Colombia sigue necesitando un centro político. Pero no cualquier centro: uno que no esté obsesionado con caerle bien a todos. El país requiere un centro que convoque desde la diversidad, que represente de verdad una pluralidad de voces y visiones, y que no tema enfrentarse —con la misma claridad— a los extremos. Porque hay un problema evidente en querer quedar bien con todo el mundo: en el intento de no perder un electorado, se puede terminar perdiéndolos todos. Experiencias internacionales del siglo XX lo muestran con claridad: liderazgos como el de Adolfo Suárez en la transición española o el de Helmut Kohl en la reunificación alemana consolidaron proyectos de centro con vocación de poder porque asumieron posiciones definidas, mientras otros intentos centristas naufragaron precisamente por su ambigüedad.

Convocar implica tomar riesgos. Implica medirse, pero también construir con los cercanos antes de intentar seducir a los lejanos. En ese sentido, la consulta con Claudia López no solo era conveniente: era necesaria. No únicamente para contar votos, sino para consolidar un liderazgo dentro de un sector que hoy luce disperso, casi huérfano. Ese liderazgo —claro, firme, reconocible— es precisamente lo que más urge.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿dónde están los otros nombres? ¿Dónde está Alejandro Gaviria? ¿Dónde está Luis Gilberto Murillo? incluso en el centro izquierda ¿Dónde está Roy? ¿Dónde están quienes, en distintos momentos, parecían llamados a estructurar una alternativa de centro con vocación de poder? El vacío no es solo de candidaturas; es de dirección, de narrativa, de propósito.

Porque el centro que Colombia necesita no puede ser tímido. Tiene que ser intenso, incluso agresivo en términos electorales. Debe estar dispuesto a meterse en el fango de las preguntas difíciles: defender sin ambigüedades la Jurisdicción Especial para la Paz y el sistema integral de justicia, insistir en que la desigualdad y la falta de creación de riqueza son problemas estructurales —no narrativas ideológicas—, y rechazar la tentación de normalizar un país partido en dos. Ese tipo de firmeza, en contextos complejos, también se vio en liderazgos como los de Franklin D. Roosevelt, que enfrentó la desigualdad con reformas profundas, o Konrad Adenauer, que entendió que la reconstrucción exigía decisiones difíciles y sostenidas.

No hay excusas para que la mitad de Colombia siga atrapada en la pobreza y la informalidad. Y decir esto no es una consigna contra la riqueza; al contrario. Ojalá haya más riqueza y más ricos, más empresas, más inversión. Pero también más responsabilidad. Porque un país menos desigual no solo es éticamente superior: es, también, un mejor negocio para todos.

Ese centro debe ser capaz de sostener posiciones incómodas: enfrentarse a veces a los grandes capitales, a veces a los gremios, a veces a los sindicatos, y sí, también a ciertas demandas de las propias comunidades. No es una tarea sencilla, ni una sociedad fácil. Pero es precisamente ahí donde aparece la necesidad de un liderazgo con carácter, con método, con ética y con una comprensión clara de que el cambio es necesario, pero debe ser posible. Lo que el país necesita no es una gran sociabilidad ni una gran empatía; lo que se necesita es una enorme responsabilidad y la fuerza para enfrentar lo que se avecina.

Y ahí es donde surge la duda y la oportunidad de fondo de Fajardo. No sobre su integridad, ni sobre su discurso, sino sobre una virtud esencial para el momento político que vive Colombia: la capacidad de liderar y convocar su propio sector. De ordenar, de representar con claridad la pluralidad del centro, de construir una fuerza que no solo exista en el plano moral, sino también en el electoral.

Porque al final, un centro sin liderazgo no es un punto de equilibrio: es un espacio vacío.

En este punto vale anotar que la Inteligencia Artificial (IA) también impactó a esta industria: ya no basta con almacenar datos, ahora hay que procesarlos a velocidades y densidades que exigen instalaciones radicalmente más sofisticadas. Un data center diseñado para IA puede consumir más electricidad que una ciudad intermedia.

Ante este panorama, la inversión global en este tipo de infraestructura de datos está desatada: en 2025, según estimaciones de Gartner y TechJury, superó los 405.000 millones de dólares. Grandes empresas tecnológicas, como Microsoft, Google, Meta, Amazon, anunciaron inversiones que no tienen comparación histórica.

América Latina no es ajena a esta ola. Brasil y México lideran la expansión regional, pero Colombia gana terreno con rapidez. El mercado colombiano de centros de datos podría pasar de 450 millones de dólares en 2025 a casi 1.500 millones en 2031, de acuerdo con las estimaciones de Arizton.

Las inversiones ya confirmadas, refrendan esta creciente tendencia. En octubre del año pasado, ODATA anunció una inversión de 1.300 millones de dólares para dos data centers en Colombia; en febrero pasado, una inversión colombiana y de los Emiratos Árabes construirán otras tres instalaciones. Las señales son claras: el país está en el radar de los grandes operadores globales.

Cali, hub de tecnología

Hay una ciudad que debería estar más presente en esa conversación: Cali. ¿Por qué? Ya mismo se los cuento.

Cuando un operador global decide dónde construir un data center, no solo busca un terreno barato: evalúa energía —disponibilidad, estabilidad y costo—, conectividad digital, agua para refrigeración, costos de construcción, régimen tributario y talento humano. En cada uno de esos criterios, Cali tiene mucho que decir y aportar. Y, en algunos, tiene ventajas que destinos como Ciudad de México, Santiago de Chile o la capital del país no pueden replicar.

La más subestimada de estas variables es el agua. Pocos saben que un data center de escala media puede consumir millones de litros de este líquido al día solo para mantener sus equipos fríos. Es un factor que los inversionistas sofisticados ya están midiendo con el mismo rigor con el que miden la energía, por ejemplo.

Según el índice WRI Aqueduct —referencia global de estrés hídrico— Colombia tiene un índice cercano a cero, mientras que México supera el nivel 4 sobre 5. Dicho de otra forma: Colombia está en el cuadrante ideal a nivel mundial (junto con Brasil y Costa Rica). México, que hoy concentra buena parte de los data centers de la región, enfrenta un riesgo hídrico que a mediano plazo será un obstáculo operativo y regulatorio real. Y al revisar las condiciones dentro de Colombia, es claro que el Valle del Cauca, bañado por varias fuentes hídricas, ofrece una ventaja comparativa con respecto a otros departamentos del país con menos acceso a fuentes de agua.

A esto se suma la energía. El Valle del Cauca generó 190 GWh de energía solar en 2025, un logro significativo si se tiene en cuenta que partió prácticamente de cero hace seis años. El departamento alberga la primera granja solar de gran escala del país y el primer sistema de almacenamiento con baterías. Además, la región tiene una red eléctrica estable con 17 subestaciones y sus costos industriales están entre los más competitivos del país. Y, como ñapa, algo que no siempre se menciona: Cali es la única gran ciudad andina con conexión directa a cables submarinos del Pacífico —MAYA, SAM, PAN-AM, entre otros— lo que le da rutas de datos internacionales que otros grandes centros urbanos del país simplemente no tienen.

El desarrollo del ecosistema tecnológico local tampoco es menor: el sector IT en Cali crece al 23% anual; cuatro de las diez principales empresas de software de Colombia tienen sede en la capital vallecaucana, y 14 de las 22 compañías líderes globales en IA ya emplean talento nativo caleño. Esto no es casualidad: es el resultado de décadas de inversión universitaria y de un ecosistema que produce ingenieros de calidad a costos que otras ciudades de la región no pueden ofrecer.

Entonces, ¿qué falta?

Para reforzar su presencia, Cali y el Valle del Cauca deben evidenciar, explícitamente, que quieren jugar en esta liga. En ese sentido, iniciativas como Cali Home4Tech —una apuesta para que la ciudad se consolide como un territorio inteligente, sostenible y global—, y la narrativa ‘Valle Verde’ —que evidencia las capacidades y facilidades que ofrece el Valle del Cauca para que las empresas alcancen sus retadoras metas de descarbonización— son decididas apuestas que demuestran la voluntad de la región por hacer parte de esta carrera por los datos y en las que convergen autoridades departamentales, locales y los demás actores del tejido empresarial de la región.

Por otra parte, Turner & Townsend —consultora global que publica el único índice mundial de costos de construcción de datacenters— ha identificado, una y otra vez, los obstáculos que tienen el freno de mano puesto para Colombia: la lentitud en permisos, la necesidad de expandir infraestructura eléctrica para cargas de alta densidad y la ausencia de una política pública local que articule suelo, energía y zonas francas con los requerimientos específicos de esta industria. Ninguno de estos es insuperable, por el contrario, todos son, en el fondo, decisiones políticas y de gobernanza que se pueden sacar adelante.

En definitiva, el mundo está construyendo la infraestructura que va a sostener la próxima década de economía digital. Las ciudades que ganen esa carrera no serán necesariamente las más grandes ni las más conocidas: serán las más preparadas. Cali tiene los cables, el agua, la energía limpia, el talento y los costos competitivos. Ahora, como en cualquier carrera, hay que emplearse a fondo para evidenciar estas ventajas y lograr así que Cali se sume al lote que lidera esta competencia global.

*Por: Valery Sanclemente, gerente de inversión en Invest Pacific

Crédito foto: Cotel Wave DC.

La pregunta de fondo no es, entonces, únicamente cuánto crece la economía, sino desde dónde lo hace, a qué niveles de productividad y con base en qué tipo de actividades. Plantear esta pregunta con rigor revela un problema estructural: cerca del 70% de la población ocupada no tiene educación terciaria, más del 55% del empleo es informal y el tejido productivo está formado por unos 5,3 millones de micronegocios, principalmente en sectores como el comercio, las actividades agropecuarias de baja tecnificación y el transporte. Estos factores permiten observar una configuración productiva persistente que limita las posibilidades reales de desarrollo del país.

En ese contexto, distintos análisis han convergido en un punto central: Colombia no enfrenta únicamente un problema de crecimiento, sino, sobre todo, un problema de productividad. Dicho de otro modo, el país no ha logrado incrementar de manera sostenida su capacidad de generar valor ni ha avanzado con suficiente profundidad en la sofisticación de su base productiva. Y es precisamente allí donde el lugar que ocupan la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del modelo de desarrollo resulta prioritario.

Aunque la ciencia y la tecnología aparecen de manera recurrente en el discurso público, su peso efectivo en la estructura económica y en la toma de decisiones estratégicas sigue siendo limitado. La inversión en I+D, cercana al 0,31% del PIB, resulta claramente insuficiente para impulsar una transformación productiva de fondo. El problema no es únicamente de financiamiento, sino también de la escala de la producción de conocimiento y de las capacidades que el país ha construido —o ha dejado de construir— en este ámbito.

En efecto, Colombia cuenta con aproximadamente 88 investigadores en I+D por millón de habitantes. Al comparar estas cifras a nivel internacional, un referente como Corea del Sur supera los 9.400 investigadores por millón, mientras que países latinoamericanos como Chile presentan niveles considerablemente más altos que los de Colombia. Esta diferencia no solo refleja un menor volumen de investigadores, sino que evidencia una brecha estructural en la capacidad del país para generar conocimiento, sostener procesos de innovación y vincularlos con su aparato productivo.

Así, las trayectorias de desarrollo más exitosas a nivel regional e internacional muestran un patrón bastante claro. Las economías que han logrado incrementar su productividad y diversificar su estructura lo han hecho sobre la base de inversiones sostenidas en ciencia, tecnología e innovación, acompañadas de la consolidación de un talento investigador robusto y de una articulación efectiva entre el Estado, la universidad y el sector productivo. Por ejemplo, Corea del Sur no solo invierte más del 5% de su PIB en I+D, sino que también ha construido un ecosistema capaz de sostener procesos de innovación continuos. En contraste, Colombia no solo invierte poco, sino que también dispone de una base científica limitada, lo que reduce significativamente sus posibilidades de transformación.

Ahora bien, el problema colombiano no radica tanto en la ausencia de condiciones como en la subutilización de su verdadero potencial. El país cuenta con ventajas evidentes, incluso envidiables a nivel internacional, como su biodiversidad, su potencial agroindustrial y su riqueza cultural. Estas características, bien aprovechadas, podrían convertirse en motores de desarrollo. Sin embargo, esas ventajas no se traducen automáticamente en valor agregado. Su aprovechamiento depende de la capacidad para incorporarlas en procesos productivos directamente relacionados con su transformación a partir del conocimiento.

El sector agropecuario ilustra bastante bien este punto. Allí, particularmente, el aumento de la productividad no se basa en producir más, sino en producir mejor, mediante biotecnología, analítica de datos, trazabilidad y transformación industrial, entre otros. En ese contexto, el contraste regional también ofrece ejemplos concretos. Brasil, uno de los líderes regionales en este sector, no se consolidó como potencia agroindustrial solo por su escala productiva, sino también por su apuesta sostenida durante décadas por la investigación aplicada. El caso de Embrapa —la empresa pública brasileña de investigación agropecuaria— muestra que la articulación entre la ciencia, el Estado y el sector productivo puede transformar de manera estructural la productividad del campo.

Ahora, al revisar las apuestas recientes sobre política pública en Colombia, el panorama general resulta insuficiente, ya que los instrumentos impulsados —convocatorias, políticas emergentes en inteligencia artificial, programas de formación avanzada y mecanismos de financiación territorial— no han resuelto el problema de fondo: las decisiones políticas en materia de ciencia y tecnología operan en una escala limitada, sin una articulación clara con la estrategia de desarrollo productivo y sin prioridad real dentro del Estado.

En este sentido, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación continúa operando más como un espacio de validación discursiva que como un verdadero motor estratégico de transformación económica. El problema no es la inexistencia de instrumentos, sino la ausencia de un proyecto integrado, ambicioso y sostenido que sitúe el conocimiento en el centro del modelo de desarrollo del país.

De allí que el debate sobre el futuro económico de Colombia no pueda seguir reduciéndose a variables macroeconómicas de corto plazo. La discusión exige una pregunta clave: ¿qué economía quiere construir el país en las próximas décadas? Esa pregunta, en un contexto global cada vez más exigente, implica la necesidad de tomar decisiones estructurales en ciencia, tecnología e innovación. Decisiones que el próximo o próxima presidente de Colombia, sin posibilidad de renunciar a ello, deberá tomar para el futuro del país.

Quien llegue a la Casa de Ñariño deberá trazar una estrategia decidida para incrementar la inversión en investigación y desarrollo que permita alcanzar, a mediano plazo, al menos el 1% del PIB. Además, deberá reposicionar el lugar de la ciencia en el Estado, dotando la política de ciencia, tecnología e innovación de una capacidad real de incidencia en la planificación económica. También se le exigirá impulsar la formación de capital humano avanzado, fortalecer la articulación entre universidades, empresas y territorios, y apostar por sectores en los que el conocimiento y la innovación sean el principal motor de la generación de valor. Finalmente, deberá propiciar ecosistemas regionales de innovación con capacidad real para interactuar con contextos glocales.

Nada de esto será accesorio. Por el contrario, será determinante para las apuestas de desarrollo de Colombia. Las experiencias internacionales muestran que las transformaciones productivas profundas no resultan de ajustes marginales, sino de decisiones técnicas y políticas sostenidas que sitúan el conocimiento en el centro del proyecto nacional.

Colombia aún tiene una ventana de oportunidad para avanzar en esa dirección, pero no es indefinida. En últimas, las decisiones del próximo gobierno —y, en particular, la composición y las capacidades de su gabinete— darán cuenta de si el país será capaz de construir una economía basada en el conocimiento o si continuará reproduciendo una estructura de baja productividad, alta informalidad y limitada generación de valor. Mientras en Colombia no se asuma que la ciencia, la tecnología y la innovación no constituyen un sector más, sino el fundamento mismo de la productividad, la generación de valor y la competitividad, estas seguirán ocupando un lugar marginal dentro de la estructura del Estado y, en esas condiciones, el país difícilmente podrá avanzar hacia la transformación productiva que requiere.

Justamente en los quince años recientes, el Valle del Cauca ha logrado potenciar su atractivo ante los ojos de los inversionistas, para que encuentren en esta región del país el lugar estratégico para instalar sus empresas, crecer sus negocios e insertarse a un tejido empresarial sólido y diverso.

En Invest Pacific hemos sido compañeros de este viaje y aquí les comparto algunos de los frutos de este camino:

En 2010 el número de empresas de capital extranjero instaladas en el Valle era de 85, hoy son 261; la inversión extranjera llega hoy a 31 municipios -incluyendo 5 del norte del Cauca-, mientras que quince años atrás era de 15; el número de países de origen de esas inversiones pasó, en ese mismo lapso, de 26 a 47; y las exportaciones desde el departamento de empresas de capital extranjero pasaron de 585 millones a 960 millones de dólares.

No cabe duda de que la inversión extranjera es un motor de desarrollo social y económico. Las más de 260 empresas de capital extranjero presentes hoy en el departamento aportan cerca del 35% de las exportaciones de la región, y sus ventas equivalen a 21% del PIB regional y más del 5% del empleo formal.

Además, durante estos últimos años, Invest Pacific ha acompañado 240 proyectos de inversión extranjera en la región, que totalizan cerca de 2.900 millones de dólares y que han generado más de 26.600 empleos formales.

Hemos hecho un trabajo detallado por evidenciar las ventajas comparativas del departamento para que más empresas extranjeras se instalen en la región y, las ya presentes, continúen con sus planes de crecimiento. De igual manera, hemos aportado a la definición de las narrativas que han permitido elevar el posicionamiento del territorio ante actores de alto nivel internacional.

Hoy, por ejemplo, seguimos posicionando ‘Valle Verde’, una narrativa con la que demostramos las capacidades y facilidades que ofrece el Valle del Cauca para que las empresas alcancen sus retadoras metas de descarbonización; así como también ‘Cali Home4Tech’, una apuesta para que la ciudad se consolide como un territorio inteligente, sostenible y global, impulsando más inversiones enfocadas en tecnología para diversas industrias.

Todos estos resultados son producto de la sinergia de Invest Pacific con sus fundadores y aportantes: la Cámara de Comercio de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, ProPacífico, así como otras alcaldías y cámaras de comercio municipales y más de 60 organizaciones del ecosistema productivo e institucional de la región. De igual manera ha sido clave el apoyo de los miembros del Consejo Directivo de Invest Pacific, ProColombia y demás aliados estratégicos.

Seguiremos trabajando por quince años más de inspiración, conectando al mundo con oportunidades en nuestro territorio, así como cuidando y respaldando todo ese aporte de las empresas de capital extranjero hacia nuestra región.

Por: Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific.

Las alertas surgieron durante la más reciente asamblea de accionistas, donde socios minoritarios detectaron inconsistencias al ejercer su derecho de inspección. Según denunciaron, pese a restricciones en el acceso a documentos, lograron identificar una compleja situación financiera en la que la empresa dependería de préstamos de compañías vinculadas y de ingresos no operacionales.

En el centro de la controversia aparece el gerente Martín Nova, señalado por presuntamente autorizar bonificaciones por productividad en medio de una caída en las ventas. Fuentes cercanas indican que la compañía ha compensado su bajo desempeño comercial mediante el arrendamiento de activos, algunos vinculados a socios mayoritarios.

Otro punto clave es la relación con una empresa asociada en Barrancabermeja, desde donde se habrían otorgado préstamos a la matriz. En este contexto, la multinacional Toyota habría restringido el suministro de vehículos, lo que habría impactado directamente en la disminución de ventas.

Además, se investiga la ocupación de un predio en Bucaramanga con orden judicial de demolición no ejecutada, pese a inversiones recientes. Los denunciantes cuestionan también la inacción de la junta directiva, presuntamente cercana a la gerencia, mientras avanza la investigación del ente de control.

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Desde cerca, es algo más complejo: un intento de darle forma a una memoria que sigue en disputa.

Una tarde lluviosa de estos días entrevisté a su directora, Adriana María González Maxcyclack, para entender qué significa hoy la reactivación de la obra del museo.

En Colombia, la memoria no fracasa: se interrumpe. Se aplaza, se discute, se pone en duda, se vuelve sospechosa. Y, a veces, cuando intenta tomar forma concreta, cuando se vuelve edificio, presupuesto, cronograma, el país parece exigirle una pureza que no le exige a nada más.

Durante años, el Museo de Memoria de Colombia fue el blanco perfecto de esa impaciencia. Una estructura detenida, un esqueleto de concreto en Bogotá que permitía una conclusión fácil: aquí no pasó nada. “Elefante blanco”, repetían muchos, como si el nombre resolviera la incomodidad de fondo. Pero en Colombia, lo inconcluso rara vez es simple negligencia. A menudo es síntoma.

Porque mientras el museo parecía detenido, el conflicto no lo estaba.

“Esto sucede porque la ciudadanía aún no ve el avance que nosotros desearíamos, pero esa situación tiene una lógica y una razón de ser”, dice la directora del museo. Y en esa frase hay una defensa, pero también una constatación: el país mira rápido, juzga rápido, olvida rápido. La memoria, en cambio, funciona con otra velocidad.

El retraso, tres años acumulados desde que inició la obra en 2020, tiene explicaciones técnicas: un contratista que incumple, una Agencia Nacional Inmobiliaria que declara ese incumplimiento, un entramado de demandas que paraliza todo. Pero incluso esa explicación, precisa y necesaria, no alcanza a tocar el núcleo del problema.

Aquí la directora se detiene en lo que pocas veces se entiende afuera: “hay unos temas jurídicos asociados a esto que nos está atendiendo la Agencia Nacional Inmobiliaria. Ellos están demandando al contratista y a la interventoría, y el contratista, a su vez, está demandando al Estado. Entonces lo primero fue entender el estado real del contrato, organizar absolutamente toda la información y, a partir de ahí, saber cuánto cuesta reactivar el proyecto”.

Ese cálculo no es menor “Al cierre legal y financiero del proyecto a  2024, se requerían $101.608.985.093,83.  Dado que el proyecto contaba con recursos de $15.652.292.695,70, se solicitó en el nuevo proyecto de inversión el valor de $85.956.692.398,13. De este valor, fueron asignados $21.000 millones para la vigencia 2025 y $21.630.000.000 para la vigencia 2026, con un saldo de $43.326.692.398,13.(sin indexar)”:

Porque el museo no se retrasó solo por razones jurídicas. Se retrasó también en un país donde la memoria sigue siendo incómoda.

El reciente anuncio del reinicio de la construcción, presentado como “un hito de dignidad para las víctimas”, llega en un momento en el que hablar de memoria sigue siendo, en sí mismo, una toma de posición. No porque deba serlo, sino porque el país lo ha vuelto así.

En ese contexto, el lema que impulsa hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica, “todas las memorias, todas”, suena menos a consigna y más a desafío.

¿Cómo se narra “todo” en un país donde el diálogo es frágil, donde las versiones del pasado no solo difieren sino que se excluyen mutuamente? ¿Cómo se construye un relato común en una sociedad atravesada por desconfianzas, miedos y silencios heredados?

La apuesta es, de facto, radical. Y también riesgosa.

“Había que poner la casa en orden”, dice la directora del museo sobre la llegada de la actual administración. Pero ordenar, en este caso, no fue solo resolver un litigio o conseguir recursos. Fue también hacerse una pregunta más difícil: qué memoria se está construyendo, y para quién.

Ahí aparece el nombre de María Valencia Gaitán, cuya gestión ha insistido en revisar y reactivar no solo la obra física sino el relato que la sostendrá. Porque un museo de memoria no es una colección de hechos, es una forma de organizarlos, de darles sentido, de decidir qué voces se escuchan y cómo.

“La obra es el cascarón, pero lo de adentro es lo que realmente se va a mostrar”, dice la directora del museo. Y enseguida aterriza esa idea en decisiones concretas: “hemos avanzado en las narrativas de las salas, en espacios como ‘Cacofonía’ o ‘Nuestra América, nuestra memoria’, y en todo el recorrido central. Pero eso solo es posible si la obra física avanza, porque sin ese espacio no hay dónde poner esa conversación”.

Y ese “adentro” es, quizás, el lugar más conflictivo de todos.

El museo propone tres salas iniciales: conflicto, territorios, resistencias. Una línea de tiempo que intenta explicar las causas estructurales de la guerra, desde las disputas por la tierra hasta la irrupción del narcotráfico y los distintos actores armados. Luego, una mirada a cómo esa guerra se vivió en las regiones. Y, finalmente, un espacio para las respuestas de las comunidades: sus formas de resistir, de narrar, de reconstruir.

Pero esa propuesta no nace de cero. “Esto es un trabajo que se ha venido haciendo con las organizaciones desde hace años”, explica. “El museo recoge procesos como ‘Voces para transformar Colombia’ y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Lo que hicimos fue actualizar ese plan museológico bajo un concepto que llamamos ‘umbral’, que invita a las personas a entrar en experiencias donde van a ser parte del proceso”.

Sobre el papel, la secuencia es clara. En la práctica, no lo es tanto.

Porque contar el conflicto en Colombia implica inevitablemente tocar heridas abiertas. Implica nombrar responsabilidades en un país donde aún hay actores armados, donde las violencias mutan, donde el pasado no termina de pasar.

Dialogar, en ese contexto, no es fácil. Y quizás nunca debió serlo.

Tal vez haya algo que reconocer ahí: que la dificultad misma del diálogo es prueba de que sigue siendo necesario.

El museo insiste en que no es solo un edificio en Bogotá. Habla de una dimensión territorial, de más de 300 lugares de memoria en el país, de comunidades que deciden cómo quieren recordar. Habla de una dimensión virtual, de acceso abierto a esos relatos.

“Son espacios construidos por las comunidades para dignificar lo ocurrido”, dice la directora. “No necesariamente son lugares del horror. Pueden ser bosques, casas, senderos. Lugares donde la gente decide cómo recordar”.

Es, en teoría, un intento de descentralizar la memoria.

Pero incluso esa apuesta enfrenta un límite: el país sigue profundamente fragmentado. No todas las memorias quieren encontrarse. No todas confían en las otras. No todas creen en el Estado como mediador.

Y aun así, el museo propone reunirlas.

El 9 de abril habrá una puesta en escena: testimonios, música, una línea de tiempo, experiencias sensoriales. No será la inauguración del edificio, sino algo más provisional. Una especie de ensayo público de lo que podría ser el museo.

“Va a ser un evento muy emotivo”, explica. “Van a estar organizaciones de víctimas, cantaoras, familias buscadoras, pueblos indígenas. La idea es que la gente entienda el museo antes de que exista completamente”.

“Es conectar a la gente con algo: decirle ‘esto está vivo’”, añade.

La frase tiene algo de insistencia, casi de urgencia. Como si el mayor riesgo no fuera el retraso de la obra, sino la pérdida de sentido.

Sería fácil reducir esta historia a una narrativa de ineficiencia estatal o, en el otro extremo, a una épica institucional. Ninguna de las dos alcanza.

Lo que ha ocurrido con el Museo de Memoria es más incómodo: revela la dificultad de un país para mirarse a sí mismo sin simplificaciones.

Y, al mismo tiempo, evidencia el esfuerzo, parcial, discutible, pero real, de intentar hacerlo.

Hay que decirlo con claridad: reiniciar esta obra no era inevitable. Requería decisiones, recursos, voluntad política. Requería asumir el costo de continuar algo que muchos ya daban por perdido.

En ese sentido, la administración actual ha hecho algo que no siempre se reconoce: volver posible lo que estaba detenido.

Cualquiera que llegue después tendrá que entender ese punto de partida. Y, más aún, tendrá que decidir qué hacer con él.

En Colombia, la memoria no es un terreno estable. Es un espacio en disputa permanente.

Quizás por eso el museo, incluso antes de terminarse, ya es lo que intenta ser: un lugar incómodo.

Un lugar donde no todo encaja. Donde las versiones chocan. Donde el diálogo se hace urgente. Y donde, precisamente por eso, algo importante puede ocurrir. No porque el país haya resuelto su pasado. Sino porque, a pesar de todo, todavía insiste en no dejar de mirarlo.

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la Comuna 13, esa contradicción no se esconde, más bien convive.

Allí, donde durante años el Estado llegaba tarde o no llegaba, hoy llegan también visitantes con cámaras, grafitis convertidos en relato turístico y cafés que traducen la ciudad al inglés. Pero más allá de ese encuadre —el que circula en Instagram— hay otra historia que insiste: la de los jóvenes que siguen creciendo entre oportunidades fragmentadas.

Y en medio de esa tensión, una casa se vuelve a abrir.

La sede de la YMCA Medellín en San Javier no es solo una renovación física. Es, en el fondo, una declaración política: creer en los jóvenes en una ciudad que todavía no termina de decidir cómo hacerlo. La dirige Daniel Ledesma, 27 años, criado en ese mismo territorio, alguien que no llegó a “intervenir” la comuna, sino que creció dentro de ella.

“Hay en las comunidades mucho más que conflicto, hay posibilidades, arte y jóvenes con un potencial maravilloso”, me dice Daniel, sin romanticismo pero con convicción.

Su historia no es excepcional; es precisamente el punto. Es el tipo de liderazgo que Medellín necesita multiplicar, pero que aún no logra escalar. Porque mientras la ciudad se posiciona como hub tecnológico y destino global, la pregunta sigue siendo quiénes participan realmente de ese crecimiento.

La Comuna 13, Bello, el nororiente, los bordes invisibles de la ciudad: ahí se está jugando otra Medellín.

Una donde los jóvenes no solo enfrentan la presión de sobrevivir, sino la de encajar en una narrativa de éxito que no siempre les pertenece. Donde el turismo encarece la vida, donde el arriendo sube más rápido que las oportunidades, donde el inglés abre puertas, pero no todos tienen llave.

Y en ese contexto, hablar de juventud en Colombia ya no es solo un asunto social: es un asunto estructural.

Hoy, más de 12 millones de personas en Colombia tienen entre 14 y 28 años. Es casi una cuarta parte del país. Pero esa cifra, que debería ser una ventaja demográfica, convive con otra realidad: tasas de desempleo juvenil que históricamente duplican el promedio nacional, altos niveles de informalidad y brechas profundas entre lo urbano y lo rural. En ciudades como Medellín, esa desigualdad no desaparece; se redistribuye.

El país, además, está envejeciendo. La tasa de natalidad ha caído de forma sostenida en los últimos años, y eso reconfigura todo: el mercado laboral, el sistema pensional, la productividad futura. Los jóvenes de hoy no son solo una generación más; son, literalmente, la base del país que va a sostener las próximas dos décadas.

Pero hay una tensión evidente: se les exige ser el futuro, sin garantizarles el presente.

En ese vacío, también emergen fenómenos incómodos que Medellín conoce bien pero que pocas veces se integran a la conversación pública con la suficiente profundidad. El aumento del turismo internacional ha traído consigo no solo inversión, sino también dinámicas complejas como el crecimiento de economías informales asociadas al trabajo sexual, muchas veces atravesadas por desigualdad, explotación y falta de oportunidades para jóvenes —especialmente mujeres y población diversa— que encuentran en estos circuitos una salida inmediata en ausencia de alternativas estructurales.

No es una historia nueva. Es una que cambia de forma.

“Se necesita creer en los jóvenes y eso significa inversión. Necesitamos pensar en quiénes son los jóvenes de Colombia”, insiste Daniel.

La frase suena simple, pero en Medellín adquiere otra dimensión. Porque no hay un solo tipo de joven. Está el que programa desde El Poblado y trabaja remoto para una startup en California, y está el que cruza la ciudad dos horas para estudiar, o el que decide entre un ingreso inmediato o una apuesta educativa a largo plazo.

Pensar en “los jóvenes” en abstracto ya no alcanza.

Y ahí es donde el Estado —el actual y el que viene— tiene una deuda que ya no admite aplazamientos. Colombia se acerca a un nuevo ciclo político, y con él, la oportunidad (y la obligación) de redefinir su relación con esta generación. No basta con políticas juveniles nominales o programas fragmentados: se requiere una lectura profunda de quiénes son estos jóvenes, qué territorios habitan, qué economías los sostienen y qué expectativas tienen.

Porque gobernar en los próximos años será, en gran medida, gobernar para una generación que no necesariamente cree en las instituciones como lo hicieron las anteriores.

En ese mismo espacio renovado aparece otra figura que conecta la historia global con la realidad local: Sam Blyth, tataranieto de Sir George Williams, fundador de la YMCA en Londres en 1844. No es un detalle menor. Hay algo simbólico en que un descendiente directo de ese origen llegue a la Comuna 13, no como espectador, sino como aliado.

“Medellín ha tenido una historia compleja, pero es precisamente por eso por lo que queremos impulsarlo. Soy muy optimista sobre Medellín”, me dice Sam.

El optimismo, en este caso, no es ingenuo. Es una apuesta.

Porque la YMCA no está llegando a descubrir la ciudad; lleva décadas ahí. Desde 1998 en la Comuna 13, acompañando procesos que no se miden en métricas rápidas, sino en trayectorias de vida. Más de 3.000 jóvenes en los últimos años, miles de horas de voluntariado, programas que van desde formación digital hasta liderazgo comunitario.

Pero su historia es mucho más larga —y más amplia— que Medellín.

Nacida en el Londres industrial de 1844, en medio de una revolución económica que también desbordaba a los jóvenes trabajadores, la YMCA surgió como una respuesta a una pregunta que sigue vigente: ¿qué hacer con una juventud que migra, que trabaja, que cambia más rápido que las instituciones que deberían acompañarla?

Desde entonces, ha estado presente en guerras, procesos de urbanización, crisis económicas y transformaciones culturales en más de 120 países. Ha trabajado con jóvenes desplazados, con comunidades obreras, con estudiantes, con migrantes. Ha sido refugio, escuela, red, punto de encuentro. Y en todos esos contextos, hay un hilo común: juventudes atravesadas por cambios profundos, intentando encontrar un lugar en sociedades que se reconfiguran constantemente.

Lo que pasa en Medellín, en ese sentido, no es una excepción. Es parte de una historia global.

Y, sobre todo, algo más difícil de cuantificar: espacios de cuidado.

En las últimas semanas, los llamados enfrentamientos de “macheteros” volvieron a encender alertas. Videos virales, jóvenes convocados por redes sociales, violencia que parece nueva pero que tiene raíces viejas. En ese escenario, organizaciones como la YMCA vuelven a hacer lo que el algoritmo no puede: mediar, escuchar, sostener.

No se trata solo de evitar la violencia, sino de ofrecer alternativas reales.

Porque si algo queda claro al caminar Medellín hoy es que la ciudad está en disputa narrativa. Entre el orgullo legítimo de su transformación y las deudas que siguen abiertas. Entre el brillo internacional y las fracturas internas. Entre lo que se muestra y lo que se vive.

La nueva sede de la YMCA no resuelve esa tensión. Pero la reconoce.

Es un espacio con mejor luz, más accesible, más conectado tecnológicamente. Pero también es un recordatorio de algo más profundo: que el desarrollo no es solo infraestructura, es tejido social. Y que ese tejido, en Colombia, sigue dependiendo en gran medida de sus jóvenes.

Creer en ellos —como dice Daniel— no es una frase inspiracional. Es una decisión de urgencia económica, política y cultural.

Y en una ciudad como Medellín, donde todo parece avanzar rápido, la pregunta no es si va a haber futuro, sino quiénes van a poder habitarlo.

Las explicaciones de las razones por las cuales los Estados Unidos desataron esta guerra no han producido claridad. Si Irán estaba muy cerca de contar con bombas atómicas, quedaría desvirtuada la proclama victoriosa de hace 6 meses en el sentido de que los iraníes tardarían décadas en conseguir un arsenal atómico después del contundente bombardeo de la “Guerra de los 12 días”. Y si la idea fue adelantarse a la reacción iraní contra los Estados Unidos ante el inminente ataque de Israel, como lo dijo el Secretario de Estado, los americanos habrían entrado en guerra arrastrados por insinuación ajena. La renuncia estrepitosa de Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, que dice expresamente que Irán no representaba una amenaza inminente contra los Estados Unidos y que la Administración “inició esa guerra bajo presión de Israel y su poderoso lobby americano”, dejará flotando serias dudas en esa materia.    

El llamado del presidente Trump a los iraníes, coreado por el primer ministro israelí, para que se levanten y tomen por su cuenta la tarea de acabar con el régimen de los ayatolas, no ha sido o no ha podido ser atendido. Pasados unos días parece claro que la misma gente que salió a la calle en enero no estaría dispuesta a correr otra vez, ahora en pleno Ramadán, a intentar tomarse el poder bajo el bombardeo de quienes habían prometido ayudar y dicen hacerlo de manera aséptica desde el aire, como en un juego de computador. 

El sistema establecido por la revolución islámica de Irán fue diseñado desde un principio para afrontar contrarrevoluciones. Con ese propósito se fundó una poderosa guardia, diferente del ejército, a cargo de organizaciones policivas y paramilitares, públicas y secretas, internas y exteriores, orientadas exclusivamente al control social y la represión, no sólo cuando la gente protesta sino a través de acciones de control de la vida cotidiana. Organización arraigada en la vida del país a lo largo de casi medio siglo, que no se va a disolver por el hecho de que muchas de sus instalaciones hayan sido destruidas. 

En las ciudades iraníes se dice que a estas alturas la gente no solo tiene miedo de la represión, cuyo aparato a pesar de haber sido golpeado sigue vigente y más alerta que nunca, sino que teme caer en la trampa de una guerra civil, que castigaría a una población de más de 90 millones de almas que no necesariamente aplauden, sino que repudian el ruido de los aviones y la caída de miles de bombas sobre su territorio. 

Casi veinte días después del ataque que mató al líder supremo, seguido de una “poda” mortal de altos dirigentes, y a pesar del anuncio de la destrucción de la fuerza aérea, el hundimiento de la marina de guerra y del cierre, ahora sí, del programa nuclear, Irán continúa lanzando misiles y artefactos de bajo precio contra instalaciones militares americanas en la región y contra objetivos civiles en los países del Golfo Pérsico. Controla además el paso por el Estrecho de Ormuz, sin que se produzca el temido efecto de obliteración del suministro de petróleo que por allí transita, pues permite la navegación de embarcaciones con destino a sus amigos y principales compradores.

Como si una operación de semejante envergadura no hubiese estado bien planeada, desde Washington se ha hablado de “excursión” lo mismo que de guerra, se ha tratado de manera desobligante al primer ministro británico para luego decir que no se necesita su apoyo, se ha convocado luego a la OTAN, con Gran Bretaña incluida, para que contribuya a despejar Ormuz y, ante la muy importante e inédita negativa de los aliados naturales a cooperar en ese propósito, se ha vuelto a decir que no se les necesita. 

La aspiración de la Casa Blanca en el sentido de participar en la selección del nuevo líder supremo de la República Islámica, con la esperanza de montar un esquema como el de Venezuela, simplemente no fue atendida. La mención de que Irán estaría solicitando un cese del fuego y una negociación fue categóricamente desmentida por el canciller iraní, que desde un principio ha sostenido que Irán no tiene de qué hablar con los Estados Unidos y que está dispuesto a continuar la guerra por el tiempo que sea necesario, y ha retado más bien a que los norteamericanos se atrevan a enviar tropas para ver cómo les va en el terreno. 

La guerra desatada contra Irán se convierte poco a poco en una prueba de resistencia. Para la República Islámica, y también para el pueblo iraní, sea cual sea su posición frente a los hechos, cada día de supervivencia tiene sabor de victoria. El deseo de sobrevivir les fortalece. Mientras tanto, sigue siendo una incógnita la actitud futura de los países limítrofes y de los del Golfo Pérsico, cuya condición de “oasis” para inversionistas y emprendedores occidentales se ha deteriorado y será difícil de recuperar. 

Israel, que maneja sus operaciones con precisión y propósitos claros, se ha beneficiado de la acción estadounidense para golpear a Irán con base en un ejercicio de inteligencia que lleva años en busca de una oportunidad como esta. También se ha adentrado en el Líbano para tratar de rematar a Hezbollah. Acciones que al parecer cuentan con apoyo en una sociedad que ha tenido en Irán un enemigo declarado. Otra cosa serán las cuentas de todo lo que Israel ha protagonizado a partir del infausto ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, que no hay que olvidar como detonante de tanta desgracia. 

En los Estados Unidos, a pesar del apoyo irrestricto de algunos sectores, no se notan réditos y más bien crecen las voces que reclaman por la falta de claridad en los objetivos, las explicaciones erráticas y una opacidad incómoda respecto de la extensión y profundidad de una guerra que se ha llamado a ratos expedición, como si fuera un paseo. Aventura cuyo desenlace se aplaza en cuanto no caiga el régimen iraní, el Estrecho de Ormuz siga en otras manos, siga ausente el apoyo de aliados tradicionales y crezca la oposición interna, preocupante en la perspectiva las elecciones de renovación parcial del congreso en el mes de noviembre.

Si la Casa Blanca diera vuelta atrás, cualquier proclama, aún de victoria, para justificar ese hecho tendría sabor a derrota; algo inaceptable para un presidente que considera que “perdedor” es el peor de los calificativos.  Además, dejaría al mundo metido en una crisis de la cual le echarían la culpa abierta o veladamente. Y podría ser el principio de una tremenda batalla política en busca de una nueva prevalencia imperial, en cuanto muchos paso a paso se atreven ya a cuestionar un liderazgo americano que se desgasta con su falta de claridad y sus contradicciones. 

Destejer una alfombra tejida en el seno de una civilización milenaria, ignorada y menospreciada a través de ese lente oscuro de ignorancia con el que tantos miran hacia Oriente, no es trabajo fácil. No más la idea del martirio como credencial con la que muchos desean irse a la tumba resulta ser un elemento de refuerzo al sentido que el régimen islámico tiene de la misión que cumple. 

Todo se ve como si, una vez más, los Estados Unidos insistieran en emprender acciones con el fin de cambiar el Medio Oriente, que es un mundo aparte donde aún existen las huellas de Nabucodonosor, Alejandro, Darío y Ciro, que no eran ningunos tontos. Y es que cogobernar a Irán no es lo mismo que hacerlo con Venezuela, que parecería ser el modelo originalmente invocado. Y hacerlo después de más bombardeos, aún con el envío de tropas a un país de 90 millones de almas, donde se hablan al menos 40 idiomas distintos, sería una aventura de pronóstico reservado.

Paul Bremen, que tuvo a su cargo el gobierno de Irak luego de la caída de Sadam Hussein, relata en cartas dirigidas en su momento a su esposa, cómo la pretensión de ir a gobernar conforme a los valores occidentales asuntos de fondo que pertenecen a otro mundo, todo lo que hizo fue propiciar una revuelta antiamericana que en un año lo obligó a renunciar a ese oficio. 

No cabe duda de que en Washington se viven momentos dramáticos, aunque muchos traten de ocultar una realidad apremiante que pone a prueba el verdadero liderazgo mundial que el presidente ha reclamado con tanta suficiencia. Mientras se sabe que Rusia jamás ha sido ajena al destino de Irán, y que China e India tienen cartas para jugar, lo mismo que las naciones árabes, habitantes del mismo vecindario.

Aunque parezca inocuo, idealista, ingenuo o ridículo, en esta época de transgresión sin pena del derecho internacional, quienes crean que todavía es posible echar mano de lo que de ese engendro quede, deberían hacer a estas alturas el intento de buscar una paz negociada, en lugar de insistir en el uso brutal de la fuerza para detener un proceso de deterioro que puede llevar a una catástrofe cada vez más amplia. 

“Al ritmo que viene el desarrollo de la inteligencia artificial, se calcula que cada año se van a construir entre 120 y 130 data centers de hiperescala a nivel mundial. Estamos hablando de alrededor de 800 nuevos centros de datos gigantescos hasta 2030. Eso es brutal”, dice a Mongabay Latam Soledad Vogliano, investigadora argentina del grupo ETC, una organización que monitorea el impacto de las tecnologías emergentes sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos.

Se tratan de gigantescas infraestructuras digitales que albergan la información necesaria para abastecer una demanda cada vez mayor de almacenamiento de datos con una gran variedad de propósitos, entre ellos, el creciente uso de la inteligencia artificial (IA). El problema de estas construcciones es que para su funcionamiento permanente requieren de un uso intensivo de recursos, como agua y energía.

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De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumen entre el 1.5 % y 2 % de la electricidad a nivel mundial y se calcula que para 2030 esta demanda se duplicará. Lo mismo sucede con el agua. Vogliano explica que cuando se instala un data center en hiperescala, es decir, de grandes dimensiones, este puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, que equivale a lo que consume una ciudad de 50 000 habitantes en una jornada.

Con estos niveles de consumo de agua y energía, sumado a la ocupación de grandes espacios de tierras y otros problemas para las poblaciones cercanas como los ruidos constantes por el funcionamiento de los equipos, los conflictos socioambientales están en aumento.

La expansión de la infraestructura digital

Desde hace tres años, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “empezó a identificar mucha conflictividad asociada a la nueva infraestructura digital, una situación que, prácticamente, se puede encontrar en todo el continente”, comenta Javier Palummo, Relator Especial de Redesca, en conversación con Mongabay Latam.

“Es la primera vez que desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se pone énfasis específico en los impactos de la infraestructura digital sobre los derechos humanos”, agrega Palummo.

Palummo se refiere así a lo que significa la presión sobre servicios esenciales, el costo y la disponibilidad de la energía y los riesgos estructurales en el goce del derecho al acceso al agua, que “podrían tener impactos vinculados a la salud y al ambiente sano, entre otros derechos”. En ese sentido, Palummo menciona que existe una mayor preocupación cuando este tipo de obras de infraestructura digital se desarrollan en zonas con estrés hídrico o en lugares que se encuentran en una situación de desigualdad preexistente.

Otro aspecto que menciona Palumbo con relación a la evaluación de casos que vienen haciendo en Redesca son los marcos regulatorios y las políticas públicas relacionados con las facilidades para que se instalen estas infraestructuras. “Hemos identificado que cada país toma distintos caminos a la hora de asegurar que este tipo de grandes obras tenga un impacto reducido en términos de protección del ambiente, de afectación del ambiente, uso de recursos naturales, de energía”, asegura el relator.

Desde ese punto de vista, la relatoría ha llamado a que los Estados adopten marcos regulatorios y políticas públicas que aseguren que la transformación digital se desarrolle con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y debida diligencia ambiental.

Aunque la Redesca considera que el desarrollo de esta infraestructura digital puede ser importante y estratégica para el progreso económico y social de los Estados de la región, también toma en cuenta que esto solo puede ser posible cuando contribuye a reducir problemas estructurales y promover la inclusión de poblaciones históricamente excluidas.

Palummo también menciona que los conflictos sociales alrededor de las infraestructuras digitales se han generalizado en todos los países del continente.

Por su parte Soledad Vogliano señala que América Latina es la región que cuenta con menos desarrollo de infraestructura digital, pues solo alrededor del 5 % de los data centers del mundo están en Latinoamérica. “Los países que tienen mayor desarrollo son Brasil, México y Chile, pero fundamentalmente Brasil, porque se ha constituido en un hub de desarrollo de data centers alrededor de Sao Paulo”.

En cuanto a Chile, Vogliano menciona su cercanía con los puertos de entrada de cables submarinos de fibra óptica, que le brindan ventajas para el funcionamiento de estos data center. Cabe mencionar que las instalaciones subterráneas de fibra óptica son otra de las infraestructuras digitales a gran escala que también genera conflicto en las comunidades, que reclaman la ausencia de consultas públicas antes de la instalación de estos equipos.

En el caso de México, comenta Vogliano, el desarrollo de los data center tiene que ver con el vínculo con los Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, sobre todo en el último año, “hay una especie de carrera por promover la llegada de data centers en otros países”. Un caso paradigmático es el anuncio del presidente Javier Milei para la instalación de data centers de Open AI —el gigante de ChatGPT— en la Patagonia.

Durante la reunión que tuvo Milei con los representantes de la empresa se destacó el compromiso de posicionar al país como un enclave estratégico para el desarrollo tecnológico y consolidar a Argentina como un hub de innovación. Otras empresas que están desarrollando a gran escala la inteligencia artificial e instalando data centers de grandes dimensiones son Amazon, Google y Microsoft.

Además del problema del uso intensivo de agua y de energía, el uso de la tierra también genera conflictos. “En algunas zonas ocurren cambios de uso de suelo, zonas que eran típicamente rurales, incluso cordones de producción de alimentos cerca de las ciudades, empiezan a convertirse en sitios de producción de capacidad computacional. Eso, obviamente, es un rediseño del territorio”, aclara Vogliano.

En otros lugares lo que está pasando es que los centros de datos empiezan a competir con zonas de barrios populares, agrega la especialista, transformando la dinámica del territorio. “Un  impacto directo que hace que la vida en ese lugar sea muy difícil es el ruido. Es algo que nadie toma en cuenta, pero los data centers producen un ruido permanente. No es muy fuerte, pero es como sentir un zumbido permanente todo el tiempo”, cuenta Vogliano.

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El reclamo de las comunidades

“Antes de que llegaran los centros de datos, Querétaro ya enfrentaba problemas de estrés hídrico”, comenta a Mongabay Latam el mexicano Adrián Carrera, líder de Infoactivismo de SocialTIC, una organización dedicada a investigar la tecnología digital.

Carrera conoce bien lo que está sucediendo. Querétaro es el estado de México con mayor cantidad de centros de datos a hiperescala. Un lugar donde se han instalado esas infraestructuras gigantescas que albergan los equipos necesarios para almacenar inmensos volúmenes de información que alimenta la inteligencia artificial (IA).

“Tenemos testimonios de algunas comunidades cercanas a centros de datos que refieren que ahora tienen cortes de agua, por ejemplo, con mayor frecuencia. Si bien ya tenían  problemas antes, ahora se han agravado”, comenta.

Se están generando también problemas de suministro eléctrico. “Estos impactos son cada vez más evidentes y las personas se molestan. Por eso, es más probable que se presenten más conflictos socioambientales”, afirma.

Carrera asegura que las personas que viven cerca de los lugares donde se instalan estos data centers ven fracturada su cotidianidad. “Lo más evidente es que abras la llave del agua y no salga o que se vaya la luz por muchas horas, con una frecuencia que no ocurría antes. La gente nos dice: ‘Ya no puedo vivir como vivía antes’”, cuenta.

A ello se suma la falta de información transparente sobre los proyectos y una especie de zona gris sobre la normas y leyes alrededor de éstos. Carrera menciona que los grupos de activistas en Querétaro han tenido dificultades para acceder a la información sobre cómo se están desarrollando estos proyectos. “Si no hay información es más difícil que haya una discusión pública con evidencia”, comenta.

Carrera también aborda las diferencias en cuanto a legislación entre países para permitir la instalación de los centros de datos y explica que los países de la Unión Europea tienen regulaciones más estrictas que en América Latina.

Eduardo Poletti, director de las maestrías en Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma del Perú, señala que si bien con el desarrollo de la IA la demanda de centros de datos es exponencial, no se debe dejar de lado otros aspectos necesarios para el funcionamientos de estas infraestructuras digitales, como el cableado de fibra óptica. “Estos grandes centros de datos van a funcionar en la medida en que haya conexión. Y obviamente por el crecimiento exponencial de la IA tiene un impacto colateral”.

La pregunta es “¿estamos preparados?”, comenta Poletti. “Somos conscientes de que particularmente en América Latina los ejes de estos impactos están en el agua” y menciona el caso de Perú, donde existen zonas con estrés hídrico, por tanto, instalar centros de datos “definitivamente sería una bomba social”.

Otro aspecto importante que menciona Poletti es nuevamente el uso de energía y del territorio. En este último aspecto toma en cuenta el cableado submarino y las torres de telecomunicaciones que  impactan en los ecosistemas en forma sensible. “La conectividad no puede avanzar a costa de este tipo de invasiones en los territorios. Necesitamos modelos sostenibles que prioricen, obviamente, las energías renovables y una gestión más eficiente del uso del agua”.

Poletti menciona que también es importante “la generación de valor compartido”, es decir, que se consulte a las comunidades cuando se planea instalar centros de datos y fibra óptica en sus territorios y se garantice que esas comunidades sean parte de esos proyectos, pues más allá de la inversión que realicen los grandes operadores tecnológicos también deben tener una responsabilidad con el entorno y la población. “Es muy difícil llegar a generar un valor compartido”, afirma.

En cuanto a la legislación, Poletti señala que en América Latina “es muy pobre” y “no se manejan estándares” para los recursos hídricos y energéticos, como sí se hace en los países europeos. “Se menciona que para 2030 el consumo de agua de los centros de datos podría superar 1.2 billones de litros de agua por cada kilovatio hora utilizado por la IA, eso es impensable”, dice el catedrático. Por eso, agrega “el desafío es que en países como el nuestro se establezcan estándares para la innovación tecnológica que se sustenten en políticas ambientales y sociales que aseguren beneficios tanto para las personas como para los ecosistemas”.

Imagen principal: data center en Querétaro, México. Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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