Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

No se trata de una discusión menor. Los ministros que acompañen al presidente electo serán los encargados de convertir en realidad las promesas formuladas durante la campaña. Y en el caso particular de Abelardo de la Espriella, la expectativa es aún mayor debido al anunciado plan de choque con medidas de implementación inmediata, acciones proyectadas para los primeros noventa días y resultados concretos durante los primeros meses de gobierno.

Dentro de ese equipo ministerial existe una cartera cuya importancia será determinante para el éxito o fracaso de buena parte del programa de gobierno: el Ministerio de Justicia.

Durante la campaña presidencial se prometió fortalecer la independencia judicial, garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, combatir la corrupción desde la contratación pública, reducir la impunidad y enfrentar el hacinamiento penitenciario mediante la construcción de diez megacárceles. Se trata de una agenda ambiciosa que requerirá no solo liderazgo político, sino también un profundo conocimiento del funcionamiento del Estado y de la administración de justicia.

Por esa razón, la elección del próximo ministro de Justicia no puede obedecer exclusivamente a consideraciones políticas ni a recompensas derivadas de la campaña electoral. El país necesita que esa responsabilidad recaiga sobre una persona que combine solvencia jurídica, experiencia administrativa y capacidad de interlocución con las altas cortes, la Fiscalía, el Congreso y los organismos de control.

En ese escenario han comenzado a sonar diversos nombres. Entre ellos aparecen el constitucionalista Mauricio Gaona, el penalista Iván Cancino y el exministro de Justicia Wilson Ruiz. Los tres cuentan con reconocimiento profesional y, en diferentes grados, han mantenido cercanía con el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

Iván Cancino fue, probablemente, una de las voces más visibles de respaldo durante la campaña. Participó activamente en eventos, reuniones y espacios de opinión que contribuyeron a amplificar el mensaje del entonces candidato. Wilson Ruiz, por su parte, acompañó distintos momentos del proceso político y aportó la experiencia adquirida durante su paso por el Ministerio de Justicia y por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura. Mauricio Gaona mantuvo una posición más independiente, concentrado en sus actividades académicas y editoriales, aunque intervino de manera permanente en los debates relacionados con la separación de poderes, los pesos y contrapesos y la defensa de la Constitución.

No cabe duda de que los tres reúnen condiciones jurídicas suficientes para ocupar una posición de alta responsabilidad dentro del Estado. Sin embargo, cuando se examina el desafío que enfrentará el próximo gobierno en materia de justicia, la experiencia institucional adquiere un valor particularmente relevante.

Las reformas prometidas no dependerán únicamente del conocimiento del derecho. Exigirán capacidad de gestión pública, relacionamiento con las distintas ramas del poder y comprensión de las dinámicas internas del Estado. En ese aspecto, la trayectoria de Wilson Ruiz como exministro y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura representa un diferencial significativo frente a otros perfiles.

No obstante, más allá de los nombres, el verdadero reto para el gobierno entrante consiste en construir un equipo capaz de garantizar la estabilidad institucional durante los próximos cuatro años. El Ministerio de Justicia será una pieza fundamental, pero no la única.

Abelardo de la Espriella deberá comenzar desde ahora a pensar en las futuras postulaciones a cargos estratégicos para el equilibrio de poderes. Durante el próximo cuatrienio se producirán vacantes en organismos e instituciones de enorme relevancia para el funcionamiento democrático del país, entre ellas la Corte Constitucional. Asimismo, será indispensable fortalecer las segundas líneas de gobierno mediante la designación de viceministros y altos funcionarios con la preparación suficiente para asumir responsabilidades mayores en el futuro.

En este momento conviene recordar que la grandeza de una democracia se mide tanto por la conducta de quienes asumen el triunfo como por la manera en que los demás asimilan la derrota. El escrutinio y los recursos electorales forman parte, por supuesto, de las garantías del sistema y deben ejercerse plenamente. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre acudir a las instituciones con evidencias concretas y sembrar, como estrategia política, una sospecha generalizada sobre la legitimidad de todo el proceso. Las autoridades electorales, los testigos de las campañas y las misiones nacionales e internacionales de observación acompañaron la elección y ofrecieron un parte general de tranquilidad. Sería, por tanto, gravísimo sentar el precedente de que un resultado solo se reconoce cuando favorece a un determinado sector.

Reconocer un resultado adverso no significa abandonar las convicciones ni renunciar al control político, sino aceptar que las diferencias se tramitan mediante el derecho, la oposición y el debate público. Quienes no obtuvieron el respaldo mayoritario tienen ahora el deber de ocupar un espacio esencial: el del contrapeso democrático. Este será un paso necesario para avanzar hacia la estabilidad democrática del país.

Sin embargo, la responsabilidad principal ante el país recaerá en quien gobernará durante los próximos cuatro años. El estrecho resultado electoral demuestra que, junto al país que respaldó el nuevo rumbo, existe otro, prácticamente equivalente en número de votos, que expresó una visión distinta sobre el futuro de Colombia. Reconocer su existencia, sus preocupaciones y sus expectativas será fundamental.

El nuevo presidente electo tendrá que gobernar para quienes celebran su victoria, para quienes la observan con expectativa y también para quienes votaron en su contra. Así como los derrotados deben reconocer la voluntad expresada en las urnas, el vencedor tendrá la obligación de no interpretar el resultado como un cheque en blanco, menos aún en las profundas tensiones políticas que atraviesa actualmente el país.

Esa responsabilidad se hará especialmente visible en el Congreso. La composición del Senado y la Cámara de Representantes no le otorgará automáticamente una mayoría al nuevo Gobierno. Cada reforma relevante exigirá diálogo y la construcción de acuerdos. La gobernabilidad será uno de los mayores desafíos del próximo cuatrienio y no podrá sostenerse exclusivamente en negociaciones burocráticas ni en coaliciones improvisadas en torno a cada votación.

El país necesitará, entonces, consensos programáticos y amplios sobre asuntos esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional, la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Construir esos acuerdos no significará renunciar al programa elegido por la ciudadanía, sino comprender que las transformaciones duraderas, en una sociedad pluralista y profundamente dividida, rara vez pueden imponerse desde una sola orilla.

Esa voluntad de concertación deberá estar acompañada por una administración capaz de convertir las decisiones políticas en resultados concretos. El nuevo Gobierno llega con un mensaje contundente y una oportunidad invaluable para recuperar la confianza ciudadana, restablecer el orden y devolverle a la administración pública su capacidad de ejecución. Para que esa visión trascienda el discurso y se convierta en realidad, la arquitectura gubernamental deberá sustentarse en un equipo excepcional.

La conformación del gabinete será una de sus primeras y más reveladoras decisiones. Colombia necesitará ministros y altos funcionarios con las más altas calidades académicas, técnicas, profesionales y éticas. No bastará con premiar la lealtad. El momento histórico exigirá conocimiento sectorial, experiencia administrativa, independencia de criterio, integridad comprobada y capacidad para generar resultados.

En esa arquitectura, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, podrá desempeñar un papel fundamental. Su trayectoria académica, su conocimiento de la economía y su experiencia en la administración pública pueden contribuir a traducir las prioridades políticas en decisiones técnicamente responsables. Una Presidencia impulsada por el liderazgo y la autoridad, acompañada por el rigor técnico y la capacidad gerencial, puede constituir una fórmula prometedora.

No obstante, el éxito del Gobierno no dependerá de una sola figura. Ese estándar de idoneidad deberá extenderse a todo el gabinete, a las entidades descentralizadas, a las superintendencias y a la representación diplomática. Colombia no necesita sustituir una improvisación por otra, sino construir un Estado que combine orientación política con evidencia, capacidad de ejecución con responsabilidad fiscal y autoridad con respeto por los procedimientos.

A esa exigencia de idoneidad deberá sumarse la coherencia. El presidente tendrá que ser fiel a su palabra, y la ciudadanía tendrá derecho a exigir correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y lo ejecutado desde el Gobierno. Cuando alguna propuesta deba modificarse por razones fiscales, jurídicas o institucionales, será indispensable explicarlo con transparencia.

Sobre esa base, uno de los frentes prioritarios será la recuperación de la seguridad. El país espera resultados frente al fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la extorsión y la pérdida de control territorial. Recuperar la autoridad estatal requerirá inteligencia, coordinación institucional, presencia efectiva en los territorios y una estrategia que articule seguridad, justicia y oportunidades económicas.

De manera paralela, será urgente recuperar la confianza en la economía. El nuevo Gobierno deberá generar condiciones para la inversión, proteger la estabilidad fiscal, impulsar la productividad y reconstruir una relación de confianza entre el Estado, el sector privado y los territorios. El crecimiento no podrá concebirse como una simple abstracción estadística: deberá traducirse en empleo formal, movilidad social y oportunidades reales para las regiones históricamente más rezagadas.

Tanto en materia de seguridad como en la conducción económica, el ejercicio del poder requerirá una profunda sabiduría republicana. Recuperar la autoridad no implica desconocer la crítica, debilitar el pluralismo ni ignorar que, en la orilla contraria, existen preocupaciones legítimas sobre el futuro de la nación. Gobernar con sentido de Estado supone ejercer el poder con firmeza, pero también con límites claros, respeto institucional y conciencia de la diversidad del país.

Esa misma madurez deberá reflejarse tempranamente en la política exterior. La intención manifestada por el presidente electo de sanar y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos constituye un punto de partida pragmático y necesario, dada la importancia de ese país para el comercio, la seguridad, la inversión y buena parte de la cooperación internacional de Colombia.

Al mismo tiempo, el país necesitará una política exterior profesional, diversificada y estable, capaz de defender el interés nacional, reconstruir alianzas y ampliar su presencia en otras regiones. Las relaciones internacionales no pueden seguir dependiendo de afinidades ideológicas, impulsos personales ni de controversias dirimidas en redes sociales. Para avanzar en esa dirección será indispensable reconstruir las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia no puede seguir desmantelando su servicio exterior en nombre de las ideologías de turno y crear condiciones para que los mejores talentos de las regiones puedan formarse, ingresar a la carrera diplomática y representar al país con excelencia, nivelando por lo alto y no por lo bajo el servicio exterior.

Pero la proyección internacional de Colombia no dependerá únicamente del cuidado de sus relaciones exteriores. También estará determinada por su capacidad para educar, producir conocimiento, innovar y formar el talento que las transformaciones productivas y científicas contemporáneas demandan. Por ello, la recuperación del país deberá sustentarse en una gran apuesta nacional por la educación, la ciencia y el conocimiento.

Colombia no podrá resolver sus problemas de productividad, desigualdad, violencia y debilidad institucional mientras la educación continúe tratándose como un sector aislado y no como el fundamento de su desarrollo. El nuevo Gobierno tendrá que reducir las profundas brechas entre territorios, mejorar la calidad en todos los niveles y garantizar que el origen social o el lugar de nacimiento no sigan determinando las posibilidades de cada ciudadano.

Esta apuesta exigirá dignificar la profesión docente, fortalecer las instituciones educativas y construir una formación que responda a los grandes desafíos sociales, culturales, científicos y productivos del país. Colombia necesita una educación que no solo prepare para el trabajo, sino que forme ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar en la vida democrática, convivir con la diferencia y contribuir a la transformación de sus comunidades.

En ese horizonte, la ciencia, la tecnología y la innovación deberán dejar de ocupar un lugar periférico en las decisiones del Estado. Un país que no produce conocimiento queda condenado a depender de las soluciones, tecnologías y prioridades definidas por otros. Fortalecer la investigación, respaldar el talento nacional y articular las capacidades de las universidades, las empresas, el Estado y los territorios será indispensable para diversificar la economía, enfrentar los cambios tecnológicos y construir una verdadera sociedad del conocimiento.

Todas las universidades, en el marco de un sistema mixto de educación superior revitalizado, deberán desempeñar un papel central en este propósito. Estas no son únicamente espacios de formación profesional, sino instituciones capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación, fortalecer la cultura democrática y conectar los territorios con oportunidades nacionales e internacionales. Convertirlas en aliadas estratégicas permitirá que la transformación del país no se concentre en unas pocas ciudades, sino que nazca también de las capacidades, los saberes y las aspiraciones de sus regiones.

El Gobierno electo tiene, en suma, una oportunidad excepcional para corregir el rumbo, recuperar la confianza y fortalecer el Estado. Pero recibe también un país dividido, con enormes desafíos en materia de seguridad, productividad, desigualdad, conocimiento y presencia territorial. Su éxito no dependerá únicamente de la firmeza de sus decisiones, sino de su capacidad para construir consensos, conformar un equipo de las más altas capacidades y gobernar más allá de quienes depositaron su voto en él.

En este orden de ideas, el nuevo rumbo de Colombia deberá sostenerse en la autoridad, pero también en la sensatez; en la técnica, pero también en la sensibilidad social; en la convicción, pero también en el respeto por la diferencia. Solo así será posible consolidar instituciones sólidas y resguardar ese delicado y complejo sistema que sostiene nuestra democracia.

Hernando Llano Ángel

Este aforismo del Dhammapada, sabia advertencia contra la futilidad de las guerras y la obsesión por vencer, deberíamos tenerlo en cuenta todos los colombianos mañana domingo 21 de junio, cuando elijamos presidente de la República, pero también en los resultados de nuestra Selección en el mundial de fútbol. Así lo ha expresado el mismo presidente Petro en manifestación pública en Cali: “Ningún ciudadano o ciudadana que haya defendido este Gobierno, que me haya hecho presidente, debe agredir a nadie el domingo. Nada, a nadie”, ha enfatizadodurante un acto con sus seguidores en Cali. “Lo ordeno como presidente y mandatario del mandato que es el pueblo”[i]. Un mensaje muy significativo, dirigido a sus seguidores, en la ciudad que fue el epicentro del llamado “estallido social” en el 2021, para desactivar posibles excesos y provocaciones que deriven en víctimas mortales. Un llamado que incluso deberíamos tener en cuenta en la forma como celebremos los resultados de la Selección en el mundial de fútbol. Por ahora, estamos eufóricos con la victoria de 3-1 sobre Uzbequistán, pero el martes 23 de junio podemos lamentar la derrota o el empate frente a la República Democrática del Congo y el 27 ante Portugal. De nuevo, citaré a Gabo y su Proclama “Por un País al alcance de los niños”: “Nuestra insignia es la desmesura. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil”[ii]. Por eso la única forma de conservar la serenidad y la alegría, para los próximos encuentros y después de las elecciones, es superando el jolgorio de los triunfos y la tristeza por los empates o las derrotas. Eso lo saben muy bien los jugadores de la Selección. Con mayor razón deberíamos saberlo todos los ciudadanos en la política, ese juego del poder que nos define cómo vivimos y morimos, desde la cuna hasta la tumba. Hay que repetirlo hasta la saciedad, como bien lo expresaba Albert Camus en situaciones de máxima confrontación y tensión política: “No estoy hecho para la política porque soy incapaz de desear o de aceptar la muerte del adversario”. Por eso Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tienen la máxima responsabilidad política e histórica mañana, cuando conozcamos el resultado de las elecciones. Entre otras cosas, porque las elecciones se inventaron para contar las cabezas, en lugar de cortarlas y así evitar la muerte del adversario, que en el futuro podrá de nuevo aspirar a ganar el apoyo de las mayorías. Esa es la primera y vital condición para la existencia de la democracia. Aunque entre nosotros todavía parece estar en duda.

“¡Contar cabezas en lugar de cortarlas!”

Según el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE)[iii] hasta los comicios celebrados para Congreso en este 2026 el número de víctimas mortales ya había superado la cifra de 67 colombianos, siendo el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, la víctima más lamentada y repudiada. Pero no debería ser así, pues la democracia muere con cada víctima que es asesinada por razones políticas, más allá de su afiliación partidista, su origen y posición social o su mayor o menor liderazgo público. Simplemente porque la vida de todas las personas en una democracia tiene igual valor y no tolera gradaciones de víctimas de primera o segunda categoría, así como el voto tiene igual valor para todos, independientemente de la riqueza o pobreza del elector, de su sabiduría o ignorancia. Por eso, sería no solo muy lamentable, sino realmente absurdo, inadmisible y condenable, que por la diferencia de unos cuantos votos se vaya a terminar cortando más cabezas colombianas después de conocerse los resultados este domingo. Sería la perdida total del sentido de las elecciones. Las urnas se convertirían en más tumbas y los votos de vida en sufragios luctuosos. En gran parte, ello dependerá de cómo ambos candidatos reciban los resultados del preconteo electoral, así como de la total imparcialidad y absoluta marginalidad del presidente Gustavo Petro durante dicho proceso.

Petro ante el juicio de la historia

Su intromisión no solo sería una grave violación de la Constitución, sino que negaría su condición de gobernante demócrata, como se precia de serlo y hasta ahora ha intentado demostrarlo, a pesar de su beligerancia verbal, intemperancia y críticas contra decisiones de altos tribunales, que cuestiona con frecuencia, pero siempre termina acatando y cumpliendo. Es justo reconocerlo, pues lo ha hecho sin atentar contra la autonomía e independencia de la rama judicial y menos introduciendo micrófonos y grabadoras en sus recintos, como impunemente lo ordenó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez contra la Corte Suprema de Justicia[iv] durante sus investigaciones y deliberaciones por investigaciones relacionadas con la parapolítica, que afectaron a gran parte de congresistas de su coalición de gobierno. No hay que olvidar que terminaron siendo condenados cerca de 60[v], entre ellos su primo Mario Uribe[vi] y Miguel de la Espriella[vii], familiar cercano de Abelardo. De otra parte, bien sabe el presidente Petro que no puede seguir el mal ejemplo del entonces presidente liberal Carlos Lleras Restrepo[viii], quien tuvo responsabilidad directa en la burla y el fraude electoral contra el general (R) Gustavo Rojas Pinilla y el triunfo de la ANAPO esquilmado ese 19 de abril de 1970, que a la postre dio origen al M-19 y su posterior ingreso a dicha organización como joven rebelde. No solo sería una insólita paradoja política, sino una negación de toda su fulgurante carrera como congresista opositor, alcalde de Bogotá y presidente de la República, que la historia no le perdonaría y cuyas consecuencias en el presente serían funestas. De allí que su llamado ayer en Cali a sus seguidores sea tan oportuno y valga la pena repetirlo: “Ningún ciudadano o ciudadana que haya defendido este Gobierno, que me haya hecho presidente, debe agredir a nadie el domingo. Nada, a nadie”. Por eso, deberá abstenerse de emitir opinión alguna sobre el resultado del preconteo electoral y esperar con prudencia la finalización del proceso de escrutinio, que definirá el próximo presidente de 2026-2030.

El preconteo electoral no es vinculante

De otra parte, los candidatos De la Espriella y Cepeda deberían hacer un pacto de caballeros en el sentido de no precipitarse a celebrar victoria, solo con el resultado que arroje el preconteo electoral, sobre todo si la diferencia entre ambos es de pocos votos, pues dicho preconteo no tiene fuerza vinculante y se debe esperar hasta que el escrutinio defina el ganador. Ambos deben contener la impaciencia por celebrar un triunfo prematuro. No hay lugar con el preconteo para celebrar victorias estridentes y mucho menos derrotas definitivas si las diferencias no son significativas e irreversibles entre ambos candidatos. Como en los partidos del mundial, solo cuando el árbitro da el pitazo final –en este caso cuando el escrutinio ha finalizado y la Registraduría oficialmente da un resultado– se podrá celebrar. Y como suele suceder, entonces los jugadores reconocen con serenidad el resultado, se estrechan las manos y se retiran tranquilos al camerino, esperando en el futuro una nueva oportunidad para la revancha deportiva. Un ritual que ambos candidatos deberían emular, evitando el ganador celebrar su victoria en forma estridente y menos ir a estimular a su equipo e hinchada a salir a las calles a humillar a los derrotados, pues ello derivaría en una batalla campal que arrasaría por completo el campo de juego de la democracia, poblándolo de víctimas mortales.

El triunfo de la Constitución

Para evitarlo, el candidato derrotado deberá, además de reconocer el resultado y felicitar al ganador, recordarle que por encima de ambos y de todos se encuentra la Constitución y que su triunfo no es absoluto y sin límites. Mucho menos que le confiere atribuciones para desconocer los derechos de los vencidos e imponer su voluntad y sus intereses por la fuerza y en forma arbitraria sobre los derrotados, ya sea en nombre de la Patria, del Pueblo o de las mayorías que dice representar. La democracia no tolera los abusos de poder y menos la soberbia y discrecionalidad sectaria y apasionada de un gobernante sin límites, extraviado en su megalomanía de salvador, defensor de la Patria o adalid de la Justicia Social, que amenaza con destripar a quienes se le opongan. En ese caso, instauraría una autocracia cacocrática, pues habrá robado y engañado la confianza de quienes lo eligieron creyendo en promesas y milagros irrealizables, como lo hacen los demagogos, los taumaturgos y quienes desprecian y violan la Constitución, empezando por su artículo 188 que obliga al presidente a “garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos”, pero sobre todo el artículo 1 que define a Colombia como un Estado Social de derecho y una Nación “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” y su complemento el artículo 13 que consagra  que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Solo garantizando el triunfo y la vigencia de la Constitución sobre todos y todas tendrá sentido celebrar el resultado de las elecciones, independientemente de quien sea el ganador. Por el contrario, si éste la desconoce y empieza a gobernar en forma autoritaria y arbitraria, imponiendo sus intereses y los de sus seguidores en forma violenta, a imagen y semejanza de un Trump tropical, todos habremos perdido, pues viviremos bajo una cacocracia: “un ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’)”[ix], que es lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica y se está revelando con el naufragio de MAGA en el estrecho de Ormuz.

[i] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-06-20/elecciones-colombia-2026-la-segunda-vuelta-de-las-presidenciales.html

[ii] https://diariodepaz.com/2018/10/10/por-un-pais-al-alcance-de-los-ninos/

[iii] https://www.infobae.com/colombia/2026/05/26/violencia-control-armado-y-desinformacion-marcan-la-alerta-por-riesgo-extremo-electoral-en-139-municipios/

[iv] https://www.infobae.com/america/agencias/2025/05/20/corte-suprema-ratifica-condenas-a-exaltos-cargos-del-gobierno-uribe-por-escuchas-ilegales/

[v] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[vi] https://verdadabierta.com/mario-uribe-escobar-la-caida-de-un-cacique/

[vii]https://www.elcolombiano.com/colombia/condenan-a-cinco-anos-de-carcel-al-excongresista-miguel-de-la-espriella-FD1959456

[viii] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[ix] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

Intento hacer con esta pequeña columna un listado de lo que pienso y siento por Cepeda. Lo hago sin ninguna pretensión académica; no estamos para esas letras en estos momentos. Más bien escribo para mi familia extensa, amigos y amigas, vecinos y vecinas, estudiantes que, al parecer, ven en Cepeda un rotundo peligro y, en el otro señor, la “salvación” de Colombia. No conocen al Cepeda que conozco y, si bien sé que poco puedo hacer por cambiar ese voto, al menos les dejo sentadas mis razones y motivos.

1. No es mesiánico, caudillista ni tiene delirios de salvador. No posee ese halo egocéntrico que cunde entre presidentes de derecha e izquierda y que afecta de forma ostensible el Estado de Derecho o lo que llamamos el equilibrio de poderes.

2. No es un macho alfa y, aunque aún conserva rasgos patriarcales —porque difícilmente los hombres superan esos males de la noche a la mañana, y la izquierda no es la excepción—, ha trabajado con las mujeres, las sobrevivientes de la guerra, las víctimas y la “memoria”, que también es mujer, sin avasallar y con máximo respeto. Con alguien así se podría discutir la agenda feminista y de mujeres que no da espera.

Como no es un macho alfa, siempre se pronunció contra los abusos y las crueldades de los machos de la izquierda. Valoro inmensamente cada uno de esos momentos.

3. Su línea feminista y de teoría crítica le permitirá desarrollar y proteger todo el sistema nacional, regional y local del cuidado, así como los derechos logrados desde 1991 para las mujeres, las diversidades, las disidencias sexuales, los niños y niñas, los y las jóvenes, las personas mayores y muchos otros grupos. La sensibilidad es lo suyo, no el mercado ni los negocios privados.

4. No es guerrerista. Nunca fue guerrillero; eso sí, fue una víctima de la guerra. Se vistió de historia, filosofía, sociología y derecho para caminar junto a las víctimas. Gracias a él, a ella y a otros políticos, políticas y activistas decentes, este país reconoció el conflicto, empujó el proceso de paz con las extintas FARC y firmó el Acuerdo de Paz de 2016, tan enredado por los amigos de la confrontación. Queda todo, o casi todo, por hacer.

5. Es austero. Cero ostentación, clubes, aviones privados, ropa de marca, grandes relojes o consumos excesivos. Ese señor sabrá manejar la economía de Colombia como un tesoro. Escucha a expertos y expertas y conoce las grandes soluciones y la necesidad de un pacto fiscal en el que todos debemos aportar para sacar adelante este país y superar el déficit fiscal que viene desde hace varios años.

6. No es corrupto. Es un hombre ético y sano. Tiene serios compromisos frente a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción y de fiscalías especiales anticorrupción. Ni siquiera los políticos y políticas de izquierda se salvarán de su contundente mirada.

7. Ama a los pobres, pero no la pobreza. Seguirá por la agenda social abierta y correcta del primer gobierno de izquierda en Colombia.

8. Cree en la igualdad y en las reformas sociales. Sabe que la salud amerita atención urgente, acciones inmediatas y una reforma concertada, sin despreciar el papel del sector privado. Pero también sabe que algo está mal cuando la tutela ha sido la reina de ese escenario y del estado de cosas inconstitucional del que no hemos podido levantarnos.

9. No es neoliberal, lo que no significa que odie al empresariado. Sabe que debe trabajar con los pequeños y medianos empresarios, y que los grandes empresarios e industriales deberán hacer más por la equidad.

10. Tiene el Estado social de Derecho en la cabeza. Está atento a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la reforma laboral y pensional, grandes avances sociales del primer gobierno de izquierda; a la protección del salario mínimo vital y del mundo sindical, sin abandonar, insisto, al sector empresarial ni al sector privado.

11. Como exprofesor, conoce la importancia de las universidades privadas, especialmente de aquellas que hacen bien la tarea y no abusan de la autonomía universitaria. Pero también reconoce que en la universidad pública está el proyecto de vida de millones de colombianos y colombianas sin recursos para asumir los altos costos de la educación privada. Esa gran tarea apenas está en construcción. Más educación y protección de toda la institucionalidad en clave de Estado social de Derecho.

12. No es militar, pero sabe que la seguridad integral, el orden público, la tranquilidad, la soberanía y la paz completa e integral se construyen con nuestra Fuerza Pública. Buen trato, carrera por mérito, derechos humanos, formación y más formación. Toda una geografía por proteger. Todo un Estado social de Derecho para construir en los territorios.

13. Es animalista. Andrea Padilla, Jessica Melo y otras lideresas y líderes animalistas lo han reconocido. Sabe que en materia animal debe fortalecerse la institucionalidad para la protección, el bienestar y la “dignidad” de nuestros hermanos menores, así como la puesta en práctica de toda la legislación aprobada en los últimos años y de la nueva por construir.

14. Protector de la Madre Tierra, tiene el cambio climático en la cabeza. Seguirá con la agenda ambiental, pero escuchando a los y las expertos y expertas para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de estas necesarias posiciones. Las y los liderazgos ambientales seguirán acompañando esta nueva fase del constitucionalismo de la naturaleza.

15. No tiene nacionalidad norteamericana ni ha jurado lealtad a los Estados Unidos, lo que le permitirá proteger nuestra soberanía nacional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional. La unidad de la nación será plenamente garantizada.

16. Escogió una fórmula vicepresidencial mujer e indígena. Eso habla de su respeto por las mujeres, el pluralismo y la diversidad étnica del pueblo colombiano. Tiene un enfoque descolonial poco común en la política colombiana. Sabrá defender los avances logrados durante el primer gobierno de izquierda y continuar con la agenda de los pueblos indígenas.

17. Es descentralista, pero con enfoque de equidad territorial. Sabe que el centralismo es una de las perversiones históricas del Estado colombiano y que la autonomía territorial solo ha sido posible para unos pocos territorios ricos y llenos de oportunidades. La solidaridad y la inclusión hacen parte de sus apuestas.

18. Tiene un profundo respeto por el poder judicial. Es más abogado que muchos abogados. Aprendió a utilizar el derecho para la búsqueda de la verdad y la justicia social. Ningún fallo adverso le ha generado actitudes agresivas. Esto garantiza autonomía e independencia de la Rama Judicial.

19. No es un estatizador. Conoce el modelo de economía social de mercado que prescribe la Constitución Política y sabrá moverse dentro de esas limitaciones para fortalecer lo social y lo ambiental frente a un capitalismo al que la vida y la Casa Grande muchas veces parecen importarle poco.

20. Es un buscador incansable de la paz o de las paces en Colombia. Conoce los errores de los distintos modelos y la necesidad de replantear estrategias para la reconciliación nacional.

21. Escucha y escucha. Sabrá dialogar con las diversas corrientes del feminismo en Colombia, con las diversidades, los pueblos, las colectivas y los colectivos. Un hombre con los derechos humanos en la cabeza tendrá respeto por las diferencias y buscará soluciones y consensos.

22. Ah, y conoce nuestro bloque de constitucionalidad, los tratados de derechos humanos firmados y ratificados por Colombia, así como, la importancia de pertenecer a sistemas regionales y mundiales de protección de derechos. Sabe que nuestra justicia interna prima, pero que, una vez agotadas las instancias nacionales y ante la ausencia de justicia, estos mecanismos supranacionales pueden marcar la diferencia. Eso sí, no se saltaría por nada a la justicia interna colombiana hasta no agotarla, porque sabe que nuestra soberanía está estrechamente ligada a ese diseño de 1991.

23. Finalmente, cree en el Acuerdo Nacional o pacto social. Sabe que hacer efectiva la Constitución Política de 1991, más allá de las élites que nos han dejado como uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo, exige esfuerzos de concertación y la construcción de grandes consensos (empresarios, industriales, sindicatos, mujeres, diversidades y más). Entiende que los grandes problemas de Colombia no se resuelven desde la imposición ni desde la exclusión, sino mediante el diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos.

24. Y, quizás lo más importante, es un hombre decente. En fin, no es el monstruo que les vendieron en la radio, los noticieros y las redes sociales. Este es el Iván que conozco. Con sus virtudes y limitaciones, pero también con una trayectoria pública que me permite confiar en que defenderá la Constitución de 1991, la democracia, la paz y los derechos conquistados.

Estas y muchas razones más me llevan a votar por Iván Cepeda y Aída Quilcué para el período 2026-2030.

¿Qué es la patria Milagro de la que habla el candidato de la ultraderecha? ¿algo así como la República de Gilead configurada por la gran Margareth Atwood en su novela distópica El cuento de la criada?

¿Es la patria Milagro la que deseamos que sea Colombia? Un país uniforme, sin homosexuales, sin negros (o negros, indígenas, campesinos y mujeres sólo como sirvientes) ¿es la patria Milagro un país tapizado de cemento que exiliará animales, ríos y árboles vendiéndolos a Estados Unidos? ¿es la patria Milagro un ejército que bombardea a sus paisanos mientras se persigna y dice: ¡Bendito sea Dios! ¿es la patria Milagro un país que ignora el significado del descanso y del arte? Ese nombre sacado de la mutación monstruosa de los políticos de derecha que ven en el muñeco, como lo llamó Carolina Sanín, la esperanza de no perder sus negocios mafiosos ¿es el proyecto de país que queremos?

Al “Papucho”, como se conoce también al candidato cuando fue corista del grupo vallenato de Iván Villazón, le salió la candidatura en un paquete de chitos, pero no es fortuita esa lotería, en las pasadas elecciones fue Rodolfo, hoy es este hombre absolutamente desbocado y sin alma. Dicen que el Señor del Ubérrimo muere lentamente, falso: mutó de manera monstruosa.

Pero nunca ha sido fácil ni para los pobres, ni para las mujeres, ni para los de clase media, ni para los homosexuales, ni para los indígenas, ni para los campesinos. Pienso que está bien que sea así, aunque suene masoquista, pues del estocismo queda la dignidad que sí alcanza para comer, y sobra.

A pesar de que tenemos todo en contra, veo que hasta los periodistas corporativos están asustados. Los mismos que hicieron inviable muchas de las reformas que deseaba implementar Gustavo Petro. Ojalá ese susto nos alcance para ganar en segunda vuelta, yo siempre soy muy optimista aunque la vida me ha dado razones para no serlo.

“Las mujeres no tienen idea de cuánto las odian los hombres”, escribió Germaine Greer en 1970 en “La mujer eunuco”, y se negó a disculparse. Suscribo a esta autora que nació en Melbourne en 1939, en una casa que no era especialmente cálida. No es especialmente cálido este país tampoco, pero vamos a ganar en segunda vuelta, vean la versión cinematográfica de El cuento de la criada que ahora está en Netflix y asústense porque si no nos avispamos en estos días y reflexionamos en la soledad de la urna, cuando podemos movernos sin hacer caso a la orden de estar quietos o firmes, tendremos nuestro propio Gilead en la patria Milagro y aún los que votaron al “Papucho” italiano-norteamericano, y no a la opción de país democrático que representa Iván Cepeda, NO merecen vivir en esa distopía.

Gabriel García Márquez.

Este domingo tendremos la oportunidad de resolver en las urnas esa encrucijada de destinos. Estamos frente a una elección histórica. Podemos optar por avanzar hacia la transición democrática o, por el contrario, cerrar una consolidación cacocrática. La transición democrática tuvo su punto de partida hace ya casi 35 años con la Constitución del 91 y su propósito fundamental fue detener, así fuera transitoriamente, el ascenso de la criminalidad del narcotráfico, que catalizó dicho proceso constituyente perpetrando tres magnicidios de candidatos presidenciales en línea: Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. De haber tenido la oportunidad alguno de ellos de llegar a la presidencia, hoy viviríamos en una auténtica democracia, pues todos estaban empeñados en romper ese vínculo mortal entre la política, el crimen del narcotráfico y la violencia de unas guerrillas que ya estaban extraviadas en el laberinto de las economías ilícitas. Por eso, la Constitución logró desactivar el narcoterrorismo de Pablo Escobar, es verdad, renunciando a la extradición en su artículo 35, ya derogado, pero sobre todo incorporando a la Asamblea Constituyente a representantes de grupos insurgentes desmovilizados, como el M-19, el EPL, el PRT y la guerrilla indígena Quintín Lame, que aportaron en el debate y la gestación de la Constitución actual. Una Constitución cuyo mayor mérito fue proyectar y condensar en su articulado el horizonte democrático más claro que haya tenido Colombia en toda su historia política. Ese horizonte tiene su principal sustento institucional en el Estado Social de derecho (artículo 1) que consagra sus valores y principios éticos: “la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general”. En su artículo 13, cuando establece que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” y en su artículo 22 que nos interpela a todos, diciéndonos que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Esta trilogía de artículos es la quintaesencia de la democracia, pues concibe la política como una actividad que presupone la paz como condición imprescindible para garantizar el reconocimiento de la dignidad e igualdad de todas las personas, al tiempo que valora la pluralidad de intereses, valores e identidades como la mayor riqueza en una sociedad.

Democracia Vs Cacocracia

Por eso la política democrática no es compatible con mentalidades imbuidas de prejuicios que son propios de una sociedad decadente y descompuesta donde los cacos, es decir, quienes viven de robar, desconocer y violar los derechos  de los demás, ya sea mediante la fuerza, la trampa o la astucia, imponen su ley e intereses, por lo general en forma violenta e ilegal, instaurando así la Cacocracia: “el ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’)[i]. Los rasgos predominantes en esas sociedades cacocráticas son taras culturales y políticas como el clasismo, el racismo, el machismo, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y la aporofobia, que inevitablemente reducen la política a un ejercicio de fuerza y violencia para regular la vida social a partir de la discriminación, la represión y la persecución. Incluso mediante el uso brutal y arbitrario del poder estatal para “destripar” a los opositores. El clasismo es una tara cultural de todos aquellos que tratan a las personas según sea su estrato social, con adulación y finos modales frente a la “gente de bien” y con desdén y desprecio hacia los “nadie”. El racismo, que discrimina a partir del color de piel, los acentos y valores culturales de quienes son considerados inferiores. El machismo. con su desprecio a las mujeres para subordinarlas a los intereses y deseos masculinos, desconociendo su autonomía e igualdad y que tiene en la misoginia su máxima degradación. Son típicas expresiones del machismo el acoso sexual y su procacidad genital, como símbolo de virilidad, tal como lo hizo en forma injuriosa y despreciable el candidato Abelardo de la Espriella con la periodista Laura Rodríguez[ii], quien calificó su presión para que viera en su celular una supuesta fotografía que insinuaba el tamaño de su pene no como “un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”. La homofobia, con su burla y desprecio por las personas con diversas orientaciones sexuales, a quienes consideran moralmente degeneradas y hasta enfermas, como un peligro inminente para sus familias y propias identidades.Por último, la xenofobia, exaltando un falso patrioterismo que conduce al rechazo del extranjero en proporción directa a su pobreza, que es lo característico de la aporofobia[iii]: “odio, miedo y rechazo” hacia los más pobres, a quienes llaman vagos y zarrapastrosos, salvo en época electoral cuando van tras sus votos prometiéndoles una “Patria Milagro” y su redención si votan por ellos el próximo domingo.

Álvaro Uribe Vélez, pionero de la Cacocracia

En Colombia la cacocracia tuvo su primera aparición durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, a tal punto que, en un congreso de la Federación de Cafeteros, llamó a los congresistas que lo apoyaban y estaban siendo investigados por la parapolítica[iv], dada su asociación criminal con los paramilitares de las AUC, a que votarán rápidamente sus proyectos de ley antes de ir a la cárcel[v]. Sin duda, un aporte significativo de Uribe a las formas de gobierno, al promover un híbrido entre el régimen parlamentario y el penitenciario. Híbrido que llevaría a la perfección, pero también a la cárcel, a sus ministros de Justicia, Sabas Pretelt y de Seguridad Social, Diego Palacio, pues mediante el delito de cohecho a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, más conocido como la “Yidispolítica”[vi], logró la reforma de un articulito de la Constitución para ser reelecto presidente del 2006 al 2010. Con la comisión de este delito de lesa constitucionalidad se inaugura propiamente una presidencia cacocrática, pues a pesar de la ilegalidad que hizo posible la reforma de la Constitución, su triunfo fue legitimado en las urnas por 7.39.835 colombianos en primera vuelta, frente a Carlos Gaviria Díaz, que obtuvo 2.613.157 votos como candidato del Polo Democrático.

¿Coronara Abelardo su carrera en la Casa de Nariño?

De allí que Abelardo de Espriella sea hoy  el candidato de la cacocracia, pues agita las mismas bandera de Álvaro Uribe Vélez de hace 20 años: la seguridad, la supuesta lucha contra la corrupción, la defensa de la Patria (“Primero Colombia”, en Uribe), la protección y promoción de la inversión extranjera, la explotación a ultranza de las energías fósiles, la “motosierra” del Estado al estilo Milei, la rebaja de impuestos a las grandes fortunas y, sobre todo, la apelación a la fuerza y la violencia, “firmes por la Patria”, con nuevas versiones del “Plan Colombia”, apoyo y asesoría militar de Israel, anunciando que en 90 días acabará con los grupos armados ilegales y el narcotráfico, haciendo de Colombia una “Patria Milagro”. El trasfondo de semejante programa, no es otro que la utilización irresponsable del miedo y la exaltación de un falso patrioterismo, de quien en el pasado fuera asesor de los grupos narcoparamilitares, responsables de más de 200.000 asesinatos y del control de una vasta red de estructuras criminales, como la oficina de Envigado, al mando de “Don Berna”, otrora fundador con los Castaño y Mancuso de los PEPES y luego de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)[vii]. Su patrioterismo es tan acendrado que tiene dos nacionalidades más, la italiana y la estadounidense, cuyo juramento exige una lealtad absoluta, por encima de los intereses de cualquier otra nación, lo que significa que estará incondicionalmente al servicio de MAGA. Por todo lo anterior, si llegaré a ganar las elecciones el próximo domingo, coronaría la cacocracia en la Casa de Nariño y el proceso de transición democrático iniciado hace 35 años con la Constitución del 91, encabezado hoy por Iván Cepeda, quedaría hecho trizas. Tal es la encrucijada histórica en que nos encontramos y por eso, según Gabo, “lo inverosímil es la única medida de nuestra realidad”, pues llegaría a la presidencia de la República un abogado que debe gran parte de su fortuna, pintoresca y fulgurante figura, a sus asesorías y defensas de los mayores criminales de lesa humanidad, cuyas atrocidades superan en número y crueldad las cometidas por las Farc-Ep, además de los generosos honorarios de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán y Alex Saab.

[i] https://www.fundeu.es/consulta/cacocracia/

[ii] https://co.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210CO1490G0&p=Abelardo+y+la+exhibici%C3%B3n+de+su+pene+a+la+una+periodista

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Aporofobia

[iv] https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/

[v] https://www.semana.com/enfoque/frase-de-la-semana/articulo/les-voy-pedir-todos-congresistas-mientras-no-esten-carcel-voten/82445-3/

[vi] https://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica

[vii] https://www.comisiondelaverdad.co/autodefensas-campesinas-de-cordoba-y-uraba-surgimiento-transformacion-consolidacion-y-financiacion

Introducción

Nos encontramos ante un escenario político de características inéditas. El pasado 31 de mayo el ultraderechista Abelardo De la Espriella se alzó con la mayoría de los sufragios en la jornada electoral presidencial en Colombia. Aunque, de manera casi inmediata, junto al preconteo de las urnas, múltiples signos de duda se cernieron sobre la transparencia de los resultados, lo cierto es que “salta a la vista” la presencia de una lectura de la realidad por parte de su electorado. ¿Qué es lo que se manifiesta en la persona de este showman de la política local?

Aunque la pregunta propuesta se orienta a entender los motivos por los que podría llegar a pensarse que existe un andamiaje conceptual justificatorio de la simpatía electoral, una especie de núcleo generador de cohesión o identidad entre el candidato y sus seguidores, no se pretende dar cuenta de una disección del cuerpo normativo en el que se contiene el conjunto de ideas que lleva a la valoración y consecuente validación de esta opción política, como propuesta pertinente para el conjunto de la población colombiana. Sin embargo, de esta intención no realizada sí se desprende un propósito de igual importancia. Preguntarse por las características de un determinado proyecto político permite también tratar de entender el origen y características de ese mismo proyecto, que es lo que se buscará exponer.  

Se acudirá a la figura de De la Espriella para exponer en qué modo su proceder político es la expresión de un ideario, que opera a través de manifestaciones estridentes y encuentra en la afirmación de formaciones neoliberales ultra-radicales su fundamento. Reconociendo algunas de las comprensiones que la terminología política especializada —y también la cotidiana— ha formalizado a través del concepto de “neoliberalismo” se pretende argumentar la afinidad o similitud ideológica entre el programa político del candidato y los movimientos de la “ilustración oscura o neorreacción” y “libertario”, de los que puede afirmarse constituyen una profundización agresiva y peligrosa del ideario neoliberal.

Desarrollada por pensadores y multimillonarios provenientes de disciplinas vinculadas al campo de la tecnología la neorreacción persigue, como sus ideales más mencionados, la reformulación radical de las relaciones Estado – sujetos a partir del desmonte a la democracia, una administración pública corporativista, tecnocrática y autoritaria y la afirmación del rol ciudadano a partir de la figura económica del “cliente”. Estos paradigmas operan como articuladores de las relaciones sociales, elevan los supuestos fundantes de la modernidad capitalista (acumulación, competencia, eficiencia, consumo) al plano de la cultura, para llevarlos luego al estatus de códigos morales con transferencia a la acción política.  

Algunos de los ideólogos más influyentes de la neorreacción Courtis Yarvin y Nick Land han incidido, a través de sus reflexiones, en la organización del aparataje estatal en Estados Unidos en los dos gobiernos de Donald Trump, así como en el actual proyecto presidencial de Argentina (donde el anarco-capitalismo se mezcla con algunos de los elementos de la neorreacción). El anarco-capitalismo libertario fue formulado, principalmente, por Murray Rothbard, economista norteamericano que defendía que el Estado es un monopolio represivo que viola los derechos de propiedad y la libertad individual; por eso proponía reemplazarlo por un orden social basado en la propiedad privada y los contratos voluntarios. Sostenía que la intervención del Estado (impuestos, regulación, banca central y programas redistributivos) distorsiona los mercados, reduce la prosperidad y desgasta la responsabilidad individual. En su enfoque combina la teoría económica de la escuela austríaca con una crítica radical del Estado, insistiendo en la primacía de la libertad económica y la propiedad como fundamento de la justicia social.

Aplicada a las relaciones democráticas, esta teoría puede resultar nociva para el principio del bien común, porque exalta la lógica del mercado y la competencia (privada, egoísta) por encima de la racionalidad comunitaria: en este sentido la perspectiva libertaria promueve la privatización de servicios públicos, una intervención estatal mínima, debilita mecanismos de protección social y redistribución que sostienen la justicia social. Esta desregulación tiende a concentrar recursos y poder económico en oligarquías privadas, lo que reduce la igualdad de oportunidades y la capacidad de la ciudadanía para participar en condiciones de equidad, facilita y allana el camino para la toma de decisiones determinadas por el lucro privado inmediato, lo que debilita la legitimidad de las instituciones democráticas.

Propuesta esta breve descripción, es necesario preguntarse ¿De qué manera y en qué medida el “proyecto” político de De la Espriella constituye una amalgama o intento de fusión entre algunas de las ideas del neoreaccionarismo o ilustración oscura (Yarvin, Land) y el anarcocapitalismo libertario (Rothbard)? ¿Cómo esto puede significar para el Estado y la población colombiana un riesgo de incomparables dimensiones, que afectaría de manera profunda la vida en todas sus manifestaciones y expresiones? Veamos.

1. La “soberanía” neorreaccionaria

En 2008, Curtis Yarvin escribe, bajo el pseudónimo de Mencius Moldbug , el texto: “Patchwork: A Political System for the 21st Century”. En capítulo uno, titulado: “Patchwork: A Positive Vision” propone la creación de “parches” soberanos, pequeñas jurisdicciones con las que se reemplazarían a los Estados, dado su carácter retardatario y corrupto. En la opinión de Yarvin, estos “parches” actuarían a manera de corporaciones, que competirían entre ellas, buscando cooptar la mayor cantidad de residentes, que pueden trasladarse a otra jurisdicción cuando sus demandas no sean satisfechas por un “delegado”, que cumple funciones administrativas. Señala el autor:

Para el diseño general de nuestro reino, simplifiquemos ligeramente el modelo corporativo angloamericano. Tendremos soberanía directa de los accionistas, sin junta directiva. […] Un reino Patchwork está gobernado por un Delegado, quien es el representante de los propietarios y puede ser reemplazado por la mayoría de ellos en cualquier momento y por cualquier motivo. El Delegado ejerce una autoridad soberana indivisa, como en una monarquía de derecho divino. Es decir, poder absoluto[1]. (Yarvin, 2008, p. 18).

Varios aspectos llaman la atención frente a esta comprensión. Desaparece la organización política del Estado, sustituido por una estructura monárquica, que actúa como detentora del poder delegado que sus accionistas le entregan al asumir el rol pasivo de propietarios, por el que la dimensión relacional de la política desaparece. En consecuencia, el carácter ciudadano del sujeto político es reemplazado por una condición artificial, cuya finalidad consiste incorporarse, desde una determinada función económica, al orden corporativo. Una estructura administrativa, que funciona bajo los preceptos de un régimen monárquico, tendrá potestad para establecer los procedimientos necesarios para alcanzar la eficiencia económica establecida por sus accionistas. Por tanto, la participación en la vida política ya no será necesaria, más aún, ella misma desaparecerá dada su reducción a la imposición permanente de la voluntad de las mayorías. La aparente secuencialidad de este modo de ordenamiento abandona sus visos de claridad cuando nos preguntamos por el modo en que aquellas multitudes mayoritarias trasladarían su voluntad al poder del Delegado, quien la ejercería como dominio. El presunto equilibrio entre la voluntad de los accionistas mayoritarios y la del Delegado monarca terminaría por desaparecer, dadas las posibilidades absolutas con las que el administrador contaría para establecer lo justo o lo injusto, obligando a todos los integrantes de la corporación a una subordinación permanente. Recordamos aquí lo señalado por Hobbes, en su texto Leviatán:

El dominio adquirido por conquista o por victoria en la guerra es el que algunos autores llaman DESPÓTICO, […] éste es el dominio que el amo tiene sobre su siervo. […] Mientras permanezca vivo y la libertad de su cuerpo se lo permita, el vencedor podrá disponer de él como le plazca. (2018, p. 269)

¿De qué manera puede esta inclinación a la dominación, ejecutada a través de la desaparición del Estado, apreciarse en el “plan de gobierno” de De la Espriella? En sus dos primeras propuestas se lee claramente: “Convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional. Levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República[2]”. El sentido de lo afirmado es evidente. Se pretende hacer, del momento electoral de la democracia representativa, el contenido que define la validez moral de las acciones adelantadas por el Delegado. Aunque dentro del sistema constitucional y democrático colombiano, la figura del presidente aparece como “símbolo de la unidad nacional” (art, 188), de lo expresado en el texto e intervenciones públicas del aspirante presidencial se colige todo lo contrario: la inclinación a creer en la superioridad moral de grupos elegidos o predestinados, afirmándolos como investidos de sabiduría divina absoluta, cuenta en la historia con múltiples y catastróficas manifestaciones, que en la práctica política terminan por desaparecer la democracia, a través del rechazo violento al distinto.

2. “Ilustración criolla fascista”.

En 2012 escribe Nick Land:

Si nunca fuese necesario adaptarse fundamentalmente a la realidad, entonces el fascismo se alzaría como baluarte de la verdad[3]. […] El facismo […] como todo el mundo lo sabe, hace que los trenes lleguen a tiempo. Representa la subordinación práctica de la realidad a la voluntad concentrada. […] Acabar con el fascismo es acabar con el deseo por el fascismo, consistente en acabar con la propia voluntad democrática o “popular”; y solo una economía realmente liberada, que se ha desencadenado a sí misma […] puede emprender tal empresa. (pp. 269- 270)

Desde su surgimiento y constitución como práctica política, el fascismo ha adoptado distintos nombres y expresiones, llegando al grado de convertirse en una práctica casi imperceptible, y en una afirmación que en no pocas oportunidades ha sido reducida al rango de mera retórica o extranjerismo trivial carente de sentido. En la actualidad no es un término que de amplio reconocimiento por parte de población nacional debido, entre otros factores, al ambiente generalizado de violencia estructural al que el país se ha enfrentado a lo largo de décadas. Aunque en términos generales sea posible señalar lo anterior, los componentes estructurantes del fascismo (y también del nazismo xenófobo, racializado) logran verse cuando se acude al análisis de las formas con las que las manifestaciones violentas han transitado por el espectro de la política nacional. En una definición de las manifestaciones fascistas el filósofo colombiano Damián Pachón expresa:

El fascismo se alimenta de la angustia, la inseguridad vital, la desesperanza y se moviliza siempre contra un “gran Otro”, un culpable, un chivo expiatorio. El fascismo siempre fabrica un culpable, al cual hace responsable de todos los males y las desgracias de la sociedad. Por eso, el fascismo pone a una parte de la sociedad contra otra, ya sean minorías judías, comunistas o inmigrantes. Por eso, las armas del fascismo son el odio, el rencor y el miedo[4]. (2026)

En el contexto latinoamericano el fascismo se ha combinado con la figura del colonialismo interno; la misma historia colombiana da cuenta de ello. El sociólogo Pablo González Casanova define, como característica de este fenómeno, su correspondencia con una “estructura interna de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos” (2017, p. 137). La correlación entre las comprensiones de González y de Pachón resulta pertinente para el asunto en cuestión. El fascismo, concebido, desarrollado y propagado durante décadas en nuestro país se ha posicionado haciendo uso de prácticas de dominación y exclusión del Otro, señalamiento y polarización. Desde aquí, es necesario criticar la posición de Land frente del fascismo. En su opinión, el autoritarismo surge para corregir los desórdenes ocasionados por las composiciones sociales democráticas, que afectan los distintos campos de la actividad humana; de aquí que resulte necesaria la hiperconcentración de la voluntad general en las finalidades corporativas. La supuesta superación de esta condición aparecería con la implementación de una reconfiguración económica, que elimine la pulsión o el deseo hacia el autoritarismo; empero, ya que esto no podría suceder a través de las vías democráticas (que se pretenden superar), la “economía liberada” no puede obtener su impulso de otra fuente distinta a la del autoritarismo fascista. ¿Es posible encontrar esta interpretación en alguna de las afirmaciones de De la Espriella?

En una entrevista reciente afirmó: “Hay más de 700.000 cargos y contratos de prestación de servicios que le sobran al Estado […] Hay que reducir el Estado y eso implica ministerios, pasar de 19 a 10[5]”. El ideario de la “desaparición del Estado en nombre del Estado” ha sido uno de los grandes sueños del proyecto neoliberal. El sofisma podría seducir a quienes se sientan tentados a confiar sus esperanzas de desarrollo y crecimiento a la ‘pureza’ de las intenciones privatizadoras (no privadas, lo que es analógicamente distinto). Desde la última década del siglo pasado (y con tan solo un “inicial” cambio de rumbo durante los últimos cuatro años) el paradigma de la eficacia capitalista ha sido el estandarte de la administración pública en Colombia; para profundizar su realización De la Espriella pretende hacer de la reducción de las funciones estatales el medio por el que se afirma “lo individual”, como mecanismo para la reconfiguración de las libertades propuestas por el mercado.

Conclusión: El engaño libertario

Una de las primeras “voces de apoyo” recibidas por parte de De la Espriella fue la del mandatario argentino Javier Milei. El líder del movimiento La libertad avanza, fiel seguidor de las doctrinas del economista estadounidense Murray Rothbard, se alzó con la presidencia de su país en gran medida gracias a las promesas que aquí se han esbozado, junto a otras, como la que se expresa en la desregulación completa de las relaciones económicas. Muy pronto, cuando Milei comenzó con la implementación de las políticas públicas prometidas, se hicieron evidentes las falencias y vicios estructurales del proyecto libertario, que pretende transmutar todo bien y derecho común, al interpretarlo bajo las lógicas del “derecho de propiedad” Lockeano: «Cuando los derechos humanos no pueden traducirse en términos de derechos de propiedad, se tornan vagos e incluso contradictorios y empujan a los liberales a debilitarlos y situarlos del lado del “interés público” o del “bien común”» (Rothbard, 1995, p. 166).

La consecuencia directa de extrapolar esta orientación económica a todos los campos la actividad humana, dentro del Estado, fue clara: hiperinflación, recortes fiscales, precarización y cierre de servicios públicos esenciales, inseguridad alimentaria, depredación ambiental, desempleo, pérdida de soberanía, entre otros tantos problemas sociales. En palabras del recordado filósofo Franz Hinkelammert, estas repercusiones aparecen como efectos de la falacia que considera como real el “fetiche ideológico” del mercado como “institución perfecta” o “mercado total”. En palabras del pensador:

La ley del mercado es declarada así ley absoluta y el mercado es ahora transformado en mercado total. […] Toda acción humana, si es posible, tiene que ser privatizada, para que esté también penetrada por este laissez faire total. Lo que aparece es un llamado al totalitarismo del mercado. (2018, p.157)

A la luz de los argumentos presentados, el análisis detallado de lo propuesto por De la Espriella permite aclarar las dudas e inconsistencias que surgen, cuando se entiende que el deterioro democrático e institucional proyectado pasa por debilitar o desaparecer todos los derechos sociales y garantías administrativas que no se traduzcan en propiedad privada. La decisión popular de encaminar el fortalecimiento democrático, auténticamente participativo, no puede conducir a lugar distinto que el de la adopción de formas de vida que entiendan el vivir bien como vivir bien en común.   

Referencias

De La Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 2026–2030.

De la Espriella, A (2026). Entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

González, C. (2017). Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina. Akal

Hinkelammert, F. (2018). Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo. Akal

Hobbes, T. (1989). Leviatán. Alianza Editorial

Land, N. (2012). La ilustración oscura. [Y otros ensayos sobre la Neorreacción]. Materia-oscura Editorial

Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026

Yarvin, C. [Mencius Moldbug]. (2017). Patchwork: A political system for the 21st century. Unqualified Reservations.

[1] Texto original en inglés.

[2] Disponible en: https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf

[3] Cursiva fuera del texto original.

[4] Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026.

[5] De la Espriella, entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo de 2026. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

El Estado social de derecho nuestro era un intento de construir un Estado de bienestar, al estilo de las democracias europeas o de las socialdemocracias. Ese era el anhelo y algo se logró en estos años, primero, por medio de la Corte constitucional en los 90s y sus decisiones revolucionarias sobre los derechos; después, por algunos gobiernos que entendieron que el papel del Estado no era pasivo, sino que debía intervenir en la economía y en la sociedad para corregir las desigualdades sociales buscando así la equidad y la justicia. El fundamento de ese modelo de Estado lo expresó la Corte en la sentencia C-1064 de 2001. Allí dijo la alta corte: “el ser humano no es realmente libre e igual debido a limitaciones naturales y sociales dentro de las cuales sobresalen las económicas. Es por ello que se acepta que, en muchos casos, la libertad y la igualdad requieren para su realización de medidas, acciones, prestaciones, servicios, que la persona, por sí misma, no puede asegurar. El Estado de Derecho evolucionó así, de un Estado liberal democrático a uno social, también democrático, animado por el propósito de que los presupuestos materiales de la libertad y la igualdad para todos estén efectivamente asegurados”. C-1064/2001.

Pues bien, en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella el soñado Estado social de derecho será eso, un sueño. La filosofía de su programa de gobierno, el de las tres páginas, más algunas de sus declaraciones en prensa y en medios públicos, apunta a que el tipo de Estado por el que propende, el tipo de Estado que defiende es de otra naturaleza. No es un Estado social de derecho, sino un Estado mínimo, autoritario, policivo, securitista y al servicio del gran capital. Me explico.

1º. Será un Estado mínimo porque en su programa habla explícitamente de reducir el Estado en un 25%. En otras declaraciones ha dicho que el recorte del Estado será del 40%, y que el objetivo es eliminar, privatizar, fusionar muchas instituciones, por ejemplo, reducir los ministerios de 19 a 10. El argumento es que hay mucha burocracia y que el Estado es ineficiente. Este recorte, de suyo, generará miles de desempleados y aumentará la cifra de desempleo en el país. Tampoco es creíble ni viable la idea de que esos trabajadores puedan ser reubicados en el sector privado, pues este no cuenta con las capacidades de absorción. Si además se desmontan programas sociales, la situación de los menos favorecidos será peor, pues se habla de intervenir el ICBF, El programa de alimentación escolar PAE, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otras. Intervenir estas tres instituciones deja desprotegida a los niños, aumenta el hambre escolar y encarece el acceso a la vivienda.

2º. En segundo lugar, y esto es, a mi juicio, lo más preocupante del programa de la derecha, es que se trata de un Estado autoritario. Esto es muy claro. El candidato habla en términos del Bien y del Mal, de un país enfermo que hay que sanar, de un país corrompido que hay que purificar. Habla en nombre de Dios, de la fe, de la iglesia, de la familia. Este es un lenguaje inmunitario donde el otro aparece como un peligro, como alguien que debe eliminarse, pues es una especie de virus que enferma al “cuerpo social”. El lenguaje que habla de enfermedad, sanación, es un lenguaje biológico, del organicismo, que apunta a que hay que proteger la comunidad de otro amenazante. Era el mismo lenguaje de la “re-generación” (término biológico) del autoritarismo de Caro y de la constitución de 1886. Esos Otros estarían representados en la izquierda “comunista”, “los marxistas” y en todo aquél que se oponga a su visión de país, y a sus personales convicciones como cuando, bajo sus propios términos, distingue entre “periodista” y “activista”. El “País milagro” es otra entelequia para captar votos entre evangélicos o cristianos fanáticos. Y todo fanatismo (político o religioso) solo expresa el fondo bestial del entusiasmo, un fondo bestial que en este país es demasiado fácil activar con el peligro del porte de armas.

3º. Pero el Estado mínimo y autoritario tiene otras señales en su corto programa: [a]la construcción de megacárceles es una de ellas. Esta idea, copiada o plagiada de Bukele, es la antesala. Si el gobierno va a iniciar una cruzada contra el Mal (y todos aquellos que lo encarnan) primero hay que construir los lugares de reclusión y encerramiento. El Gulag o campo de concentración debe estar preparado previamente para aislar de la sociedad todo aquello que la amenaza. Pero los signos o señales no paran ahí. [b] En el programa dice: “Elevar a rango constitucional la prohibición de la ‘combinación de todas las formas de lucha’ como estrategia de poder político”. Esto es peligrosísimo. Sabemos que la expresión “combinación de todas las formas de lucha” fue usada por las guerrillas para justificar el uso de todos los medios posibles para lograr el fin de “la toma del poder” y de la “transformación de la sociedad”. Eso es ampliamente sabido. Sin embargo, en el contexto de un posible gobierno de De la Espriella que no ha dejado de enviar señales de autoritarismo, como el ataque a periodistas con su respectiva intimidación judicial, el uso de la famosa expresión entra en terreno resbaloso. La expresión misma se torna demasiado amplia, abstracta e interpretable por vía extensiva a cualquier tipo de acción. Puede equivaler a prohibir “con rango constitucional” la protesta social misma. Además, dentro de la expresión “todas las formas de lucha” cabe desde una marcha, una protesta, un cierre vial, una obstrucción del espacio público hasta una columna, una conferencia o un escrito, pues estas últimas también son formas de lucha ideológica. Si la persecución a los herejes que atentan contra la “patria” o el “país milagro” se generaliza, terminaremos en la mazmorra todos aquellos que pensemos diferente o que salgamos a defender la educación pública (que aparece una vez en su programa y con tintes privatizadores) o nos opongamos al fracking en los páramos.

Pero las señales siguen. [c] En el programa aparece esta idea: “Seguridad en el barrio: Bloque de Búsqueda contra la extorsión, y Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas”. Es loable la preocupación por la seguridad barrial. De hecho, la policía ya tiene programas como la seguridad por cuadrantes, sin embargo, una especie de fuerza pública o ejército paralelo formado por “reservistas o veteranos” suena funesta. Estas personas, ¿serán funcionarios públicos? ¿No es ese sector de veteranos uno de los más agresivos y fanáticos militantes, fervorosos del orden y defensores de la pureza moral de la patria? Y para culminar, la cereza del pastel. [d] En un artículo en El Tiempo publicado el día 3 de junio, titulado: “Los puntos claves del plan de gobierno de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta: Plan Colombia II, reducción del Estado y 7 megacárceles”.

En este artículo se habla de “seguridad jurídica total a la Fuerza Pública: “Prioridad absoluta a la Fuerza Pública sobre los narcoterroristas en el DIH”. Esto significa, palabras más, palabras menos, que habrá una especie de blindaje jurídico para la fuerza pública, lo que equivale a protegerla ante el sistema judicial por posible extralimitación de sus funciones; significa desarmas a la ciudadanía ante el abuso policial y otros excesos. La violación de Derechos humanos por parte de militares o policias, como en los gobiernos de Uribe Vélez y Turbay Ayala, se puede volver pan de cada día. En aras de no igualar a la fuerza pública con los grupos ilegales, se termina desprotegiendo a los ciudadanos y dándole una especie de carta blanca a la fuerza pública para el abuso.

En ese mismo artículo se habla de  [e] revisar la pertenencia de Colombia a organismos como la “ONU, la OEA y la CIDH”. Pues bien, en el contexto explicado esto quiere decir que el Estado autoritario, mínimo, represivo, no podría ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) por la violación de derechos por parte del Estado colombiano y sus fuerzas represivas, o por otros motivos. Esa jugada la hicieron ya, curiosamente, los gobiernos autoritarios de izquierda de la región. En ese momento la derecha salió a criticar, pero ahora copian (como muchas otras cosas) esa estrategia.

La verdad es preocupante el tinte autoritario del proyecto abelardista. La ciudadanía debería de estar atenta en vez de emborracharse con expresiones patrioteras y vacías como “El tigre” o “Firmes por la patria”. La proclividad a la dictadura del proyecto de ultraderecha la han puesto de presente personas (escritores, constitucionalistas, académicos, políticos) como Abad Faciolince, Rodrigo Uprimny, Ramiro y Ana Bejarano, Humberto de la Calle, Gonzalo Sánchez, Claudia López, entre muchos otros. Ese autoritarismo es propio de la ultraderecha internacional a la cual se encuentra adscrito De la Espriella: el sionismo de Netanyahu, Vox en España, Bukele en Salvador, Milei en Argentina y Donald Trump. En Estados Unidos, lo sabemos bien, Trump caza migrantes, interfiere en las universidades, censura e insulta periodistas, viola la división de poderes, gobierna por decreto, gobierna para los millonarios, persigue a los opositores, etc. Abelardo haría muchas de estas cosas aquí, eso está anunciado.

Preocupa sobremanera que el país se convierta en una colonia trumpista, en un país lacayo sometido a los intereses gringos; y que dada su calidad de “ciudadano americano republicano” de Colombia, en una eventual presidencia, actué más a favor de intereses extranjeros que a favor de los propios; o que pida intervenciones frecuentemente. En ese caso, la soberanía estaría seriamente comprometida. Igualmente, preocupa el ingreso al país del sionismo que masacra y comete genocidio en Gaza y en el Líbano.

Por último, sin duda, el modelo de Estado que prefigura la ultraderecha es un Estado al servicio del capital: el tema de la desregulación, las exenciones a empresarios, la reducción de impuestos a los más ricos; los anuncios sobre la “revisión” de las superintendencias y sus facultades de control y vigilancia; las declaraciones (muy confusas y contradictorias) sobre el futuro de las licencias ambientales, de la Agencia Nacional de Tierras,  de la consulta previa a comunidades, etc., apunta ineludiblemente a que estas instituciones son consideradas obstáculos para el crecimiento Económico y por ello deben intervenirse o suprimirse. Todo quedará sometido a la lógica del mercado, la acumulación de la ganancia y la especulación financiera. Este es, en verdad, un Estado policial al servicio del neoliberalismo.

Es un modelo donde los organismos de control son obstáculo; es la antípoda del Estado social de derecho que contempla la constitución de 1991. En ese sentido, el programa político no defiende la constitución, defiende el mercado y los intereses de los sectores más ricos de la sociedad. Se configuraría un Estado oligárquico autoritario donde lo “social” y lo “democrático” serían tan solo un espejismo o una cosa del pasado.  En un escenario represivo, defender el Estado social y democrático de derecho equivaldría a levantar las banderas del comunismo y a convertirse inmediatamente en un subversivo al que hay que combatir.  

Mi abuela solía contarme historias sobre la violencia entre “godos” y “cachiporros”. Más tarde, la literatura me retrató aquella tragedia nacional; basta recordar la obra Cóndores no entierran todos los días, donde Gustavo Álvarez Gardeazábal describe a “los pájaros” y a las guerrillas liberales como protagonistas de una época marcada por el odio político. Décadas después, el país volvió a dividirse entre guerrillas y paramilitares, prolongando un ciclo de violencia que parece no tener fin.

Todo ello demuestra que Colombia arrastra una herida que nunca ha terminado de sanar. Por el contrario, cada generación parece encontrar nuevas formas de reabrirla.

Por eso resulta tan preocupante que el debate presidencial se pretenda resumir en una confrontación entre “paras” y “guerrilleros”. No solo porque se estigmatiza a ciudadanos inocentes al asociarlos con organizaciones armadas ilegales que tanto daño causaron al país, sino porque se alimenta una lógica de confrontación que impide discutir los verdaderos problemas nacionales.

Después del 21 de junio, independientemente de quién resulte elegido presidente, Colombia seguirá existiendo. Los ciudadanos tendrán que convivir, trabajar juntos y construir futuro. Ningún proceso democrático puede sostenerse si una parte de la sociedad considera que la otra es, por definición, enemiga.

En este contexto, vale la pena detenerse en una afirmación reciente del actual ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien durante un debate de control político manifestó que había sido guerrillero “a mucho honor”. Más allá de la discusión política coyuntural, la frase invita a una reflexión de fondo: ¿cuál es el honor que puede derivarse de haber pertenecido a una organización armada que se levantó contra el Estado, desconoció la ley y contribuyó a prolongar la violencia en Colombia?

La pregunta adquiere aún mayor relevancia si invertimos los papeles. ¿Qué habría ocurrido si una declaración similar hubiera sido pronunciada por un exparamilitar? ¿La reacción pública habría sido la misma? ¿Habría existido igual tolerancia frente a semejante afirmación?.

Y es precisamente aquí donde quiero responder la pregunta que da título a esta columna: no, no es mejor ser guerrillero que paramilitar, como tampoco es mejor ser paramilitar que guerrillero. Ambos representan expresiones de la ilegalidad, de la violencia y del desconocimiento de las reglas que sostienen la convivencia democrática.

Reducir la discusión presidencial a una disputa entre estos dos referentes no solo es un error político, sino también una renuncia intelectual. Ninguno de los dos caminos ofrece una respuesta a los desafíos que enfrenta Colombia. Más grave aún, ninguno puede convertirse en referente moral para una nación que aspira a fortalecer sus instituciones y consolidar la paz.

Sin embargo, considero que el problema de fondo es aún más profundo que la crisis de la salud, la inseguridad, la polarización, la situación económica o cualquier otra dificultad que hoy ocupe los titulares. El verdadero problema es que como sociedad hemos comenzado a perder la capacidad de distinguir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto.

Cada vez con mayor frecuencia confundimos la justificación con la legitimidad, la simpatía política con la razón y la conveniencia con los principios. Hemos llegado al punto de relativizar conductas que antes resultaban evidentemente reprochables, dependiendo de quién las cometa o de la causa que diga defender.

Por eso este debate no puede limitarse al plano jurídico. Debe abordarse también desde la ética, la moral y la deontología. Necesitamos volver a preguntarnos qué conductas son aceptables y cuáles no; qué valores queremos promover como sociedad y cuáles debemos rechazar sin ambigüedades.

Colombia no avanzará mientras siga confundiendo el bien con el mal, lo correcto con lo incorrecto o lo legítimo con lo conveniente. No podemos permitir que lo indebido termine desplazando lo debido, ni que el mérito sea equiparado con la ausencia de esfuerzo, ni que la legalidad sea vista como un obstáculo y no como una garantía.

Las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto deben reconstruirse y fortalecerse. Solo así podremos recuperar la confianza en nuestras instituciones, elevar la calidad del debate público y construir una nación capaz de mirar hacia adelante sin renunciar a los principios que hacen posible la convivencia democrática.