En el cosmos, la galaxia; en la galaxia, el planeta tierra; en la tierra, este continente; en el continente, Colombia; en Colombia, la vereda; en la vereda, la casa; en la casa la mesa y el piso; tras la casa, el barranco; y bajo la tierra, el hormiguero que aloja a la hormiga. Todo ello es poesía cósmica, del mundo. Normalmente, cuando estamos sumergidos en la rutina, cuando sometemos nuestros ritmos vitales a la dictadura del reloj; cuando estamos en el trabajo y los días, como se titula el libro de Hesíodo, no nos percatamos de toda esta arquitectura, de estas redes; de estas grandes tramas escritas por el universo, de la traslación del planeta al interior de la galaxia, de su rotación sobre sí mismo, y del equilibrio cósmico que todo esto implica. No pensamos en el clima global, en la homeostasis planetaria, ni en la habitabilidad del mundo

Flotamos en el cosmos con una absoluta inconsciencia, como dormidos en un planeta vivo que también se mueve, extrañados de la atmósfera, de la biosfera, del núcleo caliente de Gaia que nos abriga y nos arropa…que nos mantiene vivos. Del cosmos provino la vida; esta se ramificó en millones de especies, bellas, diversas, raras, feas. Se formó así la naturaleza, esa obra de arte que se produce y se reproduce sí misma. La naturaleza es un circuito vital, una dialéctica de vida y muerte; en ella la vida está entrelazada, unida; es la madeja que permite la sinapsis vital del mundo, el tejido viviente del que formamos parte. No somos seres en la naturaleza, tal como está la matera sobre la mesa; ella es en nosotros, es una especie de universalidad que nos habita.    

En esta tierra habitamos continentes, países, regiones, provincias y veredas, pero todo ello es solo el resultado de un cosmos devenido, configurado, compuesto. El lugar en el que estamos es un gran arreglo material del mundo que ha tardado eones, milenos, siglos, décadas. Del Bing-Bang a la tierra donde están las crías de la hormiga, la materia ha pasado por muchas transformaciones, acciones, afectaciones. Se ha desdoblado en orgánica e inorgánica, pero siguen trabajando juntas, todo el tiempo, en lo vivo y en lo abiótico. En ese tiempo cósmico las bacterias descompusieron el CO₂ y permitieron la formación de la atmósfera; desaparecieron los dinosaurios hace más de 60 millones de años. Desde el Bing-Bang hasta el mamífero humano que construyo la casa, en la cual reposa la mesa sobre la que se desplaza la hormiga, el cosmos se ha desplegado, y el humano, un recién venido en esta gran novela cósmica, ha empezado a escribir su historia. Así, arribamos a un ahora, un presente lleno de pasado y rebosante de futuros posibles, pues como dice la pensadora colombiana Laura Quintana (2025): “Todas las cosas del mundo están en medio de múltiples devenires y trayectorias”. Esa historia a la que arribamos no es más que el producto del diálogo de los seres humanos con el universo, un diálogo complejo, mediado por el lenguaje, la cultura y la técnica.

La casa es solo un útero vivible, una esfera para decirlo con Sloterdijk (2003), un espacio cálido en la agreste tierra, que posibilita la vida humana. Es la versión moderna de la cueva primitiva, donde alrededor del fuego se tejieron las primeras historias, y se echaron los primeros cuentos; en esas cuevas donde el ser humano, esa criatura desvalida si se la compara con la fuerza del tigre, buscó protección y tranquilidad. Allá, entonces, se crearon los mitos, esas grandes, bellas y múltiples maneras con las que los humanos trataban de explicar el origen de todo, su puesto en el cosmos como diría Max Scheler (2003) en el siglo XX, su relación con ese gran universo que lo apabullaba y lo hacía sentir ínfimo, miserable, miedoso. Los mitos y las religiones aparecieron como formas de tratar con la realidad, de hacerla asible, manejable, dominable, vivible. Por eso los mitos no son charlatanería, no son cuentos. Las religiones, por su parte, son creaciones poéticas para tratar con el mundo, para arroparnos bajo su manto, bajo el manto, también, de los dioses. Con los mitos y las religiones se buscaba explicar los misterios que apabullaron al humano, entre ellos, los dos más importantes: la vida y la muerte; su origen y su destino final.

 Para cavar la cueva el ser humano primitivo, omnívoro, más inteligente, tuvo que trascender la naturaleza. Esta trascendencia es lo típico humano, le permite ir más allá de lo dado, de ciertas determinaciones biológicas. Ella apareció cuando ese animal ancestral que es el humano contempló el mundo, se dejó atraer, tentar, interpelar por lo que estaba afuera, pero también por lo que estaba dentro, en el interior, como dice la filósofa Diana Aurenque (2023). También Ortega y Gasset (2001) el siglo pasado había hablado del ensimismamiento como un carácter distintivo del humano, pues gracias a él pudo crear un espacio interior que permitía el pensamiento, la filosofía. Si el animal está sometido a su dotación biológica, sino puede escapar de los límites que la naturaleza le ha impuesto, el ser humano es un ser metafísico, trascendente, que pudo sobrepasar lo físico, “ir más allá” de la naturaleza misma, pero sin salir de ella, pues somos seres anclados al devenir natural. Y es necesario pensarlo así, para evitar la egolatría del antropocentrismo. Somos natura y eso es indiscutible, pero también abrimos rutas hacia otros confines y mundos.

El ser humano es un ser creador, un animal pensante que creó un proyecto vital propio, su mundo,  o, mejor, sus mundos, sus órbitas y universos propios. El animal nace, crece, se reproduce y muere, como sabemos desde la biología elemental; algunos son muy inteligentes, pero no escapan a los designios que natura les ha impuesto. El animal está acorralado por su naturaleza, pero el animal ancestral que es el humano, gracias a su pensamiento que también lo conecta con lo divino, no solo usó herramientas técnicas para cavar la cueva, no sólo creó los mitos y las religiones y se abrió un espacio cálido y protector en el mundo, sino que creó la agricultura, la ciencia, la técnica, la industria, el mercado, el Estado, la política, los departamentos, los pueblos y las veredas, el arte; y, también, engendró la motosierra para cortar la madera que compone la mesa sobre la que camina la hormiga.

Y así como con los hongos y la caza, y el azúcar artificial hecho por el ser humano, la hormiga reproduce su vida biológica, el humano con la técnica se sobrepone al mundo. No hay humano sin técnica, esta es constitutiva de su humanidad misma. Ha hecho posible el mundo que tenemos y lo ha configurado desde que talló la primera piedra para cazar grandes animales, o para cavar una gruta. La técnica está a punto de convertirse en el “segundo cuerpo de la Tierra”, dice el pensador africano Achille Mbembe (2024); ya es, en efecto, un espacio vital más, en él también moramos, vivimos y trabajamos. Por eso ya somos medio cyborgs.

Todo el proceso vital de las especies, así como el del humano, requiere transformar materia. La vida viene de la vida y come vida para perpetuarse. Sobrevivir implica la metamorfosis material del mundo, un incesante intercambio de líquidos, flujos y sustancias. Esa materialidad está presente en el aire que respiramos, el mismo que remite al árbol, a la fotosíntesis y a la estabilidad climática del planeta. Cuando respiramos el aire nos conectamos, en verdad, con el universo todo, pues sin este, nuestro planeta mismo no existiría. Inhalo parte del cosmos y exhalo parte del cosmos ligeramente alterado. De todo ese entramado depende la vida. La vida es un soplo del cosmos, somos polvo estelar, y somos un suspiro del universo. En fin, somos hijos de engranaje del mundo y, para los creyentes, somos también la materialización de una idea divina, del pensamiento de Dios…somos un sueño de Dios, el producto de su sueño creador.   

Pero hemos dicho somos, lo cual es relevante porque el humano no es un átomo, recortado de la realidad del mundo, del ambiente de la hormiga. “Soy porque somos” dice la sabiduría africana. Nacemos atados por medio de un cordón umbilical a Otros.  La comunidad y el mundo nos precede, nos forman. El humano no es una abeja sin panal perdida en el jardín. No. Es un ser atravesado por la sociedad y, a la vez, un ser que individualmente forma esa sociedad. En esa sociedad somos seres intersubjetivos, que nos comunicamos, nos entendemos, divergimos; en ella estamos cruzados por los afectos y por los principios. En ella cooperamos, aunamos esfuerzos comunes para sobrevivir, para perpetuar el mundo; de la sociedad recibimos lo que somos para poder tejer y crear lo que seremos. La sociedad es una fábrica de humanos, pero también es el “elemento” que nos permite transcenderla, rebasarla, superarla. La sociedad también está en nosotros y nosotros, individualmente, somos los ladrillos de La sociedad.

Así que cuando veamos en nuestro hogar a un insecto, en su incesante trabajo, llevando un mundo artificial encima, sobre sus cuestas, pensemos en que todo lo que nos rodea es una materialidad devenida, biológica, química, orgánica, inorgánica y…desde luego, técnica. Es así como nos podemos reconciliar con el cosmos, con la vida y, para los creyentes, con la “obra de Dios”. Así potenciamos nuestra conciencia cósmica, nuestra pertenencia en esta procesión de seres, así nos concebimos humildemente como parte de la aventura de la materia y del espíritu; así ratificamos que “solo la fe en el mundo sensible puede salvarnos. Hay que volver por los derechos de lo corpóreo, de lo que tiene volumen, forma, color”, como decía la pensadora española María Zambrano (2014). Esto equivale a armonizarnos con los flujos de la vida que nos sostienen para evitar el daño del mundo que nos consumiría a todos.

Referencias

Aurenque, Diana. (2023). Animal ancestral. Hacia una política del amparo. Barcelona: Herder.

Max Scheller. (2003). El puesto del hombre en el cosmos. Buenos Aires: Losada.

Mbembe, Achille. (2024). La comunidad terrestre. Reflexiones sobre la última utopía. NED ediciones.

Ortega y Gasset, José. (2001). En torno a Galileo. El hombre y la gente. México: Porrúa.

Quintana, Laura. (2025). El tiempo que queda. Sobre envejecer en el fin del mundo. Bogotá: Ariel.

Sloterdijk, Peter. (2003). Esferas I: burbujas, Microesferología. Madrid: Siruela.

Zambrano, María. (2014). Obras completas, VI. Fundación María Zambrano, Galaxia Gutenberg, S.L.

“Narrar lo vivido, como si perteneciera a otra persona es, quizá, el único modo de soportar ciertos recuerdos, envolverlos en la claridad fría de una historia ajena para que duelan un poco menos”: Gladys Beleño, escritora colombo-holandesa.

Estamos hechos de carne, hueso y secretos. De historias, dramas, dolores… Y de la promesa de que mañana todo será mejor.

“La bipolaridad es una condición de la mente en la que las emociones se mueven como un péndulo extremo: de la euforia desbordada al silencio de la depresión (…) un trastorno real que altera el sueño, la energía, los pensamientos y la conducta”, nos dice Gladys Beleño, escritora colombo-holandesa. Fue vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Bipolares.

No existía en Colombia un libro de esta naturaleza: escrito por una cuidadora y dirigido a cuidadores, con prólogo del psiquiatra Juan Pablo Rosas, quien escribe: “Una de cada cuatro personas padece algún tipo de trastorno mental”.

Gustave Flaubert, el autor de la magnífica novela Madame Bovary, tenía claro que el escritor se sirve sin escrúpulos de toda la realidad. Pues bien, al abrir las páginas de “Te salvaré de tu sombra”, el lector tiene ante sí una obra honesta, escrita desde las entrañas; el testimonio conmovedor de una vida, que en realidad son dos vidas: la de Verónica, madre y cuidadora, y Sofía, su hija, una paciente con diagnóstico de Trastorno Bipolar, TB.

Son vidas trenzadas por el amor, un amor que a veces se enreda y en otras ocasiones se deshace, entre idas y venidas donde el psiquiatra, cuando no a la clínica de reposo, y con el fantasma de la ideación suicida acechando.

—Verónica, regrese ya. Sofía se quiere morir.

Es un libro necesario en una época compleja en que la salud mental amenaza con ser la siguiente pandemia. Sus páginas rinden un homenaje a la figura del cuidador/cuidadora. Nos hablan de aquellas personas que tienen a su cargo al familiar, al amigo o a ese desconocido que libra su propia batalla frente al estigma, frente a la indiferencia y frente a la incapacidad de un sistema de salud a ratos incompetente. Porque la sociedad toda de alguna manera está enferma cuando se comporta ajena e indolente. Como dice la escritora española Carolina Sarmiento: “Somos un animal que solo sobrevive en comunidad, cuidándonos”,

“Amar a un hijo enfermo es como leer un libro en un idioma que aún no se domina, pero cuya historia uno está condenado a entender, cueste lo que cueste”: Fragmento del relato “Te salvaré de tu sombra”.

Verónica aprendió a ser cuidadora en el camino de la vida y en ese aprendizaje debió derribar el muro casi infranqueable que separa a la persona bipolar del mundo que la rodea. El amor no siempre es suficiente cuando el TB muestra su cara más tenaz. La procesión de Verónica va por dentro. De ese interior amoroso, emerge la fuerza que le permite permanecer de pie, porque de eso también depende que ambas, madre e hija, cuidadora y paciente, permanezcan con los pies en la tierra, atadas a la cordura, por ese cordón umbilical invisible que une a padres e hijos hasta el fin de todo.

Hay en este relato una línea que me impactó por su crudeza. Página 47:

—Aquí la loca es usted.

No importa quién dice la frase o a quién se la dicen. Importa más el hecho real de que en pleno siglo XXI existe una incomprensión sobre las alteraciones mentales, y en ese sentido este libro nos reeduca como lectores en la compresión de lo incomprensible, de la misma manera que la protagonista se reeduca para entender el trastorno bipolar y para reaprender el amor en medio de una condición sin cura. No podemos juzgar al del lado sin habernos bañado en nuestras propias lágrimas.  

“Ni la madre más valiente puede salvar sola al mundo”: Fragmento del relato “Te salvaré de tu sombra”.

En las novelas suelen existir héroes, heroínas, antagonistas o villanos. En estas páginas conviven seres de carne y hueso, con dolores profundos y linajes heridos, que nos enseñan que todos necesitamos del acompañamiento, del apoyo y soporte del otro, porque en la vida real no hay superhéroes capaces de salvarse a sí mismos, muchos menos al mundo. Hay una vida colectiva que depende de todos, pero también cada vida, lo individual de cada ser, depende nada más que de sí misma para seguir adelante. En ese sentido, esta obra es una invitación para asumir el sitio que nos corresponde en el mundo.

Este libro será de enorme provecho para todo aquel que quiera entender el complejo mundo de las relaciones humanas, haya o no una perturbación mental de por medio, pero con más razón si la hay. En las páginas finales, el lector hallará un breve manual dirigido a los cuidadores y una serie de consejos útiles —sobre el autocuidado del cuidador, por ejemplo—, o frases como ésta que buscan sacudir al lector: “Lo peor no es la enfermedad, lo peor es que todos creen que no existe o que es un invento mío”.

Título: Te salvaré de tu sombra.

104 páginas

Autora: Gladys Beleño Rodríguez.

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Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En ese sentido, hice referencia a lo que se dice en los pasillos, lo cual, por supuesto, genera sensibilidad, pero en ningún momento constituye delito alguno por una supuesta afectación a la honra de quienes se mencionan en el texto. Insisto: estos rumores van y vienen, y estas personas, al integrar la junta directiva de una empresa donde hay recursos públicos —así no sea enteramente pública—, están en la obligación de darle claridad al país.

Pedir que se aclare este asunto, así como se le exige a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, que le explique al país todos los señalamientos que enfrenta, tanto en lo judicial como en la opinión pública, no es delito. De la misma manera, solicitarle a la junta directiva de Ecopetrol claridad sobre rumores que circulan tampoco lo es.

De este modo, señores de la junta directiva de Ecopetrol, como colombiano que quiere y respeta a la empresa por todo lo que significa para el país, y que además cotiza en bolsas en los Estados Unidos hecho que le imprime protocolos de transparencia bajo la normatividad internacional, les pido dejar la sensibilidad y actuar con altura frente al momento que vive la compañía, en medio de los escándalos que rodean a su presidente. Su gestión es fundamental para cuidar y proteger la empresa, dejando de lado cualquier tipo de interés particular, porque —no nos digamos mentiras— en todos estos espacios hay intereses, y ustedes no son la excepción.

Recibí dos cartas firmadas por los señores Ricardo Rodríguez Yee y el exministro Luis Felipe Henao, en las que explican sus actuaciones al interior de la junta directiva y niegan la existencia de cualquier conducta indebida en su gestión. A esto, por supuesto, doy toda la credibilidad y agradezco la respuesta. Sin embargo, no había necesidad de enviar cartas a El Espectador advirtiendo sobre posibles demandas por supuestas calumnias e injurias; bastaba con una llamada a mi celular, porque —insisto— no es delito manifestar públicamente una preocupación frente a rumores que van y vienen y que deben aclararse por el bien de una empresa que se llama Ecopetrol.

Les recuerdo, mis queridos y apreciados Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao, que esto no es ni Cuba ni Venezuela, donde opinar y expresar una opinión es prácticamente un delito.

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La reciente definición de las fórmulas vicepresidenciales es mucho más que una “jugadita electoral”, aunque dicha finalidad esté en el principio de su escogencia y conformación. Dichas fórmulas son mucho más que un asunto de táctica y estrategia electoral. Ellas tienen encarnadura programática y horizonte de nación. De hecho, dichas duplas no solo fueron integradas para llegar a la Casa de Nariño, sino que ellas mismas son la expresión de los cambios sustanciales generados por el Pacto Histórico y la presidencia de Gustavo Petro. Y, sin duda, el principal cambio es haber puesto la llamada “cuestión social” en el centro del debate electoral, disputándole incluso a la seguridad el primer lugar en la agenda de los demás candidatos. Salvo Abelardo con su gesto patético y ridículo del saludo militar y la elección primaria de un tigre como su mascota de campaña. Ambas son enseñas bestiales de la fuerza y la depredación para supuestamente “salvar la Nación”. Enseñas que entusiasman a millones de sus seguidores obnubilados por esa propaganda, semejante a la simbología de Trump con su AMERICA FIRST y su MAGA criminal, junto a la motosierra “libertaria” de Milei para despedazar el sentido social del Estado de derecho. Dichos cruzados de la extrema derecha no solo están desmantelando el frágil Estado de derecho para convertirlo en la punta de lanza de su codicia mercantil y sus delirios de grandeza megalómana, sino que avanzan como locomotoras sin control arrasando el Derecho Internacional Público.  A ese equipo de gánsteres estatales y su vocación insaciable de mercaderes pretende sumarse Abelardo. Probablemente por ello escogió como compañero de fórmula al exministro de hacienda José Manuel Restrepo para así dar confianza a los conglomerados económicos y difuminar Abelardo su penumbrosa imagen de destacado abogado penalista de un par de delincuentes económicos de cuello blanco, David Murcia y Alex Saab, éste último al parecer ad portas de ser extraditado a Estados Unidos. Cuanta falta le estará haciendo Abelardo en esta encrucijada.

¿Una Paloma multicolor con alas de Arco Iris?

Ni hablar de Paloma con su escogencia de Juan Daniel Oviedo como compañero de fórmula. De un momento a otro, por efecto mágico de la competencia electoral, la blanca y pura Paloma ahora despliega unas alas multicolores de arco iris y su canto se vuelve cósmico, plural y progresista. Se declara defensora de lo distinto y tolerante; justiciera y amiga del salario vital. A su lado, Oviedo, quien parecía líder y símbolo de la irrupción de nuevas ciudadanías y sensibilidades, más allá de la jaula tradicional y patriarcal del llamado Centro Democrático, y quien fuera otrora defensor del Acuerdo de Paz y la JEP, ahora se funde en un abrazo con la hija política predilecta de Uribe, también súbitamente respetuoso de la intimidad y la diversidad sexual. Su conversión “progresista” es más inverosímil que la de esa nueva especie de “Paloma Arco Iris”, pues como presidente la emprendía contra la libertad sexual de los jóvenes a quienes exigía que se “aguantarán el gustico” antes de casarse. A tal punto que la misma Lina, ella tan prudente y discreta como primera dama, lo regañó públicamente y lo reconvino por meterse en la intimidad de los jóvenes. Ahora, en su otoño político patriarcal y electoral, es otro Uribe, pero no deja por ello de expresar sus prejuicios homofóbicos, pues en la misma proclamación de Oviedo envió un mensaje ambiguo y tranquilizador a las familias colombianas diciendo que para el Centro Democrático los “niños y las niñas seguían siendo lo más importante a cuidar”. Quizás recordó sus simpatías por las arengas contra la supuesta ideología de género para torpedear y ganar votos contra el Acuerdo de Paz de la mano de supuestos pastores y predicadores evangélicos, que tan buenos resultados arrojó con miles de votos y devotos manipulados por eso falsos defensores de la moral y las buenas costumbres. ¿Volverán ahora esos “ciudadanos de bien” a votar por Paloma acompañada del “distinto” Oviedo? ¿Promoverán los pastores y líderes de las virtudes patriarcales y familiares el voto por esa singular dupla?  Ya el pulquérrimo exministro del interior de Uribe, Fernando Londoño, lo rechazó así: “No voto por el señor que no sabe si apoya, o no, el aborto; si apoya, o no, a la marihuana. Respeto las tendencias sexuales de todo el mundo. Las respeto, infinitamente, pero que ese hombre sea jefe, que sea el jefe de mis hijos y de mis nietos, no. Eso no lo acepto”.

El “lapsus” del Patriarca

Ese mensaje de Uribe en defensa de la infancia parece un lapsus fuera de lugar, pues ya esa monstruosa amenaza de las “Far” que se tomaría el poder si se refrendaba el Acuerdo de Paz ni siquiera tiene personería jurídica, pues su partido Comunes no alcanzó en las elecciones el umbral del 3% de votos válidos exigidos para conservarla. Sus cerca de 18.000 niños reclutados y los abusos sexuales a los que muchos fueron sometidos los condenó a la extradición de la competencia electoral y el repudio de la inmensa mayoría de ciudadanos.

Pero volviendo al tema, Paloma y Oviedo forman una dupla digna del inteligente y corrosivo humor de Tola y Maruja. Más aún ahora como abanderados de la reconciliación y la fraternidad entre todos los colombianos, con sus mensajes contra el odio y el pasado, llaman a cerrar heridas y formar un solo tejido nacional, cuyo trasfondo no es otro que deslegitimar el trabajo investigativo y judicial de la JEP, para así ocultar la responsabilidad política de Uribe y sus inmediatos colaboradores en miles de ejecuciones extrajudiciales mal llamados “falsos positivos”. Todo ello en nombre de la “Seguridad Democrática”, una bandera tan deleznable como la “justicia social” enarbolada por la extinta Farc-Ep para la comisión de sus crímenes atroces, los que al menos tienen el valor de reconocer. Sucede lo contrario con miles de crímenes de servidores públicos, mucho más infamantes y deleznables, pues arrastraron a muchos oficiales y miembros de la Fuerza Pública a cometerlos en nombre de la “democracia”, la seguridad ciudadana y la obediencia debida, violando flagrantemente la Constitución, las leyes y el honor militar por desconocer el principio básico del Derecho Internacional Humanitario, la distinción entre combatientes y personas civiles protegidas. Pero esa cruzada criminal es incapaz de reconocerla Uribe y sus seguidores, prevalidos de una supuesta superioridad moral de “ciudadanos de bien”, que ahora Oviedo parece también compartir. De alguna manera su rostro jovial y alegre, tan distinto al adusto y desgastado del patriarca, incapaz de sonreír, parece llamado a ocultar y lavar ese rostro tenebroso del pasado reciente.

Oviedo y la vanidad del poder

Por eso no dejar de ser muy preocupante que Oviedo, un hombre en quien confiaron millones de electores por su carácter, civilidad y preparación, se haya dejado seducir por la vanidad y futilidad del poder vicepresidencial, una figura institucional decorativa que desdice de su valor y talento. Un valor y talento para ganar con méritos y holgura la próxima elección para la alcaldía de Bogotá. Estoy seguro que un número no insignificante de sus más de millón de votos no lo respaldará en compañía de esa nueva especie de Paloma policroma, tan falsa como inexistente en la ornitología y la vida política, el próximo 31 de mayo. Quizá la mayoría de esos votos no sean endosables. Es muy probable que le quiten ese respaldo que lo convirtió en el “Rara Avis” de la llamada “Consulta Amplia por Colombia”. No cabe en la decisión de personas con un juicio político y moral coherente depositar sus votos por quien los defraudó al aceptar tal nominación. Esos ciudadanos carecen en su mayoría de una tasa de cambio moral al vaivén de cálculos electorales y oportunistas para ganar la Presidencia de la República.

Una dupla coherente

Todo lo contrario, sucede con la dupla del Pacto Histórico conformada por Iván Cepeda y Aída Quilcué, donde lo que hay es una apuesta por la coherencia política y social, desafiando en forma audaz el simple cálculo de la búsqueda de más votos en otros sectores de la sociedad. Algunos avezados analistas y expertos en marketing electoral ya le auguran un fracaso, pues consideran que ha sido una típica y errática decisión de un filósofo, como es lo Iván Cepeda, ajeno por completo a los cálculos propios de un líder político pragmático y realista en sus decisiones. Más aún en una sociedad profundamente racista y clasista, que convirtió a la actual vicepresidente, Francia Márquez, en objeto de burla y desprecio. Esas personas ya celebran y se frotan las manos por la supuesta derrota que el próximo 31 de mayo sufrirá el Pacto Histórico a manos de duplas tan profesionales y competentes como las de Paloma y Abelardo, las favoritas, promovidas y celebradas ampliamente por esos analistas en todos los medios de comunicación. Pero ya no hay espacio para su análisis, junto a las otras duplas en competencia, las que abordaré en la próxima entrega.

Crece el rumor que habla de cuatro miembros de juntas directivas vinculados a dos de las empresas más emblemáticas del país que estarían moviendo fichas para posicionarse en la eventual dirección de Ecopetrol, en medio del ruido político y judicial que rodea a la actual administración.

Según distintas fuentes, la estrategia tendría antecedentes recientes en lo ocurrido en ISA, donde terminó encargado de la presidencia Gabriel Jaime Melguizo Posada.

Durante su paso por la compañía, y de acuerdo con versiones internas, se habrían producido movimientos en cargos clave y ajustes administrativos que algunos sectores interpretan como una reorganización de poder dentro de la empresa.

Entre esos cambios también se mencionan decisiones relacionadas con la supervisión de contratos en Perú y Chile, donde aparece la empresa Ventus, señalada por algunos analistas de tener presuntos vínculos con Juan Emilio Posada.

En ese contexto, diversas versiones apuntan a que la estrategia política y corporativa podría estar siendo articulada por Carlos Raúl Yepes, junto con nombres como Ricardo Rodríguez Yee, Luis Felipe Henao y el propio Posada.

La hipótesis que circula en algunos círculos empresariales es que el actual escenario de controversia alrededor de Ricardo Roa podría ser utilizado para presionar cambios en la dirección de Ecopetrol, lo que eventualmente abriría espacio para un reacomodo de fuerzas dentro del sector energético, con sectores políticos cercanos al uribismo y al duquismo buscando recuperar influencia en la compañía.

Por ahora, se trata de versiones que circulan en el entorno político y empresarial y que deberán ser contrastadas con hechos y decisiones oficiales en los próximos meses. Sin embargo, no sería extraño que algo de cierto exista en todo este tipo de comentarios que van y vienen y que una vez más deja ver el interés de algunos sectores por controlar a Ecopetrol aprovechando el momento de tempestad que vive su actual presidente.

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Henry D. Thoreau (1817-1862) inicia su famoso ensayo Sobre el deber de la desobediencia civil con una cita que le atribuyen por error a Thomas Jefferson, y que al parecer era el lema de la Democratic Review de John L. O’Sullivan: «El mejor gobierno es el que menos gobierna». Palabras que podrían ser terribles si fuesen llevadas a la práctica por un neoliberal, y más en los tiempos que corren. Thoreau la usó, en realidad, como diatriba: el 24, o el 25 de julio de 1846, el recaudador de impuestos de su comarca le instó a ponerse al día con seis años de impuestos atrasados. Él se había resistido a pagar como oposición a la esclavitud y a los intereses expansionistas de su país, y se resistió una vez más, por lo que fue llevado a la cárcel.

Fue liberado al día siguiente. Sólo estuvo preso una noche porque alguien pagó, contra su voluntad, la deuda. El ensayista usó el lema como diatriba, sí, pero, irónicamente, contra la persona que le liberó (se presume que una tía), pues él consideraba que, en un Estado injusto como el suyo, la cárcel era el lugar de las personas honestas. Y ese alguien pasó por encima de sus principios. Esa experiencia causó que, entre enero y febrero de 1848, se diera a la tarea de ser conferencista en el Concord Lyceum sobre Los derechos y deberes del individuo en relación con el gobierno, exponiendo su resistencia tributaria e invitando a la gente de su pueblo a implementarla.

Esas charlas se convertirían en el delgado libro que hoy, en tiempos electorales en Colombia, quisiera evocarles, y ese lema que empecé citando, unas líneas más adelante de ese mismo libro, se iba a volver una paráfrasis poderosa: «El mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto»… Y agregaba: «…la mayoría de los gobiernos son por lo general, y todos lo son alguna vez, un inconveniente». Se preguntaba, en la época de la esclavitud, que no alcanzó a ver abolida, si no podía haber alguna forma de gobierno donde la mayoría no decidiera entre lo correcto y lo incorrecto, sino que se rigiera por la conciencia individual, y me temo que, aún hoy en día, las cosas no han cambiado: la democracia representativa no es más que el ocultamiento del individuo, pues la masa, esa muchedumbre ciega, escoge —cree escoger— sus mejores tiranos.

El Estado ha tejido la encrucijada a la perfección: con el pago de impuestos, le hemos sostenido económicamente la violencia, inclusive hemos patrocinado así la seguridad vitalicia de los verdugos. A pesar de esto, es incapaz de retribuirnos. Nuestra vida para él no es más que una estadística. ¿Entonces por qué esperar que nos diga qué hacer? ¿Por qué seguirle tributando?

Estas líneas son un llamado a la reflexión. Recordemos nuestra individualidad dotada de consciencia. Thoreau se dio cuenta en su prisión de que se compadecía del Estado, porque le resultaba inferior al individuo; de ahí en adelante iba a defender la vida interior, a «depender tan sólo de sí mismo, siempre arremangado y dispuesto a empezar de nuevo, y no estar metido en muchas cosas».

¿Cómo será nuestra desobediencia civil?

Albeiro Guiral
www.instagram.com/amguiral

Referencias:
Thoreau, Henry D. Desobediencia civil. Trad. Plácido de Prada. Barcelona: José J. de Olañeta, Editor, 2016.

El pasado 19 de febrero una noticia sorprendió a los indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, los cuatro pueblos ancestrales que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso único en Colombia, aislado de los Andes y el más alto del mundo junto a la costa, con picos que superan los 5700 metros. El Consejo de Estado, uno de los altos tribunales del país, declaró la nulidad del decreto 1500 de 2018, más conocido como el decreto de la Línea Negra.

Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas, trazando un límite simbólico y sagrado llamado “Línea Negra” (o Sheshiza, en su cosmovisión), basado en 348 espacios sagrados. Su principal objetivo era proteger el valor espiritual, cultural y ambiental del territorio, regulando el uso de recursos, la consulta previa en decisiones que los afecten y su autonomía en la conservación.

“Para los pueblos indígenas esta decisión significa desconocer un proceso histórico de reivindicación de nuestras culturas y del conocimiento que tienen los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dice José Mario Bolívar, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Wiwa. Por su parte, Jaime Luis Arias, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo, asegura que rechazan la decisión y les preocupa porque “la interpretación que hace este tribunal es completamente regresiva en derechos”.

La sentencia del Consejo de Estado, que no puede apelarse, también generó rechazo en sectores sociales y ambientales. Juana Hofman, directora de integración territorial técnica en Amazon Conservation Team (ACT), comenta que la decisión de anular el decreto por razones de forma y no de fondo pone en jaque más que un acto administrativo. “Lo que está en riesgo son los avances en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la garantía efectiva de la diversidad étnica y cultural y, en un plano más estructural, la coherencia del Estado colombiano como Estado social de derecho que se reconoce pluriétnico y multicultural”.

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Un decreto que incomodó desde el momento de su firma

Los principales argumentos del Consejo de Estado para anular el decreto de la Línea Negra están en que, al momento de ser expedido, no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y no se agotó la consulta previa con otros grupos étnicos que quedaron incluidos dentro del territorio ancestral, entre ellos los pueblos indígenas ette enaka y wayúu, así como varios consejos comunitarios afro.

El alto tribunal también expresó que en 2018 hubo un exceso en la potestad reglamentaria del Presidente, quien interfirió en la autonomía territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y en la de sus municipios.

Se generó tanta polémica que pocos días después de conocerse la sentencia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a favor de los pueblos indígenas y propuso la elaboración de una nueva norma. “He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua”, dijo el mandatario.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el decreto de 2018 un día antes de dejar su cargo, también defendió la norma. “Los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo están en riesgo. Preservar la Línea Negra no es un capricho. Es proteger la Sierra Nevada, su riqueza incomparable y su dimensión espiritual. Y es honrar una orden de la Corte Constitucional”, dijo en un video que publicó en la red social X. Dicha orden le pedía al Gobierno Nacional adoptar medidas efectivas para delimitar y proteger el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas.

Jenny Ortiz es coordinadora del Programa Movilización, Derechos Humanos e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fundación colombiana dedicada a la investigación, formación y defensa de los derechos humanos y la paz. Según dice, detrás de la demanda que llevó a la nulidad del decreto hay intereses económicos, ya que la norma funcionaba como una barrera que impedía la entrada de agricultura a gran escala y proyectos extractivos como la minería.

Datos recogidos y procesados por el CINEP, y que fueron obtenidos de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), muestran que para febrero de 2024 existían 151 títulos mineros vigentes dentro de la Línea Negra, los cuales ocupaban un área de 77 805 hectáreas, aunque la mayoría se encuentran inactivos o en fase de exploración. También había registro de 95 solicitudes mineras en espera de aprobación y que abarcan 74 644 hectáreas.

Precisamente, una de las preocupaciones con la nulidad del decreto es que las presiones mineras, agroindustriales y petroleras aumenten.

Hofman afirma que desde 2018 sectores gremiales y económicos alertaron que la aplicación del decreto “paralizaría el desarrollo” de tres departamentos y que cualquier actividad requeriría consulta previa. Sin embargo, para ella, no se prohibía el desarrollo sino que se establecían reglas de protección y coordinación en un territorio ancestral reconocido. “Lo que incomodaba era el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a una expansión sin diálogo”, dice.

Jaime Luis Arias comenta que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta son conscientes de que históricamente ha habido intereses por explotar toda la riqueza cultural y ambiental de la zona. “Esta decisión desde luego afecta y crea una incertidumbre jurídica [que favorece] a esos intereses porque este decreto obedecía, precisamente, a una decisión de la Corte Constitucional que orientaba a establecer mecanismos y garantías para la protección del territorio”. Arias agrega que no solo se trata de intereses legales sino que en la Sierra hay minería ilegal y grupos armados que generan afectación a los derechos de los pueblos indígenas.

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Un nuevo decreto viene en camino

Aun en medio del escenario de preocupación, los expertos consideran que la Sierra Nevada de Santa Marta no queda del todo desprotegida. “Cualquier actividad que genere afectación sobre los cuatro pueblos indígenas tiene que pasar por consulta previa”, comenta Hofman.

Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), considera que el territorio ancestral que está fuera de los resguardos, y es parte del polígono conocido como Línea Negra, no queda desprotegido porque el decreto se cayó, pues hay otras figuras legales que lo protegen, como el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia o tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran en constantes reuniones para pensar en un nuevo decreto, aunque José Mario Bolívar dice que tienen claro que una norma no los hace indígenas ni cambia su cosmovisión: para ellos el decreto era “un formalismo para podernos entender en el diálogo y en la convivencia con un pensamiento [occidental] diferente”.

Además, después del apoyo del presidente Petro, los indígenas iniciaron acercamientos con el Gobierno Nacional. El 28 de febrero Gabriel Rondón, viceministro del diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, instaló un espacio de diálogo intercultural para construir colectivamente la ruta hacia un nuevo decreto de protección de la Línea Negra. “El propósito es empezar desde el principio, aclarar dudas y generar una ruta amplia que nos lleve a concertar un nuevo acto administrativo sin las fallas del anterior”, dijo Rondón.

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 4 de marzo el inicio de la consulta previa sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra”, dijo al cierre de una asamblea donde participó cada uno de los delegados de los pueblos indígenas y afro.

Los gobernadores indígenas le dijeron a Mongabay Latam que esperan que el decreto quede listo en abril. Sin embargo, Bolívar es insistente al afirmar que la nulidad de la norma no cambia para nada la manera en que los indígenas se relacionan con el territorio y sus sitios sagrados. “Siempre hemos sido claros: con o sin decreto nosotros seguiremos defendiendo el territorio de la Línea Negra”, concluye.

*Imagen principal: el decreto de la Línea Negra buscaba proteger más de 300 lugares sagrados de cuatro pueblos indígenas. Foto: cortesía AIDA/Yeny Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mariátegui, 1928.

En septiembre de 1926 apareció el primer número de la Revista Amauta, creada por el pensador peruano José Carlos Mariátegui, uno de los intelectuales marxistas más creativos del siglo XX. El nombre de la Revista era un homenaje a los antiguos maestros educadores de la nobleza en el imperio incaico; solo “refleja el homenaje al incaismo”, sostuvo el peruano, pero con un sentido y fines diferentes, un sentido, una acepción, que había que crear en un Perú y en un mundo nuevos, más allá del capitalismo.

La revista Amauta forma parte de la inmensa, heroica y original tarea que asumió Mariátegui tras su regreso de Europa en 1923, de crear un socialismo peruano, indoamericano. Esta tarea sonaba extraña para los marxistas de manual que pensaban que el socialismo solo era factible y posible en países con un capitalismo desarrollado, que hubiera completado las etapas del desarrollo histórico que había tenido en Europa, esto es, en sociedades que, de acuerdo con el Komintern, hubieran atravesado el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo y se hallaran en un capitalismo con una burguesía y un gran desarrollo de la clase proletaria.  

Pues bien, sin conocer al último Marx, el mismo que le había contestado en 1881 en una carta a Vera Zasúlich que era posible partir de la comuna rural (la obschina) para construir el socialismo en Rusia, sin necesidad de atravesar todas las etapas del desarrollo que el capitalismo había tenido en Inglaterra y en los países occidentales, Mariátegui llega a la misma conclusión y se empeña en construir el socialismo en la periferia de Europa. Si Marx, y los primeros populistas rusos (naródniki) del siglo XIX como Herzen o Chernyshevski , pensaba que era posible partir de la comuna rural  y construir el socialismo, eso sí, aprovechando los aportes materiales, técnicos y espirituales creados por la modernidad y el capitalismo en Occidente, Mariátegui buscó recuperar el ayllu incaico, como unidad básica económica y social, y las formas y relaciones comunitarias indígenas y agrarias supérstites, para edificar un nuevo socialismo.  

Mariátegui no buscaba revivir el incaismo, ni extender el comunismo indígena y sus formas supérstites al resto del Perú. Él no pensaba en revivir una identidad sustancial, virginal y pura del indígena. Eso ya no era posible en un Perú cuyas instituciones eran básicamente occidentales, y donde el país estaba inscrito ya, atravesado, por esa cultura. Lo que él pretendía era aprovechar esos elementos cooperativos sobrevivientes, esos insumos, para construir el socialismo en el Perú. Esto lo deja claro en 1928 cuando dice que:  

“no significa en lo absoluto una romántica y antihistórica tendencia de construcción o resurrección del socialismo incaico, que correspondió a condiciones históricas completamente superadas y de la cual solo quedan como factor aprovechable, dentro de una técnica de producción perfectamente científica, los hábitos de cooperación y socialismo de los campesinos indígenas. El socialismo presupone la técnica, la ciencia, la etapa capitalista, y no puede imponer el menor retroceso en la adquisición de las conquistas de la civilización moderna y la máxima y metódica aceleración de la incorporación de estas conquistas en la vida nacional”.

Lo que hizo Mariátegui fue un análisis detallado, materialista de la realidad peruana, de su economía semifeudal, con la existencia de grandes gamonales latifundistas, que, adornados con el liberalismo, habían expropiado las tierras de los indígenas, pero que no habían dado el paso a la economía moderna, del libre trabajo y salario. Mas bien, esas relaciones y estructuras económicas habían perpetuado formas de servidumbre indígena, formas de explotación de su trabajo, que no eran condescendientes con las exigencias de un capitalismo moderno. Eso creó una “economía colonial” articulada al capitalismo extranjero de la época.

Digamos que antes de la teoría de la dependencia, Mariátegui había mostrado como las burguesías latinoamericanas, señoriales como en el Perú, no estaban interesadas en defender la nación, sino que eran cómplices de las burguesías metropolitanas y del capital extranjero. Como el último Marx, el posterior a 1867, Mariátegui se percataba de la existencia de un desarrollo desigual y periférico; un capitalismo dependiente, como se diría después. Esto es lo que aparece en su obra cumbre 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de 1928, uno de los mejores ejemplos, en Nuestra América, de la aplicación de la concepción materialista de la historia en la investigación de las realidades y las formaciones sociales concretas.    

Entonces, si el problema del indígena en el Perú era, principalmente, económico, y si estaba atado al problema de la tierra, había que superar y liquidar las estructuras políticas, de poder (el gamonalismo) y la base económica (el latifundio), para eliminar la servidumbre indígena. Por eso era necesario construir una voluntad nacional-popular, una voluntad común, una hegemonía en los términos de Gramsci, para transformar la realidad peruana. Ello no implicaba asumir que ahora el indígena era el “sujeto revolucionario de la historia” o algo similar. No. Exigía la articulación de las masas indígenas campesinas, con los obreros, los intelectuales, los estudiantes, que animados por el mito del socialismo, se encaminaran de forma heroica a construirlo. Era la aplicación de la idea de Lenin de la “alianza”. Y en este proyecto político, el mito, que Mariátegui había tomado de Georges Sorel, operaba como pegante emocional, como élan revolucionario que inspiraba, motivaba y se expresaba en la praxis política misma.

En verdad, en Mariátegui el partido y el proletariado seguían siendo la vanguardia en la creación del socialismo peruano, pero él comprendía que en un país donde las cuatro quintas partes de la población era indígenas campesinas, no se podía lograr la cancelación de la servidumbre si esas clases no estaban igualmente emancipadas. En Perú, la superación de la servidumbre, la solución del problema del indio, la liberación nacional y la lucha contra el imperialismo, en fin, la construcción de un socialismo autóctono, que aprovechaba la tradición, pero que también asumía los logros modernos, era tan solo una etapa, una fase, de la construcción de un socialismo cosmopolita más allá de la crisis del capitalismo y de la civilización occidental. Crisis que en Europa era patente tras el final de la Gran guerra (1914-1918), tal como aparecía en el libro La decadencia de Occidente de Oswald Spengler.

Mariátegui no fue un indigenista fundamentalista, pero tampoco fue un marxista eurocéntrico. Odiaba la borrachera del nacionalismo mal entendido, ese nacionalismo de vacas al que se refería Nietzsche, que rechazaba las ideas extranjeras, como si pudiéramos, por ejemplo, prescindir de la teoría de la relatividad; pero también llamaba a que el socialismo en América no fuera “copia y calco” del europeo. El socialismo peruano debía partir de la realidad concreta, de un análisis de sus clases sociales, las relaciones de producción, sus formas económicas semifeudales, su economía colonial subordinada al capital extranjero; debía reconocer el grado de desarrollo pero, igualmente, debía prestar atención a la cuestión cultural y educativa del indio, del peruano en general, como bien lo percibió Augusto Salazar Bondy.

En este último aspecto Mariátegui acogía el gran énfasis que el marxismo historicista italiano en el que se formó, el de Benedetto Croce, Gobetti, Gramsci y, por su puesto de Lenin en Rusia, daba al papel de la cultura. El Amauta entendía que se necesitaba una reforma cultural y moral, pero esta se lograba en el trabajo con las masas, con la educación por medio de las escuelas rurales y agrarias, con el periódico, con las revistas y también en las cátedras de las universidades populares.

La Revista Amauta fue, entonces, uno de esos artefactos culturales para elevar el nivel intelectual, de conciencia, de las masas populares. Un medio para dar la batalla cultural, diríamos hoy. Por eso en el primer número decía: “El objeto de la revista es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde puntos de vista doctrinarios y científicos. Pero consideramos al Perú siempre dentro del panorama del mundo”. La revista se presentaba como parte del proyecto de construcción del socialismo en el Perú, junto a Labor, el periódico creado para los obreros y las distintas organizaciones que hubieran acogido el mito socialista. Duró 4 años y alcanzó a publicar 32 números. Articuló parte de la intelectualidad del continente, y publicó crítica literaria, análisis político, corrientes filosóficas, etc.

Era una revista con espíritu, parte de un proyecto. No era como las revistas académicas actuales que reproducen el paperfordismo y, con él, la mercantilización burda del conocimiento. Era una revista con claridad política, sin la asepsia ideológica y burocratil de las revistas actuales.       

El marxismo sui generis de Mariátegui.

Hay que decir que el de Mariátegui fue un marxismo original, algo ecléctico, y sin el calado teórico al estilo de un Adorno, un Lukács, un Korsch, pero que rescataba el ethos revolucionario y el pathos como motor de la praxis revolucionaria, y cuya mejor virtud era la capacidad para aplicar el método al análisis de la realidad concreta. Con acierto ha dicho el filósofo Pablo Guadarrama, que: “[ Mariátegui] no andaba en busca de tarjetas de entrada al exclusivo reino de los filósofos. No era su preocupación y no hizo esfuerzo especial por parecerse a ellos”. Esto se debe a que Mariátegui fue, ante todo, un autodidacta, un militante, un revolucionario, pero fue un auténtico genio, uno de esos frutos escasos de la historia, con una gran capacidad para “tomar fotos” de la realidad, para analizar lo que ocurría en el mundo. Su método “periodístico y cinematográfico”, como dice en 1925, en la Advertencia de su libro La escena contemporánea, está basado en la siguiente idea de Bergson:  

“Tomamos vistas casi instantáneas de la realidad que pasa, y como son características de esa realidad nos basta con ensartarlas a lo largo de un devenir abstracto, uniforme e invisible, situado en el fondo del aparato del conocimiento, para imitar lo característico del devenir mismo. En general, percepción, intelección y lenguaje proceden así. Tanto si se trata de pensar el devenir, como de expresarlo o, incluso, de percibirlo no hacemos más que accionar una especie de cinematógrafo interior. Todo lo que precede podría resumirse diciendo que el mecanismo de nuestro conocimiento usual es de naturaleza cinematográfica”.

Creo que en esa capacidad de ver lo esencial, de articular las escenas, de hacer síntesis de los fenómenos, está su genialidad. Por otro lado, el marxismo de Mariátegui abigarra elementos heteróclitos. Eso se debe al mencionado eclecticismo (visto de manera positiva) y de las fuentes de las que bebió. Él admiró a Sorel quien estuvo influido por Proudhon, Nietzsche, Bergson; tomo elementos de Croce, de James, de Simmel y otros. En fin, asumió contenidos de los mal llamados “irracionalismos” (que prefiero llamar filosofías de la vida o Lebenphilosophie), los cuales también rescataron la interioridad humana sus pasiones, sus afectos, las emociones, y buscaron un humano más íntegro, sensible, espiritual. Las filosofías de la vida de la Europa finisecular contenían, también, una crítica de la cultura. Mariátegui asumió ideas vitalistas, como la crítica de la razón y el énfasis en la afectividad humana. Ahí veo uno de sus más interesantes aportes: el peruano entendió la dimensión afectiva de la política, comprendió que el mito (y su vitalismo intrínseco) puede ser usado tanto por el fascismo como por los revolucionarios socialistas. El suyo por eso es, strictu sensu, un marxismo vitalista.     

Ma parece importante, también, hablando de las fuentes marxistas de Mariátegui, no sobredimensionar las posibles influencias de Gramsci. En ellos se presenta, ciertamente, un pensamiento convergente, pero llegaron a ideas parecidas por vías diferentes. Si bien es cierto que ellos coincidieron en Livorno en 1921, según dice Héctor Alimonda, la obra más relevante de Gramsci, sus famosos Cuadernos de la cárcel, fue escrita después de 1926 cuando fue encarcelado. Para ese año Mariátegui ya residía en Perú tras su regreso en el año 1923. Es más, la obra importante de Gramsci fue conocida años después, tras 1945, por lo tanto, “Mariátegui sigue un camino independiente del recorrido por el historicismo marxista, son discursos homólogos, pero que se desconocen mutuamente”.

Todo esto es lo que hace de Mariátegui, justamente, un pensador creador, que entendió la dimensión abierta y crítica del marxismo y que no repitió, por ejemplo, la cantinela de que había en Marx una filosofía de la historia o un determinismo histórico, pues esas posiciones las había superado el “último Marx” ya en la década de 1870.  Mariátegui no llegó a pensar, tampoco, que su papel en la historia fuera el de volverse custodio del pensamiento de Marx, sino que su tarea era medirlo, estrujarlo, repensarlo, en relación con la especificidad de las realidades históricas y geopolíticas. En eso consiste, también, su grandeza.

Referencias bibliográficas.

• Alimonda, Héctor. (2010). “Presentación: La tarea americana de José Carlos Mariátegui”. En Mariátegui, José. La tarea americana, (p. 11-29). Buenos Aires: Clacso, Prometeo.
• Bergson, Henry. (1973). La evolución creadora. Madrid: Espasa-Calpe.
• Gramsci, Antonio. (1971). El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Buenos Aires: ediciones Nueva Visión.
• Guadarrama, Pablo. (2013) “La dimensión concreta de lo humano en José Carlos Mariátegui”. En Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia, (p. 233-248). Tomo III. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Editorial Planeta. 
• Mariátegui, José Carlos. (1967). En defensa del marxismo. 3ª ed. Lima: Biblioteca Amauta. 
• Mariátegui, José Carlos. (1995). 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Biblioteca Amauta.
• Mariátegui, José Carlos. (2010). En La tarea americana. (Alimonda, Héctor, ed). Buenos Aires: Prometeo, CLACSO. 
• Mariátegui, José Carlos. (2021). Antología. Selección, introducción y notas de Martín Bergel. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
• Marx, K. (1980). “Karl Marx a Vera Zasúlich”. En:  En Marx, K., y Engels, F. Escritos sobre Rusia II. El porvenir de la comuna rural rusa, (p. 60-61). México: Cuadernos del pasado y el presente.
• Pachón, Damián. (2024). La disputa del sentido común y la transformación del orden social. Los aportes de Antonio Gramsci. Bogotá: Desde abajo.
• Salazar Bondy, Augusto. (2015). “Un salvador de Mariátegui”. En Rojas, Joel et al. Repensar a Augusto Salazar Bondy. Homenaje a los 90 años de su nacimiento, (p. 58-63). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Febrero ha sido un mes de fuertes desastres causados por una temporada atípica de lluvias que ha afectado a gran parte de Colombia, especialmente el norte de la región Andina y el Caribe, donde el departamento de Córdoba ha sufrido algunas de las más graves inundaciones. El Gobierno nacional ha enfocado sus acciones en atender la emergencia invernal. Mientras tanto, una crisis silenciosa avanza en otra región del país: la Amazonía arde y los deforestadores no han perdido el tiempo en su objetivo de destruir el bosque y colonizar amplias zonas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Así lo pudo constatar Mongabay Latam en un sobrevuelo de varias horas realizado el 27 de febrero y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “A pesar de que en estos días de lluvia en Bogotá no se note, aquí [en la Amazonía] la selva ya está ardiendo. Vimos un enorme avance de carreteras, instalación de grandes potreros y nuevas instalaciones para el poblamiento del territorio”, asegura Rodrigo Botero, director de la FCDS.

En el recorrido de más de cuatro horas sobre la Amazonía noroccidental colombiana se observó un avance significativo de la deforestación en varios núcleos, como los parques nacionales naturales Tinigua y Sierra de la Macarena. También preocupa a los expertos la colonización al oeste del resguardo indígena Yaguará, en el núcleo de deforestación del río Camuya, así como el avance de las carreteras, los cultivos de coca y los lotes para ganadería en el Parque Nacional Chiribiquete, el más grande del país.

La deforestación también ha avanzado de forma acelerada hacia el occidente de la Amazonía, principalmente en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, entre el río Yarí, la zona de Remolinos del Caguán y el borde del parque Chiribiquete.

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El parque Sierra de la Macarena sigue los pasos del parque Tinigua

El caso de Tinigua es el más preocupante porque, según los expertos, casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, dijo en diciembre de 2025 Clara Solano, directora de la Fundación Natura a Mongabay Latam.

Solano destacó que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

Desafortunadamente, el panorama de febrero de 2026 parece más desalentador. Desde el aire no sólo se observan carreteras ilegales nuevas, sino que otras existentes han sido ampliadas y niveladas con el uso de maquinaria pesada. También han aumentado los potreros con fines ganaderos.

En el parque Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población.

En el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025, publicado por FCDS, se resalta que los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados, lo que pone en riesgo tanto la conectividad ecológica como la funcionalidad ecosistémica del parque.

La tendencia acelerada de deforestación que se ve en Tinigua ha empezado a imitarse en Sierra de La Macarena, el parque contiguo. El sobrevuelo permitió ver una enorme red de carreteras, que lejos de pretender estar ocultas en el bosque, cada vez son más anchas y con una deforestación a lado y lado de al menos 100 metros. La zona nororiental del parque ha sido invadida por cultivos de coca y el 27 de febrero se observaron varios incendios activos en zonas colindantes a las carreteras y a los lotes de coca ya establecidos.

En declaraciones recientes para este medio, la congresista Julia Miranda aseguró que “en La Macarena se incrementan los procesos de transformación y ocupación ilegal”.

Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran que durante los últimos 20 años el parque ha perdido 66 133 hectáreas de bosque, lo que representa el 11.7 % de su cobertura boscosa en 1990.

Rodrigo Botero comenta que gran parte de la porción oriental del área protegida (planicie amazónica) ya se encuentra conectada, tanto por accesos viales terrestres como por río, y que tan solo faltan algunos tramos para conformar una especie de “circunvalar” que rodearía por completo los bosques remanentes en esta porción del parque.

Y es que el informe 2025 de FCDS ya daba cuenta del acelerado crecimiento de la malla vial ilegal dentro del área protegida: 623.6 kilómetros se construyeron entre 2007 y 2025, de los cuales 76.9 km fueron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La coca también ha venido en aumento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 1464 hectáreas de coca en 2023 con enclaves en la zona del río Cafre y el Guayabero, en el río Cabra, entre las zonas de Santa Lucía y las bocas del Cafre, y en el cañón del río Sanza. Por otro lado, registros de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mencionan la presencia de 68 543 vacas dentro del parque.

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El control de las disidencias de las FARC en los llanos del Yarí

Los llanos del Yarí son una importante zona de sabanas amazónicas que conectan los parques Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Allí también se ubica el resguardo indígena Llanos del Yarí–Yaguara II.

Históricamente ha sido uno de los focos de deforestación de la Amazonía y de acuerdo con el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025 de la FCDS, entre abril de 2024 y marzo 2025 se perdieron 1533 hectáreas de bosque en el resguardo, donde según la fundación existen unos 175 kilómetros de vías ilegales.

Al sobrevolar la zona se aprecia un aumento en la cantidad de vías y un extenso campo con zonas deforestadas para actividades agropecuarias, así como maquinaria e instalaciones para procesar lo producido. Este enorme enclave productivo pertenece a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC.

Calarcá construyó en la zona un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas, trayendo consigo una fuerte deforestación de la selva. “Le hemos entregado tierra a los campesinos, les hemos entregado proyectos. Ahora entregamos unos proyectos arroceros, de maíz y paneleros”, dijo al diario El Espectador en una entrevista de diciembre de 2024.

En los llanos de Yarí, Calarcá no sólo cuenta con proyectos productivos sino que tiene su centro de mando político‑militar y su escenario de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Estas no pasan por su mejor momento, luego de que a finales de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un aumento de las operaciones militares contra grupos al margen de la ley, como el que lidera Calarcá.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, también ha expresado preocupación y en un informe publicado en octubre de 2024, menciona que las acciones relacionadas con la deforestación han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. “A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones”, dice el informe.

La JEP también agrega que las disidencias de Calarcá y de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», se disputan el control del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. “La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal”, dice el informe.

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El asedio al parque Chiribiquete crece desde Cartagena del Chairá

Las presiones al parque Nacional Chiribiquete no cesan. Nuevas carreteras se adentran en la zona noroccidental del área protegida continental más grande de Colombia, junto a lotes deforestados que ahora albergan ganado y coca. El sobrevuelo del 27 de febrero también permitió observar cómo aumentan la tala y quema de bosques y las vías en la parte occidental de Chiribiquete, en el municipio de Cartagena del Chairá.

“Probablemente lo más impactante es la magnitud de lo que ocurre en Cartagena del Chaira, entre Remolinos del Caguán y el río Yarí, en el borde de Chiribiquete”, dice Rodrigo Botero. El director de la FCDS asegura que en el último sobrevuelo se aprecia la consolidación de un nuevo corredor de cultivos de coca que va desde la frontera entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, subiendo por el río Caguán hasta llegar al municipio de La Macarena, en el departamento de Meta.

El informe 2025 de FCDS menciona 165.7 kilómetros de vías construidas entre 2007 y 2025 en el parque Chiribiquete, de los cuales 80.3 kilómetros (48.5 %) se construyeron en los últimos siete años. Algunas de las carreteras más preocupantes son Puerto Cachicamo–La Tunia, que comunica a la vía Marginal de la Selva con el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II. Esta vía tiene 30.1 kilómetros al interior del parque. También está la ampliación de la vía El Camuya, de 45.4 kilómetros de longitud, y que se encuentra en su totalidad dentro de Chiribiquete.

“En Chiribiquete hay invasiones. Hoy vemos debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques”, dijo la congresista Julia Miranda.

Para Botero, “hoy [27 de febrero] pudimos observar cómo cada vez más se está creando un enorme vacío de bosques entre la planicie amazónica y los Andes y cómo esto está interrumpiendo poderosamente el ciclo del agua”. Otro problema, según dice, es que hay un trasfondo en el que viene ocurriendo una integración de las economías ilegales con las legales, que seguirá en aumento si nadie en Colombia comienza a preguntarse de dónde provienen productos como la carne, los derivados lácteos o lo que se exporta en minerales como el oro.

Botero asegura que aunque Colombia ha tenido algunos años con reducciones en la deforestación, se trata de variaciones en las tendencias anuales, pero el efecto acumulativo es negativo porque la capacidad de restaurar los bosques sigue siendo mucho más baja que la velocidad con la que se pierden.

*Imagen principal: incendios dentro del parque Chiribiquete. Foto: Antonio Paz.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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