“Las hidroeléctricas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó convertirían al Chocó en un jugador relevante del sistema interconectado del país”:

Corando Velásquez, en abrebocas de su intervención inicial ““Introducción a grandes proyectos para el desarrollo integral del Chocó” en RE Quibdó & Chocó.

En el encuentro en Medellín estarán también profesores y estudiantes de universidades de Medellín que viajaron al Chocó para prestar apoyo técnico durante la emergencia por el terremoto y los alcaldes de Quibdó, Condoto, Tadó y Atrato, y el jefe de gabinete de la gobernadora.

RE Quibdó & Chocó 2026 es organizado por la Fundación Color de Colombia, con el apoyo de Urbam, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, y de Codechocó, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó.

• Los interesados pueden inscribirse en este enlace.

“Ha faltado liderazgo para las hidroeléctricas”: Corando Velásquez

Reconocido por múltiples obras, entre ellas el aeropuerto de Quibdó, Luis Corando Velásquez Parra es un ingeniero civil con más de 30 años de ejercicio profesional, egresado de la Universidad La Gran Colombia, gerente de la empresa Corvez.

En esta entrevista nos ofrece un adelanto de su participación en REconstrucción Quibdó & Chocó 2026.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: En agosto de 2025, el MinMinas anunció la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) del Río Tolo entre Acandí y Unguía (5 megavatios, inversión de COP 140 mil millones).

La gobernadora habló hace pocas semanas de hacer una hidroeléctrica y hay antecedentes de propuestas de muchas hidroeléctricas en el departamento.

También como contexto: Colombia tiene 904 MW hidroeléctricos frenados mientras arrecia El Niño

Así que el tema no es nuevo. ¿Cuáles tres ideas de hidroeléctricas priorizaría usted?

• Corando Velásquez, constructor: El Chocó es la región con más recursos hídricos en el país y la gran oportunidad de Colombia para evitar crisis por el bajo nivel de los embalses.

Priorizaría las hidroeléctricas Atrato, San Juan y Baudó, que convertirían al Chocó en un jugador relevante del sistema interconectado del país. Se podría vender energía a Centro y Sur América.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: Ahora, a su juicio, ¿por qué no se ha construido ni una hidroeléctrica en casi un siglo en el Chocó? La hidroeléctrica de La Vuelta, en el municipio de LLoró, fue abandonada.

• Corando Velásquez, constructor: La respuesta es corta. Por falta de iniciativa, liderazgo local y apoyo institucional desde centro del país.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: Parece haber dos tendencias frente a las hidroeléctricas: la de quienes las prefieren “mini” para el autoabastecimiento, y la de quienes piensan en vender energía a Colombia y a otros países. Ya sabemos en cuál escuela está Usted, pero compártanos sus argumentos.

• Corando Velásquez, constructor: El Pacífico y el Atlántico colombiano sufren recurrentes interrupciones del servicio, sumado a la falta del suministro de energía permanente en gran parte del Chocó en las riberas de los ríos y en las costas donde todavía se utilizan plantas diesel.

Con la construcción de centrales hidroeléctricas en el Chocó se apuesta de manera decidida a satisfacer necesidades primordiales: sustento, capacidad instalada y crecimiento económico, entre otros de los beneficios que genera una inversión de este tipo.

Al contar con nuestras propias hidroeléctricas, mejoraría la calidad de vida en todos estos territorios por la empleabilidad, el crecimiento industrial, el turismo: un gran cambio en la actividad económica de las poblaciones y más ingresos para los entes territoriales.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: Hay una preocupación por represar ríos y por el impacto ambiental. ¿Qué les dice usted a esas personas como ingeniero civil?

• Corando Velásquez, constructor: El represamiento de los ríos se daría aguas arriba, en lugares no navegables, con un control de inundaciones en las poblaciones aguas abajo que sufren actualmente por fuertes crecientes se los ríos.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: En el caso del rio Atrato, ¿estaríamos hablando de centrales a filo de agua, no de represa, por la navegabilidad del rio hacia Turbo para sacar carga por Puerto Antioquia?

• Corando Velásquez, constructor: La central hidroeléctrica HidroAtrato se construiría aguas arriba de este río, en inmediaciones de los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato, en un lugar no navegable, y reduciendo el riesgo de deslizamiento e inundaciones en una zona importante.

Blog Quibdó 2048-Chocó en El Espectador: Gracias, ingeniero Corando. Esto despertará un apetito por su intervención en RE Quibdó & Chocó, en EAFIT, el 07 de noviembre.

Para más información:

• Encuentro académico en Medellín por reconstrucción de Quibdó y Chocó
• Pensar en serio el Plan Marshall | RE Quibdó & Chocó

Agenda general de RE Quibdó & Chocó 2026

El encuentro tiene tres segmentos: panel inaugural en auditorio (de 8:00 am a 10:00 am), receso de 20 minutos, cuatro sesiones temáticas simultáneas en salones de clase (10:30 a 12:30), y almuerzo y café de integración y networking por cuenta propia (12:45 p.m. a 2:00 p.m.), en restaurante central de EAFIT.

• Panel inaugural: “Un marco para pensar “Plan Marshall” en Chocó: de las experiencias históricas de Europa y Valle de Tennessee (EE.UU.) a la realidad colombiana y el Fondo Milagro”. 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
• II. Panel “Obras por impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.
• III. Panel “Soluciones de vivienda: de la urgencia de reparar, reconstruir y reubicar a la oportunidad de una política de vivienda integral en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.
• IV. Panel “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.
• V. Panel “Gestión de riesgos: conociendo el Sistema de Alerta Temprana de valle de Aburrá, pensando en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

El papel del conocimiento en una reconstrucción

RE Quibdó & Chocó es una iniciativa que combina los roles de la academia, el periodismo y la sociedad civil organizada, de los cuales se espera independencia.

La academia puede producir conocimiento técnico pertinente; el periodismo puede traducir (divulgar) ese conocimiento al público y la sociedad civil puede promover una conversación más informada sobre los asuntos públicos.

Con ese marco, esta es la primera publicación del blog “Quibdó 2048-Chocó” en El Espectador, solicitado al periódico antes del terremoto. Este blog será la tribuna de los expertos y los ciudadanos con opiniones basadas en evidencia.

Una reconstrucción transformadora en Quibdó y Chocó se verá beneficiada si se logra una articulación de inteligencia colectiva, asistida por Inteligencia Artificial, cuyos aportes lleguen a la comprensión del mayor número posible de ciudadanos.

El conocimiento importa porque reconstruir no es solamente reparar lo que el terremoto dañó, sino tomar mejores decisiones sobre el territorio, la vivienda, la infraestructura, la actividad productiva y las instituciones que harán posible el desarrollo futuro.

Cuanto más se apoyen esas decisiones en evidencia, conocimiento técnico y deliberación pública informada, mayores serán las posibilidades de que la reconstrucción no reproduzca los problemas del pasado, sino que abra oportunidades de progreso para Quibdó y el Chocó.

De ahí el papel que RE Quibdó & Chocó quiere cumplir: contribuir a que el conocimiento salga de los ámbitos especializados, se convierta en inteligencia colectiva y ayude a orientar o influir en las decisiones públicas.

Interesados pueden escribir a: mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org

El presidente de la República prometió un Plan Marshall y se refirió al rescate del Valle de Tennessee.

La palabra presidencial tiene un valor y un peso, y por eso se profundizará en sus implicaciones.

• En el encuentro estarán también profesores y estudiantes de universidades de Medellín que viajaron al Chocó para prestar apoyo técnico durante la emergencia por el terremoto y los alcaldes de Quibdó, Condoto, Tadó y Atrato, y el jefe de gabinete de la gobernadora.

• Se trata de RE Quibdó & Chocó 2026, organizado por la Fundación Color de Colombia, con el apoyo de Urbam, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, y de Codechocó, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó.

• Los interesados pueden inscribirse en este enlace.

Las preguntas que abordará el panel “Plan Marshall: de las referencias históricas a la realidad colombiana”

Ni preguntas fáciles, ni respuestas complacientes. Las preguntas orientadoras buscan aclarar ideas y ayudar a concretarlas en términos más específicos en relación con la realidad y sus posibilidades de transformación.

El propósito es que todos, panelistas y participantes, salgan del panel con nuevas ideas y conocimientos en el marco de una mentalidad dirigente, dispuesta a hacer que las ideas se materialicen con dominio técnico.

1) ¿Qué aspectos de las experiencias del rescate del Valle de Tennessee y del Plan Marshall parecen replicables en el caso de la reconstrucción del Chocó?

2) En esencia, pero en concreto, ¿cómo la reconstrucción se puede convertir en transformación?

Las demandas de reconstrucción son específicas e inmediatas; las de transformación, inespecíficas y de mediano y largo plazo, hasta ahora.

3) ¿Cuál sería la escala adecuada para lograr una reconstrucción transformadora del Chocó: departamental, interoceánica con Antioquia, macrorregional con el Eje Cafetero?

4) ¿Con cuál visión de Colombia a largo plazo se va a conectar la visión del Chocó para apalancarse?

¿Cuáles son los ejes de esa visión, del país y del Chocó? ¿Qué función económica podría desempeñar el Chocó en la Colombia de las próximas décadas?

5) Órdenes de magnitud de inversiones y de fuentes para una transformación del Chocó.

Puerto Progreso se estima en 1300 millones de dólares, por ejemplo. ¿Cuáles serían las grandes inversiones y cuánto se puede esperar del Fondo Milagro?

6) ¿Cuál sería la variable interna crítica y cuál la externa para la reconstrucción o la reconstrucción transformadora del Chocó? ¿Sobre cuáles variables hay que actuar primero?

El panel inaugural busca conectar las lecciones de grandes experiencias históricas de desarrollo con las posibilidades reales de una transformación económica y territorial del Chocó.

La combinación de perspectivas —historia económica, análisis macroeconómico, desarrollo portuario y logístico, ingeniería, planeación y gobierno municipal— permitirá examinar qué podría significar un programa de desarrollo de gran escala para el departamento, qué proyectos podrían articularlo y qué condiciones institucionales y financieras necesitaría.

La conversación entre expertos, representantes de la ingeniería chocoana y el alcalde de Quibdó permitirá relacionar esa visión de largo plazo con las necesidades de la reconstrucción después del terremoto y con las oportunidades que podría abrir el Fondo Milagro.

El desafío es pasar de una respuesta a la emergencia a una estrategia capaz de remover obstáculos históricos al desarrollo y generar nuevas oportunidades de inversión, productividad y bienestar.

Quiénes son los panelistas de pensar “Plan Marshall”

Dos economistas reputados del país (Posada y Medina), dos empresarios (Velásquez y Bustos), un ingeniero experto (Lucumí) y dos funcionarios públicos con responsabilidad (alcalde de Quibdó, Bolaños, y jefe de gabinete de la gobernación, Mazo) contribuirán a discernir cómo alcanzar una reconstrucción transformadora de Quibdó y Chocó.

• Carlos Esteban Posada, profesor e investigador del Departamento de Economía en la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, exjefe de Análisis Macroeconómico de Planeación Nacional:

“Breve contexto de historia económica para las referencias presidenciales al rescate del Valle de Tennessee y al Plan Marshall”.

• Carlos Alberto Medina-Durango, PhD, gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República, exsubgerente regional de Estudios Económicos:

“Elementos para un nivel macro de un “Plan Marshall” en el Chocó”.

• Andrés Felipe Bustos Isaza, estructurador y primer gerente de Puerto Antioquia; actualmente estructurador, desarrollador y CEO de Puerto Progreso de Urabá:

“Una aproximación al Corredor Interoceánico desde el punto de vista de un puerto en el mar caribe de Antioquia”.

• Corando Velásquez, ingeniero constructor, gerente de firma en el Chocó:

“Introducción a grandes proyectos para el desarrollo integral del Chocó”.

• Germán Lucumí, ingeniero, exsecretario de planeación de Quibdó, presidente de la Sociedad Chocoana de Ingenieros:

“Introducción a la conectividad de transporte terrestre y fluvial del Chocó”.

• Francisco Antonio Mazo Salazar, profesional en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes y magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del CIDER de la misma universidad, jefe de gabinete de la gobernación del Chocó:

“Plan Chocó: una perspectiva desde la gobernación”.

• Rafael Andrés Bolaños Pino, alcalde de Quibdó: “Quibdó tras el terremoto y lo que espera de la reconstrucción y el Fondo Milagro”.

El conductor del panel será Daniel Mera Villamizar, director de la Fundación Color de Colombia y columnista de El Espectador.

El papel del conocimiento en una reconstrucción

RE Quibdó & Chocó es una iniciativa que combina los roles de la academia, el periodismo y la sociedad civil organizada, de los cuales se espera independencia.

La academia puede producir conocimiento técnico pertinente; el periodismo puede traducir (divulgar) ese conocimiento al público y la sociedad civil puede promover una conversación más informada sobre los asuntos públicos.

Con ese marco, esta es la primera publicación del blog “Quibdó 2048-Chocó” en El Espectador, solicitado al periódico antes del terremoto. Este blog será la tribuna de los expertos y los ciudadanos con opiniones basadas en evidencia.

Una reconstrucción transformadora en Quibdó y Chocó se verá beneficiada si se logra una articulación de inteligencia colectiva, asistida por Inteligencia Artificial, cuyos aportes lleguen a la comprensión del mayor número posible de ciudadanos.

El conocimiento importa porque reconstruir no es solamente reparar lo que el terremoto dañó, sino tomar mejores decisiones sobre el territorio, la vivienda, la infraestructura, la actividad productiva y las instituciones que harán posible el desarrollo futuro.

Cuanto más se apoyen esas decisiones en evidencia, conocimiento técnico y deliberación pública informada, mayores serán las posibilidades de que la reconstrucción no reproduzca los problemas del pasado, sino que abra oportunidades de progreso para Quibdó y el Chocó.

De ahí el papel que RE Quibdó & Chocó quiere cumplir: contribuir a que el conocimiento salga de los ámbitos especializados, se convierta en inteligencia colectiva y ayude a orientar o influir en las decisiones públicas.

Para información completa de RE Quibdó & Chocó: Encuentro académico en Medellín por reconstrucción de Quibdó y Chocó

Latinoamérica enfrenta un clima cada vez más cambiante e impredecible. Actualmente la región enfrenta la incertidumbre que trae el fenómeno de El Niño, intensificado por la crisis climática y que se traduce en olas de calor, huracanes más intensos, incendios y pérdida de cultivos.

Colombia está especialmente expuesta a estos impactos en casi todas sus regiones. Es el país de Latinoamérica con mayor nivel de riesgo ante fenómenos naturales extremos, como inundaciones y tormentas, de acuerdo con el informe WorldRiskReport, y se prepara para recibir los impactos del fenómeno de El Niño, el cual se prevé como el más intenso desde 1950.

Tras dejar la dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la científica ambiental Ghisliane Echeverry Prieto conversa con Mongabay Latam sobre la situación que vive Colombia ante este evento de variabilidad climática.

La especialista sostiene que la adaptación climática va más allá de lo gubernamental, que requiere una reflexión colectiva e individual que permita asimilar riesgos, actualizar herramientas y tomar decisiones clave para los retos que enfrenta el país, priorizando la vida de las personas.

Leer más | La crisis climática cambió las reglas: comunidades latinoamericanas generan sus propios datos para enfrentar sequías, incendios e inundaciones

—En un contexto de eventos climáticos extremos y con el fenómeno de El Niño actual, ¿qué lecciones está dejando la variabilidad climática sobre la capacidad real de Colombia para enfrentar sequías e incendios?

— Lo primero que hemos entendido es que el cambio respecto a la amenaza climática o a los temas ambientales van mucho más rápido de lo que la legislación o las instituciones pueden responder. El Ideam, por ejemplo, se creó hace 30 años y sigue con la misma estructura, esto hace que tengamos elementos “antiguos” para responder a una nueva realidad climática. Es como tener el Windows 98, cuando hoy estamos en la era de la inteligencia artificial (IA).

Colombia ha entendido que viene el reto de articularse para poner en funcionalidad y en operar instrumentos de gestión de riesgos. Dentro de esa política [de gestión de riesgos] hay tres elementos fundamentales: el conocimiento del riesgo, la gestión de riesgo y la atención al desastre.

El país ha avanzado de manera significativa en ese conocimiento del riesgo. Es un país que tiene un servicio meteorológico sólido, que tiene universidades que han avanzado en investigaciones importantes.

Colombia empezó a entender un poco más la prevención. Lo vi en el sector público, en el sector privado y en la ciudadanía. Empezamos a entender que no sólo se trata de mitigación, sino también de adaptación, ¿qué tan rápido vamos a lograr adaptarnos a esta nueva realidad climática que nos está llevando a una incertidumbre también muy grande?

Estamos ante un reto muy complejo por una razón y es que estamos ante lo desconocido. La pregunta es: ¿cómo nos estamos adaptando y qué acciones desde lo individual, desde lo colectivo y desde lo gubernamental nos están llevando a adaptarnos a esto? Colombia es uno de los países más vulnerables del mundo, con mayor número de desastres por causas ambientales, eso nos tiene que plantear una reflexión.

Leer más | Malaria y dengue: el cambio climático influye en la expansión de las dos enfermedades transmitidas por mosquitos más comunes en el planeta

—¿Cuáles considera que son los puntos críticos o herramientas por corregir y actualizar en Colombia?

— Es importante y fundamental la actualización tecnológica, pero hay otro pilar, el trabajo con la ciudadanía. Colombia es un país pluriétnico y muy diverso. Requiere que este trabajo se haga adaptado a las comunidades y a los contextos ambientales, geográficos, sociales y económicos. No crear soluciones estándares para todos.

Un tercer elemento es renovar la normativa. No podemos seguir mirando los riesgos ni lo ambiental como hace 30 años, cuando hablábamos de determinantes ambientales, cuando el cambio climático era una cosa que se veía como futuro.

—El Niño está desnudando crisis que pareciera que no son percibidas con gravedad, ¿qué consecuencias puede desencadenar su subestimación y cómo no bajar la guardia?

—Algo importante es la percepción social del riesgo. La meteorología es una ciencia muy compleja. El fenómeno técnico en sí es algo muy complejo para que sea apropiado por la ciudadanía. Hay varias cosas que fueron acertadas, como la advertencia temprana que se hizo. Prefiero una incertidumbre a tiempo que una certeza tardía.

El Niño no es un interruptor, él no viene a apagar las lluvias [en el caso colombiano]. Él viene a sobreponerse sobre todo lo que está ocurriendo y empieza a disminuir. Cuando llegue su pico y se cruce con la temporada de menos lluvias, que será en diciembre, ahí va a estar la cosa [el problema].

Hace tres años, en 2023, estábamos en una situación similar. Cuando estaba al frente del Ideam declaré El Niño en noviembre, se burlaron, no nos creyeron, muchas entidades bajaron la guardia y, meses más tarde, Bogotá estaba iniciando un racionamiento. Por primera vez en la historia, la capital se veía expuesta a un racionamiento de agua que duró casi un año.

El fenómeno de El Niño técnicamente está muy claro, está declarado, pero hay que hacer un tema pedagógico que no se le debería cargar al Ideam. Creo que las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, colegios y universidades deberían estar hablando esto con fuerza.

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—¿Qué consecuencias puede desencadenar El Niño para el sector alimentario, de salud y energético?

—El Niño en Colombia es sequía. Significa que disminuyen las lluvias, aumenta la temperatura y disminuyen los caudales. Es claro que puede venir una sequía y un racionamiento de energía y de agua, pero, además, los alimentos empiezan a encarecerse.

Hay muchas comunidades que dependen del transporte fluvial y aumenta la probabilidad de incendios forestales. Es una situación muy compleja. Tú no tienes agua, tienes el país incendiado y esos incendios generan contaminación. Esa contaminación enferma a las personas por la calidad del aire. Todo empieza a colapsar: la salud, la energía, el agua, las olas de calor.

Sé que sonamos muy alarmistas, pero es que es algo que ya ocurrió en 2024 y es algo que puede venir con mucha mayor mayor fuerza en este 2026. Se cree que es el fenómeno de El Niño más fuerte porque estamos en el marco de una crisis climática.

Puede ser más complejo por los impactos acumulados. El país no ha terminado de recuperarse de El Niño anterior en muchos aspectos, no se han reorganizado muchas cosas porque el país tiene unos problemas internos muy complejos, que van desde el conflicto armado hasta el terremoto de hace dos meses.

—Los territorios ya enfrentan inundaciones, olas de calor y crisis de salud asociadas a la adaptación, ¿cuáles zonas o regiones considera más vulnerables a esta variabilidad climática?

—Casi todo el país tiene una exposición similar, pero la diferencia está en las vulnerabilidades. Por ejemplo, regiones como la Caribe ya están manejando unas crisis energéticas complejas: racionamientos y tarifas de energía muy altas. Esto se puede recrudecer y genera una situación de vulnerabilidad para la ciudadanía.

El sector agrícola en la región Caribe y Andina puede estar muy afectado. Los sectores productivos mueven la economía y hay un enfoque en comunidades vulnerables, pero también tiene que haber un enfoque en estos sectores. Yo no sé cuál es el plan para proteger al sector agrícola, porque el alimento es esencial.

Cuando escasea el agua se recrudecen los conflictos ambientales. Va a venir seguramente un conflicto entre la industria y la ciudadanía. Son cosas que también van a ocurrir y el gobierno tendrá que tener elementos para mediar.

Ahora más que nunca hay que defender la vida porque el futuro es muy incierto y muy complejo. Hay que pensar cuál va a ser la prioridad y esa relación que vamos a tener con algo que damos por sentado, que es el agua.

—¿Cuáles considera que son las causas estructurales de la deforestación que siguen sin atenderse y qué tan confiable sigue siendo el monitoreo para tomar decisiones?

—El Ideam tiene un sistema de monitoreo de bosques que es muy robusto, que ha pasado revisiones por pares, que se ha construido de acuerdo al contexto del país. No sigue una homogeneidad, incluye visores y seguimiento con Global Forest Watch.

Tal vez la deforestación en otros países sea por agricultura o porque las leyes lo permiten. En Colombia está absolutamente ligada al conflicto armado. Es una dinámica muy entrelazada, como si no se pudiera tener gobernanza sobre eso.

En el gobierno de Gustavo Petro se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Asociados (Conaldef), un elemento interesante y efectivo porque ya no son esfuerzos aislados. Los ministerios se sientan en la mesa y empiezan a cruzar capas porque cada uno por separado no las logra conectar. Pasas de una visión reduccionista del problema a una visión sistémica y empiezas a cruzar información y encontrar incluso a los responsables de la deforestación.

—¿Una deforestación tan ligada al conflicto armado está generando respuestas de militarización?

—El gobierno del presidente Petro tenía una visión hacia la comunidad. Había elementos pilares, no es solamente uno, no se trata solamente de judicializar, porque además la deforestación también encuentra un caldo de cultivo en el abandono estatal.

Se hablaba de gobernanza forestal, de desarrollo agroambiental, de gobernanza con los pueblos indígenas. Tenemos que darles modos de vida sostenibles a las comunidades porque sucede igual que con la coca, la gente cultiva porque es rentable.

Pero la visión que tiene este gobierno claramente es otra. Yo creo que la militarización puede ser una reacción, pero no es una solución. Me preocupa que este gobierno se quede en la militarización.

Leer más | Fenómeno de El Niño: ¿cuál es su impacto y cómo se prepara Latinoamérica?

—El Ideam se ha caracterizado por basarse en el rigor técnico y científico, ¿durante su tiempo al frente de la institución hubo presiones políticas por matizar o retrasar información importante? ¿Considera que ese riesgo está presente ahora?

—No, tengo que decirlo abierta y públicamente, y el equipo que trabaja conmigo puede dar fe de eso: tuve autonomía técnica total.

La polémica que sí tuve que afrontar durante mi paso por el Ideam fueron los datos de deforestación en el 2023. Tuve que enfrentar asuntos jurídicos porque había personajes que además se ensañaron diciendo que nos habíamos inventado las cifras para favorecer al gobierno de Gustavo Petro. Tuvimos que ir a audiencias. Fue un proceso de defensa porque se comprobó que eran reales.

El equipo tiene un protocolo muy riguroso donde se revisan las imágenes, las causas y los agentes. Luego se vuelve a revisar. El proceso sí puede mejorar, pero hay todo un equipo que es casi que independiente porque no son funcionarios del Ideam, están contratados por la cooperación internacional, a través de Visión Amazonía [un programa que lleva varios años funcionando en Colombia].

—Uno de los escándalos de corrupción más grandes y recientes en Colombia tuvo como protagonista a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que hoy tienen una responsabilidad enorme ante los eventos que se presenten en los próximos meses. ¿Cómo ve actualmente la capacidad de acción de esta entidad? ¿Está preparada para enfrentar lo que se viene?

—La UNGRD es un organismo muy poderoso, necesario y creo que estructuralmente tiene todos los dientes para actuar.

La UNGRD tiene dinero disponible todo el tiempo, recursos, puede moverse porque está diseñada para atender emergencias en toda su estructura administrativa. Que Colombia tenga eso es genial.

Sé que tiene herramientas, instrumentos y dientes para actuar bajo el marco de la ley. Tiene los mecanismos de articulación y desde la gestión de riesgo pasó algo muy interesante: se decretó por primera vez una emergencia por variabilidad climática y no solamente por el fenómeno de El Niño. Eso permite moverse ante un frente frío, un incendio, una sequía o una inundación. La Unidad tiene la capacidad para actuar y hay que aprovecharla.

Imagen principal: Ghisliane Echeverry Prieto, exdirectora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) habla sobre la nueva realidad climática que enfrenta Colombia. Foto: cortesía Ghisliane Echeverry.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Lo ocurrido hace algunos días en el Museo Nacional de Colombia obliga a volver sobre esa relación. Por instrucción del Ministerio de Cultura fueron retiradas decenas de piezas relacionadas con los movimientos feministas, la diversidad sexual, la violencia política, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Entre ellas se encontraban una bandera del movimiento LGBTIQ+, afiches de candidatos presidenciales asesinados, documentos sobre las luchas por los derechos de las mujeres y objetos que daban cuenta de algunos de los momentos más significativos de nuestra historia reciente. En varias salas quedaron paredes vacías, mientras el Gobierno anunciaba el comienzo de una denominada contrarrevolución cultural.

La ministra Paola Holguín ha defendido estas decisiones bajo el argumento de que el Museo Nacional no puede convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político, ni en un espacio de apología al delito o de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia. Su planteamiento contiene una preocupación que no debería descartarse de antemano. Las instituciones culturales financiadas con recursos públicos no están llamadas a reproducir las preferencias ideológicas de quienes las administran, y mucho menos a presentar como verdades indiscutibles interpretaciones que pertenecen al terreno de la controversia política.

Sin embargo, reconocer esa preocupación no resuelve el problema. Más bien obliga a examinar con mayor detenimiento la naturaleza de las decisiones adoptadas. Porque si algo deberíamos tener claro es que ninguna exposición museográfica constituye una representación completa, definitiva y absolutamente neutral de la realidad. Toda curaduría implica seleccionar. Al escoger una pieza y no otra, al relacionar determinados acontecimientos y construir un recorrido, los museos producen interpretaciones. Esa condición no representa necesariamente una deformación de su misión. Es parte de ella.

La cuestión verdaderamente importante aparece cuando intentamos comprender quién ejerce esa facultad de selección, bajo qué criterios y con qué límites. Una cosa es que un equipo de historiadores, conservadores y curadores decida modificar una exposición a partir de nuevas investigaciones, discusiones académicas o transformaciones en la comprensión de un acontecimiento. Otra, sustancialmente distinta, es que una autoridad política determine qué expresiones deben desaparecer de las salas porque resultan incompatibles con su interpretación de la historia.

En ese punto, el debate deja de ser exclusivamente cultural y adquiere una dimensión institucional. El Museo Nacional no es una dependencia destinada a ilustrar el programa político de cada administración. Su responsabilidad consiste en conservar, investigar e interpretar un patrimonio que pertenece a la sociedad y cuya complejidad difícilmente puede reducirse a las convicciones de un gobierno. Esa responsabilidad exige independencia profesional, sin que ello signifique inmunidad frente al escrutinio público ni resistencia automática a cualquier transformación.

Hay, además, una dimensión del problema que suele pasar inadvertida. La relación entre arte y política no comienza cuando una obra transmite un mensaje partidista. También se expresa en las decisiones que organizan aquello que una sociedad puede ver, reconocer y considerar parte de su experiencia colectiva. El espacio de un museo tiene, en ese sentido, una capacidad particular para otorgar visibilidad. Cuando un objeto ingresa a una exposición pública adquiere la posibilidad de participar en una conversación social más amplia. Cuando desaparece, esa posibilidad se reduce, aunque el objeto permanezca perfectamente conservado en un depósito.

Por eso resulta insuficiente afirmar que no existe censura porque las piezas no han sido destruidas ni se ha prohibido su circulación. La censura puede adoptar expresiones menos evidentes que una prohibición formal. También puede manifestarse cuando una institución utiliza su autoridad para sustraer de la mirada pública determinadas experiencias por razones ideológicas. No toda retirada constituye censura, naturalmente. Pero tampoco basta con denominarla “revisión curatorial” para eliminar las preguntas sobre su propósito.

El caso colombiano resulta especialmente inquietante por la naturaleza de algunos de los objetos retirados. Exhibir un afiche de Carlos Pizarro no significa reivindicar la lucha armada del M-19. Mostrar la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa tampoco obliga a compartir las posiciones de la Unión Patriótica. Del mismo modo, incorporar testimonios de las luchas feministas o de la diversidad sexual no equivale a exigir que todos los visitantes adopten una determinada concepción moral de la sociedad. Estos materiales permiten conocer acontecimientos, reconocer trayectorias históricas y comprender conflictos que efectivamente formaron parte de nuestra construcción nacional.

Confundir la exposición de un acontecimiento con su aprobación política introduce una dificultad enorme para cualquier institución dedicada a preservar la historia. Bajo ese razonamiento, buena parte de los episodios más dolorosos de Colombia terminaría siendo imposible de representar. La memoria de la violencia, las guerrillas, el narcotráfico, las dictaduras o los enfrentamientos ideológicos tendría que someterse permanentemente a un juicio sobre la conveniencia de mostrar aquello que incomoda a quienes gobiernan. Y un país que solo puede exhibir los acontecimientos moralmente aceptables para sus autoridades termina construyendo una versión extraordinariamente limitada de sí mismo.

Esto tampoco significa que las exposiciones existentes sean intocables. Es legítimo revisar los relatos sobre el conflicto armado, discutir si determinadas piezas reciben una contextualización suficiente o incorporar perspectivas que hayan quedado marginadas. Incluso sería saludable preguntarnos si nuestros museos han sabido representar adecuadamente otras tradiciones políticas, religiosas y culturales cuya importancia histórica merece reconocimiento. El pluralismo exige precisamente esa disposición a ampliar las narraciones disponibles, sin reemplazar una interpretación dominante por otra igualmente excluyente.

Aquí el problema está en el método. Las salas intervenidas fueron el resultado de procesos de investigación y renovación que se extendieron durante diferentes administraciones, no únicamente durante el pasado periodo presidencial. Alterar esos contenidos sin presentar previamente un nuevo planteamiento curatorial, sin explicar las razones particulares de cada retiro y sin permitir una deliberación profesional suficientemente transparente difícilmente contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones culturales. Por el contrario, instala la sospecha de que el criterio decisivo no fue el conocimiento histórico, sino la afinidad política.

Y sería un error pensar que esta exigencia de independencia debe aplicarse únicamente al gobierno actual. En administraciones anteriores también hemos visto cómo los símbolos patrimoniales adquirieron protagonismo dentro de las disputas políticas, como ocurrió con la espada de Bolívar y su utilización en la escenificación del poder presidencial. Aunque se trate de situaciones diferentes, ambas recuerdan la facilidad con que los bienes culturales pueden terminar convertidos en instrumentos de legitimación política. La defensa de la autonomía institucional pierde buena parte de su sentido cuando depende de nuestras simpatías por quien ocupa transitoriamente la Presidencia.

La Constitución de 1991 reconoció a Colombia como una nación pluralista y diversa. Esa definición no puede quedar reducida a una declaración jurídica sin consecuencias para la manera en que nuestras instituciones representan la sociedad. Precisamente porque existen interpretaciones contradictorias de la historia necesitamos lugares capaces de hacerlas visibles, contrastarlas y someterlas a discusión. La función de un museo público no consiste en resolver definitivamente esas contradicciones, sino en ofrecer las condiciones para comprenderlas.

El Estado tiene, por supuesto, la responsabilidad de orientar la política cultural, asignar recursos y garantizar que las instituciones cumplan su misión. Pero esa facultad no debería confundirse con el derecho a determinar qué versiones del pasado merecen permanecer ante los ojos de los ciudadanos. Gobernar implica tomar decisiones políticas; ejercer responsablemente el poder también exige reconocer los ámbitos en los que la autoridad debe encontrar límites.

De ahí que la discusión sobre el Museo Nacional no pueda agotarse en la pregunta de si fueron retiradas treinta o cincuenta piezas, ni siquiera en determinar si estamos ante un episodio de censura. Lo que está en juego es la capacidad de nuestras instituciones culturales para preservar una relación crítica con el poder que las financia. Una democracia necesita museos que puedan revisar sus propios relatos, reconocer sus omisiones y confrontar nuestras certezas, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para el gobierno de turno.

Quizá esa sea la responsabilidad más difícil del Estado frente a la cultura: comprender que proteger el patrimonio también significa aceptar que su interpretación nunca estará completamente bajo su control. Porque la memoria de una nación no pertenece a quienes administran temporalmente sus instituciones. Pertenece a una sociedad cuya historia, afortunadamente, siempre será más extensa, contradictoria y compleja que cualquier proyecto político.

• En el encuentro estarán también profesores y estudiantes de universidades de Medellín que viajaron al Chocó para prestar apoyo técnico durante la emergencia por el terremoto y los alcaldes de Quibdó, Condoto, Tadó y Atrato.

• Se trata de RE Quibdó & Chocó 2026, organizado por la Fundación Color de Colombia, con el apoyo de Urbam, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, y de Codechocó, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó.

• Los cinco temas que se tratarán son Plan Marshall y Fondo Milagro, Obras por Impuestos, Soluciones de vivienda, Gestión del riesgo y Reconstrucción y urbanismo.

• Serán panelistas expertos de las universidades Nacional de Colombia, sede Medellín; EAFIT, Pontificia Bolivariana y UTCH, del Banco de la República, sucursal Medellín, y de Codechocó.

• RE Quibdó & Chocó es un encuentro académico anual (presencial) y una iniciativa de Comunidad virtual de expertos y aprendices de expertos, asistidos por Inteligencia Artificial, de apoyo a la reconstrucción y el desarrollo de Quibdó y Chocó, 2026-2030. Hermana de RE Buenaventura, que comenzará el 14 de noviembre en la Universidad ICESI de Cali.

• Los interesados pueden inscribirse en este enlace.

El papel del conocimiento en una reconstrucción

RE Quibdó & Chocó es una iniciativa que combina los roles de la academia, el periodismo y la sociedad civil organizada, de los cuales se espera independencia.

La academia puede producir conocimiento técnico pertinente; el periodismo puede traducir (divulgar) ese conocimiento al público y la sociedad civil puede promover una conversación más informada sobre los asuntos públicos.

Con ese marco, esta es la primera publicación del blog “Quibdó 2048-Chocó” en El Espectador, solicitado al periódico antes del terremoto. Este blog será la tribuna de los expertos y los ciudadanos con opiniones basadas en evidencia.

Una reconstrucción transformadora en Quibdó y Chocó se verá beneficiada si se logra una articulación de inteligencia colectiva, asistida por Inteligencia Artificial, cuyos aportes lleguen a la comprensión del mayor número posible de ciudadanos.

El conocimiento importa porque reconstruir no es solamente reparar lo que el terremoto dañó, sino tomar mejores decisiones sobre el territorio, la vivienda, la infraestructura, la actividad productiva y las instituciones que harán posible el desarrollo futuro.

Cuanto más se apoyen esas decisiones en evidencia, conocimiento técnico y deliberación pública informada, mayores serán las posibilidades de que la reconstrucción no reproduzca los problemas del pasado, sino que abra oportunidades de progreso para Quibdó y el Chocó.

De ahí el papel que RE Quibdó & Chocó quiere cumplir: contribuir a que el conocimiento salga de los ámbitos especializados, se convierta en inteligencia colectiva y ayude a orientar o influir en las decisiones públicas.

Agenda general de RE Quibdó & Chocó 2026

La agenda de RE Quibdó & Chocó 2026 articula cinco dimensiones complementarias de una reconstrucción transformadora:

• una visión estratégica de largo plazo para impulsar el desarrollo integral del departamento;
• los mecanismos financieros y los incentivos a la inversión capaces de convertir esa visión en proyectos y obras;
• las soluciones de vivienda que respondan a las necesidades de los hogares y contribuyan a superar déficits históricos;
• la planificación urbana y territorial que conecte vivienda, infraestructura, actividad productiva y protección ambiental; y
• la gestión del riesgo para que las decisiones de reconstrucción reduzcan vulnerabilidades y fortalezcan la resiliencia de las comunidades.

El panel inaugural plantea el horizonte de desarrollo y su escala de financiación, mientras las cuatro sesiones temáticas profundizan en instrumentos, necesidades sociales, decisiones territoriales y capacidades científicas e institucionales para hacerlo viable y sostenible.

En conjunto, los cinco paneles proponen una mirada holística: que la reconstrucción no se limite a reparar los daños del terremoto, sino que se convierta en una oportunidad para movilizar conocimiento, inversión y cooperación institucional en favor de un Quibdó y un Chocó más seguros, productivos y prósperos.

El encuentro tiene tres segmentos: panel inaugural en auditorio (de 8:00 am a 10:00 am), receso de 20 minutos, cuatro sesiones temáticas simultáneas en salones de clase (10:30 a 12:30), y almuerzo y café de integración y networking por cuenta propia (12:45 p.m. a 2:00 p.m.), en restaurante central de EAFIT.

• Panel inaugural: “Un marco para pensar “Plan Marshall” en Chocó: de las experiencias históricas de Europa y Valle de Tennessee (EE.UU.) a la realidad colombiana y el Fondo Milagro”. 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

• II. Panel “Obras por impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• III. Panel “Soluciones de vivienda: de la urgencia de reparar, reconstruir y reubicar a la oportunidad de una política de vivienda integral en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• IV. Panel “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• V. Panel “Gestión de riesgos: conociendo el Sistema de Alerta Temprana de valle de Aburrá, pensando en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

“Plan Marshall: de las referencias históricas a la realidad colombiana”

El panel inaugural busca conectar las lecciones de grandes experiencias históricas de desarrollo con las posibilidades reales de una transformación económica y territorial del Chocó.

La combinación de perspectivas —historia económica, análisis macroeconómico, desarrollo portuario y logístico, ingeniería, planeación y gobierno municipal— permitirá examinar qué podría significar un programa de desarrollo de gran escala para el departamento, qué proyectos podrían articularlo y qué condiciones institucionales y financieras necesitaría.

La conversación entre expertos, representantes de la ingeniería chocoana y el alcalde de Quibdó permitirá relacionar esa visión de largo plazo con las necesidades de la reconstrucción después del terremoto y con las oportunidades que podría abrir el Fondo Milagro.

El desafío es pasar de una respuesta a la emergencia a una estrategia capaz de remover obstáculos históricos al desarrollo y generar nuevas oportunidades de inversión, productividad y bienestar.

I. Panel inaugural: “Un marco para pensar “Plan Marshall” en Chocó: de las experiencias históricas de Europa y Valle de Tennessee (EE.UU.) a la realidad colombiana y el Fondo Milagro”. 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

• Carlos Esteban Posada, profesor e investigador del Departamento de Economía en la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, exjefe de Análisis Macroeconómico de Planeación Nacional: 

“Breve contexto de historia económica para las referencias presidenciales al rescate del Valle de Tennessee y al Plan Marshall”.

• Carlos Alberto Medina-Durango, PhD, gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República, exsubgerente regional de Estudios Económicos:

“Elementos para un nivel macro de un “Plan Marshall” en el Chocó”. 

• Andrés Felipe Bustos Isaza, estructurador y primer gerente de Puerto Antioquia; actualmente estructurador, desarrollador y CEO de Puerto Progreso de Urabá:

“Una aproximación al Corredor Interoceánico desde el punto de vista de un puerto en el mar caribe de Antioquia”.

• Corando Velásquez, ingeniero constructor, gerente de firma en el Chocó: “Introducción a grandes proyectos para el desarrollo integral del Chocó”.

• Germán Lucumí, ingeniero, exsecretario de planeación de Quibdó, presidente de la Sociedad Chocoana de Ingenieros: “Introducción a la conectividad de transporte terrestre y fluvial del Chocó”.

• Francisco Antonio Mazo Salazar, profesional en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes y magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del CIDER de la misma universidad, jefe de gabinete de la gobernación del Chocó: “Plan Chocó: una perspectiva desde la gobernación”.

• Rafael Andrés Bolaños Pino, alcalde de Quibdó: “Quibdó tras el terremoto y lo que espera de la reconstrucción y el Fondo Milagro”.

El conductor del panel será Daniel Mera Villamizar, columnista de El Espectador.

“Obras por Impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”

Este panel examinará cómo convertir el anuncio de una inversión de esta magnitud mediante Obras por Impuestos en proyectos viables, financiables y ejecutables que contribuyan al desarrollo del Chocó.

La experiencia académica de especialistas en derecho tributario permitirá analizar los incentivos, las reglas y las condiciones que orientan las decisiones empresariales.

La perspectiva de un alcalde chocoano permitirá contrastarlas con las prioridades, capacidades y barreras que enfrentan los municipios para estructurar proyectos y atraer inversión.

La conversación buscará identificar qué hace falta para conectar el interés de las empresas con las necesidades del territorio, fortalecer la capacidad local de formulación y ejecución y lograr que este mecanismo no se limite a financiar obras aisladas, sino que contribuya a una estrategia coherente de infraestructura, servicios y desarrollo productivo.

II. Panel “Obras por impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Iván Darío Arango Múnera, Doctor en Derecho. Jefe académico en impuestos de la Universidad EAFIT.

• Néstor R. Londoño S., PhD, docente-investigador, coordinador Esp. Tributario y D. Comercial, Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de Universidad Pontificia Bolivariana.

• Catalina Alejandra Zuleta Palacio, fundadora, socia y CEO de ZEIKI, firma especializada en Ingeniería Territorial, que integra gestión social de nueva generación, certeza regulatoria ambiental e ingeniería civil especializada para el desarrollo de proyectos de infraestructura:

“Obras por impuestos: el reto de fortalecer el tejido productivo local”.

• Jaison Mosquera, alcalde de Istmina, Chocó (por confirmar): “Obras por Impuestos desde un municipio del Chocó: prioridades, capacidades y barreras para atraer inversión”.

Conductor: Leonardo Sánchez Garrido, director de Gestión de la Información y de Riesgos de EAFIT.

“Vivienda: de lo urgente a lo estructural”

El panel pondrá en diálogo el conocimiento especializado sobre hábitat y déficit habitacional, la ingeniería civil, las posibilidades de construcción sostenible, la capacidad empresarial local y la experiencia de un gobierno municipal.

Esta combinación permitirá abordar tanto la urgencia de responder a las viviendas afectadas por el terremoto como los problemas estructurales de acceso a vivienda adecuada que ya existían.

La discusión puede contribuir a distinguir cuándo conviene reparar, reforzar, reconstruir o reubicar; cómo garantizar seguridad y calidad sin perder de vista la viabilidad económica y las condiciones locales; y cómo aprovechar la emergencia para ampliar la oferta de vivienda adecuada y fortalecer las capacidades de construcción en el departamento.

La meta es que la respuesta a cada hogar se articule con una política de vivienda que reduzca vulnerabilidades y mejore las condiciones de vida a largo plazo.

III. Panel “Soluciones de vivienda: de la urgencia de reparar, reconstruir y reubicar a la oportunidad de una política de vivienda integral en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Elizabeth Arboleda Guzmán, directora de la Escuela del Hábitat, CEHAP, de UNAL sede Medellín: “El déficit habitacional y la vivienda adecuada, disponible y para su disfrute: marco analítico del CEHAP”.

• John Jairo Blandón, PhD, director del departamento de Ingeniería Civil de la UNAL sede Medellín: “De la vulnerabilidad que expuso el sismo a una autoconstrucción de vivienda sostenible”. 

• Corando Velásquez, ingeniero constructor, gerente de firma en el Chocó: “Propuestas de soluciones inmediatas de vivienda en Quibdó para mitigación por la pérdida debida al terremoto”.

• Juan Carlos Palacios Agualimpia, alcalde de Tadó, Chocó: “Impacto del terremoto en vivienda e infraestructura, ayudas del gobierno y medidas de mitigación de carácter municipal en Tadó”.

Conductor: José Camilo Córdoba, director ejecutivo de Progresa Chocó.

“La reconstrucción, oportunidad para POT y urbanismo”

Con especialistas en urbanismo, políticas de suelo, geografía, gestión ambiental y ordenamiento territorial, junto con un investigador de la Universidad Tecnológica del Chocó y un alcalde de municipio chocoano, este panel abordará la reconstrucción como una oportunidad para tomar mejores decisiones sobre la forma de crecer y organizar el territorio.

La conversación permitirá relacionar la reubicación de viviendas y la expansión urbana con la protección de los ecosistemas, la gestión del riesgo, la infraestructura, la localización de actividades productivas y las posibilidades de generar empleo.

También pondrá sobre la mesa las diferencias entre la planificación de una ciudad como Quibdó y las capacidades de municipios más pequeños para formular y ejecutar sus instrumentos de ordenamiento.

El reto es que las decisiones inmediatas de reconstrucción no reproduzcan los problemas del pasado, sino que ayuden a configurar una estructura territorial más segura, conectada y favorable al desarrollo económico y social del Chocó.

IV. Panel “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Juliana Gómez Aristizábal, coordinadora de proyectos de Urbam, arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y Magíster en Planeación Urbana y Diseño de Políticas Públicas del Politécnico de Milán, y Angélica Gaviria Agudelo, arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Procesos Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT: “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó: la perspectiva de Urbam”. (15 minutos).

• Beatriz Elena Rave Herrera, arquitecta y magister en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Políticas de Suelo de América Latina del Lincoln Institute of Land Policy, actual decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planificación: “Un enfoque de políticas públicas para unir planificación urbana y reconstrucción en el Chocó” (7 min).

• Ángela Milena Alzate Navarro, arquitecta y magister en Estudios Urbano-Regionales de la Universidad Nacional de Colombia, y PhD en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora asociada de la Escuela de Planeación Urbano-Regional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, PLANUR: “Quibdó: urbanización en la selva húmeda tropical y retos del ordenamiento territorial” (7 minutos).

• Harol Mena M, Arquitecto, magister en Arquitectura Crítica y Proyecto de la UPB, docente del programa de Arquitectura de la UTCH, líder del grupo de Urbanismo y Desarrollo Territorial del programa de Arquitectura de la Universidad Tecnológica del Chocó, UTCH: “Breve memoria del urbanismo contemporáneo en Quibdó y tres retos urbanísticos de la reconstrucción”  (7 minutos).

• Jorge Eliécer Córdoba Maquilón, PhD, profesor investigador de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas, UNAL Medellín, y exfuncionario en Obras Públicas y Planeación de la gobernación de Antioquia: “El reto de los esquemas de ordenamiento territorial en municipios pequeños” (7 minutos).

• Gustavo Elías Hincapié Mosquera, alcalde de Condoto: “Decisiones de planificación urbana y reconstrucción en un municipio chocoano”.  (7 minutos)

“Gestión del riesgo: aprendiendo del valle de Aburrá”

La presentación de Daniel Ruiz, coordinador de SIATA, y los comentarios de especialistas en reducción del riesgo sísmico, ingeniería y gestión del riesgo, junto con el representante de Codechocó y de un gobierno municipal, permitirán explorar qué aprendizajes científicos, tecnológicos e institucionales de esta experiencia podrían adaptarse a las condiciones del Chocó.

La conversación no se limitará a la posibilidad de instalar sensores o reproducir una plataforma tecnológica: también abordará la necesidad de acumular conocimiento sobre las amenazas y vulnerabilidades del territorio, desarrollar capacidades locales de monitoreo y pronóstico, y conectar la información con las decisiones de alcaldías, Gobernación, autoridades ambientales y comunidades.

El propósito es identificar una ruta gradual de cooperación entre instituciones chocoanas y universidades de Medellín que fortalezca la prevención, la preparación y la respuesta ante desastres, y contribuya a que la reconstrucción se fundamente en un conocimiento cada vez más preciso de los riesgos del territorio.

V. Panel “Gestión de riesgos: conociendo el Sistema de Alerta Temprana de valle de Aburrá, pensando en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

• Manuel Zuluaga, coordinador del Observatorio de Amenazas y Riesgos del proyecto SIATA., Sistema de Alerta Temprana de valle de Aburrá.

Comentaristas:

• Alan Rentería Asprilla, director general (E) de Codechocó.

• Ana Beatriz Acevedo, ingeniera civil por la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y un doctorado en Reducción del Riesgo Sísmico de la Universidad de Pavía, docente de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de EAFIT, excoordinadora de SIATA.

• Ricardo León Bonett Díaz, docente de la Universidad de Medellín, Facultad de Ingenierías, Grupo de Gestión del Riesgo y Estructuras (por confirmar).

• Ana Milena Hinojosa, alcaldesa del municipio de Atrato, Chocó.

Joyce ha dedicado buena parte de su trayectoria al cine colombiano, aunque durante décadas lo hizo desde ese lugar menos visible, pero indispensable, de la producción y el montaje, acompañando películas, construyendo historias y haciendo posible que otros las contaran. Su nombre está ligado a una parte importante de nuestra cinematografía, desde Gamín, de Ciro Durán, hasta distintas producciones que contribuyeron a consolidar una industria cinematográfica en un país donde hacer cine nunca ha sido una tarea sencilla. Después de más de cincuenta años de oficio, decide ponerse delante de la cámara y convertir su propia vida, sus temores y sus afectos en materia cinematográfica. La decisión tiene algo de descubrimiento tardío, aunque en realidad parece la consecuencia natural de una vida dedicada a observar a los demás: llega un momento en que la cámara, después de haber mirado tantas historias, se vuelve hacia quien la sostiene.

El punto de partida es aparentemente sencillo. Joyce y sus dos hermanas mayores, Ethy y Bella, se acercan a la vejez y empiezan a preguntarse qué significa envejecer, qué ocurre con el cuerpo cuando deja de responder como antes, cómo se transforma nuestra relación con el tiempo y de qué manera se aprende a convivir con la idea de que un día vamos a morir. Las tres están unidas por el afecto, pero sus personalidades y sus respuestas ante la existencia son distintas. Viven en lugares diferentes, han construido vidas propias y no necesitan pensar igual para quererse. En ese espacio de intimidad, donde las conversaciones familiares pueden pasar de la ternura a la incomodidad sin pedir permiso, Joyce encuentra una historia que termina por exceder los límites de su familia.

Porque la vejez es una experiencia universal, pero no existe una única manera de vivirla. Hay tantas formas de envejecer como historias, temperamentos, condiciones materiales y sociedades, y buena parte de las diferencias que encontramos entre las personas mayores tiene que ver con el mundo que las rodea, con las oportunidades que tuvieron, con los afectos que conservaron y con la posibilidad, tan decisiva como desigual, de seguir tomando decisiones sobre sus propias vidas.

En algunas sociedades, la experiencia acumulada por los mayores todavía ocupa un lugar central en la transmisión de la memoria, las tradiciones y el conocimiento. En otras, donde la juventud se ha convertido en una especie de mercancía y la productividad parece ser la medida de todas las cosas, envejecer puede sentirse como una pérdida de valor social. No es que las primeras hayan resuelto el problema de la soledad ni que las segundas carezcan de vínculos familiares sólidos, pero sí existe una diferencia entre vivir en un entorno que reconoce la experiencia de los años y hacerlo en uno que parece pedir disculpas por ella. La modernidad nos ha ofrecido extraordinarias posibilidades para prolongar la vida, mientras nos cuesta cada vez más imaginar qué lugar queremos darle a esa vida prolongada.

También importa la clase social. No envejece de la misma manera quien dispone de recursos para cuidar su salud, mantener su autonomía, viajar, cultivar amistades y organizar sus días que quien debe continuar trabajando porque no puede permitirse el descanso. Una cosa es temer la pérdida de independencia y otra, muy distinta, experimentar esa pérdida sin una red de apoyo, sin ingresos suficientes o sin acceso a cuidados. La vejez puede ser el tiempo de la contemplación, de los viajes y de una libertad conquistada después de décadas de obligaciones, pero también puede convertirse en una etapa de incertidumbre económica, aislamiento y dependencia. Entre ambas experiencias existe un mundo de diferencias que las sociedades suelen disimular cuando hablan de la tercera edad como si se tratara de una condición homogénea.

En Colombia, donde tantas familias han tenido que asumir buena parte de las tareas del cuidado sin suficiente acompañamiento institucional, estas preguntas adquieren una dimensión particular. Envejecer no es solamente un asunto privado, ni debería ser una preocupación que cada familia resuelva puertas adentro. Tiene que ver con la salud pública, las pensiones, las ciudades que construimos, la arquitectura de nuestras viviendas, el transporte, la soledad y la posibilidad de seguir participando en la vida colectiva cuando dejamos de pertenecer al mundo laboral. Tiene que ver, también, con la manera en que tratamos a nuestros padres y abuelos, con la paciencia que estamos dispuestos a concederles y con la facilidad con que confundimos la pérdida de ciertas capacidades con la pérdida de dignidad.

Sin embargo, Tres hermanas no pretende convertirse en un tratado sobre el envejecimiento ni en una denuncia social disfrazada de documental. Su fuerza está, precisamente, en que llega a esas preguntas a través de la vida concreta, de los rostros, las conversaciones, las diferencias y los recuerdos de tres mujeres que no representan a nadie más que a sí mismas y que, por eso mismo, terminan representándonos a todos. Joyce no necesita construir personajes ejemplares ni encontrar una fórmula para aceptar el paso del tiempo. Le basta con filmar a sus hermanas y filmarse a sí misma, dejar que aparezcan sus contradicciones y permitir que la cámara registre aquello que en una conversación cotidiana quizá preferiríamos evitar.

La película tiene, además, una pregunta íntima que la atraviesa desde el comienzo: ¿cómo se aprende a vivir cuando uno empieza a reconocer los límites del propio cuerpo? Joyce ha contado que su preocupación por la vejez viene de muchos años atrás, desde que empezó a necesitar gafas y comprendió que ella también estaba entrando en esa etapa que durante tanto tiempo había observado desde afuera. A esa inquietud se sumaron la muerte de su padre, el deterioro de su madre y el temor que le produjo conocer el diagnóstico de una enfermedad ocular degenerativa. La posibilidad de perder la visión introduce una dimensión especialmente conmovedora en su relación con el cine: una mujer que ha dedicado su vida a mirar comienza a preguntarse qué ocurriría si un día ya no pudiera hacerlo de la misma manera.

La cámara se convierte entonces en una herramienta para conocer aquello que la asusta. Joyce ha explicado que investigar la vejez le permite acercarse a ella con curiosidad, como si comprender un poco mejor el miedo fuera una forma de hacerlo menos desconocido. Hay algo profundamente humano en esa decisión. No se trata de fingir que la muerte no existe, ni de convencerse de que todo puede resolverse mediante una actitud positiva, sino de observar, preguntar y conversar allí donde normalmente preferimos guardar silencio. La película no elimina la angustia, pero la transforma en una experiencia compartida, y quizá esa sea una de las funciones más antiguas y más necesarias del arte.

En la historia de Joyce hay, además, otra pérdida que ilumina la película de una manera particular: la muerte de Ciro Durán, su compañero de vida y de trabajo, el cineasta que dejó una huella fundamental en el documental colombiano. Durán, director de Gamín y de películas como La guerra del centavo, murió en enero de 2022, después de una enfermedad prolongada. Joyce ha recordado cómo afrontó sus últimos años con valentía y autonomía, sin abandonar la escritura de guiones, incluso cuando sabía que quizá no llegaría a filmarlos. En un gesto de generosidad, aceptó conversar con ella para el documental, aunque hablar de sí mismo y de su propia vulnerabilidad no le resultara sencillo.

Es difícil no pensar en lo que significa compartir tantos años con alguien y descubrir, al final, que el amor no nos exime de acompañarlo hacia su desaparición. En la enfermedad, el tiempo adquiere otra densidad, las conversaciones cotidianas pueden convertirse en recuerdos y las cosas que antes parecían importantes pierden su urgencia frente a la evidencia de que la presencia del otro no es eterna. Pero también ocurre algo que solo se comprende desde la experiencia: incluso cuando el cuerpo se deteriora, una persona sigue siendo mucho más que su enfermedad, y la dignidad puede expresarse en la voluntad de conservar la autonomía, continuar escribiendo, pensar en proyectos que quizá no llegarán a realizarse y decidir de qué manera quiere vivir el tiempo que le queda.

En ese sentido, la historia de Ciro no aparece como una explicación definitiva de la película, sino como parte de la experiencia desde la cual Joyce se aproxima a sus preguntas. La muerte de su compañero, la de su madre y el temor a su propio deterioro conforman un horizonte de pérdidas, pero también la obligan a mirar de frente aquello que durante años había intentado comprender. Hay una diferencia entre investigar la vejez y descubrir que uno mismo está envejeciendo, entre conversar sobre la muerte y reconocer que empieza a formar parte de nuestra biografía. Joyce atraviesa esa frontera con la cámara encendida.

El archivo familiar adquiere entonces una importancia especial. Las fotografías, las grabaciones antiguas y las imágenes de celebraciones y encuentros permiten que las hermanas se observen en otros momentos de sus vidas, que comparen los rostros de entonces con los de ahora y que reconozcan, a veces con humor y otras con cierta melancolía, la distancia entre quienes fueron y quienes son. El pasado aparece fragmentado, pero no desaparecido. Las imágenes devuelven gestos, voces y maneras de estar en el mundo que el tiempo había transformado en recuerdos, y la cámara permite que esas imágenes vuelvan a entrar en conversación con el presente.

Filmar es también una manera de resistirse al olvido. No de derrotar a la muerte, porque el cine no tiene semejante poder, sino de conservar algo de aquello que inevitablemente se pierde. Una voz grabada, una mirada, una risa, una discusión entre hermanas pueden sobrevivir a la ocasión en que ocurrieron y adquirir una nueva vida frente a otros espectadores. El cine convierte lo efímero en memoria compartida, aunque esa memoria nunca sea completa ni pueda reemplazar a la persona que ya no está. Quizá por eso las imágenes familiares tienen una fuerza que a veces no encontramos en las grandes narraciones históricas: nos devuelven la conciencia de que la vida está hecha, en buena medida, de gestos pequeños cuya importancia solo descubrimos cuando el tiempo los ha convertido en pasado.

Hay algo especialmente valioso en que Joyce se permita mostrar las diferencias entre sus hermanas sin intentar resolverlas. En una época en que las conversaciones públicas suelen organizarse alrededor de identidades rígidas y posiciones irreconciliables, Tres hermanas recuerda que la intimidad no necesita uniformidad para existir. Podemos compartir una historia, querernos profundamente y, al mismo tiempo, tener ideas distintas sobre el envejecimiento, la muerte, la religión, el cuerpo o la posibilidad de una trascendencia. La familia no es necesariamente el lugar donde todos terminan pensando igual, sino aquel en el que, cuando los vínculos sobreviven a las diferencias, aprendemos a convivir con ellas.

La vejez pone a prueba esa convivencia porque modifica las condiciones materiales y emocionales de las relaciones. Los papeles cambian, la independencia se vuelve más difícil de conservar y quienes durante años cuidaron de otros pueden necesitar ayuda. También aparecen los desacuerdos sobre cómo cuidar, hasta dónde intervenir y qué significa respetar la voluntad de una persona que empieza a perder algunas capacidades. Son conversaciones difíciles, precisamente porque el afecto no siempre nos enseña qué hacer. A veces queremos proteger a alguien y terminamos restringiendo su libertad, o insistimos en conservar una imagen de esa persona que ya no corresponde con su realidad. En la película, esas tensiones no necesitan convertirse en grandes conflictos para revelar su importancia.

Pero Joyce introduce el humor, y ese detalle cambia la naturaleza de la experiencia. Las hermanas se ríen, se contradicen, se observan y encuentran motivos para bromear en medio de conversaciones que podrían resultar demasiado dolorosas si fueran tratadas con solemnidad. La risa no niega el miedo ni convierte la pérdida en algo trivial; simplemente recuerda que la vida no deja de producir situaciones absurdas cuando empezamos a pensar en su final. Quizá una de las formas más sensatas de acercarse a la muerte sea aceptar que no todo lo que la rodea tiene que estar envuelto en gravedad, que podemos sentir angustia y reírnos en una misma tarde, que la conciencia de nuestra fragilidad no nos obliga a renunciar a la alegría.

Al salir de la Cinemateca pensé en esa costumbre que tenemos de aplazar ciertas conversaciones, como si hablar de la vejez pudiera acercarla o como si evitar la palabra muerte nos concediera alguna ventaja sobre ella. Nos preparamos para estudiar, trabajar, producir, viajar, formar una familia y construir una carrera, pero pocas veces nos preguntamos qué clase de vida queremos tener cuando todo eso empiece a cambiar, qué vínculos habremos cultivado para entonces o qué haremos con el tiempo cuando ya no esté organizado alrededor de nuestras obligaciones. Vivimos como si la vejez fuera una estación a la que llegarán otros, aunque cada día nos acerque un poco más a ella.

La película de Joyce tampoco ofrece una respuesta sencilla a la pregunta de cómo deberíamos vivir esos años. Sería injusto pedirle que lo hiciera, porque cada experiencia tiene sus propias dificultades y porque no existe una fórmula capaz de reconciliar a todo el mundo con la pérdida, el dolor o la incertidumbre. Lo que propone es algo más modesto y, por eso mismo, más profundo: mirar, hablar, escuchar, reconocer las diferencias y aceptar que la vida puede conservar su riqueza incluso cuando deja de parecerse a la que imaginábamos. No se trata de romantizar la vejez, ni de convertirla en una etapa necesariamente sabia o feliz, sino de reconocer que sigue siendo vida, con sus conflictos, sus descubrimientos, sus alegrías y sus posibilidades.

Me alegra haber acompañado a Joyce en la conversación sobre su película. A veces uno acepta una invitación pensando que va a hablar de cine y termina hablando de asuntos para los que nunca encuentra el momento adecuado en la vida cotidiana. Esa noche, en la Cinemateca, la película nos llevó a conversar sobre el tiempo, la familia, las pérdidas y la posibilidad de seguir encontrando sentido en medio de la incertidumbre. Joyce, que durante décadas ayudó a contar las historias de otros, había encontrado en su propia experiencia una forma de acercarse a una pregunta universal.

El título de esta reflexión podría ser, precisamente, la tragedia feliz de estar vivos. La tragedia consiste en que todo aquello que amamos está sometido al tiempo, en que ninguna forma de amor puede garantizar la permanencia de quien lo recibe y en que incluso las vidas más plenas terminan enfrentándose a la despedida. La felicidad no consiste en negar esa realidad, ni en fingir que la muerte nos resulta indiferente, sino en descubrir que la conciencia de nuestro final no anula el valor de lo vivido. A veces, por el contrario, nos permite reconocerlo con una claridad que antes no teníamos.

Qué curioso, entonces, salir de una película sobre la muerte con una sensación de gratitud por la vida. No porque el miedo haya desaparecido, ni porque las preguntas hayan encontrado respuesta, sino porque durante un par de horas hemos podido mirarlas de frente, acompañados por tres hermanas que, desde sus diferencias, nos recuerdan que todavía hay mucho por conversar. Y que mientras podamos hacerlo, mientras haya alguien a quien escuchar, una historia que contar, una imagen que rescatar del olvido o una razón para reírnos de nosotros mismos, la vida seguirá ofreciéndonos algo que no habíamos terminado de descubrir.

El periodismo ocupa un lugar peculiar dentro de la historia. A diferencia de los políticos, los empresarios, los generales o los dirigentes sociales, los periodistas rara vez buscan convertirse en protagonistas de los acontecimientos. Su tarea consiste precisamente en observar, registrar y transmitir. Son intermediarios entre los hechos y la ciudadanía. Sin embargo, en países atravesados por conflictos prolongados, esa posición aparentemente secundaria puede transformarse en una actividad extraordinariamente peligrosa. Contar lo que ocurre, preguntar quién ejerce el poder, seguir el rastro de la corrupción, documentar violaciones de derechos humanos o simplemente describir la vida cotidiana de una comunidad puede convertir a un reportero en objetivo de quienes prefieren el silencio a la transparencia.

Por esa razón la historia del conflicto colombiano no puede entenderse únicamente a través de las experiencias de las víctimas directas, de los actores armados o de las instituciones que participaron en él. También debe incluir a quienes dedicaron años de su vida a documentarlo. Los periodistas fueron testigos de masacres, secuestros, desplazamientos, asesinatos selectivos, tomas guerrilleras, operaciones militares, negociaciones de paz y transformaciones sociales profundas. Gracias a ellos existen archivos, fotografías, grabaciones, investigaciones y crónicas que hoy permiten reconstruir una parte importante de la memoria nacional. Muchas de las cosas que sabemos sobre nuestro pasado reciente llegaron a la esfera pública porque alguien estuvo dispuesto a asumir el riesgo de contarlas.

Por eso resulta especialmente significativa la reciente reunión entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fundación para la Libertad de Prensa, un encuentro dedicado a reflexionar sobre la violencia ejercida contra periodistas en Colombia y sobre la necesidad de preservar la memoria de quienes fueron perseguidos, amenazados o asesinados por ejercer su oficio. Más allá de la agenda institucional, la conversación plantea una pregunta de enorme importancia para el país: ¿qué sucede con una democracia cuando quienes se encargan de informar son silenciados? La respuesta trasciende el ámbito periodístico y toca el corazón mismo de la vida pública, porque una sociedad incapaz de proteger a quienes investigan y cuentan su realidad termina debilitando sus propios mecanismos de conocimiento y deliberación.

Las cifras permiten aproximarse a la magnitud del problema. De acuerdo con los registros construidos a partir del informe La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y complementado posteriormente por la FLIP, al menos 172 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977 por razones asociadas a su trabajo. Sin embargo, incluso esa cifra podría ser insuficiente para reflejar la dimensión real de la tragedia, pues la propia organización advierte que existen enormes subregistros que dificultan establecer con precisión cuántos casos ocurrieron realmente y cuántos permanecen aún en la penumbra estadística.

Detrás de esos números aparecen historias individuales que rara vez ocupan un lugar destacado en los grandes relatos nacionales. Están los reporteros de radio que recorrían carreteras secundarias para recoger testimonios en municipios apartados. Están los periodistas de periódicos regionales que conocían de memoria las dinámicas de sus comunidades. Están quienes trabajaban prácticamente solos, sin grandes redacciones detrás, enfrentando presiones económicas, amenazas constantes y enormes dificultades logísticas. También están aquellos que comprendieron antes que muchos otros los cambios que se estaban produciendo en determinadas regiones del país y que intentaron explicarlos cuando todavía resultaban invisibles para la opinión pública nacional.

La violencia contra periodistas posee una característica particularmente devastadora: sus efectos no terminan con la muerte o el desplazamiento de la víctima. Cuando asesinan a un periodista regional suele desaparecer también una red de conocimiento acumulada durante años. Las fuentes dejan de hablar, los colegas sienten miedo, las investigaciones se interrumpen y determinados temas dejan de ser cubiertos. En algunos casos, regiones enteras experimentan una especie de apagón informativo que puede prolongarse durante mucho tiempo. Durante la reunión, representantes de la FLIP insistieron precisamente en esta realidad, señalando que cuando un periodista es asesinado muchas veces nadie retoma su labor y las comunidades terminan enfrentando un vacío informativo que contribuye a perpetuar la impunidad.

Ese fenómeno ayuda a comprender por qué la libertad de prensa no puede reducirse a una reivindicación gremial. Durante años se ha repetido, con razón, que la libertad de prensa es un pilar de la democracia, pero con frecuencia esa afirmación se formula de manera abstracta. En realidad, la cuestión es mucho más concreta. La libertad de prensa significa que los ciudadanos puedan conocer lo que ocurre en los lugares donde viven, que tengan acceso a información relevante para tomar decisiones y que existan mecanismos para examinar críticamente el ejercicio del poder. Cuando esas condiciones desaparecen, quienes pierden no son únicamente los periodistas, sino todos aquellos que dependen de la circulación de información para participar plenamente en la vida democrática.

En el caso colombiano, además, la violencia contra la prensa adquiere una dimensión adicional porque está estrechamente vinculada con la construcción de memoria. Las guerras no solo producen muertos, heridos y desplazados. También generan disputas por la interpretación de los hechos. Todos los actores buscan imponer sus versiones de la realidad, legitimar sus acciones y minimizar sus responsabilidades. En ese contexto, los periodistas desempeñan un papel fundamental porque documentan acontecimientos en tiempo real y crean registros que posteriormente permiten contrastar relatos, verificar versiones y reconstruir procesos históricos complejos.

No es casual que numerosos periodistas hayan sido perseguidos precisamente por investigar asuntos incómodos. La información constituye una forma de poder y quienes intentan ocultar determinadas realidades suelen comprender muy bien la amenaza que representa una investigación rigurosa. De ahí que la violencia contra periodistas pueda entenderse también como un ataque contra la memoria futura. Cuando una historia deja de contarse, cuando una investigación queda inconclusa o cuando una comunidad pierde a quien registraba sus transformaciones, se produce una fractura que afecta la manera en que las generaciones posteriores comprenderán lo ocurrido.

Durante el encuentro, el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’Mar Córdoba Salamanca, recordó precisamente la importancia de preservar el trabajo que muchos periodistas dejaron inconcluso y destacó la necesidad de seguir documentando las experiencias de periodistas víctimas del conflicto armado. La observación resulta particularmente relevante porque invita a pensar la memoria más allá del homenaje. Recordar no consiste únicamente en pronunciar nombres o conmemorar fechas. También implica rescatar archivos, investigaciones, testimonios y preguntas que la violencia intentó borrar. En el caso del periodismo, significa reconocer que detrás de cada reportaje existe un esfuerzo por ampliar el conocimiento colectivo sobre la realidad.

Quizás por eso la conversación entre el CNMH y la FLIP tiene una importancia que va más allá de las organizaciones que la protagonizaron. Lo que allí se discutió forma parte de una reflexión más amplia sobre el tipo de sociedad que Colombia quiere construir después de décadas de violencia. Una democracia sólida necesita ciudadanos informados, instituciones transparentes y periodistas capaces de investigar sin miedo. También necesita memoria. Necesita comprender que las agresiones contra la prensa no constituyen episodios aislados, sino fenómenos que afectan la calidad misma del debate público y la capacidad de una comunidad para comprender su pasado y orientar su futuro.

Los periodistas solemos pasar la mayor parte de nuestra vida profesional contando las historias de otros. Es una condición inherente al oficio y probablemente una de sus mayores virtudes. Sin embargo, existen momentos en los que resulta necesario volver la mirada hacia quienes asumieron riesgos extraordinarios para que esas historias pudieran conocerse. No para situarlos en el centro del relato nacional ni para convertirlos en héroes, sino para reconocer que la memoria de Colombia también está escrita en sus cuadernos de notas, en sus grabadoras, en sus fotografías y en sus investigaciones.

Porque cuando un periodista es asesinado no desaparece únicamente una persona ni se interrumpe solamente una trayectoria profesional. También se pierde una mirada construida durante años sobre una región, una comunidad o un problema específico; se rompe una cadena de transmisión de conocimiento sobre el país y se extinguen preguntas que quizás nadie volverá a formular. Por eso recordar a quienes fueron asesinados por cumplir con el deber de informar no constituye únicamente un acto de reconocimiento hacia las víctimas y sus familias, sino también una defensa de la memoria colectiva y de la posibilidad misma de que una sociedad conozca su propia historia.

En esta nota expongo de manera breve qué es la ilustración oscura y me centro en la encíclica “Magnífica humanidad” del Papa León XIV, documento en el cual el Pontífice aborda el tema de la Inteligencia artificial (IA) y sus efectos sobre la persona y la sociedad. Como ya es bien sabido, León XIV se mantiene en la línea del pensamiento de Francisco, posturas que también le han acarreado la crítica de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad, incluyendo la de los tecnobillonarios neorreaccionarios. Argumento en esta nota que la encíclica bien puede ser considerada como una crítica directa de la ilustración oscura y algunas de sus apuestas.

La ilustración oscura y el reseteo del orden vigente.

En el Manifiesto tecno-optimista (2023)de Marc Andreessen, dueño de la sociedad de capital de riesgo Andreessen Horowitz, uno de los fondos más importantes de Silicon Valley, se plantea la necesidad de superar al “último hombre”, al hombre moderno y mediocre que teorizó Nietzsche en sus obras.  La misión consistiría en crear el superhombre tecnológico, donde existiría una prolongación técnica de la mente humana “a través de la inteligencia artificial”[3].  Se busca, igualmente, superar la mortalidad, la condición finita del humano. Estas posturas transhumanistas y poshumanistas exigen la eliminación de todos los límites regulativos de los Estados y los poderes públicos, la Organización Mundial de la Salud, y de cualquier institución, así sea la mismísima FDA (US. Food and Drug Administration). De hecho, Peter Thiel, el creador de Paypal y de la controvertida empresa Palantir, aceleracionista y anarcocapitalista, sostiene que los llamados límites del crecimiento, que publicó (con otros) Dennis L. Meadows en 1972, ha generado un atraso para la humanidad. El ecologismo y los hippies, a su parecer, vencieron, y han frenado el progreso tecnológico. Desde esta perspectiva Greta Thunberg, activista ambiental conocida en todo el mundo, es una especie de Anticristo.

Como dice Fernández liria en su magnífico libro Contra la ilustración oscura: “Peter Thiel […] está a favor de la completa privatización del poder, de la sustitución de cualquier poder público (incluido el militar) por los poderes privados”[4].Si se privatiza el poder, incluido el militar, lo cual crearía una sociedad militarizada, securitista, con una vigilancia especializada omnipresente, realizada por medio de una superinteligencia artificial que opere a nivel global, y así eliminar a los críticos y a los indeseados (la izquierda, los comunistas los socialistas, los ambientalistas, etcétera.), se estaría realizando la utopía de la prisión a cielo abierto; y, además, sería el fin de la democracia. Sería, más exactamente, la llegada del tecnofacismo. Por eso es que Peter Thiel, un abogado y Doctor en Filosofía, lanzó la polémica frase: “no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Lo que en verdad se quiere decir es que la democracia no es compatible con la libertad que exige el mercado, ni con la libertad para experimentar sin límites con la ciencia, la tecnología, la ingeniería genética, etcétera, lo cual es requerido para definir nuestro futuro biónico o, incluso, para superar la especie humana. Y si los controles políticos y democráticos les molesta a estos tecnobillonarios, hay que partir para marte, como propone Elon Musk, o construir ciudades en altamar, en aguas internacionales para así poder escapar a las regulaciones estatales.

En realidad, estos tecnobillonarios, entre quienes está el bloguero Curtis Yarvin, de TIon Corporation, desean sustituir al Estado mismo y su control, regulación y vigilancia; o, a lo sumo, crear archipiélagos de Estados conectados en red: los network state. El Estado puede ser una monarquía digital, dirigido por un CEO, un genio de los negocios como ellos, y los parlamentos pueden ser sustituidos por juntas. Los ciudadanos se vincularían como clientes a la nueva estructura. La solución es, entonces, “que una aristocrática élite mundial tome el control del desarrollo tecnológico”. En todo este proyecto “se trata de acabar por completo con el actual orden internacional y sustituirlo por una ocurrencia mejor: un orden libertario radical sin Estados, un sueño anarcocapitalista en el que no habría más que individuos y corporaciones privadas. Es, ante todo, el fin del ordenamiento institucional que edificó la ilustración”[5]. Si la Ilustración- con sus límites-  nos legó los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con las promesas de libertad, igualdad y fraternidad; si legó la crítica, la democracia liberal y la división y el control entre los poderes, lo que buscan los oligarcas tecnológicos de la “ilustración oscura” es destruirla; son neorreaccionarios contra ese orden que les estorba. Por eso la ilustración ha sido derrotada por el mercado, el capitalismo y su sueño tecnológico.

Los magnates actuales, donde están incluidos los dueños de las grandes plataformas tecnofeudalistas y empresas de tecnología (Amazon, Apple, Microsoft, OpenAI), desean resetear el mundo, llevar sus tensiones al extremo para generar un nuevo orden social y político; muchos de ellos están ligados a los gobiernos de ultraderecha que crecen en el mundo y en América Latina. Argentina, Colombia y Ecuador no escapan a estos riesgos: ellos ya están aquí.    

La defensa de la persona humana y el cuidado del mundo en la encíclica de León XIV.

La encíclica de León XIV sobre la inteligencia artificial es un llamado al cuidado, un tema que se puso al orden del día después de la pandemia. De ahí su subtítulo: “Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia artificial”. Además del cuidado del mundo o de la casa común, el cual es condición de posibilidad de la reproducción de la vida del planeta y todas sus formas vivas, sus biotipos, el documento eclesial busca enfatizar la necesidad de cuidar la persona humana.

Este llamado comporta la exaltación y valoración de la humanidad misma. Frente al nihilismo y las posturas poshumanistas, la encíclica retoma la idea que dignifica y estima positivamente al ser humano. Esto solo es posible si el evangelio está “a la altura de los tiempos”, si se trata de una iglesia “en camino en la historia de la humanidad”. Por eso, desde el comienzo se deja claro que “nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos”[6]. Así que se reivindica una iglesia untada de mundo que no se preocupa exclusivamente por el alma, lo cual se desprende de la Doctrina Social de la Iglesia (en adelante DSI), expresión usada por primera vez por Pio XII en 1950, pero cuyos contenidos sociales se remontan a la famosa encíclica Rerum novarun del papa León XIII (de quien el actual Papa toma su nombre), publicada en 1891.

Debe quedar claro que la DSI no es un conjunto de recetas y soluciones para solucionar los problemas de la sociedad, ni la iglesia busca sustituir el papel del Estado o de las instituciones, tampoco “las responsabilidades de la política”. No. Debe entenderse como un “apoyo al discernimiento común”, al esclarecimiento de la realidad a la luz de la verdad del evangelio, para así contribuir a orientar la acción de los humanos.Concretamente lo que busca la encíclica es leer la IA y sus efectos y aplicaciones a la luz de los fundamentos y de los principios de la DSI. Dice León XIV: “Ante estas transformaciones, debemos recurrir a los principios de la DSI”. Estos son: la dignidad de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia. Estos operan como “criterios para juzgar si las tecnologías sirven realmente a la humanidad o terminan por someterla, y considerarlas como orientaciones para nuestras decisiones”[7]. Por ejemplo, esos principios podrían traducirse en una “planificación responsable, evaluación del impacto humano y social, inclusión de los más frágiles, alfabetización digital, investigación e industria orientadas a la justicia y la paz”[8].

Esto implica que León XIV no sostiene una postura tecnofóbica. Al respecto dice: “la tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la Casa común; pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias […] concretamente, no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza”[9]. Por eso, sostiene, la primera elección no es entre un “si o un no” a la tecnología, sino en si la usamos para el bien o para el mal.  Aquí el Papa acude a dos imágenes bíblicas que atravesarán sus reflexiones en toda la encíclica. La primera, es la conocida historia de la Torre de Babel, donde la soberbia humana, sin temor a Dios, crea obras desmesuradas, que luego provocan la falta de entendimiento lingüístico entre los humanos, por eso reina el caos y la incomprensión: “Babel revela así el límite de toda construcción que, por grandiosa que sea, surge de la absolutización de lo humano y de su pretensión de autosuficiencia, sacrifica la dignidad de las personas en aras de la eficiencia y aspira a alcanzar el cielo sin la bendición de Dios”. La otra imagen bíblica es la “reconstrucción de los muros de Jerusalén”. Aquí el nombre de Nehemías cobra protagonismo porque él, siendo un judío al servicio del rey persa Artajerjes, “antes de actuar ayuna, reza e intercede por el pueblo”, “no impone soluciones desde lo alto. Convoca a las familias, confía a cada una un tramo de la muralla para reconstruir, escucha los temores, coordina los esfuerzos […] El relato muestra cómo la ciudad renace no gracias a la iniciativa de una sola persona, sino a través de la responsabilidad compartida de todo el pueblo: sacerdotes, artesanos, jefes de familia, mujeres y jóvenes”[10].  Así que frente a la tecnología y a la IA podemos tomar tanto el camino de la soberbia y la destrucción ejemplificada en la Torre de Babel, como el de Nehemías y la comunión, el trabajo compartido, la reflexión colectiva, y la edificación en comunidad. En suma, el Papa no lo dice así, pero podemos inferir que nos invita a generar entramados comunitarios, democráticos, donde impera el compromiso, la construcción de lo común y la restauración de lo que llamo “la sinapsis vital del mundo”[11].

La IA y sus efectos  

En el texto Antiqua et nova el Papa Francisco sostuvo: “el uso mismo de la palabra inteligencia en referencia a la IA es engañoso y corre el riesgo de descuidar lo más valioso de la persona humana. Desde esta perspectiva la IA no debe verse como una forma artificial de la inteligencia, sino como uno de sus productos”[12]. Esta afirmación del Papa es clave porque marca la perspectiva desde la cual es mirado el problema al interior de la iglesia, aunque no solo dentro de ella. Porque lo que debe quedar claro es que la llamada IA es un producto humano, incluso una herramienta. La IA es producto de la inteligencia natural y por eso mismo no puede ser equiparado con ella, como sostiene Antonio Damasio[13].  Dice al respecto el Papa León XIV: “Estos sistemas imitan ciertas funciones de la inteligencia humana. Al hacerlo, a menudo la superan en velocidad y amplitud de cálculo […] y, sin embargo, esta potencia sigue ligada exclusivamente al tratamiento de datos: las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significan el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad”[14].

La IA no es un sujeto y no puede tener experiencia: ese contacto inicial y afectivo con el mundo y con la complejidad y diversidad de la realidad. Por eso mismo, son incapaces de pensar (pues también pensamos con el cuerpo, las entrañas) y de juzgar moralmente. No tienen juicio moral, si bien no son neutras, pues pueden arrastrar los sesgos racistas, machistas, de clase, etc., contenida en la información o en los datos con los cuales fueron entrenadas o alimentadas, es decir: “también reflejan y refuerzan estereotipos o posiciones ideológicas de quienes [la] han diseñado y programado”.    

En este orden de ideas es importante pensar los efectos de la IA en distintos campos evaluándolos a la luz de los principios de la DSI ya mencionados. Por ejemplo, si miramos los principios del bien común y del destino universal de los bienes (agua, aire, genoma, información, etc.) es claro que “la IA tiende a aumentar sobre todo el poder de quien ya dispone de recursos económicos, competencias y acceso a datos”. El resultado de ello, es que podemos tener “pequeños grupos muy influyentes que pueden orientar informaciones, consumos, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad entre los pueblos”[15]. Este párrafo es central porque inquiere por quién programa, cómo obtiene los datos, la información, cómo la usa, para qué intereses. Sobre todo, permite preguntar por el poder que la IA otorga a quien la posee y la utiliza: hoy es claro que se usa en el mercado para la venta de productos y que nuestros datos son usados para crear perfiles  de consumidor (psicogramas) y perfiles electorales; que los bots y los enjambres digitales crean y movilizan preferencias en las redes sociales, pero no sabemos, o no estamos seguros, como en Colombia, si la IA puede alterar, por ejemplo, los procesos electorales y, anular así, la voluntad popular y democrática de los ciudadanos facilitando ciberfraudes.    

Para el Papa León XIV es claro que la IA opera bajo lo que él llama “el paradigma tecnocrático”, esto es, un paradigma donde el poder de la tecnología permite el control, el gobierno y el dominio, el cual puede ser usado para violar la dignidad de la persona y los derechos humanos. En este paradigma las personas son cosas, materia y datos medibles, manejables, utilizables y aprovechables. El ser humano es parte de un enjambre digital, donde opera y cumple una función. Este trato atenta contra la dignidad de la persona humana como creatura de Dios; igualmente, dado que los servidores de la IA consumen grandes cantidades de recursos, como agua o tierras raras, la explotación indiscriminada de los mismos atenta contra el planeta, contra la casa común y, en ese sentido, contra la obra divina.

Especial atención presta el Papa a los efectos de la IA sobre la verdad, el trabajo y la libertad humana. En el primer caso, como es bien sabido, la IA ha permitido amplificar las Fake News. Esto ha afectado la democracia, los medios de comunicación y la educación misma. En este sentido, la apuesta de León XIV es recuperar el valor de la verdad como bien común, o lo que hemos llamado el valor social de la verdad. Ello exige un periodismo serio, la búsqueda de la verdad en la investigación, y un diálogo público sincero y abierto, argumentado, para fortalecer la democracia. Las instituciones, la escuela y la familia deben hacer una alianza para el uso adecuado de las tecnologías por parte de las infancias y deben establecer límites de edad para su uso. Por otro lado, en el campo del trabajo, debido al desempleo causado por la IA, debe primar la dignidad de la persona y el valor del trabajo sobre la eficiencia, el afán de lucro y el rendimiento de las empresas, por eso “el objetivo de obtener mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente el empleo”[16]. La economía no puede estar por encima de la dignidad humana. Y, por último, especial atención pone el Papa al uso de los datos para tomar decisiones que afecten a las personas y les impida el acceso a los servicios públicos, créditos u otros bienes. En estos casos, el control social atenta contra la libertad positiva de la persona, no la escucha, la deja sin posibilidad de defenderse o refutar, y la condena al ostracismo social soslayando el perdón, la caridad o la compasión evangélicas. El Papa no lo dice, pero parece pensar aquí en el modelo chino del “crédito social” mediante el cual se premia o se castiga al ciudadano.

Finalmente, el Papa se centra en el uso de la IA en la guerra; en las formas de deshumanización e impersonalidad que esta confiere a los actos bélicos, y a la manera como el uso de la IA puede fomentar el odio, la desinformación, movilizar el miedo, que azuzan la guerra y que, incluso, la normalizan. Al automatizar la guerra, la responsabilidad de los agentes se diluye, se vuelve opaca o se oculta. Por eso, en términos generales, León XIV llama a una regulación de la IA, a aplicar el principio de responsabilidad y transparencia entre quienes la desarrollan, quienes las usan, quienes toman las decisiones basándose en sus resultados, y en seguir una cadena de responsabilidad verificable en cada estación del uso de la IA. De esta manera, todo se hace transparente para la ciudadanía. Así mismo, llama a no invisibilizar a todos aquellos que la alimentan y que suelen estar precarizados, ni a desconocer el desgaste material del mundo que la IA provoca y que atenta contra la casa común, el planeta.

El Papa contra la Ilustración oscura.

La IA es, tal vez, el producto más acabado de la revolución digital. Lo es tanto que alimenta narrativas como la de la digitalización de la conciencia; o que, gracias a sus usos y aplicaciones en campos como la biotecnología, pueda lograr la superación de la mortalidad y la finitud humanas. El Papa León se refiere a estos aspectos en la encíclica al hablar del poshumanismo y del transhumanismo. Al respecto dice: “una cosa es integrar las tecnologías en una visión humana y relacional; otra es dejarse guiar por un imaginario que desprecia el límite y promete una salvación puramente técnica”[17]. El mensaje es claro: no se trata de una superación de la persona, de lo humano, porque esa mirada desecha la criatura de Dios y pretende “superarla” en una nueva especie. Para el Papa, se trata más bien de aceptar y reconocer nuestros límites y nuestra vulnerabilidad. Justamente, se trata de “custodiar lo humano”. En este sentido, esta postura rechaza los sueños aceleracionistas y prometeicos de Peter Thiel y su ilustración oscura. Permite pensar en que, antes de migrar hacia otros planetas, como piensa Musk, deberíamos cuidar este y no tratarlo como algo prescindible y desechable.

La encíclica del Papa no renuncia a la necesidad de regular la tecnología y las demás innovaciones humanas. Estas deben estar al servicio de la humanidad y del planeta. Por eso, siguen siendo necesarios el papel del Estado (pero no un estadocentrismo), la democracia, el papel de los poderes públicos y la subordinación de la economía y el capitalismo a la vida. Ello implica luchar por el bien común superando los deseos oligárquicos de los tecnomagnates, y abogar por la construcción y el mantenimiento de un orden internacional y un multilateralismo que mantenga un orden global justo, sin países sometidos a poderes extranjeros. En todos estos aspectos la encíclica se convierte en un antídoto contra los sueños de “la ilustración oscura”. Mas bien, su apuesta es la de Nehemías, la de construir y reconstruir un orden donde podamos vivir juntos. 

[1] Land, Nick. La ilustración oscura y otros ensayos sobre la neorreacción. Materia Oscura Editorial, 2022.  

[2] Pachón, Damián. El pensamiento social del Papa Francisco. Franciscanum 58 (266), p. 317-337, 2016.   

[3] Fernández Liria, Carlos. Contra la ilustración oscura. Marx y Nietzsche frente al transhumanismo aceleracionista. Barcelona, Arpa, 2026, p. 40.  

[4] Ibidem., p. 41.

[5] Ibidem., p. 50.

[6] Francisco citado por León XIV. Magnífica humanitas. (Sobre la custodia de la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial). Contiene Antiqua et nova del Papa Francisco. Bogotá, Desde abajo, 2026, p. 17.

[7] Ibidem, p. 81.

[8] Ibidem, p. 16.

[9] Ibidem., p. 14.

[10] Idem.

[11] Pachón, Damián. La recomunalización y la sinapsis vital del mundo. El ultimo Marx, Mariátegui y los retos del presente. Investigación producto del año sabático. Inédita.

[12] Francisco, Antiqua et nova, en Magnífica humanitas, Op. Cit., p. 119-120.

[13] Damasio, Antonio. Inteligencia natural y la lógica de la consciencia. Bogotá, Planeta, 2026, p. 166-167.

[14] León XIV, Op. Cit., p. 49.

[15] Ibidem, p. 52-53.

[16] Ibidem, p. 68

[17] Ibidem, p. 56.

En los humedales y bosques densos de la cuenca del río San Juan, en Chocó, Colombia, las amenazas no provienen de un único frente. Las comunidades afrodescendientes que habitan el territorio colectivo del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) enfrentan una encrucijada crítica. Acadesan reúne a 72 comunidades distribuidas en los municipios chocoanos de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan, así como en Buenaventura, Valle del Cauca. Es, además, el único consejo comunitario de Colombia que cuenta con un esquema de protección colectiva integral, aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Mientras el fuego cruzado entre grupos armados ilegales y sus ataques con drones y tecnología de punta los obligan a desplazarse de su territorio o a quedar confinados en él, las secuelas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, terminaron de resquebrajar sus condiciones de subsistencia.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el mismo 10 de agosto, presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron a la comunidad San Agustín, en Sipí, en donde permanecieron por tres días restringiendo la movilidad y las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de la población.

Luego, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se extendieron a otras partes del territorio étnico de Acadesan en zonas rurales de Nóvita y Sipí, con un agravante: el uso de drones cargados con explosivos. El 23 de agosto, en un comunicado, la Defensoría denunció que uno de esos artefactos fue detonado en el corregimiento de Charco Hondo, una zona rural del municipio de Sipí, dejando tres civiles heridos (dos hombres y una mujer) y provocando el desplazamiento forzado de decenas de familias.

La entidad mencionó que cerca de 3000 personas (652 familias) están en situación de confinamiento y 90 familias más se desplazaron hacia otros municipios por estos hechos. Según el comunicado, la población civil vive atemorizada no solo por los enfrentamientos entre estos dos grupos ilegales, “sino por la posibilidad de que sus campos y caminos hayan quedado contaminados con artefactos explosivos debido al uso recurrente de drones”.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, su equipo realizó una misión humanitaria el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, en donde evidenciaron daños graves en viviendas y bienes colectivos, ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, así como afectaciones psicológicas importantes en la población.

“Se acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales posteriormente continuaron su desplazamiento hacia otros lugares del país. Con estas acciones no se quiere decir que el corredor humanitario se encuentre plenamente normalizado. Persisten restricciones de movilidad y condiciones de seguridad que dificultan el acceso regular y seguro de la población y de la oferta institucional humanitaria. Por ello, continuamos realizando llamados a las autoridades competentes para garantizar condiciones efectivas de acceso, protección y atención”, señaló Ortiz a Mongabay Latam.

En efecto, Mauricio Parra, asesor de Acadesan, asegura que quienes han logrado huir de la violencia o de la pérdida de sus viviendas en las zonas rurales enfrentan hoy un drama silencioso en los centros urbanos. “En el municipio de Istmina, las familias desplazadas se encuentran alojadas en condiciones de extremo hacinamiento en casas de familiares y amigos”, comenta.

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El terremoto que profundizó la crisis

El escenario para las comunidades afro de Acadesan se ha complicado en las últimas semanas. La sede de la asociación en el municipio de Istmina, que históricamente ha funcionado como albergue temporal para atender las emergencias en el territorio, también resultó gravemente afectada por el terremoto, lo que impide alojar a las víctimas de los grupos armados. Todo esto ocurre mientras el departamento sigue sin terminar el censo de daños del sismo, lo que, según la propia Defensoría, impide dimensionar y atender oportunamente a las víctimas en zonas rurales que permanecen incomunicadas.

Acadesan calcula que más de 200 viviendas del territorio colectivo quedaron totalmente destruidas o inhabitables debido al sismo y a un vendaval posterior el 13 de agosto, aunque esta cifra es un estimado preliminar y es posible que sean muchas más.

Como si esto fuera poco, el proceso de censo y registro de damnificados por los desastres naturales ha enfrentado una serie de desafíos tanto logísticos como de seguridad.

Si bien muchas familias no están en sus casas debido a los enfrentamientos, otras denuncian que no han recibido la visita de los funcionarios públicos de las alcaldías para llenar el formulario de afectaciones a sus viviendas tras el terremoto, dispuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El 4 de septiembre de 2026, Acadesan envió derechos de petición (solicitudes de información oficial) a las alcaldías de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), así como a la UNGRD, para denunciar posibles irregularidades en la recolección de información en terreno.

“Tenemos entendido que los formularios de la UNGRD deben ser completados directamente por funcionarios públicos. Sin embargo, no conocemos ningún caso en donde se haya realizado este procedimiento. Por el contrario, algunas comunidades han manifestado que servidores públicos han enviado o dejado los formularios en las comunidades para que sean las mismas personas afectadas quienes los llenen”, denuncia Felipe Nery Martínez Arboleda, representante legal de Acadesan.

Desde la perspectiva de la organización étnica, esta práctica vicia el procedimiento legal y amenaza con dejar por fuera del registro oficial a cientos de familias que perdieron sus casas o cultivos, lo que posteriormente les impedirá acceder a la ayuda estatal o a programas de reconstrucción.

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Para tratar de encontrar una solución rápida a las familias que no pueden regresar a sus hogares debido a que sus casas quedaron destruidas por el sismo, por el vendaval o por los enfrentamientos armados, Acadesan también solicitó a la UNGRD la construcción de ocho casas comunitarias, una por cada una de las ocho zonas que componen su territorio, que sirvan para resguardarse frente a desastres naturales y para el desarrollo de actividades comunitarias. “Estas casas buscan que las comunidades no tengan que desplazarse necesariamente a las cabeceras municipales, en donde el desplazamiento se vive de manera mucho más brutal”, agrega Martínez.

Aunque Mongabay Latam consultó a la UNGRD para conocer sobre estos hechos, desde su oficina de prensa se limitaron a indicar que no tienen información al respecto.

El modelo de protección colectiva

Lo que hace particular la forma de organización de Acadesan en términos de seguridad es que, desde enero de 2024, cuentan con un esquema de protección colectiva para las 72 comunidades que la conforman. Se trata del primer esquema de este tipo reconocido en Colombia, tras más de cuatro años de insistencia.

Debido al contexto de conflicto armado en la cuenca del río San Juan, la UNP aprobó 50 medidas de protección a cargo de 23 entidades del Gobierno Nacional, un modelo que buscaba superar el enfoque tradicional de protección individual (escoltas, chalecos, celulares) para atender el riesgo de la comunidad como sujeto colectivo.

Esas 50 medidas apuntan a fortalecer el proceso organizativo de las comunidades e incluyen lanchas para misiones humanitarias, infraestructura para evacuaciones rápidas en medio de combates y casas comunitarias que sirvan de refugio. Además, procesos de recuperación de la cultura, el arte y la historia del pueblo negro de la cuenca del Rio San Juan y la financiación de equipos técnicos propios que le den a la organización mayor capacidad de diálogo con el Estado.

El eje central de estas medidas de protección es la estricta neutralidad. Acadesan rechazó cualquier tipo de esquema armado para evitar que sus líderes e integrantes fueran señalados por los actores legales o ilegales que operan en la zona. Bajo este enfoque, creen que la protección no se construye con armas, sino reduciendo las vulnerabilidades históricas de la población.

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Y es justamente este concepto de protección colectiva el que, según Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, muchas comunidades han insistido en recibir, pero el Estado aún no lo contempla. “El analista es quien determina las medidas de protección preconcebidas dentro del Estado, cuando realmente son las personas en los territorios quienes pueden establecer con mayor claridad y rigurosidad qué tipo de acciones se deben desarrollar en términos de prevención, protección y reacción”.

Sin embargo, la pregunta que surge ante los hechos de violencia de agosto de 2026 es evidente: ¿qué tan efectivas han sido esas 50 medidas frente a una escalada de esta magnitud?

Mauricio Parra pone un ejemplo concreto sobre esa brecha: cuando se aprobó la medida de protección colectiva, Acadesan recibió gasolina para el uso de sus lanchas y botes a través de donaciones. Hoy, dos años después, no pueden mover sus medios de transporte, los cuales sirven, precisamente, para evacuar a la población y trasladar ayuda humanitaria en medio de emergencias como la actual.

Aunque el suministro de gasolina está consignado en la medida 42 de una Resolución DGRP del 22 de enero de 2024, el mismo acto administrativo que aprobó la protección colectiva, Parra asegura que no han recibido ni gasolina ni el mantenimiento necesario para las lanchas.

“Un gran porcentaje de las personas que usan vehículos de protección de la UNP son personas de estratos 4, 5, 6 [los más ricos del país] que pueden pagar la gasolina y pueden pagar el mantenimiento de los vehículos. Mientras que las comunidades rurales que se mueven por vía fluvial, en botes, están en un escenario de pobreza o de pobreza extrema, en un escenario de violaciones masivas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero a esas comunidades les toca sacar dinero que no tienen para pagar la gasolina. Ese sigue siendo un problema que debe ser corregido por el Gobierno”, denuncia Parra.

De acuerdo con la resolución citada, el Ministerio de Minas y Energía es la entidad encargada de suministrar “gasolina motor corriente” para 12 lanchas del colectivo y de establecer una mesa técnica que estipula un mecanismo de financiamiento para asegurar la entrega del combustible de manera anual. Sin embargo, en respuesta del 9 de septiembre de 2026 a una solicitud de Acadesan por la emergencia del sismo, el ministerio afirmó que no era posible atribuirle la obligación de suministrar el combustible ni autorizar recursos públicos para ese fin.

Mongabay Latam contactó al Ministerio de Minas y al Ministerio del Interior. Esta última entidad es la responsable de hacer seguimiento a los avances de la implementación de las medidas de protección colectiva y a la respuesta institucional ante el desplazamiento masivo. Hasta el momento de la publicación de este reportaje ninguna de las entidades ha respondido.

Para Astrid Torres, en este tipo de contextos de crisis humanitaria, es esencial una acción que parece simple y obvia: “El Gobierno Nacional debe iniciar una comunicación directa con la comunidad y valorar las medidas necesarias ante la situación de emergencia, no solo del terremoto, sino por el confinamiento y el desplazamiento causado por el conflicto armado. También es indispensable reconstruir de manera inmediata la sede comunitaria que funciona como refugio y reconocer las agendas colectivas y de autoprotección que ya se tienen para enfrentar este tipo de situaciones”. Sin embargo, los voceros de Acadesan aseguran que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha establecido diálogo con ellos.

La otra función de Acadesan

En Acadesan, el  consejo comunitario tiene la responsabilidad de velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a las comunidades afrocolombianas del río San Juan y sus afluentes. También, de adelantar campañas en defensa del ambiente y sus recursos naturales, según establece la organización en su propia carta de principios.

Esta labor cobra especial relevancia porque el territorio colectivo se ubica en pleno Chocó biogeográfico, considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad en el mundo, según la clasificación global de Conservation International (CI) y el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), pero que está sometido a un deterioro acelerado. Muestra de esta presión es que, según cifras de Global Nature Watch, entre 2002 y 2025, el departamento del Chocó perdió 38 000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 29 % de su pérdida total de cobertura arbórea. El 62 % de la pérdida de cobertura vegetal en el departamento correspondió a deforestación permanente, impulsada principalmente por la agricultura permanente (75 000 hectáreas) y los procesos mineros y extractivos (5700 hectáreas), sumados a la infraestructura y asentamientos humanos (450 hectáreas).

Frente a este panorama, gran parte de las medidas de protección colectiva reconocidas a Acadesan en 2024 no solo buscan blindar a la población del conflicto armado, sino también avanzar en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, mejorar la educación, la salud, la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias a través de proyectos productivos y el acceso a energía limpia.

Esta dimensión ambiental añade otra capa de urgencia a la crisis actual: mientras el conflicto armado y el terremoto concentran la atención institucional, el territorio que Acadesan busca proteger sigue expuesto a la presión de actores legales e ilegales que disputan el control de sus recursos naturales y corredores fluviales.

Jazmín González Díaz, secretaria de Acadesan y directiva zonal en el municipio de Litoral del San Juan, señala que, entre las 50 medidas de protección adoptadas, el Ministerio de Ambiente y Codechocó —la autoridad ambiental regional— se comprometieron a implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del territorio colectivo de Acadesan. El objetivo era proteger el territorio frente a la tala, la pesca y la minería ilegales. Sin embargo, asegura que ese compromiso sigue sin cumplirse.

“Estamos profundamente decepcionados y con muy poca esperanza porque no ha habido ningún avance en estos planes, a pesar de que el plan de manejo era un compromiso asumido por el gobierno anterior”, manifiesta González. A la lideresa le preocupa que, tras las afectaciones del reciente terremoto, la crisis obligue a las familias a recurrir a la extracción de recursos para subsistir: “Nos preocupa que muchas familias se vean forzadas a extraer oro de manera irregular, así como a talar madera en los manglares y en las más de 590 000 hectáreas de bosque del territorio de Acadesan, pues aquí la gente vive exclusivamente de lo que produce la tierra”.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente y a Codechocó pero hasta el momento no se han obtenido respuestas.

Acadesan Radio 101.3 FM: una herramienta contra el aislamiento

En medio del confinamiento, la incomunicación y la falta de energía eléctrica que afecta a la mayoría de los poblados rurales de la cuenca del río San Juan, las autoridades de Acadesan le apostaron a una última herramienta de autoprotección: la radiodifusión.

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El pasado miércoles 9 de septiembre de 2026, tras un largo proceso de gestiones y convocatorias ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), salió oficialmente al aire Acadesan Radio (101.3 FM).

A pesar de que el montaje de las torres y transmisores representó un enorme esfuerzo económico para el consejo comunitario, la emisora busca convertirse en el canal central para difundir alertas de emergencia, información comunitaria y resistencia cultural.

“La emisora es muy importante en un territorio en el que la mayoría de las comunidades no tiene energía o no tiene energía estable, y donde la telefonía e internet son muy precarios. Poder tener una emisora en FM, donde la gente simplemente con un radio de 30 000 o 50 000 pesos [entre 10 y 16 dólares] pueda saber qué está pasando en su territorio o recibir noticias de un familiar, tiene que ver con esa posibilidad de resistencia”, dice Mauricio Parra.

Previo al otorgamiento de la licencia, Acadesan recibió apoyos de alrededor de 10 entidades, entre estatales y ONG, para su funcionamiento. “Estas alianzas han permitido contar con un equipo intermitente para la gestión radial, desarrollar procesos de formación, realizar sondeos de audiencia, producir contenidos para redes sociales, sensibilizar a la comunidad sobre el lanzamiento y avanzar en infraestructura, como por ejemplo la donación de la antena, la mesa de mezclas, los micrófonos y otros equipos”, detalla Jonathan Sánchez Sinisterra, coordinador de Comunicación de Acadesan.

Para las 72 comunidades del consejo comunitario, mantener encendidos sus radios representa hoy una de las pocas garantías para informarse, prevenir nuevos impactos de la guerra y evitar que su historia y su cultura se borren en medio de la selva del Pacífico colombiano.

“Dado que se trata de un territorio geográficamente disperso donde muchas comunidades no se conocen entre sí, la radio fortalece las expresiones locales y permite reconocer la vigencia de prácticas compartidas. Por ejemplo, dentro de nuestra programación tenemos un espacio para la tradición oral («la hora del cuento»), concebido para registrar la memoria local y tejer redes de protección comunitaria alrededor de la palabra”, concluye Sánchez.

*Imagen principal: en el extremo sur de Chocó, las comunidades del Litoral del San Juan enfrentan con temor una guerra que ha escalado: los grupos armados que se disputan el territorio ahora utilizan drones cargados con explosivos. Foto: cortesía Acadesan.

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Por primera vez convivimos cotidianamente con sistemas capaces de intervenir en actividades que durante mucho tiempo asociamos casi exclusivamente con capacidades humanas: escribir, argumentar, interpretar, crear, programar, analizar grandes volúmenes de información, proponer soluciones o sostener una conversación. Su presencia empieza a modificar no solamente aquello que hacemos, sino la manera en que lo hacemos y, potencialmente, la forma en que comprendemos nuestras propias capacidades.

Quizás por eso resulta paradójico que hablemos tanto de inteligencia artificial y todavía sepamos relativamente poco sobre el alcance de la transformación que tenemos enfrente. Hemos reducido buena parte de la conversación a los chatbots con los que interactuamos y a una discusión, cada vez menos fértil, sobre si los estudiantes deberían utilizarlos o no. Pero la IA es mucho más que aquello que ocurre cuando alguien abre una ventana de conversación y escribe una pregunta.

Lo que está cambiando es nuestra relación con el conocimiento y con el trabajo intelectual. Y eso sitúa inevitablemente a la universidad en el centro de la discusión. No solamente porque allí enseñamos, aprendemos e investigamos, sino porque es uno de los espacios en los que una sociedad decide qué conocimientos considera valiosos, cómo los produce, cómo los transmite y qué capacidades quiere desarrollar en las nuevas generaciones.

Si un sistema puede escribir, traducir, programar, argumentar, analizar información o intervenir en distintas etapas de una investigación, la pregunta ya no puede limitarse a qué herramientas permitimos utilizar. Tendremos que preguntarnos qué debemos seguir sabiendo por nosotros mismos, qué capacidades humanas queremos preservar y fortalecer, qué tareas podemos delegar y qué decisiones nunca deberíamos entregar por completo a un sistema automatizado.

No somos los únicos haciéndonos esas preguntas. La UNESCO ha situado la agencia humana en el centro de sus marcos recientes sobre inteligencia artificial y educación. La OCDE ha llamado la atención sobre una distinción aparentemente sencilla, pero fundamental: hacer mejor una tarea utilizando IA no significa necesariamente aprender más. La evidencia que comienza a acumularse muestra que las herramientas de propósito general pueden mejorar el resultado inmediato de un estudiante sin producir necesariamente un aprendizaje equivalente.

La tecnología, entonces, no vuelve irrelevante la pedagogía. Por el contrario, obliga a volver sobre algunas de sus preguntas fundamentales: para qué enseñamos, qué vale la pena aprender y cómo sabemos que alguien realmente aprendió. En una época en la que obtener una respuesta es cada vez más sencillo, quizás el verdadero desafío educativo empiece a desplazarse hacia la capacidad de formular buenas preguntas, contrastar información, construir criterio, crear y comprender aquello que no deberíamos delegar.

Ahora, Colombia no parte de cero. El CONPES 4144 estableció en 2025 una Política Nacional de Inteligencia Artificial que contempla, entre otros frentes, gobernanza y ética, infraestructura tecnológica, investigación e innovación, formación de talento, gestión de riesgos y adopción de estos sistemas. Las instituciones de educación superior aparecen allí como actores relevantes para formar capacidades, producir conocimiento, desarrollar soluciones y participar en la construcción del ecosistema nacional de IA.

Ese punto de partida es importante. Pero una política nacional no resuelve por sí sola un fenómeno que está entrando en las universidades a una velocidad considerablemente mayor que aquella con la que cambian sus estructuras, sus capacidades y sus formas de gobierno.

Una investigación reciente de UNESCO IESALC, realizada entre 200 instituciones de educación superior de 19 países de América Latina y el Caribe, permite dimensionar esa distancia. El 87 % reportó utilizar inteligencia artificial en al menos algún ámbito de su actividad. Sin embargo, solo el 26 % contaba con una estrategia formal, apenas el 8 % disponía de un presupuesto específico y únicamente el 9 % tenía mecanismos formales para evaluar su implementación.

La distancia, entonces, es reveladora. Estamos aprendiendo a utilizar inteligencia artificial mucho más rápido de lo que estamos aprendiendo a comprenderla, evaluarla y gobernarla.

Y esa brecha puede convertirse también en una nueva forma de desigualdad entre universidades. No solamente entre quienes usan IA y quienes no, sino entre instituciones capaces de acceder a mejores herramientas, proteger sus datos, evaluar proveedores, formar a sus comunidades, investigar estas tecnologías y desarrollar soluciones propias, y aquellas que simplemente reciben lo que el mercado pone a su alcance. Ese debería ser uno de los grandes debates de la educación superior colombiana.

Una universidad pequeña no debería tener que resolver sola qué soluciones contratar, cómo proteger sus datos, cómo evaluar los riesgos de un proveedor, cómo formar a sus profesores o cómo determinar si una herramienta realmente contribuye al aprendizaje. Tampoco deberíamos asumir como inevitable que las instituciones con mayores recursos accedan a capacidades cada vez más sofisticadas mientras otras dependen de versiones gratuitas, limitadas o diseñadas para contextos muy diferentes de los nuestros.

Colombia podría avanzar hacia una infraestructura compartida que facilite a sus universidades el acceso a herramientas de IA seguras y pertinentes; permita experimentar antes de adoptar soluciones de manera generalizada; comparta capacidades tecnológicas y conocimiento; establezca criterios comunes sobre datos, privacidad y contratación; facilite la evaluación conjunta de sistemas y proveedores; fortalezca las capacidades de docentes, investigadores y equipos administrativos; y estimule el desarrollo de soluciones creadas desde nuestras propias universidades para responder a problemas de nuestra educación superior.

No se trata necesariamente de construir desde cero un gran modelo colombiano que pretenda competir con los desarrollados por las mayores compañías tecnológicas del mundo. Se trata de algo probablemente más importante: contar con capacidad propia para decidir qué tecnologías necesitamos, para qué queremos utilizarlas, bajo qué condiciones debemos hacerlo y qué problemas vale realmente la pena resolver con ellas.

Y para lograrlo tendremos que aprender a mirar mucho más allá del chatbot. La inteligencia artificial puede estar presente sin que necesariamente conversemos con ella. Puede intervenir en sistemas para identificar estudiantes en riesgo de deserción, orientar trayectorias académicas, analizar información institucional, gestionar documentos, apoyar procesos de investigación, distribuir recursos o asistir decisiones administrativas. Mañana aparecerá probablemente en muchos otros espacios que hoy ni siquiera asociamos con ella.

Allí las preguntas serán distintas. No solamente si una herramienta funciona, sino quién responde cuando falla; con qué datos fue desarrollada; qué sesgos puede reproducir; qué información de estudiantes, profesores o investigadores estamos dispuestos a entregarle; quién controla esa información; qué decisiones pueden recibir asistencia algorítmica y cuáles deben permanecer inequívocamente bajo responsabilidad humana.

Ahí aparece quizá uno de los asuntos más importantes de esta discusión. No estamos hablando únicamente de cómo incorporar una tecnología a la universidad. Estamos discutiendo qué universidad queremos construir en una sociedad crecientemente mediada por sistemas artificiales.

Qué significa enseñar cuando acceder a una respuesta deja de ser difícil. Qué significa aprender cuando una parte del esfuerzo intelectual puede delegarse. Qué significa investigar cuando contamos con sistemas capaces de intervenir en tareas que hasta hace muy poco estaban reservadas a personas. Y qué capacidades necesitaremos para conservar autonomía, criterio, creatividad y responsabilidad en ese nuevo entorno.

También tendremos que decidir qué lugar queremos ocupar en él. Porque existe una diferencia enorme entre utilizar tecnologías desarrolladas en otros lugares y construir capacidades para comprenderlas, cuestionarlas, adaptarlas, evaluarlas y crear a partir de ellas.

Las universidades no deberían limitarse a formar buenos usuarios de inteligencia artificial. Pueden y deben ser también espacios desde los cuales se investiguen sus efectos, se formulen preguntas que el mercado probablemente nunca formulará y se desarrollen soluciones capaces de responder a nuestras propias realidades sociales, educativas y territoriales.

La inteligencia artificial seguirá avanzando, independientemente de que nuestros currículos, regulaciones y estructuras administrativas consigan hacerlo al mismo ritmo. La decisión que tenemos delante es otra: si las universidades colombianas serán simplemente usuarias de una transformación concebida en otra parte o si seremos capaces de participar también en su comprensión, orientación y diseño.

Para eso no basta con aprender a utilizar inteligencia artificial. Necesitamos construir colectivamente la capacidad de comprenderla, gobernarla y crear con ella. Y procurar que esa capacidad no sea un privilegio de unas pocas instituciones, sino un activo compartido por el sistema universitario colombiano. Ese es el ecosistema que todavía nos falta.