparte la emoción de la comunidad matemática mundial ante el anuncio de que el problema de Navier-Stokes aparentemente ha sido resuelto. Esperamos asistir a una nueva ola de comprensión humana impulsada por las innovaciones que sustentan este trabajo, a medida que sean analizadas y estudiadas en profundidad.

El Instituto Clay de Matemáticas está dedicado a promover la belleza, el poder y la universalidad del pensamiento matemático. La custodia y promoción de los Problemas del Milenio constituye una de las formas más importantes en que persigue este objetivo. Las reglas que rigen estos premios describen el proceso mediante el cual se evaluarán los resultados obtenidos y se atribuirá el mérito correspondiente. Este proceso es deliberadamente pausado, pero iremos proporcionando información actualizada.

Instituto Clay de Matemáticas.

Como puede apreciarse, todavía será necesario esperar tanto la validación de los resultados por parte de la comunidad matemática como la eventual atribución del mérito correspondiente.

@MantillaIgnacio

Hay una tentación muy grande, casi inevitable, cuando un país cambia de gobierno: explicar el resultado electoral como si una mitad de la sociedad hubiera derrotado definitivamente a la otra. Colombia debería cuidarse de esa tentación.

Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales y tiene, por supuesto, la legitimidad democrática para gobernar. Pero convendría mirar con un poco más de detenimiento qué fue exactamente lo que lo llevó hasta la Casa de Nariño. Porque acaso allí se encuentre también la pregunta más importante de su gobierno.

Abelardo no llegó al poder solamente por la extrema derecha. Llegó, en buena medida, porque una parte considerable del país estaba cansada. Cansada de la improvisación, de la confrontación permanente, de la sensación de que gobernar consistía muchas veces en producir una nueva controversia antes de haber resuelto la anterior. Cansada también de un gobierno que, en distintos momentos, pareció mirar con desconfianza o desprecio a sectores enteros de la sociedad que no compartían su proyecto político.

La elección fue, en ese sentido, algo más complejo que un simple giro ideológico.

La primera vuelta había dejado a Abelardo y a Iván Cepeda separados por poco más de 660.000 votos. En la segunda, la distancia terminó reduciéndose a 251.854. De la Espriella obtuvo 12.960.166 votos y Cepeda 12.708.312. No estamos, por tanto, frente a una revolución electoral de una mayoría aplastante. Estamos frente a un país prácticamente dividido en dos.

Y esa diferencia importa.

Porque una cosa es ganar una elección y otra, bastante más difícil, interpretar un país.

Tal vez Abelardo debería preguntarse si su triunfo fue exclusivamente el resultado de una adhesión profunda a la derecha que él representa o si también fue consecuencia de una circunstancia histórica mucho más amplia: el cansancio con el gobierno anterior, el rechazo a ciertas formas de ejercer el poder, la preocupación por la seguridad, la economía y el rumbo institucional, y la incapacidad de la izquierda para convocar a los sectores del centro político que necesitaba para convertirse en una mayoría nacional.

Incluso la presencia de José Manuel Restrepo en la fórmula presidencial decía algo que no debería pasar inadvertido. Para muchos votantes, Restrepo representaba una señal de moderación, de experiencia administrativa, de diálogo con sectores empresariales y académicos, y de una derecha que podía conversar con el centro. No era un detalle menor. Era una forma de decirle a un país que había alternativas distintas a la confrontación permanente.

Quizás por eso la historia de este gobierno no debería escribirse simplemente como la historia de la llegada de la derecha al poder.

Hay algo más interesante.

Hay una casualidad histórica entre Abelardo y la derecha colombiana que todavía está por convertirse en un vínculo profundo. Su triunfo puede ser leído como la convergencia de varias circunstancias, más que como la culminación de un largo proceso de construcción ideológica de una nueva mayoría conservadora. Las elecciones producen esas paradojas: a veces llevan al poder a una persona por razones que exceden ampliamente su propia biografía política.

Y allí comienza la verdadera encrucijada.

Porque Abelardo ya no es el candidato que podía representar la indignación de una parte del país. Es el presidente de todos.

Eso cambia el lenguaje, cambia la responsabilidad y debería cambiar incluso la idea de victoria.

Un candidato puede vivir de la diferencia. Un presidente necesita construir sobre aquello que comparte la sociedad.

Esta es quizá una de las pruebas más difíciles para un gobernante con una personalidad política tan marcada como la de Abelardo. La misma energía que puede servir para ganar una elección puede convertirse en un obstáculo para gobernar. La confrontación moviliza. El gobierno, en cambio, exige administrar diferencias.

Y Colombia está llena de diferencias.

Cada decisión de este gobierno será observada por un país especialmente sensible. La izquierda sospechará de la derecha. La derecha exigirá que el gobierno cumpla sus promesas. El centro estará atento a cualquier señal de radicalización. Los empresarios mirarán las reglas del juego. Los trabajadores, los jóvenes, las regiones, las víctimas, los militares, los campesinos y las universidades tendrán sus propias expectativas.

No hay, en este momento, un sector de Colombia que pueda decir que el país le pertenece.

Quizás esa sea precisamente la oportunidad histórica de Abelardo.

Los grandes estadistas no suelen ser recordados solamente por las batallas que ganaron contra sus adversarios. Son recordados por las fronteras que consiguieron mover. Por la capacidad de hacer que quienes no pensaban como ellos pudieran reconocerse, al menos parcialmente, en una obra común.

La historia suele ser más generosa con quienes construyen que con quienes simplemente vencen.

Hay, además, una idea que me gustaría pedirle prestada al propio presidente. Si Abelardo se reconoce en la tradición del hombre del Renacimiento, tendría allí una extraordinaria oportunidad para pensar su propia presidencia. Porque si algo hizo grande al Renacimiento no fue solamente la aparición de artistas geniales, sino la capacidad de mirar más allá de los límites conocidos, de cruzar disciplinas, de aprender del otro, de encontrar horizontes mayores que las circunstancias más íntimas o los círculos más limitados.

Leonardo podía ser pintor, anatomista, ingeniero y arquitecto. Maquiavelo podía estudiar a los antiguos para comprender a los modernos. Y Lorenzo de Médici entendió que la grandeza política de Florencia no consistía únicamente en acumular poder, sino también en convertirla en un centro de cultura, diplomacia y creación.

Lorenzo es, quizás, una figura especialmente sugestiva para un presidente que acaba de llegar al poder en un país dividido. Después de la conspiración de los Pazzi y de una guerra que puso a Florencia en una situación crítica, Lorenzo viajó personalmente a Nápoles y negoció la paz. Después construyó una política de alianzas y equilibrios que hizo de Florencia una pieza decisiva de la política italiana. Al mismo tiempo, alrededor suyo se reunieron artistas, poetas, filósofos y arquitectos. Su grandeza no estuvo solamente en mandar, sino en comprender que el poder podía ser también una forma de ampliar el horizonte de una sociedad.

Quizás esa sea una de las preguntas más interesantes que podría hacerse Abelardo: ¿puede un hombre que llegó al poder desde una identidad política tan fuerte ampliar su propio horizonte hasta convertirse en algo más grande que esa identidad? ¿Puede escuchar voces que no pertenecen a su mundo, incorporar ideas que no nacieron en su círculo, reconocer que incluso sus adversarios pueden tener algo que enseñarle?

Porque allí está, en últimas, la diferencia entre un gobernante que administra una victoria y un estadista que comprende una época.

Por eso sería un error que el nuevo gobierno confundiera el mandato electoral con un mandato para profundizar las divisiones culturales del país. Colombia no necesita que el presidente demuestre cada mañana que derrotó a la izquierda. Necesita que demuestre que puede gobernar mejor que ella.

Gobernar mejor significa recuperar la capacidad del Estado para hacer cosas concretas. Mejorar la seguridad sin abandonar las garantías institucionales. Hacer crecer la economía sin olvidar la desigualdad. Construir infraestructura. Mejorar la educación. Reducir la pobreza. Fortalecer las regiones. Defender las instituciones. Hacer que la administración pública funcione. Y, sobre todo, devolverle al ciudadano una sensación elemental que se ha ido perdiendo: que el Estado existe para resolver problemas y no para producir permanentemente nuevos enemigos.

Abelardo tiene además una ventaja que quizá todavía no alcanza a dimensionar: no necesita convencer a quienes ya lo votaron de que él tiene razón. Ellos ya lo hicieron.

Su desafío está en convencer a quienes no lo votaron de que también puede gobernarlos.

Ahí está la diferencia entre un presidente de partido y un presidente de país.

Colombia no eligió a Abelardo con una mayoría abrumadora. Lo eligió en una segunda vuelta extraordinariamente estrecha, en la que apenas unos cientos de miles de votos separaron dos proyectos de país. A Cepeda le faltó poco para ganar. A Abelardo le faltó poco para perder.

Esa cifra debería ser más que una estadística electoral: debería ser una lección política. El riesgo de no comprenderla es enorme. Un gobierno que no consiga construir consensos puede terminar alimentando el péndulo que lo llevó al poder. Si una parte del país siente que durante cuatro años fue ignorada, despreciada o excluida, la próxima elección puede convertirse, otra vez, en una oportunidad para llevar el péndulo hacia el otro extremo.

Eso ya lo hemos visto en Colombia.

Por eso construir consensos no es un gesto de debilidad ni una concesión ideológica. Es, incluso, una forma de proteger el propio proyecto político. Un gobierno que logra que una parte importante de quienes no lo votaron se sientan representados tiene más posibilidades de dejar una obra duradera que uno que simplemente satisface a sus seguidores.

Esta puede ser la gran oportunidad de Abelardo de la Espriella. No convertirse simplemente en el presidente que llevó a la derecha al poder, sino en el presidente que entendió que Colombia necesitaba salir de la lógica de los bloques.

Incluso podría hacer algo todavía más difícil: construir un gobierno que no tenga como principal propósito representar a la derecha, sino representar aquello que puede convertirse en lo colectivo.

No sería renunciar a sus ideas. Al contrario. Los estadistas no dejan de tener convicciones cuando construyen consensos. Lo que hacen es entender que una convicción política adquiere verdadera grandeza cuando consigue convertirse en una política pública que puede ser aceptada incluso por quienes no comparten su origen ideológico.

La historia está llena de gobiernos que ganaron con una bandera y terminaron siendo recordados por algo mucho más grande que esa bandera.

Ese debería ser el reto de Abelardo.

No gobernar para demostrar que una mitad del país tenía razón.

Gobernar para que, dentro de cuatro años, una mayoría de colombianos pueda decir que el país está un poco menos dividido, que las instituciones son un poco más fuertes, que el Estado funciona un poco mejor y que, incluso en medio de nuestras diferencias, todavía somos capaces de construir algo juntos.

Quizás esa sea la verdadera encrucijada de Abelardo.

Seguir siendo el hombre que ganó una elección contra una época que muchos colombianos querían dejar atrás, o convertirse en el presidente capaz de inaugurar otra.

La primera opción le pertenece a la política.

La segunda, a la historia.

Ocho cuerpos aparecen sobre un escenario y se mueven como si obedecieran a una orden que nosotros no alcanzamos a escuchar. Marchan, entrenan, celebran. Se sacuden, se tensan, se disciplinan. Por momentos parecen soldados; por momentos, víctimas; por momentos, criaturas salidas de alguna pesadilla. No sabemos bien dónde termina el individuo y dónde comienza la institución.

Ese es uno de los primeros gestos de Oasis de la impunidad, la obra del director y dramaturgo chileno Marco Layera y la compañía La Re-sentida. No es una obra que pretenda llevar literalmente la calle al teatro. Nació, sí, de una calle incendiada: la revuelta social que comenzó en Santiago de Chile el 18 de octubre de 2019. Pero sus creadores entendieron que reproducir sobre un escenario la violencia de aquellas jornadas sería demasiado fácil y, quizá, demasiado poco interesante. El desafío era otro: preguntarse qué ocurre con un cuerpo cuando el Estado le enseña a ejercer la violencia y qué ocurre con una sociedad cuando empieza a acostumbrarse a ella.

La pregunta parece chilena, pero no lo es.

Podría ser colombiana.

Podría ser argentina, mexicana, peruana, brasileña. Podría ser europea. En realidad, podría ser la pregunta de cualquier democracia que tenga policías, ejército, cárceles, fronteras y ciudadanos que alguna vez han salido a la calle para protestar contra el poder.

Porque el Estado democrático tiene una paradoja que preferimos no mirar demasiado de cerca: para proteger la vida necesita tener capacidad de ejercer la fuerza. Y precisamente porque posee esa fuerza necesita someterla a límites.

El problema comienza cuando olvidamos la segunda parte.

La obra de Layera coloca en el centro a quienes ejercen la violencia estatal. No solamente a sus víctimas. No solamente al manifestante golpeado, al detenido, al ciudadano que corre o al cuerpo que cae. También al hombre o la mujer que recibe una orden, se pone un uniforme y aprende que mantener el orden puede exigirle utilizar la fuerza contra otro ser humano.

La pregunta entonces deja de ser solamente quién golpeó a quién.

Se vuelve mucho más incómoda: ¿qué clase de sistema produce al individuo capaz de hacerlo?

El dossier de la obra habla de un organismo mecánico y convulso, compuesto por cuerpos estrictamente disciplinados. La disciplina aparece allí no como una virtud abstracta, sino como algo que se inscribe físicamente en el cuerpo. El cuerpo aprende. El cuerpo obedece. El cuerpo se acostumbra.

Y quizá esa sea una de las grandes tragedias políticas de nuestro tiempo: que la violencia termina convirtiéndose en una técnica.

Primero nos escandaliza.

Después la explicamos.

Después la justificamos.

Y finalmente aprendemos a vivir con ella.

Colombia conoce demasiado bien esa secuencia.

Durante décadas hemos hablado de la violencia como si fuera una especie de clima. Algo que está allí, inevitable, casi meteorológico. La violencia guerrillera, la paramilitar, la criminal, la estatal, la política. Cambian los nombres, cambian los uniformes, cambian las consignas, pero permanece una idea peligrosa: que hay momentos en los que la violencia simplemente se vuelve necesaria.

Y por supuesto que existen circunstancias en las que un Estado debe utilizar la fuerza. Una democracia no puede renunciar al monopolio legítimo de la violencia sin renunciar también a una parte esencial de su capacidad para proteger a sus ciudadanos. El problema no es la existencia de la fuerza. El problema es quién la controla, con qué reglas, bajo qué controles y qué sucede cuando aquellos encargados de ejercerla empiezan a creer que la institución está por encima del individuo.

Esa es justamente una de las preguntas que atraviesan Oasis de la impunidad: quién utiliza y quién controla el monopolio estatal de la violencia y cómo puede una sociedad democrática construir un consenso sobre sus usos legítimos.

No son preguntas menores.

Son preguntas sobre el tipo de Estado que queremos.

Y también sobre el tipo de ciudadano que estamos dispuestos a ser.

Hay algo particularmente poderoso en que la obra no convierta el escenario en una copia de la protesta. Layera lo dice con claridad: el teatro no pretende trasladar territorial ni simbólicamente la calle al escenario. No quiere que asistir a una función se convierta en una forma cómoda de desmovilización. El arte, en cambio, debe dejarse afectar por lo que sucede afuera y ponerse en riesgo frente a ello.

Ahí aparece una idea que me interesa mucho: el teatro no tiene que decirnos qué pensar sobre la violencia. Tiene que devolvernos la violencia convertida en pregunta.

Y quizá eso sea también lo que esperamos de una democracia.

Una democracia madura no es aquella en la que nunca hay conflicto. Es aquella capaz de procesarlo sin convertir automáticamente al adversario en un enemigo y sin convertir la fuerza en la primera respuesta disponible.

El Estado necesita autoridad, pero la autoridad necesita límites.

La policía necesita fuerza, pero la fuerza necesita legitimidad.

El ciudadano necesita poder protestar, pero la protesta también necesita reconocer que el otro ciudadano existe.

Y entre esas tensiones —ninguna de ellas sencilla— se juega buena parte de la salud de una democracia.

Por eso resulta tan sugestiva la imagen inicial de esos cuerpos que marchan juntos. Porque un Estado también es, en cierta manera, un cuerpo. Tiene brazos, tiene músculos, tiene instituciones que ejecutan órdenes. Pero un Estado democrático debería tener algo más difícil de construir que la fuerza: debería tener memoria, controles y capacidad para preguntarse por sus propios actos.

El verdadero peligro no aparece cuando un Estado tiene fuerza.

Aparece cuando deja de preguntarse para qué la tiene.

Oasis de la impunidad nació de una experiencia concreta, la explosión social chilena de 2019, y fue construida a partir de un largo proceso de investigación artística. Más de quinientas personas participaron inicialmente en la convocatoria del laboratorio escénico realizado con apoyo del Goethe-Institut; doscientas fueron invitadas a los laboratorios que sirvieron como punto de partida para la creación. La obra terminó estrenándose en Berlín, en la Schaubühne, en abril de 2022, después de pasar por espacios como las Münchner Kammerspiele y Matucana 100.

Es decir: aquella calle chilena terminó viajando.

Pero no como una postal.

Viajó como una pregunta.

Y esa pregunta llega a Colombia en un momento especialmente interesante, porque aquí seguimos discutiendo cuál debe ser la relación entre autoridad y ciudadanía, entre seguridad y libertad, entre protesta y orden público. Seguimos intentando resolver una vieja contradicción: queremos un Estado suficientemente fuerte para protegernos, pero suficientemente controlado para que su fuerza nunca termine protegiéndolo a él mismo de los ciudadanos.

Y llega, además, a un país con una tradición teatral que ha aprendido a mirar de frente la historia. El teatro colombiano no nació de espaldas a la violencia. Buena parte de su historia moderna está atravesada por la necesidad de representar aquello que durante mucho tiempo parecía imposible de decir: la guerra, el desplazamiento, la desaparición, la desigualdad, la memoria, la vida en los márgenes y las distintas formas en que el poder entra en la vida cotidiana.

Desde las experiencias del teatro universitario y el movimiento de creación colectiva hasta grupos y dramaturgos que han convertido la memoria del conflicto en materia escénica, el teatro ha sido también una forma de investigación sobre el país. En Colombia, subir una historia a un escenario muchas veces ha significado preguntarse qué puede decir el arte allí donde el discurso político se ha agotado, donde los archivos no alcanzan o donde las palabras de todos los días han terminado desgastadas por el uso.

Por eso la llegada de una compañía chilena como La Re-sentida tiene algo más que un interés de programación cultural. Es una conversación latinoamericana.

Chile viene a Colombia con una experiencia histórica distinta, pero con una pregunta que reconocemos inmediatamente. Aquí no necesitamos que nos expliquen qué significa que un Estado utilice la fuerza en nombre del orden. Lo hemos visto demasiadas veces. Tampoco necesitamos que nos expliquen la distancia que puede existir entre una institución y los cuerpos concretos que la representan. La hemos vivido en las calles, en las regiones, en las familias y en los archivos.

Lo interesante, entonces, no es preguntarnos si Chile y Colombia son iguales. No lo son. Tampoco lo son sus instituciones, sus historias recientes ni sus formas de entender la protesta. Lo fértil está precisamente en la diferencia: en descubrir cómo una experiencia chilena puede iluminar una discusión colombiana sin pretender resolverla.

Hay, además, algo profundamente latinoamericano en ese intercambio. Nuestros países han producido una enorme cantidad de literatura, cine, música y teatro alrededor de la violencia, pero seguimos teniendo una deuda con la representación de quienes ejercen el poder. Hemos aprendido a narrar a las víctimas, y debemos seguir haciéndolo; pero también necesitamos comprender las estructuras que producen victimarios, funcionarios, soldados, policías, burócratas y ciudadanos capaces de obedecer órdenes que, en otro contexto, quizá jamás obedecerían.

El teatro puede entrar justamente allí, en esa zona gris que el discurso político suele simplificar.

Y quizá esa sea una de las razones por las que importa que Oasis de la impunidad esté en Bogotá. No solamente porque una obra chilena venga a presentarse en Colombia, sino porque el escenario colombiano puede devolverle otra lectura. Una obra cambia cuando cambia el público que la mira. El mismo cuerpo que en Santiago recuerda octubre de 2019 puede provocar en Bogotá asociaciones con otras calles, otras protestas, otros uniformes y otras heridas.

Ese diálogo no necesita convertir la obra en un manifiesto colombiano.

Al contrario.

Su fuerza está en que siga siendo chilena y, precisamente por eso, pueda hablarnos.

El teatro colombiano no necesita importar sus preguntas, pero sí puede encontrarse con ellas. Y quizá una de las mejores formas de fortalecer una escena nacional sea precisamente esa: permitir que dialogue con otras tradiciones, que compare sus heridas, que descubra sus diferencias y que encuentre en el arte producido en otros lugares un espejo imperfecto de sus propias preguntas.

Porque el teatro, cuando funciona, no confirma lo que ya sabemos.

Nos desacomoda.

Nos obliga a mirar desde otro lugar.

Y una obra sobre la violencia puede ser especialmente valiosa cuando consigue que salgamos del teatro sin estar completamente seguros de quién tenía la razón.

Quizá esa incomodidad sea una forma de inteligencia democrática.

La que permite comprender que una sociedad no se construye solamente con vencedores y vencidos, con buenos y malos, con policías y manifestantes, con Estado y ciudadanos, sino en ese espacio mucho más difícil donde todos deben aprender a convivir con el poder, con el conflicto y con los límites.

Quizá esa sea la frontera más delicada de todas.

La que separa la autoridad de la arbitrariedad.

Cuando el cuerpo de un policía se convierte en una extensión automática de una orden, algo se pierde. Cuando el cuerpo de un manifestante deja de ser visto como el cuerpo de un ciudadano y empieza a ser visto únicamente como una amenaza, algo también se pierde. Cuando el cuerpo de una víctima deja de producir indignación y empieza a producir solamente estadísticas, hemos perdido todavía más.

El teatro puede hacer algo que las estadísticas no consiguen: devolverle un cuerpo a la violencia.

Recordarnos que detrás de una orden hay una persona.

Que detrás de un uniforme hay un cuerpo.

Que detrás de una protesta hay otro.

Y que una democracia, en último término, consiste en impedir que alguno de esos cuerpos deje de importar.

Quizá por eso Oasis de la impunidad no sea realmente una obra sobre Chile.

Es una obra sobre nosotros.

Sobre ese lugar incómodo en el que una sociedad descubre que el problema nunca fue solamente quién tiene la fuerza, sino quién decide cuándo puede utilizarla y quién se atreve a preguntarle, después, por qué lo hizo.

Porque una democracia no se mide únicamente por la manera en que celebra sus libertades.

También se mide por la manera en que controla su fuerza.

Y por la capacidad que conserva para mirar a sus propios cuerpos, después de la violencia, y preguntarles qué ocurrió.

Quizá por eso valga la pena que Oasis de la impunidad llegue a Bogotá. La obra de Teatro La Re-sentida, dirigida y escrita por el dramaturgo chileno Marco Layera, podrá verse el 18 y 19 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en una función de una hora y treinta minutos.

No es una visita menor.

Es el encuentro entre una experiencia teatral nacida de la revuelta social chilena de 2019 y un país cuya propia historia ha obligado al teatro a preguntarse, durante décadas, por la violencia, el poder, la memoria y los límites del Estado.

Quizá el escenario colombiano sea, por eso mismo, un lugar especialmente fértil para esta conversación.

Porque aquellos ocho cuerpos que marchan, obedecen, se tensan y se transforman sobre el escenario no son solamente cuerpos chilenos. Son cuerpos que nos permiten reconocernos en nuestras propias preguntas.

¿Hasta dónde puede llegar la autoridad?

¿Quién controla a quienes tienen el poder de ejercer la fuerza?

¿Qué ocurre cuando la obediencia comienza a reemplazar el juicio?

¿Y qué sucede con una sociedad cuando termina acostumbrándose a la violencia?

Oasis de la impunidad no parece tener respuestas definitivas para esas preguntas.

Quizá esa sea precisamente su virtud.

El teatro no siempre tiene que explicarnos el mundo. A veces basta con obligarnos a mirarlo de nuevo.

Y en un país como Colombia, donde tantas veces hemos tenido que aprender a vivir después de la violencia, quizá no haya nada más necesario que volver a mirar esos cuerpos y preguntarnos, antes de que caiga el telón, qué hacemos con la fuerza que hemos puesto en sus manos.

El campesinado ganó derechos, pero no poder. La reforma del artículo 64 de la Constitución Política de Colombia en el año 2023 marcó un hito al reconocer al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Esta reforma incorpora, entre otras, la dimensión ambiental como un elemento esencial de esos derechos. Aun así, esta reforma es, por ahora, un avance principalmente normativo, que está lejos de garantizar una distribución más democrática del poder sobre los bienes naturales, los territorios y las decisiones que determinan la protección y uso. 

Se habla de derechos sin poder porque, como ha señalado el constitucionalista Roberto Gargarella (2011), gran parte de las reformas constitucionales en América Latina ampliaron de manera generosa el catálogo con “nuevos” derechos, pero no tocaron la estructura donde se toman las decisiones; no le prestaron la misma importancia a la organización de poder, que la cual tiene como función principal lograr activar los derechos. El resultado es conocido: derechos ampliamente reconocidos en el papel, pero con escasa capacidad para transformar la realidad. Y aquí surge una pregunta: ¿Quién toma las decisiones sobre los territorios y quién tiene el poder para decidir sobre estos?

Esto muestra el verdadero desafío de este debate: transformar la arquitectura del Estado para democratizar la toma de decisiones sobre el territorio y hacer efectiva la dimensión ambiental del campesinado a través de instrumentos concretos. Pasar del “reconocimiento” al “poder”. Fortalecer el papel del campesinado significa reconocer su importancia en la conservación de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, la reducción de los conflictos socioambientales y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

Un camino que apenas comienza

En esta dirección empiezan a aparecer instrumentos institucionales que buscan hacer efectivos los derechos ambientales de estas comunidades. Vistos en conjunto, estos revelan las luces y sombras alrededor de las medidas orientadas a transferir el poder durante los últimos cuatros años de gobierno en Colombia.

El primer terreno donde esto se juega es el judicial. La idea de una Jurisdicción Agraria y Rural estaría llamada a facilitar y expandir la “legitimidad jurídica” de las resoluciones de conflictos agrarios y rurales en Colombia. De ser aprobada, esta Jurisdicción enfrentará discusiones importantes cuando entren en disputa los derechos de tenencia, uso y propiedad de las tierras rurales frente a las áreas de especial importancia ambiental, por ejemplo.

Se espera que haya jueces que conozcan los asuntos agrarios y, por consiguiente, la interpretaciónque hacen de la Constitución. Resulta importante entender el papel que podrían adoptar los jueces como guardianes de las reglas del procedimiento democratico, pero especialmente la población campesina en la interpretación de cómo se deben entender los derechos y compromisos constitucionales, principalmente del artículo 64 de la Constitución Política. La jurisdicción agraria, como reconoce Rodrigo Uprimny “es entonces una gran oportunidad para darle contenido a la reforma constitucional del 2023”. 

Sin embargo, durante los períodos legislativos de los últimos cuatro años, el proyecto de ley que tenía como objetivo reglamentar la Jurisdicción Agraria no fue aprobada en el Congreso. Martha Carvajalino, Ministra de Agricultura del Gobierno Petro reconoció que, con el hundimiento de la iniciativa, no fue posible “fortalecer las herramientas para la distribución, administración y resolución de conflictos sobre la tierra en Colombia”. 

Si el litigio es un terreno, el ordenamiento territorial es otro. La importancia de que las comunidades puedan definir el uso y manejo de sus territorios bajo las normatividad ambiental, implica reafirmar el rol de las figuras de territorialidades campesinas, como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Además de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZAPPA).

Esto resulta significativo, pues, como señala Noriega, Ortega, & Duarte(2025), las figuras jurídicas que son comprendidas como territorialidades campesinas representan un “progreso institucional”. Sin embargo, las posibilidades que ofrecían estas figuras se encuentran hoy en un escenario de incertidumbre, tras el anuncio del presidente electo de iniciar la derogatoria de las resoluciones que declaran las APPA. De concretarse esta decisión, estarían en riesgo cerca de un millón de hectáreas declaradas en 55 municipios del país, además de seguir comprometiendo 20 millones de hectáreas que necesitan procesos para contrarrestar las afectaciones y degradaciones del suelo.

Más allá de las figuras reconocidas (ZRC, TECAM, APPA y ZAPPA) los territorios campesinos son espacios donde las comunidades han desarrollado modos de vida (productivos y comunitarios) sin necesidad de estar amparados bajo una figura.  

Un paso importante para otorgarle poder al campesinado se produjo durante el cierre de la Cumbre Campesina, realizada en el marco preparatorio de la COP16 Colombia en 2024. Allí se anunció la modificación del Decreto 1777 de 1996. Esta modificación permite fortalecer las ZRC ya que habilita la oportunidad de constituirlas al interior de las Zonas de Reserva Forestal de la Ley Segunda. En este caso, se puede incorporar la agricultura campesina, familiar y comunitaria dentro de las áreas reconocidas en la frontera agrícola. Destacando las prácticas y modos de vida campesina como formas estratégicas de protección ambiental. 

Queda un tercer frente, quizás el más determinante: la voz del campesinado en las decisiones que lo afectan. Es un avance importante si se consagra constitucionalmente los derechos ambientales del campesinado; sin embargo, aún más importante resulta, en línea con lo que se expresa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), su derecho a ser escuchados y consultados de forma obligatoria cada vez que se pretendan tomar decisiones que puedan impactar su vida, su territorio y sus derechos. 

En relación con lo anterior, la Consulta Popular Campesina representa un “mecanismo específico de participación diferenciada” (Noriega, Ortega, & Duarte, 2025). El cual permitirá que esta población pueda ver materializado su reconocimiento constitucional como sujeto de especial protección y de derechos a través de “garantías efectivas de incidencia en las decisiones que afectan los territorios rurales” (Noriega, Ortega, & Duarte, 2025). Esto permite ampliar el espectro de participación de comunidades históricamente excluidas, y entender la existencia de una herramienta real que da condiciones materiales de igualdad. 

Todo esto parte de una idea clara, pero aún pendiente de materializar: el campesinado es un aliado fundamental en la protección del ambiente, y no debe ser visto solamente como beneficiario de las políticas ambientales, sino como un actor que ha tenido capacidad real para decidir sobre los territorios que históricamente ha contribuido a conservar.

El verdadero desafío apenas comienza. 

Se han presentado tres ejemplos de cómo la dimensión ambiental del campesinado ha comenzado a traducirse en instrumentos concretos. A la par con el reconocimiento de los derechos ambientales del campesinado, el debate público debe concentrarse en una pregunta más profunda: ¿Quién toma las decisiones sobre los territorios y, sobre todo, quién tiene el poder para decidir sobre ellos? 

La gobernanza real de los territorios sigue en manos de actores externos, como gremios agroindustriales, empresas extractivas y grupos armados, cuyos intereses responden a lógicas e intereses económicos, en algunos casos ilegales. Darle vida a la dimensión ambiental y, por consiguiente, a los derechos exige redistribuir el poder para fortalecer la participación y transformar las instituciones. El verdadero desafío no es seguir reconociendo derechos, sino garantizar que las comunidades campesinas tengan una capacidad real de incidir en las decisiones sobre sus territorios.

El pasado gobierno trató de dotar de contenido la dimensión ambiental del campesinado. Ahora, consolidar esos avances, o impedir su progreso, representará uno de los grandes desafíos del actual gobierno (2026-2030): decidir si la reforma constitucional que reconoce nuevos derechos al campesinado termina despertando y activando escenarios de cambios sociales e institucionales o si, una vez más, acaban sufriendo la misma suerte de promesa como ha sucedido en otros procesos reformistas: derechos ampliamente reconocidos en el papel, pero con escasa capacidad para transformar la realidad. 

Referencias bibliográficas

Gargarella, R. (2011). Pensando sobre la reforma constitucional en América Latina. En C. Rodríguez Garavito (Coord.), El derecho en América Latina: Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI (pp. xx–xx). Siglo Veintiuno Editores. 

Noriega, J., Ortega, J. C., & Duarte, C. (2025). Consulta campesina en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana Cali. https://www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2025-07/Consulta%20campesina.pdf

Noriega, J. (2025). El territorio campesino: Un derecho en constante construcción. Semillas, 82, 15–20. 

Una embarcación cargada con madera navega por el río Putumayo, en la Amazonía colombiana, rumbo a Puerto Asís. Es noviembre de 2024. A bordo viajan apilados más de 304 bloques o tablones de granadillo (Brosimum rubescens), achapo (Cedrelinga cateniformis) y sarrapia (Dipteryx odorata), que suman 20 metros cúbicos de madera amazónica. Lo suficiente para llenar un camión mediano.

Los papeles que autorizan el transporte parecen en regla. El salvoconducto de movilización —un documento oficial entregado por la autoridad ambiental (Corpoamazonía) que certifica el origen legal de la madera, la especie, el volumen y el destino del cargamento— indica que la madera proviene de un aprovechamiento forestal autorizado en Tarapacá, un corregimiento remoto ubicado al sur del departamento Amazonas, a más de 1500 kilómetros de Puerto Asís por el río.

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Este cargamento y el salvoconducto que lo avala se convertirían un año más tarde en una pieza clave para desmantelar una presunta red de tráfico de madera que, según las autoridades colombianas, habría generado ganancias ilícitas por más de 1600 millones de pesos (cerca de 500 000 dólares). La red que operaba en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas llevaba por nombre “Puerto Hong Kong” y, según la Fiscalía, extraía madera ilegalmente de áreas protegidas de Colombia y Perú, así como de otras zonas amazónicas. Los cargamentos tenían como destino ciudades principales como Bogotá, hasta donde aparentemente llegaban utilizando los documentos fraudulentos.

Ese fue el hilo que siguieron las autoridades y que llevó a la Fiscalía, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF) y la Policía a realizar una serie de operativos simultáneos que, en diciembre de 2025, culminaron con la captura de 17 personas, entre ellas tres funcionarias de Corpoamazonía. Paradójicamente, esa es la entidad encargada de la protección ambiental y del control de la movilización, procesamiento y comercialización de recursos naturales.

El operativo y la posterior investigación judicial dieron a conocer que la madera fue movilizada empleando salvoconductos adulterados y que tenía como supuesto lugar de origen una concesión forestal administrada por Flor Ángela Martínez en representación de la Asociación de Usuarios del Bosque, en Tarapacá. El Brigadier General Carlos Oviedo, director de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, confirmó en ese momento en una entrevista con Noticias Uno cómo Corpoamazonía ayudó a poner en marcha ese engranaje de ilegalidad: “Los funcionarios públicos se encargaban de expedir conceptos técnicos y salvoconductos de movilización forestal, que pueden usarse para amparar productos ilegales”.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto investigaron este caso a profundidad para entender cómo esta red se valió de aprovechamientos forestales y salvoconductos oficiales emitidos por las autoridades colombianas para lavar madera de aparente origen ilegal. La investigación muestra cómo los involucrados se movieron dentro del sistema y encontraron una rendija para sortear los controles del Estado. Para reconstruir este modo de operar, se revisaron cientos de documentos oficiales y expedientes, se visualizaron más de 30 horas de audiencias del proceso judicial y se construyó una base de datos con todos los salvoconductos emitidos por Corpoamazonía entre 2023 y 2025. En esos años, la autoridad ambiental autorizó 1289 movimientos de madera.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación evidencia cómo un instrumento diseñado para controlar el transporte legal de madera puede convertirse en un mecanismo para hacer pasar como legal madera extraída de zonas no autorizadas y hasta de países vecinos.

Además, con el apoyo de expertos de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), realizamos un análisis geográfico para confirmar si la madera declarada en los salvoconductos fue realmente extraída de la concesión forestal administrada por la Asociación de Usuarios del Bosque en Tarapacá. A partir de expedientes oficiales sacamos la ubicación de cada uno de los 976 árboles autorizados para ser talados y luego viajamos en el tiempo con las imágenes satelitales para saber en qué momento fueron cortados. Lo que descubrimos es que el área permitida para el aprovechamiento no sufrió grandes cambios desde el 2017. La selva sigue en pie hasta hoy.

Tarapacá, un punto estratégico para el paso de madera ilegal

En Tarapacá no hay carreteras abiertas por motosierras o vías que conecten ese territorio con el resto del país. Tampoco hay claros extensos visibles desde el aire, ni la imagen típica de un bosque arrasado por la tala. Es un refugio de comunidades indígenas —en su mayoría de los pueblos uitoto, yagua y tikuna— que llegaron siglos atrás y se asentaron en la selva para protegerse de la fiebre del caucho y del tráfico de pieles.

Ubicado a orillas del río Putumayo, Tarapacá es también un lugar estratégico: está muy cerca de la frontera con Brasil y, a través del mismo río, se conecta con Perú. Es un vasto territorio en donde confluyen los tres países y sus dinámicas. Esa ubicación privilegiada y remota, sin embargo, ha hecho que el control del Estado sea difícil. El río se ha convertido en un corredor para el paso de armas, insumos derivados del narcotráfico y productos de la extracción de oro y madera.

Como explica un trabajador de una ONG ambiental que se encuentra en la zona, y que pidió la protección de su nombre por seguridad, “Tarapacá está en un punto donde el río conecta directamente con la frontera. Esa ubicación hace que no solo la madera, sino prácticamente cualquier mercancía pueda moverse con facilidad”. Además, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo señala que “de estas actividades devienen importantes fuentes de financiación para los actores armados ilegales, quienes ejercen presiones y amenazas a las comunidades asentadas en dichos territorios”.

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Según los registros de Corpoamazonía analizados para esta investigación, Tarapacá concentra buena parte de la madera movilizada legalmente desde la Amazonía colombiana. De los 118 salvoconductos para movilizar madera expedidos en el departamento de Amazonas entre 2023 y 2025, 104 (el 88 %) registraban a Tarapacá como punto de partida. El 78 % registraba a Puerto Asís, en Putumayo, como destino. Es decir, la mayoría de madera movilizada legalmente desde Amazonas surcó el mismo recorrido que el cargamento incautado en 2024.

Ese fue uno de los motivos por los que la Fiscalía decidió investigar la zona: “Sabíamos que desde Tarapacá venía, hacia Puerto Asís, un cargamento de madera que en su mayor parte no correspondía con lo que los documentos decían que se estaba movilizando. Solo esa carga estaba valorada en cerca de 100 millones de pesos (alrededor de 31 200 dólares) y tenía como destino final Bogotá”, aseguró el fiscal del caso.

En Tarapacá los datos satelitales no coinciden con los papeles

En la última década, Colombia ha perdido más de 1.5 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente a más de nueve veces el tamaño de Bogotá. La presión persiste: en 2025, gran parte de la pérdida se concentró en la selva amazónica, que acumuló el 65 % de la deforestación. Ante este escenario, el país ha impulsado distintas estrategias que buscan conciliar el aprovechamiento del bosque con su conservación para que las comunidades puedan usarlo y obtener ingresos de forma sostenible. Entre esas se encuentran los permisos de aprovechamiento forestal persistente.

Como explican desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la estrategia se asemeja a lo que pasa en el ambiente natural: “Cuando un árbol se cae por causas naturales, deja un pequeño claro por donde entra la luz. Esta mayor disponibilidad de luz favorece la germinación de las semillas y el crecimiento de nuevas plantas. Así continúa el ciclo natural del bosque”.

Los permisos de aprovechamiento y los planes de manejo que los acompañan —el documento técnico que define cómo debe aprovecharse el ecosistema de manera sostenible— imitan está dinámica de forma planificada y controlada: extraer pocos árboles, dejar suficientes individuos alrededor para que continúen produciendo semillas y permitir que el ecosistema se regenere.

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Aunque estos permisos pueden cubrir miles de hectáreas, la autoridad ambiental define cada año qué parte del bosque puede ser intervenida y qué árboles pueden cortarse al interior de cada aprovechamiento. La decisión se basa en visitas técnicas al terreno en donde los funcionarios identifican las especies que pueden usarse, miden los árboles y calculan cuánta madera puede extraerse legalmente de ese aprovechamiento forestal sin perjudicar el bosque. Se trata de una especie de “inventario” que también permite definir el volumen de madera que puede ser movilizado y expedir los salvoconductos necesarios.

Desde 2022, Corpoamazonía solo ha otorgado un aprovechamiento forestal persistente en el departamento de Amazonas. Se autorizó en Tarapacá y pertenece a la Asociación de Usuarios del Bosque. El permiso abarca un área de 3272 hectáreas (3030 aprovechables y 241 destinadas a la protección) conocida como Caño Alegría. Como lo muestra la siguiente imagen, funcionarios de la autoridad ambiental hicieron un inventario forestal del área, revisaron decenas de parcelas y delimitaron 10 Unidades de Corte Anual (UCA): sectores del bosque que pueden aprovecharse por turnos, mientras las demás áreas permanecen sin intervención.

Solo en la primera UCA, por ejemplo, Corpoamazonía autorizó que, para el año 2023, se podían aprovechar 303 hectáreas de bosque equivalentes a 976 árboles (identificados coordenada por coordenada). Pero, ¿cómo corroborar que la madera movilizada por el río Putumayo, avalada con salvoconductos, efectivamente salió de allí?

Con el apoyo de la EIA, se analizaron satelitalmente todas las Unidades de Corte Anual de Caño Alegría con el fin de verificar si los árboles fueron extraídos de la zona y en los períodos autorizados. Para hacerlo, se utilizó una herramienta capaz de detectar cambios muy pequeños en el bosque, una tecnología a la que los expertos llaman el Índice de Fracción de Diferencia Normalizada (NDFI por sus siglas en inglés). Lo que hace la herramienta es contrastar con imágenes satelitales de alta resolución si la cobertura forestal cambió en algún momento, ya sea por la tala selectiva autorizada, la apertura de caminos o cambios en la copa de los árboles. El nivel de detalle es clave, pues se analiza píxel por píxel. «Es una herramienta especialmente útil para detectar las huellas que deja la tala selectiva en la Amazonía», explica Julio Patiño, senior campagnier de EIA.

Tras analizar geográficamente el expediente de Caño Alegría, Patiño identificó inconsistencias importantes.

Una de ellas, la más importante, es que de las 10 Unidades de Corte Anual autorizadas, en al menos seis el análisis satelital no encontró evidencia de aprovechamiento forestal durante el período autorizado por Corpoamazonía. En otras dos tampoco se halló evidencia de tala, mientras que solo en dos se identificó “posible actividad en el período autorizado”, aunque sin tener la certeza de si el cambio forestal se debía a actividades humanas.

Las imágenes, además, registran señales pequeñas y dispersas de cambio del bosque que podrían corresponder a procesos de degradación natural. “Pueden corresponder a la caída de árboles por el viento y no se aprecian claros evidentes durante el periodo de autorización [del aprovechamiento]”, agrega Patiño. En otras palabras, no hay señales que indiquen que los cambios en el bosque identificados en las imágenes satelitales correspondan a los volúmenes de madera que, de acuerdo con los salvoconductos expedidos por la autoridad ambiental, habrían sido extraídos y movilizados desde Caño Alegría.

Si los árboles no salieron de este sector administrado por la Asociación de Usuarios del Bosque, ¿de dónde se extrajo la madera movilizada? Esa es una de las preguntas que tiene por resolver la Fiscalía en la investigación que tiene en curso.

Hay otra inconsistencia que, a juicio de Patiño, amerita una revisión más profunda. En dos de las Unidades de Corte Anual (las 8 y 9), “predominan copas [de árboles] más pequeñas y una menor presencia aparente de árboles de gran porte”, señala el análisis. A lo que se refiere es que las imágenes satelitales no muestran árboles grandes con las características necesarias para ser aprovechados. Además, indica Patiño, esta diferencia se mantiene a lo largo de los años (de 2017 a 2023). Sin embargo, en el informe técnico de Corpoamazonía se considera que esos árboles sí tienen las dimensiones necesarias para ser aprovechados.

“Estos elementos, considerados en conjunto, plantean interrogantes sobre la consistencia del inventario presentado y la evaluación técnica realizada por Corpoamazonía”, insiste el experto.

Aunque desde abril de 2026 Mongabay Latam y Rutas del Conflicto consultaron a la autoridad ambiental por estos hallazgos y sobre sus visitas realizadas a campo, Corpoamazonia respondió que se negaba a entregar la información por protecciones legales de reserva y garantía del debido proceso de las investigaciones llevadas adelante por la misma entidad y por la Fiscalía. Pese a que esta alianza de medios reiteró la posibilidad de una entrevista, la entidad no respondió al cierre de esta investigación.

Reconstruyendo el tráfico de los salvoconductos

En un escenario ideal, cada árbol que es autorizado para el aprovechamiento debe ser identificado, medido y georreferenciado por la autoridad ambiental. Y toda madera que sale de un aprovechamiento forestal autorizado debe estar acompañada por un salvoconducto de movilización. Así se garantiza lo que los expertos llaman su “trazabilidad”.

En el caso de el aprovechamiento forestal de Tarapacá, “la trazabilidad empezó por el salvoconducto, pero dejó por fuera el primer paso: verificar que la madera realmente saliera del árbol autorizado”, relata un trabajador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Entre la distancia, la dificultad inmensa que tiene la autoridad para hacer control efectivo y la ausencia de funcionarios permanentes, aparecen espacios donde nadie sabe realmente qué ocurre. Buena parte de la movilización ocurre sin supervisión”, insiste.

Un investigador de una ONG ambiental que trabaja en el terreno coincide: “Si un Policía detiene un camión lleno de troncos, puede revisar el salvoconducto, pero no tiene cómo saber si esa madera salió realmente del lugar autorizado. Sólo ve un documento de movilización y que el peso corresponda con lo reportado”. Esa desconexión es la que permite que madera extraída en otros lugares pueda circular con apariencia de legalidad.

Una vez que la madera es movilizada por los ríos y tiene el papel que respalda su origen legal, puede llegar a distintos destinos, repartirse en ciudades principales, transformarse e, incluso, llegar a otros países.

En Tarapacá, además, el mecanismo de lavado encontró un escenario propicio para operar: allí no hay oficina de Corpoamazonía ni presencia permanente de sus funcionarios. La oficina más cercana de esa entidad está a un trayecto en avión de distancia a Leticia. Ante esos retos, como lo explica el fiscal del caso, “los permisos se expidieron bajo un principio de buena fe y la verificación física del cargamento solo se hace cuando la madera llega a Puerto Asís”, ubicado a más de 35 horas por río, en el departamento vecino de Putumayo.

Durante el trayecto de Tarapacá a Puerto Asís, según el expediente judicial al que se tuvo acceso para esta investigación, los madereros cargaban más producto (incluso proveniente de otros países), recogían o descargaban parte de la mercancía en otros puntos o alteraban las especies movilizadas. “Antes de llegar al sector de la Esmeralda escondían la madera en sitios ya determinados, para que, cuando los funcionarios revisaran la carga, ésta coincidiera con lo que decía el salvoconducto”, agrega el fiscal.

Así, el salvoconducto se convirtió en el eslabón más importante de la cadena criminal. Expertos, funcionario públicos, personas en territorio consultadas por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, así como investigadores del caso, señalaron que el precio de estos documentos en el mercado negro puede oscilar entre un millón y 10 millones de pesos (315 a 3200 dólares) dependiendo de la especie forestal autorizada y del volumen de madera que permiten movilizar.

De hecho, un informe realizado por la EIA y publicado en 2018 ya alertaba que los comerciantes de madera aprovechaban el vacío de gobernanza colombiana para lavar y traficar madera no autorizada, incluyendo especies como el cedro (Cedrela odorata), cuya comercialización está prohibida desde 2015. En Puerto Asís, la EIA también documentó que quienes tramitaban documentos fraudulentos y se encontraban en cercanías de los muelles aseguran que, incluso, es “fácil ‘legalizar’ cedro proveniente del Perú con documentos de Corpoamazonía”.

Así operaba el tráfico de salvoconductos, según la Fiscalía

Durante casi 30 horas de audiencia, la Fiscalía reconstruyó cómo operaba una parte de esta red en Tarapacá. Reportes de inteligencia, interceptaciones de llamadas y otras pruebas recopiladas por la Fiscalía apuntan a tres nombres clave: Gloria Guarín y Tulio Cortés —señalados por la entidad de liderar la red conocida como Puerto Hong Kong y pagar casi 4 millones de pesos (1045 dólares) por un salvoconducto—, y Flor Ángela Martínez quien, como representante legal de la Asociación Usuarios del Bosque, “certificó” que la madera había salido de su aprovechamiento forestal con el respectivo salvoconducto.

De acuerdo con los registros telefónicos recopilados por la Fiscalía, Gloria Guarín y Tulio Cortés se habrían comunicado con Martínez en más de 140 ocasiones. Fragmentos de las llamadas permitieron corroborar cómo se coordinaba la compra de los salvoconductos y de la madera.

“Flor Martínez sería la encargada de la extracción y aprovechamiento ilícito de productos forestales maderables directamente en las áreas de corte. Una vez obtenida la madera, coordinaba con otros integrantes de la red su transporte y comercialización”, reveló el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos de Guarín y Cortés.

Incluso, según la investigación, Guarín y Cortés solicitaron a una de las funcionarias de Corpoamazonía que les expidiera un salvoconducto para movilizar madera y que éste correspondiera con las especies y el volumen que la entidad le había autorizado al aprovechamiento de Usuarios del Bosque.

Gloria Guarín y Tulio Cortés continúan con medida de aseguramiento y, al cierre de esta investigación,el Juzgado Penal de Puerto Asís no ha emitido aún una decisión de fondo sobre su presunta participación en los delitos ambientales que les atribuye la Fiscalía. Los demás integrantes de la red suscribieron preacuerdos de colaboración con la Fiscalía o permanecen a la espera de juicio. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se comunicaron a los celulares a nombre de Guarín y Cortés sin encontrar respuesta, además de contactar a los representantes legales que los acompañaron durante las audiencias y quienes afirmaron que desde el mes de mayo no son los abogados que llevan el caso.

Un proyecto “para mostrar” con su representante investigada

Flor Ángela Martínez, la representante legal de la Asociación de Usuarios del Bosque de Tarapacá y la principal titular de los permisos de aprovechamiento forestal, es una mujer reconocida en el sector maderero y ambiental de la Amazonía colombiana. Durante muchos años fue una de las grandes representantes del aprovechamiento sostenible de madera en Tarapacá y su proyecto sirvió de ejemplo internacional.

Como menciona un investigador de una organización que trabaja en el territorio, “en muchos escenarios era reconocida por trabajar por la gobernanza forestal para combatir la tala y el tráfico ilegal de madera a través de actividades de control y vigilancia”.

En julio de 2020, por ejemplo, fue invitada a exponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre un pacto intersectorial para hacer frente a la tala ilegal y garantizar que la madera comercializada en el país fuera de fuentes autorizadas. “Nosotros, como usuarios del bosque, somos garantes de que las especies en peligro se conserven a largo plazo y de que los bosques sigan siendo el futuro económico, social y ambiental de esta región tan apartada”, dijo en su discurso.

También fue elegida entre las iniciativas de “Negocios Verdes” que lanzó Corpoamazonía y como empresaria del mes en julio de 2019.

Su trayectoria en el sector forestal viene de larga data. En 2013, Corpoamazonía le otorgó un aprovechamiento forestal conocido como Caño Pexiboy en un área de 1630 hectáreas en Tarapacá. Tras vencer ese permiso, Martínez fundó la Asociación Usuarios del Bosque, registrada ante la Cámara de Comercio del Amazonas, con la que años después solicitó un nuevo permiso de aprovechamiento forestal.

En 2015, Martínez también creó una empresa de transformación de madera. Según el informe de gestión de Corpoamazonía, “se dedica a producir, cosechar y transformar madera del bosque amazónico y actualmente cuenta con la marca ‘Amazonia Esencia de Vida’”. Sus principales productos son bloques, vigas, tablones y tablas, de diferentes especies como abarco, achapo, granadillo y polvillo.

Pero la imagen que se tenía de Martínez empezó a cambiar con la investigación de la Fiscalía. Las organizaciones o autoridades con las que trabajaba prefieren, por ahora, no pronunciarse sobre el caso. Varias de ellas la reconocían como un puente entre las entidades ambientales y el sector maderero de la región. En diciembre de 2025, Martínez fue capturada luego de que la Fiscalía la señalara por integrar y “desempeñar un papel directivo” en la red dedicada a la explotación y comercialización ilegal de madera en la Amazonía colombiana. Se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y fraude procesal. Martínez negó todos los cargos.

El ente acusador argumentó que, debido a la presunta capacidad de la red para influir en funcionarios públicos y utilizar rutas transfronterizas con Brasil y Perú, existía un riesgo de obstrucción a la Justicia y de continuidad de las actividades ilegales. Por eso, tras su captura, a Martínez le fue impuesta inicialmente una medida de aseguramiento en detención domiciliaria. En segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Leticia revocó esa decisión y ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario. Sin embargo, en mayo, esa orden fue nuevamente revocada y se le concedió la detención domiciliaria, medida que se mantiene mientras la Fiscalía continúa con la presentación de las pruebas dentro del proceso penal.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le escribieron varios mensajes a Flor Ángela Martínez entre mayo y agosto de 2026 al celular registrado de la Asociación Usuarios del Bosque y al correo electrónico. También intentaron contactarla a través del correo y el número de teléfono de su empresa de transformación de madera y se le dejó un mensaje en sus redes sociales. Además, la alianza se comunicó con integrantes de la junta directiva de la Asociación e intentó ubicar a su abogado a través de la Fiscalía, pero no fue posible comunicarse con él.

Mientras el proceso investigativo avanza, la selva de Caño Alegría conserva una cobertura boscosa aparentemente intacta, aunque los registros oficiales muestren decenas de salvoconductos y más de 1000 metros cúbicos de madera movilizados a su nombre. En Tarapacá, donde los árboles parecen no haber caído, los documentos cuentan una historia distinta.

*Imagen principal: Imagen de archivo. Autoridades ambientales decomisaron madera ilegal durante una jornada de control a nivel nacional realizada en marzo de 2026. Foto: Ministerio de Ambiente

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“A mi hijita Bayolet le hicieron unos exámenes cuando tenía cinco años. Ya se había desmayado dos veces en el colegio y no sabíamos por qué”, dice Gladys Ordoñez, pobladora de la comunidad indígena Shintuya, en la Amazonía peruana. 

Unos kilómetros más allá de Shintuya, navegando por el río Madeira, se llega al territorio Karipuna, en Brasil. Ahí, Adriano Karipuna, líder de la comunidad, cuenta una historia similar. «Nacen con problemas, con padecimientos cardíacos (…). Hay jóvenes y adolescentes que ya tienen falta de aire».

La misma pesadilla se repite en la Amazonía boliviana. “Estamos cansados de pedir ayuda médica”, dice Limberth Miquere, corregidor indígena de la comunidad de Buena Vista.

Estas voces de desesperación y desconcierto son de hombres y mujeres de la Amazonía que viven a orillas de los ríos Madeira (Brasil), Beni (Bolivia) y Madre de Dios (Perú), testimonios que están inevitablemente atravesados por una palabra: mercurio. “No sé si mi esposo está enfermo o si yo lo estoy ¿Quién nos puede explicar eso?”, se pregunta angustiada Iris Yante, madre de tres niños de la Amazonía de Perú.

El mercurio es un metal pesado usado en la minería ilegal de oro, una actividad ilícita violenta, tristemente rentable y en pleno apogeo. Solo en la cuenca del río Madre de Dios, en Perú, en un periodo de 27 años (1997-2024) la minería arrasó con más de 95 mil hectáreas de bosque, una superficie casi tan grande como toda el área urbana de Lima, según la plataforma de análisis satelital MapBiomas. Una situación similar ocurre en las cuencas del Beni y del Madeira, donde el territorio devastado supera las 9 mil y 28 mil hectáreas, respectivamente. Lo peor: la actividad se expande diariamente alentada por el aumento del precio de la onza de oro, que en marzo de 2026 superó los 5000 dólares.

Mientras el oro incrementa su valor en el mercado internacional, la violencia y sobre todo el impacto mortal del mercurio crece en la Amazonía, pues la pérdida de bosques es solo una de las graves consecuencias de esta actividad. El impacto en la salud de miles de personas es, sin duda, el efecto más nocivo. El mercurio que se usa para separar el oro del sedimento es arrojado a los ríos contaminándolos irremediablemente. Contamina los peces que comen las comunidades indígenas, contamina el agua que beben y contamina las zonas en las que se bañan. Los efectos son devastadores, van desde la pérdida de memoria y dolores de cabeza hasta daños al sistema nervioso central.

Los testimonios de Gladys, Iris, Adriano y Limberth, recogidos en comunidades de los tres ríos amazónicos por Mongabay Latam, muestran la impotencia de quienes viven con dolencias que no pueden explicar.

¿Qué tanto se ha extendido la contaminación del mercurio en la Amazonía? ¿Cuántas comunidades y pobladores se han convertido en víctimas de su impacto? A pesar de la gravedad de la situación, no existen estudios regionales que permitan comprender el alcance de este enorme problema ambiental y sanitario. Lo que sí existe son estudios dispersos realizados en algunas comunidades de la cuenca amazónica de estos tres países. 

Para ponerle una cifra a este problema y cerrar esta brecha de información, Mongabay Latam revisó 39 estudios científicos, publicados entre 1997 y 2024, que incluyen mediciones sobre la presencia de mercurio en personas que viven a lo largo de 2763 kilómetros de los ríos Madeira, Beni y Madre de Dios, así como en los peces que ahí se consumen. Este trabajo incluyó procesar cifras y metodologías distintas, así como estandarizar las mediciones para establecer con claridad los niveles de afectación y tener una fotografía completa de la situación.

El resultado es una base de datos que reúne 7725 muestras de mercurio en personas y 5939 muestras de tejido en peces extraídas de estas publicaciones en las que participaron al menos 130 científicos. Este análisis —construido con el acompañamiento y asesoría del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), afiliado a la Universidad de Wake Forest— dibuja la ruta de la contaminación a lo largo de tres ríos amazónicos emblemáticos que se conectan y que bañan con mercurio la vida de cientos de familias.

La información analizada es clara: al menos 249 comunidades han estado expuestas al mercurio en las últimas dos décadas. De estas, 220 —el 88 %— tienen el metal pesado muy por encima de los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero este no es el peor escenario. El mercurio se ha extendido como una plaga a través de las corrientes de cada río.  Al hacerlo ha contaminado no solo a las 249 comunidades muestreadas, sino también a quienes se encuentran en el camino. El análisis de Mongabay Latam ha establecido que alrededor de 702 comunidades también están en riesgo, ya que viven a orillas de estos tres ríos, a máximo dos kilómetros de distancia, y están situadas entre los puntos de minería ilegal activos y las comunidades contaminadas. En resumen, 951 comunidades tienen niveles alarmantes de mercurio o viven en estado de vulnerabilidad. Una cifra desgarradora. Miles de personas conviviendo desde hace años con un enemigo silencioso sin que nadie las ayude.

“La contaminación por mercurio es un genocidio silencioso para los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), una organización regional que representa a los pueblos indígenas de esa cuenca.

Visitamos 15 de los territorios más afectados por los niveles altos de mercurio: siete en Perú, cinco en Bolivia y tres en Brasil. Las historias son sobrecogedoras: gestantes y bebés con altísimos niveles de mercurio; niños en etapa escolar con problemas de aprendizaje y habitantes que dependen de la pesca o de la minería artesanal para subsistir mientras, paradójicamente, se contaminan al comer y trabajar.

“Toditos estamos afectados por el mercurio. Y estamos así por consumir pescado. Pero si dejamos de pescar nos podemos morir de hambre, no tendremos dinero para nada”, asegura Dora Quispe, habitante de Puerto Motor, una pequeña comunidad indígena de 28 familias en el departamento de Beni, en la Amazonía boliviana. “Los pueblos indígenas nada tenemos que ver con la minería, pero estamos siendo contaminados y vamos a ser exterminados por este metal”, agrega Eusebio Ríos de Fenamad, en Perú.

Las víctimas del mercurio

En Bolivia, un pescador arrodillado en una playa del río Beni espera a que un pez muerda el anzuelo de su rústica caña de pescar. Este poblador ese ejja se llama Gilberto Vaca y sigue todos los días la misma rutina, a pesar de que sabe que los peces que atrapa están contaminados con mercurio. No tiene otra alternativa, dice, debe llevar la comida a su familia.

Vaca vive en la comunidad Puerto Yumani, uno de los territorios indígenas que destaca en la base de datos por sus altos niveles de mercurio. La OMS indica que el nivel seguro de mercurio en una persona para poder vivir sin problemas de salud es de 2 mg/kg en una muestra de cabello humano. En Yumani, el mercurio está casi cuatro veces por encima de los límites permitidos. Esta situación se repite y empeora en varias de las comunidades analizadas.

En el río Madre de Dios, por ejemplo, hay muestras de pobladores que superan en más de 20 veces el límite considerado seguro (44 mg/kg), mientras que en el Beni hay casos que superan en 10 veces el valor (32 mg/kg). Y río abajo, en el Madeira, la situación es extrema. Habitantes reportan niveles de mercurio más de 75 veces superiores al umbral seguro (150 mg/kg).

“Esos niveles de mercurio sirven para calcular el riesgo. Y ese riesgo se refiere también al potencial de presentar un efecto negativo en la salud como, por ejemplo, síntomas de pérdida de la memoria, dolores de cabeza, afectaciones al sistema nervioso central o a nivel cardiovascular”, explica Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio del CINCIA que tiene experiencia realizando estas evaluaciones en ríos de la Amazonía. Vega también fue asesora de este proyecto periodístico.

El temor es que el daño sea irreparable, dice Mariano Castro, ex viceministro del Ambiente del Perú y director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa – Grade. «Es un daño a la vida, al desarrollo y al bienestar que es evitable. Pero que, en forma severa, también es irreversible. Las causas están ahí: son antrópicas. Puede haber mercurio en estado natural, pero los niveles por encima de lo recomendado por la OMS son antrópicos», advierte Castro, quien representó al país en la firma del Convenio de Minamata, un tratado internacional al que Perú se adhirió en octubre de 2013, hace más de 12 años, para evitar que la contaminación por mercurio se expanda.

Lamentablemente, la respuesta de cada uno de los tres gobiernos asociados a esta investigación —Bolivia, Brasil y Perú— ha sido insuficiente en las tres cuencas, pues se ha centrado, sobre todo, en operativos policiales, mercurio decomisado y dragas destruidas que vuelven a funcionar a los pocos días. La salud no ha sido una prioridad.

Hay víctimas que llevan más de 27 años expuestas a altísimos niveles de este metal, sin tener la minería operando en sus comunidades. Como explica Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), “muchos de los pueblos indígenas no tienen minería en sus territorios, pero la afectación que se ha evidenciado en diferentes estudios se debe a la minería que se hace a cientos de kilómetros”. 

Antonio Vilca, corregidor de la comunidad indígena de Carmen Soledad en Bolivia, cuenta que las aguas del río Beni arrastran el metal pesado y otros desperdicios de los campamentos mineros. “Vemos los recipientes de mercurio, de marca El Español, que llegan hasta acá. También vemos el agua sucia, como con aceite de vehículo. Prácticamente somos el basurero de los mineros”, lamenta Vilca.  

El mercurio puede viajar kilómetros sin importar las fronteras nacionales, sobre todo si se trata de cuencas que están conectadas. La contaminación que se genera en un país, como Perú o Bolivia, se traslada con las corrientes hasta afectar otras geografías como Brasil, e incluso ir más allá. “No solo se transporta por el río, sino que también tiene transporte global y puede moverse a través de la atmósfera hasta los polos. Por eso hay que mirarlo de forma integral, en sus interconexiones”, explica Claudia Vega de CINCIA. 

Un informe técnico de esta organización científica y de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2025, dimensiona algunos de estos riesgos. En la comunidad de Maizal, en la cuenca del Madre de Dios, el estudio reveló niveles de mercurio hasta 12 veces superiores a los límites recomendados en personas, con afectaciones a la memoria, la función ejecutiva y la salud renal y cardiovascular. También precisó que el río Madre de Dios y sus afluentes —especialmente el Inambari, en zonas como La Pampa— transportan hasta 12 toneladas de mercurio cada año.

“Sabemos que en nuestras comunidades ya afecta a madres gestantes, a niños en su crecimiento y desarrollo. El mercurio ya impacta a las próximas generaciones de los pueblos indígenas. Es un perjuicio que nos está dejando la humanidad a los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos de la Fenamad.

Veneno en el plato

Durante más de cincuenta años, en la mesa de Raimundo Nonato dos Santos y su esposa Maria Rogelina Soares da Silva hubo tucunaré y pintado. Los pescaban en el Lago Puruzinho, una de las fuentes de agua más cercanas a la comunidad ribereña del mismo nombre en la Amazonía de Brasil. Esa era la rutina de la familia hasta que una serie de estudios científicos revelaron que ese pescado, su principal fuente de proteína, contenía altos niveles de mercurio.

«Cambió casi todo por completo», dice Soares da Silva. «Es como si hubiéramos estado viviendo en una especie de inocencia, sin saber nada de lo que estaba pasando», agrega su esposo, quien lleva al menos 26 años participando en los estudios de la Universidad Federal de Rondônia. Esta institución ha reportado en más de una oportunidad que las concentraciones de mercurio en los habitantes de la comunidad Lago Puruzinho están entre las más altas de la cuenca del río Madeira, hasta más de doce veces el límite considerado seguro por la OMS.

La situación es la misma en el territorio Karipuna ubicado en Rondônia, Brasil. Adriano Karipuna, líder indígena de la comunidad, explica que al problema de la contaminación hay que sumar la escasez de peces. «Hace diez años, en media hora se podía pescar, sin exagerar, hasta 500 kg de pescado. Pero, hoy en día, si pescamos cuatro peces en seis horas es mucho. Y el pescado ya viene contaminado», confiesa. Río arriba, en Puerto Motor, en la Amazonía boliviana, la corregidora Edith Guzmán Marupa resume la situación en una frase: «Sabemos que tenemos mercurio en nuestros cuerpos, pero no podemos hacer nada». 

Las 5939 muestras de tejidos de peces tomadas entre 1997 y el 2024, incluidas en la base de datos de esta investigación, evidencian que los tres ríos albergan diversas especies con altas concentraciones de mercurio: al menos 19 en Brasil, 15 en Bolivia y dos en Perú. Los peces son centrales para esta historia, pues son la base de la dieta de las comunidades indígenas y ribereñas. Existe una relación directa entre los altos niveles de mercurio de los pobladores y el consumo del pescado que acumula el metal pesado en sus tejidos. Y esto se debe a dos fenómenos: la bioacumulación y la biomagnificación.

El mercurio liberado por la minería se transforma en metilmercurio, su forma más tóxica, al entrar en los ríos. El plancton absorbe el metal pesado y, luego, de este se alimentan los peces pequeños que luego son devorados por los más grandes. Cada vez que un pez se alimenta de otro que está contaminado, el mercurio se va concentrando más y más en sus tejidos (bioacumulación) y aumenta su concentración de un nivel de la cadena al siguiente (biomagnificación). Por esa razón, los peces que comen otros peces presentan los niveles más altos de mercurio y representan un mayor riesgo para las comunidades que los consumen.

Eduardo Bessa, profesor de biología de la Universidad de Brasilia (UnB), explica que la parte que más se consume es la musculatura del pescado, que lamentablemente resulta ser uno de los tejidos más contaminados. “Y no comemos solo un pescado a lo largo de nuestra vida, los comemos varias veces». Mucho más si se trata de una comunidad de la Amazonía.

Investigaciones realizadas desde los años noventa ya advertían sobre concentraciones elevadas de mercurio en peces amazónicos y poblaciones ribereñas. Y la situación no ha cambiado a pesar de que ya han pasado casi 30 años. Como explica Claudia Vega de CINCIA, la minería “no se ha detenido, por el contrario, se ha acelerado con un avance y contaminación en grandes dimensiones”. Y añade un dato importante: “No necesariamente las comunidades que están más cerca de la minería tienen mayores niveles de mercurio. Pero sí las que se encuentran más aisladas y dependen principalmente de la proteína del pescado”. Las que están más lejos, explica Vega, no tienen acceso a otra fuente de proteína. 

En lugares como Puerto Salinas, en Bolivia, donde viven habitantes del pueblo indígena esse ejja, se encontró en los bagres uno de los niveles más elevados de mercurio. Otros valores extremos se encontraron en peces de Puerto Maldonado (Perú), Rurrenabaque (Bolivia) y Porto Velho (Brasil).

Los olvidados

“Estamos cansados de pedir ayuda médica, debemos trasladarnos muy lejos por tierra para que nos atiendan. Vamos a San Buenaventura y no saben si nuestros dolores se deben a la contaminación de los pescados, pero es obvio que sí», reclama Limberth Miquere, corregidor de Buena Vista, comunidad indígena tacana asentada a orillas del río Beni. 

El responsable municipal de Salud de San Buenaventura, Mario Chacón, le dijo a Mongabay Latam que no saben cómo encarar el problema. “No conocemos un tratamiento para estos casos, solo podemos dar medicamentos genéricos”, afirma. El médico reconoce que mientras más pescado sigan consumiendo, más crecerán los niveles de contaminación en los cuerpos de los comuneros. “Nosotros comemos pescado pocas veces, ellos lo hacen a diario. Eso les afecta”.

Este problema se extiende a las tres cuencas. Eusebio Ríos de la Fenamad denuncia que “las entidades del Estado que ven el tema de salud no tienen presupuesto para atender temas de mercurio, y en las comunidades no hay infraestructura ni personal técnico o profesional especializado. Ni siquiera hay dotación de medicamentos. Estamos abandonados, prácticamente”.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía del Perú, para 2026, el Estado le asignó al Ministerio de Salud 477 455 soles (unos 142 523 dólares) y al Instituto Nacional de Salud 1 121 445 soles (alrededor de 334 mil dólares) al tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados, pese a que el propio Estado estima que son más de 10 millones las personas víctimas de este tipo de contaminación. 

Mientras tanto, los niveles de mercurio en los habitantes de esas riberas, según los datos analizados para esta investigación, alcanzan cifras alarmantes. 

En la Amazonía de Brasil, la localidad de São Sebastião do Tapurú, a orillas del río Madeira, presenta los valores más altos, con un promedio de 62,76 mg/kg y un máximo de 150 mg/kg. Mientras que en Bolivia destaca la localidad de Santa Rosita con 19,20 mg/kg y, en Perú, la comunidad indígena de Infierno con 5 mg/kg. En los tres casos, se trata de una exposición por encima del umbral seguro que pone en peligro la salud de los habitantes que dependen del río para alimentarse.

Rastreando la magnitud del problema

La indiferencia estatal no sólo se concentra en la falta de atención de salud a quienes presentan problemas asociados a la contaminación por mercurio. Ninguno de los tres países está investigando la dimensión de esta amenaza. Las mediciones científicas han logrado cubrir hasta el momento un universo muy pequeño, pero esas muestras dejan atisbar una realidad que se revela aterradora. 

Mongabay Latam buscó abordar esa falta de información a través de dos estrategias. En primer lugar, se georreferenció cada una de las 249 comunidades muestreadas por los científicos y que están expuestas al mercurio. Se eligió trabajar con muestras de cabello sobre las de orina y sangre porque además de ser una medición reconocida por la OMS para evaluar la presencia del metilmercurio -frecuente en comunidades que consumen más pescado-, permite identificar la exposición durante un período prolongado. Todas las comunidades analizadas están situadas en las riberas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira. Al equipo periodístico le tomó varios meses poder localizar las comunidades afectadas, pues en la mayoría de los estudios sólo aparecían los nombres pero no las coordenadas. Reunimos la información geográfica oficial y tuvimos así un primer mapa que mostraba la afectación comprobada del mercurio. 

Este es un primer esfuerzo por sistematizar el riesgo de exposición al mercurio a través de la información contenida en 39 estudios científicos que tienen unidades de medición distintas. Para armar la base de datos, fue necesario emplear fórmulas y modelos estadísticos que nos permitieran estandarizar todos los resultados de las publicaciones. Este proceso se hizo en coordinación y bajo la asesoría del equipo científico de CINCIA.

Luego, se sumó al análisis los focos de minería activos en las tres cuencas. Con información del Instituto del Bien Común en Perú, la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia e Ibama en Brasil, pudimos localizar las fuentes de contaminación inmediata de las poblaciones que dieron positivo a mercurio.

La segunda parte del proceso era identificar las poblaciones en riesgo que aún no han sido evaluadas. Como han explicado los expertos, la contaminación por mercurio fluye a través de los ríos y se extiende más allá de los puntos activos de minería. Eso quedaba evidenciado con los estudios científicos. Pero, ¿qué pasaba con las comunidades que se encontraban en el camino de estos ríos, entre las comunidades que ya registraban contaminación?

“Los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira están conectados hidrológicamente, por lo que el mercurio liberado o movilizado en una parte del sistema puede contribuir a la contaminación aguas abajo (…) Esto genera un riesgo transfronterizo plausible que justifica un análisis a escala de cuenca”, explica Luis Fernández, profesor investigador de Biología de la Universidad de Wake Forest y asesor de este proyecto. 

El siguiente paso, entonces, fue ubicar todas las comunidades que están situadas entre los focos de minería ilegal y las afectadas por el metal pesado a lo largo de los más de 2700 kilómetros. Para este análisis, se recopilaron todas las comunidades situadas a máximo 2 km de la orilla, que es la distancia que separa a las comunidades contaminadas con mercurio de los ríos. 

“Un buffer o distancia de dos kilómetros es razonable como criterio exploratorio de selección espacial, ya que es transparente y, en términos generales, concuerda con las distancias entre los ríos y muchas de las comunidades incluidas en la muestra”, explica Fernández.

Fernández, quien además es cofundador de CINCIA, añade que la exposición al metal pesado incluso “puede ocurrir más allá de los dos kilómetros a través de la actividad pesquera, la movilidad, la hidrología estacional y el movimiento de los peces a través de las redes de comercio y de intercambio de alimentos”. 

Bajo esos parámetros reconstruimos un mapa dramático. Mongabay Latam identificó en el análisis al menos 702 comunidades en situación de riesgo que están situadas entre los focos de minería ilegal y los habitantes que tienen altos niveles de mercurio. 

“El análisis geográfico identifica comunidades ubicadas en entornos donde la exposición es plausible (…) Yo las describiría como ‘potencialmente en riesgo’ o como ‘dentro de una zona de detección de riesgo por mercurio’”, explica Fernández. Además resalta la importancia de hacer un análisis a lo largo de las tres cuencas.

Los listados de todas las comunidades identificadas como “en riesgo” por Mongabay Latam fueron enviados a las autoridades de cada país para confirmar si han sido o no evaluadas. La respuesta de Perú confirma nuestro análisis. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) confirmó haber realizado tamizajes en seis de las comunidades en riesgo de Madre de Dios en 2024 y 2025 — Amaracayre, Tres Islas, Boca Unión, Sarayacu, Unión Progreso y Puerto Carlos. Las autoridades encontraron que un tercio de las personas evaluadas presentó niveles de mercurio superiores a los permitidos. También respondieron que no cuentan con registros de seguimiento médico a los afectados ni con un listado de establecimientos habilitados para atenderlos. En Brasil, el ministerio de salud informó que en los últimos 20 años se han registrado 30 casos de intoxicación por mercurio en los estados del Amazonas y 12 en Rondônia, sin especificar las comunidades. En tanto, las autoridades de Bolivia nunca respondieron a los pedidos de información.

Generaciones indígenas sin futuro

“La situación es gravísima”, lamenta el vicepresidente de Fenamad, Eusebio Ríos. “Las comunidades [de Madre de Dios] tienen un alto grado de contaminación por mercurio y esto ha afectado especialmente a las mujeres que están en gestación y a los niños. Su sistema nervioso, su cerebro, su crecimiento, su capacidad para aprender y estudiar”.

En Brasil, Adriano Karipuna, líder del territorio indígena karipuna, relata que en su pueblo han aumentado los problemas de salud en los últimos años, incluyendo el nacimiento de niños con problemas de motricidad. «Nacen con problemas, con padecimientos cardiacos, con una cabeza enorme», precisa. «Dentro de nuestra ascendencia, estas cosas no pasaban 50, 30 o 20 años atrás».

Desde 1997, los estudios científicos analizados para esta investigación han documentado que el mercurio puede pasar de las madres a los hijos a través de la placenta, el cordón umbilical y la lactancia. Y los niveles no son menores. En cuatro investigaciones analizadas, que reúnen 850 muestras tomadas a madres y mujeres embarazadas de las tres cuencas amazónicas, el promedio de mercurio en cabello superó más de tres veces el umbral de la OMS (2 mg/kg) y con picos de hasta 32,4 mg/kg.

En Madre de Dios, por ejemplo, muestras tomadas a 198 parejas de madres e hijos, entre 2017 y 2018, evidenciaron la presencia de mercurio en el cordón umbilical. Y el 29 % de las madres evaluadas superó los niveles de mercurio recomendados por la OMS. En Bolivia, un estudio de 2023 tomó muestras a 119 mujeres en edad fértil de comunidades cercanas a las cuencas Beni, Mamoré y Madre de Dios: nueve de cada diez presentaron concentraciones superiores a los límites seguros. 

La situación en los menores es aún más severa. Una investigación realizada en niños de 5 a12 años que viven alrededor de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, reveló que la exposición aguda al metal pesado afectó el desarrollo cognitivo, motor y visual de varios de ellos. El análisis, liderado por investigadores de la Universidad de Duke, incluyó muestras de cabello de 164 niños en total, de los cuales el 32,9% superó el umbral seguro de exposición a mercurio de la OMS.

«Creo que el hallazgo más importante es que algunas comunidades tienen una exposición tan alta al mercurio que niños y adultos experimentan déficits cognitivos significativos, lo que puede generar desventajas a largo plazo e intergeneracionales», señala William Pan, profesor de la Universidad de Duke que lideró la investigación. «Muchas de estas comunidades con alta exposición no deciden participar en la minería y no se benefician de sus actividades. Esta es la peor forma de injusticia ambiental», insiste.

Los relatos confirman el problema en las tres cuencas. «Hubo mujeres embarazadas que tuvieron problemas con sus hijos», lamenta Ignacio Julio Monasterio, corregidor de Eyiyoquibo, una comunidad indígena ese ejja a orillas del río Beni. 

A este escenario se suma un problema más. “La situación de anemia y desnutrición infantil que afecta cerca del 50 % de la población infantil. Y, si a eso le agregas la contaminación por mercurio, es una situación crítica que afecta el bienestar y el futuro», advierte Mariano Castro, exviceministro del Ambiente del Perú.

El Estado y sus planes fallidos

En la década de 1950, cientos de habitantes de la bahía de Minamata, una pequeña población pesquera de Japón, comenzaron a desarrollar temblores, movimientos involuntarios, pérdida de coordinación y dificultades para hablar o escuchar. Las mujeres, aunque se veían sanas, daban a luz a niños con graves afectaciones neurológicas. La causa: durante años, una industria petroquímica había vertido compuestos de mercurio en las aguas de la bahía, contaminando los peces y mariscos que consumían. La tragedia, que dejó casi 3000 víctimas certificadas oficialmente por el gobierno japonés, se convirtió en el símbolo mundial de los riesgos de este metal tóxico sobre la salud humana y los ecosistemas. También permitió conocer que sus efectos pueden extenderse por generaciones.

Décadas después, las lecciones de esa catástrofe y la conclusión de que “el mercurio y sus compuestos tienen importantes efectos adversos a nivel mundial que justifican la adopción de medidas internacionales” dieron origen, en octubre de 2013, al Convenio de Minamata, un tratado global y vinculante que establece regulaciones estrictas para su uso, comercialización y producción, con miras a eliminar el mercurio progresivamente. El convenio entró en vigor en agosto de 2017.

Perú, Bolivia y Brasil forman parte del Convenio de Minamata desde hace más de 10 años, pero —pese a la enorme evidencia científica y a los impactos que denuncian desde hace décadas las comunidades en el territorio—, los expertos consultados señalan que las acciones para hacer frente a la contaminación por mercurio en los tres países son completamente  insuficientes. 

Como explica el experto en toxicología y química, José Alfonso Apesteguia, “el Estado peruano está rezagado en sus métodos de diagnóstico. Se prioriza la medición de mercurio total en orina, que solo refleja exposición ocupacional o por inhalación de vapores, pero no el metilmercurio asociado al consumo de pescado. Solo así se podría dimensionar correctamente el riesgo real que enfrentan las comunidades amazónicas”. Castro confirma el diagnóstico desde su experiencia en el Estado: «Perú es uno de los pocos países que tiene como norma la orina y no el cabello, equivocadamente».

“Además —agrega Ríos, de Fenamad—, es el mismo Estado el que ha permitido que las comunidades estén llenas de concesiones mineras. Así los pueblos indígenas no quieran involucrarse con la minería, hay comunidades superpuestas y en las que, en sus territorios, se hace minería”. Lo más lamentable, insiste, es que los impactos de la minería son un tema que las autoridades “no quieren ver”. “Se enfocan en lo económico, en el tema de formalizar la minería… pero no en la salud. Y eso preocupa bastante”. 

En Perú, la Resolución Ministerial 1026-2020-MINSA establece protocolos para la atención de personas expuestas a metales pesados, pero no menciona la existencia de centros médicos exclusivos. Los afectados deben ser derivados a hospitales de mayor complejidad, los de nivel II y III, los cuales representan apenas el 3 % de todos los establecimientos de salud.

Para el exviceministro Castro, el problema central es que el aparato sanitario no está preparado para responder. «Una atención en asuntos de mercurio o plomo requiere un nivel de especialización de recursos y capacidades que no es de regiones. Ni siquiera para el plomo. Y como se requiere una intervención en los territorios, hay que fortalecer la capacidad no solamente a nivel nacional, sino en los territorios», dice.

Bolivia, por su parte, sigue siendo el mayor comprador de mercurio del mundo, según las estadísticas oficiales, y este metal sigue utilizándose en la minería aluvial. Sin embargo, hasta la fecha, aún no hay un plan de acción concreto para abandonarlo. A mediados de 2025, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua respondió a Mongabay Latam que el Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera —elaborado desde 2023 por el gobierno boliviano y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)— estaba en proceso de implementación. 

De hecho, el actual viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, dijo que a más tardar en mayo se ajustaría el plan para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera y se implementaría en su totalidad el Convenio de Minamata. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación no se concretó esa medida.  

“Sabemos que estamos contaminados por el mercurio pero, ¿qué podemos hacer? No hay dinero por esta crisis, no podemos cultivar porque nuestras parcelas están afectadas por las inundaciones, esa tierra está como podrida”, dice Grover Yumani, corregidor de la comunidad Puerto Yumani.

En Brasil, donde las comunidades del río Madeira presentan los valores de mercurio en cabello más altos de toda la base de datos, se importaron 12 toneladas de mercurio de manera oficial en 2024. Aunque una nueva normativa del Ibama, publicada en diciembre de ese mismo año, busca reducir esa cifra a cero a partir del 31 de diciembre de 2025, el propio gobierno reconoce que «el mercurio aún llega al garimpo ilegal a través de un mercado clandestino que involucra empresas de fachada, documentos falsificados y contrabando”.

Además, como constató Mongabay Latam en los estados de Amazonas y Rondônia, el gobierno brasileño no ha logrado implementar la restricción del uso del mercurio ni existe una fecha establecida para aplicarla, según declaraciones de los ministerios involucrados en la Convención Minamata obtenidas por pedidos de acceso a la información enviados. «Brasil no cuenta con un plan sectorial  [vigente] para la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio», dijo el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Además, agregó que no dispone de estudios, informes ni análisis sobre la contaminación por mercurio en el Madeira, y que en este momento no hay medidas ni presupuesto destinados a combatir dicha contaminación.

Mongabay Latam también pudo comprobar que al menos siete de los estudios analizados para esta investigación fueron entregados a las autoridades competentes de cada país (dos en Perú, tres en Bolivia y dos en Brasil). Solo uno, en Perú, generó una acción concreta. 

Castro propone una ruta para empezar. «Tiene que hacerse una presencia multisectorial integrada en aquellas zonas donde hay informes de personas contaminadas por mercurio. Si hay que verificar algún análisis hecho por una entidad privada, ONG o universidad, que se haga. Y confirmadas esas referencias, que se programe una intervención multisectorial en los territorios», dice. Una hoja de ruta que, hasta hoy, ningún de los tres países ha querido implementar.

A medida que la minería avanza entre los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira, los habitantes esperan respuestas. “No tenemos conocimientos profundos sobre la contaminación”, admite Johnny Nayori, presidente de la comunidad nativa de Puerto Luz, en Madre de Dios. “Creo que el Estado debería informarnos y volver a hacer nuevos estudios. No solo a los niños, también a los padres, porque la minería en los alrededores ha avanzado mucho, y no sabemos qué hacer”, insiste Gladys Ordoñez, comunera de Shintuya.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam. Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Edición: Alexa Vélez, Antonio Paz Cardona y Alexandre de Santi. Periodistas: Karla Mendes, Iván Paredes, Elizabeth Salazar, Daniela Quintero Díaz, Vanessa Romo y Alexa Vélez. Investigación: Vanessa Romo, Daniela Quintero y Alexa Vélez. Asistencia en investigación: Cristina Fernández Aguilar y Lourdes Fernández. Análisis de datos y geoespacial: Gabriela Quevedo, Cristian Salas y Vanessa Romo. Asesoría científica: Luis E. Fernández y Claudia M. Vega del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), Sabin Center for Environment and Sustainability y Wake Forest University. Coordinación: Vanessa Romo Espinoza y Daniela Quintero Díaz. Traducciones: Lucas Berti, Karla Mendes y Roberto Cataldo. Visualizaciones: Eduardo Motta. Ilustración de portada: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero, Carlos Hernández. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Carlos Hernández y Dalia Medina Albarracín.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisar la versión completa y la visualización aquí.

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El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. La fecha recuerda la importancia de mantener intactas áreas que albergan paisajes únicos, biodiversidad asombrosa y servicios ecosistémicos de los que dependen la provisión de agua limpia, el aire fresco, la polinización de alimentos y la captura de gases de efecto invernadero.

Aunque en Latinoamérica los parques nacionales son una de las categorías más altas de protección dentro de los sistemas de áreas protegidas nacionales, enfrentan todo tipo de amenazas. El avance de la deforestación, la minería ilegal e informal y la expansión de la industria petrolera son tres de ellas.

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En el Parque Nacional Natural La Paya, en Putumayo, el extremo sur de Colombia, la ganadería ilegal, cultivos de coca y la presencia de grupos armados ilegales han provocado la pérdida de bosques en una zona clave para la conectividad entre el Escudo Guayanés, la Amazonía y Los Andes.

En el Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro, el noreste de la Patagonia argentina, la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación petrolera preocupa por los antecedentes de derrames de petróleo que ha habido en el país. Un vertimiento podría llegar en menos de un día a sitios de anidación y de reproducción de fauna marina.

En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, en el sur de Perú, la minería ilegal e informal acecha al parque. Aunque se logró detener la actividad al interior del área protegida, la actividad se expande en la zona de amortiguamiento y los ríos que la rodean.

Mongabay Latam habló con especialistas y conocedores de las tres áreas para entender mejor qué está en juego y las soluciones que plantean.

Colombia: la deforestación pone en riesgo la conectividad del Parque Nacional La Paya

El Parque Nacional Natural La Paya está en el extremo sur de Colombia, en la triple frontera con Ecuador y Perú. La zona es tan biodiversa que los otros dos países también tienen áreas protegidas en sus límites. Sin embargo, este es considerado por muchas autoridades y expertos el punto fronterizo más conflictivo de la cuenca amazónica. La expansión de la ganadería ilegal, los cultivos de coca y las carreteras ilegales están destruyendo los bosques de La Paya, de acuerdo con Julia Miranda, quien dirigió Parques Nacionales de Colombia entre 2004 y 2020.

Entre 2013 y 2023, el parque perdió 8759 hectáreas de bosque, según el más reciente informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos. Esta pérdida convirtió a La Paya en la quinta área protegida más deforestada del país.

La deforestación continuó en 2024, año en el que se perdieron 459 hectáreas adicionales de bosque, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, enviados a Mongabay Latam por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En 2025, 433 hectáreas más fueron deforestadas. Es decir, 892 hectáreas en esos dos años.

“Se perdieron zonas que habían sido restauradas durante las últimas dos décadas, que son críticas en la recuperación de la conectividad del parque”, señala Botero.

La exdirectora detalla que detrás de la tala no solo hay campesinos que amplían sus asentamientos y potreros. Asegura que también hay grupos armados ilegales que controlan buena parte de esos territorios. Botero añade que el parque “ha sido epicentro de la disputa entre las facciones disidentes de los Comandos de la Frontera y el Estado Mayor Central, con graves implicaciones sobre las poblaciones locales”.

Para el director de FCDS, el mayor impacto de la deforestación es la pérdida de conectividad, “la principal función de La Paya”. Explica que es un paisaje que conecta al noreste con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, mientras que al sur conecta con el Parque Nacional Güeppí-Sekime, en Perú, y la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno, en Ecuador.

“La gran biodiversidad que se mueve entre Los Andes, el Escudo Guayanés y la depresión del Napo está siendo seriamente afectada por este proceso de deforestación”, dice Botero.

La pérdida de bosque también amenaza la gobernabilidad, tanto de Parques Nacionales como de los gobiernos indígenas, de acuerdo con Miranda. “Los grupos ilegales imponen sus actividades ilícitas y afectan la vida tranquila de las comunidades indígenas”, se lamenta. Las comunidades siona, que dependen del bosque para obtener alimentos y medicina ancestral, han rechazado las economías ilícitas, asegura la exdirectora y hasta hace poco congresista.

Para la exfuncionaria, revertir la tendencia depende de una decisión política de hacer control territorial. Frente al mal recuerdo que quedó en La Paya tras la operación militar Artemisa de 2019 contra la deforestación, por su nivel de violencia, Miranda recomienda que se establezcan mesas de diálogo encaminadas a que se cumpla el Acuerdo de Paz, que estableció rutas de reubicación para las familias asentadas en parques antes de 2016.

Argentina: una terminal de exportación petrolera amenaza al Parque Nacional Islote Lobos

Al Parque Nacional Islote Lobos y a Punta Colorada, donde se tiene planificado construir la terminal de exportación petrolera Vaca Muerta Oil, los separan cerca de 10 kilómetros. Un derrame de petróleo podría alcanzar la zona, en la costa oeste del Golfo San Matías, provincia de Río Negro, Argentina, en un plazo de entre seis y 12 horas bajo ciertos escenarios de viento, según un modelado de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

“Diez kilómetros pareciera ser una distancia razonable en tierra, pero ecológicamente eso no sirve de nada, porque cualquier derrame de petróleo se va a desplazar sobre el agua siguiendo las corrientes, las mareas y los vientos”, explica Raquel Perier, bióloga marina e integrante de la Multisectorial de Defensa del Golfo.

El área protegida es un pequeño archipiélago costero. Alberga una importante diversidad de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias. También acoge un importante apostadero de lobos marinos (Otaria flavescens) y la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional del mundo, de acuerdo con la información oficial del parque.

“Esta colonia se comenzó a formar en la década de 1990 y actualmente reúne a miles de parejas de pingüinos”, cuenta la especialista. Los islotes y las zonas intermareales funcionan como área de nidificación, descanso y alimentación, añade. La colonia de pingüinos se concentra entre septiembre y enero.

La forma del Golfo San Matías agrava los impactos de un posible vertimiento, de acuerdo con la especialista. “Es como una olla, con profundidades centrales mayores que su plataforma adyacente”, señala. Esa configuración hace que el agua recircule dentro del golfo durante meses en lugar de dispersarse hacia el mar abierto, explica.

De suceder un vertimiento, el petróleo podría alterar el aislamiento térmico del plumaje de estas aves, que además podrían ingerirlo cuando se acicalan, indica Perier. Otro impacto sería el que ocasionarían los hidrocarburos al adherirse a los sedimentos intermareales, prolongando su presencia más allá de las manchas visibles en la superficie del agua.

Desde 1990, la ley provincial 3308 prohibía toda actividad hidrocarburífera y de infraestructura portuaria en el Golfo San Matías. En 2022, la legislatura de Río Negro modificó la norma y habilitó el transporte y la construcción portuaria para exportación de petróleo y gas.

La construcción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ya arrancó. Consiste en un oleoducto que comienza en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, y llega hasta Punta Colorada. Perier, como parte de la Multisectorial de Defensa del Golfo, denuncia que las audiencias públicas del proyecto no garantizaron participación ciudadana real.

Aunque las autoridades dicen que tienen planes de contingencia, la bióloga marina se muestra desconfiada. “A unos kilómetros de nosotros, en Catriel, un pequeño derrame lo pararon con una pileta de plástico”, relata.

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Perier también cuestiona la ausencia de un análisis de impactos acumulativos sobre el conjunto del golfo, que incluye proyectos de exportación de gas natural en Bahía San Antonio y Caleta de los Loros, otras dos áreas naturales protegidas de la misma costa.

“Cada vez más gente se nos está acercando y viendo la posibilidad de quedarnos sin un golfo azul por siempre”, dice. Y concluye: “No está dicho nada hasta la última palabra y mientras tanto seguimos resistiendo”.

Perú: la minería ilegal presiona la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene

La minería ilegal e informal ha afectado 5680 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y su zona de amortiguamiento hasta el segundo trimestre de 2026, según datos de Amazon Mining Watch. Un guardaparques que prefiere proteger su identidad por seguridad envió un mapa oficial a Mongabay Latam y explicó que la información de Amazon Mining Watch incluye la zona de amortiguamiento, donde se realiza gran parte de la actividad ilegal. Asegura que la extracción se logró detener dentro del parque en 2023.

El ambientalista Pedro Solano no descarta que el área protegida sufra bastante presión a medida que se incrementa el precio internacional del oro. “Se está convirtiendo en una suerte de zona de guerra”, afirma. El Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno, colinda con la Reserva Nacional Tambopata, que acumula casi 29 000 hectáreas afectadas, según Amazon Mining Watch. Esta, a su vez, colinda con el corredor minero de Madre de Dios, departamento que suma 163 000 hectáreas de superficie minada, según la misma herramienta.

Entre 2021 y 2023, funcionarios del parque registraron más de 50 puntos de minería ilegal al interior del área protegida. Los focos estaban en las quebradas Palma Real Grande y Patuyaku, en el sector de Vigilancia y Control Heath, detalla el guardaparques. “No contábamos con puesto de vigilancia ahí, entonces el personal no llegaba a hacer los patrullajes”, contextualiza.

Intervenciones conjuntas de la Fiscalía Especializada en Ambiente, la Marina de Guerra y la Policía Nacional frenaron la extracción ilegal, asegura el guardaparques. Hoy, el parque ya tiene un puesto de vigilancia permanente en el área.

El Proyecto Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation identificó que, entre 2021 y 2023, 2439 hectáreas fueron deforestadas para la minería en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas del sur de Perú. Las más afectadas fueron la Reserva Nacional Tambopata, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, tres áreas contiguas. En el sector de Bahuaja Sonene hay minería ilegal y en menor medida, en proceso de formalización, de acuerdo con el guardaparques.

Para agosto de 2025, MAAP encontró que parte de la deforestación por minería de oro se mantenía en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene, aunque no ofreció cifras. El proyecto también identificó al río Inambari como uno de los afectados. En esa cuenca, relata el guardaparques, los mineros llevan a cabo operaciones con maquinaria pesada, embarcaciones artesanales y campamentos móviles.

Además, el parque sufre impactos indirectos de la minería realizada en otras zonas. El río Tambopata ya llega con alta sedimentación y con contaminación por mercurio, combustibles y aceites. Esto ha provocado que la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) se aísle, asegura la fuente en el territorio. Las taricayas (Podocnemis unifilis), por otro lado, han perdido las playas donde anidaban y los peces son cada vez más vulnerables. Los pobladores de la zona que dependen de la pesca también sufren las consecuencias.

Según Solano, las interdicciones, que implican destruir maquinaria, generan violencia en la región. A eso se suma la violencia que ejercen los mineros contra los defensores ambientales. Por eso, cree que se necesita aplicar una política integral que atienda la pobreza rural y que ofrezca oportunidades económicas.

*Imagen principal: minería en el río Inambari, en los alrededores del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Perú. Foto: obtenida por Mongabay Latam

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Salvo los de América Latina, pocos países tienen una cercanía tan manifiesta como Canadá y los Estados Unidos. Siendo Canadá más extenso, comparte con los Estados Unidos un bloque continental que va del Atlántico al Pacífico, con una frontera no militarizada de cerca de 9.000 kilómetros que facilita una relación comercial e industrial fluida, así como el manejo compartido de ecosistemas significativos.

A lo anterior hay que sumar una trayectoria de inmigración de procedencia e índole similar que consolida una cercanía difícil de revocar, y que encuentra en la lengua y la procedencia del Imperio Británico, salvo la Provincia de Quebec, elementos culturales de una armonía que hasta ahora no había producido sino solidaridad y cuya depredación no figuraba ni en pesadillas. 

Canadá y los Estados Unidos pasaron como un solo bloque vicisitudes de la vida internacional como las dos guerras mundiales, y fueron considerados como un binomio natural, fortalecido con alianzas militares y acuerdos comerciales que se consideraron paradigma de confiabilidad. Entre otros el famoso acuerdo que vincula a esos dos países con México y que en su primer gobierno el presidente estadounidense consideró el mejor acuerdo de toda la historia.

Toda esa trayectoria, de varios siglos, resultó bajo amenaza hace apenas año y medio, cuando al presidente de los Estados Unidos se le ocurrió “innovar” en su segundo mandato mediante la sacralización de los aranceles como pilar de su propósito de hacer a su país “grande otra vez”. Lo sorprendente fue la aplicación de la estrategia, sin contemplaciones, al mejor aliado, más grande y entrelazado amigo, como es Canadá. 

De un tajo se desconocieron súbitamente la cercanía, la historia común, las similitudes, y la confianza. Entreverado en el sartal cotidiano de declaraciones sobre la forma en la que Trump deseaba que funcionase el mundo, bajo su dirección y como si fuera su derecho, expresó el propósito de que el Canadá pasara a ser un Estado más de los Estados Unidos de América. Para lo cual no vaciló en llamar “gobernador” al primer ministro del Canadá, que tiene como jefe del Estado al monarca británico. 

Fue algo tan peregrino que resultó siendo objeto de chistes, como sucede con esas cosas que, en medio de la euforia de disfrute del poder por un ego desmedido, dicen gobernantes celebrados por sus desvaríos. De manera que el proyecto se tomó como nueva expresión de folclor, sin caer en cuenta de su gravedad, pues era equivalente a la decisión de Rusia de tomarse Ucrania, o como si Pakistán anunciara el propósito de que la India se sumara a su territorio y a sus leyes como una provincia adicional. 

De esa talla ha sido desde un principio el asunto, pero nadie se atrevió a protestar, fuese por lo absurdo de la idea respecto del orden mundial, o por el temor de enemistarse con un gobernante que ejerce como empresario cabalgando a sus anchas en el poder político y anda con una bolsa de sanciones comerciales en la mano, listo a repartir premios o castigos según cálculos intuitivos.

Después de año y medio de negociaciones llenas de altibajos, anuncios y cambios de opinión, al terminar la tercera semana de agosto de 2026 el primer ministro canadiense Mark Carney ha dicho que la guerra comercial con los Estados Unidos no ha sido iniciativa de su país, que fue agredido y tiene la obligación de defenderse. El presidente estadounidense, inventor de la idea de anexión y de la imposición de aranceles a manera de punición por no ver satisfecha su exigencia, dijo sin pudor alguno que “Canadá quiere todas las ventajas de Estado (de los Estados Unidos), sin ser uno de ellos”. 

Lo sorprendente es que Canadá, sin complejos, ha decidido responder punto a punto las medidas arancelarias impuestas como sanción por los Estados Unidos, con las que puede aplicar de su parte hacia productos estadounidenses, así se moleste quien considera que puede sancionar a los demás desde una posición de intocabilidad. De manera que la frontera dejará de ser la más célebre por su aparente inocuidad. “Ahora somos más fuertes que cuando Estados Unidos empezó esta guerra comercial. Más unidos, más decididos, más ambiciosos”, ha dicho Carney.

A ese paso, cuando alguien intente retomar desde la Casa Blanca el hilo de la historia y busque reconstruir los puentes que desde su creación unieron a los dos países, encontrará que el daño de ahora dejó profundas huellas en una relación de hermandad suprimida por la ambición unipersonal de un presidente con talante de conquistador digno de épocas remotas y de mejores causas.

Ya vendrán las cuentas de los efectos devastadores de la guerra comercial entre los países con la frontera más larga del mundo, que han tenido un comercio bilateral de grandes proporciones para satisfacer necesidades mutuas.  Entonces será posible apreciar el efecto de fortalecimiento del nacionalismo canadiense y la defensa de la condición anglo-francesa de ese país, desconocida por los Estados Unidos, con exigencias contra el uso de la lengua francesa. También se conocerá el resultado de la consulta popular que tendrá lugar en la Provincia de Alberta, donde no ha faltado quien proponga independencia respecto del Canadá, para perder la misma independencia de inmediato en favor de los Estados Unidos. 

En el panorama internacional se verán los frutos del replanteamiento político, diplomático y estratégico que se vio obligado a hacer Canadá, que con apoyo popular creciente busca consolidar nuevas alianzas y nuevas relaciones no solo intercontinentales sino americanas, comenzando con el refuerzo de la alianza con México, el otro gran protagonista de la vida norteamericana y de una realidad económica que involucra a los tres países que en su momento celebraron el cantado “gran acuerdo comercial más importante del mundo”. 

La ruptura comercial y política de hoy entre una superpotencia y un país que ha estado aparentemente a su sombra sin hacer alarde de su propia fuerza, suscita reflexiones sobre la forma que puede tomar el mundo en las próximas décadas. Los Estados Unidos son todavía una superpotencia económica, política, diplomática y militar, pero es evidente que, a pesar de las proclamas propagandísticas de su líder temporal, su forma misma de hacer las cosas produce más inquietudes y temores que seguridades no solo entre oponentes sino entre sus propios amigos y aliados. Y dudas crecientes sobre su peso en el mundo del futuro. 

Con la presidencia actual de los Estados Unidos se cierra un ciclo de la historia. Y ello es así porque la Casa Blanca se ha puesto por oficio disolver amistades y alianzas de la postguerra, que tanto poder llegaron a darles. Es el caso del debilitamiento político de la OTAN, a pesar de su justificado fortalecimiento financiero. También el de las relaciones con los países europeos, acostumbrados a confiar en la protección americana ahora llena de altibajos e incertidumbres. Y así se puede dar la vuelta al mundo, hasta llegar a Corea del Sur, que en estos días ha recibido el mensaje de la suspensión de ejercicios militares tradicionales y de la intención de reunirse con Corea del Norte. Para no hablar de las perplejidades derivadas de la guerra contra Irán, hasta ahora perdida en una seguidilla de declaraciones contradictorias que aplazan cualquier salida. 

La fractura norteamericana nos pone a pensar sobre la configuración del mundo del futuro, y en particular sobre el puesto que dentro de él nos pueda corresponder. El hecho de que Canadá haya sido tratada como lo ha sido hace pensar que, al menos en la era Trump, que no se sabe cuánto va a durar, los Estados Unidos se auto asignarán la atribución de tomar las grandes decisiones y esperarán que los demás, y con mayor razón los países de las Américas, acepten las tareas que les asignen. De manera que cualquier negociación con ellos será asimétrica y simbólica. 

El hecho de que, por ahora respecto del Canadá, la política estadounidense tenga, lo mismo que en cuanto a Groenlandia, aspiraciones territoriales, no deja de ser un anuncio preocupante. Lógica dentro de la cual la intervención y el control ambiguo de Venezuela no dejan de llevar un mensaje explícito de abiertas intenciones de dominio. 

Sería bueno darle una mirada al discurso de Mark Carney en el Foro de Davos del presente año. De allí pueden salir consideraciones ilustradas y pragmáticas sobre la manera como, sin necesidad de echar por el camino de rupturas brutales en el conjunto de las Américas, resulta posible y recomendable ampliar el espectro de las relaciones de los países americanos, todos, con los de otras regiones del mundo, para consolidar nuevas opciones de intercambio comercial y de acción política emancipada de ese bloque de autoritarismo internacional que pretende dividirse otra vez el mundo en áreas de influencia con fidelidades obligadas que solo benefician a imperios con ilusiones renacientes. 

La Cali de los años 70 según Ever Astudillo, y la Europa de la primera mitad del siglo XX según Theo Angelopoulos son la materia prima de la nueva obra del artista Sair García: “El paso suspendido de la cigüeña”.

En el barrio El Polo de Bogotá se ubica La Casita, un espacio cultural creado por Simón y Maritza Chehebar que desde el 2015 tiene el objetivo de desarrollar proyectos de artistas colombianos que contribuyen a la consolidación de los procesos y la identidad del arte contemporáneo colombiano.

La Casita, que es un espacio cultural y no una galería de arte, invita cada año a tres artistas colombianos para que creen obras que dialoguen con una pieza de la colección Chehebar.

Con esa lógica invitaron a Sair García, quien en diálogo con la obra “Lugar No 1” de Ever Astudillo que retrata la Cali de los años 70, presenta hasta septiembre de 2026 “El paso suspendido de la cigüeña”, una muestra que se nutre de la estética de la película de Theo Angelopoulos de 1993.

La exposición “El paso suspendido de la cigüeña”, curada por Camilo Chico, propone una reflexión sobre las fronteras que construimos como sociedad y, especialmente, sobre aquellas que nos imponemos a nosotros mismos, a través de 14 pinturas, dos animaciones, una gran instalación compuesta por 350 obras en pequeño formato.

Entrevista con Sair García sobre “El paso suspendido de la cigüeña”.

¿Cómo es que “El paso suspendido de la cigüeña” se inspira tanto de la obra de Ever Astudillo como de Theo Angelopoulos?

Parto de la obra de Ever Astudillo que pertenece a la colección de La Casita, una pieza que en realidad son cuatro dibujos que habla de Cali de los años 70. En un reto interesante porque esta exposición la sustraigo del cine. La serie “El paso suspendido de la cigüeña” habla de la arqueología del oficio. El título lo adopto de la película de Theodoros Angelopoulos de 1993 que habla de las fronteras, de la imposición de fronteras mentales y físicas.

La película se desarrolla en la Europa de los años 30, durante la Segunda Guerra, cuando aparecían fronteras trazadas de un día para otro en el suelo con una línea. Entonces, lo que hago es un pequeño parangón entre lo que sucedía en la época que muestra el director en su película, y lo que yo desde la pintura traigo a la contemporaneidad.

Hablas de fronteras físicas, pero también mentales. Unas las ponen los gobernantes, otras las pone uno mismo…

Sí, bien, lo dijo Albert Camus en “El Extranjero”, que el migrante carga con su trozo de tierra debajo del brazo. Eso somos finalmente, la trashumancia humana no es de ahora, es desde la historia la humanidad; entonces tanto el humano que se queda como el que se va tendrá su historia que contar y las fronteras de las que habla Theodoros Angelopoulos en sus películas no son otra cosa que la imposición de lo que ha venido ocurriendo a través del tiempo.

Él hablaba de la Europa hace casi 100 años, pero yo hablo de la América contemporánea y la única diferencia son los protagonistas, porque finalmente las escenas son las mismas.

Esta es la periodicidad y la historia cíclica que nos que nos sigue abordando: los migrantes y la diáspora de hace 100 años seguramente no tiene absolutamente nada distinto la actual.

Lo que creo que hay que destacar es el papel que cumplen las artes para mostrar, para sacar a la luz estos temas, para decirle a la gente que la diáspora no es nueva. Theodoros Angelopoulos nos lo dice con sus películas, yo lo hago desde la pintura, eso es lo que nos corresponde (a los artistas) hacer.

Ya sabemos de dónde viene “El paso suspendido de la cigüeña”. ¿Cómo dialoga con tu obra?

Creo que la gran diferencia entre el arte que he presentado y lo que exhibo ahora es a nivel formal, porque esta muestra, en medio de todo, sigue guardando la coherencia conceptual de lo que siempre he trabajado, que son los fenómenos sociopolíticos. En este caso, es la diáspora, sólo que tomo como sustrato el cine.

Anteriormente, formalmente fue el acero el que me permitió crear obra porque el acero estaba determinado únicamente para la serie “Magdalena”, porque el acero constituye una metáfora bellísima del río.

Y “El paso suspendido de la cigüeña” tiene también una resolución interesantísima si se tiene en cuenta que, primero, es una exposición de obras secuenciales que derivan en una animación; y esta animación es el resultado de tomar dos escenas puntuales de la película “El paso suspendido de la cigüeña”, tomar escenas de 8 segundos y 10 segundos y volverla una escena pictórica, dramática y contundente de tres minutos y medio. Entonces, es una apuesta bastante osada de lo que hizo Theodoros Angelopoulos desde el cine, y lo que yo trato de hacer desde la pintura.

Me impone un reto interesantísimo, pero además de eso, hay unas pinturas que parecieran unas pantallas cinematográficas, con unas escenas cinematográficas que son, por supuesto, fotogramas intervenidos, porque me apropio y reinterpreto la imagen con una narrativa conceptual muy cercana “Magdalena”, a “Éxodos” y a las otras series anteriores que he hecho. Entonces, digamos que la gran diferencia radica en lo formal.

¿Ya habías tenido acercamiento con la animación?

Sí, pero no las había exhibido. En el Museo de Arte Moderno se hizo una exposición que tuvo unas pequeñas animaciones, unas escenas secuenciales que respondían a la curaduría.

De ahí se empieza a desglosar esto de la secuencialidad porque en “El paso suspendido de la cigüeña”, alrededor del 90% de la exposición está por fuera de las paredes porque yo necesitaba sacar de ese contexto de colgar las obras y más bien utilizar el lenguaje cinematográfico.

La instalación está dispuesta de tal manera que se puede ver como se observan los archivos fotográficos. Las pinturas las en gran formato están exhibidas como se exhibían las pantallas publicitarias del cine de los años 40 y 50. No quería que fuera una exposición tan típica, sino salir de los esquemas y formatos para volverla más bella en su recorrido.

-> Si quieres escuchar el pódcast con Sair García, aquí.

Inclusive, en la sala donde está la animación hay seis sillas estilo cine que lo transportan a uno a la sala oscura….

Sí. Hay algo bellísimo y es que en la animación se puede ver claramente la materialidad de los soportes. Hay unos hay unos primeros planes donde se ve claramente la materia de la madera, porque aquí hay lino, hay tela normal y hay madera como soporte histórico.

En la animación, se ve se ve el grano del soporte de la madera que era lo que me interesaba, porque al final de cuentas esa gestualidad, esa expresión y esa fuerza que tiene la animación era para resaltar las 350 pinturas que componen la animación: cada pintura es un fotograma.

Realizar la animación con las pinturas era la puerta que se hacía desde la toma del cine como sustrato para el resultado.

Sair García ha expuesto en museos y galerías. ¿Qué significa exhibir en La Casita, un espacio cultural que toca visitar con cita previa?

Esta galería gusto de mi prestigio tremendo. De hecho, para nosotros (los artistas) es un honor tener esta invitación. Las exposiciones de La Casita son muy concurridas y la mía, afortunadamente, no ha sido la excepción.

La Casita es importante porque es un espacio de culto. Aquí se hacen tres muestras al año, así que cada vez que hay una exposición uno sabe que es de lo mejor.

¿Hasta cuándo está “El paso suspendido de la cigüeña”?

Hasta septiembre. Se desmonta después de ArtBo, que se realizará del 24 al 27 de septiembre en Ágora Bogotá.

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte

Un grupo de investigadores analizó más de 142 000 documentos oficiales y llegó a una conclusión: la provincia de Chaco, en el noreste de Argentina, auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido durante 15 años, entre 2009 y 2024. No fue necesario modificar la Ley Nacional de Bosques para alentar la deforestación, ya que se utilizaron decretos y trámites administrativos para perforar la normativa nacional y dar vía libre al desmonte, según detalla el estudio realizado por los científicos.

Este trabajo de investigación fue liderado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Tiene un contexto internacional: los bosques secos están desapareciendo debido a la expansión agrícola y la extracción de madera, impulsadas por el consumo en el extranjero, determina el estudio.

«El reglamento de deforestación de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor a fines de 2026, aborda este problema al exigir que las importaciones a la UE se produzcan cumpliendo con las leyes de protección forestal de sus países de origen». Sin embargo, en la provincia de Chaco y otras provincias que forman parte de la región chaqueña, como Santiago del Estero, Formosa y Salta, la deforestación avanza para la producción sojera -principalmente para la alimentación de ganado-, ganadería y para extraer productos madereros (madera, carbón y extractos de tanino).

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La investigación identificó seis mecanismos para sortear la Ley Nacional de Bosques y lograr el desmonte en la provincia: recategorización de predios, permisos desvirtuados, sobreexplotación de madera, “blanqueo” de origen irregular, multas mínimas y actualización del mapa provincial para correr los límites.

Esta deforestación tuvo lugar en la zona del bosque conocido como el Impenetrable chaqueño, ubicado en la región del Chaco Sudamericano, la segunda región boscosa más grande de Sudamérica y donde los pueblos indígenas, como los qichí, gom y moqoit, denuncian la destrucción de sus territorios.

Estos seis mecanismos fueron implementados, según el estudio, por actores públicos y privados que «relajaron la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques para eludir los estándares mínimos de la ley nacional argentina de protección de bosques». Así, ampliaron las áreas donde se podría producir madera o productos agrícolas en cumplimiento de las políticas transnacionales contra la deforestación.

Los autores afirman que «para evitar que estas respuestas desadaptativas se propaguen a otras regiones productoras, los países importadores deberían exigir productos que generen cero deforestación bruta».

Matías Mastrangelo, especializado en ambiente, conservación y sustentabilidad y unos de los autores del estudio, explicó a Mongabay Latam que esta investigación revela que solo la región de bosque llamada el Impenetrable, en la provincia de Chaco, perdió alrededor de 500 000 hectáreas de bosque nativo, el 90 % de toda la deforestación registrada en la provincia durante el periodo analizado, entre 2009 y 2025.

Entre las normas analizadas, Mastrángelo tomó una como ejemplo: el decreto provincial 2157/22 transformó zonas catalogadas en la Ley de Bosques como zonas amarillas (donde está prohibida la deforestación total del área) en zonas verdes, habilitando el desmonte total de esas zonas de bosque nativo.

“Nosotros calculamos que alrededor de 370 000 hectáreas de bosque protegido se perdieron en estos 15 años mediante estos mecanismos. De esa cifra, 270 000 fueron desmontadas de forma ilegal, sin ningún tipo de permiso. A esas 370 000 que ya se perdieron es posible que haya que sumarles las más de 200 000 hectáreas por la actualización del mapa de la provincia y ahí hablamos de más de medio millón de hectáreas que se perderían por estos seis mecanismos”, detalló Mastrángelo.

La actualización del mapa de la provincia de Chaco es el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sancionado bajo la Ley Provincial número 4005-R. Este mapa redefine las zonas de conservación ambiental (rojo, amarillo y verde) que regulan el uso del suelo y los permisos forestales en el territorio.

El experto añadió que auditaron 15 042 permisos de uso del bosque, 127 632 guías de transporte forestal y múltiples expedientes tramitados entre 2009 y 2024. Además, detalló que una “porción significativa” de la superficie afectada correspondía a categorías de alto (zona roja) y mediano valor de conservación (zona amarilla), donde el cambio de uso del suelo está prohibido o regulado por la ley nacional, respectivamente.

Las maniobras que abrieron el desmonte

La investigación detalla los seis dispositivos administrativos que se utilizaron para avalar el desmonte en supuesta complicidad con la autoridad forestal chaqueña. La primera es la recategorización de predios, que consta en la modificación del mapa de zonificación para pasar de áreas protegidas a categorías que autorizan el desmonte.

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El segundo dispositivo son los permisos silvopastoriles desvirtuados, que son autorizaciones para manejo integrado que terminaron ejecutándose como tala rasa y sustitución total de la cubierta vegetal.

Luego viene la sobreexplotación maderera, que involucra permisos de extracción otorgados por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.

El cuarto mecanismo es el blanqueo de madera, que son los esquemas de regularización e incorporación al circuito comercial de productos forestales extraídos de desmontes ilegales.

Además, detectaron las multas no disuasorias: la aplicación de sanciones económicas cuyos montos resultaron insignificantes frente al beneficio financiero del cambio de uso del suelo.

Por último, están las actualizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que redujeron de manera sustancial la superficie bajo protección estricta. Esto fue llevado adelante por las autoridades de la provincia de Chaco.

“La intención con la que los propietarios desmontan estos bosques protegidos apelando a este tipo de maniobras es sembrar la soja o maíz, o para sembrar pasturas y criar ganado. Sin embargo, esta zona es muy seca y frágil, ya que tiene suelos que rápidamente pierden su fertilidad cuando se les quita el bosque. No es una zona agrícola o ganadera”, afirmó Mastrángelo.

Mongabay Latam contactó a ex autoridades de la provincia de Chaco que tuvieron a su cargo el área ambiental y de bosques durante los años en que los investigadores señalan la aplicación de estas maniobras, pero no logró respuestas. También se contactó al equipo de comunicación del actual gobierno provincial, pero tampoco emitieron un pronunciamiento sobre este tema.

Mastrángelo afirmó que él también intentó contactarse con la actual gestión del gobierno de Chaco para mostrar los resultados del estudio y emitir algunas recomendaciones. “A pesar de mostrar esta evidencia, ellos siguen con la insistencia de ampliar la frontera agropecuaria y de seguir yendo en contra de sus bosques y de las familias que habitan en estos bosques”, dijo el experto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y quien no participó del estudio, afirmó a Mongabay Latam que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es una herramienta fundamental para proteger los ecosistemas forestales de Argentina. Sin embargo, advirtió que las actualizaciones en la provincia de Chaco hacen evidentes inconsistencias legales, técnicas y procedimentales en estos procesos.

Además, el experto detalló que los ajustes en los trámites administrativos violan principios ambientales clave, como los de no regresión -la imposibilidad de dar marcha atrás con una norma de protección ambiental- y progresividad -que implica la modernización y digitalización de trámites-, además de afectar directamente a las comunidades locales, especialmente indígenas, que habitan en estos territorios.

“Estas medidas representan un retroceso ambiental preocupante, ya que buscan habilitar el desmonte indiscriminado en un área clave para la biodiversidad. Con estos mecanismos se institucionaliza un incentivo perverso, promoviendo el negocio de la madera proveniente de desmontes ilegales. Todo esto implica un retroceso enorme para la protección de los bosques nativos chaqueños y consolida un modelo de explotación insostenible”, remarcó Nápoli.

El bosque chaqueño en riesgo

Chaco es una de las provincias argentinas más afectadas por la deforestación. En 2024 se perdieron casi 40 000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, de acuerdo con el monitoreo de la organización Greenpeace Argentina. Luego vino una baja considerable en las cifras que se debió a que la Justicia Federal de Chaco ordenó suspender los desmontes a mediados de 2024. Aún así, en 2025 se perdieron otras 17 000 hectáreas de bosque nativo en la provincia.

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En el estudio se destaca que las tácticas administrativas observadas en la provincia de Chaco guardan marcadas similitudes con procesos de erosión institucional documentados en la Amazonía brasileña y peruana, así como en el Cerrado, otro ecosistema boscoso clave de Sudamérica. Por ello, el caso chaqueño se posiciona como un modelo de estudio clave para comprender cómo se debilitan las políticas de conservación ambiental aun con marcos regulatorios vigentes, según detalló Mastrángelo.

El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.

“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.

Según la investigación, entre el 16 % y el 28 % de los permisos habilitaron la extracción de entre dos y tres veces la cantidad de madera que es posible extraer sosteniblemente. Ese excedente, dijo Mastrángelo, permite incorporar al circuito legal madera proveniente de zonas rojas o de desmontes sin permiso.

También aparecen las “autorizaciones especiales”, que permiten a empresas de carbón y tanino comprar madera de áreas desmontadas ilegalmente. En 2024, el 55 % de la madera extraída en la provincia del Chaco proviene de desmontes ilegales con este tipo de autorizaciones.

Según el estudio, las multas tampoco funcionaron como freno. En 2024, solo con la venta del quebracho colorado, un propietario pudo pagar la sanción y conservar una ganancia inmediata de 126.5 dólares por hectárea.

Ese mismo año, la provincia de Chaco modificó su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): excluyó de estrictos controles 270 000 hectáreas desmontadas ilegalmente y redujo la protección de otras 220 000. Así, casi medio millón de hectáreas quedaron habilitadas para el desmonte.

*Imagen principal: el estudio sostiene que se burló la Ley Nacional de Bosques para flexibilizar la protección de bosque nativo en la provincia de Chaco, Argentina. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace Argentina

REFERENCIAS

Mastrángelo, M.E., Aguiar, S. & Krause, V. Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation policies. Nat Sustain (2026). https://doi.org/10.1038/s41893-026-01917-5

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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