Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

Su principal desafío no será la izquierda, ni Iván Cepeda o Gustavo Petro, ni siquiera la oposición. Su verdadero reto será gobernar una Colombia que ya no se parece al país que conocieron los últimos gobiernos de derecha. Es tentador interpretar su llegada al poder como un regreso a fórmulas que parecían conocidas. Sin embargo, casi todas las condiciones materiales, sociales y culturales que definieron aquellas épocas han cambiado profundamente.

También conviene entender quién es el hombre detrás del personaje. Aunque nació en Bogotá en 1978, Abelardo de la Espriella pertenece culturalmente a un sector privilegiado de la costa que mezcla el orgullo regional con una ambición desbordada. Creció en Montería, en una familia profundamente vinculada al derecho y al servicio público. Su padre fue magistrado y notario; el mundo de las leyes estuvo presente desde temprano en su formación. Estudió en La Salle de Montería y posteriormente se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho. Mucho antes de imaginar una carrera política, ya parecía interesado en otra forma de poder: la capacidad de persuadir, de negociar y de imponerse mediante la palabra.

Antes de ser candidato, antes de convertirse en fenómeno político, construyó una reputación nacional como abogado litigante. Durante más de dos décadas cultivó una imagen poco habitual en las élites colombianas: la del abogado exitoso que no ocultaba el éxito. Mientras buena parte del establecimiento tradicional prefería la discreción, él convirtió la prosperidad en una marca personal. Trajes finos impecables, relojes visibles, automóviles exclusivos, ópera italiana, redes sociales y una narrativa permanente de triunfo individual. Para sus admiradores era la demostración de que en Colombia todavía era posible ascender; para sus detractores, una exhibición excesiva. En cualquier caso, logró algo poco frecuente: transformarse en personaje antes de convertirse en político.

Como ocurre con casi todos los abogados que alcanzan notoriedad pública, su trayectoria profesional también estuvo acompañada de controversias. A lo largo de los años representó a empresarios, dirigentes políticos y figuras envueltas en disputas judiciales de alto perfil, lo que alimentó tanto su fama como las críticas de sus adversarios. Sin embargo, conviene poner ese hecho en perspectiva. Los grandes abogados suelen encontrarse precisamente donde están los conflictos más complejos, los intereses más grandes y los casos más controvertidos. Ocurre en Colombia y ocurre en todas partes. Los despachos más prestigiosos de Nueva York, Washington, Londres o París han construido buena parte de su reputación defendiendo clientes polémicos, impopulares o sometidos al escrutinio público. El prestigio de un litigante rara vez se construye administrando asuntos sencillos; suele forjarse navegando las tormentas que otros prefieren evitar.

De hecho, la paradoja de los abogados célebres es que su reputación suele depender menos de los clientes que generan consenso que de aquellos que dividen a la opinión pública. La historia de la profesión está llena de juristas admirados que defendieron causas impopulares. No porque compartieran necesariamente las ideas o conductas de sus representados, sino porque entendían que el derecho existe precisamente para operar donde las pasiones políticas, morales o sociales vuelven más difícil la defensa.

Pero hablemos de nuestro país; Colombia dejó de ser una sociedad predominantemente rural. La pobreza sigue siendo uno de los grandes desafíos nacionales, pero sus dimensiones y características son distintas a las de hace dos décadas. La natalidad se ha reducido de manera sostenida. Las ciudades concentran cada vez más las tensiones económicas, políticas y culturales. Y quizás el dato más importante de todos: las izquierdas nunca habían acumulado tanto poder institucional, burocrático, académico y cultural como el que poseen hoy.

La victoria de Petro no fue una anomalía histórica. Fue la expresión de transformaciones profundas que continúan presentes en la sociedad colombiana. La salida de la izquierda del gobierno no implica su desaparición como fuerza política. Por el contrario, seguirá siendo un actor central en la disputa por el rumbo del país.

Por eso, los cuatro años del tigre no serán una restauración del pasado. Serán una prueba de adaptación al presente.

En ese escenario aparece una figura fundamental: José Manuel Restrepo. Mientras el presidente encarna la visión política, Restrepo representa la capacidad de convertir las ideas en resultados. Su trayectoria académica, su experiencia administrativa y su conocimiento del Estado lo convierten en una de las piezas más importantes del nuevo gobierno.

Toda administración necesita un estadista capaz de conectar la ambición con la ejecución. Gobernar no consiste en ganar discusiones en redes sociales ni en acumular titulares. Gobernar consiste en lograr que las instituciones funcionen, que la economía crezca, que la seguridad mejore y que los ciudadanos perciban cambios concretos en su vida cotidiana.

Abelardo llega al poder con ventajas que pocos presidentes han tenido. Cuenta con un sector amplio de los gremios, del empresariado y de la economía formal dispuesto a colaborar con su administración. La tecnocracia colombiana, una de las más sólidas de América Latina, parece estar a la orden para acompañar la ejecución de su proyecto.

Sin embargo, ninguna de esas ventajas garantiza el éxito.

Porque el ingrediente más complejo de su presidencia es otro: tendrá que hacerlo mejor que Petro.

En casi todo.

La seguridad, el crecimiento económico, la inversión, el empleo, la confianza institucional y la gestión pública serán comparados permanentemente con el gobierno anterior. Esa será la verdadera medida de su éxito o de su fracaso.

Y la presión será enorme.

Una parte importante de la izquierda y también sectores del centro encontrarán razones políticas para desear que su administración no funcione. No necesariamente por animadversión personal, sino porque la política rara vez se organiza alrededor del bien común. Con frecuencia se mueve alrededor de intereses, incentivos y cálculos de poder.

El fracaso del tigre podría convertirse en la principal plataforma electoral de sus adversarios dentro de cuatro años. El éxito del tigre, por el contrario, podría alterar profundamente el equilibrio político colombiano durante una generación.

Pero tampoco llegará con poder absoluto.

Hay instituciones que no puede desmontar, incluso si quisiera hacerlo. La Jurisdicción Especial para la Paz, la arquitectura jurídica derivada del proceso de paz y buena parte de las transformaciones institucionales de las últimas décadas forman parte de un entramado constitucional que no desaparece por decreto. Gobernar Colombia exige entender que existen límites. El poder presidencial sigue siendo enorme, pero ya no es omnipotente.

Y luego está Washington.

La relación con Estados Unidos será uno de los aspectos más interesantes de observar durante estos años. Nunca antes Colombia había tenido un gobierno tan naturalmente alineado con las prioridades estratégicas de Washington. Esa cercanía puede traducirse en respaldo diplomático, inversión, cooperación y oportunidades económicas. Pero también implica asumir presiones y obligaciones que ningún aliado puede ignorar.

Las peticiones de Washington, especialmente bajo una administración republicana fuerte, no siempre se percibirán como simples sugerencias. Habrá asuntos comerciales, migratorios, energéticos, de seguridad y de política regional en los cuales la autonomía colombiana será puesta a prueba. La cercanía con la potencia más influyente del mundo tiene ventajas evidentes. También tiene costos.

Quizás una de las mayores fortalezas de Abelardo sea algo menos visible que sus discursos: su ausencia de ingenuidad. Se trata de un dirigente extraordinariamente audaz, con una inteligencia política poco común y una comprensión bastante precisa de cómo operan el poder y los incentivos. Rara vez subestima a sus adversarios y difícilmente confunde los deseos con la realidad.

Esa virtud podría ser decisiva en una época donde la política suele castigar a los ingenuos con especial severidad.

Pero incluso la inteligencia tiene límites frente a la magnitud del desafío colombiano.

Porque el país que recibe no es únicamente una economía, una burocracia o un territorio. Es una sociedad fragmentada, diversa y muchas veces desconfiada. Millones de colombianos no votaron por él. Otros lo hicieron con entusiasmo. Muchos simplemente esperan resultados.

Todos son ahora sus gobernados.

Si uno escucha atentamente la visión que propone el nuevo presidente, aparece una idea relativamente clara de país: una nación de emprendedores, capitalista, respetuosa de la ley, defensora de la propiedad privada y convencida de que la generación de riqueza es una condición indispensable para derrotar la pobreza.

No es casualidad que la idea de la “Patria Milagro” venga de alguien que ha construido toda su narrativa pública alrededor del concepto de transformación personal. De la Espriella suele presentarse como un hombre que se hizo a sí mismo, un abogado que levantó una firma propia, diversificó negocios y convirtió su nombre en una marca. Su visión de país parece reflejar esa misma experiencia vital: una Colombia de propietarios, emprendedores y creadores de riqueza antes que una Colombia organizada alrededor del Estado.

La llamada “Patria Milagro” es una idea poderosa. Como concepto político y de comunicación, resume una aspiración nacional de prosperidad, orden y confianza. Pero precisamente por eso representa un reto enorme. Las grandes promesas siempre generan grandes expectativas.

Y las expectativas son el terreno más peligroso para cualquier gobierno.

Porque los milagros, en política, no existen. Lo que existen son administraciones capaces o incapaces de producir resultados.

Los cuatro años del tigre ya comenzaron.

Todavía es demasiado pronto para saber si esta presidencia marcará un punto de inflexión en la historia nacional o si terminará convertida en una estación más dentro del largo ciclo de promesas y decepciones que caracteriza a la política colombiana.

Por ahora, el tigre ha llegado al poder.

Ahora Colombia empezará a descubrir el color de sus rayas.

Las respuestas que he recibido coinciden en varios puntos y, debo admitirlo, comparto buena parte de esos análisis. Durante la campaña del Pacto Histórico se cometieron errores que hoy tienen a sus dirigentes lamentando no haber atendido las advertencias que se hicieron a tiempo. Entre ellos, destacan los siguientes:

1. La fórmula vicepresidencial

No entiendo a quién se le ocurrió la idea de escoger a la senadora Aída Quilcué como compañera de fórmula de Iván Cepeda, ya fuera por decisión del propio candidato o por recomendación de su equipo. Lo cierto es que allí comenzaron algunos de los errores más evidentes.

No se trata de descalificar a la líder indígena, quien posee grandes méritos gracias a su lucha por los derechos de las comunidades indígenas y de las víctimas del conflicto armado. El problema radica en que no es una figura que conecte fácilmente con la opinión pública. Con frecuencia se mostró distante frente a la prensa y pareció desconocer que quien ejerce funciones públicas y aspira a un cargo de elección popular está obligado a responder preguntas y rendir cuentas, incluso cuando estas resulten incómodas. Además, nunca logró motivar, cautivar o entusiasmar al electorado como sí lo hizo Francia Márquez durante la campaña de 2022.

2. La ausencia en los debates

Confiarse en una competencia electoral suele ser uno de los peores errores que puede cometer un candidato. Aunque Iván Cepeda afirmaba que asistiría a los debates, en repetidas ocasiones rechazó invitaciones de gremios económicos, universidades y medios de comunicación que promovían espacios de discusión entre los aspirantes. Parecía convencido de que tenía asegurado el triunfo en primera vuelta.

Esa estrategia terminó pasándole factura. El costo político fue evidente en la primera vuelta y, cuando intentó corregir el rumbo en la segunda, Abelardo De La Espriella ya había fortalecido su posición y logró imponer condiciones que evitaron escenarios que pudieran favorecer una eventual remontada de Cepeda.

3. Una campaña anclada en el pasado

Aunque a muchos no les guste, la política moderna se trasladó en gran medida a las redes sociales. Es allí donde millones de personas se informan, debaten y conocen las propuestas de los candidatos.

Hoy, las tarimas y los discursos tradicionales tienen un impacto limitado si no están acompañados de una estrategia de comunicación adaptada a los nuevos tiempos. A diferencia de Abelardo De La Espriella, quien construyó una marca política reconocible y la posicionó con éxito en plataformas digitales, Cepeda desarrolló una campaña que parecía sacada de los años ochenta: sin una narrativa atractiva, sin una identidad visual sólida y sin un mensaje capaz de conectar emocionalmente con amplios sectores del electorado.

4. El fantasma de la Constituyente

Aunque Iván Cepeda insistía en que no impulsaría una Asamblea Constituyente y que, por el contrario, promovería un gran acuerdo nacional, la recolección de firmas para convocar una Constituyente durante sus recorridos y actos públicos terminó enviando un mensaje contradictorio.

La percepción pública suele construirse más a partir de los hechos que de las declaraciones. Por eso, para muchos ciudadanos, las acciones observadas durante la campaña hablaron más fuerte que las explicaciones posteriores.

5. La intromisión de Gustavo Petro

Los constantes mensajes publicados por Gustavo Petro en su cuenta de X terminaron convirtiéndose en un factor que jugó en contra de la campaña. Lejos de fortalecer a Cepeda, en algunos momentos generaron dudas sobre el grado de autonomía que tendría un eventual gobierno suyo e incluso llevaron a ciertos sectores a preguntarse si el presidente realmente estaba comprometido con la candidatura de su supuesto sucesor.

Hay que reconocerle a Iván Cepeda, sin embargo, que mantuvo distancia de figuras como Armando Benedetti y Laura Sarabia, así como de otros dirigentes cuya presencia podía afectar la imagen de su campaña. Esa decisión reflejó coherencia con su discurso de transparencia y rectitud, atributos que incluso sus adversarios suelen reconocerle.

La derrota de Iván Cepeda no puede explicarse por una sola causa ni atribuirse exclusivamente a los errores de campaña. Sin embargo, los factores mencionados contribuyeron de manera significativa a debilitar una candidatura que, en otros momentos, parecía tener opciones reales de triunfo. Si el Pacto Histórico aspira a recuperar la confianza de una mayoría de colombianos en futuras elecciones, deberá hacer una revisión profunda de sus estrategias, escuchar las críticas con mayor atención y entender que las campañas modernas se ganan tanto con propuestas sólidas como con una comunicación efectiva y una lectura acertada del momento político. La principal lección de esta elección es que ningún proyecto político puede darse el lujo de ignorar las señales de advertencia cuando aún está a tiempo de corregir el rumbo.

Oscar Sevillano

Nota recomendada: Mis preguntas a Abelardo De La Espriella

Por Sergio E. Mosquera-Córdoba[1] (@SEMCordoba)

Hay momentos en que la neutralidad deja de ser prudencia para volverse una forma elegante de evasión. Esta segunda vuelta es uno de ellos. No lo digo porque cada votante de Abelardo de la Espriella sea fascista —no lo es—, ni porque la palabra deba esgrimirse como insulto contra cualquier derecha; esa ligereza ha empobrecido durante años nuestro debate público y conviene resistirla. Pero resistirla obliga, antes que nada, a devolverle al término su precisión. Fascismo no es alzar la voz, ni ser conservador, ni defender el orden, ni pedir mano dura. Fascismo es algo más específico y más grave: convertir la política en una guerra moral entre patriotas y enemigos, negarle legitimidad a quien piensa distinto, prometer la salvación de la patria por la vía de la fuerza, la purga y la obediencia, y señalar a una porción de la ciudadanía como un cuerpo extraño que hay que derrotar, expulsar o neutralizar para que la nación recupere una pureza que nunca tuvo.

Eso —con acento colombiano, con sus propios matices— es lo que esta vez está sobre la mesa.

Lo que encarna De la Espriella no es la derecha liberal, democrática y constitucional que compite dentro de las reglas del pluralismo y acepta perder. Es una derecha de cruzada. Habla de rescatar la patria, de derrotar “para siempre” al comunismo, de que la neutralidad equivale a complicidad, de defender la democracia —si hace falta— por la fuerza. No se limita a discrepar de Iván Cepeda: lo erige en encarnación del mal político. A la izquierda no la contradice; la nombra como amenaza criminal. Al centro no lo persuade; lo somete a un chantaje moral. Y no ofrece, en rigor, una alternancia, sino algo más ambicioso y más inquietante: una limpieza simbólica del país.

Ahí está el problema, y es un problema de gramática democrática antes que de programa. En una democracia constitucional el rival no es un enemigo interno: es un adversario legítimo. Se le critica, se le fiscaliza, se le investiga, se le derrota en las urnas y se le reemplaza. Lo que no puede hacerse —sin que algo esencial empiece a fracturarse— es convertirlo en plaga, en cáncer, en tiranía o en peligro existencial. Porque el día en que el lenguaje político deja de ver ciudadanos y empieza a fabricar enemigos, la violencia abandona el lugar de la anomalía y se instala en el de la consecuencia previsible.

Colombia no puede darse el lujo de fingir que ignora a dónde lleva ese camino, porque ya lo recorrió. Entre los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica fue exterminada: militantes de base, dirigentes, alcaldes, concejales, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados de manera sistemática, año tras año. No fue una desgraciada acumulación de homicidios sueltos, sino una operación de eliminación política sostenida en el tiempo, incubada en la estigmatización y en una premisa que circuló mucho antes que las balas: que una fuerza de izquierda no era una opción legítima dentro de la democracia, sino una infiltración que había que extirpar. La deshumanización precedió al crimen, y la autorización moral precedió a ambos. El plomo llegó de último.

Por eso la comparación no es un recurso retórico. Es una advertencia que la propia historia nacional ya pagó con sangre.

No estamos en los años ochenta, desde luego. El andamiaje institucional es otro, el sistema de partidos cambió y las formas de la violencia se transformaron. Pero la matriz discursiva resulta inquietantemente familiar: un caudillo que se ofrece como salvador, un adversario reducido a tiranía o a “comunismo criminal”, una invocación constante de la fuerza, una promesa de restauración moral y una ciudadanía partida en dos entre patriotas auténticos y cómplices de la ruina. Ese repertorio tiene nombre, y no es el de la simple “polarización”, ni el del “estilo recio”, ni el de la “campaña dura”. Es una versión contemporánea —de saco y corbata, de urna de cristal y camiseta de la selección— del fascismo político.

La inquietud crece cuando uno se asoma al universo intelectual del propio candidato. Muerte al Tirano no es una rareza de anaquel ni una boutade. Es una pieza que deja ver una manera de razonar el poder: bajo ciertas condiciones, dar muerte al tirano no sería un crimen, sino un acto patriótico. Sus defensores responderán que se trata de una reflexión histórica y jurídica sobre el tiranicidio, no de un manual operativo, y la distinción es pertinente; no la descarto. Pero junto a ella hay otra pregunta, estrictamente política, que no se puede esquivar: ¿qué significa que alguien que ha defendido esa tesis, que llama tirano a su contendor y que promete defender la democracia por la fuerza, aspire a controlar el aparato coercitivo del Estado?

No es la pregunta de un exaltado, sino una cuestión constitucional de primer año. El monopolio de la fuerza, en una democracia, no se le entrega a quien habla de la fuerza como si fuera un destino moral. Se entrega amarrado a límites, controles, garantías y reconocimiento del otro. La Presidencia no es una oficina administrativa: es la jefatura del Gobierno, el mando de la fuerza pública, la conducción de la política exterior y la custodia de buena parte del relato simbólico de la nación. En manos de un proyecto que parte al país en patriotas y enemigos, ese poder deja de ser una herramienta de gobierno para volverse un riesgo.

La primera vuelta, por lo demás, dejó un dato que debería bastar para enfriar cualquier fantasía de exclusión: Cepeda obtuvo cerca del 40,9 % de los votos, casi diez millones de personas. No son una célula clandestina, ni una metástasis que extirpar, ni el “comunismo criminal” del eslogan. Son ciudadanos, son pueblo, son Colombia. Cuando De la Espriella promete derrotar “para siempre” lo que Cepeda representa, no habla apenas de un rival de campaña: habla —por más que después intente suavizarlo— de esos diez millones de compatriotas que sencillamente piensan distinto.

Y aquí asoma la pregunta de fondo. ¿Qué clase de país se resigna a que casi la mitad de su ciudadanía sea tratada como sospechosa moral? ¿Qué democracia sobrevive cuando una parte se apropia de la patria y convierte al resto en amenaza?

La Constitución de 1991 contestó esa pregunta mucho antes de que nosotros la formuláramos. Colombia no se fundó, en términos constitucionales, sobre la obediencia, ni sobre la propiedad, ni sobre una moral única, ni sobre la seguridad entendida como valor absoluto. Se fundó sobre la dignidad humana. Y eso encierra una afirmación que no tiene nada de decorativa: que cada persona vale antes de obedecer, antes de producir, antes de creer, antes de votar, antes de encajar en el orden moral de nadie. La dignidad no se concede por adhesión política, no se gana a fuerza de patriotismo y no se pierde por disentir. Es el piso, no el premio.

De ese cimiento se desprende todo lo demás, empezando por aquello que la campaña ha querido reducir a un asunto de seguridad y que es, en el fondo, una cuestión de libertad. No la del mercado únicamente: la de ser. El proyecto de De la Espriella ofrece libertad máxima para el capital —menos Estado, menos impuestos, menos regulación, más propiedad, más aire para la empresa—, y es coherente al ofrecerla. La grieta aparece cuando la conversación se desplaza del mercado al cuerpo, de la empresa a la conciencia, de la propiedad a la identidad: ahí la libertad cede su lugar a la tutela. Sospecha hacia el feminismo, rechazo a la llamada “ideología de género”, defensa de una sola forma legítima de familia, resistencia frente a derechos que la Corte Constitucional ya reconoció y que hoy son cosa juzgada. La asimetría merece nombrarse con todas sus letras: libertad ancha para acumular, vigilancia estrecha para existir. Eso no es libertad constitucional; es libertad para unos y corrección para otros.

Otro tanto ocurre con el bienestar, palabra que todos pronuncian. La diferencia no está en prometerlo, sino en cómo se lo concibe: como derecho o como favor. El Estado social de derecho no se diseñó para repartir dádivas al arbitrio del gobernante, sino para garantizar pisos —salud, educación, mínimo vital, trabajo, protección de los más vulnerables— que no deberían depender de la generosidad de quien manda. Por eso recortar drásticamente el Estado mientras se jura proteger a los más pobres obliga a una pregunta incómoda: ¿quién responde por los que solo tienen Estado precisamente porque nunca tuvieron mercado? En los barrios populares, en el Pacífico, en la Colombia rural, en los territorios étnicos y campesinos, el Estado no es una abstracción de manual: es el hospital que falta, la escuela que aguanta, el subsidio que sostiene, la vía que nunca llega, el juez que ampara. Un Estado ineficiente se reforma; un Estado ausente no se puede recortar como si sobrara.

La paz corre una suerte parecida, y vale la pena ser justos con el atractivo de la promesa contraria. De la Espriella plantea una ruptura frontal con la negociación y con buena parte de la arquitectura transicional: con los criminales, dice, no habrá diálogo. A un país exprimido por la extorsión, el secuestro y las disidencias, esa frase puede sonarle a liberación, y sería deshonesto no admitirlo. Pero la experiencia colombiana enseña algo que incomoda: la paz no se decreta, se construye. La fuerza pública es imprescindible —nadie serio lo discute—; ocurre que la fuerza, por sí sola, no desactiva las causas que reproducen la guerra. El verdadero dilema no enfrenta la ingenuidad con la autoridad, sino dos maneras de entender la autoridad: una seguridad democrática sujeta a controles constitucionales y una seguridad concebida como licencia para arrasar con todo matiz. La primera protege sin vaciar el Estado de derecho; la segunda fabrica silencio, que no es lo mismo que paz. Colombia conoce de sobra la distancia que separa un territorio pacificado de un territorio reconciliado.

Con la justicia el patrón se repite, y otra vez con un reclamo legítimo de por medio. Hay una idea de justicia que se agota en el castigo ejemplar, en la cárcel y en la mano firme, y que conecta con un dolor verdadero: demasiadas víctimas sienten que el sistema nunca les respondió. Pero existe otra, más áspera y menos taquillera, que no renuncia a sancionar y a la vez comprende que en sociedades atravesadas por violencia masiva hacen falta verdad, reparación, reconocimiento y garantías de no repetición. Desmontar o deslegitimar la justicia transicional no es retocar una institución cualquiera: es alterar el modo en que el país decidió tramitar su propio pasado. La JEP, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica y los instrumentos restaurativos son criticables —ninguna institución escapa al escrutinio—, pero una cosa es corregir y otra muy distinta proclamar que son una farsa y prometer barrerlas. Un país que destruye sus mecanismos de verdad no se emancipa del pasado: se condena a litigarlo para siempre, y sin reglas.

Queda el territorio. El modelo económico que rodea al candidato vuelve a poner la extracción en el centro: petróleo, gas, minería, licencias más expeditas, expansión energética, aprovechamiento intensivo de los recursos. La discusión no se zanja con consignas verdes; Colombia necesita energía, empleo, inversión y equilibrio fiscal, y fingir lo contrario sería irresponsable. Pero el territorio no es una bodega de recursos a la espera de despacho. Es donde habitan pueblos, culturas, memorias, ecosistemas y generaciones que todavía no nacen. En un país pluriétnico y multicultural, hablar de “agilizar consultas” o “destrabar licencias” no es un tecnicismo administrativo: toca el corazón mismo del pacto de 1991. La consulta previa no es un trámite molesto, sino una garantía democrática de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y de las comunidades directamente afectadas. Cuando el desarrollo se piensa sin esas voces, deja de ser desarrollo y empieza a parecerse demasiado a una imposición.

Conviene recordar, llegados a este punto, que el fascismo rara vez comparece con el uniforme de los manuales. No necesita camisa negra ni brazo en alto para resultar reconocible; a veces se presenta envuelto en banderas, himnos, camisetas de la selección y discursos sobre la familia, la fe, la propiedad y la seguridad. No pronuncia la palabra “dictadura”: dice “orden”. No anuncia que recortará derechos: promete “recuperar valores”. No confiesa que perseguirá al adversario: jura “derrotar al comunismo”. No se reivindica autoritario: se proclama salvador de la patria. Cambia el léxico, no el mecanismo. Debajo siguen los mismos engranajes: una identidad nacional cerrada, un enemigo interno, un líder providencial, la promesa de una purificación y la disposición a usar la fuerza si la realidad se niega a obedecer.

Frente a algo así, el cálculo electoral no alcanza; hace falta una posición, y una posición a la vez política y moral. No una postura histérica ni sectaria, ni incapaz de admitir los errores del progresismo o los miedos legítimos de quien va a votar por la derecha. Una posición lúcida, más bien, capaz de sostener lo elemental: el fascismo no se normaliza, no se maquilla, no se rebautiza como “carácter”, “mano firme” o “coherencia”. Se enfrenta, y se lo enfrenta con los instrumentos de la democracia.

Nada de esto convierte a Iván Cepeda en un candidato impecable ni blinda su proyecto contra las preguntas. Tendrá que gobernar más allá del petrismo; ofrecer seguridad sin candidez; responder por los desaciertos del gobierno saliente; hablarles a los empresarios, al centro, a las iglesias, a las regiones que no se sienten oídas y a quienes temen que la izquierda confunda transformación con improvisación. Todo eso es cierto y todo eso es exigible. Pero esta elección no transcurre en abstracto: ocurre frente a una candidatura que ha hecho de la fuerza, la estigmatización y la restauración moral su lengua de poder.

De ahí que, en esta coyuntura, votar por Cepeda no equivalga sin más a votar por la izquierda. Es votar por mantener la democracia abierta: por que el adversario siga siendo adversario y no enemigo, por que los derechos no queden a merced del credo moral de quien gobierna, por que la seguridad no se transforme en licencia de persecución, por que la memoria de la Unión Patriótica no termine archivada como una lección que el país prefirió olvidar. Es votar, en suma, para no reincidir en esa secuencia tristemente conocida en la que primero se señala, luego se deshumaniza y al final se justifica la violencia.

A quienes se sientan ofendidos por el rótulo, vale la pena decirles algo sin estridencia: el problema no es la palabra, es el parecido. Si un programa habla como el fascismo, divide como el fascismo, amenaza como el fascismo y sueña, como el fascismo, con una patria homogénea, la obligación democrática no consiste en buscarle un eufemismo presentable. Consiste en nombrarlo.

Y nombrarlo, contra lo que suele alegarse, no clausura el debate: lo habilita. La democracia solo puede defenderse mientras conservemos la capacidad de distinguir entre una derecha democrática y una derecha que aspira a gobernar como cruzada; entre un adversario legítimo y un proyecto que convierte a media nación en enemigo; entre el orden constitucional y la pulsión autoritaria; entre la patria de todos y la patria de los obedientes.

El domingo, por eso, no se vota solo un presidente. Se vota la frontera moral de la democracia colombiana. Se vota si el país acepta que la mitad de sus ciudadanos sea tratada como amenaza o insiste en que también quienes piensan distinto son parte del mismo pueblo; si la libertad incluirá la libertad de ser; si el bienestar será derecho o dádiva; si la paz será transformación o silencio impuesto; si la justicia será memoria o venganza; y, en última instancia, si la dignidad seguirá siendo el cimiento del Estado o quedará rebajada a una moral de obediencia.

Hay que decirlo, entonces, sin rodeos: contra el fascismo no se guarda neutralidad. Contra el fascismo se vota. Y este domingo, la forma democrática de hacerlo tiene un nombre: Iván Cepeda.

El turno es nuestro.

[1] Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Magister en Derecho Constitucional. Especialista Internacional en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Especialista en Gerencia de Proyectos. Abogado

La Asamblea General escoge cada año cinco países “del montón” para que, por dos años, tengan asiento en el Consejo junto a los miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Una vez en esa instancia, cada país tiene un turno mensual para presidir, en orden alfabético.  

Quien preside, convoca y coordina las sesiones del Consejo, previo acuerdo sobre una agenda de temas a tratar. También ejerce la vocería de la corporación y atiende la eventualidad de crisis internacionales que ameriten la convocatoria de reuniones extraordinarias. Todo esto desde una posición de neutralidad.

Por supuesto que tener un asiento en el Consejo de Seguridad es una distinción y conlleva una cuota de poder. Tener voz en esa instancia es ocasión privilegiada de poner temas de interés nacional en la agenda internacional y manifestarse sobre asuntos de importancia mundial, lo cual conlleva oportunidades de abrir espacios de amistad, reconocimiento e influencia para el país. Además, permite votar respecto de decisiones importantes, aún con la desventaja de que las decisiones del Consejo solo son válidas si llevan el acuerdo de sus cinco miembros permanentes. 

Si bien la propaganda parroquial proclamó que “Colombia hace historia en el Consejo de Seguridad de la ONU, al iniciar el primero de enero su mandato como miembro no permanente”, la verdad es que esta es la octava ocasión en la que nuestro país llega a tener un asiento en esa instancia de las Naciones Unidas. 

En la agenda de junio Colombia propuso un debate abierto de alto nivel sobre “Avance en soluciones políticas en Oriente Medio: Mediación y Diálogo para una Paz Duradera”. Para esa sesión el presidente Petro decidió asumir la representación colombiana y dirigir la mencionada discusión, que estaría precedida de una intervención del secretario general António Guterres, para introducir el tema.

Nada más oportuno que la realización de ese debate, cuando el mundo se pregunta por la utilidad de las Naciones Unidas en el propósito de la búsqueda de la paz en Oriente Medio, destrozada en los últimos tres años. Al mismo tiempo, nada más preocupante que la escasa trascendencia que las intervenciones allí realizadas tuvieron en los escenarios donde se ha negociado por ahora un memorando de entendimiento que permita abrir el Estrecho de Ormuz, obtener paz y estabilidad en el Líbano y buscar una nueva realidad en las relaciones de Irán con el resto del mundo.

El secretario general subrayó el precio que la genta paga en la región a causa de los conflictos, a pesar del cese del fuego acordado. Pidió el fin de la ocupación indebida de territorios y la urgencia de proceder a la existencia de dos Estados en la Palestina. Llamó la atención sobre los efectos mundiales del cierre del Estrecho de Ormuz. Elogió los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos, en el caso de Israel y Líbano, así como de Pakistán y otros países en las demás dimensiones del problema. Y cerró con la insistencia en el diálogo como esperanza de paz, para cuya obtención existen herramientas en la Carta de la ONU. 

El presidente de Colombia intervino antes de que los voceros de los países inscritos para participar en la discusión expusieran los puntos de vista de sus gobiernos sobre la materia. Liberia propuso la creación permanente de la ‘Secretaría de Diálogo de la ONU’. Los Estados Unidos defendieron su “diplomacia efectiva” en el Oriente Medio y el logro de “resultados reales”, así como el camino realista hacia una estabilidad duradera. Irán exigió respeto y el cese de amenazas en su contra, condenó las violaciones al alto al fuego, e insistió en que su país seguirá ejerciendo la legítima defensa de sus intereses. 

Bahréin condenó los ataques ilegales de los que ha sido objeto por parte de Irán. Arabia Saudí se sumó a la condena y afirmó que la causa palestina sigue siendo asunto central para el mundo árabe. Irlanda recalcó el sufrimiento inaceptable de los palestinos y la depredación territorial de la que son objeto. El Observador Permanente del Estado de Palestina, denunció que no ha cesado el fuego en Gaza y condenó “el apetito colonial de Israel”. Somalia cuestionó la eficacia de la mediación cuando se da en “en entornos de profunda asimetría de poder”. 

Pakistán reclamó el fin de “la ocupación ilegal de tierras árabes” y clamó por el respeto a los altos al fuego y la asistencia humanitaria. Siria trajo a cuento su experiencia y recalcó las dificultades que en estos casos se presentan para conseguir acuerdos, comenzando por el de designar mediadores honestos. Líbano exaltó la importancia de que la mediación sea prioritaria y no se utilice como último recurso, y acusó a Israel e Irán de socavar los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos en el conflicto que tiene lugar en su territorio. 

Finlandia expresó su confianza en que el alto al fuego entre Líbano e Israel conduzca a que “Hezbollah detenga sus ataques e Israel respete la soberanía del Líbano”. Francia anunció la organización de una conferencia internacional en apoyo a los libaneses cuando las condiciones lo permitan. 

La Federación Rusa reprochó a quienes buscan “devolver a Irán a la edad de piedra” y destacó la idea de seguridad colectiva que su país promueve en el Golfo Pérsico. Corea advirtió que la crisis de Oriente Medio pone de presente las debilidades de las economías avanzadas, basadas en lo digital, frente a las obstrucciones del flujo del petróleo y el transporte marítimo. Y Panamá trajo a cuento los acuerdos de paz en Colombia y la recuperación plena del Canal por su país, como muestra de los efectos positivos de la combinación de mediación y voluntad política para la solución de conflictos. 

En su intervención, el presidente de Colombia se apartó de la ortodoxia diplomática y de la forma como los representantes de diferentes países suelen abordar debates como el convocado por su propio gobierno. Formuló, en cambio, una declaración que anunció como ejercicio del papel que le corresponde, “a punto de terminar”, al tiempo que anunciaba que no permanecerá en el gobierno por fuera de la constitución de Colombia, como, según él, se ha dicho. https://youtu.be/L7zauKbCIE4?si=aXzUDIJM7ogHmraI

Quien se tome el trabajo de escuchar con respeto y atención la declaración del presidente, podrá advertir cómo, conforme a su estilo personal y con explicaciones y consideraciones filosóficas y locales de ánimo ilustrativo, en lugar de tratar el tema específico del debate abordó temas que reflejan su visión del mundo. 

Criticó el oligopolio de las nuevas tecnologías de comunicación, que sirve intereses políticos y económicos excluyentes y manipula la verdad y la mentira, a través de la Inteligencia Artificial. Condenó además la desigualdad entre países en cuanto al acceso a dichas tecnologías, fenómeno que amenaza con acabar la humanidad si logra separar la realidad de la no realidad.

Trajo a cuento factores adicionales que atentan contra la existencia y supervivencia misma de la humanidad, como el cambio climático. Presentó su visión sobre el panorama del proceso histórico de las migraciones, relacionado con la crisis climática, la discriminación arbitraria y el racismo como construcción conceptual propia de países que rechazan a los migrantes.  

Hizo referencias escuetas al nazismo, como se ha vuelto costumbre ahora para descalificar, un siglo más tarde, a quien se quiera atacar, sin tener en cuenta las verdaderas proporciones y el sentido del horripilante e indeseable fenómeno original de las actuaciones del nacionalsocialismo. Y no se ahorró un reproche algo airado por la salida de la representante de los Estados Unidos, que abandonó la sala mientras él hacía referencia a esa materia.

También, por supuesto, mencionó las vicisitudes de su relación con el presidente de los Estados Unidos y condenó lo que estima apoyo indebido de este último a uno de los candidatos a la presidencia de Colombia. 

Para ilustrar su discurso, además de reprochar los métodos modernos de manipulación del imaginario popular y el uso de misiles para matar bebés, trajo a cuento la linterna de Diógenes y el supuesto ánimo unificador de Alejandro Magno. Todo, muy a su estilo, aderezado con referencias a controversias internas de Colombia, y lo que considera similitudes entre nuestro país y Belfast, donde en ese momento ardían vehículos y edificios. Situaciones ambas afectadas, según él, por el poder de la Inteligencia Artificial. 

Esa es la imagen que, a manera de despedida, ha dejado en las Naciones Unidas el actual gobierno de Colombia, cuya representación permanente ante la Organización se apartó en los últimos cuatro años de la tradición de apelar, para que nos representen allí,  a personas con experiencia y supuesta versación en los múltiples asuntos internacionales que circulan en ese foro. 

Presidir por una vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es ejercer la presidencia del mundo. Ni el presidente de Colombia fue allí el 10 de junio por un llamado de la comunidad internacional que deseaba escucharlo, ni como premio a su capacidad visionaria ni a ser consagrado como líder de talla mundial. Como suele suceder, en el caso de Colombia y en el de muchos otros presidentes, la trascendencia de su original discurso tuvo eco más bien en su propio país, y particularmente entre sus seguidores. 

En todo lo anterior no hay nada de malo. Las apreciaciones de propios y extraños serán variopintas trátese de quien se trate. Lo importante es que crezca la conciencia de la relevancia que debe tener la existencia de una política exterior conocida, sólida, efectiva, útil y presentable. Porque la improvisación o el desconocimiento de los rituales de la vida internacional, por ridículos que a algunos les parezcan, resultan perjudiciales para los intereses de Colombia. Y en esa materia es indudable que hemos perdido prestigio, confianza y credibilidad, aunque en algunas materias algunos protagonistas de nuestra acción internacional han querido ser innovadores. 

Ojalá el nuevo presidente, quien quiera que sea, tenga claro todo esto y actúe de inmediato en la tarea de volver a dibujar una política exterior acorde con las realidades y retos de nuestra época, y más adelante. Para comenzar, Colombia seguirá ocupando un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta el final de 2027. Oportunidad privilegiada de actuar en la promoción y defensa de nuestros intereses y de aprovechar la concurrencia de representantes de todo el mundo en los cuarteles centrales de esa organización, con lo cual se facilita el ejercicio de esa diplomacia efectiva ejercida en múltiples direcciones, que es elemento esencial para nuestro futuro. 

Abelardo y las AUC

De una parte, Abelardo, prestando asesoría legal y política a los paramilitares en su proceso de desmovilización y sometimiento a la ley 975 de 2005 para desmantelar las AUC, esa temible federación narco-criminal que se propuso refundar la Patria, sembrándola de masacres, fosas comunes, desplazados, desaparecidos y miles de campesinos despojados de sus terruños. Todo bajo el pretexto de salvar a Colombia del comunismo. Por eso perpetraron el mayor número de homicidios, según las cuentas de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición[i], 205.028 víctimas, el 45 % del total. De otra parte, los grupos guerrilleros cometieron 122.813 asesinatos, el 27 %, siendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) los más despiadados y, por último, agentes estatales en acciones ilegales dejaron 56.094 víctimas, el 12 % del total, entre 1985 y 2018.  Lo más horripilante de esa estadística mortal es que el 80% de las víctimas fueron civiles.

Cepeda y las Farc-Ep

Por eso mismo, Iván Cepeda lideró la creación del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y también jugó un importante papel en la desmovilización de las FARC-EP durante las conversaciones en La Habana con el gobierno del expresidente Santos, que culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Seguramente por encontrarse ambos candidatos en las antípodas, no tenga lugar esta semana el debate público entre los dos y nos quedemos sin conocer sus argumentos para esclarecer su aportes y responsabilidades en esa lacerante división y confrontación entre víctimas y victimarios. Ya falta menos de una semana para la segunda vuelta y el miércoles 17 juega la Selección –vulgarmente convertida en bandera electoral— frente a Uzbequistán, cuyo resultado –que todos esperamos sea una victoria– no podrá ser reclamada por ningún candidato, pues ella será una victoria de todos los colombianos y obra exclusiva de sus jugadores, Néstor Lorenzo y su equipo técnico. Algo todavía más impensable sería que algunos celebren su derrota, achacándola a quienes han pretendido apropiarse su camiseta, desvirtuando así su carácter nacional, como es lo propio de todos los símbolos patrios, que ningún partido o líder legalmente puede hacerlo, so pena de mancillar la Patria, atentar contra la unidad nacional y hasta promover pasiones cercanas a una guerra civil.

Sin debate y deliberación no hay democracia

Por eso la ausencia de ese debate, mucho más necesario e importante que la victoria de la Selección, sería un auténtico autogol contra todos los colombianos. Nos privaría del derecho que tenemos a deliberar y discernir, teniendo suficiente información e ilustración, para decidir por quién votar el próximo domingo 21 de junio o hacerlo en blanco. Sería un pésimo final de campaña, ya que sin debate y deliberación no existe democracia, sino esa continua y mutua confrontación y deslegitimación en la que ambos candidatos están entrampados, que es el escenario más propicio para prolongar indefinidamente y profundizar dolorosamente la victimización reciproca en que estamos atrapados los colombianos desde hace más de 80 años. Todavía es más deplorable que el debate político se haya trasladado a los estrados judiciales, pues en la política los jueces de última instancia somos los ciudadanos, con nuestros votos en las urnas, y no los magistrados con sus sentencias. Entre muchas razones, porque en la política lo que cuenta es la responsabilidad de los candidatos y los líderes frente a bienes públicos que a todos nos afectan, como la paz, la vida, la justicia, la seguridad y la prevalencia de los intereses generales sobre los particulares. Lo importante es poder conocer las propuestas, las ejecutorias, la formación y el compromiso de los candidatos frente a tales cuestiones cruciales, más allá de su culpabilidad o inocencia en sus relaciones con los victimarios y delincuentes de cuello blanco en el pasado. En una campaña electoral se debe fijar más la atención en la responsabilidad política de los candidatos y sus propuestas frente a las víctimas y en cómo evitar su aumento y perpetuación, en lugar de obsesionarnos con la búsqueda de su mayor o menor culpabilidad penal y personal frente a los victimarios en el pasado.

Las Víctimas en el centro

De allí que las víctimas deban estar en el centro del debate electoral, no tanto para conquistar sus votos, sino para reconocer su existencia y sus verdades y así intervenir y cambiar desde el Estado las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que las generan. Por ejemplo, en el campo, reconocer la propiedad de la tierra a quienes la trabajan y cuidan, brindándoles crédito y vías para la comercialización de sus cosechas, en lugar de condenarlos a ser carne de raspachines para los narcotraficantes o de reclutamiento, despojo, confinamiento, asesinatos y desplazamientos forzados por las organizaciones armadas ilegales que controlan su territorio. Por eso las preguntas que debemos formularnos antes de marcar el tarjetón y depositar nuestro voto en la urna pueden ser las siguientes: ¿Vamos a continuar siendo una Nación y sociedad dividida por ese foso insondable de odios, rencores y sangre entre víctimas y victimarios? ¿Será posible superar esa dolorosa confrontación sin conocer las verdades de las víctimas y sus familiares sobrevivientes, así como las responsabilidades de los victimarios y las circunstancias en qué actuaron para cometer impunemente sus crímenes? ¿Cuáles han sido las iniciativas y compromisos en el pasado de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda con todas las víctimas, pero también para evitar que los victimarios continúen cometiendo sus crímenes e injusticias? ¿Cómo se proponen desde el Estado superar esa vergonzosa historia de víctimas irredentas, sin verdad, justicia y reparación, frente a la impunidad y soberbia de sus principales victimarios?

La democracia no perpetúa víctimas y victimarios

En fin, ¿Será posible vivir democráticamente en una sociedad cuyo Estado es incapaz de impedir el aumento crónico de víctimas civiles y el afianzamiento político de victimarios impunes? Obviamente estas últimas preguntas deberían responderlas en un debate público los dos candidatos, pero todo parece indicar que no tendrá lugar. Ante semejante irresponsabilidad histórica, apenas comparable con la inimaginable eliminación de la Selección en el mundial en curso por no presentarse en el campo de juego, no tenemos otra opción que investigar y examinar el pasado de cada candidato frente a las víctimas y los victimarios y discernir sobre su responsabilidad para evitar que esa relación letal se prolongue indefinidamente. ¿Hasta qué punto sus actuaciones han contribuido al conocimiento de la verdad de lo acontecido o, por el contrario, a su ocultamiento? ¿Qué han aportado para que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad respondan ante la justicia y cumplan sus penas, así ellas jamás reparen plenamente a sus víctimas, como está sucediendo en la JEP con los excomandantes de las Farc y numerosos miembros de la Fuerza Pública responsables de ejecuciones extrajudiciales? ¿Apoyarán el trabajo de la JEP, como es su deber constitucional, o la desfinanciarán y desmantelarán? En conclusión, ¿Cómo desde la jefatura del Estado podrían comprometerse a poner fin a la historia política de Colombia más allá de esa disputa interminable entre victimarios impunes y víctimas irredentas y así empezar a convivir democráticamente?

Patriotismo Constitucional

De la forma cómo votemos el próximo domingo, dependerá que las urnas no se conviertan, una vez más, en terribles cajas de Pandora de las que saldrán en los próximos cuatro años, recargados de revancha, los males que nos han diezmado: el odio, la violencia, las discriminaciones, las persecuciones, las desigualdades y los privilegios, amasijos de todas las guerras, que sepultan en el fondo de las urnas las esperanzas de vida, justicia y paz por un tiempo incierto, ese en el que ya no existan más víctimas y victimarios, y sí una comunidad política de ciudadanos. Esa comunidad política se llama democracia y solo será realidad el día que votemos teniendo en cuenta al menos estos dos artículos de la Constitución. El 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y el 95 que nos dice que “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional” si cumplimos los siguientes nueve deberes: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano y 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. Esto dos artículos condensan el patriotismo constitucional, que es lo único que nos posibilitará algún día dejar de ser “esta federación de rencores y archipiélago de egoísmos”, según acertada expresión de Belisario Betancur,en la que nos hemos convertido. Hoy somos una nación dividida entre víctimas y victimarios, supuestamente en defensa de una idea belicosa y salvaje de la Patria o de una democracia popular, radical y revanchista, que nos impide resolver política y civilizadamente nuestros principales conflictos, sin perpetuar exclusiones económicas, sociales, regionales y étnicas pero, sobre todo, sin apelar a la violencia y la guerra como fórmulas salvadoras y milagrosas, que a la postre terminan engendrando nuevas generaciones de víctimas y sus posteriores vengadores implacables. En esas estamos desde que tenemos uso razón, ¿será que esta vez sí recuperamos el juicio político y dejamos atrás tanta insensatez, indolencia, irresponsabilidad y apasionamiento sectario e inhumano? Ese sí sería un verdadero milagro.

[i] https://www.comisiondelaverdad.co/el-informe-final-en-cifras

Invitaría de manera directa, con la fuerza de la esperanza, a quienes alguna vez depositaron su confianza en mí, así como a todos los políticos, movimientos y líderes independientes, a acompañar este proyecto bajo una premisa clara: las formas importan.

Lo haría, en primer lugar, porque considero que el gobierno progresista de Gustavo Petro, más allá de sus evidentes errores, ha impulsado transformaciones y bondades sociales que difícilmente pueden ser ignoradas. La ampliación de los programas sociales, la apuesta prioritaria por la educación, la búsqueda de una mayor equidad territorial y el esfuerzo por poner en el centro del debate a quienes históricamente han permanecido en los márgenes de la sociedad constituyen avances históricos que merecen ser preservados, explicados con pedagogía y profundizados.

Sin embargo, también reconocería sin ambages que muchos de esos logros han quedado opacados y empañados por las formas de la actual administración. La política no consiste únicamente en tener la razón o gritar más fuerte; la política exige la capacidad de construir consensos, tender puentes y convocar voluntades diversas alrededor de objetivos comunes. El estilo de confrontación, la soberbia y la estricta estridencia terminan por desgastar las mejores intenciones.

Y es precisamente allí donde veo una diferencia fundamental y una oportunidad histórica para el país. Todo aquello que hoy se percibe como “lo feo” o lo turbulento en el método de Gustavo Petro, va a florecer y a encauzarse de mejor manera bajo el liderazgo de Iván Cepeda. Él representa una forma distinta y digna de ejercer el poder; posee las virtudes de la serenidad, la paciencia, la calma y la magnanimidad. Quines lo conocen de cerca saben que es un hombre de convicciones firmes, pero de maneras respetuosas, capaz de escuchar y de actuar como un verdadero hombre de Estado. Él no necesita elevar la voz para defender una causa ni convertir al contradictor en un enemigo a destruir para sostener sus ideas. En una nación agotada por décadas de enfrentamientos y de rabia, esa templanza es una herramienta pedagógica y política de enorme valor.

Por eso, si yo fuera Sergio Fajardo Valderrama, no me limitaría a ofrecer un respaldo electoral pasivo y coyuntural. Ofrecería mi apoyo, mi experiencia y mi acompañamiento decidido para trabajar junto a él, paso a paso, en la construcción de ese Gran Acuerdo Nacional que por fin saque a Colombia de la insulsa y estéril polarización en la que vive actualmente.

Haría este movimiento estratégico porque estas no serán unas elecciones cualquiera; se trata de salvar la institucionalidad de un verdadero peligro estructural. La alternativa que se asoma en el horizonte opuesto no es una oposición legítima, sino un auténtico salto al vacío. Quien liderará ese proyecto contrario representa un riesgo absoluto para el país, no solo por su total ignorancia de cualquier tipo de actividad administrativa del Estado, sino por un factor ético insalvable: se trata de una mala persona. Alguien cuya trayectoria no se ha tejido en el debate de las ideas, sino en la preocupante cercanía con las más oscuras y sórdidas empresas criminales, y con los delincuentes más sórdidos del país. Permitir que nuestras instituciones, la fuerza pública y la administración de justicia caigan en esas manos, sería desmantelar el Estado Social de Derecho.

La dignidad de la política nos exige deponer los egos y el frío cálculo electoral para blindar el futuro. Yo daría este paso al frente convencido de que el centro político no puede ser un espectador pasivo del naufragio nacional. Colombia necesita menos estridencia y más serenidad; menos polarización y más acuerdos; menos miedo al futuro y la sensatez madura que se requiere para sanar a la nación.

Los colombianos debemos escoger ahora entre un candidato que pretende, como lo manda la Constitución, seguir apostando por la paz, y otra alternativa que quiere hacernos retroceder con rabia hacia la guerra; un candidato que es víctima de la violencia y que desde siempre ha sido un digno representante de las víctimas, frente a otra opción que ha estado del lado de los victimarios.

Las personas que tenemos acceso a la educación y a los espacios de opinión en este país tenemos la responsabilidad histórica de salirle al paso a esta situación y defender a esas comunidades que, en este momento, parecen hipnotizadas por una campaña de marketing político y hasta religioso, vacía, llena de efectos especiales, globos, luces y frases disparadas al inconsciente para capturar la voluntad popular, detrás de la cual sólo se puede vislumbrar muerte, desempleo, pobreza, hambre, y un periodo de autoritarismo absolutamente ajeno a nuestra historia.

Debemos evitar que, cuando la ciudadanía despierte, se encuentre viviendo la pesadilla de otros países que cayeron en manos de personajes similares, a quienes ni siquiera vale la pena mentar aquí.

Ese camino significaría el retroceso de los avances logrados desde la Constitución de 1991, poniendo en peligro la convivencia. De cumplirse, así sea sólo algunas de sus promesas, el país se verá bloqueado sistemáticamente por un estallido social que no tardará en aparecer.

Debemos apostar con humildad de espíritu, entereza de carácter y con vehemencia por la vida, la concertación y el diálogo, dejando la muerte por iniciativa del Estado sepultada en nuestra prehistoria.

Y tú, amigo lector, ¿qué harías si fueras Sergio Fajardo Valderrama?

Siyofuera777@gmail.com

Introducción

Nos encontramos ante un escenario político de características inéditas. El pasado 31 de mayo el ultraderechista Abelardo De la Espriella se alzó con la mayoría de los sufragios en la jornada electoral presidencial en Colombia. Aunque, de manera casi inmediata, junto al preconteo de las urnas, múltiples signos de duda se cernieron sobre la transparencia de los resultados, lo cierto es que “salta a la vista” la presencia de una lectura de la realidad por parte de su electorado. ¿Qué es lo que se manifiesta en la persona de este showman de la política local?

Aunque la pregunta propuesta se orienta a entender los motivos por los que podría llegar a pensarse que existe un andamiaje conceptual justificatorio de la simpatía electoral, una especie de núcleo generador de cohesión o identidad entre el candidato y sus seguidores, no se pretende dar cuenta de una disección del cuerpo normativo en el que se contiene el conjunto de ideas que lleva a la valoración y consecuente validación de esta opción política, como propuesta pertinente para el conjunto de la población colombiana. Sin embargo, de esta intención no realizada sí se desprende un propósito de igual importancia. Preguntarse por las características de un determinado proyecto político permite también tratar de entender el origen y características de ese mismo proyecto, que es lo que se buscará exponer.  

Se acudirá a la figura de De la Espriella para exponer en qué modo su proceder político es la expresión de un ideario, que opera a través de manifestaciones estridentes y encuentra en la afirmación de formaciones neoliberales ultra-radicales su fundamento. Reconociendo algunas de las comprensiones que la terminología política especializada —y también la cotidiana— ha formalizado a través del concepto de “neoliberalismo” se pretende argumentar la afinidad o similitud ideológica entre el programa político del candidato y los movimientos de la “ilustración oscura o neorreacción” y “libertario”, de los que puede afirmarse constituyen una profundización agresiva y peligrosa del ideario neoliberal.

Desarrollada por pensadores y multimillonarios provenientes de disciplinas vinculadas al campo de la tecnología la neorreacción persigue, como sus ideales más mencionados, la reformulación radical de las relaciones Estado – sujetos a partir del desmonte a la democracia, una administración pública corporativista, tecnocrática y autoritaria y la afirmación del rol ciudadano a partir de la figura económica del “cliente”. Estos paradigmas operan como articuladores de las relaciones sociales, elevan los supuestos fundantes de la modernidad capitalista (acumulación, competencia, eficiencia, consumo) al plano de la cultura, para llevarlos luego al estatus de códigos morales con transferencia a la acción política.  

Algunos de los ideólogos más influyentes de la neorreacción Courtis Yarvin y Nick Land han incidido, a través de sus reflexiones, en la organización del aparataje estatal en Estados Unidos en los dos gobiernos de Donald Trump, así como en el actual proyecto presidencial de Argentina (donde el anarco-capitalismo se mezcla con algunos de los elementos de la neorreacción). El anarco-capitalismo libertario fue formulado, principalmente, por Murray Rothbard, economista norteamericano que defendía que el Estado es un monopolio represivo que viola los derechos de propiedad y la libertad individual; por eso proponía reemplazarlo por un orden social basado en la propiedad privada y los contratos voluntarios. Sostenía que la intervención del Estado (impuestos, regulación, banca central y programas redistributivos) distorsiona los mercados, reduce la prosperidad y desgasta la responsabilidad individual. En su enfoque combina la teoría económica de la escuela austríaca con una crítica radical del Estado, insistiendo en la primacía de la libertad económica y la propiedad como fundamento de la justicia social.

Aplicada a las relaciones democráticas, esta teoría puede resultar nociva para el principio del bien común, porque exalta la lógica del mercado y la competencia (privada, egoísta) por encima de la racionalidad comunitaria: en este sentido la perspectiva libertaria promueve la privatización de servicios públicos, una intervención estatal mínima, debilita mecanismos de protección social y redistribución que sostienen la justicia social. Esta desregulación tiende a concentrar recursos y poder económico en oligarquías privadas, lo que reduce la igualdad de oportunidades y la capacidad de la ciudadanía para participar en condiciones de equidad, facilita y allana el camino para la toma de decisiones determinadas por el lucro privado inmediato, lo que debilita la legitimidad de las instituciones democráticas.

Propuesta esta breve descripción, es necesario preguntarse ¿De qué manera y en qué medida el “proyecto” político de De la Espriella constituye una amalgama o intento de fusión entre algunas de las ideas del neoreaccionarismo o ilustración oscura (Yarvin, Land) y el anarcocapitalismo libertario (Rothbard)? ¿Cómo esto puede significar para el Estado y la población colombiana un riesgo de incomparables dimensiones, que afectaría de manera profunda la vida en todas sus manifestaciones y expresiones? Veamos.

1. La “soberanía” neorreaccionaria

En 2008, Curtis Yarvin escribe, bajo el pseudónimo de Mencius Moldbug , el texto: “Patchwork: A Political System for the 21st Century”. En capítulo uno, titulado: “Patchwork: A Positive Vision” propone la creación de “parches” soberanos, pequeñas jurisdicciones con las que se reemplazarían a los Estados, dado su carácter retardatario y corrupto. En la opinión de Yarvin, estos “parches” actuarían a manera de corporaciones, que competirían entre ellas, buscando cooptar la mayor cantidad de residentes, que pueden trasladarse a otra jurisdicción cuando sus demandas no sean satisfechas por un “delegado”, que cumple funciones administrativas. Señala el autor:

Para el diseño general de nuestro reino, simplifiquemos ligeramente el modelo corporativo angloamericano. Tendremos soberanía directa de los accionistas, sin junta directiva. […] Un reino Patchwork está gobernado por un Delegado, quien es el representante de los propietarios y puede ser reemplazado por la mayoría de ellos en cualquier momento y por cualquier motivo. El Delegado ejerce una autoridad soberana indivisa, como en una monarquía de derecho divino. Es decir, poder absoluto[1]. (Yarvin, 2008, p. 18).

Varios aspectos llaman la atención frente a esta comprensión. Desaparece la organización política del Estado, sustituido por una estructura monárquica, que actúa como detentora del poder delegado que sus accionistas le entregan al asumir el rol pasivo de propietarios, por el que la dimensión relacional de la política desaparece. En consecuencia, el carácter ciudadano del sujeto político es reemplazado por una condición artificial, cuya finalidad consiste incorporarse, desde una determinada función económica, al orden corporativo. Una estructura administrativa, que funciona bajo los preceptos de un régimen monárquico, tendrá potestad para establecer los procedimientos necesarios para alcanzar la eficiencia económica establecida por sus accionistas. Por tanto, la participación en la vida política ya no será necesaria, más aún, ella misma desaparecerá dada su reducción a la imposición permanente de la voluntad de las mayorías. La aparente secuencialidad de este modo de ordenamiento abandona sus visos de claridad cuando nos preguntamos por el modo en que aquellas multitudes mayoritarias trasladarían su voluntad al poder del Delegado, quien la ejercería como dominio. El presunto equilibrio entre la voluntad de los accionistas mayoritarios y la del Delegado monarca terminaría por desaparecer, dadas las posibilidades absolutas con las que el administrador contaría para establecer lo justo o lo injusto, obligando a todos los integrantes de la corporación a una subordinación permanente. Recordamos aquí lo señalado por Hobbes, en su texto Leviatán:

El dominio adquirido por conquista o por victoria en la guerra es el que algunos autores llaman DESPÓTICO, […] éste es el dominio que el amo tiene sobre su siervo. […] Mientras permanezca vivo y la libertad de su cuerpo se lo permita, el vencedor podrá disponer de él como le plazca. (2018, p. 269)

¿De qué manera puede esta inclinación a la dominación, ejecutada a través de la desaparición del Estado, apreciarse en el “plan de gobierno” de De la Espriella? En sus dos primeras propuestas se lee claramente: “Convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional. Levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República[2]”. El sentido de lo afirmado es evidente. Se pretende hacer, del momento electoral de la democracia representativa, el contenido que define la validez moral de las acciones adelantadas por el Delegado. Aunque dentro del sistema constitucional y democrático colombiano, la figura del presidente aparece como “símbolo de la unidad nacional” (art, 188), de lo expresado en el texto e intervenciones públicas del aspirante presidencial se colige todo lo contrario: la inclinación a creer en la superioridad moral de grupos elegidos o predestinados, afirmándolos como investidos de sabiduría divina absoluta, cuenta en la historia con múltiples y catastróficas manifestaciones, que en la práctica política terminan por desaparecer la democracia, a través del rechazo violento al distinto.

2. “Ilustración criolla fascista”.

En 2012 escribe Nick Land:

Si nunca fuese necesario adaptarse fundamentalmente a la realidad, entonces el fascismo se alzaría como baluarte de la verdad[3]. […] El facismo […] como todo el mundo lo sabe, hace que los trenes lleguen a tiempo. Representa la subordinación práctica de la realidad a la voluntad concentrada. […] Acabar con el fascismo es acabar con el deseo por el fascismo, consistente en acabar con la propia voluntad democrática o “popular”; y solo una economía realmente liberada, que se ha desencadenado a sí misma […] puede emprender tal empresa. (pp. 269- 270)

Desde su surgimiento y constitución como práctica política, el fascismo ha adoptado distintos nombres y expresiones, llegando al grado de convertirse en una práctica casi imperceptible, y en una afirmación que en no pocas oportunidades ha sido reducida al rango de mera retórica o extranjerismo trivial carente de sentido. En la actualidad no es un término que de amplio reconocimiento por parte de población nacional debido, entre otros factores, al ambiente generalizado de violencia estructural al que el país se ha enfrentado a lo largo de décadas. Aunque en términos generales sea posible señalar lo anterior, los componentes estructurantes del fascismo (y también del nazismo xenófobo, racializado) logran verse cuando se acude al análisis de las formas con las que las manifestaciones violentas han transitado por el espectro de la política nacional. En una definición de las manifestaciones fascistas el filósofo colombiano Damián Pachón expresa:

El fascismo se alimenta de la angustia, la inseguridad vital, la desesperanza y se moviliza siempre contra un “gran Otro”, un culpable, un chivo expiatorio. El fascismo siempre fabrica un culpable, al cual hace responsable de todos los males y las desgracias de la sociedad. Por eso, el fascismo pone a una parte de la sociedad contra otra, ya sean minorías judías, comunistas o inmigrantes. Por eso, las armas del fascismo son el odio, el rencor y el miedo[4]. (2026)

En el contexto latinoamericano el fascismo se ha combinado con la figura del colonialismo interno; la misma historia colombiana da cuenta de ello. El sociólogo Pablo González Casanova define, como característica de este fenómeno, su correspondencia con una “estructura interna de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos” (2017, p. 137). La correlación entre las comprensiones de González y de Pachón resulta pertinente para el asunto en cuestión. El fascismo, concebido, desarrollado y propagado durante décadas en nuestro país se ha posicionado haciendo uso de prácticas de dominación y exclusión del Otro, señalamiento y polarización. Desde aquí, es necesario criticar la posición de Land frente del fascismo. En su opinión, el autoritarismo surge para corregir los desórdenes ocasionados por las composiciones sociales democráticas, que afectan los distintos campos de la actividad humana; de aquí que resulte necesaria la hiperconcentración de la voluntad general en las finalidades corporativas. La supuesta superación de esta condición aparecería con la implementación de una reconfiguración económica, que elimine la pulsión o el deseo hacia el autoritarismo; empero, ya que esto no podría suceder a través de las vías democráticas (que se pretenden superar), la “economía liberada” no puede obtener su impulso de otra fuente distinta a la del autoritarismo fascista. ¿Es posible encontrar esta interpretación en alguna de las afirmaciones de De la Espriella?

En una entrevista reciente afirmó: “Hay más de 700.000 cargos y contratos de prestación de servicios que le sobran al Estado […] Hay que reducir el Estado y eso implica ministerios, pasar de 19 a 10[5]”. El ideario de la “desaparición del Estado en nombre del Estado” ha sido uno de los grandes sueños del proyecto neoliberal. El sofisma podría seducir a quienes se sientan tentados a confiar sus esperanzas de desarrollo y crecimiento a la ‘pureza’ de las intenciones privatizadoras (no privadas, lo que es analógicamente distinto). Desde la última década del siglo pasado (y con tan solo un “inicial” cambio de rumbo durante los últimos cuatro años) el paradigma de la eficacia capitalista ha sido el estandarte de la administración pública en Colombia; para profundizar su realización De la Espriella pretende hacer de la reducción de las funciones estatales el medio por el que se afirma “lo individual”, como mecanismo para la reconfiguración de las libertades propuestas por el mercado.

Conclusión: El engaño libertario

Una de las primeras “voces de apoyo” recibidas por parte de De la Espriella fue la del mandatario argentino Javier Milei. El líder del movimiento La libertad avanza, fiel seguidor de las doctrinas del economista estadounidense Murray Rothbard, se alzó con la presidencia de su país en gran medida gracias a las promesas que aquí se han esbozado, junto a otras, como la que se expresa en la desregulación completa de las relaciones económicas. Muy pronto, cuando Milei comenzó con la implementación de las políticas públicas prometidas, se hicieron evidentes las falencias y vicios estructurales del proyecto libertario, que pretende transmutar todo bien y derecho común, al interpretarlo bajo las lógicas del “derecho de propiedad” Lockeano: «Cuando los derechos humanos no pueden traducirse en términos de derechos de propiedad, se tornan vagos e incluso contradictorios y empujan a los liberales a debilitarlos y situarlos del lado del “interés público” o del “bien común”» (Rothbard, 1995, p. 166).

La consecuencia directa de extrapolar esta orientación económica a todos los campos la actividad humana, dentro del Estado, fue clara: hiperinflación, recortes fiscales, precarización y cierre de servicios públicos esenciales, inseguridad alimentaria, depredación ambiental, desempleo, pérdida de soberanía, entre otros tantos problemas sociales. En palabras del recordado filósofo Franz Hinkelammert, estas repercusiones aparecen como efectos de la falacia que considera como real el “fetiche ideológico” del mercado como “institución perfecta” o “mercado total”. En palabras del pensador:

La ley del mercado es declarada así ley absoluta y el mercado es ahora transformado en mercado total. […] Toda acción humana, si es posible, tiene que ser privatizada, para que esté también penetrada por este laissez faire total. Lo que aparece es un llamado al totalitarismo del mercado. (2018, p.157)

A la luz de los argumentos presentados, el análisis detallado de lo propuesto por De la Espriella permite aclarar las dudas e inconsistencias que surgen, cuando se entiende que el deterioro democrático e institucional proyectado pasa por debilitar o desaparecer todos los derechos sociales y garantías administrativas que no se traduzcan en propiedad privada. La decisión popular de encaminar el fortalecimiento democrático, auténticamente participativo, no puede conducir a lugar distinto que el de la adopción de formas de vida que entiendan el vivir bien como vivir bien en común.   

Referencias

De La Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 2026–2030.

De la Espriella, A (2026). Entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

González, C. (2017). Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina. Akal

Hinkelammert, F. (2018). Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo. Akal

Hobbes, T. (1989). Leviatán. Alianza Editorial

Land, N. (2012). La ilustración oscura. [Y otros ensayos sobre la Neorreacción]. Materia-oscura Editorial

Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026

Yarvin, C. [Mencius Moldbug]. (2017). Patchwork: A political system for the 21st century. Unqualified Reservations.

[1] Texto original en inglés.

[2] Disponible en: https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf

[3] Cursiva fuera del texto original.

[4] Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026.

[5] De la Espriella, entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo de 2026. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

Venimos de cuatro años de la secuencia más agresiva de falta de respeto a la Constitución que cada jefe del Estado jura cumplir cuando se posesiona. A lo largo del cuatrienio, y luego a manera de despedida, el presidente saliente hizo flotar el llamado a una asamblea constituyente. Y el candidato que, con su apoyo explícito, aspira a continuar su proyecto, no descartó el avance en esa dirección. El hecho de que ahora, por motivos de estrategia electoral, hayan dicho que retiran la idea, no cambia el fondo del asunto. Ya vivimos la experiencia de quien hace cuatro años prometió con escrito sobre piedra que no convocaría una constituyente. 

A lo largo del periodo presidencial que termina, las Altas Cortes y el conjunto de la Rama Judicial del Poder Público han defendido con valor el Estado Social de Derecho en medio de tempestades de insolencia. También lo han defendido diferentes sectores políticos en el seno del Legislativo. Los organismos de control del Estado han cumplido bien que mal su tarea. Y la Organización Electoral ha hecho valer su independencia respecto del gobierno, como debe ser, porque tenemos reglas claras de orden constitucional que evitan el autoritarismo del Ejecutivo. 

Al llegar el momento de la consulta ciudadana que implica la escogencia de un nuevo presidente, el apoyo a la Constitución, o a su cambio, se ha vuelto tema de la mayor importancia. Así como hay quienes estuvieron recogiendo febrilmente firmas para promover una constituyente, se ha formado a lo largo y ancho del país, y en los más diversos sectores de la sociedad colombiana, una vigorosa corriente en favor de la defensa, cumplimiento y desarrollo de los principios, derechos, y reglas de acción del Estado consagrados en la Constitución de 1991. 

Es posible que algunos ignoren, por falta de interés o por razones de edad, la forma como fue adoptada la Carta del 91, así como el contenido y alcance de sus preceptos. Por lo cual resulta infundado que apoyen su cambio sin conocerla a fondo y sin saber que es una de las más avanzadas del mundo en materia de libertades y opciones de acción democrática. 

La Constitución de 1991 fue la culminación de un largo y complejo proceso de exigencias históricas y reclamos populares, comprendidos en mayor o menor medida por diferentes gobiernos, comenzando por el de Alfonso López Michelsen, 1974-1978, “gobierno puente” entre el modelo del reparto bipartidista del poder propio del Frente Nacional y la satisfacción de las necesidades institucionales de una nación que requería entrar con solvencia en una nueva era.

Se reclamaba autonomía regional y local, democratización profunda, pluripartidismo, derechos ampliados, separación y equilibrio de poderes, estados de excepción regulados, un estatuto de la oposición, reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y palenqueras, lo mismo que de comunidades de orientación sexual diferente de las tradicionales, participación ciudadana, planeación obligatoria, manejo económico confiable, controles al Estado y un sistema electoral cada vez más adecuado y transparente.

De ahí en adelante, como lo explica de manera clara y pedagógica el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar, en un afortunado video que se puede consultar en https://youtu.be/biBhLs5kX10?si=sna1CIYrDCLZpetJ, la nación y sus gobernantes, aún en medio la arremetida brutal del narcotráfico y la acción de diversos movimientos de subversión armada, que buscaban cambiar el Estado a su gusto, jamás cejaron en el empeño de realizar las reformas necesarias para dotar al país de un nuevo esquema institucional. 

El presidente Virgilio Barco, que realizó gestiones exitosas de paz con el movimiento guerrillero M19, al que pertenecía el actual presidente de Colombia, anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuya elección popular se produjo, después de muchos avatares y al impulso de la juventud universitaria de la época, bajo el gobierno del presidente César Gaviria, que propició y animó con todo interés el proceso.

La discusión sobre el contenido de la nueva constitución no se llevó a cabo solamente en el seno de la Asamblea, sino que previamente, en su gestación, tuvo lugar una discusión amplia y abierta desde lo más profundo de Colombia, con mesas de discusión destinadas a acopiar todo tipo de sugerencias, con participación de actores tradicionales, innovadores, revolucionarios de salón, exguerrilleros, juristas, economistas, sociólogos y estudiantes creativos, con el ánimo de contar con un texto constitucional que fuese patrimonio de la nación colombiana y no un etéreo “canto a la bandera” o algo de lo que se deban ocupar solamente juristas, políticos y gobernantes. 

En la nueva Carta se estableció un Estado social de derecho guiado por principios democráticos y garante de una amplísima gama de derechos individuales y colectivos, así como de medidas de protección ambiental, y garantías y deberes para todas las personas, sin que importe cuál sea su etnia, condición, creencia religiosa, orientación sexual o identidad de género. Y aparecieron mecanismos de protección de esos derechos, como la acción de tutela, y todo un catálogo de medios de defensa ciudadana, e instituciones como la Defensoría del Pueblo. Además, se adoptaron principios relacionados con la paz como valor, principio y derecho fundamental colectivo, con la obligación estatal de garantizarla.

Se adoptó una estructura del Estado con auténtica separación de poderes propia de una democracia avanzada. De manera que los presidentes no pueden considerarse omnipotentes, ni intérpretes únicos e indiscutibles de la voluntad popular, ni tomadores exclusivos de las decisiones públicas. 

Se adoptó la posibilidad de Moción de Censura por parte de las corporaciones públicas contra ministros y otros funcionarios, cuando la gestión de los asuntos a su cargo sea deficiente, o cuando no acaten las citaciones para responder inquietudes de control político. 

Se fortaleció la independencia de la Rama Judicial, con administración y autoridad de disciplina propias, y apareció, como modelo para muchos otros países, una Jurisdicción Constitucional encargada de mantener la integridad y darle vida a la constitución política, a través de interpretaciones de su contenido que profundicen el sentido de sus principios en el ámbito de la vida real de nuestra sociedad. Se creó además la Fiscalía General de la Nación, encargada de darle vida y efectividad al sistema penal acusatorio, para luchar de manera más efectiva contra el delito.

Para conseguir una descentralización efectiva del poder y del ordenamiento del territorio, se ratificó la elección popular de alcaldes, hasta entonces la principal transformación de la democracia colombiana, adoptada en 1986, y se estableció la elección popular de gobernadores. Además, se estableció el voto programático como exigencia de cumplimiento de sus programas de campaña a alcaldes y gobernadores, para que sometan a la decisión popular proyectos realizables y respondan por su ejecución. 

Se establecieron los Territorios Indígenas como entidades territoriales, a la par de Municipios, Distritos y Departamentos. Y se abrió la posibilidad de que existan nuevas entidades territoriales como las Provincias, que agruparían varios municipios, y las Regiones, que agruparían varios departamentos. Además, se refinó el sistema de irrigación de recursos hacia todas esas entidades. 

Otra cosa es que las comunidades indígenas no hayan logrado ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarse como Entidades Territoriales, ni ha habido partido ni gobierno capaz de ayudarles a conseguir ese propósito. Tampoco ha habido, salvo intentos de avance como el de los departamentos del Caribe, quien tenga la audacia de aprovechar el espacio constitucional para la creación de Provincias y Regiones, que facilitarían una gestión más adecuada del territorio y una mejor protección de nuestros recursos. 

Por todos lados aparecen en el texto opciones verdaderas de participación democrática, desde las instancias de la planeación del desarrollo hasta el control ciudadano de los actos de la administración del Estado. 

Se dejó atrás el bipartidismo, que había animado con exclusividad la vida política, para abrir espacios a nuevos partidos y movimientos, que deben funcionar conforme a principios democráticos. También se abandonó el confesionalismo y se dejó espacio para la coexistencia de diferentes creencias y religiones. 

Se establecieron reglas y garantías para el ejercicio de la oposición, anteriormente desprotegida, como factor indispensable de una controversia civilizada y además leal con los principios constitucionales y los propósitos que ellos representan para la nación colombiana.   

Se adoptó el sistema de Banca Central para el manejo de la política monetaria, como en los países más avanzados, en busca de que se pueda disfrutar de moneda sana y estabilidad monetaria. De manera que ese crucial asunto no quede en manos del gobernante de turno, que puede ser proclive al retrógrado caudillismo latinoamericano en el que un cacique adopta a su gusto y conveniencia medidas monetarias y después se larga dejando endeudada a la nación, cuando no se perpetúa en el poder para obrar como padrecito bondadoso de millones de menesterosos a los que, con ayuda de la represión, mantiene ilusionados con algún discurso pseudo-poético que garantice su fidelidad.

Para garantizar la conversión límpida de la soberana voluntad popular en poder conferido a servidores públicos elegidos, se estableció una Organización Electoral autónoma, por fuera de las Ramas del Poder Público. De manera que la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de todos los comicios, no depende para nada del gobierno de turno, ni éste tiene facultad de aprobar o rechazar los resultados electorales, porque no es de su incumbencia. 

Una nación del Siglo XXI, que cuenta ya con un ordenamiento constitucional tan refinado que otros países estudian cuando sienten la obligación de ponerse al día en materia de derechos, separación de poderes, controles adecuados, manejo monetario responsable y elecciones libres, tiene que sentir preocupación ante los anuncios enredados y nebulosos de llamado a una constituyente. 

Semejante llamado resulta preocupante, pues el concepto de asamblea constituyente significa que el cuerpo colegiado que se ocupe de ella tendría plenos poderes para cambiar la constitución en su totalidad, y reemplazarla por una con orientación completamente diferente. Y es que, en medio del entusiasmo enigmático de los promotores de la idea, se ha omitido la distinción fundamental entre una “asamblea constituyente”, que es la que piden, que permitiría la abolición de la del 91, y una “asamblea constitucional”, que conceptualmente es aquella que se reuniría para realizar unos pocos cambios puntuales. 

De manera que el riesgo resulta justificado, porque no es que carezcamos de principios y mucho menos de derechos y organización estatal democrática, ni de controles a los gobiernos, ni de garantías para nadie por diverso, ni opositor que sea, ni de medios para defender el medio ambiente, ni de controles al Estado, ni de libertades de acción en el campo que se quiera. 

No se sabe a ciencia cierta qué es lo que desean cambiar los promotores de una constituyente, en pausa ahora por la conveniencia electoral de no insistir en el tema. 

Por si acaso, pensar en “asamblea constituyente”, con todo lo que ello implica, para cambiar el sistema de salud o el de pensiones, es huir hacia adelante ante la impotencia política para impulsar esos cambios en uso de las opciones que existen dentro de la constitución que tenemos. Salvo que se busque en su momento armar una algarabía para obtener el giro de un cheque en blanco que permita a quienes han demostrado sobresaliente insuficiencia en el respeto por las instituciones y el manejo del gobierno, echar por la borda lo que tenemos y producir una chapuza que cambie radicalmente el ordenamiento constitucional, que el mismo M19 ayudó en su momento a adoptar.  

Colombia no es una nación desgraciada, aunque no faltan quienes insisten en convencernos de lo contrario. Mientras ellos insisten, con un discurso importado que nos pone a la par de países que llegaron al concierto de las naciones libres muchas décadas después de nosotros, aquí se han hecho esfuerzos enormes, a veces desordenados, otras veces infructuosos, pero la mayoría de un éxito asombroso, por salir adelante. De manera que el panorama de la Colombia de hoy no se puede comparar con el de hace medio siglo.

Lo importante es que los protagonistas de esos esfuerzos y de esos éxitos hemos sido los colombianos, y no ha sido obra de ningún jefecito iluminado. La gente que aquí acostumbran todavía a llamar “de a pie”, como en la época colonial. Esos millones de familias que, lideradas por madres o padres heroicos, han sabido salir adelante en toda circunstancia, en nuestro territorio y por todo el mundo, y hoy viven una realidad mucho mejor que la de sus abuelos. 

Llevamos el lastre de una desigualdad que no es solo posible sino obligatorio desmontar. Para eso tenemos a la mano los elementos reales y además los propósitos y mandatos de la solidaridad, la dignidad humana, el trabajo, los deberes sociales del Estado y la prevalencia del interés general, consagrados en los dos primeros artículos de la Constitución de 1991.

La “apertura económica”, adoptada por la misma época de la Asamblea Constituyente del 91, nos sacó de una típica tradición latinoamericana de andar dando tumbos y nos metió de frente, con realismo audaz, en el difícil y azaroso mundo del capitalismo. 

Esto vino a servir de base para que el país supiera afrontar, mejor que otros en nuestra América, la realidad de un modelo hegemónico en todo el mundo, que, como lo reconoce la socialdemocracia, es navegable con voluntad, creatividad y esfuerzo. De manera que todo dependa de una ciudadanía visionaria, que haga uso de su ADN de luchadora, en lugar de declararse vencida y esperar que sus enemigos la socorran.

Todo esto de ninguna manera exime al Estado de obligaciones ineludibles en materia económica y social, que no puede dejar en manos de particulares que obran con una lógica diferente de la del servicio público. Porque en muchos escenarios de un país enorme y variado, multicultural y afectado en ciertos parajes por injusticias ancestrales, no se puede dejar todo a un juego abierto que profundice diferencias y abusos. 

A la cabeza del Estado requerimos de alguien que comprenda todo esto y llegue a cumplir el juramento que hacen los presidentes de defender la constitución y las leyes, que son parámetros de la vida social y no asunto de especuladores bizantinos. De alguien que gobierne para todos y no para favorecer caprichosamente a sus amigos y perjudicar a sus enemigos. Alquien que no llegue al poder a ejercer la oposición desde dentro del sistema, para degenerarlo y crear las condiciones de un desmonte, gradual o explosivo, del país que tenemos, que es el único que tenemos. 

No merecemos un caudillo del siglo antepasado que llegue a dictar su voluntad “inspirada”, ni un lector de discursos que nos obligue a devolvernos a propósitos y modelos fracasados de hace sesenta años. Debemos tener un presidente que presida y al tiempo contar con un equipo amplio de facilitadores honestos para que esta nación de emprendedores, desde fabricantes de empanadas y repartidores en motocicleta que se meten por todas partes, hasta empresarios de nivel internacional, pueda dar rienda suelta a su creatividad y su deseo de progreso, con una actitud optimista que nos sacaría adelante si todos la asumiéramos, en lugar de actuar innecesariamente con el odio y el resentimiento de quien se está ahogando en la inmundicia y desea que alguien lo saque con helicóptero.

Para que todo esto sea posible, el voto del 21 de junio servirá de manifestación de apoyo a la constitución Política de 1991, que se adelantó a su tiempo para establecer las bases de un país democrático del Siglo XXI. Del respaldo que obtenga, a través de ese voto, la institucionalidad allí consagrada, depende en gran medida la claridad de nuestro futuro.

Tal vez si estuviera vivo Gabriel García Márquez, el escritor colombiano más grande de todos los tiempos, podría decir, desde la altura de su centenario, como solía decirlo respecto de gente que era excelente, pero obraba como caminando a tientas: “ustedes son unos berracos y no se han dado cuenta”.