Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023  Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

*Imagen principal: En la localidad Palmor, en el Caribe de Colombia, existe una pequeña hidroeléctrica que brinda energía a toda la población. Foto: cortesía Transforma.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El camino para darle vida al Acuerdo de Escazú en Colombia está trazado: hay leyes y herramientas sólidas para implementar este gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental. Sin embargo, aún existe una gran brecha que no permite que estos avances se traduzcan en los territorios.

Así lo indica un reciente informe elaborado por las organizaciones Asociación Ambiente y Sociedad, Dejusticia, World Wide Fund for Nature (WWF) Colombia y la Universidad del Rosario, quienes evaluaron la implementación del acuerdo a nivel nacional.

La publicación del informe coincide con el inicio de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) sobre el Acuerdo de Escazú, espacio donde se dará seguimiento a decisiones del tratado, como la participación pública en decisiones ambientales o el plan de acción para defensores.

Si bien el informe identificó avances formales en la implementación del Acuerdo de Escazú, también detectó limitaciones y desafíos, como la falta de acceso a información sobre decisiones ambientales, la violencia contra personas defensoras del territorio y la impunidad en este tipo de delitos.

Varios autores del documento le cuentan a Mongabay Latam los hallazgos y desafíos que enfrenta Colombia para que el Acuerdo de Escazú pase de ser un instrumento técnico a una política pública que avance en la acción climática y fortalezca la democracia ambiental.

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Violencia contra defensores e impunidad ambiental

Mientras las autoridades de Colombia han adoptado medidas para implementar el Acuerdo de Escazú, como la propuesta de una hoja de ruta y una consulta pública para darle vida al tratado, el país al mismo tiempo vive un repunte de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente líderes que protegen el territorio y el ambiente. El 2025 fue el año más violento para este sector en Colombia, desde que asumió Gustavo Petro como presidente, de acuerdo con la organización Somos Defensores.

El informe sobre el Acuerdo de Escazú señala que hay limitaciones en los mecanismos actuales de protección, los cuales suelen ser “reactivos e individualizados, sin abordar las causas estructurales del riesgo ni las dinámicas territoriales”. Sin embargo, los autores de la investigación señalan que desde antes de adoptar el Acuerdo de Escazú, las instituciones de Colombia ya enfrentaban dificultades para prevenir esta violencia.

“Previo a la ratificación del Acuerdo de Escazú ya existía una brecha enorme en la protección y prevención de violencias a personas defensoras del ambiente, debido a la ausencia de armonía institucional materializada, por ejemplo, en la ineficiencia de la Mesa Nacional de Garantías o la necesaria reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, explica Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad.

El informe señala que aunque hay mecanismos que permiten identificar riesgos, como el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, también hay fallas en la articulación de instituciones responsables, falta de presupuesto y de medidas que aborden las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

“Uno de los principales desafíos radica en transitar hacia modelos de protección que integren enfoques colectivos, reconozcan las formas propias de autoprotección territorial y aborden las causas estructurales de la conflictividad socioambiental”, destaca la investigación.

Para Torres, esos desafíos también implican sensibilizar a funcionarios que acompañan los procesos de protección a nivel nacional sobre lo que implica ser una persona defensora, y reestructurar entidades responsables de protección con enfoque en los territorios.

“La materialización de un enfoque diferencial en las medidas de protección debe ser construido de la mano con quienes están en primera línea de defensa. También es importante el enfoque de género en la política pública, las mujeres defensoras enfrentan cargas adicionales a partir de su rol de cuidado y liderazgo”, dice la especialista en derecho ambiental a Mongabay Latam.

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En cuanto a la justicia ambiental, el informe señala que Colombia cuenta con herramientas importantes, como la acción de tutela o la acción popular para la defensa de derechos colectivos, pero que persisten las barreras en los procesos judiciales, costos, duración de los procedimientos y falta de especialización de los jueces en temas ambientales que dificultan el acceso a la justicia, especialmente para comunidades más vulnerables.

“A pesar de contar con un marco normativo robusto y con más de 100 instrumentos de protección, los esfuerzos estatales han resultado insuficientes debido a la fragmentación institucional y a niveles críticos de impunidad, donde el sistema judicial ha mostrado limitaciones para desmantelar las redes criminales y sancionar a los autores intelectuales”, destaca la investigación.

El documento resalta que sólo una proporción limitada de los casos de violencia contra defensores obtiene una sentencia, con aún menores casos donde se determina y sanciona a los autores intelectuales.

“Esta situación limita la posibilidad de desmantelar las estructuras criminales y económicas que subyacen a la violencia contra las personas defensoras. De igual forma, se evidencia un rezago significativo en la investigación de delitos no letales, como amenazas y violencias basadas en género, con altos niveles de estancamiento en etapas preliminares”, sostiene.

Para Mauricio Madrigal Pérez, especialista de Incidencia Política en WWF Colombia y coautor del informe, el enfoque de las normas ambientales debe concentrarse hacia las personas defensoras y sus contextos para generar mecanismos que permitan acceder a la justicia ambiental.

“Las normatividades y políticas ambientales son esencialmente tecnocráticas y buscan una mirada administrativa del derecho más que una mirada de derechos humanos y de justicia. Hoy más que nunca, las crisis ambientales son un asunto de derechos humanos y de justicia porque están en juego las condiciones básicas que hacen posible la vida”, explica a Mongabay Latam.

Además, afirma que la implementación del Acuerdo de Escazú a nivel territorial permite construir opciones de prevención de la violencia. Como ejemplo, destaca la red de guardianas del agua en municipios de Putumayo, donde hay procesos de formación en la defensa del territorio.

“Creamos una escuela intercultural de justicia ambiental y género, fundamentada en el Acuerdo de Escazú y en la forma como estas mujeres ven el acuerdo y lo amplifican. Son ejercicios potentes de reivindicación, de resistencia y de propuestas para una prevención y un manejo alternativo de los conflictos, para una mayor democracia ambiental y en definitiva una mayor justicia”, expone.

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Información ambiental limitada

El informe identifica avances en normas y leyes para acceder a información ambiental, uno de los pilares del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, también halló una negativa a entregar información, respuestas desiguales de instituciones responsables y falta de claridad para entregarla de forma accesible a poblaciones vulnerables.

Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, señala que esto se refleja, por ejemplo, con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (ley 1712 de 2014) que, pese a ser una ley completa, es limitada al solicitar información por no contar con disposiciones específicas para la información ambiental.

“Al no tenerse claridad sobre el manejo de la información en materia ambiental, esta es generalmente limitada hacia la ciudadanía, adicionalmente no se cuenta con un enfoque diferencial que elimine barreras de idioma, costos y presencialidad hacia pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, explica Torres.

Tras analizar la respuesta a solicitudes de información hechas a entidades de orden nacional, organismos de control, autoridades judiciales, autoridades ambientales y entidades territoriales, el informe advierte que no hay justificación o criterios para denegar la información solicitada.

Este patrón, indica el documento, genera que haya respuestas que no estén sometidas a la norma o a un criterio, lo que puede alargar el proceso para obtener información.

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Baja participación pública en decisiones ambientales

La investigación también detecta limitaciones en los mecanismos que permiten la participación pública para la toma de decisiones ambientales, pues aunque existen espacios, suelen operar con acceso limitado y con baja capacidad de incidir en las decisiones finales.

“La participación tiende a concentrarse en etapas tardías y enfrenta barreras para comunidades en situación de vulnerabilidad, lo que limita el cumplimiento de los estándares de participación temprana, informada e inclusiva establecidos por el Acuerdo de Escazú”, se menciona en el documento.

Madrigal propone establecer cinco estándares mínimos para cumplir las obligaciones del Acuerdo de Escazú: la existencia de mecanismos, como audiencias públicas; información mínima sobre la decisión ambiental; garantizar la participación oportuna y previa; dar espacios de deliberación, y adecuar la información a los contextos locales y territoriales. Esto no solo en Colombia sino para cada país que ratificó el tratado.

“Una obligación de derechos humanos que no tenga un estándar es el gran problema que tenemos nosotros. Nunca va a ser ni medible ni verificable, y su incumplimiento va a estar marcado por una subjetividad que le quita legitimidad al propio acuerdo y a las propias acciones territoriales”, comenta.

COP4 de Escazú, una nueva oportunidad

Previo al arranque de la COP4, que se realizará del 21 al 24 de abril en Nassau, capital de Bahamas, los autores del estudio señalan que será un espacio clave para generar mecanismos de evaluación sobre cómo los países están implementando el tratado.

Madrigal señala que las expectativas en este encuentro estarán en darle mayor peso a las personas defensoras ambientales y a que la cooperación se traduzca en financiamiento para su protección.

“Si este es un convenio con un anclaje en la cooperación, hay que empezar a hablar de un fondo que financie este instrumento, para que le dé vida real a nivel internacional”, advierte.

Por su parte, Torres comenta que esa cooperación también deberá traducirse en fortalecer judicialmente a las personas defensoras en los países que han ratificado el acuerdo.

“Se discutirán avances significativos del tratado. Por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo sobre justicia ambiental, lo cual impulsará dinámicas de cooperación entre Estados para fortalecer el Poder Judicial en favor de las personas defensoras. Esperamos que este grupo cuente con la participación del público para garantizar su funcionamiento”, sostiene.

*Imagen principal: Colombia ha iniciado una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, sin embargo organizaciones civiles alertan limitaciones. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La historia parece repetirse: éxitos deportivos, pero fragilidades institucionales. Los recientes acontecimientos del deporte colombiano revelan una paradoja inquietante. Mientras el mundo aplaude la hazaña de María José Marín, quien en abril de 2026 conquistó el prestigioso Augusta National Women’s Amateur en el legendario Augusta National Golf Club, en Bogotá se apaga silenciosamente uno de los escenarios más emblemáticos de inclusión deportiva: el Club Popular de Golf La Florida.

En mi libro Diplomacia Deportiva y Poder Blando de Colombia (Editorial Tirant lo Blanch, 2025), advertía una constante de nuestra historia deportiva: el país no ha logrado saldar una deuda estructural. Existe un profundo abismo entre los logros de los deportistas y las inconsistencias de la dirigencia. Mientras los primeros superan obstáculos, precariedades y limitaciones para competir, los segundos suelen extraviarse en disputas políticas, visibilidad mediática y decisiones erráticas.

Esta desconexión no solo afecta el desarrollo del deporte: impacta directamente el poder blando y la imagen internacional del país.

Este contraste no es casual. Es una radiografía de las tensiones entre el discurso del éxito internacional y las decisiones internas que debilitan la base social del deporte. Es aquí donde la diplomacia deportiva deja de ser un concepto teórico para convertirse en una herramienta crítica de análisis.

Las diplomacias emergentes —como la deportiva— se construyen a partir de símbolos, narrativas e imágenes. En la sociedad internacional, los protagonistas no son únicamente los diplomáticos tradicionales, sino también los deportistas, quienes encarnan valores, identidad y reputación nacional.

La victoria en Augusta: poder blando en estado puro

El triunfo de María José Marín no es solo una victoria deportiva. Es un acto de diplomacia deportiva en su máxima expresión. Países como Irlanda han comprendido este fenómeno mediante estrategias estructuradas de sports diplomacy: el deporte proyecta reputación, construye narrativa país y abre puertas donde la diplomacia tradicional encuentra límites.

Con su victoria en el Augusta National Women’s Amateur, Marín se convierte en la primera golfista colombiana y latinoamericana en alcanzar este título, consolidando un hito histórico para el país. Su logro es resultado de disciplina, talento y constancia; para Colombia, representa un fortalecimiento tangible del poder blando y de su posicionamiento internacional.

Más allá del triunfo, su historia refleja el proceso silencioso de formación que comienza desde edades tempranas. Como muchos atletas de alto nivel, su desarrollo es el resultado de años de aprendizaje, acceso a escenarios deportivos y acompañamiento técnico.

Pero surge una pregunta inevitable: ¿de dónde nace ese talento?

La Florida: el origen invisible del éxito

Durante más de cinco décadas, el Club Popular de Golf La Florida ha sido mucho más que un campo de golf. Ha representado un espacio real de democratización del deporte, una plataforma de movilidad social, un semillero de talentos con impacto nacional y un modelo comunitario sin ánimo de lucro.

En este escenario, miles de ciudadanos han accedido a un deporte históricamente restringido. Allí se ha construido, de manera silenciosa pero efectiva, una forma de diplomacia deportiva basada en la inclusión. No desde los grandes torneos, sino desde la cotidianidad de la formación, la práctica y la oportunidad.

Sin embargo, la restitución del predio y la incertidumbre sobre su continuidad no constituyen únicamente un conflicto contractual. Representan una fractura en la cadena de valor del deporte colombiano y un debilitamiento tangible del poder blando nacional.

Este fenómeno no es aislado. El Global Soft Power Index en sus ediciones 2024 y 2025 evidencia que Colombia atraviesa un proceso de proyección internacional marcado por profundas asimetrías. El ascenso en el ranking global —del puesto 69 al 61— refleja, en buena medida, una victoria de la identidad sobre la institucionalidad.

Mientras pilares como Cultura y Patrimonio y Personas y Valores proyectan una imagen de país vibrante, resiliente y atractivo, otros componentes fundamentales muestran retrocesos preocupantes. La caída en indicadores de Relaciones Internacionales y Gobernanza sugiere que la comunidad internacional percibe una brecha creciente entre el atractivo social de Colombia y la confianza en sus capacidades institucionales.

En este contexto, el patrimonio cultural —en el que se inscribe el deporte— se consolida como uno de los motores más eficaces del poder blando. La cultura tiene la capacidad de influir en percepciones, moldear preferencias y generar vínculos de confianza entre Estados, sociedades y actores estratégicos.

La brecha entre discurso y realidad deportiva

La diplomacia deportiva, entendida —como lo define el Instituto Matías Romero— como una vertiente de la diplomacia pública que utiliza el deporte para fortalecer relaciones, promover cooperación y proyectar una imagen positiva, exige coherencia interna.

No resulta consistente aspirar a consolidar una imagen de éxito deportivo global mientras se debilitan los espacios que permiten el acceso, la formación y el desarrollo de nuevos talentos. En esa tensión se define, en gran medida, la credibilidad internacional de un país.

El caso de La Florida plantea interrogantes que trascienden lo deportivo:

• ¿Puede hablarse de diplomacia deportiva sin garantizar acceso real al deporte?
• ¿Es sostenible el éxito internacional sin inversión en la base social?
• ¿Qué mensaje envía Colombia cuando un modelo de inclusión deportiva enfrenta su desaparición?

Aquí la diplomacia deportiva deja de ser un concepto aspiracional para convertirse en un criterio de evaluación de la política pública.

Más allá del golf: un activo estratégico en riesgo

La posible desaparición del Club Popular de Golf La Florida no es un hecho aislado. Sus efectos son estructurales: afecta procesos de formación deportiva, limita oportunidades para jóvenes y adultos mayores, impacta el empleo de decenas de familias y debilita programas sociales y ambientales asociados al territorio. En este club, mensualmente 1.100 – 1.300 jugadores practican este deporte; un número alto de empleados y familias serán afectados.

Pero, más allá de sus consecuencias inmediatas, implica la pérdida de un activo estratégico: la capacidad de mostrar un modelo de deporte inclusivo, accesible y socialmente transformador.

En términos de diplomacia deportiva, esto equivale a renunciar a una de las formas más auténticas de construcción de reputación internacional.

Conclusión: el camino a Augusta empieza en La Florida

El triunfo de María José Marín en Augusta demuestra hasta dónde puede llegar Colombia. El caso de La Florida revela desde dónde comienza ese camino.

Si el país aspira a consolidarse como un actor relevante en la diplomacia deportiva global, debe comprender que su mayor fortaleza no reside únicamente en sus campeones, sino en los espacios que los forman.

Porque, en última instancia, la verdadera pregunta no es si Colombia puede volver a ganar en Augusta. La pregunta es más profunda: ¿seguirá teniendo escenarios como La Florida para formar a la próxima campeona?

*José Miguel Castiblanco es el director del Centro de Diplomacia Pública y Corporativa y embajador de Carrera (r.); especialista en diplomacias emergentes.

Cuando hablamos de salud digital, solemos centrarnos en inteligencia artificial, telemedicina o análisis de datos. Lo que rara vez aparece en esa imagen es la ingeniería biomédica: una disciplina, que integra conocimiento médico y tecnológico, y que hoy se está consolidando como un pilar para modernizar el sistema de salud en Colombia y responder a desafíos críticos como el diagnóstico oportuno y la eficiencia en la atención.

Integrar la información: el punto de partida de la salud digital

Uno de los principales desafíos del sistema de salud en Colombia es la fragmentación de la información. Hoy, los datos de un paciente suelen estar dispersos en múltiples instituciones, lo que dificulta la continuidad en la atención y retrasa procesos clave como el diagnóstico o el tratamiento.

“La salud digital no comienza con la inteligencia artificial, comienza con la integración de la información clínica. Si los datos no están conectados, ninguna tecnología va a generar impacto real.” Paola Andrea Mejía Ladino, líder y profesora del programa de Ingeniería Biomédica, UCompensar

Esa integración, que a veces suena técnica y abstracta, es exactamente lo que la ingeniería biomédica resuelve: diseña arquitecturas que permiten que los datos fluyan entre dispositivos médicos, plataformas hospitalarias e historias clínicas. No basta con digitalizar la información; hay que garantizar que pueda leerse, compartirse y usarse en distintos niveles del sistema.

Del dato a la decisión: el paso que más importa

Una vez integrada la información, el siguiente reto es convertirla en decisiones clínicas oportunas. Aquí entran tecnologías como los algoritmos de análisis de imagen o los sistemas de apoyo diagnóstico. Pero su efectividad no depende solo de qué tan sofisticados sean, sino de la calidad de los datos que los alimentan y de cómo se insertan en el flujo real de trabajo clínico.

“Muchas veces se habla de algoritmos con alta precisión, pero se deja de lado que su efectividad depende de la calidad de los datos y de cómo estos se integran al flujo clínico.” Paola Andrea Mejía Ladino

En enfermedades donde el tiempo es crítico, como el cáncer de mama, esto no es un detalle técnico: es la diferencia entre un diagnóstico a tiempo y uno tardío. Analizar imágenes médicas en segundos y generar alertas tempranas puede cambiar el curso de un tratamiento. Pero para que eso sea posible, los sistemas tienen que estar conectados. Y esa conexión no ocurre sola.

Tecnología que funciona fuera del laboratorio

Uno de los aportes más valiosos de la ingeniería biomédica es su capacidad de adaptar las soluciones a la realidad del contexto. En un país con brechas de acceso tan marcadas como Colombia, no todas las innovaciones pueden depender de infraestructura avanzada o conectividad permanente.

Por eso, desde esta disciplina se están desarrollando herramientas que operan en múltiples plataformas y entornos con limitaciones técnicas. El objetivo es claro: que el análisis automatizado de imágenes o los sistemas de diagnóstico no sean exclusivos de las grandes ciudades.

“Uno de los grandes retos es que la tecnología no aumente la brecha, sino que la cierre. Y eso solo es posible cuando se diseña pensando en la realidad del sistema de salud. Paola Andrea Mejía Ladino

Este enfoque tambíen deja una reflexión importante sobre el rol de las instituciones de educación superior, que hoy no solo forman profesionales, sino que desarrollan soluciones aplicadas a problemas reales. La participación de estudiantes, docentes y aliados del sector salud en este tipo de proyectos evidencia una transformación en la manera en que se genera conocimiento, alineada con una visión donde el aprendizaje se conecta con el mundo real para generar impacto en las personas, las empresas y el país.

“El ciudadano promedio no evade por codicia, sino por desilusión”: Nathalia Barón, economista colombiana.

“El dinero sin un propósito se convierte en avaricia”, dice Nathalia Barón, una economista colombiana especializada en Programación Neurolingüística (PNL). Desde el coaching, se dedica a transformar la mentalidad y el comportamiento financiero de las personas. Está convencida de que existen las herramientas para romper lo que ella llama “patrones de escasez, culpa o miedo económico”.

De acuerdo con la experta, existen cuatro tipos de personas según su comportamiento frente al dinero: Los gastadores (compran sin límite, en su mayoría cosas que no necesitan). Los ahorradores (guardan el dinero motivados por el miedo a perderlo y esto los aleja del disfrute del mismo). Los indiferentes (dejan el manejo del dinero en manos de terceros, lo cual los hace vulnerables a decisiones ajenas que no siempre son las correctas). Y los temerosos (asocian el dinero con algo malo).

Bajo su propia marca, Dinero Consciente, esta bogotana creó una metodología que integra economía conductual, neurofinanzas y PNL aplicada. “Utilizamos técnicas de PNL, modelos de coaching y principios de neuroeconomía para reentrenar la mente en la toma de decisiones financieras conscientes”, afirma.

Según ella, es posible construir una cultura económica saludable “donde el dinero no sea un factor de estrés, sino una herramienta de bienestar y libertad”.

¿Qué significa el término “dinero consciente”?

Significa comprender que el dinero es una consecuencia, no una causa. Refleja nuestra mentalidad, nuestras emociones y nuestros hábitos. El 70% de las decisiones económicas son emocionales; por eso, sin inteligencia emocional no existe inteligencia financiera. Y a un cambio emocional lo precede un cambio mental, entonces allí comienza todo.

En la práctica, ¿Cómo podemos reprogramar nuestros pensamientos en torno al dinero?

La ciencia ha demostrado cómo funciona el cerebro y cómo influye nuestro lenguaje en el proceso de programación mental. Alguien que hackea su mente con un nuevo sistema de creencias sobre el dinero y la prosperidad con certeza puede esperar un resultado diferente en su realidad económica personal. Por ejemplo: “el dinero fluye a mí”, “soy muy bueno manejando mi dinero”, “el dinero siempre me alcanza”, “el dinero se multiplica en mis manos”, etcétera. Son algunos ejemplos de una programación para la prosperidad. 

¿Usted cree en el concepto de igualdad social?

Creo en la igualdad de oportunidades mentales y estructurales. La verdadera equidad no se logra solo con redistribución económica, sino con educación de calidad y transformación estructural del sistema de creencias. Sin un cambio mental, cualquier ayuda externa se diluye en el tiempo y se vuelve una interferencia para quien la recibe.

¿Qué opina de la frase “Los pobres son pobres porque quieren”?

Es una afirmación falsa y simplista. La pobreza no es una elección consciente; es una consecuencia de carencias estructurales y emocionales, motivadas por el sistema y por la historia familiar.

En nuestras mediciones, el 78% de las personas que pasan por procesos de reeducación financiera y mental reportan mejoras sostenidas en ingresos y hábitos económicos en los primeros seis meses.
La pobreza no se combate con subsidios, sino con herramientas que le devuelvan a la persona su autonomía a la hora de crear dinero y le enseñen a manejarlo de manera consciente.

¿Generar riqueza o redistribuir la que ya existe?

Ambas son necesarias, pero ninguna funciona sin educación económica y bienestar emocional. Generar sin consciencia produce desigualdad; redistribuir sin criterio genera dependencia. El punto medio es una sociedad mentalmente preparada para prosperar.

El otro día le escuché la expresión “trauma colectivo”. ¿A qué se refiere?

Es el conjunto de creencias culturales que asocian el dinero con abuso, culpa o peligro. Durante generaciones se enseñó que el dinero corrompía. Ese trauma social condiciona las decisiones financieras y frena el desarrollo. Sanar la relación emocional con el dinero restituye la confianza. Sin confianza, ninguna economía puede crecer.

¿Colombia puede reducir la desigualdad generando riqueza?

Sí, si genera también nuevos marcos mentales. No se trata solo de productividad, sino de estructura de pensamiento. La evidencia muestra que cuando las personas aprenden a tomar decisiones desde la expansión y no desde el miedo, aumentan su estabilidad económica más rápido.

¿Cómo pedirle a una persona que nació pobre pensar en prosperidad?

No se le pide: se le enseña. El cambio empieza en el lenguaje, luego en los hábitos. En comunidades rurales que hemos acompañado, un 60% de las mujeres logró iniciar un negocio en menos de un año después de reprogramar su mentalidad de supervivencia hacia una de progreso. Yo misma soy resultado del proceso que ahora promuevo, pues mi realidad económica en la infancia fue de dificultad y lucha.

¿Prosperidad significa lo mismo para todos los estratos?

Sí. Prosperar no es tener más, sino vivir sin miedo, tener lo suficiente y aprender a crear dinero siendo contribución para el otro, es decir, desde el propósito. He visto el mismo miedo frente al dinero en diferentes estratos sociales y niveles educativos, por eso sé que el aprendizaje con el dinero es el mismo para todos, solo que en proporciones numéricas diferentes. La prosperidad real se construye desde un nuevo nivel de consciencia que empieza en lo individual antes que en lo colectivo.

¿Qué opina de la justicia redistributiva y la evasión fiscal?

La redistribución es necesaria, pero no desde el dar dinero a otros, sino desde crear el entorno para que lo aprenda a generar. Esto requiere confianza institucional. La evasión no es solo corrupción: es una respuesta cultural a la desconfianza. El ciudadano promedio no evade por codicia, sino por desilusión. Necesitamos un nuevo contrato social basado en transparencia, educación y ética pública.

¿Dinero y felicidad van de la mano?

El dinero da libertad, pero no propósito. Sin propósito, se convierte en avaricia. En contraste, el dinero con propósito se vuelve una herramienta de progreso consistente.

“La política económica debe incluir educación emocional, alfabetización financiera y desarrollo humano”: Nathalia Barón.

¿Deberían los políticos hablar más de generación de riqueza?

Sí, pero acompañada de consciencia y crecimiento personal para sostenerla. La política económica debe incluir educación emocional, alfabetización financiera y desarrollo humano. Lo que hoy se entiende sobre educación financiera está muy lejos de ser suficiente para el propósito para el que se está usando. No hay reforma fiscal que compense una cultura que desconfía del progreso y una sociedad que siga habitando en la mentalidad del asistencialismo.

¿Qué tipo de liderazgo necesita hoy Colombia para cambiar esa mentalidad?

Un liderazgo ético, emocionalmente maduro y basado en evidencia. Dirigir no es solo administrar recursos: es gestionar mentalidades. Un país prospera cuando sus líderes entienden que la economía no se sostiene con leyes, sino con un nuevo nivel de consciencia colectiva. El trabajo conjunto entre educación económica, cambio mental y sanación emocional tiene un impacto real y medible sobre el bienestar y la productividad.

Soy de los que cree que el país debería conversar más sobre riqueza. ¿Por qué no lo estamos haciendo?

Porque aún cargamos la herencia cultural de ver la riqueza como algo moralmente sospechoso. Pero hablar de dinero es hablar de desarrollo, dignidad y libertad. La conversación pendiente no es económica: es educativa. Cuando las personas sanan emocionalmente su relación con el dinero, su entorno prospera con ellas siempre.

En medio de una crisis en torno al combustible a nivel mundial por guerras y conflictos y ante una dependencia global por el petróleo, el gas y el carbón, representantes de 45 países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para pensar cómo abandonar los fósiles de forma justa y basada en evidencia.

Se trata de la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles que se realizará entre el 24 y el 29 de abril, cuando se reunirán por un lado ministros, representantes de gobiernos y portavoces, pero también académicos, organizaciones civiles, comunidades y sectores privados.

Ambientalistas, organizaciones civiles, autoridades y especialistas que acudirán a este encuentro cuentan a Mongabay Latam las expectativas y los retos de esta iniciativa para empezar a imaginar una vida sin combustibles fósiles, presentes en la vida diaria, desde la ropa y el plástico, hasta el transporte, la electricidad y la calefacción.

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Santa Marta, un encuentro de alternativas, pero sin obligaciones

Si bien el encuentro en Santa Marta se inició tras un fallido intento por generar una ruta de salida a los combustibles fósiles en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), no es un espacio de negociación formal, sino un foro para abordar alternativas entre países que buscan dejar atrás la dependencia a los hidrocarburos.

“Esta conferencia no va a intentar convencer a nadie. Estamos convencidos de que es urgente realizar acciones de transformación para disminuir esa dependencia y la eliminación de esos combustibles”, dice Luz Dary Carmona, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia al explicar uno de los tres pilares que sostienen al encuentro.

Los otros soportes del foro se centran en transformar la oferta y la demanda de los combustibles, mediante el cierre gradual e incentivos para energías renovables, así como en soluciones que aceleren la transición energética justa mediante la cooperación entre países.

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Aunque los resultados en Santa Marta buscarán complementar las negociaciones climáticas de la COP, estos no son obligatorios para los países que acuden al encuentro.

“Desgraciadamente no será nada vinculante porque en el marco del Acuerdo de París los procesos son nacionalmente determinados, así que los criterios pueden ser globales, la identificación de barreras y de palancas para la transición se estima que será global, pero nadie puede obligar a los Estados a hacer nada”, explica Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatório do Clima.

El especialista sostiene que por este motivo, las alianzas que se puedan tejer en Santa Marta serán clave para acciones futuras.

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Justicia, un principio ausente en la conversación

Entre el 24 y el 27 de abril, el encuentro abrirá espacios de diálogo para la academia, sociedad civil, comunidades y sector privado, entre otros, con el objetivo de identificar vías que permitan una transición justa.

Para Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, hay un reto en este segmento del foro para escuchar las alternativas que las comunidades buscan expresar.

“A estas poblaciones que han sido marginalizadas e invisibilizadas en escenarios de diálogo son justamente a las que hay que escuchar para garantizar estos ejercicios de inclusión en los procesos de abandono de los combustibles fósiles”, comenta el especialista.

Además, agrega que se deben elaborar mecanismos de seguimiento a las participaciones de las comunidades y que permitan no solo diálogo, sino también una fiscalización ciudadana de los resultados.

“En esta conferencia debe quedar una hoja de ruta de qué se quiere alcanzar y para ello debe haber no solamente compromisos, sino también un ejercicio de control y seguimiento de las comunidades a sus respectivos gobiernos”, comenta a Mongabay Latam.

En tanto, Sara Larraín, ambientalista y directora de la Fundación Chile Sustentable, organización que también acudirá al encuentro, sostiene que para abordar una transición energética justa debe haber un reconocimiento de los costos desiguales e impactos que enfrentan territorios y países.

“Va a ser un excelente ejercicio ver el abandono de combustibles fósiles con un componente de equidad”, advierte la especialista y agrega: “Si no logramos, con los temas de adaptación, generar acciones bottom up [de abajo hacia arriba] desde los territorios potencialmente afectados, no vamos a avanzar a nivel de las élites negociadoras”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Además, Larraín considera que debe haber un mayor acercamiento de las tecnologías renovables a los sectores más vulnerables para que exista un empoderamiento y acercamiento directo con la transición energética justa.

“El hecho de tener un panel solar en tu techo te hace más cercano al sector. Tienes que buscar, entender e informarte. Es un beneficio enorme porque hasta ahora la energía eléctrica funciona como un servicio que aparece como magia, cuando hay una cadena de producción detrás invisibilizada y desconectada entre sí”, sostiene.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Ambiente, se espera que en Santa Marta participen cerca de 2800 personas de organizaciones, movimientos sociales, ambientalistas, así como comunidades y poblaciones indígenas.

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El papel de gobiernos y privados, una incertidumbre

Para ir más allá de los discursos para abandonar los combustibles fósiles, otro reto será el nivel de participación de los gobiernos y sectores privados, de acuerdo con Lorena Caballero López, directora técnica del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

La especialista considera que, hasta ahora, no hay información detallada del nivel de participación que tendrán los países en sectores clave, más allá del ambiental.

“No es lo mismo que acudan solamente autoridades ambientales a representantes de otras áreas que son vitales, con la parte financiera y la energética”, señala Caballero.

Además, comenta que será clave conocer cómo cumplir las acciones nacionalmente determinadas. “La expectativa es que vayamos con rutas y acciones tangibles, ya todos tenemos una serie de acuerdos firmados. La idea es llegar con los cómo”, advierte.

Caballero destaca que la participación de países de la región con economías intensivas de carbono jugarán un papel importante en el encuentro para ofrecer alternativas.

“Tenemos una región que en su mayoría sigue siendo de economías intensivas en carbono. Recibimos mucho más ingresos de ese tipo de actividades y destinamos mucho más a seguirlas financiando. El hecho de que la participación pueda ser importante va a ser un gran éxito de entrada”, adelanta.

*Imagen principal: organizaciones protestan dentro de la COP30, en noviembre de 2025, por la presencia de lobistas de los combustibles fósiles. Foto: cortesía © UN Climate Change/Kiara Worth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pregunta de fondo no es, entonces, únicamente cuánto crece la economía, sino desde dónde lo hace, a qué niveles de productividad y con base en qué tipo de actividades. Plantear esta pregunta con rigor revela un problema estructural: cerca del 70% de la población ocupada no tiene educación terciaria, más del 55% del empleo es informal y el tejido productivo está formado por unos 5,3 millones de micronegocios, principalmente en sectores como el comercio, las actividades agropecuarias de baja tecnificación y el transporte. Estos factores permiten observar una configuración productiva persistente que limita las posibilidades reales de desarrollo del país.

En ese contexto, distintos análisis han convergido en un punto central: Colombia no enfrenta únicamente un problema de crecimiento, sino, sobre todo, un problema de productividad. Dicho de otro modo, el país no ha logrado incrementar de manera sostenida su capacidad de generar valor ni ha avanzado con suficiente profundidad en la sofisticación de su base productiva. Y es precisamente allí donde el lugar que ocupan la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del modelo de desarrollo resulta prioritario.

Aunque la ciencia y la tecnología aparecen de manera recurrente en el discurso público, su peso efectivo en la estructura económica y en la toma de decisiones estratégicas sigue siendo limitado. La inversión en I+D, cercana al 0,31% del PIB, resulta claramente insuficiente para impulsar una transformación productiva de fondo. El problema no es únicamente de financiamiento, sino también de la escala de la producción de conocimiento y de las capacidades que el país ha construido —o ha dejado de construir— en este ámbito.

En efecto, Colombia cuenta con aproximadamente 88 investigadores en I+D por millón de habitantes. Al comparar estas cifras a nivel internacional, un referente como Corea del Sur supera los 9.400 investigadores por millón, mientras que países latinoamericanos como Chile presentan niveles considerablemente más altos que los de Colombia. Esta diferencia no solo refleja un menor volumen de investigadores, sino que evidencia una brecha estructural en la capacidad del país para generar conocimiento, sostener procesos de innovación y vincularlos con su aparato productivo.

Así, las trayectorias de desarrollo más exitosas a nivel regional e internacional muestran un patrón bastante claro. Las economías que han logrado incrementar su productividad y diversificar su estructura lo han hecho sobre la base de inversiones sostenidas en ciencia, tecnología e innovación, acompañadas de la consolidación de un talento investigador robusto y de una articulación efectiva entre el Estado, la universidad y el sector productivo. Por ejemplo, Corea del Sur no solo invierte más del 5% de su PIB en I+D, sino que también ha construido un ecosistema capaz de sostener procesos de innovación continuos. En contraste, Colombia no solo invierte poco, sino que también dispone de una base científica limitada, lo que reduce significativamente sus posibilidades de transformación.

Ahora bien, el problema colombiano no radica tanto en la ausencia de condiciones como en la subutilización de su verdadero potencial. El país cuenta con ventajas evidentes, incluso envidiables a nivel internacional, como su biodiversidad, su potencial agroindustrial y su riqueza cultural. Estas características, bien aprovechadas, podrían convertirse en motores de desarrollo. Sin embargo, esas ventajas no se traducen automáticamente en valor agregado. Su aprovechamiento depende de la capacidad para incorporarlas en procesos productivos directamente relacionados con su transformación a partir del conocimiento.

El sector agropecuario ilustra bastante bien este punto. Allí, particularmente, el aumento de la productividad no se basa en producir más, sino en producir mejor, mediante biotecnología, analítica de datos, trazabilidad y transformación industrial, entre otros. En ese contexto, el contraste regional también ofrece ejemplos concretos. Brasil, uno de los líderes regionales en este sector, no se consolidó como potencia agroindustrial solo por su escala productiva, sino también por su apuesta sostenida durante décadas por la investigación aplicada. El caso de Embrapa —la empresa pública brasileña de investigación agropecuaria— muestra que la articulación entre la ciencia, el Estado y el sector productivo puede transformar de manera estructural la productividad del campo.

Ahora, al revisar las apuestas recientes sobre política pública en Colombia, el panorama general resulta insuficiente, ya que los instrumentos impulsados —convocatorias, políticas emergentes en inteligencia artificial, programas de formación avanzada y mecanismos de financiación territorial— no han resuelto el problema de fondo: las decisiones políticas en materia de ciencia y tecnología operan en una escala limitada, sin una articulación clara con la estrategia de desarrollo productivo y sin prioridad real dentro del Estado.

En este sentido, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación continúa operando más como un espacio de validación discursiva que como un verdadero motor estratégico de transformación económica. El problema no es la inexistencia de instrumentos, sino la ausencia de un proyecto integrado, ambicioso y sostenido que sitúe el conocimiento en el centro del modelo de desarrollo del país.

De allí que el debate sobre el futuro económico de Colombia no pueda seguir reduciéndose a variables macroeconómicas de corto plazo. La discusión exige una pregunta clave: ¿qué economía quiere construir el país en las próximas décadas? Esa pregunta, en un contexto global cada vez más exigente, implica la necesidad de tomar decisiones estructurales en ciencia, tecnología e innovación. Decisiones que el próximo o próxima presidente de Colombia, sin posibilidad de renunciar a ello, deberá tomar para el futuro del país.

Quien llegue a la Casa de Ñariño deberá trazar una estrategia decidida para incrementar la inversión en investigación y desarrollo que permita alcanzar, a mediano plazo, al menos el 1% del PIB. Además, deberá reposicionar el lugar de la ciencia en el Estado, dotando la política de ciencia, tecnología e innovación de una capacidad real de incidencia en la planificación económica. También se le exigirá impulsar la formación de capital humano avanzado, fortalecer la articulación entre universidades, empresas y territorios, y apostar por sectores en los que el conocimiento y la innovación sean el principal motor de la generación de valor. Finalmente, deberá propiciar ecosistemas regionales de innovación con capacidad real para interactuar con contextos glocales.

Nada de esto será accesorio. Por el contrario, será determinante para las apuestas de desarrollo de Colombia. Las experiencias internacionales muestran que las transformaciones productivas profundas no resultan de ajustes marginales, sino de decisiones técnicas y políticas sostenidas que sitúan el conocimiento en el centro del proyecto nacional.

Colombia aún tiene una ventana de oportunidad para avanzar en esa dirección, pero no es indefinida. En últimas, las decisiones del próximo gobierno —y, en particular, la composición y las capacidades de su gabinete— darán cuenta de si el país será capaz de construir una economía basada en el conocimiento o si continuará reproduciendo una estructura de baja productividad, alta informalidad y limitada generación de valor. Mientras en Colombia no se asuma que la ciencia, la tecnología y la innovación no constituyen un sector más, sino el fundamento mismo de la productividad, la generación de valor y la competitividad, estas seguirán ocupando un lugar marginal dentro de la estructura del Estado y, en esas condiciones, el país difícilmente podrá avanzar hacia la transformación productiva que requiere.

Hace un par de años, más exactamente en el 2019, mientras cursaba mi Maestría en Investigación Musical, estaba al mismo tiempo leyendo el libro “¿Por qué fracasan los países?” de Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012). Aunque es un libro que no tiene en lo absoluto nada que ver con educación, o con música y Arte, el impacto que generó este libro en mí fue profundo, no solo por su análisis sobre las causas del éxito o fracaso de las naciones, sino porque, al mismo tiempo que me formaba como investigador, me llevó a cuestionar de manera constante el rol de la educación dentro de la sociedad y, de manera más específica, el lugar que ocupa la educación artística en los procesos de transformación social.

El desarrollo de los países

La tesis central de Acemoglu y Robinson plantea que las diferencias entre países no radican en factores geográficos o culturales, sino en la manera en que se han configurado sus instituciones políticas y económicas.

A través de ejemplos como el de ”Nogales”, una ciudad dividida entre Estados Unidos y México, los autores evidencian cómo dos territorios con características similares pueden ofrecer condiciones de vida radicalmente distintas dependiendo de la solidez y naturaleza de sus instituciones.

Este planteamiento permite comprender que el desarrollo no es una casualidad, sino el resultado de decisiones históricas que han favorecido modelos inclusivos o, por el contrario, estructuras extractivas que perpetúan la desigualdad.

En el contexto colombiano

En el caso de América Latina, y particularmente en Colombia, estas reflexiones encuentran un eco evidente. Tal como lo expone mi análisis previo, las decisiones políticas y estructurales han limitado históricamente las oportunidades de desarrollo, afectando ámbitos fundamentales como la educación, la ciencia y la innovación.

Sin embargo, dentro de este panorama surge una reflexión aún más profunda: si las instituciones son determinantes en el desarrollo de las sociedades, ¿qué tipo de formación necesitan los ciudadanos para construir instituciones más justas, inclusivas y equitativas? Es en este punto donde la educación artística y la cultura adquieren un papel fundamental.

La educación artística no puede seguir siendo entendida como un componente accesorio dentro del sistema educativo. Por el contrario, constituye un espacio esencial para el desarrollo de capacidades humanas que son indispensables en la construcción de sociedad.

A través del arte, los individuos aprenden a pensar de manera crítica, a interpretar su contexto, a cuestionar las realidades establecidas y a proponer nuevas formas de comprender el mundo. Estas habilidades son coherentes con la necesidad de formar ciudadanos capaces de participar activamente en la transformación de sus entornos.

La cultura artística como reconstrucción del tejido social

Tal como lo evidencia la historia latinoamericana, los procesos de colonización no solo implicaron la explotación de recursos, sino también la fragmentación de identidades culturales y la imposición de estructuras de poder que aún hoy tienen repercusiones. En este sentido, el arte y la cultura se convierten en herramientas de resistencia, memoria y reconstrucción. Permiten a las comunidades recuperar sus narrativas, fortalecer su identidad y generar espacios de encuentro que contrarresten las dinámicas de exclusión.

Desde esta perspectiva, la educación artística se articula directamente con la construcción de instituciones inclusivas, tal como lo plantean Acemoglu y Robinson (2012). Una sociedad que promueve el pensamiento creativo, la sensibilidad social y la capacidad de diálogo está mejor preparada para cuestionar estructuras injustas y proponer alternativas de cambio.

En otras palabras, el arte no solo forma artistas, sino ciudadanos con la capacidad de imaginar y construir nuevas realidades.

Espacios de transformación

Además, en contextos donde la desigualdad y la falta de oportunidades han generado escenarios de violencia o fragmentación social, las prácticas artísticas se consolidan como espacios de transformación.

La música, el teatro, la danza y las artes plásticas y visuales, permiten canalizar emociones, generar sentido de pertenencia y construir comunidad. Estos procesos son fundamentales para reconstruir el tejido social, especialmente en países que, como Colombia, han enfrentado profundas heridas históricas.

En consecuencia, pensar en el desarrollo de una nación implica necesariamente replantear el lugar de la educación artística dentro de los sistemas educativos.

No se trata únicamente de formar en habilidades técnicas, sino de reconocer el arte como un medio para fortalecer la conciencia social, la empatía y el pensamiento crítico. Invertir en educación artística y cultural es, en este sentido, una apuesta por el desarrollo humano y la transformación social.

Finalmente, si bien las decisiones políticas pueden limitar o ampliar las oportunidades de una sociedad, es en la educación donde se siembran las bases para el cambio. La formación de ciudadanos críticos, sensibles y creativos es un paso indispensable para construir instituciones más justas y equitativas.

En este camino, la educación artística y la cultura no son elementos secundarios, sino pilares fundamentales para reconstruir una sociedad que, a pesar de sus dificultades históricas, aún tiene la posibilidad de reinventarse desde el conocimiento, la creatividad y la participación colectiva.

Bibliografía

Asemoglu & Robinson (2012), ¿Por qué fracasan los países? – Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Bogotá, Editorial Planeta Colombiana.

Coordinadora del Programa Alternativas al Desarrollo / Abogada colombiana especializada en derecho ambiental, justicia climática y litigio estratégico

Desde el 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Grupo BID) trabaja en la actualización de su Estrategia de Relacionamiento con la Sociedad Civil, cuya última versión fue adoptada en 2018. La revisión no es un asunto menor: ocurre en un momento en el que los desafíos del desarrollo en América Latina y el Caribe son cada vez más complejos y en el que la participación ciudadana resulta clave para que las decisiones y los proyectos que se lleven a cabo cuenten con la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil así como de las comunidades. 

Contexto de la estrategia de relacionamiento del BID con la sociedad civil:

En el año 2018 el BID adoptó su Estrategia de relacionamiento del Grupo BID- Sociedad Civil, la cual estableció como uno de sus objetivos principales la necesidad de apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional y de participación de la sociedad civil a fin de  disponer de  mejores capacidades en el diseño e implementaciones de agendas de desarrollo de los países. 

No obstante, dicha estrategia ha resultado insuficiente. A pesar de la adopción de un Plan de Acción para su implementación, persisten desafíos significativos en materia de participación de la sociedad civil, acceso a la información y efectiva incorporación de las recomendaciones y aportes realizados por las organizaciones. Estas limitaciones se reflejan en las distintas instancias de toma de decisión del Banco —ya sea en políticas, planes o proyectos—, evidenciando la falta de alineación interna necesaria para garantizar un relacionamiento efectivo, amplio y consciente con la sociedad civil.

Estas preocupaciones han sido reiteradas en múltiples ocasiones por organizaciones de la sociedad civil, en particular por aquellas que integran el Grupo de Trabajo sobre el BID, del cual Ambiente y Sociedad participa activamente.

Reuniones anuales BID- Asunción Paraguay, marzo 2026

Durante las reuniones anuales del BID realizadas entre el 11 y el 14 de marzo de 2026 en Asunción, Paraguay, más de 70 organizaciones de la sociedad civil de toda la región participamos en un taller de trabajo destinado a discutir el futuro de la relación entre el Grupo BID y la sociedad civil. El encuentro abordó temas centrales como el acceso a la información, los mecanismos de participación y las condiciones necesarias para que el diálogo entre el Banco y la sociedad civil sea realmente significativo.

Para orientar estas discusiones se presentó un diagnóstico preliminar elaborado por la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la American University. El diagnóstico identificó algunas de las principales dificultades, que actualmente enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en su interacción con el Banco. Entre ellas destacan el desconocimiento generalizado de la existencia de la estrategia de relacionamiento, la falta de claridad sobre los procesos de participación en la adopción de planes de acción, políticas y proyectos, así como limitaciones en el acceso a la información, tanto para los funcionarios del Banco como para las propias organizaciones. A esto se suman restricciones internas dentro de la institución, como los tiempos limitados para los procesos participativos, la escasez de personal y la existencia de prioridades institucionales contrapuestas.

Estos desafíos fueron reconocidos públicamente por el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, quien durante su discurso de apertura en el Foro de Sociedad Civil señaló que, así como la región y el Banco han cambiado desde 2018, también lo ha hecho la sociedad civil. En ese contexto, afirmó que esta ya no debe ser vista únicamente como un actor externo, sino como un aliado estratégico.

Este reconocimiento, aunque positivo y bien recibido, plantea un desafío mayor: que la relación entre el BID y la sociedad civil trascienda lo simbólico. Desde diversos espacios de la sociedad civil, Ambiente y Sociedad, junto con el Grupo de Trabajo sobre el BID hemos reiterado la importancia de garantizar participación temprana y bien informada partiendo de la base de que no son meramente procedimientos sino que se tratan de derechos de acceso reconocidos por tratados internacionales. Solo así será posible asegurar una participación efectiva y evitar que los procesos de consulta se conviertan en un mero trámite formal, sin incidencia real en las decisiones estratégicas.

¿Qué debería incluir la nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID?

En un momento en el que se presentan  acciones preocupantes de reducción del espacio cívico en diversos países de la región, resulta más necesario que nunca fortalecer un diálogo temprano, informado y constante que permita generar resultados verdaderamente transformadores. La nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID debe incluir mecanismos claros, inclusivos y transparentes que garanticen la participación temprana y efectiva de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de los proyectos, planes o políticas que se estén promoviendo. Esto implica no solo abrir espacios formales de consulta, sino también asegurar que las contribuciones recibidas sean debidamente consideradas e incorporadas en la toma de decisiones.

La estrategia debe reconocer que los derechos de acceso a la información y a la participación deben ser garantizados en los procesos que se desarrollen por parte del BID. Esto se traduce en  acceso oportuno a la información, participación temprana y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan evaluar de manera continua la calidad del diálogo y sus resultados. Sin esto, nunca habrá un escenario de confianza entre la sociedad civil y el Grupo BID . Además, el Banco deberá asegurarse de que esto aplique para todas las ramas de su institución tanto la pública como la privada; el estándar debe ser el mismo para todos. 

Caminar, para el pueblo awá, es una forma de aprender el mundo. Andar su territorio —dicen— es la única manera de conocerlo de verdad. “Al caminar se cuentan historias de la cultura y eso para nosotros es mejor que estar detrás del escritorio en una oficina”, explica Yuri Caicedo. Alguna vez, un mayor se lo dijo con claridad a un biólogo: si quería conocer al pueblo awá, tenía que “batir barro”, es decir, internarse por caminos donde no llegan los vehículos, atravesar suelos húmedos que se vuelven barrizales y aceptar que el conocimiento también implica ensuciarse.

Así se entiende la vida en la Reserva Natural La Planada, ubicada en el municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño. Esta área protegida al sur de Colombia es gestionada desde 2010 por el Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo. Allí, bajo la dirección de Caicedo, recorrer el territorio sigue siendo la base para cuidar la selva.

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De esos recorridos surgieron, precisamente, los investigadores awá: un grupo de 18 mujeres y hombres —de entre 24 y 70 años— capacitados no solo para guiar visitas de turismo científico en la reserva, sino también para liderar procesos de educación ambiental en escuelas locales y colaborar en proyectos de investigación junto a universidades, organizaciones e investigadores independientes.

El grupo nació en 2021 cuando los conocimientos ancestrales del pueblo awá comenzaron a dialogar con la investigación científica de la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt.

“Fue un proceso de entrar en confianza y conversación entre investigadores locales e investigadores científicos; lo que se plantea es que todos los actores del proyecto aprendan el uno del otro”, dice Caicedo. “Ayudó mucho caminar en los diferentes senderos de la reserva, conocer e identificar plantas y animales; fue una formación en doble vía para lograr esa participación entre lo científico y lo ancestral”.

Así, la Universidad de Nariño aportó herramientas de monitoreo biológico; el Instituto Humboldt, enfoques sobre turismo, mapeo y dinámicas socioecológicas; y el resguardo, el conocimiento tradicional y su relación profunda con la naturaleza de la región.

“Los investigadores fueron seleccionados por asamblea general, cada uno según sus distintas habilidades y gustos, y se vincularon a cinco diferentes grupos biológicos: aves, mariposas, plantas útiles, plantas epífitas vasculares y anfibios y reptiles”, describe Caicedo.

Una reserva para la investigación

La Reserva Natural La Planada se encuentra en un paisaje oculto entre nubes bajas. Enclavada en las montañas del suroccidente colombiano, esta área protegida despliega 3200 hectáreas de bosque de niebla ubicado entre los 1200 y 2300 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente pacífica de los Andes. Es territorio del pueblo awá, que se nombra a sí mismo Inkal Awá, “gente de montaña”.

Aquí, la selva no es solo un entorno: es Katsa Su, la “casa grande”, un espacio vivo donde la comunidad habita en relación con los ciclos naturales y los espíritus del territorio.

Ubicada en un punto estratégico del corredor biológico Chocó-Darién, la reserva se ha consolidado como un sitio clave para el flujo e intercambio de especies entre Norte y Suramérica. Esa posición privilegiada explica su extraordinaria biodiversidad: datos del Sistema de Información de Biodiversidad (SiB) Colombia —resultado de un proceso de organización y sistematización de registros biológicos, literatura y monitoreos realizados junto a investigadores awá y la Universidad de Nariño— indican que en la zona se han registrado al menos 2144 especies de flora y fauna. Esto representa el 21 % de las especies reportadas para el departamento de Nariño y el 2.8 % del total nacional.

En La Planada habitan más de 400 especies de aves, equivalentes al 23 % de las registradas en Colombia. Entre las más destacadas, se encuentran el terlaque de Nariño (Andigena laminirostris) y una amplia variedad de tangaras.

Además, se registraron 324 especies de mariposas diurnas, 57 anfibios, 25 reptiles y al menos 24 especies de mamíferos, entre ellas el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el puma (Puma concolor), el kinkajú  (Potos flavus) -también llamado tejón- y el mono aullador de manto (Alouatta palliata).

La riqueza vegetal también es excepcional: se han identificado más de 1000 especies de plantas, incluidas más de 300 variedades de orquídeas. Esta abundancia le valió una de sus descripciones más emblemáticas: en 1991, el botánico Alwyn Gentry la denominó “el imperio supremo de las epífitas”, en alusión a la impresionante presencia de estas plantas que crecen sobre los árboles.

“Nuestros ancestros han sido científicos de naturaleza porque han convivido en medio de la flora y la fauna”, dice Irene Caicedo Guanga, investigadora awá sobre plantas epífitas. “Con la parte científica occidental pudimos reforzar nuestros conocimientos; yo creía, según mi conocimiento ancestral, que solo existían las orquídeas grandes, pero aprendí que hay orquídeas diminutas que no se pueden observar a simple vista”.

Según el SiB, dadas las condiciones ecológicas y evolutivas de la reserva, esta alberga 112 especies endémicas para el país. Dentro de ellas se registran 107 plantas, cinco animales y 29 especies migratorias. Igualmente, la reserva alberga 50 especies con alguna categoría de amenaza, como la rana venenosa de La Planada (Paruwrobates andinus), en peligro crítico de extinción.

“Aquí no se colecta”

En 2023, los investigadores awá publicaron sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Esta información se recopiló a través del intercambio entre participantes de talleres y actividades de documentación y caracterización de la reserva, así como en el diálogo de intereses, perspectivas y características del vivir de los awá.

“Desde mi experiencia como investigadora awá el proyecto ha sido un éxito porque desde nuestra ancestralidad hemos podido compartir con los científicos de la academia occidental a través del proyecto de turismo científico”, agrega Caicedo Guanga.

Uno de los ejercicios participativos con investigadores awá permitió identificar 95 especies clave en la Reserva Natural La Planada —61 plantas y 34 animales—, valoradas no solo por su utilidad, sino también por su vínculo cultural, espiritual y cotidiano con la comunidad.

Los resultados revelaron un dato alarmante: al menos 34 de estas especies han disminuido drásticamente o desaparecido en otras zonas del territorio awá debido a la deforestación y la degradación ambiental. En este contexto, la reserva ha funcionado como un refugio vital, al albergar de forma exclusiva 41 de estas especies. Entre los casos más representativos está el palmito (Prestoea acuminata), un alimento tradicional que hoy casi ha desaparecido fuera de la reserva.

“Los recorridos son bastante importantes”, dice Germán Libardo Ortiz Nastacuas, investigador awá de plantas útiles. A sus 58 años y con tres décadas de experiencia como guía, recuerda especialmente la primera vez que explicó la importancia del palmito: “Recuerdo tanto la primera vez que explicaba la importancia del palmito, que es un alimento tradicional para nosotros los awá y los campesinos mestizos en Ricaurte, y que también es una planta que sirve para hacer los techos de las chozas”.

Para él, estos espacios tienen un valor que trasciende la enseñanza. “A nosotros nos queda la satisfacción de haber explicado, compartido y que otros aprendan, que no se quede ahí el conocimiento y se pierda el saber nuestro, sino que otras personas también sepan qué tanta importancia tiene la Prestoea acuminata”, comenta.

El grupo de la Universidad de Nariño y del Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo desarrolló extensas jornadas de campo, en las que identificaban especie por especie en cada punto del territorio. Durante dos años recorrieron la zona con libreta en mano, documentando cada hallazgo.

“Todos iban adquiriendo conocimiento, tanto práctico como teórico, sobre las aves y las plantas, sus nombres científicos y comunes, mientras iban seleccionando y colectando información en sus libretas”, explica Yuri Caicedo.

Históricamente, la reserva se ha consolidado como un referente de investigación a nivel nacional e internacional, con más de un centenar de estudios sobre la biodiversidad que han aportado información clave de todos los grupos biológicos. Sin embargo, en los últimos años, la formación de investigadores awá en ámbitos biológicos, ambientales y socioculturales ha marcado un nuevo rumbo.

Este proceso ha impulsado líneas de investigación prioritarias, ampliando el enfoque hacia temas como el manejo de recursos —incluyendo energías limpias, sistemas de agua y gestión de residuos—, la construcción de una política de manejo de fauna, así como áreas emergentes como la bioacústica, la gastrobotánica, el monitoreo comunitario y la recuperación de la lengua y las expresiones culturales del pueblo awá.

Así, la reserva y sus investigadores se convirtieron en los primeros actores comunitarios en publicar datos en el SiB de Colombia, abriendo un camino inédito para que las comunidades locales participen activamente en la construcción, publicación y difusión del conocimiento científico.

Bajo el mandato del pueblo Awá, este territorio ha sido declarado tangán de la biodiversidad. Este concepto cobra especial significado al entender su origen: en la vida cotidiana awá, el tangán es un espacio dentro de las cocinas familiares donde se resguardan y conservan elementos esenciales.

Esa visión redefine las reglas de la reserva: en La Planada no se permite la caza —ni siquiera para subsistencia—, tampoco derribar vegetación ni la colecta científica que implique sacrificar animales. La decisión marca un punto de inflexión en la investigación biológica en Colombia, al anteponer la ética y la espiritualidad a las prácticas occidentales de estudio.

“Como expertos de su territorio, nos enseñaron a entrar en su dinámica y sus normas, a conocer la parte espiritual y todo lo que los mayores recomiendan”, dice Andrés Felipe SantoDomingo, investigador en ciencia participativa y enfoque biocultural del Instituto Humboldt. “Dentro de eso, una pauta fuerte que tiene la reserva y que los investigadores awá hacían cumplir, es ‘aquí no se colecta’. En este territorio se colectó antes, cuando no pertenecía al resguardo, pero ahora tienen el principio de cuidar la vida en todas sus manifestaciones”.

Turismo científico para la conservación

La Reserva Natural La Planada comenzó su historia a inicios de la década de 1980, impulsada por una fundación civil. Sin embargo, desde 2010 su rumbo cambió: la administración pasó al Resguardo Awá Pialapí Pueblo Viejo. Desde entonces, es la propia comunidad awá la que lidera su manejo y conservación, construyendo alternativas desde el territorio.

A través de un modelo de turismo científico de naturaleza, la reserva se ha abierto a investigadores y visitantes, quienes se integran a una Red de Amigos de La Planada, lo que ha permitido incrementar el conocimiento sobre la biodiversidad y aspectos sociales de la zona.

“Desde el momento que la reserva fue entregada en calidad de donación al pueblo awá, se adquirió el gran compromiso de cuidar igual o mejor que antes. Con grandes desafíos, hemos logrado cumplir ese objetivo”, afirma Caicedo.

Durante décadas, el pueblo awá ha enfrentado las consecuencias del conflicto armado, en un territorio marcado por la violencia y el desplazamiento de varias de sus comunidades. Frente a este contexto, surgió desde las propias comunidades la necesidad de generar alternativas que garantizaran ingresos directos y sostenibles. Así, con el apoyo de la Gobernación de Nariño y el Instituto Humboldt, se impulsó un proyecto que no solo promoviera la investigación y gestión de la biodiversidad, sino que también abriera oportunidades económicas a través del turismo científico.

En este camino, la reserva logró articular a distintos actores —agencias de viajes, universidades y otras instituciones— para consolidar un modelo que combina conservación y experiencia en campo. Como parte de esta apuesta, se diseñaron senderos interpretativos con guiones que orientan a los guías sobre cómo explicar la biodiversidad en cada recorrido, identificando zonas clave según los grupos biológicos. Esto permite que, al recibir visitantes, los recorridos sean más precisos, educativos y conectados con el entorno.

“Hay varios senderos donde ellos lograron identificar, por ejemplo, dónde hay mayor concentración de epífitas o de ranas y lagartos para que, al momento de que lleguen los turistas, puedan llevarlos al lugar indicado”, agrega Caicedo.

Actualmente, el impacto de La Planada trasciende sus propios límites. En el municipio de Ricaurte se ha convertido en un punto de partida: otros resguardos comienzan a replicar su modelo de conservación, delimitando zonas de reserva y desarrollando sus propios procesos de monitoreo de fauna y flora. La experiencia se comparte de mano en mano: investigadores awá viajan a otros territorios para intercambiar conocimientos y capacidades.

El siguiente paso ya está en marcha: llevar a niños y niñas de las escuelas locales a la reserva para que crezcan entendiendo el valor de la biodiversidad que los rodea.

“Nosotros, como awá, nos hemos criado toda la vida con la fauna y la flora, y desde temprana edad nuestros padres nos enseñaron los nombres de cada planta”, concluye Germán Libardo Ortiz Nastacuas. “Los recorridos dentro de la reserva para nosotros son un orgullo porque nos sentimos juntos, dándoles a conocer a los visitantes la importancia de nuestra reserva”.

*Imagen principal: en 2023, los investigadores awá publicar sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Foto: cortesía Banco de Imágenes Ambientales (BIA) / Instituto Humboldt.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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