Así mismo, la inteligencia artificial se nos ofrece como una tecnología limpia, sin rastro: uno escribe una pregunta, espera unos segundos y recibe un texto, una imagen o una tabla, establece una conversación que más tarde puede arrojar a la papelera; una papelera que nadie recoge, que podemos limpiar con un click para que quede vacía, como al principio, sin consecuencia visible. No hay papeles en la papelera; no hay procesos industriales que los produzcan o que los desaparezcan, no hay fábrica o humo a la vista. Sin embargo, esta es una imagen equívoca: la nube, en realidad, sí está en la tierra, sí ocupa un espacio, que consume recursos: está almacenada en edificios, y funciona gracias a cables, microchips y minerales que les dan forma a servidores, y estos requieren redes eléctricas, sistemas de refrigeración y agua, mucha agua, para funcionar. También, personas que las supervisen.

La IA es, pues, un software, pero no solamente un software; debe ser comprendida también como una infraestructura material. Según la ONU, un informe del 2026 la IA consumirá, para 2030, tanta agua como 1.300 millones de personas, y la electricidad que consumen 650 millones. El mismo reporte habla de una demanda proyectada de 945 teravatios-hora de electricidad, 9,3 billones de litros de agua y una huella territorial superior a los 14.500 kilómetros cuadrados. Esto significa que la IA no solamente no está en la nube, sino que es un vecino, colaborador y obsecuente, si se quiere, pero también quisquilloso y muy exigente. El espacio que ocupa no está en las nubes, pues, sino que está muy claramente ubicado en la tierra, deja una huella de carbono y de residuos electrónicos, e impactos críticos en el uso de los recursos naturales.

Hoy en día, la IA es un recurso más. Muy rápidamente ha pasado de ser una curiosidad para iniciados a una herramienta imprescindible, como el carbón o el petróleo, para casi que cualquier tipo de actividad. Sus costos parecen muy bajos si se compara con los resultados que permite obtener, y está al alcance de casi todos: automatiza tareas, facilita actividades e incluso crea contenidos; de hecho, ha revolucionado la manera en la que las personas nos relacionamos en sociedad y con la realidad. No se trata, pues, de mirarla como un problema, sino, como en los casos de otros recursos, de medir sus consecuencias.

La IA puede parecer casi gratuita, pero no lo es. Una consulta trivial sobre cualquier tema, una receta para el pollo al curry, una pregunta sobre la capital de un país que va a jugar el mundial de fútbol, parece intrascendente en términos de uso de recursos naturales, pero no lo es. Millones de consultas como estas, a diario, requieren de centros de datos encendidos, permanentemente. Estos consumen electricidad, requieren ser conectados a redes energéticas, dependientes muchas de ellas de combustibles fósiles, y, por supuesto, necesitan también ser refrigerados.

No es pura teoría, sin consecuencias en la práctica. No es un problema que esté en las nubes. Según el diario británico The Guardian (2023), un proyecto de centro de datos de Google en Canelones, Uruguay, generó un fuerte rechazo en la comunidad rechazo porque su diseño inicial requería cerca de 7,6 millones de litros de agua diarios para refrigeración, tomados del sistema público de agua potable, en un periodo de fuerte sequía. Algo parecido ocurrió en Santiago de Chile, donde se revisó el permiso de otro centro de datos en un momento de sequía prolongada, según Reuters.

Respecto al caso colombiano, nuestro país no es, en la actualidad, relevante como centro de infraestructura para IA. Puede hablarse de que hay en el país, efectivamente, algunos avances al respecto, pero no los suficientes para aparecer en el mapa de centros tecnológicos globales. Si en Colombia se pretende trabajar seriamente con IA, en educación, empresas, salud, gobierno, justicia, investigación y servicios, sin perder soberanía tecnológica y reducir la dependencia de los grandes proveedores, el país debería crear espacios de almacenamiento, procesamiento y manejo de datos. Pero deberían surgir, con la necesidad, varias preguntas: ¿dónde, en qué lugar de la geografía nacional se instalarían? ¿Con qué recursos? Esto debe ser mirado con atención, pues no serían nuevos conflictos entre las empresas y las comunidades por la administración de recursos que son, según la legislación colombiana, públicos.

Este mismo año, hace apenas unos meses, la Corporación Autónoma Regional (CAR) limitó en La Calera, Cundinamarca, la captación de agua de manantiales por parte de Indega, una empresa privada filial de Coca-Cola FEMSA; esto significa que redujo de siete a cuatro las fuentes autorizadas, bajó el caudal de 3,2 a 1,9 litros por segundo y renovó la concesión por cinco años. Esto con el propósito de dar prioridad al consumo de agua sobre el industrial como se puede leer en el diario español El País.  Del mismo modo,en La Guajira, la Corte Constitucional protegió los derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas frente al proyecto de desviación parcial del Arroyo Bruno, relacionado con Cerrejón.

Así pues, resultaría inocente simplemente celebrar una potencial llegada de centros de datos al país con el argumento llano de que estos atraen inversión. Es determinante preguntarse primero por la viabilidad tanto financiera como ambiental y social del proyecto que se emprenda, tal y como lo establece el Código Nacional de Recursos Naturales: los recursos naturales renovables pertenecen a la Nación y deben usarse de acuerdo con el interés general.

En lo particular…

La IA parece haber pasado, en nuestro entorno, de ser una curiosidad y un lujo, a convertirse en un artículo de primera necesidad, a la que todos deberíamos tener derecho.  Esto implica garantizar su creciente demanda, tanto en el ámbito productivo como en el personal. Pero ¿cuál es el uso particular que estamos haciendo de ella?

¿Es en realidad imprescindible usar la IA para solucionar todos y cada uno de nuestros asuntos cotidianos? ¿Todo correo debe ser escrito con un LLM? En la universidad, cuando los estudiantes están tratando de dar cuenta de una idea, de una conclusión, ¿es imprescindible recurrir a la IA para diseñar una presentación de 2 o 3 diapositivas? Es posible que, con todo ello, nos estemos comportando como niños malcriados en una sociedad demasiado indulgente, como quien vive solo en una casona y deja a su paso todas las luces encendidas y todas las llaves de agua abierta.

No se trata de poner frenos a su demanda, al creciente uso o de los recursos que se requieren para su apropiado funcionamiento, por supuesto: está demasiado inscrita ya en la forma en la que planeamos lo que viene. Pero sí podemos, los usuarios, tener una postura crítica para su uso, y racionalizar su uso.

Muy a menudo, más de lo que quisiéramos reconocer, tratamos de evadir con el uso de la IA actividades cotidianas a través de instrucciones que resultan más extensas de escribir que la tarea misma, o apelamos a lo que diga la máquina por mera pereza de pensar, de llevar a que nuestro cerebro produzca una nueva idea. ¿En realidad necesitamos de activar un inmenso sistema industrial para llevar a cabo algo que nuestro cerebro tiene el don de hacer en un parpadeo?

De nuevo, la IA no está en las nubes: funciona en el mismo planeta del que nos alimentamos más de 8.000 millones de personas.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

 “Un periodista miente y no tiene consecuencias y siguen ejerciendo sin ningún problema. Es más: muchas veces son incluso a los que les va mejor, los que van a más tertulia, los que tienen más exposición, los que económicamente generan más ingresos”: David Jiménez, periodista español, ex director del diario El Mundo.

Sin un periodismo neutral, pierden la sociedad, los ciudadanos y las democracias.
 
La prensa colombiana, por fortuna no toda, sufre de miopía selectiva, ante hechos delicados que rodean la campaña presidencial que decidirá al nuevo mandamás de la Casa de Nariño.
 
Salvo el diario El Espectador, ningún otro medio se pronunció por medio de sus editoriales sobre la injerencia de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en las elecciones colombianas. Lo que no hizo, por ejemplo, el diario El Tiempo, lo hizo el diario El País de España en un editorial titulado “América Latina no necesita tutelas ni guardianes”.

En cambio, el domingo anterior, el diario del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo titulaba sutilmente: “Tras el escrutinio de la primera vuelta, Petro y Cepeda siguen sin reconocer la derrota: los riesgos para la democracia”.
 
Corrección: El 31 de mayo, fecha de la primera vuelta, hubo dos ganadores (De La Espriella e Iván Cepeda), en tanto que los derrotados fueron, en su orden, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y un largo etcétera. El titular fue escrito con el deseo, como si De la Espriella fuera el nuevo presidente de la República y no el contrincante de Cepeda para la segunda vuelta, el 21 de junio.
 
Los titulares tendenciosos no son lo único vergonzoso de El Tiempo. Las páginas de opinión del domingo, el día de mayor lectura de prensa, carecen de equilibrio informativo. El oficio del periodismo es ser contrapoder, no oposición. De manera conveniente, olvidamos que la información imprecisa y el sesgo también son desinformación.

“Hacer lo que nosotros hacemos, la verificación de la mierda que publican los demás, es carísimo, porque inventar una mentira no requiere nada, pero desmentirla…”: Clara Jiménez Cruz, periodista y CEO de la Fundación Maldita.es contra la desinformación.

 Recuerdo que hace cinco años me llamó una muchacha del área comercial para saber por qué había cancelado mi suscripción y a ofrecerme, según dijo, un plan más favorable para mi bolsillo. “Necesito un plan más favorable para mi intelecto”, le respondí.

“Cuando el pluralismo informativo, sea el fuerte de ese periódico, por favor llámeme”, añadí con respeto pero evidente molestia.  
 
Lo de El Tiempo no es un caso aislado. Se repite con otros diarios como El Colombiano de Medellín y El Heraldo de Barranquilla, ambos dirigidos por mujeres (Luz María Sierra y Erika Fontalvo), y ambos encampaña a favor del candidato Abelardo De La Espriella, y en consecuencia en oposición al gobierno y al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Al periodismo se le pide ser honesto: Si es militante no se le debe llamar periodismo y viceversa.
 
El periodismo está mostrando sus costuras… o más bien, sus rotos; la irresponsabilidad deontológica se nota en el manoseo descarado de losvalores del periodismo, deberes y obligaciones morales, que son (deberían ser) innegociables.
 
En el entretanto, sacando provecho de la crisis, influenciadores (horrible palabra), como Wetscol están usurpando el oficio de los periodistas. Los políticos prefieren la teatralidad de un pelado de 25 años, al que denominan streamer, porque les garantiza audiencia y los deja decir lo que se les da la gana: publicidad política gratuita en formato de entrevista relajada.
 
Aunque Wetscol tiene seis millones de seguidores, los números reales de audiencia, sin ser despreciables, no llegan a tanto: un millón de personas vieron la entrevista con Petro, 650 mil la de Abelardo de la Espriella y 250 mil la de Álvaro Uribe. El periodismo, mientras tanto, dormido en sus laureles.
 
Entre maravillada y aterrada, la columnista Laura Ardila dice en El Espectador que este personaje tiene “un nivel de acceso y permanencia que ya querría hasta el periodista más influyente”.

Luego supimos que Wetscol le hizo el feo a la vicepresidenta de Iván Cepeda, la líder indígena Aida Quilcué, quien le solicitó un en vivo. Después de los cacareados encuentros con Petro Uribe y De La Espriella, el influyente joven ofreció un argumento falaz a sus seguidores:

“A mí me dio miedo, lo digo sinceramente. Cuando me senté a mirar bien de quién se trataba, el contexto en el que se mueve y las dinámicas de la política en este país, preferí abrirme. En Colombia la política es a otro precio y yo no me voy a hacer matar por un stream”.

No se aculilló al entrevistar a dos personajes polémicos como De la Espriella y Uribe, ni le importó “el contexto” en el que ambos se mueven, ni mucho menos lo intimidaron los personajes que los rodean.
 
Es decir, llegamos a un punto en que Wetscol, convertido en periodista por obra y gracia del espíritu santo, decide quién es digno y quien indigno de una entrevista.  Una mujer indígena, viuda de la guerra y
con un largo historial de luchas en favor de los pueblos ancestrales, debió parecerle poca cosa a Wetscol, alguien que, como dice Laura Ardila en su nota, “creció en un ambiente de escasez”, el “muchacho desplazado que conoce las heridas del país desigual”.
 
En conclusión, lo que estamos viendo es que el periodismo serio está perdiendo las elecciones o ya las perdió, de la misma manera que El Tiempo perdió a este humilde suscriptor. Wetscol se pellizcó, el periodismo no.

Aun así, parece una criatura inofensiva para la gran prensa, comparado con el candidato Abelardo de la Espriella, acusado de cometer acoso judicial contra los periodistas por atreverse a incomodarlo desde el periodismo investigativo, como lo señala esta nota de La Silla Vacía.

 La casa de Nariño no solo podría tener nuevo presidente, sino uno con bufete de abogados propio, que no tendrá reparos en demandar a todo aquel que lo fiscalice, siguiendo el patrón de su sensei Donald Trump en
Estados Unidos, quien, a punta de demandas contra la prensa, ha logrado abultar su chequera. Los periodistas colombianos, con sueldos que dan grima, preferirán callar por miedo; ojalá que no.
 
Por estos días, Trump dejó a una reportera hablando sola en el set del canal NBC, después de tildarla de estúpida y corrupta. En Colombia, el candidato Abelardo llamó ignorante a María Lucía Fernández en su propia casa periodística y en pleno horario prime. No esperen de él a un inofensivo presidente de la República.

El periodismo debe tomarse un tiempo prudente para analizar sus propios achaques y ver cómo salvaguardar su bien más preciado que es (debería ser siempre) la credibilidad.

En el podcast El Director, del periodista español David Jiménez, se plantearon una serie de preguntas que es hora de hacernos en Colombia. ¿Qué es un medio? ¿Qué es un periodista? ¿Cómo definimos lo que es y lo que no es un medio de comunicación? ¿Qué es y qué no es periodismo? ¿Quién define eso? ¿Cuáles son los límites? ¿El periodista, para ser periodista, debe estar en un medio? ¿Se requiere el mismo código de autoregulación para todos?

No esperen sentados a que Wetscol les traiga la respuesta.

Cada año, el 5 de junio recuerda al mundo que el ambiente no es un telón de fondo de la vida humana: es su condición de posibilidad. El agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos que consumimos y los territorios que habitamos dependen de ecosistemas que hoy enfrentan presiones sin precedentes. En Colombia, una de las naciones más biodiversas del planeta, esa realidad es urgente y también esperanzadora, gracias al papel que pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas han desempeñado históricamente como guardianes del patrimonio natural.

Comunidades cuidadoras: guardianes invisibilizados del ambiente

Antes de que existieran las políticas de conservación, antes de que los tratados internacionales reconocieran la crisis climática, hubo comunidades que sostuvieron bosques, páramos, humedales y ríos con su trabajo cotidiano, su conocimiento ancestral y su presencia territorial. Pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y campesinos han sido —y siguen siendo— actores eficaces en la protección de la biodiversidad en Colombia.

Los datos lo confirman: los territorios con mayor presencia comunitaria muestran tasas de deforestación significativamente menores. Las reservas forestales gestionadas por comunidades, las Zonas de Reserva Campesina y los territorios colectivos constituyen algunas de las áreas con mayor integridad ecológica del país. Sin embargo, estas comunidades enfrentan una paradoja: son las principales cuidadoras del ambiente y, al mismo tiempo, quienes padecen con mayor crudeza los impactos de su degradación.

“Las soluciones a la crisis ambiental no se construyen sólo desde los escritorios de las instituciones. Se construyen, sobre todo, desde los territorios, con quienes los conocen y los habitan.”

Las poblaciones rurales, las más dependientes de los ecosistemas para su sustento, son también las más expuestas a sequías, inundaciones, incendios forestales y la degradación de fuentes de agua. En Colombia, la deforestación —que alcanzó cifras preocupantes en los últimos años, especialmente en la Amazonía—, la minería ilegal, la expansión de monocultivos y la contaminación hídrica representan amenazas directas tanto para los ecosistemas como para las comunidades que los habitan.

Con menos del uno por ciento de la superficie terrestre del planeta, Colombia alberga cerca del diez por ciento de la biodiversidad mundial. Esa riqueza extraordinaria es, al mismo tiempo, una responsabilidad enorme: requiere políticas ambientales robustas, financiamiento efectivo para la conservación y, sobre todo, el reconocimiento pleno de los derechos de las comunidades que la sostienen.

Esa protección tiene un costo. En Colombia, defender el territorio y el ambiente sigue siendo una de las actividades más peligrosas del mundo. Líderes y lideresas ambientales son amenazados, desplazados y asesinados con una frecuencia alarmante. La justicia ambiental no puede separarse de la justicia territorial ni de la seguridad de quienes defienden la vida.

El rol de la sociedad civil organizada

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel insustituible en la protección ambiental: documentan impactos, construyen capacidades comunitarias, inciden en políticas públicas y acompañan a las comunidades en la defensa de sus derechos. 

Desde AAS trabajamos desde hace años en el acompañamiento a procesos territoriales, la incidencia en política pública y la construcción de conocimiento crítico sobre gobernanza ambiental, justicia climática y derechos de las comunidades rurales en Colombia. A través de nuestros programas, articulamos la defensa de los ecosistemas con la garantía de los derechos de quienes los cuidan.

Hoy, reafirmamos que no hay justicia climática sin justicia territorial, que no hay conservación real sin participación comunitaria y que proteger el ambiente es, en última instancia, defender los derechos de millones de personas que dependen de él para vivir.

Las metas globales de biodiversidad y los compromisos climáticos asumidos en distintos acuerdos internacionales sólo serán alcanzables si los Estados ponen en el centro de sus políticas a quienes más conocen, cuidan y dependen de los ecosistemas. Eso significa financiamiento, reconocimiento jurídico, seguridad para los defensores ambientales y  mecanismos efectivos de participación.

La placenta de Ángela Jhoana Jacanamejoy está enterrada en la cocina de su casa, justo bajo la tulpa o el Shinyak: el fogón que mantiene el fuego en el que tradicionalmente los kamëntšá han cocinado sus alimentos en el departamento amazónico de Putumayo, al sur de Colombia. Es bióloga de corazón y de profesión, artista, artesana, tejedora e integrante de la comunidad indígena kamëntšá.

Jacanamejoy vive constantemente interactuando con aquel valle donde nació, con las montañas y las distintas tonalidades de verde que inundan el paisaje, los sonidos de los ríos, el olor a humedad y con las plantas de su territorio. Aquellas que poco a poco las comunidades han registrado en el Herbario Etnobotánico del Piedemonte Andino-Amazónico Jajen Saima’a de la Institución Universitaria del Putumayo, que se encuentra en Mocoa, capital del departamento.

Leer más | La inteligencia artificial se convierte en aliada clave para conservar la biodiversidad de América Latina

Este particular herbario es una biblioteca de plantas secas, “que guarda también el conocimiento en torno a su uso y manejo por parte de las comunidades indígenas, campesinas, afro o comunidades humanas que habitan un territorio en particular, en este caso, el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico”, explica Jorge Contreras, coordinador del herbario, biólogo con maestría en ciencias de la Universidad Nacional, quien ha dedicado su vida a la botánica.

A este enfoque de estudio de las interrelaciones que establecen los seres humanos con las plantas se le llama etnobotánica. Y para este caso, se hace referencia a un lugar que recopila más de 22 000 muestras, que representan cerca de 1500 especies recolectadas en el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico y en otras regiones del país.

Mocoa es una ciudad que se ubica justo en una zona de transición entre las regiones andina y amazónica. Cuenta con una población cercana a los 45 000 habitantes, entre los que se encuentran los pueblos indígenas originarios del piedemonte como cofán, siona, inga, kamëntšá, coreguaje, mientras que, en el resto del departamento, que supera los 350 000 habitantes, también habitan pueblos como los murui y los kichwa, además de comunidades nasa, pasto, embera y awa que llegaron al territorio. Actualmente, las comunidades enfrentan tensiones por el avance de proyectos de cobre.

La biblioteca de saberes ancestrales

La historia del herbario se desarrolla entre la investigación científica y la reivindicación de los saberes ancestrales del Putumayo. Nació oficialmente a partir del proyecto Guardianes del Conocimiento Botánico, realizado entre 2018 y 2022, y que formaba parte del programa Natura Amazonas.

Este programa fue liderado por Conservación Internacional Colombia en alianza con Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), el Instituto Tecnológico del Putumayo (que pasó a ser una institución universitaria), Parques Nacionales y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).

La iniciativa surgió por la voluntad de un grupo de investigadores e investigadoras, liderado por Contreras, quienes buscaron crear un espacio que no solo recolectara plantas bajo criterios científicos occidentales, sino que integrara los nombres y usos tradicionales dados por las comunidades, contando con el apoyo en primera instancia de dos personas visionarias como José Vicente Rodríguez-Mahecha director científico de Conservación Internacional Colombia y Luis Alexander Mejía-Bustos, director de Corpoamazonia en ese momento, quien facilitó el espacio físico para su inicio.

Ángela Jhoana Jacanamijoy realizó su tesis de pregrado sobre el conocimiento de las plantas para el cuidado de la mujer desde la niñez hasta la menopausia y esto motivó a Contreras y su equipo, quienes ya venían trabajando en el herbario etnobotánico, a impulsar junto a ella y otras personas de diferentes comunidades del Putumayo a fortalecer el herbario. “¿Por qué no nos integramos?”, le preguntó. Así se empezó a consolidar este proyecto y, en 2022, el entonces Instituto Tecnológico del Putumayo emitió un acuerdo con el cual se creó formalmente el herbario.

“Después, algunos sabedores y taitas que vinieron a conocer el espacio, al comienzo estuvieron un poco molestos porque veían que guardábamos las plantas secas y se preguntaban: ‘¿Para qué? Ya no tienen vida’. Entonces, se les explicó que en algún momento ese conocimiento, no solamente de nombre científico, sino de usos, podría servir como herramienta de conservación para la defensa del territorio”, recuerda Contreras.

Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia), en Putumayo se registran 5826 especies de plantas, de las cuales 316 son endémicas, es decir, que solo existen en esta zona del país.

En el herbario, todos los conocimientos son válidos y están al mismo nivel, tanto los de la ciencia occidental como los indígenas. Esto es una postura ética que se integra en un enfoque diferencial para reconocer y proteger la diversidad biocultural del Putumayo.

Contreras explica que “antes venían los investigadores al territorio y no se asumía una posición de respeto con las comunidades, sino que se les imponía sumisión. Ahora es diferente y se parte de un reconocimiento de esa transversalidad como sabedores y como investigadores del territorio”.

Leer más | Colombia: el largo camino judicial de los indígenas yukpa para resarcir los impactos de la minería de carbón

Construcción compartida del conocimiento

El herbario funciona como un puente o canal donde se intercambian experiencias. Mientras los científicos y académicos como Contreras aportan técnicas de taxonomía y secado, la comunidad aporta la historia, el uso y el nombre en lengua materna de la planta. Para Jacanamejoy, esta biblioteca viva es una forma de «activar los genes ancestrales» y reconocerse en el territorio a través de lo que guarda.

Este conocimiento sobre lo que hay en el territorio, ya sean especies endémicas, medicinales o sagradas, permite a las comunidades tener argumentos científicos y ancestrales para oponerse a actividades extractivas como la megaminería de cobre, que ha venido instalándose en la región y que, aseguran los pobladores, degrada sus fuentes de vida y puede afectar el medioambiente.

El herbario se ha consolidado mediante proyectos de investigación, monitoreo comunitario y educación ambiental. Entre los más relevantes se destaca la publicación de un libro bilingüe, en español y maicoca (la lengua indígena materna del pueblo Zio Bain) sobre 25 plantas de importancia cultural, el cual fue liderado por Conservación Internacional Colombia y la comunidad Siona de Buenavista.

En 2022 también se realizó Mocoa Biodiversa, una iniciativa de ecología urbana orientada a la formación ambiental de niños, niñas y jóvenes. Posteriormente en 2023 se continuó apoyando este tipo de propuestas educativas con el proyecto Nacederos, centrado en los vínculos entre vegetación y fuentes hídricas del territorio. Uno de sus logros fue la creación de cartillas didácticas que permitieron identificar aquellas plantas que actúan como guardianas naturales de los nacimientos de agua.

Luis Felipe Mora, ingeniero ambiental y miembro de la comunidad indígena Cofán, cuenta, por ejemplo, que investigadores de la Universidad de los Andes están estudiando sobre el cacao en el Putumayo con apoyo del herbario: “Estamos trabajando con variedades originarias de esta planta aquí en la región. Porque ya se está acabando, la gente no la cultiva. Entonces, tuvimos charlas y les fuimos a hablar sobre la importancia, con el fin de prevenir su pérdida”.

Para las comunidades étnicas de la Amazonía colombiana el cacao nativo es un pilar de nutrición y medicina ancestral. “Sirve para el sistema cardiovascular, para el estrés, es alimento y además es muy nutritivo. Los abuelos dicen que antes lo preparaban para las mujeres durante y después del embarazo”, dice Mora. Asimismo, el ingeniero ambiental recuerda Árboles Semilleros, proceso mediante el cual se identificaron 71 tipos de árboles y se diseñaron métodos de propagación enfocados en la restauración forestal. Un proyecto liderado en su momento por la ingeniera Ligia Estela Peñafiel de Corpoamazonia.

Leer más | Con drones e inteligencia artificial monitorean la huella de un enorme incendio en los frailejones del Páramo de Berlín, Colombia

Monitoreo participativo y comunitario

Juliana Torres Jiménez, del resguardo inga de Yunguillo, ubicado en el área rural de Mocoa, habla con entusiasmo sobre el río Caquetá, que recorre su territorio y al que niños y niñas van a divertirse y a bañarse desde la mañana hasta el atardecer. “Tenemos sitios sagrados y ya no se caza como antes, ya somos más conscientes», dice.

Torres forma parte de una estrategia de monitoreo de biodiversidad implementada por las comunidades inga de Yunguillo para construir conocimiento en alianza con el herbario: “Clasificamos las plantas entre medicinales, ornamentales, artesanales, espirituales y las que son alimenticias tanto para nosotros como para los animales” comenta.

Han identificado las especies más vulnerables, entre las que destacan especialmente los árboles maderables: “En 10 años ya no vamos a tener árboles como, por ejemplo, el granadillo (Platymiscium pinnatum), quedan ya muy poquitos y en partes más bajas y medias está totalmente intervenido”, cuenta Torres.

Otro de los árboles escasos es el caimo de monte, conocido como cascabel (Chrysophyllum venezuelanense). Torres cuenta que es “una semilla artesanal y de gran importancia espiritual y cultural». «En nuestro territorio del resguardo indígena de Yunguillo, de 26 480 hectáreas, sólo hay ocho, por lo cual se adelantaron procesos de restauración de esta especie”.

Del territorio de Yunguillo han participado en este monitoreo 16 personas, entre ellos sabedores y sabedoras, profesionales y jóvenes. “Recolectábamos las muestras, las limpiábamos, las dejábamos en un lugar muy adecuado para que no se nos fueran a infectar y a dañar, después las traíamos al laboratorio del herbario donde las muestras se deshidratan y se catalogan”, relata Torres.

Este proceso también se hace de la mano de personas sabedoras del territorio y jóvenes de las comunidades para que haya un diálogo y un intercambio de conocimientos. Quienes pertenecen a estos resguardos indígenas son coinvestigadores que aportan su conocimiento sobre los ciclos de floración, fructificación y ubicación de las especies según la ecología local. El registro se hace en español y en lengua materna.

Esta investigación sobre la flora, apoyada por el Ministerio de Ciencias, les ha permitido conocer también la fauna que habita en la zona: “Con el monitoreo etnobotánico también han encontrado especies de animales: borugas (Cuniculus paca), armadillos (Dasypus novemcinctus), dantas (Tapirus terrestris), jaguares (Panthera onca) y ocelotes (Leopardus pardalis)”, expresa Torres.

Leer más | La guardería de frailejones “bebés” que busca restaurar los páramos del Parque El Cocuy en Colombia

Desafíos y amenazas

Mocoa está atravesada por ríos y ha estado históricamente expuesta tanto a desastres socioambientales como a presiones derivadas de economías extractivas que pueden afectar los ecosistemas de la zona. En respuesta, se han fortalecido procesos organizativos de defensa territorial que buscan proteger el agua y los bosques frente a la expansión de proyectos mineros, principalmente de cobre.

De hecho, Libero Cobre, una de las compañías interesadas en explotar el mineral, estima que en los suelos de Mocoa puede haber más de dos millones de toneladas de cobre, un metal apetecido para la transición energética, ya que con él se fabrican turbinas eólicas, paneles solares y baterías.

La empresa posee cuatro títulos mineros en esta capital amazónica, que abarcan cerca de 7800 hectáreas. El 6 de abril de 2022, Corpoamazonia, la autoridad ambiental en este departamento, ordenó la suspensión preventiva de las actividades de la empresa en Mocoa, al evidenciar que la exploración se realizaba en una zona de alta amenaza por movimientos en masa, con antecedentes de deslizamientos, según el Servicio Geológico Colombiano.

La medida, que a la fecha sigue vigente, prohibió temporalmente cualquier uso o afectación de recursos naturales en los títulos mineros, hasta que la empresa subsanara supuestas inconsistencias administrativas y ambientales, entre ellas la ausencia de estudios de impacto ambiental, posibles afectaciones a fuentes hídricas y ecosistemas sensibles, y fallas en la documentación presentada.

Mongabay Latam y El Cuarto Mosquetero buscaron a Libero Cobre para saber el estado del proceso y si se subsanaron las presuntas inconsistencias administrativas y ambientales, pero hasta el momento de la publicación no se ha obtenido respuesta.

Es en este contexto en donde cobra gran importancia el herbario etnobotánico. Como dice Contreras, “si van a hacer alguna obra extractiva o alguna afectación en el territorio de las comunidades indígenas, ellas pueden respaldarse con la información que existe, con nombres científicos, porque hay plantas amenazadas o con algún criterio de amenaza reportado en los libros rojos de especies o en la Lista Roja de especies de la UICN, por lo cual tienen alto interés en conservación”.

Sin embargo, y a pesar de su importancia, el herbario actualmente no tiene una sede fija. Antes se ubicaba en las instalaciones de Corpoamazonia, pero desde finales de 2025, la entidad pidió parte del espacio físico, por lo cual las colecciones tuvieron que dividirse: una parte está en las instalaciones de la Institución Universitaria del Putumayo y la otra continúa en la sede de la autoridad ambiental.

A esta dificultad se le suma la limitación de recursos financieros y la precariedad laboral: Contreras, quien ha liderado el espacio históricamente, en la actualidad no cuenta con un contrato laboral que lo vincule a la institución universitaria y el proyecto no cuenta con una persona de planta que se dedique a su conservación.

Miguel Ángel Canchala, vicerrector académico de la Institución Universitaria del Putumayo, plantea una serie de alternativas y compromisos: reconoce que se encuentra actualmente en un sitio inadecuado y temporal y que “para solucionar esto, la universidad está trabajando en la adecuación de unas instalaciones».

«Se espera que este sitio definitivo, más pertinente para el manejo de la colección, esté listo en un plazo aproximado de dos a tres meses”, agrega.

Por otro lado, el vicerrector se comprometió a trasladar a la universidad los armarios compactadores y otros equipos especializados que aún permanecen en Corpoamazonia por falta de presupuesto. Además, se pretende crear la figura de responsable o curador de planta. “Esta propuesta ya ha sido presentada a la nueva rectoría con el fin de contratar a una persona que no solo dirija el herbario, sino que actúe como gestora de proyectos para fortalecerlo”, expresó, y añadió que se ha contemplado dejar asignado un presupuesto anual dentro de los recursos de la universidad para garantizar el funcionamiento del herbario.

En esta institución, según indicó el funcionario, estudian 740 personas pertenecientes a comunidades indígenas. Además, dijo que el herbario fue vital para que el centro educativo pasara de instituto tecnológico a institución universitaria, y es un espacio importante para programas académicos como el de biología, que está en proceso de consolidación, y ofrecerá un enfoque diferencial dirigido a la protección de los vínculos entre las comunidades humanas y la naturaleza.

Desde el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el investigador Nicolás Castaño, biólogo, botánico y magíster en ecología tropical, resalta que este herbario cumple una función vital al llenar un «vacío de información» en el sur de Colombia, una región que carecía de un centro de documentación botánica de tal magnitud.

Castaño subraya que este espacio es un ejemplo único de «sincretismo» entre la ciencia y el saber ancestral, destacándose probablemente como el único herbario en el país con un enfoque etnobotánico tan profundamente marcado. Más allá de la catalogación de especies, el experto enfatiza en la importancia de este centro para fortalecer la autonomía regional, permitiendo que la juventud se capacite en su propio territorio y contribuya a la conservación y la integridad del bosque.

Entre plantas secas que guardan memorias vivas y comunidades indígenas que nombran el territorio en múltiples lenguas, el herbario se consolida como una apuesta por cuidar la vida desde los conocimientos científicos y ancestrales. En un contexto de actividades extractivas que pueden afectar el medioambiente, su existencia no solo preserva especies, sino que sostiene una forma de habitar y defender el Putumayo, donde la ciencia y la sabiduría étnica se entrelazan.

*Imagen principal: el herbario etnobotánico registra información botánica en español y también en lenguas indígenas. Foto: cortesía Jorge Contreras / Herbario Etnobotánico.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Los tapires son animales de origen antiguo. Pertenecen a un linaje de mamíferos perisodáctilos del que solo quedan cuatro especies, tres de ellas en Latinoamérica: el tapir de tierras bajas, el tapir de montaña y el tapir centroamericano. Estos grandes herbívoros están amenazados y se mantienen refugiados en franjas cada vez más reducidas de ecosistemas tropicales y andinos.

Las tres especies comparten una función ecológica fundamental. Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, México, explica que al alimentarse de plantas, controlan las poblaciones de múltiples especies. Además, son uno de los pocos animales capaces de ingerir semillas grandes, como las del zapote (Manilkara zapota), contribuyendo a su dispersión. Por eso son conocidos como los jardineros del bosque.

Leer más | La Guardiana del Chiribiquete: campesinos en Colombia protegen 198 mil hectáreas de bosque en una región afectada por deforestación

Sin embargo, la deforestación, la expansión agrícola, la apertura de vías y la minería fragmentan y reducen su hábitat. Ángela Alviz, especialista en la conservación de grandes mamíferos, señala que el cambio climático agrava el problema. La mayor cantidad de días calientes y secos en la región ocasionan disminución de cuerpos de agua, necesarios para la termorregulación del mamífero. Entonces, se ven obligados a recorrer mayores distancias, aumentando su exposición a la cacería y a los depredadores.

Los perros ferales y asilvestrados representan una amenaza adicional, pues se ha documentado que persiguen y cazan tapires, señala Juan Pablo Reyes, parte del Grupo de Especialistas de Tapir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. A pesar de eso, se encuentra en mejor estado de conservación que las otras dos especies. Habita en toda Sudamérica, a excepción de Chile y Uruguay.

El tapir de montaña (Tapirus pinchaque) está En Peligro y su distribución es la más restringida del género, limitándose a una franja de ecosistemas andinos entre Colombia, Ecuador y el extremo norte de Perú. Por último, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) también está En Peligro. Es el mamífero terrestre nativo más grande del sur de México y América Central, con individuos que pueden alcanzar los 250 kilogramos.

En el Día Internacional del Tapir, Mongabay Latam habló con los tres especialistas sobre el estado de conservación de estas especies y los esfuerzos para protegerlas en Colombia, Ecuador y México.

Colombia: Investigadores identificaron áreas para conservar el tapir de tierras bajas en la Orinoquía

El tapir de tierras bajas es el único mamífero conocido capaz de ingerir y dispersar intactas las semillas del moriche (Mauritia flexuosa) y la palma real (Attalea butyracea), de acuerdo con Ángela Alviz, candidata a doctorante en Texas Tech University y especialista en conservación de grandes mamíferos en Sudamérica.

El resto de animales no puede hacerlo porque las semillas de estas palmas son demasiado grandes para pasar por su sistema digestivo. Al depositarlas a kilómetros de distancia de la planta madre, el tapir ofrece la posibilidad de que el moriche y la palma real colonicen nuevas áreas o se recuperen en zonas degradadas.

“[El moriche] es una especie importante en la Orinoquía y en la Amazonía”, dice la experta. Explica que los morichales o palmares de moriche son reservorios de agua y son el hábitat de especies como anacondas y caimanes. Además, la fruta es una fuente de alimento y de recursos para las comunidades que viven en estas regiones. Por eso, el rol del tapir es clave en los ecosistemas.

Sin embargo, la distribución en la Orinoquía colombiana de este animal pardo y con crin era prácticamente desconocida hasta hace unos 10 años, dificultando acciones de protección y conservación. “Con los años fuimos recopilando información por la necesidad de buscar a la especie y protegerla debido a todas esas funcionalidades que cumple”, relata Alviz.

El animal enfrenta presiones crecientes. La deforestación fragmenta sus poblaciones, ocasionando problemas genéticos como el leucismo —condición genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentación en la piel, pelo o plumas, dándoles un aspecto blanco o pálido—, documentado por primera vez en la Orinoquía en 2025 por Alviz.

Aunque es el mamífero más grande de Sudamérica, es difícil de avistar. Esto se debe a que tiene hábitos nocturnos y densidades poblacionales bajas en relación con otros mamíferos grandes, como el venado o el puma. “Por eso nos pusimos en la tarea de buscarlos a través de cámaras trampa”, señala.

Un equipo liderado por Alviz obtuvo 110 registros de tapires en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, entre 2016 y 2022. Con esa información se identificaron áreas adecuadas para estos animales y áreas degradadas con potencial de restauración.

También se determinaron dos zonas de alta importancia. La primera se ubica en el norte de la Orinoquía, en Arauca. La segunda está en Vichada, en una de las zonas donde ocurre la transición entre la Orinoquía y la Amazonía. Después los investigadores propusieron unidades de conservación del tapir, una herramienta que hasta entonces solo se había aplicado en la región para jaguares, según comenta la científica.

Los resultados se divulgaron en el artículo Idoneidad del Hábitat y Prioridades de Conservación para el Tapir de Tierras Bajas en la Orinoquía Colombiana, publicado en febrero de 2026 en la revista Mastozoología Neotropical.

Aunque la publicación acaba de salir, la investigación “ha tenido un impacto considerable”, señala la experta. Organizaciones dedicadas a la conservación y autoridades regionales se han basado en los datos desde el inicio de la investigación para promover la creación de planes de conservación, corredores biológicos y estrategias de conservación con actores locales.

Ecuador: El Corredor Llanganates-Sangay como apuesta para la conservación del tapir de montaña

En 2006, entre columnas de humo del volcán Tungurahua, piedras incandescentes y flujos de lava, un grupo de biólogos estudiaba el impacto de las erupciones volcánicas en las poblaciones de anfibios. A menos de tres kilómetros del cráter, había un bosque nublado cubierto en parte por gruesas capas de ceniza volcánica.

Rodeado por hojas bastante grandes, estaba un tapir de montaña, una especie de apariencia “prehistórica”, de acuerdo con Juan Pablo Reyes, investigador y miembro del Grupo de Especialistas del Tapir de la UICN. La escena le pareció “fabulosa”. Poco después observó que la erupción obligaba a estos animales de pelaje oscuro y labios blancos a desplazarse hacia áreas con más disponibilidad de alimento y agua, revelando que necesitaban territorios conectados para sobrevivir.

Desde la década de los noventa se documentó la existencia de las mayores poblaciones de tapir de montaña a escala global en el Parque Nacional Llanganates y en el Parque Nacional Sangay, donde se encuentra el volcán Tungurahua. Ambas están en el centro de las estribaciones orientales de los Andes y están separadas por ciudades, carreteras y tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.

Para conectar las dos poblaciones, un equipo de expertos, entre esos Reyes, empezó a trabajar en distintas iniciativas de investigación y talleres para diseñar estrategias de conservación.

Reyes relata que junto a sus colegas registraron huellas, heces fecales e imágenes capturadas con cámaras trampa en zonas que no estaban bien mapeadas hasta ese momento. Para el 2011, Reyes junto con el investigador Andrés Tapia lideraron un artículo científico en el que se reportaron nuevos avistamientos del tapir de montaña en las faldas orientales del Tungurahua, afuera de ambos parques nacionales.

Estos estudios fueron clave, asegura Reyes, para que en 2023 se creara oficialmente el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, un área de 92 148 hectáreas. Con esta declaratoria, los municipios de Mera, Baños y Palora tienen la responsabilidad de adecuar sus planes de ordenamiento territorial y aplicar acciones de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible.

Para fortalecer la iniciativa, la Fundación Ecominga, la Fundación Óscar Efrén Reyes, el Bosque Protector Hacienda Guamag, entre otras, han creado una red de reservas y refugios de vida silvestre que suman alrededor de 40 000 hectáreas.

«Hay zonas en las que antes no se veía presencia de la especie porque estaban alteradas, hoy se ve una tendencia de recuperación. Se ven huellas de tapir y también de oso andino», asegura el especialista. En áreas restauradas también se han documentado crías en generaciones consecutivas, con ciclos de tres o cuatro años.

La expansión ganadera, el anuncio de apertura de una carretera a través del Parque Nacional Llanganates y el crecimiento de la minería ilegal todavía son amenazas latentes no solo para los tapires, sino también para la gran biodiversidad que atesoran los flancos orientales de los Andes.

A Reyes le da esperanza atestiguar un cambio en las actitudes de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos que fueron cazadores y ahora destinan sus fincas o parte de ellas a la conservación y protección de la biodiversidad. Y concluye: “es importante seguir aportando para proteger estos sitios, en algunos casos prácticamente intactos. Eso da un poco de esperanza a pesar del panorama cuesta arriba, pero no estamos solos”.

México: Estudiar las emociones humanas para conservar el tapir

Leer más | México: denuncias por presunta pesca ilegal en el Parque Nacional Revillagigedo están en el aire o archivadas

El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, es una de las regiones más biodiversas de México y con mayor número de especies de mamíferos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Ahí está la Reserva de la Biósfera El Triunfo, de 119 000 hectáreas, donde habita el tapir centroamericano.

En la zona viven alrededor de 229 000 personas, de las cuales 14 200 viven dentro de la reserva. En los alrededores predomina el cultivo de café, aunque también existen otros cultivos y ganadería.

Los habitantes cumplen un rol clave en la conservación de su entorno, principalmente de especies emblemáticas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas, entre ellas el tapir. Por eso, Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, ha liderado y acompañado una serie de investigaciones y proyectos que buscan entender la relación de los seres humanos con la fauna del lugar.

En uno de esos estudios, realizado en 2021, la investigadora Nathalia Castillo-Huitron lideró un análisis de actitudes de conservación. 238 habitantes de la reserva dieron al tapir una puntuación de interés por su protección de 2.09 en una escala de -3 a 3. La calificación estuvo por encima de el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) y los resultados se publicaron en 2024 en la revista Biodiversity and Conservation. El mismo estudio identificó que la disposición de una persona a proteger el tapir es uno de los indicadores más sólidos de su actitud general hacia la conservación de la fauna.

En este y otros trabajos, Naranjo y los equipos con los que colabora, conocieron que quienes tuvieron interacción directa con los tapires tendían a tener percepciones más positivas y reacciones menos agresivas. “Las personas que no conocen a estos animales tendían a llevarse mucho más por aspectos culturales o historias que les contaban que muchas veces tienen una connotación negativa”, dice el investigador.

Como solución, entre 2023 y 2024, El Colegio de la Frontera Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollaron un proyecto de educomunicación para mejorar las actitudes de las comunidades hacia el tapir y otras especies emblemáticas. Fueron 446 personas, entre niños y adultos, que participaron en talleres, caminatas etnológicas e intercambios de conocimientos científicos y locales.

“A través de relatos y anécdotas de quienes tuvieron interacción, tratamos de cambiar las percepciones negativas para transformarlas en acciones positivas”, cuenta Naranjo.

Para el especialista, sí hay un cambio favorable a la conservación, principalmente entre niños y jóvenes. “Parecen tener una conciencia cada vez mayor hacia la protección de la fauna silvestre. Muchos ya no están interesados en cazar tapir, como lo hicieron sus padres o abuelos por necesidad”, señala.

Después de los talleres, las comunidades Plan de Ayala, Ampliación Lagunas, Monte Virgen, Toluca y 3 de Mayo reafirmaron su determinación de establecer controles internos para la cacería de subsistencia, sobre todo de animales amenazados y en peligro de extinción. “La evaluación de resultados de estas medidas aún está en proceso”, añade Naranjo.

En otras comunidades de Chiapas ya hay resultados concretos. Naranjo cuenta que poblaciones cercanas a áreas protegidas establecieron prohibición y controles de cacería en sus territorios comunales. También instauraron reservas comunitarias y mejoramiento del hábitat. Cada vez más personas conocen que el tapir es una especie que cumple un rol clave en la dispersión de semillas grandes y es indispensable en el funcionamiento de los ecosistemas en los que habita.

Foto principal: Un ejemplar adulto de tapir de tierras bajas en la Orinoquía colombiana. Foto: Cortesía Ángela Alviz.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El camino para darle vida al Acuerdo de Escazú en Colombia está trazado: hay leyes y herramientas sólidas para implementar este gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental. Sin embargo, aún existe una gran brecha que no permite que estos avances se traduzcan en los territorios.

Así lo indica un reciente informe elaborado por las organizaciones Asociación Ambiente y Sociedad, Dejusticia, World Wide Fund for Nature (WWF) Colombia y la Universidad del Rosario, quienes evaluaron la implementación del acuerdo a nivel nacional.

La publicación del informe coincide con el inicio de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) sobre el Acuerdo de Escazú, espacio donde se dará seguimiento a decisiones del tratado, como la participación pública en decisiones ambientales o el plan de acción para defensores.

Si bien el informe identificó avances formales en la implementación del Acuerdo de Escazú, también detectó limitaciones y desafíos, como la falta de acceso a información sobre decisiones ambientales, la violencia contra personas defensoras del territorio y la impunidad en este tipo de delitos.

Varios autores del documento le cuentan a Mongabay Latam los hallazgos y desafíos que enfrenta Colombia para que el Acuerdo de Escazú pase de ser un instrumento técnico a una política pública que avance en la acción climática y fortalezca la democracia ambiental.

Leer más | Colombia, 2025 fue el año más violento para defensores desde la asunción de Gustavo Petro | INFORME

Violencia contra defensores e impunidad ambiental

Mientras las autoridades de Colombia han adoptado medidas para implementar el Acuerdo de Escazú, como la propuesta de una hoja de ruta y una consulta pública para darle vida al tratado, el país al mismo tiempo vive un repunte de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente líderes que protegen el territorio y el ambiente. El 2025 fue el año más violento para este sector en Colombia, desde que asumió Gustavo Petro como presidente, de acuerdo con la organización Somos Defensores.

El informe sobre el Acuerdo de Escazú señala que hay limitaciones en los mecanismos actuales de protección, los cuales suelen ser “reactivos e individualizados, sin abordar las causas estructurales del riesgo ni las dinámicas territoriales”. Sin embargo, los autores de la investigación señalan que desde antes de adoptar el Acuerdo de Escazú, las instituciones de Colombia ya enfrentaban dificultades para prevenir esta violencia.

“Previo a la ratificación del Acuerdo de Escazú ya existía una brecha enorme en la protección y prevención de violencias a personas defensoras del ambiente, debido a la ausencia de armonía institucional materializada, por ejemplo, en la ineficiencia de la Mesa Nacional de Garantías o la necesaria reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, explica Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad.

El informe señala que aunque hay mecanismos que permiten identificar riesgos, como el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, también hay fallas en la articulación de instituciones responsables, falta de presupuesto y de medidas que aborden las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

“Uno de los principales desafíos radica en transitar hacia modelos de protección que integren enfoques colectivos, reconozcan las formas propias de autoprotección territorial y aborden las causas estructurales de la conflictividad socioambiental”, destaca la investigación.

Para Torres, esos desafíos también implican sensibilizar a funcionarios que acompañan los procesos de protección a nivel nacional sobre lo que implica ser una persona defensora, y reestructurar entidades responsables de protección con enfoque en los territorios.

“La materialización de un enfoque diferencial en las medidas de protección debe ser construido de la mano con quienes están en primera línea de defensa. También es importante el enfoque de género en la política pública, las mujeres defensoras enfrentan cargas adicionales a partir de su rol de cuidado y liderazgo”, dice la especialista en derecho ambiental a Mongabay Latam.

Leer más | Colombia abre consulta pública para implementar el Acuerdo de Escazú: qué funciona y qué no en otros países de Latinoamérica

En cuanto a la justicia ambiental, el informe señala que Colombia cuenta con herramientas importantes, como la acción de tutela o la acción popular para la defensa de derechos colectivos, pero que persisten las barreras en los procesos judiciales, costos, duración de los procedimientos y falta de especialización de los jueces en temas ambientales que dificultan el acceso a la justicia, especialmente para comunidades más vulnerables.

“A pesar de contar con un marco normativo robusto y con más de 100 instrumentos de protección, los esfuerzos estatales han resultado insuficientes debido a la fragmentación institucional y a niveles críticos de impunidad, donde el sistema judicial ha mostrado limitaciones para desmantelar las redes criminales y sancionar a los autores intelectuales”, destaca la investigación.

El documento resalta que sólo una proporción limitada de los casos de violencia contra defensores obtiene una sentencia, con aún menores casos donde se determina y sanciona a los autores intelectuales.

“Esta situación limita la posibilidad de desmantelar las estructuras criminales y económicas que subyacen a la violencia contra las personas defensoras. De igual forma, se evidencia un rezago significativo en la investigación de delitos no letales, como amenazas y violencias basadas en género, con altos niveles de estancamiento en etapas preliminares”, sostiene.

Para Mauricio Madrigal Pérez, especialista de Incidencia Política en WWF Colombia y coautor del informe, el enfoque de las normas ambientales debe concentrarse hacia las personas defensoras y sus contextos para generar mecanismos que permitan acceder a la justicia ambiental.

“Las normatividades y políticas ambientales son esencialmente tecnocráticas y buscan una mirada administrativa del derecho más que una mirada de derechos humanos y de justicia. Hoy más que nunca, las crisis ambientales son un asunto de derechos humanos y de justicia porque están en juego las condiciones básicas que hacen posible la vida”, explica a Mongabay Latam.

Además, afirma que la implementación del Acuerdo de Escazú a nivel territorial permite construir opciones de prevención de la violencia. Como ejemplo, destaca la red de guardianas del agua en municipios de Putumayo, donde hay procesos de formación en la defensa del territorio.

“Creamos una escuela intercultural de justicia ambiental y género, fundamentada en el Acuerdo de Escazú y en la forma como estas mujeres ven el acuerdo y lo amplifican. Son ejercicios potentes de reivindicación, de resistencia y de propuestas para una prevención y un manejo alternativo de los conflictos, para una mayor democracia ambiental y en definitiva una mayor justicia”, expone.

Leer más | Defensores indígenas impulsan la autoprotección mientras exigen más participación para incidir en el Acuerdo de Escazú

Información ambiental limitada

El informe identifica avances en normas y leyes para acceder a información ambiental, uno de los pilares del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, también halló una negativa a entregar información, respuestas desiguales de instituciones responsables y falta de claridad para entregarla de forma accesible a poblaciones vulnerables.

Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, señala que esto se refleja, por ejemplo, con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (ley 1712 de 2014) que, pese a ser una ley completa, es limitada al solicitar información por no contar con disposiciones específicas para la información ambiental.

“Al no tenerse claridad sobre el manejo de la información en materia ambiental, esta es generalmente limitada hacia la ciudadanía, adicionalmente no se cuenta con un enfoque diferencial que elimine barreras de idioma, costos y presencialidad hacia pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, explica Torres.

Tras analizar la respuesta a solicitudes de información hechas a entidades de orden nacional, organismos de control, autoridades judiciales, autoridades ambientales y entidades territoriales, el informe advierte que no hay justificación o criterios para denegar la información solicitada.

Este patrón, indica el documento, genera que haya respuestas que no estén sometidas a la norma o a un criterio, lo que puede alargar el proceso para obtener información.

Leer más | Defensa del territorio a juicio: la lucha de 11 campesinos en Colombia contra la minería escala el conflicto en Jericó

Baja participación pública en decisiones ambientales

La investigación también detecta limitaciones en los mecanismos que permiten la participación pública para la toma de decisiones ambientales, pues aunque existen espacios, suelen operar con acceso limitado y con baja capacidad de incidir en las decisiones finales.

“La participación tiende a concentrarse en etapas tardías y enfrenta barreras para comunidades en situación de vulnerabilidad, lo que limita el cumplimiento de los estándares de participación temprana, informada e inclusiva establecidos por el Acuerdo de Escazú”, se menciona en el documento.

Madrigal propone establecer cinco estándares mínimos para cumplir las obligaciones del Acuerdo de Escazú: la existencia de mecanismos, como audiencias públicas; información mínima sobre la decisión ambiental; garantizar la participación oportuna y previa; dar espacios de deliberación, y adecuar la información a los contextos locales y territoriales. Esto no solo en Colombia sino para cada país que ratificó el tratado.

“Una obligación de derechos humanos que no tenga un estándar es el gran problema que tenemos nosotros. Nunca va a ser ni medible ni verificable, y su incumplimiento va a estar marcado por una subjetividad que le quita legitimidad al propio acuerdo y a las propias acciones territoriales”, comenta.

COP4 de Escazú, una nueva oportunidad

Previo al arranque de la COP4, que se realizará del 21 al 24 de abril en Nassau, capital de Bahamas, los autores del estudio señalan que será un espacio clave para generar mecanismos de evaluación sobre cómo los países están implementando el tratado.

Madrigal señala que las expectativas en este encuentro estarán en darle mayor peso a las personas defensoras ambientales y a que la cooperación se traduzca en financiamiento para su protección.

“Si este es un convenio con un anclaje en la cooperación, hay que empezar a hablar de un fondo que financie este instrumento, para que le dé vida real a nivel internacional”, advierte.

Por su parte, Torres comenta que esa cooperación también deberá traducirse en fortalecer judicialmente a las personas defensoras en los países que han ratificado el acuerdo.

“Se discutirán avances significativos del tratado. Por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo sobre justicia ambiental, lo cual impulsará dinámicas de cooperación entre Estados para fortalecer el Poder Judicial en favor de las personas defensoras. Esperamos que este grupo cuente con la participación del público para garantizar su funcionamiento”, sostiene.

*Imagen principal: Colombia ha iniciado una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, sin embargo organizaciones civiles alertan limitaciones. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

Leer más | Elecciones en Perú: las propuestas sobre minería ilegal en los planes de gobierno son pobres y sin estrategias claras, plantean expertos

“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

Leer más | Guardianes de la Trocha: la banda que se disputa el oro y siembra el terror en La Pampa peruana

Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

Leer más| Viaje al corazón del crimen en Perú: la destrucción que dejan mafias de oro y madera en comunidades del río Santiago

Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

Leer más | Perú: así funciona el sistema de extorsiones, amenazas y asesinatos que devasta los bosques en La Pampa

Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Uno cree que los únicos demagogos son los políticos; a veces, los columnistas de prensa también caen en eso, sobre todo aquellos que han tenido la fortuna de pasar por uno que otro gobierno y luego se convierten en analistas de la cosa política, tal es el caso, por ejemplo, de Luis Guillermo Vélez, Felipe Zuleta Lleras, Néstor Humberto Martínez o Mauricio Vargas.

La demagogia es una estrategia usada para conseguir respaldo popular apelando a las emociones, los miedos o los prejuicios. Al leer la columna del ex funcionario Luis Guillermo Vélez, en La Silla Vacía, encuentro un poco de esos tres ingredientes. Dicho sea de paso, ese mismo sesgo ideológico, una especie de ceguera conveniente, le resta brillo a ciertos capítulos del podcast Déja Vu que hace a dos voces con Alejandro Lloreda para el mismo portal.

Empiezo por decir quién es Luis Guillermo Vélez, antes de desmontar algunas falacias que trae su columna “Por qué Cepeda perderá las elecciones”.

Según Wikipedia, el doctor Vélez es abogado de la Universidad de los Andes; entre otros cargos, ha sido Viceministro de Defensa Nacional y Cónsul General de Colombia en México D.F (durante el gobierno de Ernesto Samper); cabildero de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y Superintendente de Sociedades entre 2010-2014 (durante el gobierno de Juan Manuel Santos), y en su segundo gobierno secretario general de la Presidencia de la República.

Se entiende entonces que el doctor Vélez tenga razones para desear de todo corazón que gane la derecha de sus afectos y, de todo corazón también, desear que pierda la izquierda de sus desafectos. Su apuesta es la candidata uribista Paloma Valencia.

De entrada quiero referirme al título de la columna, porque, usando el mismo símil del fútbol que utiliza él, un partido tiene un tiempo reglamentario (primera vuelta, el 31 de mayo) y un tiempo suplementario en caso de empate o de que ninguno meta los goles suficientes en las urnas (segunda vuelta, en junio).

Si Cepeda ya perdió, pues cancelemos las elecciones, ahorrémonos ese dinerito y vayamos de juerga la noche anterior. El titular que anticipa la derrota de Cepeda me recordó la famosa frase del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, puesta en portada de Semana (entonces bajo la dirección de Vicky Dávila), y que con el tiempo tuvo que tragarse enterita: “Petro nunca será presidente”. El guión va tomando la misma forma, pero con otro nombre: el del candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Lo chistoso es que aquella frase se volvió estribillo en boca de personajes como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo o la hoy candidata presidencial Paloma Valencia.

“Usted nunca va a ser presidente de Colombia”, le dijo Valencia a Gustavo Petro.

Pero volvamos al doctor Vélez y su columna. Aquí esta rápida autopsia a sus afirmaciones.  

“Actualmente las probabilidades en el mercado de apuestas en plataformas como Polymarket están iguales entre los dos. Es decir, la definición del presidente de Colombia está sujeta al lanzamiento de una moneda. Fifty, fifty”.

¿En serio, doctor Vélez? ¿Usted, con un Master in Business Administration, cree que el destino de un país está en manos de una casa de apuestas? En ese caso, démosle también crédito al astrólogo Daniel Daza, quien leyó en las estrellas que Iván Cepeda será el siguiente presidente de Colombia. Ambas cosas constituyen una mirada respetable pero poco seria de la política.

Si Cepeda no gana en primera vuelta, en segunda vuelta se unirán la derecha uribista (representada por Paloma Valencia) y la ultraderecha uribista (representada por Abelardo de la Espriella).

“Suponiendo inclusive que todos los votos verdes, indígenas y progres –que llegan a un poco más de 2 millones– su sumen, la cifra total llega a los 6 o 7 millones de votos, que son los que Cepeda y la izquierda tienen en el bolsillo. Los cuales, valga decir, son el mismo 34% que las encuestas más serias dicen que tiene. Pero no tiene más. Los que piensan que Cepeda puede ganar en primera vuelta se engañan”.

Hacer cuentas alegres es deporte nacional en época electoral. Sin embargo, considero que, sí o sí, Cepeda debe ganar en primera vuelta, porque en junio llegarán ferozmente unidas y con el ánimo de arrasar en las urnas la derecha uribista (representada por Paloma Valencia) y la ultraderecha uribista (representada por Abelardo de la Espriella).

“Faltan los partidos tradicionales y clientelistas, como el Liberal y el Conservador. (…) Los veremos subiéndose a la Palometa en los próximos días, cuando las encuestas reflejen el crecimiento de la candidatura. Si esto se materializa Paloma llegará muy fortalecida a la primera vuelta”.

Esta oración deja claro que si gana Paloma Valencia volveremos al gobierno de la mermelada clientelista para pagar los favores de las maquinarías que mueven el ya no tan glorioso Partido Liberal y el aún menos glorioso Partido Conservador.

“¿Por qué pierde Cepeda? Porque se quedará, por designio, aislado en la izquierda. Algo parecido a lo que le ocurrió a Petro en el 2018. Su estrategia de caminar agarrado de las enaguas del presidente es un error”.

Es exactamente lo mismo que dicen de Paloma Valencia, aunque no me consta que Álvaro Uribe use enaguas. La diferencia está en que Petro es el presidente en funciones, y Uribe un hombre apocado y opacado en el ocaso de su vida política y con líos judiciales aún por resolver. Con todo, quizás quien deba independizarse de su líder supremo sea Paloma Valencia.

“Ninguna encuesta muestra a Petro con una favorabilidad superior al 50%”. 

Otra pequeña mentira, mi doctor. Las dos últimas encuestas del Centro Nacional de Consultoría lo sitúan con una imagen positiva del 54,5% y 50,9%, respectivamente. Hablando de la mitad más uno para ganar elecciones, la pregunta del millón es: ¿Qué hacer para que los buenos números de Petro se traduzcan en votos?   

“Cepeda quiere reforzarla. Por eso escoge a una vicepresidente que no le suma un voto adicional”. 

Empecemos por decir que la fórmula de Cepeda es la senadora y ex gobernadora indígena Aida Quilcué, representante de los territorios. La fórmula Paloma-Oviedo la conforman un bogotano y una mujer payanesa criada en Bogotá. No se entiende esta unión en un país con 32 departamentos y con las profundas grietas ideológicas que separan a Paloma y Oviedo en materia de paz y libertades individuales.

Cepeda escogió a una persona que representa al país de los excluidos, tan excluidos que la propia senadora Valencia, propuso en 2015 separar ese departamento en dos: un territorio para indígenas y otro para mestizos. Ese es resultado de criarse en Bogotá, en medio de privilegios, desconociendo que somos una nación multiétnica y pluricultural.

No se trata, pues, de escoger a quien dé más votos, sino a quien permita sumar sensibilidad social para avizorar un país donde quepamos todos.

“Aida Quilcué les parecerá un sortilegio semiótico a los camaradas del Parkway, pero el mensaje no se le transmite a la ama de casa en Mazurén que está preocupada por la inflación. A punta de resentimiento, lucha de clases y retórica ancestral no logran las mayorías”.

Tremenda lección de clasismo. Creo doctor que en estas líneas se le salió el estrato: el de cierta clase de bogotanos que creen que Colombia empieza y termina de la calle 72 hacia el norte. No señor. Hay otro país real, aunque no tenga apellido ilustre, ni abolengo. Y seamos honestos: el tema de la inflación no es asunto de las señoras (ni las de que viven en Rosales, ni de las sobreviven con lo que pueden en Ciudad Bolívar); ni siquiera es un asunto de los señores, pero ya que toca el tema, es un dato comprobable que Petro recibió la inflación en 10.21%, y hoy la mantiene alrededor del 5%.   

“Decíamos que Cepeda debía conseguir 4 o 5 millones de votos adicionales para ganar (en segunda vuelta necesita inclusive un poco más). No se ven por ningún lado. Y no se tiene ni la capacidad ni la voluntad para conseguirlos. En Chile pasó algo parecido. La candidata comunista –que era la del gobierno– se embolsilló el primer tiquete a la segunda vuelta y su contrincante, que para Chile es un derechista moderado, empujó más a la derecha a Kaiser, su rival ideológico, mientras se tiró a recoger los votos del centro espantados con la posibilidad de que un soviet se instalara en el Palacio de la Moneda”.

Doctor Vélez, ¿por qué no mejor ponemos como ejemplo a México, país mucho más parecido a Colombia que tuvo un primer gobierno de izquierda exitoso con Andrés Manuel López Obrador, quien dio paso a la progresista Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no dejar a un lado la retahíla comunista que usted usó en la entrevista que le concedió a María Jimena Duzán? Tres veces tildó de comunista a Iván Cepeda y las tres veces ella lo corrigió. La misma respuesta aplica para Felipe Zuleta Lleras y su columna “Solo unidos derrotaremos al comunismo”, en El Espectador.

Consulté directamente con la fuente. Resulta que el senador Cepeda sí militó en la Juventud Comunista (Juco) y en el Partido Comunista Colombiano durante su adolescencia y juventud. De allí se retiró en búsqueda de otros credos ideológicos: Alianza Democrática M19, Polo Democrático y, finalmente, Pacto Histórico. Si algún apelativo le cabe a Iván Cepeda es el de hombre socialdemócrata.

“Así fue como José Antonio Kast ganó la presidencia en Chile y será la forma como Paloma la ganará en Colombia”.

El optimismo es bueno para la salud. Con su frase final podríamos dar inicio a otra columna interesante sobre eso que en las redes sociales la gente llama ahora, en tono jocoso, Pa´lomismo.

Su candidata ha dicho que con ella se acaba la Paz Total y llega la Seguridad Total, lo que trae a mi mente, indefectiblemente, la Colombia triste de los falsos positivos en la era Uribe y me lleva a preguntar qué vara de premios habrá esta vez para alentar a los militares a dar resultados en materia de orden público. La señora Valencia dijo además que militarizará la vía Popayán-Cali-Pasto, al tiempo que este confidencial de Semana informa que la candidata recibió el respaldo de 32 generales (r) y cinco ministros de Defensa, entre ellos Martha Lucía Ramírez y Diego Molano.

Al unir una noticia con la otra, no es difícil pensar que la candidata, enemiga del Proceso de Paz del expresidente Juan Manuel Santos, podría tumbar ese tribunal de paz que es la JEP, encargado de revisar los crímenes de exguerrilleros y militares. Lo raro, doctor Vélez, es que usted, como ex funcionario de Santos, nada diga sobre estas cuestiones, habiendo cumplido su papel en el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016. 

Aun así, hay quienes insisten en que ella es una política moderada de derecha, equiparándola con José Antonio Kast, el presidente de Chile, cuyo padre fue miembro del Partido Nazi. Me sostengo en que mientras Uribe sea el poder detrás del trono, en un eventual gobierno de Paloma Valencia el país retrocederá las dos décadas que tanto nos ha costado superar. Perdonen que lo diga gráficamente: Colombia no puede volver como el perro al vómito.

En un momento crucial, merecemos análisis desapasionados: que los analistas hablen menos con el corazón y más con la razón. Se habla mucho de votos y de futurología, y poco sobre los programas de gobierno de catorce candidatos presidenciales, lo que es otro despropósito, pues la inmensa mayoría no tiene opción distinta que aspirar a una embajada.

A la demagogia de nuestra clase política, no podemos añadir la demagogia de los opinadores. Quizás lo que se nos pide es esforzarnos más a la hora de argumentar, menos pereza intelectual. La gente está curada de mentiras y de espantos. Y el que no, que se mire en un espejo.  

Todo comenzó la noche del 16 de octubre de 2025. Pará, una jaguar o yaguareté (Panthera onca) adulta, fue hallada en un complejo habitacional militar en la zona Las 2000 Hectáreas de Puerto Iguazú, en la región de Misiones, al noreste de Argentina. De inmediato se inició un operativo que inicialmente buscaba trasladar únicamente a la madre por el creciente conflicto con los vecinos, pero esa acción se topó con una complejidad no prevista: la hembra estaba acompañada por dos cachorros de no más de dos meses.

Agustín Paviolo, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y coordinador de Proyecto Yaguareté -que participó de la reubicación de los tres felinos-, afirmó a medios locales que la situación de Pará se complicó en 2025, cuando la detectaron en la zona urbana de Puerto Iguazú. En esa área encontraron –dijo- trampas y cebos para matarla y que incluso los habitantes iban a tomar medidas por su cuenta. El investigador afirmó que la presencia de las crías no estaba confirmada antes del operativo, aunque era una posibilidad que barajaban.

Leer más | Con el nombre de tollos, Chile consume a ciegas tiburones en peligro crítico de extinción

“Había indicios, en algún video la vimos medio panzona, pero no lo sabíamos con certeza. De cualquier forma, analizamos todos los escenarios. No hubo improvisación: fue un procedimiento planificado”, dijo Paviolo.

Los tres felinos –las crías todavía eran lactantes- fueron llevados al parque provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí. Tras la liberación, la madre se alejó del lugar, según el collar de GPS que tiene instalado, mientras que los cachorros quedaron en las inmediaciones del sitio de traslado. Desde entonces, no se volvió a tener registro de las crías.

La medida despertó duras críticas a la reubicación de jaguares o yaguaretés. Está en curso una investigación federal para determinar si el procedimiento de traslocación fue el adecuado y poder ubicar a las crías o conocer su destino. Una de las hipótesis es que los cachorros fueron abandonadas y no pudieron sobrevivir solas en el lugar donde fueron relocalizadas.

Nicolás Lodeiro Ocampo, director de la Red Yaguareté, explicó a Mongabay Latam que tres entidades decidieron la traslocación de Pará: el Ministerio de Ecología de Misiones, el equipo del Proyecto Yaguareté del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Administración de Parques Nacionales.

“Todos intervinieron, todos decidieron, todos avalaron y todos participaron”, dijo Lodeiro Ocampo, quien aseguró que, si la Red Yaguareté participaba en ese operativo, se hubiera ejecutado dos acciones: que Pará y sus cachorros fueran llevados a un recinto seguro en la zona de Iberá para analizar los pasos a seguir o automáticamente hubieran sido liberados nuevamente en su lugar de captura. “Jamás habríamos permitido un traslado criminal a Esmeralda. Conocemos del tema, conocemos más aún la historia de traslocaciones y a todos los actores involucrados”, reprochó el experto.

La reubicación de jaguares ya ha provocado debates entre autoridades y expertos en otros países. En Colombia, como informó Mongabay Latam en noviembre pasado, la decisión de trasladar a un jaguar macho adulto no fue bien recibida por especialistas en fauna silvestre.

En el caso colombiano, como en el de Pará, pobladores locales habían advertido que matarían al felino, lo que motivó el traslado. Pero desde la perspectiva de los expertos críticos a la decisión, la medida fue injustificada científicamente y debió considerarse solo como último recurso, priorizando antes protocolos orientados a la coexistencia entre comunidades humanas y esta especie.

Lodeiro Ocampo añadió que Pará vivía en un lugar donde podía caminar y llegar tranquilamente hasta una casa habitada. Es por eso -dijo- que se exigió que se instale un alambrado perimetral como existe en muchos parques nacionales y advirtió que el problema no lograría solucionarse con el traslado de la jaguar. “Es seguro que el territorio que Pará utilizaba y defendía de otros yaguaretés ya esté ocupado por otro ejemplar al encontrarse vacío. ¿Ya se desarrollaron medidas eficaces para que esa nueva dominante no haga lo mismo que ella?”, preguntó el experto.

Parte de la investigación

La Red Yaguareté presentó ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) un escrito de más de 30 páginas con su posición sobre el caso. El caso judicial comenzó con una denuncia anónima a la que la organización se adhirió. La red presentó ante la Fiscalía  antecedentes históricos de situaciones de conflictos del yaguareté o jaguar con poblados en Misiones, traslocaciones fallidas de yaguaretés y pumas en Misiones y opiniones técnicas de expertos nacionales e internacionales que claramente expresan su negativa a un traslado de esta naturaleza y de esta forma.

Leer más | Sonidos, imágenes satelitales y paciencia: cómo la ciencia estudia a la megafauna marina que habita la mexicana Bahía de Banderas

Además, se solicitó la citación a declaración indagatoria a personal y profesionales del Ministerio de Ecología de Misiones, del Proyecto Yaguareté del Conicet y funcionarios de Parques Nacionales que están involucrados en el operativo de captura y traslado.

El Ministerio de Ecología de Misiones no respondió a las preguntas enviadas por Mongabay Latam, pero en un comunicado a medios locales afirmó que el operativo de reubicación de Pará y sus dos cacharros duró nueve días y en esa acción participaron varias organizaciones.

“El procedimiento [de captura] consistió en la instalación de jaulas trampa y lazos en los senderos más transitados, con monitoreo constante a través de transmisores y presencia rotativa de equipos técnicos. Una vez capturado el ejemplar, los especialistas del Imibio realizaron la toma de muestras biológicas para análisis genéticos y el resguardo del ADN en el Biobanco provincial”, expresó en un comunicado la institución provincial.

Además, el Ministerio de Ecología de Misiones aseguró que primero se capturó a Pará y luego de “varias horas” lograron capturar a sus crías. Para esta entidad, la relocalización al parque Esmeralda fue una “decisión correcta”. Sin embargo, el organismo oficial no establece dónde están los cachorros luego de la relocalización. Sobre las crías, el informe oficial reconoce: “No es posible determinar con certeza su situación actual” y admite que “las cámaras trampa no registraron el egreso de los cachorros”.

“En ese lugar se llevó adelante el proceso de ambientación y reunificación familiar bajo la supervisión de guardaparques provinciales, personal del Imibio, la Fundación Azara, el Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre «Güirá Oga» y el Proyecto Yaguareté [de Conicet], que controlaron su adaptación al nuevo entorno”, continuó el comunicado.

Rafael Hoogesteijn es médico veterinario, especialista en conflictos entre jaguares y ganado vacuno y miembro de Panthera, organización mundial dedicada a la conservación de los felinos salvajes. El experto, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que una traslocación en felinos es una “medida de última aplicación”, cuando ya se realizaron otras acciones que no tuvieron éxito. En el caso de Pará se aplicó como medida inmediata.

“Las traslocaciones en grandes felinos no dan resultados. ¿Por qué? Porque cuando el felino es consumidor de ganado y lo traslocan, en la nueva localidad es muy posible que lo vayan a matar, especialmente los ganaderos. El otro problema es que están trasladando parásitos y enfermedades de una región a otra, incluso introduciendo nuevos parásitos y nuevas enfermedades”, destacó Hoogesteijn.

El especialista añadió que en el caso de los jaguares estos son rechazados por los mismos jaguares que habitan en la zona elegida para la traslocación, especialmente si son machos. “Inclusive hay peleas fuertes y el jaguar traslocado es matado por los jaguares locales”, dijo Hoogesteijn, quien acotó que hay casos escasos donde una jaguar joven es aceptada por los jaguares locales con miras a la reproducción. Pero este no es el caso de Pará, que, se estima, tiene ocho años.

“En muchos otros casos los felinos caminan muchos kilómetros regresando al lugar donde fueron capturados. Entonces, las traslocaciones se ven muy bonitas en los medios de comunicación, pero es carísimo y generalmente los resultados son ineficientes”, dijo Hoogesteijn.

Reubicación cuestionada

En el caso de una traslocación de una jaguar con sus crías, Hoogesteijn afirmó que esa situación “es mucho más difícil”, ya que las hembras adultas no pueden moverse mucho para cazar y lograr alimentos para sus crías y para dar de lactar. “Cuando ellas están en un territorio que ya conocen, ellas van a buscar las presas donde ya conocen y se les hace más fácil, pero cuando son traslocadas se les hace más difícil, ya que primero tendrán el rechazo de jaguares locales y, segundo, no conocen el área para poder cazar y establecerse. Además, los cachorros traslocados pueden ser matados por los jaguares locales”, dijo.

Leer más | Día Internacional de la Mujer: tres lideresas rompen el molde en las guardias indígenas dominadas por hombres

Los cachorros permanecen con paradero desconocido desde finales de octubre pasado. Según informó la Ufima, la investigación preliminar se encuentra en trámite, a la espera de informes técnicos de los organismos especializados.

Lodeiro Ocampo advierte que el parque Esmeralda no era el destino más adecuado y recuerda que se había propuesto trasladar a los animales al Parque Nacional Iberá, en Corrientes, como alternativa inicial. Sin embargo, desde el Ministerio de Ecología argumentaron que se priorizó “mantener al ejemplar dentro de su ecorregión de origen (Selva Paranaense)”. Sin embargo, la Red Yaguareté identificó a Esmeralda como una zona donde la caza ilegal de felinos creció en el último tiempo.

En 2023, la propia Pará fue víctima de caza ilegal. La jaguar perdió un ojo y registró marcas de perdigones en su cuerpo durante una revisión. Es por eso que le pusieron un collar satelital, que hasta ahora funciona y permite que sea monitoreada, pero según Londeiro Ocampo es “imposible” acceder a las rutas que siguió Pará en este último tiempo.

Sebastián Di Martino, director de Conservación de Fundación Rewilding Argentina, organización que no participó del operativo, afirmó a Mongabay Latam que en hembras con crías una situación de estrés, como una traslocación, puede provocar abandono de la madre. Por eso existen –dijo- distintas modalidades de liberación: algunas con adaptación previa en corrales (suelta blanda) y otras directo en el ambiente (suelta dura).

“Con animales provenientes de cautiverio suele ser preferible una suelta blanda; si es un animal silvestre, la suelta dura puede ser una opción. Como sea, no hay que demonizar el manejo: una especie en peligro crítico de extinción requiere acciones activas para recuperarla”, afirmó Di Martino.

Pará camina sola. Está todavía en el parque Esmeralda, pero no se sabe si está a salvo. Su collar satelital y las cámaras trampa lo ratifican, pero no hay novedades sobre los cachorros. La tecnología no muestra a las crías y las críticas aumentan por la traslocación.

Imagen principal: Pará camina por el bosque del norte argentino antes de ser capturada para su traslado junto a sus crías. Foto: cortesía Red Yaguareté.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Mariátegui, 1928.

En septiembre de 1926 apareció el primer número de la Revista Amauta, creada por el pensador peruano José Carlos Mariátegui, uno de los intelectuales marxistas más creativos del siglo XX. El nombre de la Revista era un homenaje a los antiguos maestros educadores de la nobleza en el imperio incaico; solo “refleja el homenaje al incaismo”, sostuvo el peruano, pero con un sentido y fines diferentes, un sentido, una acepción, que había que crear en un Perú y en un mundo nuevos, más allá del capitalismo.

La revista Amauta forma parte de la inmensa, heroica y original tarea que asumió Mariátegui tras su regreso de Europa en 1923, de crear un socialismo peruano, indoamericano. Esta tarea sonaba extraña para los marxistas de manual que pensaban que el socialismo solo era factible y posible en países con un capitalismo desarrollado, que hubiera completado las etapas del desarrollo histórico que había tenido en Europa, esto es, en sociedades que, de acuerdo con el Komintern, hubieran atravesado el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo y se hallaran en un capitalismo con una burguesía y un gran desarrollo de la clase proletaria.  

Pues bien, sin conocer al último Marx, el mismo que le había contestado en 1881 en una carta a Vera Zasúlich que era posible partir de la comuna rural (la obschina) para construir el socialismo en Rusia, sin necesidad de atravesar todas las etapas del desarrollo que el capitalismo había tenido en Inglaterra y en los países occidentales, Mariátegui llega a la misma conclusión y se empeña en construir el socialismo en la periferia de Europa. Si Marx, y los primeros populistas rusos (naródniki) del siglo XIX como Herzen o Chernyshevski , pensaba que era posible partir de la comuna rural  y construir el socialismo, eso sí, aprovechando los aportes materiales, técnicos y espirituales creados por la modernidad y el capitalismo en Occidente, Mariátegui buscó recuperar el ayllu incaico, como unidad básica económica y social, y las formas y relaciones comunitarias indígenas y agrarias supérstites, para edificar un nuevo socialismo.  

Mariátegui no buscaba revivir el incaismo, ni extender el comunismo indígena y sus formas supérstites al resto del Perú. Él no pensaba en revivir una identidad sustancial, virginal y pura del indígena. Eso ya no era posible en un Perú cuyas instituciones eran básicamente occidentales, y donde el país estaba inscrito ya, atravesado, por esa cultura. Lo que él pretendía era aprovechar esos elementos cooperativos sobrevivientes, esos insumos, para construir el socialismo en el Perú. Esto lo deja claro en 1928 cuando dice que:  

“no significa en lo absoluto una romántica y antihistórica tendencia de construcción o resurrección del socialismo incaico, que correspondió a condiciones históricas completamente superadas y de la cual solo quedan como factor aprovechable, dentro de una técnica de producción perfectamente científica, los hábitos de cooperación y socialismo de los campesinos indígenas. El socialismo presupone la técnica, la ciencia, la etapa capitalista, y no puede imponer el menor retroceso en la adquisición de las conquistas de la civilización moderna y la máxima y metódica aceleración de la incorporación de estas conquistas en la vida nacional”.

Lo que hizo Mariátegui fue un análisis detallado, materialista de la realidad peruana, de su economía semifeudal, con la existencia de grandes gamonales latifundistas, que, adornados con el liberalismo, habían expropiado las tierras de los indígenas, pero que no habían dado el paso a la economía moderna, del libre trabajo y salario. Mas bien, esas relaciones y estructuras económicas habían perpetuado formas de servidumbre indígena, formas de explotación de su trabajo, que no eran condescendientes con las exigencias de un capitalismo moderno. Eso creó una “economía colonial” articulada al capitalismo extranjero de la época.

Digamos que antes de la teoría de la dependencia, Mariátegui había mostrado como las burguesías latinoamericanas, señoriales como en el Perú, no estaban interesadas en defender la nación, sino que eran cómplices de las burguesías metropolitanas y del capital extranjero. Como el último Marx, el posterior a 1867, Mariátegui se percataba de la existencia de un desarrollo desigual y periférico; un capitalismo dependiente, como se diría después. Esto es lo que aparece en su obra cumbre 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de 1928, uno de los mejores ejemplos, en Nuestra América, de la aplicación de la concepción materialista de la historia en la investigación de las realidades y las formaciones sociales concretas.    

Entonces, si el problema del indígena en el Perú era, principalmente, económico, y si estaba atado al problema de la tierra, había que superar y liquidar las estructuras políticas, de poder (el gamonalismo) y la base económica (el latifundio), para eliminar la servidumbre indígena. Por eso era necesario construir una voluntad nacional-popular, una voluntad común, una hegemonía en los términos de Gramsci, para transformar la realidad peruana. Ello no implicaba asumir que ahora el indígena era el “sujeto revolucionario de la historia” o algo similar. No. Exigía la articulación de las masas indígenas campesinas, con los obreros, los intelectuales, los estudiantes, que animados por el mito del socialismo, se encaminaran de forma heroica a construirlo. Era la aplicación de la idea de Lenin de la “alianza”. Y en este proyecto político, el mito, que Mariátegui había tomado de Georges Sorel, operaba como pegante emocional, como élan revolucionario que inspiraba, motivaba y se expresaba en la praxis política misma.

En verdad, en Mariátegui el partido y el proletariado seguían siendo la vanguardia en la creación del socialismo peruano, pero él comprendía que en un país donde las cuatro quintas partes de la población era indígenas campesinas, no se podía lograr la cancelación de la servidumbre si esas clases no estaban igualmente emancipadas. En Perú, la superación de la servidumbre, la solución del problema del indio, la liberación nacional y la lucha contra el imperialismo, en fin, la construcción de un socialismo autóctono, que aprovechaba la tradición, pero que también asumía los logros modernos, era tan solo una etapa, una fase, de la construcción de un socialismo cosmopolita más allá de la crisis del capitalismo y de la civilización occidental. Crisis que en Europa era patente tras el final de la Gran guerra (1914-1918), tal como aparecía en el libro La decadencia de Occidente de Oswald Spengler.

Mariátegui no fue un indigenista fundamentalista, pero tampoco fue un marxista eurocéntrico. Odiaba la borrachera del nacionalismo mal entendido, ese nacionalismo de vacas al que se refería Nietzsche, que rechazaba las ideas extranjeras, como si pudiéramos, por ejemplo, prescindir de la teoría de la relatividad; pero también llamaba a que el socialismo en América no fuera “copia y calco” del europeo. El socialismo peruano debía partir de la realidad concreta, de un análisis de sus clases sociales, las relaciones de producción, sus formas económicas semifeudales, su economía colonial subordinada al capital extranjero; debía reconocer el grado de desarrollo pero, igualmente, debía prestar atención a la cuestión cultural y educativa del indio, del peruano en general, como bien lo percibió Augusto Salazar Bondy.

En este último aspecto Mariátegui acogía el gran énfasis que el marxismo historicista italiano en el que se formó, el de Benedetto Croce, Gobetti, Gramsci y, por su puesto de Lenin en Rusia, daba al papel de la cultura. El Amauta entendía que se necesitaba una reforma cultural y moral, pero esta se lograba en el trabajo con las masas, con la educación por medio de las escuelas rurales y agrarias, con el periódico, con las revistas y también en las cátedras de las universidades populares.

La Revista Amauta fue, entonces, uno de esos artefactos culturales para elevar el nivel intelectual, de conciencia, de las masas populares. Un medio para dar la batalla cultural, diríamos hoy. Por eso en el primer número decía: “El objeto de la revista es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde puntos de vista doctrinarios y científicos. Pero consideramos al Perú siempre dentro del panorama del mundo”. La revista se presentaba como parte del proyecto de construcción del socialismo en el Perú, junto a Labor, el periódico creado para los obreros y las distintas organizaciones que hubieran acogido el mito socialista. Duró 4 años y alcanzó a publicar 32 números. Articuló parte de la intelectualidad del continente, y publicó crítica literaria, análisis político, corrientes filosóficas, etc.

Era una revista con espíritu, parte de un proyecto. No era como las revistas académicas actuales que reproducen el paperfordismo y, con él, la mercantilización burda del conocimiento. Era una revista con claridad política, sin la asepsia ideológica y burocratil de las revistas actuales.       

El marxismo sui generis de Mariátegui.

Hay que decir que el de Mariátegui fue un marxismo original, algo ecléctico, y sin el calado teórico al estilo de un Adorno, un Lukács, un Korsch, pero que rescataba el ethos revolucionario y el pathos como motor de la praxis revolucionaria, y cuya mejor virtud era la capacidad para aplicar el método al análisis de la realidad concreta. Con acierto ha dicho el filósofo Pablo Guadarrama, que: “[ Mariátegui] no andaba en busca de tarjetas de entrada al exclusivo reino de los filósofos. No era su preocupación y no hizo esfuerzo especial por parecerse a ellos”. Esto se debe a que Mariátegui fue, ante todo, un autodidacta, un militante, un revolucionario, pero fue un auténtico genio, uno de esos frutos escasos de la historia, con una gran capacidad para “tomar fotos” de la realidad, para analizar lo que ocurría en el mundo. Su método “periodístico y cinematográfico”, como dice en 1925, en la Advertencia de su libro La escena contemporánea, está basado en la siguiente idea de Bergson:  

“Tomamos vistas casi instantáneas de la realidad que pasa, y como son características de esa realidad nos basta con ensartarlas a lo largo de un devenir abstracto, uniforme e invisible, situado en el fondo del aparato del conocimiento, para imitar lo característico del devenir mismo. En general, percepción, intelección y lenguaje proceden así. Tanto si se trata de pensar el devenir, como de expresarlo o, incluso, de percibirlo no hacemos más que accionar una especie de cinematógrafo interior. Todo lo que precede podría resumirse diciendo que el mecanismo de nuestro conocimiento usual es de naturaleza cinematográfica”.

Creo que en esa capacidad de ver lo esencial, de articular las escenas, de hacer síntesis de los fenómenos, está su genialidad. Por otro lado, el marxismo de Mariátegui abigarra elementos heteróclitos. Eso se debe al mencionado eclecticismo (visto de manera positiva) y de las fuentes de las que bebió. Él admiró a Sorel quien estuvo influido por Proudhon, Nietzsche, Bergson; tomo elementos de Croce, de James, de Simmel y otros. En fin, asumió contenidos de los mal llamados “irracionalismos” (que prefiero llamar filosofías de la vida o Lebenphilosophie), los cuales también rescataron la interioridad humana sus pasiones, sus afectos, las emociones, y buscaron un humano más íntegro, sensible, espiritual. Las filosofías de la vida de la Europa finisecular contenían, también, una crítica de la cultura. Mariátegui asumió ideas vitalistas, como la crítica de la razón y el énfasis en la afectividad humana. Ahí veo uno de sus más interesantes aportes: el peruano entendió la dimensión afectiva de la política, comprendió que el mito (y su vitalismo intrínseco) puede ser usado tanto por el fascismo como por los revolucionarios socialistas. El suyo por eso es, strictu sensu, un marxismo vitalista.     

Ma parece importante, también, hablando de las fuentes marxistas de Mariátegui, no sobredimensionar las posibles influencias de Gramsci. En ellos se presenta, ciertamente, un pensamiento convergente, pero llegaron a ideas parecidas por vías diferentes. Si bien es cierto que ellos coincidieron en Livorno en 1921, según dice Héctor Alimonda, la obra más relevante de Gramsci, sus famosos Cuadernos de la cárcel, fue escrita después de 1926 cuando fue encarcelado. Para ese año Mariátegui ya residía en Perú tras su regreso en el año 1923. Es más, la obra importante de Gramsci fue conocida años después, tras 1945, por lo tanto, “Mariátegui sigue un camino independiente del recorrido por el historicismo marxista, son discursos homólogos, pero que se desconocen mutuamente”.

Todo esto es lo que hace de Mariátegui, justamente, un pensador creador, que entendió la dimensión abierta y crítica del marxismo y que no repitió, por ejemplo, la cantinela de que había en Marx una filosofía de la historia o un determinismo histórico, pues esas posiciones las había superado el “último Marx” ya en la década de 1870.  Mariátegui no llegó a pensar, tampoco, que su papel en la historia fuera el de volverse custodio del pensamiento de Marx, sino que su tarea era medirlo, estrujarlo, repensarlo, en relación con la especificidad de las realidades históricas y geopolíticas. En eso consiste, también, su grandeza.

Referencias bibliográficas.

• Alimonda, Héctor. (2010). “Presentación: La tarea americana de José Carlos Mariátegui”. En Mariátegui, José. La tarea americana, (p. 11-29). Buenos Aires: Clacso, Prometeo.
• Bergson, Henry. (1973). La evolución creadora. Madrid: Espasa-Calpe.
• Gramsci, Antonio. (1971). El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Buenos Aires: ediciones Nueva Visión.
• Guadarrama, Pablo. (2013) “La dimensión concreta de lo humano en José Carlos Mariátegui”. En Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia, (p. 233-248). Tomo III. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Editorial Planeta. 
• Mariátegui, José Carlos. (1967). En defensa del marxismo. 3ª ed. Lima: Biblioteca Amauta. 
• Mariátegui, José Carlos. (1995). 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Biblioteca Amauta.
• Mariátegui, José Carlos. (2010). En La tarea americana. (Alimonda, Héctor, ed). Buenos Aires: Prometeo, CLACSO. 
• Mariátegui, José Carlos. (2021). Antología. Selección, introducción y notas de Martín Bergel. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
• Marx, K. (1980). “Karl Marx a Vera Zasúlich”. En:  En Marx, K., y Engels, F. Escritos sobre Rusia II. El porvenir de la comuna rural rusa, (p. 60-61). México: Cuadernos del pasado y el presente.
• Pachón, Damián. (2024). La disputa del sentido común y la transformación del orden social. Los aportes de Antonio Gramsci. Bogotá: Desde abajo.
• Salazar Bondy, Augusto. (2015). “Un salvador de Mariátegui”. En Rojas, Joel et al. Repensar a Augusto Salazar Bondy. Homenaje a los 90 años de su nacimiento, (p. 58-63). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.