Con el camino ya trazado tras el sorteo —y con Santa Fe y Junior también instalados en la fase de grupos— vale la pena volver sobre lo que dejaron Tolima y DIM en esa ronda previa. El análisis cobra más sentido ahora: no solo explica cómo sobrevivieron, sino qué tan preparados están, desde el ritmo de juego, para competir en un escenario más exigente. Por primera vez en cinco años estarán los cuatro clubes colombianos en esta instancia, y el dato de cuánto se juega empieza a pesar.

Este análisis tomó como muestra 11 partidos de las fases 2 y 3 del torneo; los tres de mejor registro sin equipos colombianos y los ocho duelos que jugaron Tolima (4) y DIM (4). Y el balance deja una lectura clara; por momentos hubo intensidad, pero la continuidad fue todavía frágil. Apenas el 45 % de esos partidos superaron la media de la muestra: 49,26 % de tiempo efectivo jugado, eso en cancha son unos 49 minutos y 13 segundos.

En ese escenario, Tolima dejó la mejor señal. Su partido ante Deportivo Táchira marcó el registro más alto, 57,17 % de tiempo efectivo y 55:31 minutos de juego real sobre 97:06. Hubo además 18 remates, con ocho al arco, una precisión de 44,44 %. Tolima remató cinco veces y anotó una vez: 20 % de efectividad. El juego se detuvo 90 veces y el tramo más largo sin interrupción fue de 3:48 minutos. Aunque no fue un partido perfecto, sí mostró continuidad y mejores secuencias.

El contraste aparece rápido. Aunque el duelo Nacional Potosí vs. Botafogo fue el segundo con mejores cifras en tiempo efectivo, registra una caída fuerte en precisión. Hubo 33 remates, pero sólo cuatro fueron a puerta, eso es apenas el 12,12 % en precisión. Y si se mira la conversión pura, el dato es más frío todavía: un gol en 33 remates, es decir, 3,03 % de efectividad. Mucha llegada, pero poca puntería.

Tolima volvió a aparecer bien ubicado en la vuelta frente a Táchira. Ese juego cerró con 50,74 % de tiempo efectivo y 49:50 minutos de balón en juego. Fue un registro superior a la media y confirmó que el equipo pijao, en esta fase, sostuvo mejor el ritmo que la mayoría. En términos agregados, los pijaos se ubicaron arriba del estándar: 49,53 % de tiempo efectivo (49:52 minutos).

La otra cara del reloj

En cambio, Medellín quedó por debajo del estándar entre colombianos: 43,81 % (43:28 minutos). Respecto a los tolimenses, la brecha es de 5,7 puntos porcentuales, y eso equivale a más de seis minutos menos de juego real por partido. En esta fase la continuidad no fue lo suyo; su mejor partido en la muestra fue ante Juventud con 48,11 % de tiempo efectivo (48:14 minutos de juego real). No es un desastre, pero quedó por debajo de Tolima y del promedio general.

Los datos más bajos confirman la tendencia. El partido Tolima vs. O’Higgins en Ibagué —clave para la clasificación— duró 102:30 minutos, pero sólo se jugaron 44:23, se detuvo 103 veces, el VAR tomó 2:30 minutos y el mayor tramo sin interrupciones fue de apenas 2:00 minutos. Ese duelo tuvo 24 remates, 10 al arco, para una exactitud de disparos del 41,67 %. Tolima lanzó 12 veces, ocho fueron a puerta y anotó 2 goles; la efectividad fue de 16,67 %.

Sin embargo, el caso más crítico fue el de Medellín ante Juventud. En ese juego se dio el registro más bajo de toda la muestra con un tiempo efectivo que cayó a 39,32 %, eso es apenas 39:52 minutos de 101:23. Hubo 24 remates, nueve fueron al arco, la precisión alcanzó el 37,5 %. El partido terminó con tres goles, pero eso no alcanzó para disimular la fragmentación: se detuvo 120 veces y el tramo máximo ininterrumpido fue de sólo 2:13 minutos.

A esto se suma un dato que explica buena parte del problema de ese juego: 35 faltas. Un juego constantemente interrumpido difícilmente puede sostener el ritmo. Las faltas, de hecho, ayudan a leer el fenómeno general. El duelo Tolima vs. Táchira tuvo un poco más de la mitad del anterior, 18 infracciones; mientras que Tolima vs. O’Higgins llegó a 26. En el otro extremo, Nacional Potosí vs. Botafogo registró apenas 14 faltas, un indicador de continuidad. Es muy lógico, pero esto demuestra que a menor interrupción, más fútbol. Así de simple.

Ahora bien, cualquier comparación con el fútbol europeo sería un despropósito. Son contextos distintos, ritmos distintos, arbitrajes distintos. No se trata de poner todo en la misma balanza, pero sí sirve como referencia para entender hacia dónde debería apuntar la vara. En el Bayern Múnich 4-1 Atalanta, por ejemplo, el tiempo efectivo fue de 65:01 minutos sobre 96:18 (67,51 %). Allí el juego se corta menos y el árbitro parece intervenir poco. No es sólo otra intensidad, es otra cultura de juego.

De cara a la fase de grupos, este análisis deja una tarea pendiente. La IFAB ya anunció medidas para mejorar el ritmo desde julio próximo: límite de tiempo para saques de banda y de meta, para sustituciones y para atención de lesionados. Habrá que ver cuánto impactan de verdad, pues la regla de los ocho segundos al arquero, por ahora, parece haber movido poco la aguja y seguirá necesitando evaluación.

Es claro que Tolima salió mejor parado que DIM en esta variable silenciosa, pero quizá más decisiva, el tiempo efectivo. Ambos —además de Santa Fe y Junior— estarán en fase de grupos y seguramente para algunos, deportivamente cumplieron; económicamente, también. Pero hay una tarea pendiente; para competir mejor hay que jugar más. En el fútbol moderno es imprescindible que el balón ruede. Y en esa variable, al menos por ahora, todavía hay mucho por corregir.

Nos vemos en las redes: @encalienteq

Por: @nossadeportes

Doctor Andrés Pastrana (en otros tiempos Excelentísimo señor presidente):

El domingo de elecciones lo vi muy tieso, hasta teso y muy majo, como siempre divina y pulcramente vestido, desde el muy exclusivo Liceo Francés de Bogotá, pontificando sobre los problemas de Petro con el CNE o acusándolo, en X, de robarse la presidencia.

Ya se le notan los 72 agostos, y no los bríos de hace veintipico cuando —hasta ahora me vengo a enterar—, se conoció con Ghislaine. Maxwell, que para entonces tendría 40 diciembres encima y todavía no era la pareja de Jeffrey Epstein, según las malas lenguas. Con ella hubo cruce de correos electrónicos, uno que otro subidito de tono, o eso me pareció, ya veremos si son impresiones mías.  

Los reprodujo la BBC de Londres mientras el país andaba anestesiado la víspera electoral del 8 de marzo. Al concluir la lectura, pensé: –Esperemos a que pase la batajola y volveremos con el doctor Pastrana, que por lo pronto le sigue haciendo pistola a las casi doscientas mujeres que le piden respuestas a 20 preguntas sobre su relación con el tristemente célebre Epstein y la señora Maxwell, hoy en prisión condenada por tráfico sexual, y con menores de edad, labor que adelantaba para el finado multimillonario y su selecta clientela.

Pero su señoría no ha tenido tiempo para responder a esas ¿nimiedades?, incluso pasó de agache ante ciertas preguntas de la BBC. Tiene tiempo eso sí para opinar sobre lo divino y lo diluviano en materia política, a pesar de que, como figura pública, dejó de ser relevante desde cuando le anularon la personería jurídica a su partido Nueva Fuerza Democrática. ¿Qué por qué sé eso? Pues porque, en un país con alzhéimer colectivo, soy de esos jurásicos que por fortuna todavía lee prensa.

También por esos días, El País de España publicó esta ilustrada columna sobre el “safari humano” de Ghislaine Maxwell y Andrés Pastrana. Así lo titularon ellos. Alcancé a pensar que se trataba de una excursión a Panaca con Nohra y los niños, como la que hizo otro expresidente, Iván Duque, y su primera dama, quienes viajaron al Quindío en 2020 en combo familiar (incluidas tres amigas de su hija y las mamás de ellas), con cargo al erario público. Pero no. Lo del “safarí humano” hace referencia a algo que podría ser mucho peor que usar un avión presidencial con fines vacacionales y sobre lo cual sumercé lindo le debe explicaciones al país.

Don Andrés, don Andrés… ¿hasta dónde pudo llegar su amistad con miss Maxwell para que ella le escribiera estas líneas que reproduce la BBC de Londres?

En un correo usted le dice a ella: “Yo quería conocer a tus amigos crees que todavía soy muy joven”.

En otro correo, hablando de otro asunto, ella le responde a usted: “No solo voy a tener que darte unos azotes muy muy fuertes la próxima vez que te vea, sino que tendré que hacer algo aún más cruel. Lo estoy pensando seriamente”.

Me pregunto, expresidente, qué nivel de confianza debe existir entre un hombre y una mujer para intercambiar correspondencia en esos términos, o qué pudo pasar previamente y dónde pasó eso exactamente. Podrían acusarme de chismoso y sin oficio, pero recuerde que ninguna suspicacia es menor cuando toda una nación sigue expectante por conocer de su propia boca sí estuvo o no en la isla de Epstein, cuántas veces y con qué objeto. Seguimos deseosos de que los archivos privados del señor Epstein desentierren nuevos secretos, amén de la eficiente labor de la justicia estadounidense.

Los demás correos corresponden a conversaciones íntimas y pueden leerse aquí porque ahora son de conocimiento público.

Por último, y ya para no atormentarlo más con mi imprudencia, le recuerdo que su homólogo, el expresidente Bill Clinton, tuvo que comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos (y también su esposa) para explicar hasta dónde llegó la relación con el pederasta Epstein. El hombre insiste en que se conocieron por cuestiones de obras benéficas y que desconocía el asunto de sus delitos sexuales, aun cuando una de las fotos reveladas muestra a míster Clinton recostado en un jacuzzi con alguien más, a lo mejor —pensé yo, que soy bienpensado—, sumergido en aguas “muy benéficas” para la salud.

Se me ocurre entonces que no sería mala idea que también el Congreso de Colombia lo cite a usted con relación al mismo caso, para que responda las preguntas de las periodistas y para que aclare toda las dudas en torno al “safari humano”, por la delicada aseveración que el abogado y periodista Guillermo Pérez plantea en su columna.

“La Fiscalía General de la Nación no puede ignorar esto. Los documentos contienen elementos que, en abstracto, podrían encuadrar en varios tipos penales. El uso de una aeronave del Estado —con su tripulación, combustible y mantenimiento— para transportar a una ciudadana extranjera sin función oficial podría configurar, eventualmente, peculado por uso. Permitir que una civil opere armamento en un contexto militar implicaría infracciones a las normas que regulan el monopolio legítimo de la fuerza. (…) Aun si el expresidente no pudiera ser objeto de sanciones por razones de fuero o prescripción, los demás funcionarios involucrados en la logística, autorización y ejecución de ese vuelo tienen la obligación de responder”.

La persona que podría citarle es el senador Iván Cepeda; sí, el mismo que llevó a juicio a Álvaro Uribe; aquel a quien usted trató de chantajista en un trino, luego de que el candidato presidencial anunció en otro trino una denuncia penal contra usted “para que se investiguen las posibles conductas punibles en que pudo haber incurrido”.

No siendo más, esperamos, su señoría, que tenga las agallas de repetir en público lo que escribe con tanta fiereza cuando se escuda en la pantalla de su teléfono celular. El país es todo oídos.

Vista desde el aire, la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo esta actividad —tanto ilegal como autorizada— se extiende principalmente por dos de los corredores de conectividad ecológica más importantes del país: el Llanganates-Sangay y el Sangay-Podocarpus. Juntos conectan al menos 30 áreas de conservación municipales, provinciales y privadas, así como otras 12 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

A lo largo de estos corredores —como lo revela el análisis satelital realizado por Mongabay Latam con datos de la Fundación Ecociencia y Global Forest Watch— se encuentran tres de las áreas protegidas más amenazadas por la minería de oro a cielo abierto en Ecuador: el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Llanganates y el Área Protegida Autónoma Yacuambi. Entre ellas acumulan más del 65 % de las hectáreas impactadas por esa actividad en áreas protegidas amazónicas, una superficie equivalente a más de 86 veces la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Quito.

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Esta cifra, sin embargo, no incluye la devastación causada por la exttracción de oro en ríos ni la que se desarrolla en socavones o grutas, como ocurre en la Cordillera del Cóndor. Estas son muy difíciles de medir por los satélites, como lo explica un experto de la Fundación Ecociencia, pero aún así su magnitud es considerable. Lo que sí es posible tener es una fotografía más completa de la deforestación en los dos corredores, donde se realizan actividades como la minería a cielo abierto, la apertura de vías y la tala para distintos fines. La cifra de pérdida de bosque, cuando se consideran en el análisis todas esas amenazas, se dispara a 3336 hectáreas perdidas entre 2001 y 2024, un área equivalente a 4 765 canchas de fútbol profesional juntas o a todo el Parque Metropolitano de Quito.

“Los servicios de conectividad aseguran caudales para el consumo humano y para actividades como la agricultura”, explica Javier Robayo, presidente de la Fundación EcoMinga, que se dedica a proteger zonas de alto endemismo y diversidad biológica en el país y que trabaja en estos corredores. “La minería ilegal —añade— destruye cuerpos de ríos, bosques y comunidades a través de poder económico y mafias, contamina a las personas, su modo de vida, su forma de pensar y de obtener recursos y salir de la pobreza”.

La ausencia de control en esos santuarios naturales, como lo indican los expertos entrevistados, ha promovido también la consolidación de una ruta de ilegalidad a lo largo de los dos corredores ecológicos, dominada por grupos de crimen organizado como Los Lobos y Los Choneros, que pugnan por controlar los núcleos de extracción minera. Así lo confirma el análisis satelital y el mapeo en campo realizado para esta investigación.

Esta es solo una muestra de cómo los delitos ambientales están arrasando ecosistemas sensibles. Si miramos el panorama completo, nuestro análisis geográfico realizado con datos de Global Forest Watch evidencian que en toda la Amazonía ecuatoriana hay al menos 23 áreas protegidas —incluyendo parques nacionales, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y reservas— que han perdido cerca de 14 660 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, una superficie equivalente a más de la mitad de la zona urbana de la ciudad de Quito. Si bien la transformación del bosque responde a varios problemas, la minería de oro a cielo abierto es la que va en ascenso en los últimos años.

La deforestación —provocada principalmente por agricultura, tala, ampliación de vías y minería ilegal, según declaraciones de Pablo Cuenca, director del Laboratorio de Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, a Mongabay Latam— también está devorando cientos de tierras indígenas. El análisis satelital revela que al menos 569 de estos territorios indígenas han perdido, entre 2001 y 2024, más de 200 000 hectáreas de cobertura boscosa, un área que equivale a casi seis veces la ciudad de Guayaquil.

Es un combo de devastación: la minería y la deforestación avanzan sobre corredores, áreas protegidas y territorios indígenas.

Además, casi la mitad de la minería de oro a cielo abierto que afecta a la Amazonía ecuatoriana se desarrolla en territorios indígenas. El análisis realizado muestra que hasta 2024, al menos 105 territorios indígenas perdieron 4926 hectáreas de bosque por esa actividad. Los casos más dramáticos se encuentran en el área del Proyecto de Desarrollo Chai (969 hectáreas), la Reserva Shuar Kenkiun (469 has), el territorio indígena Shaime (440 has), Churuwia (273 has) y Nambija-Cumay (212 has), todos territorios de la nacionalidad shuar.

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“En el río Nangaritza se ha expandido la minería ilegal y ha transformado en un tremendo desastre el territorio shuar, tremenda deforestación”, asegura una comunicadora shuar que pide la reserva de su nombre por seguridad y quien con tristeza señala que los mineros ilegales que han llegado desde otras geografías han logrado atraer a algunos de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado en noviembre de 2025, hay al menos 9597 hectáreas dedicadas solo a la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana.

El panorama se agudiza si se suma la violencia. El equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora habló al menos con 30 fuentes —locales, militares, de la policía, líderes indígenas y comunitarios, y expertos— y pudo construir un mapa de la presencia de grupos armados en los puntos más afectados por la minería de oro en la Amazonía norte y sur. Encontramos que al menos ocho grupos criminales se disputan el control de esos núcleos de extracción.

En la Amazonía sur, en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, las fuentes consultadas señalaron la presencia de grupos como Los Choneros, Los Lobos, R7 y Comandos de la Frontera. En la Amazonía norte, datos recopilados por Amazon Underworld registran a miembros de Los Choneros, Los Lobos, Comuneros del Sur, Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo.

Corredor de ilegalidad al descubierto

Vistos desde un mapa, los parques nacionales, reservas ecológicas y biológicas, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y corredores de conectividad, además de otras iniciativas comunitarias y privadas de conservación en Ecuador, trazan una enorme línea que conecta de norte a sur esas áreas naturales amazónicas, así como a la Amazonía con Los Andes.

“Desde el norte amazónico hacia el sur del Ecuador, las actividades de conservación, los parques nacionales y los esfuerzos de comunidades y de conservación voluntaria hacen que exista una franja larga impresionantemente verde”, explica Robayo, de EcoMinga.

Sin embargo, esa enorme franja verde que atraviesa el país está hoy seriamente amenazada.

Como lo muestra el análisis geográfico, el avance de la deforestación ya no solo rodea esas zonas clave, sino que se adentra en ellas. Al norte de Ecuador, en el inicio de ese gran corredor, se encuentran dos de las cinco áreas protegidas que registran mayor pérdida de bosque entre 2001 y 2024 al interior de sus márgenes: el Parque Nacional Cayambe-Coca (establecido en 1970) y el Área de Protección Hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes (establecida en 2023). Cada área ha perdido más de 1800 hectáreas que antes eran bosque, una superficie equivalente a 28 veces el Parque La Carolina, en Quito.

La pérdida en el Corredor de Conectividad Ecológica Sangay-Podocarpus, que conecta a los dos parques nacionales que le dan su nombre con otras ocho áreas naturales protegidas y una decena de reservas municipales y provinciales, se concentra en tres parques nacionales: el Sangay, el Podocarpus y el Río Negro Sopladora.

Un documento reservado del Departamento de Inteligencia de la Brigada de Selva de Pastaza, al que tuvo acceso este equipo periodístico, confirma que el modus operandi de la minería ilegal conecta a las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago mediante el uso de la carretera E45, la principal autopista de la Amazonía ecuatoriana, “para posteriormente ingresar por los tramos viales de segundo orden hacia las diferentes comunidades cercanas a los frentes mineros ilegales que se ubican en los principales afluentes y ríos de la región”. El trayecto señalado bordea el flanco oriental del Corredor de Conectividad Llanganates Sangay. El documento advierte el riesgo de que la deforestación “vaya en aumento afectando la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el medio de subsistencia de las comunidades asentadas en las riberas de los mismos”.

Como recuerda Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, las reservas biológicas Colonso−Chalupas y Cerro Plateado, y los parques nacionales Cayambe Coca, Sumaco−Napo−Galeras, Podocarpus y Yasuní fueron las primeras áreas protegidas vulneradas en 2020 por la cercanía de la minería ilegal (a cielo abierto y con dragas sobre los ríos). Esas áreas protegidas se distribuyen entre las seis provincias amazónicas que entre 2001 y 2024 perdieron más de 375 000 hectáreas de bosque, un área comparable a más de 525 000 canchas profesionales de fútbol.

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El análisis geográfico muestra también que solo el Parque Nacional Podocarpus (PNP), un santuario que debería ser intangible, ocupa el primer lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por la minería de oro. Hasta 2024 se registró una pérdida similar a 344 piscinas olímpicas debido a esa actividad. “Es impresionante la cantidad de maquinaria que existe en el Podocarpus, la cantidad de motores, la cantidad de accesorios, insumos para poder realizar este tipo de trabajos de minería, sea legal o ilegal”, confirma un oficial de Operaciones de las Fuerzas Armadas que opera en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. “Hay ciertos lugares concesionados, pero igual hay minería ilegal y primordialmente en el Parque Nacional Podocarpus“, añade.

Luego le siguen el Área Protegida Autónoma Yacuambi (21 ha), la Reserva Ecológica Colonso−Chalupas (12 ha), el Parque Nacional Cayambe−Coca (10 ha), el Parque Nacional Llanganates (10 ha) y el Parque Nacional Sumaco Napo−Galeras (7 ha).

Lineth González, jefa de guardaparques del Parque Nacional Llanganates, cree que la minería ilegal de aluvión aún no ha invadido el área protegida donde ella trabaja, pero reconoce que “en la reserva contigua, la Colonso-Chalupas, ya fueron amenazados directamente [los guardaparques] de parte de los mineros y les dijeron: ‘Prohibido hacer recorridos porque esa ya es nuestra zona’”.

El corredor que conecta al Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay es una muestra de la difícil situación en el territorio. Según el análisis, el corredor registra 50 hectáreas de minería de oro en su trayecto (un área similar a 400 piscinas olímpicas) y al menos 10 hectáreas adicionales a un kilómetro de distancia de sus límites, una muestra evidente de la presión que ejerce esta actividad en las inmediaciones del corredor. Por eso, González teme que en la parte alta del área exista ya presencia de “grupos delincuenciales”, muchos de ellos interesados en buscar oro.

Su temor no es infundado, el santuario en el que trabaja está rodeado. Mientras que al norte del PN Llanganates los mineros amenazan a sus compañeros guardaparques, hacia el sur se encuentra el PN Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas de Ecuador que, según informes reservados de inteligencia militar, elaborados en septiembre de 2025 y conocidos por esta alianza periodística, “es de interés para los grupos y operadores mineros ilegales, al considerarse un área libre de concesiones [porque se encuentra dentro del área protegida]”. El informe, además, no descarta que grupos de delincuencia organizada como Los Choneros participen de esa explotación ilegal.

La extensión más grande del PN Sangay se encuentra en la provincia de Morona Santiago. Allí, el coronel Fabricio Silva, quien para octubre de 2025 —cuando fue consultado— era el comandante de la Zona 6 de la Policía Nacional correspondiente a esa provincia, aseguró que han detectado en varios cantones y territorios indígenas la presencia de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros dedicados a la minería ilegal. Además, agrega, “en todas estas explotaciones ilegales hemos detectado también presencia de grupos de delincuencia organizada como Los Choneros, Los Lobos y los R7, y también tenemos información de que estarían operando algunas células de los Comandos de la Frontera ejecutando acciones de minería ilegal y utilizando gran cantidad de mercurio que es desechado sin ningún tipo de control a los ríos, contaminando el agua de las comunidades indígenas”.

Ecuador cuenta con 590 guardaparques para cubrir sus 79 áreas protegidas en el territorio continental y el Estado asigna un presupuesto que rodea los 7 millones de dólares anuales para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según información entregada por una fuente oficial del sector ambiental que pidió la protección de su identidad. Eso alcanza solamente para cubrir gastos administrativos y salariales, según señala Granda, el presidente de la Asociación de Guardaparques.

“Las áreas protegidas necesitan mucho más que eso para inversión, para mejoramiento de acciones de control y vigilancia, sensibilización, generación de proyectos y monitoreo”, insiste Granda.

En el Parque Nacional Llanganates —que cuenta con 220 000 hectáreas— apenas trabajan 21 personas, de las cuales solo 16 son guardaparques. Las otras cinco ocupan cargos de coordinación y administración. “Lo ideal para esta superficie serían 40 guardaparques, un estimado que se calculó hace unos ocho o 10 años, cuando aún no teníamos tantos problemas”, insiste González, jefa del área.

Según la información técnica sobre el proyecto para la implementación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas —entidad que debería administrar el SNAP, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas— estima que, para cubrir las necesidades del Sistema, se requeriría de 1060 funcionarios, lo que evidencia un déficit de 45 %. Aunque se solicitó información presupuestaria a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), no obtuvimos respuesta.

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Grupos armados se disputan territorios amazónicos

En julio de 2025, durante el evento de rendición de cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el director de la entidad, Patricio Bonilla, aseguró que se habían identificado 387 puntos de minería ilegal en todo el territorio nacional, de los cuales 40 fueron calificados como “muy peligrosos” por la presencia de grupos armados. Entre los escenarios mencionados por la autoridad constan cinco de las seis provincias amazónicas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

“Ya estamos pasando la línea roja: de ser áreas protegidas a ser desprotegidas”, dijo a inicios de agosto de 2025 un exfuncionario del extinto Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias laborales. En las áreas protegidas afectadas, el personal de guardaparques y administradores ha decidido restringir sus pronunciamientos públicos por temor a que las crecientes amenazas de muerte que reciben se vuelvan realidad.

Informes de inteligencia militar obtenidos por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora aseguran que con la ayuda de grupos armados locales, estructuras transnacionales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal implementan “medios de pago” para proteger los cargamentos entre los cuales figuran “armas largas, cortas, explosivos, municiones, entre otras”. Las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago serían, según los documentos, “rutas de paso” de este material y nodos desde los cuales la presencia de actividades ilegales y grupos criminales se expanden.

Habitantes de comunidades campesinas de Sucumbíos, al norte de la Amazonía, confirman la presencia de grupos armados vinculados a la minería en esa zona, “incluso hay una pugna de poder, no sé si serán militares o guerrilleros en la Amazonía norte, entre Cofán Bermejo, Cayambe Coca y Sumaco [Napo−Galeras], y en la provincia de Orellana, en el Punino, que quieren ver quién es el más fuerte y quedar con el acceso y control a la minería ilegal”, dijo una fuente local que pidió la reserva de su nombre, debido a las amenazas de muerte que son cada vez más comunes en su territorio.

En Napo, la Reserva Biológica Colonso Chalupas —donde los guardaparques fueron amenazados por mineros— es una de las más amenazadas por el avance de la minería ilegal en el país, según Byron Lagla, director de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación del MAE. El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció el pasado 23 de octubre la presencia de más de 15 frentes mineros a orillas de los ríos Zapallo, Jatunyaku y Shandia, a escasos kilómetros de esa reserva.

“Las familias comunitarias se quedaron sin agua y con la presencia de grupos armados que los amedrentan las 24 horas si no alquilan o venden sus tierras a los mineros ilegales”, se lee en una de las publicaciones de la organización. El análisis satelital y los recorridos de campo realizados por esta alianza evidencian que, además de la minería sobre los ríos, al interior del área protegida también hay afectación de 12 hectáreas por minería a cielo abierto.

La expansión de la presencia criminal asociada con la extracción de oro se extiende también hacia el sur de la Amazonía. De acuerdo con las fuentes militares protegidas consultadas para esta investigación, Los Lobos operan y controlan las actividades mineras en el Parque Nacional Podocarpus. Al interior de esta área protegida ya se registran más de 43 hectáreas dedicadas a ka minería de oro, más de 233 hectáreas de bosque perdidas entre 2001 y 2024 y el desarrollo de infraestructura como vías.

En la provincia de Zamora Chinchipe, los ríos muestran sus orillas devastadas y en algunos puntos la expansión minera ha alterado los cauces naturales. Mientras tanto, en la provincia vecina de Morona Santiago, Luis Sánchez, defensor de la Naturaleza de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), precisa que «el río Nangaritza está totalmente destruido”. Este afluente, que colinda con el PN Podocarpus, es uno de los puntos de mayor presencia y expansión de actividades mineras ilegales desde 2018, de acuerdo con los reportes de MAAP.

“Las perjudicadas son las familias o comunidades shuar que están a orillas de ese río”, dice Sánchez. Además explica que integrantes de este pueblo indígena “son utilizados” por los mineros ilegales por medio de mecanismos de persuasión para entrar a sus tierras. “Una vez que ingresaron, extraen [el oro] y se van, pero dejan todos los pasivos ambientales, huecos, montones de tierra, causan el desvío del río”.

El río Nangaritza funciona como el último corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía. El valle por el que discurre cuenta con al menos 600 especies de aves, incluidas 60 especies de colibríes y 80 tangaras. De igual forma, más del 40 % de las 3500 especies de plantas del Parque Nacional Podocarpus son endémicas. Allí, en julio de 2025, el Ejército ecuatoriano realizó un operativo contra la minería ilegal. “La intervención permitió desarticular una estructura minera clandestina que operaba sin permisos, ocasionando daño ambiental y violando la normativa vigente en materia de recursos naturales”, señaló la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales y militares consultadas, los frentes mineros que operan en estos territorios cuentan con la presencia activa de grupos armados de Perú, Colombia y Ecuador que brindan seguridad o que son partícipes directos de las ganancias por la comercialización ilícita del oro.

Un mapeo territorial realizado con más 30 fuentes locales, policiales, militares y comunitarias permitió conocer que al menos cinco grupos delincuenciales están presentes en la Amazonía sur y se disputan el control de los núcleos de extracción minera. Solo en la provincia de Morona Santiago, el grupo de delincuencia organizada Los Lobos actúa en el cantón Gualaquiza, junto con la banda R-7 —que hasta 2024 concentraba su presencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas— y con el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

En el cantón Tiwintza, fronterizo con Perú, el tráfico de drogas, armas, municiones y la minería ilegal son las principales actividades criminales bajo el control de Los Lobos, R−7 y Los Choneros, según señaló la fuente policial. En el caso del cantón Taisha, Los Choneros son quienes muestran mayor presencia. La información obtenida para esta investigación pudo evidenciar que se realizaron al menos 19 operaciones contra la minería ilegal en Morona Santiago entre julio y octubre de 2025, especialmente en los cantones de Gualaquiza, el Pangui, Tiwintza y Santiago de Méndez.

En otras provincias, como Pastaza y Zamora Chinchipe, se identificó también la presencia de grupos delincuenciales ecuatorianos como Los Lobos y Los Choneros, mientras que al norte de la Amazonía, un análisis realizado por Amazon Underworld detalló la presencia de grupos colombianos disidentes de las FARC como el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera; así como los Comuneros del Sur —disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— en la provincia de Sucumbíos. Además de Los Lobos y Los Choneros. En la provincia de Napo también se señaló la presencia de Los Lobos y los Comandos de la Frontera.

Vías que promueven el avance de la ilegalidad

“La construcción de vías facilita el avance de los grupos armados y de la minería ilegal”, afirma Diana Chávez, dirigenta de Asuntos Internacionales y Organizaciones de la Nacionalidad kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa).

El análisis realizado para esta investigación evidencia que al interior de cinco parques nacionales (Cayambe-Coca, Podocarpus, Sangay, Sumaco Napo-Galeras y Yasuní) hay al menos 290 kilómetros de vías. El área que encabeza la lista con más extensión de vías es el PN Cayambe Coca (con 150 km), seguido del PN Yasuní (76 km). Otra mirada a las reservas ecológicas, biológicas y de producción de fauna también muestra el crecimiento de estos caminos en su interior: hay al menos 44 kilómetros de vías, siendo la más afectada la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (37 km). Esta área protegida amazónica ha perdido al menos 5256 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, un área mayor a 7300 campos de fútbol profesional.

Tanto en los parques nacionales Cayambe Coca, Podocarpus, Sangay y Sumaco Napo-Galeras, como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, además de vías hay una marcada deforestación y un creciente aumento de la minería a cielo abierto. Esto revela cómo las vías han facilitado la devastación.

De igual forma, los corredores de conectividad Llanganates-Sangay y Sangay-Podocarpus concentran las tres afectaciones simultáneamente: vías, deforestación y minería de oro a cielo abierto.

Una fuente perteneciente a la función pública, que prefiere el anonimato, afirma que la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid−19, en marzo de 2020, detonó el avance de la minería ilegal gracias al descuido generalizado en el control estatal de la red vial en la Amazonía ecuatoriana. Desde entonces, la expansión de la frontera extractiva avanza sin un control estatal eficiente, impulsando la pérdida de cobertura boscosa.

Según datos de la Fundación Ecociencia, existen alrededor de 100 kilómetros de vías irregulares que conectan o se acercan a zonas de extracción minera ilegal y que, según nuestro análisis, estarían atravesando al menos cuatro territorios indígenas y tierras comunitarias. El 60 % de estas vías se encuentran en territorio indígena achuar, compartido entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Sin embargo Jorge Villa, especialista en sistemas de información georreferenciada de esa organización, aclara que no existen suficientes pruebas para afirmar que exista una relación directa entre esos caminos abiertos y las actividades de minería ilegal. “Estas vías están vinculadas a la extracción, sea de minerales, sea de madera o de cualquier cosa; potencialmente estaría involucrada esta actividad de extracción de minerales”, detalla.

El 40 % restante de esas vías se encuentra en la provincia de Orellana, donde, a medida que avanzan las operaciones de minería ilegal, se han abierto caminos entre las poblaciones de Sardinas, la comunidad kichwa Amarun Mesa y la ciudad de Francisco de Orellana, capital de la provincia. Además, hay conexiones viales con la comuna kichwa San José. “Estas son vías relacionadas con la extracción de minerales, en general, sea minería pétrea o aurífera —confirma Villa—; no son vías planificadas ni de los gobiernos locales, son vías desarrolladas a medida que iban avanzando las personas en el territorio para extraer estos minerales”.

El superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines, reconoce que en este aspecto Ecuador presenta dos problemas fundamentales: falta de control de la red vial y de planificación urbana. “El país carece de un sistema de monitoreo adecuado, entonces [la ampliación de vías para la minería ilegal de oro o de pétreos] sucede en la cara de los gobiernos descentralizados”, precisó.

Entre 2022 y 2025, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial emitió multas e infracciones por 421 446 dólares solo en la Amazonía del país, principalmente en las provincias de Orellana, Napo y Morona Santiago. La causa principal fue la aprobación de permisos de construcción (de vías e infraestructura) en zonas no aptas, como sitios de alto riesgo o áreas de protección natural, lo que viola la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo.

Para Sebastián Valdivieso, director de Programas de la organización WCS Ecuador, la legislación ecuatoriana presenta “una deficiencia relacionada con la no inclusión de la biodiversidad como sujeto principal en los estudios de impacto ambiental”. La omisión de este elemento, explica el experto, desencadena “impactos indirectos” como el tráfico de fauna o la extracción de flora, la tala selectiva de maderas de alto valor “o a la ocupación ilegal dentro de áreas protegidas”.

A Valdivieso, le preocupa “la sobreexplotación de recursos naturales y el vaciamiento de biodiversidad” que su equipo de científicos ha identificado en el Parque Nacional Yasuní, como consecuencia del uso de una vía construida en la década de 1990 para acceder al Bloque 16, una operación actualmente en manos de la estatal Petroecuador. Esta vía es cada vez más transitada y “la reducción de especies es notable y preocupante”, advierte. Solicitamos entrevistas con funcionarios de Petroecuador para conocer más detalles sobre su gestión en esta vía, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.

Si bien el avance de la deforestación y la minería en la provincia de Pastaza ha sido contenido gracias a la organización indígena y a la labor de autoprotección que su pueblo lleva adelante, Chávez, de PAKKIRU, señala: “Las comunidades tienen sus propios sistemas de vigilancia y monitoreo, pero con la apertura de tantas vías se nos va de las manos poder hacer un control eficaz. Las Fuerzas Armadas y la Policía deberían ser un aliado, y no una piedra en el zapato para hacer entre todos estas actividades de control y monitoreo”.

*Este reportaje fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con La Barra Espaciadora. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, Emilia Delfino, Daniela Quintero Díaz. Investigación:Ximena Pesántez Álvarez, Diego Cazar Baquero, Daniela Quintero Díaz. Visualizaciones: Eduardo Motta. Diseño gráfico: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracín

*Imagen principal: la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Foto: Armando Lara.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El primer semestre de 2025 fue muy trágico para los defensores de derechos humanos en Colombia. Entre enero y junio de este año asesinaron a 78 activistas -una cada casi dos días y medio- y se registró un total de 342 agresiones individuales cometidas en contra de 308 defensores de derechos humanos. En algunos casos, varias personas fueron víctimas de más de un tipo de agresión en un mismo hecho.

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En relación con el mismo período de 2024, el total de agresiones registradas mostró una leve disminución del 3 % (diez hechos menos). Muchos de estos hechos de violencia tuvieron lugar en escenarios de crisis humanitaria que aparecieron o se agravaron durante el primer semestre de 2025.

Estas cifras salen del informe semestral del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) del Programa Somos Defensores. Según estos datos, la cifra de asesinatos en este periodo (78) representa un preocupante incremento del 20 % en la violencia letal desplegada contra defensores colombianos respecto al primer semestre de 2024.

En el informe sobresalen los hechos ocurridos en el suroccidente de Colombia, que concentra el 46 % de los homicidios, y especialmente en la región de Nariño, que registró un incremento del 500 % en los asesinatos respecto al primer semestre de 2024, pese a albergar dos de los principales escenarios de diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro y grupos armados en busca de la paz: los bloques Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

En los primeros seis meses de este año, también se registró un aumento del 6 % en los eventos de conflictividad social respecto al mismo periodo del año pasado. La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 1834 sucesos de este tipo en 395 municipios y, además, identificó que “los mayores aumentos de un período a otro se observaron en conflictos por el incumplimiento del acuerdo para la finalización del conflicto armado”.

“En numerosos territorios donde las personas ejercieron el derecho a defender derechos, ocurrieron igualmente confrontaciones entre actores armados legales o ilegales que cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Ejemplo de ello son las restricciones a la movilidad, el desplazamiento forzado y el confinamiento”, dice parte del informe.

Astrid Torres, coordinadora de la ONG Programa Somos Defensores y miembro de la red de la organización internacional Global Witness, explicó a Mongabay Latam que el documento analiza también 175 amenazas, 30 desplazamientos forzados, 22 atentados y 14 desapariciones forzadas de defensores, entre otros hechos violentos dirigidos contra quienes defendieron derechos durante el primer semestre de este año.

Las regiones más violentas

Los departamentos que concentraron la mayoría de los casos siguen siendo el Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %. Le siguen Norte de Santander y Valle del Cauca, que, comparados con el primer semestre de 2024, tuvieron un incremento del 78 % y 114 %, respectivamente. Mientras que la ciudad de Bogotá concentró casi una décima parte de las agresiones registradas en todo el país y cada vez es un escenario más difícil para la defensa de derechos.

“Los liderazgos que concentran la mayoría de agresiones continúan siendo los mismos del semestre anterior y además conservan el mismo orden”, destacó Torres, quien enumeró las vulneraciones: primero están los defensores indígenas, que reúnen el 28 % de los casos registrados en el primer semestre de este año. Le sigue la defensa comunitaria con el 23 %, el comunal (urbano) con el 14 % y el campesino con el 8 %.

Luego se encuentran dos sectores que, comparados con los seis primeros meses de 2024, presentaron un incremento significativo: el sindical, que con 30 casos más aumentó en un 900 %, y el ambiental, que con 17 agresiones más tuvo un incremento del 31 %.

“En Colombia seguimos sin una política estatal y de emergencia efectiva capaz de proteger estos liderazgos que ya están advertidos y que también ya están en riesgo, esa es la complejidad”, cuestionó Torres.

Mongabay Latam no obtuvo una respuesta del Gobierno de Colombia para conocer su percepción sobre la violencia contra los defensores de ese país. Se envió un pedido de solicitud al Ministerio de Justicia, pero no hubo respuesta.

La Corte Constitucional de Colombia concluyó la semana pasada que existen entidades públicas colombianas que vulneran los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal. Este tribunal analizó la tutela presentada por una líder indígena víctima de desplazamiento y amenazas y del homicidio de su cónyuge, ocurrido en 2024.

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La Corte constató que, a pesar de los riesgos persistentes, la Unidad Nacional de Protección (UNP) modificó su esquema de protección reduciendo las medidas previamente otorgadas. La Corte consideró que la actuación administrativa careció de motivación suficiente y desconoció el enfoque diferencial de género y etnicidad que exige la jurisprudencia. En consecuencia, ordenó restablecer el esquema original e impartió instrucciones para reforzar la protección del núcleo familiar de la accionante.

Un segundo caso corresponde a un líder indígena que alegó amenazas de grupos armados por su trabajo comunitario. En su caso, la Corte declaró improcedente la acción de tutela por no haberse agotado los mecanismos ordinarios, aunque reiteró que la población defensora de derechos humanos requiere especial atención del Estado.

Actores desconocidos

El documento del Programa Somos Defensores también muestra que en la mayoría de los casos la presunta responsabilidad de las agresiones se continúa atribuyendo a autores desconocidos, que actuaron en el 40 % de los hechos. Les siguen los grupos post acuerdo de paz, con el 26 %. Luego están el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras paramilitares, con 12 % cada uno.

Con respecto a las mujeres defensoras de derechos humanos, en el primer semestre del año se dirigieron 83 agresiones en contra de 74 personas: la amenaza (con 53 hechos) fue la más recurrente, seguida de los asesinatos (con diez hechos), los desplazamientos forzados (ocho hechos), los atentados (seis hechos), la desaparición forzada (tres hechos) y los secuestros (tres hechos).

Este documento también detecta regiones donde las labores de los liderazgos se vieron directamente afectadas por escenarios de crisis humanitaria y la presencia de despliegue militar y grupos armados ilegales. En este último caso se muestra que continúa la confrontación armada y las disputas de control territorial, la degradación de métodos de guerra que afectan directamente a quienes ejercen liderazgos y un silencio de las agresiones cotidianas en territorios donde se han expandido y consolidado los grupos armados, como sucede con el Clan del Golfo-Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Desde el Programa Somos Defensores se manifiesta preocupación por la militarización de los territorios y los nexos denunciados entre la fuerza pública con grupos armados ilegales”, se afirma en el documento. Además, la organización presentó un análisis crítico sobre la fragmentación de la política de paz total del Gobierno nacional y las interrogantes que existen de cara al futuro, haciendo énfasis en los procesos que se están dando en Nariño y Catatumbo, dice el informe.

Mientras, la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia, entidad encargada de la protección de los derechos humanos en ese país, reveló que en los primeros cinco meses del año hubo 81 asesinatos de personas defensoras y liderazgos sociales en el país. Estas cifras incluyen a defensores del ambiente, pero también a líderes políticos y miembros del Estado.

Esta entidad sostiene que para su registro contrasta información con organizaciones sociales y la Fiscalía General de la Nación. Para los primeros tres meses del año, la institución reportó 41 casos, cifra similar a la reportada por Somos Defensores.

“En Colombia, el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos sigue siendo un gran desafío, a pesar de los avances obtenidos en espacios como el Seminario Nacional de concertación de la Política Pública Integral de Garantías. Si bien allí se propició un espacio de diálogo con vocerías de todo el país, aún no hay medidas eficaces para preservar la vida de quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos”, afirmó Juan Manuel Quinche, responsable del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH).

Imagen principal: la organización Programa Somos Defensores contabilizó 78 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre de 2025. Foto: cortesía Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las recientes sanciones propias, consistentes en Trabajos Obras y Actividades con contenido Restaurador-reparador (TOAR)[i], impuestas por la JEP a los miembros del extinto Secretariado de las Farc-Ep y a los agentes de la Fuerza Pública por sus responsabilidades en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad están condenadas a la incomprensión. En gran parte, porque ellas interpelan y cuestionan nuestro sentido de la justicia, pero sobre todo nuestra valoración sobre la responsabilidad de sus numerosos actores implicados. La responsabilidad tanto de los máximos comandantes o determinadores como la de sus subordinados o directos ejecutores. Las primeras en rechazar y considerar dichas sanciones como una afrenta fueron las víctimas, pues muchas de ellas están a la espera de toda la verdad sobre lo sucedido y padecido por sus seres queridos. Especialmente los familiares de aquellas víctimas cuyos cuerpos no han aparecido después de ser secuestrados por las Farc o de haber sido ejecutados extrajudicialmente por miembros de la Fuerza Pública. Además, encuentran esas sanciones propias o TOAR como totalmente inadecuadas dada la gravedad de los crímenes cometidos. No les reconocen capacidad alguna para reparar el daño sufrido y mucho menos para restaurar el trauma que han vivido por la falta de verdad en las versiones de sus victimarios y de reparaciones específicas en cada uno de sus casos.

La paradoja de las sanciones propias

Sin duda, no existe sanción, pena o castigo que pueda resarcir el dolor y la pérdida causada en esos casos. La muerte violenta y la desaparición son irreversibles e irreparables. Aunque para muchos la pena capital de los victimarios sería un alivio, si el artículo 11 de la Constitución no la prohibiera. Sin embargo, tampoco ella con su contenido letal de ajuste de cuentas logra reparar, compensar o cerrar la herida causada. Con mayor razón cuando esa pérdida del ser querido se origina en el marco de un conflicto armado interno profundamente degradado, en donde ya es casi imposible separar los móviles políticos de los particulares y hasta la misma identidad de los victimarios es incierta y cambiante. La única identidad cierta es la de la víctima civil inerme, pues en medio del fuego cruzado y de múltiples intereses camuflados, es casi imposible identificar quién disparó, desapareció, violó y desplazó en beneficio de qué o de quiénes. En todos estos casos nos encontramos con la paradoja resaltada por Hannah Arendt sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el nazismo al señalar que: “Es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”. Es lo que sucede con las sanciones propias impuestas por la JEP. Ellas son incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable. Así como también para la mayoría de las víctimas resulta imposible perdonar, pues consideran que las sanciones propias de la JEP dejan sin castigo esos graves crímenes. Ante semejante encrucijada la JEP y sus sanciones propias (TOAR) parecen condenadas al fracaso y la incomprensión. Solo queda la posibilidad de que las víctimas, en el fuero interno de su sufrimiento, decidan perdonar como una expresión de la “soberanía de su yo”, según la expresión del filósofo Javier Sádaba y se liberen así del yugo del victimario.

TOAR, convivencia y reconciliación nacional

Mucho más incierto es el alcance de las TOAR en el camino de la convivencia y la reconciliación, aquella relacionada con la incorporación a la sociedad y a la actividad política de los máximos responsables de dichos crímenes, como los extintos miembros del Secretariado de las Farc-Ep, pues el daño causado a cientos de miles de víctimas civiles solo genera repudio y rechazo social generalizado. De allí, que en las últimas elecciones para Congreso hayan alcanzado el respaldo de apenas cincuenta mil votos[ii] y seguramente queden condenados al ostracismo de la representación política en la legislatura del próximo cuatrienio, pues ya desaparecen sus 10 curules reconocidas en el Acuerdo de Paz.

Ciertos crímenes sí pagan

Entonces estamos frente a una paradoja todavía mayor, pues aún millones de votantes no aplican igual sanción o condena contra aquellos políticos y líderes que han ganado sus curules y edificado sus fulgurantes carreras políticas siendo complacientes, cuando no cómplices, con miembros de grupos paramilitares o políticas gubernamentales que derivaron en crímenes de lesa humanidad, como los “falsos positivos”. Paradoja que en parte se explica porque dichos “ciudadanos de bien” consideran que dicha violencia es buena, justa y hasta legítima en tanto protege sus vidas e intereses más preciados. Y mientras persista ese maniqueísmo en la vida política nacional y no se condene unánimemente el uso de la violencia con fines políticos, ya sea contra el statu quo o en su defensa sin límites, jamás los jueces, sean de la JEP u otras jurisdicciones, podrán impartir justicia. No se les puede exigir que pongan fin con sus sentencias a un problema esencialmente político, cuya expresión es una violencia crónica y degradada cuya matriz se encuentra tanto en la mente de los ciudadanos que la ven como natural, incluso necesaria para alcanzar la paz, sin importar el número de víctimas y atrocidades que genere, como en las economías ilícitas y los entramados institucionales de corrupción que dinamizan cada cuatro años el triunfo de aquellos candidatos más hábiles y audaces en hacer coaliciones con dichos poderes de facto y gobernar impunemente. Entre los más de cien precandidatos y precandidatas inscritos, sobresale Abelardo de la Espriella, quien fuera acucioso abogado de Alex Saab[iii], pero hoy se presenta como un implacable perseguidor de los corruptos y afirma que, de ser electo presidente, Bukele quedaría como un Boy scouts frente a las medidas que él tomaría contra el crimen organizado. ¿Qué pensará al respecto Salvatore Mancuso, su viejo buen amigo?[iv]

La Justicia como guerra inconclusa

Todo ello sucede por una obsesión política histórica, social e institucional que se prolonga hasta nuestros días y es pretender derrotar y condenar draconianamente en los tribunales a quienes el Estado no pudo vencer militarmente o garantizarles, después de desarmarlos, su derecho a la vida y la participación política, como fue el caso de Carlos Pizarro y tantos otros en el pasado. Por eso hoy muchos le exigen a la JEP condenas, ojalá perpetuas, contra los máximos comandantes de las Farc-Ep, pero al mismo tiempo absoluciones, indultos o amnistías para los héroes militares que cometieron excesos, como miles de ejecuciones extrajudiciales. Menos aún que la JEP persista en avanzar en la búsqueda de responsabilidades en mandos superiores de la “exitosa” política de “seguridad democrática” y la circular 29 que derivó en los “falsos positivos”. Todos ellos olvidan que la JEP tuvo su origen en un Acuerdo de Paz que estableció una justicia transicional y restaurativa. Transicional porque ha permitido el tránsito de la guerra y el crimen hacia la paz política, posibilitando que los que ayer desde el Secretariado ordenaban secuestrar, extorsionar, disparar y matar, hoy debatan y convivan con los que consideraban enemigos oligarcas a vencer, doblegar o aniquilar. Compromiso que han cumplido como reincorporados, a pesar de haber sido asesinados más de cuatrocientos firmantes del Acuerdo de Paz desde el 2016[v]. Y es una justicia restaurativa, porque su primer compromiso como victimarios fue asumir plenamente la responsabilidad por los crímenes cometidos, contando toda la verdad de lo sucedido a los familiares de las víctimas y restaurándolas, en la medida de lo posible, evitando la repetición de más atrocidades. Es este el mayor logro y a la vez desafío actual de las sanciones propias, pues imponen a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, tanto excomandantes de las Farc como a los exmilitares, Tareas, Obras y Actividades para encontrar las personas desaparecidas después de ser secuestradas o ejecutadas extrajudicialmente. Esto no reparará el dolor de los familiares, pero les permitirá con sus honras fúnebres cerrar el duelo interminable de la incertidumbre y restaurar la dignidad de sus seres queridos.

Los “Justos” y “ciudadanos de bien” contra la JEP y las sanciones propias

El expresidente Iván Duque, como representante de quienes ganaron el plebiscito y rechazaron de plano el Acuerdo de Paz, hizo hasta lo imposible para retrasar el funcionamiento de la JEP. El expresidente Uribe desconoció la legalidad y la legitimidad de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición frente al padre Francisco de Roux, S.J, su presidente. Incluso hoy vuelve a poner en duda la ocurrencia de los mal llamados “falsos positivos”, reconocidos por los militares que han sido condenados, pues dice que lo han hecho embaucados para obtener los beneficios de las sanciones propias. Algo apenas comprensible en quien negó la existencia del conflicto armado interno, pero fue un entusiasta promotor de la “seguridad democrática”, la “operación Orión” en la comuna 13 de Medellín, la circular 29 y arengaba al general Padilla en un Consejo Comunal realizado en Aracataca el 14 de Abril de 2007: «General Padilla: que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que queda de las Farc, que es la hora de hacerlo. General Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicayá y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza Pública”. Las cuales son dos gravísimas infracciones al DIH: ordenar la tierra arrasada o guerra sin cuartel y desconocer el principio de distinción entre población civil y combatientes, como hoy lo hace Netanyahu contra los palestinos en la Franja de Gaza para acabar con Hamas. Quizá por ello, una de las banderas y obsesiones de quienes lo acompañan sea desmantelar la JEP si su candidato de “gran coalición nacional” gana la presidencia, pues así nunca conoceremos los máximos responsables que desde el entramado institucional y estatal han ordenado y perpetrado, en nombre de la “democracia”, esta hecatombe nacional de crímenes de lesa humanidad con total impunidad. No por casualidad el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, ese valeroso defensor de la democracia y de la “rama jurisdiccional”, uno de sus incondicionales protegidos, resguardó el Palacio de Justicia hasta su completa incineración e ignoraba si el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, estaba o no dentro del Palacio, junto a otros magistrados y cientos de civiles, pues él solo recibía y cumplía órdenes para “mantener la democracia” y en funcionamiento las ramas del poder público. Poco importaba el sacrificio de la cúpula de la rama judicial, la muerte de los rehenes, la desaparición y ejecución de civiles inermes y hasta su posterior reingreso al Palacio, como sucedió con Carlos Horacio Urán Rojas[vi], magistrado asistente del Consejo de Estado, hechos por los cuales el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia, sentencia cuyo cabal cumplimiento está en mora. Para todos los responsables de semejante hecatombe, empezando por el M-19 y su delirante juicio contra el presidente Belisario Betancur, como para las Fuerzas Armadas, se trataba de un ajuste de cuentas cuyo precio pagaron con sus vidas más de cien civiles, como se puede apreciar en la película NOVIEMBRE, actualmente en cartelera. Hay que verla para comprender desde el bombardeado y derruido baño del Palacio de Justicia la agonía y muerte de sus ocupantes para que no repitamos tan macabra “salida” militar durante los próximos cuatro años.

[i] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/10-datos-clave-sobre-las-Sanciones-Propias-y-los-Toar-en-la-JEP.aspx

[ii] https://www.publimetro.co/noticias/2022/03/14/comunes-el-partido-de-las-antiguas-farc-retrocede-y-solo-suma-50000-votos/

[iii] https://www.elespectador.com/judicial/abelardo-de-la-espriella-es-un-gran-abogado-y-amigo-alex-saab-article/

[iv] https://www.wradio.com.co/2024/06/12/salvatore-mancuso-hablo-de-su-relacion-con-el-abogado-abelardo-de-la-espriella/

[v] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/en-colombia-han-sido-asesinados-401-firmantes-del-acuerdo-de-paz-violencia-exfarc/

[vi] https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Horacio_Ur%C3%A1n_Rojas

Afirmaba Milton Friedman, premio nobel de economía en 1976: “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. Sin duda, porque a mayor represión y aumento en la interdicción de drogas, mayor será su precio en el mercado. Cuantos más supuestos cargamentos de cocaína o fentanilo bombardeen y destruyan los buques norteamericanos en el caribe, como si fuera un videojuego de consola, más tendrán que pagar los millones de consumidores y adictos por tales sustancias. Por eso lo que hay que descertificar es la política prohibicionista, pues mientras ella exista las economías ilícitas y el crimen seguirán siendo prósperos y serán más las vidas humanas sacrificadas en esa guerra absurda. Bajo el pueril argumento de héroes inmolados en nombre de la seguridad nacional o la salud de sus conciudadanos, se ocultan criminales coartadas que encubren estrategias políticas de dominación y control estatal.

Coartadas criminales

En efecto, es preciso recordar que el origen de la llamada “guerra contra las drogas”[i] proclamada por Richard Nixon en 1971 tuvo como finalidad política el control, bloqueo y represión de los jóvenes opositores a la guerra del Vietnam. Así lo reconoció su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper’s Magazine: “¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?”, me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. “La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”. Y pronto se agregó a esa lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo del narcotráfico”, como si este fuera una maldición inexorable. Aparece así una moderna inquisición de puritanos contra malvados narcotraficantes que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana, para cuya protección y salvación Trump ordena a su inexpugnable armada bombardear y destruir cuanta lacha o navío divisen, sin antes demandar su inmovilización, abordaje, segura incautación de estupefacientes y captura de peligrosos narcoterroristas. En lugar de su apresamiento para desarticular sus bandas y llegar hasta los máximos capos, Trump ordena su aplastamiento y ahogamiento. Curiosa táctica para ganar la “guerra contra las drogas”, que incurre en graves infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo ha advertido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra: “Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos calificaron las acciones como violaciones graves al derecho internacional, al derecho del mar y la Carta de las Naciones Unidas”[ii].

Ayer, como hoy, prejuicios raciales y culturales atávicos

Se repite y perpetua así el error y el horror histórico de la errática política de la “ley seca”[iii] norteamericana, que prohibió mediante la enmienda constitucional XVIII de 1920 la producción, tráfico y consumo de licor. Una enmienda sustentada en prejuicios raciales e ideológicos atávicos, expresados por el representante a la Cámara por el Estado de Alabama, Richmond Pearson Hobson[iv] (1870-1937), quien sostenía en su libro “Drogadicción: un maligno cáncer racial”, que “una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico”, que induce al negro a “cometer delitos no naturales”, mientras el blanco por estar más evolucionado “le toma más tiempo llegar al mismo nivel”. Hoy, Trump, como ayer Richmond, cabalga sobre los mismos prejuicios raciales y falsas creencias. Confunde la coca con la cocaína, igual que Richmond confundía el alcohol con un narcótico. En realidad, ninguno de las dos es una sustancia narcótica. Para empezar, la coca es una planta maravillosa[v], con propiedades alimenticias y terapéuticas bien identificadas gracias a las investigaciones de numerosos científicos, entre cuyos pioneros estuvo Sigmund Freud[vi]. Y el licor, en su casi infinita variedad de bebidas espirituosas, fermentadas y destiladas, no es propiamente un narcótico. Lo que las convierte en sustancias objeto de control es su uso y abuso indebido, que depende en gran parte del contexto cultural y social en que se consumen y los estímulos perseguidos por sus usuarios. La peligrosidad no está tanto en la sustancia, sino en la sociedad que estimula su consumo, porque millones de adictos las precisan para sobrellevar sus vidas y soportar el excesivo peso de una realidad sin sentido.  Y lo que engendró la prohibición del licor durante la década de los años veinte hasta 1933 no fue tanto la salud y sobriedad de los norteamericanos, sino la más poderosa organización criminal, la mafia, que tuvo bajo su control un negocio de dos mil millones de dólares de entonces. Como bien lo describe Martin Short en su libro “Mafia, la sociedad del crimen”: “La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de Templanza[vii]. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaria el crimen organizado, convirtiéndole en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”. Por eso mismo, el famoso Al Capone declaraba: “Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos dentro de la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mi mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo licor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”.

¿Y dónde está hoy Al Capone?

Lo mismo puede afirmarse hoy respecto a la cocaína y otras sustancias de moda, como los opioides, que consumen millones de adictos en todas las latitudes, siendo Norteamérica una sociedad que cada día las demanda más, pues “según datos de la empresa de pruebas toxicológicas Millennium Health, el consumo de cocaína en el oeste de EE. UU. aumentó un 154 % desde 2019. En el mismo periodo, en la costa este el incremento fue del 19 %”[viii].  La única diferencia es que hoy ya no conocemos a los Al Capones encargados en MAGA de distribuirlas y venderlas. Pareciera que para la DEA y Trump todos los capos están fuera de las fronteras de su querida y amenazada MAGA. Proceden de afuera y son mexicanos, venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos y hasta chinos. Además, afirma, que cuentan con la complicidad de los jefes de estado de sus respectivas naciones, si es que éstos no están directamente implicados detrás de los grandes capos. En todo caso, son migrantes y extranjeros, declarados y tratados como peligrosos enemigos de MAGA. Por todo ello, el prohibicionismo y la descertificación no son otra cosa que la punta de lanza de la política de Trump para controlar, intervenir y si es del caso hasta asesinar a quienes considere aliados del narcoterrorismo. Una punta de lanza mucho más agresiva que el aumento de los aranceles aplicados a Brasil en solidaridad con Jair Bolsonaro, el primer miembro condenado de esa pandilla de gánsteres estatales e internacionales de los cuales se precia Trump ser el mejor amigo y defensor incondicional, pues está seguro de encontrarse totalmente a salvo, junto a Netanyahu, de ser algún día “descertificado”, investigado y condenado por sus atrocidades y crímenes de guerra.

¿Europa genocida?

Pero ya una comisión especial de las Naciones Unidas[ix] encargada de investigar lo que acontece en la Franja de Gaza, la otrora tierra santa hoy convertida en tierra arrasada, ha dicho que allí se está cometiendo un genocidio, pues tanto Netanyahu, su anterior ministro de defensa y el presidente actual son responsables de violar la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio[x], aprobada en 1948. Una Convención, para mayor ironía y vergüenza del actual Estado de Israel, destinada a prevenir y evitar que NUNCA MÁS se repitiera un holocausto contra pueblo alguno. Pero hoy, numerosos descendientes de las víctimas de ayer se han convertido en victimarios a cielo abierto del pueblo palestino con una crueldad y alevosía semejante a la sufrida por sus antepasados en Europa. En fin, lo que tenemos que descertificar es el prohibicionismo, el terror del genocidio y la obstinación suicida de Hamas, para que libere a quienes tiene de rehenes, contener así la sangría abominable de su pueblo y lograr el reconocimiento en la ONU de un Estado palestino de pleno derecho y soberano, capaz de garantizar la vida, la seguridad y la paz en toda la región, junto al Estado Israelí, ya liberado de la pandilla de criminales que hoy lo gobierna. Como lucidamente lo propuso el escritor israelí Amos Oz el 23 de enero de 2001 en su texto “Sobre la necesidad de llegar a un compromiso y su naturaleza”: “El primer paso tendría que ser, debe ser -es crucial- la creación de dos Estados”. Por eso es inadmisible permitir que Gaza se convierta en la “nueva Riviera del Oriente próximo”, según los planes de Trump y Netanyahu, edificada sobre cientos de miles de cuerpos despedazados de Palestinos, con hoteles y centros comerciales que oculten ruinas anegadas y apelmazadas con la sangre de miles de niñas, niños, mujeres y ancianos gazatíes. Si ello acontece, entonces se repetiría lo afirmado en dicho texto por Amos Oz: “La Europa que colonizó el mundo árabe –explotándolo, humillándolo, pisoteando su cultura, utilizándolo como patio de recreo imperialista—es la misma Europa que discriminó a los judíos, los persiguió, los acechó en sueños para terminar asesinándolos en masa en un crimen genocida sin precedentes”.

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_las_drogas

[ii] https://avn.info.ve/onu-advierte-que-ataques-de-eeuu-contra-embarcaciones-en-el-caribe-violan-leyes-internacionales/#

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_seca_en_los_Estados_Unidos

[iv] https://academia-lab.com/enciclopedia/richmond-phobson/

[v] https://cocanasa.org/beneficios-hoja-de-coca.htm

[vi] https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-05812018000200145

[vii] https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_la_Templanza

[viii] https://www.independentespanol.com/noticias/cocaina-eeuu-trump-consumo-auge-narcotrafico-b2828609.html

[ix] https://www.msn.com/es-pe/noticias/other/an%C3%A1lisis-el-informe-de-la-onu-sobre-genocidio-en-gaza-alimentar%C3%A1-la-creciente-condena-internacional-de-la-conducta-de-israel/ar-AA1ME7Er

[x] https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide

Las ondas expansivas más peligrosas que han dejado los criminales y despreciables atentados terroristas de ayer en Cali, frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, son el miedo y el odio que recorren toda la sociedad. Esas ondas nos pueden llevar a sobrepasar todos los límites imaginables. Los cilindros que explotaron han difuminado sus esquirlas de odio y sufrimiento en las mentes y corazones de millones de colombianos. Tanto esas ondas ubicuas presentes en toda la geografía de nuestra nación, junto al dolor por los 13 policías que perdieron sus vidas en Amalfi[i], nos pueden arrastrar incluso más allá del terrorismo. Nos puede llevar, como sociedad, a una verdadera hecatombe parecida a la que viven millones de palestinos que hoy sufren la venganza sin límites de la genocida reacción de Netanyahu, su gobierno y ejército en respuesta a los ataques terroristas de Hamas[ii] el 7 de octubre de 2023. Ataques contra cientos de jóvenes que pasaron de la euforia de un concierto al infierno de su persecución, atroces asesinatos y secuestros letales. Porque lo propio del terror, más allá de si sus actores y protagonistas son estatales, como en el caso del ejército israelí contra la población civil en Gaza y Cisjordania. O, todo lo contrario, como Hamas y, en nuestro caso, esa monstruosa hidra de cabezas mutantes que son el narcotráfico y la guerrilla, es que todos ellos tienen en común su ensañamiento contra civiles inermes y que sus acciones son aleatorias, sorpresivas, sistemáticas y devastadoras, ausentes por completo de un rasgo de coraje, valor y honor militar. Los terroristas no son combatientes, son desalmados y cobardes asesinos, más allá de la causa que esgriman, los uniformes que porten o las condecoraciones que exhiban.

Todo terror es igualmente ilegítimo

Más allá de si lanzan bombas desde aviones inalcanzables, veloces drones y sofisticados misiles ultrasónicos con solo accionar un botón contra distantes y desconocidas víctimas civiles, o exploten rudimentarios tatucos y armas de fabricación casera contra anónimos campesinos y citadinos, todos ellos son terroristas, no combatientes y menos héroes de la patria. En todas las anteriores acciones desconocen el principio del honor militar y los límites del DIH y, lo que es peor, se ufanan de sus criminales proezas porque están imbuidos del fanatismo que les confiere su supuesta superioridad moral. Así lo vemos por televisión y redes sociales en el genocidio en curso contra los gazatíes, pero también en el clandestino infierno que padecen los secuestrados por Hamas y en los sangrientos atentados en Cali. Los terroristas son cobardes que rehúyen el combate con el adversario y se ensañan contra la población civil indefensa. Por eso pierden toda legitimidad y eventual reconocimiento político. Con sus criminales acciones ellos mismos se condenan al ostracismo político y social junto al desprecio de las mayorías, sin que por ello pierdan su condición de seres humanos, pues quienes llaman a su eliminación como una plaga están incurriendo en su misma lógica criminal y terrorista. Incluso les están desconociendo su responsabilidad moral por los crímenes cometidos sobre los cuales deberán responder ante la justicia y la misma historia.

La reciprocidad del terror

Tales “antiterroristas” y “estadistas” se sitúan así en una especie de pedestal de superioridad moral y estatal desde el cual ordenan bombardear y disparar sin límite alguno, desconociendo los principios protectores y salvíficos del derecho internacional humanitario, tales como la distinción entre civiles y armados, entre bienes de carácter civil y objetivos militares y lanzan ataques indiscriminados y desproporcionados que causan miles de muertos y heridos entre la población civil. Así lo hace el ejército de Israel contra los palestinos y los ejércitos de Rusia y Ucrania contra sus respectivas poblaciones.Pero igualmente ha sucedido entre nosotros con los bombardeos oficiales donde han muerto niños cautivos en campamentos guerrilleros y, todavía peor, –guardando las proporciones y distancias con esos conflictos internacionales— se han cometido miles de ejecuciones extrajudiciales, más de 6.000 “falsos positivos”, para matar la “culebra del terrorismo” y acabar de una vez por todas con las guerrillas. El resultado salta a la vista. En lugar de exaltar el valor de numerosos militares, se los degradó a la condición de asesinos que hoy revelan con vergüenza sus crímenes ante la JEP y vanamente tratan de expiar sus culpas y reparar a los familiares de los jóvenes ejecutados contando la verdad de lo sucedido. Sienten la vergüenza de haber mancillado su uniforme y unas armas confiadas legalmente para la protección de los civiles, no para su aniquilación criminal. La misma actitud han asumido algunos excomandantes de las Farc-Ep al reconocer como un horror, más que un error, sus miles de secuestros extorsivos, crímenes de guerra y de lesa humanidad, que son la negación misma de los objetivos de todo auténtico rebelde: la lucha por la libertad, vida y dignidad de los pueblos. Y ahora, en víspera de elecciones, parece que muchos políticos en trance presidencial quieren que volvamos a lo mismo y olvidemos que el miedo nunca es inocente y mucho menos un buen consejero para una política de seguridad y paz democrática. Ya escuchamos las voces de alarma, casi que alaridos, de numerosos precandidatos y precandidatas que proclaman por todos los medios de comunicación, en todos los lugares y eventos, que lo primero y más urgente es seguridad, seguridad, seguridad y rescatar la autoestima y dignidad de nuestros soldados.

Más inteligencia y más civilidad

A ellos habría que decirles que lo primero que necesitamos es más inteligencia y más civilidad. Inteligencia, más allá de la policiva y militar, que es urgente y necesaria, pero no suficiente. Porque primero precisamos la inteligencia que se esfuerce por comprender lo que sucede en lugar de repetir los errores y horrores de un pasado que nos tiene anegados en sangre, dolor y miedo. Carece de sentido y humanidad responder solo con más violencia y odio, creyendo que con ello ganamos seguridad y tranquilidad. Mucho menos, si pensamos que la seguridad solo es sostenible a punta de bayonetas, más pie de fuerza, drones, cámaras, muros y alambradas, sin preguntarnos por las principales causas generadoras de tanta violencia e inseguridad. Y la primera respuesta que encontramos, por más obvia que parezca, es que jamás tendremos seguridad si la ilegalidad y su criminalidad son una de las fuentes más prósperas de riqueza, si somos incapaces de reconocer que gran parte de su origen está en la hoja de coca[iii], un prodigio de la naturaleza, que no tiene sentido alguno condenarla a seguir siendo la matriz del crimen, la codicia y el terror. Debemos empezar por reconocer que no hay plantas ilícitas, pues la naturaleza no engendra ilegalidad, lo hace la estupidez, la ambición y la hegemonía de políticas interesadas en promover la “guerra contra las drogas” y taras culturales como el prohibicionismo, que teme a la libertad y responsabilidad humana. Todas ellas muy funcionales para ciertos intereses económicos y geopolíticos, por los que siempre estaremos condenados a vivir en este infierno que la mayoría confunde con estabilidad institucional democrática, pero en realidad es una inexpugnable cacocracia[iv] que se reelige periódicamente.

El terror del prohibicionismo

Obviamente los listos de la seguridad y el orden “democrático” siempre responden que es imposible pensar en la legalización de la cocaína. Pero nuestras comunidades andinas les responden: “La coca no es cocaína, como la uva no es vino” y podríamos añadir como la caña de azúcar no es aguardiente ni tampoco ron y así sucesivamente con todas las bebidas que hacen un poco más amable la vida, disfrutadas con mesura, con los límites propios de la civilidad y la responsabilidad, más allá de su estigmatización y prohibición. En lugar de erradicar y sustituir la coca, lo que hay es que transformarla con inteligencia, creatividad y competitividad, como todavía lo hace la bebida más vendida en el mundo, Coca-Cola, importando sus hojas de ENACO[v], la Empresa Nacional de Coca del Perú. En Colombia tenemos emprendedores sin tanto éxito, como COCA-NASA[vi], expresión de la economía popular y la tradición milenaria de la cultura Nasa, que debería ser promovida por el “gobierno del cambio”. Entonces El PLATEADO en el departamento del Cauca se convertiría en EL DORADO[vii] de la economía nacional, rivalizando con el café, otra bebida estimulante. Pero aquí el gobierno no es del cambio, sino de la continuidad, pues persiste en su erradicación y expone la vida y seguridad de sus pobladores en medio del fuego cruzado de la plata y el plomo. La plata de los narcotraficantes nacionales e internacionales y el plomo de las organizaciones criminales que se disputan los cultivos y emboscan letalmente a los policías helicoportados, como en Amalfi cuando apoyaban una operación de erradicación.

El terror del pasado siempre presente

De otro lado, nada estimula más la autoestima y dignidad de los militares que el respeto y el apoyo de los civiles, el reconocimiento ciudadano por el deber legalmente cumplido y la protección de sus vidas, en lugar de ser tratados como ciudadanos de segunda clase que solo deben obedecer órdenes y estar prestos a disparar en nombre de un falaz patriotismo o la defensa de una supuesta “seguridad nacional o democrática”. Ya conocemos el lugar ignominioso adonde llevó el abuso de sus armas y su fuerza arbitraria por violar los derechos humanos y cometer graves infracciones al DIH con los “falsos positivos” en nombre de la “seguridad democrática”. Solo con más inteligencia y civilidad, acompañadas de empatía, solidaridad con las víctimas y respaldo al Estado de derecho y sus legítimas autoridades, nunca a su autoritarismo desbocado, se podrá avanzar con seguridad en la contención y eventual superación del terrorismo. Pero si de nuevo se imponen las voces estridentes del miedo y la meliflua de un líder con numerosos precandidatos y precandidatas a su disposición, como un gran elector y señor feudal, cuya inteligencia se agota en la consigna de seguridad y más seguridad y un par de rancios huevitos que disfrutan muy pocos, la inversión y la cohesión social, con certeza volveremos a repetir indefinidamente esta historia terrorífica. El terror del pasado seguirá presente. El horizonte de todos ellos se agota en ganar las próximas elecciones y no en la vida, dignidad y seguridad de las próximas generaciones. Vida, dignidad y seguridad que debe empezar por erradicar la fuente de la ilegalidad de codiciosos criminales sin límites y poner así fin a las ganancias de innumerables y respetables testaferros que abundan en lugares y ámbitos inimaginables, desde la banca con Aval[viii], la propiedad raíz con Hitos Urbanos[ix] y el comercio con personajes como “papá Pitufo”[x], siempre dispuestos a financiar generosamente más de una precandidatura y futuras campañas presidenciales. Así solo ganarán y gobernarán los cacócratas y plutócratas de siempre, entonces el miedo y el terror continuarán siendo un recurso para imponer sus intereses y designios contra los demócratas y la sociedad.

[i] https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/21/colombia/ataque-helicoptero-policia-colombia-amalfi-antioquia-orix

[ii] https://www.infobae.com/america/mundo/2023/10/07/el-video-que-muestra-el-salvajismo-terrorista-de-hamas/

[iii] https://www.wikiwand.com/es/articles/Informe_de_la_comisi%C3%B3n_de_estudio_de_las_hojas_de_coca

[iv] https://www.moisesnaim.com/mis-columnas/2018/7/2/cleptocracia-y-cacocracia

[v] https://www.wikiwand.com/es/articles/Empresa_Nacional_de_la_Coca

[vi] https://cocanasa.org/

[vii] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/en-el-plateado-esta-el-dorado1/

[viii] https://www.semana.com/nacion/articulo/la-punta-del-iceberg/11643-3/

[ix] https://www.semana.com/semana-tv/semana-en-vivo/articulo/marta-lucia-ramirez-mcdermott-y-la-investigacion-de-memo-fantasma/680033/

[x] https://www.lapatria.com/nacional/el-contrabandista-caldense-papa-pitufo-recupera-su-libertad-en-portugal-pese-presion

Límites de la JEP

Lo que probablemente esté fuera del alcance de la JEP será poder impartir una justicia plena y castigar los numerosos crímenes de lesa humanidad y a sus presuntos responsables, pues las Sanciones Propias y los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR)[ii] que impondrá no colmarán las expectativas de justicia de los familiares y sobrevivientes de las víctimas. En esos contextos de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos e infracciones continúas del Derecho Internacional Humanitario sucede que “es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”, como bien lo anotó Hannah Arendt, refiriéndose a los crímenes de lesa humanidad cometidos por los nazis. Crímenes que, guardadas las distancias cuantitativas e ideológicas, son similares a los cometidos por todos los actores armados ilegales y hasta institucionales en desarrollo de nuestro interminable y degradado conflicto armado interno. Un conflicto que dejó hace años de ser doméstico, pues sus dimensiones son cada vez más internacionales y lo han convertido en un conflicto “armado interméstico”[iii], que no podremos resolver solos los colombianos por su mayor imbricación con economías ilícitas y organizaciones criminales internacionales.

Ayer víctimas, hoy victimarios

Lo anterior acontece porque en el siempre disputado, nunca armonioso y menos bucólico campo de la política, sea nacional o internacional, las víctimas de ayer suelen convertirse en los victimarios del presente. En la política internacional basta mirar las atrocidades de Netanyahu y el ejército israelí contra la población civil palestina en Gaza y Cisjordania, comparables en ignominia y crueldad con las cometidas por los nazis en desarrollo de la llamada “Solución Final”[iv]. Esas atrocidades perpetradas todos los días contra los gazatíes ofenden, desconocen, niegan y hasta degradan la memoria de los millones de judíos asesinados por los nazis, que unánimemente las rechazarían, con mayor razón si en forma cínica, como lo hace Netanyahu, apela a la Shoah[v] y enarbola la bandera del Estado israelí en nombre de un sionismo anacrónico y criminal. Ya lo advertía con aterradora lucidez Arendt en mayo de 1946 en su artículo titulado “El Estado judío: cincuenta años después”: “No sé -ni quiero saber- qué sería de los judíos de todo el mundo y de la historia judía en el futuro si topamos con una catástrofe en Palestina”. Esa catástrofe humanitaria está sucediendo y probablemente los más de seis millones de judíos exterminados en campos de concentración y ejecuciones sumarias hoy se levantarían y dirían: “NO en mi nombre”, pues verían de nuevo como la franja de Gaza ha sido convertida en un Auswichtz[vi] a cielo abierto a la vista de todo el mundo. Un Auswichtz con la complicidad de Trump, que pretende convertirla en la “Riviera del Oriente Medio”[vii]  y la indolencia criminal de la mayoría de jefes de Estado que hoy rigen los destinos de Europa y cuyos antecesores miraban hacia todos los lados y vieron demasiado tarde los campos de exterminio. Hoy, casi todos los actuales jefes de estado de la Unión Europea, excepto Pedro Sánchez[viii], hacen todavía algo más vergonzoso y criminal: cierran los ojos, se tapan los oídos, traicionan su conciencia y respaldan a Netanyahu en aras de una realpolitik cuyo nombre es genocidio[ix]  pues somete a los gazatíes a un cerco de hambre y ya más de 875 han sido asesinados cuando esperaban reclamar paupérrimas raciones para sobrevivir, según reporte de Naciones Unidas[x]. Asesinatos que se repiten periódicamente. Semejante horror acontece frente a nosotros. Todos los días lo vemos y escuchamos en las pantallas del televisor, lo leemos en diarios que nos informan, con una letanía legitimadora del genocidio, para convencernos que la respuesta del Estado israelí es proporcional, justa y necesaria. Pero lo que vemos son las ruinas de Gaza y más de 55.000 gazatíes[xi] asesinados por ese supuesto “Estado democrático israelí” al mando de Netanyahu, un cacócrata[xii] que prolonga el genocidio para eludir la justicia y no ser condenado por los cargos de “de soborno, fraude y abuso de confianza por parte de él y de aliados políticos cercanos dentro de su círculo íntimo durante su cuarto y quinto mandatos como primer ministro de Israel”[xiii].

Nuestra histórica responsabilidad

Así como ayer millones de colombianos también veíamos en los telediarios las masacres de campesinos, indígenas y negros a manos de grupos paramilitares, que desolaron los campos con cerca de 205.028 víctimas mortales, en nombre de la seguridad, la libertad y la democracia. Pero, luego de un corte de comerciales, escuchábamos y veíamos noticias sobre otras masacres de retaliación cometidas por las guerrillas, con 122.813 víctimas mortales. Además de sus miles de secuestros, 20.223, y millonarias extorsiones, pero ahora en nombre del “pueblo y la justicia social”. Hasta llegar a los inverosímiles y macabros hallazgos de más de 6.000 jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales[xiv] o “falsos positivos” en desarrollo de la directiva 29 de 2005[xv], supuestamente en defensa de la institucionalidad democrática para vencer el terrorismo y matar “la culebra de las Far”[xvi]. Directiva firmada por Camilo Ospina, ministro de defensa del presidente Álvaro Uribe Vélez, siempre atento y diligente para que se cumplieran sus órdenes, pero que en este caso apenas se dio cuenta de lo sucedido después de más de 6.000 asesinatos. Ejecuciones que incluso en un principio negó con su cínica expresión “no estarían recogiendo café”[xvii], referida a los jóvenes de Soacha, sacrificados por miembros de la Fuerza Pública, quienes hoy ya han reconocido esos crímenes ante la JEP. Se entiende, entonces, los motivos del expresidente para negar la existencia de la CEV y mucho más las investigaciones y decisiones de la JEP.

Primera Verdad en vilo: Ninguna violencia contra civiles inermes es legítima

Por eso, la primera verdad que nos reveló con pruebas irrefutables el informe final de la CEV es que mientras los protagonistas de la violencia política tengan respaldo y apoyo de parte significativa de civiles, más allá de sus identidades como grupos terroristas, insurgentes, guerrilleros o, por el contrario, como grupos paramilitares o autodefensas que cometieron crímenes en asocio con miembros de la Fuerza Pública,  nuestro conflicto continuará ensañándose mortalmente contra más civiles inermes, sus líderes y comunidades. Esa dolorosa y sangrienta verdad todavía está en vilo y se encuentra muy lejos de ser reconocida por quienes han convertido la violencia en su señal de identidad y hasta de orgullo, bien porque son mercaderes de lo ilegal o mercenarios al servicio del mejor postor. Pero también es todavía desconocida por numerosos civiles y sus líderes que levantan la guerra como bandera y divisa en nombre del orden, la seguridad y hasta la defensa de la “democracia”, en busca de votos para las próximas elecciones. Todos ellos, más allá de la derecha, el centro o la izquierda, son instigadores del miedo y el odio y llaman a exterminar a sus enemigos con la mejor buena conciencia. Muchos se autodenominan “ciudadanos de bien”, emulan e imitan a figuras internacionales que solo saben amenazar, encarcelar, deportar, torturar, desaparecer y eliminar a los supuestos enemigos de la patria. Esos líderes mesiánicos, en realidad mefistofélicos, están plenamente seguros de su superioridad moral y se consideran predestinados a defender el pueblo, la libertad, la seguridad y la propiedad en nombre de la “democracia”. Esa verdad, la de la ilegitimidad de toda violencia contra civiles inermes está en vilo y es imperioso defenderla y salvarla de tantos precandidatos y sus seguidores que hoy la desprecian, pues ellos suelen convertir las urnas en un depósito de sufragios en lugar de votos y sepultan la “democracia” en profundas fosas comunes.

Dos verdades políticas vitales en vilo

Las otras dos verdades que están en vilo y se encuentran a punto de desaparecer son el aprendizaje de la convivencia y la paz democrática (artículo 22 de la Constitución: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”) junto a la deliberación y participación ciudadana decisorias en los asuntos públicos (artículos 3, 40 y 103, CP), hoy puestas en duda por muchos de quienes ayer promovieron la séptima papeleta e irónicamente ahora apelan a la Constitución para acallar y negar la expresión ciudadana. Sin esas dos verdades políticas vitales y exigentes jamás podremos forjar una democracia y el artículo primero de la Carta, el Estado Social de derecho en todo el territorio nacional. Un Estado con su correlato de iguales oportunidades para una vida digna de todos los colombianos mediante el ejercicio y goce de sus derechos fundamentales a la salud, el trabajo digno, la educación, un techo y la seguridad social. Sin esos derechos nunca forjaremos y tendremos una democracia de verdad, que en la realidad promueva, protega y exalte la vida de sus habitantes, sin discriminación alguna, y cuente sus cabezas y votos en las urnas en lugar de cortarlas a sus líderes sociales y opositores políticos, como nos sigue sucediendo desde hace más de 60 años. Durante estos tres años esas tres verdades han estado y continúan en vilo. Depende de nuestra responsabilidad ciudadana que no desaparezcan, como sucedió con 121.768 colombianos entre 1985 y 2016, según las cuentas de la CEV[xviii] sobre la desaparición forzada en desarrollo del conflicto armado. ¿Podremos entre todos, en lugar de seguir insultándonos por redes sociales y dividiéndonos visceralmente entre derecha e izquierda o “paracos” contra “mamertos”, ponernos a conversar y deliberar para buscar y rescatar viva y libre a nuestra desaparecida democracia?

[i] https://www.comisiondelaverdad.co/

[ii] https://www.jep.gov.co/Paginas/ABC-de-las-Sanciones-Propias-que-impondr%C3%A1-la-JEP.aspx

[iii] https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2017000100005

[iv] https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_final

[v] https://aboutholocaust.org/es/facts/cual-es-la-diferencia-entre-holocausto-y-shoah

[vi] https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Auschwitz

[vii] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-plan-de-trump-y-netanyahu-para-convertir-gaza-en-la-riviera-de-oriente-medio/

[viii] https://efe.com/mundo/2025-05-28/sanchez-von-der-leyen-israel-gaza/

[ix] https://aboutholocaust.org/es/facts/que-es-un-genocidio

[x]https://www.diariolibre.com/mundo/europa/2025/07/15/onu-dice-875-personas-murieron-en-gaza-al-intentar-buscar-comida/3183119

[xi] https://www.france24.com/es/medio-oriente/20250617-el-ej%C3%A9rcito-israel%C3%AD-mata-a-m%C3%A1s-de-50-gazat%C3%ADes-mientras-buscaban-ayuda-humanitaria

[xii] https://hoy.com.do/cacocracia-una-amenaza-latente-para-los-derechos-humanos-y-la-democracia/

[xiii] https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_contra_Benjam%C3%ADn_Netanyahu

[xiv] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx

[xv] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005

[xvi] https://www.redalyc.org/pdf/308/30854700016.pdf

[xvii] https://www.youtube.com/watch?v=9QEXKj3UT5g

[xviii] https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final

En nuestra legítima lucha por hacer realidad el sueño holandés, una expresión que me inventé para describir ese soñado lugar donde pedalear es agradable, respetado, valorado y seguro, se nos olvidan los adelantos en la construcción de una cultura de la bicicleta: en Bogotá, el porcentaje de viajes en bicicleta igualó al automóvil, algo jamás imaginado en una ciudad del ‘tercer mundo’.

Los números de la bici en Bogotá

• Bogotá tiene 635 kilómetros de carriles para ciclistas, 551 corresponden a ciclo rutas permanentes y los 84 restantes a ciclovías temporales y ciclocarriles adyacentes que se implementaron en el marco de la emergencia sanitaria.

• La Encuesta de Movilidad 2023[1] de la Secretaría Distrital de Movilidad, estableció que en un día normal 388.744 pedalistas suman 886.655 viajes en bicicleta (7% del total de viajes de la ciudad).

Fuente: Encuesta de Movilidad 2023. Elaboración SDM-DIM

• En contraste a las cifras anteriores, la Encuesta de Percepción Ciudadana realizada en 2023, por Bogotá Cómo Vamos, una organización que mide la calidad de vida, encontró un aumento considerable en el porcentaje de personas que usan la bicicleta como medio de transporte, al empatar técnicamente con el uso del automóvil particular: 11.7%.

• Los domingos y días festivos, la ciudad disfruta de 127 kilómetros de Ciclovía, considerado el parque lineal más grande del mundo, al que acuden 1.500.000 personas, en promedio.

• Bogotá cuenta con un registro oficial de bicicletas, creado en 2018, con el fin de mejorar la seguridad de los ciclistas. Inició como una actividad voluntaria y pasó a hacer obligatoria en el año 2021.

• Con corte a 31 de agosto de 2023, en la ciudad había 305.566 bicicletas en Registro Bici Bogotá. Este registro le ha permitido a la policía recuperar y devolver a sus propietarios 300 bicicletas robadas.

• Las últimas alcaldías han realizado un trabajo continuo por brindar lugares de parqueo para bicicletas. A 31 de agosto de 2023, la oferta de ciclo parqueaderos era de 65,776 cupos de los cuales 23.984 son privados y 41.792 públicos.

• El proyecto Al Colegio en Bici cumplió 10 años y tiene presencia en 86 colegios de 15 localidades. Cada año registra más de 674.000 mil viajes, en 124 rutas de confianza. El trabajo articulado entre las secretarías de Movilidad y Educación ha beneficiado cerca de 30.000 mil estudiantes.

• ¿No sabes montar en bicicleta? Bogotá te enseña en la Escuela de la Bicicleta, otro programa de formación para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en el manejo de la bicicleta del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.  El proceso incluye técnicas y herramientas para aprender, desde lo más básico, como el equilibrio, hasta habilidades avanzadas, como pedalear en grupo.

• El Colegio de la Bici, ubicado en Bosa, es una institución pública, en la que confluyen las secretarías distritales de Educación, Movilidad y Desarrollo Económico y el SENA. Desde su apertura a finales de 2019, el colegio ha graduado a 81 estudiantes titulados como técnicos en mecánica de la bicicleta y promotores de seguridad vial. A finales de 2023 se graduó la primera promoción de técnicos en ejecución de programas deportivos.

• La capital colombiana tiene una Subdirección de la Bicicleta y el Peatón adscrita a la Subsecretaría de Política de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, desde 2018.

• La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, a finales de 2023, incluyó el uso de la bicicleta en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Bogotá. La bici ha sido parte de la transformación urbana, es parte de su memoria, ha producido formas de habitar, transformar e imaginar la ciudad.

• El Programa Al trabajo en Bici, liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, ofrece acompañamiento, presencia institucional, campañas pedagógicas y apoyos mecánicos, con el fin de promover el uso cotidiano de la bicicleta con especial interés en que más mujeres utilicen este medio de transporte.

• En un segundo intento, la Alcaldía de Bogotá, implementó el Sistema de Bicicletas Compartidas, a finales de 2022. Por medio de un operador privado, el servicio cuenta con 1.500 bicicletas mecánicas, 1.500 bicicletas eléctricas, 150 bicicletas de cajón, 150 manocletas (para las personas que se movilizan en silla de ruedas accedan al sistema) y 150 bicicletas con sillas traseras para niños y niñas.

• Bogotá cuenta con 18 consejos locales de la bicicleta y un Consejo Distrital de la Bicicleta. Estas son instancias de participación, las cuales cuentan entre sus integrantes con delegaciones institucionales y comunidad electa democráticamente. A la fecha se cuentan con 72 consejeros y consejeras, instalados en julio de 2022.

• Los ciudadanos pueden acceder libremente a las cifras estadísticas de la Secretaría de Movilidad a través del Observatorio de Movilidad, el cual permite navegar la información y hacer análisis con base en datos verificados.

Otras cifras del ciclismo urbano en Bogotá

El ciclismo urbano en Bogotá tiene su ángulo doloroso: 776 ciclistas han muerto, mientras otros 19.583 han resultado heridos en accidentes de tránsito, registrados en el periodo 2013-2024. El año 2022, ha sido el más horrendo, con un registro de 81 fallecimientos.

Siniestros viales con ciclistas fallecidos, para el periodo comprendido entre 2013 a 2024

Las infracciones de tránsito más comunes por parte de los ciclistas son:

• A01. No transitar por la derecha de la vía
• A04. Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones
• A05. No respetar las señales de tránsito
• A06. Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos
• A08. Transitar por zonas prohibidas
• En lo corrido de 2023, las autoridades registraban 44.798 infracciones

En el periodo 2013-2023, el distrito ha recaudo 705.022.511 millones de pesos por multas impuestas a ciclistas, bicitaxistas, conductores de ciclomotores y cuadriciclos:

Por otra parte, los ciclistas urbanos de Bogotá son víctimas de un tsunami de robos, atracos y ataques de toda índole, como consecuencia del deterioro social. De acuerdo con las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, tenemos:

Este amplio panorama deja claro que en Bogotá ha existido un trabajo continuo a favor del uso de la bicicleta, durante los últimos 40 años. A pesar de los aspectos sombríos, Bogotá es una de las ciudades más avanzadas en la creación de una cultura ciclista, un logro necesario en tiempos de gigantescos retos medioambientales. La alcaldía de Bogotá tiene un gran reto en el futuro inmediato: preservar la permanencia de quienes hemos hecho de la bicicleta un estilo de vida.

[1] Encuesta de Movilidad Secretaría Distrital de Movilidad 2023 file:///C:/Users/cepenagos/Downloads/202421004162471.pdf

[2] Cifra actualizada en el periodo enero – octubre 2023, con información publicada por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Por razones desconocidas, las cifras de los meses de noviembre y diciembre no fueron publicadas. Para el 2024, el Distrito no incluyó en sus estadísticas el ítem de robo de bicicletas, como lo venía haciendo https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/boletines

Escrito por César Augusto Penagos Collazos

Contacto: e-mail: lasinfoniadelpedal@gmail.com

Instagram: @la_sinfonia_del_pedal

La comunidad campesina de Quelccaya, en los Andes peruanos, lleva el nombre del glaciar tropical más extenso del mundo, un nevado que está perdiendo su capa blanca de hielo por efecto del cambio climático. Es el pueblo más cercano a los picos del glaciar —entre todas las comunidades del distrito de Corani, en Puno— y está situado por encima de los 3900 metros sobre el nivel del mar. La majestuosidad y riqueza del paisaje que rodea a la pequeña comunidad, sin embargo, contrasta con los niveles de pobreza de esa localidad. Y esa es solo una de las tantas contradicciones que existen.

A pesar de que el nevado es uno de los principales proveedores de agua para las poblaciones alrededor, el Estado ha otorgado concesiones mineras que se superponen con el glaciar y que ponen en riesgo las fuentes de agua. La comunicación telefónica en la comunidad Quelccaya es escasa, apenas si se puede captar una señal de telefonía móvil, pero en su territorio se almacena uno de los minerales clave para fabricar baterías de teléfonos y otros equipos tecnológicos de última generación: el litio.

Precisamente, esas cinco letras tienen hoy en alerta a las comunidades. Sus habitantes y autoridades se preguntan cuál podría ser el impacto futuro de esa extracción.

“Hasta el momento solo ha habido exploración. Obviamente es una amenaza si se da una situación de explotación. Habrá que estudiar bien porque directamente puede ser afectado el nevado”, dice el alcalde de Corani, Patricio Dávila. La autoridad se refiere al proyecto minero Falchani para la exploración y explotación de litio que llegó a los territorios de las comunidades en el 2018, de la mano de la empresa minera Macusani Yellowcake, filial en Perú de la canadiense Plateau Energy Metals, que en el 2021 se convirtió en subsidiaria de la también canadiense American Lithium.

El litio forma parte de la larga lista de los minerales críticos —también denominados estratégicos— para la transición energética. Se denominan críticos por su importancia en la industria pero en riesgo de escasez. Su uso más frecuente y de mayor demanda está en la fabricación de baterías para celulares, para computadoras portátiles y otros equipos tecnológicos incluidos los vehículos eléctricos. El litio, por lo tanto, se ha posicionado como un mineral codiciado para los países industrializados y empresas transnacionales en un mundo que se está planteando dejar de quemar combustibles fósiles y apostar por energías renovables.

Pero no es el único mineral relevante en este proceso de transición energética. La lista incluye metales largamente explotados como el cobre, la plata, el hierro y otros menos conocidos como el níquel, cobalto, cromo, grafito, manganeso, molibdeno y zinc. A esta relación se suman también las llamadas tierras raras, elementos que son determinantes, por ejemplo, para que podamos ver los colores en la pantalla de un celular.

“Las cifras indican que se necesita 400 % más de explotación minera de la que se tiene al día de hoy entre todos los minerales necesarios para la transición energética. No solo hablamos de cobre y de litio sino de todos los demás”, dice el politólogo Antonio Zambrano, especialista en cambio climático, miembro del comité directivo de Climate Action Network Latinoamérica e integrante de la lista de expertos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En el caso de Perú, Zambrano se pregunta: “¿para qué queremos esos minerales?”. El experto señala que debe quedar claro que si el país no los necesita para su uso interno, básicamente se convierten en recursos exportables. “Ese litio, por ejemplo, no es para nuestra transición energética, eso debe quedar clarísimo”, apelando a las falsas expectativas que podrían generarse entre la población.

¿Cuáles deberían ser las reglas de juego para la explotación de los nuevos minerales de la transición?

La carrera por la explotación minera

“La transición energética ha generado también una mayor demanda de los minerales críticos, porque todas las fuentes renovables los requieren para su fabricación. Entonces se prevé que la demanda va a subir en forma acentuada”, le dijo en enero de 2024 a Mongabay Latam el entonces viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Jaime Luyo, a Mongabay Latam.

En marzo de este año, Luyo fue reemplazado por Víctor Carlos Estrella, luego de que Rómulo Mucho asumiera como ministro de Energía y Minas. Mucho es un empresario del sector minero, fundador de la compañía Pevoex Contratistas S.A.C. que, según informó el Semanario Hildebrandt en sus Trece, brinda servicios a varias mineras, entre ellas el controvertido proyecto Tía María, de la Southern Perú, paralizado por reclamos de la población, pero que según el ministro podría iniciar sus operaciones este año.

Mucho ha dicho públicamente que “el destrabe de proyectos” es su prioridad “para eso me han traído”, en una conferencia celebrada en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), institución de la que fue director antes de asumir como ministro.

Desde el Ministerio de Energía y Minas han anunciado, además, que el Gobierno espera autorizar proyectos mineros valorizados en al menos 3000 millones de dólares solo en los primeros meses de este año. Según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), de los 70 proyectos de exploración que existen actualmente en Perú, 37 son de cobre, un mineral clave para la transición energética.

De hecho el Perú tiene por lo menos ocho de los denominados minerales de la transición. Cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito son parte de esta lista de materias primas que existen en el país y cuya demanda está en aumento con miras a cambiar la matriz energética en todo el planeta.

“En el Perú tenemos varias características vinculadas al último boom minero que empezó a finales de los 90 y terminó el 2015. Este último ciclo de expansión minera se caracterizó por una combinación de subida de precios internacionales y una liberalización de depósitos para la explotación. Un modelo que le daba el peso más fuerte a las reglas del sector privado”, señala Gerardo Damonte, docente e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Damonte explica que este modelo “privatizador” generó, por un lado, un incremento enorme de las exploraciones y de la producción, pero también trajo consecuencias, una de ellas es la enorme conflictividad alrededor del sector minero en el Perú. “En lugar de que el gobierno plantee una regulación social y ambiental lo que aplicó fue el liberalismo, por tanto, cada empresa veía cómo lidiaba con las comunidades para el acceso a los recursos”, agrega.

Los minerales considerados para la transición energética se utilizan en la producción de paneles solares o turbinas para generar energía renovable. También en los insumos que se requieren para transmitir la electricidad, como son los cables, así como en el almacenamiento de esta energía a través de las baterías.

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la demanda de cobre en el 2020 a nivel mundial en tecnologías de energía renovable fue de 640 mil toneladas, pero se proyecta que para el 2030 esta cifra suba a 1.35 millones de toneladas.

“Se van a requerir millones de toneladas para la implementación de la energía eólica, solar y geotérmica, incluso para el almacenamiento de energía. Y lo que se está tratando de imponer en países productores de estos minerales, como es el caso peruano, es una ola de extractivismo muy agresivo con zonas de sacrificio”, precisa José de Echave, investigador de la organización Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Si se considera, además, que los países industrializados no tienen tanto litio como se esperaba, y que Latinoamérica es un territorio clave para la explotación, queda claro entonces que territorios podrían ser los más afectados.

El litio y el cobre son dos minerales claves en el Perú que pueden servir de ejemplo para lo que está sucediendo a nivel global. El primero, aún en proceso de exploración, ya está generando controversia por las amenazas que su explotación podría significar para el medio ambiente y para las comunidades que viven en la zona de influencia de este mineral. El hallazgo de 4.7 millones de toneladas de reservas en Puno ha despertado intereses internacionales, disputas judiciales, riesgos ambientales en medio de comunidades que apenas tienen acceso a servicios básicos.

Por otro lado está el cobre, un metal que se extrae de las entrañas del Perú desde hace más de 30 años y que, según sus cifras de producción, ha puesto al país en el segundo lugar, después de Chile, como mayor productor de cobre en el mundo. Es más, este mineral es el principal recurso de exportación del país.

Eso nos puede llevar a un escenario con mayor disposición a aprobar proyectos mineros muy rápido, señala Juan Luis Dammert, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute (NRGI). Lo que podría traer, según el experto, es la exigencia de bajos estándares adecuados, el poco respeto a los derechos humanos y mayores componentes de represión. “Como es muy necesario para el mundo y para el clima y en nombre de la reducción de emisiones, se puede mantener o profundizar impactos ambientales negativos y conflictos sociales”, añade.

Perú en el panorama mundial

Un vehículo eléctrico requiere seis veces más cantidad de minerales que un auto convencional. Una planta eólica terrestre requiere nueve veces más recursos minerales que una planta alimentada por gas, se indica en el informe El papel de los minerales críticos en las transiciones a energías limpias de la Agencia Internacional de Energía. Las cifras reflejadas en este informe ofrecen un panorama de esta carrera para acceder a los minerales necesarios para la transición energética. Se calcula que para el 2040 aumentará en más del 40 % el consumo del cobre y las tierras raras; entre el 60% y el 70% de níquel y cobalto; y casi el 90% para el litio. “El cambio hacia un sistema de energía limpia impulsará un enorme aumento en las necesidades de estos minerales”, dice el informe.

Héctor Córdova, experto en minería de la Fundación Jubileo de Bolivia, lamenta que en este proceso de transición energética los países latinoamericanos sean vistos “solamente como proveedores de materia prima” y considera que también deberían ser “merecedores de los beneficios que generan estos recursos, tanto en la parte tecnológica como en la parte estratégica”.

Córdova menciona el rol que tienen los países industrializados en la explotación de los minerales. “Las industrias han dependido de nosotros [Latinoamérica] y nos han impuesto condiciones para salir siempre ganando”. Cordova menciona a Estados Unidos, China y ahora también Rusia como los grandes actores detrás de esta carrera por la explotación de los minerales. La Unión Europea ha quedado rezagada mientras que el poder económico de la India va en aumento, explica el experto.

Para este año 2024, la cartera de inversiones mineras del Ministerio de Energía y Minas (Minem) presenta 51 proyectos en 18 departamentos con una inversión de 54 556 000 de dólares. Estas inversiones están lideradas por empresas de China, Canadá, México y Estados Unidos.

La lista incluye a las empresas que explotan cobre, plata, plomo, hierro, zinc y grafito, entre otros minerales. El cobre ocupa el primer lugar entre los productos que se exportan de Perú con un 30 % del total de las ventas al exterior.

Si miramos la cartera de los proyectos de exploración minera para el 2024, la cifra se multiplica hasta alcanzar la suma de 644 millones de dólares que comprende 75 proyectos en 17 departamentos del país. En esta cartera de proyectos se incluye la exploración de ocho minerales: cobre, oro, zinc, plata, litio, hierro, níquel y plomo. Los proyectos de cobre encabezan la lista con 40 y una inversión total de 254 millones de dólares.

“Perú es un gran proveedor de materias primas para transición energética, pero nosotros no vamos a transitar mucho”, dice Gerardo Damonte, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Perú es un jugador muy grande de cobre, es un país que exporta muchos minerales. Ahora, si hablamos de minerales críticos, claramente nuestro gran depósito es cobre al igual que Chile”.

Damonte explica que lo que se busca con la transición energética “es que el mundo no viva de petróleo sino de electricidad”. Por lo tanto, dice Damonte, se necesitan más cables que transmitan electricidad, que son los cables de cobre, y se necesitan más baterías y para eso está el litio. “Entonces necesito más baterías y necesito más cobre para tener más conexión eléctrica, porque ahora mi economía va a estar más vinculada a una energía que viene de la electricidad. Igual la crítica a la transición es fuertísima porque a pesar de que los países desarrollados han aumentado su producción de energías renovables de manera importante, todavía sigue creciendo su consumo de carbón y de combustible fósil”.

La explotación de minerales para satisfacer la demanda de energía también va en aumento. En el boletín estadístico minero del Minem, correspondiente a diciembre de 2023, se indica que “el cobre, con un impresionante crecimiento acumulado del 12.7%, no solo refleja la demanda global de este recurso valioso, sino que también destaca la eficiencia y competitividad de la industria minera peruana”. Además se señala que en diciembre de 2023 la producción minera de 7 de los 8 principales metales presentó incrementos significativos respecto al mismo mes del 2022. En la lista de minerales con mayor producción en Perú después del cobre están el oro, zinc, plata, plomo, estaño y molibdeno.

China es el principal destino de cobre del Perú con el 72.9% del total de las exportaciones, en segundo lugar se ubica Japón con 5.6%, seguido por Corea del Sur con el 4.0%. El oro, en cambio, tiene como principales destinos Canadá, India, Suiza y Estados Unidos, mientras que el zinc, otro mineral clave en la transición energética, se exporta principalmente a China que recibe un 31.5% del mineral peruano, seguido de Corea del Sur, España, Brasil y Japón.

Un panorama de conflictos

“Lo que tenemos ahora en 2024 es un conjunto de escenarios que ya tienen un lastre o una historia conflictiva y que cada uno de ellos tiene una causalidad distinta y ha tenido historias de resolución o de reactivación también diversa”, explica Damonte, refiriéndose a los problemas sociales y ambientales que se generan alrededor de la explotación minera.

En el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, publicado en diciembre de 2023, la minería ocupa el primer lugar de la lista con 90 casos de los 134 registrados para ese mes. Una muestra de la conflictividad alrededor de las mineras en Perú es que de las 18 minas que actualmente producen cobre en el país, ocho figuran en esta lista de conflictos sociales.

Muchos de estos casos llevan años sin resolverse e incluso se inician procesos judiciales contra quienes reclaman por los problemas ambientales provocados. Katherine Paúcar, abogada de EarthRights International, organización que trabaja en la Defensa de Derechos Humanos y del medio ambiente, menciona el caso de la comunidad originaria quechua Urinzaya, en la provincia de Espinar, en el Cusco, que tras los reclamos contra la minera Las Bambas por contaminación en su territorio varios pobladores fueron denunciados. En total 10 personas han sido demandadas por la empresa luego de que participaran en una protesta contra la contaminación ambiental que causó la volcadura de las compactadoras que transportan los minerales.

“Este tipo de casos de empresas que están generando impactos ambientales en los territorios de las comunidades originarias es recurrente, principalmente en las regiones del corredor minero”, señala Paúcar.

El denominado corredor minero abarca las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, en el sur del Perú, y lleva este nombre porque a lo largo de este territorio se ubican varias empresas dedicadas a la actividad minera. “Es una cadena de empresas que están explotando recursos minerales, pero que al mismo tiempo generan contaminación ambiental y han sido denunciadas públicamente por las comunidades originarias ubicadas en esos territorios”, agrega Paúcar.

José de Echave, investigador de la organización Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, cuestiona también el desarrollo de la actividad minera en Perú. “Hay presión del lado de la minería metálica para decir, bueno, tenemos una cartera de productos de inversión y hay que ponerla en marcha sin tomar en cuenta los temas sociales y ambientales, básicamente con las mismas reglas de juego de los últimos 30 años que ha producido mucha conflictividad social”, comenta.

Creo que el gran error que cometen las empresas mineras, agrega De Echave, es que pretenden seguir haciendo minería como lo han hecho los últimos 30 años y no tienen la capacidad de leer lo que ha pasado en el país en todo este tiempo. “Una discusión que debemos tener en Perú es cómo nos imaginamos la minería para los próximos 20 o 30 años, es decir, qué retos en términos de gobernanza tenemos como país y cómo se la imaginan las autoridades y los empresarios mineros”.

Minerales para la transición

Entre los años 2010 y 2023, la Defensoría del Pueblo ha registrado, cada año, alrededor de cien conflictos socioambientales debido a actividades mineras.

A Oracio Pacori, director ejecutivo de la Asociación Derechos Humanos sin Fronteras del Cusco —organización que trabaja en la defensa de derechos humanos y ambientales de comunidades campesinas y organizaciones sociales en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Paruro— le preocupa que el cobre sea uno de los minerales clave de la transición energética, considerando que podría contribuir a agudizar los problemas sociales y ambientales alrededor de los proyectos mineros.

“A la fecha, las empresas que extraen los minerales no quieren reconocer, prácticamente están evadiendo su responsabilidad de todos los impactos que causan, principalmente ambientales”, comenta Pacori.

Pacori recuerda lo que sucedió en Espinar en el año 2012 cuando durante las protestas de las comunidades campesinas de Espinar (Cusco) contra la minera XSTrata Tintaya murieron cuatro personas. “Lo que venían denunciando era que el recurso principal del cual se abastece la provincia Espinar, que es el agua, estaba siendo contaminada”.

Esta mina pertenecía en ese momento a la multinacional anglo suiza Xstrata que más tarde se fusionó con la suiza Glencore. Esta última compañía tiene actualmente en Perú seis minas, tres de cobre y tres de zinc. Una de ellas es Antapaccay, también ubicada en Espinar

Los conflictos socioambientales en Espinar no han cesado desde el año 2012. Empezaron con Tintaya y continuaron con Antapaccay.  El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó varios estudios en la zona cuyos resultados finales vinculan las operaciones de la minera Antapaccay con la contaminación del aire, agua y la flora en las comunidades de Espinar. En el 2023, OEFA impuso medidas administrativas a la minera Antapaccay —de Glencore— debido a que sus operaciones estarían afectando la salud de los pobladores de Espinar y los ecosistemas de la zona.

La minera Antapaccay señala que “no está de acuerdo con los informes preparados por OEFA y que los está discutiendo ante dicha entidad”. Agregó que la empresa mantiene un diálogo abierto y constante con las comunidades y que genera iniciativas destinadas a cerrar brechas y propiciar el desarrollo sostenible.

Suyana Huamaní, oficial de justicia ambiental y climática de Oxfam en Perú, señala que la transición energética y los minerales fue uno de los temas que se trató con más frecuencia durante la última convención minera Perumin, realizada en setiembre de 2023. “En la medida que se pide que se acelere el proceso de transición energética, también se da la aceleración de la extracción de minerales”, menciona con preocupación.

Las empresas mineras de cobre en Perú no solo tienen ingresos millonarios cada año, sino que también acumulan multas millonarias con el estado peruano por infracciones ambientales. De acuerdo con la base de datos de OEFA sobre las sanciones a las empresas en Perú, la minería ocupa el segundo lugar en cantidad de multas impuestas por infracciones ambientales, solo por detrás de los hidrocarburos. Las empresas mineras han acumulado multas por 190 416 (UIT), es decir, 980 642 400 soles (alrededor de 261 millones 500 mil dólares).

De este total, las mineras dedicadas a la extracción de cobre acumulan 609 multas por un total de 9582.63 UIT, que equivale a 49 350 544 soles (unos 13 millones 350 mil dólares).

“Tenemos que hablar de una transición energética justa”, dice Huamaní, de Oxfam. “Sabemos que tenemos una urgencia climática y que debemos abandonar los fósiles para asegurar la batalla contra la crisis climática, pero, al mismo tiempo, no queremos que se repitan los mismos patrones extractivos de los minerales como ha sucedido con el petróleo”.

Litio: la carrera por un mineral cotizado

“Perú es un país que todo lo ve en el corto plazo, en el que el rol del Estado está muy reducido. En esa lógica, se ha perdido la planificación y pensar en el largo plazo”, dice Jose Carlos Orihuela, investigador y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuando le mencionamos la palabra litio.

Mientras Chile tiene una Estrategia Nacional de Litio, menciona Orihuela, la ausencia de políticas nacionales a largo plazo se hace evidente en Perú. “Lo que sabemos del litio, por ejemplo, es la información que hay en Youtube de una empresa interesada en que esto sea un boom porque luego, imagino, querrán vender el negocio”, dice Orihuela con respecto a la empresa Macusani Yellowcake.

En 2021 se aprobó en Perú la Ley que declara de necesidad pública, interés nacional y recursos estratégicos la exploración, explotación en industrialización del litio y sus derivados, una norma que para Orihuela no ha tenido un impacto real en las políticas minero energéticas. Una ley de ese tipo, dice el experto,  debería ir acompañada de un proyecto nacional para desarrollar nuevas capacidades productivas junto a capacidades del sector público.

Orihuela cuestiona la falta de información de expertos o de un aparato estatal que pueda decir cuáles son las características del depósito, qué posibilidades y riesgos hay para su explotación.

La empresa Macusani Yellowcake, a la que se refiere Orihuela, tiene en Perú un total de 179 concesiones mineras, según el portal de Geocatmin del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), la institución peruana responsable de aprobar los pedidos de los lugares dónde se extraerán minerales. De este total, 138 están en Puno y se extienden sobre seis distritos —Corani, Macusani, Nuñoa, Ollachea, Putina y Crucero— en las provincias de Carabaya y Melgar. Según ha informado la empresa, contienen reservas de litio y uranio.

Las imágenes satelitales del portal de Geocatmin muestran un conglomerado de líneas rojas que se superponen a comunidades, ríos y nevados de la cordillera Vilcanota, entre ellos el Quelccaya.

El alcalde del distrito de Corani en Puno, Patricio Dávila, señala que hace un año solicitó una reunión con la empresa minera antes de que ingrese a realizar sus actividades de exploración en Quelccaya. “Nos han informado en términos generales. En ese momento recién teníamos conocimiento de que en Quelccaya había concesiones y tenía que hacer perforaciones en varias plataformas”.

Dávila señala que la población de Quelccaya conoce muy poco de las actividades mineras, pues hasta ahora solo se dedica a la crianza de alpacas, incluso se considera que la fibra de sus camélidos está entre las más finas del mundo. Sin embargo, gran parte del territorio está cubierto con concesiones mineras, al igual que en el resto del distrito de Corani que, según su alcalde Dávila, tiene por lo menos el 90% del territorio con denuncios mineros. No solo hay litio en estas tierras, sino también plata, plomo y zinc, minerales que también forman parte de la larga lista de los insumos necesarios para la descarbonización del planeta.

“La industria minera se ha manejado mucho en la lógica de zonas de sacrificio y no debería ser así, hay que pensarlo de otra forma”, cuestiona Orihuela. “No hay un pronunciamiento de la comunidad científica sobre el tema ni un documento que nos diga qué se debe hacer. Y no hay porque no le interesa a la industria y tampoco le interesa al Estado. Como vivimos en el corto plazo, lo que se quiere es que se extraiga más mineral para que haya más impuestos y quien esté en el gobierno pueda gastar más rápido”, cuestiona Orihuela.

Los conflictos alrededor del litio se han reportado en Perú desde antes de su explotación. En el año 2017 llegó a Puno la empresa Plateau Energy Metals, a través de su subsidiaria Macusani Yellowcake, en busca de uranio. Pero las exploraciones dieron otra sorpresa, la presencia de litio en roca, según ha contado en más de una oportunidad Ulises Solís, gerente general de la empresa. En el año 2021 la empresa Macusani Yellowcake pasó a manos de la canadiense American Lithium.

Las exploraciones realizadas en ese momento, sin permiso de las autoridades peruanas, generó el primer conflicto alrededor de este mineral. En el 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) les impuso una multa de 535.34 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por cuatro infracciones cometidas en su proyecto de litio Falchani, que se desarrolla en la comunidad de Chacaconiza, también en la provincia de Carabaya. La multa equivale a 2 248 428 soles (alrededor de 600 mil dólares actuales).

De acuerdo con las resoluciones emitidas por OEFA, la empresa implementó cinco plataformas de perforación, cinco pozas de almacenamiento de agua, cinco pozas de almacenamiento de lodos y aproximadamente más de 6 km de vías de acceso hacia las plataformas de perforación, sin contar con certificación ambiental aprobada por la autoridad competente. A ello se suma que no paralizó sus actividades de forma inmediata, no ejecutó el cierre final de la plataforma de perforación ni de las vías de acceso y tampoco retiró los equipos y otros materiales.

La empresa American Lithium y su filial Macusani Yellowcake también estuvieron enfrascadas en un litigio judicial contra el Ministerio de Energía y Minas (Minem) por 32 de las concesiones que se le habían otorgado. La disputa iniciada en el 2019 se extendió hasta noviembre del 2023 cuando la Corte Superior del Perú falló a favor de la empresa.

Las cifras del Banco Mundial indican que para el 2050 se necesitará por lo menos cinco veces más litio del que se extrae actualmente. “No sabemos cuánto va a crecer y por cuánto tiempo se va a sostener, pero actualmente hay una carrera por los depósitos de litio en el mundo”, dice José Carlos Orihuela.

Una carrera que en Perú nos traslada a lugares como Quelccaya y Espinar ubicados cerca de las minas de las que se extraen los minerales críticos para la transición energética. Quienes viven en estos lugares ven salir de su territorio minerales como cobre, plata, zinc o molibdeno, entre otros, que abastecerán a la industria dedicada a transformar las fuentes de energía en el planeta mientras en esos territorios se quedan los conflictos.

Imagen principal: Mina de cobre en Perú. Crédito: Miguel Gutierrez / Cooperacción.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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