A mi modo de ver, la mayoría de estas preocupaciones proviene de la idea de que los matemáticos dejarán de ser valiosos. Hay un aparente temor a que se pierda la utilidad de su labor, a que su capacidad para resolver problemas sea superada por la indiscutible superioridad de la IA en el procesamiento de la información.

No obstante lo anotado anteriormente, creo que ese tipo de preocupaciones ha existido siempre, y no solo entre los matemáticos. La aparición de la imprenta de Gutenberg, por ejemplo, suscitó numerosas inquietudes debido a la difusión masiva de textos que antes estaban reservados a unos pocos. Además, provocó la gradual desaparición de algunos oficios, como el de los amanuenses o copistas, encargados de transcribir manuscritos a mano, labor que generalmente se realizaba en monasterios y talleres.

En la evolución de las herramientas utilizadas para efectuar cálculos y resolver problemas ha habido siempre, por supuesto, un efecto sobre la manera de hacer matemáticas. Desde los ábacos utilizados por numerosas culturas se llegó a inventos de enorme importancia, como las calculadoras mecánicas: la pascalina, diseñada por Blaise Pascal en 1642, o la extraordinaria máquina de Leibniz, presentada en 1673, con la que ya podían realizarse las cuatro operaciones aritméticas básicas, incluida la división. Cada uno de estos avances generó temores y contribuyó gradualmente a la desaparición de oficios ya tradicionales que dependían de la habilidad para efectuar cálculos manuales de forma rápida y precisa, como los de los calculistas que realizaban complejos cómputos numéricos para la astronomía, la navegación, la ingeniería o la administración.

El siguiente gran salto se produjo con la aparición de las calculadoras electrónicas hacia mediados del siglo XX. Estas máquinas, inicialmente costosas y reservadas a instituciones científicas, militares y empresariales, realizaban en segundos operaciones que antes requerían largos cálculos manuales. Ya en la década de 1970 se popularizaron, y los estudiantes universitarios podían adquirirlas para reemplazar las reglas de cálculo y las tablas logarítmicas en la ejecución de sus tareas en las asignaturas de matemáticas.

Desde entonces hemos ido abandonando algoritmos y procedimientos que antes aprendíamos tras dedicarles mucho tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el cálculo manual de una raíz cuadrada, tarea que estoy seguro de que la mayoría de los lectores no podría realizar hoy sin detenerse primero a recordar el procedimiento. Sería prácticamente imposible, por ejemplo, determinar en pocos minutos el valor de √17,3 sin la ayuda de una calculadora.

Como había ocurrido con innovaciones anteriores, la llegada de estos instrumentos de cálculo despertó inquietudes entre quienes temían que las nuevas tecnologías sustituyeran habilidades que durante siglos habían sido altamente valoradas. Sin embargo, lejos de hacer innecesarias las matemáticas, las calculadoras electrónicas permitieron abordar problemas cada vez más complejos y liberaron a los investigadores de numerosas tareas rutinarias, permitiéndoles concentrarse en los aspectos conceptuales de su trabajo. Del mismo modo, los profesores de matemáticas pudieron dedicar menos tiempo a la ejecución mecánica de los cálculos y más a la comprensión de los conceptos y a sus aplicaciones. Como era de esperar, esta transformación introdujo cambios importantes y exigió nuevas formas de adaptación.

Pero la verdadera transformación llegó con la aparición de los computadores. A diferencia de las calculadoras electrónicas, que estaban concebidas principalmente para realizar operaciones numéricas, los computadores podían ejecutar secuencias de instrucciones y resolver una gran variedad de tareas. Surgió así la programación, es decir, el arte de describir mediante algoritmos precisos los pasos necesarios para resolver un problema. Durante décadas, aprender a programar se convirtió en una habilidad fundamental para científicos, ingenieros y matemáticos, del mismo modo que antes lo había sido dominar las técnicas de cálculo manual.

Los computadores no eliminaron la necesidad de pensar; por el contrario, exigieron nuevas formas de razonamiento y obligaron a expresar con claridad procedimientos que hasta entonces muchas personas realizaban de manera intuitiva. Surgieron así nuevos problemas matemáticos y computacionales: fue necesario desarrollar algoritmos y métodos numéricos eficientes, que requirieran poca memoria, ejecutaran los cálculos en tiempos razonables y produjeran resultados fiables a pesar de los errores de redondeo propios de la aritmética de máquina. 

Y, una vez más, la historia se repitió: aparecieron nuevas profesiones y nuevas áreas de especialización, mientras algunos oficios tradicionales fueron perdiendo relevancia o desaparecieron por completo.

El desarrollo de computadores cada vez más veloces y capaces permitió, como está ocurriendo ahora, resolver problemas matemáticos que habían permanecido abiertos durante siglos. Un ejemplo particularmente interesante del impacto de los computadores en las matemáticas ocurrió en 1966, cuando L. J. Lander y T. R. Parkin utilizaron un computador CDC 6600 para encontrar un contraejemplo a la conjetura de Euler, formulada en 1769. Este computador, diseñado por Seymour Cray, pertenecía a una línea de máquinas que daría origen posteriormente a los famosos supercomputadores Cray. Considerado el computador más rápido del mundo en su época, el CDC 6600 podía ejecutar aproximadamente tres millones de operaciones de coma flotante por segundo, una cifra extraordinaria para mediados de la década de 1960. El resultado obtenido por Lander y Parkin mostró que cuatro quintas potencias pueden sumar otra quinta potencia, contradiciendo una creencia que había permanecido vigente durante casi dos siglos.

Nadie podía imaginar entonces que llegaría un momento en el que las máquinas no solo ejecutarían instrucciones escritas por los seres humanos, sino que comenzarían también a generar respuestas, textos e incluso programas a partir de simples indicaciones formuladas en lenguaje natural. Así surgió la inteligencia artificial generativa, una herramienta que, al igual que la imprenta, las calculadoras electrónicas o los computadores, ha despertado entusiasmo y preocupación a partes iguales.

Sin embargo, su impacto va más allá de la automatización de tareas rutinarias. Apenas la semana pasada se anunció una posible solución a uno de los Problemas del Milenio, el relacionado con las ecuaciones de Navier-Stokes, obtenida con ayuda de un sistema de inteligencia artificial que coordinó miles de agentes computacionales trabajando de manera simultánea. Si este resultado resiste el escrutinio de los especialistas, podría convertirse en uno de los hitos más importantes de la historia reciente de las matemáticas y en una muestra de cómo las nuevas herramientas, lejos de eliminar la actividad matemática, están transformando profundamente la forma en que se produce el conocimiento matemático.

Pero, ante los nuevos temores sobre una eventual pérdida de relevancia de la labor matemática debido a la inteligencia artificial, merece la pena considerar la posición de Terence Tao, uno de los matemáticos más influyentes y reconocidos de nuestro tiempo. En diversas ocasiones ha defendido el uso de estas herramientas, aunque con matices: ha llegado a compararlas con un asistente de posgrado «mediocre, pero no del todo incompetente», capaz de colaborar en tareas rutinarias, pero sin la capacidad de aprender de sus errores que sí tienen los estudiantes humanos. Sin embargo, también ha señalado un posible riesgo: que la obtención demasiado rápida de la solución de un problema pueda privar a la comunidad matemática de algunos de los beneficios que tradicionalmente han surgido durante la búsqueda de esa solución. En efecto, el esfuerzo por resolver un problema no solo conduce a una respuesta, sino que suele dar origen a nuevas áreas de estudio, estructuras matemáticas, teorías, métodos y preguntas que terminan siendo tan valiosos como la solución misma.

De hecho, es importante resaltar que, de acuerdo con lo que ha expresado Tao, las tareas que realizan los matemáticos no se reducen a resolver problemas difíciles. Entre ellas se encuentran la aplicación de las teorías matemáticas a otros campos del conocimiento, la búsqueda de soluciones a problemas abiertos, tanto puros como aplicados, y la investigación que conduce al desarrollo de nuevas teorías, estructuras, métodos y técnicas. Los matemáticos también contribuyen a una mejor comprensión del mundo que nos rodea, sostienen una comunidad científica que se transmite y renueva de generación en generación, forman a nuevos investigadores y señalan posibles caminos para el desarrollo futuro de la disciplina. A ello se suman la divulgación, la docencia y la formación matemática de profesionales de muy diversos campos. En última instancia, las matemáticas son también una actividad profundamente creativa, capaz de producir construcciones intelectuales de extraordinaria belleza y de un valor cultural que trasciende su utilidad inmediata.

Vista desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no parece una amenaza para la existencia de las matemáticas, sino una nueva herramienta que, como tantas otras a lo largo de la historia, obligará a redefinir algunas destrezas, transformará ciertos oficios y abrirá oportunidades cuya magnitud todavía no alcanzamos a comprender plenamente.

Y, como cierre, quiero compartir un pronunciamiento de especial relevancia. El pasado 11 de septiembre, veinticinco ganadores de la Medalla Fields, el máximo reconocimiento en matemáticas, publicaron una declaración encabezada por Terence Tao acerca de los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para el futuro de la investigación matemática. Lejos de rechazar estas nuevas herramientas, los firmantes reconocen su enorme potencial, pero advierten también sobre los riesgos que podrían derivarse de privilegiar la obtención rápida de resultados por encima de la comprensión profunda, la formación de nuevos matemáticos y el desarrollo de ideas que constituyen la esencia misma de la actividad matemática.

Una grave falta de alineación entre la IA y las matemáticas

11 de septiembre de 2026 en publicidad, opinión | Etiquetas: IA, Medallas Fields | por Terence Tao

Me enorgullece figurar entre los 25 firmantes iniciales, todos ellos galardonados con la Medalla Fields, de la declaración que aparece a continuación, surgida de las conversaciones mantenidas entre nosotros durante la última semana. También hemos publicado nuestra declaración en una página web e invitamos a nuevas adhesiones, de manera similar a la Declaración de Leiden. Es una lástima que no hayamos tenido tiempo para un proceso más participativo, como ocurrió con Leiden; sin embargo, consideramos que la situación era lo suficientemente urgente como para publicar una declaración cuanto antes.

Véase también un reciente artículo de The Economist sobre nuestra declaración.

Durante los últimos meses, las capacidades matemáticas de los grandes modelos de lenguaje (LLM) han mejorado de forma espectacular, hasta el punto de que pueden resolver importantes problemas abiertos en numerosos campos de las matemáticas. Sin embargo, el empeño de las empresas de IA por resolver problemas matemáticos como criterio de referencia resulta perjudicial para la ciencia matemática y para la comunidad matemática. Los objetivos de las empresas de IA y los objetivos de la comunidad matemática están gravemente desalineados. Consideramos que esto forma parte de problemas más amplios de alineamiento que afectan también a otras profesiones científicas y creativas, así como al conjunto de la sociedad.

La investigación matemática se ocupa de comprender las estructuras fundamentales de las formas, los números y los fenómenos naturales. A lo largo de generaciones, ha construido un vasto corpus de ideas sofisticadas, métodos, abstracciones y otras herramientas para comprender el paisaje matemático. A su vez, las tecnologías y ciencias modernas se fundamentan en herramientas matemáticas.

Los problemas famosos han servido a menudo como hitos y faros que permiten medir una comprensión más profunda de ese paisaje. Resolver uno de estos problemas ha sido siempre una señal inequívoca de nuevas intuiciones y métodos interesantes, que posteriormente eran estudiados por una comunidad de matemáticos mediante un largo y arduo proceso de conferencias, discusiones y simplificaciones. Idealmente, al final de ese proceso se obtiene una presentación de los resultados apta para un libro de texto, accesible para cualquier estudiante de máster o incluso de grado. Algunas de estas ideas matemáticas continúan su recorrido y, décadas o siglos después, llegan a convertirse en herramientas comprendidas y utilizadas por toda la población.

La comunidad matemática funciona, en muchos sentidos, como una versión en miniatura de la humanidad. Está formada por individuos que emplean una amplia variedad de enfoques distintos, unidos por valores fundamentales compartidos. Los recursos más valiosos de nuestra profesión son los estudiantes y las ideas, y los cultivamos con enorme cuidado. Nos sentimos responsables de permitirles desarrollarse hasta alcanzar todo su potencial, para que puedan llevar una vida propia dentro del mundo matemático. A los estudiantes solemos proponerles problemas con la intención principal de desarrollar capacidades que los sitúen en una buena posición para realizar avances en investigación y en otros ámbitos. Nuestras ideas las difundimos mediante conferencias, conversaciones privadas y exposiciones escritas cuidadosamente elaboradas, conectándolas con las ideas previas de otras personas. Estos procesos requieren invariablemente tiempo y se basan en la interacción humana.

En los últimos meses, el éxito de la IA al resolver importantes problemas matemáticos ha ocupado titulares incluso fuera de los círculos matemáticos. Pero resolver problemas es únicamente una herramienta y un indicador indirecto para alcanzar el objetivo principal: la comprensión conceptual y la generación de intuiciones profundas. Olvidar esto en el contexto de la IA puede convertir la herramienta en un obstáculo para ese objetivo. De hecho, la producción masiva y cada vez más acelerada de proposiciones «verdaderas o falsas» podría destruir un terreno fértil en lugar de insuflar vida a nuevas ideas.

Con frecuencia, estas soluciones se anuncian precipitadamente, sin dejar tiempo para una redacción adecuada, para identificar y aislar los nuevos métodos e ideas, ni para citar debidamente los trabajos previos relevantes de otros investigadores. Como ocurre en todas las profesiones creativas, esto plantea graves cuestiones de atribución y plagio. Además, sin los matemáticos dispuestos a encargarse de su desarrollo e integración en el canon matemático, las ideas concebidas por la IA nunca llegarían a cobrar plenamente vida y se perdería la crucial cadena humana de transmisión del conocimiento entre matemáticos.

Estamos siendo testigos de una amenaza general para el trabajo intelectual, derivada del desalineamiento entre los resultados producidos mediante el uso de la IA y los fines originales de dicho trabajo. En muchos campos y actividades, los años de formación no han servido únicamente para producir una respuesta final o un producto terminado, sino también para desarrollar comprensión y capacidad para formular nuevas preguntas e ideas. Sin embargo, apoyándose en un inmenso cuerpo de trabajo humano previo, los sistemas de IA son cada vez más capaces de producir directamente los resultados de dicho trabajo, y los objetivos dejan de coincidir. Los problemas a los que se enfrenta hoy la comunidad matemática son similares a los que ya experimentan otras profesiones científicas y creativas, y apuntan a cuestiones que podrían afectar a toda la humanidad: cómo garantizar que, a medida que la IA transforma la manera de trabajar, no perdamos de vista aquello que ese trabajo pretendía alcanzar en primer lugar.

La IA ofrece el potencial de mejorar y acelerar el estudio y la comprensión auténticamente matemáticos. Como profesión, las matemáticas deberán adaptarse a estos cambios de diversas maneras. Sin embargo, que esos cambios beneficien finalmente al campo o tengan un efecto destructivo dependerá en gran medida de las decisiones que tomen los seres humanos que controlan esta nueva tecnología.

Estos problemas deben abordarse con urgencia, tanto en la comunidad matemática como por parte de las empresas que desarrollan estas tecnologías y, de forma más amplia, por una sociedad que se enfrentará a cuestiones similares en muchas otras formas de trabajo intelectual.

Firmantes iniciales

• Artur Avila (Medalla Fields 2014)
• Manjul Bhargava (Medalla Fields 2014)
• Caucher Birkar (Medalla Fields 2018)
• Pierre Deligne (Medalla Fields 1978)
• Yu Deng (Medalla Fields 2026)
• Simon Donaldson (Medalla Fields 1986)
• Hugo Duminil-Copin (Medalla Fields 2022)
• Alessio Figalli (Medalla Fields 2018)
• Martin Hairer (Medalla Fields 2014)
• June Huh (Medalla Fields 2022)
• Maxim Kontsevich (Medalla Fields 1998)
• Elon Lindenstrauss (Medalla Fields 2010)
• Pierre-Louis Lions (Medalla Fields 1994)
• James Maynard (Medalla Fields 2022)
• Curt McMullen (Medalla Fields 1998)
• Shigefumi Mori (Medalla Fields 1990)
• Ngô Bảo Châu (Medalla Fields 2010)
• Andrei Okounkov (Medalla Fields 2006)
• Peter Scholze (Medalla Fields 2018)
• Stanislav Smirnov (Medalla Fields 2010)
• Terence Tao (Medalla Fields 2006)
• Maryna Viazovska (Medalla Fields 2022)
• Cédric Villani (Medalla Fields 2010)
• Wendelin Werner (Medalla Fields 2006)
• Efim Zelmanov (Medalla Fields 1994)

Y es precisamente en medio de esa tragedia que comienza a desvanecerse de la conversación pública donde se libra otra, todavía menos visible: la de la educación superior en las regiones golpeadas por el sismo. Mientras la atención se concentró inmediatamente —con toda razón— en las viviendas destruidas, en las víctimas, en la recuperación de la infraestructura, del comercio y de la actividad económica, el daño sufrido por las universidades corre el riesgo de convertirse en una simple nota al pie. Sería un error de fondo dejar que así ocurra.

Porque en departamentos como el Quindío la educación superior no es un servicio más entre muchos: es uno de los motores capaces de modificar el destino de miles de familias. Instituciones como la Universidad del Quindío abren posibilidades de movilidad social para jóvenes que difícilmente encontrarían otra vía semejante para transformar sus trayectorias de vida. En 2024, el departamento registró una tasa de cobertura bruta en educación superior del 68,72 %, frente al 57,53 % nacional. A ello se suma el efecto que ha tenido la política de gratuidad en las instituciones públicas. Son cifras que recuerdan algo esencial: nuestras universidades cumplen una función social que no cabe entera en las matrículas, los edificios o los presupuestos.

Sobre ese tejido fundamental para el desarrollo de la región cayó el terremoto. En la Universidad del Quindío, cerca del 60 % de las edificaciones presentó algún tipo de afectación, principalmente en elementos no estructurales, y las estimaciones preliminares sitúan en unos $120.000 millones los recursos que podría demandar la recuperación de la infraestructura, sin incluir todavía equipos, mobiliario y otros bienes afectados.

El daño no se detuvo en el Quindío. En la Universidad Tecnológica de Pereira, un balance técnico determinó que el 63 % del área construida del campus —65.965 metros cuadrados— quedó fuera de servicio, aunque ello no equivalía necesariamente a daño estructural. A escala regional, ASCUN ha identificado 21 instituciones con sedes afectadas y cerca de 121.500 estudiantes cuyas actividades se alteraron por cierres o migración a la virtualidad. No estamos, entonces, ante el problema particular de una o dos universidades.

Pero incluso esa medición se queda corta si entendemos la afectación apenas como suspensión de clases. Pasar de la presencialidad a la virtualidad salva parte de la actividad académica, pero la presta en otras condiciones. La universidad es también conectividad, computadores, bibliotecas, laboratorios, talleres, escenarios de práctica, espacios de estudio y redes de apoyo. Para muchos estudiantes, buena parte de esa infraestructura solo está disponible cuando llegan al campus.

La brecha digital lo hace todavía más evidente. En 2024, apenas el 41,9 % de los hogares de centros poblados y zonas rurales dispersas tenía conexión a internet. En Chocó, uno de los departamentos más golpeados por el sismo, la proporción era del 28,7 %; en Quindío, del 63,4 %. Y aun esas cifras incluyen conexiones mediante planes de datos móviles o recargas, que rara vez soportan varias horas diarias de clase. La continuidad formal del calendario académico, por tanto, no siempre equivale a continuidad efectiva del derecho a estudiar.

Detrás de esas cifras hay historias que rara vez caben en un balance oficial. Para una familia campesina o de un barrio popular que ha hecho de la universidad uno de los principales caminos de ascenso social, un semestre alterado es mucho más que un contratiempo administrativo. Puede significar asumir el costo de una conexión que antes no se necesitaba, conseguir un computador que no existe en casa o seguir desde un teléfono celular una clase pensada para un aula. A ello se suman un ingreso que se demora, un empleo que se posterga, una beca que entra en incertidumbre.

Para un joven cuya permanencia depende de un equilibrio económico siempre frágil, una alteración prolongada de esas condiciones puede terminar en abandono definitivo. Y cuando eso ocurre entre cientos o miles de estudiantes, lo que se interrumpe no es únicamente una trayectoria individual: se afecta la capacidad futura de una región para formar a sus propios médicos, maestros, ingenieros y servidores públicos. La reconstrucción física, por urgente que sea, no bastará si esas trayectorias no logran retomar su curso.

Ahí aparece el contraste que merece mayor atención pública. No existe todavía una política integral y financiada de recuperación de la educación superior. No ha habido anuncios de una bolsa extraordinaria de recursos destinada a reconstruir las instituciones afectadas, ni un mecanismo nacional de financiación con criterios públicos de priorización, cronograma y responsables definidos. Tampoco una estrategia para hacer seguimiento al riesgo de deserción universitaria asociado a la emergencia.

Para la educación preescolar, básica y media, en cambio, el Ministerio cuenta con recursos identificados, diagnósticos, una estructura de ejecución y fechas. Para la educación superior no hay instrumentos equivalentes. De ahí que valga la pena insistir en tres frentes.

El primero es financiero. La reconstrucción de la infraestructura universitaria no puede quedar librada a las pólizas de cada institución, a sus recursos propios o a su capacidad individual para buscar cooperación. Se necesita un mecanismo extraordinario de financiación nacional, con criterios transparentes de asignación, cronogramas verificables y rendición pública de cuentas.

El segundo es la permanencia estudiantil. Los alivios del ICETEX son importantes, pero solo alcanzan a quienes tienen obligaciones con esa entidad. Y garantizar la permanencia exige mucho más que dejar abierta una matrícula: implica asegurar condiciones reales para continuar —conectividad, equipos, apoyos económicos y psicosociales— y, cuando la naturaleza de la formación lo demanda, acceso a laboratorios, talleres y prácticas que difícilmente se sustituyen desde una pantalla. La emergencia afecta también a estudiantes cuyas familias perdieron vivienda, ingresos o estabilidad, y el acompañamiento debe sostenerse el tiempo suficiente para que una afectación temporal no se vuelva definitiva.

El tercero es el seguimiento. La educación superior necesita una hoja de ruta tan concreta como la que ya empieza a existir para las escuelas. Saber cuántos edificios resultaron afectados o cuántos estudiantes reciben alguna forma de clase es apenas el comienzo. Hay que saber en qué condiciones están estudiando, cuántos no regresaron, cuántos aplazaron su semestre, cuántos perdieron sus medios de sostenimiento y qué se está haciendo para que no desaparezcan del sistema.

Debemos evitar, además, otra forma de olvido: creer que la solidaridad inicial puede sustituir una política pública. La respuesta del propio sistema universitario ha sido extraordinaria. Universidades públicas y privadas han puesto a disposición capacidades técnicas, espacios y alternativas de continuidad académica. Pero la solidaridad entre instituciones no puede convertirse en el mecanismo permanente de financiación de una reconstrucción de la que el Estado es corresponsable, sobre todo en lo relativo a las instituciones de carácter público.

Reconstruir las universidades y el delicado tejido social que sostienen —con la misma urgencia y el mismo criterio de gestión del riesgo con que se reconstruyen las viviendas y las escuelas— es evitar que al terremoto físico del 10 de agosto se sume otro, más lento y silencioso: el de una generación de estudiantes que terminó quedándose en el olvido.

El campesinado ganó derechos, pero no poder. La reforma del artículo 64 de la Constitución Política de Colombia en el año 2023 marcó un hito al reconocer al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Esta reforma incorpora, entre otras, la dimensión ambiental como un elemento esencial de esos derechos. Aun así, esta reforma es, por ahora, un avance principalmente normativo, que está lejos de garantizar una distribución más democrática del poder sobre los bienes naturales, los territorios y las decisiones que determinan la protección y uso. 

Se habla de derechos sin poder porque, como ha señalado el constitucionalista Roberto Gargarella (2011), gran parte de las reformas constitucionales en América Latina ampliaron de manera generosa el catálogo con “nuevos” derechos, pero no tocaron la estructura donde se toman las decisiones; no le prestaron la misma importancia a la organización de poder, que la cual tiene como función principal lograr activar los derechos. El resultado es conocido: derechos ampliamente reconocidos en el papel, pero con escasa capacidad para transformar la realidad. Y aquí surge una pregunta: ¿Quién toma las decisiones sobre los territorios y quién tiene el poder para decidir sobre estos?

Esto muestra el verdadero desafío de este debate: transformar la arquitectura del Estado para democratizar la toma de decisiones sobre el territorio y hacer efectiva la dimensión ambiental del campesinado a través de instrumentos concretos. Pasar del “reconocimiento” al “poder”. Fortalecer el papel del campesinado significa reconocer su importancia en la conservación de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, la reducción de los conflictos socioambientales y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

Un camino que apenas comienza

En esta dirección empiezan a aparecer instrumentos institucionales que buscan hacer efectivos los derechos ambientales de estas comunidades. Vistos en conjunto, estos revelan las luces y sombras alrededor de las medidas orientadas a transferir el poder durante los últimos cuatros años de gobierno en Colombia.

El primer terreno donde esto se juega es el judicial. La idea de una Jurisdicción Agraria y Rural estaría llamada a facilitar y expandir la “legitimidad jurídica” de las resoluciones de conflictos agrarios y rurales en Colombia. De ser aprobada, esta Jurisdicción enfrentará discusiones importantes cuando entren en disputa los derechos de tenencia, uso y propiedad de las tierras rurales frente a las áreas de especial importancia ambiental, por ejemplo.

Se espera que haya jueces que conozcan los asuntos agrarios y, por consiguiente, la interpretaciónque hacen de la Constitución. Resulta importante entender el papel que podrían adoptar los jueces como guardianes de las reglas del procedimiento democratico, pero especialmente la población campesina en la interpretación de cómo se deben entender los derechos y compromisos constitucionales, principalmente del artículo 64 de la Constitución Política. La jurisdicción agraria, como reconoce Rodrigo Uprimny “es entonces una gran oportunidad para darle contenido a la reforma constitucional del 2023”. 

Sin embargo, durante los períodos legislativos de los últimos cuatro años, el proyecto de ley que tenía como objetivo reglamentar la Jurisdicción Agraria no fue aprobada en el Congreso. Martha Carvajalino, Ministra de Agricultura del Gobierno Petro reconoció que, con el hundimiento de la iniciativa, no fue posible “fortalecer las herramientas para la distribución, administración y resolución de conflictos sobre la tierra en Colombia”. 

Si el litigio es un terreno, el ordenamiento territorial es otro. La importancia de que las comunidades puedan definir el uso y manejo de sus territorios bajo las normatividad ambiental, implica reafirmar el rol de las figuras de territorialidades campesinas, como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Además de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZAPPA).

Esto resulta significativo, pues, como señala Noriega, Ortega, & Duarte(2025), las figuras jurídicas que son comprendidas como territorialidades campesinas representan un “progreso institucional”. Sin embargo, las posibilidades que ofrecían estas figuras se encuentran hoy en un escenario de incertidumbre, tras el anuncio del presidente electo de iniciar la derogatoria de las resoluciones que declaran las APPA. De concretarse esta decisión, estarían en riesgo cerca de un millón de hectáreas declaradas en 55 municipios del país, además de seguir comprometiendo 20 millones de hectáreas que necesitan procesos para contrarrestar las afectaciones y degradaciones del suelo.

Más allá de las figuras reconocidas (ZRC, TECAM, APPA y ZAPPA) los territorios campesinos son espacios donde las comunidades han desarrollado modos de vida (productivos y comunitarios) sin necesidad de estar amparados bajo una figura.  

Un paso importante para otorgarle poder al campesinado se produjo durante el cierre de la Cumbre Campesina, realizada en el marco preparatorio de la COP16 Colombia en 2024. Allí se anunció la modificación del Decreto 1777 de 1996. Esta modificación permite fortalecer las ZRC ya que habilita la oportunidad de constituirlas al interior de las Zonas de Reserva Forestal de la Ley Segunda. En este caso, se puede incorporar la agricultura campesina, familiar y comunitaria dentro de las áreas reconocidas en la frontera agrícola. Destacando las prácticas y modos de vida campesina como formas estratégicas de protección ambiental. 

Queda un tercer frente, quizás el más determinante: la voz del campesinado en las decisiones que lo afectan. Es un avance importante si se consagra constitucionalmente los derechos ambientales del campesinado; sin embargo, aún más importante resulta, en línea con lo que se expresa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), su derecho a ser escuchados y consultados de forma obligatoria cada vez que se pretendan tomar decisiones que puedan impactar su vida, su territorio y sus derechos. 

En relación con lo anterior, la Consulta Popular Campesina representa un “mecanismo específico de participación diferenciada” (Noriega, Ortega, & Duarte, 2025). El cual permitirá que esta población pueda ver materializado su reconocimiento constitucional como sujeto de especial protección y de derechos a través de “garantías efectivas de incidencia en las decisiones que afectan los territorios rurales” (Noriega, Ortega, & Duarte, 2025). Esto permite ampliar el espectro de participación de comunidades históricamente excluidas, y entender la existencia de una herramienta real que da condiciones materiales de igualdad. 

Todo esto parte de una idea clara, pero aún pendiente de materializar: el campesinado es un aliado fundamental en la protección del ambiente, y no debe ser visto solamente como beneficiario de las políticas ambientales, sino como un actor que ha tenido capacidad real para decidir sobre los territorios que históricamente ha contribuido a conservar.

El verdadero desafío apenas comienza. 

Se han presentado tres ejemplos de cómo la dimensión ambiental del campesinado ha comenzado a traducirse en instrumentos concretos. A la par con el reconocimiento de los derechos ambientales del campesinado, el debate público debe concentrarse en una pregunta más profunda: ¿Quién toma las decisiones sobre los territorios y, sobre todo, quién tiene el poder para decidir sobre ellos? 

La gobernanza real de los territorios sigue en manos de actores externos, como gremios agroindustriales, empresas extractivas y grupos armados, cuyos intereses responden a lógicas e intereses económicos, en algunos casos ilegales. Darle vida a la dimensión ambiental y, por consiguiente, a los derechos exige redistribuir el poder para fortalecer la participación y transformar las instituciones. El verdadero desafío no es seguir reconociendo derechos, sino garantizar que las comunidades campesinas tengan una capacidad real de incidir en las decisiones sobre sus territorios.

El pasado gobierno trató de dotar de contenido la dimensión ambiental del campesinado. Ahora, consolidar esos avances, o impedir su progreso, representará uno de los grandes desafíos del actual gobierno (2026-2030): decidir si la reforma constitucional que reconoce nuevos derechos al campesinado termina despertando y activando escenarios de cambios sociales e institucionales o si, una vez más, acaban sufriendo la misma suerte de promesa como ha sucedido en otros procesos reformistas: derechos ampliamente reconocidos en el papel, pero con escasa capacidad para transformar la realidad. 

Referencias bibliográficas

Gargarella, R. (2011). Pensando sobre la reforma constitucional en América Latina. En C. Rodríguez Garavito (Coord.), El derecho en América Latina: Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI (pp. xx–xx). Siglo Veintiuno Editores. 

Noriega, J., Ortega, J. C., & Duarte, C. (2025). Consulta campesina en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana Cali. https://www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2025-07/Consulta%20campesina.pdf

Noriega, J. (2025). El territorio campesino: Un derecho en constante construcción. Semillas, 82, 15–20. 

No deja de ser, por lo menos, preocupante que sean precisamente cuatro de sus colegas —Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos— quienes hayan advertido posibles irregularidades en la manera como Lombana ha abordado este caso. La situación adquiere todavía mayor relevancia porque, según ha señalado la defensa de la congresista, existen actuaciones que podrían tener incidencia directa en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso.

La comunicación remitida a la Comisión de Acusaciones también advierte sobre posibles irregularidades en la manera en que se habrían ejercido competencias coercitivas dentro de la actuación penal. Si estas preocupaciones terminan siendo confirmadas por las autoridades competentes, estaríamos ante un asunto de enorme gravedad, porque quien tiene la responsabilidad de administrar justicia no puede convertirse, precisamente, en quien termine poniendo en riesgo las garantías que debe proteger.

A las objeciones planteadas por la defensa de la senadora Peralta se suman ahora las consideraciones de cuatro magistrados de la misma Sala. Y eso, como mínimo, obliga a hacerse preguntas serias sobre la forma en que la magistrada Lombana ha conducido el proceso.

No se trata de afirmar anticipadamente que haya cometido una falta disciplinaria o penal, porque esa determinación corresponde a las autoridades competentes. Pero tampoco sería responsable mirar hacia otro lado frente a señalamientos de esta naturaleza. Cuando varias voces dentro de la propia institución judicial llaman la atención sobre posibles excesos, lo mínimo que se espera de la funcionaria cuestionada es prudencia, transparencia y disposición para revisar sus actuaciones.

La justicia no puede ejercerse desde la pasión, el afán de protagonismo ni la necesidad de demostrar autoridad. Mucho menos puede convertirse un proceso judicial en una especie de competencia para determinar quién logra imponer su criterio a cualquier precio. Una magistrada no está para ganar batallas personales ni para demostrar que puede llevar una investigación hasta sus últimas consecuencias pasando por encima de quien está siendo investigado. Está para garantizar que el proceso se desarrolle dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

Y ahí está precisamente una de las mayores preocupaciones que genera este episodio: si se utilizaron herramientas procesales de manera indebida, si se sobrepasaron competencias o si se limitaron injustificadamente los derechos de la defensa, no estaríamos simplemente ante un error de procedimiento. Estaríamos ante una conducta capaz de comprometer la legitimidad misma de la actuación judicial.

No pretendo usurpar las funciones de un abogado ni presentar estas consideraciones como un concepto jurídico. Hablo como ciudadano. Y como ciudadano espero que quienes tienen en sus manos la libertad, el buen nombre y el futuro político y personal de otros seres humanos actúen con absoluta responsabilidad.

Investigar a una persona no significa maltratarla. Ejercer autoridad no significa abusar de ella. Y tener facultades dentro de un proceso judicial no significa disponer de un cheque en blanco para utilizarlas sin límites.

La justicia colombiana ya enfrenta una profunda crisis de confianza. Por eso resulta especialmente grave que quienes tienen la obligación de fortalecer esa confianza terminen alimentando la percepción de que algunos procesos pueden manejarse con excesos, arrogancia o criterios personales.

En un caso tan mediático como el relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la responsabilidad es todavía mayor. La presión mediática, la relevancia política de los involucrados y el interés nacional jamás pueden convertirse en excusas para flexibilizar las garantías procesales.

La justicia no puede convertirse en un trofeo. Ningún magistrado debería sentir que tiene que llevarse la medalla de haber puesto a alguien tras las rejas. La verdadera victoria de la justicia consiste en que, al final de un proceso, nadie pueda cuestionar que se respetaron las reglas, las garantías y el debido proceso.

Porque si una actuación judicial se construye sobre excesos, errores o vulneraciones de derechos, el daño no se limita al investigado. También se perjudica la credibilidad de la institución y se fortalece la peligrosa idea de que en Colombia la justicia puede depender del temperamento, la interpretación personal o la voluntad de quien tiene el poder de investigar y decidir.

Por eso, más que explicaciones, lo que ahora corresponde es que la magistrada Cristina Lombana responda ante las instancias competentes por los cuestionamientos que han surgido alrededor de su actuación. Y si existen razones jurídicas para apartarla del proceso, deberá hacerlo con la misma rigurosidad con la que ha exigido el cumplimiento de las reglas a los demás.

Lo que no puede ocurrir es que la soberbia termine reemplazando la prudencia, ni que la autoridad termine confundida con autoritarismo. Una magistrada puede equivocarse, como cualquier ser humano, pero lo verdaderamente grave sería negarse a reconocer los límites cuando otros miembros de la propia institución judicial están advirtiendo que podrían haberse cruzado.

Tal vez este episodio sirva, al menos, para recordar algo elemental: quienes administran justicia también están sometidos a la ley. Y precisamente porque tienen tanto poder sobre la vida de los demás, están obligados a ejercerlo con mayor rigor, mayor humildad y mayor responsabilidad.

La justicia no necesita magistrados que actúen movidos por emociones, protagonismos o afanes de demostrar poder. Necesita funcionarios capaces de entender que, en un Estado de derecho, el verdadero poder no está en castigar a cualquier precio, sino en respetar las reglas incluso cuando hacerlo resulte incómodo, difícil o políticamente impopular.

Nota recomendada: Presidente De La Espriella, menos espectáculo y más resultados

Desde el fondo de los escombros y el sufrimiento de incontables víctimas, resistiendo la furia de los 7.4 grados Richter del terremoto del pasado lunes 10 de agosto, surgió espontáneamente la Patria Solidaria. Una Patria cuyas coordenadas son la empatía, la sensibilidad y la fraternidad, situada más allá de credos religiosos, clases sociales y banderías políticas. No es, pues, propiamente la llamada “Patria Milagro”, con sus iglesias, autoridades religiosas, consignas políticas, simulacros militares y llamados estentóreos de “Firmes por la Patria”. Es la Patria anónima de millones de colombianos y colombianas convocados por sentimientos que nos cohesionan y acercan a todos, que nacen más allá de nuestros credos religiosos, agnosticismo o ateísmo y nos permiten reconocernos como iguales en nuestra fragilidad y común mortalidad. Sobre todo, son sentimientos reacios a dejarnos dividir en bandos irreconciliables por fanatismos políticos, ideológicos o religiosos, que sitúan a minorías en un pedestal de supuesta superioridad moral desde el cual pretenden gobernar la vida de todos e incluso disponer de ella en nombre fantasmagorías  como MAGA y la PATRIA MILAGRO, o la codicia y ambiciones sin límites  de “AMERICA FIRST” y la megalomanías de líderes políticos delirantes, que hoy dominan en el panorama regional e internacional. Minorías que desde el norte reclaman el dominio y la expoliación de todo el continente en nombre de una doctrina que Trump, el megalómano mayor, llama con modestia “Doctrina Donroe”, sumada a su cruzada belicista con el “Escudo de las Américas”. Un Escudo que acaba de asumir en Panamá el ministro de defensa del Tigre, para así aumentar el número de “Héroes de la Patria” en acciones conjuntas con las “Agilas del Norte”, bombardeando a diestra y siniestra nuestros campos para después “perforar, perforar y perforar” a sus anchas nuestras riquezas. Todo en nombre de la “guerra contra el narcotráfico” y el narcoterrorismo, ahora con la ayuda de drones, alta tecnología aereodigital y la alianza invencible con “Cristo Rey”, sin importar el número de víctimas civiles y de daños colaterales causados, pues tal será el precio de la transitoria victoria. Transitoria, pues mientras millones demanden el elixir de las drogas psicotrópicas para sobrevivir y producir, habrá quienes satisfagan sus deseos.

La paradoja de la Vida y la Mortalidad

Por eso no deja de ser paradójico y hasta una cruel ironía que haya sido precisamente la violenta convulsión de la naturaleza, ese levantamiento telúrico de Pachamama en inmediaciones de San José del Palmar[i], Chocó, epicentro de exclusión social, desidia gubernamental y corrupción político-administrativa, la que haya derrumbado y vuelto añicos la polarización política y social de la mayoría de colombianos.  En cuestión de minutos, sobre las ruinas y la devastación producida por el terremoto, desapareció esa pugnaz polarización y emergió desde abajo y por todos los lugares la solidaridad ciudadana y popular reivindicando la VIDA como su única bandera. Una bandera cohesionadora de todos los esfuerzos, sin esperar llamados gubernamentales o de autoridad alguna, respondiendo únicamente a la sensibilidad y conciencia de cada uno frente al dolor y la desgracia de cientos de miles de colombianos. Por cierto, una respuesta totalmente distante de la del Tigre, caracterizada por su “máxima in-coherencia e incompetencia”.

Máxima In-Coherencia e incompetencia

En efecto, en lugar de aceptar en forma inmediata el ofrecimiento del gobierno de México con sus “Topos” expertos en estos desastres, optó por la de Estados Unidos e Israel, cuyas brigadas llegaron después de las 72 horas de ocurrido el terremoto. Quizá se hubiera podido salvar más de una vida, como lo hicieron los “Topos” en La Guaira en Venezuela.  Algo tan incompresible e indignante como el desfile de tanquetas de guerra por el sector del Alto Jordán en Cali, en lugar de la presencia de personal de ingenieros militares con su competencia en obras civiles para atender este tipo de urgencias y desastres. Esas decisiones y actuaciones ponen de presente los límites de lo que el “Tigre” llama “Máxima Coherencia”, reducida a sus visitas fugaces a distintos municipios y zonas rurales afectadas, como si con su sola presencia fuera a realizar milagros y salvar vidas, en lugar de tomar decisiones rápidas y acertadas para garantizar la coordinación eficiente de las distintas agencias estatales y la ayuda internacional competente. A eso conduce el éxito de un outsider y su personalidad de dandi, siempre obsesionado en aparecer en primer plano en los noticieros y la gran prensa, que es lo propio de la política espectáculo de todos los gobernantes de la extrema derecha. Una política sustentada en la invención de realidades que ocultan bien su incompetencia a punto de algoritmos, Fake News y el eco exponencial de periodistas y medios de comunicación que los exaltan y adulan, traicionando así en forma irresponsable su deber de informar y develar la realidad.

Más allá de la solidaridad

En contraste, hay que reconocer que el mundo empresarial, reunido en Cartagena en el 11 congreso gremial de la Andi[ii], le dio al Tigre un ejemplo de compromiso y una lección de eficiencia, pues en pocas horas logró el aporte de grandes conglomerados económicos con donaciones que superan los 200 mil millones de pesos. Claro que tanta filantropía no es gratuita, pues dichas donaciones obviamente tendrán un reconocimiento tributario equivalente hasta el 25% del valor donado en el pago posterior de sus impuestos[iii]. Por eso, esa “filantropía empresarial” será parte del presupuesto nacional y es mucho más que solo solidaridad. De allí, que precise una rigurosa auditoría de su gasto y mucho más de su ejecución. No vaya a suceder, como lamentablemente aconteció con la UNGRD en el “gobierno del cambio”, que ese llamado “Fondo Milagro”[iv] sea saqueado por alianzas politiqueras o, lo que sería más lamentable, una milagrosa estrategia de favorecimientos corporativos, empresariales, religiosos y de congresistas para convertirlo en la plataforma gubernamental de la llamada “Patria Milagro” y la “caja menor” de los que siempre han gobernado en punible ayuntamiento con los “ciudadanos de bien”. Entonces la Patria Solidaria moriría en manos de la “Patria Milagro” y quedaría sepultada en el “Fondo Milagro” en beneficio de mercaderes, especuladores y emprendedores expertos en coaliciones público-privadas que han hecho del Estado la “empresa privada de los políticos”. Para evitar esa deriva cacocrática y cleptocrática que se apropia de lo público y los intereses generales, es urgente que la Patria Solidaria se haga presente en la fiscalización y funcionamiento de ese “Fondo Milagro” a través de la competencia del poder del saber.

El poder del Saber

Ese poder que se expresa en los aportes de las universidades públicas y privadas, de sus más competentes y honestos profesionales, junto a las diversas y numerosas asociaciones y Colegios de Profesionales: ingenieros, arquitectos, médicos, topógrafos, contadores públicos, psicólogos, sociólogos, politólogos y demás saberes que dan sentido y valor a la vida colectiva y bienes públicos, más allá del mercado y sus ganancias, respaldados por el tejido de organizaciones sociales y populares que han estado en la primera línea de la solidaridad y la defensa de la vida en estos aciagos y esperanzadores momentos. Quizás así no se imponga, una vez más, la lógica del Estado cacocrático al mando de los más hábiles y astutos impostores y saqueadores de lo público y se pueda empezar a forjar El Estado Emprendedor propuesto por la pensadora y activista de lo público, Mariana Mazzucato. En dicho libro, cuyo subtítulo es “La Oposición Público Vs Privado y sus mitos”, demuestra que el “Estado lejos de limitarse a intervenir en el mercado para subsanar posibles errores o abusos, es en realidad una organización audaz, capaz de asumir las inversiones de mayor riesgo, y un facilitador clave de las innovaciones tecnológicas que impulsan el crecimiento económico”. Es lo que precisamos en este momento para que la Patria Solidaria sea una realidad política e institucional y no solo un estado de ánimo y un espíritu colectivo pasajero, desatado por catástrofes naturales impredecibles. Porque solo en la mente de ingenuos creyentes y en el mundo espiritual, por esencia situado más allá de la política terrenal, es donde se producen milagros. Lo más grave sucede cuando esos milagros son promovidos por demagogos y políticos, presentes en todos los espectros políticos, pues se convierten en catástrofes colectivas consentidas por el miedo, la ignorancia y hasta las esperanzas de las mayorías.

[i] https://www.democrata.es/internacional/terremoto-colombia-graficos-mapa-epicentro-magnitud-profundidad-ciudades-afectadas/

[ii] https://www.eluniversal.com.co/economica/2026/08/12/comienza-el-11-congreso-empresarial-colombiano-organizado-por-la-andi/

[iii] https://actualicese.com/descuento-tributario-por-donaciones-destinadas-a-atender-la-emergencia-por-el-sismo-en-colombia/

[iv] https://www.elheraldo.co/colombia/2026/08/13/en-que-consiste-el-fondo-milagro-anunciado-por-de-la-espriella-para-reconstruccion-tras-terremoto/

De miles de participantes (de la región Caribe) clasificaron cientos —mediante dos rondas virtuales— para esta gran cita en la UTB, cuya final posteriormente otorgará una beca al ganador en la categoría juvenil (grado 11).

Entre los más de 300 clasificados hay diez pilos que llegan desde distintos departamentos y municipios y, sin embargo, tienen experiencias en común, como visitas a universidades de calidad, incluida la UTB, en condición de integrantes de Semilleros de Becarios U, gestionados por la Fundación Color de Colombia.

• Del Magdalena, municipio de Zona Bananera, de la Institución Educativa Ciudad Perdida, dos aspirantes a ingenierías:
  • Felipe Hereira Pinto
  • Luis Santiago Villar Montero

• De Sucre, municipio de Santiago de Tolú, de la IE Freinet, dos aspirantes a Medicina:
  • Samuel de Jesús Tafur Alvarado
  • María Andrea Flórez Montalvo

• De Cesar, municipio de Curumaní, IE San Sebastián (rural), un aspirante a Licenciatura en Matemáticas:
  • Jorge Juan Mejía Navarro

• De Bolívar, de los municipios de María La Baja y Mahates, dos aspirantes a pregrados en administración:
  • Lindys Neleidys Julio Herrera (Mahates, IE Camilo Torres)
  • Zacha Isabel Angulo Naviteño (María La Baja, IE Rafael Uribe)

• De la Cartagena rural y popular, dos aspirantes a Medicina y uno a Contaduría:
  • Adriana Marcela Martínez Zúñiga (IE Manuela Vergara de Curi)
  • Paula Andrea Durango Devoz (IE de Bayunca)
  • Jostin Mena Benavides (IE de Bayunca, Contaduría)

Los pilos viajan acompañados de docentes y/o acudientes, gracias al esfuerzo financiero de sus familias y el apoyo de los colegios (rectores y docentes).

Algunos se transportarán durante nueve horas (Cesar), seis (Magdalena) y cuatro (Sucre).

Para todos, participar en las Olimpiadas de Matemáticas de la UTB es una experiencia que vale el esfuerzo.

Las Olimpiadas Matemáticas de la UTB

A cargo de la Dirección de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la justa tiene además, desde el año pasado, la categoría prejuvenil (grado 9 y 10).

Oficialmente, las Olimpiadas “tienen como propósito incentivar el estudio de las matemáticas, fortalecer el pensamiento lógico y promover el desarrollo del razonamiento matemático, reconociendo que esta disciplina constituye la base fundamental de la mayoría de las carreras universitarias”.

Evalúan cuatro áreas:

• Geometría
• Lógica Matemática
• Álgebra
• Estadística, probabilidad y combinatoria

Con este evento académico, la UTB busca, además, “identificar y visibilizar el talento matemático de la región, ofreciendo a los estudiantes un espacio de formación, competencia sana y proyección hacia la educación superior”. 

Como reconocimiento a la excelencia académica, al ganador de las OM-UTB – Categoría Juvenil se le otorga una beca completa de estudios de pregrado por toda la carrera en la UTB.

• Beca del 50 % para el segundo y tercer lugar de la Categoría Juvenil
• Medallas para los 10 primeros lugares en las dos categorías
• Placas/diplomas para los 10 primeros colegios en las dos categorías

Jeovanny de Jesús Muentes Acevedo, lidera el equipo organizador de las Olimpiadas Matemáticas UTB, en equipo con Lenny Alexandra Romero Pérez y Juan Carlos Palomino Mancilla.

Hablan pilos rumbo a la OM-UTB

¿Erizos o zorros? Se les preguntó cómo se identifican frente a la famosa metáfora de Isaiah Berlin, según la cual el mundo (del conocimiento) se divide en erizos y zorros

«Mientras que el zorro sabe de muchas cosas, el erizo sabe mucho de una sola cosa»

Felipe Hereira Pinto, 15 años, de Zona Bananera, Magdalena, se siente “zorro” porque “me gusta leer y leyendo he tenido un amplio léxico que me ha ayudado a adquirir presaberes”.

Felipe quiso reconocer el apoyo del profesor Ervin Sandoval, “por su arduo trabajo para que sea posible nuestro traslado a la UTB. Él será nuestro acompañante”.

“Puedo ser ambos. Zorro porque me he dedicado a estudiar para saber defenderme en distintas materias y erizo porque me he concentrado en llegar a una meta, la carrera que quiero estudiar, Administración de empresas”:

Lindys Neleidys Julio Herrera, 16 años, Mahates, Bolívar.

María Andrea Flórez Montalvo, 16 años, de Santiago de Tolú, Sucre, se siente más “erizo”:

“Tengo fijación por temas específicos, por ello me siento identificada por una sola cosa y trabajo en ella. Es más importante ser el mejor en algo que mediocre en muchas cosas”.

La mayoría se siente “zorro” porque aprenden de muchas cosas, parte de la naturaleza de la educación secundaria y media.

Todos esperan obtener un buen puntaje en Saber 11, ser admitidos a una universidad de calidad y casi todos tendrán que cambiar de lugar de residencia para su etapa de vida universitaria.

El sostenimiento es el reto financiero que tienen por delante, ya que el plan es resolver la matrícula gracias a su Saber 11.

Semillero de Becarios U

Un proceso extracurricular para llegar a la universidad mejor preparados para aprovecharla, sea ganando beca privada o cupo en universidad estatal acreditada.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, conocimiento del mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

Pilos del Semillero de Becarios U del Cesar 2023-2026, de la Fundación Color de Colombia, conocieron en grados 9 y 10 los campus de esas tres universidades.

Mariana Hernández, jefe comercial, y Andrés Orozco, profesional de mercadeo del Áreandina Valledupar presentarán la oferta de pregrados, los descuentos de matrícula y el Fondo Estrella de financiación de largo plazo.

La sede Valledupar de la Fundación Universitaria del Área Andina, que cuenta desde 2021 con Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus y también con la Certificación Internacional QS Stars, ofrece 17 pregrados presenciales:

• En la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte

Medicina, Enfermería, Terapia Respiratoria, Entrenamiento Deportivo.

• Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas

Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geológica, Ingeniería de Minas, Ingeniería Civil.

• Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras: Administración de Empresas, Tecnología en Gestión de Mercadeo y Publicidad.
• Facultad de Diseño y Bellas Artes: Comunicación Social, Arquitectura, Diseño Gráfico.
• Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: Psicología.
• Facultad de Educación: Licenciatura en Educación Infantil.
• En la Facultad de Derecho:

“El Áreandina es una excelente opción universitaria por su relación calidad-precio,

que dadas las condiciones de financiación no dudamos en recomendar a bachilleres con miras altas de cualquier municipio”.

Fundación Color de Colombia.

Semillero de Becarios U

Un proceso extracurricular para llegar a la universidad mejor preparados para aprovecharla, sea ganando beca privada o cupo en universidad estatal acreditada.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, conocimiento del mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas).

Es entendible que los sentimientos juveniles sean particularmente agudos cuando se trata de auscultar el futuro. A esas alturas de la vida cada quién está en la tarea de prever lo más que pueda y escoger entre los caminos que se abren en busca de uno u otro destino. Si bien ese ejercicio comienza en el seno de la familia, cuando se cuenta con el privilegio de tenerla, es de ahí hacia afuera, en los diversos escenarios de la educación, donde, a través del diálogo con amigos y maestros, y al observar el mundo, donde aparecen mejor dibujadas las opciones y abiertas o cerradas las exclusas para que las aspiraciones sean viables.

Esos escenarios “diversos” de la educación son los cientos de circunstancias de la vida cotidiana que llevan una carga educativa.  Carga de la cual en muchos casos son inconscientes quienes aprenden y quienes enseñan una u otra cosa con su experiencia y con su ejemplo.

El Estado, como árbitro y calificador de concursos para acceder a instancias educativas o de trabajo, debe obrar de manera impecable para garantizar justicia y mantener credibilidad. De manera que cualquier fisura en la seriedad de los concursos que organiza, sea para contratar o para que en cualquier escenario opere la meritocracia, no es un problema menor.

Aquellas sociedades en las que se vuelven parte del folclor las trampas en los concursos organizados por el Estado, sea para contratar obras, admitir personal a su servicio o marcar el acceso a instancias educativas, adquieren una infección que afecta una amplia variedad de aspectos de su vida, y cuya erradicación se tiene que convertir en prioridad.

En la India los concursos fueron considerados como el mecanismo ideal para contar con las personas mejor calificadas para entrar a las universidades o acceder al servicio público. Pasar el examen respectivo se convirtió en una tradición tanto regional como nacional, y el resultado de cada examen vino a ser determinante no solo de éxito o fracaso en el propósito inmediato de estudiar o trabajar, sino factor decisivo de vivir una u otra vida, o inclusive morir. Todo explicable cuando el examen venía a demostrar si quien participaba en las pruebas estaba a la altura de su aspiración, y siempre y cuando el puntaje obtenido fuese confiable.

El aseguramiento de un puesto en la administración pública es tan apetecido como fuente de trabajo e ingresos para toda una vida, que muchas personas, ante uno o dos fracasos, insisten en participar en los concursos con la esperanza de lograr sus anhelos, sobre la base de las experiencias anteriores.  

La anulación de un examen de acceso a estudios de medicina propició en junio pasado efectos devastadores y hasta una serie de suicidios entre los dos millones de candidatos frustrados en su aspiración, obligados a tomar nuevamente unas pruebas para las que se habían preparado meses y años enteros. Uno de los más de veinte suicidas fue Kahaan Patel, de 17 años, estudiante distinguido que saltó del balcón de su habitación familiar en un sexto piso.

La familia Patel se había movido a Ahmedabad, en Gujarat, para tomar impuso desde la base de un mejor colegio, de manera que los estudios de medicina del menor se convirtieron en sueño de toda la familia. Y así, en diferentes regiones, miles de familias adoptaron la causa de los estudios de sus hijos, cuando no la de acceder al servicio público, como medio de realización colectiva o ascenso social. Todo frustrado por la corrupción.

Ante una creciente protesta, con su oleada de suicidios, vino la infortunada, infame y despectiva reacción de un alto funcionario que no vaciló en llamar cucarachas a quienes protestaban por la irresponsabilidad en el manejo de los concursos. Con lo cual dio origen a que un ingenioso publicista satírico decidiera apelar a Instagram y convocar a la fundación del “Cockroach Janta Party”, o “partido popular de las cucarachas”, parodia de nombre cercano al Janata Party, a cargo del gobierno nacional.

En tiempo récord la idea tomó fuerza y miles de personas corrieron a manifestarse frente al Parlamento en Nueva Delhi y en otras ciudades del país. Pedían seriedad en los exámenes y la renuncia del ministro de educación, que por fin tuvo que salir. Algo que Narendra Modi no está acostumbrado a afrontar, dado el tono de su gobierno, que para manejar los problemas mezcla de manera experimentada las dosis necesarias de vinagre y miel.

El problema renace ahora ante la noticia de que la revelación de secretos de examen se ha presentado tres meses más tarde en el concurso para entrar al servicio civil en el Estado de Jharkhand. Miles de personas quedarían esperando para siempre sin poder entrar a la administración pública, mientras que otras accederían de una vez por el atajo de la corrupción.

Ante la reiteración del asunto, ha habido héroes populares en huelga de hambre. Rahul Gandhi, jefe de la oposición, fue con manifestantes hasta la puerta de la casa de Modi y se hizo arrestar, levantado de pies y manos, no sin antes haberse dejado maltratar, al tiempo que dejaba en el aire su necesaria proclama contra el gobierno, que forma parte de la campaña permanente de acción en busca de la recuperación del poder.

Como los problemas sociales no son aislados, hay otras causas que se pueden sumar a las defendidas hasta ahora por el “partido de las cucarachas”. Ahí cabe la lucha anticorrupción agitada en India en 2011, la acción antiviolencia sexual que ya tuvo apogeo en 2012, la situación de los campesinos pobres, y el repudio a la discriminación de la población musulmana que no se fue a Pakistán ni Bangladesh cuando se produjo la partición de la India británica.

Lo mismo que el gobierno indio, muchos otros han de asumir la responsabilidad de garantizar la completa seriedad de las pruebas de acceso a la educación superior y al servicio civil. No se trata de detalles menores del funcionamiento del Estado y de sus relaciones con la sociedad. De la confianza de los jóvenes en la seriedad de los concursos se derivan numerosos factores de viabilidad no solamente de un gobierno, que sería lo de menos, sino del conjunto del sistema político y social del país.

Los jóvenes tienen habilidad natural para vincular todo tipo de causas al momento de la vida por el que pasan ahora, afectado por su temor natural ante la perspectiva de las puertas cerradas hacia las opciones de educación, y aún más ante las oportunidades y obstáculos del empleo.

Siempre hay y debe haber campo en la sociedad para la rebeldía de los años juveniles. En cualquier contexto sería preocupante que no estuviera presente la fuerza cuestionadora de la juventud. Que nadie criticara desde la perspectiva de recién llegado la forma como se hacen las cosas, la organización de las ciudades y los países, lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos y, naturalmente, la manera como se trata a los jóvenes.

¡Ningunas cucarachas! No debe imperar el temor a que los muchachos protesten porque el mundo no es todavía como quisieran. De pronto los reclamos por ese mundo que para ellos aún no ha tomado forma, llevan la semilla de la sabiduría del futuro, que es la del progreso, ante el inminente relevo de generaciones que jamás se detendrá.  

Aclaro que mis ideas alrededor del tema del arte (su definición, razón de ser y sentido) —aunque consideran seriamente algunas propuestas del libro se Shiner— son distintas de las suyas. Aquí, en este texto, hablaré de las ideas de Shiner. Haré una lista de supuestos sobre el arte que la mayoría de la gente da por ciertos, pero que no son verdad en todos los casos y, a veces, en ninguno (y en los que coincido con él):

1. Que el arte es una esencia que poseen algunos objetos y no otros.
2. Que el arte se encuentra en cierto tipo de actividades, pero no en otras; por ejemplo: bailar, cantar, esculpir, pintar o tocar un instrumento, pero no jugar yoyó, saltar la cuerda, hacer zapatos, la jardinería, la cerámica o la física y las matemáticas.
3. Que el arte demanda una contemplación desinteresada.
4. Que el arte no debe tener ninguna función; o sea, que no debe servir para nada.
5. Que el arte debe estar relacionado con la belleza.
6. Que es normal que el arte exista en un mundo elitista.

En su libro, Shiner dice que la definición del arte y lo que esto implica ha variado en el tiempo y en las culturas; nunca ha sido un concepto universal. Sostiene que se trata de un concepto en constante transformación, pues cada momento histórico específico lo ha definido según sus necesidades y convenciones y, por lo tanto, debe ser reinventado para ajustarse a nuevos contextos, inventos y necesidades. Según él, el «sistema moderno del arte» es una construcción histórica.

Menciona que los museos y las élites del arte (como galerías, revistas y marchantes) han mantenido los productos artísticos fuera del alcance de la gente común, y se han encargado de que las personas sientan que «no lo entienden»; y, añado yo, de hacer que los precios sean tan astronómicos que solo los ricos los puedan adquirir. El mundo del comercio ha influenciado muchísimo el cómo se ven y cómo se manejan las artes para sacarles el máximo provecho económico posible.

Shiner muestra que la separación entre arte, artesanía y artes populares solo existe desde hace doscientos años. Nos presenta registros históricos que demuestran cómo antes del siglo XVIII el arte y la artesanía estaban unidos en un solo concepto: el del saber hacer (ars / techné), orientado al uso, la devoción o el ritual.

Dice que a pesar de que movimientos como el Dadaísmo, el Pop Art o el Arte Conceptual intentaron disolver la frontera entre el arte y la vida cotidiana, el mercado del arte, los museos y la crítica profesional terminaron absorbiendo e institucionalizando estas rupturas, convirtiendo la mismísima rebelión contra el «objeto de arte» en nuevas mercancías y piezas de exhibición.

Así que Shiner nos propone romper con las falsas dicotomías: la de artista y artesano; la de contemplación desinteresada versus utilidad o funcionalidad; y la de arte culto versus arte popular. Sobre todo, a Shiner le molesta que las artes domésticas, las músicas populares y los oficios tradicionales sean relegados a categorías de «artes inferiores» (su sueño de que cambien de estatus se está haciendo realidad en Instagram, en mi opinión).

Comparto con Shiner la idea de que la categoría de arte, tal como la entendemos hoy, es una invención cultural. No obstante, hay algo que nos ocurre a todos los humanos, lo nombremos o no: nos sorprendemos, encantamos, apegamos y exaltamos frente a cualquier objeto o comportamiento que alcance un óptimo dirigido hacia una función o característica, o un óptimo respecto a otros elementos de su misma categoría (no comparamos una sonata con un edificio). Esto no es cultural; todos los humanos —del pasado y del presente— estamos programados para sentir dicha, asombro y apego ante las cosas excelsas.

El techo de la mezquita Isfahan, en Irán.

[i]En un segundo libro escrito por Shiner, Art Scents: Exploring the Aesthetics of Smell and the Olfactory Arts, él explica a profundidad por qué debe existir un arte para apreciar con el sentido del olfato y no solo con la vista y el oído. Shiner abre aún más las puertas del mundo del arte, lo cual es interesante.

Pero una vez terminan la música, los discursos y las ceremonias, empieza lo verdaderamente difícil: gobernar.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia. No porque una parte del país lo prefiera, ni porque otra parte lo deteste, sino porque obtuvo la mayoría necesaria en las elecciones y las instituciones electorales hicieron posible la transmisión del poder. Esto debería ser una obviedad en una democracia. Sin embargo, Colombia parece empeñada en convertir hasta las derrotas electorales en una discusión interminable sobre la legitimidad del resultado.

Durante las últimas semanas han circulado narrativas sobre un supuesto fraude electoral que no han logrado demostrar una alteración de las dimensiones necesarias para desconocer el resultado. Es legítimo pedir que cada elección sea vigilada. De hecho, una democracia sana necesita ciudadanos obsesionados con cuidar sus elecciones. Lo que resulta peligroso es convertir la sospecha en una verdad permanente cuando no aparecen pruebas capaces de sostenerla.

Petro puede cuestionar al nuevo gobierno. La oposición puede ejercer una oposición feroz. El Pacto Histórico puede movilizar a sus bases. Todos tienen ese derecho. Lo que no deberían hacer es mantener a millones de colombianos atrapados en una elección que ya terminó. Una democracia no consiste solamente en ganar; también consiste en saber perder.

Y esto vale para todos.

La derecha que llega al poder tampoco puede comportarse como si hubiera recibido un cheque en blanco. Ganar una elección no convierte automáticamente cada propuesta en una buena política pública. La mayoría electoral otorga el derecho a gobernar, no el derecho a tener siempre la razón.

Ese debería ser el comienzo de una conversación adulta sobre Colombia.

¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Cómo se reducirá el déficit? ¿Qué ocurrirá con el empleo? ¿Cómo se recuperará la inversión? ¿Qué hará el Gobierno con la educación? ¿Cómo enfrentará el deterioro de la seguridad? ¿Qué sucederá con las regiones? ¿Cómo se puede recuperar la capacidad del Estado sin convertir la autoridad en arbitrariedad?

Son preguntas menos emocionantes que una pelea en redes sociales, pero mucho más importantes para la vida de los colombianos.

Uno quisiera que el nuevo Gobierno entendiera que la autoridad no consiste solamente en ordenar. Consiste también en hacer funcionar las cosas. La seguridad importa, pero también importa que una carretera se construya, que un hospital funcione, que un joven encuentre empleo, que una universidad produzca conocimiento, que una empresa pueda invertir y que un campesino pueda sacar su producto de una región sin que una organización criminal decida por él.

En ese sentido, el nuevo Gobierno debería ser mucho más ambicioso que la simple revancha contra el petrismo.

Y debería convocar a Colombia, no solamente a quienes piensan como él.

A quienes conocen la conservación de nuestros ecosistemas, a quienes han dedicado su vida a la ciencia, a los economistas que han estudiado durante décadas los problemas del país, a los empresarios que saben crear empleo, a los profesores que conocen las dificultades de la educación, a los líderes sociales que conocen territorios que Bogotá apenas comprende.

Un gobierno fuerte no debería tener miedo de convocar a personas que no piensan exactamente como él, que conservan su propio criterio y que pueden mantener una diferencia intelectual.

Esa sería, de hecho, una señal de verdadera confianza.

Hay otra lección que debería aprender la nueva administración. Colombia no necesita pasar de una guerra cultural a otra. Durante cuatro años la política estuvo atrapada demasiadas veces en la lógica de Petro contra sus contradictores y de sus contradictores contra Petro. Ahora sería lamentable que el péndulo simplemente cambiara de dirección.

El país no votó para reemplazar una tribu por otra.

Votó para cambiar de gobierno.

Y ahí está la oportunidad.

El nuevo presidente tiene la posibilidad de demostrar que una derecha que habla de autoridad también puede hablar de ciencia; que un gobierno que defiende la empresa puede preocuparse por la pobreza; que una política de seguridad puede convivir con la memoria de las víctimas; que la defensa de la familia no necesita convertirse en una guerra contra las mujeres o las minorías; que la libertad económica puede ir acompañada de movilidad social; que el patriotismo puede ser compatible con la crítica y que el orden democrático no necesita enemigos internos permanentes.

Eso sería mucho más interesante que una simple restauración del pasado.

A la oposición, mientras tanto, le corresponde una tarea igualmente difícil: aceptar que el poder cambió de manos.

Petro y Cepeda pueden hacer oposición. Deben hacerla. Pueden investigar, denunciar, protestar y organizarse. Pero deberían dejar de alimentar la ficción de que la democracia funciona solamente cuando gana el sector político propio. Insistir indefinidamente en una elección que no pudieron demostrar fraudulenta no fortalece la democracia colombiana: la desgasta.

Hay una diferencia enorme entre fiscalizar al poder y negarse a reconocerlo.

La primera es democracia.

La segunda puede terminar convirtiéndose en un ardid contra ella.

Colombia tiene problemas demasiado grandes para quedarse discutiendo eternamente quién ganó.

Ahora sabemos quién ganó.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.

La pregunta interesante ya no es cómo llegó a la Casa de Nariño.

La pregunta es qué hará con ella.

Y ahí empieza el verdadero examen.

Porque después de Nessun dorma, después del Vincerò, después de las banderas, los uniformes y la celebración, viene la parte menos cinematográfica de la política: hacer que un país funcione.

Ahora le toca gobernar.