La memoria política, una responsabilidad ciudadana

Si no somos capaces de hacerlo colectivamente, entonces jamás podremos forjar una comunidad política democrática, en donde no pueden caber las luchas a muerte entre enemigos, como lo llevamos haciendo hace ya más de medio siglo. De allí el sentido profundo de esta reflexión de Tzvetan Todorov[i], escritor, crítico y lingüista francés de origen búlgaro: “El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”. Justamente para ello “La Paz Querida”, un colectivo de ciudadanas y ciudadanos de Cali, comprometidos con la paz política imprescindible para la democracia y el cumplimiento pleno del artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, ha invitado a la politóloga, investigadora y escritora Helena Uran Bidegain, para conversar sobre memoria y democracia. El conversatorio tendrá lugar en la Cinemateca de Cali este próximo martes 26 de mayo a las seis de la tarde, entrada libre, y esperamos contar con una nutrida asistencia, pues Helena ha publicado dos libros que arrojan luces sobre uno de los acontecimientos más tenebrosos de nuestra historia política reciente, que no podemos olvidar si queremos vivir democráticamente, como lo fue el asalto al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte de un comando del M-19, su posterior incineración y destrucción por la violencia excesiva y devastadora de la Fuerza Pública, que dejó un saldo de 98 víctimas mortales y un número de desaparecidos todavía por precisar, que oscila entre 11 y 20 personas.

En sus libros Mi vida y el Palacio, publicado en 2020 y el año pasado Deshacer los nudos, busca con rigor, valor y desgarradora sensibilidad esclarecer las oscuras circunstancias en que perdió la vida su padre, Carlos Horacio Uran, entonces magistrado auxiliar del Consejo de Estado, quien salió gravemente herido con vida del Palacio, pero inexplicablemente luego es encontrado su cuerpo sin vida en el interior del mismo. Por esos atroces hechos y la desaparición de otros rehenes, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014[ii], sin que la totalidad de la sentencia haya sido cumplida.

No más “Palacios de Justicia”.

En parte por ello, Helena se ha consagrado al esclarecimiento de lo acontecido, pero sobre todo porque sin una memoria política capaz de dar cuenta de tan aciaga fecha, precisando las responsabilidades políticas y las culpabilidades penales de sus máximos responsables, siempre estaremos expuestos a que hechos semejantes se repitan continuamente, como lamentablemente sigue sucediendo. Hoy, según el reciente informe del CIRC, Colombia vive la mayor catástrofe humanitaria del continente: “El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados. Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %”[iii]. Unas terribles cifras que nos demuestran que lo sucedido en el Palacio de Justicia no ha cesado, pues como bien lo señaló el entonces procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe: “En el Palacio de justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Y esa crisis continuó y se profundizó con la degradación del conflicto armado interno, al punto que, por su negación y una supuesta cruzada oficial contra el terrorismo, la Directiva 29 del 2005[iv] del ministerio de defensa, en cumplimiento de la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe, derivó en la comisión de más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”[v]. Para intentar contener esa violación sistemática de los derechos humanos y las masivas infracciones del DIH, Helena está promoviendo la “Fundación Carlos Uran, Memoria para la democracia”, y nos contará en el conversatorio sus principales metas y acciones en desarrollo.

La Memorializacion de instituciones del horror

Una de sus estrategias principales es la llamada “memorialización”, en palabras de Helena en reciente entrevista con la periodista Cecilia Orozco en este diario[vi], consiste “en que no se puede volver normal la naturalización del horror. La arquitectura y los espacios oficiales guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que sirvan para la pedagogía democrática. En el caso del Cantón Norte, no debemos seguir actuando como si nunca hubiera sucedido nada, como fueron los hechos ocurridos con ocasión de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en donde desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias personas. Allí, por ejemplo, debería fijarse una placa en que se consigne que en esas instalaciones se cometieron crímenes de lesa humanidad y que un número importante de víctimas fueron torturadas. El Museo del Florero tendría que dedicar un espacio importante a exposiciones y otras tareas pedagógicas para que se explique que fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos”. Para continuar conversando con Helena sobre esta estrategia y muchas más que eviten que el horror de la violencia política, tanto la de grupos ilegales, como la del entonces M-19, pero sobre todo la de las instituciones del Estado, que están para impedirla y contenerla, se nos convierta en algo cotidiano y normal en nuestras vidas, LA PAZ QUERIDA, los espera este martes 26 de mayo a las 6 de la tarde en la cinemateca de la Tertulia, entrada libre.

La paz política no se hace con milagros

Porque como sabiamente lo expresó José Saramago, el nobel portugués de literatura en 1998: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sin duda,precisamos una memoria firme y mucha responsabilidad democrática para votar el próximo domingo 31 de mayo, si queremos evitar atrocidades superiores a la sucedida el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando dejó de existir el Estado de derecho y la democracia, supuestamente en defensa de la Patria. Para superar el horror en que vivimos no necesitamos más héroes de la patria y más víctimas civiles como consecuencia de este infernal conflicto social y degradado conflicto armado, que ya arrastra incluso a comunidades indígenas como la Misak y Nasa a matarse por la disputa de la tierra, esa Pachamama que es de ambas comunidades. La convivencia política y la democracia no son un asunto milagroso. Nos bastaría con cumplir el artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y no dejarnos arrastrar a las urnas por el miedo, los fanatismos políticos, prejuicios sociales, el odio y las revanchas.

[i] https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/todorov.htm

[ii] https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf

[iii] https://www.radiosantafe.com/2026/05/13/el-desplazamiento-en-colombia-se-duplico-en-2025-por-el-recrudecimiento-de-la-violencia-cicr/

[iv] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005

[v] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-otros-15-miembros-del-ej%C3%A9rcito-por-falsos-positivos-en-la-Costa-Caribe.aspx

[vi] https://www.msn.com/es-co/noticias/other/de-espacios-de-violencia-a-centros-de-memoria-helena-ur%C3%A1n-opina-sobre-decisi%C3%B3n-de-la-jep/ar-AA21KQQf

“A la gente le gusta hablar de la educación como la cura para la pobreza. No, el dinero es la cura para la pobreza”: Michael Sorrell en The New Yorker.

“Lo que debe hacer la izquierda es poner en el centro la dignidad del trabajo”: Michael J. Sandel, filósofo estadounidense.

Si “el pobre es pobre porque quiere”, ¿el rico es rico porque evade?

Querido lector: Si usted tiene una fortuna de $9.800 millones o más, considérese uno de los 3.700 ultrarricos de Colombia. Suspenda la lectura aquí y haga cuentas: ¿Cuántos siglos necesita trabajar una persona para acumular tal cantidad ahorrando los $2 millones de salario mínimo que recibe cada mes?

La única minoría colombiana con poder es la élite económica conformada por los archimillonarios. Y resulta que el 40% de esos millonarios (unas 1.480 personas), no tuvieron problemas en reconocer que evaden impuestos, de acuerdo con información oficial. 

Pongámoslo de esta manera: Si todos los ultrarricos de Colombia tributan como toca, habría una manera justa de redistribuir la riqueza, sin quitarle nada a nadie. Pero en vez de esto, prefieren llevarse su dinero fuera de Colombia, como lo muestra un artículo de El País de España.  

Sí, el problema del mundo son los ricos, que son poquísimos con muchísimo. Los hay que dan poco como si creyeran que nunca se van a morir o que en la otra vida reclamarán lo que dejen en esta. No hay forma de preguntarles a los faraones egipcios cómo les fue con eso. Hoy no tenemos faraones, pero si fanfarrones asquerosamente ricos queriendo poner una colonia humana en Marte, donde no hay condiciones para que sobreviva ni una mosca.

El mundo se divide en dos tipos de seres humanos extremos: aquellos que deliran sin saber qué hacer con sus fortunas descomunales y, en contraste, aquellos que si tienen pan no tienen con qué mojarlo. Se requiere con urgencia una clase política con algo de humanidad, capaz de reconciliar a unos y otros, porque como dijo José Alfredo Jiménez, “la distancia entre los dos es cada día más grande”.  

También tiene razón el escritor Gilmer Mesa cuando dice: “Ser pobre es nacer condenado”. Necesitamos un mundo donde cada nueva criatura nazca condenada… a la felicidad, a la posibilidad de ocupar un lugar digno en el mundo.

Hay una felicidad compartida que se llama justicia social. El derecho de todo los seres humanos sin excepción a disfrutar algo de la riqueza que se ha generado a partir de la explotación de los recursos de la Tierra, porque, en teoría, nos pertenecen a todos.  Con carencias, hambre  y mala salud, la vida se vuelve invivible. El que nació rico desde la cuna no tiene cómo saberlo.

“Gravar la riqueza extrema es esencial para salvar la democracia”, han dicho Joseph E. Stiglitz y Jayati Ghosh.

Muchos siglos atrás, ya Aristóteles lo había dicho: “La ambición de los ricos ha arruinado más Estados que la ambición de los pobres”. Poner en el centro de la política la dignidad del trabajo significa mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. No es regalarles nada. Es reconocerlos como agentes generadores de riqueza con su mano de obra. En Colombia, un trabajador gana en un día lo que en Estados Unidos otro recibe por una hora. Y a muchos no les importa matarse (léase, trabajar como mulas), anhelando que la vida les cambia algún día

Óyeme, Diosito Santo / Tú de aritmética nada sabías / Dime porque la platica / Tú la repartiste tan mal repartida / Óyeme, Diosito Santo / ¿En cuál colegio era que tú estudiabas? / Por qué a uno le diste tanto / Y en cambio a otros no nos diste nada / Mira cómo son las cosas / Como en ti confío, te sigo rezando / Ya que no me diste plata / Dame salud para seguir luchando.  (De la canción Plegaria Vallenata)

Si la plata quedó tan mal repartida, como canta Jairo Paternina, y teniendo en cuenta que en Colombia hay clases alta, media y baja, a lo que una sociedad moderna debe aspirar es a llevar más personas de la clase baja a la clase media. Eso se consigue haciendo conscientes a los ricos de tributar en Colombia en vez de llevarse el dinero a paraísos fiscales. Solo la voluntad política permite combatir la evasión y la elusión. ¿Cuál de los presidenciables es capaz de ponerle el cascabel al gato?

Colombia es uno de los países con mayor concentración de la riqueza, según Oxfam. “Los 12 más ricos del mundo tienen más riqueza que la mitad más pobre de la población”, titula Valora Analitik.

Escribe Ernesto Rojas, ex director del DANE, en el libro “País posible”: “… los gobernantes actúan con orientación caritativa, destinada a paliar una situación conmovedora, sin la intención de pasar de las situaciones remediales a las soluciones definitivas. (…) tendrían que pasar al menos once generaciones para que una familia en el país salga de la pobreza y pueda llegar al promedio de ingresos de la clase media” (…) “De tanto repetirlo… se ha convertido en una verdad incontrovertible eso de que ´son los empresarios, a su voluntad, quienes crean el empleo´ y, por consiguiente, se deben atender todas sus exigencias si se quiere disminuir el desempleo reinante (…) En contraposición, debería recordararse lo sucedido durante la Gran Depresión de 1930, cuando Keynes se atrevió a contradecir a los clásicos al afirmar que el desempleo se corregía creando una mayor demanda, más compradores (…) con capacidad de comprar lo que producen las empresas”.

Escribe Enrique Serrano en el libro “¿Por qué fracasa Colombia?”: “Colombia sigue siendo un poco esa nación aldeana que se demora mucho en tomar grandes decisiones o dar saltos muy abruptos”.

Esa es una explicación lógica a tanta inequidad. Lo que ha faltado, insisto, es voluntad política para emprender las reformas, acaso retomar la conversación donde la dejó el difunto Alvaro Gómez Hurtado: Un acuerdo sobre lo fundamental. Y lo fundamental hoy y siempre es la desigualdad social.

Escribe Eduardo Lora en el libro “Los colombianos somos así”: “En los estudios sobre felicidad en cualquier país del mundo se encuentra infaliblemente que quienes tienen mayores ingresos, en promedio, son más felices.  La creencia de que el dinero no tiene nada que ver con la felicidad no resulta ser cierta, de acuerdo con dichos estudios. Lo que sí ocurre es que, a partir de un cierto nivel de vida, las diferencias de ingresos deben ser muy grandes para que el impacto sea notorio: se necesitaría que el ingreso de alguien se multiplique por ocho para que pase, por ejemplo, del escalón 7 al escalón 8 de satisfacción con la vida”.

El mejoramiento de ingresos pasa por probar un nuevo modelo económico (o hacer ajustes al que existe), que restaure las brechas históricas entre ricos y pobres, un modelo que al asalariado le permita gozar de libertad financiera siendo participe de la riqueza que él ayuda a generar con su trabajo, y no contentarse con un salario pírrico que alcanza para tapar goteras.  

Redistribuir la riqueza no es quitarle nada al rico para dárselo al pobre. Es hacer consciente al rico de que el trabajador es un ser humano, con familia y sueños. Es reconciliar a ricos y pobres en favor de los segundos.

“Hay personas que trabajan toda la vida y no logran salir de la pobreza”: Andrés Ruiz, director del documental El juego de la vida, que retrata la pobreza a partir de historias reales.

Qué bueno sería que entre tantas bobadas que les preguntan a los candidatos presidenciales por estos días, alguien les pregunte por la justicia redistributiva, para ver si, al menos, el término les suena. Un buen ejemplo fue el aumento del salario mínimo. El país no se acabó como vaticinaron muchos. Porque la clase obrera debería tener derecho a disfrutar los beneficios de la riqueza que otros acumulan, habiendo contribuido con ella. La justicia redistributiva significa mejor calidad de vida. Y debería estar consagrada en la Constitución como derecho ciudadano legítimo.

Truman Capote decía que el dolor es la única experiencia que une al rico con el pobre. Del mismo modo, podríamos decir que el dinero es aquello que los separa. Los pobres son la inmensa mayoría y los ricos la  inmensa minoría. La pornomisería y la pornoriqueza son la cara de un mismo problema. El neoliberalismo creó una competencia social y económica que excluyó a los pobres. Así entiendo yo el capitalismo salvaje.

Cada  año la evasión en Colombia ronda los 130 billones de pesos, según esta radiografía de El País de España. Eso es tanto como cinco reformas tributarias. Nadie se escandalizó con semejante revelación; en cambio, los gremios económicos brincaron cuando Petro aumentó en 23% el salario mínimo. Mejor dicho, podríamos decir que si todo lo del pobre es robado, pues lo del rico también, ¿o cómo llamamos a  esa conducta de evadir impuestos? Dénse cuenta de que si los ultrarricos evasores no le hicieran conejo al Estado, ningún gobierno tendría necesidad de buscar plata por la vía de las reformas tributarias, que tanto dolor de cabeza le causan a las clases medias y populares, que son el trompo de poner.

Tomado de El País de España: “El 40 % de las personas que hacen parte del 0,01 % con más riqueza del país admitió haber evadido impuestos. Para pagar menos, esconden su dinero en paraísos fiscales y crean empresas o fideicomisos que dificultan el seguimiento de su patrimonio. Cada año, la evasión en Colombia equivale al 8 % del PIB, cerca de 130 billones”.

“El más reciente informe de Oxfam sobre desigualdad, publicado en enero de 2025, revela que los multimillonarios colombianos pagan proporcionalmente menos impuestos que los más pobres. Una persona que pertenece al 1% más rico pagó por cada dólar de ingreso un promedio de 17 centavos en impuestos hasta 2021. Mientras tanto, una persona del 50 % más pobre pagó por cada dólar de ingreso 21,1 centavos en impuestos. ´Esto desmiente el mito de que las personas pobres y las clases medias no pagan impuestos, y muestra que es todo lo contrario´, concluye el documento”.

“… los más ricos utilizan estrategias sofisticadas para no pagar o pagar menos impuestos: eluden, es decir, encuentran vacíos legales para minimizar su carga tributaria; evaden, ocultando activos de forma deliberada, y se benefician de leyes que les otorgan amplias exenciones y deducciones”.

Debemos abogar para que en Colombia los partidos políticos se modernicen en favor de una sociedad más justa con aquellos que pasan penurias. No podemos seguir comprando el discurso de que toca derrotar a la izquierda o derrotar a la derecha, sin mirar a los ojos a esa pequeña élite económica que parece intocable e insensible frente a la desigualdad.

De un candidato socialdemócrata como Iván Cepeda se espera que ponga el tema de la justicia redistributiva sobre la mesa de los empresarios, entre quienes se cuentan muchos de los ultrarricos. Quizás se gane unos cuantos enemigos como le está pasando al alcalde Zohran Mandami, que tiene enfurecidos a los multimillonarios de Nueva York por subirles impuestos, pero este desafío no lo pueden asumir  ni  Abelardo De La Espriella, ni Paloma Valencia, que esperan con ansías ocupar la Casa de Nariño para, como regalo de Navidad, rebajar impuestos  a los que más tienen. Los expertos han dicho que sí o sí toca robustecer el impuesto al patrimonio. Un impuesto a la riqueza “ayuda a nivelar la balanza de la desigualdad”, señala un informe de la Red de Trabajo Fiscal, publicado por El Espectador.

Si la riqueza de un país, incluidos sus recursos, es de todos sus habitantes, Colombia debería ser ese Tío Rico verdadero con el que todos tengamos derecho a soñar, y no un simple juego con fichas de cartón para matar el tiempo. 

Nota: ¿Hicieron la suma que les pedí al principio? Yo sí: se necesitan al menos 400 años, ahorrando $2 millones mensuales, para ser uno de los 3.700 ultrarricos de Colombia. ¡Como cinco vidas!

* Publicado originalmente para Le Monde Diplomatique

Colombia vuelve a mirarse en el espejo de Gabriel García Márquez: un país donde la historia parece repetirse más que avanzar. En ese escenario, Gustavo Petro irrumpe como promesa de ruptura, pero su gobierno expone una tensión más profunda: la distancia entre la épica del cambio y la obstinada realidad del Estado.

Más allá de los nombres, este texto explora las fuerzas que realmente moldean el poder: herencias políticas que no desaparecen, instituciones que resisten y una gobernabilidad cada vez más frágil. En un país que no termina de resolverse, la pregunta no es solo quién viene después, sino si Colombia puede, por fin, dejar de repetir su propia historia.

Porque aquí no hay héroes claros ni finales escritos: hay herederos, tensiones, egos, cálculos y un Estado que a veces avanza… y a veces bosteza. Este artículo invita a entrar en ese laberinto . A medio camino entre Macondo y el Congreso—donde lo trágico y lo absurdo conviven, y donde entender el presente colombiano es, también, una forma de anticipar sus próximas sorpresas.

En las páginas de Gabriel García Márquez, los destinos no eran simplemente biografías: eran condenas envueltas en poesía. Sus personajes –melodramáticos, obsesivos, circulares– parecían atrapados en una lógica donde la historia no avanza, sino que se repite con variaciones de tragedia. El propio Gabo hablaba de “razas condenadas a cien años de soledad”, como si el tiempo en Colombia fuera una espiral y no una línea. En ese espejo, Gustavo Petroaparece también como una figura de destino: un líder que se narra a sí mismo como ruptura histórica, como punto de inflexión inevitable.

Pero la historia – y esto conviene recordarlo– no termina con Aureliano. Ni con Petro.

Después de Gabo, la literatura colombiana no se extinguió en el peso de su sombra. Al contrario: se fragmentó, se diversificó, encontró nuevas voces, nuevos lenguajes, nuevas obsesiones. Del mismo modo, después de Petro, Colombia no será una nota al pie de su biografía. Será otra cosa: incierta, conflictiva, pero abierta.

Hoy el país parece atrapado en una ecuación compleja, de múltiples variables y escasa solución evidente. Una ecuación donde los herederos pesan tanto como las ideas, y donde la historia familiar sigue siendo capital político.

Ahí está Paloma Valencia, heredera de una tradición política que no es solo ideológica sino genealógica. Nieta de Guillermo León Valencia, su figura condensa los ecos de un país donde las élites no desaparecen: mutan. Su discurso, firme y sin concesiones, se apoya en una memoria histórica que incluye episodios tan fundacionales como el bombardeo a Marquetalia, ese momento en que el Estado decidió responder a la insurgencia campesina con el lenguaje de la guerra total. La herencia, en Colombia, no es un dato biográfico: es una herramienta estratégica. Y Valencia parece entenderlo con precisión quirúrgica.

En la otra orilla, Iván Cepeda representa otro linaje, también marcado por la violencia. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, su trayectoria política está atravesada por la memoria del conflicto, pero también por una apuesta institucional que, hasta hace poco, parecía diluirse en el silencio. Su reciente decisión de entrar de lleno en el debate rompe una especie de mutismo prolongado de la voz más fuerte de la izquierda.

Sin embargo, ese regreso no disipa las dudas. Si algo ha quedado claro en la experiencia reciente es que un eventual gobierno de Cepeda –o de alguien en su línea– estaría marcado por una convicción férrea, casi inamovible. Virtud o defecto, según quien mire. No sería un gran negociador en un Congreso fragmentado y muchas veces hostil. Serían años de fricción constante: calles movilizadas como sustituto de mayorías legislativas, reformas empujadas más por presión que por consenso. Un escenario de tensión permanente, donde la gobernabilidad sería un ejercicio diario de resistencia.

En el centro, como siempre, un archipiélago difuso de candidaturas que intentan capitalizar el cansancio sin lograr articular una narrativa convincente. El centro colombiano, más que un proyecto, parece un síntoma: el deseo de escapar de los extremos sin saber muy bien hacia dónde.

Y todo esto ocurre sobre un terreno inestable. Colombia enfrenta un riesgo fiscal creciente, una estructura estatal atravesada por la mediocridad y la corrupción en múltiples niveles – Congreso, cortes, burocracias regionales– y una institucionalidad que, aunque funcional, dista mucho de ser eficiente. Paradójicamente, la economía muestra signos de mayor solidez relativa, como si el país real avanzara a un ritmo distinto del país político.

Pero la ecuación no es solo interna.

En el horizonte regional y global, los próximos años estarán condicionados por factores que escapan al control de Bogotá. La prolongación de la influencia de Donald Trump –directa o indirecta– redefine las relaciones hemisféricas, endurece agendas migratorias, reconfigura alianzas. América Latina, fragmentada y sin un eje claro, se mueve entre pragmatismo económico y volatilidad política. Las agendas globales –cambio climático, transición energética, tensiones geopolíticas– imponen desafíos cada vez más complejos a un país que aún lucha por resolver sus problemas más básicos.

Sin embargo, reducir el momento colombiano a una suma de nombres propios sería un error de diagnóstico. Lo que está en juego no es solo quién suceda a Petro, sino bajo qué condiciones estructurales ese sucesor – o sucesora– intentará gobernar.

Porque Colombia arrastra una paradoja persistente: es un país con vocación institucional, pero con una práctica profundamente informal del poder. Las reglas existen, pero su aplicación es selectiva; las instituciones funcionan, pero lo hacen muchas veces capturadas por intereses particulares. El Estado colombiano no es débil en el sentido clásico –no ha colapsado, no ha perdido el monopolio formal de la ley–, pero sí es desigual en su capacidad de acción. Es fuerte en algunos territorios, inexistente en otros; riguroso en ciertos ámbitos, laxo en muchos más.

Esta fragmentación se traduce en un problema central para cualquier gobierno futuro: la imposibilidad de ejecutar reformas profundas sin enfrentar resistencias múltiples y simultáneas. No se trata solo de oposición política, sino de redes clientelares, intereses económicos, inercias burocráticas y, en algunos casos, estructuras ilegales que se entrelazan con lo institucional.

En ese contexto, la promesa de cambio –sea desde la izquierda, la derecha o el centro– choca inevitablemente con los límites del aparato estatal. Petro lo ha experimentado en carne propia: una agenda ambiciosa que, al aterrizar en la realidad administrativa, encuentra cuellos de botella, demoras, reinterpretaciones, sabotajes silenciosos.

De ahí que el debate sobre el “después de Petro” no pueda limitarse a la continuidad o ruptura de sus políticas. La pregunta más incómoda es otra: ¿es gobernable Colombia bajo los parámetros actuales?

La respuesta, si se mira con frialdad, es ambigua.

Por un lado, existe una resiliencia notable. A pesar de crisis recurrentes –violencia, corrupción, desigualdad– el país no se ha desmoronado. Ha mantenido una cierta estabilidad macroeconómica, ha preservado elecciones competitivas, ha evitado rupturas institucionales abruptas. Pero esa misma resiliencia puede ser leída como estancamiento: una capacidad de absorber el conflicto sin resolverlo, de normalizar lo excepcional, de convertir la crisis en rutina.

Por otro lado, hay señales de fatiga. La confianza en las instituciones es baja, la polarización ha aumentado, y la idea misma de un proyecto nacional compartido parece cada vez más difusa. En ese vacío, los liderazgos tienden a personalizarse, a construir relatos épicos que sustituyen la falta de consensos estructurales.

Es aquí donde la figura de Petro –y la de sus posibles sucesores– se vuelve más compleja. No se trata solo de su programa, sino de su estilo de liderazgo. Un estilo que privilegia la confrontación, que entiende la política como un campo de disputa permanente, que apela a la movilización social como fuente de legitimidad.

Ese enfoque tiene ventajas evidentes: permite romper inercias, visibilizar conflictos, desafiar poderes establecidos. Pero también tiene costos: dificulta la construcción de acuerdos, agota a la opinión pública, y puede derivar en una gobernabilidad basada más en la presión que en la negociación.

Un eventual relevo desde la derecha, representado por figuras como Valencia, implicaría un giro en el tono, pero no necesariamente en la estructura del conflicto. La derecha colombiana, históricamente más disciplinada, enfrenta hoy su propia fragmentación interna. El legado del uribismosigue siendo un factor de cohesión, pero también de desgaste. Gobernar desde ahí implicaría no solo oponerse a Petro, sino redefinir un proyecto que vaya más allá de la reacción.

En el centro, la dificultad es distinta: construir identidad. Sin un relato claro, sin una base social movilizada, el centro corre el riesgo de convertirse en un actor de segunda línea, relevante en el discurso pero marginal en la práctica.

Hay un momento poco explorado –y sin embargo decisivo–en la trayectoria de Gustavo Petro: la construcción y posterior descomposición de su primer gabinete. Allí, más que en los discursos o en las plazas, se jugó una parte sustancial de su aspiración de convertirse en estadista y no solo en líder de ruptura.

El arranque fue, en apariencia, una señal de madurez política. La inclusión de figuras como Alejandro Gaviria , Ocampo y otros perfiles de corte liberal como Roy Barreras o técnico sugerían un intento deliberado de construir un gobierno de síntesis, capaz de tender puentes con sectores moderados y de enviar un mensaje de estabilidad a un país temeroso de los extremos. Era, si se quiere, el gesto clásico de quien entiende que gobernar no es lo mismo que hacer campaña.

Ese primer gabinete tenía algo de pacto tácito: la energía transformadora de Petro se equilibraría con la experiencia institucional de quienes conocían los ritmos del Estado. No era solo una coalición política, sino una alianza de temperamentos. De un lado, la voluntad de cambio acelerado; del otro, la conciencia de que el aparato público tiene inercias que no se desmontan por decreto.

Pero ese equilibrio duró poco.

Con el paso de los meses, la relación entre el Presidente y varios de sus ministros empezó a tensarse. No tanto por diferencias ideológicas de fondo, sino por algo más difícil de gestionar: la brecha entre expectativa y ejecución. Algunos de esos primeros ministros –en conversaciones privadas, casi siempre marcadas por la discreción– describían una atmósfera de creciente frustración. Hablaban, con una metáfora que no es casual en Colombia, de una suerte de desesperación a lo Aureliano: la sensación de estar librando batallas repetidas sin lograr alterar el curso de los acontecimientos.

Esa comparación con los personajes de Gabriel García Márquez no es simplemente literaria. Apunta a un rasgo más profundo del liderazgo de Petro: una relación intensa, casi visceral, con la idea de transformación histórica. El problema es que el Estado –ese entramado de normas, procedimientos, tiempos administrativos y resistencias internas– no responde a la lógica de la épica.

Ahí aparece, quizá, uno de los límites más claros de su gobierno. Petro llegó al poder con una larga trayectoria política, pero sin experiencia significativa dentro del aparato burocrático en condición de subordinado. No es un detalle menor. Quien ha sido burócrata –en el sentido más amplio del término– aprende que las decisiones no solo deben ser correctas, sino implementables. Que cada reforma atraviesa capas de validación, interpretación y, muchas veces, dilación. Que el Estado no es un instrumento dócil, sino una maquinaria compleja, a veces torpe, otras veces resistente.

Esa distancia entre el diseño y la ejecución genera una tensión constante. Desde la perspectiva del líder, los cambios parecen urgentes y moralmente inaplazables. Desde la lógica administrativa, son procesos que requieren tiempo, coordinación y, sobre todo, paciencia. Cuando esas dos temporalidades chocan, lo que emerge es frustración: la sensación de que el aparato estatal traiciona el mandato político.

El relevo progresivo de ministros puede leerse, en parte, como un intento de resolver esa tensión. Sustituir perfiles más técnicos o moderados por otros más alineados con la visión presidencial buscaba reducir el ruido interno y acelerar la toma de decisiones. Pero esa estrategia tiene un costo: debilita los contrapesos dentro del propio gobierno y reduce la diversidad de criterios, justo en un entorno que exige deliberación cuidadosa.

Al final, lo que queda es una lección incómoda para cualquier proyecto de cambio en Colombia. La política, a diferencia de la literatura, rara vez ofrece momentos de catarsis. Es, en gran medida, un ejercicio de gestión paciente, de avances incrementales, de negociaciones grises que no caben en relatos heroicos. El deseo –tan potente en la narrativa– se vuelve, en la práctica, rehén de procedimientos, de presupuestos, de firmas que tardan más de lo previsto.

Hay algo casi inevitablemente anticlimático en gobernar. Y tal vez ahí radica una parte del desencuentro: en la dificultad de traducir una visión épica en una realidad que, la mayoría del tiempo, es simplemente prosaica.

A todo esto se suma un elemento que suele subestimarse: el tiempo.

Colombia entra en una fase donde las decisiones ya no pueden postergarse indefinidamente. La transición energética, por ejemplo, no es solo un debate ambiental, sino fiscal. La dependencia de los ingresos petroleros plantea un dilema inmediato: cómo financiar el Estado en un escenario de descarbonización. Las respuestas posibles –reforma tributaria, diversificación productiva, endeudamiento– son políticamente costosas.

Lo mismo ocurre con el sistema de salud, el modelo pensional, la educación. Son reformas estructurales que requieren mayorías, tiempo y capital político. Tres recursos escasos en el contexto actual.

En paralelo, la dinámica regional introduce nuevas tensiones. La relación con Venezuela, siempre delicada, sigue siendo un factor de inestabilidad. La migración, la seguridad fronteriza, el comercio informal: temas que ningún gobierno puede ignorar.

Y en el plano global, la incertidumbre es la regla. La competencia entre potencias, la reconfiguración de las cadenas de suministro, la crisis climática, las nuevas tecnologías: todo apunta a un entorno más volátil, donde los márgenes de maniobra para países como Colombia son muylimitados.

En medio de las tensiones y los extravíos, sería injusto negar que en el gobierno de Gustavo Petro han coexistido –y aún resisten– funcionarios de una convicción honesta, casi silenciosa, que contrasta con el ruido de la coyuntura. Algunos de ellos, curiosamente, han tenido una relación más directa con la tierra que con la retórica: técnicos, gestores, reformistas discretos que entienden que la deuda agraria de Colombia no es un eslogan sino una herida abierta. En esa línea, en esa posibilidad de una reforma rural seria, paciente, anclada en lo concreto, parecía insinuarse un camino más fértil, acaso el verdadero derrotero para un Aureliano menos atrapado en la épica y más comprometido con la siembra lenta de instituciones. Pero la vanidad –esa fuerza sutil que también habita a los personajes de Gabriel García Márquez–terminó por inclinar la balanza: la aspiración a una estatura global, la seducción de los grandes escenarios internacionales, la coreografía de discursos que buscan resonancia más allá de las fronteras. En esa danza, tan visible como efímera, algo de la brújula se extravió; y mientras el mundo escuchaba, el país –más terco, más concreto– seguía esperando respuestas menos grandilocuentes y más tangibles.

Para lo que sigue, la tentación de pensar en términos de “salvadores” resulta comprensible, pero engañosa. Ni Petroes el principio absoluto, ni quien le suceda será el final de la historia.

Quizás la lección más profunda –y más incómoda– es que Colombia no necesita otro Aureliano. No necesita otro personaje destinado a encarnar todas las contradicciones del país. Necesita, más bien, una política menos épica y más prosaica. Menos centrada en figuras y más en instituciones. Menos obsesionada con el destino y más comprometida con la gestión.

Eso, por supuesto, es más difícil de narrar. No hay novelas memorables sobre burocracias eficientes. No hay mitologías sobre consensos técnicos. Pero es ahí donde se juega, en última instancia, la posibilidad de un país distinto.

Después de Petro, Colombia seguirá siendo un país en disputa. Con avances y retrocesos, con momentos de lucidez y de extravío. Un país que, como en las novelas de Gabo, parece a veces condenado a repetirse, pero que –a diferencia de Macondo– tiene la posibilidad de aprender.

La historia no se acaba con el gran Aureliano.

Se complica. Se bifurca. Y, si hay algo de esperanza, es precisamente eso: que no está escrita de una vez y para siempre.

Este llamamiento surge de la observación de que «el lenguaje y la lógica de la guerra reducen a las personas a números, enemigos o daños colaterales». Esta es la declaración de la Santa Sede publicada este 21 de mayo, durante el debate público del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la «Protección de los civiles en los conflictos armados».

Quienes pagan el precio más alto de la guerra, a pesar de los esfuerzos por poner fin al conflicto y las protecciones que ofrece el derecho internacional humanitario, son los millones de personas «obligadas a abandonar sus hogares, mientras que muchas otras siguen expuestas a la violencia, el hambre, la inseguridad y el colapso de los servicios esenciales».

Desprecio por el derecho internacional humanitario

«La protección de los civiles», reitera la delegación de la Santa Sede, «no es meramente una cuestión política u operativa». Recuerdan las palabras del Papa sobre la obligación moral de proteger a las personas y expresan su profunda preocupación «por el creciente desprecio por el derecho internacional humanitario y la normalización de conductas que ponen cada vez más en riesgo a los civiles».

Garantizar la libertad religiosa

La delegación se centra en tres aspectos en particular. El primero se refiere a los ataques contra lugares de culto y comunidades religiosas. Tales acciones perjudican no solo a los creyentes individualmente, sino también al tejido cultural, espiritual y social de comunidades enteras. Además, en tiempos de conflicto, estos lugares se convierten en refugios, brindando asistencia y promoviendo la solidaridad. Por lo tanto, garantizar la libertad religiosa, incluso en medio de un conflicto, es esencial para salvaguardar la dignidad humana y promover la reconciliación.

Nunca atacar a quienes prestan asistencia

La protección del personal y las instalaciones sanitarias, que siguen siendo blanco de ataques a pesar de la década transcurrida desde la aprobación de la Resolución 2286, es urgentemente necesaria. Este texto implica un compromiso con la protección del personal, la infraestructura, el transporte y el equipo en los ámbitos médico y médico-humanitario. «A los heridos y enfermos», subraya la delegación vaticana, «nunca se les debe negar la asistencia, y quienes prestan ayuda humanitaria nunca deben ser blanco de ataques».

La responsabilidad ética de las nuevas tecnologías

Finalmente, se expresa preocupación por el uso de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, en la guerra. «El uso de la tecnología debe fundamentarse siempre en la responsabilidad ética, ya que ninguna máquina puede sustituir el juicio moral necesario cuando hay vidas humanas en juego». Confiar en tecnologías sin control humano implica no considerar las consecuencias de la protección de la población civil.

La paz nace de la confianza

La Santa Sede hace un llamamiento a la comunidad internacional para que intensifique «sus esfuerzos en pro de la prevención, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, reconociendo que la paz auténtica se construye no mediante el miedo o la destrucción, sino mediante el encuentro, la confianza y la responsabilidad». Recordando las palabras del Papa León XIV sobre la paz que surge en cada uno de nosotros “en la forma en que miramos a los demás, escuchamos a los demás y hablamos de los demás”, la Santa Sede recuerda que “proteger a los civiles implica reconocer la dignidad que Dios le ha dado a toda persona humana, incluso en tiempos de conflicto”.

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

*Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es una de las reservas de litio más grandes del planeta. Foto: Iván Paredes.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Caribe colombiano es, no por casualidad, una de las regiones con más problemas en la prestación del servicio de salud del país. Pacientes sin cita. Hospitales sin giros. Ciudadanos esperando autorizaciones que nunca llegan. Gente enferma, gente muriendo, en la región más vulnerable de Colombia.

Coosalud EPS no le pertenece a Jaime González. La EPS es propiedad de una cooperativa cuyos dueños reales son miles de colombianos que aportaron sus ahorros confiando en el modelo solidario. Un macroinforme radicado en marzo de 2026 ante la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales lo describe con precisión. Y para entenderlo no hace falta ser abogado.

Imagínelo así. Usted tiene una deuda con el banco. En lugar de pagarla, la convierte mediante un documento contable en una inversión. En el papel ya no debe nada. La deuda desapareció. Pero la plata real, no. Eso es lo que describe el macroinforme: deudas de la EPS fueron transformadas contablemente en inversiones, obligaciones de la empresa terminaron en los hombros de los cooperados, y un Fondo de Aportes Sociales que debía contener quince mil millones apareció con apenas quinientos cincuenta millones. La plata de los socios. Esfumada. Sin que nadie les pidiera autorización.

En 2025 el Gobierno Nacional actuó. La Supersolidaria intervino la Cooperativa. Supersalud intervino la EPS. Entonces ocurrió algo difícil de explicar. Un tribunal de Bolívar ordenó levantar la intervención sobre la EPS y se la entregó con nombre propio a Jaime González. Con nombre propio.

Esa expresión no es retórica: en el fallo aparece su nombre escrito, lo cual deja, como mínimo, una sospecha legítima sobre el juez que decidió hacerlo. Volvió al cargo. Y durante semanas bloqueó sistemáticamente la convocatoria de una asamblea de accionistas, a pesar de que el Estado colombiano controla el 94% de las acciones. Fue necesaria una orden expresa de la Superintendencia de Sociedades para que esa asamblea finalmente ocurriera. Ocurrió esta semana. Hay nueva junta. El miércoles se elige nuevo gerente.

Por eso esta columna termina siendo un llamado directo. Al tribunal de Bolívar. A los jueces del Caribe colombiano. Porque hay que decirlo con todas las letras: Jaime González, con su riqueza acumulada, puede contratar grandes bufetes de abogados que en la práctica terminan enredando los procesos, y porque no, colocando las decisiones a su favor. Esa es una realidad que el país conoce y que la región Caribe ha vivido más que cualquier otra.

El llamado es simple. No se presten para sostener monopolios privados disfrazados de gestión cooperativa. No se presten para devolverle la corona a quien ya demostró que el sistema de salud del Caribe, bajo su administración, no funciona para los enfermos sino para sus propios intereses. Porque mientras los abogados litigan en oficinas refrigeradas, en los pueblos del Bolívar profundo, en los corregimientos del Magdalena, en las veredas de córdoba y sincelejo y en los barrios populares de Cartagena y Barranquilla, hay gente esperando una cita que no llega. Hay gente muriendo por una autorización que nunca firmaron. Esa gente merece que las instituciones del país, todas, incluida la justicia regional, estén de su lado.

Nota recomendada: ¿Juan Carlos Abadía opera políticamente desde la prisión?

Álvaro Uribe con su pupila, la candidata presidencial Paloma Valencia. Imagen creada con IA.

Paloma Valencia suma y suma iglesias cristianas a su campaña, pero baja y baja en las encuestas. ¿Qué pasa, Diosito?

Prefiero la hojita que lee Cepeda, que a la hijita de Uribe. Después de dos siglos de gobiernos patriarcales, Colombia se merece una mujer presidenta, claro que sí, pero no es Paloma Valencia, por muchas razones.

Con los pésimos resultados en las encuestas, que la ubican de tercera (en la de Invamer se descolgó del 19% al 14%), su candidatura desafía las lógicas de una sociedad machista como la colombiana y la de su propio partido, el Centro Democrático, que ni siquiera ve con buenos ojos a Juan Daniel Oviedo, su vicepresidente diverso. Recuerden que al principio, el de Uribe era un hombre, Miguel Uribe hijo, no una mujer. Y antes de él, fue Andrés Felipe Arias (Uribito). La doctora Paloma vendría siendo la primera Uribita de la historia.

De la abogada y filósofa hay cosas que no cuadran: ni el tono de sus palabras: a veces alza la voz para parecer una caricatura de Uribe, su papá, y a veces baja el tono, como queriendo posar de conciliadora. Ayer veíamos a través de las redes sociales a una Paloma disfrazada de mujer paisa, con carriel y poncho al hombro, voz impostada y pésima dicción, queriendo remedar a Uribe, quizás sintiéndose obligada —a lo mejor, guiada por algún estratega—, a demostrar que es su hija legítima —políticamente hablando—, y negando de paso su caucanidad y su bogotaneidad.

“Van a conocer lo que es la mano dura de una mujer colombiana”, vociferó en la tarima. “Conmigo que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes”, dirigió su sablazo al candidato Abelardo De la Espriella.  

No es un personaje creíble porque no ha sido construido del todo y sus discursos también parecen a medio hacer, lo mismo que su carácter. Después de tres periodos en el Congreso (12 años) es pobre su gestión legislativa (según balance que presenta La Pulla) y le faltó entereza para echarse al hombro los problemas de su departamento, el Cauca, quizás porque se siente más bogotana que el ajiaco.

Le critican su primer apellido, el Valencia de su abuelo expresidente, Guillermo León (quien, borracho, orinaba en los muros del palacio presidencial, según cuenta Daniel Pécaut en el libro “En busca de la Nación colombiana”), pero poco se habla de los Laserna, su segundo apellido, que nos remite casi siempre a su abuelo Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes y a Juan Mario Laserna, su tío, el exsenador conservador. Arropada por una vida de privilegios, no es raro que se sienta más cercana a los empresarios que a los trabajadores. En política es difícil servirles a dos dioses.

Una jugada suya consistió en desviar, en 2018, el debate sobre el escándalo Odebrecht (que conecta a gobiernos de derecha con hechos de corrupción alrededor de la llamada Ruta del Sol, como lo desempolvó un episodio del podcast Huevos revueltos con arroz), con el fin de enlodar al hoy presidente Gustavo Petro en un asunto de dineros supuestamente mal habidos.  

Creo que el problema de Paloma Valencia, además de ser ella misma como candidata, son sus asesores, que en vez de ayudarla, parecen más empecinados en enterrarla viva.

Por ejemplo, para apelar a las emociones de la gente, era innecesario exponer a su hija Amapola. Eso salió mal como lo analizaron los columnistas Ana Cristina Restrepo, en El Espectador, y Guillermo Pérez Flórez, en El País de España (edición Colombia); recomiendo ambas lecturas.

“Un abismo separa la maternidad como acto político de resistencia de la maternidad como teatro de la política electoral”, dice Restrepo, reivindicando a las madres buscadoras de la Comuna 13 de Medellín, cuyos hijos fueron enterrados en fosas comunes.

Según la candidata, su hija pronunció la siguiente frase: “Yo no elegí esto. No quiero que mi vida cambie. Y no quiero ser parte de esta familia”.

Escribe el columnista Guillermo Pérez: “El episodio de Amapola amerita algunos comentarios, porque muestra hasta dónde están dispuestos a llegar los políticos con tal de hacerse con el poder. Hay varias conductas que merecen reproche ético. La primera tiene que ver con la trivialización de la angustia de la niña. Según dice la candidata, Amapola experimentaba una angustia genuina, al extremo de no querer ser parte de la familia. Pero la madre, en lugar de consolarla, descarga sobre ella un agobio mayor: la posibilidad de perder las elecciones y que por ello el país se acabe. Eso revela que Amapola ha sido objeto de un adoctrinamiento político que la obliga a creer que la responsabilidad histórica de su madre es salvar la nación y que, si no gana, “se acaba todo”. Es un doble sacrificio: primero, para que su mamá no pierda; segundo, para que Colombia no se hunda”.

“Con mi hija no se metan”, le respondió Valencia a De La Espriella, que la cuestionó por usar a la pequeña con fines proselitistas. “Doctora Paloma, rechazo cualquier intento de instrumentalizar a los niños en la batalla política”, le dijo.

Por cada asesor que lance al aire una ideota en campaña presidencial, debe haber cuatro capaces de medir las consecuencias de aquella lumbrera. Por ejemplo: ¿Quién le propuso un “debate” rocambolesco en el que aparece y desaparece del escenario el candidato Iván Cepeda con ayuda de la IA? Muy tarde, la campaña se dio cuenta de que su enemigo (de cara a la primera vuelta) es El Tigre, no Cepeda, con un píe seguro en la segunda vuelta y posibilidades de ganar en primera, según pregona el Pacto Histórico. Tampoco le ayuda a la candidata el apoyo de personajes que representan lo más añejo de la política colombiana, como Ingrid Betancourt o el expresidente César Gaviria, quien hace campaña en favor de Paloma Valencia a través de su hija María Paz Gaviria, quemada en las urnas el 8 marzo.

Ese es justamente el real problema de su candidatura: lo mal rodeada que está. No siempre uno más uno son dos. Aquí uno más uno puede significar cero votos. Si bien a De La Espriella lo rodean los de siempre, ha sido hábil en ocultarlo.  

¿Qué pasará si Paloma no pasa a segunda vuelta? Pues pasará lo que siempre pasa con la derecha: Nos sentaremos a contar las horas para ver la imagen en que Paloma, victoriosa en su derrota, alzará las garras de El Tigre (las uñas no le alcanzaron para arañarlo), del mismo modo que Vicky Dávila, victoriosa en su derrota, se le metió a Paloma al atril para, enloquecida, gritar “Tenemos que ganar en primera vueltaaaaaa, vamos derrotar a Cepedaaaaaa”, y solo hasta hoy nos venimos a enterar de que se refería a Abelardo, no a Paloma.

Mientras Paloma habla maravillas de Vicky, Vicky no solo dio un portazo a la tal Coalición por Colombia, sino que hoy trata con desdén a la candidata de Uribe, después de comprometerse, como los demás, a apoyarla como ganadora de la consulta del 8 de marzo. Dávila enseñó que en la palabra de un político no se puede confiar… y en la de algunos periodistas tampoco. Como dice un amigo, con los políticos toca todo de contado. Mejor dicho, plata en mano y… cuidado con las palabrotas en campaña. 

El problema con el uribismo no es el qué sobre la Seguridad Total que propone Paloma Valencia, sino el cómo. Porque hoy nos levantamos con la noticia de que los falsos positivos de la era Uribe no fueron 6.402, sino 7.837, reportado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Los colombianos no podemos repetir esa historia espeluznante que le costó la vida a gente inocente, llevada como ganado al matadero. La política “Seguridad Democrática” manchó el legado de Uribe, si lo hubo. Elegir a Paloma es devolver al país a una época de terror que creemos ya superada y exponerlo a que acaben con la JEP, ese tribunal que está arrojando verdades dolorosas sobre sesenta años de conflicto interno colombiano. Acabarlo, quitarle recursos o si quiera pretender reformarlo, es herir de muerte al Acuerdo de Paz de 2016, desconocer el trabajo serio de unos jueces y magistrados respetables, y premiar la impunidad, pues hoy militares y guerrilleros están reconociendo culpas.  

Sí, le tengo miedo a Paloma, más que por ella, por el expresidente que está detrás de ella. Mirémonos en el espejo de arriba: los gringos están pagando caro –y por ahí derechito el resto del mundo- la segunda oportunidad otorgada a un Donald Trump que regresó a la Casa Blanca más vengativo que nunca. Frente a ese pasado de excesos de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos, los ciudadanos no podemos ser irresponsables en las urnas. “… yo no olvido que en tiempos de Uribe, tiempos de mano dura, el establecimiento político se decía: ´Hay que dejar que hagan el trabajo sucio, y después nos encargamos de ellos”, recuerda el intelectual William Ospina, en El Espectador.

Si a muchos les molesta Cepeda porque lee en plaza llena lo que escribe en hojitas a las 4:00 de la mañana, a mí me asusta la hijita de Uribe, cuando habla, por ejemplo, de militarizar vías (ya dijo que aumentará en 60 mil los hombres del ejército y la policía), o de crear más cárceles para 40 mil nuevos reclusos, como si divisara que durante su gobierno aumentarán los crímenes. Con ese dinero se podrían construir colegios y hospitales donde no los hay. Y en vez de reducir impuestos a los empresarios, como propone ella, se les debería pedir chequeras con sensibilidad social.

El ponderado de encuestas indica que sería De la Espriella, no Valencia, quien enfrentaría a Cepeda en caso de segunda vuelta, que es casi seguro que habrá. La izquierda desea con el corazón salir de ese chicharrón el 31 de mayo, pero ese es un pajazo mental, sobre todo porque el candidato del Pacto Histórico tiene no uno sino dos rivales a la diestra, que en esencia representan al establecimiento y defienden las mismas causas. La única diferencia entre Paloma y Abelardo es que el segundo no ha reclamado (todavía) la paternidad de Uribe; últimamente, se les ve incluso distanciados; ya veremos cuántos aguardientes en el Ubérrimo mediarán en esa enemistad.

Paloma Valencia creyó que con invocar a Uribe sería suficiente para dispararse en las encuestas, pero Uribe es hoy una figura desgastada, cargando sobre sus hombritos el sambenito de los escándalos propios y los de la familia, léase hermano y primo, y para rematar vinieron luego la salida de María Fernanda Cabal y de papá Miguel (Uribe Londoño) del Centro Democrático, lo que demuestra que, además, el expresidente ha ido perdiendo el respeto de los suyos. El destino de Álvaro Uribe como expresidente será, indefectiblemente, el mismo de los muebles viejos: un día nadie sabrá dónde ponerlo. Es el destino de las personas de la tercera edad, que en este país terminan arrumadas.

Si Paloma Valencia pierde, ya sin puesto en el Senado, será otra desempleada más, con tiempo de sobra, eso sí, para cambiar de lugar los muebles de su lujoso apartamento. Pero será también la segunda derrota consecutiva de Uribe y su salida de la política por la puerta de atrás.

En ocasiones uno se encuentra libros viajeros, curiosos e interesantes, como nos ocurrió este año con mi esposa Patricia, mientras visitábamos a Rafael “Rafa” Pérez Unquiles y su esposa Amelia “Meli” Cruzado, queridos amigos en Huelva y mientras curioseábamos su biblioteca, hicimos un más que interesante descubrimiento, que lleva por título 13 ciudades sin nombre, publicado en 2003 por la editorial española Punto de Lectura.

Se trata de un libro, conformado por trece relatos entre reales y ficticios sobre diversas ciudades del mundo, reto para los triscaidecafóbicos, es decir, para los que sufren fobia por el número 13 (pero no por los trabalenguas). Ahora bien, para el resto de los mortales lectores, resulta un entretenimiento literario, porque su esencia es lúdica y poética, pues habla de estas urbes, pero sin nombrarlas. Cada historia de esta colección, tiene una extensión adecuada y un tamaño de letra agradable a la vista, que facilita su lectura.

Como en toda selección, hay diversidad de estilos y calidades, hay relatos para todos los gustos. Como en cualquier camino, hay sus altos, sus bajos y sus llanos, aunque en el amplio universo de las miradas de los lectores, no necesariamente coincidamos en los criterios a la hora de calificarlos. Se trata de 13 autores, tanto españoles como latinoamericanos, algunos consagrados como la escritora Espido Freire y otros reconocidos en diversos ámbitos como la política ya fallecida, Carmen Alborch. Las destaco a las dos, además, porque son las únicas mujeres de esta antología, habría sido deseable haber contado con más miradas femeninas. 

Ahora bien, en su interior nos deparaba otra sorpresa, especialmente por nuestra condición de colombianos, al encontrar un relato escrito por el cineasta Sergio Cabrera, un cuento absolutamente delicioso, que nos descubre al autor que seguramente perdimos, al haber ganado a uno de los mejores directores latinoamericanos de la filmografía mundial, al final, un relator de historias, en otro lenguaje, el de las imágenes y sonidos. 

No haré spoilers literarios, pero es un cuento vinculado con la vida de Cabrera (para quienes leyeron la portentosa novela Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vásquez), pero además podría entrar perfectamente en una antología de cuentos diplomáticos (cuando alguien se decida publicar una selección de ese subgénero literario, aún por explorar), aparte de ser profético o visionario, pues Cabrera es el actual embajador de Colombia en China, actividad que ha desarrollado con éxito a pesar de no haber tenido preparación ni experiencia previa en la diplomacia, esa mezcla de ciencia y arte.

La intención no es hacer una reseña pormenorizada del libro, sino una invitación a leerlo. No sólo se trata de un objeto de lectura, es también un híbrido ingenioso, porque es un texto-juego, siendo el elemento común que no se identifican las ciudades-protagonistas en donde transcurren las historias, al final del libro se propone un divertimento, para que el lector identifique las ciudades. Como los manuales de preparación de exámenes académicos, trae las respuestas, pero recomiendo no mirarlas antes sino intentar la identificación, algunas son fáciles, otras no tanto, pero resulta divertido.

Por la naturaleza del libro y resultar una lectura grata, este libro es perfecto para los viajeros, especialmente si van en un transporte, que no ponga en riesgo las retinas. Al menos, yo lo llevaría siempre en un tren, en metro o en avión, quizás por ello, Rafa y Meli que igual que nosotros, son viajeros empedernidos, al final nos lo regalaron para nuestro retorno a casa. Quizás algún día se lo heredemos a otros transeúntes del mundo que quieran visitar -así sea con la imaginación- alguna de estas ciudades sin nombre. 

Dixon Acosta Medellín

A ratos en lo que sigo llamando Twitter: @dixonmedellin y en Bluesky como @dixonacostamed.bsky.social

Al hablar de acoso o discriminación escolar me remonta la memoria a la época de mi vida escolar en la década de los 80 y 90, donde se tenía una mirada normalizada al hecho de encontrar compañeros que si lo traducimos a los conceptos actuales mantenían un continuo acoso no solo hacia los más “débiles” sino al que en su momento decían “dio papaya”.

Este tipo de acoso era caracterizado por críticas con relación a la apariencia física, estrato económico, debilidades para comunicarse; entre otros. Sin embargo, no se tomaba como un constante ataque que, minimizada, sino que a veces era ejercido por todos y no tenía ninguna denominación. Podría decirse que era el diario vivir de un centro educativo.

En el mundo docente

Pero de está situación no se escapaban los docentes, ya que se podía encontrar algunos con una forma “pedagógica” caracterizada por la discriminación, el castigo, la supresión y el poder de autoridad que era apoyada fielmente por los padres de familia.

Me hace recordar a un docente de Matemáticas que lo apodábamos “Hitler” por la forma de ejercer su autoridad por su saber sobre todos los estudiantes, nos pasaba al frente al tablero para realizar los ejercicios y si no estaban correctos nos dejaba de pie al lado de una pared hasta que terminará la clase, otros sacaban de clase a los estudiantes que no llevarán el uniforme completo y a las estudiantes mujeres que fueran maquilladas les limpiaban la cara ellos mismos con pañuelos. Lo más grave era si te quejabas con el director o los padres de familia porque todo era justificado como bueno para nuestro bien; ya que se decía que “la disciplina forjaba buenos ciudadanos”

Este tipo de conductas tanto de los estudiantes contra sus compañeros y de los docentes contra sus estudiantes fueron reevaluados y empezaron a ser vistas como formas de maltrato y revisarse de una forma más sería hacia el año 2013 con el nacimiento del movimiento global de concientización y el establecimiento del “Día Mundial contra el Acoso Escolar”; ya que anteriormente hacia finales de los años 80 se iniciaron investigaciones sobre este tipo de conductas, pero sólo como una forma de recopilar información de qué tipo de dinámicas se ejercían. En Colombia, en este mismo año 2013 se promulgó la Ley 1620, creando un Sistema Nacional de Convivencia Escolar para prevenir la violencia y discriminación (MEN, 2013).

Unidos contra el acoso escolar

Una organización que ha venido trabajando arduamente a nivel mundial frente a liderar programas, estrategias, promoción de espacios justos, equitativos y seguros frente a algún tipo de discriminación y acoso en las aulas es la UNESCO.

En el año 2023, esta organización lideró una campaña denominada “Unidos contra el acoso escolar”; tomando como ejemplo algunos casos de estudiantes de diferentes escuelas y cómo todos los miembros de la comunidad educativa deberían responsabilizarse por la actuación frente a estos casos con programas que estuvieran vinculados en los currículos de forma transversal como proyectos y en los manuales de convivencia.

Esta organización en el 2025 lideró un espacio importante de apoyo para los países frente al poder identificar “Entornos de aprendizaje seguros: Prevención y tratamiento de la violencia en la escuela y sus alrededores”; desatacando a los docentes como los primeros promotores para la eliminación de estas conductas que afectan a los estudiantes y brindándoles herramientas para poder actuar de una forma óptima y adecuada.

Retomando nuevamente, este compromiso en Colombia por erradicar las conductas de violencia y discriminación al interior de las instituciones educativas, vale la pena rescatar el papel del MEN (2025) donde a parte de brindar estrategias y programas a las instituciones para acompañar este trabajo, también resalta el papel de la familia como garante en eliminar la violencia en los hogares, como fuente primaria de la agresividad y del poco reconocimiento a las diferencias de los otros que se evidencia en los casos de los estudiantes que ejercen está misma violencia en el aula.

Este trabajo con las familias debe ser uno de los primeros pasos para dejar de normalizar la violencia y discriminación como medio de supresión para lograr poder o reconocimiento.

Iniciativas que transforman

Como ejemplo de estas dinámicas dirigidas a la ardua tarea de promover y garantizar espacios académicos donde se tenga la cultura del buen trato a través de la sana convivencia y que vincule la participación de toda la comunidad educativa, es la iniciativa diseñada por la institución educativa Colombiana donde estudia mi hijo “Colegio Bilingüe José Max León”; la cual ha creado el programa SER ( Social, Empático, Responsable) donde su principal tarea es promocionar y prevenir las situaciones Bullying y Ciberbullying; a través de propender por espacios donde se respete la diversidad no solo física y de pensamiento, sino de opiniones, gustos, creencias (CBJML, 2023).

Esta iniciativa que se desarrolla a través de diferentes estrategias como la identificación de casos, capacitación a la comunidad educativa, desarrollar acciones de prevención, concientización y sensibilización frente al significado del acoso escolar y sus implicaciones.

Como resultado de esta implementación y de los resultados obtenidos el Colegio en el año 2023 fue certificado como el primer colegio antibullyng en Colombia; llenando de orgullo a la comunidad y principalmente a nosotros los padres por garantizar un espacio seguro para nuestros hijos.

Una batalla conjunta

De acuerdo con estas experiencias y los excelentes resultados, es importante reflexionar que frente a la lucha contra la eliminación y erradicación de estas formas de violencia que discriminan y han llegado a repercutir en acciones tan tristes y llenas de impotencia como el suicidio.

No deben ser los colegios los únicos responsables de garantizar que no se presenten este tipo de violencias en las aulas; ya que, la familia es el primer responsable de generar entornos seguros para los hijos, donde la comunicación prevalezca para que la generación de violencia física y psicológica no sea el medio para resolver conflictos; donde se tengan acuerdos frente al cumplimiento de los deberes y la defensa de los derechos de cada miembro.

Además, siendo docente de profesión también me parece importante hacer un llamado a nuestra labor en esta tarea frente al acoso y discriminación escolar, ya que como gruías, orientadores y promotores de los procesos educativos, debemos hacer que prevalezca la reflexión, la comunicación, la flexibilidad, el respeto a la diversidad de nuestros estudiantes, la inclusión.

No ser generadores de actos de autoritarismo, poca empatía, creedores del saber absoluto; olvidándonos que nuestros estudiantes son el centro de todo el proceso educativo y que debemos garantizar que estén seguros en los espacios educativos, se sientan identificados, motivados, escuchados y con la confianza de poder expresar sus sentimientos, emociones y miedos frente a las situaciones que se presentan.

Los resultados de esta nueva encuesta muestran a Cepeda liderando con 34,3 % y a Valencia consolidándose con 27,9 %. Más allá de las cifras individuales, el dato políticamente más relevante es que ambos fortalecen la percepción de inevitabilidad de una segunda vuelta entre izquierda y derecha, dejando poco espacio para candidaturas de centro o figuras alternativas.

Sin embargo, al comparar esta medición con la primera encuesta publicada por la misma firma, aparecen movimientos interesantes que permiten interpretar tendencias más profundas del electorado.

Cepeda sigue arriba, pero pierde impulso

En la primera medición, Iván Cepeda registraba 35,1 %. Hoy marca 34,3 %. Aunque la caída es moderada —menos de un punto porcentual— sí puede interpretarse como una señal de estabilización de su techo electoral.

Cepeda conserva un voto sólido y altamente fidelizado. Su liderazgo sigue siendo claro y ningún otro candidato logra disputarle el primer lugar. Pero el descenso, aunque pequeño, sugiere que parte del electorado indeciso comienza a mirar otras opciones o que la capacidad de crecimiento del Pacto Histórico empieza a encontrar límites naturales fuera de sus bases tradicionales.

Aun así, el dirigente de izquierda mantiene una ventaja considerable y continúa siendo el candidato con mayor reconocimiento y estructura política entre todos los aspirantes medidos.

Paloma Valencia: la candidata que más crece

La gran ganadora de la encuesta es, sin duda, Paloma Valencia. En la primera medición obtenía 25,4 %; ahora alcanza 27,9 %, creciendo 2,5 puntos porcentuales.

Ese aumento no es menor. En escenarios electorales altamente fragmentados, subir más de dos puntos en tan corto tiempo suele indicar consolidación política, mejor posicionamiento mediático y transferencia efectiva del voto de opinión conservador.

Abelardo de la Espriella se mantiene, pero no despega

El abogado Abelardo de la Espriella pasa de 21,6 % a 21,7 %. En términos estadísticos, prácticamente no hay variación.

Esto revela un fenómeno interesante: De la Espriella tiene una base electoral muy visible mediáticamente, pero hasta ahora no logra expandirse más allá de ella. Su discurso confrontacional y altamente mediático le permite mantenerse competitivo, pero no crecer.

El problema para su candidatura es estratégico: mientras Cepeda conserva el liderazgo y Valencia sigue creciendo, De la Espriella empieza a correr el riesgo de quedarse atrapado en un “tercer lugar permanente”. Y en política presidencial, la percepción de viabilidad es casi tan importante como los votos mismos.

El centro político aparece prácticamente desaparecido

Los números de Claudia López y Sergio Fajardo son quizá los más preocupantes para el llamado centro político.

Claudia López cae de 3,6 % a 3,1 %, mientras Fajardo baja de 2,9 % a 2,4 %. Ninguno logra romper el umbral simbólico del 5 %, tradicionalmente considerado el mínimo para aspirar a protagonizar una campaña competitiva.

La lectura es contundente: el electorado colombiano parece haberse desplazado hacia posiciones más emocionales y polarizadas, reduciendo el espacio para discursos moderados o conciliadores.

La narrativa del “centro racional” que tuvo fuerza en elecciones anteriores hoy parece desconectada de un país marcado por la confrontación ideológica, la inseguridad y el desgaste institucional.

Roy Barreras y los demás: candidaturas testimoniales

El desplome de Roy Barreras también es significativo. Pasó de 0,7 % a 0,3 %, una caída que evidencia enormes dificultades para consolidar una opción propia.

Mientras tanto, nombres como Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero, Carlos Caicedo, Sondra Macollins y Gustavo Matamoros aparecen con porcentajes marginales que hoy no alteran el panorama electoral.

Lo que realmente está diciendo la encuesta

Más allá de quién sube o baja unas décimas, la encuesta deja tres conclusiones centrales.

Primero, Colombia se encamina hacia una elección altamente polarizada entre izquierda y derecha, con un centro político debilitado y sin narrativa movilizadora.

Segundo, Paloma Valencia emerge como la candidata con crecimiento relativo.

Y tercero, aunque Iván Cepeda sigue liderando, su candidatura parece haber entrado en una etapa de consolidación más que de expansión.

En el camino que falta, podrían darse alianzas que podrían alterar las cosas, aunque no mucho porque las cifras muestran un país dividido en dos grandes corrientes políticas que vuelven a convertir la presidencia en un plebiscito ideológico.

La pregunta que queda abierta no es solamente quién llegará a la Casa de Nariño, sino qué tan profunda será la fractura política y social que dejará esta campaña presidencial.

Nota recomendada: Encuesta de la Fundación Génesis Crea pone a Iván Cepeda y Paloma Valencia en segunda vuelta