Ese cuento de que toca conquistar al centro puede ser un sofisma: la falacia de distracción.

El otro día la portera me dijo: —“Usted es de los poquitos en este edificio que habla bien de Petro”. La frase me dio mucho qué pensar, porque sé cómo piensan esos otros residentes y cuáles son sus preocupaciones reales.

Más de 17 millones de colombianos pertenecen a eso que llaman la clase media, aquella franja de la población ubicada por lo general en los estratos 3 y 4: Hogares que sumando el ingreso per cápita (por persona), ganan hasta $4.835.315 al mes, según el Dane.

Quienes devengan más de $5 millones de pesos mensuales pueden considerarse clase alta. Por debajo están la clase baja (con ingresos inferiores a $420.676) y la clase vulnerable (con ingresos por debajo de $781.000), de acuerdo con la clasificación que hace la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Según Portafolio, “en 2024, el 34,4% de la población en Colombia se ubicó en la clase media, lo que corresponde a cerca de 17,7 millones de personas en un país con una población aproximada de 51,5 millones”.  Diecisiete millones de almas representan un caudal atractivo para ganar una elección presidencial, sí, pero el asunto es cómo seducir a una población que anhela continuar en ascenso.

Con el 35% de intención de voto que le otorgan las encuestas a Iván Cepeda —una cifra bastante alejada de la mitad más uno para ganar en primera vuelta—, esa clase media puede ser hoy el mayor obstáculo para la izquierda o, al mismo tiempo, representar una oportunidad para buscar dentro de ella los votos que le faltan al Pacto Histórico para siquiera soñar con renovar por otros cuatro años su contrato con la Casa de Nariño.

La clase media son una especie de Ninis: Ni pobres, ni ricos, pero con la ambición lícita de saltar hacia el siguiente estrato (no descender en todo caso). En ese orden de ideas, de manera consciente o inconsciente, podría estar evaluando cuál es ese candidato o programa de gobierno que no se interpone en su lógica aspiracional. Porque la clase media quiere algo más que el pan que reclaman los pobres. 

Quienes se mueven en esa franja, no piensan en términos de derecha, izquierda o centro. Una encuesta callejera sería suficiente para determinar que el ciudadano común no comprende el significado de esas palabras desde una perspectiva ideológica, como no sea asociándolas a un rostro. El colombiano corriente entiende la política en términos de amores y odios, porque eso han implantado en su mente los propios políticos. Por eso, ningún argumento por fuera de esos dos sentimientos convencerá a un convencido de lo contrario.

La clase media piensa en términos monetarios; es decir, en quién sería la persona que mejor les cuide el bolsillo o, dicho de otra forma, quién tiene el remedio menos perjudicial para los privilegios conquistados. Así es como la gente —más pragmática que los políticos— entiende una campaña presidencial. ¿¡Para qué buscarle la quinta pata al gato!?

Es decir, las personas clase media piensan en asegurar su discreto tren de vida —los ingresos suficientes para cubrir ciertas comodidades, léase calidad de vida—: propiedades, colegio medianamente bueno para los hijos, recreación y una vida social activa, viajes y, muy importante, contar con empleada doméstica del estrato 1 y 2 (o al menos con la señora de por días, así las llaman), que en eso la clase media se parece a la clase alta, con marcadas diferencias, claro está.

La clase media colombiana goza de ciertos privilegios pero desea más, y en virtud de ello son personas con una conciencia social más teórica que auténtica. “No tiene conciencia de clase, tiene conciencia de estatus”, dice el filósofo español Antonio Gómez Villar. A mi modo de ver, les puede sonar muy bonito el discurso sobre la justicia social, pero a la hora aplicarlo se muestran reticentes a meterse la mano al dril, precisamente por su condición de Ninis.

Primero está su confort, ganado a pulso, con sacrificio y deudas en los bancos -nadie dice lo contrario-, que las necesidades ajenas. Al fin de cuentas, el capitalismo y el poder adquisitivo se rigen bajó la misma lógica: la del sálvese quien pueda. Es una mirada bastante egoísta en un mundo cercado por la miseria, pero es lo que hay. Por supuesto, los Ninis no tienen la culpa de los millones de desarrapados que pueblan la Tierra.  

Estrato versus sensibilidad social

Mientras la clase alta se protege en su hermética burbuja, viviendo a sus anchas y sin afugias, la clase media considera la paz como algo importante más no urgente, porque la guerra no está en sus narices, ni la pobreza respirándoles en la nuca. Lo que ocurre en los territorios apenas les alcanza para santiguarse a la hora del noticiero, porque luego viene la telenovela y el reality show qué son los más efectivos anestésicos contra la realidad nacional, tan cruda y dura pero siempre ajena, distante.  

Son los pobres (los estratos 1 y 2 o clase obrera que llaman), los que ponen sus esperanzas en el progresismo, en que un día alguien los sacará de pobres como prometía la propaganda de cierta lotería. Los ricos, pero sobre todo los superricos colombianos —aquellos a los que Petro quiere imponerles más impuestos sin conseguirlo— tienen dinero de sobra y saben que necesitan muchas vidas para gastarlo, y aun así no están dispuestos a compartir sus tesoros con nadie. Hay pruebas de ello.

El discurso sobre la redistribución de la riqueza es ese vals que nadie quiere que le toquen. Prefieren poner a salvo su capital en paraísos fiscales, donde cada centavo esté a salvo de gravámenes o cargas impositivas onerosas.  Según el diario El País, el 40% de las personas que hacen parte del 0,01 % con más riqueza de Colombia, admitió que evadió impuestos. No entiendo por qué nadie se ha escandalizado.

En una sociedad tan desigual como la colombiana, la falta de sensibilidad social debe verse como un problema grave que profundiza las injusticias. Veámoslo a la luz de las estadísticas reales. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay más de 10 millones de personas afectadas por el conflicto armado, de las cuales más de 7,8 millones son sujeto de atención y reparación.

Si Colombia fuera un país con conciencia social sobre su tragedia histórica, diez millones de personas y sus familias serían suficientes para elegir a un candidato que ponga la paz como eje central de su plan de gobierno. Pero insisto: la paz no hace parte de la canasta familiar de los colombianos y por eso estamos condenados a la sinrazón de los conflictos no resueltos que continuarán sin nosotros cuando hayamos desalojado este mundo, porque tristemente llegamos a un nivel de polarización tal, que estar a favor de la paz da votos, lo mismo que oponerse a ella.

¿La prueba?  Llevamos diez años y tres gobiernos sin que se implemente debidamente lo acordado con las FARC en 2016. Y peor que eso: si la derecha y la extrema derecha ganan la presidencia, (en cabeza de Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella), figuras como el tribunal de la JEP, creado para buscar verdad, justicia y reparación, podrían desaparecer, y podrían truncarse otros avances significativos.

A tal nivel de inconciencia colectiva hemos llegado, que los propios congresistas que aprobaron la Ley de Víctimas y Restitución de tierras dejaron plantadas a las víctimas el 9 de abril, día escogido para honrar cada año su memoria. Cuando un país pierde el rubor y la vergüenza, ¡qué importa lo demás! A veces pienso que si esta nación se mueve es por osmosis, por una fuerza superior distinta a la humana, porque hace rato se perdió toda voluntad política que permita enderezar nuestro destino común. Y no habrá redención, sin una clase política dispuesta a construir un legado que perdure en el tiempo. Que distinto sería si en 50 años alguien pudiera hablar algo bueno, aunque sea una sola cosa, de alguno de los políticos de hoy. Es pedir demasiado.

Iván Cepeda, doblemente víctima del conflicto colombiano —luego de que asesinaron a su padre en 1994, él huyó por su vida a otro continente— tiene la conciencia social del país perseguido y despojado, pero esa no es una carta suficiente en una nación donde el dinero se ha impuesto sobre la sangre derramada.

Por encima de la paz, e incluso de la seguridad, el colombiano promedio vota con la mano puesta en el bolsillo, no en el corazón. Y la clase media tiene claro que los empresarios (clase alta) generan el empleo que da estabilidad a sus familias, pero no ha entendido que hay una población trabajadora —clase baja y clase media— que está ayudando a generar esa riqueza, que está bien pero mal distribuida. Porque de la clase media hacia abajo todos son clase trabajadora o asalariada, sin importar qué tantos ingresos tengan unos y otros según las odiosas etiquetas de la estratificación socioeconómica. 

El candidato que sea capaz de seducir a esa clase media con un discurso que reconcilie lo económico con lo social —es decir, que tenga la virtud de reconciliar a pobres y ricos, a empresarios y clase trabajadora—, podría inclinar la balanza a su favor de aquí a las elecciones del 31 de mayo.

Me gustaría tener la certeza de que un político y filósofo como Iván Cepeda puede ser esa persona. Pero veo a la izquierda muy triunfalista, alérgica a la autocrítica y demasiado confiada en su liderazgo en las encuestas. En la siguiente columna me referiré a los pecados que podrían arruinar a fiesta. 

No fue un público cualquiera. Había familias indígenas llegadas de territorios lejanos, madres buscadoras con la dignidad intacta, defensoras de derechos humanos, profesores, empresarios, jóvenes, incluso influenciadores. También había excombatientes que hoy le apuestan a algo tan sencillo y tan poderoso como el café y la paz. Gente que probablemente no coincide casi nunca en un mismo lugar, pero que anoche compartió algo más profundo que una agenda: la memoria.

El evento, organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, no fue solo una presentación institucional. Fue, como lo nombraron, un “Complejo de las memorias”: un intento por reunir lo disperso, por darle cuerpo a esas historias que han vivido fragmentadas en las casas, en los territorios, en los silencios.

Y es que la memoria nunca empieza en un escenario.

Empieza en la casa.

Empieza, por ejemplo, en la casa de mi abuelo durante el Bogotazo. En medio del caos, cuando todo parecía dividirse en bandos irreconciliables, él abría la puerta. Escondía liberales. No preguntaba demasiado. Solo entendía que había que proteger la vida. Esa fue su forma de estar en la historia: sin discursos, sin testigos, sin nombre en ninguna placa.

Años después, la violencia se volvió paisaje en los campos. Y mi familia, como tantas otras, entendió lo que era irse. La Guerra de Villarrica no es para nosotros un capítulo lejano: es el recuerdo de lo perdido, de lo que no se pudo cargar, de lo que quedó sembrado en otra tierra.

Luego vinieron otras violencias, otros lenguajes para el mismo dolor. Un tío, estudiante de periodismo en la Universidad Libre de Berlín, corresponsal de El Tiempo, había regresado al país semanas antes, después de entrevistar a Willy Brandt. Fue secuestrado y asesinado en Bogotá. Su historia quedó suspendida, no en el viaje, sino en esa promesa de regreso que apenas comenzaba. Y en otra orilla de la memoria familiar, alguien fue asesinado por militares en la toma del Palacio de Justicia, en medio de ese episodio donde el país entero pareció quebrarse.

Ninguna de esas historias estuvo anoche en el escenario. Pero todas estaban ahí.

Por eso lo de anoche importó.

Porque hubo muchas voces. Voces distintas que tomaron la palabra. Cantadoras del Pacífico que acompañaron y nos abrazaron en un latir de dignidad. Y quizá esa es la palabra que mejor atraviesa lo que ocurrió: dignidad.

Dignidad en cada relato. En cada silencio. En cada presencia.

Dignidad también en la apuesta enorme de todo el equipo del Centro Nacional de Memoria Histórica y en la visión de su directora, María Gaitán: entender que la memoria no es un lamento, sino un entramado de resistencia y esperanza.

Y también —hay que decirlo— un acierto enorme: poner en escena una realidad nacional que no aparece desdibujada en actores abstractos, sino encarnada en las personas que realmente han sufrido el conflicto en sus múltiples formas. No como cifras, no como categorías, sino como vidas atravesadas por la historia.

Vaya acierto.

Porque lo que ocurrió anoche no fue solo la presentación de un museo, ni el anuncio de un proyecto. Fue algo más ambicioso y más necesario: una puesta en escena de la memoria del país. Un intento —valiente, imperfecto, urgente— de hacer visible lo invisible, de darle forma a lo que durante tanto tiempo ha vivido disperso.

El “Espacio de luciérnagas”, el “Umbral de la memoria”, el “Fogón del ubuntu”: más que momentos, fueron gestos. Formas de decir que incluso en medio del dolor, este país sigue buscando cómo encontrarse.

Mi abuelo no estuvo ahí. Mi tío tampoco. Tampoco quienes se quedaron en esa otra historia rota del Palacio.

Pero de alguna manera, sí.

La memoria no necesita invitación formal. Se cuela. Se sienta. Escucha.

Y este encuentro —hay que decirlo con cuidado— no indulta el conflicto ni a sus perpetradores. No borra responsabilidades. No suaviza la violencia.

Pero sí hace algo profundamente necesario: dignifica a quienes han perdido algo en esta guerra.

Que es, al final, una guerra tan colombiana.

Tan nuestra.

El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El mejor legado que se puede tener de una persona es el de poder transmitir, a futuras generaciones y a las propias, no solo la información ni el conocimiento, sino la pasión por el desarrollo y la inventiva humana, que se traduce en cultura. Los mecanismos para transmitir la pasión a generaciones no conocidas han sido siempre una tarea muy difícil, pues requieren múltiples artilugios que permitan apreciar las consideraciones, separar las confidencias, remover los recuerdos y tener un criterio claro, completo y libre de ruidos, el cual une el futuro con el pasado en pensamiento, palabras, idiomas, invenciones e interpretaciones.

Estella Restrepo Zea logró, en muchas ocasiones, llevó estas interpretaciones del pasado a nuestro presente y del presente al futuro lejano. Sus estudios, carácter, propósitos y formación le permitieron crear un mecanismo capaz de comunicar la ciencia, la tecnología, la política y el arte de los siglos XVIII y XIX en sus investigaciones, que perpetuaron sus hallazgos, sacándolos de un letargo temporal hacia una perseverancia, así como las flores en primavera, que son muchas, pero pocas las que dan fruto.

Es así como se desarrolla este ingenioso proceso de transmisión intergeneracional de memoria: Estella nos llevó a un viaje histórico que inició en 1796, en Múnich, donde nos encontramos con Aloys Senefelder, un dramaturgo y músico checo que no tenía mucha fama en sus actuaciones, por lo que el destino lo llevó a incursionar en la escritura del arte dramático con su obra Mathilde von Altenstein, a la que no logró conseguirle un editor. Por ello, decidió realizar una serie de ensayos a fin de poder replicar las publicaciones a través del estampado de una matriz que resultara como un método económico de impresión para difundir sus obras de teatro. En medio de su experimentación, escribió la lista de la ropa que llevaría a la lavandería en una piedra lisa con una crayola; así encontró la técnica que se denominaría en adelante como litografía, considerada uno de los inventos tecnológicos más revolucionarios de la época, cuya fama Senefelder no dimensionó.

Por la misma época, en 1780, en la Universidad de Siena (Italia), el profesor de medicina Paolo Mascagni estaba encontrando los primeros resultados de sus investigaciones sobre el sistema linfático humano, lo que lo llevó a documentar y describir más de la mitad de los elementos anatómicos linfáticos que conocemos hoy en día. Sus hallazgos los realizaba a través de la disección de numerosos cadáveres en condiciones consideradas peligrosas e imprudentes, acompañado por un nutrido grupo de dibujantes que plasmaban, con excelencia artística, el fruto de la herencia del exquisito Renacimiento. Sus descubrimientos quedaron consignados inicialmente en la publicación Vassorum lymphaticorum corporis humani Historia et iconographia y, posteriormente, en la Anatomía Universia (publicada post mortem), que lo consagraron como uno de los más notables anatomistas de todos los tiempos.

Las dificultades de reproducción de sus dibujos, dada su meticulosa definición y detalle, llevaron a los sucesores del legado de Mascagni —Bernardo y Aurelio— a conformar una sociedad anónima para la publicación póstuma de sus obras, contratando como curador y editor al médico Francesco Antommarchi, quien en ese momento estaba siendo recomendado por el cardenal Joseph Fesch para ser el médico de Napoleón Bonaparte. Fue así como, en la isla de Santa Elena, desde 1818, donde permaneció el emperador preso luego de su derrota en la batalla de Waterloo, se encontraron estos personajes.

En ese pequeño y árido islote africano estaban confinados Bonaparte y Antommarchi, quienes conjugaron los dibujos inéditos de la anatomía de Mascagni con la novedosa tecnología de la litografía, cuya idea había sido traída por uno de los visitantes al depuesto emperador: el general Louis François Lejeune, quien estaba fascinado por esta técnica luego de conocer los talleres de Senefelder durante la campaña alemana de las guerras napoleónicas de 1808. Así se confabularon el arte con la innovación técnica, y estas, a su vez, con las invenciones médicas y el poderío político en una obra majestuosa titulada Planches anatomiques du corps humain executées d’après les dimensions naturelles accompagnées d’un texte explicatif, par F. Antommarchi, publicada en París en 1826, cuya edición fue dedicada a Napoleón.

Las 83 láminas anatómicas del cuerpo humano, de tamaño real, que componen la obra, gozan de una precisión y detalle únicos para la época y aun para nuestros días. Litografiadas con especial cuidado, nos conducen a un estudio detallado de cada una de las capas, desde los músculos del cuerpo hasta el esqueleto, dejando una increíble expresividad de los modelos, que semejan estar vivos en medio de una naturaleza vegetal reducida, con el fin de mostrar la grandeza de las proporciones antropomórficas como un canon divino. Tal magnificencia plasmada en el proyecto de las litografías representó para Napoleón su descanso y refugio cuando los guardias presionaban fuertemente su ánimo. Más de una vez fue este pasatiempo el alivio que redujo el peso de sus horas, pues “amaba estudiar el hombre físico y compenetrarse con el hombre moral”, según lo describió el mismo Antommarchi en su diario.

Al morir Napoleón en 1821, Francesco Antommarchi partió a tierras americanas, atracando su barco en Brasil, en Colombia, en México y finalmente en Cuba hacia 1838. El médico encontró en Santiago de Cuba un lugar de remanso a su duro vivir, en compañía de su primo Antonio Benjamín Antommarchi, hacendado cafetero, y de su hermano menor José María Antommarchi, quien estaba casado con la cucuteña Victoria García-Herreros y Santander, con quien tuvo once hijos.

Francesco se dedicó en Cuba al estudio de la fiebre amarilla y trabajó intensamente por combatirla. También llevó a cabo, en la hija del marqués de Moya, gobernador de Cuba, la primera operación de cataratas realizada en la isla, logrando el más completo éxito, lo que desembocó en la fundación de un hospital para que pudieran beneficiarse de sus servicios los numerosos pacientes que sufrían afecciones oculares, encomendándose su dirección a Francesco Antommarchi. La isla había declarado una epidemia de fiebre amarilla que él contrajo, falleciendo a causa de esta enfermedad el 3 de abril de 1838. Luego de su deceso, su hermano José María viajó a Venezuela, donde se estableció hasta su muerte. Su viuda, Victoria García-Herreros, decidió regresar a San José de Cúcuta (Colombia), acompañada de las pertenencias y legado de su esposo y de su cuñado. Tras establecerse en la ciudad fronteriza, su hija Hortensia se casó con José Vásquez Durán.

Ya en Bogotá, José y Hortensia concibieron a Ana Francisca Vásquez Antommarchi, quien años después se casó con Juan Manuel Carrasquilla Hernández, hijo del afamado médico y filósofo Juan de Dios Carrasquilla Lema, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y del San Bartolomé, conocido por haber sido el primer jefe del Departamento Nacional de Agricultura —que luego se convertiría en el Instituto Nacional de Agricultura—, miembro de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, autor de numerosos estudios sobre paludismo y lepra, profesor de medicina de la Universidad Nacional de Colombia y creador del Instituto Carrasquilla para el estudio de la lepra y otras enfermedades infecciosas, donde instituyó un suero llamado leprina, que contenía el cultivo del bacilo de Hansen.

Ana Francisca conocía la pasión de su suegro por la medicina y la anatomía, por lo que decidió entregarle las láminas que con esmero cuidó su tío abuelo y conservó su madre durante tantos años. Sin embargo, el doctor Carrasquilla decidió donar las láminas, junto con libros y estudios, a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia antes de su muerte en 1908.

Pasaron muchos años, y las láminas, perdidas y cubiertas de polvo, reposaban entre miles de libros universitarios. En algún momento del siglo XX fueron dobladas por la mitad, cosidas y empastadas, desconociendo su origen y sus aventuras errantes, extraviadas en el olvido del sótano de la Biblioteca de la Universidad, hasta que, en la década de los sesenta, en medio de los ímpetus de los movimientos estudiantiles y bajo la rectoría del médico José Félix Patiño, el doctor Andrés Soriano Lleras, dedicado médico y entusiasta de la historia de la medicina, avistó un deteriorado y húmedo empaste cuyo contenido parecía ser de buena factura. Pensó en llevarlo a su recién creado museo de historia de la medicina del ente universitario; sin embargo, no encontró suficiente información. El museo funcionó hasta su muerte, en 1974.

Ya nadie vivo podía dar fe de esta epopeya, que se perdía sin recuerdo y sin dolientes. Sin embargo, el destino confabulaba contra el olvido de tan importante obra y, para ello, se valió de la pasión escondida de una talentosa historiadora que siempre quiso ser médica: la antioqueña Estella Restrepo Zea, quien había ingresado como docente a la Universidad Nacional de Colombia en 1975. Durante más de una década buscó piezas y artefactos antiguos utilizados en la enseñanza de la medicina. En 1988 encontró una posible veta que sirviera a su investigación y, junto con el decano de Medicina, Augusto Corredor, trabajó para la reapertura del museo, que se llevó a cabo en 1991. Durante su proceso investigativo encontró los apuntes del doctor Soriano y, con ello, el hallazgo de las extrañas láminas.

Conformó entonces el Grupo de Investigación sobre Historia de la Medicina; trabajó con litógrafos y artistas; entrevistó a profesores de la Facultad de Medicina y a académicos como Zoilo Cuéllar; realizó visitas a museos y bibliotecas de París, Florencia y Siena; leyó el diario de Antommarchi; consultó los programas de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad durante el siglo XIX y la primera mitad del XX; indagó con bibliotecólogas de la Universidad Nacional de años anteriores, y logró aclarar lo fundamental de las preguntas que daban tantas vueltas en su cabeza. Con ello, consiguió desenmarañar la majestuosa trama histórica, volviéndola más valiosa que las mismas láminas, maravillosas por su tradición artística y tecnológica al servicio de la ciencia.

Su impulso no se detuvo allí, pues Estella tenía la misión de evitar que estas piezas volvieran a perderse en el abandono. Emprendió entonces el propósito de restaurarlas en el mejor laboratorio del país y, una vez reintegradas a su forma original, almacenarlas en un espacio especialmente diseñado con las mejores tecnologías de conservación en el Archivo Histórico del alma mater. Logró reproducirlas digitalmente con la mayor resolución y definición existentes a nivel global y, finalmente, consiguió la reproducción numerada de cincuenta réplicas, que fueron entregadas a igual número de instituciones académicas y de memoria en el mundo, a través de la Comisión de la Universidad Nacional para el Bicentenario de la Independencia, conformada por el Gobierno Nacional como reconocimiento al desarrollo de la cultura del mundo en Colombia.

Pero esa pasión que nos permitió desentrañar esta enorme odisea tuvo un nombre propio: Estella Restrepo Zea. Una mujer de semblante sereno, acento paisa y una sensibilidad profunda por los estudios sociales. En ella se adivinaba, casi de forma natural, una vocación temprana por la medicina, como si desde niña hubiese cultivado una sed silenciosa por comprender el cuerpo y sus misterios.

Esa inclinación se transformó, con los años, en una disciplina rigurosa y en una constancia admirable, que la llevaron a recorrer los caminos de la historia con la precisión de quien observa, pero también con el cuidado de quien comprende. Su trato, firme y a la vez maternal, marcó a quienes la acompañaron en sus investigaciones —como Ona Vileikis—, guiándolos con la paciencia de quien no solo enseña, sino que forma.

Historiadora de oficio y por vocación, Estella dedicó su vida a explorar los vínculos entre la medicina, la ciencia y la sociedad. Durante décadas, desde su labor como docente en la Universidad Nacional de Colombia, no solo investigó, sino que sembró preguntas, despertó curiosidades y abrió caminos. Fue, en esencia, una tejedora de memoria: alguien capaz de ver en los fragmentos dispersos del pasado una historia viva, esperando ser contada.

Estella Restrepo falleció el 1 de enero de 2019, dejando su investigación como fuente para la memoria y su pasión cultural para el mundo, Estella aun nos acompaña en esta odisea eterna por la memoria.

Justamente en los quince años recientes, el Valle del Cauca ha logrado potenciar su atractivo ante los ojos de los inversionistas, para que encuentren en esta región del país el lugar estratégico para instalar sus empresas, crecer sus negocios e insertarse a un tejido empresarial sólido y diverso.

En Invest Pacific hemos sido compañeros de este viaje y aquí les comparto algunos de los frutos de este camino:

En 2010 el número de empresas de capital extranjero instaladas en el Valle era de 85, hoy son 261; la inversión extranjera llega hoy a 31 municipios -incluyendo 5 del norte del Cauca-, mientras que quince años atrás era de 15; el número de países de origen de esas inversiones pasó, en ese mismo lapso, de 26 a 47; y las exportaciones desde el departamento de empresas de capital extranjero pasaron de 585 millones a 960 millones de dólares.

No cabe duda de que la inversión extranjera es un motor de desarrollo social y económico. Las más de 260 empresas de capital extranjero presentes hoy en el departamento aportan cerca del 35% de las exportaciones de la región, y sus ventas equivalen a 21% del PIB regional y más del 5% del empleo formal.

Además, durante estos últimos años, Invest Pacific ha acompañado 240 proyectos de inversión extranjera en la región, que totalizan cerca de 2.900 millones de dólares y que han generado más de 26.600 empleos formales.

Hemos hecho un trabajo detallado por evidenciar las ventajas comparativas del departamento para que más empresas extranjeras se instalen en la región y, las ya presentes, continúen con sus planes de crecimiento. De igual manera, hemos aportado a la definición de las narrativas que han permitido elevar el posicionamiento del territorio ante actores de alto nivel internacional.

Hoy, por ejemplo, seguimos posicionando ‘Valle Verde’, una narrativa con la que demostramos las capacidades y facilidades que ofrece el Valle del Cauca para que las empresas alcancen sus retadoras metas de descarbonización; así como también ‘Cali Home4Tech’, una apuesta para que la ciudad se consolide como un territorio inteligente, sostenible y global, impulsando más inversiones enfocadas en tecnología para diversas industrias.

Todos estos resultados son producto de la sinergia de Invest Pacific con sus fundadores y aportantes: la Cámara de Comercio de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, ProPacífico, así como otras alcaldías y cámaras de comercio municipales y más de 60 organizaciones del ecosistema productivo e institucional de la región. De igual manera ha sido clave el apoyo de los miembros del Consejo Directivo de Invest Pacific, ProColombia y demás aliados estratégicos.

Seguiremos trabajando por quince años más de inspiración, conectando al mundo con oportunidades en nuestro territorio, así como cuidando y respaldando todo ese aporte de las empresas de capital extranjero hacia nuestra región.

Por: Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific.

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Caminar, para el pueblo awá, es una forma de aprender el mundo. Andar su territorio —dicen— es la única manera de conocerlo de verdad. “Al caminar se cuentan historias de la cultura y eso para nosotros es mejor que estar detrás del escritorio en una oficina”, explica Yuri Caicedo. Alguna vez, un mayor se lo dijo con claridad a un biólogo: si quería conocer al pueblo awá, tenía que “batir barro”, es decir, internarse por caminos donde no llegan los vehículos, atravesar suelos húmedos que se vuelven barrizales y aceptar que el conocimiento también implica ensuciarse.

Así se entiende la vida en la Reserva Natural La Planada, ubicada en el municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño. Esta área protegida al sur de Colombia es gestionada desde 2010 por el Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo. Allí, bajo la dirección de Caicedo, recorrer el territorio sigue siendo la base para cuidar la selva.

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De esos recorridos surgieron, precisamente, los investigadores awá: un grupo de 18 mujeres y hombres —de entre 24 y 70 años— capacitados no solo para guiar visitas de turismo científico en la reserva, sino también para liderar procesos de educación ambiental en escuelas locales y colaborar en proyectos de investigación junto a universidades, organizaciones e investigadores independientes.

El grupo nació en 2021 cuando los conocimientos ancestrales del pueblo awá comenzaron a dialogar con la investigación científica de la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt.

“Fue un proceso de entrar en confianza y conversación entre investigadores locales e investigadores científicos; lo que se plantea es que todos los actores del proyecto aprendan el uno del otro”, dice Caicedo. “Ayudó mucho caminar en los diferentes senderos de la reserva, conocer e identificar plantas y animales; fue una formación en doble vía para lograr esa participación entre lo científico y lo ancestral”.

Así, la Universidad de Nariño aportó herramientas de monitoreo biológico; el Instituto Humboldt, enfoques sobre turismo, mapeo y dinámicas socioecológicas; y el resguardo, el conocimiento tradicional y su relación profunda con la naturaleza de la región.

“Los investigadores fueron seleccionados por asamblea general, cada uno según sus distintas habilidades y gustos, y se vincularon a cinco diferentes grupos biológicos: aves, mariposas, plantas útiles, plantas epífitas vasculares y anfibios y reptiles”, describe Caicedo.

Una reserva para la investigación

La Reserva Natural La Planada se encuentra en un paisaje oculto entre nubes bajas. Enclavada en las montañas del suroccidente colombiano, esta área protegida despliega 3200 hectáreas de bosque de niebla ubicado entre los 1200 y 2300 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente pacífica de los Andes. Es territorio del pueblo awá, que se nombra a sí mismo Inkal Awá, “gente de montaña”.

Aquí, la selva no es solo un entorno: es Katsa Su, la “casa grande”, un espacio vivo donde la comunidad habita en relación con los ciclos naturales y los espíritus del territorio.

Ubicada en un punto estratégico del corredor biológico Chocó-Darién, la reserva se ha consolidado como un sitio clave para el flujo e intercambio de especies entre Norte y Suramérica. Esa posición privilegiada explica su extraordinaria biodiversidad: datos del Sistema de Información de Biodiversidad (SiB) Colombia —resultado de un proceso de organización y sistematización de registros biológicos, literatura y monitoreos realizados junto a investigadores awá y la Universidad de Nariño— indican que en la zona se han registrado al menos 2144 especies de flora y fauna. Esto representa el 21 % de las especies reportadas para el departamento de Nariño y el 2.8 % del total nacional.

En La Planada habitan más de 400 especies de aves, equivalentes al 23 % de las registradas en Colombia. Entre las más destacadas, se encuentran el terlaque de Nariño (Andigena laminirostris) y una amplia variedad de tangaras.

Además, se registraron 324 especies de mariposas diurnas, 57 anfibios, 25 reptiles y al menos 24 especies de mamíferos, entre ellas el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el puma (Puma concolor), el kinkajú  (Potos flavus) -también llamado tejón- y el mono aullador de manto (Alouatta palliata).

La riqueza vegetal también es excepcional: se han identificado más de 1000 especies de plantas, incluidas más de 300 variedades de orquídeas. Esta abundancia le valió una de sus descripciones más emblemáticas: en 1991, el botánico Alwyn Gentry la denominó “el imperio supremo de las epífitas”, en alusión a la impresionante presencia de estas plantas que crecen sobre los árboles.

“Nuestros ancestros han sido científicos de naturaleza porque han convivido en medio de la flora y la fauna”, dice Irene Caicedo Guanga, investigadora awá sobre plantas epífitas. “Con la parte científica occidental pudimos reforzar nuestros conocimientos; yo creía, según mi conocimiento ancestral, que solo existían las orquídeas grandes, pero aprendí que hay orquídeas diminutas que no se pueden observar a simple vista”.

Según el SiB, dadas las condiciones ecológicas y evolutivas de la reserva, esta alberga 112 especies endémicas para el país. Dentro de ellas se registran 107 plantas, cinco animales y 29 especies migratorias. Igualmente, la reserva alberga 50 especies con alguna categoría de amenaza, como la rana venenosa de La Planada (Paruwrobates andinus), en peligro crítico de extinción.

“Aquí no se colecta”

En 2023, los investigadores awá publicaron sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Esta información se recopiló a través del intercambio entre participantes de talleres y actividades de documentación y caracterización de la reserva, así como en el diálogo de intereses, perspectivas y características del vivir de los awá.

“Desde mi experiencia como investigadora awá el proyecto ha sido un éxito porque desde nuestra ancestralidad hemos podido compartir con los científicos de la academia occidental a través del proyecto de turismo científico”, agrega Caicedo Guanga.

Uno de los ejercicios participativos con investigadores awá permitió identificar 95 especies clave en la Reserva Natural La Planada —61 plantas y 34 animales—, valoradas no solo por su utilidad, sino también por su vínculo cultural, espiritual y cotidiano con la comunidad.

Los resultados revelaron un dato alarmante: al menos 34 de estas especies han disminuido drásticamente o desaparecido en otras zonas del territorio awá debido a la deforestación y la degradación ambiental. En este contexto, la reserva ha funcionado como un refugio vital, al albergar de forma exclusiva 41 de estas especies. Entre los casos más representativos está el palmito (Prestoea acuminata), un alimento tradicional que hoy casi ha desaparecido fuera de la reserva.

“Los recorridos son bastante importantes”, dice Germán Libardo Ortiz Nastacuas, investigador awá de plantas útiles. A sus 58 años y con tres décadas de experiencia como guía, recuerda especialmente la primera vez que explicó la importancia del palmito: “Recuerdo tanto la primera vez que explicaba la importancia del palmito, que es un alimento tradicional para nosotros los awá y los campesinos mestizos en Ricaurte, y que también es una planta que sirve para hacer los techos de las chozas”.

Para él, estos espacios tienen un valor que trasciende la enseñanza. “A nosotros nos queda la satisfacción de haber explicado, compartido y que otros aprendan, que no se quede ahí el conocimiento y se pierda el saber nuestro, sino que otras personas también sepan qué tanta importancia tiene la Prestoea acuminata”, comenta.

El grupo de la Universidad de Nariño y del Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo desarrolló extensas jornadas de campo, en las que identificaban especie por especie en cada punto del territorio. Durante dos años recorrieron la zona con libreta en mano, documentando cada hallazgo.

“Todos iban adquiriendo conocimiento, tanto práctico como teórico, sobre las aves y las plantas, sus nombres científicos y comunes, mientras iban seleccionando y colectando información en sus libretas”, explica Yuri Caicedo.

Históricamente, la reserva se ha consolidado como un referente de investigación a nivel nacional e internacional, con más de un centenar de estudios sobre la biodiversidad que han aportado información clave de todos los grupos biológicos. Sin embargo, en los últimos años, la formación de investigadores awá en ámbitos biológicos, ambientales y socioculturales ha marcado un nuevo rumbo.

Este proceso ha impulsado líneas de investigación prioritarias, ampliando el enfoque hacia temas como el manejo de recursos —incluyendo energías limpias, sistemas de agua y gestión de residuos—, la construcción de una política de manejo de fauna, así como áreas emergentes como la bioacústica, la gastrobotánica, el monitoreo comunitario y la recuperación de la lengua y las expresiones culturales del pueblo awá.

Así, la reserva y sus investigadores se convirtieron en los primeros actores comunitarios en publicar datos en el SiB de Colombia, abriendo un camino inédito para que las comunidades locales participen activamente en la construcción, publicación y difusión del conocimiento científico.

Bajo el mandato del pueblo Awá, este territorio ha sido declarado tangán de la biodiversidad. Este concepto cobra especial significado al entender su origen: en la vida cotidiana awá, el tangán es un espacio dentro de las cocinas familiares donde se resguardan y conservan elementos esenciales.

Esa visión redefine las reglas de la reserva: en La Planada no se permite la caza —ni siquiera para subsistencia—, tampoco derribar vegetación ni la colecta científica que implique sacrificar animales. La decisión marca un punto de inflexión en la investigación biológica en Colombia, al anteponer la ética y la espiritualidad a las prácticas occidentales de estudio.

“Como expertos de su territorio, nos enseñaron a entrar en su dinámica y sus normas, a conocer la parte espiritual y todo lo que los mayores recomiendan”, dice Andrés Felipe SantoDomingo, investigador en ciencia participativa y enfoque biocultural del Instituto Humboldt. “Dentro de eso, una pauta fuerte que tiene la reserva y que los investigadores awá hacían cumplir, es ‘aquí no se colecta’. En este territorio se colectó antes, cuando no pertenecía al resguardo, pero ahora tienen el principio de cuidar la vida en todas sus manifestaciones”.

Turismo científico para la conservación

La Reserva Natural La Planada comenzó su historia a inicios de la década de 1980, impulsada por una fundación civil. Sin embargo, desde 2010 su rumbo cambió: la administración pasó al Resguardo Awá Pialapí Pueblo Viejo. Desde entonces, es la propia comunidad awá la que lidera su manejo y conservación, construyendo alternativas desde el territorio.

A través de un modelo de turismo científico de naturaleza, la reserva se ha abierto a investigadores y visitantes, quienes se integran a una Red de Amigos de La Planada, lo que ha permitido incrementar el conocimiento sobre la biodiversidad y aspectos sociales de la zona.

“Desde el momento que la reserva fue entregada en calidad de donación al pueblo awá, se adquirió el gran compromiso de cuidar igual o mejor que antes. Con grandes desafíos, hemos logrado cumplir ese objetivo”, afirma Caicedo.

Durante décadas, el pueblo awá ha enfrentado las consecuencias del conflicto armado, en un territorio marcado por la violencia y el desplazamiento de varias de sus comunidades. Frente a este contexto, surgió desde las propias comunidades la necesidad de generar alternativas que garantizaran ingresos directos y sostenibles. Así, con el apoyo de la Gobernación de Nariño y el Instituto Humboldt, se impulsó un proyecto que no solo promoviera la investigación y gestión de la biodiversidad, sino que también abriera oportunidades económicas a través del turismo científico.

En este camino, la reserva logró articular a distintos actores —agencias de viajes, universidades y otras instituciones— para consolidar un modelo que combina conservación y experiencia en campo. Como parte de esta apuesta, se diseñaron senderos interpretativos con guiones que orientan a los guías sobre cómo explicar la biodiversidad en cada recorrido, identificando zonas clave según los grupos biológicos. Esto permite que, al recibir visitantes, los recorridos sean más precisos, educativos y conectados con el entorno.

“Hay varios senderos donde ellos lograron identificar, por ejemplo, dónde hay mayor concentración de epífitas o de ranas y lagartos para que, al momento de que lleguen los turistas, puedan llevarlos al lugar indicado”, agrega Caicedo.

Actualmente, el impacto de La Planada trasciende sus propios límites. En el municipio de Ricaurte se ha convertido en un punto de partida: otros resguardos comienzan a replicar su modelo de conservación, delimitando zonas de reserva y desarrollando sus propios procesos de monitoreo de fauna y flora. La experiencia se comparte de mano en mano: investigadores awá viajan a otros territorios para intercambiar conocimientos y capacidades.

El siguiente paso ya está en marcha: llevar a niños y niñas de las escuelas locales a la reserva para que crezcan entendiendo el valor de la biodiversidad que los rodea.

“Nosotros, como awá, nos hemos criado toda la vida con la fauna y la flora, y desde temprana edad nuestros padres nos enseñaron los nombres de cada planta”, concluye Germán Libardo Ortiz Nastacuas. “Los recorridos dentro de la reserva para nosotros son un orgullo porque nos sentimos juntos, dándoles a conocer a los visitantes la importancia de nuestra reserva”.

*Imagen principal: en 2023, los investigadores awá publicar sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Foto: cortesía Banco de Imágenes Ambientales (BIA) / Instituto Humboldt.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Y en su KEEP WALKING hoy nos trae este VIAJE en el que se VIVE así..:

“MAPY por el MUNDO… HOY: BRUJAS…

En el país de las mejores cervezas del
mundo, toca cambiar el café por una de
esas deliciosas bebidas que tanta sed
calman y tanto divierten.

La Venecia del Norte, llamada así, no sólo
por sus canales sino también por su
prosperidad gracias a ellos, fue durante
siglos, del XIII al XV, y gracias a su puerto y
a sus rutas comerciales, sobre todo de
lana, la Perla de Flandes.
La arquitectura gótica es impactante,
magnificamente conservada nos sumerge

La Grotte Markt, la Plaza del Mercado,
rodeada de casas típicas flamencas, con
fachadas de ladrillo y tejado en escalera
Stepped gables que hoy en día alojan
restaurantes, cervecerías, comercios… en
otra época fueron las casas de los
gremios, Guild Houses, agrupaban a
diferentes gremios, profesionales de
diferentes sectores, panaderos, curtidores,
cerveceros, barqueros, carniceros,
tejedores, precisamente este, el de los
tejedores, Wevers, era uno de los más
poderosos, controlaba la producción de
paños, tenían en la misma plaza su propia
“Sala de Paños”. . Consiguieron acabados
de calidad, tejidos finos y codiciados. Hoy
en día se ven escaparates con bordados y
paños maravillosos. Me encantan! Los
gremios protegian el prestigio del
producto, la lana más apreciada era la que
importaban de Inglaterra.

Imagino La Torre Belfort, una imponente
construcción medieval de 83 metros,
robusta, poderosa, centro económico y
administrativo de la ciudad ¡366
escalones! Son los que hay que subir para
llegar a la parte más alta, ¿ te animas?

Recomiendo mucho pasar al menos una
noche en Brujas, Brugge, luces cálidas y
tenues sobre las fachadas, sombras
proyectadas en las calles empedradasu,
reflejos en los canales, hacen un ambiente
íntimo y único, cruzar uno de numerosos
puentes hace que volvamos al Medievo,
llegar hasta el Minnewater, el Lago del
Amor, nos lleva a la magia de las leyendas,
al romanticismo, perfecto para el final de
la visita y culminar degustando una
cerveza local.

El río Zwyn que dio prosperidad a una de
las ciudades más bellas de Bélgica,
proporciona una red de canales digna de
recorrer. Os invito a tomar uno de los
barcos en cualquiera de los muelles, que
durante media hora navegan, por las
pintorescas calles acuáticas de Brujas.

Durante mi paseo percibo el olor
inigualable del chocolate, paso por
diferentes fábricas artesanales de este
producto que se ha convertido en una de
las señas de identidad de Bélgica y no
tengo más remedio que entrar en una de
ellas y comprar varios pralines
¡buenísimos! No puedes irte sin probarlos.
El mejor chocolate del mundo, dicen los
entendidos.

Visitar Brujas en primavera es delicioso,
los narcisos del Beginario, Begijnhof,
procuran un paisaje único, espiritual,
tranquilo, un remanso de paz para mujeres
solas, solteras o viudas, sin protección en
la sociedad medieval. Desde 1245 han
convivido en este espacio comunidades
de mujeres dedicadas a la caridad, al
trabajo, dedicadas a protegerse, humildes,
sin votos perpetuos, no eran monjas, eran
beguinas ¡eran mujeres valientes! Fue una
forma única de vida femenina autónoma e
independiente en la Europa medieval,
admirables.

Viajar es vivir, vivir es viajar.
Mapy de la Rosa”

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Miles de albatros atraviesan todo el océano Pacífico desde Nueva Zelanda para alimentarse frente a las costas de Perú y Chile. Les atrae la alta productividad del ecosistema de la corriente de Humboldt, pero no son los únicos que llegan. También lo hacen embarcaciones que pescan con palangre. Los albatros van tras las carnadas, se quedan enganchados en los anzuelos y mueren bajo el agua. Para disminuir su mortalidad, científicos peruanos y neozelandeses están estudiando estas aves y probando medidas de mitigación.

“Las posibilidades de que se produzca una captura incidental en la pesquería de tiburón [Isurus oxyrinchus y Prionace glauca] son menores que en la pesquería de perico [Coryphaena hippurus]”, dice en conversación con Mongabay Latam Javier Quiñones, biólogo marino del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), sede Callao.

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Esta es una de las conclusiones sobre las pesquerías que se traslapan con las temporadas de alimentación de al menos 21 especies de albatros, petreles y pardelas que, además de Nueva Zelanda, provienen de Galápagos, Ecuador, el sur de Chile y zonas subantárticas.

Quiñones atiende la llamada desde una embarcación que tiene como pesca objetivo al perico y que zarpó desde el puerto de Ilo, en el sur de Perú. Se embarcó para probar el uso de plomos con el objetivo de que los anzuelos se hundan rápidamente fuera del alcance de las aves buceadoras. Esto es parte de un proyecto que lleva a cabo con su colega Ana Alegre, también del IMARPE, y el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda.

En una iniciativa anterior, Quiñones acompañó a pescadores de tiburón azul y diamante y probó líneas de espantapájaros en popa, mitigación lateral, retención de carnadas que no capturaron presas y buenas prácticas de disposición de vísceras de tiburón. “Estamos probando qué va a funcionar y qué no”, puntualiza el especialista.

Determinar qué funciona en los países donde se distribuyen estas aves, tomando en cuenta las diferencias en los artes de pesca utilizados y la magnitud de las pesquerías, será fundamental para proteger a un grupo que está entre las aves más amenazadas del mundo, según el Acuerdo para la Conservación de los Albatros y Petreles (ACAP, por sus siglas en inglés).

Los albatros cumplen un papel importante en los ecosistemas marinos. Se desempeñan como depredadores y carroñeros de alto nivel trófico en el océano abierto, contribuyendo a regular poblaciones de peces, calamares y crustáceos. También llevan nutrientes del océano hacia ecosistemas insulares a través de sus excrementos.

Además, son indicadores de la salud del océano. Los cambios en sus poblaciones o comportamiento pueden reflejar alteraciones en la disponibilidad de presas, cambios climáticos o presión pesquera.

Una migración sorprendente para alimentarse

Los albatros de Chatham (Thalassarche eremita) realizan esta sorprendente migración de más de 7000 kilómetros en un tiempo récord de entre siete y 15 días. Las aves utilizan los vientos de deriva del Pacífico sur como una carretera y vuelan sin aparente descanso. Aunque sí lo hacen, ya que durante el viaje, un hemisferio de su cerebro duerme mientras el otro permanece despierto.

Esa primera carretera los conduce a la isla de Chiloé, en el sur de Chile. “Después, agarran la segunda carretera, que son los vientos alisios, que van del suroeste al noroeste, y llegan hasta aguas del sur del Perú”, describe el biólogo marino.

A 200 metros de profundidad, donde la plataforma continental se quiebra, se forma un frente oceánico. Allí las aguas frías costeras se encuentran con las aguas oceánicas cálidas, generando turbulencia. Esto provoca un boom de fitoplancton, que a su vez desencadena la producción de pequeñas especies de crustáceos y cefalópodos o “calamares pequeñitos y medianos”, explica Quiñones. “Ahí están comiendo los albatros en cantidad”, relata.

Ya en la zona, a las aves también les atraen las carnadas usadas en las pesquerías de tiburón y perico. Además, los pescadores arrojan al mar las vísceras de los tiburones pescados y eso funciona como un imán. “Es como un manjar para los albatros y petreles”, de acuerdo con el especialista. Esta práctica incidiría en una mayor interacción entre las aves y las embarcaciones, por lo que se están planteando medidas destinadas a mitigar este impacto.

Seis especies enfrentan mayor peligro

El albatros de Chatham está clasificado como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Es una de las que más preocupa a Quiñones y a su colega Carlos Zavalaga, director de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur en Perú.

Esta especie, explica Zavalaga, se reproduce en un lugar muy delimitado: en una cueva de una pequeña isla neozelandesa, de la que toma su nombre. “Eso significa que estos albatros están sumamente restringidos a una localidad en particular, si pasa algo, toda la población desaparecería”, dice el investigador.

Otra especie de gran interés es el albatros de las Galápagos (Phoebastria irrorata), un ave que vuela unos 1400 kilómetros desde Ecuador para alimentarse en aguas peruanas. El ave está clasificada en Peligro Crítico, una categoría previa a la extinción en estado natural.

Esta especie también se reproduce en una sola isla, en Española, lo que la hace bastante vulnerable, de acuerdo con Zavalaga. “El gran esfuerzo que se hace [por protegerlos en las zonas de reproducción] se diluye cuando los albatros son tan vulnerables en aguas peruanas”, explica.

Asimismo, a los especialistas les preocupa el albatros de Salvin (Thalassarche salvini) y el petrel negro (Procellaria parkinsoni), provenientes de Nueva Zelanda y ambos clasificados como Vulnerables por la UICN.

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Quiñones ha identificado que el petrel de barbilla blanca (Procellaria aequinoctialis) y la pardela de patas rosadas (Ardenna creatopus) son bastante agresivas a la hora de competir por las carnadas, lo que las vuelve más susceptibles a caer en anzuelos. La primera anida en varias islas subantárticas y la segunda cría a sus polluelos únicamente en la isla Mocha y en el archipiélago Juan Fernández, en Chile. Las dos están clasificadas como Vulnerables.

La pesca es incidental y la mortalidad es alta

La pesca artesanal de perico se realiza de octubre a febrero. El albatros de Galápagos es una de las especies que más coincide con esta pesquería, especialmente en el norte de Perú. Pero también concurren el petrel de barbilla blanca, la pardela de patas rosadas y el albatros de Salvin, de acuerdo con Quiñones.

La pesca artesanal de tiburón, legal en Perú para ciertas especies, se da entre mayo y agosto. En esos meses hay mucha densidad de albatros y petreles en aguas del sur de Perú, señala el biólogo de IMARPE. El albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris), que proviene de la isla chilena Diego Ramírez, el punto más austral de Chile, y el petrel de barbilla blanca son las especies que más coinciden. También llegan el albatros de Buller (Thalassarche bulleri), una especie que anida en varias islas neozelandesas, y el de Chatham.

En este contexto, varias especies de aves marinas son víctimas de la pesca incidental. “El número de aves capturadas por una embarcación en un viaje puede ser cero o solo una o dos, sin embargo, dado el gran tamaño de estas flotas, la cantidad de pesca incidental y la mortalidad pueden ser motivo de preocupación para estas especies”, dice vía email Jeffrey Mangel, director científico de Pro Delphinus Perú, una organización dedicada a la conservación de la fauna marina.

Las aves pueden tragarse o engancharse a los anzuelos del palangre, también conocido como espinel, o pueden enredarse en las líneas del arte de pesca. Las pesquerías de redes de enmalle también representan un peligro para estos animales.
En muchas ocasiones, se ahogan ante la imposibilidad de liberarse y en otras pueden resultar severamente heridos. “Incluso si es que logran escapar o son liberados por los pescadores, pueden quedar con heridas que les podrían causar la muerte”, añade Mangel.

Aunque no hay números definitivos de cuántas aves mueren cada año en aguas peruanas, las estimaciones basadas en muestreos y entrevistas “arrojan números alarmantes”, advierte Zavalaga. “Hablamos de cientos, hasta miles de individuos muertos solo en Perú”, puntualiza.

Seguimiento satelital para desarrollar soluciones

Nueva Zelanda tiene un programa intensivo de seguimiento satelital de aves marinas, de acuerdo con Igor Debski, asesor científico principal del área marina del Departamento de Conservación del país.

El programa ya ha mostrado las rutas migratorias a través del Pacífico de varias especies de albatros y petreles y ha contribuido a orientar proyectos colaborativos entre las instituciones peruanas y neozelandesas destinados a mitigar la captura incidental, añade el especialista. Este año se colocaron 20 transmisores satelitales en albatros de Chatham.

El seguimiento satelital busca determinar cuánto tiempo interactúan las aves con las embarcaciones, explica Zavalaga, quien ha participado en los estudios. “Una vez que identifiquemos esto, podemos dar recomendaciones con base científica”, anticipa.

Por ahora los científicos están trabajando en entender mejor las rutas en las que se encuentran las aves y las embarcaciones y en determinar cuáles son los mejores métodos de mitigación. Quiñones ya encontró que el uso de líneas de espantapájaros durante la pesquería de tiburón redujo la frecuencia de buceo de las aves hacia las artes de pesca en un 96 %, según lo documentó en un reporte publicado a finales de 2025.

La línea de espantapájaros adaptada a la pesquería de tiburón consiste en colocar en la popa un palo de eucalipto de unos siete metros. A la punta se ata un sedal o línea de polietileno que cae de manera perpendicular hacia el mar. Y en la línea se sujetan cabos rojos y cintas iridiscentes que con el movimiento asustan a las aves, evitando que se acerquen. Esta es una medida de disuasión económica y que se fabrica con materiales locales. No tiene que usarse durante toda la temporada, sino solo durante el otoño y el invierno, cuando hay mayor densidad de aves.

Ahora queda por conocer qué funcionará mejor en la pesquería de perico. Una vez que los científicos tengan respuesta a esas preguntas, tendrán que ser elevadas a políticas nacionales para promover su adopción, empezando por capacitar a los pescadores.

Quiñones cree que el tema se debe abordar de manera integral, motivándolos a capacitarse a través de incentivos económicos y reconocimientos a quienes demuestren el uso de buenas prácticas mediante videos.

Entre tanto, Zavalaga señala que la colaboración internacional seguirá siendo clave en la investigación para la conservación de estas aves marinas altamente migratorias que contribuyen al equilibrio de los océanos.

*Imagen principal: un albatros de Salvin saca la carnada del anzuelo sin resultar herido. Foto: cortesía Javier Quiñones.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Nota preliminar: Se encuentra en producción la película titulada En el valle de las Sombras, dirigida por Sebastián Cordero, con Gael García Bernal, Margarita Rosa de Francisco, Natalia Reyes y Claudio Cataño, entre otros intérpretes. Considero oportuno, rescatar este texto publicado hace varios años en diversos medios, sobre un relato que no es muy conocido de H. G. Wells, relacionado con Bogotá.

Herbert Georges Wells llegó a Bogotá en 1899 en plena víspera del siglo XX, aunque aquella era todavía una ciudad en blanco y negro con matices grises, poblada de personas silenciosas, admiró sin embargo, las altas montañas que rodeaban esa planicie, ideal lugar para un asentamiento humano. Es posible que se haya cruzado con la sombra del poeta José Asunción Silva, símbolo de la gran ciudad taciturna, que apenas tres años antes la abandonó en medio de la bruma y el misterio.

H. G. Wells, conocedor de la historia e interrogador del futuro, no se sabe si a bordo de su ingeniosa máquina del tiempo, desde aquella fría comarca, emprendió un viaje a un territorio perdido, vecino posiblemente del mítico El Dorado, extraviado igual que aquel, entre cumbres andinas y selvas amazónicas, llamado el país de los ciegos. Allí llegó y para no despertar sospechas, se hizo llamar Núñez.

“-¿De dónde viene, hermano Pedro? -preguntó uno de los ciegos a otro.

-Del lado de allá de las montañas -respondió Núñez-; de las comarcas distantes donde todos los hombres ven… Vengo de Bogotá, ciudad que tiene miles y miles de habitantes; y he cruzado los altos montes que no os dejan ver el mundo… -Sí, Bogotá. Una ciudad inmensa en comparación a vuestra aldea… Vengo del vasto mundo de los hombres que tienen ojos y ven… 

…En la distancia creyó entrever a Bogotá con sus calles anchas serpeadas de luces, animadas bajo la claridad gloriosa del día y vivas aún, sin tinieblas absolutas, bajo el luminoso misterio de las noches. Y pensó en los palacios, en las fuentes, en las estatuas, en las casas blancas…” 

El señor Wells ó Núñez como quiera llamarle quien esto lea, pensaba que el tuerto era rey en tierra de ciegos, pero la verdad es que los no videntes no creían en todas las cosas que este hombre hablaba sobre el mundo, así que lo consideraron un enfermo, un loco, un ser inferior que debía ser educado, para vivir en esa sociedad, lo cual se conseguiría con una simple operación quirúrgica. 

Es probable que el lector cuando se transmuta en depósito de imágenes de cine y televisión, confunda el rostro de Wells/Núñez con el de Lee Marvin, otro reconocible nombre que aparece en la moviola de sueños, pues con el rostro de Marvin fue conocido el autor/personaje en el año de 1962 al protagonizar un episodio titulado The Richest Man in Bogota, capítulo de la serie The DuPont Show of the Week. Puede que también haya escuchado el relato en 1954 en una emisión de radio británica, en la camaleónica voz de Sir Laurence Olivier. 

Esta historia habla sobre el fenómeno que ha caracterizado la historia, vigente durante este este inicio convulso del tercer milenio, el frecuente choque de civilizaciones, de hombres que piensan tener la última palabra, la razón, la verdad absoluta, frente a otras ideas, creencias y religiones. La crónica de viaje del Sr. Wells parecería ser un cuento fantástico, algo simple, pero revela la continua intolerancia que caracteriza al ser humano, en un viaje iniciado en esa fría y distante capital de sueños, habitada por ciegos, tuertos, videntes y visionarios.

Si el lector ocasional, duda sobre el viaje emprendido por el señor Wells, puede consultar su testimonio escrito en un libro, guardado celosamente como otros miles, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, entrañable sitio en donde realicé este descubrimiento hace algunos años, en los días que Bogotá adquiría diversos colores y salía del espectro monocromático, a finales del siglo XX. La persona curiosa o incrédula, posiblemente pueda realizar el mismo hallazgo, en esa dimensión infinita llamada Internet, luego de teclear unos pocos nombres y conjurar el moderno oráculo. 

Sin embargo, recomiendo a quien pueda hacer el viaje personal, salir del país de los ciegos e ingresar al barrio de la Candelaria de la añeja Santa Fe (hoy multifacética Bogotá), transitar por la calle de la fatiga, sentir el cansancio en las piernas y luego poder disfrutar de la cómoda lectura en una de las salas de la Luis Ángel, mientras goza de la vista que ofrece, el horizonte recortado por cerros aledaños. 

Después de leer, el visitante puede entrar a la cafetería de la biblioteca, pedir un buen café colombiano, añorar la nave del señor H. G. Wells e imaginar que más allá de Monserrate, en alguna parte, está el país de los ciegos. Al salir de la biblioteca quizás se tropiece con Núñez, Marvin, Olivier, García o Wells, quienes ingresan apoyados en un bastón para buscar libros escritos en sistema braille. 

Dixon Acosta Medellín

Bogotano errante que a ratos aparece en Twitter como @dixonmedellin y en Bluesky como @dixonacostamed.bsky.social

P.D.: Aquí se puede escuchar el relato en inglés en la voz de Laurence Olivier: https://www.youtube.com/watch?v=2Dy_qldjLJ4

Nota final: Una versión previa de este artículo se publicó originalmente en Revista Cronopio y posteriormente en Revista Cosmocápsula.