En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

*Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es una de las reservas de litio más grandes del planeta. Foto: Iván Paredes.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se colocaron entre los 10 países con mayor pérdida de estos ecosistemas en el mundo, de acuerdo con datos del informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).

El mundo perdió 4.3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto.

Brasil se ubicó en el primer puesto mundial de países con mayor pérdida de bosques tropicales mientras que Bolivia volvió a ocupar el segundo lugar (al igual que en 2024). Perú es el quinto país con mayor pérdida y Colombia el octavo de la lista mundial.

Por un lado, el reporte identifica que parte de la reducción durante 2025 se debió a las medidas implementadas por Brasil, que redujo un 42 % la pérdida de bosques primarios. Sin embargo se mantiene como el país con mayor daño de selva tropical debido a las extensiones de sus bosques. También destaca Colombia, que redujo un 17 % la pérdida de bosques, así como Perú que logró una disminución de este indicador un 8 % entre 2024 y 2025.

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Sin embargo, el informe señala que la expansión de la frontera para obtener materias primas (especialmente la expansión agrícola) impulsó la pérdida de bosques en Latinoamérica. El segundo caso más crítico de la región y del mundo es Bolivia, donde la pérdida de bosques primarios tuvo su segundo nivel más alto durante 2025.

“La demanda de materias primas como ganado bovino, soja, aceite de palma, oro y otros minerales continuó impulsando la pérdida de bosques en algunos países, particularmente en partes de América Latina y el sudeste asiático”, destaca el informe global.

El reporte destaca nuevamente a los incendios como impulsores importantes de la pérdida de cobertura arbórea en 2025 al señalar que en los últimos tres años se quemaron más del doble de cobertura arbórea que hace dos décadas. Además, los efectos de la crisis climática alimentan incendios cada vez “más grandes y dañinos”.

Pese a la reducción en la pérdida de los bosques tropicales —donde ocurre el 94 % de la deforestación causada por los seres humanos, según el informe—, los autores señalan desafíos comunes, como los incentivos económicos para transformar los bosques e ignorar los beneficios que estos proporcionan al mundo.

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Brasil y las políticas están frenando la pérdida de bosques

El documento sostiene que hubo cambios en políticas públicas, mejor aplicación de la ley y acciones corporativas que ayudaron a reducir la pérdida de bosques tropicales en un año.

Brasil, hogar de la selva tropical más grande del mundo, destacó como ejemplo al registrar su nivel más bajo de pérdida no relacionada con incendios, un 41 % por debajo de lo reportado en 2024. De acuerdo con el informe, el país tuvo un menor porcentaje de pérdida que muchos otros países con un 0.5 % de reducción de su bosque primario, lo que coincide con el monitoreo oficial de Brasil, según los autores del estudio.

También se destacan políticas ambientales como el nuevo Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, un programa que coordina acciones en 19 agencias federales y que bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se extendió a todos los biomas.

El resultado, señala el informe, se ve en grupos de ecosistemas de Brasil, como la Amazonía y el Pantanal que también redujeron su pérdida forestal, a excepción de la Caatinga, con un aumento del 9 %.

“La aplicación de la ley también ha aumentado: el organismo ambiental federal de Brasil, IBAMA, incrementó los avisos de infracciones ambientales en 81 % y las multas en 63 % de 2023 a 2025, en comparación con 2020 a 2022”, precisa el estudio.

Sin embargo, las actividades agropecuarias permanentes, especialmente por la soja y el ganado, se mantienen como el mayo motor de deforestación de bosques primarios en un 73 % entre 2002 y 2025, advierte el reporte.

Incluso, advierte que algunos estados de la Amazonía han aprobado leyes para debilitar la protección ambiental a nivel estatal, lo que pone en riesgo los avances realizados. Un ejemplo es la eliminación de incentivos fiscales en Rondônia, Maranhão y Mato Grosso destinados a las empresas para no comprar soja en áreas deforestada en la región.

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Conocimiento indígena y comunitario clave en Colombia

La disminución del 17 % en la pérdida forestal de Colombia en un año está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales que buscan limitar la tala ilegal, de acuerdo con el informe que destaca medidas como la regulación para concesiones forestales para comunidades rurales como una forma de conservación del bosque; el reconocimiento formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como formas de gobierno; así como la reciente legislación que exige la trazabilidad para el sector ganadero del país y evitar la comercialización de carne vinculada a la deforestación.

Sin embargo, se trata de medidas que surgieron a finales de 2025. En el caso de la resolución en la que se permiten 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, expertos consultados por Mongabay Latam han alertado que la falta de claridad sobre lo que significa “bajo impacto”, podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.

Para el caso de las ETI, especialistas han advertido que aún está pendiente avanzar en mecanismos que definan rutas y garantías para que los gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, fiscales y administrativas para gestionar los territorios.

Además, el país también enfrenta la expansión de las vías ilegales, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Mongabay Latam ha documentado que alrededor de las vías ha aumentado también la deforestación, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y los peajes clandestinos.

La minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el poder de los grupos armados también representan una amenaza en regiones de gran importancia ambiental, como la Amazonía.

El resultado también contrasta con el cuarto boletín trimestral de 2025 del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual señala que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025.

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Si bien Perú también logró una baje del 8 % en la pérdida de bosques primarios de 2024 a 2025, se mantiene en la lista de los 10 principales países con mayor área de pérdida forestal, las cuales se asociaron a la expansión de actividades agropecuarias.

“En Perú, la pérdida se debió en gran medida a la expansión de cultivos como el cacao y la palma de aceite, así como a la minería. Por ejemplo, la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios de 2002 a 2025 en la región de Madre de Dios”, advierte el informe.

Mediante un análisis satelital, Mongabay Latam ha dado a conocer la existencia de al menos 215 concesiones mineras aprobadas por Perú, las cuales atraviesan cinco ríos de la región Madre de Dios y permanecen activas.

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Bolivia, un foco rojo

Después de los incendios récord de 2024 que marcaron un récord para Bolivia en la pérdida de bosque nativo, en 2025 el país alcanzó su segundo registro más alto y nuevamente fue el segundo país con mayor pérdida en el mundo.

El informe advierte que los incendios, “probablemente provocados por los seres humanos”, impulsaron gran parte de la pérdida de bosques primarios en 2025 en el país, pero señala que “gran parte de esta pérdida” incluye la detección retrasada de incendios que corresponden a finales de temporada de 2024, cuando Bolivia vivió un año de incendios sin precedentes.

“Aunque las lluvias volvieron a los niveles normales en algunas partes del país en 2025, Bolivia deberá tomar medidas proactivas sobre la prevención y mitigación de incendios para evitar otros más catastróficos en el futuro, especialmente a medida que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de las condiciones secas y calurosas”, sostiene el reporte.

Los focos rojos de la pérdida de bosque primario en Bolivia, apunta el documento, muestran un aumento de la deforestación hacia el departamento de Beni, al norte del país, con incendios de gran escala.

Además, el estudio indica que la pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios fue la cuarta más alta registrada, principalmente por la expansión de la ganadería y los cultivos como la soja, el maíz y el sorgo. Esto, pese a la escasez de combustible que durante 2025 limitó el uso de maquinaria agropecuaria.

“Hay pocas indicaciones de que sea probable que Bolivia tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria en los bosques del país”, lamenta el informe.

Si bien la deforestación y los incendios en 2025 no fueron tan devastadores como en 2024, siguen vigentes las normas que permiten desmontes.

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Medidas eficiente son posibles, pese a crisis climática

Los autores del informe destacan que las políticas públicas, la aplicación de la ley y los compromisos corporativos pueden mejorar los resultados forestales en poco tiempo, por lo que señalan la necesidad de sostener esfuerzos que han dado resultados en países como Brasil y Colombia si se quiere cumplir con el objetivo global de detener y revertir la pérdida de bosques para 20230.

De acuerdo con el estudio, la deforestación en 2025 fue 70 % más alta que el nivel necesario para cumplir con ese objetivo.

“Los niveles altos o crecientes de pérdida de bosques acercan los ecosistemas críticos a puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los bosques no podrían recuperarse”, insiste el estudio.

También agrega retos para este año, como las condiciones que se esperan por la posible formación de un evento de El Niño en 2026, que pondrán a prueba a los países para prevenir y responder a incendios a gran escala.

“Los avances en políticas y finanzas probablemente darán forma a la trayectoria de la pérdida de bosques. En Brasil y Colombia las próximas elecciones desempeñarán un papel clave para determinar si se pueden sostener las recientes disminuciones en la pérdida de bosques”, precisa el documento.

A todos estos factores, señala, se suma el aumento de las amenazas por el cambio climático que intensifica las sequías, el calor y las tormentas, y hacen más vulnerables a los bosques.

De acuerdo con el informe, los incendios fueron responsables del 42 % de las 25.5 millones de hectáreas de pérdida forestal a nivel mundial en 2025, un área mayor que la extensión del Reino Unido.

“Lograr el objetivo global no será fácil a medida que los bosques se vuelven más vulnerables al cambio climático y a la creciente demanda de alimentos, combustible y materiales de la humanidad provenientes de los bosques y de las tierras en las que se encuentran”, matiza el estudio.

*Imagen principal: vista aérea de las zonas deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La historia parece repetirse: éxitos deportivos, pero fragilidades institucionales. Los recientes acontecimientos del deporte colombiano revelan una paradoja inquietante. Mientras el mundo aplaude la hazaña de María José Marín, quien en abril de 2026 conquistó el prestigioso Augusta National Women’s Amateur en el legendario Augusta National Golf Club, en Bogotá se apaga silenciosamente uno de los escenarios más emblemáticos de inclusión deportiva: el Club Popular de Golf La Florida.

En mi libro Diplomacia Deportiva y Poder Blando de Colombia (Editorial Tirant lo Blanch, 2025), advertía una constante de nuestra historia deportiva: el país no ha logrado saldar una deuda estructural. Existe un profundo abismo entre los logros de los deportistas y las inconsistencias de la dirigencia. Mientras los primeros superan obstáculos, precariedades y limitaciones para competir, los segundos suelen extraviarse en disputas políticas, visibilidad mediática y decisiones erráticas.

Esta desconexión no solo afecta el desarrollo del deporte: impacta directamente el poder blando y la imagen internacional del país.

Este contraste no es casual. Es una radiografía de las tensiones entre el discurso del éxito internacional y las decisiones internas que debilitan la base social del deporte. Es aquí donde la diplomacia deportiva deja de ser un concepto teórico para convertirse en una herramienta crítica de análisis.

Las diplomacias emergentes —como la deportiva— se construyen a partir de símbolos, narrativas e imágenes. En la sociedad internacional, los protagonistas no son únicamente los diplomáticos tradicionales, sino también los deportistas, quienes encarnan valores, identidad y reputación nacional.

La victoria en Augusta: poder blando en estado puro

El triunfo de María José Marín no es solo una victoria deportiva. Es un acto de diplomacia deportiva en su máxima expresión. Países como Irlanda han comprendido este fenómeno mediante estrategias estructuradas de sports diplomacy: el deporte proyecta reputación, construye narrativa país y abre puertas donde la diplomacia tradicional encuentra límites.

Con su victoria en el Augusta National Women’s Amateur, Marín se convierte en la primera golfista colombiana y latinoamericana en alcanzar este título, consolidando un hito histórico para el país. Su logro es resultado de disciplina, talento y constancia; para Colombia, representa un fortalecimiento tangible del poder blando y de su posicionamiento internacional.

Más allá del triunfo, su historia refleja el proceso silencioso de formación que comienza desde edades tempranas. Como muchos atletas de alto nivel, su desarrollo es el resultado de años de aprendizaje, acceso a escenarios deportivos y acompañamiento técnico.

Pero surge una pregunta inevitable: ¿de dónde nace ese talento?

La Florida: el origen invisible del éxito

Durante más de cinco décadas, el Club Popular de Golf La Florida ha sido mucho más que un campo de golf. Ha representado un espacio real de democratización del deporte, una plataforma de movilidad social, un semillero de talentos con impacto nacional y un modelo comunitario sin ánimo de lucro.

En este escenario, miles de ciudadanos han accedido a un deporte históricamente restringido. Allí se ha construido, de manera silenciosa pero efectiva, una forma de diplomacia deportiva basada en la inclusión. No desde los grandes torneos, sino desde la cotidianidad de la formación, la práctica y la oportunidad.

Sin embargo, la restitución del predio y la incertidumbre sobre su continuidad no constituyen únicamente un conflicto contractual. Representan una fractura en la cadena de valor del deporte colombiano y un debilitamiento tangible del poder blando nacional.

Este fenómeno no es aislado. El Global Soft Power Index en sus ediciones 2024 y 2025 evidencia que Colombia atraviesa un proceso de proyección internacional marcado por profundas asimetrías. El ascenso en el ranking global —del puesto 69 al 61— refleja, en buena medida, una victoria de la identidad sobre la institucionalidad.

Mientras pilares como Cultura y Patrimonio y Personas y Valores proyectan una imagen de país vibrante, resiliente y atractivo, otros componentes fundamentales muestran retrocesos preocupantes. La caída en indicadores de Relaciones Internacionales y Gobernanza sugiere que la comunidad internacional percibe una brecha creciente entre el atractivo social de Colombia y la confianza en sus capacidades institucionales.

En este contexto, el patrimonio cultural —en el que se inscribe el deporte— se consolida como uno de los motores más eficaces del poder blando. La cultura tiene la capacidad de influir en percepciones, moldear preferencias y generar vínculos de confianza entre Estados, sociedades y actores estratégicos.

La brecha entre discurso y realidad deportiva

La diplomacia deportiva, entendida —como lo define el Instituto Matías Romero— como una vertiente de la diplomacia pública que utiliza el deporte para fortalecer relaciones, promover cooperación y proyectar una imagen positiva, exige coherencia interna.

No resulta consistente aspirar a consolidar una imagen de éxito deportivo global mientras se debilitan los espacios que permiten el acceso, la formación y el desarrollo de nuevos talentos. En esa tensión se define, en gran medida, la credibilidad internacional de un país.

El caso de La Florida plantea interrogantes que trascienden lo deportivo:

• ¿Puede hablarse de diplomacia deportiva sin garantizar acceso real al deporte?
• ¿Es sostenible el éxito internacional sin inversión en la base social?
• ¿Qué mensaje envía Colombia cuando un modelo de inclusión deportiva enfrenta su desaparición?

Aquí la diplomacia deportiva deja de ser un concepto aspiracional para convertirse en un criterio de evaluación de la política pública.

Más allá del golf: un activo estratégico en riesgo

La posible desaparición del Club Popular de Golf La Florida no es un hecho aislado. Sus efectos son estructurales: afecta procesos de formación deportiva, limita oportunidades para jóvenes y adultos mayores, impacta el empleo de decenas de familias y debilita programas sociales y ambientales asociados al territorio. En este club, mensualmente 1.100 – 1.300 jugadores practican este deporte; un número alto de empleados y familias serán afectados.

Pero, más allá de sus consecuencias inmediatas, implica la pérdida de un activo estratégico: la capacidad de mostrar un modelo de deporte inclusivo, accesible y socialmente transformador.

En términos de diplomacia deportiva, esto equivale a renunciar a una de las formas más auténticas de construcción de reputación internacional.

Conclusión: el camino a Augusta empieza en La Florida

El triunfo de María José Marín en Augusta demuestra hasta dónde puede llegar Colombia. El caso de La Florida revela desde dónde comienza ese camino.

Si el país aspira a consolidarse como un actor relevante en la diplomacia deportiva global, debe comprender que su mayor fortaleza no reside únicamente en sus campeones, sino en los espacios que los forman.

Porque, en última instancia, la verdadera pregunta no es si Colombia puede volver a ganar en Augusta. La pregunta es más profunda: ¿seguirá teniendo escenarios como La Florida para formar a la próxima campeona?

*José Miguel Castiblanco es el director del Centro de Diplomacia Pública y Corporativa y embajador de Carrera (r.); especialista en diplomacias emergentes.

“Estados Unidos es el país de la libertad y de la democracia”. Este es el estribillo que desde el siglo XVIII se ha repetido sin cesar en Occidente. Se educa a la gente con ese imaginario, con esa representación de la grandeza de un país, de una sociedad. Los libros de historia, de ciencia política y hasta los de filosofía han repetido ese mensaje de manera acrítica. Pero hay otra historia de los Estados Unidos, una historia lo bastante visible que desmiente ese mensaje, esa cantinilla. Es cierto que Estados Unidos surgió a partir de las colonias, con sus formas democráticas asamblearias, de participación política horizontal; es cierto que fue un orden social y político construido por inmigrantes europeos que instituyeron “desde abajo” una sociedad próspera; también es cierto que ha sido un país que logró ya desde el siglo XIX un notable desarrollo tecnológico e industrial, entre otras hazañas, tal como lo mostró (bastante acríticamente, por demás) Hannah Arendt (2017) en su libro On revolution de 1963, sin embargo, es imposible ocultar la otra historia (bastante negra) de los Estados Unidos.

En la lectura apologética que se repite sin cesar, se suele ocultar:

“la dominación, represión y hasta el exterminio de la población indígena, de los esclavos afro, de los blancos pobres y principalmente de los migrantes que por grandes oleadas fueron llegando a territorio norteamericano […], la opresión inmisericorde contra la izquierda, los movimientos obreros […] Estados Unidos ha eliminado en el pueblo toda oposición crítica con una metodología cruel y sumamente eficaz”. (Dussel, 2022, p. 29).

A lo anterior hay que agregar su racismo estructural (segregar a los negros de los blancos) y el intervencionismo militar e imperial en todo el mundo. Pues bien, ya en su coletazo final o en su canto de cisne para no perder la hegemonía en el actual contexto global, los americanos desembocan abiertamente en el fascismo. En la actualidad, Estados Unidos es ya una dictadura andante y galopante, y esto es algo inocultable. Los eslóganes de Donald Trump de “America First” (“América primero”) y  “Make America Great Again” (“Hacer grande a América de nuevo”), MAGA en sus siglas, no solo son lemas de una potencia en decadencia, asustada, sino que son frases que expresan los viejos propósitos del “Destino manifiesto”, de la Doctrina Monroe de “América para los americanos”, o de los delirios del “panamericanismo” de finales del siglo XIX, todos ellos encaminados a justificar providencialmente (como si Estados Unidos fuera un pueblo guiado por Dios mismo) el expansionismo, el anexionismo, el saqueo y el intervencionismo en América Latina y el mundo.

Hoy, desde luego, el contexto de ese expansionismo es diferente al pasado porque la hegemonía china, la presencia de Rusia, el auge de otros países en los BRICS+, etc., amenazan la hegemonía americana en el mundo. Y a esto hay que adicionar los conflictos sociales internos: el desempleo, la pobreza, las drogas, la inflación, el pésimo sistema de salud, la impresionante deuda pública que supera el PIB en 122%, etc., que han activado los “afectos inmunitarios” (Quintana, 2021) contra un “Otro” al cual culpabilizan de todos los males de la sociedad. Aquí solo se activa una vieja táctica de la política: para ocultar los males y sus verdaderas causas hay que inventar un culpable, un chivo expiatorio, un enemigo interno y externo. Este papel de culpable lo asumen los socialistas, los comunistas, los ambientalistas, los zurdos, la ideología woke, las feministas, los pobres, los inmigrantes.

“America First” implica, por derivación lógica, acudir a una jerga de la autenticidad, a la idea de la existencia de un pueblo puro, virginal, grande, heroico, magnificente, virtuoso, que ha sido degradado y corrompido por la presencia y la intrusión de Otro, el cual es asimilado a un virus que hay que eliminar y del cual hay que protegerse. Es una “operación paranoica” fundamentada en una lógica identitaria. Para decirlo con Jorge Alemán en su libro Ultraderechas:

“las nuevas derechas, con argumentos neonazis que acceden al poder en distintos lugares del mundo, constituyen la nueva máquina de guerra construida en una férrea lógica identitaria, la que siempre habla a los verdaderos nacionales invocando la anulación, el desprecio, el rechazo con odio hacia el otro extranjero”. (Alemán, 2025, p. 79).

Así, en la actual dictadura americana se juntan los dos motivos: 1º) el problema externo enmarcado en la perdida de hegemonía en el mundo, donde China es el gran Otro, lo cual es visto como un asedio peligroso para la nación americana, y 2º) la conflictividad interna con todos sus problemas sociales, económicos, políticos y culturales. Ambos confluyen para activar una política nacionalista, xenofóbica, racista, supremacista y sionista. Esto lleva a los americanos a una ofensiva hemisférica y, probablemente, global, que es, en realidad, un disimulado movimiento defensivo que expresa debilidad, miedo y temor a dejar de ser lo que antes se era. Es el pavor a la pérdida de la grandeza que solo expresa inseguridad existencial como nación.   

Donald Trump es, en realidad, quien pilotea la decadencia americana, es quien en su segundo mandato se puso decididamente al frente del timón de un barco que naufraga, pero al que para sacarlo avante y evitar que se hunda solo le queda el poderío militar americano, el mismo que han alimentado por décadas con altos porcentajes (del 3.4%) del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, a la potencia en crisis solo le queda la fuerza bruta…es la defensa peligrosa de la bestia moribunda. Es la política del matoneo, del chantaje, de la amenaza, en las relaciones internacionales; y, como vimos en el caso de Venezuela, de la acción directa y el ataque ilegal, donde se ha mandado al traste el derecho internacional y las estructuras políticas creadas después de 1945 para mantener el orden mundial. Es la muerte del multilateralismo para resolver problemas entre Estados y es el regreso del hobbesiano “estado de naturaleza”, pero esta vez entre los Estados mismos, donde sobrevivirá el más fuerte y más poderoso. Es darwinismo social aplicado en las relaciones interestatales y el regreso a la barbarie.

La dictadura americana 

En Sobre la violencia Hannah Arendt, citando a Henry Steel, nos dice que: “si destruimos el orden mundial y destruimos la paz mundial debemos inevitablemente subvertir y destruir primero nuestras propias instituciones políticas” (Arendt, 2015, p. 115). Exactamente esto es lo que está haciendo Trump en Estados Unidos: ha ido desmantelando poco a poco los frenos constitucionales y ha erosionado las instituciones americanas, con la diferencia que esto no lo hace primero, sino simultáneamente con la destrucción del orden jurídico global.

Dado a que tiene mayorías en el congreso, allí le aprueban todas sus decisiones, medidas y políticas, entre ellas, intervenir en Venezuela sin el permiso del mismo congreso. Así logra imponer su voluntad al partido demócrata. Esto nos indica que ni siquiera en una democracia con contrapesos, la sociedad está a salvo del autoritarismo. Trump ha ido presionando el sistema judicial (Jueces, fiscales, Corte Suprema de Justicia), está desbaratando el federalismo mismo, busca influir en la Reserva federal, matonea, censura, amenaza y ataca jurídicamente a la prensa, así como a un conjunto de instituciones claves para la democracia de un país, entre ellas, las universidades y las instituciones culturales.

En Este último caso, Trump ha emprendido una batalla ideológica represiva contra la diversidad, el pensamiento crítico, las teorías críticas del racismo, la llamada ideología woke, el movimiento LGBTIQ+, los ambientalistas. Sabe que la uniformización y la homogenización de las creencias, de las representaciones del mundo, del pensamiento, de la cultura, cumplen una función primordial, pues cierran el campo de lo posible y las alternativas al sistema. En esta tarea el uso del lenguaje ha sido clave: este es convertido en un lenguaje simple, macartizador, estigmatizador, donde el Otro es acusado de antisemita, enemigo de la nación, izquierdista, agitador, etc. Es un lenguaje que crea la realidad y que va preparando el camino para la acción. Así convierte las palabras, las declaraciones, los eslóganes, en hechos. Es una especie de performatividad planeada que anuncia la realidad deseada para que luego sea aceptada sin oposición por la ciudadanía. Es la creación de un régimen consentimental o de  un consenso inmunitario que allana toda disidencia y desacuerdo.  

Recordemos que Trump emitió un decreto para desmantelar el Departamento de Educación, cambió el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de guerra, llama al Golfo de México “Golfo de América”, entre otras acciones en las cuales el trabajo sobre el lenguaje, el cambio de los nombres, los deslices semánticos, etc., no es inofensivo, sino donde claramente intenta transformar el sentido común del americano para normalizar la sociedad autoritaria que desea, una sociedad delirantemente pura, virginal, pulcra, sin virus y contaminaciones. Estas acciones sobre el lenguaje recuerdan la neolengua de la que habló George Orwell en su libro 1984, donde decía:

“el propósito de la nuevalengua no era solo proporcionar un medio de expresión a la visión del mundo y de los hábitos mentales […], sino que fuese imposible cualquier otro modo de pensar […] La nuevalengua estaba pensada no para extender, sino para disminuir el alcance del pensamiento”. (2013, p. 315-316).   

Es decir, con estas operaciones sobre el lenguaje y la cultura, se busca un ciudadano promedio domesticado, acrítico, borrego, incapaz de pensar, y, por lo mismo, y para recordar de nuevo a Arendt, capaz de cometer el mal. Esto ya se nota en el incremento de los ataques racistas, aporofóbicos, homofóbicos y xenofóbicos en Estados Unidos. Cuando desde el poder se atiza el odio y se moviliza la agresión contra el Otro, las sociedades se vuelven más peligrosas y belicosas: se justifica la violencia y la eliminación física del chivo expiatorio, se alienta el maltrato, el dominio y la represión contra el Otro que supuestamente daña la nación. Esto es lo que ocurre ya a diario en Estados Unidos.

El siete de enero de 2026 un agente del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) asesinó a disparos en la cara a una ciudadana americana, madre de tres hijos. Su nombre era Renee Nicole Good. Un video muestra claramente cómo ocurrió el hecho en Mineápolis. Sin embargo, el gobierno Trump, incluido él y el Vicepresidente, tildaron de agitadora y de terrorista a la ciudadana. La culparon llamándola una “víctima de la ideología de izquierda” a la vez que defendían la “inmunidad absoluta” del agente asesino. Es decir, le mintieron en la cara al país, a sus ciudadanos; los infantilizaron despreciando su buen juicio. Cuando esto ocurre en un país, es el acabose porque implica que la verdad no importa, que la única verdad es la del poder y la del relato oficial, en estos casos, la mentira puede convertirse en verdad o es la noción de verdad misma la que desaparece. Así, todo queda justificado con un precio muy alto para la ciudadanía, las víctimas y la legitimidad de las instituciones mismas. Esto es lo que ocurre cuando “la mentira moderna- y esta es la característica que la distingue- se produce en serie y se dirige a la masa”(Koyré, 2015, p. 38).

Hechos como el descripto está llevando a Estados Unidos al borde de una guerra interna, una guerra civil, pues frente a la mentira el ciudadano responde con la protesta, tal como efectivamente ocurrió en distintas ciudades americanas. De hecho, en ciudades como Mineápolis en el Estado de Minnesota, la gente se está organizando y atacando al ICE, su autoridades civiles han criticado la militarización y el autoritarismo desplegado en sus jurisdicciones y han entrado en colisión con el gobierno Trump que ahora amenaza con una ley de insurrección, un “estado de excepción” gravísimo, pues implica, como toda excepcionalidad, más poder para el gobierno y menos garantías constitucionales y menos derechos para los ciudadanos, estos quedarían a merced del ICE o las fuerzas represivas del Estado, una especie de Gestapo, encapuchados, sin identificación que desde hace un tiempo allanan tiendas, supermercados, lugares de trabajo, espacios públicos (calles), escuelas, etc., golpeando, maltratando, arrastrando, etc., a migrantes y hasta a sus propios ciudadanos. Nadie está a salvo. Ese grupo parece una organización paramilitar sin control que nos recuerda, de nuevo, a Orwell cuando decía en su magnífico libro:

“Si quieres hacerte una imagen del futuro, imagina una bota aplastando una cara humana…eternamente. […] El hereje, el enemigo de la sociedad, seguirá ahí para que podamos derrotarle y humillarle una y otra vez. […] el espionaje, las traiciones, las detenciones, las torturas, las ejecuciones y las desapariciones proseguirán eternamente […] He ahí el mundo que preparamos”. (2013, p. 283).  

Esto es lo que parece incubarse al interior de Estados Unidos, un país donde el miedo, el odio, la rabia, la zozobra, la inseguridad y la intranquilidad son ya habituales y afectan el día a día de las personas. Es la pesadumbre y la epidermización del miedo los que se incrustan en la vida cotidiana de mujeres, hombres y hasta niños. En Estados Unidos llaman, hoy, libertad al terror, y seguridad al estado de miedo permanente; en ese país se está desmantelando a pasos agigantados el Estado de Derecho y la democracia liberal, una democracia cacareada pero inexistente. Trump parece el Gran Hermano o, mejor, es el egócrata, el alfil de los multimillonarios corporativos, dispuesto a arrasar con la sociedad y el mundo entero en sus delirios supremacistas y nacionalistas. Es el costo, pero, a la vez, la consecuencia y el efecto natural de la ideología MAGA y de “America First”.  

Digamos, para resumir, que la vuelta a un nacionalismo chovinista, las políticas xenofóbicas, la caza de migrantes, la destrucción de la división de poderes y las instituciones intra e interestatales, la censura de la prensa, la censura de libros, el ataque a la autonomía universitaria, los ataques a la libertad de expresión y de reunión, el anti-intelectualismo, el rechazo de la ciencia en los movimientos antivacunas, la defensa a ultranza de los valores familiares tradicionales, el negacionismo climático, la movilización del miedo y del odio como afectos inmunitarios contra el diferente, el otro, el extranjero, el pobre; la persecución de los opositores o de los disidentes, la misoginia, la proscripción de los discursos de género y la negación de los derechos para las minorías, el supremacismo blanco racista; el aumento del securitismo y el militarismo, el culto a la personalidad de sus seguidores, entre otros síntomas, muestran que el fascismo americano es una realidad y ponen en tela de juicio, una vez más, el candoroso relato según el cual Estados Unidos es la cuna de la libertad y la democracia.    

En todo lo anterior no se puede excluir el papel y la responsabilidad de parte de la prensa corporativa, la cual determina lo que vale la pena mostrar y lo que es conveniente esconder, a la vez que actúan como instrumentos de legitimación del poder fascista y de las neoderechas globalizadas. En estas estrategias fatales “la prensa es hoy un ejército con especialidades cuidadosamente organizadas; los periodistas son los oficiales y los lectores son los soldados” (Adorno, 1984, p. 32). La prensa se convierte, así, en la punta de lanza de la acción fascistoide, la preparara, la normaliza entre las audiencias.

La derecha fascista en ascenso

En la actualidad se habla en la academia de neofascismos, posfacismos, nuevas derechas, ultraderechas, derechas fascistas, etc. En verdad, no importa tanto el nombre o la denominación sino las ideas que defienden, las ideas que encarnan y promueven como visión de sociedad y como destino del mundo. En esas ideas están dibujadas y representadas formas de valorar, creencias, deseos, defensa de privilegios, visiones de futuro desigualitarias e intereses geopolíticos.

 No es raro, por ejemplo, que frente a la guerra en Ucrania o el enorme desarrollo económico de China, la derecha mundial y sus conglomerados mediáticos se abalancen en gavilla a atacar a Rusia o a China. Y lo hacen porque esto países representan un peligro para su hegemonía y sus intereses. O, en otros casos, la ideología anticomunista contra China, o la animadversión histórica por el poder de Rusia (y de su líder actual Vladimir Putin), maquillan los verdaderos intereses de las potencias occidentales: no se trataba tanto de defender a Ucrania, como decían, sino de debilitar o quebrar a Rusia (lo cual no pudieron hacer) y de paso, como en el caso de Estados Unidos, vender petróleo y armas a Europa y apoderarse de sus tierras raras. Esto les permitió a los gringos someter a Europa y doblegarla bajo sus propios intereses. Hoy Europa carece de poder geopolítico frente a Oriente y frente a su mayor aliado occidental, hoy es un continente sometido a las órdenes de Trump. Es la decadencia de Europa. Como vaticinaba Hegel en sus Lecciones sobre filosofía de la historia universal, el poder, el espíritu (Der Geist) se desplazó desde Europa hacia América del Norte: “América es el país del porvenir” (1974, p. 177), decía el filósofo alemán en la primera mitad del siglo XIX.

En el caso de Gaza, para Estados Unidos se trataba de favorecer el poder de Israel en Oriente medio. Israel es, como se sabe, el principal aliado de los americanos en la región; se trataba, también, de pagar favores a los judíos multimillonarios que financiaron la campaña de Donald Trump a la presidencia. En este caso, Estados Unidos actuó como siempre lo ha hecho en el mundo:  con cínico pragmatismo. Esto implica atacar a sus enemigos, defender a sus aliados, saquear recursos naturales y asegurar su hegemonía geopolítica. Es la misma lógica del ataque a Venezuela, donde el petróleo -y no la flagrante democracia y libertad- fue su principal motivo. Este ataque, que según la misma ONU viola el derecho internacional, ha sido justificado por las nuevas derechas. Igualmente ha sido ampliamente difundido por la prensa, la cual nunca habla de, por ejemplo, que las brutales sanciones económicas a Venezuela también son responsables de la migración venezolana en América Latina. Se pasa por alto algo tan simple como el hecho de que las sanciones económicas impuestas o los bloqueos para presionar a un gobierno terminan afectando en mayor grado, y en la vida cotidiana, a la población de ese país y no tanto a los gobiernos o cúpulas en el poder.

En su accionar estratégico y geopolítico, como ya advertíamos, Estados Unidos da un tiro de gracia al Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos humanos, el multilateralismo, la doctrina política de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Su política exterior injerencista es un darwinismo político, voraz y depredador. En estas actuaciones ha cometido ejecuciones extrajudiciales en el Caribe al asesinar tripulantes de lanchas. Sin captura, sin debido proceso, sin derecho a la defensa y posibilidad de refutar las pruebas (estas nunca se han mostrado) los americanos asesinan en aguas internacionales. También los gringos son cómplices del genocidio en Gaza pues han sido los principales defensores de Netanyahu y su expansionismo en Oriente. Gaza parece encarnar el destino de los previamente declarados superfluos, prescindibles, por el fanatismo sionista y por el poder. Nada volverá a ser igual después de Gaza pues ejemplifica la debacle moral de Occidente:

“solo una humanidad a la que la muerte le ha llegado a resultar tan indiferente como sus miembros, una humanidad que ha muerto, puede sentenciar a muerte por vía administrativa a incontables seres” (Adorno, 2017, p. 242).

 Lo preocupante es que todas estas acciones, estas formas de ver el mundo, son apoyados por las derechas globales afines a Occidente. Desde Vox en España, Javier Milei en Argentina, Bukele en Salvador, Kast en Chile, la derecha colombiana, parte de la derecha europea, justifican los ataques de Israel a Gaza, su necrofordismo o producción serializada de cadáveres de mujeres, niños y hombres; justifican el sionismo, o aplauden la invasión y el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. No se trata de defender a Maduro. Se trata de defender la soberanía de cualquier país, de rechazar el imperialismo, de defender la autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional así este funcione deficientemente.  Se trata de abogar por la dignidad y la vida de la gente inocente victima de una historia sacrificial dirigida por los poderosos del mundo.

Las derechas actuales son globales, se articulan en la defensa de sus intereses interviniendo en las elecciones de otros países, promueven una visión de mundo que defiende sus privilegios, sus propiedades, el capitalismo y su neoliberalismo. Es una derecha hipócrita que despotrica del Estado de bienestar, pero acude al Estado para que la salve de la crisis o les proteja sus negocios. Les gusta el Estado para depredarlo, para vampirizar la riqueza socialmente producida, para saquear el producto de los impuestos que pagan los ciudadanos. Esa derecha global unida, desde Argentina, pasando por Colombia, Europa y Estados Unidos, es un peligro para la humanidad porque apoyan la locura imperialista y fascistoide de Trump. Son derechas que ponen en peligro la vida y la existencia del mundo. Se oponen a subsidios, a inversión pública, a salarios y seguridad social dignas; desfinancian la educación y atacan la educación pública, no pagan o pagan pocos impuestos, son aporofóbicas, racistas, clasistas, belicistas, excluyentes. Desean un mundo solo para ellos, eso sí, que les permita explotar a otros para incrementar y reproducir su riqueza.

Esa derecha usa los mismos mecanismos de estigmatización que el trumpismo. Es preocupante como Milei habla de los “Zurdos de mierda”; o, en Colombia, como un candidato de esa topología ideológica habla de “destripar” a la izquierda o al progresismo. Hacen esas aseveraciones en nombre de la libertad y de la patria. Al respecto cabe decir: “Los hombres han manipulado de tal forma el concepto de libertad, que acaba en el derecho del más fuerte y más rico a quitarle al más débil y más pobre lo poco que aún tiene” (Adorno, 2017, p. 263). Desde luego, también lo hacen en nombre de sus privilegios oligárquicos y del santo mercado que les permite mantenerlos y perpetuarlos.

La idea que transmiten es que quienes defienden ideas igualitarias, a favor de los menos favorecidos, denunciando el cambio climático, críticos del mercado, que se oponen al militarismo y al sionismo global (apoyado en América Latina por Milei) deben ser exterminados como pulgas o insectos. Así se abonó el exterminio de los judíos en Alemania, y así se prepara en el discurso el exterminio de la izquierda o de cualquier ideología que no se alinee con su cosmovisión. Esto es ya fascismo puro y duro. En el mundo de las neoderechas no hay pluralismo de ideas, libertad de pensamiento y diferencias. Solo un mundo plano, llano, sin fisuras, un régimen ad unum que con su razón instrumental les permite gestionar a su favor la renta y las riquezas globales. Así se manifiesta, también, su deseo desesperado por mantener un capitalismo caníbal puesto a su servicio.  

 Básicamente, defender la vida, la dignidad, la igualdad, la diversidad, el planeta y la naturaleza, es incompatible con las derechas actuales. Las derechas globales son necrófilas: Desean la muerte de su Gran Otro inventado. De hecho, no parece haber puntos medios: ya ni siquiera hay espacios para la socialdemocracia o el Estado social de derecho. En su ceguera conveniente, pues olvidan que todo es relacional, interdependiente, codependiente, niegan la crisis climática y los problemas del mundo. Seguramente suponen que cuando estos se vuelvan extremos, y se nos echen encima, ellos podrán contenerlos con más fascismo y represión, pero sin que se altere su “modo de vida imperial” (Saito, 2022, p. 22), el cual se podrá seguir sosteniendo con las riquezas del Sur global, con los réditos del trabajo de los explotados laboral y económicamente; con la depredación vampírica de las potencialidades de las corporalidades vivientes de quienes desprecian.   

En este contexto juega actualmente América Latina. Este continente, como África, ha sido explotado y subdesarrollado por Europa y Estados Unidos, por el Norte. Ya decía Eduardo Galeano:

“Todo se ha transmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases [ricos, pobres, clases medias] de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo” (2021, p. 18). 

Y en esta realidad históricamente comprobable para Nuestra América, las clases dominantes, las oligarquías (dominantes hacia adentro, arrodilladas frente a los países del Norte), tienen una gran responsabilidad, pues han permitido y promovido el saqueo de las riquezas de nuestros países. Esa es la maldición de nuestros pueblos sin conciencia, sin un proyecto histórico nacional o continental como deseaban Simón Bolívar, José Martí, Manuel Ugarte, entre otros.

Por eso, hoy hay que acudir a la imaginación política, al rescate de la utopía, la defensa de la esperanza, la articulación desde debajo de los movimientos altermundistas, la construcción de una democracia radical, etc., con la defensa de la vida, la dignidad, el bienestar y la supervivencia de las generaciones futuras como principios rectores para hacerle frente al fascismo y las neoderechas que lo encarnan. En este sentido, las próximas elecciones presidenciales en Colombia no pueden ser la excepción, pues oponerse a la derecha radical y oligárquica deja de ser fanatismo partidista y se convierte, más bien, en un imperativo ético en defensa de la vida biológica humana y no humana. Es cuestión de principios.

Nota: En este artículo no uso el concepto “dictadura” en la acepción romana, sino en la moderna. Equivale plenamente a Fascismo.

Referencias

Adorno, Theodor. (1984). Crítica cultural y sociedad. Madrid: Sarpe.

Adorno, Theodor. (2017). Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada. Akal.

Alemán, Jorge. (2025). Ultraderechas. Notas sobre la nueva deriva neoliberal. Madrid: NED ediciones.

Arendt, Hannah. (2015). “Sobre la violencia”. En Crisis de la república (pp. 81-152), Madrid: Trotta.

Arendt, Hannah. (2017). Sobre la revolución. Madrid: Alianza Editorial.

Arendt, Hannah. (2020). Verdad y mentira en la política. Barcelona: Página Indómita.

Dussel, Enrique. (2022). Política de la liberación. Crítica creadora. Volumen III. Madrid: Trotta.

Galeano, Eduardo. (2021). Las venas abiertas de América Latina. México: Siglo XXI Editores.

Hegel, G. W. F. (1974). Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Madrid: Revista de occidente.

Koyré, Alexander. (2015). La función política de la mentira moderna. Pasos perdidos.

Orwell, George. (2013). 1984. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S.

Quintana, Laura. (2021). Rabia. Afectos, violencia, inmunidad. Barcelona: Herder.

Saito, Kohei. (2022). El capital en la era del Antropoceno. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.S.

El 2024 en Perú ha sido un año marcado por una serie de decisiones políticas  que han minado la normativa ambiental. El año empezó con la promulgación de una cuestionada ley que pone en riesgo los bosques amazónicos y termina con otra norma que favorece la informalidad e ilegalidad de la minería aurífera. En el camino, una serie de normas aprobadas por el Congreso de la República y el Ejecutivo han demostrado que el medio ambiente no es una prioridad para sus autoridades.

Los incendios forestales también fueron una cuestión de extrema preocupación para los peruanos en el 2024, sobre todo porque superaron todos los registros de años anteriores y afectaron prácticamente a todo el país.

Otro tema que, lamentablemente, está presente en este recuento anual es la situación de constante vulnerabilidad de los defensores ambientales y líderes indígenas que defienden sus territorios. Este año, tres líderes indígenas fueron asesinados en regiones donde las actividades ilegales se han incrementado. En varias zonas de la Amazonía peruana se vive un clima de violencia inédito.

Sin embargo, el 2024 también trajo buenas noticias. La creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la aprobación de la Ley de Guardaparques fueron dos proyectos largamente esperados que se concretaron en estos últimos 12 meses.

Lo crítico: debilitamiento de la legislación ambiental

“Es un que hemos estado, al menos desde el sector ambiente, defendiendo diferentes frentes. Ha sido un constante movimiento entre la institucionalidad y la defensa de derechos”, dice Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Baldovino se refiere a los constantes reclamos que han surgido durante el 2024 de parte de la sociedad civil para poner freno a una serie de leyes y decisiones que desde el Congreso de la República y el Ejecutivo se tomaron para modificar la legislación ambiental. Uno de estos casos ha sido la denominada ‘ley antiforestal’. Si bien esta norma fue aprobada por el Congreso a fines de 2023, su promulgación ocurrió el 10 de enero de este año.

En una búsqueda por revertir esta ley que, como dicen los expertos, permitiría legalizar la deforestación ilegal, se han presentado dos pedidos ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se deje sin efecto esta normativa, Se está a la espera de que se tome una decisión para que sea declarada inconstitucional. Mientras eso sucede, los impactos de esta ley se han hecho evidentes durante todo este año. Un caso concreto es el de la aprobación de la zonificación forestal en la región Ucayali. Con la ley anterior, esta era una atribución del Ministerio del Ambiente (Minam), pero que con la nueva normativa  es responsabilidad  únicamente del Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Por otro lado, para algunos expertos, el aumento de los incendios forestales en el territorio peruano también se ha considerado como un resultado nefasto de la nueva ley. Los especialistas indican que la posibilidad de que se legalice la deforestación ilegal bajo el amparo de esta ley podría haberse convertido en un incentivo para despejar los bosques utilizando el fuego.

Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), menciona otros cambios en normas que también están socavando la política ambiental en Perú. En marzo de 2024 el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que cambió las disposiciones para la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción permanece suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Con esta modificación la Policía ya no puede  tomar medidas en contra de la tenencia ilegal de objetos que permite la explotación de minerales de forma ilegal. “En lugar de restringir la ilegalidad lo que hacen es facilitar el avance de la criminalidad. Esto no tiene ninguna justificación”, señala.

Otro tema que menciona Urrunaga  es el anuncio del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro de reducir la “tramitología”, es decir, los procesos administrativos que las empresas deben presentar para obtener permisos ambientales para diversas actividades productivas.

“En lugar de  que esas empresas o que estas inversiones cumplan con los requisitos que eleven sus estándares, la solución del ministro de Ambiente es decir vamos a simplificar las las normas ambientales para que esos proyectos puedan pasar”, agrega Urrunaga.

La decisión del Ejecutivo para modernizar y reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) es otra muestra de cómo se está debilitando la política  ambiental.  A través de un decreto supremo el gobierno, a inicios de noviembre de 2024, definió la reestructuración de este organismo responsable de  las evaluaciones de impacto ambiental para proyectos de industrias extractivas e infraestructura.

“Es absolutamente injustificada esta irrupción política que merma la autonomía técnica de una entidad. La medida de intervención y de reorganización es absolutamente negativa y revela la improvisación, el desconocimiento revela, una afán de demostrar resultados de una manera equivocada”, dice Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio de Ambiente.

A todas estas normas se suma ahora la decisión del Congreso de la República de aprobar el  proyecto de ley que amplía por seis meses el plazo para mantener abierto el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Esta ley permite que mineros informales sigan operando sin estándares ambientales.

“La ampliación del Reinfo significa impunidad sin ningún mecanismo de fiscalización. Se sigue lavando oro ilegal, las plantas de beneficio se van a seguir enriqueciendo y vamos a seguir teniendo destrucción de los ecosistemas e incremento de la actividad ilegal por los precios altos de los minerales”, señala César Ipenza, abogado especialista en medio ambiente.

Lo preocupante: defensores ambientales y el avance del crimen organizado

Este 2024 se registraron tres crímenes contra defensores ambientales. En abril, Victorio Dariquebe Gerawairey, líder indígena harakbut y guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri, fue asesinado. Sus familiares sospechan que fueron mineros ilegales quienes acabaron con su vida debido a su labor en la protección de los bosques comunales ante el avance de las economías ilegales.

El segundo asesinado ocurrió en julio de 2024 cuando luego de más de 20 días de permanecer desaparecido se encontró el cuerpo del líder indígena kakataibo Mariano Isacama. Tras la desaparición, los dirigentes de Fenacoka y de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) denunciaron ante la Policía y la Fiscalía las sospechas de que personas vinculadas al narcotráfico estuviesen detrás de este hecho.

La tercera víctima fue el líder indígena Gerardo Keimari Enrique, también de la Reserva Comunal Amarakaeri. Para las autoridades indígenas de la zona no es otra cosa que un atentado contra una comunidad que lleva años peleando la ampliación de su territorio.

“Este ha sido un año con un balance, yo diría, negativo en torno a las acciones del Estado para atender el problema de los defensores ambientales. Sabemos del peligro al que están expuestos y no se puede abordar una política pública para su atención si es que no atendemos las causas de fondo”, señala Lissette Vásquez ex Adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Vásquez agrega que los pueblos indígenas no tendrían que defender su territorio si las actividades ilegales no los hubieses rodeado, convirtiéndose en la principal causa de las amenazas y del riesgo al que están expuestos.

Vladimir Pinto, coordinador de Amazon Watch en Perú, señala que luego de la instalación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, hace tres años, se generó una expectativa de que los defensores ambientales podrían estar mejor protegidos. Sin embargo, “los crímenes de los defensores han continuado.  El panorama no es bueno y hemos visto el avance de las economías criminales en territorios indígenas”, sostiene.

Otra muestra de cómo el crimen organizado gana espacio en Perú es la gran cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el narcotráfico que existen en la Amazonía. La serie investigativa de Mongabay Latam Los vuelos de la muerte, publicada en noviembre de 2024, logró rastrear 128 pistas de aterrizaje ilegales en seis regiones de la Amazonía peruana: Ucayali, Huánuco, Pasco, Cusco, Madre de Dios y Loreto. La investigación, realizada mediante el uso de herramientas  de inteligencia artificial, también determinó que en solo tres de estas regiones —Ucayali, Huánuco y Pasco— se encuentra la mayoría, 67 en total, de las pistas utilizadas para el transporte de droga.

“Creo que cada vez se está haciendo más visible el poder que tienen las economías ilegales en nuestro país”, comenta Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. El experto explica que la presencia de estas organizaciones criminales se da en tres niveles. El primero tiene que ver con “el contacto con las organizaciones criminales y su presencia cada vez más activa y más notoria. Hay reportes de organizaciones internacionales en Perú operando en varias zonas de la Amazonía”.

Un siguiente nivel y, según Zevallos, el que más preocupa, “es el vínculo de estas economías ilegales con los actores políticos. Cada vez es más notoria la presión que ejercen esos actores, sobre todo de la minería ilegal, en espacios políticos como el Parlamento, generando un retroceso serio en la forma en la que se regulan estas actividades ilegales”.

Esto es muy grave, dice Zevallos, porque no solamente hablamos de la violencia que generan las economías ilegales, que se evidencia en la Amazonía con las amenazas y asesinatos de personas defensoras ambientales o con la destrucción de los ecosistemas. La expansión de las economías ilegales tiene también impacto en los proyectos económicos legales y formales. “Hemos conversado con personas interesadas en proyectos de desarrollo y bonos de carbono en la Amazonía que deciden no entrar por temor de lo que les pueda pasar”.

Lo controversial: los vínculos de la minería con la política peruana

La minería ha sido quizá el tema más controvertido durante el 2024. Por un lado, el Congreso aprobó una norma para favorecer a los mineros informales e ilegales. A la vez, se está incrementando la extracción ilegal de oro en los ríos amazónicos.“Lo que estamos viendo en el tema minero es que la minería ilegal, informal y artesanal, digamos, la minería no corporativa,  le está ganando terreno en la disputa por influencia política a la minería corporativa”, asegura Juan Luis Dammert, director para América Latina del Natural Resource Governance Institute (NRGI). “Es algo que no veíamos antes con tanta claridad”.

Dammert explica que, desde hace varios años, los mineros informales e ilegales ejercen presión política en los gobiernos locales, además de tener influencia en la Policía, en el sistema de justicia, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, es decir, a todo nivel. “Pero lo que vemos ahora es la consolidación de ese proceso y el caso de la aprobación de la ampliación del Reinfo y la censura del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, son los factores más ilustrativos de esto”. En ese sentido, Dammert comenta que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otros aliados del Ejecutivo hicieron una campaña muy fuerte en contra de la ampliación del Reinfo y tuvieron en el ministro Mucho a un actor cercano a sus intereses, sin embargo, el ministro fue censurado y la norma que permite la ampliación del Reinfo fue aprobada.

Varios reportajes publicados en Mongabay Latam durante el 2024 dan cuenta del avance de la minería ilegal, principalmente, en los ríos Amazónicos. Una serie de reportajes sobre la presencia de la minería ilegal y el narcotráfico en 30 áreas protegidas de la Amazonía peruana y colombiana muestran esta situación. Según los datos obtenidos para Perú en este especial de cinco entregas la minería ilegal arrasó, hasta el 2022, con bosques de cinco áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Tambopata (525 hectáreas), el Parque Nacional Bahuaja Sonene (31 hectáreas), las Reservas Comunales El Sira (7,8 hectáreas) y Amarakaeri (5,4 hectáreas), y la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (5 hectáreas).

La cobertura de Mongabay Latam en el 2024 también da cuenta del aumento de dragas dedicadas a la minería ilegal en los ríos amazónicos. En el mes de junio, Mongabay Latam informó sobre las acciones de los pueblos indígenas awajún y wampis, en la región Amazonas, para ponerle freno a la minería ilegal que se había instalado en los ríos del distrito El Cenepa, provincia de Condorcanqui. Cansados de la presencia de los ilegales en su territorio, el domingo 9 de junio decidieron bloquear el paso en el río Comaina, a la altura de la comunidad Canga, para así evitar el tránsito de los  mineros ilegales y de los insumos utilizados para esta actividad ilícita.

Un mes después, en julio, un reportaje de Mongabay Latam, que recogía información elaborada por Conservación Amazónica (ACCA), dio cuenta del registro mediante imágenes satelitales de la presencia de 38 dragas en los ríos Nanay, en Loreto, y Aguaytía, en Ucayali. El reporte indicaba que esta cantidad de maquinaria para extraer oro de manera ilegal se registró en solo un mes.

“La minería ilegal en Loreto ha aumentado terriblemente, entre el 2021 y el 2024 se han detectado 122 casos de minería aurífera ilegal. Además entre el 2016 y el 2024 se han observado 344 dragas en la cuenca del río Nanay”, señala Vanessa Cueto, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Sobre la presencia de la minería ilegal en territorios indígenas, Vladimir Pinto, de Amazon Watch, comenta que “las luchas de algunos pueblos indígenas han sido claves para poner en agenda grandes discusiones ambientales. Creo que la batalla que ha dado el pueblo wampis, por ejemplo, contra la minería ilegal en la frontera norte, obligó al Estado a instalar una mesa de diálogo para abordar el tema”.

Lo alarmante: un año de incendios forestales

El año 2024 también estuvo marcado por el aumento de incendios forestales en todo el país. En septiembre,se registró la mayor cantidad de incendios forestales en el país. Por lo menos 20 regiones del Perú enfrentaron quemas y la cifra de fallecidos llegó a 20, según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Expertos ambientales señalaron que el 2024 fue un “año crítico” para los incendios forestales y comentaron que se trataba de un “año inusual” si se compara la cantidad de estos eventos con años anteriores.

Si bien condiciones climáticas como la sequía y el aumento de temperatura agudizaron los incendios, hubo otros factores que complicaron aún más la destrucción de cientos de hectáreas de bosques por el fuego. La aprobación de la modificación de la Ley Forestal podría haberse convertido en un incentivo para que se quemen bosques, puesto que con esta norma se legalizarán las áreas deforestadas.  Según expertos, la modificación de la Ley Forestal podría haberse convertido en un incentivo para que se quemen bosques, pues luego esos territorios podrían ser utilizados para? Otras cosas?

Lo más preocupante fue la poca o nula reacción del gobierno ante la gran cantidad de incendios registrados en el país. El Ejecutivo tardó varios días en declarar Estado de Emergencia en las regiones afectadas, lo que podría haber acelerado la ayuda enviada.  Incluso el primer ministro Gustavo Adrianzen llegó a decir que no había “razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de Estado de Emergencia”, mientras el número de incendios iba en aumentos en todo el Perú. “No hubo una respuesta adecuada ni efectiva por parte del Estado para los incendios. Los bosques, la biodiversidad y las personas resultaron tremendamente dañados por el fuego, e incluso hubo pérdidas de vidas”, comenta Mariano Castro.

“Los incendios forestales han sido un tema tremendo, y ojo, estos incendios han venido para quedarse en el tiempo”, agrega César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales. “El incremento de la temperatura en el planeta y las malas prácticas configuran un panorama para que se repita lo que hemos visto este año con los incendios forestales”.

Lo esperanzador: una ley para los guardaparques

El 2024 también trajo buenas noticias. Dos hechos esperados durante varios años se concretaron finalmente este año: la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la aprobación de la Ley de Guardaparques.

En abril de 2024 el Consejo de Ministros en Perú aprobó la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, en el norte del país, una decisión que había sido postergada por más de 10 años. Se trata de uno de los 70 lugares más importantes en el mundo para la conservación de la biodiversidad marina por su vasta biodiversidad, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La nueva reserva cuenta con una extensión de 115 675 hectáreas frente a las costas de las regiones de Piura y Tumbes y su creación es un avance importante para Perú en el cumplimiento de los compromisos internacionales para la conservación de áreas marinas. “Tener un área marina protegida en la categoría de Reserva Nacional ayudará a que pueda haber más control y monitoreo para vigilar y prevenir el ingreso directo de la pesca ilegal”, dijo Daniel Cáceres, representante de Sustainable Ocean Alliance en Latinoamérica, tras la designación de esta zona reservada. Sin embargo, lo que preocupa a los expertos y organizaciones ambientales es que la pesca industrial —incluida la de arrastre— está permitida en casi la mitad de la reserva.

La Ley de Guardaparques y su reglamento se concretaron este año. En marzo, el Congreso aprobó la norma que desde hace varios años esperaban los guardaparques peruanos, una ley que incluye beneficios económicos y laborales para quienes se dedican a la protección de las áreas protegidas, además, esta norma permite la profesionalización del trabajo de los guardaparques.

Meses después, en octubre de 2024 se aprobó el reglamento de esta ley y el 30 de noviembre el Congreso definió la nueva escala remunerativa de los guardianes de las áreas protegidas en Perú. “Es importante que finalmente se aprobara la ley y su reglamento para establecer el régimen laboral de los guardaparques que reconoce sus derechos y facilita un proceso de desarrollo de capacidades para la gestión del sistema de áreas protegidas”, señala Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Imagen principal: Una pista de aterrizaje en la Amazonía peruana. Foto: Mongabay Latam.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hace un siglo, José Eustasio Rivera publicó “La Vorágine”, una obra que no solo se ha convertido en un referente literario, sino también en un testimonio invaluable de la historia diplomática de Colombia. A través de esta novela, Rivera desnudó nuestras relaciones consulares de la época, al tiempo que denunció las atrocidades de la explotación cauchera en la Amazonía y la Orinoquía, regiones periféricas marcadas por la violencia y la exclusión.

Así como varios analistas, investigadores, historiadores y cronistas han dedicado letras a la vida y la obra de Rivera, en nuestro caso resulta oportuno enmarcar cómo su legado contiene aportes en temas cruciales de la agenda internacional actual, en particular por lo que se refiere a la comprensión de la riqueza de la selva y los ríos de Colombia.

En “La Vorágine”, Rivera no solo narra las penurias de los personajes en la selva colombiana, sino que también proyecta una visión crítica del Estado colombiano que, en ese entonces, permanecía distante y ajeno a la miseria de las minorías explotadas por la industria del caucho. La novela también representa una memoria histórica diplomática muy valiosa para Colombia, un país cuya historia diplomática en la Amazonía está llena de lagunas debido a la ausencia de documentación.

La vida diplomática de José Eustasio Rivera inició con su designación, por medio del Decreto 1332 del 15 de septiembre de 1922, como Abogado de la Segunda sección de la Comisión de Límites con Venezuela entre los ríos Atabapo y Guainía, cargo al que renunció por causa de la negligencia oficial. En ejercicio de su investidura, José Eustasio fue testigo del abandono gubernamental del que fue objeto la población rural de ambos países, así como también de las condiciones de esclavismo que vivían indígenas y campesinos por culpa de la explotación cauchera.

En sus informes diplomáticos, Rivera puso al descubierto y denunció las andanzas de Miguel Pezil, al parecer de nacionalidad turca, involucrado en el tráfico de personas hacia Brasil. En persona, Rivera se dirigió y le reclamó al Cónsul de Colombia en Manaos, general Luis María Terán, que había repatriado, por el río Caquetá, a colombianos “pertenecientes” a Pezil. Al ser emplazado por la vía de hecho, el Cónsul Terán le respondió al turco con un puñetazo.

Existe otro Decreto, concretamente el 1275 del 10 de noviembre de 1921, firmado por Marco Fidel Suárez, en el que se le asignan viáticos a Rivera en su calidad de Secretario de la Embajada de Colombia en el Perú y México. Es claro que, antes de la publicación de “La Vorágine” en 1924, Rivera fungió como diplomático en países amigos con motivo de la conmemoración de la Independencia de México y Perú, de acuerdo con las fuentes documentales facilitadas por el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Sus credenciales de escritor y poeta le hicieron acreedor de estas misiones. En su periplo diplomático, representó a Colombia en la II Conferencia Internacional de Emigración e Inmigración realizada en La Habana en 1928.

Rivera, en su recorrido por la Amazonía y la Orinoquía, documentó la riqueza hidrográfica del territorio colombiano, refiriéndose a ríos como el Orinoco, Atabapo, Guaviare, Inírida, Casiquiare, Río Negro, Amazonas y Magdalena. Estos ríos simbolizan la “diplomacia del agua”, un concepto basado en la construcción de relaciones internacionales sobre los principios de compartir las aguas. Los tratados de demarcación de fronteras y navegación fluvial con Venezuela (1941) y Perú (1922) pueden considerarse el origen de esta diplomacia en Colombia. “La Vorágine” moviliza a sus personajes a través de estos ríos, reflejando la importancia de estas vías fluviales en la construcción de la diplomacia regional.

La relevancia de “La Vorágine”, en la actualidad, se extiende a temas cruciales de la agenda internacional, como la conservación del medio ambiente en la Amazonía, la explotación y exploración ilegal, el despojo de tierras y la violencia de género. La obra de Rivera resalta la biodiversidad de la Orinoquía y la Amazonía, regiones que hoy enfrentan retos significativos, pero que están comprometidas con la protección de su entorno natural. La novela se erige como un legado que continúa inspirando acciones y políticas en defensa de estos ecosistemas vitales.

La publicación de la obra de Rivera internacionalizó la denuncia. De hecho, las revelaciones documentadas por el autor sobre la explotación cauchera y el tráfico de personas destacaron su compromiso con la justicia social y su capacidad para influir en la política exterior colombiana. En esa periferia, reflejó cómo los tomadores de decisiones del poder central fueron indiferentes y negligentes ante los documentos que, en asuntos diplomáticos y consulares, el escritor enviaba desde la selva y ríos.

Al igual que José María da Silva Paranhos Junior, Barón de Río Branco en Brasil, Rivera jugó un papel crucial en la definición del ordenamiento territorial de Colombia. Ambos compartieron una visión profunda de sus naciones, conociendo su suelo, productos, razas y vida. Mientras que Río Branco es honrado en Brasil por su labor diplomática, Rivera es recordado en Colombia por su obra literaria, pero no, a profundidad, por su acción diplomática y su contribución a la soberanía y el reconocimiento de las fronteras nacionales.

Al cumplirse 100 años de la primera edición de “La Vorágine”, corresponde no solo honrar la memoria de Rivera y su obra como recurso intangible de la imagen y el prestigio de Colombia, sino también inspirar a las nuevas generaciones a reconocer y valorar la importancia de la Amazonía y de la banda del Orinoco colombiano, que comprende el área de Vichada, Guainía, Vaupés y Guaviare, Orinoquía en la historia y el futuro de Colombia.

Este texto es un tributo extensivo a los diplomáticos y técnicos colombianos que, como Rivera, han trazado los hitos en las fronteras del país, desde la llamada Oficina de Longitudes de Bogotá, a la que alude José Eustasio a comienzos del siglo XX, hasta la Oficina de Fronteras, cuya jefatura fue desempeñada por Julio Londoño Paredes a finales del siglo XX. Igualmente, estas breves líneas son un reconocimiento para todos aquellos que, al día de hoy, mantienen la defensa de las fronteras colombianas.

Este es un extracto del capítulo que hará parte de la publicación sobre Diplomacia Pública en el que se hace énfasis en la participación de los actores no gubernamentales en la obra.

Propongo, por último, como reconocimiento a la obra literaria y labor diplomática de José Eustasio Rivera, que la Academia Diplomática lleve el nombre del autor de “La Vorágine”, publicada en 1924 y traducida a varios idiomas.

*José Miguel Castiblanco

Director Centro de Diplomacia Pública y Corporativa

Abogado, Master en RR.II. y Diplomacia Pública

**Las opiniones expresadas en el blog corresponden únicamente a los autores y no comprometen a la Asociación Diplomática y Consular de Colombia -ASODIPLO

“A cada época le salva un pequeño puñado de hombres que tienen coraje de ser inactuales”  G.K Chesterton

Cuando se habla del Opus Dei en Colombia, no muchos saben que en la década de los 50 del siglo pasado fue su llegada a nuestro país. “Desde inicios de 1951, tanto el nuncio en Colombia, Mons. Samoré, como el arzobispo de Bogotá venían solicitando por escrito al fundador del Opus Dei que personas de la Obra se trasladaran cuanto antes a este país. Ante estas peticiones, san Josemaría le encargo esa tarea a Teodoro Ruiz.”(Pareja Manuel, 2019)

En plena época de la violencia bipartidista en Colombia llegaría al aeródromo de Techo el sacerdote español Teodoro Ruiz, específicamente el 13 de Octubre de 1951 y con un crucifijo, una imagen de la virgen y 50 dólares que le había entregado San Josemaría; empezaría la aventura de llevar el evangelio con el espíritu del Opus Dei en tierras Neogranadinas.

Han pasado 73 años de esa gesta que hoy ha llegado a distintas ciudades de Colombia, a miles de personas, a muchas familias y ha tocado almas que se han empeñado en vivir la grandeza de la vida corriente en sus propias biografías.

Cuando Don Teodoro llego a Colombia el XII Censo de Población y I Vivienda mostraba 11,548,172  colombianos donde el 70% se encontraba en las áreas rurales y el 30% en las ciudades. Y la religión católica estaba de manera mayoritaria en los hogares colombianos.

Esta semana tuvimos en Colombia la visita de un sacerdote que nació en París en 1944, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona (1966) y en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense (1969). Obtuvo el doctorado en Teología, en 1971, en la Universidad de Navarra. Ese mismo año fue ordenado sacerdote. Es consultor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe desde 1986 (cuando era Congregación para la Doctrina de la Fe) y del Dicasterio para la Evangelización desde 2022 (anteriormente, desde 2011, del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización). Entre 2003 y 2017 fue consultor de la entonces Congregación para el Clero. En 1989 ingresó en la Pontificia Academia Teológica. En la década de los ochenta, fue uno de los profesores que iniciaron la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma), donde fue profesor ordinario (ahora emérito) de Teología Fundamental.(Prelatura Personal del Opus Dei, 2021)

Este sacerdote en 2017 es nombrado y ratificado por el Papa Francisco como el Prelado del Opus Dei y es Monseñor Fernando Ocáriz Braña. Llego a tierras colombianas el pasado 12 de agosto como parte de su visita pastoral a la región de Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

Han sido días especiales llenos de alegría para quienes se han acercado a la labor del Opus Dei a través de obras corporativas; peros esencialmente personas que a título personal llevan el mensaje de un carisma que por los sueños de San Josemaría; han logrado en Colombia llevar el bien a muchas personas y tocar muchos corazones con el Heraldo de Cristo. De estas obras humana en Colombia tenemos: La Universidad de La Sabana, el Gimnasio Los Cerros, el club Delta, el Colegio Pinares, el colegio integral femenino en Soacha, la residencia universitaria Inaya Instituto de ciencias sociales económicos familiares (ICSEF), club cultural y deportivo Monteverde y el gimnasio Tundama. Pero por supuesto han impulsado labores personales y empresas ciudadanas con identidad cristiana.

Pero quizás lo llamativo fue ver como desde su llegada misma fue encontrándose con familias, visitando enfermos, sacerdotes e innumerables reuniones de familia que confirman como desde la llegada en 1951 la “Obra” como se le conoce cariñosamente ha surcado valles y montañas en nuestro país para lograr una nueva evangelización que busca la santidad en la vida ordinaria. En uno de los escritos del fundador decía; “La meta que os propongo –mejor, la que nos señala Dios a todos– no es un espejismo o un ideal inalcanzable: podría relataros tantos ejemplos concretos de mujeres y hombres de la calle, como vosotros y como yo, que han encontrado a Jesús que pasa quasi in occulto (Ioh VII, 10.)p por las encrucijadas aparentemente más vulgares, y se han decidido a seguirle, abrazados con amor a la cruz de cada día (Cfr. Mt XVI, 24.).” (San Josemaría Escrivá de Balaguer, 1960)

El pasado miércoles en la Universidad de La Sabana tuvo un encuentro algo más de 4000 personas que representaban todos los trabajos en Colombia, todas las edades, todos los sueños, regiones distintas de nuestra geografía y muchos sueños alrededor del espíritu del Opus Dei. Eso se repitió en la ciudad de Medellín donde en un auditorio con aproximadamente 2000 asistente se habló de paz, caridad y proyectos de familias que siguen considerando a su patria digna de un sueño de paz y concordia; donde se puedan criar a los hijos y soñar con un futuro mejor. Un agricultor de papa; le pregunto al  Prelado sobre cómo tratar mejor al Señor. 

Por eso al ver tantas personas convencidas que el sudor de la frente en cada trabajo manual, intelectual o en la formación del hogar y los hijos cara a Dios; facilita entender ese carisma del Opus Dei. “Convenceos de que ordinariamente no encontraréis lugar para hazañas deslumbrantes, entre otras razones, porque no suelen presentarse. En cambio, no os faltan ocasiones de demostrar a través de lo pequeño, de lo normal, el amor que tenéis a Jesucristo. “ (San Josemaría Escrivá de Balaguer, 1960)

Lleno de ternura, de humanidad y con una paz inmensa pudo reunirse con “sus hijos “donde muchos lo esperaban oír, saludar y recibir apoyo en su vida diaria. Cada familia contaría sus afanes, anécdotas llenas de alegría, recuerdos y nuevas vocaciones de jóvenes que ven con esperanza ser parte de esta aventura.

Fui testigo de una niña de último año de bachillerato; que habiéndole dibujado un cuadro con la vista de una calle de La Candelaria en Bogotá y la bandera de Colombia en el fondo; le escribió la frase  ; “¡Fieles, siempre fieles! vale la pena gastar así la vida entera. “; le entrego el cuadro y de la emoción rompió en llanto. Esa escena para mí resumió lo que es la vocación en el Opus Dei, la entrega, una aventura que vale la pena conocer y vivir.

Los frutos de esa visita en tantas personas deberán seguir dando frutos en los próximos años, para que muchas personas puedan disfrutar de la Obra y sobre todo encontrar que sus vidas corrientes son dignas de ser ocasión de encontrar al Señor de manera particular y sencilla.

¡Gracias Don Fernando por su generosidad en estas tierras colombianas!

Pareja Manuel. (2019). El centro de la Carrera cuarta. El primer centro del Opus Dei en Colombia (1952-1953).

Prelatura Personal del Opus Dei. (2021). Biografía de Mons. Fernando Ocáriz. https://opusdei.org/es-co/article/fernando-ocariz/

San Josemaría Escrivá de Balaguer. (1960). La grandeza de la vida corriente. https://opusdei.org/es-co/article/la-grandeza-de-la-vida-corriente/

Abona a este aspecto la intensa actividad informativa desplegada por el gobernante aprovechando este recurso tecnológico. De hecho, según el portal La Silla Vacía, durante 2023 Petro escribió 2.512 trinos a razón de 200 por mes, aunque en diciembre de ese año redactó 229 trinos en tan solo dos semanas. Este comportamiento motivó por parte de Mauricio Marín, consultor en comunicación digital, el siguiente comentario: “Yo tengo una hipótesis y es que el presidente realmente la adicción que tiene es a X (Twitter). Él empieza a tuitear y se queda un buen tiempo ahí…” (González y Galvis, 2023, diciembre 17).

Como producto de esta dinámica no es de extrañar que, de acuerdo con el informe de la consultora de comunicaciones Shift Porter Novelli, entre el 7 de agosto de 2022 y el 1º de agosto de 2023 la cuenta @petrogustavo generó 9.1 millones de búsquedas. Adicionalmente, a lo largo de este período, la comunicación del presidente Petro puso en evidencia una tendencia que permanece vigente hasta nuestros días, la llamada intermestic, conforme la cual los asuntos de la política doméstica cruzan la frontera, con interés, en la opinión pública global. Como muestra, de los cinco temas más relevantes puntualizados por el mandatario en función de su alcance (cantidad de usuarios de la red social X impactados), tres fueron generados por coyunturas locales, mientras que los otros dos respondieron a temáticas internacionales. En términos de posicionamiento, además, el presidente Petro arrasó en las conversaciones con 50.6 millones de interacciones, seguido por Donald Trump (17.2 millones de interacciones), el presidente de Chile, Gabriel Boric (14.9 millones de interacciones), y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (7.8 millones de interacciones)” (El Colombiano, 2023, agosto 4).

Ante este panorama, las posiciones polémicas asumidas por el gobernante colombiano también han contribuido a aumentar el foco de atención sobre sus declaraciones, marcando un punto de inflexión en la comunicación estratégica de la diplomacia nacional.En efecto, desde octubre de 2023, sus mensajes (posts) relacionados con el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, han desatado reacciones diversas y encontradas en la comunidad internacional y la opinión pública global. A esto se suma la confrontación directa sostenida vía X con algunos de sus homólogos, en concreto, los presidentes de El Salvador, NayibBukele, y de Argentina, Javier Milei.  

Sin duda, al igual que ocurrió con el telégrafo en el siglo XIX, la tecnología digital está cambiando la comunicación diplomática, con la característica añadida de que los actores no gubernamentales y la ciudadanía, en general, participan en el debate e influencian la toma de decisiones. Es aquí donde, en palabras de los profesores Hans Tuch (1990) y Paul Sharp (2005), entra a jugar un rol fundamental la diplomacia pública como proceso de comunicación entre un gobierno y sus públicos (nacionales y extranjeros), en el intento por atraer el entendimiento hacia los ideales y los valores de la nación, sus instituciones y su cultura, sus objetivos y políticas, promoviendo el interés, la identidad, la imagen y la reputación nacionales.

De esta forma, un nuevo estilo de comunicación se impone frente a la diplomacia convencional, acostumbrada a las interacciones oficiales con otros Estados mediante las llamadas notas verbales y diplomáticas, estériles en muchos casos. El mensaje unidireccional y reservado está dando paso al diálogo abierto, cónsono con la naturaleza bidireccional que pregona la diplomacia pública. Ello significa, por contera, un paso firme hacia la democratización de la diplomacia, pues invita al debate de los temas de la política exterior a los públicos casi siempre apáticos y desinteresados de cara a los asuntos internacionales.

Extrapolando estas consideraciones al caso de Colombia, cabe aseverar que el presidente Petro ha ido transformando el aislamiento, la introversión y el secretismo propios de la identidad diplomática nacional gracias a la instalación de una desafiante cultura de la trasparencia. Las reiteradas e inocuas notas de protesta, asociadas a la violencia y narcotráfico, han sido superadas por las publicaciones del gobernante en las que aborda temas como, por ejemplo, el medio ambiente.

De por sí, la historia republicana de Colombia ha estado signada por gobernantes de origen conservador dedicados a la gramática, la ortografía y la filología, como Miguel Antonio Caro, Rafael Núñez, Santiago Pérez, José Manuel Marroquín, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez y Miguel Abadía Méndez, entre los que habría que incorporar al liberal Rafael Uribe Uribe, quien, inclusive, escribió un diccionario de galicismos (Izquierdo, 2024, febrero 24). En la actualidad, el primer presidente de izquierda en la historia colombiana ha emulado el ejemplo de la labor de escritura (aunque con frecuentes errores gramaticales), imprimiendo un toque distintivo a la comunicación diplomática colombiana del Siglo XXI.

Desde esta perspectiva, en la misma tónica de Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía desde agosto de 2014 (con antelación, primer ministro de esa nación entre marzo de 2003 y agosto de 2014), el presidente Petro ha recurrido a la diplomacia personal para catapultar la imagen de Colombia entre las sociedades extranjeras. Claro está, existen diferencias sustanciales en el ejercicio diplomático de ambos países.

Tratándose de la política exterior turca, el concepto de la diplomacia pública ha ganado aprecio y calado en los predios académicos, siendo uno de sus principales logros la creación de la Oficina de Diplomacia Pública del primer ministro turco en 2010. Para ese momento, la principal motivación de las élites de poder en Ankara residía en asentar condiciones estables y constructivas para el desarrollo de relaciones con otros actores internacionales, traducidas en “cero problemas con los vecinos” y solución a los conflictos de vieja data con Armenia, Grecia, Siria y otros países. Hoy, el gobierno de Turquía se ha centrado en la diplomacia pública y personal como una herramienta útil para su servicio exterior, especialmente en circunstancias de crisis.

A contracorriente de la vía turca, el gobierno de Colombia carece de oficina, diseño e implementación de diplomacia pública en su política exterior. A lo sumo, aplica una diplomacia personal, definida por Murat Ülgül (2019), profesor de la Karadeniz Technical University, como la acción a partir de la cual “un líder nacional en particular trata de resolver un problema internacional sobre la base de sus propias relaciones personales y comprensión de otros líderes nacionales”. Esta visión es encarnada, en nuestros días, por el presidente Petro.

Para algunos autores, sobre todo aquellos pertenecientes a la Escuela Realista de las Relaciones Internacionales, la práctica de la diplomacia personal resulta contraproducente, toda vez que las ambiciones de los individuos pueden desbordar y ser perjudiciales para los objetivos racionales que todo Estado persigue a través de su política exterior. En este sentido, la personalidad es irrelevante en los asuntos internacionales porque no importa quién dirija el país.La diplomacia ha de ser ejercida por los diplomáticos profesionales y no por líderes con preferencias ideológicas susceptibles de perjudicar los intereses de la nación.

Por lo pronto, un número creciente de académicos señala que la diplomacia personal tiene efectos tremendos en los asuntos globales. A la luz de esta afirmación, queda mucho por reflexionar en la medida en que su aplicación se normaliza y se extiende, lo que conlleva riesgos, pero también oportunidades si se gestiona desde un esfuerzo de diplomacia pública debidamente diseñado, planificado e implementado.

*José Miguel Castiblanco es embajador (r) de la Carrera Diplomática y Consular, actualmente director del Centro de Diplomacia Pública & Corporativa.

** Las opiniones expresadas en el blog corresponden únicamente a los autores y no comprometen a la Asociación Diplomática y Consular de Colombia “ASODIPLO”.

]]> Asociación Diplomática y Consular de Colombia Ese extraño oficio llamado Diplomacia https://blogs.elespectador.com/?p=99076 Tue, 16 Apr 2024 20:29:23 +0000 Asociación Diplomática y Consular de Colombia https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/ese-derrame-sangre-no-cura-condenan-28-anos-carcel-asesinos-del-caso-saweto/ Sentencia en primera instancia fue para los empresarios madereros José Estrada y Hugo Soria, y para los taladores ilegales Josimar y Segundo Atachi. Los jueces reservaron su dictamen contra Eurico Mapes, quien está no habido. El Poder Judicial acreditó que el cruento asesinato de los dirigentes ashéninkas de Alto Tamaya-Saweto Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco […]

• Sentencia en primera instancia fue para los empresarios madereros José Estrada y Hugo Soria, y para los taladores ilegales Josimar y Segundo Atachi. Los jueces reservaron su dictamen contra Eurico Mapes, quien está no habido.
• El Poder Judicial acreditó que el cruento asesinato de los dirigentes ashéninkas de Alto Tamaya-Saweto Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, el 1 de septiembre de 2014, fue cometido con alevosía.
• El fallo ha sido considerado emblemático pues es el primero relacionado con un caso en que líderes indígenas fueron asesinados en defensa de su territorio. Sin embargo, el dictamen judicial todavía puede ser apelado por los sentenciados.

“Me siento un poco tranquila, pero para ese derrame de sangre no hay cura. Fueron 10 años, tuvimos que ser fuertes y seguir luchando”. El testimonio lacónico pero conmovedor es de Ergilia Rengifo, exlideresa de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, selva del Perú. Ella conversó con Mongabay Latam solo minutos después de que la Corte Superior de Justicia de Ucayali condenara a 28 años y tres meses de cárcel efectiva a cuatro de los cinco acusados por el asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, perpetrado el 1 de septiembre de 2014.

El fallo en primera instancia fue contra los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, y para los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, dentro del proceso iniciado en noviembre de 2023, tras la anulación de una sentencia (también de 28 años y tres meses de prisión efectiva) que el Poder Judicial había dictado en febrero del año pasado. En la resolución, leída ayer durante casi dos horas, no fue incluido el brasileño Eurico Mapes Gómez, para quien los jueces pidieron renovar y tramitar las órdenes de ubicación y captura pues ha sido declarado reo contumaz.

La Corte Superior de Justicia de Ucayali responsabilizó a José Estrada y Hugo Flores de ser los instigadores del cuádruple homicidio, y halló a los hermanos Atachi Félix como coautores materiales del crimen. El pago por concepto de reparación civil en favor de los deudos fue fijado en 200 000 soles (54 000 dólares). En el caso de Eurico Mapes, también sindicado por la fiscalía como autor material, la sala reservó su juzgamiento hasta que sea ubicado y puesto a disposición de las autoridades competentes.

“Recién después de 10 años tenemos la sentencia, pero vamos a esperar la segunda instancia. Una vez que ya estén condenados como debe ser, y en la cárcel, ahí me voy a sentir alegre”, remarcó Ergilia Rengifo. En varios tramos del proceso, la exlideresa de Saweto se sintió desalentada, confesó, y en medio de una batalla contra la impunidad que le parecía perder: “Por eso decía: a dónde me voy si aquí en Perú no tengo justicia, a dónde voy a ir, qué nos está pasando, por qué no hay atención para los que hemos luchado por la tierra”.

Condena histórica

El abogado de las viudas de los cuatro dirigentes ashéninkas, Alberto Caraza, dijo a Mongabay Latam que se trata de un fallo trascendental y emblemático porque es el primero relacionado con crímenes en que defensores ambientales indígenas del Perú han sido las víctimas. Caraza recordó que desde la cruenta muerte de los dirigentes ashéninkas, ya son 33 líderes indígenas asesinados hasta la fecha. Precisamente, la sala penal que dictó la condena acreditó que Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos “realizaban acciones dirigidas a salvaguardar la integridad de su comunidad (Alto Tamaya-Saweto)”.

Similar opinión tuvo Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y actual director del Programa Unidos por los Bosques – Fundación para la conservación y el Desarrollo Sostenible, quien ha acompañado a los deudos en el desarrollo del largo proceso. Para él, la sentencia constituye un referente de justicia ambiental en el Perú y traslada un mensaje claro para quienes ponen en riesgo, amenazan y matan a personas defensoras ambientales: recibirán la sanción más alta. Al término de la audiencia, Castro hizo un llamado al Estado para que garantice la seguridad de las familias de los líderes ashéninkas y de la comunidad de Saweto. “Las amenazas no han acabado. Hay que tener en cuenta que los sentenciados están libres y el riesgo, en consecuencia, se mantiene. La aplicación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos en este caso debe ser de inmediato”, consideró.

Alberto Caraza indicó que luego de la lectura integral de la sentencia, programada por el Poder Judicial para el próximo 23 de abril, los imputados tendrán cinco días para poder apelar la pena que han recibido. Una situación que el abogado considera muy probable: “Seguro que van a apelar (…) Nosotros esperábamos una sentencia condenatoria y así ha sido. Pero no hay mucho que celebrar. Han pasado 10 años de los hechos y lo que toca es defender de manera responsable esta sentencia”. Al lado de Caraza, Ergilia Rengifo estuvo atenta al dictamen judicial. Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo, también asistieron. De la otra parte, solo el maderero José Estrada siguió la audiencia virtualmente. Hugo Soria y los coautores materiales no se presentaron a la corte de Ucayali.

Uno de los puntos que Alberto Caraza y las viudas de los cuatro dirigentes ashéninkas pondrán en evaluación, según declaró el abogado a Mongabay Latam, es si quedan conformes o no con la reparación civil. Ello debido a que la solicitud era de 250 000 soles (67 567 dólares) por familia agraviada, lo cual suma un millón de soles. Es decir, 800 000 soles (216 000 dólares) más de lo que el juzgado estableció. “Vamos a ver si interponemos la apelación por eso”, anotó.

Cronología de la tragedia

El 31 de agosto de 2014, los cuatro dirigentes ashéninkas partieron desde Alto Tamaya-Saweto con destino a la comunidad indígena de Apiwtza (también de la etnia ashéninka), en el estado brasileño de Acre, donde se iba a desarrollar una asamblea entre defensores ambientales del bosque que protegían y que comprende una parte de la frontera entre Perú y Brasil. El primer tramo del recorrido fue de ocho horas a bordo de un bote por el río Tamaya. En el sector denominado Varadero de Cañaña, la comitiva se detuvo a descansar y al amanecer retomaron el trayecto a pie. En un tambo cercano a la quebrada Putaya, Chota, Quintisima, Pinedo y Ríos fueron emboscados, torturados y luego asesinados. Cuando regresaba a Alto Tamaya-Saweto desde Apiwtza, a donde los dirigentes no habían llegado, el cazador Jaime Arévalo halló los cuatro cadáveres. Fue el 6 de septiembre de 2014. Desde entonces, el camino de los deudos en busca de justicia ha sido largo y tormentoso.

En un reportaje publicado el 16 de junio de 2022, cuando el juicio oral estaba por iniciarse, Mongabay Latam detalló toda la secuencia de hechos que derivaron en el cuádruple homicidio y la batalla que hasta ahora libran las viudas contra la impunidad.

Edwin Chota era un tenaz opositor de los madereros ilegales que operaban impunemente en Alto Tamaya-Saweto. Pero las constantes denuncias y gestiones que impulsaba, desde el 2008, para conseguir la titulación de las casi 80 000 hectáreas de su pueblo, lo habían puesto al centro de una cadena de amenazas por parte de las mafias de taladores incrustradas en el bosque de Saweto. Recién en julio de 2015, la comunidad de Alto Tamaya-Saweto fue titulada. Tras la muerte de Chota, Ergilia Rengifo fue elegida como lideresa de Saweto; la sucedió su hermana Karen Shawiri y, posteriormente, Lita Rojas, viuda del dirigente Leoncio Quintisima.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, presentada en octubre de 2019, los empresarios madereros Hugo Soria y José Carlos Estrada Huayta fueron autores mediatos del delito de homicidio calificado en contra de los líderes ashéninkas. En tanto, la denuncia del Ministerio Público, señala que el brasileño Eurico Mapes Gómez y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix ejecutaron los asesinatos. Para los cinco, la fiscalía había solicitado 35 años de prisión.

El 27 de febrero de 2023, el Poder Judicial impuso la pena de 28 años y tres meses de cárcel efectiva, más el pago de 200 000 soles por concepto de reparación civil en favor de los deudos, a los cinco imputados. Sin embargo, seis meses después, en agosto de 2023, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró nula la referida condena debido a presuntas irregularidades en el proceso. Después de que el caso regresara a fojas cero, el pasado 2 de noviembre comenzó el otro proceso judicial contra los cinco acusados, que ayer, jueves 11 de abril, tuvo sentencia en primera instancia.

Testimonio clave

En el curso de este nuevo juicio, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido, quien precisó hechos y fechas que fueron valorados para la emisión de la nueva sentencia. En la lectura de la resolución, por ejemplo, se especificó que, el 29 de agosto de 2014, el testigo protegido escuchó a Eurico Mapes, los hermanos Segundo y Josimar Atachi, José Estrada y Hugo Soria amenazar y reírse de los insultos que proferían en contra de Edwin Chota en un local de Putaya. El líder ashéninka había llegado hasta allí para hacer una llamada telefónica.

“Indicaban que iban a agarrarle, que era un soplón, un bocón (…) Salieron a agarrarle cuando él (Chota) estaba marcando un teléfono. Entonces le han ahorcado, le han golpeado contra el teléfono (…) Luego, dentro del local, el señor José Estrada se levantó con su arma, salieron todos y le dijeron (a Chota) que lo iban a matar donde sea, aunque sea en su propia casa, que no iba a escapar, que los tenía hartos porque denunciaba lo que defendía: el bosque, la naturaleza. Al cabo salieron riéndose, burlándose, con su cerveza”, fue parte de la manifestación del testigo protegido leída durante la audiencia del jueves.

Según la declaración del testigo, detallada en la lectura del fallo, él retornó el 30 de agosto al caserío de Putaya. En un bar de ese sector, conforme a su relato, José Estrada había comprado cerveza y allí también estaban los hermanos Atachi Félix. “Fue ahí que Eurico Mapes llegó y comentó que el señor Edwin (Chota), Francisco (Pinedo), Leoncio (Quintisima) y Jorge (Ríos) son unos desgraciados, unos liosos, bocones, que era la oportunidad para matarlos. José Estrada dijo: ‘Si ustedes me traen su cabeza como charola de plata, yo les pago’. Eurico y Josimar y Segundo Atachi respondieron que ellos iban a ir con su personal (…) Hugo Soria dijo: ‘Ojalá que no le escapen porque él me ha hecho decomisar la madera que tenía en el aserradero’. Eso pasó”, narró la jueza Ana Bedoya lo dicho por el testigo.

“(El testigo protegido) indica luego que el día 2 de septiembre (los asesinos) llegaron y dijeron que “ya les habían muerto, que les habían agarrado en el tambo (a los líderes ashéninkas) cuando estaban comiendo, que no tenían opción de escapar”. En el bar de Putaya, le dijeron a José Estrada: “Habla patrón, habla jefe”. “Díganme qué ha pasado”, preguntó él. “Listo, ya se terminó la pesadilla, ya les hemos muerto, su pedido ha sido cumplido”. Y ahí todos pedían sus pagos”, continuó la jueza con la lectura de la declaración.

El Juzgado Penal Colegiado, conformado por Ana Bedoya Maque, Dilmer Iván Meza y Celinda Pizán Ugarte, estableció que lo manifestado por el testigo protegido está debidamente corroborado y tiene fuentes de verificación. Por ello, los jueces acreditaron no solo la muerte de los líderes ashéninkas como consecuencia, sino también la alevosía con la que se cometieron los asesinatos. Para el abogado Caraza, el relato del testigo protegido fue determinante y “un punto de quiebre sobre el cual el colegiado sustentó su sentencia.

Vigilia solidaria

El miércoles por la noche, durante una vigilia de solidaridad y unidad espiritual con los deudos del caso Saweto, realizada en la sede de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en Ucayali, Ergilia Rengifo pronunció un discurso emotivo pero también cargado de esperanza: “Esta muerte no es fácil, para mí es una gran tristeza. Pero no me siento vencida, quiero lograr (justicia), porque toda la vida los taladores no nos van a tener así: humillados”.
Junto con Rengifo estuvieron Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, y Julia Pérez, pareja de Edwin Chota en el momento en que fue asesinado. Adelina Vargas, quien fuera esposa de Francisco Pinedo, falleció en 2022. Además, participaron la jefa de la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jane Antilla; el ex viceministro de Gestión Ambiental Mariano Castro; y líderes de diversas bases de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

“Nuestros hermanos cayeron buscando justicia, y con esa misma fuerza estamos presentes aquí. No es un hecho que ocurrió hace una semana, hermanos, pasó hace 10 años. La sentencia final representará a las familias de los 33 líderes indígenas asesinados hasta ahora. Es un hito importante que va a marcar a los pueblos indígenas”, enfatizó Jamer López, presidente de ORAU.

En otro momento, Jane Antilla remarcó la importancia de los defensores ambientales indígenas, su derecho a defender la tierra donde viven y los riesgos que enfrentan: “Siempre se dice que una justicia que tarda demasiado casi no es justicia por todo lo que han tenido que caminar con dolor (…) Estamos con ustedes y trataremos de caminar con las autoridades (indígenas) para darles la protección que les corresponde y estén más fuertes”, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.

Mientras tanto, las llamas de una veintena de velas alumbraban desde el suelo los retratos de Edwin Chota, Francisco Pinedo, Leoncio Quintisima y Jorge Ríos, colocados en un telón de fondo.
“La justicia de Saweto es nuestra justicia”, se leía en un cartel, en medio de las velas y pétalos de rosas esparcidos en el piso. En medio de las sombras que ha traído este proceso judicial, ya hay una primera luz hacia el objetivo de los deudos: el encuentro de justicia y tener, al fin, un poco de paz.

Imagen destacada: Ergilia Rengifo llega a la audiencia de lectura de sentencia. Si se confirma el fallo en segunda instancia, recién podrá tener paz, dice. Crédito: Hugo Alejos.

El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En octubre de 2023, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) —que reúne a empresas de extracción de recursos pesqueros, principalmente anchovetas para la producción de harina y aceite de pescado—  solicitó formalmente al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) que se le permita desarrollar actividades pesqueras industriales al interior de la Reserva Nacional de Paracas, una de las áreas protegidas más emblemáticas de Perú.

La SNP asegura que tiene derechos de pesca que fueron otorgados antes de la creación de la reserva, en 1975, y que, por lo tanto, el plan maestro del área protegida excluyó “sin sustento” a las actividades pesqueras industriales.

El Sernanp rechazó la solicitud argumentando que en el área donde se estableció la reserva “sólo existen registros de actividad pesquera artesanal”, y que el desarrollo de actividades pesqueras industriales afectaría el mantenimiento de los ciclos biológicos que garantizan la conservación de las especies que habitan en Paracas. “Se generaría una disminución en la disponibilidad de alimento para las aves y mamíferos, perjudicando sus procesos reproductivos y recuperación de sus niveles poblacionales”, advirtió la dependencia.

La pesca industrial o de mayor escala, sentenció el Sernanp, “es una actividad que se contrapone a los objetivos y fines para los cuales la Reserva Nacional de Paracas fue creada”.

Ante la negativa, la SNP demandó judicialmente al Sernanp a inicios de enero pasado y, en menos de una semana, la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda.

Entre científicos y especialistas de la conservación reina la “indignación” ante el pedido de la SNP, pero también el miedo a que las presiones de la industria logren socavar la determinación del Sernanp. “Lo que está solicitando la SNP representa uno de los casos más grotescos de codicia corporativa de las últimas décadas”, sostuvo Manuel Bartra, director legal de la asociación por el rescate y bienestar de los animales (ARBA).

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El propósito de la demanda

La demanda de la SNP se realizó a través de una Acción Popular, una medida que se interpone contra normas de menor jerarquía, como un reglamento, cuando éstas contravienen la constitución o una ley.

Según se lee en el edicto de la Acción Popular, publicado en el diario oficial El Peruano, lo que busca la SNP es declarar la nulidad de un artículo establecido en una directiva del Sernanp que fue aprobada en 2021 por resolución presidencial. Dicha directiva, establece pautas y criterios para el aprovechamiento de los recursos forestales, flora y fauna silvestre, que se encuentran al interior de las áreas naturales protegidas. El artículo en particular que la SNP pretende anular precisa que “está prohibida la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos, ya sea marina o continental dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cualquiera sea su nivel”.

La abogada Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana en Perú, aclara que el Reglamento de Ley de Áreas Naturales Protegidas aprobado en el año 2001 ya establece que no se pueden realizar actividades de alto impacto que afecten la biodiversidad, entre ellas la pesca de mayor escala o industrial. En ese sentido, asegura Heck, la directiva de Sernanp de 2021 no creó una nueva regulación, sino que “simplemente recogió la prohibición que ya está en el Reglamento”.

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, tras admitir la demanda, le solicitó el pasado 6 de marzo al Sernanp remitir en un plazo de 10 días los informes técnicos y documentos que dieron origen a la norma que están siendo cuestionadas por la SNP.

¿Por qué la Sociedad Nacional de Pesquería está pidiendo justo ahora entrar a la reserva de Paracas si nunca antes, en los casi 50 años que han pasado desde la creación del área protegida, fue ésta una demanda del sector?

Expertos aseguran que son varias las razones que estarían detrás, sin embargo, destacan que las condiciones en las que fue creada la Reserva Nacional Dorsal de Nazca en 2021, habría sentado un precedente que ahora está queriendo ser utilizado por la SNP para ingresar a Paracas.

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“Un mal precedente”

Antes de la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, en 2021, Perú solo tenía protegido el 0.5 % de su mar. Con el nacimiento de esta área marina protegida, la más grande del país y la única 100 % marina, Perú pasó a proteger casi el 8 % de su territorio marítimo.

Aunque la noticia fue celebrada por el gobierno, la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca surgió en medio de una fuerte controversia, debido a que quedó establecido que la pesca industrial está autorizada en la zona. Por lo mismo, algunos expertos aseguran no solo que se trata de “un área protegida de papel”, sino que contradice el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas que tiene una prohibición expresa a la pesca industrial.

¿Por qué se llegó a esa decisión? La razón fue que se respetarían los derechos de pesca preexistente, es decir, los adquiridos antes del establecimiento de la reserva.

Sucede que si bien el reglamento de la ley prohíbe la pesca a gran escala dentro de las áreas protegidas, el marco legal peruano sobre áreas protegidas respeta derechos preexistentes. Ese fue el argumento para permitir la pesca industrial al interior de la Reserva Nacional Dorsal Nazca. Sin embargo, el abogado ambiental César Ipenza repara en que la interpretación de la norma fue errada, puesto que “el marco legal peruano sobre áreas protegidas respeta derechos preexistentes siempre y cuando sean compatibles con los objetivos del área”.

En ese sentido, asegura Heck, permitir la pesca industrial en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca fue una decisión “equivocada”, y lo que es peor, “sentó un mal precedente” que actualmente estaría utilizando la SNP para intentar entrar a la Reserva Nacional de Paracas.

Si las intenciones de la industria llegaran a concretarse, sostiene la experta, “sería no solamente una amenaza a los objetivos de conservación de Paracas, sino también algo ilegal”.

Ipenza, por su parte, recuerda que existe una diferencia crucial a considerar entre Dorsal de Nazca y Paracas. Y es contrario a lo que asegura la SNP, el Sernanp sostiene que no existen registros de actividad pesquera industrial previo a la creación de la reserva, por lo que ni siquiera hay derechos preexistentes que pudieran ser eventualmente considerados. Además, cambiar las reglas en Paracas iría en contra del principio de no regresión ambiental que busca que el sistema no tenga retrocesos de los avances ya alcanzados por cada Estado.

Por otra parte, Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana en Perú, agrega que posiblemente el sector pesquero industrial “ha visto que hay un debilitamiento en general de los sistemas de conservación, de recursos y derechos (…) El agro tiene ventajas tributarias, la minería tiene acceso a lugares que antes no tenía, hay un registro para los informales, etcétera. Ese tipo de cosas dan señales de un Estado débil, sin objetivos claros en el tema ambiental o de derechos”, explica.

Además, en 2023 la pesca industrial “tuvo un mal año”, señala Riveros. “Han sacado apenas una cuarta parte de lo que normalmente sacan (de anchovetas) y eso obviamente es una pérdida millonaria”.

Para Carlos Zavalaga, director de la unidad de investigación de ecosistemas marinos del grupo de aves marinas de la Universidad Científica del Sur, esa sería la razón de fondo de la inesperada solicitud de la SNP. “¿Por qué ahora quieren entrar a Paracas? La respuesta es muy sencilla: porque cada vez hay menos anchoveta. Por eso quieren explorar más áreas, áreas donde no les está permitido pescar, áreas que justamente pueden refugiar cardúmenes de anchovetas que hacen posible que exista la biodiversidad marina presente en Paracas”.

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Los riesgos de la pesca industrial en Paracas

“La Reserva Nacional de Paracas es nuestra primera área natural protegida de carácter marino que se creó ante la necesidad de conservar justamente su ecosistema marino privilegiado, dada la enorme concentración de peces, aves, mamíferos y algas que existen”, dice Bartra, el director legal de ARBA.

Además, “tiene un microclima óptimo para la floración de microorganismos como plancton, fitoplancton, que convierten su mar en uno de los más ricos del mundo. De hecho internacionalmente está considerada como un área marina ecológica o biológicamente significativa”. Por eso, asegura, “la solicitud de la SNP constituye una amenaza no solo para uno de los tesoros ecológicos del Perú, sino del mundo entero”.

La intención de la SNP “es descabellada, fuera de lugar, en contra de la biodiversidad, en contra del respeto de las Áreas Naturales Marinas Protegidas”, concuerda Zavalaga, quien junto al equipo que dirige centra sus investigaciones científicas principalmente en la Reserva Nacional de Paracas.

“Nosotros venimos desarrollando investigaciones en relación a las aves marinas y su medio ambiente desde hace muchos años atrás. Entonces nosotros estamos en posición de opinar con base”, dice Zavalaga. Los resultados de los estudios son tajantes, asegura. “La pesca industrial iría en desmedro de muchas poblaciones de aves marinas en particular y, seguramente, de otras especies animales”.

En 2022 el experto publicó los resultados de una investigación que buscó, justamente, analizar las interacciones entre las aves marinas que se alimentan de anchovetas con las actividades pesqueras. Para hacerlo, equiparon con pequeñas videocámaras a piqueros peruanos (Sula variegata), una de las especies de ave que habita en Paracas. Las imágenes proporcionaron información contundente que permitieron a los científicos llevar a una inequívoca conclusión: “Hay encuentros, interacciones con las embarcaciones”, puesto que las aves se acercan a alimentarse de las anchovetas que están siendo capturadas por las redes y al hacerlo quedan atrapadas en ellas. Pero eso no es todo,  “la competencia por el mismo stock de alimento es perjudicial para las aves en el sentido de que hay menos comida para ellas, lo hace que las poblaciones se mantengan limitadas, no crezcan”, explica el experto.

Además, “ese solamente es el caso de las aves marinas. Hay otros animales como los lobos marinos, cetáceos y otras especies de peces que también dependen de la anchoveta”, dice Zavalaga. “Esa es la razón por la que a mí particularmente me indigna, me preocupa, me provoca malestar que un grupo económico particular quiera prevalecer su punto de vista por sobre los objetivos de un espacio protegido”.

La SNP, en la carta que le hizo llegar al Sernanp, expone entre sus razones para acceder a Paracas que “la pesquería industrial de anchoveta es reconocida internacionalmente por sus altos estándares de sostenibilidad” y que “está sujeta a un ordenamiento y control sumamente riguroso”. Sin embargo, Zavalaga destaca que todos esos argumentos responden asuntos de vigilancia y control, “pero en ningún momento se menciona la interacción que tiene la pesquería de forma directa e indirecta con la biodiversidad marina”, que es justamente lo que los expertos aseguran generaría serios daños en esta importante área protegida.

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Proyectos de ley en curso

Actualmente existen tres proyectos de ley en el Congreso de la República que buscan mejorar la protección legal de las áreas naturales protegidas. En concreto, explica Heck, “se busca darle rango legal a lo establecido por el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y así corregir el gran error cometido en la norma de creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca”. Para la abogada, “ante la inminencia de crear una nueva área, con el mismo precedente o de ceder ante los reclamos del sector industrial, resulta vital poder aprobar estas iniciativas y así consolidar la protección de nuestras áreas marinas protegidas”.

Hasta el momento, el Ministerio del Ambiente (Minam) no se ha pronunciado sobre la solicitud de la SNP que tiene angustiados a científicos y conservacionistas. En opinión de Riveros ese pronunciamiento no llegará. “El Minam no va a defender al Sernanp. El Sernanp se está defendiendo porque hay gente que cree realmente en la conservación de la biodiversidad y el manejo de recursos”. Por lo mismo, agregó, es fundamental “una opinión pública fuerte que ponga en evidencia la angurria de este sector pesquero”.

“El Sernanp no debe dar su brazo a torcer”, dice Zavalaga. “Crearía un pésimo precedente sinceramente. Ya con la dorsal de Nazca se tiene un mal precedente y para las futuras reservas naturales y marinas sería terrible”, asegura.

Mongabay Latam contactó a la Sociedad Nacional de Pesquerías, sin embargo, hasta la publicación de esta nota envió respuestas a nuestras preguntas.

*Imagen Principal: Reserva Nacional Paracas. Foto: Gabriel Herrera

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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