Para el momento en que Argemiro Luzardo* experimentó la sutil inminencia de la muerte llevaba unas tres horas sumergido en el agua. Casi a punto de terminar su trabajo notó que la manguera que había estado manipulando dejó de succionar material; se atascó entre las piedras profundas y verdosas del río Inírida, en el departamento de Guainía, en Colombia. En la superficie, sus compañeros esperaban señales mientras la balsa se bamboleaba. Estaban allí para sacar arena y restos de rocas que, tras un rudimentario proceso con mercurio, terminarían convertidas en pepitas de oro.

Decidió salir a flote y, estando a metro y medio de lograrlo, sintió el estallido de una gran ola que lo devolvió a lo hondo del cauce. La manguera, de unas 10 pulgadas, ocasionó un derrumbe en las entrañas turbias del lecho. La tierra debajo del agua crujió.

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Otras piedras conocidas entre los mineros como “mariposas” —porque tienden a moverse y a volar dentro del río— se desplazaron creando un jugo de barro y palos que le impidieron a Luzardo ver algo de luz. Varios años después, sentado en la cocina de su casa a orillas del río Inírida, recuerda que estuvo sumergido en el caos no más de diez segundos, tiempo suficiente como para haber creído que moriría.

La historia de este hombre de 55 años, de padre curripaco —pueblo con alta presencia en la amazonia colombiana— y de madre indígena yeral, originaria de Brasil, es apenas una mínima muestra de los lastres que deja la minería ilegal en el departamento del Guainía. Hace más de diez años, Luzardo aprendió en Brasil el riesgoso oficio de ser buzo, un trabajo que hoy sigue realizando pese a los peligros y que es muy apetecido por las dragas que extraen oro de los afluentes amazónicos.

Es tan cotizada esa labor, que en la zona se ha sabido de gente a la que han enviado a Miami, Estados Unidos, para entrenarse en la complejidad del océano, según cuenta Juan Sebastián Anaya, experto en los impactos de la minería y asesor de incidencia política en la Fundación Gaia Amazonas.

El pago para los buzos en el río Inírida se traduce en metal dorado. El mismo Luzardo dice que 40 % de lo que sacan siempre está destinado al hombre capaz de arriesgar su vida sumergido en profundidades que pueden llegar hasta los 40 metros.

Cada balsa podría llegar a extraer 20 gramos de oro en una semana, cuenta el buzo. Dos fuentes consultadas en el territorio indican que en la zona (para septiembre de 2025) comerciantes informales estaban comprando el gramo a 410 000 pesos colombianos (unos 97 dólares).

No es un secreto que la zona está plagada de dragas, artefactos responsables de una buena parte de la contaminación con mercurio en los ríos. Mongabay Latam y Vorágine recorrieron distintos parajes del departamento y a través de varias entrevistas con trabajadores informales de la minería de aluvión —a los cuales protegemos por seguridad— pudimos establecer la ubicación de al menos 31 balsas que, a plena luz del día, continúan sacando oro del río Inírida, una actividad que ha dejado preocupantes daños al ambiente y, de paso, a la salud de los habitantes de esta región selvática del oriente del país. La mayoría de las balsas son operadas por la guerrilla, relata un hombre que recorre constantemente la zona y de quien omitimos su nombre por razones de seguridad.

Una draga es algo parecido a una barcaza flotante que trabaja directamente sobre el lecho de los ríos. En un trayecto por el río Atabapo, que divide a Colombia de Venezuela, observamos una de ellas en pleno funcionamiento. La función principal de esta infraestructura, que a simple vista luce precaria, es servir como un centro donde se realiza la amalgamación (o compactación) del oro que se encuentra disperso en el sedimento del río. Este proceso se logra al mezclar el material extraído con mercurio metálico, que se une al oro, lo que permite luego su separación del resto de componentes de los sedimentos.

La pregunta es, ¿qué hacen luego con el mercurio? ¿Cómo lo manipulan? Ramiro Andrade*, un hombre que se gana la vida transportando en lancha a los mineros que trabajan en las balsas, lo ha visto con sus propios ojos:

—Lavan, sacan el material y lo botan. Lo botan por ahí, así, al borde, nomás llega un aguacero y eso cae al río otra vez, imagínese—dice—.

Esa es la razón por la que las dragas son una gran amenaza para el ambiente. Un informe de consultoría de la Gobernación del Guainía (2018-2019) indica que todos los desechos del proceso de extracción de las balsas detectadas en la región son vertidos directamente al ambiente, sin ningún tipo de tratamiento, tal como lo reafirma Ramiro, el motorista. Una vez en el agua y por su alta densidad, el mercurio usado en la extracción se va al fondo del río. Ese es apenas el comienzo del desastre ambiental.

La mayor toxicidad aparece cuando microorganismos del fondo de los ríos convierten el mercurio inorgánico en metilmercurio, la forma más peligrosa para los humanos. Un estudio del Instituto Sinchi documenta que este componente se acumula a lo largo de la cadena alimentaria hasta alcanzar sus mayores concentraciones en los llamados depredadores tope, que son los peces carnívoros en la cima de esa cadena. En ellos, el químico se concentra en el tejido muscular, lo cual es grave si se tiene en cuenta que el pescado es la base de la dieta en Guainía.

Economías ilegales, sin freno

Pablo Álvarez* es un joven venezolano que trabaja con personas que trafican el mineral coltán en Guainía. Desde el balcón de un hotel en Puerto Inírida dice que llegó a la zona atraído por la riqueza de vetas (depósitos de minerales) que hay en la región.

“Es de los lugares del mundo donde más encuentras minerales, están a flor de piel, de aquí puedes sacar oro, coltán, estaño, rodio… es impresionante. El coltán es más abundante que el oro”, dice.

Tener en el bolsillo gramos de metal dorado, añade, es como andar con plata en efectivo y por eso sigue siendo tan apetecido. El rodio, en cambio, se parece más a cargar con una pieza de arte porque se vende en lugares más especializados.

Y es que gran parte del territorio de Guainía se asienta sobre el Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, con rocas que tienen más de 1800 millones de años. Estos suelos tan antiguos facilitan la presencia de metales valiosos y de minerales como las tierras raras porque sus estructuras —como fallas y vetas— actúan como canales por donde circularon antiguas aguas calientes del subsuelo, capaces de mover y concentrar minerales. En resumen, la historia geológica de Guainía explica en buena parte la riqueza minera que hoy se encuentra allí.

En contraste, en Guainía es difícil que brote una mata de coca. No es el terreno más propicio para que se extienda el cultivo. Y eso ha traído cosas buenas y malas. Por un lado, en esta parte del mapa colombiano el conflicto armado se ha sentido con un poco menos de intensidad que, por ejemplo, en el departamento de Putumayo (en el último informe de cultivos ilícitos Guainía registró 42 hectáreas sembradas, mientras en Putumayo se contabilizaron 53 343). Pero por otro, los grupos armados han encontrado en la minería una fuente de financiación menos perseguida que el narcotráfico.

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Dragas arrojan mercurio sin control

En nuestras visitas a campo, mineros informales describieron el panorama de las balsas ilegales a lo largo del río Inírida. Señalan la presencia de 31 dragas activas, ubicadas a más de seis horas en lancha desde Puerto Inírida, pasando por los cerros de Mavicure y en dirección a la reserva Puinawai, mucho más al sur del departamento. El daño comienza a apreciarse con mayor claridad río arriba de una comunidad llamada Morroco. Las zonas de mayor concentración se extienden desde un sitio conocido como Caño Mina hasta otro de nombre Zancudo, incluyendo comunidades como Báquiro y Barranco Alto, donde los entrevistados calculan la presencia de al menos doce balsas en un solo sector. La mayoría de las dragas, insisten las fuentes, pertenecen a la guerrilla.

Los grupos armados ejercen en la zona una fuerte influencia, como dueños directamente de las balsas o cobrando “vacuna” a los operadores civiles. Para evadir a las autoridades, la guerrilla frecuentemente disfraza su propiedad usando como fachada a miembros de la comunidad.

Así se ve reflejado en varios documentos reservados de la Fiscalía General de la Nación y Ejército conocidos por Mongabay Latam. Estos confirman lo dicho por las fuentes consultadas en el territorio y además dan cuenta de que la problemática viene de tiempo atrás. Se trata de seis informes producidos entre 2020 y 2022, que revelan información crucial sobre el accionar de grupos armados en la zona.

La mayor parte de este material se compone de reportes de inteligencia militar, como apreciaciones estratégicas y diagnósticos orientadores emitidos por batallones del Ejército. Estos documentos están formalmente clasificados como “secretos”. También hay archivos de la policía judicial, incluyendo informes de campo y declaraciones juradas de testigos, producto de investigaciones de la Fiscalía.

Los papeles indican que en la zona, ya desde 2020, operaba una intrincada red de explotación de oro de aluvión, arenas negras y materiales asociados al coltán, controlada y financiada por lo que las autoridades llaman Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r). Entre ellos está la Estructura Acacio Medina (disidencia de las FARC asociada a la Segunda Marquetalia) y la comisión Santiago Lozada del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un informe citado por el diario El Tiempo de 2025 señala que ambos grupos estarían operando unidos en la región.

El negocio de las dragas —continúan los documentos reservados— se sostienen también gracias a lo que los guerrilleros llaman «impuestos de guerra»: “Los propietarios de estas unidades de extracción, que pueden producir hasta 50 gramos de oro diarios, son obligados a entregar aproximadamente dos gramos de oro por draga funcional al día a las estructuras residuales”. Es entonces cuando el mineral ingresa a la cadena de comercialización a través de presuntos integrantes de la red de apoyo, es decir, milicianos vestidos de civil que operan desde los pueblos. Estos últimos coordinan los insumos y traen repuestos de maquinaria para la minería de ciudades como Villavicencio (Meta).

Hay dos formas de sacar el oro del Guainía. Los informes de las autoridades que citamos líneas arriba muestran que el “blanqueo” —como se llama a los mecanismos usados para legalizar el oro— se ejecuta principalmente en el municipio de Puerto Inírida. Allí algunos establecimientos de compraventa actúan como «fachadas de legalidad». En estos locales facilitan el lavado de activos de los grupos armados.

El proceso de «formalización» se da cuando el oro llega a estas compraventas, allí es reportado a nombre de supuestos mineros artesanales o “barequeros”, que están inscritos en Registro Único de Comercializadores Mineros (RUCOM). Después llevan el metal a las ciudades siguiendo distintas rutas. Una de las mencionadas es el trayecto Puerto Inírida-Cumaribo (Vichada)-Villavicencio (Meta)-Bogotá. En ocasiones, dice uno de los documentos clasificados, este tipo de tráfico cuenta con el apoyo de funcionarios o miembros de la fuerza pública.

Por otra parte, los mineros consultados por Mongabay Latam hablan de un desgaste de los canales habituales y aseguran que muchos traficantes desvían el botín por otras vías. Esto se debe a que en Inírida cada vez hay más ojos. Transportan el material por río hacia el municipio de San José del Guaviare y de ahí lo sacan para Bogotá. Prefieren este camino, narran al menos dos personas de la zona, porque, en comparación con Inírida, los operativos se concentran en la cocaína y no en el oro. Mencionan que también hay contrabando en Brasil, donde pagan un precio más alto, aunque no especifican los montos. El mercurio llega a la zona gracias a las labores de grandes comerciantes locales, quienes son, a su vez, administradores o testaferros de fondos de la guerrilla, se lee en los papeles de inteligencia.

Mongabay Latam quiso contrastar con el Ejército Nacional los testimonios y datos que recogimos en la región, así como los documentos secretos. La solicitud fue enviada al general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante de la fuerza a nivel nacional, quien autorizó una entrevista con la Brigada 28 de Selva, responsable de la seguridad en esta parte del territorio colombiano. Sin embargo, tras el envío de un cuestionario con preguntas sobre operativos desarrollados en Guainía contra la minería ilegal, no obtuvimos una respuesta.

Ríos y personas contaminadas, según estudios

José Paiva Cordero no se paró de la cama durante quince días. Fue tanto el delirio por la fiebre que llegó a pensar que sus dolencias lo estaban subiendo al cielo; es su manera de decirlo. El capitán Iván Hernández, un joven indígena de 29 años que tiene la responsabilidad de liderar y tomar las decisiones más importantes de la comunidad, entró en desesperación.

Playa Blanca, donde vive, es un caserío escondido en uno de los bordes del río Atabapo, afluente que delimita la frontera entre Colombia y Venezuela, y expuesto a uno de los focos de mayor contaminación por mercurio, según un estudio de la Gobernación de Guainía que procesó muestras que datan de 2019. Allí no hay ni siquiera un acetaminofén. Mucho menos un centro de salud. Quizás no era tan grave la enfermedad de José Paiva, quizás sí. El caso es que no hubo un diagnóstico. Los síntomas deambularon libremente por el cuerpo de este hombre de 66 años: dolor de cabeza, malestar general, mareo, deshidratación. Paiva sobrevivió, dicen en su comunidad, gracias a las plantas de una curandera. Esa es la constante en esta región fronteriza: un abandono absoluto del Estado.

El tema no deja de ser grave si se tienen en cuenta antecedentes que evidencian que los ríos de la zona están contaminados con mercurio. Mongabay Latam analizó los seis estudios más recientes sobre la presencia de este metal en los afluentes de Guainía, publicados entre 2001 y 2022 por distintas instituciones y organizaciones. La muestra incluyó el análisis de sangre y cabello, además de los estudios aplicados a peces y sedimentos fluviales.

A esa información se sumaron datos preliminares de una investigación inédita de 2025, desarrollada por la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (Arimo). Parte de esos hallazgos fueron compartidos por Esperanza Leal, directora en Colombia de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, en el marco de la COP6 del Convenio de Minamata sobre Mercurio. En ese trabajo se estudiaron muestras de los ríos Isana y Cuyarí, en el extremo sur de Guainía, justo en la frontera con Brasil.

Los resultados dejan ver una catástrofe silenciosa. En todos los estudios, los niveles del metal pesado superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En entrevista con Mongabay Latam, la ingeniera Yady Cristina González Álvarez, consultora de la Gobernación de Guainía, aseguró que en el departamento la exposición ha sido continua y prolongada: durante al menos medio siglo se ha vertido mercurio de manera indiscriminada en los ríos de esta parte de la Amazonía.

La contaminación persistente quedó aún más clara en el informe elaborado por la Gobernación de Guainía. En las muestras de sangre de las comunidades, el registro más alto alcanzó los 346 μg/L (mililitros por litro). Para dimensionarlo mejor: la OMS fija en 10 μg/L el límite de referencia, lo que significa que ese caso superó el umbral en un 3360 %. Además, rebasó el llamado horizonte clínico, a partir del cual suelen aparecer los primeros síntomas.

Ese estudio examinó a 500 habitantes de las cuencas de los ríos Guainía, Inírida y Atabapo, estos dos últimos visitados por el equipo de Mongabay Latam. El 85 % de las personas analizadas (425 en total) tenía concentraciones de mercurio en el cabello superiores al valor considerado normal por la OMS. De esos, 116 (el 23 %) admitieron que tenían alguna vinculación laboral directa con la minería. El registro más alto fue de 77,6 μg/g, un nivel que, según los expertos, indica una exposición de largo tiempo que se bioacumula en el cuerpo.

También analizaron 125 ejemplares de peces y encontraron que el 47 % excedía la concentración máxima recomendada. Un caso extremo fue el de una muestra de bagre rayado (Pseudoplatystoma metaense) del río Atabapo, cuyo valor superó en un 112 % el límite permitido.

Enfermos abandonados

Saliendo desde Puerto Inírida por el oriente, el trayecto hacia el Atabapo pasa por un brazo del río Guaviare hasta desembocar en la estrella fluvial del Orinoco, donde confluyen los tres caudales. El viaje por la frontera se asume sabiendo que se navega por el territorio de Gener García Molina, alias “Jhon 40”, comandante de la Estructura Acacio Medina de las disidencias, narco y guerrillero responsable de la minería ilegal y los negocios ilícitos en ambos países.

Funcionarios de la secretaría de Salud de Guainía dicen que el problema del mercurio se exacerba por la falta de capacidad estatal para atacar la fuente de la contaminación. Las soluciones de fondo no están necesariamente en su sector, agregan, pues ellos solo están al «final de la cadena, viendo los enfermos».

Los intentos por mitigar el daño mediante la atención clínica se enfrentan a un ciclo vicioso: los pacientes que son valorados en Inírida, la capital, pueden recibir un tratamiento costoso y dispendioso (como la quelación), pero regresan al territorio, donde continúan expuestos al mercurio por el pescado contaminado o por seguir ejerciendo la minería. Y ahí es donde aparecen de nuevo los niveles altos del metal. Pero para ser atendido cuando llegan los males, se necesita pagar la gasolina de una lancha, plata que, por ejemplo, don José Paiva Cordero no ha visto en muchos años de vida.

En el departamento de Guainía, el Ministerio de Salud y Protección Social dice que ha invertido 100 000 millones de pesos en el fortalecimiento de infraestructura sanitaria. Aseguran, además, que han capacitado al personal de salud en el Protocolo Clínico de Atención Integral para manejar los casos de exposición en Inírida. Se han notificado apenas cuatro casos de intoxicación por mercurio en Guainía entre 2007 y 2023 y la cifra abre el interrogante sobre si se trata de un registro subestimado debido a las dificultades de vigilancia en zonas remotas.

Esta precariedad se replica de manera constante a lo largo del río Atabapo. En la comunidad de Caño Raya, con 180 habitantes, tampoco cuentan con un centro de salud, transporte ni medicamentos. En medio del silencio que cubre la frontera, aparecen niños que se lanzan sin camisa al río. Una bandera de Colombia desteñida ondea lánguida sobre un asta alquitranada. Atrás se dibujan palmas de moriche, caucho, vegetación densa, entretejida; raíces expuestas en la orilla cubiertas de musgo y líquenes.

Aunque los estudios no mencionan directamente a Caño Raya, sí analizan el río que moja sus orillas. El informe de la Gobernación del Guainía documentó una contaminación ambiental severa en este afluente. Los análisis de sedimento del Atabapo, que actúa como depósito del mercurio usado en la minería, superaron el límite de seguridad establecido por la USEPA en el 100 % de las muestras. Además, la amenaza se extiende a la dieta, pues los peces capturados en el río han registrado niveles de mercurio total que duplican el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este caserío ya perdieron la cuenta de las veces que han pedido a los gobernantes un espacio adecuado para atender a los enfermos. El centro de salud más cercano está en Cacahual, a dos horas de distancia, un trayecto difícil por la falta de transporte. Gripa, diarrea, malaria, paludismo, dengue, dolores de cabeza y mareos son las enfermedades más comunes en las familias, según el líder Santiago Garrido.

Mucho más al sur de Caño Raya y Playa Blanca está Chaquita, la comunidad más grande de esta parte del Atabapo, en la frontera con Venezuela. Tienen casi 400 habitantes y no hay ni siquiera botiquín. “Una enfermera contratada por la Gobernación tuvo que retirarse después de tres o cuatro meses porque le daba pena atender personas sin tener medicamentos”, denuncia el capitán Jacobo Garrido López.

Además del oro, Juan Sebastián Anaya, el consultor de Gaia, advierte que la región enfrenta la amenaza de una minería ilegal cada vez más tecnificada. Es más, asegura que todos los ríos de la Amazonía están contaminados con mercurio. El impacto más alarmante de esta acumulación de afectaciones se observa en los niños. Los testimonios que ha escuchado Anaya en la región relatan malformaciones en bebés, problemas neurológicos y lesiones en la piel, posibles afecciones ligadas a la exposición al mercurio. En Chaquita, por ejemplo, un estudio de la CDA (2020) reveló una situación alarmante: se detectaron niveles de mercurio en el cabello de niños que superan el límite establecido por la OMS en un 1410% y un 1910%.

Los resultados preliminares de la investigación de la Sociedad Zoológica de Frankfurt de 2025 tampoco son alentadores y más bien reflejan que la situación continúa al límite en el sur de Guainía, de donde recogieron muestras. Según Esperanza Leal, la media de concentración de mercurio total en el cabello de la población indígena analizada es “significativamente alto”. Lo mismo sucede con los peces.

Leal dijo que la contaminación en Guainía no puede entenderse como un hecho aislado. El mercurio está llegando a comunidades que ni siquiera están cerca de las zonas mineras. Esto ocurre porque el metal se desplaza de muchas formas: una parte viaja por los ríos arrastrada por las corrientes; otra se libera al aire durante las quemas y luego cae con la lluvia; y otra más se mueve desde los mismos campamentos mineros a través de suelos y quebradas. “La Amazonía se está convirtiendo en el sumidero de todo este mercurio agregado”, dijo. Su mayor temor es que las secuelas de la minería estén alcanzando incluso a los pueblos en aislamiento voluntario.

En uno de los recorridos que hicimos por el río Atabapo, el motorista advirtió que en cualquier momento podía salir al paso la Guardia venezolana, o los señores de ‘los grupos’, o el ejército colombiano. Pero luego de seis horas navegando por la arteria que moja los dos países no se asomó nadie: ni disidencias ni soldados ni uniformados de Venezuela. En medio de las garzas que planeaban sobre las aguas brillantes y oleosas del Atabapo, lo único que saltó a la vista en el camino fue una draga que trabajaba a todo motor.

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

Imagen principal: las aguas de los ríos Inírida y Atabapo esconden una crisis de salud pública por el vertimiento indiscriminado de mercurio durante más de medio siglo. Esta investigación documentó al menos 32 balsas mineras operando en zonas controladas por estructuras como el ELN y disidencias de las FARC. Ilustración: Angie Pik

El artículo original y completo fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La oficialización de las primeras ocho Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en la Amazonía colombiana marca un cambio en el ordenamiento político del país y salda una deuda de más de 34 años que el Estado tenía con los pueblos originarios desde el nacimiento de la Constitución de 1991.

Los gobiernos indígenas oficialmente reconocidos en Colombia desde el pasado 16 de diciembre, tras la firmas de decretos del presidente Gustavo Petro, entrarán ahora a una nueva etapa en la que deberán coordinarse con instituciones del Estado, que ahora los reconoce como autoridad, para implementar sus saberes en los sistemas de salud, educación, justicia y ambiente, donde han logrado la preservación de sus territorios.

Esto también implica la modificación del mapa Colombiano, donde los territorios Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo y UITIBOC–ASOAINTAM no solo aparecerán dentro de la cartografía, sino que gozarán también de autonomía presupuestal y fiscal para desarrollar aún más las estructuras políticas, espirituales y territoriales que los han sostenido durante siglos, incluso ante el extractivismo de los recursos naturales y la violencia armada.

La Fundación GAIA Amazonas acompañó 10 de los 20 procesos que gobiernos indígenas emprendieron para ser reconocidos formalmente como ETI. Julieth Rojas Guzmán, subdirectora técnica y política de la organización, explica a Mongabay Latam los pasos que siguen para este ejercicio histórico, que vendrá con retos, pero que, asegura, permitirá fortalecer la autonomía, el pluralismo y la construcción del Estado desde los territorios.

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—Llegó la formalización de las Entidades Territoriales Indígenas, ¿qué pasos deben seguir ahora para esta reconfiguración en Colombia?

—Viene todo lo que implica el funcionamiento pleno de esas entidades territoriales indígenas. Acá lo que es importante es recordar que los acuerdos interculturales definen una serie de rutas y de garantías para que estos gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, administrativas, fiscales, para que puedan efectivamente ejercer sus competencias en coordinación con las otras instituciones, sobre todo del orden nacional, para poder cumplir con esos objetivos que se tienen como Estado, sobre todo lo que implica la coordinación con educación, con salud, con ambiente, con hacienda, con planeación.

Lo que se requiere es sostener un diálogo intercultural y mecanismos efectivos de coordinación para una adecuación institucional en doble vía.

La idea no es que la institucionalidad del Estado se transforme totalmente de modo que sea semejante a los gobiernos indígenas. Tampoco el caso contrario, que los gobiernos indígenas tengan que transformarse para que funcionen tal cual como opera el resto de la institucionalidad estatal, sino que en efecto se puedan trazar puentes y esas adecuaciones institucionales para que la diversidad de gobierno, de administración, de conocimiento, se pueda expresar como está previsto en la Carta Constitucional.

El decreto 488 aclara cuáles son las fuentes públicas a las que pueden tener acceso estas entidades territoriales indígenas bajo el principio de igualdad con otras entidades territoriales. Por ejemplo, que las fuentes son todas las públicas y no solamente lo que corresponde a la Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Ya entran regalías entre el Sistema General de Participaciones para los distintos sectores, incluido educación, salud y otras rentas nacionales.

Habrá un proceso de diálogo intercultural para que esos mecanismos de planeación, de ejecución, de seguimiento, de rendición de cuentas que han desarrollado los gobiernos indígenas puedan interlocutar en igualdad de condiciones con el Sistema Nacional de Planeación y de Presupuestación. Eso implica transformaciones para que se pueda hacer efectivo.

La asunción de competencias va a ser progresiva en cada uno de esos territorios. La idea es que con base en los avances que ya tienen esos gobiernos territoriales se definan esas rutas para que cuenten con el acompañamiento técnico y financiero de las instituciones con las que se coordinan para ese ejercicio de competencias.

Por ejemplo, en el caso de salud, en los acuerdos interculturales hay fechas, mesas, rutas específicas para que esos gobiernos indígenas terminen de desarrollar los modelos y la coordinación con el Sistema General de Salud del Estado y que sea a partir de ahí que se generen puentes con todas las garantías financieras para poder lograrlo.

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—¿La delimitación de las Entidades Territoriales Indígenas también se hará geográficamente en el mapa político de Colombia?

—Sí, de hecho eso es parte de la celebración que queremos acompañar con los gobiernos indígena porque este proceso lo que hace es que el mapa de Colombia se transforme y que se transforme para reflejar esa realidad de gobierno territorial que la cartografía anterior no mostraba.

Están los departamentos, los municipios, los distritos especiales, que no son muchos, pero existen, también los ves reflejados en el mapa, por ejemplo, en el caso de Bogotá, pero como las Entidades Territoriales Indígenas son toda esta deuda estructural de 34 años con la formalización de estas primeras ocho es que empieza a configurarse esa cartografía, reflejando esa realidad de gobierno que existe en la Amazonía Oriental Colombiana.

Entonces, la idea también de lo que sigue es que muy pronto se puedan hacer también esas adecuaciones de cómo se configura esa realidad político-administrativa también en la cartografía oficial del país, que se va a seguir transformando en tanto son 25 gobiernos en total los que han avanzado en esta decisión de formalizarse como Entidad Territorial Indígena.

Los 10 gobiernos indígenas con los que trabajan en Amazonas son los que han liderado el proceso y quienes han abierto el camino para los otros gobiernos indígenas. Pero una vez que todos estén en un punto de avance, esa Amazonía va a mostrar esas 20, 25 ETI completando este mapa con base en esas realidades de gobierno territorial. Estamos en ese momento de celebración porque se está concretando el pacto constitucional de 1991, construyéndose el Estado desde lo local y con base en la diversidad y pluralismo.

—¿Los 25 territorios que están en proceso son a nivel nacional o sólo en la región de la Amazonía?

—Únicamente en la Amazonía. Incluyen los ocho que ya cuentan con su acuerdo intercultural, es decir, que ya están formalizados. En mayo también se expidió un decreto, a través del cual también se constituye la entidad territorial indígena de la zona extrema de la Guajira. Y esa entidad territorial indígena está al norte del país, no está en la Amazonía, sino en la Guajira.

Y sabemos de otros pueblos indígenas en distintas partes del país que también están interesados en dar estos primeros pasos. Entonces estas 25 de las que te hablo están ubicadas en lo que conocemos como Amazonía Oriental, que son tres departamentos: Amazonas, Vaupés y Guainía.

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—Por ejemplo, ¿qué pasará en este nuevo escenario con otros conflictos que surgen en el día a día, como la violencia intrafamiliar?

—Cada uno de esos gobiernos territoriales cuenta con lineamientos de política y están centrados en el bienestar de la gente de los territorios, en un goce efectivo de los derechos de las personas.

Se entiende que hay asuntos que deben coordinarse, por ejemplo, con la Justicia ordinaria. Los gobiernos indígenas tienen toda la potestad de desarrollar e implementar sus propios sistemas para la administración de la justicia en sus territorios y hay asuntos que deciden coordinar con esa Justicia ordinaria, de acuerdo a los desarrollos que han venido generando la capacidad de respuesta de la institucionalidad que ya está construida para esos fines y de los casos puntuales.

Las infancias y las mujeres son sujetos de especial protección y de interés general. Frente a ese tipo de temas habrá también que desarrollar esos mecanismos de coordinación efectiva en territorios donde realmente esa institucionalidad nunca ha sido efectiva. El desarrollo de estos gobiernos indígenas permite sobre todo consolidar ese bienestar colectivo y atender situaciones que a través de la Justicia ordinaria o de mecanismos ordinarios no ha tenido ningún tipo de respuesta.

Se pueden tejer unas nuevas formas de relacionamiento que respete esa autonomía territorial, pero siempre, por supuesto, con garantía de los derechos de las personas.

—La autonomía para los pueblos indígenas ha venido más de resoluciones judiciales y decretos presidenciales, ¿sigue pendiente una ley de ordenamiento territorial en el Congreso?

—Todo lo que ha venido ocurriendo y la formalización efectiva de estas primeras entidades territoriales indígenas dan la pauta de cómo está ordenado el país y cómo se configura política y administrativamente.

Esa ley orgánica de ordenamiento territorial, cuando exista, debería recoger todos esos avances, nunca ponerlos en duda o entrar en contradicción con ellos, sino reconocer que ya ha habido un reconocimiento efectivo de esos gobiernos territoriales, que se sabe que ahí efectivamente se garantizan los derechos de la gente.

Pero también hay un ordenamiento territorial que procura el bienestar de la vida y, precisamente, esa ley de ordenamiento debería recoger esas realidades y soportarse en esos avances que se han venido generando por la decisión clara de estos gobiernos indígenas. Son los procesos locales los que le están dando la pauta. Acá ya se está materializando lo que se había planteado en la Constitución de 1991.

—¿Qué llamado haría a la sociedad colombiana para que reconozca la autoridad de estas ETI?

—Un llamado a reconocer que esto es un proceso que protege los derechos de la gente, que protege realmente esas funciones vitales de la Amazonía, porque la consolidación de esa autonomía en términos políticos, administrativos y fiscales es una estrategia que pone en el centro de la conversación nacional y global ese bienestar de la gente y la integridad del territorio.

Es un llamado a la celebración como ciudadanía de que finalmente se esté cumpliendo ese pacto constitucional y un mensaje de que la autonomía en los gobiernos indígenas lo que hacen es aportar a esa configuración del Estado y no socavar el relacionamiento entre otras entidades que existen en el ordenamiento. Con este proceso Colombia gana. También con que la ciudadanía realmente pueda conocer y comprender lo que esto significa para su propio bienestar y para la protección de la integridad de la vida.

Imagen principal: las Entidades Territoriales Indígenas reconocidas en Colombia abarcan el 15 % de la Amazonía del país. Foto: cortesía Juan Gabriel Soler / GAIA Amazonas.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025, la Amazonía colombiana enfrentó graves amenazas por vías ilegales como la Calamar-Miraflores, en Guaviare, que ha deforestado 47 855 hectáreas desde 2000, principalmente para instalar ganadería extensiva. Por su parte, en Mapiripán, Meta, 549 kilómetros de ramales rectos abrieron paso a 162 237 cabezas de ganado ilegal y arrasaron 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Proyectos de carbono opacos, como el de Cotuhé-Putumayo, vendieron 3 millones de bonos a la empresa Chevron sin consultar a líderes indígenas tikuna, repitiendo irregularidades del suspendido proyecto Pachamama Cumbal. La autonomía indígena dio pasos clave al final del año con la firma de decretos que reconocen a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), sin embargo, los pueblos indígenas siguen enfrentándose a grandes amenazas. Por ejemplo, la Guardia Siona sufre confinamiento por minas antipersonal y enfrentamientos entre grupos armados.

A pesar de esto, 2025 también dejó historias inspiradoras, como la de la defensora Jani Silva, en Putumayo, que resiste a empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, mientras impulsa la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica.

10. La vía Calamar – Miraflores, una cicatriz en la selva amazónica colombiana

La vía que comunica estas dos poblaciones del departamento de Guaviare ha sido objeto de controversia desde 2019 debido a la falta de permisos ambientales, lo que llevó a restricciones en su uso. Ante los obstáculos legales para su mantenimiento, ganaderos y colonos se las han ingeniado para cobrar “peajes informales”, así como cobros por la movilidad del ganado.

La ganadería extensiva y la apropiación de tierras han sido los dos motores que más han impactado en la deforestación de bosques de esta región, buena parte de ellos en zonas de reserva forestal. Entre 2000 y 2023, se deforestaron aproximadamente 47 855 hectáreas alrededor de la vía. El 64 % de esta tala ocurrió entre 2016 y 2023.

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9. Colombia cambia su mapa: el Gobierno reconoce oficialmente las primeras Entidades Territoriales Indígenas

A 34 años de la creación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura clave que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, Colombia reconoció a las primeras ocho poblaciones bajo este esquema en la Amazonía.

El mapa de Colombia cambiará a partir de ahora, luego de que el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho ETI. En total abarcan más de 7 millones de hectáreas y equivalen al 15 % de la Amazonía colombiana. Estos territorios contarán no solo con un polígono trazado en el mapa, sino que podrán seguir gobernando sus territorios con base en sus propios sistemas de conocimiento, los cuales ya han implementado en salud, educación y justicia. Seguirán, en todo caso, en coordinación directa con las demás instituciones del Estado.

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8. Chevron compró, una vez más, bonos de carbono de un proyecto hecho a espaldas de los pueblos indígenas

Líderes del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, en la Amazonia colombiana, dicen no conocer la iniciativa de carbono que se está desarrollando en su territorio y que ya vendió más de 3 millones de bonos. La empresa que lo desarrolló y la que lo auditó son las mismas involucradas en otro proyecto hecho a espaldas de la comunidad indígena que lo alberga en la cordillera andina de Colombia y que fue suspendido por orden de un juez.

El mayor comprador de créditos en este nuevo proyecto opaco ha sido, al igual que en el anterior, la petrolera estadounidense Chevron. Tanto la desarrolladora como la auditora y la certificadora se han negado a entregar información sobre el proyecto a Pepe Cham, representante legal de la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar).

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7. Mapiripán: más de 500 kilómetros de vías ilegales abren paso a la ganadería y la deforestación en la Amazonía de Colombia

Las vías ilegales crecieron exponencialmente en el municipio de Mapiripán, en el departamento de Meta, a medida que se disparaba la deforestación desde 2014. Esto impulsó la ganadería ilegal (162 237 cabezas en 2023) en cerca de 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Mongabay Latam hizo un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio existe un entramado de 11 ramales de vías que en total suman 549 kilómetros. Algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud, lo que hace pensar que su construcción no fue improvisada.

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6. Jani Silva, la defensora de la Perla Amazónica

A pesar de las constantes amenazas a su vida, Jani Rita Silva insiste en ser defensora sin salir del departamento de Putumayo, en la frontera colombiana con Ecuador.

La líder campesina ha resistido durante décadas contra empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, impulsando la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica con reforestación y empoderamiento comunitario. Amenazada con explosivos, Jani Rita se ha negado a exiliarse y su trabajo destaca la resistencia femenina en zonas de conflicto.

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5. Minas y confinamiento: la lucha silenciosa de la Guardia Indígena Siona en Putumayo

En los resguardos de Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, dos líderes custodian un legado milenario que el conflicto armado, las minas antipersonales y la indiferencia estatal amenazan con borrar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de ambos resguardos, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio.

La guerra ha confinado a los Siona en su propia selva: la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La comunidad reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

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4. Así es la vida de Barto, un ocelote rescatado del tráfico de vida silvestre en Colombia

En octubre de 2024, autoridades en Cali, Colombia, encontraron un ocelote de aspecto enfermizo mientras hacían efectiva una orden de captura en contra de un criminal en un lujoso barrio de la ciudad. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se encargó de recuperar a Barto mediante un proceso exitoso, pero su futuro es incierto.

Además del comercio de pieles y la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal de especies con fines de mascotismo ha sido uno de los principales problemas que han enfrentado los ocelotes en Latinoamérica. En Colombia, desde 2010, las autoridades han decomisado más de 340 de estos félidos, entre ejemplares vivos y muertos. Un ocelote en el mercado negro puede costar alrededor de 1400 dólares.

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3. Mujeres que protegen el territorio: las defensoras en Colombia viven al filo de muerte

Durante 2023 y el primer semestre de 2024, el Programa Somos Defensores registró 238 agresiones contra las mujeres líderes y defensoras en Colombia. Diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido que la violencia contra las defensoras ha tenido una escalada desde 2022.

A diferencia de sus compañeros, ellas se enfrentan a una doble victimización: por ser líderes y por ser mujeres. Las lideresas en la Amazonía y Orinoquía colombiana siguen siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en la defensa del territorio.

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2. Guardias indígenas: el escudo de la Amazonía de Colombia

A través de la organización y el trabajo colectivo, estas guardias no armadas han sido una barrera de protección del territorio, el ambiente y las comunidades. En la actualidad combinan sus conocimientos tradicionales con herramientas tecnológicas de monitoreo, como GPS e imágenes satelitales, para que sus datos puedan usarse en entidades del Estado.

Ejercer sus funciones de protección les ha traído múltiples amenazas: entre 2014 y 2024 al menos 70 guardias indígenas fueron asesinados en Colombia. Un equipo periodístico rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía para conocer de cerca estos procesos de defensa y los riesgos que enfrentan.

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1. Potreros, peajes ilegales y grupos armados: un desastre provocado por cinco vías ilegales en la Amazonía de Colombia

En la Amazonía de Colombia hay más de 28 000 kilómetros de vías que se extienden entre áreas protegidas, resguardos indígenas y zonas de importancia ecológica. Aunque conectan comunidades, fragmentan la selva.

Un análisis geográfico de Mongabay Latam documentó la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Un equipo periodístico viajó a los departamentos amazónicos más afectados —Caquetá, Meta y Guaviare— para documentar cómo se entrelazan las actividades legales e ilegales alrededor de estas vías, que se han convertido en promotoras de deforestación, ganadería y cultivos de uso ilícito.

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BONUS: Guardianes de la cachuda: un proyecto en Colombia para proteger al tiburón martillo más pequeño del mundo

De las nueve especies de tiburón martillo registradas en el mundo, el Sphyrna corona, conocido también como “cachuda amarilla”, es el más pequeño, y en su estado adulto mide menos de un metro. La sobrepesca y la captura incidental han causado una reducción de sus poblaciones en más del 80 % en los últimos 30 años, por lo que se considera en Peligro Crítico de extinción.

En el Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas se aliaron para protegerlo en un área marina donde aún es común verlo: el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. Juntos han impulsado un proyecto pionero de monitoreo que revela nuevos datos sobre esta rara y poco estudiada especie, y que abre un camino para su conservación.

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Imagen principal: en un rincón del Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas trabajan para proteger a la “cachuda amarilla”, el tiburón martillo más pequeño del mundo. Foto: cortesía Emilio Posada

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Como una casa a medio construir, con estructuras firmes, pero con techos y ventanas endebles, inacabadas o rotas. Así ha sido la historia de las poblaciones indígenas de Colombia que trabajan para su autonomía: han logrado avances en derechos y reconocimientos, pero estos no terminan de traducirse en el territorio, donde se enfrentan no solo a instituciones y estructuras que definen como racistas y colonizadoras, sino también a la expansión de la violencia en el país.

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Han pasado 34 años desde que Colombia reconoció en la Constitución de 1991 la diversidad cultural del país y el deber del Estado de protegerla, así como la coexistencia de diversos sistemas de conocimiento políticos, de organización social y jurídicos que permiten a los 115 pueblos indígenas construir su autonomía.

Esta decisión, que marcó un punto de partida para los pueblos originarios, implicó el reconocimiento de la multiculturalidad de Colombia, que ha permitido que los pueblos indígenas ganen espacios de poder y representación. Por otro lado, paulatinamente se han ampliado derechos culturales, sociales, económicos y territoriales, que han evitado la extinción de estas culturas.

Sin embargo también persisten obstáculos, como la falta de voluntad política y de consensos que permitan coexistir a las autonomías indígenas con otras autoridades locales. La ausencia de claridad en la administración, presupuesto y gobernanza son serios retos tanto en lo legal como en el territorio para las comunidades que buscan este camino.

Representantes de comunidades indígenas, especialistas y congresistas de Colombia explican a Mongabay Latam los avances y desafíos actuales para los pueblos indígenas que buscan construir su autonomía en el país.

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Una voz en el Cauca

Una de las organizaciones indígenas más representativas de Colombia es el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que agrupa a 11 pueblos indígenas en el suroccidente del país: nasa, misak, yanacona, inga, totoroez, embera, embera siapidaara, kishu, ampiule, kokonuko y polindara.

El CRIC articula y organiza a más de 380000 personas a través de 138 autoridades indígenas asociadas a la agrupación, que basa sus acciones en cuatro pilares: unidad, tierra, cultura y autonomía.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, líder indígena y coordinador del área de Derechos Humanos del CRIC, explica que a lo largo de 54 años, el organismo ha desarrollado una estructura organizativa que describe como una “pirámide invertida”. Las decisiones parten de la base de sus comunidades hacia otras figuras, como las asambleas comunitarias y congresos regionales, donde se definen acciones o “mandatos” que se deben seguir en temas cruciales, como salud, educación, justicia, ambiente y territorio.

El defensor de derechos humanos destaca estos espacios de toma de decisión porque, asegura, reflejan la mirada indígena en temas claves para la vida de las comunidades.

“La dinámica de formación del movimiento indígena ha posibilitado una riqueza de mirada política del mundo indígena y del mundo no indígena. Las comunidades tienen elementos de formación, de educación y estudio para deliberar de manera amplia, conociendo del tema”, dice el dirigente a Mongabay Latam al explicar sus formas de organización.

Capaz señala que estas formas de diálogo permiten incluso rectificar decisiones o enmendar errores en la toma de decisiones.

“Si el gobierno indígena está desviándose a otros escenarios, lo que hace el congreso indígena es decir: ‘Aquí hay un problema, necesitamos retomar este camino’, ‘aquí hay avances, necesitamos fortalecerlos’, ‘aquí hay equivocaciones, abandonen ese camino y vamos por otro lado’”, detalla.

Si bien estos espacios les han permitido construir sus propias autonomías en los diferentes territorios a donde llega la organización, el representante del CRIC afirma que es difícil para los pueblos indígenas lograr una plenitud en este tema, ante escenarios de desacuerdo con el Estado.

“Como organización hemos avanzado en la exigencia de derechos y en transformar al Estado para proteger a las comunidades y derechos indígenas. En ese camino hemos llegado a escenarios de articulación y escenarios de absoluta contradicción con el Estado”, sostiene el defensor.

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Pese a que considera al gobierno del presidente Gustavo Petro como aliado, Capaz sostiene que los desencuentros se han dado principalmente con las leyes del país.

“Las voluntades políticas no se ejecutan porque las realidades jurídicas siguen siendo racistas y excluyentes. Siguen siendo pensadas para la sociedad mayoritaria y no para las minorías de particularidades como el movimiento indígena. Hay que hacer mucha adecuación institucional”, señala el líder indígena del pueblo nasa.

Las autoridades indígenas buscan resolver asuntos civiles, como matrimonios o adopciones, así como conflictos penales, homicidios, robos o amenazas. Aunque la Corte Constitucional de Colombia ha establecido criterios para definir si un asunto debe ser atendido por la autoridad indígena, en la práctica no se procesan todos los casos por la justicia indígena. Incluso, hay experiencias de colaboración con la fiscalía e instituciones judiciales ordinarias, de acuerdo con el Ministerio de Justicia.

Para Capaz, este es un ejemplo claro de desencuentro con el Estado, pues sostiene que no se ha logrado instaurar una justicia indígena plena, porque aunque hay un reconocimiento al sistema, se ejerce sin garantías judiciales ni presupuesto.

“Podemos articularnos con las autoridades del Estado colombiano, con la Fiscalía, en términos de orientar o llevar casos de justicia. Sí hay un reconocimiento político, pero no hay un reconocimiento de garantías. Te dicen: ‘Sí, tienes el derecho de aplicar justicia propia, pero solo para los indígenas’ o ‘sí aplica la justicia propia, pero con tus medios’”, sostiene.

El defensor agrega que al menos los pueblos indígenas agrupados en el CRIC se han reunido para desarrollar formas propias de pensar la justicia, por ejemplo, mediante esquemas de conciliación, pero dice que hacerlo sin medios o garantías se vuelve imposible.

“Hemos intentado generar estructuras, mecanismos, formas, diálogos, conceptos acerca de la justicia, pero es un ejercicio muy propio. Hay partes donde el Estado colombiano garantiza algunas cosas, pero ha sido producto de las exigencias, y no precisamente de un reconocimiento pleno”, detalla.

Al mismo tiempo, las comunidades indígenas agrupadas en el CRIC también han desarrollado un sistema de salud propio, donde se utiliza el conocimiento de la medicina tradicional para atender a la población, así como la capacitación de personal y articulación con instituciones públicas de salud y medicina occidental.

En la educación propia, las comunidades indígenas de la organización adecúan el sistema bilingüe en sus escuelas para preservar las lenguas originarias en cada región.

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Entidades Territoriales Indígenas

Una figura clave que nació con la Constitución colombiana de 1991 fue la Entidad Territorial Indígena (ETI), como parte del ordenamiento territorial, junto con los distritos, los municipios y los departamentos del país.

Se trata de entidades con autonomía política, administrativa y fiscal, las cuales son gobernadas por Consejos Indígenas.

Aunque la Constitución de 1991 ordenó al Congreso de Colombia crear una regulación para las entidades territoriales indígenas desde hace 34 años, hasta el momento, el Legislativo del país no ha emitido esta ley.

Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, explica que la Constitución también dispuso de otro camino para avanzar en el reordenamiento del territorio mediante un artículo que permite al Gobierno nacional de Colombia expedir normas que permitan la puesta en funcionamiento de las ETI.

“Como resultado de la movilización, de la incidencia de las organizaciones indígenas, los distintos gobiernos han venido adoptando instrumentos que permitan generar ese marco normativo para la formalización de las entidades territoriales indígenas”, detalla el especialista de la Fundación GAIA Amazonas, que acompaña a varias poblaciones indígenas en sus procesos de formalización como ETI.

Varela destaca que dentro de estos instrumentos hay uno especialmente importante, el decreto 632, emitido en 2018, que establece los procedimientos para formalizar los territorios indígenas como Entidades Territoriales en tres de los seis departamentos de la Amazonía colombiana: Guainía, Vaupés y Amazonas.

Esto marcó un rumbo para los pueblos indígenas amazónicos. Varela precisa que estos pueblos pasaron de una forma de organización política que estaba concentrada en la figura de resguardos al funcionamiento de la entidad territorial.

“A diferencia de los resguardos, que son una figura de propiedad colectiva, las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) integran la estructura político-administrativa del Estado, son autoridades públicas. La Corte Constitucional de Colombia ha concluido que la territorialidad indígena va más allá de un título de propiedad, no está restringida a un polígono”, explica el especialista a Mongabay Latam.

En mayo pasado, el gobierno de Petro emitió un decreto similar al de 2018, el 488 de 2025, que establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de las ETI a nivel nacional, incluyendo mecanismos para el ejercicio de atribuciones en temas de ordenamiento territorial, educación, salud, agua potable y saneamiento.

Varela señala que a diferencia del decreto anterior, que solo aplicaba para regiones indígenas amazónicas, el 488 establece un proceso más corto para el funcionamiento de la ETI, además de señalar que su formalización puede darse en zonas que no fueron municipalizadas, una restricción del documento anterior. Esto implica que el mapa político-administrativo de Colombia debe transformarse.

“Esa es una de las implicancias. Estamos viviendo un proceso de transformación político-administrativa, que supone, por supuesto, la transformación cartográfica del país”, precisa el especialista.

Durante el cambio de la Constitución de 1886 a la de 1991, en la Amazonía colombiana quedaron zonas territoriales sin municipios. “Son territorios que siempre han sido indígenas y sobre los cuales nunca se constituyó un municipio”, expone.

Esta imposición, afirma, iba en contra de las lógicas de los sistemas culturales y organizativos de los pueblos indígenas y que ya habían sido reconocidos por la Corte Suprema de Colombia.

“La Corte dice que el territorio indígena no está solo en lo no municipalizado, no está solo en el resguardo, no es solo una expresión cartográfica, no es un polígono. El decreto 488 trata de recoger esos aprendizajes para establecer un procedimiento que es más corto y desarrolla de mejor manera esos derechos que están ahí involucrados en este procedimiento”, explica Varela.

Además, agrega que con la emisión del decreto 1275 en 2024 se establecieron las medidas para el funcionamiento de estos territorios indígenas en materia ambiental, pues no estaban reconocidos, pese a que la evidencia mostraba que los territorios mejor conservados en Colombia son los administrados por los pueblos indígenas. Solo los territorios indígenas de la Amazonia colombiana mantienen el 99.5 % de sus coberturas naturales intactas y sus bosques representan el 41 % del total de los existentes en esta región, de acuerdo con un reporte de la Fundación GAIA Amazonas.

“Era paradójico porque la Corte Constitucional ya había dicho que los gobiernos y los pueblos indígenas son autoridades ambientales en sus territorios, pero teníamos una serie de normas que no lo reconocían. Eso había generado dificultades en esa relación entre los pueblos indígenas y el resto de las autoridades ambientales”, explica Varela.

En el caso de los territorios y resguardos indígenas agrupados en el CRIC, los cuales no están en un proceso formal para convertirse en ETI, sí cuentan con un instrumento —reconocido por autoridades en el decreto 1094 de 2024— donde se establecen competencias, funcionamiento y mecanismos de coordinación para el ejercicio de su autonomía y autodeterminación: la figura de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA).

Capaz señala que ante las diferentes realidades que viven las comunidades del CRIC, tanto la figura de las ETI como las ATEA, deben ser instrumentos que permitan a los pueblos indígenas perdurar en sus territorios.

“Las ETI o las ATEA no deben ser un muro o una isla para nuestras comunidades, deben contemplar y dar todas las garantías para nuestros pueblos puedan protegerse, ejercer su autonomía y no desligarnos de la visión de país”, sostiene el líder del pueblo nasa.

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La formalización de los gobiernos indígenas

De acuerdo con la Fundación GAIA Amazonas, en la Amazonia colombiana hay al menos 25 territorios indígenas que están en diferentes etapas del proceso para formalizarse como ETI y que suman más de 14 millones de hectáreas, el 13 % del territorio nacional.

Los territorios Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, Ríos Cotuhé-Putumayo, UITIBOC y Arica, ubicados en los departamentos de Amazonas y Vaupés, ya se encuentran organizados como ETI y siguen en el proceso para formalizar su funcionamiento, a través de un acuerdo con el Gobierno nacional.

En tanto, existen otros 12 territorios que han avanzado sustancialmente en el proceso y cinco más que han expresado su interés. En total cubren el 36 % de la Amazonía colombiana.

Julieth Rojas Guzmán, subdirectora técnica y política de Fundación GAIA Amazonas, detalla que han acompañado a 10 gobiernos indígenas en el proceso que iniciaron en 2019, de los cuales ocho ya llegaron a consensos políticos para ser reconocidos formalmente como ETI.

Estos consensos son una etapa clave donde se dan los acuerdos interculturales, un instrumento que permite formalizar el nuevo ordenamiento político-administrativo que tendrán las ETI

“Ocho gobiernos indígenas ya llegaron a consensos políticos y definieron que era importante convocar a un diálogo intercultural al gobierno nacional, en particular a instituciones que están vinculadas a todo lo que implica este proceso de formalización de las ETI”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Entre el 28 de julio y el 1° de agosto de 2025, los gobiernos indígenas amazónicos que llevan la delantera en el proceso para establecer las ETI convocaron a autoridades colombianas a estos acuerdos interculturales para dar a conocer sus planes de vida, de acción y de propuestas en temas que son prioritarios para sus territorios.

“Estas ETI abren un camino fundamental para que los gobiernos que van también en este tránsito aprovechen estos precedentes políticos y jurídicos. Un territorio indígena que ha estado en un proceso importante de fortalecimiento interno es el Pirá Paraná, que radicó su solicitud como entidad territorial indígena (ETI)”, detalla Rojas.

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Omisión legislativa

Varios de los obstáculos legales para un avance de las autonomías indígenas parten de la omisión del Congreso de Colombia para emitir una ley que dé certeza a las ETI.

Samuel Baena, abogado de la Universidad Externado de Colombia e investigador en temas de autonomía indígena y derechos de la naturaleza, destaca que la labor de reconocimiento de autonomías indígenas ha venido más de órdenes de gobiernos y de la autoridad judicial, y no del Legislativo.

“Curiosamente nuestro máximo órgano de representación democrática, el Congreso de la República, ha sido muy omisivo cuando se ha tratado de reconocer ese pluralismo étnico y cultural, y ese reconocimiento ha sido un trabajo principalmente emprendido por la rama ejecutiva y judicial en Colombia”, expone el especialista.

Para Baena, esto se debe también a la persistencia de una «visión colonialista» en las estructuras del poder y en la sociedad de Colombia.

“La existencia de ese colonialismo estructural se traduce en la discriminación por parte de la sociedad mayoritaria respecto de los indígenas. El Estado mismo ve con malos ojos a los pueblos indígenas, tiende a tener un enfoque muy conflictivo”, dice el abogado ambiental a Mongabay Latam.

Para el especialista, el no regular el ordenamiento territorial tomando en cuenta a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) impacta directamente en la toma de decisión de los derechos de las comunidades.

“La autonomía no quiere decir soberanía, conforman estructuralmente el Estado colombiano, pero gozan de independencia a la hora de determinar sus propios destinos, de detectar sus problemas y sobre todo de implementar soluciones. Eso tiene una dimensión económica y financiera, la autonomía implica que las entidades territoriales son destinatarias de recursos y pueden administrarlos ellas mismas”, precisa el especialista.

Baena sostiene que el principal vacío en esta omisión legislativa es el presupuesto. “No tienen plata y la que tienen no la pueden administrar tan libremente como deberían”, refuerza.

Ante estas omisiones legislativas, María Lucía Jaimes Bohórquez, quien hasta hace unas semanas era Coordinadora de la Comisión Derechos Humanos y Audiencias en el Senado de la República, sostiene que hay una falta de «voluntad política» para reconocer la autonomía indígena.

“No ha existido voluntad política y consensos sobre cómo se relacionarían estas entidades con municipios y departamentos, y qué recursos manejarían. Esa falta de decisión y claridad sobre el tema presupuestal ha hecho que el tema siempre quede aplazado”, sostiene la ex asesora en temas de Derechos Humanos en el Congreso.

Jaimes sostiene que hay otros vacíos no atendidos que impiden establecer las capacidades políticas y financieras de los gobiernos indígenas, pese a la existencia de mecanismos, como los acuerdos interculturales.

“No hay claridad sobre las fronteras exactas de los territorios, los pueblos dependen en gran medida de recursos que les asigna el Estado sin que puedan generar ingresos propios, y no existen mecanismos claros para coordinar sus decisiones con las de otras autoridades locales”, sostiene.

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El reto de mantener procesos de autonomía

Para los especialistas consultados, los retos en el reconocimiento de la autonomía indígena están presentes en todas sus líneas.

Varela sostiene que son necesarias varias adecuaciones que debe realizar el Estado de Colombia para romper con la inercia de años. “No se trata de que el Estado adopte unas medidas adicionales en favor de unos pueblos afectados, sino que le corresponde al Estado transformarse normativamente, fiscalmente y procedimentalmente en esas formas de relacionarse», dice. «Ahí el diálogo intercultural tiene un lugar muy importante”, sostiene el especialista, que advierte que la formalización de las ETI no tienen marcha atrás legalmente.

Para Baena, a nivel social y administrativo, los pueblos indígenas deben dejar de ser vistos como “vestigio del pasado”. Agrega que el Estado debe dejar de ver a las autonomías indígenas como obstáculo. Sin embargo, señala que un gran reto es la contradicción en la que puedan entrar los sistemas de justicia indígenas con el derecho mayoritario en Colombia.

“Implica reconocer que tienen otras formas de organización y que tienen otras normas más propias. El reto es cómo vamos a hacer para establecer el diálogo cuando entren en contradicción, cuando una práctica penal de un pueblo indígena vulnera un derecho fundamental, cómo hacerlo siendo respetuosos de la diferencia cultural”, dice Baena.

En el territorio, los desafíos están más enfocados a la seguridad de las comunidades que a la legalidad, pues la violencia se ha focalizado en territorios clave para la autonomía indígena.

Como representante del CRIC, Capaz advierte que la violencia en el Cauca ha sido el mecanismo para desplazar a las comunidades de sus territorios.

“La violencia se ha focalizado en territorios como puntos estratégicos para mover sus economías violentas, bajo la idea de que el territorio es un mecanismo de transacción, de seguridad o de conquista, y eso va en contra de todas las miradas culturales y propias de las comunidades indígenas”, sostiene el líder nasa.

El dirigente del CRIC agrega que tras los fallidos intentos de acuerdo de paz en Colombia durante 2016, han asesinado a 43 guardias indígenas, así como a 18 sabedores ancestrales de la organización.

“Hay una relación entre lo mucho que la violencia puede afectar a las autonomías. En el caso del Cauca hemos visto que es utilizada por las economías lícitas y también las ilícitas. La violencia es el mecanismo para disputarse el territorio, como un mecanismo de transacción”, advierte Capaz.

Actualmente, denuncia que las poblaciones indígenas de la organización enfrentan diferentes violencias que buscan desplazarlos. “Se está reclutando a niños, se está asesinando a autoridades indígenas, se desplaza a las comunidades, se minan sus territorios, para quedarse con el territorio”, sostiene.

En un lugar donde la tierra se convirtió “en el máximo trofeo de toda las violencias”, para los pueblos que integran el CRIC hacer una reivindicación cultural de la pelea por el territorio es una constante que se mantiene hasta la actualidad.

Imagen principal: los pueblos originarios de Colombia enfrentan diferentes obstáculos para lograr su autonomía en el territorio. Foto: cortesía Juan Gabriel Soler / GAIA Amazonas

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 22.9% de la población nacional vive en zonas rurales dispersas y centros poblados, de esta población el 28.5% son jóvenes en edades entre los 14 y 28 años, siendo 2.879.755 jóvenes rurales que se encuentran principalmente en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Guainía, Vichada, Guaviare y Arauca. Un número bajo que evidencia el envejecimiento acelerado de la población, fenómeno que ha afectado a otros países y que actualmente ha empezado a sobresalir en Colombia, donde la expectativa de vida ha aumentado mientras la tasa de natalidad ha descendido en los últimos años, originando que la población adulta supere cada vez en mayor proporción a la población infantil y juvenil. 

En el sector rural este fenómeno es agravado por la falta de oportunidades, el acceso deficiente a servicios básicos, la violencia armada y el reclutamiento por parte de grupos armados y criminales que obliga a las y los jóvenes a abandonar el campo para buscar no solo un mejor futuro, sino un mejor presente. 

A nivel productivo las juventudes rurales cuentan con menos fuentes de ingresos y enfrentan mayores dificultades para acceder a oportunidades económicas y formativas, además, aunque el trabajo agrícola sigue siendo la principal actividad económica del sector rural y de que es necesario para garantizar la seguridad alimentaria del país, las juventudes campesinas carecen de la tierra, el capital y la tecnología necesarios para subsistir y generar desarrollo en el campo.   

A pesar de que las juventudes rurales representan una fuerza de trabajo vital para el sector rural, el pago por el jornal rural en el mejor de los casos alcanza los 47.450 pesos que equivalen al salario mínimo diario actual en el país, además, el trabajo de la tierra es pesado, suele exceder las 8 horas de trabajo diarias previstas legalmente, en ocasiones parte de los pagos se hacen en alimentación o en especie con los productos de las fincas, y pocos trabajadores rurales reciben prestaciones sociales o cotizan para pensión. 

El panorama parece desalentador para las personas jóvenes que viven en el sector rural, pero su identidad campesina se mantiene fuerte y quienes cuentan al menos con la tierra de sus familias tienen deseo de trabajarla y producir, pero requieren apoyo para acceder a capital y a maquinaria, o para vender su producción. 

Un impulso es necesario para potencializar las capacidades juveniles, por ejemplo, los dispositivos digitales que las personas jóvenes usan con facilidad y el acceso a conectividad pueden generar grandes ventajas, pues a través de las TICs se pueden hacer contactos de compradores o proveedores para abrir mercados agrícolas, utilizar servicios financieros digitales, y en general acceder a información y a ofertas privadas y públicas.  Las opciones tecnológicas parecen salidas de contexto cuando no existe conexión a internet, vías, o acueductos, sin embargo, es parte de las aspiraciones y metas que las nuevas generaciones tienen, junto a sus múltiples intereses y el deseo de aprender diversas profesiones, oficios y artes que no tienen el mismo impulso en el sector rural que en zonas urbanas o ciudades grandes, pero hacen parte de las nuevas ruralidades, y de las transformaciones que las personas jóvenes quieren lograr. 

Algunos avances se presentan en la nueva ley para jóvenes rurales que fue aprobada el pasado 19 de junio en el Senado y que se encuentra a la espera de sanción presidencial. La ley que fue impulsada desde la Comisión Accidental de Juventud procura incluir a las juventudes rurales en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, garantizando su acceso a la tierra, a proyectos productivos, y a formación académica y técnica. 

Las disposiciones que trae esta nueva ley otorgan subsidios a jóvenes para la adquisición de tierra y les permite ser beneficiarios del programa de adquisición de tierra por negociación directa. Además, establece que las juventudes rurales son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito, y se les garantiza participación en políticas de desarrollo rural. 

También, se entiende que la tierra, la productividad y la inclusión social y cultural son factores clave para fortalecer la autonomía, el empoderamiento, el reconocimiento social y el ejercicio de derechos de las y los jóvenes rurales, y se promociona el arraigo cultural fortaleciendo el sentido de pertenencia y la apropiación de la identidad campesina. 

Con un enfoque más fresco, esta nueva ley reconoce modelos económicos alternativos que involucren formas de organización, producción, distribución, consumo e intercambio diferentes a las tradicionales, además de que promueve la innovación, el emprendimiento, y el uso de las TICs.

Otras consideraciones que trae la ley es que crea incentivos a quienes contraten a jóvenes rurales, y establece que se creen mecanismos de asesoría, representación y formación para que las juventudes accedan a sus derechos sobre la tierra. Asimismo, impulsa la sostenibilidad y la agricultura regenerativa, da acceso a apoyos financieros del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, crea un trazador presupuestal de juventud rural, e impulsa la gobernanza juvenil del territorio.  

Junto a la Reforma Agraria que se está generando actualmente, esta ley ayuda a entregar el futuro del campo a las juventudes, las cuales en un entorno adverso siguen luchando para que el trabajo agrario genere condiciones de vida digna, con un mérito acorde al nivel de esfuerzo que requiere.

Hasta el momento no he leído nada al respecto, ni le he escuchado algo en este sentido, porque su discurso se limita al ataque a Gustavo Petro y al sector de la izquierda, como si los problemas de Colombia se solucionaran mágicamente con solo decir que el Gobierno actual no cumplió con las expectativas de sus votantes y varios de sus líderes han decepcionado a muchos de seguidores.

He esperado también que Vicky le cuente al país cómo hará para proteger las selvas del Chocó, Guaviare, Vaupés, Putumayo, Guainía y Amazonas, sin que se frene el desarrollo de estos departamentos, pero, cuidando de los territorios ancestrales. No he leído ni escuchado nada al respecto.

También, por supuesto he esperado conocer sus ideas en materia de relaciones exteriores, especialmente con los países de Suramérica, incluido Venezuela, ¿será capaz de menospreciarlos?, y sobretodo, ¿será capaz de armarle camorra a Nicolás Maduro ignorando lo que esto significa para Colombia?

Son muchas las respuestas que he esperado de Vicky Dávila, pero insisto, porque es muy triste ver que alguien que dice tener toda la capacidad para manejar un país con complejidades demasiado profundas, se limite únicamente a atacar al presidente actual, como si este fuese uno de sus competidores.

Muy equivocada está Vicky Dávila si pretende mostrarse como una buena candidata y no como una persona que tiene las soluciones para superar los problemas de un país de territorios como lo es el nuestro. Nada gana dedicándose al ataque y a demostrar que es una mujer intolerante a la crítica, que no se le puede señalar ni enrostrarle su principal debilidad: su poco o cero conocimientos sobre el manejo del Estado colombiano.

Quienes conocemos a Vicky Dávila sabemos que es un ser desafiante, que no acepta ni una sola crítica, que vive de las alabanzas y los aplausos. Por lo anterior, al menos a mí, me sorprende que no tenga en cuenta que cuando alguien ingresa a la política, inmediatamente se convierte en blanco de observaciones y que más del 60% son en su contra, y que debe estar abierta a este escenario y que además tiene la obligación de responder a cada una de estas, sin alterarse porque está la necesidad de convencer al contrario, pero con argumentos y análisis profundo, no con insultos, y mucho menos con ataques.

Pero sobre todo, tiene la obligación de demostrar que está preparada no para ser candidata, sino para ser presidenta de Colombia, porque de lo contrario, repito lo mismo que dije en una opinión anterior: estará condenada a ser un Iván Duque con faldas.

Por último, espero además que Vicky tenga claro que cuando le pregunten por sus ideas en economía, política exterior, política ambiental, seguridad, convivencia, etc., debe dar respuesta de manera fresca y espontánea, y no repitiendo como robot el libreto que le elaboren sus asesores y quienes están detrás de su intención de ocupar el primer cargo del país.

Por lo que he visto hasta el momento de Vicky Dávila, puedo decir sin ningún titubeo que es una candidata a la presidencia muy buena para los insultos y ataques en las redes sociales y con cero propuesta y conocimiento de lo que es Colombia.

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Cuando Fredy Yavinape era pequeño, no sabía que conocía el concepto biológico de especie sombrilla. Las “especies sombrilla” son aquellas que requieren grandes extensiones de territorios poco intervenidos por el ser humano para sobrevivir, por eso se convierten en un indicador del estado de conservación de todo el ecosistema. Hoy, a sus 48 años, Yavinape sabe que lo sabe.  Lleva más de una década recopilando muestras y registrando lo que ocurre a diario en el inmenso territorio de caños, lagunas y ríos en que vive: la Estrella Fluvial del Inírida, un importante complejo de humedales al oriente de Colombia, entre los departamentos de Guainía y Vichada, donde la selva Amazónica se confunde con las sabanas inundables de la Orinoquía.

“Cada vez que uno salía mi papá nos decía: ‘ojo con el abuelo, que debe estar por ahí, no lo molesten, debe estar pescando o cazando, hay que respetarlo’”. El abuelo al que se refería su padre es el jaguar, ancestro de los indígenas curripacos según su tradición. Fredy lleva una parte de él en los apellidos, pues en su lengua materna Yavinape significa “brazo del jaguar”.

“Él siempre está cuidando, donde está el jaguar quiere decir que hay comida”, asegura Yavinape. La última vez que se topó con uno fue en diciembre de 2024, durante un monitoreo de la Mesa RAMSAR, de la que él es presidente.

La Mesa es un espacio de gobernanza creado por las comunidades locales y los pueblos indígenas de la zona, tras la declaratoria por parte del Gobierno Nacional de la Estrella Fluvial del Inírida como sitio RAMSAR en julio de 2014. Con ello el país se comprometió a la especial protección de 253 000 hectáreas de caños, humedales, lagunas y cuerpos de agua en la confluencia de los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo, que suman sus torrentes con el Ventuari, del lado venezolano de la frontera, y juntos conforman el nacimiento del gran río Orinoco.

La Convención RAMSAR, es un tratado internacional suscrito por 172 países, entre ellos Colombia. Busca proteger los humedales considerados “un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable”. Ello, debido a su importante función como “reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora características, especialmente de aves acuáticas”.

Desde el mismo año de la declaratoria RAMSAR para la Estrella Fluvial del Inírida se formuló un plan de manejo. De la mano con las comunidades indígenas locales, comenzó un proceso para realizar un monitoreo pesquero que permitiera entender mejor el estado de conservación de las especies de las que se alimentan los indígenas.

Las comunidades campesinas de la región, así como los siete resguardos indígenas que albergan a los pueblos puinaves, curripacos, tukanos, piapocos, cubeos, sikuanis y wananos, abarcan parte de las cuencas de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo. Esto convierte a la Mesa RAMSAR en una herramienta para proteger sus territorios, amenazados por fenómenos ilegales como el narcotráfico y la minería, pero también por la pesca descontrolada y el uso irracional de los recursos naturales.

Un modelo exitoso de gobernanza comunitaria

“Esa es la seguridad alimentaria de nosotros; ese monitoreo nos ayuda a tener claridad para un diagnóstico”, observa Fredy Yavinape. Las malas prácticas pesqueras, sumadas a una bonanza de minería informal que empezó en la década de 1980 en los ríos de la región, llevaron a la disminución de muchas de las especies, asegura. Delio Suárez, un líder indígena del pueblo tukano, puede corroborar por su propia experiencia en los sesenta años vividos, el agotamiento del recurso.

“Yo crecí acá. Era muy diferente. Había muchos peces, peces grandes. Uno nunca iba lejos a pescar. Había mucho. Con una jornada se sacaba para la semana”, recuerda. “Hoy en día todo eso ha cambiado. Es como un sueño esa riqueza de peces de esa época. Ahora la población ha crecido, las necesidades han crecido y hay muchos pescadores que usan malla, eso ha sido el problema”.

Suárez coincide con que las mallas de nylon eran desconocidas por los pueblos indígenas de la región hasta que llegó la bonanza de la minería de oro a mediados de la década de 1980, impulsada por mineros brasileños informales que dragaron el río Inírida durante “veinte años consecutivos”. “Los brasileños trajeron las mallitas y todavía siguen existiendo”, dice. Las mallas significaron un cambio radical en las formas ancestrales de pesca, pues de acuerdo con Suárez, permiten atrapar muchos más ejemplares de todos los tamaños, lo que ha contribuido al agotamiento del recurso pesquero.

Suárez aprendió de sus mayores lo que estos habían aprendido a su vez de los suyos: las artes de tejer  “cacures”, unas trampas que se sumergen en la corriente y permiten atrapar los peces, atraídos por carnadas. Delio Suárez recita de memoria que para coger pirañas —en la región llamadas “caribes” (Pygocentrus cariba)— deben usarse carnadas de lagartija. Pero si se utiliza la baba de la espina del cubarro (Bactris maraja) entonces sólo caerán bocachicos en la trampa. Las ciruelas silvestres, en cambio, atraen a las palometas (Pygocentrus palometa).

Las artes de pesca tradicionales incluyen desde complejas trampas elaboradas con palmas y bejucos para atrapar ejemplares vivos con cebos y carnadas, hasta arpones, flechas e incluso el cuestionado uso del barbasco. Ese es el nombre común con el que se conoce a varias plantas amazónicas de los géneros Caryocar, Lonchocarpus, Thephrosia, Clibadium y Phyllantus que liberan toxinas capaces de paralizar o incluso de matar a los peces. A pesar de ser un método milenario de pesca, ahora está proscrito por la mayoría de comunidades dado el impacto perjudicial que tiene sobre las poblaciones de peces.

La Estrella Fluvial del Inírida es habitada por comunidades de los pueblos curripaco, puinave, piapoco, desano y tucano. En tiempos más recientes, también han llegado desde el Vichada miembros de la etnia sikuani y colonos atraídos por la bonanza minera. Todos dependen de la pesca para su supervivencia. En la región hay 476 especies distintas de peces, el 50% de todas las que habitan en la gran cuenca del río Orinoco, según datos del Plan de Manejo. La zona es un importante reservorio de biodiversidad, pues la caracterización biológica para declararla como sitio RAMSAR también encontró que es el hábitat de 100 especies de anfibios y reptiles, 324 especies de aves y más de doscientas especies de mamíferos, que recientemente comenzaron también a ser monitoreados por las comunidades locales en sus recorridos y faenas en la selva.

Jaime Cabrera es biólogo y coordinador de monitoreo del Fondo Mundial de la Naturaleza, más conocido por sus siglas en inglés (WWF), la ONG que apoya este proceso. Explica que el conocimiento ancestral de las comunidades y los datos que recopilan en sus faenas diarias juegan un papel crucial para que la ciencia entienda cómo se comportan las especies de agua dulce en la zona, sus ciclos de desove y reproducción, así como los impactos que el cambio climático con las sequías y temporadas lluviosas más prolongadas están causando sobre el ecosistema.

El monitoreo pesquero ha detectado 108 especies de peces diferentes que sirven a la dieta de las comunidades y aportó datos clave para modificar las restricciones que imponía en la región la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

“Desde el principio los indígenas dijeron ‘esas vedas están mal’”, cuenta Jaime Cabrera, explicando cuál fue su respuesta: “ustedes ya lo saben, pero tenemos que demostrarle eso a la autoridad ambiental”. El proceso que siguió —y que aún realizan las comunidades— consiste en llevar un registro detallado después de cada faena pesquera, anotando hora de salida, tiempo en el sitio, cuántos individuos fueron capturados, de qué especies, entre otros datos.

En respuesta para este reportaje la AUNAP ha reconocido el valor de este proceso, indicando que la normatividad y los acuerdos están “adaptados a las particularidades y características de cada comunidad” una regulación que no solo “protege al ecosistema y su biodiversidad, sino que también garantiza una distribución equitativa de los beneficios generados por la actividad pesquera para las comunidades locales”.

“Es una faena normal de pesca, ya en la casa uno los pesa y los mide, para saber si son adultos, les abre las vísceras y revisa el contenido estomacal. Así se fue plasmando la información de todos los peces que tenemos en nuestros ríos”, detalla Delio Suárez, refiriéndose a mediciones que se han hecho en las cuencas del Atabapo, el Guaviare y el Inírida, así como en lagunas y humedales conectados.

Todos estos datos son anotados y sistematizados con apoyo de la WWF. Con la evidencia tomada en cinco años, entre 2014 y 2019, los indígenas le demostraron a la AUNAP que las vedas y restricciones estaban mal estipuladas, pues algunas de las especies eran más pequeñas en su talla de reproducción sexual de lo que la AUNAP presumía.

Entre los hallazgos más relevantes se demostró que para el caso de cuatro especies muy apetecidas la madurez sexual ocurre en tamaños menores a los que la AUNAP permitía pescar. Estos fueron los casos del bocón (Brycon sp), que empieza a reproducirse desde que tiene 31 centímetros, aunque la veda prohibía capturar ejemplares menores de 40. El chancleto (Angeneiosus sp), que también alcanza su madurez sexual a los 31 centímetros, sólo se permitía capturar ejemplares de más de 35. En los casos de la palometa (Mylossoma sp) y el bocachico (Prochilodus sp), que comienzan su reproducción a los 21 y 25 centímetros respectivamente, la autoridad pesquera únicamente permitía su captura cuando los ejemplares tenían 23 y 27 centímetros de talla.

En una primera resolución, la 2575 de 2020, la AUNAP reconoció lo que los indígenas probaron con evidencia científica: que “la talla media de madurez sexual se da en un rango más pequeño” y que “entre las especies con mayor abundancia registradas en los monitoreos se encuentran: caribe (Serrasalmus sp.), bocachico (Prochilodus sp), pampano (Myleus sp.), palometa (Mylossoma sp.), chancleto (Ageneiosus sp.), pavón (Cichla spp.), cabeza palo, guabina y payarita”.

La misma resolución reconoció artes tradicionales de pesca conocidas como caucures y nasas, un tipo de trampas confeccionadas con bejucos y astillas de palma que sirven para capturar peces vivos dentro del río. También, las sagallas, arpones, arcos y flechas con que los indígenas pescan desde hace cientos o quizá miles de años.

Se incluyeron igualmente técnicas modernas aprendidas de los colonos como las caretas y mallas, prohibidas expresamente para la pesca comercial en muchos de los puntos del sitio RAMSAR, aunque aprobadas para la pesca de subsistencia en algunas comunidades de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo, siempre que el “ojo” de la malla, es decir, el espacio entre los hilos de nylon, sea superior a tres pulgadas o 6.7 centímetros.

Una segunda resolución de la AUNAP, la 2663 de 2022, retomó nuevos datos sobre la reproducción de especies ornamentales y de consumo como la sapuara (Semaprochilodus laticeps), cambiando los tiempos de veda y prohibición de la pesca, pues se detectó con un estudio gonadal —un análisis de los órganos reproductivos de cada ejemplar— que su periodo de desove y reproducción ocurre entre marzo y junio, y no a partir de mayo como se creía antes.

No obstante, los cambios acelerados que el calentamiento global está produciendo en los ciclos hídricos preocupan a los científicos y a las comunidades indígenas, pues ahora las temporadas de lluvia y sequía, que antes ocurrían en periodos determinados del año, se han desdibujado, alterando el comportamiento de las especies.

Delio Suárez cuenta que los peces tienen sitios específicos para el desove: “con el cambio climático ha habido mucho problema, porque a veces el río está seco y ellos no saben dónde poner los huevos. Tenemos un problema grave, los peces se están extinguiendo”, dice refiriéndose al río Guaviare, que sufrió los rigores de la temporada seca en 2024 llegando a niveles de apenas tres metros con setenta centímetros, según la prensa local, cuando podía superar los nueve metros en algunos tramos.

Fredy Yavinape cuenta que “sus paisanos” ahora han descubierto en las faenas diarias que, como ellos mismos dicen, “los peces andan locos, andan desorientados” debido a la inestabilidad climática. “Los ciclos de tiempos antes estaban muy definidos, el verano iba desde noviembre hasta marzo, de ahí seguían las lluvias, pero ahora con el cambio climático a veces llueve y se crece el río, el pescado anda desorientado porque cree que ya llegó el invierno, eso se ha podido detectar con el monitoreo”.

Asegura que esta información servirá para tomar medidas urgentes y posiblemente incidir en nuevas regulaciones pesqueras, pero además han detectado la afectación a otros animales de agua dulce, como sucede con varias especies de tortugas en estado de amenaza, por ejemplo, las terecay (Podocnemis unifilis) y las charapas (Podocnemis expansa). “Se ha encontrado que ellas desovan en las playas, pero en tiempo de desove está inundado y no tienen condiciones. O a veces está seco pero el río crece y los huevos se dañan”, comenta Yavinape.

Lagos de Tarapoto: otro bastión de la conservación indígena

Los efectos del cambio climático ya son un grave problema para la cuenca amazónica, donde la sequía extrema ha llegado al punto de afectar la navegación en los ríos. Así lo explica Lilia Java desde los Lagos de Tarapoto, un complejo de 22 humedales y cuerpos de agua que abarcan 45 mil hectáreas, conectados con el gran río Amazonas, que fueron declarados en 2018 como el primer sitio RAMSAR de la Amazonía colombiana.

Cuando se le pregunta a Java si los Lagos fueron golpeados por las últimas sequías que redujeron a niveles inéditos los caudales del Amazonas y varios de sus afluentes en los últimos meses del año, tanto en 2024 como en 2023, ella ofrece una respuesta contundente: “golpeados no, quedaron secos. Golpeados fuimos nosotros, porque no teníamos peces para comer”.

Java pertenece al pueblo Kokama, que habita en un resguardo compartido con las etnias Tikuna y Yagua, donde también se ha implementado un monitoreo pesquero de la mano con las comunidades indígenas, llamado Vigías de los Lagos de Tarapoto.

“Ha sido difícil pero seguimos en el trabajo, seguimos en la lucha”, asegura ella, quien pide más apoyo oficial para esta iniciativa. De acuerdo con Java, a los monitores que ejercen vigilancia y control dentro de los Lagos se les da un incentivo económico para apoyarlos en su alimentación y necesidades básicas, pero aspiran a formalizar su labor con un salario.

Los monitoreos comenzaron en 2012 y ahora contribuyen al cuidado territorial con una balsa de control y vigilancia ubicada a la entrada de los Lagos, desde donde se vigila que se cumpla con las disposiciones pesqueras y los acuerdos comunitarios de pesca que han sido autorizados por la AUNAP. También han ayudado a reintroducir ejemplares de mamíferos acuáticos al ecosistema, como manatíes amazónicos.

Desde 2009, en Tarapoto se han pactado acuerdos de pesca responsable que fueron reconocidos por la AUNAP en una resolución de 2017. Los acuerdos hacen parte del Plan de Vida del resguardo Ticoya y por lo mismo se erigen como normas internas de la comunidad, limitando la cantidad de pescado autorizada para ser capturada por cada grupo familiar, las artes de pesca permitidas y prohibiendo la captura de algunas especies como el pirarucú (Arapaima gigas). Además, prohibieron el ingreso de barcos pesqueros comerciales a los Lagos, así como el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas.

Esto ha permitido que regresen tres especies que “ya estaban desapareciendo del ecosistema”, según explica Lilia Java: el emblemático pirarucú (Arapaima gigas), la gamitana (Colossoma macropomum), que es un tipo de cachama muy apetecida en la dieta local, e igualmente el acarahuazu (Astronotus ocellatus). “Se han recuperado esas especies, no en grandes cantidades, pero volvieron a aparecer registros a través del monitoreo, también identificamos nidos del pirarucú, eso nos ha servido para seguir incentivando el monitoreo”.

El biólogo Jaime Cabrera insiste en que procesos como estos son cruciales para tener información actualizada y de primera mano desde la zona, algo que sólo es posible con el apoyo de las comunidades locales. Mientras un equipo de expertos puede viajar por temporadas cortas y tomar muestras y datos parcializados, los indígenas habitan e interactúan con el ecosistema las veinticuatro horas al día durante todo el año, lo que constituye una fuente de información de un valor incomparable.

Para él, la conservación se hace con la gente, no sin ella, por eso acude a tres conceptos que resumen la gobernanza cultural que los indígenas hacen de su territorio: cuidarlo, gobernarlo y utilizarlo, algo que según el experto es, en esencia, una misma práctica. “No puedes cuidar lo que no conoces. La base para cuidarlo es conocer y saber qué está pasando en los territorios”.

Cabrera insiste en que los saberes tradicionales son tan importantes como los aportes que se hacen desde la ciencia occidental. Incluso defiende la idea de que “todo es ciencia, lo nuestro es ciencia y lo que ellos hacen también”.

Antes, en el Caño Cunubén, aguas arriba sobre la margen derecha del río Guaviare, al norte del departamento de Guainía, la abundancia de babillas era tanta que por la noche sus ojos alumbraban a ras de agua como si fueran “arbolitos de navidad”. La imagen la trae a la memoria Fredy Yavinape, quien creció en las orillas de esa quebrada y añora todavía la profusión de peces y animales de caza que ahora escasean.

“Uno interactuaba con las pirañas, con el jaguar, con la anaconda, todos parecían de la familia de uno, eran uno más de la casa, uno más del patio”, dice con una mezcla de entusiasmo y nostalgia, resumiendo en sus palabras la encrucijada que significa enfrentarse al cambio climático y al colapso de las especies en uno de los lugares más biodiversos del planeta. “Uno vive pendiente del vecino, ¿qué pasó con tal güio [anaconda] o con tal babilla que teníamos en el puerto del caserío? El día en que no los vimos, como que nos hacían falta”.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Baudó Agencia Pública y Mongabay Latam.

**Imagen principal: Ilustración de Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Camilo Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A principios de febrero, en el centro de Bogotá, Luis Alfredo Acosta —coordinador nacional de la guardia indígena en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)— recitaba de memoria la frase de un libro mientras se tomaba un café cultivado por sus paisanos: “Soy de la selva porque huelo a selva, huelo a monte. Y cuando yo huelo a monte y huelo a árbol, soy capaz de tocarle la frente al venado arisco en la tarde”.

Es indígena nasa del departamento del Cauca y desde hace 35 años forma parte de la guardia indígena de su pueblo. Como coordinador nacional, ha acompañado múltiples procesos en la Amazonía, donde —al igual que en otros lugares distantes de la capital colombiana— las guardias indígenas cumplen, día tras día, una tarea silenciosa pero vital: cuidar el territorio pese a la violencia y la presencia de actores armados.

Lo hacen aun cuando Bogotá no es amable con ellos: 15 mil indígenas llegaron para participar de las marchas del pasado 1° de mayo, y exigir el cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno, pero se encontraron con varios discursos de odio. “¿Qué hace esta indiamenta acá?”, dijo una mujer desde El Nogal, un exclusivo club de la ciudad, en un video que se viralizó en redes sociales. También los llamaron “secuestradores” y “milicia”. Pero en sus territorios, guiados por los abuelos y siguiendo el mandato de sus comunidades, cientos de hombres y mujeres indígenas de la Amazonía se organizan para proteger la selva.

Para ellos la selva es un territorio vivo. Allí no solo está su alimento, su farmacia y los materiales para sus artesanías. También se encuentran sus tradiciones, conocimientos y lugares sagrados. Conservarla es proteger su existencia, su cultura y los derechos de todos los que la habitan. No solo se benefician ellos, es un aporte que hacen a todo el planeta.

“Nuestros mayores nos cuentan que hemos cuidado el territorio milenariamente”, afirma Mario Erazo Yaiguaje, exgobernador del Resguardo Siona de Buenavista, en Putumayo, y cuiracua (guardia indígena) de su comunidad. Su defensa ha sido sin armas, pacíficamente, amparada en el gobierno propio.

A pesar de que la Constitución y varios convenios internacionales reconocen la labor de las guardias indígenas, durante décadas han tenido que ejercerla en medio de la ausencia estatal y la violencia. “Históricamente hemos vivido muchos atropellos. Desde la época de las caucherías hasta la extracción de quinoa y, luego, de otros productos”, recuerda Yaiguaje. “Cuando yo nací, empezaron a aparecer las guerrillas, llegó el apogeo de la coca, el narcotráfico y, después, de las empresas extractivistas que se instalaron en los territorios violentando la consulta previa. De alguna u otra forma, nos han sometido a perder nuestros derechos”, agrega.

Según el Programa Somos Defensores, en los últimos 10 años han sido asesinados al menos 70 guardias indígenas en el país a manos de guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares, disidencias de las FARC (que no se acogieron al Acuerdo de Paz), la fuerza pública y otras alianzas criminales. Eso ha provocado, en palabras de los indígenas, una “desarmonización” del territorio. Es decir, la ruptura del equilibrio espiritual, ecológico y social del que dependen.

Las amenazas son, además, cada vez más difíciles de contener. Como explica la abogada y defensora de derechos humanos Lina María Espinosa, los territorios indígenas están atravesados por diversos actores e intereses: grupos armados, cultivos ilícitos, minería ilegal, proyectos de extracción de hidrocarburos o minerales y monocultivos. “Si uno sobrepone todas esas capas, entiende que se trata de territorios habitados por personas expuestas a múltiples presiones y riesgos, con un denominador común: el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías ni protege los derechos esenciales”, afirma.

Para conocer de cerca estos procesos y las amenazas que enfrentan, una alianza periodística coordinada por Mongabay Latam —en la que participaron Baudó Agencia Pública, Vorágine, La Silla Vacía, Rutas del Conflicto y El Espectador— rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía. Allí, las guardias indígenas resisten combinando saberes ancestrales con nuevas herramientas tecnológicas y conocimientos científicos. No todos se identifican como guardias ni portan chalecos o bastones de mando, pero todos, de una u otra forma, protegen y “guardanean” su territorio.

El cuerpo de la resistencia

Luis Alfredo Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena, suele ilustrar las diferentes formas de proteger el territorio con lo que llamó “el cuerpo de la resistencia”. “Aunque todos somos guardianes porque protegemos la vida, cada pueblo ha desarrollado su forma de resistir, de cuidar, de ‘guardar’”, explica. Entre ellas, hay cuatro elementos que aparecen con mayor o menor fuerza.

El primero, afirma, es la “resistencia de pies y manos”. “Para nosotros, como indígenas, es muy importante recorrer el territorio. Y estamos entrenados para eso, sabemos cómo hacerlo. Pero tenemos una particularidad: no caminamos solitarios. Nuestra fuerza está en lo colectivo”.

Recorriendo el extremo sur de Colombia, a lo largo de la frontera con Perú y Brasil, se han formado más de 400 guardias socioambientales que pertenecen a 40 comunidades indígenas del trapecio amazónico, en el departamento de Amazonas. Mientras hacen control de su territorio, han apoyado la siembra de más de 430 mil plántulas de especies maderables y 650 mil de especies frutales en los últimos 14 años. No tienen viveros, pero han adaptado bancos de semillas bajo los “árboles madre” con los que han reforestado 500 hectáreas. Al monitorear las plantas, una a una, han observado que su trabajo de reforestación tiene una efectividad de casi el 75 %.

Hacia el noroccidente de la Amazonía, en el departamento de Putumayo (fronterizo con Ecuador), la guardia indígena siona ha apoyado la protección de 57 000 hectáreas de selva, ha defendido su territorio de proyectos extractivistas y ha impulsado labores de desminado que les permiten volver a caminar sus tierras. Con sus bastones de palma de chonta (símbolos de autoridad y resistencia), han sido el escudo de protección de sus comunidades ante los actores armados, por lo que hoy muchos de sus miembros y líderes están amenazados y han sido desplazados.

Además de la fuerza física, necesitan comida para resistir. El segundo elemento —continúa Acosta— es la resistencia del estómago. “Cuando hablamos de nuestra fuerte relación con la naturaleza, el estómago es fundamental, porque en el estómago está la semilla. Nosotros somos protectores de la semilla, de la cosecha de los alimentos propios”, dice.

En el corazón del Valle de Sibundoy, donde la Amazonía se conecta con los Andes, las mujeres de los pueblos inga y kamëntšá resguardan su cultura, su lengua, sus conocimientos tradicionales y su territorio a través de la protección de las chagras, su sistema de cultivo tradicional.

La chagra de María Concepción Juajibioy, más conocida como “mamá Conchita”, es un ejemplo vivo de la resistencia del estómago. Mientras que las montañas que la rodean están llenas de monocultivos de papa, aguacate y fríjol, en su patio ella cuenta con 217 especies de plantas medicinales, ornamentales, maderables y de alimento. Junto a otras mujeres retoman prácticas de cultivo más amigables con el medio ambiente.

“Eso también es defensa”, asegura Sofía Díaz, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad. “Las mujeres del Sibundoy son una muestra muy importante de que, desde lo cotidiano, también se puede hacer un ejercicio de guardia: proteger quiénes son, cuidar y seguir el consejo histórico, cultural y ancestral del vínculo con el territorio”.

Para quienes dependen de los ríos, conservar la diversidad de peces también hace parte de su resistencia. En la Estrella Fluvial del Inírida, un humedal Ramsar de importancia internacional ubicado en el departamento de Guainía, fronterizo con Venezuela, Fredy Yavinipabe y sus paisanos llevan más de una década convirtiendo las faenas de pesca y los peces en su “objeto de estudio”. Navegan tomando datos y las cocinas se convierten en un laboratorio donde miden, pesan y organizan la información de los peces.

Revisan, por ejemplo, su contenido estomacal para ver con qué se alimentan y definir qué plantas pueden usar para reforestar las orillas de los cuerpos de agua. También miran si son adultos o juveniles, en qué tallas alcanzan la madurez sexual y dónde se reproducen.

Como explica Jaime Cabrera, coordinador de monitoreo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el conocimiento ancestral de las comunidades y los datos que recogen en sus jornadas de pesca han sido cruciales para que la ciencia entienda cómo se comportan las especies de agua dulce en la zona. Gracias a su trabajo, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) ha emitido dos resoluciones corrigiendo los tiempos de veda y tallas de pesca de especies ornamentales y de consumo en la zona.

Resistir con la cabeza y el corazón

Todas estas experiencias, aunque distantes, comparten un punto de partida: la decisión de organizarse para conservar. Eso, retoma el coordinador nacional de la guardia, hace parte de la tercera resistencia: la de “la cabeza”, las ideas. “En la cabeza están muchas cosas importantísimas: la educación propia, el saber ancestral, el plan de vida. Aunque partimos de ahí, no protegemos solo para nosotros, o para un resguardo o una comunidad, sino para toda la sociedad, indígena o no indígena”, afirma.

En la parte sur del río Caquetá, antes de llegar a Brasil, hay unos pueblos indígenas que desde hace más de una década decidieron declarar una porción de su territorio como “zona intangible”, es decir, dedicarla únicamente a la conservación. Unas huellas en el suelo y una fogata a orillas del río les dieron los primeros indicios para confirmar que, en el territorio que les había otorgado el Estado, habría también otros pueblos indígenas no contactados que decidieron permanecer aislados, los yuri y los passé.

Respetando su decisión y su autonomía, los habitantes del Resguardo Curare Los Ingleses y de la comunidad Manacaro decidieron unirse y convertirse en una barrera ante las amenazas del mundo occidental: los misioneros que buscaban contactarlos, los actores armados y el avance de la minería ilegal. Guiados por la espiritualidad han implementado también otras herramientas de cartografía, geologalización e imágenes satelitales para proteger el territorio y a sus vecinos.

Para la mayoría de pueblos indígenas amazónicos, la espiritualidad es la que permite la conexión con todo. A través del remedio (yagé o ayahuasca) se mantiene la conexión espiritual y el diálogo con el territorio. Esta, según Acosta, es la cuarta resistencia. La “resistencia del corazón”, porque ahí está el ser, la identidad, la cultura. “Aquí está la Ley de Origen, la ancestralidad. El yagé es un abuelo que te da la sabiduría, que te permite volverte selva para entender qué pasa y qué puedes hacer para armonizarla”, afirma. Los chamanes, taitas y sabedoras son un eje central de la resistencia indígena.

En palabras de Judy Jacanmejoy, indígena kamëntšá de 38 años, si las personas no están en equilibrio y no despiertan primero su sensibilidad con la tierra, “no pueden proteger luego el territorio”.

Acosta lanza una reflexión final: “Aunque parecen cosas aisladas, y algunos pueblos pueden ser más fuertes en la resistencia de pies y manos, y otros en el estómago, la cabeza o el corazón, realmente es una resistencia integral. ¿Por qué? Porque, en el centro, todo esto funciona solo si hay tierra”.

Cuando proteger se convierte en una amenaza

De las 107 000 hectáreas que se deforestaron en Colombia en 2024, según el Ministerio de Ambiente, 68 000 fueron taladas en la Amazonía. Allí se encuentran 22 de los 28 núcleos de deforestación del país y se ha concentrado históricamente más del 50 % de la deforestación nacional. Sin embargo, los territorios indígenas y las áreas protegidas han tenido un papel indiscutible en la conservación del bosque en pie. Han sido una contención.

De las más de 50 millones de hectáreas que ocupa esta región en el país, los 64 pueblos indígenas que habitan la Amazonía poseen cerca de 25 millones de hectáreas. Según un estudio del Ideam en 2019, la cobertura forestal en sus territorios es de casi el 98 %, lo que se traduce en que están muy bien conservados.

Pero no se quedan solo ahí. Los pueblos indígenas son, incluso, quienes resguardan las áreas protegidas a las que la institucionalidad ya no puede ingresar. Según informó Parques Nacionales Naturales a Mongabay Latam, hay once áreas protegidas de la Amazonía colombiana en donde los actores armados han restringido el acceso y la movilidad de funcionarios y guardaparques de la entidad. “Las restricciones —dicen— dificultan las acciones de investigación y monitoreo de la biodiversidad. Y limitan la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control, poniendo en riesgo una mejor identificación y caracterización de las presiones”.

Las labores de conservación de las guardias indígenas han sido reconocidas por organismos como la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que destacó su “ejercicio cultural de defensa territorial y de derechos humanos (…) como guardianes protectores de los territorios ancestrales y, en esa vía, de la propia existencia de los pueblos que los habitan”. Además, al estar en territorios atravesados por la violencia, también se han destacado sus acciones humanitarias, como la liberación de secuestrados, prevenir el reclutamiento de menores, ayudar en la búsqueda de desaparecidos y la protección y prevención frente a las minas antipersonal.

En palabras de la abogada Lina María Espinosa, quien actualmente coordina el Equipo de Defensores de la organización Amazon Frontlines, eso tiene sus riesgos. “La guardia es el actor que disputa, es el escudo humano que se pone en frente de los actores armados y no armados y que afecta sus intereses. Es el que confronta a los petroleros y a los ilegales”. Entonces, insiste, es el primer actor que termina “siendo estigmatizado, señalado, perseguido e impedido en el ejercicio de su labor”.

Según datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) del Programa Somos Defensores, entregados a Mongabay Latam, de los 1411 asesinatos registrados entre 2014 y 2024, 241 fueron dirigidos a líderes indígenas y 70, específicamente, a líderes que además se desempeñaban como guardias indígenas. La cifra, sin embargo, es conservadora, asegura Juan Manuel Quinche, responsable del SIADDHH, pues no en todos los años se pudo identificar cuáles de los liderazgos eran guardias indígenas y cuáles no. Además, en estas cuentas no se incluyen otras agresiones como amenazas o atentados.

“Nosotros quedamos en una situación bastante compleja. Con reclutamientos, amenazas, señalamientos y desplazamientos. Teníamos que defendernos, pero también empezamos a sufrir las consecuencias”, señala Mario Yaiguaje, del pueblo siona en el Putumayo. La necesidad de huir a las ciudades y pueblos debido al conflicto redujo drásticamente a los siona en su territorio ancestral.

Censos realizados entre 2009 y 2012 estimaban una población aproximada de 2578 personas en su territorio, distribuidas en seis resguardos y seis cabildos. Para 2017, Yaiguaje contabilizaba sólo 171 familias representadas en 633 habitantes. Además, sus comunidades han perdido la posibilidad de movilizarse por la presencia de minas antipersonal sembradas por los actores armados. Se quedaron sin acceso a las zonas de cacería, pesca, recolección de plantas medicinales y a sus sitios sagrados.

“Hoy ese proceso y proyecto colectivo, que habían construido con autonomía y valentía, está profundamente amenazado y tiene a varios de sus líderes en condiciones de desplazamiento y exilio”, insiste Espinosa. La escena se repite a lo largo y ancho de la Amazonía, afectando diferentes pueblos que, como declaró la Corte Constitucional en 2009, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente.

Las promesas incumplidas

Cuando el presidente Gustavo Petro presentó su Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta que direccionaría sus cuatro años de gobierno, los pueblos indígenas y el ambiente tuvieron un papel central. En uno de sus puntos se aseguró que se avanzaría en el “empoderamiento” de las guardias indígenas para fortalecer la estrategia de protección territorial y la autonomía de estos pueblos. Incluso, estableció que se “promocionarían” dichas figuras como mecanismos de protección colectiva y que se destinarían recursos financieros y humanos para asegurar su fortalecimiento.

La noticia emocionó a los cuidadores indígenas que, en mayo de 2023, mientras el Congreso discutía el PND, también se movilizaron hasta Bogotá pidiendo su aprobación. Sin embargo, dos años después se desconoce cuántos recursos se han destinado específicamente para el fortalecimiento y consolidación de las guardias indígenas en el país y qué proyectos para la protección de los territorios se han visto beneficiados —si los hay—. Aunque Mongabay Latam envió al Ministerio del Interior una solicitud de información sobre este tema el pasado 17 de marzo, aún no ha recibido respuesta.

Según Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena en la ONIC, “al menos se ha visto que hay voluntad del Gobierno”. La última vez que vieron algo parecido fue con el Capítulo Étnico incluido en el Acuerdo de Paz con las FARC. Sin embargo, hasta ahora, las promesas se han quedado en el papel. Por eso, en los últimos meses los esfuerzos indígenas se han centrado en construir una política pública sobre mecanismos de protección que contemple un presupuesto para las guardias indígenas.

“Históricamente ha habido un abandono y un desconocimiento de lo que son los gobiernos propios. Nosotros, como guardias, hemos trabajado para que haya menos deforestación, hemos apoyado en situaciones de la guerra, hemos evitado que se recluten menores. Hemos cumplido nuestro papel y lo hemos hecho de corazón, pero el Estado no lo ha tenido en cuenta”, dice Acosta.

Quienes resguardan los bosques, ríos y humedales de la Amazonía sufren las consecuencias. Olegario Sánchez, uno de los guardias más veteranos de San Martín de Amacayacu, una comunidad del pueblo tikuna al sur del departamento de Amazonas, ha visto cómo decenas de sus compañeros abandonan la guardia indígena por falta de ingresos. Sin canoas, dotación o radios para comunicarse, es muy difícil cumplir con su función.

“Nosotros no creemos que las comunidades indígenas, que ahora llamamos las guardianas de la selva, tengan que trabajar gratis, sino que hay que pagarles por cuidar este bioma”, asegura Sergio Martínez, coordinador de proyectos de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), una organización que trabaja por el respeto y protección de los pueblos indígenas. El servicio que están prestando, insiste, “no es cualquier cosa”.

Lograr este reconocimiento económico sería un respaldo para que los guardias socioambientales del trapecio amazónico continúen midiendo árbol por árbol el impacto de su reforestación. Para que las mujeres de Sibundoy puedan multiplicar las chagras y proteger las fuentes de agua de su pueblo. Para que desde la Estrella Fluvial del Inírida se mantengan las relaciones entre la selva y los humedales, protegiendo la enorme diversidad de peces de agua dulce.

También para que los siona puedan volver a recorrer los caminos que habían logrado desminar y que ahora, con el recrudecimiento del conflicto, denuncian nuevamente contaminados. O para que los indígenas vecinos de los Pueblos en Aislamiento puedan ayudarlos a permanecer sin contacto con el mundo occidental. Pero, sobre todo, como afirma Mario Yaiguaje, para permanecer. “Si salimos del territorio, tendemos a morir. Si la raíz muere, la esencia muere. Y muere el principio de un pueblo”, dice.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con Vorágine, Baudó Agencia Pública, La Silla Vacía, El Espectador y Rutas del Conflicto. Coordinación: Antonio Paz Cardona, Daniela Quintero Díaz. Edición: Daniela Quintero Díaz, Antonio Paz Cardona. Ilustraciones: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública. Investigación: Daniela Quintero Díaz. Periodistas: José Guarnizo, Camilo Alzate, Natalia Arbeláez, Pilar Puentes, Daniela Quintero Díaz y César Giraldo. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración de portada: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El último trabajo de Gerardo Harewood fue como redactor político en un medio con 90 años de historia. Devengaba apenas 200 mil pesos por encima del salario mínimo, trabajando hasta doce horas diarias. “Al final del día, un mesero ganaba más que yo. No quiero denigrar a nadie, pero eso pasaba y era una de mis quejas”.

Fue reportero durante quince años en Venezuela y Colombia. “Siempre tuve una relación amor-odio con el periodismo. Me gustaba el oficio, pero detestaba las condiciones de trabajo que los medios nos siguen ofreciendo”.

A sus 38 años prefirió arriesgar la vida: a finales de 2024 se aventuró con otros amigos a cruzar la selva del Darién para llegar a Estados Unidos. Cuando Donald Trump tomó el poder, Gerardo quedó atrapado en la frontera entre Guatemala y México. Allí encontró empleo en la cocina de un restaurante con un salario apenas un poco mejor, mientras obtiene el documento legal que le permita ingresar a Ciudad de México.

“El periodismo es una profesión hermosa pero muy ingrata a la que le dedicas la vida y al final no te deja nada. Al llegar a casa sólo tienes preocupaciones, porque la plata no te alcanza y tampoco tienes tiempo para hacer nada más”, me cuenta vía WhatsApp.

Por ahora no quiere saber nada de salas de redacción, pero mantiene intacta la ilusión de algún día poder vivir del oficio de escribir.

Mejor suerte corrió Andrés Ruiz. Cuando vio que no había posibilidades de ascenso, “por aquello de las roscas”, dice, y porque una y otra vez le negaban los aumentos de sueldo, logró que lo despidieran y con la indemnización montó un bar y, con las ganancias de ese, abrió el segundo. Asumió el riesgo que implicaba pasar de empleado a independiente, y, según me cuenta, esta nueva vida le reportó ingresos casi cuatro veces superiores a los $2.800.000 que percibía como redactor en un medio con 114 años de historia.

Andrés vendió los bares para ingresar al negocio transportador y ahora gerencia su propia fábrica de empanadas. “El ser independiente requiere mucho más trabajo, pero estás trabajando para ti, para tu proyecto de vida. Hay días que son pesados, pero también hay días en que no es necesario que vayas a trabajar. Te das cuenta de que puedes conseguir buen dinero y a la vez calidad de vida”.

Se siente decepcionado del periodismo. “Se estudió con gran esfuerzo porque venía de una familia humilde. Fui mensajero, barrendero de buses, mensajero, tramitador y archivista”.

Como redactor le asignaban nuevos puestos pero el sueldo no mejoraba. “Trabajaba apenas para sobrevivir, sacrificando familia, amigos, navidades y semanas santas”.

Su diagnóstico sobre el oficio es desalentador. “Los muchachos de hoy pagan un semestre de hasta $12 millones para entrar a ganar $1.500.000 al mes. Al principio tú los recibes con felicidad, porque eres parte de uno de los medios más importantes de Colombia. Eso demuestra que el periodismo está cada vez más desenfocado, donde cada vez hay menos oportunidades para tanto muchacho que sigue empeñado en estudiar esa carrera”.

Las historias de Gerardo y Andrés demuestran que no son buenos tiempos para ejercer el periodismo en Colombia, y quizás tampoco en otros lugares del mundo, a juzgar por los resultados que arrojó el estudio “Condiciones laborales de los periodistas en Colombia” (ver aquí), adelantado por la  Escuela  de  Ciencias  Humanas  de  la  Universidad  del Rosario, a partir de encuestas anónimas con 271 periodistas en ejercicio, realizadas entre septiembre y diciembre de 2023 por medio de correo electrónico y llamadas telefónicas.

Un dato contundente: El 50,6% de los periodistas colombianos tienen deseos de abandonar el periodismo para dedicarse a otra cosa.

La insatisfacción por género es pareja: el 52% de las mujeres y el 49% de los hombres manifestaron malestar “con sus condiciones laborales y con la situación de la profesión en el país”.

Los investigadores están de acuerdo en que “las sociedades democráticas necesitan de periodistas rigurosos y comprometidos con su profesión, pero esto será cada vez más difícil, si quienes la ejercen no cuentan con salarios y jornadas laborales justas”.

La encuesta evidenció que “tanto los que se encuentran iniciando su carrera como quienes llevan más de 15 o 20 años en la profesión, manifestaron estar dispuestos a abandonar el periodismo”.

Síntomas de ese malestar son la precariedad e inestabilidad, las largas jornadas laborales y la falta de garantías, siendo peor la situación para “los periodistas de municipios y regiones alejadas de los centros urbanos”.

Horarios extenuantes

El 72% dedica más de 8 horas al día al trabajo periodístico, por encima de la jornada laboral permitida en Colombia. Únicamente el 8,6% trabaja menos de 6 horas diarias. La peor parte la llevan los periodistas de radio: El 78,5 % labora más de 12 horas, seguidos por los de prensa (19%) y los de medios digitales (17%).

El estudio advierte así mismo que los despidos han ido en aumento a partir de 2020, el año de la pandemia por COVID-19, aunque en Colombia no se cuentan con cifras oficiales, más allá de lo reportado por los propios medios.

 “Según los estudios que han abordado las condiciones laborales de los periodistas, la precarización acarrea una serie de consecuencias,  entre  las  que  destacan  la  vulnerabilidad,  el  pluriempleo,  la  disminución  de  la  calidad  del  periodismo  y,  en  muchos  casos, el abandono de la carrera periodística”: Universidad del Rosario.

¿Qué piden los periodistas para que se mejoren sus condiciones laborales? Mejores salarios, contratación directa y a término indefinido, más y mejores herramientas para ejercer el periodismo, jornadas laborales definidas, claridad  en  los  roles  a  desempeñar, autonomía  y  control  sobre  el  trabajo, y  representación  colectiva  ante  el  empleador.  (El  96,3  %  de  los  periodistas  encuestados  no  hace  parte  de  una  organización sindical).

La investigación fue conducida por Diego García Ramírez, profesor del Programa de Periodismo; Paulina Morales Valencia, profesional en Periodismo y Opinión Pública y Óscar Parra Castellanos, periodista de datos. 

Su recomendación final es clara: “Toda discusión sobre la crisis y el futuro del periodismo debe incorporar las condiciones bajo las cuales trabajan los periodistas. La defensa de sus derechos laborales no es un asunto exclusivo del gremio; por el contrario, debe  involucrar  al  Estado,  propietarios  de  medios,  académicos y a toda la ciudadanía”. 

Datos clave de la encuesta

Participaron en la encuesta periodistas  de  Bogotá  y  de  los  32  departamentos,  excepto  Guainía  y  Vichada: Radio (107); Medios digitales (63); Medios impresos (62) y Televisión (28). La mayoría de los encuestados trabajan para medios privados.

• Por rango de edad: 25 a 30 años (22,1 %); 36 a 40 años (15,8 %) y 31 a 35 años (15,1 %).

• Por status: Periodistas (58,6 %); Directivo (13,6 %) y Editor (10,3 %).  

• Por formación académica: Con título profesional (66 %), con estudios de maestría (16 %) y Carrera técnica (10,7 %).

• Por trayectoria: más de 21 años de experiencia (25%); entre 1 y 5 años (24%); de 6 a 10 años (23%).

• Por tipo de vinculación: Contrato a término indefinido (44,3 %); Por prestación de servicios (25,8 %) y trabaja por prestación de servicios y Contrato laboral a término fijo (12,9 %). El 11,4 % de los encuestados no tiene ningún tipo de contrato y el 5,5 % trabaja por pauta o cupo publicitario.

• Por género: 25% de los hombres tiene contrato laboral a término indefinido y apenas el 19,1% de las mujeres.

• Por ingresos: Más de $5 millones de pesos al mes (20%); entre $4 y $5 millones (20%); entre $3 y $4 millones (17%).  Solo  la  quinta  parte  de  los  periodistas  recibe  más  de  5  salarios  mínimos mensuales vigentes (SMMLV) para 2023. Cerca del 8% de los periodistas recibe menos de un salario mínimo y al 4 % la actividad no le genera ningún tipo de ingreso. Los hombres tienen mayor remuneración.  

• Nivel de satisfacción por las condiciones laborales: Insatisfecho (46,4%); Neutral (32,4%) y Satisfecho (20,6 %).

El 78 % del territorio venezolano conserva sus coberturas naturales, no sólo bosques sino también otros como herbazales, arbustales y sabanas, aunque con distintos niveles de intervención. Ese es uno de los hallazgos de Mapbiomas Venezuela, una iniciativa que genera mapas y datos sobre el uso y la cobertura del suelo en el país, basándose en imágenes satelitales, y que tuvo su más reciente actualización en noviembre de 2024. De acuerdo con el análisis, cerca del 62 % del territorio son formaciones boscosas y entre 1985 y 2023 se perdieron alrededor del 4 % de los ecosistemas naturales en todo el país. Esto último, implica la pérdida de más de 4 millones de hectáreas en casi cuatro décadas.

Las imágenes permiten identificar dos regiones contrastantes en Venezuela: al sur del río Orinoco se concentran el 79 % de las formaciones boscosas, mientras que al norte, donde reside más del 90 % de la población y se localizan los principales centros urbanos e infraestructuras, se ubican el 94 % de las áreas transformadas por usos agrícolas. En esta región norte, además, predominan las formaciones herbáceas y arbustivas del país.

Para Rodrigo Lazo, coordinador técnico del programa Amazonía en Provita, organización que participa en la elaboración de MapBiomas, “es como tener dos Venezuelas: una al norte del río Orinoco, totalmente intervenida, y otra al sur, con grandes extensiones de bosque, pero donde la minería y la actividad agrícola comienzan a expandirse”.

Lazo también comenta que ahora se puede decir claramente que el mayor porcentaje de cambio está ocurriendo al norte y no al sur del país. “Pero esa información, que se ve tan sencilla en un mapa, no existía antes porque en Venezuela las estadísticas son muy gruesas, están desactualizadas o tienes sólo estudios regionales que son poco detallados”, comenta.

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Así cambió el país en casi cuatro décadas

En los 39 años de análisis, se detectó la pérdida de 4.16 millones de hectáreas de coberturas o ecosistemas naturales, de las cuales 3.62 millones se han perdido en el norte y 540 mil, en el sur.

La región norte ha visto un incremento en la superficie alterada por actividades humanas, principalmente agrícolas, pasando del 40 % en 1985 al 48 % en 2023, lo que ha afectado bosques, herbazales y arbustales.

En 1985 las áreas agrícolas (38.9 %) y las formaciones boscosas (36.1 %) ocupaban superficies similares. Sin embargo, en 2023 las áreas agrícolas ya superaban a las formaciones boscosas en cerca de 17 %. “La zona norte está altamente intervenida y se debería hacer todo lo posible para que no siga transformándose, porque tiene altos niveles de endemismos”, dice Tina Oliveira, coordinadora de Sistemas de Información Socioambiental en la ONG Wataniba.

Al sur del país el panorama es completamente distinto y la pérdida de formaciones boscosas es considerablemente menor, pues sólo se ha transformado el 1.7 %, entre 1985 y 2023. El 85 % de la región continúa dominado por las formaciones boscosas (52 563 500 hectáreas) y solo el 2 % de su superficie se destina a usos agrícolas.

Esta realidad contrasta con la de otros países como Colombia, que en 2023 perdió 44 274 hectáreas de bosques amazónicos y en 2024 la cifra pasó a cerca de 68 000 hectáreas.

Para la Amazonía venezolana, Oliveira considera que la actividad agrícola está relativamente contenida, en gran medida, debido a que “esos suelos se encuentran en el Escudo Guayanés y son muy pobres en nutrientes, a diferencia de los suelos amazónicos colombianos que tienen una influencia de la Cordillera Andina, muy rica en sedimentos”.

Esto representa un reto enorme “porque en nuestra Amazonía todo depende de la maravillosa bomba de ciclaje de nutrientes. Si tú rompes ese equilibrio, se acabó todo. Es muy difícil y lento que la Amazonía venezolana se recupere”, dice Oliveira.

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Una minería que crece velozmente

Desde hace varios años la minería en estados amazónicos como Bolívar preocupa a los expertos. Mapbiomas encontró que actualmente la superficie dedicada a esta actividad en el país no representa una gran extensión, pero sí creció exponencialmente en 39 años, al pasar de 23 000 hectáreas en 1985 a 203 900 en 2023, es decir, un incremento de 789 %.

Por ejemplo, el estado Bolívar tiene una superficie de uso minero 13 veces mayor a la de 1985 y la del estado Guayana Esequiba es 8 veces mayor. Este último territorio se encuentra en disputa con Guyana desde hace más de un siglo, pero Venezuela decidió anexarlo oficialmete a su mapa en 2024.

Wataniba, como parte de Mapbiomas Venezuela, ha hecho énfasis en que si bien el área que ocupa la minería es relativamente “pequeña”, lo cierto es que ha tenido una tasa de crecimiento alta. Es decir, el cambio en superficie desde 1985 ha sido notable en términos porcentuales. La organización destaca que la minería tiene muchos impactos no relacionados con la extensión territorial que no pueden verse en las imágenes de satélite y, probablemente, el mayor impacto ecológico de la minería de oro es en el agua y en ecosistemas acuáticos.

Las especies acuáticas pueden fijar el mercurio, que se va acumulando a lo largo de las redes tróficas, llegando a las especies depredadoras, muchas de ellas de consumo humano. Además, estas especies suelen ser migratorias, recorriendo grandes distancias, de manera que la contaminación llega a las poblaciones humanas locales u ocasionales. Es por esta razón que una gran parte de la Amazonía venezolana y, en general de las cuencas de los ríos Orinoco y Cuyuní, están afectadas y muchas especies de consumo humano tienen altos valores de mercurio en sus tejidos y, por tanto, las poblaciones que se alimentan de ellas.

Según los expertos que han participado en la elaboración de los mapas de MapBiomas, la minería ha impulsado otras actividades, como la agricultura, lo que ha modificado las coberturas vegetales en Venezuela, donde muchas áreas han sido intervenidas para producir alimentos destinados a las zonas mineras. Rodrigo Lazo agrega que “desaparecen partes del bosque, las utilizan dos o tres años para producción agrícola y después las abandonan. El problema es que la regeneración de ese bosque es muy lenta y los suelos son pobres”.

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Preocupaciones y retos

Mapbiomas Venezuela también destaca el progresivo aumento de las áreas urbanas, que han crecido más de un 60 % en los últimos 39 años, al pasar de 216 400 hectáreas en 1985 a 347 000 en 2023.

Respecto a este tema, Carlos Enrique González, geógrafo y coordinador del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Modelado Ambiental (LSIGMA) en la Universidad Simón Bolívar, comenta que se está impulsando la iniciativa MapBiomas Urbano, junto a especialistas del Departamento de Planificación Urbana de la misma universidad, para estudiar cómo evolucionan estas ciudades, con las conurbaciones que existen entre ellas y otros fenómenos como las tasas de crecimiento. Rodrigo Lazo añade que las ciudades más grandes al sur del Orinoco están muy cerca del río y es en esa zona de la Amazonía venezolana donde están ocurriendo los mayores cambios en las coberturas vegetales.

González no solo expresa preocupación por la expansión urbana desordenada y la falta de planificación ambiental, sino también por el avance acelerado de los cultivos de palma aceitera en las planicies deltaicas del río Orinoco. “En otros países, como Indonesia y Malasia, la expansión de la palma aceitera ha generado graves problemas ambientales, como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento de comunidades locales. En Venezuela, este fenómeno ha pasado desapercibido en gran medida, pero no por ello deja de ser alarmante”, advierte el investigador.

González y su equipo trabajan en identificar y documentar el proceso de ocupación y expansión de estos cultivos, que están transformando el uso del suelo en zonas de alto valor ecológico. “La palma aceitera está avanzando sobre ecosistemas frágiles, como los humedales y las selvas tropicales del delta del Orinoco, lo que podría tener consecuencias irreversibles si no se toman medidas urgentes”, señala. Además, destaca la necesidad de implementar políticas que equilibren el desarrollo agrícola con la conservación ambiental, promoviendo prácticas sostenibles y evitando la degradación de los ecosistemas.

MapBiomas Venezuela hace un gran esfuerzo en la generación de mapas y datos sobre el uso y la cobertura del suelo en el país, lo cual es fundamental para la planificación y gestión del territorio. Para Mylene Gutiérrez, especialista en sistemas de información geográfica de Provita, uno de los principales retos es la mejora en la calidad de los datos y la incorporación de mucha más gente, tanto expertos como ciudadanos, para fortalecer las capacidades locales. “Nosotros estamos generando los mapas, pero hay expertos que han trabajado en las regiones que nos pueden ayudar, incluso usuarios que hacen ciencia ciudadana. Es un proceso de retroalimentación que nos puede ayudar a generar datos cada vez más precisos”, concluye.

*Imagen principal: Deforestación por incendio provocado en la Sierra de Aroa, Venezuela (2018). Foto: Delvis Romero

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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