Una de las primeras acciones políticas del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, fue materializar las zanjas que había prometido en campaña electoral en las fronteras con Bolivia y Perú. Esa medida dividirá la planicie del Altiplano logrando una barrera artificial al paso natural de la fauna silvestre del lugar, como pumas (Puma concolor), suris (Rhea pennata), vicuñas (Lama vicugna), quirquinchos (Chaetophractus nationi) y tarucas (Hippocamelus antisensis), entre otras especies. Según expertos, la profundidad de las zanjas también podría alterar los cursos de agua dañando a los bofedales que comparten Chile y Bolivia.

El proyecto de Kast se llama “Plan Escudo Fronterizo”. El 16 de marzo, solo cinco días después de jurar como presidente, el mandatario se trasladó a la ciudad de Arica para supervisar la construcción de las zanjas en la frontera con Perú. Días después, ese plan se llevó a cabo en la frontera con Bolivia.

Según el gobierno de Chile, este plan “considera medidas firmes con un cierre total de la frontera a la inmigración ilegal -es decir, el cierre de los pasos no habilitados- sanciones severas y un despliegue militar y policial sin precedentes”.

En uno de los puntos del plan se menciona la construcción de un sistema de contención física y tecnológica “infranqueable”, combinando muros o vallas de seguridad de cinco metros de altura “equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados”.

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A eso se suma la construcción de zanjas de tres metros de profundidad y tres metros de ancho “en los sectores de alto tráfico migratorio, impidiendo el acceso de vehículos y el paso de caravanas”.

Solange Vargas es doctora en Biología y Ecología Aplicada y actualmente es académica del departamento de Química y Biología, Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Atacama de Chile. La experta, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que la implementación de una infraestructura de estas dimensiones en el Altiplano constituye una “intervención drástica” que altera la conectividad biológica de uno de los ecosistemas más frágiles del mundo.

“La apertura de una zanja de estas magnitudes genera fragmentación de hábitat. En el Altiplano, la fauna no reconoce fronteras políticas”, explicó la bióloga. “Especies como la vicuña, el suri o ñandú cordillerano y el zorro culpeo dependen de grandes extensiones de terreno para encontrar alimento y agua, recursos que son extremadamente escasos y estacionales. El movimiento de animales, grandes y medianos, es fundamental para sobrevivir en este ambiente”, resaltó Vargas.

La experta, que hace más de 15 años se dedica al estudio de la fauna silvestre en el norte chileno, añadió que estas zanjas pueden generar un efecto barrera o interrumpir rutas migratorias. Por ejemplo -dijo-, para los suris, que son aves que no vuelan, una zanja de tres metros puede ser un obstáculo no menor si es que no es insuperable. “Esto en el tiempo genera división de las poblaciones, reduciendo su variabilidad genética y, en caso de mantenerse por largos periodos de tiempo, podríamos incluso hablar de dejar a las especies más vulnerables o provocar extinción local”.

Una “trampa mortal”

Vargas afirmó que estas zanjas con el tiempo se pueden volver una “trampa mortal”, ya que podría comenzar a registrarse caída de animales, animales lesionados y causar incluso muerte. Los animales pequeños, como roedores o reptiles, difícilmente podrían salir, muriendo por inanición, estrés o exposición, explicó.

En el caso de los felinos andinos, como el puma, o el zorro andino, Vargas afirmó que la situación es compleja, ya que técnicamente un puma tiene la capacidad de salto horizontal, en caso de ser animales saludables. La experta detalló que tres metros de ancho para felinos más pequeños, como el gato andino y el colo colo, puede ser más difícil de sortear. “Por lo que esta zanja podría volverse un obstáculo también para ellos. Si la zanja posteriormente estará acompañada de muros o vallas, hará que la conectividad de la fauna en este ambiente se vea drásticamente reducida”, destacó Vargas.

Por su parte, Cristian Bonacic, profesor titular de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afirmó a Mongabay Latam que las barreras artificiales tienen un impacto sobre la fauna silvestre.

El profesor acotó que en el caso de las zanjas y otras medidas entre Chile y Bolivia aún no se conoce la real continuidad de estas barreras artificiales, su manutención, trazado y si van a ser continuas o no.

Señaló que las principales especies de interés para evaluar son las vicuñas, guanacos, pumas y tarucas, a pesar de que son extremadamente hábiles para sortear acantilados, sitios de difícil acceso y escalar. “Habría que ver si se puede establecer un monitoreo con cámaras trampa para evaluar si hay algún impacto en ellas”, resaltó.

Bonacic recordó que el muro entre México y Estados Unidos sí tuvieron un impacto en especies migratorias estacionales de tamaño medio y grande y se han separado poblaciones de especies que se movían entre ambos países en algunas zonas con el consiguiente impacto sobre las especies, aunque resaltó que ese tipo de infraestructura es mucho más agresiva que una zanja.

Compartido por Perú, Bolivia, Argentina y Chile, el Altiplano es junto al Tíbet una de las mesetas más elevadas del mundo, alcanzando un promedio de más de 4000 metros sobre el nivel del mar. La baja presión de oxígeno a esta altura y sus condiciones climáticas extremas no impidió el desarrollo de una flora y fauna únicas en el mundo por su grado de adaptación a este medio hostil.

En esta zona se pueden encontrar una gran cantidad de especies de aves, reptiles y mamíferos endémicos. Allí, viven camélidos sudamericanos domésticos, como la llama y la alpaca; y silvestres, como el guanaco y la vicuña. En esta área viven los pueblos indígenas aymara y quechua.

Desde la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota se informó a Mongabay Latam que el objetivo de este plan impulsado por Kast contempla la instalación de barreras físicas, zanjas y sistemas de vigilancia con el objetivo de frenar la migración irregular, la trata y tráfico de personas y otras actividades vinculadas al crimen organizado en la zona limítrofe chilena con Perú y Bolivia.

La institución no informó sobre los impactos ambientales del plan, al igual que la Delegación Presidencial de la región de Tarapacá. Mongabay Latam también se comunicó con voceros de Ambiente del gobierno chileno para consultar sobre los impactos ambientales de esta medida, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.

Reclamos desde Bolivia

En Bolivia, Magín Herrera, ingeniero zootecnista y exviceministro de Medio Ambiente, afirmó a Mongabay Latam que el plan de Kast constituye una “alta amenaza para el delicado bioma altiplánico”, ya que tendría consecuencias sociales, económicas y ambientales negativas.

“Con las zanjas se está prohibiendo el paso y libre tránsito de la fauna silvestre que es totalmente inocente, y cumplen un rol productivo para la humanidad; sin embargo, se está destruyendo el hábitat y ecosistemas de la vida silvestre. Ahí tenemos quirquinchos, guanacos, vicuñas, pumas y aves, y se estaría destruyendo sus madrigueras, las crías estarían en la frontera del otro país y las madres al otro lado. Si eso sucede, ¿qué va a pasar?”, cuestionó Herrera.

El experto resaltó que la alimentación para el ganado camélido es por lo general especies vegetales que se desarrollan en humedales únicos en el mundo de esta zona altiplánica. Esta alimentación –dijo- comprende hierbas de baja altura, desarrolladas gracias al escurrimiento superficial y subterráneo de agua proveniente desde las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, además de precipitaciones directas.

“Estos bofedales están protegidos por convenciones internacionales que ha suscrito Chile, también Bolivia, por su incalculable valor ecológico y alta fragilidad. En esta zona también podemos encontrar a la paja brava, forraje natural que se agrupa en pajonales; y la llareta, arbusto densamente compacto antiguamente utilizado como combustible y con propiedades medicinales”, dijo Herrera.

Por su parte, Josef Rechberger, biólogo de la Fundación Teko Kavi, detalló a Mongabay Latam que estas barreras afectan más a la fauna pequeña, como invertebrados, lagartijas, quirquinchos, zorros y felinos pequeños.

“Además, estas zanjas se pueden llenar con agua y los animales corren el riesgo de caer y  morir [ahogados]. Los pumas y vicuñas son animales muy ágiles y si su vida depende de cruzar estás barreras, ya sea por hambre o sed, posiblemente podrían saltar estas zanjas, pero su primera reacción al ver estas zanjas sería evitarlas. Así que realmente es un problema y estarían rompiendo los corredores ecológicos de la fauna silvestre”, dijo Rechberger.

El Gobierno de Bolivia respetó la decisión de Kast sobre la construcción de zanjas. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, afirmó a medios locales que la decisión de Chile no afecta a Bolivia y que respeta la posición asumida por Kast. Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz, sin mencionar a su colega chileno, dijo: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”.

Mientras, la diputada Claudia Bilbao, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó a este medio que la Cancillería boliviana debería enviar una nota de reclamo expresando su molestia por la construcción de zanjas, que no solo afecta a la movilidad humana, sino al hábitat de numerosas especies.

“Hay familias enteras, hay niños y niñas que se mueven por la frontera, pero también la fauna silvestre de la zona está en riesgo. Eso amerita un reclamo, pero seguro no lo harán, ya que Rodrigo Paz y José Kast son de la misma ideología”, afirmó Bilbao.

*Imagen principal: el Gobierno de Chile inició la construcción de zanjas en la frontera con Bolivia y Perú con el fin de evitar la migración ilegal, entre otras problemáticas fronterizas, pero esa decisión afecta a la fauna y a los humedales del Altiplano. Foto: cortesía Chile Noticias.

El artículo original lo publicó Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Todo comenzó la noche del 16 de octubre de 2025. Pará, una jaguar o yaguareté (Panthera onca) adulta, fue hallada en un complejo habitacional militar en la zona Las 2000 Hectáreas de Puerto Iguazú, en la región de Misiones, al noreste de Argentina. De inmediato se inició un operativo que inicialmente buscaba trasladar únicamente a la madre por el creciente conflicto con los vecinos, pero esa acción se topó con una complejidad no prevista: la hembra estaba acompañada por dos cachorros de no más de dos meses.

Agustín Paviolo, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y coordinador de Proyecto Yaguareté -que participó de la reubicación de los tres felinos-, afirmó a medios locales que la situación de Pará se complicó en 2025, cuando la detectaron en la zona urbana de Puerto Iguazú. En esa área encontraron –dijo- trampas y cebos para matarla y que incluso los habitantes iban a tomar medidas por su cuenta. El investigador afirmó que la presencia de las crías no estaba confirmada antes del operativo, aunque era una posibilidad que barajaban.

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“Había indicios, en algún video la vimos medio panzona, pero no lo sabíamos con certeza. De cualquier forma, analizamos todos los escenarios. No hubo improvisación: fue un procedimiento planificado”, dijo Paviolo.

Los tres felinos –las crías todavía eran lactantes- fueron llevados al parque provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí. Tras la liberación, la madre se alejó del lugar, según el collar de GPS que tiene instalado, mientras que los cachorros quedaron en las inmediaciones del sitio de traslado. Desde entonces, no se volvió a tener registro de las crías.

La medida despertó duras críticas a la reubicación de jaguares o yaguaretés. Está en curso una investigación federal para determinar si el procedimiento de traslocación fue el adecuado y poder ubicar a las crías o conocer su destino. Una de las hipótesis es que los cachorros fueron abandonadas y no pudieron sobrevivir solas en el lugar donde fueron relocalizadas.

Nicolás Lodeiro Ocampo, director de la Red Yaguareté, explicó a Mongabay Latam que tres entidades decidieron la traslocación de Pará: el Ministerio de Ecología de Misiones, el equipo del Proyecto Yaguareté del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Administración de Parques Nacionales.

“Todos intervinieron, todos decidieron, todos avalaron y todos participaron”, dijo Lodeiro Ocampo, quien aseguró que, si la Red Yaguareté participaba en ese operativo, se hubiera ejecutado dos acciones: que Pará y sus cachorros fueran llevados a un recinto seguro en la zona de Iberá para analizar los pasos a seguir o automáticamente hubieran sido liberados nuevamente en su lugar de captura. “Jamás habríamos permitido un traslado criminal a Esmeralda. Conocemos del tema, conocemos más aún la historia de traslocaciones y a todos los actores involucrados”, reprochó el experto.

La reubicación de jaguares ya ha provocado debates entre autoridades y expertos en otros países. En Colombia, como informó Mongabay Latam en noviembre pasado, la decisión de trasladar a un jaguar macho adulto no fue bien recibida por especialistas en fauna silvestre.

En el caso colombiano, como en el de Pará, pobladores locales habían advertido que matarían al felino, lo que motivó el traslado. Pero desde la perspectiva de los expertos críticos a la decisión, la medida fue injustificada científicamente y debió considerarse solo como último recurso, priorizando antes protocolos orientados a la coexistencia entre comunidades humanas y esta especie.

Lodeiro Ocampo añadió que Pará vivía en un lugar donde podía caminar y llegar tranquilamente hasta una casa habitada. Es por eso -dijo- que se exigió que se instale un alambrado perimetral como existe en muchos parques nacionales y advirtió que el problema no lograría solucionarse con el traslado de la jaguar. “Es seguro que el territorio que Pará utilizaba y defendía de otros yaguaretés ya esté ocupado por otro ejemplar al encontrarse vacío. ¿Ya se desarrollaron medidas eficaces para que esa nueva dominante no haga lo mismo que ella?”, preguntó el experto.

Parte de la investigación

La Red Yaguareté presentó ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) un escrito de más de 30 páginas con su posición sobre el caso. El caso judicial comenzó con una denuncia anónima a la que la organización se adhirió. La red presentó ante la Fiscalía  antecedentes históricos de situaciones de conflictos del yaguareté o jaguar con poblados en Misiones, traslocaciones fallidas de yaguaretés y pumas en Misiones y opiniones técnicas de expertos nacionales e internacionales que claramente expresan su negativa a un traslado de esta naturaleza y de esta forma.

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Además, se solicitó la citación a declaración indagatoria a personal y profesionales del Ministerio de Ecología de Misiones, del Proyecto Yaguareté del Conicet y funcionarios de Parques Nacionales que están involucrados en el operativo de captura y traslado.

El Ministerio de Ecología de Misiones no respondió a las preguntas enviadas por Mongabay Latam, pero en un comunicado a medios locales afirmó que el operativo de reubicación de Pará y sus dos cacharros duró nueve días y en esa acción participaron varias organizaciones.

“El procedimiento [de captura] consistió en la instalación de jaulas trampa y lazos en los senderos más transitados, con monitoreo constante a través de transmisores y presencia rotativa de equipos técnicos. Una vez capturado el ejemplar, los especialistas del Imibio realizaron la toma de muestras biológicas para análisis genéticos y el resguardo del ADN en el Biobanco provincial”, expresó en un comunicado la institución provincial.

Además, el Ministerio de Ecología de Misiones aseguró que primero se capturó a Pará y luego de “varias horas” lograron capturar a sus crías. Para esta entidad, la relocalización al parque Esmeralda fue una “decisión correcta”. Sin embargo, el organismo oficial no establece dónde están los cachorros luego de la relocalización. Sobre las crías, el informe oficial reconoce: “No es posible determinar con certeza su situación actual” y admite que “las cámaras trampa no registraron el egreso de los cachorros”.

“En ese lugar se llevó adelante el proceso de ambientación y reunificación familiar bajo la supervisión de guardaparques provinciales, personal del Imibio, la Fundación Azara, el Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre «Güirá Oga» y el Proyecto Yaguareté [de Conicet], que controlaron su adaptación al nuevo entorno”, continuó el comunicado.

Rafael Hoogesteijn es médico veterinario, especialista en conflictos entre jaguares y ganado vacuno y miembro de Panthera, organización mundial dedicada a la conservación de los felinos salvajes. El experto, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que una traslocación en felinos es una “medida de última aplicación”, cuando ya se realizaron otras acciones que no tuvieron éxito. En el caso de Pará se aplicó como medida inmediata.

“Las traslocaciones en grandes felinos no dan resultados. ¿Por qué? Porque cuando el felino es consumidor de ganado y lo traslocan, en la nueva localidad es muy posible que lo vayan a matar, especialmente los ganaderos. El otro problema es que están trasladando parásitos y enfermedades de una región a otra, incluso introduciendo nuevos parásitos y nuevas enfermedades”, destacó Hoogesteijn.

El especialista añadió que en el caso de los jaguares estos son rechazados por los mismos jaguares que habitan en la zona elegida para la traslocación, especialmente si son machos. “Inclusive hay peleas fuertes y el jaguar traslocado es matado por los jaguares locales”, dijo Hoogesteijn, quien acotó que hay casos escasos donde una jaguar joven es aceptada por los jaguares locales con miras a la reproducción. Pero este no es el caso de Pará, que, se estima, tiene ocho años.

“En muchos otros casos los felinos caminan muchos kilómetros regresando al lugar donde fueron capturados. Entonces, las traslocaciones se ven muy bonitas en los medios de comunicación, pero es carísimo y generalmente los resultados son ineficientes”, dijo Hoogesteijn.

Reubicación cuestionada

En el caso de una traslocación de una jaguar con sus crías, Hoogesteijn afirmó que esa situación “es mucho más difícil”, ya que las hembras adultas no pueden moverse mucho para cazar y lograr alimentos para sus crías y para dar de lactar. “Cuando ellas están en un territorio que ya conocen, ellas van a buscar las presas donde ya conocen y se les hace más fácil, pero cuando son traslocadas se les hace más difícil, ya que primero tendrán el rechazo de jaguares locales y, segundo, no conocen el área para poder cazar y establecerse. Además, los cachorros traslocados pueden ser matados por los jaguares locales”, dijo.

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Los cachorros permanecen con paradero desconocido desde finales de octubre pasado. Según informó la Ufima, la investigación preliminar se encuentra en trámite, a la espera de informes técnicos de los organismos especializados.

Lodeiro Ocampo advierte que el parque Esmeralda no era el destino más adecuado y recuerda que se había propuesto trasladar a los animales al Parque Nacional Iberá, en Corrientes, como alternativa inicial. Sin embargo, desde el Ministerio de Ecología argumentaron que se priorizó “mantener al ejemplar dentro de su ecorregión de origen (Selva Paranaense)”. Sin embargo, la Red Yaguareté identificó a Esmeralda como una zona donde la caza ilegal de felinos creció en el último tiempo.

En 2023, la propia Pará fue víctima de caza ilegal. La jaguar perdió un ojo y registró marcas de perdigones en su cuerpo durante una revisión. Es por eso que le pusieron un collar satelital, que hasta ahora funciona y permite que sea monitoreada, pero según Londeiro Ocampo es “imposible” acceder a las rutas que siguió Pará en este último tiempo.

Sebastián Di Martino, director de Conservación de Fundación Rewilding Argentina, organización que no participó del operativo, afirmó a Mongabay Latam que en hembras con crías una situación de estrés, como una traslocación, puede provocar abandono de la madre. Por eso existen –dijo- distintas modalidades de liberación: algunas con adaptación previa en corrales (suelta blanda) y otras directo en el ambiente (suelta dura).

“Con animales provenientes de cautiverio suele ser preferible una suelta blanda; si es un animal silvestre, la suelta dura puede ser una opción. Como sea, no hay que demonizar el manejo: una especie en peligro crítico de extinción requiere acciones activas para recuperarla”, afirmó Di Martino.

Pará camina sola. Está todavía en el parque Esmeralda, pero no se sabe si está a salvo. Su collar satelital y las cámaras trampa lo ratifican, pero no hay novedades sobre los cachorros. La tecnología no muestra a las crías y las críticas aumentan por la traslocación.

Imagen principal: Pará camina por el bosque del norte argentino antes de ser capturada para su traslado junto a sus crías. Foto: cortesía Red Yaguareté.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025, la Amazonía colombiana enfrentó graves amenazas por vías ilegales como la Calamar-Miraflores, en Guaviare, que ha deforestado 47 855 hectáreas desde 2000, principalmente para instalar ganadería extensiva. Por su parte, en Mapiripán, Meta, 549 kilómetros de ramales rectos abrieron paso a 162 237 cabezas de ganado ilegal y arrasaron 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Proyectos de carbono opacos, como el de Cotuhé-Putumayo, vendieron 3 millones de bonos a la empresa Chevron sin consultar a líderes indígenas tikuna, repitiendo irregularidades del suspendido proyecto Pachamama Cumbal. La autonomía indígena dio pasos clave al final del año con la firma de decretos que reconocen a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), sin embargo, los pueblos indígenas siguen enfrentándose a grandes amenazas. Por ejemplo, la Guardia Siona sufre confinamiento por minas antipersonal y enfrentamientos entre grupos armados.

A pesar de esto, 2025 también dejó historias inspiradoras, como la de la defensora Jani Silva, en Putumayo, que resiste a empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, mientras impulsa la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica.

10. La vía Calamar – Miraflores, una cicatriz en la selva amazónica colombiana

La vía que comunica estas dos poblaciones del departamento de Guaviare ha sido objeto de controversia desde 2019 debido a la falta de permisos ambientales, lo que llevó a restricciones en su uso. Ante los obstáculos legales para su mantenimiento, ganaderos y colonos se las han ingeniado para cobrar “peajes informales”, así como cobros por la movilidad del ganado.

La ganadería extensiva y la apropiación de tierras han sido los dos motores que más han impactado en la deforestación de bosques de esta región, buena parte de ellos en zonas de reserva forestal. Entre 2000 y 2023, se deforestaron aproximadamente 47 855 hectáreas alrededor de la vía. El 64 % de esta tala ocurrió entre 2016 y 2023.

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9. Colombia cambia su mapa: el Gobierno reconoce oficialmente las primeras Entidades Territoriales Indígenas

A 34 años de la creación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura clave que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, Colombia reconoció a las primeras ocho poblaciones bajo este esquema en la Amazonía.

El mapa de Colombia cambiará a partir de ahora, luego de que el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho ETI. En total abarcan más de 7 millones de hectáreas y equivalen al 15 % de la Amazonía colombiana. Estos territorios contarán no solo con un polígono trazado en el mapa, sino que podrán seguir gobernando sus territorios con base en sus propios sistemas de conocimiento, los cuales ya han implementado en salud, educación y justicia. Seguirán, en todo caso, en coordinación directa con las demás instituciones del Estado.

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8. Chevron compró, una vez más, bonos de carbono de un proyecto hecho a espaldas de los pueblos indígenas

Líderes del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, en la Amazonia colombiana, dicen no conocer la iniciativa de carbono que se está desarrollando en su territorio y que ya vendió más de 3 millones de bonos. La empresa que lo desarrolló y la que lo auditó son las mismas involucradas en otro proyecto hecho a espaldas de la comunidad indígena que lo alberga en la cordillera andina de Colombia y que fue suspendido por orden de un juez.

El mayor comprador de créditos en este nuevo proyecto opaco ha sido, al igual que en el anterior, la petrolera estadounidense Chevron. Tanto la desarrolladora como la auditora y la certificadora se han negado a entregar información sobre el proyecto a Pepe Cham, representante legal de la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar).

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7. Mapiripán: más de 500 kilómetros de vías ilegales abren paso a la ganadería y la deforestación en la Amazonía de Colombia

Las vías ilegales crecieron exponencialmente en el municipio de Mapiripán, en el departamento de Meta, a medida que se disparaba la deforestación desde 2014. Esto impulsó la ganadería ilegal (162 237 cabezas en 2023) en cerca de 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Mongabay Latam hizo un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio existe un entramado de 11 ramales de vías que en total suman 549 kilómetros. Algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud, lo que hace pensar que su construcción no fue improvisada.

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6. Jani Silva, la defensora de la Perla Amazónica

A pesar de las constantes amenazas a su vida, Jani Rita Silva insiste en ser defensora sin salir del departamento de Putumayo, en la frontera colombiana con Ecuador.

La líder campesina ha resistido durante décadas contra empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, impulsando la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica con reforestación y empoderamiento comunitario. Amenazada con explosivos, Jani Rita se ha negado a exiliarse y su trabajo destaca la resistencia femenina en zonas de conflicto.

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5. Minas y confinamiento: la lucha silenciosa de la Guardia Indígena Siona en Putumayo

En los resguardos de Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, dos líderes custodian un legado milenario que el conflicto armado, las minas antipersonales y la indiferencia estatal amenazan con borrar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de ambos resguardos, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio.

La guerra ha confinado a los Siona en su propia selva: la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La comunidad reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

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4. Así es la vida de Barto, un ocelote rescatado del tráfico de vida silvestre en Colombia

En octubre de 2024, autoridades en Cali, Colombia, encontraron un ocelote de aspecto enfermizo mientras hacían efectiva una orden de captura en contra de un criminal en un lujoso barrio de la ciudad. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se encargó de recuperar a Barto mediante un proceso exitoso, pero su futuro es incierto.

Además del comercio de pieles y la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal de especies con fines de mascotismo ha sido uno de los principales problemas que han enfrentado los ocelotes en Latinoamérica. En Colombia, desde 2010, las autoridades han decomisado más de 340 de estos félidos, entre ejemplares vivos y muertos. Un ocelote en el mercado negro puede costar alrededor de 1400 dólares.

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3. Mujeres que protegen el territorio: las defensoras en Colombia viven al filo de muerte

Durante 2023 y el primer semestre de 2024, el Programa Somos Defensores registró 238 agresiones contra las mujeres líderes y defensoras en Colombia. Diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido que la violencia contra las defensoras ha tenido una escalada desde 2022.

A diferencia de sus compañeros, ellas se enfrentan a una doble victimización: por ser líderes y por ser mujeres. Las lideresas en la Amazonía y Orinoquía colombiana siguen siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en la defensa del territorio.

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2. Guardias indígenas: el escudo de la Amazonía de Colombia

A través de la organización y el trabajo colectivo, estas guardias no armadas han sido una barrera de protección del territorio, el ambiente y las comunidades. En la actualidad combinan sus conocimientos tradicionales con herramientas tecnológicas de monitoreo, como GPS e imágenes satelitales, para que sus datos puedan usarse en entidades del Estado.

Ejercer sus funciones de protección les ha traído múltiples amenazas: entre 2014 y 2024 al menos 70 guardias indígenas fueron asesinados en Colombia. Un equipo periodístico rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía para conocer de cerca estos procesos de defensa y los riesgos que enfrentan.

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1. Potreros, peajes ilegales y grupos armados: un desastre provocado por cinco vías ilegales en la Amazonía de Colombia

En la Amazonía de Colombia hay más de 28 000 kilómetros de vías que se extienden entre áreas protegidas, resguardos indígenas y zonas de importancia ecológica. Aunque conectan comunidades, fragmentan la selva.

Un análisis geográfico de Mongabay Latam documentó la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Un equipo periodístico viajó a los departamentos amazónicos más afectados —Caquetá, Meta y Guaviare— para documentar cómo se entrelazan las actividades legales e ilegales alrededor de estas vías, que se han convertido en promotoras de deforestación, ganadería y cultivos de uso ilícito.

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BONUS: Guardianes de la cachuda: un proyecto en Colombia para proteger al tiburón martillo más pequeño del mundo

De las nueve especies de tiburón martillo registradas en el mundo, el Sphyrna corona, conocido también como “cachuda amarilla”, es el más pequeño, y en su estado adulto mide menos de un metro. La sobrepesca y la captura incidental han causado una reducción de sus poblaciones en más del 80 % en los últimos 30 años, por lo que se considera en Peligro Crítico de extinción.

En el Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas se aliaron para protegerlo en un área marina donde aún es común verlo: el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. Juntos han impulsado un proyecto pionero de monitoreo que revela nuevos datos sobre esta rara y poco estudiada especie, y que abre un camino para su conservación.

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Imagen principal: en un rincón del Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas trabajan para proteger a la “cachuda amarilla”, el tiburón martillo más pequeño del mundo. Foto: cortesía Emilio Posada

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Tras su captura en el departamento andino de Cundinamarca, el jaguar, transportado por aire en una pesada caja de madera, finalmente toca tierra. Luego de continuar su recorrido remolcado por un tractor, el momento aparece en un video grabado por la autoridad ambiental: un cuidador retira el candado y, con ayuda de una cuerda, desliza la puerta hacia arriba. Pasan unos segundos antes de que el gran felino asome la cabeza, observe a ambos lados para inspeccionar el nuevo entorno y, tras unos pasos cautelosos, se adentre veloz en la selva del norte del departamento de Vichada, en las llanuras orientales de Colombia.

En la madrugada del 18 de octubre de 2025, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) coordinó la translocación de un jaguar macho (Panthera onca) de 95 kilos, tras múltiples reportes de finqueros sobre su presencia —desde mayo pasado— en las zonas rurales de los municipios de Apulo y Tocaima, en la cuenca baja del río Bogotá. La entidad envió un equipo técnico al área, donde encontraron rastros que indicaban el paso de un felino. En junio, las cámaras trampa instaladas captaron imágenes que confirmaron la presencia del jaguar. Para inicios de septiembre se ejecutó el operativo final: el jaguar fue capturado y sometido a protocolos de vigilancia médica, comportamiento y alimentación durante un mes, antes de su traslado y liberación.

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“Nos lo decían cuando denunciaban: ‘Si ustedes no lo cogen, lo vamos a matar, porque ya nos mató dos o tres vacas, y no vamos a permitir que nos maten más’”, afirma Alfred Ballesteros Alarcón, director de la CAR Cundinamarca, en entrevista con Mongabay Latam. Por ello, la autoridad ambiental presentó este caso, oficial y mediáticamente, como un “rescate”.

Sin embargo, la decisión de translocar al jaguar no fue bien recibida por especialistas en fauna silvestre. Desde su perspectiva, la medida fue injustificada científicamente y debió considerarse solo como último recurso, priorizando antes protocolos orientados a la coexistencia entre comunidades humanas y esta especie.

“La respuesta de una autoridad ambiental no puede ser mover, cada vez que aparezca, un felino o cualquier otro tipo de depredador”, sostiene José Fernando González Maya, director de la organización ProCAT Colombia. “Le dijimos a la CAR, cuando nos contactó, que nuestra recomendación era hacer una intervención integral. Es decir, ir a hablar con las comunidades, dar información y llevar métodos disuasorios para evitar que el jaguar siga comiendo vacas y que las comunidades lo maten. Al final, lo translocaron y cambiaron el discurso a un ‘rescate’, cuando acá lo que hubo fue una extracción de un individuo de su hábitat natural”.

Jaguares sin territorio

En Colombia se han identificado cinco grandes subpoblaciones de jaguares. Una se encuentra en el Chocó biogeográfico, al occidente del país, que conecta con Centroamérica; otra en la región Paramillo – San Lucas, en una zona de transición entre el Caribe y la cordillera central de los Andes; una más en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe; otra en la Serranía del Perijá-Catatumbo, hacia el oriente y limitando con Venezuela; y, finalmente, una gran población que se extiende por la Amazonía y la Orinoquía, explica Iván Mauricio Vela, investigador titular del Instituto Humboldt e integrante de la Sociedad Colombiana de Mastozoología.

El traslado del jaguar desde la región andina hacia la Orinoquía no es solo un viaje de cientos de kilómetros: para el felino significa enfrentarse a un ecosistema distinto, con nuevas estructuras de bosque y patrones de clima, explica Vela.

“La Orinoquía tiene muchas más sabanas y serranías, que son altitudes bajas, mientras que en los valles interandinos, a pesar de que también están en zonas bajas, tienen influencia de la Cordillera de los Andes”, detalla el especialista. “Entonces la composición de las plantas, la estructura de los bosques, la precipitación, la presencia o no de cuerpos de agua, y un montón de cosas cambian, porque son biomas diferentes, son regiones geográficas diferentes del país. Por eso hay que tener en cuenta esto en el momento de mover un animal desde los Andes a la Orinoquía”.

Vela también plantea que existen diferencias físicas entre las poblaciones de jaguares del país. Los individuos más cercanos a la Amazonía suelen ser más grandes y corpulentos, mientras que en los Andes, en teoría, tienden a ser más pequeños. Este contraste genera dudas sobre los efectos individuales que pueda tener la translocación de este ejemplar.

“No sabemos cómo le va a ir, por eso, para una translocación hay que tener muchas variables en cuenta para saber si es efectivo o no el movimiento del individuo de un lugar a otro”, explica Vela. “La UICN tiene un manual diseñado exclusivamente para la translocación de fauna silvestre, porque es un procedimiento muy complejo: es prácticamente una lotería, uno no sabe si le va a ir bien o no. Por eso es importante que la autoridad ambiental dé a conocer los criterios técnicos que justifican mover a un individuo”.

La presencia de jaguares en Cundinamarca no es algo nuevo. Años atrás, hubo registros que apuntaban a la presencia de estos felinos en la región, coinciden los especialistas.

“Hace unos siete u ocho años, registramos un jaguar en otro municipio de Cundinamarca, relativamente no tan lejos de esa zona”, describe José Fernando González Maya. “La CAR hizo cobertura de medios sobre la presencia de jaguar en la jurisdicción. Nosotros en ese momento teníamos un proyecto con ellos y la información se manejó bien, en términos de celebrar que estaba el jaguar allí. Poco después, enfrente de Cundinamarca —que se divide con otros dos departamentos por el río Magdalena, el más importante en Colombia—, cruzando el río, en la zona baja, publicamos registros de jaguar también. Es decir, hay poblaciones alrededor”, sostiene el especialista.

El rango de distribución del jaguar se ha reducido alrededor de un 49 % en Latinoamérica, mientras que en Colombia la pérdida alcanza aproximadamente el 39 %, recuerda Laín Pardo, especialista en biodiversidad de la organización WWF Colombia.

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“Por eso, cuando ocurren nuevos registros, a los biólogos y a los ecólogos nos gusta mucho esa información: quiere decir que algo está pasando y la especie se está moviendo por territorios donde antes no se veían mucho. Lo primero que llama la atención es eso”, describe el biólogo.

Precisamente, agrega, habría que indagar las razones por las cuales este jaguar se desplazó hacia una zona con alta densidad poblacional, cercana a varios pueblos. “No es anormal tampoco: realmente la gente cree que los animales tienen que estar por allá, en sitios muy recónditos, pero no. Y la zona de Apulo, en Cundinamarca, es bastante interesante, porque allí se están dando procesos de restauración pasiva, con pasturas que se han abandonado y se restauran de manera natural”, agrega Pardo.

Y, de pronto, eso es precisamente lo que el jaguar pudo estar mostrando. “Algo está pasando y probablemente hay más cobertura forestal en donde él podía desplazarse con más tranquilidad. Iba rumbo a algún lado, pero nos perdimos esa oportunidad de saberlo; hay procesos que nos perdimos de indagar un poco más a profundidad”, concluye Pardo.

Siguiendo al jaguar

La autoridad ambiental confirmó a Mongabay Latam que el jaguar fue equipado con un collar de telemetría y GPS satelital, herramienta que permitirá conocer en tiempo real sus desplazamientos, comportamiento y adaptación. Además, informó que implementará un monitoreo permanente mediante cámaras trampa para garantizar el bienestar del felino y la estabilidad ecológica de la zona. Sobre el uso de la información recopilada, aclaró que no está prevista una publicación abierta de los datos, los cuales se emplearán internamente para el seguimiento del ejemplar y como insumo en futuros estudios o investigaciones.

“La zona donde él estaba no es un corredor felino. Todavía no tenemos la certeza de cómo apareció en estos municipios, que son densamente poblados, donde el distrito capital tiene cerca de 10 millones de habitantes”, explica Ballesteros Alarcón, director de la CAR Cundinamarca. “Desafortunadamente, cuando se da el avistamiento de esta clase de especie, también aparecen los cazadores a querer llevarse el ‘trofeo’. Por eso hablamos de ‘rescate’, porque, de no haberlo localizado pronto y haberlo llevado, y luego liberado, seguramente los cazadores lo habrían matado o los finqueros, en defensa de sus animales”.

Para definir el lugar de la translocación, la CAR Cundinamarca solicitó la colaboración de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia). “Es la autoridad que tiene jurisdicción en el corredor felino de la Orinoquía y con sus expertos se identificó el sitio exacto en donde se debía liberar. La Fuerza Aérea colaboró en el traslado del jaguar en avión hasta un punto y, desde allí, fueron varias horas en vehículo para poder llegar al sitio que la autoridad ambiental nos indicaba como adecuado para su liberación”, detalló el funcionario.

Ballesteros Alarcón aclaró que, aunque la CAR Cundinamarca trabaja actualmente en iniciativas como el “Corredor de los Felinos del Río Negro” —una nueva área protegida, ubicada en los municipios de Yacopí y Caparrapí, donde se han logrado acuerdos de conservación de varias especies con las comunidades—, trabajar en la coexistencia en la zona donde este jaguar fue capturado, no fue una opción debido al posible riesgo de cacería retaliativa, e insistió en que “el jaguar no es oriundo de esa zona, porque no es un corredor ecosistémico de jaguares. Él allí no tenía especies silvestres con las cuales alimentarse porque es una zona densamente poblada”.

Crear paisajes de coexistencia

Los expertos consultados coincidieron en que uno de los mayores retos en la conservación de grandes carnívoros es promover paisajes de coexistencia, donde las comunidades humanas desarrollen percepciones positivas frente a la presencia de estas especies. Este trabajo, señala Iván Mauricio Vela, solo es posible mediante un reiterado proceso de diálogo y educación comunitaria.

En esa línea, el Grupo de Especialistas en Interacciones entre Humanos y Vida Silvestre de la UICN elaboró un manual de coexistencia, que propone los pasos para manejar de manera responsable y sostenible la relación entre las comunidades y la fauna silvestre.

“Ahora que ocurrió la translocación, es muy importante que se documente e invitamos a la autoridad —dentro de su independencia— a que estos datos sean públicos: será el primer ejercicio de telemetría de un jaguar sobre cálculos de rango de hogar”, señala Vela. Es decir, un estudio que permitirá conocer cuánto se mueve un animal dentro de su área habitual de actividad, pudiendo obtener datos del área que utiliza, un ejercicio sin precedentes en Colombia.

“Es invitar a un proceso de ciencia abierta —concluye Vela—, que desde muchas orillas académicas estamos invitando continuamente a todas las organizaciones, gobiernos e instituciones para que haya ese cooperativismo académico y científico, y que esto se dé a conocer”.

Imagen principal: un jaguar que había sido reportado por finqueros en la cuenca baja del río Bogotá, en Colombia, fue capturado y translocado en el departamento de Vichada, al oriente del país. Foto: cortesía CAR Cundinamarca.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado  para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

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Concretar demandas en un panorama desalentador

Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

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La dependencia de los combustibles fósiles

Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

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El eterno debate del financiamiento climático

En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

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Voces indígenas que quieren ser escuchadas

La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 28 de abril pasado un cráneo de jaguar cruzó casi toda Bolivia. Los huesos de la cabeza del felino salieron de la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz, y fueron interceptados en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz. Un ciudadano boliviano trasladó el cráneo hasta la frontera con Chile. El traficante fue detenido y, según informaron varios activistas ambientales, ofrecía partes del jaguar en redes sociales. En los dos últimos años, los casos de tráfico de jaguar ascienden a 20, aunque no son datos oficiales y son procesos enumerados por expertos.

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El traficante se enfrentó a la Justicia un día después de haber sido detenido. Obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria. El cráneo del jaguar tenía sus colmillos intactos, lo que presume que iba a ser ofertado a buen precio. Según el director de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), coronel Carlos Chispas, el detenido ofrecía en redes sociales el cráneo del jaguar a 2500 bolivianos (360 dólares).

“Nosotros realizamos el operativo en la ciudad de El Alto y se aprehendió a esta persona. Hay personas que se dedican al tráfico ilegal del jaguar para traficar los colmillos de este animal, que son muy demandados en países de Asia con fines medicinales u otros usos. Lamentablemente, como en otros casos, la Justicia decidió que el traficante tenga detención domiciliaria”, afirmó Chispas a Mongabay Latam.

El jefe policial detalló que un solo colmillo de jaguar en Asia cuesta 4000 dólares y que en los últimos cuatro años se decomisaron 236 colmillos de este felino en distintos operativos. Chispas añadió que POFOMA realiza las acciones para dar con los traficantes, pero que en la Justicia muchas veces no se abren los procesos legales o son beneficiados con detenciones domiciliarias o incluso recuperan la libertad.

“Tenemos medidas cautelares emitidas por el Tribunal Agroambiental, pero aún existen tareas pendientes en la protección del medio ambiente. Nos faltan jueces capacitados que puedan analizar adecuadamente estos casos, ya que algunos de ellos terminan liberando a personas implicadas en delitos como el tráfico de fauna silvestre”, dijo Chispas.

Por ejemplo, explicó el jefe policial, un caso reciente que motivó el reclamo policial fue la liberación de cuatro extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de peces ornamentales en el departamento de Beni, pese a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En el primer semestre de esta gestión, 173 animales silvestres fueron rescatados en distintos operativos en diferentes regiones de Bolivia, además de 37 animales domésticos encontrados en condiciones de vulnerabilidad, según datos de POFOMA y de la Fiscalía General. De esos 173, un 20 % son felinos y hay diez jaguares rescatados.

Rebrote de asesinatos

Sobre los casos de tráfico de jaguares vivos, la fiscalía y POFOMA no tienen un dato concreto, pero según Chispas “pasan los diez” en los dos últimos años. Pero existe otra problemática que se agrava: según Rodrigo Herrera, director de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, existe un rebrote de asesinatos de jaguares en diferentes regiones bolivianas.

“No son cifras oficiales, es información que tenemos sobre los reportes que nos llegan. Desde la pasada gestión, han rebrotado estos casos de tráfico y caza del jaguar, siendo alarmante lo que sucedió hace aproximadamente tres semanas, con cuatro hechos de caza y tráfico de jaguar”, relató Herrera a Mongabay Latam. 

En los últimos 20 años, el desborde de casos de tráfico y caza del jaguar sucedió en el periodo entre 2014 y 2019, según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia. El delito comenzó a disminuir por las sentencias que se estaban ejecutando contra los acusados. Durante la pandemia por el Covid-19 la actividad ilegal bajó, pero desde 2024 nuevamente se dieron a conocer casos de jaguares asesinados.

Según Herrera, entre 2024 y septiembre de este año, existen 12 casos conocidos que implican al menos a 20 jaguares asesinados. “Solo son los casos sobre los que tenemos certeza, son cifras no oficiales. Es muy preocupante, no habíamos tenido este rebrote de casos desde hace mucho tiempo”, alertó el activista.

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El experto sostuvo que estos crímenes son consecuencia de la inacción del Estado para actuar de oficio y procesar a los responsables. Además, también alertó sobre la oferta de caza silvestre que algunos operadores de turismo estarían promoviendo, similar al caso de Jorge Néstor Noya, un ciudadano argentino que ofrecía paquetes turísticos desde su país para llegar a Bolivia a cazar jaguares, a través de su empresa Caza & Safari, como publicó Mongabay Latam. El costo de este paquete llegaba a 50 000 dólares.

Según datos de POFOMA, los lugares donde se registran la caza de jaguares son en el municipio de Ixiamas, al norte del departamento de La Paz; en el municipio de Porvenir, en el departamento de Pando; en municipios de Beni; en el Chaco boliviano; y en la Chiquitania de Santa Cruz.

Por los últimos casos de este periodo, existen alrededor de 13 personas que están siendo investigadas por la fiscalía tras denuncias de los activistas. Según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, desde 2014 hasta la fecha, se registraron 47 casos relacionados con la caza y el tráfico ilegal del jaguar. De esa cantidad, solo cinco terminaron con sentencia. Ninguno corresponde al último periodo.

Herrera añadió que la baja cantidad de sentencias se debe a que los fiscales del sector rural no están capacitados para realizar una investigación por ese delito ambiental. Además, a pesar de que el Estado debería actuar de oficio, los procesos son impulsados por activistas, pero la falta de recursos económicos para hacer el seguimiento hasta conseguir un fallo se convierte en otro obstáculo.

Mongabay Latam buscó conocer la opinión del Ministerio de Ambiente y Agua sobre el rebrote de asesinatos del jaguar, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Fallo inédito

El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió en abril de este año un fallo inédito y ordenó a diferentes entidades del Estado la protección del jaguar y de su hábitat. La sentencia exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Esa sentencia, que está en plena vigencia, dispone medidas de protección para el jaguar, para su hábitat y para los defensores ambientales.

En ese fallo, la instancia judicial ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses (hasta octubre) concluya la actualización de la categoría del jaguar en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia para que se lo catalogue como especie en peligro o en peligro crítico, porque actualmente está como una especie vulnerable. También instruyó a esta cartera de Estado a que implemente planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar.

Marcos Uzquiano es el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) y considera a los jaguares como su familia. Por su trabajo, sabe que el felino ya no vive tranquilo. Las mafias internacionales “le han echado el ojo” y lo buscan en las profundidades de la selva boliviana para arrancarle sus colmillos después de matarlos a balazos.

Para Uzquiano, esto tiene una explicación sencilla: en los países asiáticos los jaguares son apuntados como sustitutos del tigre (Panthera tigris), una especie que está al borde de la extinción, y es por eso que ahora son traficados para suplir una demanda.

Desde hace varios años, Uzquiano recibe información que apunta a que ciudadanos chinos pagan a los comuneros bolivianos por los colmillos de jaguar. El guardaparque, junto a su equipo de trabajo, lleva años rastreando este crimen, decidido a ponerle freno antes de que sigan matando a más felinos.

“La única alternativa para conservar el jaguar es una mayor fiscalización, una mayor coordinación a nivel interinstitucional entre los distintos niveles del Estado y también mayores acciones de prevención y de sensibilización con las comunidades”, resaltó Uzquiano, quien también afirmó que se necesita “un fortalecimiento directo al trabajo que hacen los guardaparques para que por lo menos los jaguares que están dentro de las áreas protegidas puedan ser protegidos realmente, como debe ser”.

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Según datos de la Dirección General de Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre 2014 y 2020, al menos 760 colmillos de jaguar han sido decomisados en Bolivia en diferentes operativos a personas que habían comprado o trataban de comercializar estas piezas, aunque no existe información de decomisos por año.

Las cifras y datos más actualizados en Bolivia están en el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar 2020-2025, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el que se detalla que desde 2014 existe una “caza furtiva” de jaguares en el país con el fin de vender partes -como los colmillos y piel- al mercado asiático. Sin embargo, este plan también recoge datos que revelan que se solicitaron cuerpos enteros de jaguar para elaborar la “pasta de jaguar”, la cual es utilizada como una alternativa a la “pasta de tigre”, con fines medicinales en China y otros países de Asia.

Imagen principal: las autoridades de Bolivia están alarmadas por un rebrote en el asesinato y tráfico de jaguares durante los últimos dos años. Foto: cortesía El Deber.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Absorto, el ocelote gruñe con emoción mientras el cangrejo avanza lentamente frente a sus ojos color caramelo. La pinza derecha, entre azul y verde, es dos o tres veces más grande que la izquierda y el crustáceo la mantiene erguida, como si se tratara de un escudo y estuviera a punto de entrar en batalla. Sin moverse, el félido lo observa caminar torpemente sobre el concreto seco, la silueta de las pinzas difusa contra el tono menta de la malla sombra y la malla de acero de simple torsión que sirve como trasfondo.

Durante alrededor de un minuto, el ocelote vigila los movimientos del cangrejo. Tuerce la nariz, olfatea el aire y se encoge sobre sí mismo. Tensiona los músculos de su forma esbelta y ágil, forjada para cazar. Las manchas de su flanco derecho, estelas negruzcas llamadas cadenetas, parecen formar cuatro dedos de una mano esquelética. Relucen, al igual que su pelaje azafrán claro, bajo el sol de las once de la mañana en Cali, Colombia. Así, agazapado, su cuerpo se ve tenso, como un resorte a punto de salir disparado.

A un par de metros, el cangrejo se aleja con su pinza azulada en el aire. Detrás, un mono aullador gruñe, provocado por un hombre. Se escuchan cantos de loras, chillidos de guacamayas y los gritos desesperados de media docena de monos capuchinos. Un río corre al otro lado de la vegetación, a su derecha. Hay sonidos lejanos de autos, murmullos de personas y el golpe acuoso de gusanos que caen a un estanque desde casi un metro de altura. También hay olores a los que el ocelote se ha ido acostumbrando desde hace casi siete meses. Algunos, quizás, los conoció hace años, antes de su captura y la separación de su madre, pero casi todos son nuevos: tortugas hicoteas, tortugas charapas, tortugas de tierra, caracaras, águilas, zarigüeyas, heces y orinas de decenas de animales que van y vienen, humanos y los demás como él, incluido el otro ocelote —ese a quien teme—, que aún está tan cerca.

A pesar de todo lo que ocurre a su alrededor, se concentra en el cangrejo. Lee sus pasos y levanta de manera pausada sus gruesas zarpas. Mantiene las garras contraídas —las cinco de cada pata delantera y las cuatro de cada trasera—, mientras da un paso y luego otro, el vientre blanco espolvoreado pegado al concreto, las orejas redondas enfocadas como antenas parabólicas en su presa.

Se acerca en silencio, las almohadillas de sus extremidades ahogan el peso de su cuerpo. Nuevamente, da otro paso y otro más, en cámara lenta, y queda a casi un metro y medio de distancia de la pinza que lo desafía. En otra vida, saltaría, golpearía al cangrejo con sus zarpas y rápidamente trituraría el caparazón con sus colmillos. Lo comería con gusto, extrayendo la carne blanca con su lengua rugosa. Pero esta mañana de abril de 2025, encoge las patas delanteras y, de repente, se detiene, como si el juego y la fantasía de libertad hubiesen terminado.

Se incorpora, observa al cangrejo violinista a través de las rejas de su jaula de cuatro por cuatro metros, y camina con aparente tedio hasta una casa de madera blanca que le sirve de dormitorio. Sale segundos más tarde y da vueltas y vueltas, en tanto su presa dobla por una esquina y desaparece.

A escasos metros, alguien susurra su nuevo nombre: «Barto».

El decomiso

El 8 de octubre de 2024, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia llegaron a una casa en Ciudad Jardín, un lujoso barrio residencial en el sur de Cali. Varios investigadores venían desde Bogotá para hacer efectiva una orden de captura relacionada con armas y tráfico de drogas. Durante el allanamiento, los agentes escucharon un sonido extraño. Con precaución entraron al cuarto de donde provenía. En una jaula oscura, con doble enmallado, hallaron a un ocelote (Leopardus pardalis) de aspecto enfermizo.

Sin saber muy bien qué hacer, pidieron apoyo a la unidad local de la policía y al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), una entidad ambiental adscrita a la Alcaldía, que se encarga, entre otras funciones, de cuidar, atender y, en la medida de lo posible, rehabilitar a los animales incautados por tráfico de fauna. El hombre a quien se le decomisó el ocelote se rehúso a contarle a los agentes cuál era el nombre del félido, con qué lo alimentaba o cómo lo había obtenido. Tampoco dijo para qué lo tenía allí.

Desde 2010, las autoridades en Colombia han decomisado más de 340 ocelotes, entre ejemplares vivos y muertos, de acuerdo con datos obtenidos a través de derechos de petición al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, seis secretarías distritales de ambiente de las principales ciudades del país y las 33 corporaciones autónomas regionales, los organismos que normalmente reciben los animales traficados.

La mayoría de estos félidos vivían en hogares como mascotas. Las personas llevaban a casa los cachorros luego de matar a su madre —casi siempre debido a conflictos relacionados con muertes de animales domésticos o por simple miedo—, o se los compraban a traficantes, quienes actualmente los venden por cerca de 6 millones de pesos (alrededor de 1400 dólares). Luego los criaban como si fueran gatos domésticos hasta que agredían a alguien, el costo de alimentarlos se volvía insostenible o hasta que escapaban de sus encierros y asustaban a los vecinos, quienes llamaban a las autoridades. Algunas personas los entregan de manera voluntaria, pero otras hacen todo lo posible por esconderlos, incluso después de que ha habido ataques a personas o animales domésticos.

El ocelote es el tercer félido más grande de América, después del jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor). Entre las al menos once especies de félidos pequeños que viven en el continente (estudios genéticos recientes han elevado subespecies a la categoría de especies), todas pertenecientes al género Leopardus, con la excepción del yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), el ocelote es el de mayor tamaño y el más estudiado. Pesa entre 10 y 15 kilogramos, el equivalente de un perro Beagle adulto, y mide entre 1 y 1.4 metros desde la punta de su nariz hasta el final su cola (Bobby, el ocelote más grande que se ha registrado, pesaba 18.6 kg, similar a un Bull Terrier adulto).

El tono de su pelaje es blanco en el vientre, la garganta, la boca, los cachetes, el contorno posterior de las orejas y alrededor de los ojos. En el resto del cuerpo, los tonos oscilan desde ámbar pálido hasta el canela. Cadenas de manchas con patrones únicos recorren sus flancos y los ayudan a camuflarse entre los matorrales. Los ocelotes pueden distinguirse fácilmente del margay (Leopardus wiedii) y la oncilla (Leopardus pardinoides) por la forma de sus cadenetas: las de los ocelotes tienen las manchas abiertas, mientras que las del margay y la oncilla son cerradas.

Al igual que ocurre con los demás félidos pintados, las manchas sirven para identificar a la especie y a cada individuo. Sus formas pueden asemejarse a contornos de islas, especies de hongos poco conocidas, mapas de ríos, siluetas de pinturas rupestres de cuevas europeas o dedos de manos esqueléticas en proceso de abrirse.

Para su infortunio, su belleza inverosímil atrae a los humanos desde hace miles de años. Sus pieles, al igual que las del jaguar, se comerciaban y eran de uso común entre los nobles de culturas como la inca, la maya, la olmeca, la azteca, la mexica, la calima y otras decenas en la Amazonía y el resto de América (en algunos casos, las enterraron con ellos). La pasión por las pieles sobrevivió a la caída de las culturas precolombinas y, con el tiempo, ganó terreno en Europa y Estados Unidos.

El clímax de la atracción llegó el siglo pasado, luego de que Jacqueline Kennedy —no es broma— sin querer popularizara el estampado de leopardo entre la población general, como narra Jo Weldon en su libro Fierce: The History of Leopard Print. Los ocelotes fueron los félidos más afectados. De acuerdo con un estudio, anualmente se cazaron cerca de 200 000 animales de esta especie desde principios y mediados de los años 70. Solo entre 1968 y 1969, Estados Unidos reportó la importación legal de más de 262 000 pieles de ocelote (de estas, más de 140 000 provenían de Brasil y casi 50 000 de Colombia).

La caza indiscriminada mermó de forma tan drástica la población de individuos que naciones como Brasil, Colombia y otros países de la Amazonía prohibieron la caza interna de félidos. En 1972, incluso el gobierno estadounidense buscó frenar la importación de pieles a través de una propuesta del Departamento de Estado.

La preocupación por las poblaciones de ocelotes y otros félidos manchados contribuyó en parte a la aprobación y entrada en vigor, en 1975, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el acuerdo que regula el comercio global de especies para evitar la sobreexplotación y posible extinción de animales, plantas y hongos.

Gracias a CITES, la venta de pieles disminuyó considerablemente, aunque no desapareció por completo. Entre 1980 y 1984, por ejemplo, Paraguay, el principal comercializador tras la oficialización del tratado, exportó más de 120 000 pieles de ocelote.

La caza para las confecciones de moda dejó de ser el mayor problema de la especie solo hasta finales de los 80, cuando el ocelote pasó del Apéndice II al Apéndice I del tratado, la clasificación reservada para las plantas, animales y hongos más amenazados.

Con el fin de ese comercio, las poblaciones se comenzaron a recuperar. En 1990, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la organización encargada de evaluar el estado de las especies, clasificó al ocelote como Vulnerable, lo que quiere decir que la población se había reducido a la mitad y las causas eran conocidas. Seis años más tarde, en la siguiente clasificación, el ocelote pasó a ser de Preocupación Menor, una categoría en la que se encuentran las especies que no están en peligro de extinción. Allí ha permanecido hasta la actualidad.

Hoy las principales amenazas a las que se enfrentan los ocelotes son la fragmentación y la pérdida de hábitat, la caza por retaliación y el tráfico ilegal para el mercado de mascotas en países como Colombia, de acuerdo con la UICN.

En la primera mitad del siglo XX se puso de moda tener ocelotes como mascotas. Actores y actrices de Hollywood, cantantes de ópera y músicos fueron fotografiados con estos animales. El más famoso sin duda fue Babou, un ejemplar que al parecer un presidente colombiano le regaló a Salvador Dalí en los años 70.

Babou viajaba a todas partes con el pintor surrealista, destruyendo lo que encontraba a su paso y viviendo una vida más bien miserable, según un amigo del artista, excepto por un día en que escapó y asustó a los comensales de un lujoso restaurante.

De acuerdo con biólogos y veterinarios, la vida coartada de Babou es la regla para los félidos que terminan en los hogares de las personas, sin importar los recursos que estas tengan. En su medio natural, los ocelotes pasan horas recorriendo los bosques en busca de presas. Un estudio en las selvas peruanas halló, por ejemplo, que los ocelotes caminaban, en promedio, casi 10 horas cada noche.

Su vida, como la de muchos otros félidos, está definida por el movimiento y la exploración de su territorio, que cambia a diario con la aparición de nuevas presas y estímulos. Estos comportamientos están claramente limitados en una jaula, una casa o cualquier otra clase de encierro.

En el caso del ocelote incautado en Cali, esto resultaba evidente tanto para los agentes que lo descubrieron, como para el personal del DAGMA que llegó ese mismo día a la casa en Ciudad Jardín. El animal parecía llevar por lo menos un año en cautiverio. Tenía el pelaje descolorido y un aspecto enfermizo. Desesperado, bufaba y gruñía cuando las personas se acercaban. Sus ojos caramelo miraban con aparente furia.

El equipo de rescate tardó casi una hora en meterlo en una cesta de protección para trasladarlo hasta el hogar de paso del DAGMA. En una de las fotos que le tomaron ese día, se encuentra parado en su estrecha jaula con los ojos entrecerrados. En medio de la oscuridad, se adivinan las negras cadenetas en forma de cuatro dedos que marcan su flanco derecho.

Los compañeros de encierro

Cuando recibieron al nuevo, el ocelote residente más antiguo a cargo del DAGMA era Tontín, un félido que había llegado de cachorro en 2017 y se había criado en las jaulas y pasillos arbolados del vivero donde se ubica el hogar de paso, en el norte de Cali. Se ganó su nombre a pulso: se comió una tortuga y una iguana, y atacó a otro ocelote y a una de sus cuidadoras.

Durante años trataron de reubicarlo en vano en el zoológico de la ciudad, pero este ya tenía suficientes félidos y no quería incurrir en un gasto adicional. Para octubre de 2024, cuando llegó el ocelote incautado en Ciudad Jardín, Tontín ya llevaba un tiempo enfermo y algunos de los biólogos y veterinarios estaban preocupados por su futuro.

Otros dos ocelotes en el hogar de paso eran Ernesto y Gato. Ernesto llegó en 2020. Según la mujer que lo entregó a la Policía, el animal había entrado a su casa en busca de alimento. Tenía solo un testículo, pero, en general, estaba sano. Los ocelotes macho alcanzan la madurez sexual y abandonan a sus madres alrededor de los dos años. Las hembras maduran aproximadamente al año y medio.

Ernesto no había alcanzado esa edad o, cuando menos, esa madurez. Tenía comportamientos juveniles y, por cómo buscaba a las personas era evidente que había sido la mascota de alguien. Buscaba acercarse a los humanos y jugar con ellos. En lugar de cazar y matar las presas que le dejaban en su jaula, jugaba con ellas. Nunca perdió esa actitud infantil, de acuerdo con Leidy Albino, una bióloga de 31 años que forma parte del equipo del DAGMA.

Gato llegó en 2022 y tenía una personalidad muy diferente. Cuando aún era un juvenil, las personas que lo mantenían como mascota lo llevaron a un veterinario. El profesional lo atendió, pero les dijo a los dueños que debían entregarlo. Un par de días después, llamaron al hogar de paso.

Cuando lo evaluaron, el animal pesaba apenas 3 kilogramos y estaba en pésimas condiciones. Le habían limado los colmillos y lo habían amansado. Ingresó a una cuarentena, lo desparasitaron y, poco a poco, se volvió más fuerte. No solo jugaba a cazar, sino que, contrario a Ernesto, era capaz de matar y comer pequeñas presas vivas. Creció y maduró, y conservó su instinto de cazador. En las noches, cuenta el personal del DAGMA, a Gato le gusta acechar a las personas desde su jaula. Si se acercan mucho, a veces lanza un zarpazo.

El ocelote que encontraron durante el allanamiento en el sur de la ciudad tenía características de uno y de otro, aunque estas tardaron en manifestarse. Parecía un adulto, pero su tamaño era más pequeño de lo normal. Era castrado, pesaba 8.9 kg y medía 107 centímetros desde la nariz hasta la cola. Su pelaje parecía desgastado y pálido, quizás por la falta de luz a la que había estado sometido. Sus ojos caramelo seguían a las personas con aparente desconfianza.

La veterinaria que lo valoró al ingresar calificó su estado corporal con un 2.5/5. Los exámenes de sangre dieron positivo para Bartonella, un género de bacterias que puede causar problemas cardíacos, letargia, anemia transitoria, afecciones renales, neurológicas y óseas, entre otros problemas. En los humanos, estas bacterias producen la enfermedad de rasguño de gato, que puede ocasionar ganglios linfáticos hinchados, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y pérdida de apetito. Le recetaron antibióticos, lo dejaron en cuarentena hasta que se curó y lo trasladaron a una de las jaulas.

Su recuperación estuvo dirigida por Delio Orjuela, el coordinador operativo del hogar de paso de fauna del DAGMA, y su equipo. Orjuela, un recursivo veterinario de 57 años, llegó por primera vez a la entidad en 2017. De niño, en Fresno, Tolima, grababa en casetes el audio de Naturalia, un programa de animales que se transmitió en la televisión colombiana durante casi veinte años.

Cuando se graduó de la escuela quería estudiar Zoología, pero la carrera no existía en el país. Por error, se matriculó en una licenciatura en Biología, en Cali, sin saber que el énfasis del programa no estaba en el estudio de los animales, sino en la enseñanza.

Le fue tan mal en la universidad que su padre dejó de apoyarlo económicamente, así que tuvo que rebuscarse dinero cortando césped y vendiendo enciclopedias puerta a puerta. Un día, en 1987, se cansó y fue al zoológico de la ciudad a pedir empleo.

En ese tiempo, la mayoría de los trabajadores eran campesinos, pues las labores requerían de un esfuerzo que escapaba a la mayoría de la población: cortar y acarrear más de 100 kilos de pasto para los rinocerontes, limpiar los encierros de elefantes, tapires y osos, y preparar los alimentos de centenares de aves, reptiles y mamíferos marinos.

Orjuela era flaco y no estaba acostumbrado al trabajo físico, por lo que compensó su debilidad con energía y tiempo. A los pocos meses, empezó a seguir de cerca a Jorge Alberto Gardeazabal, uno de los pioneros en la veterinaria de animales silvestres en Colombia. Aprendió lo que pudo de él hasta que se dio cuenta de que debía regresar a la universidad, esta vez a la carrera correcta.

El zoológico le prestó dinero para la matrícula a cambio de su trabajo. En 1997, se graduó de la Universidad del Tolima y regresó a tiempo completo a la capital del Valle del Cauca.

Estuvo en el Zoológico de Cali hasta 2005. Allí conoció las particularidades de delfines, leones marinos, caballos, tigres, leones, cocodrilos, loros, águilas y otros animales con los que había soñado viendo Naturalia. También vio de cerca y revisó a decenas de ocelotes. Manejarlos a veces era complicado, un rezago de su comportamiento silvestre.

Los ocelotes son cazadores oportunistas. En las noches caminan por el bosque en busca de sus presas, un listado inagotable que, dependiendo del lugar, incluye ratas, coatíes, perezosos, tamandúas, tortugas, ranas, serpientes, peces, lagartos, iguanas, pavas, aves domésticas —la principal fuente de conflictos con los humanos—, pacas, pecaríes, insectos, armadillos, venados pequeños, monos aulladores y decenas de especies de aves silvestres.

“Tienen una cola relativamente más corta que la de otros félidos pequeños, como el margay, lo que les impide moverse con la misma agilidad en las ramas de los árboles”, dice Orjuela. No obstante, son escaladores lo suficientemente buenos como para cazar monos y perezosos. Los territorios de los machos suelen cubrir el de varias hembras, así que las peleas, sobre todo en coberturas boscosas reducidas, son comunes.

En cautiverio viven cerca de 20 años, casi el doble de lo habitual en sus hábitats naturales, pues evitan enfermedades, enfrentamientos, el estrés y desgaste natural que conlleva la depredación. Al igual que otros félidos, con frecuencia pasan los días recorriendo sus jaulas de manera casi enfermiza. Sus horarios de actividad cambian y, en parte, pierden sus hábitos nocturnos para ajustarse al horario de los humanos. Si un animal termina por descuido en su jaula o si, como Babou, un día logran evadirse y disfrutar de algo de libertad, pueden llegar a atacar.

Al principio, Barto —el nombre que le pusieron al nuevo ocelote en referencia a la Bartonella, la bacteria que portaba—, era arisco y algo traicionero. Costaba manejarlo. Bufaba constantemente y lanzaba zarpazos. Poco a poco, sin embargo, se fue acostumbrando al encierro que Orjuela había diseñado.

El hogar de paso funciona dentro de una hectárea en el vivero del DAGMA, el equivalente a un poco más de una cancha de fútbol. Mensualmente, en promedio, llegan casi 400 animales, por lo que, a pesar de las maromas y esfuerzos que hace Orjuela, ni el espacio ni la financiación son suficientes.

Algunas de las jaulas de dos por dos metros se encuentran organizadas en paralelo y tienen subdivisiones entre ellas, lo que permite ampliarlas cuando la rotación de animales no es muy grande. Esos espacios privilegiados casi siempre se reservan para los félidos y los mamíferos grandes. Barto comenzó a vivir en uno de ellos al poco tiempo de llegar. Su hogar incluye una casita de madera blanca, un bidón de gasolina rojo vacío y gruesas sogas anudadas que cuelgan del techo para que juegue.

Allí se recuperó en menos de medio año con la ayuda del personal del DAGMA. Ganó casi medio kilo en el primer mes y su pelaje azafrán claro con los cuatro dedos esqueléticos se tornó bruñido. Su temperamento también cambió. Tenía una personalidad casi infantil, similar a la de Ernesto. Ese temperamento es la consecuencia de la castración temprana a la que seguramente lo sometieron, comenta Leidy Albino.

Barto aprendió a entrar a un cubil adyacente al encierro, donde es fácil manejarlo para ponerle vacunas o guardarlo mientras limpian su espacio. Lo llamaban por su nombre para que entrara y luego le daban pollo o carne en un ejemplo de condicionamiento clásico. A Orjuela no le gusta bautizarlos, pero es inevitable que alguien lo haga después de un tiempo. Hoy, cuando Albino lo llama por su nombre, Barto hace un sonido similar a un rugido y se restriega con las rejas (es más bien un gruñido ronco, pues los ocelotes en realidad no rugen, sino que maúllan, chillan, bufan y hacen otros sonidos, pero los únicos félidos que tienen la estructura en la laringe para rugir son los que pertenecen al género Panthera).

Orjuela y Albino se alegran de su progreso, aunque no saben muy bien qué va a pasar con él. Algo parecido ocurre con los demás ocelotes en el hogar de paso. En enero de 2025, Tontín tuvo que ser sacrificado. Tenía una patología renal crónica y pancreatitis, pero, más allá de eso, ningún zoológico o refugio había querido recibirlo en casi siete años.

Al igual que ocurre con los jaguares, rehabilitar a un ocelote que ha sido una mascota o que ha tenido contacto estrecho con humanos es prácticamente imposible, según comenta Diana Stasiukynas, coordinadora de Ciencias de la organización Panthera en Colombia. Se han liberado algunos, pero nadie sabe muy bien qué ha ocurrido con ellos, ya que es muy costoso ponerles collares. En ese sentido, no se puede decir que esas liberaciones hayan sido exitosas.

La rehabilitación de ocelotes suele ser difícil, por un lado, porque es necesario que aprendan a cazar, pues en la mayoría de los casos sus madres nunca les pudieron enseñar. Barto, por ejemplo, no sabe matar. Una vez le pusieron una codorniz en la jaula y jugaba con ella, la golpeaba con las almohadillas de sus patas y la perseguía, pero no la mataba. La tuvieron que sacar, sacrificarla y luego dársela para que se la comiera. El instinto de algunos puede sobreponerse, pero entrenarlos es un proceso costoso y los organismos ambientales a veces son reacios a otorgar permisos para darles presas vivas.

Por otro lado, y esto es quizás lo más difícil en opinión de Orjuela, deben aprender a temer nuevamente a las personas. Esto rara vez ocurre, pues los animales asocian a los humanos con su comida y, por lo tanto, los buscan. Cuando los liberan en un lugar silvestre, los ocelotes de cautiverio suelen acercarse a las personas, por lo que los pueden matar por miedo o por retaliación. En el mejor de los casos, alguien llamará otra vez a las autoridades para que se los vuelvan a llevar.

Los expertos consideran que salvo casos extraordinarios, los ocelotes traficados no pueden liberarse. Debido a ello, el mejor escenario para estos félidos es terminar en un zoológico o en un refugio de vida silvestre. Pero en Colombia, ni los unos ni los otros dan abasto. La mayoría ya tienen parejas de ocelotes exhibidos o pocos recursos para alimentar nuevos carnívoros. En un lugar como el hogar de paso del DAGMA, donde los recursos y el espacio son limitados, esto a veces significa que Orjuela debe tomar decisiones sobre la vida y la muerte de los animales.

Desde que fueron decomisados, el DAGMA ha ofrecido sin éxito a Ernesto, a Gato y a Barto a zoológicos y refugios. Lo más probable es que los diez o quince años de vida que le quedan a Barto en cautiverio se reduzcan, excepto contadas ocasiones, a los 16 metros cuadrados enriquecidos con cuerdas, bidones, maderas y otros elementos donde hoy se entretiene observando a los animales que ocasionalmente pasan frente a su encierro. E incluso ese futuro es incierto.

Los hombres hablan

Barto mira a través de las rejas hacia la malla sombra, pero no hay nada. El cangrejo se resiste a volver. Da vueltas y vueltas por su encierro, pero el crustáceo se ha ido. Entra a su casa de madera blanca, se acuesta y, de inmediato, sale de nuevo. Al otro lado de la reja, ahora hay un hombre desconocido. Lo observa con sus ojos caramelo y bufa antes de caminar hasta una placa metálica reforzada que lo separa de la jaula de otro ocelote.

La tarde del 25 de marzo, Barto percibió la presencia del otro félido y se acercó a la placa. El otro, Ernesto, hizo lo mismo. Apretaron, golpearon y de alguna manera hicieron fuerza hasta que el metal se dobló y se creó una apertura. En ese momento, Barto lo tuvo frente a frente por primera vez.

Se abalanzó sobre su cuerpo y lucharon hasta que Ernesto atrapó su pata delantera izquierda. Intentó liberarla de sus fauces, pero lo mordió con más fuerza. Sintió cómo los colmillos raspaban su piel y cercenaban la división entre dos de sus dedos. Ernesto sostuvo su pata allí, la sangre corriendo por la herida, hasta que una mujer y un hombre los separaron con agua. Tuvieron que suturarlo, reconstruir la parte interdigital y cogerle cinco puntos. Luego fortalecieron la división entre las dos jaulas, para evitar que volvieran a pelearse.

Barto pasea por su pequeño y delimitado hogar. Se acerca un poco a un hombre nuevo y desconocido que sostiene una cámara fotográfica en sus manos. Lo observa, se aburre y se aleja hacia la placa. Fuera de su encierro, el mono aullador dejó de gruñir, pero los capuchinos continúan gritando. Lo mismo las loras y las guacamayas, que rara vez se detienen. Sus chillidos y cantos hacen parte del trasfondo de la vida de Barto, al igual que las máquinas lejanas, el estallido ocasional de la pólvora y las voces insistentes de las personas. Se acuesta en su casa mientras el hombre nuevo (el periodista) y el hombre que ya conoce (Delio Orjuela) hablan y hablan:

—Es lamentable dejar que se envejezca en cautiverio… aquí tuvimos uno que era más pequeño [que Barto] cuando llegué en 2017. Nunca lo pudimos reubicar y murió hace cuatro meses…

—¿Ese fue…?

—Hubo que hacer la eutanasia [a Tontín] después de siete años en cautiverio. Le buscamos espacio en zoológicos y nunca le conseguimos… El otro ocelote [Ernesto] casi le arranca la mano al vecino. Ellos son implacables. Si uno les da la oportunidad…

—¿Rompió la lámina? ¿Por qué?

—Porque esa es una de las cosas que la gente no entiende. Muchas veces no es estar vivo, no es respirar, es calidad de vida. Entonces, para uno de ellos saber que hay otro como él al lado, eso no está bien. El asunto es que nosotros en los centros de atención de fauna, pues hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos… Yo insisto en que la fauna visibiliza a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental puede hacer lo que quiera con ruido, con contaminación del río o del aire, pero eso no se nota como se nota el maltrato a un animal. Esto es viral, lo que le pasa a un animal se vuelve viral… Yo sostengo que se debe invertir más en estos animales porque ellos finalmente son la imagen de la autoridad…

—¿Cuánto tiempo le van a dar a Barto, por ejemplo?

—Mira, al que murió hace cuatro meses, le dimos más de siete años. Somos muy pragmáticos. Esto al final es como una guerra. Tengo que pensar en qué puedo salvar… Sabemos de la bondad que hay en cada persona y en el corazón de todo el equipo, sabemos que todos han querido salvarlos. Pero si se llega a la situación [de decidir sobre el destino de un animal], va a tocar elegir, y pues no nos vamos a detener, porque tomamos decisiones de esa clase todos los días… Nos toca.

*Este texto forma parte de una alianza entre Mongabay Latam y Casa Macondo.

**Imagen principal: Barto, un ocelote rescatado en una vivienda en Colombia, en 2024, se aferra a los alambres de su jaula en el hogar de paso del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, en la ciudad de Cali. Foto: Santiago Wills

El artículo original fue publicado por Santiago Wills en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En un centro de rescate de Iquitos, al norte de la Amazonía peruana, vive Otto, un viejo jaguar (Panthera onca) que durante 13 años estuvo encerrado en una pequeña jaula de cemento. Era parte de la “colección privada” de un político regional de Perú que lo mantenía cautivo en una de sus propiedades, junto a otros animales silvestres. En marzo de 2024, cuando pudieron rescatarlo, los veterinarios notaron que estaba en muy mal estado: no podía levantarse, pesaba tan solo 50 kilogramos, estaba deshidratado, le habían arrancado las garras, le habían quitado los colmillos y cortado las orejas.

Ahora, más de un año después, su condición ha mejorado. Pesa 90 kilogramos y aunque ya camina con dificultad recostándose en las paredes, ha perdido todas sus habilidades de jaguar. No puede saltar, trepar, nadar, cazar ni recorrer largas distancias. Aunque está en mejores condiciones, tendrá que continuar su vida en cautiverio, acompañado por Orita, una jaguar hembra rescatada luego de que a su madre la mataran unos agricultores, y por Togos, un ocelote que durante tres años fue criado por una familia como “mascota” —con juguetes, cama y casa de madera— hasta que reaccionó instintivamente y lastimó a uno de ellos. Aunque parecen casos excepcionales, historias como estas se repiten a lo largo de toda Latinoamérica.

Desde las zonas altas de Los Andes, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, hasta las vastas selvas tropicales, bosques secos, manglares, humedales y desiertos, América Latina es habitada por una gran diversidad de gatos silvestres con características únicas. El jaguar —el félido más grande del continente americano— y el puma (Puma concolor) —un animal hábil que se adapta con facilidad a condiciones muy distintas desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile— suelen ser los más conocidos. Pero, junto con ellos, otra decena de gatos silvestres medianos y pequeños recorren la región.

Se conoce que, de las 38 especies de félidos registradas en el mundo actualmente, al menos una tercera parte se encuentra en Latinoamérica. Hay algunos manchados, como el ocelote (Leopardus pardalis), el tercero más grande de la región, que se mueve principalmente por bosques y selvas tropicales; o el margay (Leopardus wiedii), un gato pequeño que trepa árboles con agilidad y que tiene una cola más larga que su cuerpo.

Hay otros más extraños, como el yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), que por su cuerpo alargado, y su cabeza pequeña, se asemeja más a una nutria o a una comadreja que a un félido. Bien al norte está el lince rojo (Lynx rufus), también conocido como gato montés, un gato mediano de orejas puntiagudas que se mueve entre las zonas frías y áridas del sur de Canadá hasta Oaxaca, en el sur de México.

Su diversidad y su belleza los han llevado a ser víctimas de una amenaza difícil de enfrentar: el tráfico de fauna. Los sacan de sus hábitats —donde cumplen funciones clave para la salud de los ecosistemas— para adornar salas como “trofeos”, para hacer collares, carteras o correas con sus garras, cráneos, colmillos y pieles, e incluso se comercializan vivos ilegalmente para convertirlos en “mascotas”. Claro que, en palabras de Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés), “por muy lindos que parezcan, realmente no son muy buenas mascotas… su caca huele terrible. Realmente espantoso. Si lo supieran, se les quitaría esa idea absurda de tenerlos en la casa”.

Aunque el tráfico de fauna es considerado un delito en la mayoría de los países de América Latina, aún se sabe muy poco sobre su magnitud, sus impactos y su verdadero alcance. Como señala José Fernando González-Maya, director científico del Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras (ProCAT) y copresidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es una problemática desatendida y subdimensionada. “Aunque tenemos indicios, datos y algunas sospechas de cómo funciona, apenas estamos rasguñando la superficie. Las estimaciones sobre los datos de incautaciones son una mínima parte de lo que realmente se está traficando”, asegura.

Países como Colombia, México, Argentina y Guatemala, por ejemplo, no cuentan con estadísticas nacionales detalladas ni desglosadas por especie. Y la mayor parte del comercio ilegal de fauna sigue ocurriendo sin ser detectado ni sancionado. “Esta ha sido, es y seguirá siendo una de las amenazas más críticas sobre la biodiversidad”, insiste González-Maya, quien también es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En el “mejor” de los casos, algunos gatos silvestres logran ser rescatados. Pero, ¿qué ocurre después? Mongabay Latam siguió de cerca seis historias de félidos rescatados en seis países de la región. A pesar de los enormes esfuerzos y la buena voluntad de veterinarios, centros de rescate y conservacionistas, el panorama no es bueno: en la gran mayoría de los casos, salir de su hábitat natural es una condena a muerte o a una vida en cautiverio para estos carnívoros.

Mascotas que no son mascotas

En octubre de 2024, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia llegaron hasta una vivienda en un lujoso barrio residencial de la ciudad de Cali. Tenían que hacer efectiva una orden de captura relacionada con armas y tráfico de drogas, pero durante el allanamiento escucharon un sonido extraño. En una jaula oscura, con doble enmallado, hallaron un ocelote: el tercer felino más grande del país y —según el libro Felinos de Colombia— el que con mayor frecuencia se tiene de forma ilegal en cautiverio como mascota. El animal, que parecía llevar por lo menos un año encerrado, tenía el pelaje desgastado y pálido y lucía enfermo.

En México, Mitsuo —un lince rojo rescatado— pasó su primer año en libertad, pero luego fue capturado por personas que quisieron tenerlo como si se tratara de un “gato doméstico”. Para disminuir el peligro que significaba mantenerlo en casa, intentaron quitarle sus colmillos y, durante el proceso, el lince casi muere de una hemorragia. Sora, otra lince, fue sacada de su madriguera cuando estaba recién nacida para ser ofrecida como mascota en redes sociales. Aunque intentaron rehabilitarla, no pudo ser liberada. Según datos compartidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), desde 2015 hasta principios de 2025, la Procuraduría General ha incautado 59 ejemplares de lince rojo en ese país.

“Los gatos silvestres no son animales que se alimenten de plantas, que no se esconden ni huyen. Todo lo contrario. Necesitan aprender a cazar, a matar y a comer. Y lo hacen mientras su madre los protege de los extraños”, asegura Jim Sanderson, director de SWCCF. Por eso, cuando se rescatan crías que fueron separadas de su madre —de la que aprenden todo hasta casi los dos años— es muy difícil que desarrollen esas habilidades. “Sin madre, sin práctica de caza, sin experiencia, es difícil que sobrevivan por su cuenta”, dice.

Además, como explica González-Maya, de ProCAT, “un individuo que es víctima de tráfico es un individuo que ya está ‘improntado’”, un término que se usa para describir la vinculación y dependencia del animal con el ser humano. En palabras sencillas, empiezan a asociar al humano como “el que les trae comida” y no aprenden a cazar. Por más tiempo, recursos y esfuerzos técnicos que se inviertan, es una tendencia casi imposible de reparar, lo que reduce al mínimo sus posibilidades de volver a la vida silvestre, comenta el especialista.

Cazar —dice Esteban Payán, doctor en biología, experto en félidos y fundador de la consultora Boutique Carbon— es muy difícil. “Imagina que cada vez que te da hambre tienes que entrar en una pelea para poder comer. No solo es desgastante, sino que también es peligroso, porque las presas tienen sus mecanismos de defensa evolutivos, como cuernos, cascos, dientes, velocidad, patadas, etc.”, afirma. “Para los felinos, alimentarse implica esforzarse y, si no saben hacerlo, quedan heridos o están condenados a morir de hambre”, insiste. Por eso, la gran mayoría de félidos rescatados deben permanecer el resto de su vida en cautiverio.

Sanderson recuerda un caso que ilustra mejor la situación. En un centro de rescate de Ecuador —comenta— intentaron rehabilitar durante más de un año a una cría de ocelote, pero, desafortunadamente, el animal se acostumbró a que la gente lo alimentara y al sabor del pollo. Cuando lo liberaron desconocía por completo su entorno, no sabía cazar y, probablemente, no pudo encontrar ninguna presa. Entonces empezó a morir de hambre y se acercó a la gente. “Vio un pollo suelto y lo atrapó. Los pobladores lo vieron y lo mataron al instante. Es un caso lamentable. Un año en un centro de rescate, dos semanas libre y luego muerto”, dice Sanderson, quien agrega que “pese a las buenas intenciones de rehabilitación y liberación, esto es algo que sucede todo el tiempo”.

Con un reto extra: gran parte de las liberaciones o reintroducciones que se hacen en América Latina no incluyen un seguimiento a través de collar con GPS o cámaras trampa de los individuos, por lo que —a diferencia del caso de Ecuador—, nunca se sabe realmente qué pasó con ellos.

Tráfico, una amenaza común

El tráfico de félidos adopta distintas formas y varias de ellas pueden observarse en torno a la caza (legal e ilegal) en Argentina. Los pumas atraviesan una situación ambigua en este país sudamericano: aunque están recuperando territorios donde llevaban décadas desaparecidos, la falta de cifras impide tener certezas sobre la cantidad y la densidad de la población existente.

En el país existen criaderos ocultos donde cachorros de diferentes especies —pero especialmente de puma— crecen en condiciones deplorables para luego ser vendidos a cotos (terrenos) de caza ilegal. Algunos ejemplares son criados en cautiverio y otros son extraídos ilegalmente de la naturaleza. Los cazadores, por lo general extranjeros, pagan altos precios por participar en lo que se conoce popularmente como “cazas enlatadas”, en las que se les garantiza que tendrán a su disposición el animal que buscan para dispararle y llevarse “el trofeo” —también ilegalmente— a casa.

Como explica Kai Pacha, fundadora de Pumakawa —un centro de rescate en la provincia de Córdoba al que han llegado varios de los pumas incautados—, para que puedan cazarlos fácilmente, los animales son encerrados en pequeñas jaulas, les lastiman las patas y los mantienen deshidratados durante mucho tiempo para que, al dejarlos salir, se muevan en la dirección que sus captores esperan: hacia el agua.

“Las pésimas condiciones en la que se desarrollan en esos criaderos les hace perder las cualidades que les permiten ser depredadores tope cuando se mueven en libertad”, agrega Carina Righi, investigadora de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina. Por lo que es prácticamente imposible que vuelvan a la vida silvestre. Además, tampoco se sabe, a ciencia cierta, el número anual de ejemplares cazados.

La escasez de datos es un rasgo común de la región. Mongabay Latam solicitó a 40 autoridades ambientales, judiciales y policiales de Argentina, Colombia, México, Guatemala y Perú las cifras oficiales sobre incautaciones y rescates de félidos (vivos, muertos o sus partes) a nivel nacional. Solo Perú cuenta con una base de datos de incautaciones a nivel nacional, donde además detalla el nombre de la especie y, en algunos casos, el destino donde llegó el ejemplar. El resto solo cuenta con información parcial, por lo que una mirada general (pero subestimada) sobre el tráfico de félidos en estos países podría verse de la siguiente manera.

En Argentina, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación (antes Ministerio de Ambiente) informó que, entre 2017 y 2024, el animal más traficado en el país fue el puma, con 167 incautaciones. La mayoría eran “trofeos de caza” conformados por cráneos, pieles y garras, pero también se rescataron 20 ejemplares vivos que iban destinados a “surtir” cotos de caza.

El informe aclara que los datos “incluyen sólo las incautaciones efectuadas por el área de fiscalización de fauna del Estado Nacional” y que no existe en el país una base de datos sistematizada que recopile todo lo relacionado al tráfico de fauna, así que las operaciones que las provincias hayan realizado por su cuenta no figuran en el resumen general.

En Guatemala, las estadísticas solo reportan las incautaciones de grandes grupos de vertebrados, es decir que desde 2010 a 2025 las autoridades tienen registro de 790 incautaciones de mamíferos silvestres, pero no se sabe cuántos de estos son félidos.

En México, el tercer país más grande de la región y fronterizo con Estados Unidos —país con el mayor número de decomisos de partes de jaguar entre 2000 y 2018, según las Naciones Unidas— las cifras de incautaciones de félidos a nivel nacional son desproporcionadamente bajas. Según la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a una solicitud de información, entre 2015 y 2024 se incautaron 12 subproductos de jaguar (piel, cráneos y especímenes completos), dos piezas de lince, una piel de ocelote y seis piezas de subproductos de puma. Además, aseguraron que no tenían estadísticas o registro de félidos traficados en redes sociales.

Sin embargo, un estudio publicado en enero de 2025 en la revista Animal Conservation evidenció que en ese país, solo a través de redes sociales y plataformas de internet, se vendieron entre 2011 y 2022 las partes de 68 jaguares y 34 pumas; y se ofrecieron los colmillos de al menos siete ocelotes, así como las pieles de siete linces y tres margays. Las publicaciones analizadas también sugieren que al menos 15 jaguares, cinco ocelotes y tres linces vivos fueron ofrecidos como mascotas.

“Estas diferencias hacen que sea especialmente difícil determinar, a partir de la información fragmentada y limitada disponible actualmente, si el comercio ilegal está aumentando o no”, señala un informe publicado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) sobre el tráfico del jaguar, en 2021. Esto muestra la gravedad del delito y la dificultad para obtener información confiable, ya que el resto de gatos silvestres son mucho menos investigados y estudiados que el jaguar.

En Colombia tampoco hay información que reúna las incautaciones o rescates realizados por las autoridades nacionales, la Policía, las 33 Corporaciones Autónomas —autoridades ambientales territoriales— y las secretarías de ambiente distritales de las principales ciudades. El Ministerio de Ambiente respondió que actualmente se encuentra en una “fase de recopilación, organización y análisis de insumos proporcionados por las autoridades ambientales regionales”, por lo que, por ahora, no hay un estimado de las cifras a nivel nacional.

Una base de datos realizada para esta investigación muestra, sin embargo, la escala del problema. Si solo hablamos de ocelotes, como el que fue incautado a finales del año pasado en Cali, desde 2010 se han decomisado más de 340 de estos animales, entre ejemplares vivos y muertos, según la información de cada una de las corporaciones autónomas y secretarías distritales, obtenida vía transparencia. La mayoría vivían en hogares como mascotas.

De todos los países analizados para este especial, Perú es el único que lleva un registro a nivel nacional sobre incautaciones y decomisos de félidos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó a Mongabay Latam que, entre 2014 y 2024, el país registró la incautación de 591 especímenes de félidos (entre los que se incluyen partes, productos y animales vivos o muertos). De estos, 183 eran ejemplares vivos de nueve especies: el ocelote era el más incautado (42 ejemplares), seguido por el margay (33), y el puma y el yaguarundí (con 27 cada uno). Además, se incautaron 128 pieles, 124 colmillos, 51 garras y 22 cráneos.

“Todavía nos hace falta entender la magnitud del tráfico de fauna y, en especial, de los félidos. Y los gobiernos de la región deberían prestar mucha más atención a esto. No es posible que todavía estén saliendo tigrillos —o cualquier especie de gato silvestre— por un aeropuerto o una terminal de buses”, insiste el experto González-Maya.

Falta de información y de protocolos

A un centro de rescate que se encuentra en el departamento de Petén, en Guatemala, llegó en 2024 un yaguarundí. Es uno de los nueve que ha recibido el lugar desde 2012 y que han sido entregados por la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Las autoridades lo encontraron a más de 400 kilómetros de distancia, en la ciudad capital. Sin embargo, al centro no le entregaron muchos detalles sobre cómo llegó, dónde fue incautado, en qué condiciones estaba, o si lo recuperaron de una casa o del monte. Esa historia desconocida es un reto más en los difíciles procesos de evaluación y posible rehabilitación. Además, no saber de dónde vienen los animales y cuáles son sus “costumbres” puede generar nuevos problemas.

Los gatos silvestres rescatados, dice el copresidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros, son “una papa caliente”. “Lo que suele ocurrir —explica— es que las autoridades necesitan darle al animal una disposición rápida. ¿Por qué? Porque una liberación adecuada, que cumpla con los estándares y protocolos necesarios, es extremadamente costosa, de largo plazo y tiene muy pocas probabilidades de éxito”. Esto, sin mencionar que los pocos centros de rescate en la región ya no dan abasto, que los recursos y el espacio son limitados y que reciben nuevos animales constantemente.

Payán coincide: “Son animales que pueden vivir 15 años y hay que alimentarlos con enormes cantidades de carne costosa; que no se pueden tener en jaulas de 2×2 metros porque se estresan y se lastiman intentando salir de ahí, y hay muy pocos refugios habilitados —o con cupos disponibles para recibir más animales— que cumplan con todos esos requisitos”.

La falta de información y de protocolos, señalan los expertos, conducen a liberaciones inadecuadas que pueden acarrear otros problemas sanitarios y genéticos. Los jaguares del Chocó biogeográfico, por ejemplo, no son iguales a los de Centroamérica o a los de la Amazonía. Pese a que son de la misma especie, sus poblaciones tienen diferencias genéticas. “Si liberamos un ejemplar en una zona que no es la de su población, estamos alterando esa composición genética que lleva siglos evolucionando. Y si, además, no se hizo un trabajo juicioso para saber si el individuo estaba enfermo, ponemos en riesgo a los que se encuentran en estado silvestre”, dice Payán.

Si hablamos de conservación, agregan los investigadores, el objetivo es proteger a las poblaciones de la especie en estado silvestre, con su composición genética y salud, y no ponerlas en riesgo por el bienestar de un individuo. Además, puede haber otros agravantes: si se reubica a un animal que estaba comiendo ganado o aves de corral, se está trasladando el problema a una comunidad humana que no necesariamente lo tenía. “Y así seguimos dañando la imagen de la especie, a pesar de que sabemos que podemos convivir con ellos”, insiste Payán.

¿Cómo cambiarlo? Para González-Maya está pendiente un tema urgente: la regulación. “Tiene que haber una reglamentación clara sobre los mínimos que deben tener las autoridades ambientales o los centros de rehabilitación para atender y procesar estos casos. Que desde un punto de vista netamente veterinario y técnico se cree un protocolo que permita evaluar el estado en el que llegan para definir el destino final de estos animales, ya sea su liberación o permanecer en cautiverio o, cuando sea inevitable, la eutanasia”, dice.

Si es un animal recién capturado del monte, que está lastimado, pero que no ha tenido contacto con humanos y se puede rehabilitar en el corto plazo, aumentan las posibilidades de una liberación, comenta González-Maya. “Pero —agrega— los que tenían al gatito de meses, es claro que va a terminar en cautiverio”.

Como hasta ahora no existe en la región un protocolo con ese nivel de detalle, la rehabilitación y la posibilidad de liberación se vuelve un tema “subjetivo”. Por eso, para los expertos, las liberaciones no son necesariamente “casos exitosos”. “Son muy pocos los animales que han sido liberados con collares para monitorearlos, por lo que no se sabe qué ocurrió con ellos”, dice Payán. ¿Pudieron volver a cazar? ¿Murieron al enfrentarse con otro ejemplar por un territorio? ¿Fueron cazados? ¿Los mataron por comerse una gallina? ¿Se enfermaron?

“Sí hay formas de hacer reintroducciones exitosas, pero eso requiere muchos procesos que en la actualidad no se están haciendo, empezando por monitorear y por medir”, insiste el experto.

Xamã, uno de los pocos casos de éxito

En Brasil, gracias al trabajo de la organización Onçafari y al apoyo de la organización World Animal Protection, se encuentra uno de los pocos casos que son ejemplo en la región: Xamã, que fue rescatado cuando tenía tan solo dos meses, se convirtió en el primer jaguar macho en ser reintroducido con éxito en el bioma amazónico.

Aunque Brasil también se enfrenta a la caza ilegal de jaguares, el comercio ilegal de partes de félidos y venta de gatos silvestres para colecciones privadas, Xamã no fue víctima de tráfico. En 2022, cuando era un cachorro, tuvo que enfrentarse a los devastadores incendios que se extendieron en el estado de Mato Grosso, en el arco de deforestación amazónico, donde avanza con fuerza la agroindustria. Se sospecha que su madre fue víctima del incendio o que perdió al cachorro mientras intentaba huir de las llamas, por lo que Xamã fue encontrado solo, desnutrido, deshidratado y débil.

Desde entonces empezó una tarea titánica para ayudarlo a recuperarse. Pero, para dar el primer paso, dos aspectos fueron claves: que a pesar de su cansancio temporal gozaba de buena salud y que era extremadamente reacio a los humanos. Con eso, los expertos confiaron en que podría ser un buen candidato para una posible reintroducción en la naturaleza. Sin embargo, nada estaba garantizado.

El proceso duró casi dos años. Después de pasar cinco meses en el hospital veterinario de Sinop, en Mato Grosso, el félido estuvo en condiciones de viajar más de 700 kilómetros por tierra para llegar al enorme recinto de rehabilitación de Onçafari, con 15 mil metros cuadrados, en la mitad del bosque amazónico.

Poco a poco aprendió a alimentarse por sí mismo y dejó de ser sumiso con los jaguares libres que paseaban al otro lado de la reja. Hacía respetar su territorio con actitudes desafiantes. Fue entonces cuando, en octubre de 2024, la puerta del refugio se abrió finalmente para que, cuando quisiera, saliera a la selva, una técnica conocida como soft release. Xamã tardó 12 horas en dejar el resguardo y nunca más volvió.

A partir de entonces es monitoreado por un collar GPS que emite su ubicación 12 veces al día. En estos meses no solo se ha mantenido vivo, sino que se ha desplazado por más de 43 mil hectáreas. Por eso los biólogos, veterinarios y conservacionistas consideran que, hasta ahora, ha sido un caso exitoso. Lograrlo, sin embargo, implicó la participación de decenas de  profesionales, tiempo, espacio y mucho dinero. Según Júlia Trevisan, bióloga y coordinadora de vida silvestre de World Animal Protection, el proceso de rehabilitación hasta la liberación fue posible gracias a una inversión de entre 140 mil y 180 mil dólares, unas cifras difíciles de lograr para cada individuo rescatado.

Ahora, en libertad, Xamã se enfrenta a otras amenazas. Los jaguares han sufrido una pérdida de casi el 38 % de su hábitat en Brasil e importantes disminuciones de sus poblaciones en todo su rango de distribución. Según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta especie está clasificada como Vulnerable en el país, pero en algunas zonas las poblaciones han sido evaluadas como En Peligro o En Peligro Crítico de extinción, debido a su aislamiento, protección deficiente o la poca cantidad de ejemplares.

Jim Sanderson, sin embargo, cree en un futuro prometedor: “Lo que nos da realmente esperanza es saber que la naturaleza puede responder muy rápido, que las poblaciones de estos félidos pueden recuperarse. Pero esto solo es posible si les damos la oportunidad”.

Imagen principal: Ilustración de Alma Ríos

REFERENCIAS

CITES. (2021). Estudio de CITES sobre el comercio ilegal de jaguares. Secretaría de la CITES. https://cites.org/sites/default/files/articles/CITES_Study_on_Illegal_Trade_in_Jaguars_ESP.pdf

CITES (2022). Informe mundial sobre el comercio de fauna y flora silvestres. Ginebra (Suiza) https://cites.org/sites/default/files/common/docs/S-World_Wildlife_Trade_Report_CITES.pdf

De la Torre, J.A.; Duchez, K.; Radachowsky, J. Characterization and Extent of Illegal Trade in Jaguars and Other Felid Species via Social Media in Mexico. Anim. Conserv. 2025, https://doi.org/10.1111/acv.70001.

Payán Garrido, E. y Soto Vargas, C. 2012. Los Felinos de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Panthera Colombia. 48 pp. https://naturalia.me/wp-content/uploads/2013/12/los-felinos-colombia-2012.pdf

Ruiz-Tagle, M.N., Sosnowski, M., Barthuly, B., Petrossian, G.A. 2022. Tráfico Ilegal de Cinco Especies del Apéndice I de CITES Emblemáticas para la Región Amazónica. Informe técnico preparado para el Proyecto Bioamazonía. Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Brasil. Disponible en: https://ora.otca.org/wp-content/uploads/2022/10/ORA_Informe-Tecnico-Trafico-Especies-CITES_jul2022_ESP.pdf

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un día de octubre de 2012, pescadores de la comunidad costera de Las Barrancas detectaron una embarcación inusual en las aguas del Golfo de Ulloa, donde trabajan, en la península de Baja California Sur, al extremo noroeste de México.

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No parecía un barco atunero, sardinero o camaronero, de los que a menudo tienen que reportar a las autoridades por entrar ilegalmente a explotar las aguas donde la cooperativa tiene permisos de pesca exclusivos para abulón, langosta o caracol. A esa extraña embarcación la detectaron desde las casetas de avistamiento y también mediante los radares de monitoreo que han instalado durante años para combatir por su cuenta la pesca ilegal.

“Conocemos todos los barcos pesqueros, pero no sabíamos qué embarcación era esta”, recuerda Tomás Camacho, presidente del consejo de administración de Puerto Chale SCL, una de las 649 cooperativas de pesca creadas desde el siglo pasado a lo largo de la costa sudcaliforniana, que dan trabajo a poco más de 5000 pescadores.

El misterioso barco era el Dorado Discovery, una nave de investigación de 96 metros de eslora que en ese momento (entre 2012 y 2013) realizaba una extensa campaña de prospección y muestreo del fondo marino para la empresa Odyssey Marine Exploration.

Esta compañía estadounidense, experta en la recuperación de naufragios y tesoros varados en el fondo de los mares, analizaba la viabilidad de explotar otro tipo de riqueza submarina: fosfato disuelto en arenas del lecho oceánico. Este mineral es fácilmente procesable para obtener fósforo, que se utiliza masivamente en la agricultura como fertilizante para acelerar y mejorar el crecimiento de las cosechas.

Odyssey tenía en la mira esta potencial riqueza desde que inició sus estudios de la zona en 2010 y para junio del 2012 ya había obtenido una concesión minera de 2680 kilómetros cuadrados a través de su filial en México, Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V.

En 2014, la Dirección General de Minas de México le otorgó dos concesiones adicionales totalizando un área de 3029 kilómetros cuadrados, el equivalente a dos veces la Ciudad de México. Esta área se superpone con un punto del Pacífico noroccidental clasificado por científicos de México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica como “centro de actividad biológica”, donde existen pesquerías de alto valor comercial, avistamiento de mamíferos marinos, pesca deportiva e investigación científica.

La concesión minera fue bautizada “Oceánica”, pero el proyecto minero en su conjunto sería conocido como Don Diego, por el nombre del yacimiento en el que se concentraría la explotación.

Según documentos de Odyssey Marine Exploration, se trata de “uno de los depósitos de fosfato más grandes y altos de grado in situ en el mundo y el único recurso marino de este tipo hallado en México”. Con casi 588 millones de toneladas de fosforita, es capaz de satisfacer la demanda de fertilizantes en Norteamérica por un siglo, agrega la empresa.

El plan de extracción de la empresa es succionar las arenas fosfáticas desde una embarcación en donde se separaría el fosfato y luego devolvería con otro tubo el excedente al lecho marino. Aunque Odyssey alega que la tecnología de dragado submarino existe y opera en distintas zonas costeras de México y el mundo, el procedimiento completo no se ha probado en ninguna parte.

La química oceánica Janette Murillo, quien ha estudiado distintos puntos costeros de Baja California, advierte que sólo la remoción de arenas podría dispersar químicos tóxicos como uranio, arsénico, cobalto y níquel, que suelen acompañar los depósitos de fosfatos.

“Si se remueven esos sedimentos van a estar liberando en disolución el uranio, que es lo que más se encuentra, y eso puede ser tomado por organismos vivos y ocasionar una gran mortandad de animales marinos”, explica la investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar, IPN).

Los pescadores de la zona aseguran haber visto ya un aumento en la mortandad de tortugas y mamíferos marinos tan solo durante la prospección iniciada por Odyssey en 2012.

“Si ese proyecto se autoriza y lo echan a andar, nos va a fregar la pesca, que es la columna vertebral que sostiene económica, social y culturalmente a las comunidades costeras en el Golfo de Ulloa”, afirma Tomás Camacho.

Desde 2014, Camacho y sus compañeros en la cooperativa Puerto Chale, al igual que otros pescadores, activistas, científicos, líderes políticos y ciudadanos en Baja California Sur, han rechazado pública y continuamente el proyecto Don Diego y exigido su cancelación.

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México, condenado a pagar 37 millones de dólares

Entre 2012 y 2018, Odyssey Marine Exploration empeñó millonarios recursos económicos y humanos para desarrollar los estudios de impacto ambiental necesarios para que el gobierno mexicano le autorizase a emprender su mina submarina.

En 2019, tras al menos dos negativas de la Secretaría de Medio Ambiente para autorizar el proyecto (2014 y 2016), la empresa demandó al gobierno mexicano por supuesto trato injusto en comparación a inversiones mexicanas. De acuerdo con el procedimiento para dirimir controversias contemplado en el Tratado del Libre Comercio para América del Norte, el caso sería revisado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la entidad del Banco Mundial para dirimir diferencias entre gobiernos e inversionistas.

La disputa legal transcurrió al margen de la pandemia por Covid-19 y de la última elección presidencial en México, y llegó a una conclusión el 17 de septiembre de 2024, cuando dos de los tres jueces que integraron el tribunal del CIADI para el caso dieron la razón a Odyssey. Según el laudo del tribunal, la negación de los permisos ambientales para la mina submarina se basó en “una conducta gravemente arbitraria y caprichosa por parte de la autoridad ambiental” y no en la evaluación de la evidencia científica presentada por la empresa.

Aunque Odyssey demandó una indemnización superior a los 3000 millones de dólares, el tribunal condenó al Estado mexicano a pagar poco más de 37.

El gobierno de México respondió dos días después con un comunicado en el que desaprobó el fallo del tribunal y anunció que interpondría un recurso de apelación. A finales de 2024, México canceló las tres concesiones mineras otorgadas al conglomerado liderado por Odyssey Marine Exploration.

Ante la solicitud de Mongabay Latam, la dirección jurídica de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía confirmó a principios de junio que la apelación contra el fallo del tribunal de arbitraje ya fue presentada, pero informaron que no podían dar más información debido a que el caso se encuentra en litigio. Sin embargo, expertos en derecho comercial e internacional explicaron que, por la manera en que funcionan estas instancias de arbitraje, es sumamente difícil que México pueda revertir el fallo en su contra.

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“Un laudo novedoso en el peor de los sentidos”

El fallo del tribunal de arbitraje contra México se basó en un presunto comportamiento parcial del entonces secretario de Medio Ambiente, Rafael Pachianno (2015-2018). Según el laudo, de acuerdo con testimonios de dos subalternos en el mismo ministerio, el funcionario habría dado instrucciones explícitas para que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) negara las autorizaciones, motivado en “razones personales relacionadas con los propios intereses del Sr. Pacchiano”.

En su comunicado de desaprobación al laudo arbitral del 19 de septiembre de 2024, emitido por la Secretaría de Economía, el gobierno mexicano reitera los argumentos presentados durante el juicio de arbitraje: que el proyecto minero afectaba un lugar “ecológicamente sensible” —hábitat de la tortuga caguama (Caretta caretta), ballena gris (Eschrichtius robustus) y azul (Balaenoptera musculus), lobos marinos (Zalophus californianus), entre otros—; que la empresa Odyssey carecía de experiencia minera porque su actividad principal había sido la búsqueda de tesoros marinos; y que las técnicas de dragado del lecho marino propuestas por la empresa no se habían realizado en ninguna parte del mundo.

Además, el gobierno mexicano consideró que el tribunal de arbitraje dio “un peso desproporcionado” a las declaraciones de los dos empleados de la Secretaría del Medio Ambiente, quienes, según se dio a conocer en el juicio, recibieron de Odyssey un pago cuantioso como compensación al tiempo dedicado en presentar su testimonio. Esto fue calificado por el gobierno mexicano como un conflicto de interés.

Los argumentos defendidos por México son compartidos dentro del país por colectivos de activistas, científicos y especialistas en derecho ambiental internacional. Entre estos últimos se encuentra Phillippe Sands, un abogado francobritánico que, además de ser el árbitro elegido por México durante el arbitraje comercial, es una autoridad internacional en materia de juicios internacionales, autor de más de una docena de libros en la materia y profesor en las universidades del Colegio de Londres (UCL) y Harvard.

En una “opinión disidente” publicada en el laudo del tribunal, Sands hace una dura crítica al trabajo de sus colegas en el tribunal. Según Sands, los abogados no solo habrían hecho una errada interpretación de la ley, sino que habrían omitido información clave. Los acusa de “ignorar pruebas en cuanto al daño ambiental en su totalidad”, como por ejemplo las que dan cuenta de que el proyecto impactará el hábitat de tortugas marinas —incluyendo la amenazada tortuga caguama o cabezona—, de ballenas y de otros mamíferos marinos.

“A modo de conclusión, no puedo dejar de expresar la opinión de que este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos”, escribe el jurista británico, quien ha participado en más de un centenar de casos de arbitraje internacional.

“En un momento en el que los Estados empiezan, por fin, a reconocer los retos y complejidades de tomar decisiones que pueden tener repercusiones significativas en el medio ambiente, y a medida que se comprende cada vez mejor la fragilidad de nuestro medio marino, la mayoría (de jueces) ha hecho caso omiso […] de las preocupaciones ambientales legítimas. Se trata de un laudo sumamente lamentable”, sostiene Sands, quien asegura que “se han desconocido las pruebas y el derecho”.

El experto en impacto ambiental Carlos del Razo, quien colaboró en el arbitraje como asesor del gobierno mexicano, lamenta que los argumentos ambientales, como por ejemplo el alcance del principio precautorio, la regulación de actividades extractivas específicas o de las medidas de mitigación de daños, hayan quedado soslayados por el supuesto abuso administrativo contra Odyssey a manos de las autoridades mexicanas.

“El laudo se volcó a revisar si el inversionista había sido tratado indebidamente por razones metajurídicas (los supuestos intereses políticos o personales del ex secretario Rafael Pacchiano), más allá de la biodiversidad”, explicó Del Razo, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. “Aunque pueda haber asuntos polémicos, si la decisión del Estado mexicano a través de la Secretaría de Medio Ambiente no va en contra de sus propios principios y lineamientos en materia ambiental, la verdad es que no deberíamos discutir mucho más”, dijo.

En línea con Philippe Sands, Del Razo considera que este laudo sienta un precedente negativo para futuros arbitrajes de inversión, debido a que constituye una especie de jurisprudencia que tendrán que atender los jueces de controversias similares a la hora de emitir sus resoluciones, con potenciales efectos en la política y gestión ambiental de Estados soberanos.

“Lo que hace este laudo es prácticamente minimizar o soslayar la capacidad regulatoria que tienen los Estados para decidir sobre el manejo de sus recursos naturales, territorio y medio ambiente”, explica Del Razo.

Odyssey, por su parte, aseguró a Mongabay Latam que el caso “no era una disputa al derecho soberano de México para regular, sino a la manera en que fue tomada esta decisión en particular”. “El caso de Odyssey […] nunca se trató de priorizar los derechos de los inversionistas sobre las protecciones ambientales”, indicó la empresa vía correo electrónico.

“Se trató de asegurar trato justo y equitativo a un proyecto que había demostrado cumplir y, en muchos aspectos, superar los estándares ambientales. Creemos que este precedente no menoscaba la protección ambiental, sino que fortalece la confianza en los marcos legales que son esenciales tanto para la inversión responsable como para la gobernanza de los recursos”, indicó.

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“Una industria desconocida en un ecosistema desconocido”

Aunque una parte de los estudios justificativos presentados por Odyssey para el proyecto Don Diego se basaron en experiencias limitadas en el Reino Unido, la minería submarina es uno de los temas clave y más preocupantes para la conservación de los océanos.

De hecho, a nivel internacional está en pausa tanto por la falta de información científica suficiente como por la ausencia de reglas para contener sus peores impactos.

En las aguas nacionales, donde rigen las leyes de los Estados-Nación, solo algunos países como Noruega, Suecia y las Islas Cook han regulado legalmente la minería submarina. Mientras que en aguas internacionales, los países miembro del sistema de Naciones Unidas se debaten entre poner una moratoria a esta actividad —con México apoyando esta medida— o, ante la presión de los desarrolladores y los mercados, autorizarla mediante una regulación basada en información incompleta. Las negociaciones continúan en el seno de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos de la ONU, que podría tomar una decisión durante su reunión anual en julio.

Durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos, que se llevó a cabo entre el 9 y 13 junio de 2025, 37 países renovaron su llamado a una moratoria global a la minería en aguas profundas. El presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió a ella como una “locura” y el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, lo respaldó señalando que “las profundidades marinas no pueden convertirse en el Salvaje Oeste”.

En este contexto, “el proyecto Don Diego se adelantó a la discusión internacional y empezó a avanzar dentro del país”, dice Diego Lillo, abogado senior para la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

El proyecto Don Diego fue propuesto por la empresa Odyssey a una distancia de entre 20 y 45 kilómetros de la costa de Baja California, en las aguas relativamente someras de la plataforma continental de esta península y dentro de la zona económica exclusiva, una franja de 370 kilómetros desde la costa, por lo que es facultad exclusiva del Estado mexicano autorizar o negar el proyecto.

“Es una industria que se desenvuelve en un entorno natural que es el ecosistema menos estudiado del planeta. En ese sentido, se combinan la novedad, la incertidumbre científica y un tercer componente, que es la insuficiencia o inaptitud de las regulaciones vigentes para adelantarse a los efectos que una industria desconocida pueda tener sobre un ecosistema también desconocido”, explica Lillo.

Desde 2015, en plena revisión del impacto ambiental de Don Diego, AIDA solicitó públicamente al gobierno mexicano la cancelación del proyecto por carecer de información técnica suficiente para garantizar la estabilidad del ecosistema marino.

En abril de 2023, después de considerar el caso Don Diego y otros a lo largo del país denunciados por la sociedad civil, el Congreso mexicano aprobó modificaciones a su Ley de Minería en vigor desde 1992. Estos cambios acotaron las actividades mineras en general y pusieron un alto definitivo a la minería submarina.

La nueva ley de minería prohíbe las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio minero dentro de las áreas naturales protegidas, en cauces o vasos de aguas nacionales y sus zonas federales, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino, el subsuelo de la zona económica exclusiva, en la zona federal marítimo terrestre y en los terrenos ganados al mar.

Sin embargo, legisladores de la oposición acusaron de inconstitucionales las modificaciones a la ley minera y las impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia, que ya en 2024 concedió un amparo a un particular contra los efectos de la ley modificada.

La colectiva CambiémoslaYa, que ha agrupado a académicos, activistas y comunidades afectadas por la minería en todo México para impulsar los cambios a la ley minera, ha advertido que si los ministros de la Corte aceptan la inconstitucionalidad denunciada, devolverían a México al escenario de 1992, caracterizado por dar preferencia al extractivismo minero sobre los pueblos y el medio ambiente.

El reglamento de la nueva ley minera está siendo elaborado por el actual gobierno de México en conjunto con representantes de la industria minera y entre organizaciones defensoras del medio ambiente hay nerviosismo.

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“Lo seguirán intentando, por la buena o por la mala”

A pesar de que el gobierno mexicano le negó a Odyssey Marine Exploration las autorizaciones de impacto ambiental y retiró las concesiones mineras, la empresa insiste en impulsar su proyecto.

Mark Gordon, el director ejecutivo de Odyssey, ha explicado a medios especializados que su intención es crear una asociación público privada con el gobierno de México, en la que la empresa estadounidense mantenga una participación del 35 %. El resto quedaría dividido entre inversionistas mexicanos y empresas estatales de México, empezando por Petróleos Mexicanos (Pemex), que actualmente produce el mayor volumen de fertilizantes en México, según el ejecutivo.

“El proyecto de fosfato en México está muy avanzado. Estamos en el punto de la curva de valor en que podemos llegar a un acuerdo satisfactorio con el gobierno mexicano, si quiere proceder. Podemos entrar a producción en 12 o 18 meses”, explicó Mark Gordon en abril pasado en el podcast WTR Small-Cap Spotlight.

Según Gordon, “la clave en México” está en “tener el socio adecuado” que sepa “navegar el régimen regulatorio local”. Para ello anunciaron una alianza con la empresa Capital Latinoamericana SA de CV, presidida por Juan Cortina Gallardo. Este empresario mexicano lideró hasta febrero pasado el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), una de las coaliciones agroempresariales más importantes del país, y en diciembre lideró una coinversión de 4 millones de dólares en Odyssey, aseguró Gordon.

La presión ejercida por la empresa con sede en Florida para conseguir la aceptación de la mina Don Diego tuvo efectos negativos en la sociedad bajacaliforniana, incluyendo señalamientos de supuesta persecución contra opositores y degradación de la discusión científica.

En 2015, después de participar en consultas públicas sobre el proyecto, el entonces presidente de la cooperativa de pesca Puerto Chale, Florencio Aguilar, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República por Odyssey en 2015, junto al periodista Carlos Ibarra. Florencio Aguilar recuerda que la denuncia era tan absurda que prácticamente los acusaban de conspirar contra el desarrollo económico de México.

“Desgraciadamente la economía manda más que cualquier cosa legal”, explica el líder pesquero. “Sentí el apoyo de la gente que me respaldó y eso me dio valor para seguir en la defensa de nuestros mares”.

Debido al antecedente con Odyssey y a otros proyectos mineros acumulados en Baja California Sur a lo largo de los años, la sociedad sudcaliforniana tiene claro que no puede bajar la guardia.

“Hemos aprendido a no ser optimistas y eso nos ha hecho más efectivos porque el optimismo nos lleva a confiarnos y a bajar la guardia”, explica Jorge del Ángel, biólogo marino y vicepresidente del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos.

“El discurso ahora es que el fosfato es super necesario como fertilizante y que si no se mina el fondo del mar todos nos vamos a morir de hambre”, añade Del Ángel. “En todo este tiempo hemos aprendido que ninguna empresa se queda tranquila diciendo ‘bueno, me lo negaron’. Lo seguirán intentando, por la buena o por la mala, hasta que sus inversionistas se cansen”.

*Imagen Principal: los pescadores de la zona aseguran haber visto ya un aumento en la mortandad de tortugas y mamíferos marinos durante la prospección iniciada por Odyssey en 2012. Foto: SCPP Puerto Chale SCL

El artículo original fue publicado por Juan Mayorga en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En los llanos orientales de Colombia, la unión de tres reservas naturales de la sociedad civil ha servido para hacerle frente a la deforestación y a la degradación de los ecosistemas. Lo han hecho plantando más de 20 000 árboles nativos y creando corredores biológicos. El proyecto, llamado el Triángulo del Puma, ha logrado el avistamiento de cerca de 300 especies de mamíferos y aves y ha permitido que pumas (Puma concolor), dantas (Tapirus), chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris), entre otros, transiten libremente por la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Manacacias.

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El Triángulo del Puma está ubicado en la cuenca alta del río Yucao, en las veredas Matazul-Yucao, La Ema y La Serranía en Puerto López, Meta. Y recibe su nombre no solo en honor a este felino que es la especie sombrilla —aquella que requiere de grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural y funcionan como un canal para la conservación de todo el ecosistema—, sino a la figura que forman las reservas Yurumí, El Amparo y La Reseda.

En la Orinoquia confluyen las sabanas colinadas, los bosques de galería y las zonas de humedales, todos ecosistemas clave para la protección de la biodiversidad. Es por eso que en el Triángulo del Puma, según el Reporte Bio Orinoquia del Instituto Humboldt, se sembraron más de 20 000 árboles en colaboración con Cormacarena —autoridad ambiental en la región— y se proyectó el trazado de corredores biológicos mediante sistemas de información geográfica.

Esto, según el informe, para proteger algunas especies que habitan allí como la nutria gigante o nutria del Amazonas (Pteronura brasiliensis), categorizada como especie En Peligro según la Lista Roja, además del mono nocturno de brumback (Aotus brumbacki), el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), el tapir terrestre o tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris), el armadillo gigante (Priodontes maximus), el pecarí de collar (Pecari tajacu), el tigrillo o gato tigre (Leopardus tigrinus), todas en categoría Vulnerable.

Esta iniciativa nació en 2018 de la unión y la preocupación de habitantes del Meta por proteger y promover la biodiversidad. Juan David Gutiérrez, director de la Reserva Natural El Amparo, cuenta que “en un trabajo por fortalecer lazos con las comunidades de las veredas aledañas, nos unimos con dos reservas más para crear una iniciativa de la sociedad civil que incentiva hacer corredores biológicos que nos conecten. Esto especialmente porque ahora somos zona de amortiguamiento del Nuevo Parque Natural Manacacías”.

Según Paola Campo, directora de la fundación y reserva natural Yurumí, en la región hay varias amenazas para los ecosistemas, como el avance de la frontera agroindustrial, la degradación de ecosistemas, el conflicto entre humanos y felinos, la fragmentación del paisaje y la pérdida de bosques. En el Triángulo del Puma han apostado por actividades de avistamiento y monitoreo de aves, promoción de la ganadería sostenible y la restauración participativa del territorio como formas de contrarrestar esas amenazas.

Quitándole el estigma al puma

La Orinoquía colombiana está llena de colonos que han llegado desde otras zonas del país. Cuando la familia de Juan David Gutiérrez se trasladó a los llanos orientales desde Bogotá, la región era principalmente ganadera y los conflictos entre los habitantes y el puma eran constantes. Los ganaderos acusaban al animal de matar a su ganado y hacían jornadas para cazarlo.

Aunque hoy en día la amenaza no ha desaparecido, los participantes del Triángulo del Puma se han dedicado a implementar estrategias antidepredatorias para disminuir los conflictos entre el animal y los habitantes de las veredas. Una de ellas es la promoción de la ganadería sostenible, una alternativa en la que por medio del cerramiento de potreros, el suministro constante de agua para las vacas y la conservación de cierto porcentaje de los árboles, se contribuye a la protección del medio ambiente y del ganado.

“Hay que hacer una transformación en la mentalidad y una inversión económica que no ha sido fácil. El llano ha sido culturalmente de ganadería extensiva, con poco cuidado del medio ambiente. Entonces se han hecho cambios de manera lenta, no solo para controlar el conflicto con el puma, sino también para que la gente vea los beneficios que trae el programa de ganadería sostenible”, asegura Gutiérrez.

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto López, de las 17 338 hectáreas que abarca el Triángulo del Puma, 2099 se catalogan como determinantes en protección, 2097 como protectoras forestales y 2400 como área de interés paisajístico y productivo (entre ellas la ganadería sostenible).

Intentar un cambio en la actividad ganadera fue una de las primeras resistencias con las que se encontraron los dueños de las reservas cuando decidieron socializar el Triángulo del Puma a sus vecinos. A la gente de las demás fincas les generaba desconfianza la iniciativa. “Pero en la medida que avanzamos, hemos podido mostrar las ventajas. Poco a poco van cediendo, se requiere de mucho trabajo en este punto”, asegura Martha Morales, dueña de la reserva La Reseda.

Por otra parte, Paola Campo explica que el recelo de los vecinos se relacionaba, en gran medida, con el temor y odio que le tenían al puma.

Según el informe Felinos de la Fundación Omacha, la percepción negativa hacia estos animales está influenciada por la fuerte presión humana a los paisajes en los que habitan. “Los modelos productivos conllevan a una fuerte transformación de las coberturas naturales e introducción de especies de fauna y flora exóticas. Estas nuevas aproximaciones generan percepciones hacia los felinos como depredadores de animales domésticos y una amenaza a la seguridad de las personas en las zonas rurales donde humanos y felinos comparten los ecosistemas”.

Juan Manuel Cardona Granda, ingeniero forestal con maestría en manejo forestal de la Universidad de Chile, explica que es necesario romper con el estigma hacia el puma, ya que es una especie que regula las poblaciones de todas sus presas, impidiendo su crecimiento excesivo y manteniendo el equilibrio en sus hábitats. Además, su presencia es un indicador del buen estado de conservación de los ecosistemas.

Cardona Grana añade que “al proteger el puma se protegen muchas plantas de su hábitat. Si logramos asegurar que el puma permanezca en la zona, los árboles y otros animales, por más pequeños que sean en la cadena alimenticia, se preservan, se propagan y se controlan”.

Para el informe Felinos, la iniciativa del Triángulo del Puma se convierte en una estrategia que permite la conservación de este importante ecosistema conocido como la Serranía Llanera. Además, “esta iniciativa es innovadora al emplear un felino como el puma y sus amplios requerimientos de hábitat como criterios para ordenar, ecológica y sosteniblemente, una cuenca hidrográfica donde tenga espacio la conservación de la biodiversidad y los diferentes modelos productivos presentes en el área”.

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El valor de monitorear la fauna

Precisamente, para velar por la protección de otras especies, desde 2023 las tres reservas instalaron 16 cámaras trampa. Según el portal Wildlife Insights, en el que las reservas y las ONG suben la información y la ponen a disposición de científicos, El Amparo ha logrado captar 4220 imágenes de vida silvestre, identificando especies como el pecarí de collar (Pecari tajacu) y el paujil culicolorado (Crestless curassow). La Reseda ha capturado 1043 imágenes en donde aparecen la tórtola frentiblanca (Leptotila rufaxilla) y el zorro cangrejero (Cerdocyon thous). Y en Yurumí se han tomado 777 imágenes donde han identificado especies como la rata espinosa (Proechimys canicollis) y el ocelote (Leopardus pardalis).

De acuerdo con el Reporte Bio Orinoquia, en el desarrollo de estas acciones de monitoreo más de diez familias (en ocho predios que abarcan aproximadamente 6000 hectáreas) se involucraron en la recolección de datos sobre biodiversidad.

La importancia de este método de monitoreo, según Loreta Rosselli, bióloga, ornitóloga y consultora independiente, es que en el Triángulo del Puma se han registrado apariciones de especies raras como el zorro vinagre o perro vinagre (Speothos venaticus). Además que se han podido registrar ejemplares de dantas muy jóvenes. “Lo más emocionante es que esos datos quedan en el sistema de información de biodiversidad del país y en otras plataformas para que estén a disposición de científicos y otras personas interesadas”, dice Rosselli.

Estos encuentros con esta especie han sido de suma importancia ya que suele alejarse de zonas en donde haya mucho contacto con humanos y prefiere habitar zonas bien conservadas, donde haya muchas presas como roedores y ardillas.

Las reservas del Triángulo del Puma también participan cada seis meses en eventos mundiales de observación y monitoreo de aves como el Global Big Day. A través de estos espacios han identificado 301 especies de aves.

Con la información de fototrampeo y de avistamiento de aves, los integrantes del Triángulo, en conjunto con el Instituto Humboldt, GIZ, la Universidad de los Llanos, Audubon, The Nature Conservancy y otras organizaciones, han estudiado patrones de tránsito, migración, propagación y hábitos para implementar programas que ayuden a la protección y conservación de la flora y fauna de la región.

En el último conteo de aves realizado el 12 de octubre de 2024, la bióloga Loreta Rosselli asegura que se registraron 833 individuos de 122 especies. Ese día se captaron dos nuevas especies para el área del Triángulo del Puma: el ermitaño barbigrís​ (Phaethornis griseogularis) y el mango gorginegro​ o mango pechinegro (Anthracothorax nigricollis).

Gutiérrez comenta que “cuando uno empieza a hacer memoria, la cantidad de aves que se ven en El Amparo, alrededor de las casas, en los bosques, se ha incrementado indudablemente. Ahora, por ejemplo, están las tijeretas que vienen del sur, hay unos grupos bastante grandes de esas aves migratorias”.

Para Rosselli, hacer un inventario y monitoreo de estas especies no es solo hacer un conteo. “La idea es hacer este ejercicio a lo largo del tiempo, varias veces y usando el mismo método para ver cómo va cambiando la avifauna. También es importante ver qué nos están diciendo esos números. Por ejemplo, si este pájaro está aumentando, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué come él? ¿Por qué está aumentando?”.

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El Triángulo del Puma como guardián de los árboles

El Triángulo del Puma no funciona como una gran reserva, sino que, según los dueños de los predios, son tres ‘islas’ conectadas por corredores biológicos que buscan mantener la conexión de las especies. Además, está en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Manacacías, que fue declarado como área protegida e ingresó al Registro Único Nacional de Áreas Protegidas en 2023.

La Orinoquía se ve amenazada por varios factores, no solo por la deforestación y la cacería de diferentes especies como el puma y el venado. Según Juan Manuel Cardona, la zona tiene riesgo por las malas prácticas en ganadería y agricultura que afectan la flora y fauna de la región. “Hay prácticas que son simplemente destructivas. Por ejemplo, cuando la gente saca material de sabana para rellenar carreteras, en donde la regeneración de pasto es muy lenta y quedan un montón de charcas, peladeros”, afirma. El ingeniero también menciona la amenaza que representa el pasto jaraguá que, aunque crece rápido, es un pasto africano muy invasor.

Loreta Rosselli destaca la cercanía del Triángulo del Puma con el Parque Manacacías porque “hace que la capacidad de desplazamiento de algunos organismos mejore sus posibilidades de conservación a largo plazo”. La científica asegura que si en un parque nacional hay animales que requieren grandes áreas, su población es muy pequeña, y lo más probable es que haya un deterioro genético por el cruce entre parientes. “Por eso es muy importante que haya conectividad con otras poblaciones [por fuera del área protegida] para que sean más sanas”.

En 2019, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) declaró el Triángulo del Puma como una zona de importancia ambiental. En noviembre de 2023 se declaró a Manacacías como parque nacional y Paola Campo, directora de la fundación y reserva Yurumí, cuenta que junto con las reservas vecinas tuvieron reuniones con  TNC, el Sirap Orinoquia, Resnatur y Parques Nacionales Naturales, donde les explicaron cómo la promoción de reservas de la sociedad civil como las de ellos son cruciales para formar un gran corredor biológico que rodee al parque.

En ese sentido, Juan Manuel Cardona menciona que en la zona hay varias especies de flora que son representativas y que requieren una protección urgente. “Por ejemplo, el saladero rojo (Pterocarpus soyauxii) está siendo muy golpeado en la Orinoquía por su uso en la parte maderera, ya que lo utilizan para postes de cerca y construcción”.

De ahí que El Triángulo del Puma trabaje también en programas de reforestación. Juan David Gutiérrez, explica que en el caso de la reserva El Amparo “aprovechamos que teníamos vocación de cuidado medioambiental y tras obtener un certificado de incentivo forestal en la región, iniciamos la siembra de árboles nativos. Esa fue la transición para dejar la ganadería con la forma tradicional”.

Gutiérrez también dice con orgullo que en su reserva hay un parche muy grande de una palma llamada socratea (Socratea exorrhiza) al que han entrado investigadores con sus alumnos y se sorprenden porque es difícil ver un bosque en esas condiciones, debido a la alta deforestación de la zona. “Uno de los investigadores contó que cuando hizo su tesis encontró un bosque pero tenía una cuarta parte de la cantidad de palma que tenemos nosotros [en El Amparo]”.

Paola Campo también cuenta que hay zonas donde el bosque se viene restaurando solo: “hay sectores de regeneración espontánea y eso me ha parecido un gran logro porque hay un moriche totalmente sano [palma nativa vital para garantizar la seguridad hídrica, hacerle frente a los incendios forestales y servir de sustento para comunidades locales] que captura CO2, y que hace parte de todo un ciclo del agua en la región”.

Para Juan Manuel Cardona es fundamental contar con iniciativas privadas que complementen el sistema nacional de áreas protegidas, ya que Colombia, como país megadiverso, no puede esperar a que todos los ecosistemas y sitios que requieren preservación, conservación y restauración sean protegidos únicamente por los parques nacionales u otras categorías a cargo de los gobiernos nacional, departamental o municipal.

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Un esfuerzo de conservación que quiere crecer

Alrededor del Triángulo del Puma hay varias empresas agroindustriales. Según el informe El zumbido del Orinoco de Parques Nacionales Naturales, en 2017, además de la ganadería, se ha fortalecido el sector cañero en la región.

Es por eso que los miembros del Triángulo han intentado acercarse a los empresarios agrícolas y ganaderos para que se sumen a la iniciativa y para que dentro de sus políticas contribuyan a la conservación de la zona y la protección del puma. Paola Campo dice que podría existir una mejor relación con los grandes monocultivos cercanos si se invierte en compensaciones significativas —medidas para resarcir el daño a la biodiversidad y los ecosistemas causado por actividades humanas—. “En lugar de dispersar las compensaciones en esfuerzos menores, ¿por qué no dirigirlas hacia iniciativas de gran impacto que operan cerca de sus instalaciones, dentro de sus propios territorios?”.

Para María Cristina Moreno, gestora de procesos comunitarios y copropietaria de la reserva El Amparo, la producción tiene que ir de la mano de la conservación. Para lograrlo, dice, es necesario reunir la voluntad política del gobierno nacional y de los locales para establecer planes de ordenamiento territorial y licencias ambientales. Moreno añade que dichas licencias deberían otorgarse a proyectos que estén alineados con la protección de los corredores biológicos que conectan las áreas protegidas o las zonas de conservación en la región.

Pese a que han recibido apoyo de diferentes organizaciones como universidades, y ONG, mantener proyectos como El Triángulo del Puma es un reto. Por ejemplo, Martha Morales, de la reserva la Reseda, explica que su reserva se sostiene por la ganadería de cría. “La venta de semovientes cubre el 64 % de los costos, el 30 % lo cubre mi pensión y el 6 % restante se cubre con servicios derivados de la conservación: prácticas universitarias, descuento predial, abono orgánico, productos de pan coger”, dice Morales. En otras fincas, como El Amparo, se dedican a la apicultura y también hacen aportes de su propio capital.

Todo esfuerzo cuenta, pues a pesar de esfuerzos como El Triángulo del Puma, la Orinoquia sigue enfrentando amenazas como la pérdida de hábitat, la disminución de presas para especies como el puma y el conflicto de este y otros animales con los humanos. Según Global Forest Watch, entre 2002 y 2023, Puerto López experimentó una disminución del 1,3% en su área total de bosque primario húmedo, lo que equivale a una pérdida de 127 hectáreas.

Actualmente, varios científicos trabajan en un estudio sobre las aves y mamíferos que se encuentran dentro del Triángulo del Puma. Además, los dueños de las tres reservas de la sociedad civil esperan que las fincas vecinas conozcan y aprendan más sobre el cuidado de esta zona de vital importancia para el Parque Nacional Natural Manacacías, para que finalmente sumen su grano de arena en la protección del biodiverso ecosistema orinocense.

*Imagen principal: foto de referencia para este artículo. Un ejemplar de Puma concolor avanza entre los riscos de un área de la Patagonia. Especie oportunista y con gran capacidad de adaptación, su progresiva expansión hacia el norte ya ha sido documentada en varias provincias del centro de Argentina. Foto: cortesía Franco Bucci/Rewilding Argentina

El artículo original fue publicado por Alejandra Cetina en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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