Robar o no robar libros. Esa es la cuestión. 

Soy miope y, por lo tanto, demasiado torpe como para meterme a ladrón; me moriría de hambre, es seguro. Así que los honrados lo son más por falta de pericia que de ganas, intuyo.

Roberto Bolaño solía provocar con la soltura de quien conoce los pliegues de la necesidad: “Robar libros no es un delito”, sentenció el escritor chileno. Con todo, su biografía es fascinante. En sus años mozos, hurtar tomos de las estanterías era una forma radical de resistencia cultural practicada por jóvenes hambrientos de literatura. Pero lo que ayer era un hábito de alto riesgo y romántica osadía, hoy es un oficio en vía de extinción.

Cristian Vásquez (1978), periodista y escritor argentino, piensa todo lo contrario. “Robar libros sí es robar”, dice en este breve ensayo de Letras Libres. Igual de grave, sugiere el autor, que robar un collar, una consola de videojuegos o una bicicleta. En defensa de los ladrones diré que nadie sabe con la sed (de literatura) que otros viven, y sin embargo a mí que me esculquen porque cada libro que tengo en mi modesta biblioteca lo pagué de contado. Bueno, todos menos Entrevista con la historia, de Oriana Fallaci, (¡tremenda preguntadora ella!); ese me lo prestó mi amiga Juanita cuando decidí independizarme, y prestado se quedó: la periodista italiana fue compañía por la época en que, por berrinche, me ausenté del Hotel mama. Nótese que préstamo y robo son verbos distintos. Si ella lee esto, espero que se haga la loca, como Juana. 

En la época del joven Bolaño, los libros reinaban sin contrapeso. No existía la dictadura del algoritmo ni la tiranía de las pantallas. Hoy, la ecuación se invirtió y el mundo cambió para mal: ya no somos nosotros quienes robamos libros; ahora son las redes sociales las que nos roban a nosotros. Se adueñan con impunidad de nuestra atención, descuartizan nuestra capacidad de concentración y se quedan con lo más valioso que poseemos: el tiempo. Es decir, las redes sociales nos están robando los libros que podríamos haber leído.

Quizás recuperemos el tiempo perdido si un día vamos a prisión, como Gary Gilmore, el protagonista de La canción del verdugo, la novela de Norman Mailer, cuyas 572 páginas devoré con qué hambre, como si fuera preso en mi propia casa.  El asesino pasa el encierro escribiendo cartas de amor y leyendo filosofía (Nietzsche); literatura (Dostoievski); orientalismo y ocultismo, además de textos sobre reencarnación y karma, producto de una personalidad ambivalente en la que se mezclan rasgos intelectuales, sensibilidad artística e impulsos violentos.

Un prisionero colombiano célebre fue Álvaro Mutis. Preso en Ciudad de México entre 1959 y 1960, sus amigos se encargaron de enviarle libros. Y qué lujo de amigos: Octavio Paz, Elena Poniatowska, Carlos Fuentes y Luis Buñuel, entre ellos.

Sobre el autor de Maqroll el gaviero e Ilona llega con la lluvia, la revista Liber dijo lo siguiente: “No obstante, tres años después de su llegada a México, fue detenido por la Interpol, que lo recluyó durante 15 meses en la cárcel de Lecumberri, el centro penitenciario más siniestro de la Ciudad de México. Esta experiencia lo marcó para el resto de su vida. No solamente cambió su visión del dolor y del sufrimiento humano, sino que su vocación de poeta se transformó en la de narrador. El propio Mutis lo cuenta en su libro Diario de Lecumberri”.

El valor sagrado del objeto impreso atraviesa la historia. Basta recordar La ladrona de libros, la novela de Markus Zusak llevada con acierto al cine. En medio del horror de la Alemania nazi, la joven Liesel Meminger descubre en los libros un refugio y una razón para subsistir. Su primer rescate —un manual de sepultureros recogido en la nieve— inicia una cadena de pequeños hurtos literarios que no responden a la codicia, sino a la urgente necesidad humana de aferrarse a la belleza y a la verdad cuando el mundo a su alrededor se derrumba.

​Porque la verdad es que los libros siguen siendo un bien suntuoso, y la tentación de tomarlos sin pedir permiso permanece intacta cuando uno ama la literatura por encima de Dios y todas las cosas.

Hace pocos días fui a recorrer las librerías de segunda mano aquí en el centro de Bogotá. Iba con la ilusión de encontrar la colección de biografías escritas por Stefan Zweig. Una joya absoluta. No leer a Zweig debería ser pecado.

En edición de lujo y recién salida de imprenta, rozaba los $600 mil pesos, mientras que en los escaparates de la Avenida Jiménez rondaba los $185 mil. No los tenía en ese momento en el bolsillo y sigo sin tenerlos, aunque parezca una cifra modesta por semejante tesoro. Varias veces me he parado ahí, al lado de alguna estantería, contemplando aquel monumento libresco: sueño despierto, cual huerfanito, que llega el buen samaritano a decirme: —¿Lo quieres? Te lo regalo. Tómalo.

Eso no pasa ni en los sueños. Porque tampoco uno tiene derecho a soñar lo que quiere o que le gustaría soñar. Salí aburrido y cabizbajo, masticando la frustración. Pensaba por qué no habré nacido con la destreza narrativa de Bolaño para crear buena literatura y, sobre todo, con esa habilidad suya y la de sus amigos para saquear librería sin dejar rastro. Lo que daría por saber cuántos volúmenes logró sustraer y qué títulos descansan en su historial de contrabandista de letras.

​Por ahora, falto de agilidad, pero terco en el empeño, me conformaré con la ficción: voy a escribir el cuento de un hombre que decide convertirse en ladrón de libros para recuperar lo que el mundo moderno le arrebató.

Veamos qué puede salir mal en esta incursión fascinadora, nunca facinerosa.

Mi personaje irrumpe en una casa y queda atolondrado al ver tantas maravillas, entre el piso y el techo, divinamente ordenadas. Cuando se alista para empacar el botín, un hombre de voz recia -no muy alto él, de bigote y cejas pobladas, piel morena clara-, pone su mano sobre su hombro. Orinado, el inexperto ladrón voltea a ver y no lo creerán ustedes, queridos lectores. El dueño de casa resulta ser el mismísimo Gabriel García Márquez. Dirán que ese nombre lo han escuchado en alguna parte; yo también. En el sueño recordé, -porque era yo el protagonista-, aquel día de 2015 en que robaron en Bogotá la primera edición de “Cien años de soledad”. No fui yo, en todo caso. Me habrían atrapado en el acto, como ya dije.

Tendrán que esperar a que concluya el sueño para saber en qué parará la vaina. Quizás, termine yo preso y hasta me convierta en un celebrado escritor como Mutis… porque como Gabo no creo.

La participación ciudadana llegaba entonces hasta la elección de concejales, que debían buscar acuerdos, muchas veces viciados, con alcaldes nombrados por los gobernadores, a su vez escogidos por el presidente de la república. Cada alcalde, de libre nombramiento y remoción, se dedicaba en medio de la incertidumbre de la duración de su mandato a improvisar acciones, y en batalla política desordenada trataba de hacer las cosas lo mejor que pudiera. Los ciudadanos observaban y, cuando más, se dedicaban a la intriga, directamente o a través de agentes políticos, para tramitar sus aspiraciones. 

La elección popular de alcaldes abrió las compuertas de la democracia en ese escenario de la vida cotidiana que es donde cada habitante del territorio se ubica respecto del Estado. Allí donde su voluntad se puede ver reflejada en decisiones concretas que tienen consecuencias inmediatas en materia de obras y servicios. Allí donde se ha de ejercer control directo sobre gobernantes que deben proponer y cumplir proyectos específicos de manejo de los asuntos locales en busca del bienestar de la comunidad. 

Cinco años más tarde, la Constitución de 1991 mantuvo esa conquista democrática y consagró además al municipio como la unidad fundamental de la organización política y territorial del Estado. Como tenemos un territorio enorme y además alojamos una geografía variada como ninguna, portadora de diversidad cultural incomparable, el asunto del manejo territorial ha sido preocupación constante en todas las épocas de nuestra trayectoria, desde antes de la disolución de la Gran Colombia. 

Las variaciones del reparto territorial, que se advierten en los mapas desde la primera fundación del Estado colombiano, reflejan el interés permanente por conciliar la extensión y variedad del territorio con las necesidades de su gobierno. De manera que allí se puede advertir una larga secuencia de altibajos, aciertos y equivocaciones, que demuestra a la vez la importancia de la materia y su condición de tarea inconclusa.  

Los Constituyentes de 1991, al ocuparse de la división institucional del territorio, establecieron cuatro tipos de entidades territoriales que son: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Conocedores de la conveniencia de agrupar algunas de esas entidades para mejorar la planeación, el ordenamiento territorial, la protección del ambiente, el uso de los recursos y la prestación de servicios, abrieron la posibilidad de que, sin necesidad de reforma constitucional, pudiesen existir regiones y provincias. 

La región, como entidad territorial, comprendería los espacios de varios departamentos. La provincia comprendería varios municipios o territorios indígenas al interior de un departamento. En ambos casos, las reglas para la creación y funcionamiento de las nuevas entidades territoriales serían establecidas por la ley. 

Para desatar ese proceso se dedicó un artículo, el 306, a propiciar un paso inicial con la constitución de “regiones administrativas y de planeación” (RAP) con personería, para el desarrollo económico y social del respectivo territorio. No serían todavía entidades territoriales, pero constituirían una instancia previa para llegar a serlo, cuando se expidiese la ley orgánica correspondiente, y luego, en cada caso, la ley de creación de la respectiva región. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial definió las competencias de las RAP, y una ley de 2019, la 1962, vino a establecer las pautas administrativas y financieras que faciliten su transición hacia entidades territoriales. Todo estaría listo para dar ese paso.

En cuanto a las provincias, la Constitución no estableció un precepto equivalente al del Artículo 306, sino que dejó todo el tema a lo que prescribiere la ley. De manera que no se ha expedido una “Ley de Provincias”, equivalente a la de regiones de 2019.

Los avances en esta materia son menores y han tomado un camino diferente. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 1454 de 2011, que tardó veinte años en ser expedida, abordó el tema de las provincias, pero lo incluyó dentro de un concepto amplio, denominado Esquemas de Asociación Territorial, con la idea de promover procesos asociativos entre entidades territoriales mediante alianzas estratégicas en favor de un desarrollo autónomo y sostenible. Dichos esquemas incluirían regiones administrativas y de planificación, regiones de planeación y gestión, asociaciones de departamentos, áreas metropolitanas, asociaciones de distritos especiales, “provincias administrativas y de planificación”, y asociaciones de municipios.

Fue esta la primera mención legal a las provincias, tema al que dedicó un artículo en el que repite la definición constitucional sobre las provincias y señala como objeto de ellas, todavía no entidades territoriales, el de coordinar la prestación de servicios, la ejecución de obras, y proyectos de desarrollo y gestión ambiental. Con la advertencia de que su financiamiento no genera cargos al presupuesto general de la nación, al sistema general de participaciones, ni al Sistema General de Regalías. 

Son numerosos los municipios del país que, al interior de uno u otro departamento, han decidido aprovechar los Esquemas de Asociación Territorial, en algunos casos bajo la denominación de “provincias administrativas y de planeación”. A pesar de todos esos avances, queda pendiente una discusión que aborde la manera en la que se ha de desarrollar la previsión constitucional de que haya provincias que sean de verdad entidades territoriales, objeto de descentralización, esto es de transferencia efectiva de poder político y autonomía fiscal y administrativa. 

Si se quiere fortalecer institucionalmente a la provincia, para que no dependa de la voluntad paternalista o del desprecio de uno u otro gobierno, es necesario producir una “ley de provincias”, que no es otra que ese estatuto básico que ordena el Artículo 321 de la Constitución Política.

El tema, por supuesto, es difícil y dispendioso de abordar. Pero no por ello se debe rehuir el diseño de un modelo adecuado de provincia como entidad territorial integrada por diferentes municipios, con sus complejidades y su riqueza urbano – rural, o territorios indígenas. El modelo ha de servir para dotar de recursos y adecuada dosis de autonomía administrativa y fiscal a pequeñas zonas del territorio que tengan características y necesidades comunes, como las de catastro y ordenamiento territorial.  

Será indispensable que esas nuevas entidades territoriales se integren adecuadamente al conjunto de nuestra organización territorial y que funcionen de manera armónica con municipios y departamentos. Su organización deberá ser sencilla y las exigencias de profesionalismo de sus contados funcionarios tendrán que ser elevadas. Podría haber un consejo provincial integrado por alcaldes ya elegidos y un gerente encargado de coordinar la ejecución de las decisiones que se tomen. El control de sus actividades ha de ser refinado para que no se conviertan en nuevos nidos de burocracia, corrupción y politiquería, sino en gestoras de un desarrollo sostenible, con participación ciudadana. 

En las campañas en busca del poder legislativo o ejecutivo no figuran temas como este, de vital importancia para el desarrollo democrático del país y la profundización de una descentralización del poder que nos libere del modelo clientelista de la vida política. Por lo cual sigue pendiente la deuda de introducir esos temas en la discusión política, y evitar que quede como letra muerta una más de tantas prescripciones constitucionales que, si se desarrollaran adecuadamente, darían como resultado la configuración de un país con una democracia cada vez más consolidada y profunda. 

El avance en el ordenamiento territorial, la coordinación de los procesos de desarrollo y protección ambiental, e inclusive la atención de necesidades como las derivadas de la reconstrucción de regiones enteras del territorio cuando se presentan catástrofes, encontrarían en la provincia, como entidad territorial, el complemento de la fuerza que proviene de la identidad colectiva de municipios vecinos, que ya en otras épocas de la vida nacional fortalecieron sentimientos de pertenencia y comunidad de propósitos de muchas generaciones. 

“Érase una vez un campesino llamado Pahom, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. “Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra -pensaba a menudo- los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra” (…) El criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. ¡Pahom estaba muerto! (…) Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom, y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba”: ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, cuento de León Tolstói, escritor ruso.

¿Alguien sabe cuánto costaron los balones de la marca “Patria Milagro” que el presidente llevó al Chocó tras el terremoto? ¿Sirvieron de algo para solucionar la crisis humanitaria? Son preguntas, el juicio vendrá después. Porque no puede ser que, gobierno tras gobierno, sigan repitiendo el disco rayado de que el país tiene una deuda histórica con el Chocó y nadie les diga que han llegado a pagarla en serio.

El formidable cuento ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, escrito por León Tolstói, nos recuerda que nada nos pertenece: Nada. Ni siquiera el pedazo de tierra donde antes enterraban a la gente, porque ahora vamos sin escalas del crematorio a la eternidad, hechos polvo.

Si Dios existe –de seguro sí para el crédulo presidente de la República-, a lo mejor andaba en otra parte, sin tiempo para escuchar las alabanzas del 7 de agosto, día de su posesión. De poco sirvió invocarlo en boca de un sacerdote católico, un rabino y un pastor evangélico, pues al tercer día sobrevivo lo indecible.

Pero no culpen a Dios por lo que pasó. El periódico El Colombiano abrió con un titular, más literario que periodístico, que en otro tiempo habría sido herejía, eh Ave María purísima: “El día que Dios se olvidó de Pereira!”. Esa costumbre tan criolla de culpar a Chuchito por la incompetencia y la desidia de los gobiernos de turno, en lo municipal, departamental y nacional.

Todavía tengo fresca en la memoria aquella portada desafortunada de la revista Semana con la foto del presidente Iván Duque y un gran titular: “Año de aprendizaje”. Eran los tiempos en que un todopoderoso Álvaro Uribe imponía a dedo al candidato de sus afectos. Desde la elección de Gustavo Petro eso cambió.

No es culpa de un presidente de la República que ocurran terremotos o pandemias. Es culpa sí su improvisación, las malas decisiones o la incompetencia de algún funcionario. El comienzo de este gobierno no ha sido el mejor. Y no lo dice un detractor más, sino un medio serio como The Economist.

Seamos justos: tampoco los ciudadanos estamos preparados para lo impensable, porque creemos que las cosas malas le pasan al vecino. Pero un gobierno no puede darse el lujo de pensar así. Más que los mandamientos de Dios, debe guiarse por el sentido común, la cordura, la ecuanimidad y, principalmente el rigor científico, que las más de las veces riñe con los designios divinos. En pocas palabras, a la jefatura de Estado no se llega aprender, se llega aprendido.

Las imágenes que saturan las redes sociales sobrecogen, nos recuerdan a cada momento que estamos de paso y que la vida se nos puede ir en un suspiro. Que no basta con nuestro espíritu solidario. El país debe tomarse en serio la tarea de pensarse desde la prevención y la previsión. Llorar sobre los muertos es igual que llorar sobre la leche derramada.

¿Por qué será que casi siempre la maldad, incluso la maldad inocente de la naturaleza, descarga su furia casi siempre sobre los más pobres, sobre los más jodidos de la Tierra? Tras el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto, había que ver el dolor del pueblo chocoano, reflejado en los gritos de aquella madre que encontró en la calle, muerto, a uno de sus hijos.  

Pero al gobierno hay que darle tiempo, los 100 días de gracia para que muestre de qué está hecho. Necesitamos un Ejecutivo sismoresistente. Colombia es un país vulnerable a los desastres naturales. Pero rara vez estamos preparados para prevenir las tragedias y solo nos queda actuar sobre la marcha. El Espectador hizo un justo reconocimiento, en medio de las quejas: “Tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos locales han respondido con rapidez, eficiencia y determinación incansables”.

El día de la posesión, en su discurso ante los militares, el presidente se mostró solidario con los ricos; en tono de celebración habló de eliminar el impuesto al patrimonio. Ni se le ocurra Mr. president. La realidad le ha mostrado que ahora es cuando los ricos y los superricos de este país (que son la inmensa minoría), deben ser conscientes de que viven en una nación tercermundista, ahogada en sus desigualdades. Hay pocos con tanto y demasiados con nada, que es necesario insistir en eso de la redistribución de la riqueza, en vez de ofrecer gabelas y seguir blindando privilegios.

Colombia no puede comportarse como aquel limosnero que pide “una ayudita, por favor”. De los ricos no se esperan obras de caridad. Se espera compensación con el país, que ha favorecido su fortuna.

Y, válgame Dios, lo están haciendo, para callarnos la boca a los incrédulos. Los empresarios exhiben hoy su generosidad. Entre todos, juntaron $201 mil millones, mal contados superan los 64 millones de dólares, mucho más que los 25 millones de dólares que de buena gana mandó Donald Trump. Aparte, el grupo Gilinski donó $150 mil millones, el grupo Santo Domingo $100 mil millones y 100 mil millones más el banquero David Vélez. La tragedia está mostrando quién es quién en Colombia. Solo falta saber de cuánto será el aporte del empresario Abelardo de la Espriella.

¿No es este un momento ideal para hablar sobre redistribución de la riqueza?

Abelardo informó que reconstruir valdrá $30 billones. ¿No es este el momento propicio para recordarle al gobierno que cada año la evasión en Colombia ronda los 130 billones de pesos, el equivalente a cinco reformas tributarias? En víspera de elecciones reproduje en este blog la siguiente cita, a propósito de un informe sobre los 18 mil ultrarricos de Colombia:  

“… los más ricos utilizan estrategias sofisticadas para no pagar o pagar menos impuestos: eluden, es decir, encuentran vacíos legales para minimizar su carga tributaria; evaden, ocultando activos de forma deliberada, y se benefician de leyes que les otorgan amplias exenciones y deducciones”: inforne de Oxfam sobre desigualdad, publicado en enero de 2025,

Esperemos, no obstante, que con la noche que ya pasó y la reforma tributaria que viene, las exenciones sean para los empresarios (fue la promesa de campaña, confirmada en el discurso de posesión) y la clavada impositiva para los demás. A eso súmele que, según La Silla Vacía, el Banco Mundial desembolsó 200 millones de dólares para atender el terremoto, deuda que pagaremos los contribuyentes.  Lo haremos con gusto por una causa noble, pero así mismo merecemos saber qué organismos harán la veeduría de los recursos para garantizar transparencia.

El día que nos movieron el piso a todos

Las imágenes de Buenaventura, Cali y zonas del eje cafetero ponen a prueba la cacareada idea del mandatario de gobernar desde las regiones. Debería tener su sede alterna allá, el territorio chocoano, abandonado él sí hasta por Dios, desde el principio de los tiempos. De ese departamento solo nos acordamos en tiempos de tragedia o cuando condenan por corrupción a algún político. Su solo nombre ya parece una cruz: Chocó. Olvidado y vilipendiado. Recuerden al impresentable diputado antioqueño Rodrigo Mesa Cadavid que salió con esta perla: “Invertir en el Chocó es como perfumar un bollo”. Cómo fue que no mandaron a ese señor a vivir un año allá, no como castigo, sino para resocializarlo, porque a las claras ese fue un gesto racista e insensible.

Chocó debería ser en las actuales circunstancias la verdadera capital alterna de Colombia, si es que Mr. president insiste en tal embeleco.  Porque hoy el Chocó le está dando una bofetada de dignidad al país, a juzgar por esta magnífica, pero al tiempo dolorosa, crónica de Alejandro Rodríguez en El Espectador. El reportero cuenta lo que vio en su recorrido por San José del Palmar, epicentro del movimiento telúrico. “Después del terremoto, mientras las grietas siguen abiertas y la ayuda no llega a todos los barrios, los chocoanos vuelven a hacer lo que han hecho siempre: sostenerse entre ellos”.

“Esta semana fue una comisión oficial, revisó las casas por encima y siguió de largo. Nadie en el barrio cree que algo vaya a cambiar después de esa visita. Lo saben, con amargura, que serán ellos mismos quienes reconstruyan”, crónica de El Espectador.

La embestida de un planeta vivo, siempre reacomodándose, le está enseñando al presidente ADLE  que gobernar es más que lanzar besos al aire cual reina de belleza, que le sirve más al país remangado que en sesión de limpieza fácil al lado de su esposa, la primera dama. Es que, señor presidente, hay un momento para todo, y este no es precisamente un momento para banalidades ni veleidades.

En las redes sociales han sido funados (en mis tiempos se decía boleteados), él, su esposa y el ministro Rodrigo Lara. Lara dijo que aquellos que hagan política con las ayudas (“repartija política”, la llamó) se van para el infierno, en tanto que han criticado a la pareja presidencial por creer que caridad y gestión de gobierno son la misma cosa. No hablemos ya del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, que andaba en plan familiar tomando el sol en Santa Marta, mientras sus compañeros tenían las botas puestas por los damnificados.

Un artículo del diario español El País sobre el papel de Ana Lucía Pineda resume el asunto, de manera incluso risible. “Contó que había conseguido un sinnúmero de donaciones, desde servicios funerarios para las víctimas hasta comida de McDonald’s para los rescatistas. El presidente se mostró complacido. “Queridos amigos, como ustedes pueden ver, se ha hecho todo lo que hay que hacer en materia técnica”.

El país requiere un presidente más estadista que showcero y un gabinete más diligente que fervoroso, porque no se pueden delegar en el cielo las cuestiones netamente terrenales.

Hoy por hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debería ser el más importante de todos, por encima incluso del Ministerio de Defensa. Se le debería, por lo tanto, garantizar un presupuesto generoso y exigirle resultados concretos. Ah, pero oh sorpresa, con menos de $2 billones (y una tercera parte de estos dedicado a gastos de funcioamiento), figura en la cola de las asignaciones presupuestales al lado de los ministerios de Cultura, Ciencia, Deporte y Comercio).

El mundo enfrenta un apocalipsis climático, dicho y predicho por los expertos (las pruebas están en nuestras narices); así que los políticos, y en particular los legisladores, no deben minimizar el impacto del cambio climático y los desastres naturales. De hecho, un editorial de El Espectador lo advierte de manera tajante: “Nos parece evidente que la agenda del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella estará marcada por el terremoto y el Fenómeno del Niño”.  

¡La sacamos barata… esta vez!

Dicen los científicos que el choque entre placas tectónicas liberó tanta energía como 126 bombas de Hiroshima (1.9 megatones de TNT), y por fortuna fue muy profundo, a 110 kilómetros de la superficie (la distancia más o menos entre Bogotá y Girardot). Porque de haber ocurrido a 10 kilómetros, como pasó en Venezuela, otro cuento estaríamos contando. Una historia inenarrable.

Según La Silla Vacía, “el terremoto del 10 de agosto encontró a un país donde tres de cada cuatro edificios se levantaron antes de la última norma sismorresistente, donde más de un tercio no tiene ningún refuerzo sismorresistente en su estructura y donde esa cifra cambia de manera brutal según el departamento en que uno esté parado”.

Para colmo de males, apenas el 25% de las edificaciones en Bogotá estarían en condiciones de soportar un terremoto, según denuncia hecha por un concejal. Es decir, el país no puede esperar al próximo desastre sobre lo que parece ya un desastre.  

Pero algo bueno nos ha quedado en medio del sufrimiento ajeno. Al mandatario ya debió quedarle claro que se hizo elegir para gobernar en medio de circunstancias adversas, no parar dar órdenes desde la comodidad de Barranquilla, güsiquicito en mano.

El señor presidente prometió un Plan Marshall para reconstruir al Chocó; que el pueblo se lo demande si sus palabras terminan en cuento chino.   

Quien quiera estar más cerca de Dios, sepa que Bogotá está más cerca del cielo y de las estrellas.

El artículo 322 de la Constitución de 1991 es claro: Bogotá es la Capital de la República y del departamento de Cundinamarca. La ciudad, que se llamó Santa Fe a secas durante casi todo el periodo colonial, acaba de cumplir 488 años y, aunque espero con ansias el 6 de agosto de 2038 para celebrar su quinto centenario —a doce años y tres periodos presidenciales de distancia—, ya le salió competencia.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella —criado en Montería, pero barranquillero por adopción y negocios—, anunció que presentará una reforma constitucional para elevar a Barranquilla a la categoría de capital alterna de Colombia.

La propuesta plantea tres epicentros: el Palacio de la Aduana, el Batallón Paraíso (sede de la Segunda Brigada del Ejército que, según la prensa, “apunta a concentrar la actividad de Gobierno”) y las propias oficinas de su firma de abogados. Leí que dicho batallón cuenta con un búnker subterráneo para la protección presidencial en caso de conflictos internacionales.

En su alocución dominical, casi una prédica, dijo: “Se acabó el olvido. Se acabó la desidia. Se acabó el abandono centralista. En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el soleo de Bolívar y cumplirá una promesa que hizo durante la campaña: gobernar desde las regiones y para las regiones”. 

Por si acaso, se les recuerda que el doctor Abelardo nació en Bogotá. Obviamente, él se reconoce como un costeño de pura cepa. Uno sus detractores, el exministro Manuel Rodríguez Becerra, fue más allá: lo llamó “corroncho millonario” en una extensa diatriba que publicó en la red social X.  

Pero, ¿qué tan delicado es que las decisiones políticas, y no solo las de seguridad, se tomen en una guarnición militar? Que yo sepa, nadie puso el grito en el cielo, por haber dado su primer discurso en presencia de los militares y no de los congresistas y la sociedad civil, quienes asistieron el 7 de agosto a la imposición de la banda presidencial y de pronto lo vieron desaparecer.

Mientras esto escribo, al margen o no de lo anterior, trascendió que el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele está listo para asesorar la construcción de megacárceles en Colombia. Amnistía Internacional denunció que las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano podrían constituir delitos de lesa humanidad. Se habla, por ejemplo, de torturas y muertes bajo custodia en los megapenales.

Volviendo al cuento, no tengo nada contra Barranquilla ni contra los barranquilleros; envidio a cualquiera que viva cerca del mar. Barranquilla me sabe a Gabo, Esthercita Forero, Shakira y Sofía Vergara (no necesariamente en ese orden). Se entiende, además, el justo reclamo costeño contra la visión cachaca e hipercentralista, desconectada de las realidades territoriales.

Gabriel García Márquez lo resumió muy bien en El olor de la guayaba: “La síntesis humana y los contrastes que hay en el Caribe no se ven en otro lugar del mundo (…) El Caribe es la única región donde yo no me siento extranjero”.

Siempre he pensado que el Caribe, al ser una región tan distinta al centro andino, bien pudo haberse anexionado a Panamá para constituir un país propio, más afín a Cuba y el resto de la región antillana, y más cerca de los United States. Nadie lo habría echado de menos, así como nadie echa de menos a Panamá, cuya venta (1903), más de un siglo después constituye una pérdida irreparable, una vergüenza y un mal negocio; ya es muy tarde para ponernos sentimentales.

Buena parte de los problemas irresueltos de Colombia obedecen a la inmensidad de un territorio atomizado en 32 departamentos; tal vez lo que necesitamos es volver a los estados soberanos de la época de los Estados Unidos de Colombia (aunque nos doliere perder el orgullo de compartir patria con Gabo o Shakira).

Pero Bogotá es Bogotá y debe seguir siendo la única capital. Hay que defenderla como sede real y emblemática del poder central. Permitir este antecedente abre la puerta para que futuros presidentes caigan en embelecos similares solo para congraciarse con sus regiones y élites locales. Además, si es por mérito, en ese caso le correspondería a Medellín o Cali ser capitales alternas, pues son en ese orden las que más aportan al PIB después de Bogotá.

Pero nadie se haga ilusiones. Ya el exmagistrado Alfredo Beltrán, constitucionalista él, se pronunció en contra de la idea: “Cambiar la capital de Colombia no se puede por voluntad del presidente”.

¿Un gerente para Bogotá?

La gente lee las noticias, pero no nota lo que está ocurriendo: poco a poco, el nuevo gobierno desmantela la posición privilegiada que la Atenas Suramericana ha ostentado durante casi medio milenio. De la Espriella ya anunció que convertirá la Casa de Nariño en un museo y mandó a construir su propia residencia presidencial en la Puerta de Oro. ¿Puede o podía tomar semejantes decisiones de manera unilateral?

Mientras tanto, la sede formal de gobierno pasaría a la Cancillería, en el tradicional Palacio de San Carlos —lugar donde el general Simón Bolívar escapó de la muerte en la Noche Septembrina—. No puedo evitar pensar que el nuevo presidente, más empresario que político, no está viendo en estos edificios gubernamentales sino posibles franquicias.

Convertir la Casa de Nariño en museo y abrirla al público es una idea fabulosa para reconocerle al precursor Antonio Nariño su peso real en la historia, como si eso importara en un país desentendido de su pasado. Sin embargo, este gesto no puede usarse para eclipsar un edificio emblemático ni despojarlo de su importancia para otorgársela a una nueva residencia presidencial en el Caribe (a la que ya apodan “Casa Blanca” en redes sociales, a modo de burla). Como dato curioso, cabe recordar que un caprichoso Donald Trump remodeló la Casa Blanca original: hizo demoler el Ala Este, pavimentar la Rosaleda y añadir decoración dorada.

No veo a muchos bogotanos defendiendo la dignidad de su ciudad; veo, en cambio, a bastantes aplaudiendo un supuesto espíritu “descentralizador”. Se equivocan: trastear no es descentralizar. Exijamos que concejales y representantes a la Cámara por Bogotá se pronuncien con prontitud.

Cambiar la ubicación geográfica del gobernante no es descentralizar. Es un retoque cosmético, un simple trasteo y, por qué no, la prueba de que De la Espriella no gusta de Bogotá, a pesar de haberse formado aquí como abogado. La bronca rayó en tal extremo que no invitó a la ceremonia de posesión a dos expresidentes de la República: Juan Manuel Santos (además Nobel de Paz) y Ernesto Samper. Pero si quería fastidiar al establishment cachaco, resultó poco inteligente al tomar juramento en una universidad caleña.

Poco a poco obligará a los funcionarios a desplazarse hacia donde él esté. No quiero pensar que estos sean los indicios para refundar la patria —expresión harto problemática en nuestra historia reciente—, pero por ahora lo cierto es que se apresta a instaurar lo que denomina la “Patria Milagro”, cuyo arranque, recordemos, incluyó un retiro espiritual en Curramba entre alabanzas, lecturas bíblicas y golpecitos de pecho. Con razón, un amigo me preguntó: ¿Sera que el presidente vino a gobernar o a evangelizar?

A esto se suma su anuncio de nombrar un “gerente especial para Bogotá”. ¿Estará esta figura por encima del alcalde de turno o es una estrategia calculada de cara a las elecciones de 2028; es decir, una declaración de guerra anticipada contra el petrismo y el uribismo, ahora que cuenta con partido propio (Defensores de la Patria)? Complacido, el alcalde Carlos Fernando Galán ni chistó. ¿Le gusta acaso la idea de que le nombren “virrey” al segundo cargo más importante de la nación? Recuerden que antes de la Constitución del 91 los alcaldes los escogía a gusto el presidente de turno. ¿Será que es momento de evaluar y reformar una elección popular que le corresponde al pueblo, sí, pero sobre la cual no se ejerce ningún control político real ni incidente?

Ha llegado la hora de que los bogotanos y los bogotanólogos dejen la indiferencia y se pronuncien. ¡Pintados en el mapa no estamos!

Lo más sorprendente de este asunto es que se escandalizan cuando el problema toca al sector político opuesto al suyo, pero lo niegan o se hacen los de la vista gorda cuando los afecta a ellos.

De ser cierto que, bajo la presión de las armas, se obligó a votar en las elecciones presidenciales de 2026 por el candidato Iván Cepeda en zonas donde el conflicto armado hace de las suyas día y noche, no sería la primera vez que ocurre en nuestro país, ni sería un hecho inédito. No se entiende por qué hasta ahora la militancia del Centro Democrático y otros sectores políticos de derecha se muestran sorprendidos.

¿Acaso se les olvidó que el fenómeno de la parapolítica, que tanto negaron y que todavía hoy se resisten a reconocer porque afectó judicialmente a muchos de sus amigos y aliados, se dio precisamente con la intermediación del fusil?

¿Por qué no hacen la misma pregunta y le piden a la Fiscalía que investigue si los actuales mandatarios locales y concejales de esos municipios llegaron al cargo por acción y efecto del voto fusil? ¿O se les olvidó que las alcaldías y los concejos de esos municipios también se obtienen en las urnas? Más aún, si alguno de sus candidatos obtuvo votación, sin importar si ganó o perdió, ¿también la consiguió mediante el voto fusil?

La parapolítica fue un fenómeno que se presentó porque candidatos a cargos de elección popular pactaron directamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que no solo se les permitiera hacer proselitismo en las zonas bajo control paramilitar, sino también para que obligaran a la población a votar por ellos.

Conozco a Iván Cepeda y sé muy bien que sería incapaz de pactar con grupos ilegales a cambio de votos a su favor, como sí lo hicieron muchos políticos cercanos a Álvaro Uribe Vélez, entre ellos su primo Mario Uribe, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con Salvatore Mancuso.

Y, a propósito de Mancuso, hay que recordar que en diferentes ocasiones este exlíder paramilitar ha afirmado que, en el año 2002, las autodefensas apoyaron las aspiraciones de Álvaro Uribe Vélez de llegar a la Presidencia de la República. La respuesta del uribismo ha sido que a un criminal no se le puede ni se le debe creer. Es decir, para el uribismo hay criminales buenos, en quienes sí se puede confiar, y criminales malos, en quienes no.

Que un actor ilegal influya, en los territorios donde ejerce control, en favor de la candidatura que más le conviene no constituye ninguna novedad. Lo hicieron las AUC y también lo han hecho y lo hacen otros grupos armados. Precisamente por eso es tan importante acabar con la ilegalidad en todos los territorios del país, para que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho al voto.

Sin embargo, una cosa es que un político haga acuerdos con actores ilegales para favorecerse electoralmente y otra muy distinta es que un grupo armado actúe por cuenta propia en favor de determinado candidato, sin que este tenga participación alguna en esa decisión.

Tratar de enlodar el nombre de Iván Cepeda con el mismo lodo que ha ensuciado a algunos sectores políticos en Colombia constituye una estrategia profundamente mezquina y baja, que debería ser castigada por los ciudadanos en las urnas.

-Mayo del 68-

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como comedia”.

Bat: Esa cita de Marx nunca ha sido más pertinente. Colombia vivió la tragedia del autoritarismo, del fraude y de la violencia política. Ahora, ese peligro regresa con un nuevo disfraz, más estridente y quizás más peligroso por su respaldo internacional y su discurso de exterminio.

Pero, ¿estamos condenados a repetir la tragedia?

No, si aprendemos de quienes ya derrotaron a un monstruo similar convirtiendo la lucha en una comedia.

En la Serbia de los años 90, Slobodan Milošević parecía invencible. Controlaba el ejército, la policía, la televisión y tenía paramilitares sedientos de sangre. Un grupo de estudiantes sin armas, llamado Otpor! (“Resistencia!), lo derribó en el año 2000. Su secreto no fue el martirio en las calles, sino un cambio radical de estrategia: si el tirano se alimenta del miedo y de la confrontación violenta, ellos le darían risa, creatividad y acciones imposibles de reprimir.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Hoy, mientras hay voces autoritarias que anuncian “brigadas urbanas” y se amenaza de muerte a periodistas y concejales en plena luz del día, la receta de la gran movilización puede ser una trampa mortal. La experiencia del 2021, con sus muertos, desaparecidos y violaciones, nos obliga a pensar diferente. ¿Qué podemos hacer? La respuesta la tiene un manual que convirtió la resistencia en una fiesta de la inteligencia.

Otpor!, Popovic y la revolución de la risa

Bat: Srdja Popovic es un activista político serbio, nacido en 1973. Fue uno de los líderes del movimiento estudiantil Otpor! (“Resistencia”), que jugó un papel clave en la caída no violenta de Slobodan Milošević en el año 2000. Tras esa experiencia, cofundó el CANVAS (Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies), una organización que entrena a activistas de todo el mundo en tácticas de resistencia civil pacífica. Su libro más conocido es “Blueprint for Revolution” (en español “Cómo hacer la revolución: Instrucciones para cambiar el mundo”), donde condensa, con mucho humor e ironía, sus lecciones aprendidas.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Popovic propuso una serie de principios de la revolución pacífica. Más que una lista rígida, son ideas-fuerza que él repite y enseña. Entre las más emblemáticas están:

1. El humor y la ridiculización como armas principales
   El miedo es el pilar de un régimen autoritario. La mejor manera de romperlo no es con violencia, sino con la burla inteligente y el humor. Popovic dijo: “Si consigues que la gente se ría del dictador, el dictador está acabado”.
2. Convierte la opresión en un bumerán (efecto “backfire”)
   Toda acción represiva del régimen debe volverse en su contra. En Serbia, un grupo de manifestantes se disfrazaron de hamburguesas y fue muy gracioso ver a la policía perseguirlos.
3. Marca, marketing y comunicación simple
   Un movimiento de resistencia necesita una identidad de marca muy clara: una consigna muy corta (fácil de escribir o pintar en cualquier parte, en pocos segundos) un nombre también corto, un logo reconocible, colores y un mensaje positivo y unificador (no solo “abajo el dictador”). Otpor! usó el puño negro sobre fondo naranja y un tono desenfadado, casi de fiesta, para atraer a los jóvenes apolíticos.
4. La no violencia es extremadamente disciplinada, no pasiva
   La resistencia pacífica requiere una disciplina férrea. Si un solo manifestante lanza una piedra, el movimiento pierde la superioridad moral y el régimen puede justificar la represión violenta. Una de sus reglas de oro: “Un manifestante que lanza una piedra es un agente del régimen”.
5. No hace falta unidad total, sino una gran carpa (“big tent”)
   No necesitas que todos piensen igual; basta con que coincidan en un objetivo muy concreto y limitado. Los ecologistas, los conservadores moderados, los estudiantes… todos pueden caber bajo un mismo paraguas si se dejan de lado las diferencias ideológicas y se enfocan en un fin común y alcanzable.
6. Planificación, planificación, planificación (y juego)
   Una revolución no se improvisa. Se estudian los “pilares de apoyo” del poder (a quién obedecen la policía, el ejército, los medios…), y se diseña una estrategia a largo plazo. Pero al mismo tiempo, la participación tiene que ser divertida y gratificante; por eso se integran elementos de juego, conciertos y actos creativos (lo que Popovic llama laughtivism, activismo de la risa).
7. Hazlo tú mismo, sin líder mesiánico
   Los movimientos no violentos exitosos suelen ser horizontales y difíciles de descabezar. El poder ya no reside en un líder, sino en un símbolo y en miles de pequeñas acciones cotidianas.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

El arsenal táctico de Otpor!

Bat: Lo más interesante no son los principios, sino la forma como Otpor! los aplicó. Enseguida, una lista provocativa de sus tácticas.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Ridiculizar al tirano (El humor como arma)

• El puño cerrado. A primera vista era un símbolo de poder, pero su diseño era una parodia descarada. En la iconografía comunista, el puño suele ser musculoso y masculino. El de Otpor! era un puño flácido, desgarbado y estilizado, que parecía más un dibujo de un adolescente que un símbolo de fuerza. Era imposible prohibirlo sin que la prohibición resultara ridícula.

• El color naranja y el grafiti. Eligieron un color que no tenía connotaciones políticas previas. El eslogan más famoso era un simple “¡Él está acabado!” (Gotov je!). Lo pintaban con plantillas por todas partes. La policía borraba “Gotov je!” y ellos volvían a pintarlo, en un juego del gato y el ratón que desgastaba al régimen y los hacía parecer imparables. En una ocasión, pintaron la frase en un tramo enorme de autopista; para borrarla, tuvieron que cortar el tráfico, creando un caos que hizo que aún más gente viera el mensaje.

• El barril de la risa. Colocaron un barril de cartón con la cara de Milošević en calles concurridas y animaban a la gente a darle un golpe con un bate de béisbol. La policía no sabía qué hacer. Si arrestaban a un estudiante por golpear un cartón, quedaban como unos abusones ridículos. Si no lo hacían, la imagen del dictador “todopoderoso” era literalmente apaleada a plena luz del día sin consecuencias.

• Fiestas de cumpleaños falsas. Cuando el régimen prohibió las reuniones políticas, Otpor! organizó “fiestas de cumpleaños” para un tal “Slobodan” en las plazas, con gorros y confeti. Al reprimir una fiesta infantil (en apariencia), los policías se veían estúpidos y los “apolíticos” llegaban a indignarse.

• El ridículo. Muchas de esas acciones implicaban hacer quedar a la policía como un grandulón torpe y violento persiguiendo a estudiantes con narices de payaso. Un ejemplo clásico: un activista disfrazado de barril de petróleo (en plena crisis de combustible) caminaba lentamente por una calle peatonal mientras la policía lo perseguía al trote. La imagen era ridícula y la gente se reía abiertamente de la autoridad.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Desorientar y desgastar (La táctica del “Enjambre”)

La policía de Milošević estaba entrenada para la represión a gran escala: grandes manifestaciones con un punto de encuentro fijo, un recorrido predecible y líderes visibles a quienes detener. Otpor! dinamitó ese esquema.

• Múltiples acciones pequeñas y simultáneas. En lugar de una gran marcha convocada para las 4 p. m. en la plaza principal (que la policía podía rodear con 1.000 agentes), organizaban 20, 30 o 50 acciones diminutas, al mismo tiempo, en puntos opuestos de la ciudad. Un grupo de 15 personas hacía una sentada en un tranvía; otros 20 repartían pegatinas en un mercado a 5 kilómetros de allí; otros 10 desplegaban una pancarta ridícula desde un puente peatonal.

Resultado: La policía, acostumbrada a mover grandes contingentes en bloque, se volvía loca. No tenían suficiente personal ni logística para estar en todas partes. Cuando llegaban a un sitio, los activistas ya se habían dispersado mezclándose entre la gente, y les llegaba el aviso de otra acción en el extremo opuesto. Se pasaban el día corriendo sin llegar nunca a tiempo.

• La regla de los 15 Minutos y la dispersión. Las acciones no solo eran pequeñas, sino ultracortas y con un plan de escape predefinido. Un mitin no duraba una hora, sino 15 minutos. Cantaban una canción satírica, repartían panfletos, hacían una foto y se iban. Para cuando la policía era alertada y se presentaba, ya no había nada que reprimir. Solo quedaban los transeúntes riéndose.

• La dispersión como victoria. El objetivo no era enfrentarse, sino desaparecer. El entrenamiento incluía tres rutas de huida distintas y un punto de encuentro secundario donde se reagrupaban para evaluar los daños y celebrar. El mensaje para el régimen era desesperante: “No puedes arrestar lo que no puedes atrapar”.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Estructura y preparación (La columna vertebral invisible)

• Células de 3 a 5 personas. La estructura era horizontal. Grupos muy pequeños son fáciles de organizar, democráticos y perfectos para acciones “pequeñas”.  Así no hay líderes a quienes “descabezar”,

• Planificación milimétrica basada en inteligencia. Sus activistas mapeaban los tiempos de respuesta de la policía en cada barrio. Cronometraban cuánto tardaba una patrulla en llegar desde la comisaría más cercana. Sabían cuándo había cambio de turno, cuándo estaban más cansados y qué rutas de escape estaban menos vigiladas.

• Comunicación descentralizada. En una era pre-smartphone: usaban una red de mensajeros en bicicleta, silbatos y teléfonos fijos para coordinar las acciones en tiempo real. Un aviso de “policía en camino” se transmitía más rápido que la propia policía.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Hacerse intocable (Tácticas de protección por identidad)

• El Ruido como escudo (La Protesta de las Cacerolas). Todas las noches a una hora fijada, la gente salía a sus balcones o ventanas y hacía sonar cacerolas, ollas, silbatos y tapaderas durante 10 minutos. Era un estruendo ensordecedor y anónimo. La policía no puede detener a una ciudad entera. No pueden ir casa por casa. Tampoco hay un líder al que arrestar. No hay una masa en la calle. Solo hay un rugido metálico que recuerda al régimen que no controla ni el aire que respiran.

• El Poder de las abuelas y los niños. Cuando la represión era más probable, organizaban acciones con personas “intocables”. Un día, una fila de ancianas con flores bloqueaba una comisaría. Otro, los niños le regalaban dibujos a los soldados. La trampa: Golpear a una abuela que ofrece una flor es un suicidio político. La imagen le da la vuelta al mundo y desmoraliza incluso a las fuerzas de seguridad. Obligaba al régimen a contenerse o a pagar un precio altísimo.

• Conciertos y fiestas callejeras. En lugar de una marcha, montaban un concierto improvisado o un baile en una plaza pública. La trampa: ¿Cómo disuelves una fiesta? La policía está entrenada para enfrentar disturbios, no para detener a 500 personas bailando. Cargar contra un concierto era declararle la guerra a la juventud y al simple deseo de divertirse. Muchos jóvenes no politizados se unían por la música y acababan participando en el movimiento.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Convertir la protesta en algo irreprimible (Tácticas de “Objetivo imposible”)

• La Manifestación Invisible (o “Desfile de Risa”). Convocaban una protesta en la plaza principal. La gente llegaba, se dispersaba entre las mesas de los cafés y los escaparates… y no hacía nada. Nadie gritaba, nadie llevaba pancartas. La plaza estaba llena de gente que simplemente miraba escaparates o tomaba café. La trampa: La policía antidisturbios equipada con escudos y bolillos llegaba preparada para una batalla y se encontraba con un centro comercial un sábado por la tarde. Si cargaban contra ciudadanos que estaban de compras, quedaban como unos dementes. La protesta era la presencia masiva e inatacable.

• El apagón colectivo. En una fecha y hora exactas, se pedía a toda la población que apagara las luces de sus casas durante 5 minutos. La ciudad se sumía en una oscuridad simbólica. La trampa: No hay nada que reprimir. No hay gente en la calle. Pero el mensaje de unidad es potentísimo. El dictador ve desde su palacio cómo se apaga “su” ciudad y no puede hacer absolutamente nada para encenderla.

• La huelga de los pendientes. Acciones mínimas de desobediencia cotidiana masiva. Por ejemplo, un día nadie pagaba el billete del autobús. El conductor tenía órdenes de no moverse. El tráfico colapsaba. La trampa: ¿A quién arrestas? ¿A un oficinista que no pagó un billete? Las comisarías se habrían colapsado. El sistema se atasca por el simple peso de la no cooperación individual.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Golpear y desaparecer (Tácticas de acción efímera)

• Pintas con plantilla y tiza líquida (la de los baches). No usaban pintura permanente en aerosol, sino plantillas y una mezcla de agua y tiza líquida. Rociaban el puño o el eslogan “Gotov je!” en segundos y se iban. La trampa: La marca duraba hasta que llovía o la limpiaban con agua a presión. No podían acusarlos de “destrucción de propiedad privada” grave. Pero la imagen quedaba para la foto. Una de sus mejores acciones fue rodear con tiza blanca los innumerables baches de Belgrado, como se hace con un cadáver en una escena del crimen. Al lado escribían: “Aquí yace otro muerto del gobierno”. Era imposible detener a alguien por dibujar con tiza en el suelo.

• Proyecciones nocturnas (El fantasma de la verdad). Usaban un proyector portátil con batería para lanzar, durante 30 segundos, una imagen enorme sobre la fachada del parlamento o de la televisión estatal: la cara de Milošević con los cuernos del diablo, el porcentaje real de inflación o el eslogan “Gotov je!”. La trampa: Cuando la policía veía la imagen, los activistas ya habían recogido el proyector y se habían perdido en la noche. Era un acto imposible de rastrear y que dejaba a la policía de la dictadura cazando fantasmas.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

Bat: Desmoralizar al adversario (Guerra psicológica a las fuerzas de seguridad)

• Agotamiento y desmoralización. Estando en alerta constante y sin saber nunca dónde iba a ser el siguiente “ataque de risa”, los agentes acababan física y mentalmente exhaustos. Mientras los activistas se divertían, la policía se frustraba. Un agente agotado y humillado es más propenso a cometer un error, a pasarse de brusco con un civil inocente y, por tanto, a generar el efecto backfire (bumerán) que buscaba Otpor!

• El Contraataque al espía (Técnica del “Vuelve a casa”). Srdja Popovic cuenta que, a veces, los activistas identificaban a un policía de paisano infiltrado. No lo agredían ni lo denunciaban. Lo rodeaban, le daban un paquete de regalo y lo acompañaban en grupo hasta su casa o su coche patrulla, dándole las gracias por “apoyar al movimiento”. El resultado: El agente quedaba neutralizado.

Man: ¡Firmes por la patria!!!

El miedo cambia de bando

Bat: La historia se repite, pero no estamos obligados a ser víctimas de la segunda parte. La gran lección de Otpor! es que el miedo es una decisión colectiva. Ellos decidieron no tener miedo y, además, pasárselo bien en el proceso. Entendieron que su mayor victoria no era derrocar al tirano, sino curar a la gente del miedo que el tirano les había inoculado.

Colombia es un país de una creatividad desbordante, de un humor que sobrevive a todas las tragedias. Es hora de usar ese superpoder. Mientras el miedo paraliza, la risa moviliza. Que su fortaleza sea su debilidad. Que su violencia se les pudra en las manos. No les demos la batalla campal que quieren; regalémosles una fiesta de carcajadas.

Porque, como dijo un joven de Otpor!, “si consigues que la gente se ría del dictador, el dictador está acabado”. Atendamos al tigre sin morir en el intento. Atendámoslo con inteligencia.

Por Sergio E. Mosquera-Córdoba[1] (@SEMCordoba)

Hay momentos en que la neutralidad deja de ser prudencia para volverse una forma elegante de evasión. Esta segunda vuelta es uno de ellos. No lo digo porque cada votante de Abelardo de la Espriella sea fascista —no lo es—, ni porque la palabra deba esgrimirse como insulto contra cualquier derecha; esa ligereza ha empobrecido durante años nuestro debate público y conviene resistirla. Pero resistirla obliga, antes que nada, a devolverle al término su precisión. Fascismo no es alzar la voz, ni ser conservador, ni defender el orden, ni pedir mano dura. Fascismo es algo más específico y más grave: convertir la política en una guerra moral entre patriotas y enemigos, negarle legitimidad a quien piensa distinto, prometer la salvación de la patria por la vía de la fuerza, la purga y la obediencia, y señalar a una porción de la ciudadanía como un cuerpo extraño que hay que derrotar, expulsar o neutralizar para que la nación recupere una pureza que nunca tuvo.

Eso —con acento colombiano, con sus propios matices— es lo que esta vez está sobre la mesa.

Lo que encarna De la Espriella no es la derecha liberal, democrática y constitucional que compite dentro de las reglas del pluralismo y acepta perder. Es una derecha de cruzada. Habla de rescatar la patria, de derrotar “para siempre” al comunismo, de que la neutralidad equivale a complicidad, de defender la democracia —si hace falta— por la fuerza. No se limita a discrepar de Iván Cepeda: lo erige en encarnación del mal político. A la izquierda no la contradice; la nombra como amenaza criminal. Al centro no lo persuade; lo somete a un chantaje moral. Y no ofrece, en rigor, una alternancia, sino algo más ambicioso y más inquietante: una limpieza simbólica del país.

Ahí está el problema, y es un problema de gramática democrática antes que de programa. En una democracia constitucional el rival no es un enemigo interno: es un adversario legítimo. Se le critica, se le fiscaliza, se le investiga, se le derrota en las urnas y se le reemplaza. Lo que no puede hacerse —sin que algo esencial empiece a fracturarse— es convertirlo en plaga, en cáncer, en tiranía o en peligro existencial. Porque el día en que el lenguaje político deja de ver ciudadanos y empieza a fabricar enemigos, la violencia abandona el lugar de la anomalía y se instala en el de la consecuencia previsible.

Colombia no puede darse el lujo de fingir que ignora a dónde lleva ese camino, porque ya lo recorrió. Entre los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica fue exterminada: militantes de base, dirigentes, alcaldes, concejales, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados de manera sistemática, año tras año. No fue una desgraciada acumulación de homicidios sueltos, sino una operación de eliminación política sostenida en el tiempo, incubada en la estigmatización y en una premisa que circuló mucho antes que las balas: que una fuerza de izquierda no era una opción legítima dentro de la democracia, sino una infiltración que había que extirpar. La deshumanización precedió al crimen, y la autorización moral precedió a ambos. El plomo llegó de último.

Por eso la comparación no es un recurso retórico. Es una advertencia que la propia historia nacional ya pagó con sangre.

No estamos en los años ochenta, desde luego. El andamiaje institucional es otro, el sistema de partidos cambió y las formas de la violencia se transformaron. Pero la matriz discursiva resulta inquietantemente familiar: un caudillo que se ofrece como salvador, un adversario reducido a tiranía o a “comunismo criminal”, una invocación constante de la fuerza, una promesa de restauración moral y una ciudadanía partida en dos entre patriotas auténticos y cómplices de la ruina. Ese repertorio tiene nombre, y no es el de la simple “polarización”, ni el del “estilo recio”, ni el de la “campaña dura”. Es una versión contemporánea —de saco y corbata, de urna de cristal y camiseta de la selección— del fascismo político.

La inquietud crece cuando uno se asoma al universo intelectual del propio candidato. Muerte al Tirano no es una rareza de anaquel ni una boutade. Es una pieza que deja ver una manera de razonar el poder: bajo ciertas condiciones, dar muerte al tirano no sería un crimen, sino un acto patriótico. Sus defensores responderán que se trata de una reflexión histórica y jurídica sobre el tiranicidio, no de un manual operativo, y la distinción es pertinente; no la descarto. Pero junto a ella hay otra pregunta, estrictamente política, que no se puede esquivar: ¿qué significa que alguien que ha defendido esa tesis, que llama tirano a su contendor y que promete defender la democracia por la fuerza, aspire a controlar el aparato coercitivo del Estado?

No es la pregunta de un exaltado, sino una cuestión constitucional de primer año. El monopolio de la fuerza, en una democracia, no se le entrega a quien habla de la fuerza como si fuera un destino moral. Se entrega amarrado a límites, controles, garantías y reconocimiento del otro. La Presidencia no es una oficina administrativa: es la jefatura del Gobierno, el mando de la fuerza pública, la conducción de la política exterior y la custodia de buena parte del relato simbólico de la nación. En manos de un proyecto que parte al país en patriotas y enemigos, ese poder deja de ser una herramienta de gobierno para volverse un riesgo.

La primera vuelta, por lo demás, dejó un dato que debería bastar para enfriar cualquier fantasía de exclusión: Cepeda obtuvo cerca del 40,9 % de los votos, casi diez millones de personas. No son una célula clandestina, ni una metástasis que extirpar, ni el “comunismo criminal” del eslogan. Son ciudadanos, son pueblo, son Colombia. Cuando De la Espriella promete derrotar “para siempre” lo que Cepeda representa, no habla apenas de un rival de campaña: habla —por más que después intente suavizarlo— de esos diez millones de compatriotas que sencillamente piensan distinto.

Y aquí asoma la pregunta de fondo. ¿Qué clase de país se resigna a que casi la mitad de su ciudadanía sea tratada como sospechosa moral? ¿Qué democracia sobrevive cuando una parte se apropia de la patria y convierte al resto en amenaza?

La Constitución de 1991 contestó esa pregunta mucho antes de que nosotros la formuláramos. Colombia no se fundó, en términos constitucionales, sobre la obediencia, ni sobre la propiedad, ni sobre una moral única, ni sobre la seguridad entendida como valor absoluto. Se fundó sobre la dignidad humana. Y eso encierra una afirmación que no tiene nada de decorativa: que cada persona vale antes de obedecer, antes de producir, antes de creer, antes de votar, antes de encajar en el orden moral de nadie. La dignidad no se concede por adhesión política, no se gana a fuerza de patriotismo y no se pierde por disentir. Es el piso, no el premio.

De ese cimiento se desprende todo lo demás, empezando por aquello que la campaña ha querido reducir a un asunto de seguridad y que es, en el fondo, una cuestión de libertad. No la del mercado únicamente: la de ser. El proyecto de De la Espriella ofrece libertad máxima para el capital —menos Estado, menos impuestos, menos regulación, más propiedad, más aire para la empresa—, y es coherente al ofrecerla. La grieta aparece cuando la conversación se desplaza del mercado al cuerpo, de la empresa a la conciencia, de la propiedad a la identidad: ahí la libertad cede su lugar a la tutela. Sospecha hacia el feminismo, rechazo a la llamada “ideología de género”, defensa de una sola forma legítima de familia, resistencia frente a derechos que la Corte Constitucional ya reconoció y que hoy son cosa juzgada. La asimetría merece nombrarse con todas sus letras: libertad ancha para acumular, vigilancia estrecha para existir. Eso no es libertad constitucional; es libertad para unos y corrección para otros.

Otro tanto ocurre con el bienestar, palabra que todos pronuncian. La diferencia no está en prometerlo, sino en cómo se lo concibe: como derecho o como favor. El Estado social de derecho no se diseñó para repartir dádivas al arbitrio del gobernante, sino para garantizar pisos —salud, educación, mínimo vital, trabajo, protección de los más vulnerables— que no deberían depender de la generosidad de quien manda. Por eso recortar drásticamente el Estado mientras se jura proteger a los más pobres obliga a una pregunta incómoda: ¿quién responde por los que solo tienen Estado precisamente porque nunca tuvieron mercado? En los barrios populares, en el Pacífico, en la Colombia rural, en los territorios étnicos y campesinos, el Estado no es una abstracción de manual: es el hospital que falta, la escuela que aguanta, el subsidio que sostiene, la vía que nunca llega, el juez que ampara. Un Estado ineficiente se reforma; un Estado ausente no se puede recortar como si sobrara.

La paz corre una suerte parecida, y vale la pena ser justos con el atractivo de la promesa contraria. De la Espriella plantea una ruptura frontal con la negociación y con buena parte de la arquitectura transicional: con los criminales, dice, no habrá diálogo. A un país exprimido por la extorsión, el secuestro y las disidencias, esa frase puede sonarle a liberación, y sería deshonesto no admitirlo. Pero la experiencia colombiana enseña algo que incomoda: la paz no se decreta, se construye. La fuerza pública es imprescindible —nadie serio lo discute—; ocurre que la fuerza, por sí sola, no desactiva las causas que reproducen la guerra. El verdadero dilema no enfrenta la ingenuidad con la autoridad, sino dos maneras de entender la autoridad: una seguridad democrática sujeta a controles constitucionales y una seguridad concebida como licencia para arrasar con todo matiz. La primera protege sin vaciar el Estado de derecho; la segunda fabrica silencio, que no es lo mismo que paz. Colombia conoce de sobra la distancia que separa un territorio pacificado de un territorio reconciliado.

Con la justicia el patrón se repite, y otra vez con un reclamo legítimo de por medio. Hay una idea de justicia que se agota en el castigo ejemplar, en la cárcel y en la mano firme, y que conecta con un dolor verdadero: demasiadas víctimas sienten que el sistema nunca les respondió. Pero existe otra, más áspera y menos taquillera, que no renuncia a sancionar y a la vez comprende que en sociedades atravesadas por violencia masiva hacen falta verdad, reparación, reconocimiento y garantías de no repetición. Desmontar o deslegitimar la justicia transicional no es retocar una institución cualquiera: es alterar el modo en que el país decidió tramitar su propio pasado. La JEP, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica y los instrumentos restaurativos son criticables —ninguna institución escapa al escrutinio—, pero una cosa es corregir y otra muy distinta proclamar que son una farsa y prometer barrerlas. Un país que destruye sus mecanismos de verdad no se emancipa del pasado: se condena a litigarlo para siempre, y sin reglas.

Queda el territorio. El modelo económico que rodea al candidato vuelve a poner la extracción en el centro: petróleo, gas, minería, licencias más expeditas, expansión energética, aprovechamiento intensivo de los recursos. La discusión no se zanja con consignas verdes; Colombia necesita energía, empleo, inversión y equilibrio fiscal, y fingir lo contrario sería irresponsable. Pero el territorio no es una bodega de recursos a la espera de despacho. Es donde habitan pueblos, culturas, memorias, ecosistemas y generaciones que todavía no nacen. En un país pluriétnico y multicultural, hablar de “agilizar consultas” o “destrabar licencias” no es un tecnicismo administrativo: toca el corazón mismo del pacto de 1991. La consulta previa no es un trámite molesto, sino una garantía democrática de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y de las comunidades directamente afectadas. Cuando el desarrollo se piensa sin esas voces, deja de ser desarrollo y empieza a parecerse demasiado a una imposición.

Conviene recordar, llegados a este punto, que el fascismo rara vez comparece con el uniforme de los manuales. No necesita camisa negra ni brazo en alto para resultar reconocible; a veces se presenta envuelto en banderas, himnos, camisetas de la selección y discursos sobre la familia, la fe, la propiedad y la seguridad. No pronuncia la palabra “dictadura”: dice “orden”. No anuncia que recortará derechos: promete “recuperar valores”. No confiesa que perseguirá al adversario: jura “derrotar al comunismo”. No se reivindica autoritario: se proclama salvador de la patria. Cambia el léxico, no el mecanismo. Debajo siguen los mismos engranajes: una identidad nacional cerrada, un enemigo interno, un líder providencial, la promesa de una purificación y la disposición a usar la fuerza si la realidad se niega a obedecer.

Frente a algo así, el cálculo electoral no alcanza; hace falta una posición, y una posición a la vez política y moral. No una postura histérica ni sectaria, ni incapaz de admitir los errores del progresismo o los miedos legítimos de quien va a votar por la derecha. Una posición lúcida, más bien, capaz de sostener lo elemental: el fascismo no se normaliza, no se maquilla, no se rebautiza como “carácter”, “mano firme” o “coherencia”. Se enfrenta, y se lo enfrenta con los instrumentos de la democracia.

Nada de esto convierte a Iván Cepeda en un candidato impecable ni blinda su proyecto contra las preguntas. Tendrá que gobernar más allá del petrismo; ofrecer seguridad sin candidez; responder por los desaciertos del gobierno saliente; hablarles a los empresarios, al centro, a las iglesias, a las regiones que no se sienten oídas y a quienes temen que la izquierda confunda transformación con improvisación. Todo eso es cierto y todo eso es exigible. Pero esta elección no transcurre en abstracto: ocurre frente a una candidatura que ha hecho de la fuerza, la estigmatización y la restauración moral su lengua de poder.

De ahí que, en esta coyuntura, votar por Cepeda no equivalga sin más a votar por la izquierda. Es votar por mantener la democracia abierta: por que el adversario siga siendo adversario y no enemigo, por que los derechos no queden a merced del credo moral de quien gobierna, por que la seguridad no se transforme en licencia de persecución, por que la memoria de la Unión Patriótica no termine archivada como una lección que el país prefirió olvidar. Es votar, en suma, para no reincidir en esa secuencia tristemente conocida en la que primero se señala, luego se deshumaniza y al final se justifica la violencia.

A quienes se sientan ofendidos por el rótulo, vale la pena decirles algo sin estridencia: el problema no es la palabra, es el parecido. Si un programa habla como el fascismo, divide como el fascismo, amenaza como el fascismo y sueña, como el fascismo, con una patria homogénea, la obligación democrática no consiste en buscarle un eufemismo presentable. Consiste en nombrarlo.

Y nombrarlo, contra lo que suele alegarse, no clausura el debate: lo habilita. La democracia solo puede defenderse mientras conservemos la capacidad de distinguir entre una derecha democrática y una derecha que aspira a gobernar como cruzada; entre un adversario legítimo y un proyecto que convierte a media nación en enemigo; entre el orden constitucional y la pulsión autoritaria; entre la patria de todos y la patria de los obedientes.

El domingo, por eso, no se vota solo un presidente. Se vota la frontera moral de la democracia colombiana. Se vota si el país acepta que la mitad de sus ciudadanos sea tratada como amenaza o insiste en que también quienes piensan distinto son parte del mismo pueblo; si la libertad incluirá la libertad de ser; si el bienestar será derecho o dádiva; si la paz será transformación o silencio impuesto; si la justicia será memoria o venganza; y, en última instancia, si la dignidad seguirá siendo el cimiento del Estado o quedará rebajada a una moral de obediencia.

Hay que decirlo, entonces, sin rodeos: contra el fascismo no se guarda neutralidad. Contra el fascismo se vota. Y este domingo, la forma democrática de hacerlo tiene un nombre: Iván Cepeda.

El turno es nuestro.

[1] Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Magister en Derecho Constitucional. Especialista Internacional en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Especialista en Gerencia de Proyectos. Abogado

Venimos de cuatro años de la secuencia más agresiva de falta de respeto a la Constitución que cada jefe del Estado jura cumplir cuando se posesiona. A lo largo del cuatrienio, y luego a manera de despedida, el presidente saliente hizo flotar el llamado a una asamblea constituyente. Y el candidato que, con su apoyo explícito, aspira a continuar su proyecto, no descartó el avance en esa dirección. El hecho de que ahora, por motivos de estrategia electoral, hayan dicho que retiran la idea, no cambia el fondo del asunto. Ya vivimos la experiencia de quien hace cuatro años prometió con escrito sobre piedra que no convocaría una constituyente. 

A lo largo del periodo presidencial que termina, las Altas Cortes y el conjunto de la Rama Judicial del Poder Público han defendido con valor el Estado Social de Derecho en medio de tempestades de insolencia. También lo han defendido diferentes sectores políticos en el seno del Legislativo. Los organismos de control del Estado han cumplido bien que mal su tarea. Y la Organización Electoral ha hecho valer su independencia respecto del gobierno, como debe ser, porque tenemos reglas claras de orden constitucional que evitan el autoritarismo del Ejecutivo. 

Al llegar el momento de la consulta ciudadana que implica la escogencia de un nuevo presidente, el apoyo a la Constitución, o a su cambio, se ha vuelto tema de la mayor importancia. Así como hay quienes estuvieron recogiendo febrilmente firmas para promover una constituyente, se ha formado a lo largo y ancho del país, y en los más diversos sectores de la sociedad colombiana, una vigorosa corriente en favor de la defensa, cumplimiento y desarrollo de los principios, derechos, y reglas de acción del Estado consagrados en la Constitución de 1991. 

Es posible que algunos ignoren, por falta de interés o por razones de edad, la forma como fue adoptada la Carta del 91, así como el contenido y alcance de sus preceptos. Por lo cual resulta infundado que apoyen su cambio sin conocerla a fondo y sin saber que es una de las más avanzadas del mundo en materia de libertades y opciones de acción democrática. 

La Constitución de 1991 fue la culminación de un largo y complejo proceso de exigencias históricas y reclamos populares, comprendidos en mayor o menor medida por diferentes gobiernos, comenzando por el de Alfonso López Michelsen, 1974-1978, “gobierno puente” entre el modelo del reparto bipartidista del poder propio del Frente Nacional y la satisfacción de las necesidades institucionales de una nación que requería entrar con solvencia en una nueva era.

Se reclamaba autonomía regional y local, democratización profunda, pluripartidismo, derechos ampliados, separación y equilibrio de poderes, estados de excepción regulados, un estatuto de la oposición, reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y palenqueras, lo mismo que de comunidades de orientación sexual diferente de las tradicionales, participación ciudadana, planeación obligatoria, manejo económico confiable, controles al Estado y un sistema electoral cada vez más adecuado y transparente.

De ahí en adelante, como lo explica de manera clara y pedagógica el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar, en un afortunado video que se puede consultar en https://youtu.be/biBhLs5kX10?si=sna1CIYrDCLZpetJ, la nación y sus gobernantes, aún en medio la arremetida brutal del narcotráfico y la acción de diversos movimientos de subversión armada, que buscaban cambiar el Estado a su gusto, jamás cejaron en el empeño de realizar las reformas necesarias para dotar al país de un nuevo esquema institucional. 

El presidente Virgilio Barco, que realizó gestiones exitosas de paz con el movimiento guerrillero M19, al que pertenecía el actual presidente de Colombia, anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuya elección popular se produjo, después de muchos avatares y al impulso de la juventud universitaria de la época, bajo el gobierno del presidente César Gaviria, que propició y animó con todo interés el proceso.

La discusión sobre el contenido de la nueva constitución no se llevó a cabo solamente en el seno de la Asamblea, sino que previamente, en su gestación, tuvo lugar una discusión amplia y abierta desde lo más profundo de Colombia, con mesas de discusión destinadas a acopiar todo tipo de sugerencias, con participación de actores tradicionales, innovadores, revolucionarios de salón, exguerrilleros, juristas, economistas, sociólogos y estudiantes creativos, con el ánimo de contar con un texto constitucional que fuese patrimonio de la nación colombiana y no un etéreo “canto a la bandera” o algo de lo que se deban ocupar solamente juristas, políticos y gobernantes. 

En la nueva Carta se estableció un Estado social de derecho guiado por principios democráticos y garante de una amplísima gama de derechos individuales y colectivos, así como de medidas de protección ambiental, y garantías y deberes para todas las personas, sin que importe cuál sea su etnia, condición, creencia religiosa, orientación sexual o identidad de género. Y aparecieron mecanismos de protección de esos derechos, como la acción de tutela, y todo un catálogo de medios de defensa ciudadana, e instituciones como la Defensoría del Pueblo. Además, se adoptaron principios relacionados con la paz como valor, principio y derecho fundamental colectivo, con la obligación estatal de garantizarla.

Se adoptó una estructura del Estado con auténtica separación de poderes propia de una democracia avanzada. De manera que los presidentes no pueden considerarse omnipotentes, ni intérpretes únicos e indiscutibles de la voluntad popular, ni tomadores exclusivos de las decisiones públicas. 

Se adoptó la posibilidad de Moción de Censura por parte de las corporaciones públicas contra ministros y otros funcionarios, cuando la gestión de los asuntos a su cargo sea deficiente, o cuando no acaten las citaciones para responder inquietudes de control político. 

Se fortaleció la independencia de la Rama Judicial, con administración y autoridad de disciplina propias, y apareció, como modelo para muchos otros países, una Jurisdicción Constitucional encargada de mantener la integridad y darle vida a la constitución política, a través de interpretaciones de su contenido que profundicen el sentido de sus principios en el ámbito de la vida real de nuestra sociedad. Se creó además la Fiscalía General de la Nación, encargada de darle vida y efectividad al sistema penal acusatorio, para luchar de manera más efectiva contra el delito.

Para conseguir una descentralización efectiva del poder y del ordenamiento del territorio, se ratificó la elección popular de alcaldes, hasta entonces la principal transformación de la democracia colombiana, adoptada en 1986, y se estableció la elección popular de gobernadores. Además, se estableció el voto programático como exigencia de cumplimiento de sus programas de campaña a alcaldes y gobernadores, para que sometan a la decisión popular proyectos realizables y respondan por su ejecución. 

Se establecieron los Territorios Indígenas como entidades territoriales, a la par de Municipios, Distritos y Departamentos. Y se abrió la posibilidad de que existan nuevas entidades territoriales como las Provincias, que agruparían varios municipios, y las Regiones, que agruparían varios departamentos. Además, se refinó el sistema de irrigación de recursos hacia todas esas entidades. 

Otra cosa es que las comunidades indígenas no hayan logrado ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarse como Entidades Territoriales, ni ha habido partido ni gobierno capaz de ayudarles a conseguir ese propósito. Tampoco ha habido, salvo intentos de avance como el de los departamentos del Caribe, quien tenga la audacia de aprovechar el espacio constitucional para la creación de Provincias y Regiones, que facilitarían una gestión más adecuada del territorio y una mejor protección de nuestros recursos. 

Por todos lados aparecen en el texto opciones verdaderas de participación democrática, desde las instancias de la planeación del desarrollo hasta el control ciudadano de los actos de la administración del Estado. 

Se dejó atrás el bipartidismo, que había animado con exclusividad la vida política, para abrir espacios a nuevos partidos y movimientos, que deben funcionar conforme a principios democráticos. También se abandonó el confesionalismo y se dejó espacio para la coexistencia de diferentes creencias y religiones. 

Se establecieron reglas y garantías para el ejercicio de la oposición, anteriormente desprotegida, como factor indispensable de una controversia civilizada y además leal con los principios constitucionales y los propósitos que ellos representan para la nación colombiana.   

Se adoptó el sistema de Banca Central para el manejo de la política monetaria, como en los países más avanzados, en busca de que se pueda disfrutar de moneda sana y estabilidad monetaria. De manera que ese crucial asunto no quede en manos del gobernante de turno, que puede ser proclive al retrógrado caudillismo latinoamericano en el que un cacique adopta a su gusto y conveniencia medidas monetarias y después se larga dejando endeudada a la nación, cuando no se perpetúa en el poder para obrar como padrecito bondadoso de millones de menesterosos a los que, con ayuda de la represión, mantiene ilusionados con algún discurso pseudo-poético que garantice su fidelidad.

Para garantizar la conversión límpida de la soberana voluntad popular en poder conferido a servidores públicos elegidos, se estableció una Organización Electoral autónoma, por fuera de las Ramas del Poder Público. De manera que la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de todos los comicios, no depende para nada del gobierno de turno, ni éste tiene facultad de aprobar o rechazar los resultados electorales, porque no es de su incumbencia. 

Una nación del Siglo XXI, que cuenta ya con un ordenamiento constitucional tan refinado que otros países estudian cuando sienten la obligación de ponerse al día en materia de derechos, separación de poderes, controles adecuados, manejo monetario responsable y elecciones libres, tiene que sentir preocupación ante los anuncios enredados y nebulosos de llamado a una constituyente. 

Semejante llamado resulta preocupante, pues el concepto de asamblea constituyente significa que el cuerpo colegiado que se ocupe de ella tendría plenos poderes para cambiar la constitución en su totalidad, y reemplazarla por una con orientación completamente diferente. Y es que, en medio del entusiasmo enigmático de los promotores de la idea, se ha omitido la distinción fundamental entre una “asamblea constituyente”, que es la que piden, que permitiría la abolición de la del 91, y una “asamblea constitucional”, que conceptualmente es aquella que se reuniría para realizar unos pocos cambios puntuales. 

De manera que el riesgo resulta justificado, porque no es que carezcamos de principios y mucho menos de derechos y organización estatal democrática, ni de controles a los gobiernos, ni de garantías para nadie por diverso, ni opositor que sea, ni de medios para defender el medio ambiente, ni de controles al Estado, ni de libertades de acción en el campo que se quiera. 

No se sabe a ciencia cierta qué es lo que desean cambiar los promotores de una constituyente, en pausa ahora por la conveniencia electoral de no insistir en el tema. 

Por si acaso, pensar en “asamblea constituyente”, con todo lo que ello implica, para cambiar el sistema de salud o el de pensiones, es huir hacia adelante ante la impotencia política para impulsar esos cambios en uso de las opciones que existen dentro de la constitución que tenemos. Salvo que se busque en su momento armar una algarabía para obtener el giro de un cheque en blanco que permita a quienes han demostrado sobresaliente insuficiencia en el respeto por las instituciones y el manejo del gobierno, echar por la borda lo que tenemos y producir una chapuza que cambie radicalmente el ordenamiento constitucional, que el mismo M19 ayudó en su momento a adoptar.  

Colombia no es una nación desgraciada, aunque no faltan quienes insisten en convencernos de lo contrario. Mientras ellos insisten, con un discurso importado que nos pone a la par de países que llegaron al concierto de las naciones libres muchas décadas después de nosotros, aquí se han hecho esfuerzos enormes, a veces desordenados, otras veces infructuosos, pero la mayoría de un éxito asombroso, por salir adelante. De manera que el panorama de la Colombia de hoy no se puede comparar con el de hace medio siglo.

Lo importante es que los protagonistas de esos esfuerzos y de esos éxitos hemos sido los colombianos, y no ha sido obra de ningún jefecito iluminado. La gente que aquí acostumbran todavía a llamar “de a pie”, como en la época colonial. Esos millones de familias que, lideradas por madres o padres heroicos, han sabido salir adelante en toda circunstancia, en nuestro territorio y por todo el mundo, y hoy viven una realidad mucho mejor que la de sus abuelos. 

Llevamos el lastre de una desigualdad que no es solo posible sino obligatorio desmontar. Para eso tenemos a la mano los elementos reales y además los propósitos y mandatos de la solidaridad, la dignidad humana, el trabajo, los deberes sociales del Estado y la prevalencia del interés general, consagrados en los dos primeros artículos de la Constitución de 1991.

La “apertura económica”, adoptada por la misma época de la Asamblea Constituyente del 91, nos sacó de una típica tradición latinoamericana de andar dando tumbos y nos metió de frente, con realismo audaz, en el difícil y azaroso mundo del capitalismo. 

Esto vino a servir de base para que el país supiera afrontar, mejor que otros en nuestra América, la realidad de un modelo hegemónico en todo el mundo, que, como lo reconoce la socialdemocracia, es navegable con voluntad, creatividad y esfuerzo. De manera que todo dependa de una ciudadanía visionaria, que haga uso de su ADN de luchadora, en lugar de declararse vencida y esperar que sus enemigos la socorran.

Todo esto de ninguna manera exime al Estado de obligaciones ineludibles en materia económica y social, que no puede dejar en manos de particulares que obran con una lógica diferente de la del servicio público. Porque en muchos escenarios de un país enorme y variado, multicultural y afectado en ciertos parajes por injusticias ancestrales, no se puede dejar todo a un juego abierto que profundice diferencias y abusos. 

A la cabeza del Estado requerimos de alguien que comprenda todo esto y llegue a cumplir el juramento que hacen los presidentes de defender la constitución y las leyes, que son parámetros de la vida social y no asunto de especuladores bizantinos. De alguien que gobierne para todos y no para favorecer caprichosamente a sus amigos y perjudicar a sus enemigos. Alquien que no llegue al poder a ejercer la oposición desde dentro del sistema, para degenerarlo y crear las condiciones de un desmonte, gradual o explosivo, del país que tenemos, que es el único que tenemos. 

No merecemos un caudillo del siglo antepasado que llegue a dictar su voluntad “inspirada”, ni un lector de discursos que nos obligue a devolvernos a propósitos y modelos fracasados de hace sesenta años. Debemos tener un presidente que presida y al tiempo contar con un equipo amplio de facilitadores honestos para que esta nación de emprendedores, desde fabricantes de empanadas y repartidores en motocicleta que se meten por todas partes, hasta empresarios de nivel internacional, pueda dar rienda suelta a su creatividad y su deseo de progreso, con una actitud optimista que nos sacaría adelante si todos la asumiéramos, en lugar de actuar innecesariamente con el odio y el resentimiento de quien se está ahogando en la inmundicia y desea que alguien lo saque con helicóptero.

Para que todo esto sea posible, el voto del 21 de junio servirá de manifestación de apoyo a la constitución Política de 1991, que se adelantó a su tiempo para establecer las bases de un país democrático del Siglo XXI. Del respaldo que obtenga, a través de ese voto, la institucionalidad allí consagrada, depende en gran medida la claridad de nuestro futuro.

Tal vez si estuviera vivo Gabriel García Márquez, el escritor colombiano más grande de todos los tiempos, podría decir, desde la altura de su centenario, como solía decirlo respecto de gente que era excelente, pero obraba como caminando a tientas: “ustedes son unos berracos y no se han dado cuenta”.  

“… cuando una mujer campesina decide narrarse, no solo escribe su historia: abre un camino para que otras también lo hagan”: Ana Patricia Collazos, editora y prologuista del libro “Mi historia”, sobre la vida de Argenys Rojas Hoyos.  

En medio de las carencias en que se crío, Argenys intuyó desde pequeña que un día sería alguien importante. Mientras soñaba despierta entre cafetales, hacía las labores de cualquier jornalero en la finca de sus padres, donde vivían de coger café. La falta de energía eléctrica no era la única carencia.

Hizo el bachillerato por radio hasta el grado noveno, y décimo y once en un colegio de su natal Timaná, caminando diez kilómetros diarios, muchas veces aguantando hambre.

No se había graduado aun cuando tuvo que enfrentar la primera de dos tragedias familiares: el suicidio (por envenenamiento) de su padre, en junio de 1998, apenas una semana después de ella cumplir 17 años.  

“Los investigadores nos culpan a nosotros de la muerte de él. Imagínense, nosotros unos chinos. Nos conducen a todos a la Fiscalía para investigar el homicidio, nos preguntaron una y otra vez qué sabíamos sobre la decisión de mi papá. Nosotros no sabíamos nada, fue una decisión que él tomó, personal. Lo único que puedo decir es que siempre, desde que yo recuerdo, cuando mi abuelo se suicidó a mi papá se le metió en la cabeza esa idea también”, relata en el libro.

Los seis hermanos y la viuda debieron seguir adelante con sus vidas. Dos años después, en octubre de 2000, su hermano murió en un accidente de tránsito. “A él se le estalló el corazón, la caja torácica se le comprimió, y la masa encefálica le quedó expuesta”, me cuenta Argenys en una conversación vía WhatsApp.

Con la muerte del hermano, iniciaron el proceso de demanda contra el gerente de un banco que ocasionó el accidente por imprudencia. “El señor tenía que parar y no paró. Luego dijo: ´ante los ojos de Dios, yo maté a ese muchacho, pero que me lo prueben ante los ojos del mundo´. Y eso fue lo que no pudimos probar”.

Perdieron el proceso, pues lo declararon caso fortuito, sin posibilidad de reabrirlo. “El poder y la plata prostituyen los procesos. En el libro no están esas palabras, pero a usted se lo digo”, relata hoy, atragantada por el recuerdo.

Sobre la tumba de su hermano, Argenys juró que sería abogada “para que a la gente pobre no le pasé lo que nos pasó a nosotros”. En la casa la tildaron de loca, le decían que eso era cosa de ricos. Mientras tanto, libraba su propia batalla interior. Con dos duelos encima, sintiéndose culpable por la muerte del papá, buscó respuestas hasta en el más allá: pasó por un convento, hizo varios ´viajes´ a través del yagé y cayó en manos de espiritistas-, hasta que tuvo un accidente y, como dice, conoció de Dios.

“Crecimos con unos papás analfabetas, sin quién lo orientara a uno; cuando yo necesitaba entender la vida, la respuesta que recibía era la misma: ´yo no sé, usted verá´. Este ha sido el consejo de mi mamá: ´Si tiene con qué, cómprelo´, así que desde los 11 años tuve que encargarme de mis cosas”.

El único juguete de infancia fue una muñeca de pelo azul. En su casa nunca supieron lo que era celebrar un cumpleaños, menos una fiesta de 15.

En medio de esas circunstancias complejas, que no presagiaban un final feliz, Argenys le demostró al mundo, pero especialmente a sí misma y a los suyos, que vale la pena apostar por uno. No solo se hizo abogada de la Universidad de la Amazonia –hoy ejerce como defensora pública-, sino que se especializó en Derecho Contencioso Administrativo y obtuvo su Maestría en Derecho Público, con préstamo de los bancos y la ayuda de sus amigos.

“Yo siempre he dicho que, gracias a Dios y a los amigos, estoy donde estoy, ellos me han impulsado y me han ayudado, por ello yo creo en la amistad”, relata en el libro.

Todo empezó con 50 mil pesos que tenía en sus bolsillos. “A mí en la casa me daban la pasilla (lo que queda luego de zarandear el café) y yo la vendía. Esos cincuenta mil los convertí primero en un millón y los puse a ganar intereses (…) hasta que tuve cinco millones de pesos…”.

Y sí, póngale la firma, hoy es una persona importante, pero con su esencia de mujer campesina intacta. Me muestra una fotografía suya en medio de un paisaje cafetero vasto y bellísimo en las laderas de la vereda de Pantanos (Timaná, Huila), y me dice sin titubear: “Ahí haré un mirador para cuando esté viejita”.

Y le creo, porque después de conocer su vida, a través de las 222 páginas de “Mi historia”, que así se titula su autobiografía, publicada por la editorial Tierra de Palabras-, uno puede entender el poder de aquello que se decreta. Esas palabras que nacen del corazón y del alma, pero también desde las tripas, porque este libro se escribió primero con las entrañas y luego con tinta.

Leerlo es como estar ahí, en la sala de la casa de Argenys, escuchándola hablar, tal cual como es ella, con desparpajo, sin adornos, directa con las frases, orgullosa de la tierra que la parió el 9 de junio de 1981.

Argenys en su natal Timaná, Huila.

“Sin campo no hay ciudad, si nosotros paramos la ciudad no sobrevive”: Argenys Rojas, caficultora huilense.  

Es la doctora Argenys cuando se para en los estrados judiciales. Es la exconcejala a la que todos saludan en el pueblo. Es la caficultora que se formó de manera empírica desde niña y convirtió su pequeña herencia (menos de una hectárea de tierra), en una empresa que hoy produce un café especial premiado por su calidad y exquisitez, con ventas a Rusia, Israel y República Checa. La marca se llama Café Horo, “con H de Hoyos por mi mamá y el Rojas de nosotros”, dice.

Con la pandemia, dejó códigos y leyes a un lado y volvió a los cafetales para apoyar a su hermano; con ese lote de café ganaron la Taza de oro del Yara Champions en 2020, con una puntuación de 86,47.

La hacienda está ubicada en un lugar bendecido por las condiciones climáticas. “… en el día hace sol y en la noche cae mucho sereno lo que produce un choque térmico que hace que los azúcares se concentren mucho más en el grano de café”, relata en el libro.

Pero también es la líder cafetera, que goza de la admiración y el respeto de la Federación Nacional de Cafeteros, pues hoy ocupa dos sillas importantes: un asiento en el Comité Departamental de Cafeteros del Huila (al cual representó como productora en el III Foro Mundial de Cafeteros, en Ruanda, África) y otro asiento como delegada suplente en la junta directiva de “Juan Valdez”, reelegida el 25 de marzo para un periodo de dos años. Además, El Espectador la reconoció como Personaje del Año 2025. Actualmente cursa un doctorado en Derecho en una universidad mexicana, “para que me digan doctora de verdad”.

Le pregunto si todavía sueña despierta. Sonríe y dice que le falta aprender a bailar San Juanero y a tocar guitarra.

Este domingo 3 de mayo, en la Feria del Libro de Bogotá, Argenys Rojas Hoyos presentará el libro “Mi historia”: (Corferias, Carpa Cultural, 7:00 de la noche)

A alguien toca echarle el agua sucia aprovechando que llueve a cántaros por esta época. Galán quería ser el Batman criollo y le vieron la cara.

Soy un bogotano que se quiere ir de Bogotá. Tengo mis razones, más no tengo a dónde ir. Se siente la orfandad en la capital de todos y de nadie, sin un adulto responsable que responda por ella.

Bogotá no es Gotham City, pero empieza a parecérsele bajo la administración de Carlos Fernando Galán. Sus calles no son un lugar seguro para nadie por estos días con sus noches. La oscuridad produce miedo pero la luz del día también. Si no te mata otro humano, te mata una llanta suelta que rueda desquiciada.

De adolescente, me acostaba con el radio transistor entre las cobijas escuchando un programa llamado La ley contra el hampa. Lo transmitía Todelar en los años 80.  Me dormía con la sensación de que los malos siempre recibían su castigo y la ciudad —esta Bogotá de mis amores y mis terrores— estaba a salvo de los malhechores.

Hoy los crímenes ocurren con o sin testigos, con las cámaras en ON, y sin un Batman capaz de poner orden ante tanto malandro. La gente está mal de la cabeza buscando pleito por todo. O alguien te ataca en la calle con gas pimienta por hacerte el loco con el pago del arriendo.

Urge una cátedra de civilidad para aprender a comportarnos civilizadamente, ojalá obligatoria. Creo que hay un problema de salud mental no diagnosticado producto del estrés natural que genera una ciudad inhumana, desordenada y sobrepoblada. Súmele el subregistro de trastornos psiquiátricos. De hecho, trascendió que el asesino que irrumpió en el set de “Sin senos sí hay paraíso”, en el barrio Los Laches, padecía esquizofrenia. El ”Guasón” de nuestro drama urbano. lo que puede ser reflejo de otro problema: la exclusión. Según el Distrito hay más de 33 mil personas en pobreza extrema -aquellos que terminan en la calle por la razón que sea-, y ni siquiera figuraban en las estadísticas. Y no hablemos ya de la extorsión silenciosa a comerciantes, algo de lo que poco se habla.  

Nací en la tierra del “ala, mi chato querido”, la changua y el ajiaco santafereño hace 55 años, y no recomiendo a nadie venir a Bogotá hasta que el alcalde deje de entretenerse con el metro. Galán se hizo elegir con el lema “Bogotá camina segura”, pensando que sería pan comido; mejor díganle que no se salga a patonear por ahí porque lo atracan.

Por supuesto, no se le puede responsabilizar de todas las desgracias que aquí ocurren. Los ciudadanos somos parte del problema, pero nada hacemos para ser parte de la solución.

La ciudad se inunda, los carros se afectan, la movilidad se vuelve un zaperoco, pero a nadie le importa lo obsoleto del sistema de alcantarillado. ¿Esperaremos a tener el agua al cuello para modernizarlo? —¡Qué llueva, qué llueva, la Virgen está en la cueva!

Mientras el cambio climático no sea una prioridad, en el mediano plazo podríamos enfrentar tragedias peores que las vías convertidas en quebradas. Bogotá se encuentra entre las ciudades con mayor riesgo por el cambio climático, según el IDEAM. 

El presidente Petro habló del aire letal que respiramos los bogotanos por culpa de los combustibles fósiles (hidrocarburos) que mueven el transporte urbano; pidió que “los que no sean de aquí, no se queden mucho tiempo” y ahí fue Troya. Nos molestan más las palabras de Petro que su denuncia. En 2023 el Instituto Nacional de Cancerología advirtió que para 2030 el cáncer habrá aumentado un 30% en Bogotá por la contaminación.

Los ciudadanos somos parte del problema de Bogotá, pero no queremos ser parte de la solución.

Sí: La inseguridad está en la tierra, así como en el cielo. Sale uno de sus cuatro paredes entre desconfiado y asustado, mirando para todas partes tratando de adivinar de dónde saldrá el susto. O la muerte.

Amo a Bogotá pero no quiero ser un número más, el siguiente titular de la crónica roja. Te matan porque tienes o porque no tienes. Te puedes encontrar con una bala en la esquina en medio de una balacera, con un ratero con puñal al cruzar el puente, o hasta con una moto que se lo lleve sin escalas hacia el otro mundo. Ser peatón o ser motociclista en Bogotá es un acto suicida. Hay que cuidarse de todo lo que tenga ruedas. Titula El Espectador: “Muertes en accidentes con patinetas eléctricas aumentaron 500% en el último año en Bogotá”.

El cuadro es costumbrista para mal. Están disparados el sicariato, los tiroteos a cualquier hora, el fleteo, la violencia en Transmilenio o el SITP. Mientras los medios publican el listado de estaciones de TM con más hurtos, se conocen videos de funcionarios de la propia alcaldía colándose. Imagínese ambas escenas pero en el Metro de Bogotá.

La gente cae en las alcantarillas. ¿Qué estamos haciendo mal los ciudadanos para que haya tanto accidente? ¿Andamos englobados, embobados o agüe…? ¡Deje así! Estamos pendientes del celular, conectados a los audífonos, afanados a toda hora, con poca pericia para lidiar con una movilidad compleja.  ¿Quién garantiza que quien compra una motocicleta está en condiciones de montarla? ¿Sirven de algo las multas que se aplican por hablar por el móvil mientras se conduce?

Cualquiera de los amarillos está bajo sospecha. Piénselo dos veces antes de abordar un taxi en la calle. Según la propia Secretaría de Seguridad, 60% de taxistas tiene antecedentes penales. Ahora es uno el que (con ellos) por allá no va.

Bogotá es la huerfanita. Se eligió un alcalde pero no se siente su autoridad, con razón lo quieren revocar. Se le ve cada cierto tiempo sacando pecho por un sistema de Metro qué ni siquiera le corresponderá inaugurar. Cada vez que la ciudad entra en crisis —ayer el racionamiento de agua, antier las basuras, hoy la criminalidad desbordada—, Galán caza pelea con el presidente Petro, como si con eso resolviera los problemas estructurales de la Atenas (y tenaz) suramericana.

Nadie le pide cuentas al alcalde. Al Concejo y los concejales hay que aconsejarles que actúen o renuncien. Los medios en su mayoría parecen complacientes con lo que pasa, como si temieran perder la pauta oficial.  Ya vimos a Julio Sánchez Cristo celebrando, con casco puesto, porque, según él, las obras del Metro están terminadas en un 70%. ¿Periodismo o publirreportaje?

Si, Galán parece en la luna, él sí 2600 metros más cerca de las estrellas. Creyó que el apellido de papá era suficiente para gobernar a ocho millones de parroquianos y hoy los habitantes financiamos su improvisación con tributos. No entiendo de dónde se concluye que figura en el Top 10 de mejores alcaldes de Latinoamérica.  Sí es chiste no me estoy riendo.

Las cámaras que inundan la ciudad nutren el morbo colectivo y aumentan la zozobra, pero ¿están sirviendo para reducir las tasas de criminalidad? ¿A quién le formulamos la pregunta?

¿No existe un plan maestro por parte de la Policía Metropolitana para contrarrestar la ola delincuencial? ¿Qué pasó con el programa de “Guardianes del Orden” que anunció hace un año la alcaldía para combatir la inseguridad con ayuda de expolicías y exmilitares? Si los delincuentes quedan libres en cuestión de horas o días, ¿a qué estamos jugando? ¿A que te cojo, ratón o a que te suelto, ladrón?

¿Para cuándo la reforma estructural a la Policía? ¿Por qué Bogotá no está conversando sobre el tema?

Si el jefe de la policía es el Ministro de Defensa y el alcalde es apenas una especie de jefecito de los uniformados, se necesita que alcalde y ministro se sintonicen con lo que está pasando. ¿Para cuándo la reforma estructural a la Policía? ¿Por qué la ciudad no está conversando sobre el tema?

¿Qué resultados hay de iniciativas como el “Círculo de Gobierno Abierto de Bogotá” que, para fortalecer la participación ciudadana, busca mayor diálogo entre alcalde y los habitantes? En Bogotá existen 1.755 instancias de participación ciudadana pero la gente no participa. ¿Por qué? ¿Es culpa de la alcaldía que no informa debidamente o es culpa de los ciudadanos que todos les resbala?

¿En qué andan los alcaldes de las 20 localidades? ¿A esos funcionarios quién los ronda? Se anuncian medidas, ¿y quién les hace seguimiento? Sí: Falta más control político a los funcionarios disfuncionarios por parte del Concejo de Bogotá. Si las entidades distritales rinden cuentas, ¿quién  fiscaliza el resultado final de la gestión? La ciudad toda debería declararse en emergencia social permanente para buscar soluciones. 

Se le debe exigir de la ciudadanía mayor corresponsabilidad con la ciudad -pues tenemos derechos pero también deberes-, y de la alcaldía mayor junto con las alcaldías locales mayor promoción de esos mecanismos de participación. La ineficiencia del gobierno y la ceguera del ciudadano le hacen daño a Bogotá.

Con todo, ahí vamos, a medias y sin zapatos, avanzando de a poquito, a pesar del jefe de turno en el Palacio Liévano. La verdadera tragedia de Bogotá es no tener una visión compartida de ciudad, para el presente y para el futuro, y así es muy difícil saber elegir a la persona idónea que nos represente. Ponernos de acuerdo sobre la Bogotá que queremos para los próximos 50 años nos permitiría saber qué exigir a este alcalde, al próximo y al siguiente.

No vayamos tan lejos. Faltan 12 años y tres burgomaestres para “celebrar” los 500 años de fundación. Que sea un motivo para empezar a soñar con una metrópoli de verdad, más humana, incluso gótica pero no caótica, a ver si la vida nos alcanza para verla transformada de aquí a 2038. ¿O seguiremos manicruzados en espera de que el Caballero Oscuro —o sea míster Batman— venga a socorrernos a todos, incluso al doctor Galán?