Cada 13 de octubre en Tobuna, una localidad de la selva misionera, se celebra la Fiesta del Loro Pecho Vinoso. Durante esa jornada, las 120 familias de la zona participan en eventos deportivos, festivales artísticos y ferias gastronómicas. Todo gira en torno a esta colorida ave que no existe en ninguna otra parte de Argentina.

En este pueblo es común ver al loro retratado en carteles, pinturas y camisetas como símbolo de identidad local. Pero no siempre fue así. Veinte años atrás, cuando llegaron los primeros científicos del Proyecto Selva de Pino Paraná, muchos ejemplares estaban en las casas como mascotas. Algunos agricultores de la zona notaron que cada vez era más difícil toparse con ellos en la vida silvestre.

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“El loro siempre vivió en estos bosques, pero empezamos a ver que estaba bajando la población por el mascotismo y los desmontes. Y estos animales necesitan refugio y alimento natural. Había que hacer algo”, recuerda Getulio González, productor local de maíz, tabaco y yerba mate.

La preocupación entre los vecinos aumentó cuando supieron que sus terrenos eran el último enclave que les quedaba a estas aves en todo el país.

Ante la escasa bibliografía existente, las investigaciones del Proyecto Selva de Pino Paraná dieron a conocer la situación crítica del loro pecho vinoso (Amazona vinacea). Gracias a esta revisión, la especie fue categorizada En Peligro Crítico a nivel nacional, mientras que a nivel global se encuentra En Peligro, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En estas poco más de dos décadas (2005-2026), a partir de tareas de manejo como protección de nidos y la reforestación de árboles nativos —principalmente del pino paraná (Araucaria angustifolia)— se estabilizó la población del ave y se impulsó un progresivo crecimiento de su población.

El pino paraná es un árbol de gran porte que sirve de refugio y nidificación. Sus frutos carnosos alimentan a esta ave mediana (de entre 30 a 36 centímetros de longitud), que al consumir principalmente frutos de flora nativa cumple un rol biológico relevante en la dispersión de semillas.

Adicionalmente, en 2024 la ONG Aves Argentinas diseñó e implementó un programa en territorio para promover nidos artificiales que reduzcan la competencia con otras aves y darle protección y sostenibilidad a las poblaciones del loro amenazado.

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Un tesoro del bosque atlántico

El primer conteo en el que participó el Proyecto Selva de Pino Paraná, en 2005, registró 163 ejemplares en Tobuna y otros pequeños parajes del departamento de San Pedro, en la provincia de Misiones. La situación alertó a los expertos, ya que durante la primera mitad del siglo XX, el loro pecho vinoso habitó gran parte de Misiones y su población podía contarse en miles. La profunda pérdida de hábitat del bosque atlántico (actualmente sólo queda el 14 % del ecosistema original) empujó a la especie a parajes reducidos donde aún quedan bosques de pino paraná.

El censo también puso en números el nivel de reducción que Getulio González y otros vecinos ya venían advirtiendo.

Y es que debido a la llamativa coloración del ave, pecho violáceo (de ahí su nombre), frente roja y nuca turquesa, fue víctima habitual de extracciones directas para el mascotismo y el comercio ilegal.

“A fines de diciembre solían extraerse pichones, ya sea para tenerlos en casa o para venderlos a alguien que venía a buscarlos de Brasil [Tobuna está ubicado a sólo 35 kilómetros de la frontera]”, recuerda Rodrigo Fariña, uno de los miembros fundadores del Proyecto Selva de Pino Paraná y actual coordinador del Proyecto Bosque Atlántico de la ONG Aves Argentinas.

Según Fariña, entre 2003 y 2004 se encontraron más de 40 loros en cautiverio en Tobuna y sus alrededores, muchos de ellos capturados desde pichones. Fue con estos ejemplares que los científicos empezaron a describir y estudiar la especie.

Mientras se conocían aspectos de su dieta y etapa reproductiva, se fueron gestando campañas para estimular la identificación, promover la conservación y reducir el mascotismo. No sólo visitaron hogares, sino que durante más de cinco años científicas del proyecto, como Bianca Bonaparte y Kristina Cockle, trabajaron con docentes de las escuelas de la zona. Nadie hablaba del loro pecho vinoso en las aulas. Para 2012, nueve de cada diez maestros reportaron haber usado esta ave como ejemplo de especie amenazada en sus clases.

El cambio cultural alcanzó un hito en agosto de 2019, cuando se declaró al loro pecho vinoso como Monumento Natural Provincial en Misiones. Esta norma apunta a frenar la caza, comercialización y tenencia del ave. Además, implica sanciones para quienes la incumplan, como multas económicas, inhabilitaciones para cazar y decomiso de bienes y ejemplares.

La bióloga Sofía Zalazar coordina desde 2024 el programa de conservación de esta especie que impulsa Aves Argentinas y comenta que si bien las extracciones disminuyeron significativamente, aún se topan con casos que demuestran que el trabajo educativo debe sostenerse.

“Este año una familia se nos acercó y nos entregó voluntariamente su loro, que ya tenía más de un año con ellos. Eso quiere decir que todavía hay saqueo de pichones”, apunta Zalazar.

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El desafío reproductivo: la escasez de nidos

Cada tarde, después de faenar la tierra, Getulio González camina a sus terrenos, donde aún crece bosque nativo. A inicios de siglo, en un área de 10 hectáreas, plantó semillas de pino paraná. Hoy, gracias a estos árboles gigantes de 20 metros de alto, aún es posible escuchar los cantos de los loros pecho vinoso.

El escenario no es uniforme en el resto de la localidad. “En las grandes propiedades los árboles ya no existen. Con las topadoras tumbaron todo”, cuenta González sobre los proyectos madereros industriales. Aunque el mensaje de la conservación cada vez ha calado más en la vida de los agricultores, en momentos de crisis económica, como cuando baja el precio del kilo de yerba mate, algunos productores han recurrido a la tumba de árboles para sembrar otros cultivos y poder sobrevivir.

Esta combinación de factores ha reducido históricamente la cantidad de árboles en los que los loros instalan sus nidos.

De hecho, los estudios realizados durante la década de 2000 por el Proyecto de Selva Pino Paraná permitieron conocer las características del proceso de nidificación de la especie. Estos loros eligen árboles de gran porte como el pino paraná, ya que usan cavidades ubicadas en partes altas, a 20 metros del suelo y que pueden llegar a tener 90 centímetros de profundidad.

“Cuando se pierden estos árboles se reduce la cantidad de cavidades y empieza una competencia más intensa con otros loros, pero también con otras aves, abejas y zarigüeyas que los utilizan. Con pocos huecos se hace difícil sacar adelante los pichones”, refiere la bióloga Sofía Zalazar, de Aves Argentinas.

Los loros pecho vinoso pueden poner hasta cuatro huevos, pero sólo tienen una nidada al año y el éxito reproductivo es bajo. Muchas veces las parejas fracasan o logran sacar adelante apenas un pichón.

Para impulsar el aumento poblacional de la especie, en 2024 Aves Argentinas instaló una estación biológica en Tobuna.

Un día, Zalazar y otros científicos llegaron a la casa de Getulio González con cajas rectangulares. Estos dispositivos, hechos de plástico reciclado y madera, tienen un orificio en la parte superior para funcionar como nidos artificiales que aumenten la oferta de cavidades.

“Obviamente hay otras especies que las pueden utilizar. Eso también es positivo, ya que así se reduce la competencia por otros huecos [naturales]”, apunta Zalazar.

En las chacras de González se colocaron 15 cajas nido en árboles de gran porte que no tenían cavidades o en zonas que los loros ya habían usado antes para nidificar. En 2025, en todo Tobuna se colocaron 40 cajas y para la temporada 2026 se busca sumar 100 más.

Los científicos también entendieron que no bastaba con ampliar el número de cavidades. Había que garantizar el crecimiento de los pichones en los nidos naturales. Bajo esa misión se conformaron guardianías con biólogos, técnicos, voluntarios y las mismas familias productoras.

Durante la etapa reproductiva, entre septiembre y diciembre de cada año, Getulio González está atento a si alrededor de los árboles que poseen nidos rondan abejas, tucanes o zarigüeyas que pueden comerse los huevos. Aunque el equipo científico se instala durante varios días cerca de los nidos, son los productores como González quienes actúan como los primeros guardianes de los pichones.

Ante cualquier amenaza, los locales informan a la estación científica, que envía expertos para revisar y, si es necesario, realizar tareas de mantenimiento en los nidos. “Tapamos agujeros por donde entra agua, extraemos parásitos externos, también hemos implementado anillos de acero rodeando los troncos de los árboles para evitar que suban predadores. El objetivo es que la mayor cantidad posible de pichones logre salir de los nidos”, refiere Fariña.

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La reforestación de pino paraná que ayuda al loro pecho vinoso

Las primeras luces del 8 de septiembre de 2009 dejaron ver una postal devastadora en Santa Rosa, un pequeño paraje a 10 kilómetros de Tobuna. Al amanecer se pudo dimensionar el impacto causado por el tornado F4 que había sacudido la selva durante la noche previa.

Los vientos se llevaron once vidas humanas, casas, ganado y cultivos. Decenas de árboles fueron arrancados del bosque nativo, como si una topadora hubiera pasado por encima.

En la reconstrucción del lugar, los vecinos no sólo levantaron sus viviendas, también consideraron la restauración de su hogar mayor: el monte. Ante el panorama desolador, Abilio Rodríguez se preguntó por los loros pecho vinoso. “Con el tornado, las cortinas de bosque desaparecieron, los pinos que eran sus refugios ya no estaban. ¿Qué sería de ellos?”, se preocupó entonces.

A las pocas semanas se juntaron 25 familias y decidieron plantar pinos paraná y otros árboles nativos para recuperar algo de lo perdido. En 2010, con apoyo del Proyecto Selva de Pino Paraná, sembraron los primeros 523 plantines.

Con el pasar del tiempo se sumaron otras familias, incluyendo algunas de parajes vecinos. Rodríguez fue uno de los pioneros en esa iniciativa. “Los vecinos me fueron preguntando dónde conseguir arbolitos. La gente se fue interesando cada vez más en el proyecto”, menciona.

Entre 2010 y 2024, unas 90 familias plantaron 3926 ejemplares de especies nativas en sus chacras y escuelas. Además de los pinos paraná, crecieron grapia (Apuleia leiocarpa), pitanga (Eugenia uniflora), yaboticaba (Plinia trunciflora), entre otras especies.

Hoy los árboles lucen altos y dan frutos cada temporada. Sin embargo, para Rodríguez lo más reconfortante es ver el hábitat del loro reverdecer. “Donde hay araucarias [pinos paraná], hay loros. Al conservar a uno, conservas al otro. Por eso seguimos recuperando bosques”, dice con satisfacción.

Las diferentes acciones ejecutadas en estas dos décadas —estudios, campañas socioeducativas, regulación legal, protección y ampliación de nidos, reforestación— permitieron estabilizar la escasa población de loros pecho vinoso. A partir de los conteos realizados entre 2007 y 2025 se evidencia una tendencia positiva en la selva de Misiones.

“Los conteos de a poquito van dando números más altos. En paralelo, se fueron viendo muchos cambios en la relación de los vecinos con el loro. Hoy es una especie que identifican y de la que sienten orgullo”, menciona Zalazar.

Mientras que en 2005 se identificaron 163 ejemplares, para 2016 ya se reportaron 252 individuos. Tras ese estudio, por falta de recursos, los conteos se interrumpieron.

En 2025, Aves Argentinas junto con otras instituciones, tanto gubernamentales como particulares, reactivaron las mediciones y llevaron a cabo un conteo trinacional (incluyendo las áreas de distribución de la especie en Brasil y Paraguay).

Este estudio se realizó a fines de marzo de ese año, cuando los loros pecho vinoso, tras la etapa reproductiva, se reúnen en bandadas para transitar el otoño y el invierno. Se realizaron durante tres días en los dormideros previamente identificados y, para evitar el doble conteo, el proceso se realizó de forma simultánea en cada sitio. Se contabilizaron 323 individuos sólo en Argentina.

Rodrigo Fariña asegura que si bien hay un crecimiento visible en el campo, los conteos también fueron mejorando su metodología y logística (mayor número de observadores). Ahora se encuentran planificando el nuevo conteo anual.

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Los desafíos de rehabilitar los loros que fueron mascotas

La mayoría de los ejemplares de loro pecho vinoso rescatados del mascotismo o del tráfico ilegal llegan al Centro de Rescate y Conservación Güirá Oga, una organización de Fundación Azara que trabaja en conjunto con Aves Argentinas. Allí entran en cuarentena y después de una revisión sanitaria arranca un proceso de recuperación que suele extenderse por más de un año.

El médico veterinario Dante Di Nucci ha recibido muchos loros con problemas nutricionales y físicos. “Vienen con dietas deficientes. Les dan semillas de girasol que les generan adicción y son dañinas para el hígado. Lograr que se alimenten sano toma tiempo”, sostiene.

Con los primeros ejemplares recuperados, en la década de 2010, se conformó un plantel reproductivo. “Tenemos varias parejas y todos los años reproducimos para aumentar el número de pichones y en un futuro poder liberar una bandada”, cuenta Di Nucci. Según el especialista, se necesita al menos un grupo de cinco individuos aptos para hacer una liberación definitiva.

Actualmente, vienen trabajando con una decena de ejemplares, entre rescatados y nacidos en cautiverio. Conforme avanza la preparación se modifican dietas para que el ave deje el alimento vinculado al humano y logre reconocer el alimento que va a tener que conseguir en vida libre.

Otro punto clave es lograr que recuperen o adquieran la capacidad de volar. Se realizan ejercicios de musculación, que inician en espacios reducidos y progresivamente van pasando a lugares de mayor superficie. Llegan hasta jaulones de 25 metros de largo, donde culminan su preparación de vuelo.

Se espera poder realizar una primera liberación este año, pero Di Nucci afirma que al final “los tiempos reales te los marcan los mismos animales”.

Para este año también hay expectativa en la recopilación de información de los transmisores colocados en cinco pichones. Con este seguimiento satelital, Aves Argentinas busca estudiar los usos de hábitat de los loros.

“Eso nos va a generar un montón de información, sobre todo cuando esos juveniles empiecen a crecer, para ver qué manchones de selva utilizan y son prioritarios para la conservación de la especie”, refiere Fariña.

En el bosque germina también otra conciencia. Los niños de Tobuna y sus alrededores conformaron un Club de Naturaleza junto con científicos de la estación biológica de Aves Argentinas. Este grupo realiza observación de aves con binoculares, senderismo, técnica de trepa (para colocar cajas nido) y se estimula la valoración de la selva misionera.

Getulio González los recibe cada mes para que recorran sus terrenos y vean a los loros vinosos que viven en los pinos paraná. “Que conozcan lo que tenemos en nuestros bosques. Si nosotros no los cuidamos, ¿quién lo hará?”, concluye.

*Imagen principal: el loro pecho vinoso habita en los árboles de pino paraná. Foto: cortesía Marc Estornell.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo Ocaña en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A casi dos meses del derrame de petróleo ocurrido en aguas del Golfo de México sus remanentes persisten en zonas costeras del país, sin embargo aún hay vacíos de información sobre el origen de la contaminación. Ante este escenario, los análisis científicos y satelitales permiten reconstruir una parte del incidente y sus alcances.

El conocimiento que tienen las comunidades pesqueras y las acciones de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil también han contribuido a entender qué provocó que el derrame se dispersara a lo largo de más de 900 kilómetros de costa e impactara en las economías y biodiversidad de la región, de acuerdo con el monitoreo de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Especialistas, representantes de comunidades y ambientalistas consultados por Mongabay Latam identifican las inconsistencias y algunos aciertos en la información difundida por el gobierno de México para explicar este nuevo derrame en el mar.

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El origen del derrame y las omisiones de autoridades

Imágenes y análisis satelitales detectaron el derrame desde el pasado 6 de febrero en la zona de Cantarell, un campo de alta explotación petrolera en las aguas del estado de Campeche.

Para Abigail Uribe Martínez, científica del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se trató de un derrame breve pero de alcances prolongados, pues aunque inició en los primeros días de febrero, las corrientes marinas y las condiciones del clima provocaron la llegada de hidrocarburo a zonas costeras hasta el 1° de marzo.

“La fuga hace mucho tiempo que ya está cerrada. Lo que tenemos son los remanentes de lo que salió. Es posible que [el derrame] no haya durado ni una semana. La primera vez que vimos petróleo en esa zona fue el 7 de febrero y la última vez fue el 15 de febrero”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Estas fechas coinciden con los reportes de organizaciones civiles, que usando también imágenes satelitales denunciaron que entre el 7 y el 14 de febrero, un buque especializado en reparación de ductos permaneció sobre uno de los oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras había “una gran mancha de petróleo en la zona”.

Este grupo de más de 30 organizaciones —entre ellas el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)— dieron a conocer imágenes satelitales que mostraban una embarcación cercana a la plataforma petrolera Abkatún.

De acuerdo con el reporte, para el 13 de febrero el derrame era visible y mostraba al menos cinco embarcaciones que realizaban labores de contención, “una de ellas usando chorros de agua típicos de acciones para controlar derrames”.

También coincide con la investigación realizada por el periódico El País, que dio a conocer que este buque contratado por Pemex para la reparación de ductos submarinos, llamado Árbol Grande, pasó 200 horas sobre un oleoducto que conecta el campo de Cantarell con la terminal marítima de Dos Bocas, rodeado de otras embarcaciones y sobre una mancha aceitosa en el mar.

Plataformas de monitoreo satelital, como Global Fishing Watch, permiten identificar que la embarcación Árbol Grande se movilizó desde el 6 de febrero hacia la zona del derrame, donde permaneció hasta el 18 de febrero.

Al respecto, Pemex sostuvo que la embarcación Árbol Grande es una de 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística que prestan servicios permanentes en el Golfo de México realizando “inspecciones preventivas en plataformas y embarcaciones especializadas de atención de derrames”.

En tanto, las autoridades federales emitieron información sobre el origen del derrame hasta el pasado 26 de marzo en una conferencia de prensa, donde dijeron haber identificado tres fuentes de contaminación que incluía el vertimiento ilegal de un buque (de entre 13 embarcaciones que se encontraban en la zona), así como de dos chapopoteras que son emanaciones naturales de hidrocarburo.

Sin embargo, este grupo interinstitucional, ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el derrame, omitió información sobre las fechas del vertimiento en febrero, así como de la embarcación responsable que aún no ha sido identificada.

Alejandra Jiménez, ambientalista e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que hay vacíos de información en la versión oficial para explicar qué provocó el derrame y una reacción tardía para contener la falla.

“Hay instrumentos científicos y técnicos que pudieron haber ayudado a informar y que no se usaron, por ejemplo las imágenes satelitales. Nos parece que se reservaron muchísima información que no han hecho pública y eso habla de que hay algo que no quieren que se sepa”, dice la ambientalista a Mongabay Latam.

Este medio intentó contactar a dependencias del grupo interinstitucional, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tener su versión sobre la falta de información en el origen del derrame. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

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Chapopoteras naturales, una respuesta constante a los derrames

El Golfo de México tiene cientos de emanaciones naturales de hidrocarburo conocidas como chapopoteras, sin embargo no todas se expresan igual y las más conocidas tienen huellas que logran identificarse, de acuerdo con la científica Abigail Uribe, quien ha estudiado la forma que se reflejan en la superficie.

La chapopotera de Cantarell nace de fisuras en el piso oceánico y forma una huella que la especialista describe como de “garra de león”, con unas líneas paralelas que salen de varios puntos.

“Esta huella de garra es muy característica en esas emanaciones y además una característica importante es que su extensión suele ser muy corta. Un gran porcentaje es de unos cuantos kilómetros, dos o cinco kilómetros. Eventualmente, bajo condiciones que no tenemos del todo claras, puede llegar a ser mucho más larga, de 30 o 50 kilómetros”, describe Uribe.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo que la principal fuente de contaminación por el derrame en el Golfo de México es la chapopotera de Cantarell, aunque sin mostrar evidencia que comprobara este fenómeno. “Estas chapopoteras tienen una emanación permanente natural. Sin embargo se ha detectado un mayor flujo de contaminantes en el último mes”, dijo en conferencia de prensa.

Al respecto, la especialista señala que a inicios de 2026 la chapopotera de Cantarell sí tuvo emanaciones intensas, pero también explica que el origen de las emanaciones entre febrero y marzo también se ha podido mapear y están más asociadas a los ductos petroleros.

“Sabemos muy bien el origen de Cantarell, lo tenemos perfectamente mapeado. Hay orígenes que no necesariamente son de la chapopotera y están más bien asociados a infraestructura petrolera. Aquí el origen está mucho más cerca de ductos, pozos, plataformas”, dice a Mongabay Latam.

La especialista también precisa que es común que las emanaciones de la chapopotera de Cantarell se mezclen con incidentes en plataformas y ductos, lo que dificulta diferenciar las fuentes de contaminación.

La presidenta Sheinbaum insistió este 31 de marzo en que no se ha encontrado evidencia de fugas en los ductos de Pemex, pero dijo que se revisan las instalaciones de la empresa estatal.

“Estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de las instalaciones. Hasta ahora, no ha habido una fuga. Si se llegara a ver que hay una fuga, se informaría y se entraría a la reparación”, expuso la mandataria.

Esta no es la primera vez que las autoridades atribuyen los derrames petroleros a las emanaciones naturales en el mar. En 2025, Mongabay Latam y Data Crítica revelaron que la mayor parte de los vertimientos no se reportan. Solo entre 2018 y 2024, especialistas identificaron, mediante el análisis de imágenes satelitales, un subregistro oficial de casi el 60 % de estos incidentes en instalaciones petroleras.

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Afectaciones costeras y responsables sin identificar

El derrame petrolero llegó en el peor momento para las comunidades costeras del Golfo de México, principalmente de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde no solo viven de la pesca, sino también del turismo que llega en el periodo vacacional de Semana Santa.

Eunices Contreras Sánchez, secretaria de la cooperativa Punta del Salado, ubicada en la comunidad de Olapa, municipio de Mecayapan, Veracruz, sostiene que desde el 2 de marzo que llegaron los primeros remanentes de petróleo a la costa no han dejado de limpiar las playas.

“Los pescadores intentaban sacar el crudo, pero se desvanecía en las manos, venía casi líquido y no se podía manejar. Provocó afectación en la zona hacia las redes, en la costa, se quedó entre los arrecifales. Cuando los pescadores quisieron ir a sacar sus artes de pesca ya estaban dañados”, cuenta Contreras.

Las organizaciones civiles que denunciaron el derrame también señalaron un retraso en activar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, el cual obliga a notificar el incidente de forma inmediata, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional.

“Todo indica que hubo un derrame, que no fue una chapopotera y que fue un ducto de Pemex. Nos preocupa muchísimo porque dentro de este mecanismo de atención a derrames, el plan marca que es responsabilidad de quien contamina”, expone Jiménez.

La defensora destaca principalmente la respuesta de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA) que ha realizado 11 recorridos de supervisión en los municipios afectados y ha emitido cinco requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos, sin que hasta ahora se sepa quién o quiénes son los responsables del derrame.

“La Agencia es central para atender todo lo que tiene que ver con cuidado al medioambiente en el sector hidrocarburos y nos preocupa que no tenga un papel importante en un caso al que se le ha dado muchísima difusión y del cual hay muchísima evidencia”, afirma.

Aunque el Grupo Interinstitucional ha informado la recolección de 430 toneladas de hidrocarburo y acciones de limpieza en 223 kilómetros de playa, la ambientalista advierte que no se están contemplando los impactos sostenidos a las comunidades costeras y a ecosistemas claves como los arrecifes.

“Hay familias independientes de pescadores que todavía no reciben atención. Hay afectaciones a la fauna y al Sistema Arrecifal, un Área Natural Protegida desde 1992, y ha habido descuido por parte de las autoridades para aplicar los mecanismos necesarios para proteger esa zona, indispensable para todo el Golfo de México, que protege de los huracanes y de los eventos climáticos”, expone.

Contreras sostiene que en 35 años de actividad pesquera en Olapa este derrame ha sido el de mayor magnitud en la localidad.

“Ya fue controlado [el derrame], pero uno camina por la playa y te manchas. Hemos hecho mucha limpieza porque es nuestra área de trabajo y aun así nos sigue manchando”, dice la pescadora a Mongabay Latam.

Incluso, sostiene que de tanta experiencia con derrames en el Golfo, los pescadores ya saben la reacción de los peces cuando hay un vertimiento. “El pescado cuando nota el peligro se aísla, se guarda. En este caso, percibe el olor, se guarda y eso ha perjudicado en esta temporada al sector”, explica.

Contrera pide dejar de minimizar los impactos del derrame en los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras para subsistir.

*Imagen principal: el derrame ya impactó a lo largo de 900 kilómetros de costa en el Golfo de México. Foto: cortesía Eunices Contreras Sánchez.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una de las primeras acciones políticas del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, fue materializar las zanjas que había prometido en campaña electoral en las fronteras con Bolivia y Perú. Esa medida dividirá la planicie del Altiplano logrando una barrera artificial al paso natural de la fauna silvestre del lugar, como pumas (Puma concolor), suris (Rhea pennata), vicuñas (Lama vicugna), quirquinchos (Chaetophractus nationi) y tarucas (Hippocamelus antisensis), entre otras especies. Según expertos, la profundidad de las zanjas también podría alterar los cursos de agua dañando a los bofedales que comparten Chile y Bolivia.

El proyecto de Kast se llama “Plan Escudo Fronterizo”. El 16 de marzo, solo cinco días después de jurar como presidente, el mandatario se trasladó a la ciudad de Arica para supervisar la construcción de las zanjas en la frontera con Perú. Días después, ese plan se llevó a cabo en la frontera con Bolivia.

Según el gobierno de Chile, este plan “considera medidas firmes con un cierre total de la frontera a la inmigración ilegal -es decir, el cierre de los pasos no habilitados- sanciones severas y un despliegue militar y policial sin precedentes”.

En uno de los puntos del plan se menciona la construcción de un sistema de contención física y tecnológica “infranqueable”, combinando muros o vallas de seguridad de cinco metros de altura “equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados”.

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A eso se suma la construcción de zanjas de tres metros de profundidad y tres metros de ancho “en los sectores de alto tráfico migratorio, impidiendo el acceso de vehículos y el paso de caravanas”.

Solange Vargas es doctora en Biología y Ecología Aplicada y actualmente es académica del departamento de Química y Biología, Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Atacama de Chile. La experta, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que la implementación de una infraestructura de estas dimensiones en el Altiplano constituye una “intervención drástica” que altera la conectividad biológica de uno de los ecosistemas más frágiles del mundo.

“La apertura de una zanja de estas magnitudes genera fragmentación de hábitat. En el Altiplano, la fauna no reconoce fronteras políticas”, explicó la bióloga. “Especies como la vicuña, el suri o ñandú cordillerano y el zorro culpeo dependen de grandes extensiones de terreno para encontrar alimento y agua, recursos que son extremadamente escasos y estacionales. El movimiento de animales, grandes y medianos, es fundamental para sobrevivir en este ambiente”, resaltó Vargas.

La experta, que hace más de 15 años se dedica al estudio de la fauna silvestre en el norte chileno, añadió que estas zanjas pueden generar un efecto barrera o interrumpir rutas migratorias. Por ejemplo -dijo-, para los suris, que son aves que no vuelan, una zanja de tres metros puede ser un obstáculo no menor si es que no es insuperable. “Esto en el tiempo genera división de las poblaciones, reduciendo su variabilidad genética y, en caso de mantenerse por largos periodos de tiempo, podríamos incluso hablar de dejar a las especies más vulnerables o provocar extinción local”.

Una “trampa mortal”

Vargas afirmó que estas zanjas con el tiempo se pueden volver una “trampa mortal”, ya que podría comenzar a registrarse caída de animales, animales lesionados y causar incluso muerte. Los animales pequeños, como roedores o reptiles, difícilmente podrían salir, muriendo por inanición, estrés o exposición, explicó.

En el caso de los felinos andinos, como el puma, o el zorro andino, Vargas afirmó que la situación es compleja, ya que técnicamente un puma tiene la capacidad de salto horizontal, en caso de ser animales saludables. La experta detalló que tres metros de ancho para felinos más pequeños, como el gato andino y el colo colo, puede ser más difícil de sortear. “Por lo que esta zanja podría volverse un obstáculo también para ellos. Si la zanja posteriormente estará acompañada de muros o vallas, hará que la conectividad de la fauna en este ambiente se vea drásticamente reducida”, destacó Vargas.

Por su parte, Cristian Bonacic, profesor titular de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afirmó a Mongabay Latam que las barreras artificiales tienen un impacto sobre la fauna silvestre.

El profesor acotó que en el caso de las zanjas y otras medidas entre Chile y Bolivia aún no se conoce la real continuidad de estas barreras artificiales, su manutención, trazado y si van a ser continuas o no.

Señaló que las principales especies de interés para evaluar son las vicuñas, guanacos, pumas y tarucas, a pesar de que son extremadamente hábiles para sortear acantilados, sitios de difícil acceso y escalar. “Habría que ver si se puede establecer un monitoreo con cámaras trampa para evaluar si hay algún impacto en ellas”, resaltó.

Bonacic recordó que el muro entre México y Estados Unidos sí tuvieron un impacto en especies migratorias estacionales de tamaño medio y grande y se han separado poblaciones de especies que se movían entre ambos países en algunas zonas con el consiguiente impacto sobre las especies, aunque resaltó que ese tipo de infraestructura es mucho más agresiva que una zanja.

Compartido por Perú, Bolivia, Argentina y Chile, el Altiplano es junto al Tíbet una de las mesetas más elevadas del mundo, alcanzando un promedio de más de 4000 metros sobre el nivel del mar. La baja presión de oxígeno a esta altura y sus condiciones climáticas extremas no impidió el desarrollo de una flora y fauna únicas en el mundo por su grado de adaptación a este medio hostil.

En esta zona se pueden encontrar una gran cantidad de especies de aves, reptiles y mamíferos endémicos. Allí, viven camélidos sudamericanos domésticos, como la llama y la alpaca; y silvestres, como el guanaco y la vicuña. En esta área viven los pueblos indígenas aymara y quechua.

Desde la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota se informó a Mongabay Latam que el objetivo de este plan impulsado por Kast contempla la instalación de barreras físicas, zanjas y sistemas de vigilancia con el objetivo de frenar la migración irregular, la trata y tráfico de personas y otras actividades vinculadas al crimen organizado en la zona limítrofe chilena con Perú y Bolivia.

La institución no informó sobre los impactos ambientales del plan, al igual que la Delegación Presidencial de la región de Tarapacá. Mongabay Latam también se comunicó con voceros de Ambiente del gobierno chileno para consultar sobre los impactos ambientales de esta medida, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.

Reclamos desde Bolivia

En Bolivia, Magín Herrera, ingeniero zootecnista y exviceministro de Medio Ambiente, afirmó a Mongabay Latam que el plan de Kast constituye una “alta amenaza para el delicado bioma altiplánico”, ya que tendría consecuencias sociales, económicas y ambientales negativas.

“Con las zanjas se está prohibiendo el paso y libre tránsito de la fauna silvestre que es totalmente inocente, y cumplen un rol productivo para la humanidad; sin embargo, se está destruyendo el hábitat y ecosistemas de la vida silvestre. Ahí tenemos quirquinchos, guanacos, vicuñas, pumas y aves, y se estaría destruyendo sus madrigueras, las crías estarían en la frontera del otro país y las madres al otro lado. Si eso sucede, ¿qué va a pasar?”, cuestionó Herrera.

El experto resaltó que la alimentación para el ganado camélido es por lo general especies vegetales que se desarrollan en humedales únicos en el mundo de esta zona altiplánica. Esta alimentación –dijo- comprende hierbas de baja altura, desarrolladas gracias al escurrimiento superficial y subterráneo de agua proveniente desde las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, además de precipitaciones directas.

“Estos bofedales están protegidos por convenciones internacionales que ha suscrito Chile, también Bolivia, por su incalculable valor ecológico y alta fragilidad. En esta zona también podemos encontrar a la paja brava, forraje natural que se agrupa en pajonales; y la llareta, arbusto densamente compacto antiguamente utilizado como combustible y con propiedades medicinales”, dijo Herrera.

Por su parte, Josef Rechberger, biólogo de la Fundación Teko Kavi, detalló a Mongabay Latam que estas barreras afectan más a la fauna pequeña, como invertebrados, lagartijas, quirquinchos, zorros y felinos pequeños.

“Además, estas zanjas se pueden llenar con agua y los animales corren el riesgo de caer y  morir [ahogados]. Los pumas y vicuñas son animales muy ágiles y si su vida depende de cruzar estás barreras, ya sea por hambre o sed, posiblemente podrían saltar estas zanjas, pero su primera reacción al ver estas zanjas sería evitarlas. Así que realmente es un problema y estarían rompiendo los corredores ecológicos de la fauna silvestre”, dijo Rechberger.

El Gobierno de Bolivia respetó la decisión de Kast sobre la construcción de zanjas. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, afirmó a medios locales que la decisión de Chile no afecta a Bolivia y que respeta la posición asumida por Kast. Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz, sin mencionar a su colega chileno, dijo: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”.

Mientras, la diputada Claudia Bilbao, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó a este medio que la Cancillería boliviana debería enviar una nota de reclamo expresando su molestia por la construcción de zanjas, que no solo afecta a la movilidad humana, sino al hábitat de numerosas especies.

“Hay familias enteras, hay niños y niñas que se mueven por la frontera, pero también la fauna silvestre de la zona está en riesgo. Eso amerita un reclamo, pero seguro no lo harán, ya que Rodrigo Paz y José Kast son de la misma ideología”, afirmó Bilbao.

*Imagen principal: el Gobierno de Chile inició la construcción de zanjas en la frontera con Bolivia y Perú con el fin de evitar la migración ilegal, entre otras problemáticas fronterizas, pero esa decisión afecta a la fauna y a los humedales del Altiplano. Foto: cortesía Chile Noticias.

El artículo original lo publicó Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Atendieron la visita el gerente agrícola de Ingenio Manuelita, Luis Guillermo Amú Caicedo; la jefa de Recursos Hídricos, Isabel Cristina Fragozo; la jefa de Tecnología Agrícola y Compost, Lina Paola Álvarez, y la jefa de Gestión Social y Comunicaciones, Luisa Fernanda González Cabal.

Los académicos visitantes fueron Raúl Antonio Díaz Pacheco y Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira; Nohra Rodríguez, de la Universidad del Valle, y Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca.

Por parte de la Fundación Color de Colombia estuvo su director, Daniel Mera Villamizar.

A partir de las respuestas de los profesores, que pueden leerse más abajo, este es un resumen por cada pregunta, generado con Inteligencia Artificial (ChatGPT).

Sobre cambio tecnológico

Los académicos coinciden en que el principal valor formativo del Ingenio Manuelita radica en la convergencia entre trayectoria histórica e innovación tecnológica contemporánea.

Destacan, por un lado, la importancia de comprender la evolución tecnológica del ingenio y su impacto en productividad, eficiencia y bienestar laboral, y, por otro, la incorporación de herramientas de agricultura de precisión basadas en datos, digitalización en tiempo real y análisis computacional para la toma de decisiones.

Esta modernización se complementa con prácticas de economía circular y bioinsumos, así como con sistemas tecnificados de fertirriego, configurando un modelo de agroindustria que transita de la intensividad en recursos hacia la eficiencia, la sostenibilidad y la gestión inteligente.

• Sobre retos en productividad y sostenibilidad

En cuanto a los desafíos futuros, existe un consenso en que la sostenibilidad constituye el eje crítico, aunque inseparable de la productividad.

Los académicos subrayan la necesidad de aumentar la producción por hectárea reduciendo simultáneamente el uso de recursos, especialmente en un contexto de cambio climático que impone variabilidad hídrica, eventos extremos y presión sobre los suelos.

A ello se suman retos logísticos y de gestión que exigen enfoques sistemáticos de mejora continua, así como la urgencia de garantizar el relevo generacional en el campo.

En conjunto, se plantea la transición hacia sistemas productivos resilientes, eficientes y ambientalmente responsables.

Sobre oportunidades de cooperación

Finalmente, en materia de cooperación academia-empresa, las respuestas convergen en señalar un amplio campo de articulación centrado en la investigación aplicada, la extensión tecnológica y la formación de talento humano pertinente.

Se identifican oportunidades en el desarrollo de soluciones para manejo hídrico, adaptación climática, agricultura digital y optimización de cadenas productivas, así como en la transferencia de conocimiento hacia productores, especialmente pequeños proveedores.

Asimismo, se resalta el papel transversal de la responsabilidad social y la necesidad de integrar programas académicos de diversas disciplinas para responder a las demandas reales del sector, consolidando un ecosistema de innovación con impacto territorial.

Sobre cambio tecnológico

A la pregunta de “¿qué cambio tecnológico de Ingenio Manuelita cree que los estudiantes deberían conocer en primer lugar en el pregrado?”, los académicos respondieron:

Raúl Antonio Díaz Pacheco, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Administración.

“En mi opinión un estudiante de primer semestre de pregrado debe conocer la línea de tiempo del avance tecnológico del Ingenio Manuelita y su impacto en indicadores de productividad, eficiencia del recurso humano y calidad de vida del operario”.

• Nohra Rodríguez, de Universidad del Valle: miembro del comité del programa de Agroindustria y coordinadora de la maestría en biotecnología.

“Un cambio tecnológico clave es la integración de tecnologías digitales en los procesos productivos, especialmente el uso de datos para optimizar la eficiencia agrícola e industrial.

También la inclusión de tecnologías ancestrales como el uso de bioinsumos, compostaje y producción circular”.

Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca: coordinador del pregrado de ingeniería agroindustrial de la sede de Santander de Quilichao.

“Hay novedades tecnológicas actuales en la cosecha y siembra que están involucrando avances en el manejo de imágenes y análisis de datos en computador que permiten precisar más las dosificaciones de nutrientes en suelo y también el manejo de las malezas.

Así también la digitalización de la información en tiempo real que tiene para la planificación del riego constituye herramientas y aplicaciones con impactos significativos en términos de sostenibilidad y economía agroindustrial en la cosecha y siembra”.

• Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: profesor asociado del Departamento de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“El cambio tecnológico más relevante es la integración de sistemas de fertirriego tecnificado con gestión eficiente de recursos.

Este aspecto demuestra cómo la agricultura moderna pasa de ser intensiva en recursos a ser eficiente, digitalizada y ambientalmente responsable“.

Retos en productividad y sostenibilidad

Frente a la pregunta de “en productividad o en sostenibilidad, ¿qué le pareció más retador hacia el futuro?“, estas fueron las respuestas de los académicos:

Raúl Antonio Díaz Pacheco, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Administración.

“Respecto de la sostenibilidad el reto está en mantener el campo activo para el cultivo de la caña; en productividad incrementar la producción de caña por hectárea al mismo tiempo que disminuye el uso de los recursos, en especial los no renovables.

Además, garantizar un relevo generacional que beneficie al personal que termina su vida laboral y a los que la inician”.

• Nohra Rodríguez, de Universidad del Valle: miembro del comité del programa de Agroindustria y coordinadora de la maestría en biotecnología.

“El mayor reto hacia el futuro es equilibrar productividad con reducción de impactos ambientales, especialmente en el uso eficiente de agua y energía en contextos de cambio climático”.

Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca: coordinador del pregrado de ingeniería agroindustrial de la sede de Santander de Quilichao.

“Dadas las características y día a día de la cosecha y siembra en el ingenio, sin lugar a duda hay grandes retos a futuro en términos de sostenibilidad.

Esto también supone desafíos logísticos, de planificación y de gestión de los recursos que permanentemente deberán estar sujetos a un ciclo PHVA en términos de calidad del manejo de este proceso”.

• Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: profesor asociado del Departamento de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“Hacia el futuro, el mayor reto está en la sostenibilidad, más que en la productividad.

Aunque la productividad de la caña ha mejorado con tecnologías como el riego tecnificado y la agricultura de precisión, el cambio climático introduce variabilidad hídrica, eventos extremos y presión sobre los suelos, lo que exige sistemas productivos resilientes y adaptativos”.

Oportunidades de cooperación

En relación con la pregunta de “¿dónde ve más oportunidades de cooperación academia-empresa a la luz de lo observado en Ingenio Manuelita: investigación, apropiación y extensión tecnológica, formación pertinente de talento humano, responsabilidad social?”, los académicos opinaron así:

Raúl Antonio Díaz Pacheco, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Administración.

“La Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, identificó oportunidades de cooperación academia-empresa en temas como la generación de valor en el proceso de transformación de la caña de azúcar y tecnificación del pequeño proveedor.

También en mejoramiento de procesos de la cadena de suministro, formación pertinente de talento humano en ciencias agropecuarias, agroindustria, gestión y diseño de las organizaciones.

• Nohra Rodríguez, de Universidad del Valle: miembro del comité del programa de Agroindustria y coordinadora de la maestría en biotecnología.

“Veo grandes oportunidades en el trabajo colaborativo para el desarrollo de investigaciones aplicadas y en la formación de talento humano, articulando necesidades reales de la industria con procesos académicos de pregrado y posgrado que impulsen innovación y transferencia tecnológica”.

Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca: coordinador del pregrado de ingeniería agroindustrial de la sede de Santander de Quilichao.

“La universidad podría impactar de manera positiva y contribuir de manera transversal en todos los segmentos de necesidades de los ingenios azucareros: investigación, apropiación del conocimiento, proyección social y capacitación de personal interno y externo.

Lo anterior es posible dada la gran oferta de programas educativos en nuestro caso de la Universidad del Cauca, comenzando por la misma Ingeniería Agroindustrial, programas asociados a la rama de la administración de empresas y contables , humanidades, entre otras”.

• Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: profesor asociado del Departamento de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“Las mayores oportunidades de cooperación se concentran en la investigación aplicada y la extensión tecnológica, articuladas con la formación de talento humano.

En investigación, desarrollar soluciones en manejo hídrico, adaptación al cambio climático, suelos y agricultura digital.

En extensión, la academia puede ayudar a transferir estas innovaciones a los agricultores.

La responsabilidad social también es importante, pero como eje transversal: proyectos con comunidades rurales, eficiencia productiva con inclusión y sostenibilidad territorial.

Para la academia es fundamental que esta cooperación esté acompañada con la formación de estudiantes de pregrado y posgrado”.

Lo que sigue: pequeños productores en cadenas agroindustriales

En desarrollo del objetivo estratégico tres (de tres) misional de Fundación Color de Colombia: Empoderamiento económico y calidad de vida, se adelanta un interés en torno a pequeños productores de varios cultivos en el Pacífico y el Caribe y su relación con agroindustrias.

Por eso, se proyecta un Coloquio académico regional para el segundo semestre centrado en dos capítulos del libro “Competir en la Agroindustria: Estrategias Empresarias y Políticas Públicas para los Desafíos del Siglo XXI”, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Los capítulos son: 4 (Las empresas tractoras) y 5 (La asociatividad como estrategia de inserción internacional en mercados de agroalimentos de alto valor).

“Las llamadas “empresas tractoras” permiten a pequeños productores integrarse a las cadenas agroalimentarias globales”.

El Coloquio acogerá a docentes y estudiantes de carreras afines de distintas universidades del Valle del Cauca y el Cauca, y a expertos de la industria.

Entre los estudiantes habrá invitados que son beneficiarios de la Fundación Corazón de Caña, y entre los pequeños productores, líderes de cañicultores de varios municipios que tienen contratos con ingenios.

Los interesados pueden escribir a mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org

“Al ritmo que viene el desarrollo de la inteligencia artificial, se calcula que cada año se van a construir entre 120 y 130 data centers de hiperescala a nivel mundial. Estamos hablando de alrededor de 800 nuevos centros de datos gigantescos hasta 2030. Eso es brutal”, dice a Mongabay Latam Soledad Vogliano, investigadora argentina del grupo ETC, una organización que monitorea el impacto de las tecnologías emergentes sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos.

Se tratan de gigantescas infraestructuras digitales que albergan la información necesaria para abastecer una demanda cada vez mayor de almacenamiento de datos con una gran variedad de propósitos, entre ellos, el creciente uso de la inteligencia artificial (IA). El problema de estas construcciones es que para su funcionamiento permanente requieren de un uso intensivo de recursos, como agua y energía.

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De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumen entre el 1.5 % y 2 % de la electricidad a nivel mundial y se calcula que para 2030 esta demanda se duplicará. Lo mismo sucede con el agua. Vogliano explica que cuando se instala un data center en hiperescala, es decir, de grandes dimensiones, este puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, que equivale a lo que consume una ciudad de 50 000 habitantes en una jornada.

Con estos niveles de consumo de agua y energía, sumado a la ocupación de grandes espacios de tierras y otros problemas para las poblaciones cercanas como los ruidos constantes por el funcionamiento de los equipos, los conflictos socioambientales están en aumento.

La expansión de la infraestructura digital

Desde hace tres años, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “empezó a identificar mucha conflictividad asociada a la nueva infraestructura digital, una situación que, prácticamente, se puede encontrar en todo el continente”, comenta Javier Palummo, Relator Especial de Redesca, en conversación con Mongabay Latam.

“Es la primera vez que desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se pone énfasis específico en los impactos de la infraestructura digital sobre los derechos humanos”, agrega Palummo.

Palummo se refiere así a lo que significa la presión sobre servicios esenciales, el costo y la disponibilidad de la energía y los riesgos estructurales en el goce del derecho al acceso al agua, que “podrían tener impactos vinculados a la salud y al ambiente sano, entre otros derechos”. En ese sentido, Palummo menciona que existe una mayor preocupación cuando este tipo de obras de infraestructura digital se desarrollan en zonas con estrés hídrico o en lugares que se encuentran en una situación de desigualdad preexistente.

Otro aspecto que menciona Palumbo con relación a la evaluación de casos que vienen haciendo en Redesca son los marcos regulatorios y las políticas públicas relacionados con las facilidades para que se instalen estas infraestructuras. “Hemos identificado que cada país toma distintos caminos a la hora de asegurar que este tipo de grandes obras tenga un impacto reducido en términos de protección del ambiente, de afectación del ambiente, uso de recursos naturales, de energía”, asegura el relator.

Desde ese punto de vista, la relatoría ha llamado a que los Estados adopten marcos regulatorios y políticas públicas que aseguren que la transformación digital se desarrolle con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y debida diligencia ambiental.

Aunque la Redesca considera que el desarrollo de esta infraestructura digital puede ser importante y estratégica para el progreso económico y social de los Estados de la región, también toma en cuenta que esto solo puede ser posible cuando contribuye a reducir problemas estructurales y promover la inclusión de poblaciones históricamente excluidas.

Palummo también menciona que los conflictos sociales alrededor de las infraestructuras digitales se han generalizado en todos los países del continente.

Por su parte Soledad Vogliano señala que América Latina es la región que cuenta con menos desarrollo de infraestructura digital, pues solo alrededor del 5 % de los data centers del mundo están en Latinoamérica. “Los países que tienen mayor desarrollo son Brasil, México y Chile, pero fundamentalmente Brasil, porque se ha constituido en un hub de desarrollo de data centers alrededor de Sao Paulo”.

En cuanto a Chile, Vogliano menciona su cercanía con los puertos de entrada de cables submarinos de fibra óptica, que le brindan ventajas para el funcionamiento de estos data center. Cabe mencionar que las instalaciones subterráneas de fibra óptica son otra de las infraestructuras digitales a gran escala que también genera conflicto en las comunidades, que reclaman la ausencia de consultas públicas antes de la instalación de estos equipos.

En el caso de México, comenta Vogliano, el desarrollo de los data center tiene que ver con el vínculo con los Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, sobre todo en el último año, “hay una especie de carrera por promover la llegada de data centers en otros países”. Un caso paradigmático es el anuncio del presidente Javier Milei para la instalación de data centers de Open AI —el gigante de ChatGPT— en la Patagonia.

Durante la reunión que tuvo Milei con los representantes de la empresa se destacó el compromiso de posicionar al país como un enclave estratégico para el desarrollo tecnológico y consolidar a Argentina como un hub de innovación. Otras empresas que están desarrollando a gran escala la inteligencia artificial e instalando data centers de grandes dimensiones son Amazon, Google y Microsoft.

Además del problema del uso intensivo de agua y de energía, el uso de la tierra también genera conflictos. “En algunas zonas ocurren cambios de uso de suelo, zonas que eran típicamente rurales, incluso cordones de producción de alimentos cerca de las ciudades, empiezan a convertirse en sitios de producción de capacidad computacional. Eso, obviamente, es un rediseño del territorio”, aclara Vogliano.

En otros lugares lo que está pasando es que los centros de datos empiezan a competir con zonas de barrios populares, agrega la especialista, transformando la dinámica del territorio. “Un  impacto directo que hace que la vida en ese lugar sea muy difícil es el ruido. Es algo que nadie toma en cuenta, pero los data centers producen un ruido permanente. No es muy fuerte, pero es como sentir un zumbido permanente todo el tiempo”, cuenta Vogliano.

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El reclamo de las comunidades

“Antes de que llegaran los centros de datos, Querétaro ya enfrentaba problemas de estrés hídrico”, comenta a Mongabay Latam el mexicano Adrián Carrera, líder de Infoactivismo de SocialTIC, una organización dedicada a investigar la tecnología digital.

Carrera conoce bien lo que está sucediendo. Querétaro es el estado de México con mayor cantidad de centros de datos a hiperescala. Un lugar donde se han instalado esas infraestructuras gigantescas que albergan los equipos necesarios para almacenar inmensos volúmenes de información que alimenta la inteligencia artificial (IA).

“Tenemos testimonios de algunas comunidades cercanas a centros de datos que refieren que ahora tienen cortes de agua, por ejemplo, con mayor frecuencia. Si bien ya tenían  problemas antes, ahora se han agravado”, comenta.

Se están generando también problemas de suministro eléctrico. “Estos impactos son cada vez más evidentes y las personas se molestan. Por eso, es más probable que se presenten más conflictos socioambientales”, afirma.

Carrera asegura que las personas que viven cerca de los lugares donde se instalan estos data centers ven fracturada su cotidianidad. “Lo más evidente es que abras la llave del agua y no salga o que se vaya la luz por muchas horas, con una frecuencia que no ocurría antes. La gente nos dice: ‘Ya no puedo vivir como vivía antes’”, cuenta.

A ello se suma la falta de información transparente sobre los proyectos y una especie de zona gris sobre la normas y leyes alrededor de éstos. Carrera menciona que los grupos de activistas en Querétaro han tenido dificultades para acceder a la información sobre cómo se están desarrollando estos proyectos. “Si no hay información es más difícil que haya una discusión pública con evidencia”, comenta.

Carrera también aborda las diferencias en cuanto a legislación entre países para permitir la instalación de los centros de datos y explica que los países de la Unión Europea tienen regulaciones más estrictas que en América Latina.

Eduardo Poletti, director de las maestrías en Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma del Perú, señala que si bien con el desarrollo de la IA la demanda de centros de datos es exponencial, no se debe dejar de lado otros aspectos necesarios para el funcionamientos de estas infraestructuras digitales, como el cableado de fibra óptica. “Estos grandes centros de datos van a funcionar en la medida en que haya conexión. Y obviamente por el crecimiento exponencial de la IA tiene un impacto colateral”.

La pregunta es “¿estamos preparados?”, comenta Poletti. “Somos conscientes de que particularmente en América Latina los ejes de estos impactos están en el agua” y menciona el caso de Perú, donde existen zonas con estrés hídrico, por tanto, instalar centros de datos “definitivamente sería una bomba social”.

Otro aspecto importante que menciona Poletti es nuevamente el uso de energía y del territorio. En este último aspecto toma en cuenta el cableado submarino y las torres de telecomunicaciones que  impactan en los ecosistemas en forma sensible. “La conectividad no puede avanzar a costa de este tipo de invasiones en los territorios. Necesitamos modelos sostenibles que prioricen, obviamente, las energías renovables y una gestión más eficiente del uso del agua”.

Poletti menciona que también es importante “la generación de valor compartido”, es decir, que se consulte a las comunidades cuando se planea instalar centros de datos y fibra óptica en sus territorios y se garantice que esas comunidades sean parte de esos proyectos, pues más allá de la inversión que realicen los grandes operadores tecnológicos también deben tener una responsabilidad con el entorno y la población. “Es muy difícil llegar a generar un valor compartido”, afirma.

En cuanto a la legislación, Poletti señala que en América Latina “es muy pobre” y “no se manejan estándares” para los recursos hídricos y energéticos, como sí se hace en los países europeos. “Se menciona que para 2030 el consumo de agua de los centros de datos podría superar 1.2 billones de litros de agua por cada kilovatio hora utilizado por la IA, eso es impensable”, dice el catedrático. Por eso, agrega “el desafío es que en países como el nuestro se establezcan estándares para la innovación tecnológica que se sustenten en políticas ambientales y sociales que aseguren beneficios tanto para las personas como para los ecosistemas”.

Imagen principal: data center en Querétaro, México. Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La protección de los páramos de Colombia —ecosistemas de alta montaña tropical estratégicos para regular y proveer agua— entró en una nueva etapa, luego de que el Gobierno nacional terminó una consulta pública para definir qué actividades agropecuarias de bajo impacto pueden realizarse en estos complejos. Con este proceso, el Ministerio de Ambiente busca establecer las reglas para delimitar prácticas en territorios altamente frágiles.

Sin embargo, la protección o regulación de qué se puede hacer y qué no en los páramos históricamente ha generado tensión, pues mientras algunas actividades agrícolas y ganaderas representan un impacto para estos ecosistemas, comunidades campesinas han abogado por sus derechos y por el sustento de sus hogares.

Colombia tiene el 50 % de los páramos del mundo, con 37 complejos en el territorio, los cuales proveen el 70 % del agua potable nacional, actúan como santuarios naturales de la biodiversidad y juegan un papel clave contra la crisis climática como grandes sumideros de carbono.

Hay un consenso en que estos ecosistemas deben ser protegidos, sin embargo, las reglas, la implementación y la gobernanza para su cuidado son temas que aún están por definirse. Especialistas, campesinos, organizaciones y autoridades consultadas por Mongabay Latam explican los retos y oportunidades para garantizar la protección de los páramos y de quienes habitan en ellos.

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De la prohibición a permitir algunas actividades en los páramos

Entre las principales amenazas contra los páramos están la ganadería, la agricultura a gran escala y la minería. La propuesta que autoridades ambientales desarrollaron, junto con el Ministerio de Agricultura, y que sometió a consulta pública incluye criterios como la conservación de cobertura vegetal, manejo sostenible del agua y suelo, la prevención de erosión, prácticas agroecológicas y protección de la biodiversidad.

Este proceso responde a un artículo de la Ley 1930 de 2018, que permite —bajo estándares estrictos— actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos, luego de años de prohibición que provocó conflicto entre los intereses de conservación con las actividades de comunidades.

Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, destaca que la metodología propuesta no se concentra en las actividades que se realizan, sino en sus impactos en la calidad del agua o en la diversidad y en cómo medirlos.

“Si los impactos son altos, bajos o medios, acorde a la legislación, se determina si el tipo de actividad puede o no ser realizada. También se priorizan diferentes aspectos del páramo, hay unos que están completamente protegidos, mientras otros sectores se consideran más resilientes a las actividades humanas y permiten un poco más de actividad”, explica.

Sin embargo, Benavides también destaca desafíos para esta reglamentación en los páramos, pues más allá de que hay un reconocimiento en la elaboración de la norma, dice que no cuenta con indicadores sólidos para determinar objetivamente las actividades de un bajo impacto ambiental.

“La manera en que está escrita no tiene indicadores cuantitativos claros, son muy de opinión y puede haber escenarios donde si el personal técnico que hace la evaluación tiene un conflicto de intereses o no tiene capacidad técnica suficiente o el día no es el adecuado, porque no se especifica la temporalidad de estos monitoreos, se pueden tomar decisiones no tan acertadas”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Tras el cierre de la consulta pública, la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Colombia, Natalia María Ramírez Martínez, señala que durante el ejercicio se recibieron cerca de 160 comentarios de diferentes actores, como corporaciones ambientales, comunidades indígenas y organizaciones civiles.

“Ahora estamos con mesas de trabajo conjuntas con Agricultura para identificar cómo o en qué se debe ajustar esta propuesta normativa. Aún no hemos culminado el análisis y el balance de estos comentarios. Tenemos dos semanas para realizarlo y llegar a una resolución que recoja toda la participación incidente”, dice la funcionaria a Mongabay Latam.

Para Paola Echeverri, coordinadora regional de Andes en WWF Colombia, la reglamentación propuesta por autoridades permitirá tener un diagnóstico inicial en las diferentes regiones de páramos para entender mejor los diferentes impactos de ciertas actividades agropecuarias en los ecosistemas.

“El foco es diferenciar la agricultura intensiva de la agroecología de bajo impacto y garantizar la permanencia de los habitantes tradicionales que toda la vida han estado allí, permitir que estén en esas zonas y promover esos medios de vida que tienen, pero regulando esas actividades”, señala la especialista.

Como organización que colaboró en el proceso de consulta, la integrante de WWF también advirtió en el ejercicio la necesidad de mecanismos financieros y de monitoreo para dar seguimiento a la reglamentación propuesta.

“No solamente no basta sacar normas, sino que cada uno de esos procesos normativos debe ir acompañado de un mecanismo financiero que permita su implementación, pero además de un mecanismo de monitoreo que permita ver en el tiempo cuál ha sido el impacto o las contribuciones de la aplicación de esas normas”, sostiene.

De acuerdo con la especialista, estos mecanismos permitirán armar una línea base y también ofrecer mejores condiciones para que quienes dependan de actividades críticas en los páramos puedan reconvertir o sustituir sus oficios, especialmente en ganadería y cultivo de papa, que es el más común en los páramos.

Benavides también coincide en la necesidad de incluir mecanismos de transparencia en el proceso para mejorar la implementación de la norma.

“La autoridad ambiental tiene que fortalecer su mecanismo de transparencia y de capacidad técnica para hacer evaluaciones que sean creíbles, porque si estas evaluaciones van en contra de las percepciones de las personas o de otras visiones técnicas se genera un problema de gobernanza al no tener una autoridad, un respaldo técnico con otras metodologías”, agrega.

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“Aspiro a vivir dignamente en el páramo”

Alejandro Alméciga Castro es campesino y guía ecoturístico en el Páramo de Chingaza, situado en la cordillera oriental, en los departamentos de Cundinamarca y Meta, y clave para el abastecimiento de agua para Bogotá, la capital colombiana.

Para Alméciga, es importante que haya una regulación clara en las actividades que puede haber dentro de los páramos, pues reconoce que son muy frágiles e importantes, pero que en su cuidado se ha desplazado a las comunidades campesinas.

“El campesino realmente no tiene una garantía de que sus derechos se sostengan, se ve muy vulnerado porque literalmente está perdiendo su tierra de una manera, diría, legal. Están sacando comunidades para engrosar las filas de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Están engrosando los cinturones de pobreza”, dice el Alméciga a Mongabay Latam.

El campesino, quien paulatinamente ha transitado más hacia el ecoturismo dentro de la región, insiste en que debe haber una administración con las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

“No hay una gobernanza, no hay una socialización clara, una participación activa de la comunidad paramuna en la forma en que se está planteando la Ley de Páramos”, advierte.

Cuenta, por ejemplo, que cuando se declaró el Parque Nacional Natural Chingaza, en 1977, no hubo un proceso de socialización con las comunidades que estaban dentro del páramo.

“Una noche nos acostamos siendo legales y a la noche siguiente, cuando se declaró como Parque Nacional Natural Chingaza, amanecimos como colonos y como invasores, siendo propietarios éramos intrusos en un territorio donde las comunidades llevan más de 150 años establecidas”, sostiene el habitante del municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Alméciga dice que no estaba enterado del proceso de consulta anunciado por el Ministerio de Ambiente para la limitación de actividades. Sin embargo, considera que sí debe haber un cambio para la conservación de estos ecosistemas.

«Estamos haciendo un cambio de vocación de ganadería extensiva por turismo de naturaleza y conservación. No debería haber actividad económica aparte del turismo de naturaleza, investigativo, el trabajo con universidades, que la comunidad tenga acceso a esos recursos y a un sistema de pagos por servicios ambientales”, sostiene el campesino y guía.

Incluso, comenta que tarde o temprano, las actividades agropecuarias deben salir de ciertos páramos con una compra justa y alternativas para subsistir.

“Yo sí aspiro a vivir dignamente este territorio que tengo, no ser desplazado, no ser sacado por el Estado, pero que viva dignamente, eso es lo que quiere la mayoría de habitantes de Páramo”, afirma.

Benavides señala que los páramos también han convivido históricamente con algunas actividades humanas, por lo que suspender todo uso en estos territorios puede ser perjudicial.

“Son comunidades que llevan 100, 200 años usando la tierra de la misma manera y que la norma les caiga encima sin una transición es muy difícil”, advierte.

El profesor advierte que hay regiones críticas en el país, donde la implementación de esta reglamentación será un reto “gigante”, como en el Complejo de Páramos Las Hermosas, el segundo más extenso de Colombia, o el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo.

Benavides advierte que a la hora de ejercer la norma, el desafío será un conflicto por lo que también pide echar mano de herramientas que ya existen y fortalecer la transición de comunidades.

“Hay que pagar costos de oportunidad, costos de transición, programas de reeducación, de reasentamiento, porque no se puede sencillamente sacar a la gente bajo una norma. Hay unos instrumentos, lo que falta es fortalecerlos a través de inversiones específicas”, sostiene.

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Participación comunitaria es clave

Echeverri destaca casos de éxito en la conservación de páramos como los del Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado entre los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas, y donde se logró la restauración de 258 hectáreas que forman parte de cerca de 7000 que estaban críticamente degradadas.

“Se han hecho trabajos para vincular un sistema como el desarrollo del ecoturismo o turismo de naturaleza, promover la sustitución de unas actividades productivas y que permite también generar ingresos a esas comunidades”, explica la especialista.

Además, agrega que se han promovido viveros comunitarios con especies nativas de páramos como el frailejón, planta emblemática de estos ecosistemas.

También menciona la dificultad para sustituir una actividad productiva de un día para otro. “Sustituir la ganadería por una actividad de bajo impacto requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos para establecer esos procesos”, expone.

Ramírez dice que se trata de una oportunidad para que las autoridades trabajen en el territorio con las comunidades.

“Debemos tener apertura conjuntamente en las visiones hacia una conservación del ecosistema, hacia un uso sostenible, mirar lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. El diálogo es fundamental, no partir de posiciones rígidas que van a afectar el mismo desarrollo y la inversión de recursos en el manejo de gestión, no solo de las comunidades, sino del resto de la población que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos del páramo”, reconoce.

En tanto, Benavides señala que más allá de la reglamentación que se decida, hay un avance en la protección de los páramos a nivel cultural entre la población.

“Muchos de estos páramos ahora están en parques nacionales, parques regionales, áreas protegidas y la gente se cuida de su intervención. Hay un camino ganado muy grande en su protección, que es una parte de la cultura ciudadana. Ahora hay un camino diferente, más legal, un desafío diferente”, sostiene.

Imagen principal: los campesinos han convivido durante siglos con los páramos, que representan menos de 3 millones de hectáreas en un país de 115 millones de hectáreas, pero pueden albergar el 20 % del carbono del país. Foto: Gobernación de Boyacá.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El pasado 19 de febrero una noticia sorprendió a los indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, los cuatro pueblos ancestrales que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso único en Colombia, aislado de los Andes y el más alto del mundo junto a la costa, con picos que superan los 5700 metros. El Consejo de Estado, uno de los altos tribunales del país, declaró la nulidad del decreto 1500 de 2018, más conocido como el decreto de la Línea Negra.

Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas, trazando un límite simbólico y sagrado llamado “Línea Negra” (o Sheshiza, en su cosmovisión), basado en 348 espacios sagrados. Su principal objetivo era proteger el valor espiritual, cultural y ambiental del territorio, regulando el uso de recursos, la consulta previa en decisiones que los afecten y su autonomía en la conservación.

“Para los pueblos indígenas esta decisión significa desconocer un proceso histórico de reivindicación de nuestras culturas y del conocimiento que tienen los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dice José Mario Bolívar, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Wiwa. Por su parte, Jaime Luis Arias, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo, asegura que rechazan la decisión y les preocupa porque “la interpretación que hace este tribunal es completamente regresiva en derechos”.

La sentencia del Consejo de Estado, que no puede apelarse, también generó rechazo en sectores sociales y ambientales. Juana Hofman, directora de integración territorial técnica en Amazon Conservation Team (ACT), comenta que la decisión de anular el decreto por razones de forma y no de fondo pone en jaque más que un acto administrativo. “Lo que está en riesgo son los avances en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la garantía efectiva de la diversidad étnica y cultural y, en un plano más estructural, la coherencia del Estado colombiano como Estado social de derecho que se reconoce pluriétnico y multicultural”.

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Un decreto que incomodó desde el momento de su firma

Los principales argumentos del Consejo de Estado para anular el decreto de la Línea Negra están en que, al momento de ser expedido, no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y no se agotó la consulta previa con otros grupos étnicos que quedaron incluidos dentro del territorio ancestral, entre ellos los pueblos indígenas ette enaka y wayúu, así como varios consejos comunitarios afro.

El alto tribunal también expresó que en 2018 hubo un exceso en la potestad reglamentaria del Presidente, quien interfirió en la autonomía territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y en la de sus municipios.

Se generó tanta polémica que pocos días después de conocerse la sentencia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a favor de los pueblos indígenas y propuso la elaboración de una nueva norma. “He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua”, dijo el mandatario.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el decreto de 2018 un día antes de dejar su cargo, también defendió la norma. “Los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo están en riesgo. Preservar la Línea Negra no es un capricho. Es proteger la Sierra Nevada, su riqueza incomparable y su dimensión espiritual. Y es honrar una orden de la Corte Constitucional”, dijo en un video que publicó en la red social X. Dicha orden le pedía al Gobierno Nacional adoptar medidas efectivas para delimitar y proteger el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas.

Jenny Ortiz es coordinadora del Programa Movilización, Derechos Humanos e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fundación colombiana dedicada a la investigación, formación y defensa de los derechos humanos y la paz. Según dice, detrás de la demanda que llevó a la nulidad del decreto hay intereses económicos, ya que la norma funcionaba como una barrera que impedía la entrada de agricultura a gran escala y proyectos extractivos como la minería.

Datos recogidos y procesados por el CINEP, y que fueron obtenidos de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), muestran que para febrero de 2024 existían 151 títulos mineros vigentes dentro de la Línea Negra, los cuales ocupaban un área de 77 805 hectáreas, aunque la mayoría se encuentran inactivos o en fase de exploración. También había registro de 95 solicitudes mineras en espera de aprobación y que abarcan 74 644 hectáreas.

Precisamente, una de las preocupaciones con la nulidad del decreto es que las presiones mineras, agroindustriales y petroleras aumenten.

Hofman afirma que desde 2018 sectores gremiales y económicos alertaron que la aplicación del decreto “paralizaría el desarrollo” de tres departamentos y que cualquier actividad requeriría consulta previa. Sin embargo, para ella, no se prohibía el desarrollo sino que se establecían reglas de protección y coordinación en un territorio ancestral reconocido. “Lo que incomodaba era el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a una expansión sin diálogo”, dice.

Jaime Luis Arias comenta que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta son conscientes de que históricamente ha habido intereses por explotar toda la riqueza cultural y ambiental de la zona. “Esta decisión desde luego afecta y crea una incertidumbre jurídica [que favorece] a esos intereses porque este decreto obedecía, precisamente, a una decisión de la Corte Constitucional que orientaba a establecer mecanismos y garantías para la protección del territorio”. Arias agrega que no solo se trata de intereses legales sino que en la Sierra hay minería ilegal y grupos armados que generan afectación a los derechos de los pueblos indígenas.

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Un nuevo decreto viene en camino

Aun en medio del escenario de preocupación, los expertos consideran que la Sierra Nevada de Santa Marta no queda del todo desprotegida. “Cualquier actividad que genere afectación sobre los cuatro pueblos indígenas tiene que pasar por consulta previa”, comenta Hofman.

Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), considera que el territorio ancestral que está fuera de los resguardos, y es parte del polígono conocido como Línea Negra, no queda desprotegido porque el decreto se cayó, pues hay otras figuras legales que lo protegen, como el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia o tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran en constantes reuniones para pensar en un nuevo decreto, aunque José Mario Bolívar dice que tienen claro que una norma no los hace indígenas ni cambia su cosmovisión: para ellos el decreto era “un formalismo para podernos entender en el diálogo y en la convivencia con un pensamiento [occidental] diferente”.

Además, después del apoyo del presidente Petro, los indígenas iniciaron acercamientos con el Gobierno Nacional. El 28 de febrero Gabriel Rondón, viceministro del diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, instaló un espacio de diálogo intercultural para construir colectivamente la ruta hacia un nuevo decreto de protección de la Línea Negra. “El propósito es empezar desde el principio, aclarar dudas y generar una ruta amplia que nos lleve a concertar un nuevo acto administrativo sin las fallas del anterior”, dijo Rondón.

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 4 de marzo el inicio de la consulta previa sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra”, dijo al cierre de una asamblea donde participó cada uno de los delegados de los pueblos indígenas y afro.

Los gobernadores indígenas le dijeron a Mongabay Latam que esperan que el decreto quede listo en abril. Sin embargo, Bolívar es insistente al afirmar que la nulidad de la norma no cambia para nada la manera en que los indígenas se relacionan con el territorio y sus sitios sagrados. “Siempre hemos sido claros: con o sin decreto nosotros seguiremos defendiendo el territorio de la Línea Negra”, concluye.

*Imagen principal: el decreto de la Línea Negra buscaba proteger más de 300 lugares sagrados de cuatro pueblos indígenas. Foto: cortesía AIDA/Yeny Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Febrero ha sido un mes de fuertes desastres causados por una temporada atípica de lluvias que ha afectado a gran parte de Colombia, especialmente el norte de la región Andina y el Caribe, donde el departamento de Córdoba ha sufrido algunas de las más graves inundaciones. El Gobierno nacional ha enfocado sus acciones en atender la emergencia invernal. Mientras tanto, una crisis silenciosa avanza en otra región del país: la Amazonía arde y los deforestadores no han perdido el tiempo en su objetivo de destruir el bosque y colonizar amplias zonas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Así lo pudo constatar Mongabay Latam en un sobrevuelo de varias horas realizado el 27 de febrero y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “A pesar de que en estos días de lluvia en Bogotá no se note, aquí [en la Amazonía] la selva ya está ardiendo. Vimos un enorme avance de carreteras, instalación de grandes potreros y nuevas instalaciones para el poblamiento del territorio”, asegura Rodrigo Botero, director de la FCDS.

En el recorrido de más de cuatro horas sobre la Amazonía noroccidental colombiana se observó un avance significativo de la deforestación en varios núcleos, como los parques nacionales naturales Tinigua y Sierra de la Macarena. También preocupa a los expertos la colonización al oeste del resguardo indígena Yaguará, en el núcleo de deforestación del río Camuya, así como el avance de las carreteras, los cultivos de coca y los lotes para ganadería en el Parque Nacional Chiribiquete, el más grande del país.

La deforestación también ha avanzado de forma acelerada hacia el occidente de la Amazonía, principalmente en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, entre el río Yarí, la zona de Remolinos del Caguán y el borde del parque Chiribiquete.

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El parque Sierra de la Macarena sigue los pasos del parque Tinigua

El caso de Tinigua es el más preocupante porque, según los expertos, casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, dijo en diciembre de 2025 Clara Solano, directora de la Fundación Natura a Mongabay Latam.

Solano destacó que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

Desafortunadamente, el panorama de febrero de 2026 parece más desalentador. Desde el aire no sólo se observan carreteras ilegales nuevas, sino que otras existentes han sido ampliadas y niveladas con el uso de maquinaria pesada. También han aumentado los potreros con fines ganaderos.

En el parque Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población.

En el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025, publicado por FCDS, se resalta que los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados, lo que pone en riesgo tanto la conectividad ecológica como la funcionalidad ecosistémica del parque.

La tendencia acelerada de deforestación que se ve en Tinigua ha empezado a imitarse en Sierra de La Macarena, el parque contiguo. El sobrevuelo permitió ver una enorme red de carreteras, que lejos de pretender estar ocultas en el bosque, cada vez son más anchas y con una deforestación a lado y lado de al menos 100 metros. La zona nororiental del parque ha sido invadida por cultivos de coca y el 27 de febrero se observaron varios incendios activos en zonas colindantes a las carreteras y a los lotes de coca ya establecidos.

En declaraciones recientes para este medio, la congresista Julia Miranda aseguró que “en La Macarena se incrementan los procesos de transformación y ocupación ilegal”.

Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran que durante los últimos 20 años el parque ha perdido 66 133 hectáreas de bosque, lo que representa el 11.7 % de su cobertura boscosa en 1990.

Rodrigo Botero comenta que gran parte de la porción oriental del área protegida (planicie amazónica) ya se encuentra conectada, tanto por accesos viales terrestres como por río, y que tan solo faltan algunos tramos para conformar una especie de “circunvalar” que rodearía por completo los bosques remanentes en esta porción del parque.

Y es que el informe 2025 de FCDS ya daba cuenta del acelerado crecimiento de la malla vial ilegal dentro del área protegida: 623.6 kilómetros se construyeron entre 2007 y 2025, de los cuales 76.9 km fueron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La coca también ha venido en aumento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 1464 hectáreas de coca en 2023 con enclaves en la zona del río Cafre y el Guayabero, en el río Cabra, entre las zonas de Santa Lucía y las bocas del Cafre, y en el cañón del río Sanza. Por otro lado, registros de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mencionan la presencia de 68 543 vacas dentro del parque.

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El control de las disidencias de las FARC en los llanos del Yarí

Los llanos del Yarí son una importante zona de sabanas amazónicas que conectan los parques Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Allí también se ubica el resguardo indígena Llanos del Yarí–Yaguara II.

Históricamente ha sido uno de los focos de deforestación de la Amazonía y de acuerdo con el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025 de la FCDS, entre abril de 2024 y marzo 2025 se perdieron 1533 hectáreas de bosque en el resguardo, donde según la fundación existen unos 175 kilómetros de vías ilegales.

Al sobrevolar la zona se aprecia un aumento en la cantidad de vías y un extenso campo con zonas deforestadas para actividades agropecuarias, así como maquinaria e instalaciones para procesar lo producido. Este enorme enclave productivo pertenece a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC.

Calarcá construyó en la zona un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas, trayendo consigo una fuerte deforestación de la selva. “Le hemos entregado tierra a los campesinos, les hemos entregado proyectos. Ahora entregamos unos proyectos arroceros, de maíz y paneleros”, dijo al diario El Espectador en una entrevista de diciembre de 2024.

En los llanos de Yarí, Calarcá no sólo cuenta con proyectos productivos sino que tiene su centro de mando político‑militar y su escenario de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Estas no pasan por su mejor momento, luego de que a finales de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un aumento de las operaciones militares contra grupos al margen de la ley, como el que lidera Calarcá.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, también ha expresado preocupación y en un informe publicado en octubre de 2024, menciona que las acciones relacionadas con la deforestación han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. “A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones”, dice el informe.

La JEP también agrega que las disidencias de Calarcá y de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», se disputan el control del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. “La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal”, dice el informe.

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El asedio al parque Chiribiquete crece desde Cartagena del Chairá

Las presiones al parque Nacional Chiribiquete no cesan. Nuevas carreteras se adentran en la zona noroccidental del área protegida continental más grande de Colombia, junto a lotes deforestados que ahora albergan ganado y coca. El sobrevuelo del 27 de febrero también permitió observar cómo aumentan la tala y quema de bosques y las vías en la parte occidental de Chiribiquete, en el municipio de Cartagena del Chairá.

“Probablemente lo más impactante es la magnitud de lo que ocurre en Cartagena del Chaira, entre Remolinos del Caguán y el río Yarí, en el borde de Chiribiquete”, dice Rodrigo Botero. El director de la FCDS asegura que en el último sobrevuelo se aprecia la consolidación de un nuevo corredor de cultivos de coca que va desde la frontera entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, subiendo por el río Caguán hasta llegar al municipio de La Macarena, en el departamento de Meta.

El informe 2025 de FCDS menciona 165.7 kilómetros de vías construidas entre 2007 y 2025 en el parque Chiribiquete, de los cuales 80.3 kilómetros (48.5 %) se construyeron en los últimos siete años. Algunas de las carreteras más preocupantes son Puerto Cachicamo–La Tunia, que comunica a la vía Marginal de la Selva con el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II. Esta vía tiene 30.1 kilómetros al interior del parque. También está la ampliación de la vía El Camuya, de 45.4 kilómetros de longitud, y que se encuentra en su totalidad dentro de Chiribiquete.

“En Chiribiquete hay invasiones. Hoy vemos debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques”, dijo la congresista Julia Miranda.

Para Botero, “hoy [27 de febrero] pudimos observar cómo cada vez más se está creando un enorme vacío de bosques entre la planicie amazónica y los Andes y cómo esto está interrumpiendo poderosamente el ciclo del agua”. Otro problema, según dice, es que hay un trasfondo en el que viene ocurriendo una integración de las economías ilegales con las legales, que seguirá en aumento si nadie en Colombia comienza a preguntarse de dónde provienen productos como la carne, los derivados lácteos o lo que se exporta en minerales como el oro.

Botero asegura que aunque Colombia ha tenido algunos años con reducciones en la deforestación, se trata de variaciones en las tendencias anuales, pero el efecto acumulativo es negativo porque la capacidad de restaurar los bosques sigue siendo mucho más baja que la velocidad con la que se pierden.

*Imagen principal: incendios dentro del parque Chiribiquete. Foto: Antonio Paz.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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