Se han creado mecanismos para aprobar nuevos pregrados en poco tiempo. Simultáneamente, se han eliminado programas con bajas tasas de empleabilidad. Como declaró Liao Xiangzhong, rector de la CUC: “El futuro será la era de la división del trabajo entre humanos y máquinas. La educación debe cambiar por completo: el profesorado debe entender qué papel desempeña en el sistema de conocimiento y dejar el resto a la IA”.

LUCES

La gran virtud del sistema chino es su velocidad de adaptación. Mientras muchas universidades aún discuten cómo incorporar la IA a sus planes de estudio, China comprendió que no se trata solo de añadir una asignatura, sino de repensar carreras completas, métodos de enseñanza y perfiles profesionales. Cambios comprensibles en un contexto de cambio tecnológico, altas tasas de desempleo y competencia por el liderazgo global.

También hay un acierto de fondo en la apuesta por la colaboración humano-máquina. La IA puede asumir tareas repetitivas, procesamiento de datos, traducción básica o generación de borradores. Esto desplazará el trabajo humano hacia funciones de creatividad, juicio, estrategia, interpretación y supervisión crítica. Bien orientada, esta transición no tendría por qué degradar la educación, sino encaminarla a reflexionar y enseñar lo que la máquina no puede hacer.

SOMBRAS

Pero emerge el perfil inquietante del modelo: su instrumentalismo. La reforma trata a la universidad como una plataforma de ajuste productivo. Tienen más valor las carreras que responden a la demanda inmediata y menor valor las que cultivan la reflexión, la memoria o la imaginación. El problema no es adaptar la educación al cambio tecnológico, sino someter el conocimiento al criterio de la utilidad económica.

Ese utilitarismo tiene consecuencias humanas e intelectuales. Para los estudiantes de las carreras eliminadas, la reforma no es una promesa, sino la certeza de que estudiaron una disciplina inútil. El riesgo es aún mayor para la universidad. Cuando las decisiones académicas empiezan a depender de métricas de empleabilidad y señales de mercado, la institución puede volverse muy eficiente para responder al presente, pero incapaz de preservar saberes, formar criterio y resistir la volatilidad tecnológica.

LA TRAMPA DE LA HIPERESPECIALZIACIÓN

Otra sombra preocupante es la pérdida de la interdisciplinariedad. Al sustituir carreras por programas vinculados a tecnologías de punta, China corre el riesgo de formar profesionales muy eficientes para el mercado de hoy, pero frágiles para el del 2040. La historia tecnológica muestra que los ciclos de innovación pueden ser vertiginosos.

Por ejemplo, en España la telefonía móvil dio un salto decisivo en 1995 con la llegada del sistema GSM, que desplazó tecnologías anteriores y reorganizó el sector por completo. Ese antecedente ayuda a entender el problema de fondo. Cuando la universidad forma especialistas atados a una tecnología específica, corre el riesgo de que ese conocimiento envejezca antes de consolidarse profesionalmente. Por esa razón, una formación con bases robustas en humanidades, ciencias básicas y pensamiento abstracto, suele ser más resiliente que los programas diseñados alrededor de una innovación puntual.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

La revolución educativa china es un experimento fascinante y valiente. Sin embargo, el instrumentalismo convierte a la universidad en una fábrica de perfiles técnicos. A lo anterior se le suma la angustia de los estudiantes de las disciplinas extintas y una posible fragilidad a causa de la hiperespecialización.

China podría combinar su velocidad con una “cláusula de salvaguarda humanística”: cada carrera tecnológica incluya al menos un 25% de créditos en pensamiento crítico, historia o ética. Singapur ya lo hace. También podría garantizar que los estudiantes de las carreras eliminadas tengan la opción de terminar sus estudios con un “complemento de empleabilidad” financiado por el Estado. Sin estos ajustes, la revolución educativa será técnicamente brillante pero humanamente frágil.

En pocos años veremos a otras naciones copiar el modelo si China tiene éxito. Si fracasa, servirá como advertencia de lo que ocurre cuando se olvida que la universidad no solo debe preparar trabajadores, sino humanos para la vida, la duda y la creación desinteresada.

Por ahora, los estudiantes asisten a clase sin saber si sus títulos son un pasaporte o un epitafio.

La respuesta es incómoda: en la actualidad el dinero es un acuerdo colectivo. Y, como toda promesa, su valor depende enteramente de quien promete.

Si el dinero vale por la confianza que genera su emisor, entonces el bien más valioso que tiene cualquier banco central no es el oro, sino su reputación. Esa reputación descansa en cosas concretas: que el banco central tome decisiones técnicas y no políticas, que existan instituciones que den certeza sobre el futuro y que el gobierno no gaste a voluntad o que imprima billetes para tapar huecos fiscales.

En el caso específico del dólar, su valor depende de que Estados Unidos sea un actor predecible dentro del orden internacional. Al euro lo respalda el BCE y la disciplina del bloque europeo, a menudo criticada por su rigidez en momentos de crisis. El yen japonés se sostiene sobre décadas de institucionalidad robusta. El franco suizo es sinónimo de estabilidad. Ninguna de estas monedas necesita que alguien las defienda: su valor lo ampara la trayectoria del sistema que las emite.

El dólar, además de lo anterior, tiene un ecosistema que ninguna moneda ha replicado. No es solo que concentre más de la mitad de las reservas internacionales de los bancos centrales del mundo. El petróleo, el gas y la mayoría de las materias primas se negocian en dólares, igual que la deuda de decenas de naciones. La mayor parte del comercio global —incluso entre países que no tienen ninguna relación directa con Estados Unidos— se factura y liquida en esa moneda. Todo esto crea un ciclo que se autorrefuerza: el planeta usa el dólar porque todos lo necesitan.

Aquí es donde la segunda presidencia de Donald Trump deja de ser un fenómeno político para convertirse en un problema monetario global.

No se trata de ideología. Hay argumentos legítimos para reducir impuestos, revisar tratados comerciales o cuestionar consensos del libre mercado. El problema no es la dirección de las políticas: es su naturaleza errática. La imprevisibilidad erosiona las instituciones, lo que impacta en las monedas del planeta.

Para países como Colombia, esto no es un asunto abstracto. Cuando el dólar incorpora incertidumbre, el peso la multiplica. Una divisa volátil encarece las importaciones, presiona la inflación y complica la deuda externa. Lo que pasa en Washington incide en el bolsillo de los colombianos antes de que llegue a los titulares de los periódicos.

Tomemos los aranceles como ejemplo. En abril de 2025, la administración Trump anunció aranceles generalizados contra prácticamente todos sus socios comerciales. El problema no fue exclusivamente el impacto comercial. Una medida aplicada intempestivamente ofrece un mensaje de inestabilidad. Si las reglas cambian a voluntad del presidente de Estados Unidos, los dólares incorporan un riesgo que no tenían antes.

A esto se agrega la relación de Trump con la Reserva Federal. Ha exigido que baje las tasas y ha dicho que puede remover a Jerome Powell a su antojo. Hasta ahora no lo ha hecho, pero el daño está hecho. Los mercados no esperan a que el banco central sea capturado para actuar. Les basta con que la posibilidad parezca real.

Para rematar, en mayo de 2025, Moody’s rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos, quitándole la última triple A que le quedaba. El impacto técnico es limitado, pero el simbolismo es devastador: no tiene la máxima calificación el país que emite la moneda en la que se comercia y se pagan las deudas.

Las políticas de Trump no solo siembran desconfianza, también generan un daño estructural. Los gobiernos, las empresas y los bancos comienzan a dudar sobre usar el dólar en sus operaciones.

La señal más significativa no está en los noticieros, sino en lo que podríamos llamar la “plomería financiera”: la infraestructura invisible que hace posible que el dinero fluya entre países. Y esa plomería, que durante décadas corrió casi exclusivamente por tuberías denominadas en dólares, está siendo rediseñada. Los países no anuncian que van a dejar el dólar; simplemente construyen otras opciones.

Esta plomería es relevante gracias a que el ecosistema del dólar no depende solo de la confianza, sino de la infraestructura que la hace operativa. Es costoso cambiarse a otra moneda si los sistemas de pago, los protocolos de liquidación y las redes de compensación están construidos alrededor del dólar. Pero si existe una infraestructura alternativa, y es funcional, la decisión deja de ser técnica y se vuelve política. Ahí está el verdadero riesgo.

Por ejemplo, el proyecto mBridge —una plataforma de divisas digitales entre los bancos centrales de China, Hong Kong, Tailandia, los Emiratos y Arabia Saudita— ha acumulado ya más de 55.000 millones de dólares en transacciones. El sistema chino de pagos CIPS procesó el equivalente a 24 billones en 2024, triplicando su volumen desde 2020. No estamos ante un relevo inminente, sino ante el montaje de opciones para prescindir del dólar.

Trump no solo está erosionando la reputación de la Reserva Federal o el perfil crediticio del Tesoro. Está minando el ecosistema que hace que el mundo elija el dólar por encima de otras monedas. El riesgo no es una crisis inmediata. Es algo más insidioso: la acumulación de recelo mientras se construye otra cañería.

El mundo creyó en el dólar porque Estados Unidos se comportó como un emisor en el que valía la pena creer. Sin embargo, la fe, como el dinero, no se legisla ni se decreta: se sostiene gracias a la solidez de la estructura y a la serenidad de lo estable. La reputación del dólar se mantiene en pie mientras las paredes no se agrieten, pero tambalea con el trino de las aves.

Norte de la Franja de Gaza, 22-4-2024 (Mahmoud Issa/Reuters)

El analista chino-canadiense Jiang Xueqin ofrece una visión que podríamos denominar estructural-declivista. Su punto de partida es que Estados Unidos se embarcó en una guerra de desgaste que acelera tensiones acumuladas por una suerte de “sobrecalentamiento imperial”, el cual erosiona la base económica de su hegemonía.

El Marco de Jiang Xueqin: la guerra como acelerador del declive sistémico

Jiang sostiene que esta es una guerra asimétrica en la que la ventaja tecnológica se convierte en una desventaja financiera. Irán emplea drones de bajo costo (decenas de miles de dólares) para obligar a Israel y Estados Unidos a utilizar misiles que cuestan millones de dólares. Esto crea un diferencial de gasto insostenible en el marco de un conflicto prolongado.

En segundo lugar, el verdadero campo de batalla no es militar sino económico-global. Jiang postula que Irán apunta a la infraestructura de los países del Golfo para golpear el corazón del sistema que sostiene la hegemonía estadounidense.

El tercer pilar es la tesis de una arquitectura financiera altamente dependiente de flujos externos. Jiang argumenta que un porcentaje significativo de la economía estadounidense —incluida la burbuja de la inteligencia artificial y la sobrevaloración bursátil— depende del reciclaje constante de petrodólares y capital global. Un shock prolongado en el estrecho de Ormuz tensionaría el equilibrio de flujos y lo expondría a vulnerabilidades estructurales.

De esta manera, Jiang anticipa que Estados Unidos tenderá a “perder” esta guerra en un sentido sistémico más que militar. No por una derrota en el campo de batalla, sino porque el conflicto que aceleraría un declive hegemónico al exponer sus vulnerabilidades estructurales. Esto forzará a sus socios a buscar alternativas al dólar y a la seguridad estadounidense.

La guerra como oportunidad estratégica para China

Frente a la visión de Jiang, aparece un marco geopolítico, representado por analistas chinos como Qin Tian y Ren Hanjun. Para ellos el conflicto debe leerse como un realineamiento estratégico y no como un colapso.

Su premisa básica es que, independientemente de quién “gane”, China emerge como la beneficiaria de un orden regional más fragmentado. Washington queda atado a un teatro de operaciones complejo, mientras Pekín amplía su margen de maniobra en el ámbito económico y diplomático.

El argumento se despliega en varios niveles. Por un lado, incluso si Estados Unidos lograra una victoria táctica contra Irán, el costo político y diplomático sería enorme. Los estados del Golfo diversificarán sus alianzas de seguridad, consternados por una guerra que no buscaron. En ese escenario, China se presenta como alternativa lógica, al combinar inversión, compras de energía y ausencia de condicionamientos.

Por otro lado, la guerra impulsa a los socios de China. Un cierre parcial o selectivo del estrecho de Ormuz refuerza la interdependencia energética entre Teherán y Pekín. Asimismo, el aumento del precio del petróleo aliviaría las presiones sobre Rusia, socio estratégico de China.

Este marco no predice un colapso estadounidense inmediato, sino una reconfiguración en el que China gana influencia, acceso energético y contratos para su industria de defensa.

Factores de erosión política para Trump

En el frente interno, la gestión de la guerra abre grietas para Trump. Las declaraciones de Rubio, quien reconoció que Estados Unidos atacó para “proteger” a Israel, han generado indignación bipartidista. Figuras demócratas han acusado a la administración de poner en peligro a las fuerzas estadounidenses. Este malestar es especialmente delicado en la base MAGA, quien votó por Trump gracias a la promesa de que no habría conflictos en Oriente Medio.

En paralelo, las relaciones entre élites israelíes y Epstein alimenta narrativas sobre influencia extranjera en la política estadounidense. Para demócratas y republicanos críticos de Trump, este contexto refuerza la sospecha de que la decisión estuvo atravesada por lealtades externas y circuitos de poder oscuros.

En esta configuración, una resolución bipartidista en la Cámara de Representantes para forzar el debate sobre la retirada de fuerzas estadounidenses obliga a cada congresista a fijar una posición pública. Ese registro se utilizará en campañas en las elecciones de medio término.

Factores de Control y Permanencia

A pesar de estas grietas, los mecanismos formales para una salida anticipada de Trump siguen siendo altamente improbables. El impeachment requeriría dos tercios del Senado, algo inverosímil en un Congreso donde los republicanos no dan señales de una ruptura masiva. Por su parte, la Enmienda Veinticinco exigiría que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declararan a Trump incapacitado.

Pero no es necesario recurrir a estos escenarios. Finalmente, la guerra contra Irán es “propiedad política” de Trump, lo que implicará un desgaste en las urnas de los republicanos y del gobierno.

Posibles escenarios

La evolución del conflicto dependerá de la interacción entre la dinámica militar, la economía global y las presiones políticas internas. En el corto plazo, la estrategia de Washington y Tel Aviv buscará maximizar el impacto de ataques aéreos, evitando enfrentamientos terrestres.

Sin embargo, las declaraciones de Trump de que enviará tropas por tierra, demuestra que la administración contempla ese escenario. Este hecho encaja con la tesis de Jiang de “sobrecalentamiento imperial”: el uso de la fuerza terrestre es el síntoma de un poder que ya no puede alcanzar sus objetivos por otros medios. Una escalada de este tipo intensificaría las tensiones con el Congreso y con la opinión pública.

En el frente económico, el conflicto ya está produciendo efectos globales: ha subido el precio del petróleo, los mercados asiáticos muestran volatilidad y sectores como el transporte aéreo sufren pérdidas por rutas más largas y primas de riesgo más costosas.

El desenlace más probable no es el colapso fulminante que proyecta la lectura más apocalíptica de Jiang, ni la victoria limpia que desearía Trump para exhibir liderazgo y fortaleza. Lo que se vislumbra es un prolongado atolladero de desgaste mutuo.

Estados Unidos podrá reclamar éxitos tácticos, pero se verá obligado a gestionar las consecuencias imprevistas de un Irán que, incluso derrotado tácticamente, proyectará su influencia en diásporas radicalizadas y en el fortalecimiento de sus aliados.

Para Trump, el legado de esta guerra será profundamente negativo. Aunque se sostenga en el cargo —algo para lo que el sistema institucional sigue jugando a su favor—, lo hará como un presidente políticamente erosionado, gobernando sobre un país y un partido divididos por la guerra, mientras las elecciones de medio término se convertirán en un referéndum sobre su aventura iraní.

El concepto de Occidente, con la integración de Europa y América, se forjó a lo largo de tres siglos, desde cuando españoles, portugueses, ingleses, franceses y otros en proporciones menos significativas vinieron a ocupar tierras americanas. No se trataba de chinos, indios, persas, mongoles o árabes musulmanes. La marca de los invasores y de sus proyectos era la condición cristiana, expresa en el caso de los ibéricos e implícita en los otros; exigida luego a los africanos forzados a venir a las Américas. Hasta que llegaron los ideales de las revoluciones europeas a producir la ruptura del modelo colonial como uno de los mejores cataclismos de la historia.

Esta mención sirve para recordar elementos fundacionales sobre los cuales se concibe todavía el concepto de lo occidental, aún después de que el balance del poder haya cambiado al cierre de la época de las guerras mundiales para vivir casi un siglo con la primacía americana y la extensión de la idea del occidente político-geográfico a Australia, Japón y Corea, por lo menos en torno a la “democracia representativa” y el capitalismo. Solamente Cuba se fue abiertamente en contra de esa primacía, con las consecuencias conocidas, y la Europa Oriental se integró al esquema luego del experimento comunista.

La “crisis existencial” que ahora asusta a unos cuantos no tiene ni de lejos las proporciones, ni la profundidad, de verdaderas crisis anteriores de los elementos propios del Occidente euroamericano: la independencia de las colonias francesas, británicas, españolas y portuguesas, con el surgimiento de decenas de nuevos Estados de estirpe occidental, y las dos guerras mundiales, que sustancialmente fueron europeas y después de resolverse con la decisiva participación americana condujeron por un lado a la formación de la Unión Europea y por el otro a la division de Europa representada en el Muro de Berlín .

Cómo no iba a ser una crisis mayor la independencia y la ruptura del orden colonial que ataba a la altura de los Siglos XVIII y XIX a Europa y América. Y cómo olvidar que la historia de Europa, crisol original de Occidente, estuvo manchada de sangre hasta rematar con dos guerras originadas en desavenencias europeas, que en el curso de treinta años dejaron cien millones de muertos. Para vivir luego casi medio siglo de división profunda debida al control de los comunistas en los países del Oriente europeo, antes de pasarse con furia de conversos a la OTAN y al modelo político y económico occidental.

Es dentro de este amplísimo panorama que se debería apreciar el desencuentro actual, motivado por el reclamo americano de mayores contribuciones presupuestales al pacto de defensa de la OTAN y las confusas y poco ilustradas críticas de unos políticos americanos, recién llegados a las grandes discusiones, hacia “la cultura europea” sin autoridad evidente para hacerlo.

El primero de los dos reclamos no solamente es justificado sino fácil de satisfacer: en la elemental lógica “trumpiana” no es sino pagar. Pero, además, y en eso tiene razón el presidente estadounidense, los europeos deben fortalecer su conciencia de la necesidad de asumir las cargas de diferente índole en cuanto a la defensa de su continente, en lugar de sobrevivir en la tibieza de la confianza desmedida en la protección de la sombrilla nuclear americana. Afortunadamente Europa ha despertado para atender ese reclamo presupuestal, con el rédito del refuerzo de la unidad europea.  

El segundo de los reclamos, formulado de manera sorpresiva por el vicepresidente de los Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich el año pasado, dejó perplejos a los asistentes cuando dijo que “la mayor amenaza para la seguridad europea es interna” por la “pérdida de valores fundamentales compartidos con los Estados Unidos”, la “permisividad en materia migratoria” y “las limitaciones de la libertad de expresión” en el viejo continente. Con esas admoniciones, al comenzar la segunda administración del más radical de los republicanos en los Estados Unidos, parecía marcado un tono agresivo de las relaciones intercontinentales para los siguientes cuatro años.

Lo anterior resultó agrandado por el hecho de que el vicepresidente reafirmó, en visitas después de la reunión, su apoyo a los partidos de la más extrema derecha, que se oponen a la Unión Europea y abogan por el autoritarismo bajo lemas populistas con connotaciones excluyentes y racistas. Así quedaron puestas las cosas por parte de los Estados Unidos, con un airecito infundado de superioridad moral respecto de Europa, como si en los Estados Unidos de hoy los tradicionales valores occidentales fuesen rutilantes.  

En la versión 2026 de la misma conferencia de Múnich el Secretario de Estado Marco Rubio mostró ahora un ánimo aparentemente menos tendencioso y más respetuoso y conciliador. Aunque anunció la obviedad de los cambios vertiginosos que se están produciendo en el panorama geopolítico mundial, reiteró el compromiso de los Estados Unidos con su amistad respecto de Europa, lo cual resultó plausible. Pero al tiempo prescribió un orden internacional apartado del internacionalismo globalizante liberal, opuesto a las migraciones y sobre todo centrado no ya en reglas preestablecidas sino en las prioridades de acción de los Estados Unidos conforme a sus necesidades e intereses. Característica esta última que obliga a pensar en relaciones diversas, basadas en negociaciones fragmentadas más que en instituciones estables, para efectos comerciales y políticos.

Después de esos planteamientos, salidos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde de pronto saben mejor cómo decir las cosas que se piensan en la Casa Blanca, el mundo quedó advertido. Se vive un periodo de ajuste. Para que nadie se alarme, es bueno recordar que el hecho de que haya diferencias es de estirpe occidental. Y nada tiene de malo un Occidente que contenga versiones diferentes de sí mismo, con el común denominador de las libertades, la aversión ciudadana al autoritarismo y su apego al Estado de Derecho.  

En estas condiciones hay que ver quién, dónde y cómo, está obrando en atención o en contravía de los valores occidentales. Para no ir muy lejos, la observación puede hacerse respecto del menosprecio radical de ciertos sectores en los Estados Unidos por el islam y del desconocimiento de los padecimientos demográficos de Europa. Como si el fundamentalismo religioso no hubiese sido invento de comunidades protestantes norteamericanas, adjudicado luego apasionadamente a los musulmanes, y como si nadie hubiera leído la historia sanguinaria de las Cruzadas y advertido la generosidad musulmana, por ejemplo, hacia los judíos cuando los expulsaron de España. Y en materia de migraciones, como si no fuese explicable la resaca del colonialismo europeo en África, Asia y Oceanía, y la  necesidad de atender responsabilidades post coloniales que no tienen que ver solamente con las migraciones sino con el desarrollo de las antiguas colonias, a las que durante siglos se les vendió la fantasía de paraísos europeos. 

Aún después del discurso del cubano-americano secretario de Estado, a nadie le debería espantar un Occidente con diversas interpretaciones de su configuración y sus posibilidades. Pero, eso sí, sin sumisiones, ni unanimidad, y más bien con un jardín variado donde sobresalgan las libertades. No sometido a una potencia dominante, encargada de señalar de manera autoritaria y equivocada el rumbo de la democracia más allá de las urnas.

Nadie puede decir que las realizaciones del primer año del nuevo gobierno republicano en los Estados Unidos sean ejemplares en cuanto a los valores occidentales. Qué tal Macron, Merz, Starmer, o Meloni, usando la diplomacia como medio para hacer negocios en favor de familia y amigos, con criptomonedas a su nombre, cobrando por la entrada a las sedes de sus gobiernos, insultando periodistas de ciertas cadenas y negándose a responderles, acosando a la Sorbona, Heidelberg, Oxford o Boloña, cerrando las puertas del gobierno a oficinas de abogados que hayan defendido causas molestas, enviando agentes enmascarados a cacería de inmigrantes, mutilando la administración a la brava bajo el mando del hombre más rico de sus respectivos países, desconociendo al correspondiente poder legislativo y regañando a los jueces. Para no hablar de arremetidas contra las causas ambientales y de búsqueda de nuevas energías, cambios súbitos de políticas comerciales y retiro paulatino de la ayuda al extranjero y de organismos de las Naciones Unidas, menos del Consejo de Seguridad, para mantener, quienes lo tuviesen, el poder de veto. 

Pero, ahí está la gracia, en todo caso. Que haya diversidad dentro de una causa común, mientras la historia pasa y en poco tiempo vuelva todo a su cauce o encuentre uno nuevo. Cada quién en su viaje, dirían los sabios orientales de otra época. 

La alianza histórica que sostiene a Occidente todavía no está terminada, pero exige en este momento esfuerzos para echarla hacia adelante sobre la base de valores comunes que no han desaparecido como propósitos. Se trata de atender la obligación histórica de estar atentos para que el destino sea mejor. Aunque falta ver si los líderes de lado y lado de los mares están a la altura del desafío.

Esta coyuntura no nos puede ser ajena. Nuestra situación es de cuidado ya que debemos pensar en el futuro de nuestras relaciones con quienes dan por descontada nuestra sumisión a los Estados Unidos. Ante lo cual debemos trabajar para que las relaciones interamericanas se desarrollen en términos de respeto mutuo, nuestros vínculos con Europa se fortalezcan, y se hagan reales encuentros fructíferos política y económicamente con otros continentes, para acelerar el ritmo de nuestra independencia.  

En 2023, los flujos financieros a nivel mundial, tanto públicos como privados, que generaron impactos directos y negativos sobre la naturaleza se estimaron en 7.3 billones de dólares. La financiación privada representó 4.9 billones de dólares y el gasto público en subsidios perjudiciales para el ambiente fue de alrededor de 2.4 billones de dólares.

Ese es uno de los principales hallazgos del informe El impacto y la dependencia de las empresas respecto a la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas, publicado el 9 de febrero por la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

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En dicho documento se reconoce que todas las empresas dependen de la biodiversidad, todas ejercen una influencia sobre ella y el crecimiento de la economía mundial se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora plantea un riesgo sistémico crítico y generalizado para la economía, la estabilidad financiera y el bienestar de los seres humanos.

El reporte también llama la atención sobre que las condiciones actuales en las que operan las empresas no están siempre alineadas a un futuro justo y sostenible. “En primer lugar este informe demuestra que la naturaleza es asunto de todos y que la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad son fundamentales para la sostenibilidad y el éxito empresarial», asegura Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

En segundo lugar, explica Dziba, el informe muestra que, si bien las empresas han contribuido a la innovación que ha impulsado la mejora de la calidad de vida, este mismo éxito ha tenido un alto costo para la biodiversidad,

La evaluación fue elaborada durante tres años por 79 expertos, entre científicos y representantes del sector privado, procedentes de 35 países y de todas las regiones del mundo. También contó con consulta a pueblos indígenas y a comunidades locales.

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El impacto de las empresas en la biodiversidad no ha sido bien cuantificado

Uno de los primeros mensajes del informe es que incluso las empresas que pueden parecer alejadas de la naturaleza dependen directa o indirectamente de ella. El problema, comentan los expertos en su análisis, es que las empresas suelen asumir poco o ningún costo financiero por sus efectos negativos y muchas tampoco pueden generar ingresos al tiempo que impactan positivamente en la biodiversidad.

Stephen Polasky, profesor de Economía Ecológica y Ambiental en la Universidad de Minnesota y copresidente del informe, asegura que las empresas se enfrentan a diversos obstáculos o barreras al intentar reducir sus impactos negativos y aumentar los positivos. Algunos de ellos se relacionan con falta de información o comprensión sobre la biodiversidad, mientras que otros son más sistémicos, como la fijación incorrecta de precios a los servicios que prestan la biodiversidad y la naturaleza. “De hecho, muchos de los valores de la naturaleza no llegan al mercado con los precios adecuados o incluso llegan sin precio”.

Reconocer el valor de la biodiversidad a nivel económico es importante porque “la pérdida de biodiversidad es una de las amenazas más graves para las empresas”, dice Polasky, y agrega que “la realidad distorsionada es que suele parecer que a las empresas les resulta más rentable degradar la biodiversidad que protegerla. Puede parecer rentable a corto plazo, pero los efectos negativos en las empresas pueden ser acumulativos”.

El informe señala que, a pesar de que algunas empresas están adoptando medidas favorables para la biodiversidad, existen incentivos que atentan contra ella y bloquean acciones que podrían detener y revertir su pérdida, y ayudar a enfrentar otros problemas relacionados, como por ejemplo el cambio climático y la contaminación. Es más, muchas políticas, subsidios y regulaciones favorecen actividades dañinas para la naturaleza o dificultan aquellas que podrían beneficiarla.

La relación biodiversidad-empresas era un tema urgente y así se lo expresaron a IPBES los más de 140 países miembros de la Plataforma cuando pidieron realizar este informe hace más de dos años. “La pérdida de biodiversidad es alarmante, entonces no hay duda de que el tema es urgente. Además es una pérdida que se entrelaza con otros problemas que enfrenta a la sociedad, como el cambio climático y la contaminación”, afirma a Mongabay Latam Ximena Rueda, profesora y decana de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes en Colombia y copresidenta del actual informe Ipbes.

Para Rueda, el desconocimiento que las empresas tienen de la biodiversidad es uno de los principales obstáculos que se deben superar. Por un lado, asegura que las compañías son conscientes de sus impactos porque ya hay una larga tradición en la que los gobiernos les han pedido que hagan estudios de impacto ambiental, que minimicen sus impactos, los eviten o, si no pueden evitarlos ni minimizarlos, por lo menos los compensen.

Sin embargo, el problema está en que no suelen ser conscientes de qué tanto dependen de la naturaleza y de sus servicios. “Esa dependencia se ve fácil en sectores como la agricultura o la pesca, donde se extrae directamente un servicio de la naturaleza. Pero hay otros sectores donde esa relación es menos evidente, pero lo cierto es que se da a través de su cadena de valor o incluso a través de sus inversiones”, destaca Rueda.

Polanski lo resume de forma categórica: “Todas las empresas dependen de la biodiversidad y la impactan”.

Otro asunto urgente para atender es el crecimiento económico siempre asociado a un aumento en el consumo de materiales. Aunque los ecosistemas se pueden regenerar, los recursos del planeta son finitos, por lo que el llamado es a seguir proveyendo bienestar y prosperidad sin que eso esté atado a un consumo cada vez acelerado de recursos. “El reporte hace un llamado muy profundo a repensar los estilos de vida, a transitar hacia una economía de la durabilidad y no continuar en una economía del desecho”, dice Rueda.

Otra conclusión clave es que las empresas podrían mejorar la medición y la gestión de sus impactos y su dependencia de la biodiversidad mediante un compromiso adecuado con la ciencia y el conocimiento indígena y local. “La bibliografía científica no está redactada para las empresas y la falta de traducción y atención a las necesidades de estas ha frenado la asimilación de los descubrimientos científicos. Entre las empresas también suele haber una comprensión y un reconocimiento muy limitados de los pueblos indígenas y las comunidades locales como guardianes de la biodiversidad y, por tanto, poseedores de conocimientos sobre su conservación, restauración y uso sostenible”, comenta la profesora Ximena Rueda.

El reporte de IPBES destaca que el desarrollo industrial amenaza al 60 % de las tierras indígenas de todo el mundo y una cuarta parte de todos sus territorios están sometidos a una gran presión por la explotación de recursos. A pesar de esto, los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen estar subrepresentados en la investigación y la toma de decisiones de las empresas. “La colaboración respetuosa que permite poner en común y utilizar mejor los datos, la información, las ideas científicas y el conocimiento indígena y local puede traducirse en una mejor gestión de los riesgos y la concretización de las oportunidades empresariales”, agrega Rueda.

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Es posible un cambio que armonice la relación entre empresas y biodiversidad

No todo es desesperanzador. El informe también plantea que sí es posible beneficiar a la naturaleza mientras que las empresas obtienen buenas rentabilidades.

“El cambio puede ocurrir. Las empresas pueden contribuir a un futuro justo y sostenible, y pueden actuar ahora”, asegura Matt Jones, director de impacto del centro especializado en biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y copresidente del informe IPBES. “No necesitamos información perfecta para actuar. Las empresas ya pueden empezar”, añade.

Y es que actuar va más allá de una obligación o responsabilidad. El reporte establece que si las empresas no actúan, su propio futuro estará en la cuerda floja. “Un mayor compromiso con la naturaleza no es una opción: es una necesidad”, dice Rueda e indica que cambiar la relación con la biodiversidad es vital para los resultados financieros de las compañías y su prosperidad a largo plazo. Sin embargo, reconoce que para evitar el «falso ecologismo» es imprescindible que las empresas tengan estrategias transparentes y creíbles, que muestren claramente sus medidas, cómo contribuyen a los resultados en materia de biodiversidad y que divulguen públicamente sus impactos y dependencias, así como las actividades que están realizando y que generan presión.

“Si no protegemos la biodiversidad, estamos arriesgando la rentabilidad de las empresas en el futuro”, comenta el profesor Polasky, pero también asegura que se necesita transparencia. El informe menciona que menos del 1 % de las empresas que rinden cuentas públicas mencionan los impactos sobre la biodiversidad en sus informes.

En medio de ese llamado, otro mensaje central del documento es que las empresas no pueden, por sí solas, lograr el nivel de cambio necesario para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, por lo que se describen cinco componentes específicos y fundamentales para crear un entorno adecuado para lograrlo: marcos políticos, jurídicos y normativos; sistemas económicos y financieros; valores sociales, normas y cultura; tecnología y datos; y capacidad y conocimientos.

El reporte ofrece más de 100 ejemplos específicos de medidas concretas que las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil pueden adoptar en cada uno de estos cinco componentes.

Aunque el contexto en el que operan las empresas (por ejemplo, país, lugar y actividad realizada) influye en cuáles medidas priorizar, la profesora Rueda cree que redireccionar los subsidios es un buen comienzo porque muchos van dirigidos a actividades productivas que están deteriorando la naturaleza. “Lo que proponemos es revisar esos subsidios. Y esto no quiere decir que haya que quitárselos a los sectores que los reciben, sino que se direccionen a actividades que realmente cuiden la naturaleza”.

Para Rueda, otra de las prioridades es involucrar activamente al sector financiero para que diseñe instrumentos que incentiven a las empresas a invertir en tecnología, mercados y productos que favorezcan la restauración de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

“Tenemos que ir más allá de la falacia de una elección entre gobiernos y responsables de las políticas a favor del medio ambiente o a favor de las empresas. Todas las empresas dependen de la naturaleza, por lo que las acciones que la conservan y utilizan de forma sostenible también pueden ser las que ayuden a las empresas a prosperar a largo plazo”, enfatiza Polasky.

¿Cómo se monitorean las acciones de las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil? Esa es una de las preguntas que aún no tiene una respuesta muy clara y para la que IPBES prepara un nuevo informe que se publicará en 2027. “Uno de los objetivos de esa evaluación es fortalecer los marcos de monitoreo y ayudar a los gobiernos a comprender cómo monitorear las actividades comerciales de manera que se avance hacia un futuro justo y sostenible”, comenta Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

Imagen principal: una construcción urbana a gran escala. Foto: cortesía IPBES/iStock.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Todavía nos preguntamos si los vikingos llegaron al continente americano antes que Cristóbal Colón. La idea proviene de la posibilidad de esa llegada por las rutas del norte, que pueden unir continentes en el verano. Rutas cada vez más manejables en la medida en que progresa el calentamiento global.

La pretensión del presidente de los Estados Unidos de controlar Canadá y Groenlandia ha motivado una especie de despertar estratégico que resulta extraño para muchos, y ha puesto de presente las debilidades de la defensa ártica ante una posible acción de Rusia y China, que podrían utilizar el camino del Polo Norte para agredir al continente americano, la primera en razón de su presencia de proporciones extraordinarias en el Círculo Polar Ártico, y la segunda en busca del cumplimiento de sus designios estratégicos, para completar una dimensión nueva de la ruta de la seda.

Ante ese panorama, Europa se ve obligada a reaccionar para no quedar atrapada entre potencias que no solamente aspiran, como es el caso de los Estados Unidos, a apoderarse de una de sus posesiones de ultramar, como lo es Groenlandia, sino a diseñar, como Rusia y China, una nueva versión de control de la geografía del planeta para el resto del siglo XXI

La discusión respecto de Groenlandia conduce a una cuestión más amplia todavía sobre el control de la región ártica del planeta, y pone de presente que ha existido cierta negligencia por parte de la OTAN respecto de ese corredor marino y submarino que permite la presencia de navíos de todas partes en las aguas del verdadero Atlántico Norte. Esto mientras la OTAN se dedica a atender el frente oriental, particularmente en torno del conflicto en Ucrania y los peligros de su extensión hacia la Europa Oriental. 

Es indudable que el ártico representa un escenario estratégico de creciente importancia, punto de convergencia insospechado de encuentro o desencuentro entre los intereses de Canadá, Estados Unidos, China, Rusia, y los países europeos del norte.

Una lectura del planeta visto desde encima del Polo Norte, a la que muchos no están acostumbrados, excepto geógrafos y estrategas, permite ver cómo Corea del Norte y Rusia estarían a un paso de Canadá y a dos de los Estados Unidos, para los efectos que fuese. La redondez de la tierra, que nos han acostumbrado a apreciar con Europa como el centro del mundo, revela en este caso una dimensión desconocida, pero de trascendencia evidente.

El círculo que rodea al Polo Norte interesa, en el sentido de las agujas del reloj, a Rusia, con una costa estimada en 24,145 km, la mitad de toda la ribera ártica, Finlandia y Suecia, aunque no tengan necesariamente costas sobre los mares de la región, Noruega, Dinamarca, y los Estados Unidos, por su control sobre Alaska. Es tan grande la zona marítima que contiene los mares de Barents, Kara, Laptev, Siberia Oriental y Chukota, y en ella desbocan los ríos, Obi, Lena y Yeniséi, para mencionar solamente los más importantes.

A través de esa región, para no hablar de cohetes, avanzaría una ruta marítima cada vez más posible en época de verano, entre el estrecho de Kara en el norte de Rusia, más allá de la península de Kola, y el estrecho de Bering. La utilización efectiva de ese camino conduciría a que la distancia entre el Mar del Norte y el Mar de Corea fuese de 13,000 km, mientras que el mismo destino requeriría cubrir 20,000 km yendo por el Canal de Suez. Para no hablar de dar la vuelta por el sur de África. 

Mención especial merece, como factor común a los intereses y preocupaciones de los países árticos el manejo del “permafrost”, esa capa de sedimentos mezclados de tierra y elementos vegetales empastada por el hielo a lo largo de siglos, que, según la estación, libera dióxido de carbono y metano, en forma acelerada ahora por el cambio climático. Esto sin contar con que, si el deshielo se profundiza, o se escarba en busca de riquezas minerales, escaparían de pronto bacterias y virus antiguos de difícil manejo para la humanidad. 

A todo esto hay que agregar que mares e islas del norte aparentemente guardan recursos de primera importancia ante los requerimientos de nuevos materiales para sustentar desarrollos tecnológicos contemporáneos. Sea cierto o no, la mera expectativa de que se encuentran esos recursos despierta todo tipo de inquietudes y de ambiciones en torno a ese casco, que resulta ser una especie de sombrero del mundo.

Conviene preguntarse si los Estados Unidos, en su autodefinición, se han considerado una nación ártica, y la respuesta es que en su gran mayoría no. En realidad, los estadounidenses del común cuando se ocupan de esas cosas piensan sobre todo en la situación de su país frente a Rusia, China, los europeos, América Latina y el Caribe. En lo cual se diferencian de los rusos, finlandeses, noruegos, suecos, daneses y canadienses, para quienes el tema es de obligatorio interés. 

Otra cosa son los habitantes de Alaska, que viven intensamente esa dimensión y esperan señales de Washington sobre la materia. Alaska, adquirida en 1867de los rusos por 7.2 millones de dólares para evitar que vendieran el territorio a los británicos, resultó ser, a lo largo de la Guerra Fría, bastión de primera línea de la defensa de Norteamérica frente a sus antiguos aliados soviéticos, después de haber servido durante la Segunda Guerra Mundial como avanzada para transferir aviones a la URSS. 

Ante las posibles amenazas de Corea del Norte, Rusia y China, que tendrían cohetes, barcos de superficie y submarinos apuntando hacia los Estados Unidos, el tema plantea exigencias importantes para quien gobierne los Estados Unidos, que tiene la obligación de formular políticas para aliarse o disputarse con el resto de países que pertenecen por naturaleza al “círculo del Ártico”. 

En la época de transición hacia el fin de la Guerra Fría, el presidente Mijaíl Gorbachov, responsable del futuro de la enorme región ártica de Rusia, sugirió que el Ártico se convirtiera en “zona de paz”, sin armas nucleares y con propósitos comunes de los países del vecindario en materia de manejo medioambiental. Nació así la idea del “excepcionalismo ártico”, que ha recibido apoyo oscilante de parte de los gobiernos estadounidenses.

Como intento institucional de manejo de los recursos ocultos arriba del Círculo Polar Ártico, dentro del espíritu de lo propuesto por Gorbachov, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca, establecieron el Consejo Ártico como foro intergubernamental que se ocuparía del manejo armónico de las complejidades de esa parte del planeta. En virtud de lo cual se firmaron convenios de cooperación científica, manejo de la contaminación y búsqueda y rescate. 

El ritmo del Consejo se vino a interrumpir con motivo del ataque de Rusia a Ucrania, que despertó todo tipo de susceptibilidades y prevenciones respecto del compromiso ruso con la institucionalidad internacional. El tema pasó entonces sí a ser objeto de estudio y consideraciones estratégicas por parte de la OTAN, con énfasis acelerado por la entrada de Finlandia y Suecia a esa Organización. 

Ese es el contexto en el que conviene apreciar la intención del presidente de los Estados Unidos de anexar y extinguir al Canadá, y tomarse la isla de Groenlandia. Asuntos ambos relacionados con las preocupaciones estratégicas propias de la dimensión ártica de las relaciones internacionales. De manera que, de ahora en adelante, esas pretensiones “trumpianas” no pueden ser vistas solamente como caprichos, que lo son en cuanto hay otras formas de manejar el asunto, sino como materia de obligatoria definición dentro del marco de las preocupaciones por el orden en el Círculo Polar Ártico. 

Canadá ha concebido planes ambiciosos de defensa en la región ártica, para cubrir en nombre de Occidente ese flanco, sin dejarlo exclusivamente en manos de los Estados Unidos. El refuerzo de las relaciones canadienses-danesas, con apoyo de los países nórdicos europeos y del conjunto europeo de la OTAN, marchan en la misma dirección. Algo que implica un intento de sustitución de la exclusividad estadounidense en el ejercicio del poder disuasorio frente a Rusia, China y todos los interesados en el uso civil o militar de las rutas marítimas y aéreas del Círculo Polar del Norte. Estrategia que el primer ministro Mark Carney definió no como una transición sino como una ruptura. Falta por ver hasta dónde es posible que ese enfoque tenga éxito sin la voluntad de los Estados Unidos, que en lugar de tratar de imponer su voluntad podría contribuir a fortalecer el manejo colectivo de la seguridad en el norte del norte. 

Siempre será bueno recordar que Rusia, no ahora sino de tiempo atrás, geografía obliga, mantiene bases militares a lo largo de toda la Ruta Marítima del Norte, en lo que le corresponde, y que la principal rama de su flota marítima militar es la del norte. Para no hablar de los chinos, que miran el mundo como espacio en el que tienen derecho y obligación estratégica de hacer presencia y sacar ventaja dentro de la competencia por la primacía en las décadas venideras. 

La ministra británica de relaciones exteriores, Yvette Cooper, advirtió que “el Ártico es la puerta para que la Flota Norte de Rusia pueda amenazar a Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos”. Si ello es así, la seguridad transatlántica depende en alta medida del esquema que se pueda establecer para el Ártico, donde se está librando una especie de guerra fría en el frío nórdico, pues Rusia, China y otros, tienen también sus propias apuestas. 

El ruido de los motores se escucha a varios metros de distancia. Es constante. No dejan de funcionar. Mientras se camina por los remanentes de un bosque, con árboles aún en pie, el sonido se hace más intenso, advirtiendo la cercanía de las ruidosas máquinas que están extrayendo oro en La Pampa, en la región amazónica de Madre de Dios, Perú.

Al cruzar esa especie de pared formada por los pocos árboles aún en pie, la devastación se muestra en toda su crudeza. El dueño del predio, que una vez estuvo lleno de árboles, camina desesperanzado por el lugar. “Lo están destruyendo todo”, dice a Mongabay Latam y Forbidden Stories en medio del espacio deforestado. “Esto era grande, era bosque. Todo lo han acabado”, se lamenta mientras se desplaza en un paisaje dominado por el lodo, lagunas de residuos tóxicos y montículos de tierra que han reemplazado a los bosques naturales en una zona que debería estar intacta, porque La Pampa está dentro del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

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La destrucción de la biodiversidad no es lo único que perturba en La Pampa. El mayor temor ahora es la presencia de las bandas de crimen organizado que han tomado el control de la zona y han impuesto un sistema de extorsiones, cobros de cupos, amenazas y asesinatos. “Acá vivimos bajo presión de esas personas. Ellos son prácticamente los reyes, no puedes decir nada. El Estado no nos escucha. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la Policía, a la Procuraduría?”, dice con angustia una madre de familia en La Pampa.

En ambos lados de la carretera Interoceánica Sur —vía que va desde el océano Pacifico en Perú hasta el océano Atlántico en Brasil—, entre los kilómetros 98 y 117, aproximadamente, incontables dragas, tracas y retroexcavadoras funcionan sin tregua. La ruta también está copada de edificios en construcción, hoteles, grifos, establecimientos con decenas de cilindros azules en los que se transporta combustible, centros de venta de motores, talleres, agentes multibancos, restaurantes, bares. Todo un ecosistema que rodea a la minería ilegal.

Los tentáculos de la minería ilegal y las bandas de crimen organizado avanzan en todas las direcciones. Han superado las fronteras del área de amortiguamiento y han ingresado a la reserva de Tambopata. A inicios de octubre de 2025, un operativo realizado dentro del área protegida, en el sector Azul, confirmó la presencia de las balsas-draga en la misma reserva. Las amenazas también han entrado en el área protegida, donde los guardaparques se desplazan con miedo cada vez que tienen que realizar su trabajo de vigilancia.

Un equipo de reporteros de Mongabay Latam y Forbidden Stories recorrió La Pampa y algunas zonas cercanas a este territorio tomado por las actividades ilícitas y la violencia. Encontró devastación, visible a cada paso; un ambiente rodeado de secretismo; miradas de sospecha y desconfianza; y mucho temor a hablar de lo que sucede en este lugar. Los nombres de quienes nos han dado sus testimonios los mantenemos en reserva por cuestiones de seguridad.

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El precio de extraer oro

En La Pampa todo tiene precio. Hay tarifas para las diferentes actividades que se realizan en esa franja de la carretera Interoceánica Sur. Una fuente de la zona cuenta a Mongabay Latam que los mineros deben pagar a las bandas de crimen organizado 1000 soles (alrededor de 300 dólares) cada semana por operar una balsa, es decir, 4000 soles (alrededor de 1200 dólares) al mes. Otra persona entrevistada sobre este mismo tema habla de 20 000 soles (alrededor de 6000 dólares) exigidos a los dueños de las máquinas.

Son las tarifas que han impuesto las bandas de crimen organizado que operan en la zona minera por brindar “seguridad”. Estos grupos criminales que llegaron hace por lo menos diez años ofrecieron a los mineros y a la población de La Pampa protegerlos de los robos que ocurrían en la zona a cambio de un pago como retribución a su “trabajo de vigilancia y seguridad”.

Sin embargo, lo que se impuso ha sido un sistema de extorsiones que se extiende a todos los negocios, restaurantes, bodegas, talleres mecánicos, todos tienen que pagar su cuota al crimen organizado. “La mayoría paga 200 soles, en todas las tiendas”, cuenta una persona a la que le pidieron 500 soles por dar “seguridad” en su empresa. “Pueden ser 1000, dependiendo de cómo cambia el bando”, dice para explicar la división que existe dentro de los grupos criminales.

Mongabay Latam accedió a unas listas de pagos de extorsiones, escritas a mano. En una de ellas, del 8 de diciembre de 2024, se leen varios nombres con la indicación “un motor”, en cada caso, y al costado, se ven montos de entre 300 y 350 soles (aproximadamente entre 90 y 100 dólares). En otro de estos documentos se consigna la suma de 22 000 soles con unas notas que dicen “comisión” 2220 y “parque” 4000, montos que se restan del total inicial.

“Todos estos grupos de extorsionadores se conformaron en La Pampa desde que existe la minería ilegal”, afirma Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad. “Los Guardianes de la Trocha son el grupo, por así decirlo, más fuerte, pero también había otros, por ejemplo, Los Tigres del 98, que tenían como lugar establecido el kilómetro 98 y cobraban cupo a quienes ingresaban a La Pampa”, agrega Garay, quien ha sido fiscal ambiental en Madre de Dios.

En los últimos años Los Guardianes de la Trocha han sido la banda criminal más conocida, pero no es la única, según autoridades y personas que viven en la zona. “Ahora se llama La Empresa”, comenta un funcionario de una institución pública, con sede en Puerto Maldonado, que prefiere mantener su nombre en reserva.

El temor de las personas que viven en Madre de Dios para contar lo que sucede en esa región se percibe en cada conversación. Hablan en voz baja y ponen énfasis en pedir el anonimato. Incluso las autoridades que hace unos años declaraban sin omitir su nombre ahora piden no ser identificados en el reportaje. No es para menos. A los cobros de cupos y las amenazas constantes se suman los asesinatos, muchos de los cuales ni siquiera son reportados.

“La función que cumplen es, supuestamente, dar seguridad a los mineros para que no les roben el dinero y el oro, pero tienen que pagar un cupo, así es como funciona”, comenta Garay. “Hay disputas entre estos grupos porque se convierten en territoriales. Unos están en un kilómetro y otros, en otro kilómetro”, agrega.

Desde la Fiscalía de Madre de Dios también mencionan que durante un operativo en junio de 2025, en el sector Azul, en el interior de la misma reserva, se encontraron motores de las balsas-dragas que llevaban stickers de Los Tigres. La imagen se ve en una fotografía entregada a Mongabay Latam. “En una interdicción hemos tenido una emboscada y enfrentamos una balacera con este grupo. Así hemos evidenciado que además de ejercer esta actividad ilegal se encuentran completamente armados”, comenta un representante de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios que prefiere mantener su nombre en reserva por las amenazas que ha recibido por realizar su trabajo.

El Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, ofrece a Mongabay Latam un panorama más amplio. “En Puerto Maldonado tenemos zonas. Con la Fuerza Aérea se ha logrado subzonificar 10 áreas. Las más conocidas son La Pampa, Delta Uno, Delta Dos y Masuko. Son zonas en las que hay mayor incidencia. Por ejemplo, nada más en La Pampa y Delta Uno hay más de 5000 dragas y tracas. No es una cifra que a mí se me ocurra, sino que se ha logrado, más o menos, cuantificar a partir de sobrevuelos de la Fuerza Aérea”.

Almanza explica que la Fuerza Aérea realizó sobrevuelos, primero con avionetas y luego con drones. “Se han podido incluso localizar los puntos, pero son de difícil acceso. Se ven decenas de máquinas pesadas, retroexcavadoras, cargadores portátiles. Se han hecho hasta puentes para que pase esa maquinaria a la zona de minería. Son inversiones importantes”, confiesa Almanza.

“El problema no es solo que están trabajando en una zona, sino que están avanzando. En Puerto Maldonado, las autoridades tienen una preocupación grande, casi de desesperación, porque están llegando a lugares donde antes no habían llegado: a las reservas”, dice Almanza desde su oficina en Lima.

El abogado especializado en temas ambientales César Ipenza considera que no se puede dejar de mencionar la presencia del Comando Vermelho en el panorama de criminalidad que rodea a La Pampa y, en general, a Madre de Dios. “No sería extraño que estén controlando las zonas de minería”, dice Ipenza sobre la presencia de este grupo criminal surgido en Brasil y relacionado principalmente con el narcotráfico. “La mayor bonanza está en la minería, entonces, no sería extraño que estén operando y trabajando bajo el control o liderazgo del Comando Vermelho”.

Actualmente, el precio de la onza de oro bordea los 5000 dólares. Desde su despacho en Lima, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, señala que “el precio del oro está en la raíz del problema y se ha convertido en un motor de la minería ilegal”. A ellos se debe sumar que la comercialización de oro no es una actividad ilegal, dice García Esquerre, por tanto, el mineral se comercializa sin restricciones.

El funcionario señala que en 2024, Perú exportó alrededor de 180 toneladas de oro, pero que de esa cantidad, por lo menos 80 toneladas “eran de origen desconocido”. García Esquerre cita al Instituto Peruano de Economía para dar cifras de 2024, cuando la exportación de oro movió casi 7000 millones de dólares. Si se considera al precio actual, ese monto supera los 10 000 millones de dólares.

“Es más fácil lavar el dinero en la minería [que del narcotráfico] porque el producto, el oro, a diferencia de la droga, es legal. Estamos frente a un delito que es inmenso y es transnacional”, dice Esquerre sobre la minería ilegal. “Lo que en realidad tenemos es una economía ilegal”, puntualiza el también excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

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La incursión de la minería ilegal en el área span
protegida

Todos los guardaparques de la Reserva Nacional Tambopata están amenazados. Cada vez que salen a realizar sus labores de vigilancia deben cubrirse el rostro para no ser reconocidos, cuenta a Mongabay Latam un testigo de lo que sucede en el área protegida. Ya lejos de Madre de Dios, confiesa lo difícil que resulta vivir en esa región y que teme por su vida y la de su familia.

Otro testigo de lo que sucede en el área protegida también cuenta que circulan mensajes en grupos de Whatsapp de los grupos criminales en los que se anuncian que ingresarán a la reserva de Tambopata. “Dijeron que iban a llevar balsas y que irían armados para que el personal guardaparque no se acerque”, relata la fuente durante nuestra visita a Puerto Maldonado.

En octubre de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) realizó un operativo dentro de la reserva de Tambopata, en el sector Azul, en el río Malinowski. De esta forma, confirmaba que la minería ilegal estaba instalada dentro del área protegida.

El último reporte del Radar Mining Monitoring (RAMI), herramienta de monitoreo satelital, informa que entre noviembre y diciembre de 2025 “se registraron nuevas pérdidas de cobertura forestal por minería dentro de la Reserva Nacional Tambopata, que suman 9.5 hectáreas de bosque afectado”.

Mongabay Latam solicitó al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) información sobre la presencia de la minería ilegal dentro de la reserva y las denuncias de amenazas, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

El fiscal Almanza dice que ha solicitado a la Policía y al Ejército que realicen interdicciones constantes “para frenar un poco” el avance de la minería. Sin embargo, el coordinador de las fiscalías ambientales reclama por la falta de fondos para dar pelea a esta actividad ilegal.

“Nos gustaría tener a cargo la logística para realizar las acciones de interdicción, pero tenemos que depender de otros. No tenemos horas de vuelo, no tenemos embarcaciones, no tenemos balsas, a duras penas tengo un par de vehículos para todos los temas. Para la fiscalía es una limitante la falta de presupuesto”, cuestiona Almanza.

Mongabay Latam tuvo acceso a 28 de las actas de operativos contra la minería ilegal realizados durante 2025 en Madre de Dios. Dos de ellas daban cuenta de operativos específicamente dentro de la Reserva Nacional Tambopata. En los documentos se menciona el hallazgo de campamentos rústicos; motores chinos; bombas de succión; generadores eléctricos; balsas tracas; y otros insumos, como baterías, alternadores, arrancadores, radiadores, filtros, cables, abrazaderas, poleas metálicas, codos y metros de manguera de succión y cableado.

Las más de 20 actas dan cuenta de la destrucción de los bosques causada por las actividades de extracción ilegal de oro, al mismo tiempo que mencionan la contaminación por combustible, grasa, aceites, bolsas plásticas, trapos contaminados, entre otros insumos que se utilizan en la minería.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, durante 2025 se realizaron 193 operativos de interdicción contra la minería ilegal en Madre de Dios, como parte del Plan Restauración. Este proyecto del Estado siguió a la Operación Mercurio, el megaoperativo realizado en 2019 en La Pampa. Los planes que se trazaron en ese momento para “recuperar” la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y erradicar la minería ilegal en ese sector de Madre de Dios parecen haber quedado en el olvido.

Seis años después del más grande operativo realizado en esta región, la cantidad de balsas, dragas, tracas y maquinaria pesada que sacan oro sin descanso del corazón mismo de bosques y ríos se ha multiplicado de tal forma que cuando se recorre este territorio devastado se hace imposible siquiera pensar que alguna vez estuvo cubierto de árboles y que la vida silvestre transcurría sin mayor preocupación.

El dueño de la concesión forestal por la que caminamos para ver más de cerca cómo las dragas extraen oro busca con la mirada a los monos que, asegura, a veces se aferran a los pocos árboles que aún quedan en pie. Quiere mostrarnos que en medio de la devastación hay espacio para la supervivencia. Su esposa, dice, ya no quiere caminar por su predio porque siente mucha pena al ver cómo se va extinguiendo la vida. “He puesto denuncias a todos. Con pruebas hemos ido, llevamos videos a la Policía para que vean que nos han rodeado. Y nada. Nunca vienen, parece que reciben plata”, dice el hombre desconsolado.

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Un territorio plagado de criminalidad: fosa común, armas y asesinatos

Un portón blindado se abre para ingresar a la casa de una familia que perdió a uno de sus miembros en manos del crimen organizado. El lugar está amurallado. “Escuchábamos que había minería, que estaba acercándose y que se iba a pasar al lado de la reserva. Pero nunca habíamos visto ese tipo de minería”, recuerda uno de los miembros de la familia sobre lo que sucedía en esa zona en 2011, cuando aún había bosques en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

«En 2011 llegaron acá -dice el testigo-, se saltaron la pista [carretera Interoceánica Sur] y se lanzaron a nuestro predio porque justo el oro pasa por esta zona». Desde esa época han sido amedrentados por la minería ilegal. Algunos de los miembros de la familia fueron secuestrados el mismo 2011, cuenta la fuente y recuerda que por esos años empezaron los robos y asaltos a quienes se dedicaban a extraer oro.

“Así es como aparece la famosa seguridad”, dice el entrevistado sobre las personas que llegaron ofreciendo vigilar la carretera y las trochas de ingreso a toda la zona de amortiguamiento de Tambopata donde se estableció la minería ilegal. Quienes ingresaban por esas vías debían pagar para transitar, una modalidad que se mantiene hasta ahora.

“Para 2013 y 2014 todos hablaban de pagar a la ‘seguridad’. Se tenía que pagar el viaje, todas las máquinas supuestamente estaban registradas, no podía haber otras personas con armas, solo ellos, y empezaron a matar a gente”, recuerda el testigo. Para 2016, agrega, todos debían estar registrados para poder trabajar y a quienes llegaban a delinquir en la zona, los mataban.

Con el tiempo los asesinatos se extendieron, surgían por una pelea en un bar, por enfrentamientos entre las bandas, por no pagar los cupos. Videos que han circulado en redes sociales o que han sido tomados de cámaras de seguridad de la zona muestran a personas transitando con armas de largo alcance, encapuchados, en camionetas que los trasladan. Algunos, incluso, dejan ver cómo se asesina a una persona.

Los asesinados y desaparecidos se multiplican cada año. El comandante Willmann Carazas es el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía (Divincri), en su despacho en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, cuenta sobre el hallazgo de una fosa común en La Pampa con cinco cadáveres. Uno de ellos, dice el policía, estaba siendo buscado por sus familiares, quienes habían publicado sus datos pidiendo que se les avisara si lo encontraban.

Carazas señala que muchos de los asesinatos y desapariciones que suceden en La Pampa, en otras zonas mineras de la región e incluso en la misma ciudad de Puerto Maldonado, nunca se reportan.

Varios medios de comunicación locales y nacionales han informado, más de una vez, sobre las fosas comunes que se han encontrado en La Pampa. Los periodistas que viven en Madre de Dios también han sido amenazados por informar sobre estos crímenes. Manuel Calloquispe es uno de ellos y quien más ha seguido las pistas del crimen organizado, principalmente de Los Guardianes de la Trocha. Ahora vive amenazado.

Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped) 204 personas fueron reportadas como desaparecidas en Madre de Dios en 2025. La cifra no es la más alta entre los departamentos de Perú, apenas aparece en el puesto 20, pero las regiones de Cusco y Puno, que limitan con Madre de Dios, reportan 1390 y 828 desaparecidos, respectivamente.

“¿Han escuchado sobre la fosa común en la que encontraron unas 200 personas?”, pregunta la persona que vive en el búnker en medio de La Pampa. Menciona también que las bandas criminales han asesinado a los dueños de predios agrícolas para quedarse con sus tierras. Durante la conversación, muestra algunas armas que ha adquirido para defenderse.

El defensor ambiental Juan Julio Fernández Hanco ha sido una de las víctimas. Su asesinato ocurrió en marzo de 2022. Desde 2006, Fernández Hanco tenía una concesión para forestación y reforestación de 396 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. En 2025, el Poder Judicial sentenció a 15 años de prisión a Edison Fernández Pérez, alias Chili, uno de los integrantes de la organización criminal Los Guardianes de la Trocha, por el crimen del defensor ambiental. El condenado se encuentra prófugo.

El defensor ambiental José Carlos Pacheco también ha sido víctima de la violencia de este territorio tomado por el crimen organizado. Su asesinato, ocurrido en setiembre de 2020, aún está impune. Su cuerpo fue hallado en el límite de la concesión forestal de su familia. Su padre, Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, guía a este equipo de periodistas por el bosque de su concesión que defiende con uñas y dientes. No se da por vencido a pesar de que los invasores siguen avanzando en el predio tumbando los árboles.

“Mi hijo era un defensor ambiental reconocido. Tras su asesinato, lograron identificar a las personas que cometieron el crimen, los intervinieron y les incautaron armas de fuego. Estuvieron detenidos alrededor de siete días. Después le dieron libertad”, cuestiona con indignación.

Pacheco ha realizado múltiples denuncias sobre las invasiones a su predio. La minería de oro no ha llegado a este lugar. La amenaza principal es la deforestación. Sin embargo, hay quienes sostienen que todo ese sector de la carretera Interoceánica tiene oro, por lo que se teme que, de continuar el ritmo actual, la minería arrase también con lo que quede de esos bosques.

La madera que sale de allí también podría estar siendo usada en la minería para la construcción de las dragas y balsas que se utilizan para extraer el oro. Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, afirma que, efectivamente, se tala madera de bosques cercanos para ser utilizados en estas estructuras.

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El manejo del territorio: el objetivo de los grupos armados

La comunidad nativa de San Jacinto vive rodeada de minería. Dentro del territorio hay concesiones mineras de oro que han funcionado durante muchos años. Los restos de esta explotación son visibles. En el río que divide al territorio comunal están las dragas.

El día que este equipo periodístico llegó a la zona las dragas no tenían motores, las habían ocultado por los patrullajes que, según decían los pobladores, estaba realizando la Capitanía de Puertos de Madre de Dios. Tres mineros descansaban sobre la draga inactiva. Uno de ellos se acercó para indagar por nuestra presencia. Después de una corta charla nos dejó ir.

Hasta esta comunidad ha llegado el crimen organizado, dicen sus habitantes. “Han venido acá”, dice una de las lideresas sobre la denominada “seguridad. «Estaban infiltrándose. Daban vuelta en la noche con linterna. Pero nosotros los hemos llamado a una reunión”, comenta. “Cuando miro armamento me indigna. No me gusta que me estén apuntando”.

Parados en pleno salón comunal, uno de los integrantes del grupo con el que conversamos asegura que los hombres armados “estuvieron parados ahí mismo” y les ofrecieron protección y vigilancia. “Nos han dicho: ‘Vamos a brindarle seguridad, pero tienen que pagarnos’”. La respuesta que dieron, aseguran, fue que no tenían dinero y, con el tiempo, dejaron de entrar al territorio comunal.

El crimen organizado busca “controlar el territorio”, dice Rafael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch. “Es un ecosistema donde distintas formas de control se articulan entre sí. Puede haber confrontación, pero también pueden no chocar”.

Hoetmer menciona también que en Perú, en los últimos años, “ha habido una reversión dramática de la institucionalidad y de las leyes”. Menciona el caso de los presidentes regionales que tenían denuncias por ser mineros o fueron denunciados como integrantes de organizaciones criminales.

El abogado César Ipenza, especializado en temas ambientales, apunta también en esa dirección. Uno de los principales cuestionamientos es la ley de formalización minera que tiene entre sus pilares el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los plazos para que se concrete esta formalización se han extendido varias veces, como ya ha reportado Mongabay Latam. La última extensión es a diciembre de 2026, favoreciendo a la minería informal e ilegal, aseguran los expertos.

Las personas inscritas en el Reinfo pueden realizar la minería aun sin haber concluido el proceso de formalización ante las autoridades. Además, los documentos que obtienen del Estado por la inscripción en el Reinfo pueden ser utilizados por quienes extraen oro de lugares no autorizados. Esto facilita que los mineros ilegales se escuden detrás del Reinfo y puedan seguir operando a la espera de una «formalización», que nunca llega. Detrás de ellos, muchas veces, está el crimen organizado.

Para Ipenza el ofrecimiento de brindar seguridad y el sistema de cobro de cupos han sido la base para que, con el tiempo, los grupos criminales también manejen dragas y controlen el territorio. “Eran los que extorsionaban, cobraban cupos o en el pasado brindaban seguridad a los mineros informales. Luego vieron cómo funciona el negocio de la minería y, obviamente, se dieron cuenta de que había más dinero en ese negocio. No solamente van a cobrar cupos, sino también controlan las zonas de minería y tienen sus propias operaciones”.

Durante la conversación con Mongabay Latam, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, enfatiza que la minería ilegal debe ser entendida como una economía ilícita, por tanto, se debe comprender que se trata de “un problema político, social, económico e inclusive de seguridad”.

“El problema que está generando la minería ilegal no es solamente un daño al medioambiente, sino que está afectando la vida de muchas comunidades nativas y campesinas, por lo tanto, la solución se debe enfocar de manera diferente”, sostiene el funcionario y agrega que esta mirada integral está plasmada en la Estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal en Perú a 2030, aprobada en junio de 2025.

“Hay 225 cuerpos de agua que, se conoce, están contaminados por mercurio y alrededor de 140 000 hectáreas de bosques, en todo el país, depredados solo por la minería ilegal, más del 95 % en Madre de Dios”, menciona García Esquerre para dar un panorama de los impactos.

El ex comandante de la FAP señala que en esta estrategia nacional se han definido 68 actividades, distribuidas en siete ejes que involucran a 18 instituciones del Estado. La identificación geográfica, el seguimiento del dinero, las interdicciones en las zonas mineras, el control de los insumos químicos, combustible y explosivos, la comercialización y la investigación son los ejes sobre los que se ha construido la estrategia que va al 2030, comenta García Esquerre.

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Un negocio que se extiende

El control de los grupos criminales se va extendiendo a todos los sectores. Uno de los testigos directos de lo que sucede en La Pampa asegura que las bandas de crimen organizado manejan directamente las dragas y la maquinaria pesada; controlan el traslado del oro y mantienen una vigilancia constante a través de cámaras de seguridad instaladas en las tiendas, los ingresos a la vía de accesos, las calles.

Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, agrega que los mayores inversionistas de la minería ilegal ni siquiera viven en Madre de Dios, sino que están en otras ciudades, como Puno y Cusco, mientras mantienen su maquinaria trabajando en esta zona.

Los precios del oro son cada vez mayores. Durante los días que este equipo periodístico recorrió La Pampa cada onza bordeaba los 4000 dólares, al cierre de esta edición el precio estaba cerca de los 5000 dólares. “El minero quiere exportar su oro, que salga de Perú”, agrega Garay. Para ello, utilizan diferentes modalidades.

Por un lado están las agencias bancarias, señala una fuente de la fiscalía. A lo largo de la carretera Interoceánica Sur es común ver estos establecimientos en los que se pueden hacer transacciones como si se tratara de un banco. En este lugar, explica la fuente de la fiscalía, muchos entregan el oro y reciben el pago que corresponde, pero en este caso son pequeñas cantidades. Gran parte del oro se comercializa utilizando guías de transporte que obtienen quienes tienen concesiones o están inscritos en el Reinfo.

“Los ilegales lo venden al formal y estos lo hacen pasar como si hubiese salido de su concesión. Es la modalidad más común”, explica Garay. Así llegan a las refinerías que se encuentran principalmente en Lima y Arequipa.

El oro también sale por los pasos fronterizos, principalmente hacia Bolivia. “El oro que se explota en La Pampa se traslada hasta Bolivia. Desde allí, se exporta como oro boliviano. Otra ruta es hacia Cusco y Puno para continuar su camino hacia Lima, pero también es posible que se traslade a través de la frontera con Brasil. No sería extraño que salga por Brasil. Yo he hecho esa ruta y prácticamente no hay ningún control”, comenta Ipenza.

Las redes del oro en Madre de Dios no se limitan a este territorio, sino que viajan a través de carreteras a otras ciudades e incluso hacia otros países. En todo este camino, el metal va cambiando de estatus y pasa de ser ilegal en la zona de extracción a convertirse en legal en las empresas de exportación.

Daniel Linares, especialista en inteligencia financiera, menciona que el dinero que proviene de esta actividad ilícita se maneja en efectivo, puesto que no pueden ingresar al sistema bancario cuando se trata de sumas grandes. “Lo ingresan poco a poco como parte del costo de vida o algunos lujos”. Incluso, menciona Linares, se paga en efectivo a los grupos de música que presentan sus espectáculos en La Pampa.

“Pero hay otra forma en que la minería ilegal se presenta como una modalidad de lavado de activos, es decir, cuando otras organizaciones criminales foráneas, de otros delitos, como el narcotráfico buscan la forma de lavar el dinero. Ellos encuentran en la minería ilegal el vehículo perfecto”, comenta Linares, quien también ha sido funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera. “Está claro que la cadena de producción de la minería tiene un sinnúmero de debilidades en la trazabilidad y rastreo del oro”, agrega Linares y menciona que el Reinfo es una de estas debilidades.

Linares sostiene que los actores de la minería ilegal “arman su propia cadena de producción de oro”, es decir, “acopian, procesan y llegan hasta la exportación”.

El esquema de ilegalidad, corrupción y devastación que rodea a la minería ilegal queda retratado en lo que sucede en La Pampa. En este lugar, como en otras zonas de la Amazonía peruana y otras partes del país, el oro que nace bajo un manto de muerte y destrucción termina en joyas, equipos electrónicos de alta gama y bóvedas de bancos de otros países alrededor del mundo.

Imagen principal: operación de minería ilegal en Madre de Dios. Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mientras en Belém do Pará, Brasil se desarrolla la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima donde se reúnen líderes mundiales para acordar medidas de sostenibilidad, al otro lado del Atlántico un acontecimiento aparentemente trivial encarna la contradicción del siglo XXI: la apertura de la primera tienda física de Shein en el corazón de París.

El propósito de la cumbre es ahondar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, en un planeta que ya supera límites críticos de temperatura y recursos naturales.  A su vez,  los países realizan la presentación de nuevos planes de acción nacionales y los avances en los compromisos financieros contraídos en la COP29.

Brasil, el país anfitrión y guardián de gran parte del pulmón del mundo, busca proyectar liderazgo ambiental mientras enfrenta sus propios retos internos: deforestación, dependencia extractiva y desigualdad. Sin embargo, la cruel paradoja se hace evidente en París, donde un comprador de la nueva tienda de Shein en el centro comercial BHV resume la tensión global en una frase demoledora: “Llegar a fin de mes es más importante que el fin del mundo”. La declaración refleja, con brutal honestidad, la jugada del magnate Frédéric Merlin, propietario del BHV, que decidió asociarse con una marca cuestionada para salvar su compañía.

Shein, gigante chino de la moda ultrarrápida, ha conquistado al mundo con precios irrisorios y miles de nuevos productos cada semana. Su modelo de negocio se basa en la inmediatez: producir, vender y desechar con una rapidez que refleja la lógica de un sistema al borde de su propio colapso. Prioriza el crecimiento constante, la producción masiva y el consumo rápido, sin considerar los límites de recursos naturales ni el bienestar humano.

Hasta hace poco, Shein operaba casi exclusivamente en el entorno digital. A pesar de sus múltiples denuncias, desembarcó en París —la capital mundial del lujo y la moda— marca, por tanto, un punto de inflexión. No se trata solo de una estrategia comercial, sino de un gesto simbólico: la entrada del fast fashion en el santuario del refinamiento y tradición  artesanal. Mientras Francia refuerza políticas para reducir su huella de carbono, miles de jóvenes hacen fila para comprar prendas efímeras a precios irrisorios. La ciudad que vio nacer el prêt-à-porter (listo para usar) parece, poco a poco, rendirse al prêt-à-jeter (listo para tirar).

Desde su apertura, la tienda ha sido escenario de protestas y debates encendidos. Activistas y ciudadanos denuncian las condiciones laborales en las fábricas proveedoras, la contaminación derivada del modelo de producción y la incoherencia de una sociedad que exige sostenibilidad, pero premia la inmediatez.

No se trata solo de una marca, sino de un síntoma global. La lógica del consumo rápido perpetúa los mismos patrones que la COP30 intenta revertir: explotación de recursos, desigualdad laboral y deterioro ambiental. Ignorar este tipo de prácticas comerciales sería aceptar que el cambio climático se combate con discursos, no con coherencia. La responsabilidad no recae únicamente en los gobiernos o las empresas. Cada consumidor forma parte de la ecuación. Apostar por la moda circular, la reutilización y por los emprendimientos locales sostenibles es, hoy,  una forma concreta de resistencia.

En Colombia, por ejemplo, el auge de comprar local demuestra que es posible vestir con estilo y con la conciencia de no sacrificar el planeta. También abrirnos a la posibilidad de las tiendas de segunda mano, los intercambios de ropa y los materiales reciclados ya que no son solo tendencias pasajeras, sino respuestas concretas a un modelo económico intensivo hacia uno basado en la eficiencia, la reparación y el valor duradero .

Porque el cambio climático no se detiene en las cumbres internacionales. Empieza en los armarios, en las decisiones de compra y en la valentía de mirar más allá del precio y ver el costo real de lo que vestimos.

La idea de convocar en Colombia una Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el Gobierno —y con participación decisiva del ministro de Justicia que la articula o escribe— se presenta bajo argumentos que deben examinarse con rigurosidad. En particular, llama la atención que el ministro compare el modelo de desarrollo de China con lo que hace inferir “Colombia debe hacer”: que, tras una reforma constitucional sustancial, el país podría seguir el camino chino para afianzarse como potencia económica. Esa analogía, sin embargo, es profundamente inconveniente, equivocada y esconde falacias de fondo.

Por qué la comparación China-Colombia es una falacia

El ministro sostiene, implícita o explícitamente, que “como China lo hizo, Colombia también puede hacerlo”, aludiendo a que un cambio constitucional profundo abrirá la vía para un salto cualitativo o incluso cuantitativo similar. Aquí conviene diferenciar dos cosas: (1) el contexto histórico, político y económico de China es radicalmente distinto al de Colombia; (2) la forma de plantear esta analogía es una falacia lógica.

En concreto, la falacia puede definirse como una falsa analogía (o apelación al modelo exitoso): se asume que porque A (China) logró X bajo condiciones particulares, entonces B (Colombia) también puede o debe lograr X mediante la misma vía. Esa forma de razonamiento omite que los supuestos, las estructuras institucionales, la cultura política, el grado de desarrollo y la situación sociológica son completamente distintas. Una analogía superficial puede ser engañosa y llevar a conclusiones incorrectas.

Adicionalmente, hay un rasgo de falacia de autoridad o “apelación al éxito”: «China triunfó, por lo tanto, su modelo es el que hay que adoptar». Pero esto ignora que el éxito de China está vinculado a condiciones muy peculiares (tamaño demográfico, régimen político autoritario, apertura de mercado bajo supervisión estatal, etc.) que no se replican automáticamente en Colombia.

La historia, sin embargo, no se copia ni se exporta. China creció bajo un modelo de planificación central con una población de 1.400 millones de habitantes, un partido único, control de medios, restricciones a la libertad religiosa y subordinación del individuo al Estado. Colombia, en contraste, es una democracia pluralista, fundada en valores cristianos, donde la dignidad humana y la libertad son la base del orden social.

Creer que ambos países pueden alcanzar los mismos resultados con idénticos medios es tan erróneo como pensar que el clima de los Andes puede replicar el del delta del Yangtsé.

¿Por qué Colombia no puede ni debe seguir ese camino?

1. Contexto institucional y político diferente
   China es un régimen de partido único, con control estatal muy fuerte, planificación centralizada, sector público dominante y una economía que combina elementos de mercado con fuerte presencia estatal. Colombia es una democracia representativa, con pluralismo, libertades políticas, tradición de derecho y un modelo socioeconómico distinto. Intentar aplicar directamente “lo que hizo China” sería desajustado institucionalmente.
2. Modelo económico chino con límites claros
   Las fuentes señalan que el crecimiento de China se basó en inversión masiva, exportación intensiva, bajo consumo interno, elevada intervención estatal, desequilibrios —y ahora enfrenta retos como sobrecapacidad, cambio demográfico, transición económica. Esto demuestra que el “modelo chino” no es un manual perfecto, sino un sistema con ventajas y riesgos. Colombia, con su estructura económica, nivel de desarrollo y tamaño más reducido, adoptando ese modelo correría riesgos de depender demasiado de inversión externa o sobre-endeudarse, de priorizar exportaciones a costa de mercado interno, o reproducir desequilibrios.
3. Cultura, creencias y valores cristianos
   Si bien Colombia tiene libertad de creencias y un fuerte arraigo cristiano, ese factor también implica una concepción de la dignidad humana, de la subsidiariedad, de la libertad individual y de la participación ciudadana que no se alinea necesariamente con un régimen autoritario o con un mercado dominado por el Estado. Un modelo que concentra poder político y económico, que subordina la iniciativa individual al Estado, que restringe libertades, difícilmente encaja con una sociedad que valora la persona humana, la responsabilidad y la libertad.

Desde una perspectiva cristiana se espera la promoción del bien común, la solidaridad, la justicia, pero también la libertad y el pluralismo. Un modelo importado sin adaptación podría pasar por alto esos valores. Por ejemplo, los derechos fundamentales, la libertad religiosa, la sociedad civil fuerte: no se pueden dar por descontados si se celebra una “constituyente” que modifique de raíz el sistema político sin debates amplios.

En lugar de mirar hacia modelos autoritarios, Colombia debería mirar hacia teorías económicas probadas y humanistas, como las de John Nash, premio Nobel de Economía.
Su teoría del equilibrio cooperativo demuestra que los sistemas donde los actores buscan el beneficio mutuo —no la dominación del más fuerte ni la imposición del Estado— generan resultados más sostenibles y equitativos.

Nash mostró que la cooperación racional, guiada por la confianza y el interés común, produce mejores equilibrios sociales que la competencia destructiva o el control centralizado.
Esa idea encaja con el espíritu cristiano de Colombia: construir una economía de cooperación, no de coerción; de incentivos alineados, no de obediencia ciega.

Mucho antes que Nash, San Francisco de Asís enseñó con su vida una economía del bien común, centrada en la fraternidad, la equidad y el respeto por la creación. No se trata de un modelo socialista ni de caridad asistencialista, sino de una visión espiritual de la economía: que los bienes existen para servir a las personas, no para esclavizarlas. San Francisco comprendió que la prosperidad verdadera no nace del control ni del miedo, sino de la solidaridad libre, del trabajo compartido y del uso responsable de los recursos. Su ejemplo inspiró siglos después a pensadores modernos que promueven la economía circular, el capitalismo consciente y la sostenibilidad con sentido ético.

Desde esa perspectiva, una constituyente que pretenda imponer una nueva visión económica —sin diálogo, sin libertad y bajo el pretexto de copiar un modelo extranjero— sería una traición a la identidad espiritual y moral de Colombia.

4. Riesgo de erosión de libertades y participaciones ciudadanas
   Una constituyente diseñada bajo los auspicios del Gobierno, y modelada sobre un supuesto “éxito chino”, puede tornarse en justificación para concentrar poder, debilitar contrapesos y legitimar reformas estructurales sin el debido debate. El precedente chino muestra que el sistema político es altamente centralizado, con escasa rendición de cuentas del partido gobernante. Adoptar esa lógica en Colombia significa arriesgar la independencia de los poderes, la transparencia, la libertad de prensa, la pluralidad política.

Convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia bajo el argumento de emular el modelo chino es una idea que merece un profundo examen y, en mi opinión, un rechazo prudente. La analogía con China es una falacia de falsa analogía (y de autoridad) porque ignora las diferencias sustanciales entre los contextos de ambos países, los riesgos del modelo chino y los valores propios de nuestra sociedad. Colombia no puede ni debe seguir un modelo económico y político que no corresponde a su historia, a sus instituciones ni a su base cultural cristiana. Reformar para mejorar es legítimo; pero construir un proyecto de país partiendo de una metáfora de “China hizo esto, Colombia debe hacerlo” es inadmisible desde el punto de vista de la libertad, la responsabilidad democrática y la fe cristiana.

Afirmaba Milton Friedman, premio nobel de economía en 1976: “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. Sin duda, porque a mayor represión y aumento en la interdicción de drogas, mayor será su precio en el mercado. Cuantos más supuestos cargamentos de cocaína o fentanilo bombardeen y destruyan los buques norteamericanos en el caribe, como si fuera un videojuego de consola, más tendrán que pagar los millones de consumidores y adictos por tales sustancias. Por eso lo que hay que descertificar es la política prohibicionista, pues mientras ella exista las economías ilícitas y el crimen seguirán siendo prósperos y serán más las vidas humanas sacrificadas en esa guerra absurda. Bajo el pueril argumento de héroes inmolados en nombre de la seguridad nacional o la salud de sus conciudadanos, se ocultan criminales coartadas que encubren estrategias políticas de dominación y control estatal.

Coartadas criminales

En efecto, es preciso recordar que el origen de la llamada “guerra contra las drogas”[i] proclamada por Richard Nixon en 1971 tuvo como finalidad política el control, bloqueo y represión de los jóvenes opositores a la guerra del Vietnam. Así lo reconoció su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper’s Magazine: “¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?”, me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. “La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”. Y pronto se agregó a esa lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo del narcotráfico”, como si este fuera una maldición inexorable. Aparece así una moderna inquisición de puritanos contra malvados narcotraficantes que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana, para cuya protección y salvación Trump ordena a su inexpugnable armada bombardear y destruir cuanta lacha o navío divisen, sin antes demandar su inmovilización, abordaje, segura incautación de estupefacientes y captura de peligrosos narcoterroristas. En lugar de su apresamiento para desarticular sus bandas y llegar hasta los máximos capos, Trump ordena su aplastamiento y ahogamiento. Curiosa táctica para ganar la “guerra contra las drogas”, que incurre en graves infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo ha advertido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra: “Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos calificaron las acciones como violaciones graves al derecho internacional, al derecho del mar y la Carta de las Naciones Unidas”[ii].

Ayer, como hoy, prejuicios raciales y culturales atávicos

Se repite y perpetua así el error y el horror histórico de la errática política de la “ley seca”[iii] norteamericana, que prohibió mediante la enmienda constitucional XVIII de 1920 la producción, tráfico y consumo de licor. Una enmienda sustentada en prejuicios raciales e ideológicos atávicos, expresados por el representante a la Cámara por el Estado de Alabama, Richmond Pearson Hobson[iv] (1870-1937), quien sostenía en su libro “Drogadicción: un maligno cáncer racial”, que “una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico”, que induce al negro a “cometer delitos no naturales”, mientras el blanco por estar más evolucionado “le toma más tiempo llegar al mismo nivel”. Hoy, Trump, como ayer Richmond, cabalga sobre los mismos prejuicios raciales y falsas creencias. Confunde la coca con la cocaína, igual que Richmond confundía el alcohol con un narcótico. En realidad, ninguno de las dos es una sustancia narcótica. Para empezar, la coca es una planta maravillosa[v], con propiedades alimenticias y terapéuticas bien identificadas gracias a las investigaciones de numerosos científicos, entre cuyos pioneros estuvo Sigmund Freud[vi]. Y el licor, en su casi infinita variedad de bebidas espirituosas, fermentadas y destiladas, no es propiamente un narcótico. Lo que las convierte en sustancias objeto de control es su uso y abuso indebido, que depende en gran parte del contexto cultural y social en que se consumen y los estímulos perseguidos por sus usuarios. La peligrosidad no está tanto en la sustancia, sino en la sociedad que estimula su consumo, porque millones de adictos las precisan para sobrellevar sus vidas y soportar el excesivo peso de una realidad sin sentido.  Y lo que engendró la prohibición del licor durante la década de los años veinte hasta 1933 no fue tanto la salud y sobriedad de los norteamericanos, sino la más poderosa organización criminal, la mafia, que tuvo bajo su control un negocio de dos mil millones de dólares de entonces. Como bien lo describe Martin Short en su libro “Mafia, la sociedad del crimen”: “La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de Templanza[vii]. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaria el crimen organizado, convirtiéndole en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”. Por eso mismo, el famoso Al Capone declaraba: “Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos dentro de la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mi mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo licor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”.

¿Y dónde está hoy Al Capone?

Lo mismo puede afirmarse hoy respecto a la cocaína y otras sustancias de moda, como los opioides, que consumen millones de adictos en todas las latitudes, siendo Norteamérica una sociedad que cada día las demanda más, pues “según datos de la empresa de pruebas toxicológicas Millennium Health, el consumo de cocaína en el oeste de EE. UU. aumentó un 154 % desde 2019. En el mismo periodo, en la costa este el incremento fue del 19 %”[viii].  La única diferencia es que hoy ya no conocemos a los Al Capones encargados en MAGA de distribuirlas y venderlas. Pareciera que para la DEA y Trump todos los capos están fuera de las fronteras de su querida y amenazada MAGA. Proceden de afuera y son mexicanos, venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos y hasta chinos. Además, afirma, que cuentan con la complicidad de los jefes de estado de sus respectivas naciones, si es que éstos no están directamente implicados detrás de los grandes capos. En todo caso, son migrantes y extranjeros, declarados y tratados como peligrosos enemigos de MAGA. Por todo ello, el prohibicionismo y la descertificación no son otra cosa que la punta de lanza de la política de Trump para controlar, intervenir y si es del caso hasta asesinar a quienes considere aliados del narcoterrorismo. Una punta de lanza mucho más agresiva que el aumento de los aranceles aplicados a Brasil en solidaridad con Jair Bolsonaro, el primer miembro condenado de esa pandilla de gánsteres estatales e internacionales de los cuales se precia Trump ser el mejor amigo y defensor incondicional, pues está seguro de encontrarse totalmente a salvo, junto a Netanyahu, de ser algún día “descertificado”, investigado y condenado por sus atrocidades y crímenes de guerra.

¿Europa genocida?

Pero ya una comisión especial de las Naciones Unidas[ix] encargada de investigar lo que acontece en la Franja de Gaza, la otrora tierra santa hoy convertida en tierra arrasada, ha dicho que allí se está cometiendo un genocidio, pues tanto Netanyahu, su anterior ministro de defensa y el presidente actual son responsables de violar la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio[x], aprobada en 1948. Una Convención, para mayor ironía y vergüenza del actual Estado de Israel, destinada a prevenir y evitar que NUNCA MÁS se repitiera un holocausto contra pueblo alguno. Pero hoy, numerosos descendientes de las víctimas de ayer se han convertido en victimarios a cielo abierto del pueblo palestino con una crueldad y alevosía semejante a la sufrida por sus antepasados en Europa. En fin, lo que tenemos que descertificar es el prohibicionismo, el terror del genocidio y la obstinación suicida de Hamas, para que libere a quienes tiene de rehenes, contener así la sangría abominable de su pueblo y lograr el reconocimiento en la ONU de un Estado palestino de pleno derecho y soberano, capaz de garantizar la vida, la seguridad y la paz en toda la región, junto al Estado Israelí, ya liberado de la pandilla de criminales que hoy lo gobierna. Como lucidamente lo propuso el escritor israelí Amos Oz el 23 de enero de 2001 en su texto “Sobre la necesidad de llegar a un compromiso y su naturaleza”: “El primer paso tendría que ser, debe ser -es crucial- la creación de dos Estados”. Por eso es inadmisible permitir que Gaza se convierta en la “nueva Riviera del Oriente próximo”, según los planes de Trump y Netanyahu, edificada sobre cientos de miles de cuerpos despedazados de Palestinos, con hoteles y centros comerciales que oculten ruinas anegadas y apelmazadas con la sangre de miles de niñas, niños, mujeres y ancianos gazatíes. Si ello acontece, entonces se repetiría lo afirmado en dicho texto por Amos Oz: “La Europa que colonizó el mundo árabe –explotándolo, humillándolo, pisoteando su cultura, utilizándolo como patio de recreo imperialista—es la misma Europa que discriminó a los judíos, los persiguió, los acechó en sueños para terminar asesinándolos en masa en un crimen genocida sin precedentes”.

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_las_drogas

[ii] https://avn.info.ve/onu-advierte-que-ataques-de-eeuu-contra-embarcaciones-en-el-caribe-violan-leyes-internacionales/#

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_seca_en_los_Estados_Unidos

[iv] https://academia-lab.com/enciclopedia/richmond-phobson/

[v] https://cocanasa.org/beneficios-hoja-de-coca.htm

[vi] https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-05812018000200145

[vii] https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_la_Templanza

[viii] https://www.independentespanol.com/noticias/cocaina-eeuu-trump-consumo-auge-narcotrafico-b2828609.html

[ix] https://www.msn.com/es-pe/noticias/other/an%C3%A1lisis-el-informe-de-la-onu-sobre-genocidio-en-gaza-alimentar%C3%A1-la-creciente-condena-internacional-de-la-conducta-de-israel/ar-AA1ME7Er

[x] https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide