Contexto

Senador y candidato Iván Cepeda: le escribo desde mi lugar como ciudadana y educomunicadora que se niega a aceptar la decadencia del diálogo público y la ilusión de la autocrítica que hoy parece inexistente en su sector. Usted invita al centro a votar por su propuesta; sin embargo, resulta difícil confiar en una alternativa política que se niega a reconocer sus propias fallas. Recientemente, usted utilizó sus redes para tildar de “hipócritas” a quienes se escandalizan por las fiestas en las cárceles, recordándonos las tierras compradas y las masacres ordenadas por otros en el pasado. Ese mensaje es la confirmación de una metodología que el país ya no tolera: la evasión sistemática mediante el señalamiento de las atrocidades ajenas para justificar las indignidades del presente.

¿Acaso esto es una competencia para ver quién cometió los crímenes más atroces? Como sostiene la politóloga Chantal Mouffe en su obra La paradoja democrática: “La política se desnaturaliza cuando el conflicto de ideas se desplaza hacia un registro moralista de ‘buenos contra malos'”. Reducir la política a un show moral donde solo se exponen las culpas históricas del otro es destruir el tejido democrático y anular la figura del adversario legítimo.

La investidura no es un refugio: El secuestro de la izquierda colombiana

Usted debería, por ética, responder como el candidato que es a las preguntas que se le hacen. Existe una obligación moral y política de dar su opinión sobre la fiestecita en la cárcel, idéntica en su simbología de burla institucional a la época de Pablo Escobar. Me genera profunda tristeza que usted le haya entregado su marca personal al petrismo, imitando la metodología de Gustavo Petro de mencionar los crímenes y delitos ajenos cada vez que se le cuestiona a él. Ya no vemos al candidato de rigor con pensamiento propio; ahora muestra una absoluta tibieza que hoy es evidente en su propia candidatura.

A mi juicio, Gustavo Petro logró secuestrar la izquierda colombiana de la mano de aliados que históricamente trabajaron a la derecha. Gustavo Bolívar afirmó en su momento que para ganar había que hacer pactos con “Dios y con el diablo”, confirmando que Petro tuvo que ceder mínimos no negociables para llegar al poder. La historia reciente reafirma que ni la derecha ni la izquierda están libres de esos pactos. Como argumenta la politóloga Nadia Urbinati en Democracia discursiva, la representación exige una rendición de cuentas constante. Resulta inadmisible que ante cada pregunta se siga la táctica de Gustavo Petro de hablar de los delitos de los otros para omitir las responsabilidades propias.

Inclusión frente a No exclusión: El compromiso con la formación

Dentro de este escenario, es imperativo hablar de su propuesta de fórmula vicepresidencial. Reconozco la grandeza de la senadora Aída Quilcué, su liderazgo histórico y su admirable recorrido. Inclusión es que una indígena tenga la posibilidad de entrar al poder. La No exclusión significa garantizar que esa persona reciba las herramientas para alcanzar el nivel profesional, intelectual y cognitivo que exige ese cargo.

Desde la interculturalidad crítica, le hablo a usted y le hablo a ella; lo hago justamente por respeto a su trasegar, a la mujer que es y a lo que representa. Nadie debería ejercer el poder partidista sin haberse esforzado por salir del empirismo y fortalecerse desde lo estructural. Durante todos estos años en el legislativo, ella ha recibido la paga de su honorable trabajo con dinero de los contribuyentes; ese recurso público le dio la posibilidad de estudiar y trabajar simultáneamente, tal como lo hacen cientos de mujeres y miles de obreros en Colombia para sacar adelante sus propios proyectos de vida y los de sus familias. Cosa que no ha hecho.

Me angustia una vicepresidenta que no esté a la altura de las necesidades de la nación en caso de tener que ejercer como presidenta. La función de esa figura es quedar a cargo cuando quien preside se ausenta; cosa que no ha sucedido en este gobierno, donde Francia Márquez nunca fue delegada para esa función. Deseo dejar claro que no estoy en contra de que alguien sin estudios previos acceda a su derecho de ser elegido; tampoco pretendo que no se validen sus activismos, sus trabajos endógenos o su trascendencia en la ciudadanía. Lo que sostengo es que, una vez se ha llegado al poder, el deber ético es capacitarse e instruirse.

No hay una ley que obligue a ningún político a estudiar una vez llega al cargo. Qué tristeza que tenga que ser por ley; ojalá existiera un artículo que obligue a quienes llegan al poder a formarse para responder a la confianza del pueblo. No pusimos líderes para que nos gobiernen desde la ignorancia. Queremos que nuestros líderes, hombres y mujeres que conocen las realidades de las bases, lleguen a transformar el poder con herramientas y procesos idóneos. Esto se lo diría a cualquier persona de cualquier etnia, color o raza; hablo desde la interculturalidad crítica como activista y como mujer que proviene de las desventajas sociales. La formación es fundamental. El mensaje que se da cuando los líderes no se educan es que la mejora en la educación no importa. ¿Para qué fortalecer la educación en un país si no se necesita para gobernar?

El centro: huérfano de representación y cansado del espectáculo

Resulta profundamente hipócrita de su parte dedicarse a señalar los crímenes de otros en plena campaña mientras continúa en el ejercicio del poder partidista dentro del senado. Allí usted no solo debe estar ejerciendo su trabajo, sino abriendo diálogos de fondo más allá de las atrocidades históricas; el poder también debe ser la capacidad de accionar coherentemente. Es contradictorio que critique a los políticos de oficio por no ofrecer mucho, mientras usted imita esa misma conducta: se niega a dar debates, se dedica a pontificar sobre lo humano y lo divino, y no nos permite entender qué quiere hacer como presidente de manera diferenciada.

Usted debería darnos la altura que lo caracterizaba antes de ser petrista y alejarse de esa superioridad moral desde la cual parece negarse a dialogar con quienes considera inferiores intelectuales. Al evadir el debate, nos niega la oportunidad de elegir a conciencia y de saber si usted defenderá todos los procesos ejecutivos de este gobierno. El centro siempre ha tomado decisiones responsables; algunos han votado hacia la izquierda, otros a la derecha, y siempre nos han mantenido huérfanos de representación partidista. Quieren nuestros votos, mas no quieren nuestra veeduría y control político. Colombia no necesita un show de superioridad ni un espejo retrovisor eterno; necesita propuestas nuevas para un futuro en democracia.

A todas las personas: la derecha y la izquierda quieren que la gran mayoría no salga a votar o que lo hagamos movidos por el enojo. Sin información veraz y contrastada, no podemos darles ese gusto. Salgan a votar a conciencia; revisen trayectorias en esta era de sobreinformación donde no podemos dar nada por sentado.

¿Estamos dispuestos a permitir que el silencio entregue el poder a quienes solo saben responder mirando hacia atrás?

Colofón: Cartas a las candidaturas: Un ejercicio de veeduría ciudadana. Esta es mi primera entrega de un especial de cartas que haré a diferentes candidaturas presidenciales, aunque será imposible escribirle a cada una de ellas. Aclaro que esta serie de textos nace de mi lugar de enunciación como mujer demócrata, a título personal, desde la interculturalidad crítica y la educomunicación. Durante la semana estaré confrontando las posturas éticas de quienes aspiran al poder desde la razón y la responsabilidad civil.

Colombia y su futuro.

Es una pregunta pertinente, aunque pueda parecer absurda, pues se presume que la condición sine qua non para el desarrollo democrático de una campaña electoral es que todos los participantes en ella se reconozcan legítimamente como adversarios. En palabras del recientemente fallecido filósofo Jürgen Habermas, que se reconozcan como “interlocutores válidos”, en lugar de hacerlo como enemigos irreconciliables entre sí. No deberían tratarse entre ellos como una amenaza para la propia existencia y menos para la convivencia social. Pero esto último es lo que está sucediendo en la actual campaña por la Presidencia de la República en Colombia. Algo inaudito y hasta inverosímil, pues los tres aspirantes que puntean en las encuestas de opinión, Iván Cepeda, filósofo, Paloma Valencia, abogada y Abelardo de la Espriella, también abogado, seguro leyeron con juicio en sus carreras el ensayo de Habermas “¿Es posible la legitimidad por vía de legalidad?”, piedra angular de todo régimen democrático. Aunque dudo que Abelardo, sumergido en el derecho penal para la posterior defensa de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, haya tenido tiempo para leerlo. Pero le convendría hacerlo ahora, para que comprenda que es imposible disociar la política y la legalidad de la ética pública en su dimensión de principios y valores compartidos para la justicia y la convivencia social, sin caer en el absurdo de apelar a la imagen depredadora de un tigre y enarbolar un saludo militar supuestamente para “salvar a la Patria”. ¿Tendrá algún sentido civilizador, legal y democrático asociar la Patria con tigres y guerreros? ¿No será lo propio de la ley de la selva y del más fuerte, como lo está haciendo Trump en el actual caos internacional?

Deslegitimar y demonizar al contrario para ganar

Pero esta campaña, tal como está discurriendo, en lugar de serlo para la legitimación democrática se está convirtiendo en una pugna por la deslegitimación mutua entre estos tres candidatos y arrasar así con el más mínimo vestigio de democracia. Es decir, para invisibilizar e impedir vislumbrar el espíritu de la democracia, ya que su cuerpo está desaparecido junto a las más de 135.396 personas dadas por desaparecidas en desarrollo del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, según el portal de datos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UNDPD)[i].  Las tres candidaturas se encuentran atrapadas en el “modo guerra” de hacer política y parecen no comprender que el principio fundacional y existencial de la democracia es la práctica de la política como deliberación y controversia sin violencia, según manda el artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Causa perplejidad, estupor y hasta miedo que quienes aspiran a la presidencia y la jefatura del Estado sean incapaces de estar a la altura de ese artículo constitucional, sin cuyo cumplimiento irrestricto no puede existir reconciliación política y mucho menos una verdadera democracia. Ya lo había expresado con lucidez filosófica y contundencia política el maestro Norberto Bobbio: “La democracia solo comienza en el momento –que llega después de mucho luchar—en que los adversarios se convencen de que el intento de eliminar al otro es mucho más oneroso que convivir con él”. Y no hay duda, por la pugnacidad que predomina entre ellos, que cada uno está empeñado en eliminar la legitimidad democrática del contrario. Lo hacen, obviamente desde el discurso, pero parecen olvidar que la violencia simbólica y retórica, cargada de animosidad contra quien es considerado enemigo, antecede a la violencia letal. Por eso están empecinados en la utilización de la memoria, buscando en el pasado las actuaciones y afinidades políticas de cada uno de ellos, incluso en las ejecutorias de sus padres y ancestros, para estigmatizarse y deslegitimarse mutuamente como aspirantes a la presidencia.

De la filiación a la afiliación política.

Quizá ello tenga que ver precisamente con sus historias personales y familiares. En el caso de Paloma Valencia, nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), quien como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordenó la “Operación Soberanía”[ii] y el bombardeó a Marquetalia, mito fundacional para el surgimiento de las Farc. Iván Cepeda, hijo del entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994 por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército nacional[iii]. Indirectamente también es el caso de Abelardo de la Espriella, pues su principal escudero y beligerante alfil, Enrique Gómez Martínez, es nieto del expresidente conservador Laureano Gómez y sobrino del asesinado exsenador Álvaro Gómez Hurtado, promotor de la “Operación Soberanía” contra las que llamaba “Repúblicas Independientes”. Se presenta así en estas tres candidaturas una estrecha relación entre filiación y afiliación política, que se proyecta con intensidad emocional y confrontación política creciente entre ellos y, lo que es más censurable e inadmisible, con su actual utilización irresponsable y sectaria. A tal punto que el expresidente Álvaro Uribe sindica a Iván Cepeda de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo contra el senador Miguel Uribe Turbay. A su vez Cepeda relaciona a Uribe y su fulgurante carrera política con el surgimiento de los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia[iv]. Y, para completar, desde la campaña de Abelardo, Enrique Gómez señala irónicamente: “Por más que miro, no veo al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y eso que el señor le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe. ¿Sí será eso lo que necesita Colombia? ¿o necesita la independencia del Tigre?”[v]. Desde luego que Colombia no es un zoológico para necesitar otro presidente “cargado de tigre”, mucho menos que los ciudadanos vayan a las urnas con su fiereza o llenos de rencor y deseos de revancha como sucede en las redes sociales entre quienes, por carecer de argumentos, solo se cruzan insultos y descalificaciones llamando “mamerto” o “paraco” a quien piensa distinto o no apoya incondicionalmente a su candidato o candidata.

No más “mesías” electorales y “salvadores nacionales”

Causa vergüenza el fanatismo, sectarismo e ignorancia que inunda las redes sociales por estos días, estimuladas por bodegas de dichas campañas. Pero lo peor y más preocupante es esa falsa superioridad moral que cada candidato y campaña esgrime con la absoluta certeza de que posee en su mente y manos la salvación de Colombia. Que su partido y aliados son un dechado de virtudes y sabiduría. Que, si no los respaldamos en las urnas, todos estaremos condenados al infierno de la guerra y la exclusión social. Candidaturas incapaces de la más mínima autocrítica, mucho menos de reconocer sus errores y horrores pasados y sus limitaciones presentes, porque están convencidas de su misión salvífica y solo si cada uno proyecta ese carisma de líderes y lideresas providenciales, destinados a satisfacer nuestras necesidades y hacernos felices, podrá ganar las elecciones. En ese sentido, más que demagogos son taumaturgos de futuras catástrofes, cuando desde el gobierno incumplan sus promesas de pan, paz, seguridad, ríos de miel y reinos de reconciliación. Porque cuando ya estén en sus altos cargos en el Ejecutivo comprobarán amargamente que no son tan poderosos y sí bastante impotentes. Comprobarán que son rehenes de los poderes de facto e intereses más o menos legales o abiertamente ilegales que los encumbraron a esas posiciones, con los cuales hicieron alianzas y sellaron compromisos tras bambalinas y se convirtieron así en sus testaferros y mandaderos. Eso sí, unos testaferros bien remunerados y protegidos por una tramoya de instituciones y rituales de una Constitución que juraron cumplir, pero parece que ignoran, no pueden o son incapaces de honrarla. Si ahora como candidatos no cumplen el artículo 22 y hacen de la campaña política una coartada perfecta para combatirse entre sí, qué no harán cuando tengan en sus manos el poder de gobernar y hasta de hacer la guerra contra los que consideran sus “enemigos”.

¡Lean y cumplan la Constitución!

Por eso, especialmente a estas tres candidaturas les conviene, en medio de las descalificaciones y deslegitimaciones que mutuamente se lanzan y cruzan durante esta campaña, tener presente además del citado artículo 22, el 188 de la Carta, que reza: “El presidente de la República simboliza la unidad nacional…y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. La pregunta obvia es ¿Cómo lo harán si en tanto candidatos y candidatas están empecinados en fragmentar y antagonizar a los colombianos, dividiéndonos absurdamente entre “ciudadanos de bien” contra “terroristas”; “paracos” contra “mamertos”; “oligarcas” contra “plebeyos” y hasta supuestos “patriotas demócratas” contra “peligrosos comunistas”? Una pregunta valida para todas las candidaturas, pero especialmente para estas tres por contar con el mayor apoyo en las encuestas. Es, en primer lugar, una pregunta vital y urgente para todos nosotros como ciudadanía, pues tenemos la responsabilidad de estar a la altura de los principios, valores y metas de la Constitución de 1991, entre las que figuran la “paz política, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general” según su artículo 1 y especialmente el 95: “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla” y para ello“defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. ¿Seremos capaces de hacerlo en las próximas elecciones? Y quien llegue a la Casa de Nariño ¿Será capaz de cumplir la Constitución, promover la reconciliación política nacional o continuará profundizando otros cuatro años la confrontación y degradación nacional en que estamos desde tiempos inmemoriales?

[i] https://datos.unidadbusqueda.gov.co/

[ii] https://www.elespectador.com/politica/la-historia-de-una-carta-que-pudo-haber-evitado-el-conflicto-armado-en-colombia-article-599330/

[iii] https://www.lanacion.com.co/cayo-en-neiva-el-asesino-del-papa-del-senador-ivan-cepeda/

[iv] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-31/alvaro-uribe-e-ivan-cepeda-calientan-su-enfrentamiento-tras-el-mitin-del-candidato-del-pacto-historico-en-medellin.html

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-04-02/se-ahonda-la-fractura-en-la-derecha-colombiana-el-ultra-enrique-gomez-arremete-contra-paloma-valencia-y-alvaro-uribe.html?event_log=oklogin

Hace un par de años, más exactamente en el 2019, mientras cursaba mi Maestría en Investigación Musical, estaba al mismo tiempo leyendo el libro “¿Por qué fracasan los países?” de Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012). Aunque es un libro que no tiene en lo absoluto nada que ver con educación, o con música y Arte, el impacto que generó este libro en mí fue profundo, no solo por su análisis sobre las causas del éxito o fracaso de las naciones, sino porque, al mismo tiempo que me formaba como investigador, me llevó a cuestionar de manera constante el rol de la educación dentro de la sociedad y, de manera más específica, el lugar que ocupa la educación artística en los procesos de transformación social.

El desarrollo de los países

La tesis central de Acemoglu y Robinson plantea que las diferencias entre países no radican en factores geográficos o culturales, sino en la manera en que se han configurado sus instituciones políticas y económicas.

A través de ejemplos como el de ”Nogales”, una ciudad dividida entre Estados Unidos y México, los autores evidencian cómo dos territorios con características similares pueden ofrecer condiciones de vida radicalmente distintas dependiendo de la solidez y naturaleza de sus instituciones.

Este planteamiento permite comprender que el desarrollo no es una casualidad, sino el resultado de decisiones históricas que han favorecido modelos inclusivos o, por el contrario, estructuras extractivas que perpetúan la desigualdad.

En el contexto colombiano

En el caso de América Latina, y particularmente en Colombia, estas reflexiones encuentran un eco evidente. Tal como lo expone mi análisis previo, las decisiones políticas y estructurales han limitado históricamente las oportunidades de desarrollo, afectando ámbitos fundamentales como la educación, la ciencia y la innovación.

Sin embargo, dentro de este panorama surge una reflexión aún más profunda: si las instituciones son determinantes en el desarrollo de las sociedades, ¿qué tipo de formación necesitan los ciudadanos para construir instituciones más justas, inclusivas y equitativas? Es en este punto donde la educación artística y la cultura adquieren un papel fundamental.

La educación artística no puede seguir siendo entendida como un componente accesorio dentro del sistema educativo. Por el contrario, constituye un espacio esencial para el desarrollo de capacidades humanas que son indispensables en la construcción de sociedad.

A través del arte, los individuos aprenden a pensar de manera crítica, a interpretar su contexto, a cuestionar las realidades establecidas y a proponer nuevas formas de comprender el mundo. Estas habilidades son coherentes con la necesidad de formar ciudadanos capaces de participar activamente en la transformación de sus entornos.

La cultura artística como reconstrucción del tejido social

Tal como lo evidencia la historia latinoamericana, los procesos de colonización no solo implicaron la explotación de recursos, sino también la fragmentación de identidades culturales y la imposición de estructuras de poder que aún hoy tienen repercusiones. En este sentido, el arte y la cultura se convierten en herramientas de resistencia, memoria y reconstrucción. Permiten a las comunidades recuperar sus narrativas, fortalecer su identidad y generar espacios de encuentro que contrarresten las dinámicas de exclusión.

Desde esta perspectiva, la educación artística se articula directamente con la construcción de instituciones inclusivas, tal como lo plantean Acemoglu y Robinson (2012). Una sociedad que promueve el pensamiento creativo, la sensibilidad social y la capacidad de diálogo está mejor preparada para cuestionar estructuras injustas y proponer alternativas de cambio.

En otras palabras, el arte no solo forma artistas, sino ciudadanos con la capacidad de imaginar y construir nuevas realidades.

Espacios de transformación

Además, en contextos donde la desigualdad y la falta de oportunidades han generado escenarios de violencia o fragmentación social, las prácticas artísticas se consolidan como espacios de transformación.

La música, el teatro, la danza y las artes plásticas y visuales, permiten canalizar emociones, generar sentido de pertenencia y construir comunidad. Estos procesos son fundamentales para reconstruir el tejido social, especialmente en países que, como Colombia, han enfrentado profundas heridas históricas.

En consecuencia, pensar en el desarrollo de una nación implica necesariamente replantear el lugar de la educación artística dentro de los sistemas educativos.

No se trata únicamente de formar en habilidades técnicas, sino de reconocer el arte como un medio para fortalecer la conciencia social, la empatía y el pensamiento crítico. Invertir en educación artística y cultural es, en este sentido, una apuesta por el desarrollo humano y la transformación social.

Finalmente, si bien las decisiones políticas pueden limitar o ampliar las oportunidades de una sociedad, es en la educación donde se siembran las bases para el cambio. La formación de ciudadanos críticos, sensibles y creativos es un paso indispensable para construir instituciones más justas y equitativas.

En este camino, la educación artística y la cultura no son elementos secundarios, sino pilares fundamentales para reconstruir una sociedad que, a pesar de sus dificultades históricas, aún tiene la posibilidad de reinventarse desde el conocimiento, la creatividad y la participación colectiva.

Bibliografía

Asemoglu & Robinson (2012), ¿Por qué fracasan los países? – Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Bogotá, Editorial Planeta Colombiana.

Continuando con el análisis de las duplas presidenciales, la de Iván Cepeda y Aída Quilcué, sin duda se inscribe en el horizonte histórico de la distinción Gaitanista entre el llamado “País político” y el “País Nacional”, que describió así el líder popular en un discurso pronunciado el 20 de abril de 1946 en el Teatro Municipal de Bogotá: “En Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desentendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”. El próximo mes se cumplirán 80 años de haber formulado Gaitán esa dramática distinción, que advertía no era exclusiva de Colombia, “según lo demuestran las leyes de la sociología”, pero en la que todavía todos continuamos viviendo pues ese divorcio y antagonismo parece insuperable. En él está el origen y epicentro real de la narrativa actual sobre la polarización de la campaña electoral en curso. En tanto una nación no logre reconocer y reconciliar las demandas y conflictos inherentes a la vida social a través de la representación y mediación de la vida política institucional y de la acción justa del Estado, siempre existirá esa tensión y polarización inevitable. Tal situación no se puede superar solo con buena voluntad y discursos más o menos convincentes sobre la necesidad de un supuesto “centro político” que la haría desaparecer, como es la obsesión y principal bandera de más de una dupla presidencial, que busca el respaldo de las mayorías en las urnas el próximo 31 de mayo.

Más allá del “centro político”

Según dichas duplas, profundizar esa polarización entre la derecha del “país político” y la izquierda del “país nacional”, nos arrastraría todavía más al abismo insondable del odio y las justificaciones maniqueas de una “violencia buena” –la institucional— contra una “violencia mala” –la social. La de los “ciudadanos de bien” contra el vandalismo de la “chusma” y la “primera línea”, que esperan agazapadas un pretexto para un nuevo “estallido social”. En el imaginario ciudadano más estigmatizador y primario, la derecha democrática contra la izquierda comunista, según la semántica sectaria de Uribe y Gaviria, los llamados jefes naturales de los partidos políticos. En el lenguaje de las cloacas de las redes sociales, los “patriotas” contra los “mamertos”. De allí que las demás duplas, exceptuando la de Abelardo y Restrepo, se disputen con tanto ahínco ese “centro político” moderado, ajeno a tan simplista y peligrosa manipulación. Para empezar, tenemos a Sergio Fajardo, como “buen profesor de lógica matemática”, con su rostro casi suplicante y compungido, diciéndonos: “no se dejen polarizar”, acompañado por Edna Bonilla. Ambos representan bien el valor de la educación y postulan la decencia y la deliberación argumentada, no el insulto personal, como expresión de su estilo político y gestión de lo público. Continuando con Claudia López y Leonardo Huerta, expresión de carácter y coherencia en su actuación pública contra la criminalidad narco-parapolítica tan afín a Uribe y contra la corrupción administrativa propia del “país político”, que siempre cuenta con el patrocinio de esforzados y transparentes empresarios favorecidos por la contratación pública. Sin duda, estas dos duplas son las más centristas, frente a las otras siete[i] conformadas por  Luis Gilberto Murillo – Luz Zapata; Miguel Uribe – Luisa Fernanda Villegas; Mauricio Lizcano – Pedro de la Torre; Clara López – María Consuelo del Río; Roy Barreras – Marta Lucía Zamora; Santiago Botero – Carlos Cuevas y Sondra MaCollins – Leonardo Karamque. Todas ellas compiten, unas con cierta credibilidad y otras con casi nada, por representar a millones de colombianos de ese  “país nacional” que repudian la corruptela clientelista y patrimonialista, quintaesencia del “país político”. Solo nos queda la dupla de Abelardo y José Manuel Restrepo, con su intimidante tigre y patético saludo militar, que reclama el discurso del orden, la seguridad y la supuesta “salvación de la Patria”. Ambos saben bien que más allá de la derecha solo tienen amigos y con entusiasmo respaldarían en segunda vuelta a Paloma. Ese alarmismo electoral oportunista se aprovecha del insondable “agujero negro” abierto entre el “país nacional” y el “país político”, que ninguna de las fórmulas presidenciales, por sí sola, podrá cerrar y menos suturar, pues es una herida histórica con secuelas profundas de sectarismo político, exclusión económica, social, étnica, cultural y regional, muy bien expuestas en la nominal Constitución de 1991. Una democrática y progresista Constitución que no rige en la vida social y mucho menos regula los poderes de facto, más allá de las sesudas jurisprudencias de los magistrados de la Corte Constitucional, frecuentemente desconocidas, como aconteció con la imploración del cese el fuego del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, el nefasto 6 de noviembre de 1985.

Metástasis del “Agujero Negro”

El “agujero negro” entre esos dos países amenaza con perpetuar esa herida abierta que nos desangra y enemista desde hace más de 80 años, ahora agravada por la metástasis cancerosa de las economías ilícitas y sus numerosas y violentas organizaciones criminales, algunas bajo la coartada de la rebelión y otras en coalición con el “país político” y sus voceros más conspicuos, catapultados al Congreso. En el pasado reciente, bajo la exitosa fórmula de la “parapolítica”, con una representación cercana del 35% en el Congreso, según Salvatore Mancuso, entonces gran elector en los territorios bajo su control que a la postre promovieron y respaldaron a Uribe en la Presidencia, por eso les pedía que votaran sus proyectos de ley antes de ir a la cárcel. Una herida que, desde luego, se profundizaría mucho más si Abelardo apelará al bisturí militar y ni imaginar si la dejará en las garras depredadoras de su tigre. Una herida que, de alguna forma, hoy vuelve a estar en primer plano en las duplas del Pacto Histórico y el Centro Democrático, especialmente en las figuras de Aida Quilcué y Paloma Valencia. La primera, una lideresa indígena, heredera del legado y las luchas sociales comandadas por Manuel Quintín Lame Chantre (1880-1967)[ii], de quien se considera su “nieta política”, al igual que Paloma, “hija política” de Álvaro Uribe.

Manuel Quintín Lame, en una olvidada e histórica proclama de 1927, llamaba a los pueblos indígenas, sustrato originario del “país nacional”, a decirle adiós a los partidos conservador y liberal en los siguientes términos: “Esos dos partidos, liberal y conservador, han sido los que han arruinado en todas sus partes las propiedades territoriales y de cultivo de los indígenas naturales de Colombia…Para nosotros los indígenas, tengamos delito o no lo tengamos, están las cárceles abiertas…Queridos hermanos y compañeros indígenas: despidámonos de eso dos viejos partidos, pero sin darles la mano, sin decirles adiós…Por lo tanto es nulo y de valor ninguno los repartos de tierras indígenas que han hecho en todos los departamentos”.

La Paloma “Arco Iris”

Y por el Centro Democrático tenemos a Paloma Valencia Laserna[iii], ahora candidata policroma de centro-derecha, en compañía del “distinto” Oviedo, así se autodenomina él mismo. Paloma es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y por vía materna, también de Mario Laserna Pinzón, filósofo, catedrático y fundador de la Universidad de los Andes. Sin duda, ambas lideresas tienen un acendrado abolengo con el “país nacional” y el “país político”, respectivamente. Para mayor simbolismo y relación de ellas con esa herida abierta entre los dos países, hay que recordar el protagonismo y la responsabilidad histórica de su abuelo y expresidente, Guillermo León Valencia, con la “operación Soberanía”[iv] que bombardeó a la “república independiente de Marquetalia”, llamada así por su copartidario conservador Álvaro Gómez Hurtado, y que precipitó el mito fundacional de las Farc en mayo de 1964, en ese entonces solo una autodefensa campesina bajo el influjo de los partidos comunista y liberal.

El pasado presente

El resto, hasta hoy, es historia por todos conocida, pero no necesariamente aprendida, pues el Pacto Histórico también está infiltrado por las prácticas clientelistas y corruptas del “país político”, como lo hemos visto con numerosos escándalos, siendo el de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres[v] el más conocido. Justamente en las elecciones del próximo 31 de mayo vuelve a presentarse ese pulso entre esos dos países irreconciliables, con la diferencia de que en las elecciones para Congreso del pasado 8 de marzo el “país nacional” con el Pacto Histórico obtuvo como lista  cerrada el mayor número de curules en el Senado, 25, pero de nuevo quedó en minoría frente al “país político”, si sumamos a las 17 curules del Centro Democrático las restantes obtenidas por los partidos liberal, conservador y demás microempresas electorales con sus numerosos testaferros de conglomerados empresariales y financieros, quienes ya tienen su credencial de senadores. Así las cosas, las fórmulas presidenciales del Pacto Histórico y del Centro Democrático son mucho más que una cuestión electoral, pues representan nada menos que el máximo desafió político para una nación, como es superar ese abismo existente entre una esfera política y estatal incapaz de representar los intereses de las mayorías sociales, sin cuya materialización y fusión no será posible la existencia de un auténtico Estado Social de derecho y mucho menos la plena vigencia de la Constitución del 91 y la convivencia democrática con el logro de la paz política. Tal desafío es lo que se definirá el próximo 31 de mayo o el 21 de junio, en segunda vuelta y en pleno mundial de fútbol. Y si ese desafío se asume como un partido eliminatorio del mundial y un juego de suma cero, donde el triunfador desconoce los derechos del vencido y cobrará revancha histórica implacable sobre su contrincante, entonces la gran perdedora será otra vez la democracia, ya sea bajo el nombre y con la camiseta del “País Político” o el “País Nacional”. Solo nos quedaría la esperanza de que la selección Colombia triunfe sobre Portugal en su partido del 27 de junio. Sin duda, ambos resultados son tan vitales como inciertos y nuestra influencia sobre ellos es semejante y muy limitada, siempre y cuando no nos dejemos arrastrar por el fanatismo del triunfalismo y el sectarismo partidista, pues en ese caso todos saldríamos perdiendo y muchos correrían el riesgo de ser expulsados del juego político y hasta ser físicamente eliminados.

[i] https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2026/candidatos-presidenciales-asi-quedo-el-tarjeton-de-la-primera-vuelta-y-estas-son-las-formulas-noticias-hoy/

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Quint%C3%ADn_Lame#

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_Valencia

[iv] https://www.comisiondelaverdad.co/operacion-soberania

[v] https://www.infobae.com/colombia/2026/03/19/estos-son-los-funcionarios-y-politicos-que-estan-detenidos-por-el-escandalo-de-la-ungrd-se-suman-karen-manrique-y-wadith-manzur/

Más aún cuando a esa estética se le contrapone, con desparpajo, la imagen del señor blanco, economista, técnico, neoliberal, exministro y demás, presentado con mangas arremangadas —como el gran ejecutivo de lo político— como si fuera el salvador del Estado. Su único error, nos dicen, habría sido aceptar la candidatura vicepresidencial de una versión local de las caricaturas políticas de Bukele o de Milei. Nada más que eso.

Algo parecido ocurre cuando escucho la manera en que hablan de la ternura, la candidez y la lucidez de la ahora candidata de la derecha colombiana: muy blanca, de “buena familia”, con formación en una universidad de élite y ungida por el presidente de “marras” para los grandes asuntos del Estado. Y entonces aparece la frase que pretende cerrar cualquier debate: qué tal una presidenta mujer para Colombia, para resolver de una vez por todas el problema de la igualdad.

La escena parece sacada de los siglos XVIII o XIX.

Lo que estamos viendo, en realidad, es la confrontación entre dos estéticas y dos modelos de Estado. Uno, el que históricamente ha detentado el poder en Colombia; el otro, el que apenas logra abrirse paso después de siglos de exclusión, a pesar de errores —algunos graves e injustificables— pero también de avances sociales que sería imposible desconocer.

Se trata de dos proyectos que no solo difieren en programas políticos. Son estéticas, éticas y concepciones de justicia profundamente distintas.

El primero se suma a la ola conservadora que recorre América y que se impulsa desde el Norte. Un modelo que puede adornarse con la presencia de un candidato gay —tan incómodo para la heteronormatividad tradicional como útil para las estrategias electorales—, pero que al mismo tiempo expulsa sin remordimientos a los migrantes pobres, esos que no encajan en la estética de la migración rica y blanca que tanto seduce a ciertas élites.

El segundo proviene de otras geografías, de otros marcos epistemológicos, de otras historias. Es el que apenas logra sacar la cabeza después de siglos de dominación, explotación y silenciamiento.

Por eso esta columna quiere detenerse en la estética del poder en Colombia: una estética colonial, racista, clasista, sexista, homofóbica, patriarcal, capitalista y machista. Una estética que puede posar hoy junto a mujeres o disidencias sexuales, pero muchas veces más por estrategia que por convicción.

Para entenderla basta recordar el extraordinario libro del historiador Alfonso Múnera, Fronteras imaginadas: la construcción de las razas y de la geografía del siglo XIX en Colombia. Allí se denuncia esa lectura casi feudal de nuestra historia: una historiografía de héroes, de caudillos, de grandes señores, de hijos ilustres y de esclavistas convertidos en próceres, que todavía pueblan los currículos visibles e invisibles de la educación colombiana.

El problema es tan profundo que incluso la enseñanza misma de la historia terminó siendo marginada de los salones de clase justo cuando comenzaban a emerger nuevas formas de escribirla. Cuando la historia empezó a narrarse desde otras metodologías y no solo desde la mirada de las élites.

En ese contexto, la Comisión de la Verdad realizó un ejercicio fundamental: pensar la historia del país de abajo hacia arriba. Una transgresión intelectual que permitió escuchar voces y relatos que durante décadas habían sido silenciados.

Sin embargo, paradójicamente, en ese mismo momento la historia fue perdiendo espacio en escuelas y colegios. De ahí la importancia de la Ley 1874 de 2017, que ordenó fortalecer su enseñanza en los distintos niveles de la educación básica y media.

La pregunta sigue siendo incómoda:
¿qué historia nos han enseñado para que la diferencia despierte tanto desprecio en Colombia?

Algo similar ha ocurrido en muchas facultades de derecho, donde las cátedras de historia constitucional o del derecho han sido eliminadas por considerarse prescindibles. Y ello justo cuando la llamada Nueva Historia comenzaba a construir una contrahistoria frente al relato oficial de las élites.

Como recuerda Alfonso Múnera:

“Las élites, y aun el imaginario colectivo, se nutrieron de la creencia en la inferioridad natural de buena parte de la geografía colombiana y de los seres humanos que la habitan…”.

Ese es, quizá, uno de los dramas centrales de nuestra historia republicana: élites que hablaban en nombre de un orden democrático mientras practicaban, en la vida real, un orden profundamente aristocrático, reservado a un pequeño grupo de notables y negado a la gran mayoría de la población.

En esa misma línea han reflexionado pensadores como Dussel, Quijano o Catherine Walsh, quienes han mostrado cómo la colonialidad del poder sigue atravesando nuestras instituciones, nuestra cultura política, nuestra estética y nuestras formas de comprender el mundo.

Porque el viejo orden colonial no desapareció del todo. Sigue presente en imaginarios cotidianos: primero los blancos —porque “mejorar la raza” sigue siendo una expresión tristemente familiar—, luego los mestizos, y al final los indígenas y los afrodescendientes.

Un orden que las leyes dicen superar, pero que las estadísticas desmienten. Un orden que la geografía social del país revela con crudeza. Un orden que incluso convive con una Constitución que muchos dicen defender con fervor, pero que rara vez se cumple en la práctica.

El artículo 7 de la Constitución de 1991 es claro:

“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.

Sin embargo, los privilegios siguen sostenidos por viejos relatos coloniales que sobreviven en nuestro imaginario nacional. Relatos que ubican a unos pocos en el poder durante siglos, mientras Colombia continúa figurando entre los países más desiguales del mundo.

Tal vez por eso el debate actual no sea solamente electoral.
Es también —y sobre todo— una disputa por la estética del poder y por la forma misma de imaginar el país.

La obra Sir Thomas More recrea un episodio real ocurrido en Londres en 1517, conocido como el Evil May Day: una ola de disturbios provocada por el resentimiento de algunos gremios y trabajadores contra comerciantes y artesanos extranjeros —sobre todo lombardos y franceses— a quienes acusaban de quitarles el sustento. La violencia estalló la noche del 30 de abril; casas fueron saqueadas y extranjeros perseguidos por las calles. La represión fue severa y varios cabecillas fueron condenados a muerte. Según las crónicas, fue entonces cuando intervino Thomas More, apelando a la clemencia del rey y a la cordura de la multitud. Décadas más tarde, dramaturgos isabelinos —entre ellos, probablemente, William Shakespeare— dramatizaron ese momento para convertirlo en una poderosa reflexión sobre la ley, la compasión y la condición del extranjero.

Allí, en medio de una escena que recrea los disturbios xenófobos de 1517 contra extranjeros en Londres, se levanta una voz que interpela, que valiente. No grita, más bien intenta hacer algo revolucionario, imaginar. Pide algo simple, que quienes odian se atrevan a ponerse en el lugar de aquellos a quienes expulsan.

Quinientos años después, el mundo sigue debatiendo la misma herida.

Hoy, más de 280 millones de personas viven fuera del país donde nacieron, según estimaciones recientes de Naciones Unidas —cerca del 3,6 % de la población mundial—. Más de 100 millones de personas están desplazadas forzosamente por guerras, persecución, violencia o crisis climáticas. Son cifras enormes, pero cada número es un nombre, una madre, un hijo, una historia suspendida entre el miedo y la esperanza.

Migrar no es una anomalía: es la condición humana. Somos hijos del movimiento. Las lenguas nacieron del cruce; las ciudades, del encuentro; las ciencias y las artes, del intercambio. Ninguna nación puede reclamar pureza sin negar su propia historia.

Y sin embargo, se levantan muros. Muros físicos, muros legales, muros mentales. Se endurecen discursos. Se convierte al extranjero en amenaza. Se olvida que casi todos, en algún punto de nuestra genealogía, fuimos forasteros.

El viejo manuscrito nos obliga entonces a escuchar. En ese pasaje, Tomás Moro imagina a los “wretched strangers” —los pobres extranjeros— expulsados con sus hijos a la espalda. Y formula una pregunta devastadora.

Primero, el original:

“What had you got? I’ll tell you: you had taught
How insolence and strong hand should prevail,
How order should be quelled…”

Y ahora, la traducción:

“¿Qué habríais ganado? Os lo diré: habríais enseñado
que la insolencia y la mano fuerte prevalecen,
que el orden puede ser aplastado…”

La fuerza de esas líneas no reside solo en su belleza retórica, sino en su lógica moral. Si legitimamos la expulsión del débil, legitimamos la ley del más fuerte. Si normalizamos el desprecio, sembramos el terreno para que ese mismo desprecio un día nos alcance.

Más adelante, el discurso invita a un ejercicio aún más radical:

Original:

“Suppose that you were strangers in the land you live in now…”

Traducción:

“Suponed que vosotros fuerais extranjeros en la tierra que ahora habitáis…”

Ahí está el núcleo ético de toda política migratoria verdaderamente humana: la imaginación moral. La capacidad de decir “yo podría ser ese”.

Porque la grandeza de una nación no se mide por la altura de sus muros, sino por la amplitud de su humanidad. La prosperidad de un país nunca ha sido un logro aislado: es el fruto de generaciones de manos diversas, acentos distintos, memorias entrelazadas. Cada avance científico, cada obra maestra, cada empresa que florece, es el triunfo de la humanidad entera manifestándose en un lugar concreto.

Negarlo es anacrónico. Creer que la pureza garantiza fortaleza es olvidar que la vida misma es mezcla. El aislamiento empobrece; el intercambio fecunda.

Hoy, cuando millones cruzan fronteras buscando seguridad o dignidad, la pregunta del manuscrito resuena con una claridad incómoda. Si respondemos con miedo, con exclusión, con violencia, ¿qué habremos logrado?

Habremos enseñado que la fuerza es ley.
Habremos debilitado el principio que nos protege a todos.
Habremos sembrado un mundo donde cualquiera puede ser expulsado cuando cambie el viento.

Y entonces la pregunta final vuelve, como eco a través de los siglos:

¿Y qué habríamos logrado?

Hasta cuando el Emperador Teodosio los proscribió en 393 por considerarlos paganos, motivación político-religiosa, los juegos olímpicos eran la oportunidad por excelencia no solo de observar una tregua en los conflictos entre las pólis sino de moderar diferencias entre gobernantes, para que los atletas emularan en sana competencia física animados por un espíritu de concordia. 

El cumplimiento mismo de la tregua, obligatoria para las ciudades participantes, les daba a los juegos, por definición, una función política paralela a la competencia deportiva, pues el hecho de ser símbolo y ejemplo de que la paz es posible tenía significado político en el más noble de los sentidos. De allí salió el ideal de que ese espíritu se mantuviera en torno y con ocasión de toda competencia deportiva, y no se limitara al paréntesis de los juegos.

A pesar de esa quimera, la puerta quedó, de hecho, abierta a la interferencia de los tribalismos, traducidos a los nacionalismos. También quedó abierto un acceso, cada vez más grande, a la interferencia que frente a los ideales olímpicos pueden representar la comercialización del deporte como espectáculo y la propagación del fanatismo. Fenómenos ambos que han avanzado para convertir las justas deportivas, con sus pros y sus contras, en elemento sustancial de la civilización contemporánea. Una civilización que, bajo sus diferentes versiones, convierten a algunos deportes en elementos de verdadera congregación internacional de público de todos los países, sin barreras de credo religioso o político. 

La omnipresencia del deporte ha venido a llenar en nuestra época el vacío de espectáculos de masas que siempre existieron en todas partes. Promotores de militancias y colectores de euforias o frustraciones colectivas que afectan a millones de personas relacionadas con equipos en los que no juegan, pero por los que se juegan el pellejo como devotos o críticos de los actores de uno y otro torneo. 

Si fuese posible, que no lo es sino en gracia de discusión, sustraer los espectáculos deportivos de los rituales de la vida contemporánea, el mundo sería sin duda aburrido y también peligroso, pues se pondría en busca de entretenimientos como el circo romano, con ansia irrefrenable de causas comunes para esperar, vivir, criticar y recordar acontecimientos de concurrencia multitudinaria, ahora presencial o remota. Para celebrar o sufrir en compañía de alguien victorias y derrotas. 

Existe una legítima preocupación, aunque no siempre explícita, que acompaña en todas las ocasiones las competencias deportivas: la fidelidad al espíritu del olimpismo. Es decir que, así no se trate de los Juegos Olímpicos formalmente organizados, subsiste y debe subsistir el propósito del cumplimiento de esos ideales olímpicos que se sintetizan en el encuentro amigable de representantes de distintas agrupaciones de la especie humana para buscar, con la práctica de un deporte, los ideales de mente sana en cuerpo sano, la competencia amistosa, el juego limpio, y la paz no solamente entre los competidores, sino entre sus seguidores y gobernantes.

Frente a ese panorama idílico existen realidades contundentes que muestran encuentros y también desencuentros entre la política y el deporte.  Y es difícil que sea de otra manera porque, sobre todo en la dimensión internacional, las personas que participan en cada competencia tienen distintas características y creencias, que salen a flote un poco por fuera de lo deportivo bajo la presión de los animadores de su respectiva cultura, cuando no de sus respectivos estados. De manera que los deportistas se convierten en portadores involuntarios de estandartes de aquello que se ha venido en llamar “poder suave “, que juega un papel importante en todos los escenarios de las relaciones internacionales.

La idea misma de la restauración de los Juegos Olímpicos por parte del Barón Pierre de Coubertin, en los últimos años del siglo XIX, despertó interesantes observaciones de naturaleza política, además de las deportivas. A partir de entonces, ha sido muy difícil ahuyentar todo tipo de interferencias, así como el aprovechamiento de los juegos por parte de gobernantes de distinta procedencia para dar impulso a sus intereses o al menos hacerse notar en el escenario.

Muy en desorden, se puede recordar cómo los juegos de Berlín, en época del Tercer Reich, quisieron ser aprovechados para demostrar la superioridad racial de los organizadores. Lo mismo, bien que mal, ha sucedido en otras partes, así no haya sido de manera tan radical y ostensible. Los Estados Unidos boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú como represalia por la invasión rusa de Afganistán. Rusia hizo lo propio con los de Los Ángeles. 

En torno de Rusia, se han presentado las mayores y más intensas discusiones. Los atletas rusos han sido proscritos de las justas olímpicas, y de otros eventos, por la utilización de lo que se ha denominado por algunos “doping institucional” para sus atletas en los Juegos Olímpicos de Sochi. También ha sido excluida últimamente de los olímpicos y de otros campeonatos importantes, como los de la FIFA y la UEFA, a manera de sanción por su ataque a Ucrania. Atletas rusos pueden participar en forma individual en algunos campeonatos, previo proceso restrictivo, pero su nacionalidad no se menciona, la bandera no es izada ni portada y el himno nacional no se escucha. 

En torno de los deportes existe todo tipo de discusión y reclamo en cuanto al papel del Estado como sustentador de los esfuerzos deportivos y su apoyo a competencias internacionales. Y claro, algunos Estados apelan al deporte como muestra propagandística de su poder blando. Tal el caso del cubano, que se propuso en una época conseguir los mayores logros posibles en materia deportiva como muestra de la fuerza de su revolución. Los derechos de televisión y la propaganda comercial inserta en la mayoría de los eventos deportivos juegan un papel muy importante en la universalidad o la exclusión de países o sectores sociales frente al deseable acceso universal al desarrollo de las competencias. Las apuestas han encontrado nido en las competencias deportivas para sacar provecho del espíritu aventurero de los entusiastas de poner a prueba su suerte, y el fenómeno se ha convertido en fuente de ingresos para empresarios del juego y de impuestos para muchos Estados. 

El fanatismo se ha convertido en inspirador de figuras sociales, como el “hooliganismo”, con expresiones en distintos países, que ha producido tragedias dentro y fuera de los estadios. Inclusive el fanatismo ha llevado a guerras folclóricas entre países tercermundistas. Las “bolsas” de pases de deportistas mueven billones de dólares y se alejan de los ideales del olimpismo, pero resultan de una importancia arrolladora e inevitable: tienen el monopolio de negocios que la gente sigue con el mismo interés que los juegos. Y, en fin, en países polarizados internamente, que son muchos, resulta claro que la selección nacional del deporte predominante se convierte en el único factor identificable de unidad, así sea por el tiempo que dure un partido.

En estos mismos días India y Bangladesh protagonizaron tremendo espectáculo en desarrollo del Campeonato Mundial de Cricket, deporte de primer orden en esos dos países, al punto que el tratamiento dado por la India al tema la puede alejar de su aspiración de albergar próximamente unos Juegos Olímpicos. En la medida que se acerca el Campeonato Mundial de Fútbol, aparecen conjeturas sobre las vicisitudes que puedan pasar visitantes extranjeros en las ciudades estadounidenses donde se desarrollará parte de la competencia. 

Para cerrar este relato de infortunios en contra del espíritu que debería poner fuera de juego a la política en materia deportiva, al presidente de la FIFA se le ocurrió inventarse un premio de la paz, representado en una figura extravagante, dorada y ostentosa, que entregó al presidente de los Estados Unidos, para compensar su decepción por no haber recibido el Nobel de Paz. Acto que de pronto le permitió congraciarse una vez más con el destinatario de su premio inventado de manera personal, pero deplorable desde el punto de vista de la neutralidad política del deporte. 

Por supuesto, hay quienes claman por la preservación absoluta del espíritu olímpico en todas las actividades deportivas, y es bueno que haya quien mantenga en alto esa bandera. También hay quienes abogan por terminar la trashumancia de los juegos olímpicos, para que se lleven a cabo siempre en el mismo lugar, al que peregrinarían todos los países del mundo, sin que exista esa competencia de prestigio, gasto público y negocio rentable por el que compiten ahora los candidatos. Existen discusiones sobre el género en los juegos olímpicos y deporte en general. Lo mismo que en torno del concepto de actividad deportiva olímpica, que rechaza el patinaje sobre ruedas, pero acepta malabares de andén. 

Tal vez los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizan por estos días, sirvan para retratar el estado de cosas de un movimiento que sin duda sirve inmensamente a la humanidad y cuya continuidad debe ser propósito universal. Un atleta ucraniano fue excluido de los juegos por llevar en su casco, imágenes de atletas de su patria muertos en la guerra con Rusia; país que no pudo participar. Cinco atletas rusos fueron admitidos de manera individual y “neutral”, y la admisión, aún en esas condiciones, motivó la protesta de Ucrania. 

El espectáculo denota la presencia insistente de consideraciones políticas en el seno del olimpismo, sin que exclusiones y castigos contribuyan a arreglar ningún problema, y no sirvan para algo más que profundizar animadversiones que van en contra de ese espíritu que debe prevalecer. Con ese propósito, ninguna autoridad deportiva se debería tomar la atribución de calificar políticamente a los eventuales participantes en un campeonato, o mejor aún, a los gobiernos del país de donde provengan, para decidir si pueden competir o no; para no contradecir, con el lenguaje brutal de los hechos, ese espíritu olímpico que deseamos conservar. Los Estados, por supuesto, deben realizar el esfuerzo de respetar la independencia del deporte y no utilizarlo en favor de sus intereses desde fuera de lugar. 

Escribo desde la piel desde Feminismo Artesanal y la urgencia.

No me interesa posar de intelectual ni aparentar que he devorado bibliotecas enteras; lo poco que he podido indagar en medio de la vida y del “dios Tiempo” —ese que nos niega su beneplácito— me ha servido para poner sobre la mesa un tema que hoy quema: el nepotismo.

¿Realmente nos incomoda el nepotismo o solo nos molesta cuando no somos nosotros quienes repartimos los cargos?

Esta reflexión nace de la necesidad de rescatar la conversación del ruido mediático. Hablar de nepotismo se ha vuelto un griterío de redes sociales, cuando lo que necesitamos todas las personas es conciencia crítica y pensamiento situado. Es mi intención desglosar esta realidad con la filigrana que merece.

El nido y el gregarismo: El instinto de supervivencia

Aclaro desde el inicio : trabajar con la familia, los amigos y la gente de confianza es, en su raíz, un acto de supervivencia.

Si soy una funcionaria pública con responsabilidades de alta envergadura, lo mínimo es rodearme de personas en quienes confío.

La antropología y la sociología no mienten: el ser humano es gregario. Buscamos cuidarnos la espalda, necesitamos la mirada del que nos ama para sentirnos seguros en la batalla.

Entiendo profundamente a ese funcionario que busca gente cercana para confiarle su propia gestión; nadie desea trabajar con desconocidos cuando su propia cabeza está en juego.

Es una cuestión de simple supervivencia profesional y de salud: buscamos equipos que nos permitan mantener el cortisol en niveles bajos para poder operar con tranquilidad.

Trabajar con conocidos es una estrategia para reducir el estrés y garantizar la lealtad en entornos hostiles.

Eso es lógica humana; eso es coherencia vital.

Pierre Bourdieu (1986) explicó el capital social como ese tejido de relaciones que permite acceder a ciertos espacios. Sumo aquí la voz de Hannah Arendt, quien advirtió que el peligro surge cuando confundimos la “oikos” (el hogar) con la “polis” (lo público).

Lo que en casa es amor, en el Estado podría convertirse en un muro que excluye a todas las personas que no pertenecen al linaje.

¿En qué momento el círculo de seguridad se transforma en una barrera para el mérito ajeno?

La paradoja del “Cambio”: ¿Ética o hambre de poder?

El problema real radica en el riesgo de trabajar con personas cuya idoneidad sea inexistente.

Resulta preocupante que el Estado pueda convertirse en una bolsa de empleo personal. Esta práctica ha sido señalada históricamente en Colombia, la diferencia hoy es que el gobierno de Gustavo Petro Urrego llegó bajo la promesa de una ética distinta.

¿Y si el problema nunca fue el nepotismo de los otros sino no tener el poder propio para ejercerlo?

La historia reciente nos obliga a preguntarnos si la incomodidad de ayer era por la injusticia o por la exclusión del banquete. Se percibe una tendencia hacia la búsqueda de un poder absoluto que parece preferir la lealtad ciega sobre la competencia técnica. Contratar agentes sin experiencia podría interpretarse no como un acto de inclusión, sino como el deseo de rodearme de figuras obedientes; marionetas que no cuestionen el rumbo. Como sugería Virginia Woolf, para tener pensamiento propio se necesita independencia; la dependencia del favor estatal mata el juicio crítico.

Una cosa es buscar confianza para bajar el cortisol y otra muy distinta es buscar obediencia para armar una cofradía de intereses.

Los cuestionamientos públicos son contundentes y están documentados.

Se han conocido denuncias sobre familiares de altos mandos, como el caso de la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, cuyos hijos (Diego Alejandro Restrepo Ramírez y Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez) han ocupado cargos en el Ministerio de Salud y la Unidad de Restitución de Tierras respectivamente. Así mismo, se ha reportado el vínculo de Vladimir Antonio Ginas Ulloa, hermano del Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa Ulloa, en entidades del sector público. El caso del maquillador y asesor de imagen de la primera dama Verónica Alcocer García, el señor Fadi Flórez, vinculado mediante contratos con ProColombia para acompañar comitivas oficiales, suma otra capa de duda sobre el uso de recursos públicos para fines del círculo íntimo. A esto se agregan las graves investigaciones por la gestión en la UNGRD, donde el manejo de recursos parece haber favorecido a redes de absoluta cercanía.

Cuando la “confianza” se traduce en clanes familiares o amigos personales manejando la chequera del Estado, la esperanza de transformación se resquebraja.

De la rosca de confianza a la cofradía de intereses

Investigadoras como Valentina Bustamante González han evidenciado cómo el favoritismo destruye la percepción de justicia. Cuando el afecto se usa presuntamente para blindar la mediocridad, el nepotismo deja de ser apoyo para transformarse en lo que la antropóloga Rita Segato define como una “cofradía”: un pacto de lealtad que opera al margen de la ética pública. Es ahí donde el ejercicio del poder degenera en una estructura que prioriza el interés privado sobre el bien común.

La Acracia y el fin de la excusa

Hoy la cívica consiste en indagar. La ignorancia es una decisión consciente. Tenemos herramientas para dejar de ser espectadores pasivos. Estudiar significa poner el deseo y la atención al servicio de algo valioso. Si estudiar se reduce a un trámite, perdemos la capacidad de razonar.

Invito a todas las personas a no quedarse con lo que escribo. Usen las herramientas, busquen a Bourdieu, a Segato, a Arendt, a Woolf. Hagamos un ejercicio de acracracia —ese orden que nace de la conciencia propia— para que el civismo sea una práctica diaria y situada. ¿Estamos dispuestos a cuestionar el poder incluso cuando es el poder por el que votamos?

Colofón

Como edu -comunicadora y escribidora, mi voz se planta firme: trabajar con allegados no constituye un delito por definición. Lo condenable es que esos afectos se utilicen presuntamente para afectar el erario o para anular la meritocracia. Una cosa es el instinto de supervivencia que busca paz mental; otra es la ambición que busca marionetas. Diferenciemos la confianza de la complicidad, porque de esa filigrana depende la salud de nuestra democracia.

Fuentes de consulta y soportes públicos:

• SECOP II (Portal de Contratación Estatal): Registros de contratos de Fadi Flórez (vinculación ProColombia), Vladimir Antonio Ginas Ulloa y hermanos Restrepo Ramírez.
• Declaraciones de Bienes y Rentas (Función Pública): Verificación de cargos ocupados por familiares de altos funcionarios del Ejecutivo 2022-2026.
• Informes de Auditoría de la Contraloría General de la República: Sobre los gastos de representación y comitivas de la Primera Dama.
• Investigaciones periodísticas (La Silla Vacía, El Espectador, Revista Cambio): Reportajes detallados sobre el “círculo íntimo” de la Casa de Nariño.
• Boletines de la Procuraduría General de la Nación: Apertura de indagaciones sobre idoneidad y presunto tráfico de influencias en ministerios y UNGRD.

ELECCIONES ESPECTRALES Y LETALES

Hernando Llano Ángel.

En Colombia las elecciones suelen ser espectrales, letales, fantasmagóricas y hasta escatológicas. Así aconteció con la candidatura de César Gaviria Trujillo a la Presidencia en 1989, proclamada desde el cementerio central de Bogotá por Juan Manuel Galán, en el sepelio de su padre donde le entregó sus banderas a Gaviria: la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la búsqueda de la paz política. Esas elecciones estuvieron precedidas por los magnicidios de otros dos candidatos presidenciales, plenos de juventud y vitalidad: Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, que representaban la posibilidad de una Colombia renaciente, diferente, más allá de la anquilosada, violenta y moribunda legada por los dos partidos tradicionales, ya carcomidos por su contemporización con el narcotráfico.

Sacrificios inútiles

Pero el sacrificio de estos tres candidatos terminó siendo en vano, pues el “Bienvenidos al futuro” de Gaviria comenzó con la prohibición constitucional de la extradición de colombianos por nacimiento (artículo 35, después derogado), el aborto prematuro del Estado Social de derecho de la Constitución del 91 en el altar de su “apertura económica” y, para colmo, la paz como un “derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (artículo 22) la convirtió en una declaratoria de guerra integral contra las Farc-Ep. Para completar la traición a Galán, promovió por decreto las nefastas cooperativas de seguridad Convivir, embrión de los posteriores grupos narcoparamilitares. Esa dimensión espectral y violenta de las elecciones no ha cambiado, pese a la firma del Acuerdo de Paz hace ya casi una década. Sin embargo, las elecciones se siguen efectuando, como si nada grave sucediera, para conservar así la mascarada de ser la democracia “más estable y profunda” de Latinoamérica.

Riesgos espectrales y mortales

Según el reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), “Mapas y Factores de Riesgo Electoral – Elecciones nacionales 2026”[i], y su directora nacional, Alejandra Barrios: “este estudio identificó que, para las elecciones nacionales de 2026, hay 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores indicativos de fraude y violencia en el país. De estos, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio”. Pero como acontece desde hace 67 años, estas elecciones se realizarán sin novedad. Los candidatos ganadores celebrarán y se afirmará una vez más, con bombos y platillos, el valor y la resiliencia de la democracia colombiana, sin deparar que unas elecciones en tales circunstancias carecen de los requisitos mínimos propios de la legitimidad democrática: libertad para el ejercicio del voto por todos los electores y garantías de seguridad y legalidad para todos los candidatos. Tras estas elecciones siguen agazapados múltiples poderes de facto que determinarán sus resultados, con su combinación letal de plata y plomo. Poco importa que miles de votos procedan de regiones y municipios donde la intimidación y el control de los grupos armados ilegales impiden la libre participación y elección de sus ciudadanos o la compraventa de votos sea una práctica consuetudinaria. Y el número de votos que aportan dichos municipios no es insignificante según el informe de la MOE: “Excluyendo a Bogotá por sus dinámicas urbanas específicas, los 170 municipios en riesgo tienen 4.564.177 personas habilitadas para votar, lo que representa el 11 % del censo electoral”. “Estos datos permiten dimensionar la magnitud territorial y operativa que enfrenta el Estado para mitigar los riesgos que identificó el grupo técnico que elaboró el estudio y garantizar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía”, aseguró Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE.

Consultas “inter-persona-listas”

A la anterior singularidad electoral colombiana, habría que sumar las circunstancias tan insólitas en que se celebrarán el próximo 8 de marzo las llamadas consultas interpartidistas para la selección de los candidatos presidenciales que se enfrentarán el próximo 31 de mayo en primera vuelta. Para empezar, son consultas que de interpartidistas tienen muy poco, pues son más disputas interpersonales en busca de una generosa reposición de votos. Por cada voto que obtenga un precandidato o precandidata tendrá derecho a recibir COP 8.613 de reposición por sus gastos de campaña. En semejante mercado electoral se encuentra gran parte de la corrupción del régimen y el despilfarro de nuestros impuestos de la que son cómplices y beneficiarios todos los candidatos a la Presidencia y el Congreso. Candidatos que no cesan de hablar durante sus campañas de transparencia y prometen un Estado austero en beneficio de todos los colombianos. Tal incoherencia e hipocresía valdría la pena ser castigada y no votar en ninguna de esas consultas interpersonales. En la realidad no son consultas entre partidos, más bien son consultas entre “personas-listas”, que no van tanto por los votos, sino más bien por el botín en pesos que pueden obtener para reponer los gastos en que incurrieron en la recolección de miles de firmas de ciudadanos incautos que los avalaron, persuadiéndolos con el cuento de que ellos son antipolíticos, técnicos y empresarios, que van a salvar a Colombia de la corrupción y la politiquería de los partidos, como lo hizo el candidato Álvaro Uribe Vélez en el 2002 con el respaldo de miles de firmas de ciudadanos. Y no olvidemos en que culminó esa cruzada contra la corrupción y la politiquería: en el mayor número de altos funcionarios condenados, cerca de una veintena del círculo presidencial, incluso más que los de este “gobierno del cambio”, un Congreso infectado de parapolíticos y en miles de ejecuciones extrajudiciales, con la mano firme y el corazón grande de la “seguridad democrática”. Un legado que ahora pretende reeditar Abelardo de la Espriella, de nuevo sin partido y con firmas ciudadanas, cuyas credenciales contra la corrupción y la politiquería son exitosas, especialmente como abogado del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien ahora parece estar requiriendo en Caracas de nuevo su valiosa defensa. No debería Abelardo desperdiciar semejante oportunidad, al menos así sería coherente con su mayor vocación y ambición, como abogado penalista defensor de la pulcritud y corrección de clientes como David Murcia de la pirámide DMG y Alex Saab, eslabón clave en el entramado financiero de ese paraíso inconmensurable de corrupción bolivariana, ahora coadministrado por Trump con Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, Diosdado Cabello y Padrino. Pero Abelardo tiene razón, en la Casa de Nariño puede hacer mejores negocios y con socios más poderosos, “Defensores de la Patria”, que seguro la “defenderán” con el crecimiento de su propio patrimonio. Ya entregó Abelardo cerca de cinco millones de firmas de ciudadanos a la Registraduría que avalan su ambición, perdón, aspiración presidencial, que son la “materialización de un anhelo para salvar y reconstruir el país”[ii].

Consultas para todos los gustos, excepto una

El próximo 8 de marzo los ciudadanos, como en un restaurante, tendrán a disposición un menú de consultas y deberán decidir por la que más le apetezca. Cada consulta se la ingenia para parecer más democrática que las de sus contrincantes. La verdad, ese tarjetón de Consulta, atiborrado de precandidatos y precandidatas sonrientes, en total son 16, terminará por confundir y hasta difuminar el apetito del elector. Incluso hay una consulta con nueve precandidatos que tiene el desparpajo de apropiarse el nombre de Colombia, como si fuera de su propiedad, a pesar de haber excluido de la misma al padre del sacrificado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Tal es el talante democrático de ese mosaico de nueve candidatos que se autoproclama “La Gran Consulta por Colombia”. Hay consultas para casi todos los gustos. Se le tiene “La Consulta de las Soluciones”, que nos ofrece a todos nuestros problemas una pareja de candidatos y la más insólita, “El Frente por la Vida”, con cinco precandidatos que no incluye al del Pacto Histórico, Ivan Cepeda, que obtuvo 1.533.284 votos en la consulta del pasado 26 de octubre, pero sí a Daniel Quintero que solo obtuvo 144.677, pero no fue inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral a pesar de haber participado en la misma consulta. Así queda demostrado que ese Consejo aplica la ley electoral como un comodín y selecciona los candidatos según los intereses partidistas de sus miembros, eliminando de entrada al más temido rival. Con esa discrecional decisión se completa la otra dimensión espectral de estas elecciones, la de la exclusión selectiva del hasta ahora precandidato presidencial más representativo en las urnas y en las encuestas de opinión. Solo cabe tener la esperanza de que en las elecciones presidenciales del 31 de mayo Cepeda pueda participar y no aparezca otra decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral que se lo impida o, peor aún, que la polarización sectaria, violenta y criminal no lo permita.

¿Elecciones letales?

Porque asistiremos a las elecciones más asediadas y bajo las amenazas de tres cabezas que están en el tarjetón de la Paz total, o quizá letal, del gobierno: “Chiquito malo” del Ejército Gaitanista de Colombia; “Mordisco” de las disidencias de las Farc y “Pablito” del ELN, considerados por el presidente Petro como “traquetos” y por Trump como narcoterroristas. Unas campañas que discurren entre urnas y tumbas, pues según informe de Indepaz, durante los primeros 31 días del 2026 se cometieron doce masacres que dejaron 63 víctimas y convirtieron a enero en el mes con más masacres desde 2023[iii]. Y la MOE ya reporta cifras preocupantes sobre amenazas y violencia contra liderazgos políticos y sociales: “De los 134 hechos de violencia contra personas con liderazgo político, social y comunal, 59 fueron asesinatos o atentados. Además, alerta por un “preocupante aumento de los secuestros”, que alcanzaron su nivel más alto desde 2016 con 13 registros, la mayoría ocurridos en zonas rurales. Además, 43 de los 134 hechos se concentraron en tres departamentos: Cauca, Norte de Santander y Huila”. ¿Se transformarán, una vez más, las urnas en tumbas?

[i] https://moe.org.co/en-170-municipios-del-pais-hay-riesgo-coincidente-por-factores-indicativos-de-fraude-y-violencia-para-las-elecciones-de-2026-moe/

[ii] https://www.eltiempo.com/politica/elecciones-colombia-2026/abelardo-de-la-espriella-entrego-mas-de-4-8-millones-de-firmas-a-la-registraduria-para-ser-candidato-a-la-presidencia-aqui-manda-el-pueblo-3514354

[iii] https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/masares-en-colombia-enero-de-2026-fue-el-mes-con-mas-hechos-violentos-desde-2023-estas-son-las-cifras-y-lugares/

Romero ha optado por el camino de la confrontación. Sus constantes señalamientos contra Barreras, a quien acusa de no representar el “petrismo puro”, evidencian una discusión más simbólica que estratégica. En lugar de contribuir a la construcción de una candidatura fuerte y competitiva, insiste en una lógica de exclusión que termina debilitando al bloque de la centroizquierda en su conjunto.

Esta falta de voluntad para construir acuerdos no es un hecho aislado. A lo largo de su trayectoria política, Camilo Romero ha mostrado dificultades para articular mayorías y tender puentes, privilegiando un discurso de pureza ideológica que puede resultar atractivo para un núcleo militante reducido, pero que limita seriamente sus posibilidades de crecimiento electoral. En una consulta abierta, esa postura suele traducirse en estancamiento.

Los datos disponibles refuerzan esa percepción. Una encuesta realizada por la firma William Acero Arango a finales de diciembre de 2025, en el escenario de que Iván Cepeda no participara en la consulta, mostró a Roy Barreras liderando la intención de voto con el 15,1 %. Muy por detrás aparecen Daniel Quintero, con el 8,5 %, y Camilo Romero, con apenas el 6,4 %. Incluso Carlos Caicedo —quien no hace parte de esta consulta— obtuvo un 4,7 %, una cifra que evidencia la fragmentación del electorado de izquierda y la dificultad de Romero para destacarse dentro de ese universo.

Ficha Técnica de la encuesta

Ver la encuesta completa

Estos números, aunque no definitivos, son políticamente reveladores. Barreras no solo duplica la intención de voto de Camilo Romero, sino que muestra una base electoral más sólida desde la cual puede crecer. En consultas, partir con una ventaja clara y contar con estructura territorial y acuerdos previos resulta decisivo.

Además, la encuesta no incluyó a Juan Fernando Cristo, quien aún no había confirmado su participación, lo que sugiere que el escenario podría ampliarse, pero no necesariamente alterar la tendencia principal: Roy Barreras aparece como el candidato con mayor capacidad de aglutinar apoyos diversos. Su cercanía con sectores del Pacto Histórico —movimiento que ayudó a organizar y con el que conserva vínculos políticos— le permite acceder a un electorado que hoy busca más pragmatismo que discursos identitarios.

Camilo Romero, en contraste, no logra traducir su visibilidad mediática en respaldo electoral. Su estrategia de confrontación permanente puede consolidar una imagen de coherencia ideológica, pero no parece suficiente para ampliar su base de apoyo. En política, la denuncia sin articulación termina siendo testimonial.

Mientras Romero insiste en la pelea interna, Roy Barreras avanza en la construcción de una candidatura viable: suma apoyos, organiza estructura y se posiciona como una opción competitiva frente a la centroderecha. Las encuestas lo confirman y los analistas lo señalan.

La centroizquierda no puede darse el lujo de desperdiciar esta oportunidad enfrascada en disputas sobre quién es más auténtico. La política exige resultados, no certificaciones ideológicas.

Nota recomendada: ¿Por qué la molestia de Vicky Dávila con la extradición de alias Pipe Tuluá?