La memoria política, una responsabilidad ciudadana

Si no somos capaces de hacerlo colectivamente, entonces jamás podremos forjar una comunidad política democrática, en donde no pueden caber las luchas a muerte entre enemigos, como lo llevamos haciendo hace ya más de medio siglo. De allí el sentido profundo de esta reflexión de Tzvetan Todorov[i], escritor, crítico y lingüista francés de origen búlgaro: “El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”. Justamente para ello “La Paz Querida”, un colectivo de ciudadanas y ciudadanos de Cali, comprometidos con la paz política imprescindible para la democracia y el cumplimiento pleno del artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, ha invitado a la politóloga, investigadora y escritora Helena Uran Bidegain, para conversar sobre memoria y democracia. El conversatorio tendrá lugar en la Cinemateca de Cali este próximo martes 26 de mayo a las seis de la tarde, entrada libre, y esperamos contar con una nutrida asistencia, pues Helena ha publicado dos libros que arrojan luces sobre uno de los acontecimientos más tenebrosos de nuestra historia política reciente, que no podemos olvidar si queremos vivir democráticamente, como lo fue el asalto al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte de un comando del M-19, su posterior incineración y destrucción por la violencia excesiva y devastadora de la Fuerza Pública, que dejó un saldo de 98 víctimas mortales y un número de desaparecidos todavía por precisar, que oscila entre 11 y 20 personas.

En sus libros Mi vida y el Palacio, publicado en 2020 y el año pasado Deshacer los nudos, busca con rigor, valor y desgarradora sensibilidad esclarecer las oscuras circunstancias en que perdió la vida su padre, Carlos Horacio Uran, entonces magistrado auxiliar del Consejo de Estado, quien salió gravemente herido con vida del Palacio, pero inexplicablemente luego es encontrado su cuerpo sin vida en el interior del mismo. Por esos atroces hechos y la desaparición de otros rehenes, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014[ii], sin que la totalidad de la sentencia haya sido cumplida.

No más “Palacios de Justicia”.

En parte por ello, Helena se ha consagrado al esclarecimiento de lo acontecido, pero sobre todo porque sin una memoria política capaz de dar cuenta de tan aciaga fecha, precisando las responsabilidades políticas y las culpabilidades penales de sus máximos responsables, siempre estaremos expuestos a que hechos semejantes se repitan continuamente, como lamentablemente sigue sucediendo. Hoy, según el reciente informe del CIRC, Colombia vive la mayor catástrofe humanitaria del continente: “El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados. Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %”[iii]. Unas terribles cifras que nos demuestran que lo sucedido en el Palacio de Justicia no ha cesado, pues como bien lo señaló el entonces procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe: “En el Palacio de justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Y esa crisis continuó y se profundizó con la degradación del conflicto armado interno, al punto que, por su negación y una supuesta cruzada oficial contra el terrorismo, la Directiva 29 del 2005[iv] del ministerio de defensa, en cumplimiento de la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe, derivó en la comisión de más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”[v]. Para intentar contener esa violación sistemática de los derechos humanos y las masivas infracciones del DIH, Helena está promoviendo la “Fundación Carlos Uran, Memoria para la democracia”, y nos contará en el conversatorio sus principales metas y acciones en desarrollo.

La Memorializacion de instituciones del horror

Una de sus estrategias principales es la llamada “memorialización”, en palabras de Helena en reciente entrevista con la periodista Cecilia Orozco en este diario[vi], consiste “en que no se puede volver normal la naturalización del horror. La arquitectura y los espacios oficiales guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que sirvan para la pedagogía democrática. En el caso del Cantón Norte, no debemos seguir actuando como si nunca hubiera sucedido nada, como fueron los hechos ocurridos con ocasión de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en donde desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias personas. Allí, por ejemplo, debería fijarse una placa en que se consigne que en esas instalaciones se cometieron crímenes de lesa humanidad y que un número importante de víctimas fueron torturadas. El Museo del Florero tendría que dedicar un espacio importante a exposiciones y otras tareas pedagógicas para que se explique que fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos”. Para continuar conversando con Helena sobre esta estrategia y muchas más que eviten que el horror de la violencia política, tanto la de grupos ilegales, como la del entonces M-19, pero sobre todo la de las instituciones del Estado, que están para impedirla y contenerla, se nos convierta en algo cotidiano y normal en nuestras vidas, LA PAZ QUERIDA, los espera este martes 26 de mayo a las 6 de la tarde en la cinemateca de la Tertulia, entrada libre.

La paz política no se hace con milagros

Porque como sabiamente lo expresó José Saramago, el nobel portugués de literatura en 1998: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sin duda,precisamos una memoria firme y mucha responsabilidad democrática para votar el próximo domingo 31 de mayo, si queremos evitar atrocidades superiores a la sucedida el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando dejó de existir el Estado de derecho y la democracia, supuestamente en defensa de la Patria. Para superar el horror en que vivimos no necesitamos más héroes de la patria y más víctimas civiles como consecuencia de este infernal conflicto social y degradado conflicto armado, que ya arrastra incluso a comunidades indígenas como la Misak y Nasa a matarse por la disputa de la tierra, esa Pachamama que es de ambas comunidades. La convivencia política y la democracia no son un asunto milagroso. Nos bastaría con cumplir el artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y no dejarnos arrastrar a las urnas por el miedo, los fanatismos políticos, prejuicios sociales, el odio y las revanchas.

[i] https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/todorov.htm

[ii] https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf

[iii] https://www.radiosantafe.com/2026/05/13/el-desplazamiento-en-colombia-se-duplico-en-2025-por-el-recrudecimiento-de-la-violencia-cicr/

[iv] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005

[v] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-otros-15-miembros-del-ej%C3%A9rcito-por-falsos-positivos-en-la-Costa-Caribe.aspx

[vi] https://www.msn.com/es-co/noticias/other/de-espacios-de-violencia-a-centros-de-memoria-helena-ur%C3%A1n-opina-sobre-decisi%C3%B3n-de-la-jep/ar-AA21KQQf

Colombia está a unos días de elegir a su próximo presidente o presidenta y en el proceso electoral las propuestas ambientales de los candidatos no solo han sido discretas, sino que se han mantenido superficiales y desconectadas de las crisis territoriales que vive el país, de acuerdo con especialistas, académicos y dirigentes consultados por Mongabay Latam. Los entrevistados identifican vacíos en propuestas que abordan fenómenos como la deforestación, la minería, la pérdida de biodiversidad o la crisis climática.

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Además, coinciden en que los planes de gobierno de los principales candidatos en la contienda han abordado los grandes conflictos ambientales desde una perspectiva de seguridad, económica o de confrontación política, ignorando temas estructurales como políticas de adaptación climática, mecanismos de conservación en zonas clave como la Amazonía y la protección a personas defensoras del territorio y pueblos indígenas. Se refieren a Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, de Centro Democrático.

Incluso, los expertos consultados también cuestionan propuestas que implican mayores conflictos socioambientales, como el uso de fracking para la extracción de combustibles fósiles y la aspersión con glifosato como medida para combatir los cultivos ilícitos.

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Propuestas: una foto incompleta de los problemas ambientales

Para Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, a las propuestas de los candidatos presidenciales en temas ambientales les ha faltado una perspectiva integral que conecte problemáticas complejas.

Un ejemplo, señala, es la deforestación en la Amazonía, un tema que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero que los candidatos sólo abordan de forma superficial y reduccionista.

“Algunos candidatos entienden la presencia de grupos armados en la Amazonía más como un problema de seguridad. Pero hace falta también entender el problema de la ampliación de la frontera agrícola y de la ganadería, que son unos desafíos bastante significativos para la deforestación en la región”, explica el especialista.

Roa-Clavijo señala que si bien hay un vínculo importante entre la deforestación y las economías ilegales como la minería ilegal o los cultivos ilícitos, hay otras actividades que amenazan a la Amazonía y que no están presentes en los planes de gobierno o las propuestas electorales de quienes buscan suceder al presidente Gustavo Petro.

“Todo esto está mediado por los conflictos entre los diferentes grupos armados y quien está pagando eso es la Amazonía a través de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad. Pero como todo fenómeno complejo, no es lo único. Sabemos que también la producción de carne y el mismo acaparamiento de tierras también están teniendo impactos y dinámicas negativas sobre la Amazonía colombiana”, dice el experto a Mongabay Latam.

En este tema, por ejemplo, los candidatos Valencia y De la Espriella proponen “erradicar” a los grupos armados y economías ilegales para frenar la deforestación. Si bien la candidata presidencial también agrega medidas de reforestación y pagos por servicios ambientales, no aborda la vinculación con otras actividades vinculadas a la pérdida de bosques.

En tanto, Cepeda menciona la expansión de la frontera agrícola y ganadera como motor de la deforestación. Su propuesta se limita a la creación de una unidad de Inteligencia Ambiental “que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica, protegiendo el agua y la selva”.

“Los candidatos tienen diferentes perspectivas, es normal. Pero sí hace falta una aproximación mucho más integral, porque con unas perspectivas reduccionistas, el país no va a ser capaz de enfrentar estos desafíos”, agrega el especialista.

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Defensores, comunidades rurales e indígenas no son prioridad

Para los especialistas consultados, las comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio, no están en el mapa de las alianzas estratégicas que proponen los candidatos para la protección ambiental.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), si bien hay un reconocimiento a los derechos de comunidades en los planes de gobierno, esto no se ve reflejado en propuestas que señalen a las poblaciones originarias y afrodescendientes como actores clave.

“Tanto De la Espriella como Valencia tienen coincidencia en reconocer a los pueblos indígenas como un elemento simbólico, cultural, incluso identitario de Colombia, pero no a posibilitar garantías jurídicas, administrativas y desarrollo”, sostiene Capaz.

Incluso, el dirigente afirma que Valencia ha criticado los desarrollos administrativos del movimiento indígena en la posibilidad de construir autonomías territoriales.

En su plan de gobierno, la candidata señala, por ejemplo, que ante la llegada de proyectos de energía, la consulta previa a comunidades campesinas “no puede ser un veto, sino un mecanismo para garantizar inversión en la región”.

En tanto, De la Espriella ha señalado este mecanismo de carácter internacional como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Durante una entrevista a periodistas de Noticias Caracol, el aspirante presidencial afirmó que “ninguna comunidad a la brava, o porque sí o por temas ideológicos me va a parar ningún proyecto. A mí ninguna corporación regional ni las entidades de orden nacional como la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] me van a parar un proyecto porque sí o porque están esperando que les den una plata”.

Para el coordinador del CRIC, se trata de “visiones muy limitadas” que van en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas a proteger sus territorios.

Si bien en su programa de gobierno Cepeda ha hecho un reconocimiento al papel de los pueblos indígenas en la defensa del territorio y conservación de la naturaleza, sus propuestas no profundizan cómo se avanzará en los sistemas de gobernanza y armonización de las poblaciones originarias.

Cepeda agrega que de ganar se mantendría la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero no hace referencia a los llamados que 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron, y que incluyen 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos para la protección de personas defensoras.

Pablo Palacios Rodríguez, profesor del Departamento de Desarrollo Rural, de la Universidad Javeriana, e integrante del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, plantea que los planes de gobierno de los aspirantes presidenciales están en una agenda más confrontativa y han ignorado la discusión de los temas rurales.

“Vemos una omisión muy importante de los temas de biodiversidad. Los planes de gobierno han estado muy enfocados en las confrontaciones, pero no en hablar de las comunidades, en hablar de los recursos naturales, de los activos más importantes que tiene Colombia”, sostiene el investigador.

Palacios advierte que tampoco se está proponiendo que las comunidades rurales tengan poder de decisión en los procesos de desarrollo de Colombia y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Colombia como ningún otro lugar en el mundo tiene uno de los mejores ejemplos en donde las comunidades afrodescendientes e indígenas han construido sus procesos de apropiación social basados en sus servicios ecosistémicos y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El éxito de un buen plan de gobierno en Colombia dependerá de poner a los recursos y a la biodiversidad como actores centrales”, dice el especialista a Mongabay Latam.

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Propuestas en energía y adaptación climática

El sector energético ha sido protagonista en las propuestas ambientales de los candidatos, sin embargo los especialistas consideran que sus agendas se han quedado incompletas al no hablar de adaptación.

“Hay algunos candidatos para quienes la transición energética es el único tema ambiental de su agenda, como un rompecabezas que queda absolutamente incompleto. El vacío más significativo es el tema de la adaptación”, sostiene Roa-Clavijo.

El especialista explica que Colombia ya está enfrentando efectos de la crisis climática, como escasez de agua, aumento de las temperatura y afectaciones a la agricultura y sistemas alimentarios, consecuencias que no están presentes en las propuestas de los candidatos.

“¿Cuál es el compromiso? Hasta ahora, es una pregunta abierta. El cambio climático es absolutamente importante, principalmente desde la adaptación, porque eso va a tocar todos los rincones del país y lo va a hacer más rápido de lo que pensamos”, advierte.

Para Capaz, las propuestas de reactivación del fracking por parte de Valencia y De la Espriella también son preocupantes, pues las considera una regresión en territorios como la Amazonía y en perjuicio de comunidades indígenas.

“Retomar el fracking sería un retroceso en términos de las ganancias ambientales, pero también en términos ambientales y de salud”, afirma, y también ve un riesgo en acuerdos alcanzados en Colombia, como el de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental, si este tipo de propuestas avanzan.

“Escazú pasaría a un segundo plano. Ha sido una lucha a nivel latinoamericano, pero también ha sido una lucha en Colombia que ha sido aprobada y que se ha convertido en una herramienta de protección para defensores y ambientalistas”, sostiene el dirigente.

Palacios advierte que independientemente del candidato que gane, los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y ambientales deben estar en el centro de la política ambiental y climática.

“Las especies no tienen una cédula para votar. Los servicios ecosistémicos no tienen un límite para actuar y hoy están manteniendo gran parte de la vida en el planeta, ya no es discutible”, señala.

*Imagen principal: Candidatos Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Paloma Valencia, de Centro Democrático; y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Fotos: cortesía Senado y Facebook Abelardo De la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Dice Edwin Cruz: “las formas de escenificar en la actividad política contemporánea están fuertemente marcadas por la extensión de caracteres propios de lo pornográfico a la totalidad del campo de lo visible. Predomina la exhibición, tanto de la imagen personal como de la interioridad subjetiva, y el capital erótico como mecanismo para visibilizarse, marcar distinción social y monetizar, es decir, traducir las distintas formas del capital. [Es] atraer la atención mediante lo obsceno, lo sorprendente, lo escandaloso” (p. 20-21). 

La política para Cruz se convierte en espectáculo, en show, una tendencia que él rastrea con Berlusconi en Italia y con Donald Trump, pero que hoy constatamos también con Milei, con Bukele  y con la campaña tal como la está desarrollando en Colombia el candidato Abelardo de La Espriella. En la pornopolítica el sujeto se somete a un determinado régimen de percepción, un régimen escópico en términos del historiador y filosofo Martin Jay, donde la forma como este ve el mundo es planificada, organizada. Como en la pornografía, el sujeto acude a un show prefabricado, a escenas planeadas y diseñadas para el consumo pasivo; el sujeto consume un producto, imágenes, lo que implica consumir formas de ver el mundo, valores, aspiraciones, deseos. Es una política libidinal, que mueve energías psíquicofisicas que modulan el deseo o lo que se quiere.

Esto es lo que se mueve en la política espectáculo o pornopolítica que vende de la Espriella. Su escenificación lujosa, la presentación social de sí mismo como un hombre exitoso, de negocios, con su avión y sus relojes costosos, busca crear identificaciones afectivas con ese modo de vida. Lleva al elector a desear ese modus vivendi, lo cual, inevitablemente, terminará en frustración. El lujo mueve fibras, mueve deseos. En una sociedad consumista, como en la que vivimos, donde es más importante el tener que el ser (contrario a lo que recomendaba Erich Fromm), hacerles creer a los electores pobres o de clase media, que podrán ser como el político rico y millonario que los gobernará, produce efectos en la subjetividad…la coloniza con ideales mercantilistas. Lo que se busca con la identificación creada y manipulada (por medio del lujo) es algo a cambio: un voto.    

Pero esa pornopolítica también está presente en la plaza pública, en la tarima, en el escenario. Este es diseñado para crear el efecto relampagueante, vistoso. Y así como las mercancías se exhiben cuidadosamente en las vitrinas, acompañadas a veces con luces de neón y con una estética prefabricada, el político-actor de la Espriella se presenta cual estrella de Rock, bien vestido, para mostrarse y venderse al público como la mercancía deseada, la que el elector tiene que comprar. El uso de luces, coreografías, intros, videos de fondo, música, configuran un régimen de percepción visual que va en desmedro de la reflexividad del futuro votante. Aquí lo importante es la escena, el escenario, más que las ideas, el discurso, el programa. El votante asiste a un espectáculo coreografiado donde los contenidos del programa político pasan a un segundo plano y se olvidan en medio del humo vibrante del espectáculo.  

Es lo mismo que ocurre cuando de la Espriella mezcla política y religión. Su presunta conversión del ateísmo a la fe, se escenifica como espectáculo, con oración y rezos en latín, con todo ese paroxismo propio del fanatismo religioso evangélico que ha invadido la política latinoamericana, tal como es evidente en Brasil.  Sus adeptos, dispuestos a siempre a sustituir a un mesías por otro, no captan (o no quieren captar) el oportunismo electoral desplegado en este repentino amor al púlpito, a sus ritos y a sus divinidades.  

Pero estas escenificaciones que simplifican todo, van acompañadas también de un discurso simplificante, o, mejor, de eslóganes reductivos, cuasi vacíos. El eslogan “Firmes por la patria” es una proposición simplísima. El uso de la palabra patriarcal “Patria”, que viene de padre, que protege, es estratégica, porque remite a una semántica afectiva. La patria es una idea abstracta, sentimental, que alude a una esfera, a un espacio protector, jerárquico y autoritario; remite, además, a identificaciones románticas con un pasado y con una tradición. Pero en Colombia ¿de qué Edad Dorada, de qué tradición estamos hablando? No es claro. La patria, la nación, el partido, la religión, etc., esos universales abstractos (y también los sustantivos colectivos) son peligrosos, como decía E.M. Cioran. Recuerdo que mi maestro Darío Botero Uribe decía que: “los credos religiosos y los partidos políticos han derramado más sangre a través de la historia que cualquier otra causa”. Pues bien, en una parte de las huestes fervorosas que apoyan a de la Espriella parecen haber individuos dispuestos a sacrificarse en el altar de la Patria.

Digamos que la expresión “Firmes por la patria” es un eslogan sencillo, de esos que se clavan fácilmente por repetición en la cabeza de la gente; es una frase que no tiene mayor contenido y que genera un automatismo mental. El resultado: un “pensamiento” acrítico, unidimensional y operativo que prescinde de la reflexión y la dialéctica de las ideas, tal como ya lo describía el filósofo alemán Herbert Marcuse cuando hablaba del “lenguaje orwelliano”. El eslogan es militarista y va acompañado de un saludo militar. Ese militarismo es hábilmente asociado por de la Espriella con el deseo de muchos colombianos: el de la seguridad del país. Con todo, el securitismo como política es bastante peligroso. En Colombia lo sabemos, pero también en las dictaduras del Cono Sur (Argentina y Chile), pues llevado al extremo deriva en violación de derechos humanos, arrestos sin justificación, caza de brujas, persecución de opositores, violación del debido proceso o, en el peor de los casos, desapariciones, torturas y asesinatos. Así que la idea de “destripar a la izquierda” o fumigarla como si fuera un virus, puede volverse una realidad, ya que ese securitismo es inmunitario y puede pretender limpiar a sangre y fuego todo aquello que no comulgue con su forma particular de concebir el cuerpo social.

La seguridad no puede ponerse por encima de la democracia o del derecho. Eso siempre termina mal. Elegir a un gobierno con carta blanca para el securitismo es darle también carta blanca para el abuso de autoridad y el autoritarismo. Ya lo vivimos en Colombia con el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala y con su segunda versión la Seguridad democrática (¿?). También es palpable en el Salvador con la toma institucional que ha realizado Bukele en aras de “seguir defendiendo” a sus ciudadanos. El resultado: madres que buscan a sus hijos desaparecidos en las cárceles y un punitivismo que tiene encarcelados a más de 80.000 personas. Las cárceles no son, a mi parecer, ni deben ser, símbolo del progreso de una sociedad. Mas bien, es todo lo contrario: su presencia es prueba fehaciente de que esa sociedad ha fracasado en sus políticas públicas y sociales, en la construcción de un Estado social, de bienestar para todos.

Pero, además de la seguridad, está la promesa de proteger la propiedad de una cierta élite, de la misma en la que el candidato logró, tras su trabajo con clientes de dudosa reputación, ingresar, mezclarse; esa élite con quien parece estar formado un pacto oligárquico para la defensa de sus intereses y sus negocios. A esto debemos sumarle una personalidad autoritaria mezclada con una aparente imagen chabacana, bacana, fresca y ligera, que le da licencias machistas, sexistas y homofóbicas. Esta mezcla de cualidades, de atributos, confluyen todas en un personaje show que se vende como mercancía en una democracia formal que se ha tornado ritual, vacía, sin contenido.  

Abelardo de la Espriella es un muñeco (aunque de carne), como decía Carolina Sanin; un Frankenstein armado artificialmente con partes de Milei y de Bukele; un pastiche. Del primero copia el show, pero también su nefasta idea de achicar el Estado, con lo cual limita su alcance y su capacidad de acción en la sociedad; del segundo, asume su autoritarismo. Por si fuera poco, es un candidato que simpatiza con Trump y con el sionismo genocida de Israel. Eso es un verdadero peligro para la región y para el país, pues encarna la crisis axiológica que vive la cultura occidental ampliamente cómplice (con algunas excepciones) de la barbarie en Gaza, Cisjordania y Líbano.

Es cierto que no hay candidato perfecto, confeccionado al gusto del elector, pero sin duda de la Espriella es el que representa un peligro mayor para los excluidos de Colombia, para los pobres, para sus instituciones y su ya débil democracia. En esto debemos estar de acuerdo con Ana Bejarano.

Digamos, finalmente, que la pornopolítica no debe gobernar un país porque entonces lo verdaderamente importante, lo fundamental, la salud, la reforma agraria, la educación, el bienestar social, va a ser desplazado por el espectáculo constante…por un espectáculo peligroso y antidemocrático que puede arrasar con todo.

Para nadie es un secreto que la Revista Semana pasó de ser un referente de investigación periodística a convertirse en una plataforma de amplificación política donde la espectacularización de las encuestas parece importar más que el rigor metodológico.

El reciente informe de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE) es demoledor: AtlasIntel habría presentado como encuestas probabilísticas lo que en realidad serían sondeos telefónicos imposibles de auditar plenamente y, peor aún, incompatibles con los estándares legales vigentes.

No se trata de un simple tecnicismo estadístico. En democracia, las encuestas electorales son instrumentos de enorme poder. Moldean percepciones, construyen narrativas de victoria, afectan mercados políticos y pueden influir directamente en el comportamiento del electorado. Cuando una firma difunde datos sin cumplir los parámetros exigidos por la ley, el daño no es solamente académico: es institucional.

Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué papel juega el medio que decide publicar y promover esas cifras?

Semana no puede escudarse en la supuesta neutralidad de “solo informar”. Un medio de comunicación con alcance nacional tiene la obligación ética de verificar la solidez de aquello que publica, especialmente cuando se trata de mediciones electorales. Más aún en un contexto colombiano donde las encuestas han sido utilizadas históricamente como herramientas de presión política y manipulación de opinión pública.

Resulta alarmante que mientras se cuestiona la metodología de AtlasIntel, Semana haya preferido convertir cada medición en un titular estridente, casi siempre acompañado de interpretaciones políticas convenientes y narrativas de impacto inmediato.

El pasado 29 de abril, la Revista Semana tituló: “Abelardo de la Espriella le toma ventaja a Paloma Valencia y enfrentaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según encuesta de AtlasIntel”. Un titular y un tratamiento en donde lo único que parece importante para Semana es el abogado y candidato y no los resultados de la supuesta intención de voto.

El problema no es únicamente publicar encuestas; el problema es hacerlo sin el debido contraste técnico y sin advertir al lector sobre las dudas metodológicas existentes.

La situación se agrava cuando el propio informe del CNE señala que el margen de error del 2 % divulgado por AtlasIntel no sería matemáticamente sostenible bajo las condiciones descritas. Esto significa que millones de ciudadanos pudieron haber consumido información electoral presentada con una precisión estadística presuntamente inexistente. Y Semana ayudó a legitimar esa percepción.

La revista, lejos de ejercer un rol crítico frente a la encuestadora, terminó funcionando como caja de resonancia de resultados cuya credibilidad ahora está bajo seria sospecha. Esa conducta refleja una lógica mediática profundamente irresponsable: primero el impacto, después las preguntas.

El periodismo serio no consiste en reproducir cifras porque generan clics o controversia política. Consiste en someterlas al escrutinio más riguroso posible, especialmente cuando pueden alterar el debate democrático. Si una encuesta incumple la ley o utiliza metodologías opacas, el deber de un medio no es amplificarla acríticamente, sino investigarla.

La petición de la Red de Veedurías para suspender el registro de AtlasIntel no es menor. Revela la gravedad de un escenario donde la confianza pública en las mediciones electorales podría quedar severamente erosionada. Y esa erosión también alcanza a los medios que decidieron convertir esas encuestas en noticia sin suficiente prudencia editorial.

El caso AtlasIntel debería abrir una discusión nacional sobre la responsabilidad de los medios en tiempos de polarización. Porque cuando el periodismo abandona el rigor y se convierte en operador de narrativas políticas disfrazadas de información técnica, la democracia entera termina pagando el precio.

Nota recomendada: ¿Juan Carlos Abadía opera políticamente desde la prisión?

En política exterior ocurre algo parecido. Además de vecinos, existen rutas. La geografía nos ubica en un lugar, pero la economía, la seguridad, las reglas internacionales y la historia diplomática van trazando caminos que los países recorren una y otra vez, quieran o no. Por eso, el antiquísimo adagio de que “todos los caminos conducen a Roma” sigue teniendo vigencia: nos recuerda que hay centros de gravedad que ordenan el mapa, condicionan las prioridades y obligan a tomar decisiones con sentido de realidad.

Así, en la Colombia de hoy, muchos caminos conducen —inevitablemente— a Washington. No por simpatía ideológica, ni por nostalgia de viejas alianzas, ni por simple costumbre diplomática. Conducen allí porque hay realidades estructurales que ningún gobierno puede borrar con discursos. Como muestra de ello, en 2024, Estados Unidos siguió siendo el principal destino de las exportaciones colombianas: US$14.337 millones FOB, equivalentes al 28,9% del total exportado, según cifras de la DIAN. También fue el principal país de origen de las importaciones colombianas, con US$16.465 millones CIF, equivalentes al 25,7% del total importado.

A esa dimensión económica se suma otra igual de decisiva: la cooperación en materia de seguridad, lucha contra las drogas, migración, justicia, inteligencia y fortalecimiento institucional. Durante décadas, Colombia ha sido una pieza central en la arquitectura de Washington para América Latina. Por eso, cuando en la relación emergen tensiones, el impacto no se queda simplemente en los comunicados diplomáticos ni en el peligroso alcance de  los micrófonos . Se siente en la cooperación judicial, en el intercambio de inteligencia, en las métricas antidrogas, en las visas, en la movilidad, en la confianza para la inversión, en la asistencia externa y en la coordinación regional.

El momento reciente, además, hace que esa realidad sea aún más delicada. La política exterior estadounidense frente al hemisferio occidental ha entrado en una fase más dura, más transaccional y más securitizada. Drogas, migración, crimen organizado y competencia geopolítica pesan hoy con fuerza particular en la agenda de Washington. La relación con Colombia ya no se mueve únicamente en el lenguaje tradicional de la “alianza histórica”, sino también en el de los costos, las certificaciones, las sanciones, las visas, los aranceles, la presión pública y los resultados medibles.

En otras palabras, Estados Unidos sigue siendo un socio fundamental, pero también un actor más impaciente, más pragmático y más dispuesto a recurrir a herramientas de presión. Esa combinación obliga a Colombia a actuar con mayor precisión. Ya no basta con repetir que somos aliados estratégicos. Tampoco sirve convertir cada desacuerdo en una batalla mediática. La relación bilateral exige algo más difícil: saber cuándo marcar límites, cuándo construir acuerdos y cuándo reconocer que la autonomía también requiere sentido de la realidad.

Todo esto no significa que Colombia no pueda —o incluso no deba— diversificar sus relaciones internacionales. Claro que debe hacerlo. Un país serio tiene que ampliar su red de socios, explorar nuevos mercados, fortalecer vínculos con Europa, Asia, América Latina, África y el mundo árabe, y construir una política exterior menos dependiente de una sola relación. Pero diversificar no es fantasear con que Estados Unidos deje de importar. Diversificar no puede ser una excusa para negar la realidad.

Hay un corredor que, una y otra vez, termina desembocando en Washington. Por eso, a pocas semanas de los comicios presidenciales, quien llegue a la Casa de Nariño tendrá que tener plena conciencia de dicha relación indisoluble y saberla manejar con sabiduría, disciplina y serenidad; con un sentido claro de lo negociable y lo no negociable; y, sobre todo, con cuidado institucional. En pocas palabras: el próximo gobierno no puede permitirse improvisar con Estados Unidos.

Ese será un desafío común para los tres nombres que hoy aparecen con mayor fuerza en el escenario electoral: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Cada uno representa un tono distinto, una lectura diferente del país y una manera particular de aproximarse al poder. Pero, más allá de lo que se diga en campaña, los tres tendrán que enfrentar la misma pregunta: ¿cómo convertir la relación con Washington en una oportunidad y no en un problema con el cual lidiar constantemente?

En este orden de ideas, si Iván Cepeda fuera electo presidente, su mayor reto sería evitar que la relación con Estados Unidos quedara atrapada en el reflejo de la confrontación. Cepeda ha construido buena parte de su trayectoria política en torno al discurso de la defensa de la paz, los derechos humanos, la soberanía y la crítica a cualquier forma de subordinación externa. Esa posición puede tener legitimidad en el debate democrático colombiano, pero exigiría una diplomacia particularmente fina para que la “dignidad” no termine convirtiéndose en aislamiento o, peor aún, en un conflicto interminable que deprede la economía y la estabilidad general del país.

Su prioridad, entonces, en el supuesto de que fuera electo presidente, debería ser construir una agenda de altísimo nivel técnico con Washington en oposición al cisma ideológico casi garantizado.  Y es que, aunque  para  algunos, tal vez aquellos más ideológicamente influenciados, pueda parecer paradójico, la cooperación bien negociada con Estados Unidos puede reforzar la soberanía. No porque Colombia entregue su agenda, sino porque fortalece las capacidades estatales en territorios donde hoy hay vacíos que suelen ser ocupados por actores armados, economías ilegales y redes transnacionales. En un eventual gobierno Cepeda, la cooperación con Estados Unidos no debería ser sinónimo de obediencia, sino una herramienta estratégica para sostener la seguridad, la justicia, el desarrollo rural, la sustitución productiva, la inteligencia financiera y la presencia institucional.

El riesgo, en su caso, sería convertir la relación bilateral en una secuencia de gestos simbólicos, respuestas emocionales y discursos de resistencia que pueden funcionar ante ciertos sectores de la opinión pública interna, pero que reducen la capacidad real de gobernar los desacuerdos. Washington no desaparece porque se le critique. Y, en el contexto actual, la confrontación pública puede acarrear graves costos. Un gobierno Cepeda necesitaría un canal directo, de las más altas capacidades técnicas y permanente entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño: no para ceder, sino para evitar que cada diferencia se transforme en crisis.

Ahora, si Paloma Valencia fuera presidenta, el punto de partida sería distinto. Su cercanía con el Centro Democrático y con el legado político de Álvaro Uribe le permitiría enviar a Washington un mensaje inicial de recomposición, continuidad en materia de seguridad, cooperación antidrogas y alineación democrática frente a los regímenes autoritarios de la región.

En política exterior, su prioridad debería ser recuperar la confianza sin caer en la nostalgia automática del pasado. No basta con decir que Colombia “vuelve a ser aliada” de Estados Unidos. La alianza debe actualizarse. Los Estados Unidos  de hoy no son exactamente los de Plan Colombia ni los de hace veinte años. Es un actor más polarizado, más impaciente y más dispuesto a medir sus relaciones por resultados concretos. Por eso, Valencia tendría que hablar el lenguaje de la seguridad, sí, pero también el de la institucionalidad democrática, de los derechos humanos, de la corresponsabilidad antidrogas y del desarrollo territorial.

Su oportunidad estaría en establecer una agenda creíble de cooperación: lucha contra organizaciones criminales, extradición, inteligencia financiera, control de fronteras, protección de líderes sociales, estabilización territorial, migración ordenada, inversión, transición energética pragmática y fortalecimiento de las capacidades estatales. Su riesgo sería confundir la cercanía ideológica con un cheque en blanco. Estados Unidos no tiene  necesariamente amigos permanentes; tiene intereses permanentes. Incluso con gobiernos afines, Washington exige resultados, métricas y coherencia práctica con sus prioridades estratégicas

Por último, si Abelardo de la Espriella fuera presidente, su punto de partida sería todavía más marcado: buscaría seguramente “sanar” la relación con Estados Unidos mediante un discurso fuerte de alineación en materia de seguridad, lucha contra el crimen, confrontación al narcotráfico y oposición frontal a los gobiernos autoritarios de la región. En un momento en el que Washington privilegia respuestas duras frente al crimen transnacional, ese estilo podría encontrar receptividad inicial y abrir algunos canales de diálogo.

Pero ahí estaría precisamente el mayor cuidado. Una cosa es recomponer la relación y otra, muy distinta, convertir la cercanía en una suerte de subordinación. Una cosa es cooperar con Estados Unidos y otra gobernar como si la agenda nacional pudiera tercerizarse. La relación bilateral no se administra con gestos, frases virales ni afinidades personales. Se administra con equipos técnicos, instituciones y una estrategia de cuidado absoluto y de rigor diplomático.

La prioridad de De la Espriella debería ser profesionalizar la relación y protegerla de la volatilidad mediática. Si un eventual gobierno suyo dependiera demasiado del tono personal, podría terminar atrapado en una diplomacia de adhesiones, aplausos y sobreactuaciones. Estados Unidos puede coincidir con un gobierno colombiano en materia de seguridad y, aun así, presionar con fuerza si considera que sus intereses no están suficientemente protegidos.

Su no negociable tendría que ser claro: la autoridad del Estado colombiano sobre su agenda interna. Cooperar con Estados Unidos tampoco puede significar renunciar a una lectura propia del interés nacional. El riesgo, en su caso, sería proyectar la imagen de un gobierno demasiado dispuesto a aceptar la agenda estadounidense sin procesarla institucionalmente a partir de las necesidades reales de Colombia.

En los tres escenarios, el mapa de fondo es similar: todos los caminos conducen a Washington. La diferencia está en cómo se recorre ese camino. Esto puede hacerse con una buena brújula —instituciones, agenda, métricas, límites, estrategia y rigor diplomático— o a la deriva, entre impulsos ideológicos, nostalgias, gestos mediáticos o cálculos coyunturales.

Y es que una relación madura, como la que Colombia ha construido históricamente con Estados Unidos, no debe ser ni sumisa ni hostil. Debe tramitar desacuerdos sin romper la comunicación, cooperar sin perder el centro y negociar con una idea clara de país.

Al final, el verdadero riesgo no es tener un vecino poderoso. El riesgo es creer que se puede gobernar ignorándolo. O, peor aún, improvisando frente a él. En política exterior, las crisis surgen cuando la diplomacia se subestima, la técnica cede ante el espectáculo y la estrategia se reemplaza por el impulso. Y entonces, como pasa con los vecinos, el conflicto termina por surgir tarde o temprano.

Ni los hombres son de Marte, ni Juanita León es de Júpiter; del Proyecto Júpiter, quiero decir.

No vengo a defender ni a atacar a La Silla Vacía. Sin tomar partido en la polémica, diré lo que veo: medio país considera que Revista Raya cruzó la raya con una investigación a la que le falta carne y sustento, y la otra mitad piensa que La Silla Vacía no está tan vacía, después de que también la revista Semana cuestionó la independencia del portal. Esas dos posturas son el reflejo natural de un país polarizado, encolerizado y apasionado políticamente. Es como si todos los periodistas estuviéramos bajo sospecha, igual si abrimos la boca, igual si la mantenemos cerrada.

Lo cierto es que el periodismo que cubre a los políticos y al poder, hoy enfrenta el escarnio público y su labor está sometida al escrutinio de las audiencias. Pero al periodismo debemos defenderlo siempre, y con más veras hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, sin que eso signifique que no se le deba cuestionar.

Ahora bien, yo creo que la conversación sobre el Proyecto Júpiter y la supuesta alianza con La Silla Vacía (LSV) se fue por donde no es. Mientras los periodistas se atacan mutuamente —¡y a qué costo en términos de credibilidad y respeto para este oficio!—, en el subsuelo —allá donde nadie escarba, porque estamos acostumbrados a nadar en la superficie de las cosas, a veces de manera conveniente—, hay un tema delicado y es la manera cómo los empresarios, quizás no todos por supuesto, podrían estar metiendo manos y narices en la campaña presidencial, usando el material pedagógico que distribuye y vende el portal periodístico, del cual es directora y dueña la periodista Juanita León.

Es decir, puede ser que de mala fe los unos se estén aprovechando de la buena fe de los otros. Ojalá sea eso por el bien del periodismo, acusado tantas veces de ejercer militancia solapada, con estándares éticos dudosos, ajeno a la autocrítica, manoseado dentro y fuera de las salas de redacción. El señalamiento recae sobre medios privados y medios públicos por igual.

Hasta donde se entiende, el especial periodístico “¿Cómo llegamos aquí?” y el material pedagógico “El ABC de la Democracia” son dos productos de la LSV, portal que creó una red de Superamigos, quienes hacen aportes voluntarios para su sostenimiento.

“¿Cómo llegamos aquí?” es un especial (apoyado por ProBogotá, según aparece en los créditos finales) que usa la palabra crisis o riesgo en sus ocho episodios —están en Youtube— para explicar el momento actual de la economía colombiana, a la luz de los errores o desaciertos del gobierno de Gustavo Petro. El título de cada especial es una afirmación rotunda: “Colombia atraviesa la peor crisis de su sistema de salud en décadas” y “Colombia ante el riesgo de un apagón nacional”, por poner dos ejemplos.

Nadie le ha preguntado a Juanita León en qué consistió el apoyo de ProBogotá. ¿Patrocinó el especial con dinero? ¿Contrató a LSV para hacer el especial y ponerlo a circular en los canales oficiales de LSV en lugar de los de ProBogotá? ¿Los expertos de ProBogotá asesoraron el contenido del especial? ¿Era necesario hacer esas aclaraciones a las audiencias o con el solo uso de las palabras “gracias al apoyo de ProBogotá” era más que suficiente?

En la página web de la entidad explican su objeto social:“ProBogotá Región es una fundación sin ánimo de lucro, privada e independiente que busca el bien común e incidir en la formulación de políticas públicas de largo plazo. Su misión es llevar a cabo análisis en profundidad que contribuyan a hacer de Bogotá y la región un mejor lugar para vivir, trabajar e invertir; buscando ideas que resuelvan los problemas que enfrenta la sociedad en el orden local, nacional y global, enfocados en movilidad, ciudades inteligentes, desarrollo urbano sostenible, seguridad, liderazgo público y futuro del empleo”. (Las negritas y subrayados son míos).

Su equipo de expertos, a juzgar por lo que se lee, lo conforman quince personas, entre urbanistas, arquitectos, politólogos, internacionalistas y economistas.

A mí modo de ver, el problema no es que organizaciones como ProBogotá apoyen este tipo de iniciativas, sino el uso que cualquier empresario pudiera darle a dicho contenido (contenido que, hay que decirlo también, en líneas generales es catastrofista, en momentos en que hay una puja por la jefatura de Estado para el siguiente cuatrienio).

El otro producto se llama “El ABC de la Democracia: Dosis para no comer cuento en campañas políticas”. En este enlace, LSV explica que se trata de “una microexperiencia de aprendizaje por WhatsApp (cuatro módulos en los que el participante interactúa con un chatbot), que le ayudará a conocer cómo funciona el sistema electoral, cómo defenderse ante la desinformación en campañas políticas y qué está en juego este 2026”.

Me llama la atención, este mensaje que incluye LSV. “Y si olvida el curso, el bot envía recordatorios amigables y mensajes motivadores”. Me pregunto cómo por qué razón LSV tendría interés de que la persona tenga presente algún mensaje si ya tomó el curso. ¿Es una manera de mantener activo y vigente ese canal de WhatsApp?

En un video introductorio de “El ABC de la Democracia” se previene a las audiencias-clientes sobre el peligro de las dictaduras, entre otros temas. “¿Qué pasaría si mañana la democracia desapareciera? ¿Qué pasaría si alguien decidiera cambiarlo todo?”, pregunta el conductor.

LSV les explica lo siguiente a sus lectores: Una persona paga $24 mil por la licencia pero si es una empresa que adquiere más de 500 licencias, hay planes entre 3000 y 6000 por licencia. ¿Cuántas empresas han comprado “El ABC de la Democracia” y cuántas licencias por empresas? ¿Por qué una empresa querría que sus colaboradores tomen este curso? ¿El curso lo financia en su totalidad el empresario o lo descuentan por nómina a los empleados? ¿De qué manera o bajo qué argumentos una empresa persuade al trabajador para que tome el curso? ¿Es un curso obligatorio para el trabajador? ¿Participa LSV en charlas internas de las empresas como parte integral de este producto? Yo solo pregunto, que es lo que mejor sabemos hacer los periodistas.

Hay dos frases que me generan suspicacias: “¿Preparado para fortalecer el pensamiento crítico de su equipo? Brinde las herramientas a sus grupos de trabajo para que no sean presa fácil de la desinformación y la manipulación electoral”. Es decir, de forma directa —y sin que esa sea necesariamente la intención, el curso invita a los empresarios y a sus organizaciones a tomar parte activa en el debate electoral a través de este curso.

Preguntémonos qué pasa en aquella compañía que adquirió el curso para sus 500 empleados. ¿Se hacen reuniones internas para discutir el contenido del mismo, ampliarlo, resolver dudas o explicarlo a partir de los programas de cualquiera de los candidatos en contienda?

Llama la atención también que LSV ofrece (¿ofreció?) 1.100 becas para que jóvenes colombianos accedan sin costo al curso. Como requisito: tener interés en participar en las votaciones del 2026, un contacto de WhatsApp activo y aceptar la política de tratamiento de datos de La Silla Vacía. Es decir, LSV asume un doble rol: portal periodístico y canal pedagógico en materia política y electoral.

Uno no ve al empresariado colombiano queriendo votar por un candidato como Iván Cepeda, o por ninguno con talante progresista.

Quede claro que no estoy poniendo en tela de juicio las buenas intenciones de LSV al proponerse hacer pedagogía política en un país analfabeta en estos asuntos, pero, insisto, queda la preocupación sobre el uso por parte de los empresarios. Porque, seamos honestos, uno no ve al empresariado colombiano queriendo votar por un candidato como Iván Cepeda, o por ninguno de izquierda o con talante progresista, aunque, como escribe el columnista Julio César Londoño en El Espectador, “muchos empresarios confiesan, en privado, que Cepeda es un opción a considerar, más ecuánime que el salto al vacío que encarna Abelardo y mucho más interesante que el regreso al pasado que representa Paloma”.

Volviendo al meollo, hay cositas para preocuparse.

Por un lado, en el centro de este entuerto está Jaime Bermúdez Merizalde, empresario y asesor de empresas, quien fue ministro y embajador del gobierno de Álvaro Uribe, según Wikipedia. Sobre él, el periodista Daniel Coronell escribe lo siguiente en Cambio. “Está en marcha una paracampaña política de un sector de la derecha para influir en la elección presidencial. Lo que viene haciendo el excanciller Jaime Bermúdez con el llamado “Proyecto Júpiter” no es –como él pretende– una jornada altruista de educación cívica y difusión de los valores democráticos. Lo que realmente hace es propaganda para promover una visión de ultraderecha, exacerbar el miedo entre los trabajadores de las empresas que le abren la puerta, y consolidar un falso dilema según el cual Colombia está condenada a escoger entre quien diga Álvaro Uribe y el abismo”.

Por otro lado, en La República apareció una columna titulada “Carta abierta a nuestros empleados”, firmada por su columnista habitual Juan Fernando Samudio, presidente del Grupo Preflex (tuve que goglearlo). Pongo el enlace aquí para que continuemos la conversación en una próxima entrada de este blog.

El hombre arranca con una acusación temeraria contra Iván Cepeda, sin siquiera nombrarlo: Afirma: “De un lado está el candidato de izquierda, un comunista abiertamente hostil a las empresas privadas -como la nuestra-, que toda su vida ha simpatizado con grupos guerrilleros. Por el otro, hay dos candidatos que creen que la única forma de progresar es a través del crecimiento de las empresas privadas -como la nuestra- y derrotando la criminalidad con la autoridad del Estado”.

¿Qué más hostil que esa forma de escribir?

Después todo, quizás el “proselitismo corporativo” —lo llamaré así—, sea menos problemático que un presunto constreñimiento al elector, tipificado en Colombia como delito electoral, pero ese es otro asunto.  

Como única conclusión, una súplica: rogar para que el periodismo, como cuarto poder, conserve su alma independiente de otros poderes, y no sea nunca el idiota útil de la clase política o de intereses mezquinos.

Todo parece indicar que si tienen lugar los debates presidenciales en ellos predominará el combate personal sobre la deliberación y el intercambio de los mejores argumentos entre los participantes. Las tres candidaturas en punta en los sondeos y en pugna en la opinión pública, representadas por Cepeda, Abelardo y Paloma, van a esos debates a disputarse el favor de las audiencias y de sus votos el próximo 31 de mayo, no tanto a confrontar la validez de sus propuestas y programas políticos. Aspiran a ganar en primera vuelta o, por lo menos, asegurar su presencia en la segunda. Es lo propio en toda campaña electoral, por eso desdeñan a los demás candidatos, que no registran en las encuestas posibilidad alguna de pasar a la segunda vuelta. Ya lo dijo Iván Cepeda, más como político que filósofo, en su entrevista en Caracol televisión con María Alejandra Villamizar: “Me interesa debatir es con los candidatos de la derecha, no con los demás candidatos, pues con ellos diálogo”, palabras más palabras menos. Esa exclusión de los restantes candidatos nos privaría a todos los colombianos de una deliberación amplia y plural, que es lo que debería promover un filósofo más que un candidato en trance de victoria, solo interesado en vencer a la derecha en los debates televisivos. Tal decisión nos condena al dilema de dos proyectos de nación, donde la derecha con Paloma y Abelardo propugnan a toda costa por la seguridad personal y privada para la inversión empresarial –los tres huevitos de Uribe– mientras Cepeda promueve la equidad y los derechos sociales como fundamento de legitimidad y eventual convivencia democrática. Pero sucede que en la democracia real no puede haber seguridad estable sin pan y bienestar para todos y mucho menos pan sin libertad, inversión privada y seguridad pública. Como bien lo pregona la doctrina social de la iglesia, en especial la encíclica Rerum Novarum de León XIII desde 1891, “la seguridad de los ricos es la tranquilidad de los pobres”. Tranquilidad que jamás será estable sin garantizar antes el goce de derechos sociales que empiezan por un salario digno, salud, educación y seguridad social. Precisamente por eso en el debate presidencial deben participar todos los candidatos, no solo los punteros en los sondeos de opinión, pues también dichas candidaturas tienen propuestas políticas sobre cómo lograrlo.

La política no es un juego de suma cero

Semejante empobrecimiento de la deliberación pública se da por la reducción de la política a las elecciones, donde inexorablemente siempre habrá ganadores y perdedores, siendo los asuntos políticos en disputa mucho más complejos que un voto depositado en una urna y un juego de suma cero. Ese juego en el que el ganador despoja a todos los demás de su poder decisorio, como sucede en las elecciones presidenciales y en cargos uninominales, así el perdedor o la derrotada tenga asegurada una curul en el Senado. Por eso vale la pena escuchar a los demás candidatos, aunque sus registros de intención de votos sean mínimos. Entre otras razones, porque ellos gozan de mayor libertad para cuestionar, proponer nuevas ideas y estrategias gubernamentales de quienes van en la punta, en tanto estos últimos están condicionados por su obsesión de ganar. De allí que solo hagan propuestas pensando en los votos por conquistar y en cómo despojar al contrario del mayor número de potenciales electores. Es lo que hemos visto con Paloma, al postular al expresidente Uribe como su próximo ministro de defensa, lo que generó la discrepancia de su vice, Daniel Oviedo, totalmente descentrado y en desacuerdo con esa nominación. Así se desdibujó por completo ese imaginario falaz de una candidatura de centro derecha, con Oviedo como figurín y comodín, para intentar recobrar con Uribe los votos de la extrema derecha que ahora tiene cautivos Abelardo, con los cuales amenaza derrotarla el próximo 31 de mayo.

Jaime Garzón, profético

Lo más tétrico de estas rencillas entre las dos candidaturas de la extrema derecha es que son provocadas por las acciones terroristas de Iván Mordisco y su banda, el Estado Mayor Central, lo que seguramente motivó a Paloma a recurrir al imaginario popular de Uribe como padre protector y salvador de la Patria con su “seguridad democrática” para ofrecerle el ministerio de defensa. Se confirma así la premonitoria reflexión de Jaime Garzón, asesinado por órdenes de Carlos Castaño, cuando afirmó que los belicistas “necesitan los muertos para justificar los actos de guerra, necesitan la guerra para justificar su política y necesitan la política para perpetuar su impunidad”. Un tétrico silogismo confirmado no solo nacionalmente sino también internacionalmente. Hoy los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad son Trump, Netanyahu y Putin. Un trío maléfico que ha hecho de la política el arte de gobernar para asegurar sus impunidades personales, así como de la guerra y el terrorismo estatal su principal estrategia en política internacional. Tal podría ser el propósito de Paloma y Abelardo al desdeñar el trabajo investigativo de la JEP y proponer su inminente desaparición, no obstante haber contribuido como ningún otro tribunal a esclarecer los horripilantes crímenes de guerra y lesa humanidad de las Farc-Ep, así como el procesamiento de sus máximos responsables. ¿Será que temen que la JEP continúe su trabajo más allá de los mandos medios y agentes rasos de la Fuerza Pública que han reconocido su responsabilidad en miles de “falsos positivos”, estimulados por la Directiva 029 de la política de “seguridad democrática”?

Un tema insoslayable en los debates presidenciales

Sin duda, este sería un tema que no se debería soslayar en los debates presidenciales, así como el cuestionamiento que ambas candidaturas de derecha formulan contra Cepeda como supuesto incondicional defensor de Iván Márquez y Jesús Santrich. Un debate crucial para esclarecer quiénes, durante su vida política y personal, incluso la de sus antepasados –el abuelo de Paloma, el presidente Guillermo León Valencia y el padre de Cepeda, el senador por la UP, Manuel Cepeda, asesinado por agentes del Estado– han tenido mayor responsabilidad en la guerra y la paz en Colombia desde hace más de medio siglo. Sin omitir en el presente el rutilante desempeño de Abelardo De La Espriella como abogado defensor de narcotraficantes y otros delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán –pirámide financiera DMG—y Alex Saab, el testaferro de confianza de Nicolás Maduro. Esas defensas penales no son precisamente las mejores credenciales para ser presidente, pero sí para perpetuar la impunidad de quienes hoy se resisten y son incapaces de asumir sus responsabilidades políticas por crímenes aún más atroces que los de los comandantes de las Farc-Ep, como las ejecuciones extrajudiciales y miles de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en cumplimiento de sus directivas y órdenes superiores. Crímenes cometidos con armas y recursos del Estado pagados con nuestros impuestos y en nombre de la “democracia”.  Crímenes mucho más graves que los cometidos por grupos ilegales, porque precisamente el Estado de Derecho y la democracia surgieron para contener la violencia y la impunidad de esas organizaciones ilegales, no para disputarles sus excesos criminales, supuestamente en defensa de la Patria y la “seguridad democrática”.

¿De cuál democracia nos hablan?

Quizá por eso en alguna ocasión la senadora Paloma Valencia, justificando los “falsos positivos”, expresó: “El Estado cometió errores y atrocidades, pero era legítimo”[i]. Desconoció así la candidata del Centro Democrático, siendo abogada, el principio fundante de la misma democracia, que jamás legítima la violencia cuando ésta sobrepasa los límites del Estado de derecho, los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario. No hay en esa respuesta nada de centro y menos de democracia. Sucede exactamente lo contrario, pues dicha violencia discrecional y sin límites de agentes del Estado deslegitima a las autoridades y el mismo Estado democrático, ya que termina violando impunemente los derechos humanos y pone en riesgo mortal a la población civil. Pero eso es algo que tiene sin cuidado a Paloma, que ya ha solicitado a Trump que de ganar la presidencia espera ser parte de su “Escudo de las Américas” y el Estado colombiano ingresaría a esa liga de “excelsos demócratas” integrada por Bukele, Milei y Kast[ii], quien incluso justifica hoy la dictadura de Pinochet como defensor de la democracia, habiéndola reducida a escombros como lo hizo con el Palacio de la Moneda y la legitimidad presidencial de Salvador Allende. Sobre esos escabrosos asuntos de nuestro pasado reciente vale la pena escuchar a todos los demás candidatos, especialmente a quienes se reclaman de centro, como Claudia López y Sergio Fajardo, para que nos cuenten cómo enfrentaron a quienes desde el Estado alentaron las nefastas cooperativas de seguridad Convivir, embriones del paramilitarismo y la “donbernabilidad”[iii] de las bandas narco-criminales en Medellín al mando de Don Berna[iv]. Porque la transparencia que tanto pregona Fajardo debe ser algo más que una consigna de campaña presidencial. Por todo ello, pero especialmente porque lo que está de nuevo en juego es nuestra vida, seguridad, libertad, propiedad y prosperidad es que debemos ver y escuchar a todos y todas las candidatas, sin ninguna exclusión, para a partir de allí deliberar y decidir el próximo 31 de mayo.

En la exclusión está el horror

Ya lo advertía Pascal refiriéndose a la búsqueda de la verdad, “en la exclusión está el error”.  Y si bien es imposible e indeseable aspirar a una sola verdad en la política, lo que si sabemos de sobra por nuestra violenta historia es que en la exclusión de actores en la deliberación política está el comienzo del horror. Así se trate en este caso, exagerando, de excluir la participación de la mayoría de candidatos en debates electorales para la presidencia de la República. Ni hablar de cuando se trata de excluir a quienes pueden definir la guerra o la paz, la justicia social o el privilegio de pocos y la igualdad de oportunidades para el goce y ejercicio de sus derechos a las mayorías, estigmatizándolos como un peligro para la democracia. Derechos sociales que se quedaron escritos en la Constitución del 91 por falta de gobernabilidad y poder constituyente para hacerlos cumplir mediante políticas sociales incluyentes, siempre mejorables. Por eso también es pertinente debatir sobre el sentido de una Constitución más nominal que real, que ni siquiera garantiza la vigencia de sus dos mandatos más importantes: la “prevalencia del interés general” sobre los intereses particulares, artículo 1 del Estado Social de Derecho y “la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, artículo 22. Para mayor ironía y claridad en esos debates, porque quienes dicen hoy defender la integridad de esa Constitución vuelven a levantar las banderas de la guerra y la prevalencia de ciertos intereses particulares en nombre de la seguridad jurídica y la salvación de la Patria. ¿Será posible incluir esos temas y todas las candidaturas en liza en los debates presidenciales o serán vetados y excluidos por miedo a una auténtica deliberación ciudadana? Si es así, cabe preguntarse de cuál democracia nos hablan y nos convocan a votar. ¿Será de la que está al servicio de las oligarquías partidistas y de los poderes de facto de la ilegalidad y la tecnocracia plutocrática que hoy manda en Colombia?, como bien lo demuestra el libro de la profesora Jenny Pearce y el profesor Juan David Velasco, recientemente publicado[v].

[i] https://www.rtvcnoticias.com/politica/el-estado-cometio-errores-y-atrocidades-pero-era-legitimo-polemico-trino-de-paloma

[ii] https://www.elclarin.cl/2026/03/30/la-memoria-como-gasto-kast-reabre-la-herida-de-colonia-dignidad/

[iii] https://storage.ideaspaz.org/documents/60ba8c9569e35.pdf

[iv] https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/don-berna/

[v] https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/blancainesduran/quien-manda-en-colombia/

narcotráfico y las equivocaciones en la política seguida. Política que debe ser acordada con los
otros actores, especialmente con Ecuador, donde también urge revisar lo hecho y dejado de hacer;
no todo se reduce a echar bala. Si no se da una estrategia conjunta y coordinada, el problema
seguirá creciendo y con ello, se agriarán aún más las relaciones entre los dos países y aumentará la
presión norteamericana, que debe participar activamente, dada su papel fundamental en todo
esto. Sin esas decisiones, no será posible establecer un frente común sólido y una política común a
partir de reconocer el papel y la responsabilidad de cada país.

Desde luego, los demás aspirantes —Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Luis Gilberto Murillo, Sondra Macollins, Gustavo Matamoros y Carlos Caicedo— han protestado con razón. Resulta contradictorio que un ejercicio que se presenta como democrático termine excluyendo voces bajo criterios arbitrarios. No hay forma de justificar que, en nombre de la democracia, se promueva un espacio abiertamente discriminatorio.

Pero más allá de esa discusión, hay una idea que se ha instalado sin suficiente cuestionamiento: que este debate es urgente y necesario para el país. Y aquí vale la pena hacer una pregunta incómoda: ¿acaso no ha habido ya suficientes debates?

Durante meses, los candidatos han participado en múltiples encuentros organizados por gremios económicos como Asobancaria, Andesco, Fenalco, Camacol, la ANDI, Anato, y Asofondos. El problema no es la falta de escenarios, sino la repetición del público: en muchos de estos eventos, cerca del 70% de los asistentes son los mismos. Es decir, los aspirantes llevan más de medio año hablándole a la misma audiencia cerrada, predecible y poco representativa del país real. Sorprende que no se hayan dado cuenta.

A esto se suman los debates promovidos por universidades en distintas regiones, donde sí existe un interés genuino de ciudadanos que quieren conocer propuestas concretas para sus territorios. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué estos espacios parecen no contar? ¿Por qué se les resta valor frente a un debate mediático que, en esencia, no aportaría nada nuevo?

La respuesta parece estar más en el espectáculo que en el contenido. Lo que se vende como un evento “imprescindible” no es más que una apuesta por el rating. Y, aun así, es poco probable que ese debate llegue a realizarse. Las condiciones que imponen algunos candidatos —como excluir a quienes están por debajo del tercer lugar en las encuestas o elegir moderadores a conveniencia para evitar preguntas incómodas— son inaceptables para cualquier medio serio que respete su independencia.

Incluso si se optara por realizarlo a través del sistema de medios públicos, como RTVC o Inravisión como se le quiere llamar ahora, habría un principio básico que no podría ignorarse: todos los candidatos deben ser invitados. Lo contrario sería un uso indebido de un espacio estatal. Si alguno decide no asistir, esa será su responsabilidad, pero la puerta debe estar abierta para todos. Sorprende que un detalle tan elemental se pase por alto.

En realidad, esta discusión parece cada vez más inútil. A estas alturas, la mayoría de los colombianos ya tiene definido su voto, y difícilmente lo cambiará por ver, una vez más, a los candidatos repitiendo discursos vacíos. Porque, seamos honestos, estos debates rara vez profundizan en propuestas de gobierno. Lo que abunda son las frases hechas, las generalidades y, por supuesto, los ataques.

El resultado es un intercambio estéril de insultos: críticas al gobierno de turno, respuestas igualmente agresivas y una dinámica que podría resumirse en la conjugación de un solo verbo: insultar. Yo te insulto, tú me insultas, él nos insulta; nosotros nos insultamos, vosotros os insultáis y ellos se insultan entre todos.