La participación ciudadana llegaba entonces hasta la elección de concejales, que debían buscar acuerdos, muchas veces viciados, con alcaldes nombrados por los gobernadores, a su vez escogidos por el presidente de la república. Cada alcalde, de libre nombramiento y remoción, se dedicaba en medio de la incertidumbre de la duración de su mandato a improvisar acciones, y en batalla política desordenada trataba de hacer las cosas lo mejor que pudiera. Los ciudadanos observaban y, cuando más, se dedicaban a la intriga, directamente o a través de agentes políticos, para tramitar sus aspiraciones. 

La elección popular de alcaldes abrió las compuertas de la democracia en ese escenario de la vida cotidiana que es donde cada habitante del territorio se ubica respecto del Estado. Allí donde su voluntad se puede ver reflejada en decisiones concretas que tienen consecuencias inmediatas en materia de obras y servicios. Allí donde se ha de ejercer control directo sobre gobernantes que deben proponer y cumplir proyectos específicos de manejo de los asuntos locales en busca del bienestar de la comunidad. 

Cinco años más tarde, la Constitución de 1991 mantuvo esa conquista democrática y consagró además al municipio como la unidad fundamental de la organización política y territorial del Estado. Como tenemos un territorio enorme y además alojamos una geografía variada como ninguna, portadora de diversidad cultural incomparable, el asunto del manejo territorial ha sido preocupación constante en todas las épocas de nuestra trayectoria, desde antes de la disolución de la Gran Colombia. 

Las variaciones del reparto territorial, que se advierten en los mapas desde la primera fundación del Estado colombiano, reflejan el interés permanente por conciliar la extensión y variedad del territorio con las necesidades de su gobierno. De manera que allí se puede advertir una larga secuencia de altibajos, aciertos y equivocaciones, que demuestra a la vez la importancia de la materia y su condición de tarea inconclusa.  

Los Constituyentes de 1991, al ocuparse de la división institucional del territorio, establecieron cuatro tipos de entidades territoriales que son: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Conocedores de la conveniencia de agrupar algunas de esas entidades para mejorar la planeación, el ordenamiento territorial, la protección del ambiente, el uso de los recursos y la prestación de servicios, abrieron la posibilidad de que, sin necesidad de reforma constitucional, pudiesen existir regiones y provincias. 

La región, como entidad territorial, comprendería los espacios de varios departamentos. La provincia comprendería varios municipios o territorios indígenas al interior de un departamento. En ambos casos, las reglas para la creación y funcionamiento de las nuevas entidades territoriales serían establecidas por la ley. 

Para desatar ese proceso se dedicó un artículo, el 306, a propiciar un paso inicial con la constitución de “regiones administrativas y de planeación” (RAP) con personería, para el desarrollo económico y social del respectivo territorio. No serían todavía entidades territoriales, pero constituirían una instancia previa para llegar a serlo, cuando se expidiese la ley orgánica correspondiente, y luego, en cada caso, la ley de creación de la respectiva región. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial definió las competencias de las RAP, y una ley de 2019, la 1962, vino a establecer las pautas administrativas y financieras que faciliten su transición hacia entidades territoriales. Todo estaría listo para dar ese paso.

En cuanto a las provincias, la Constitución no estableció un precepto equivalente al del Artículo 306, sino que dejó todo el tema a lo que prescribiere la ley. De manera que no se ha expedido una “Ley de Provincias”, equivalente a la de regiones de 2019.

Los avances en esta materia son menores y han tomado un camino diferente. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 1454 de 2011, que tardó veinte años en ser expedida, abordó el tema de las provincias, pero lo incluyó dentro de un concepto amplio, denominado Esquemas de Asociación Territorial, con la idea de promover procesos asociativos entre entidades territoriales mediante alianzas estratégicas en favor de un desarrollo autónomo y sostenible. Dichos esquemas incluirían regiones administrativas y de planificación, regiones de planeación y gestión, asociaciones de departamentos, áreas metropolitanas, asociaciones de distritos especiales, “provincias administrativas y de planificación”, y asociaciones de municipios.

Fue esta la primera mención legal a las provincias, tema al que dedicó un artículo en el que repite la definición constitucional sobre las provincias y señala como objeto de ellas, todavía no entidades territoriales, el de coordinar la prestación de servicios, la ejecución de obras, y proyectos de desarrollo y gestión ambiental. Con la advertencia de que su financiamiento no genera cargos al presupuesto general de la nación, al sistema general de participaciones, ni al Sistema General de Regalías. 

Son numerosos los municipios del país que, al interior de uno u otro departamento, han decidido aprovechar los Esquemas de Asociación Territorial, en algunos casos bajo la denominación de “provincias administrativas y de planeación”. A pesar de todos esos avances, queda pendiente una discusión que aborde la manera en la que se ha de desarrollar la previsión constitucional de que haya provincias que sean de verdad entidades territoriales, objeto de descentralización, esto es de transferencia efectiva de poder político y autonomía fiscal y administrativa. 

Si se quiere fortalecer institucionalmente a la provincia, para que no dependa de la voluntad paternalista o del desprecio de uno u otro gobierno, es necesario producir una “ley de provincias”, que no es otra que ese estatuto básico que ordena el Artículo 321 de la Constitución Política.

El tema, por supuesto, es difícil y dispendioso de abordar. Pero no por ello se debe rehuir el diseño de un modelo adecuado de provincia como entidad territorial integrada por diferentes municipios, con sus complejidades y su riqueza urbano – rural, o territorios indígenas. El modelo ha de servir para dotar de recursos y adecuada dosis de autonomía administrativa y fiscal a pequeñas zonas del territorio que tengan características y necesidades comunes, como las de catastro y ordenamiento territorial.  

Será indispensable que esas nuevas entidades territoriales se integren adecuadamente al conjunto de nuestra organización territorial y que funcionen de manera armónica con municipios y departamentos. Su organización deberá ser sencilla y las exigencias de profesionalismo de sus contados funcionarios tendrán que ser elevadas. Podría haber un consejo provincial integrado por alcaldes ya elegidos y un gerente encargado de coordinar la ejecución de las decisiones que se tomen. El control de sus actividades ha de ser refinado para que no se conviertan en nuevos nidos de burocracia, corrupción y politiquería, sino en gestoras de un desarrollo sostenible, con participación ciudadana. 

En las campañas en busca del poder legislativo o ejecutivo no figuran temas como este, de vital importancia para el desarrollo democrático del país y la profundización de una descentralización del poder que nos libere del modelo clientelista de la vida política. Por lo cual sigue pendiente la deuda de introducir esos temas en la discusión política, y evitar que quede como letra muerta una más de tantas prescripciones constitucionales que, si se desarrollaran adecuadamente, darían como resultado la configuración de un país con una democracia cada vez más consolidada y profunda. 

El avance en el ordenamiento territorial, la coordinación de los procesos de desarrollo y protección ambiental, e inclusive la atención de necesidades como las derivadas de la reconstrucción de regiones enteras del territorio cuando se presentan catástrofes, encontrarían en la provincia, como entidad territorial, el complemento de la fuerza que proviene de la identidad colectiva de municipios vecinos, que ya en otras épocas de la vida nacional fortalecieron sentimientos de pertenencia y comunidad de propósitos de muchas generaciones. 

El pasado 6 de agosto, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá, el CNMH presentó su rendición pública de cuentas. La frase que resumió estos cuatro años fue sencilla: “El territorio habla, el centro escucha”. Me parece una buena manera de entender no solamente lo que hizo la institución, sino también lo que debería significar una política pública de memoria en Colombia: que el Estado no llegue siempre a explicarles a las comunidades lo que pasó, sino que sea capaz de sentarse a escucharlas.

Y escuchar en Colombia no es un verbo menor. Durante décadas, demasiadas personas tuvieron que gritar para que alguien reconociera que habían sido víctimas. Otras aprendieron a guardar silencio porque hablar podía costarles la vida. Hay comunidades enteras cuya historia quedó por fuera de los grandes relatos nacionales. Hay archivos que estuvieron a punto de desaparecer, testimonios que permanecieron en la memoria familiar y lugares donde todavía una placa, una fotografía o un nombre son la única forma de decir: aquí ocurrió algo y nosotros seguimos aquí.

Por eso, detrás de las cifras presentadas por el Centro hay una historia mucho más grande. El CNMH logró tener presencia en 30 de los 32 departamentos, acompañar procesos en 356 municipios y trabajar con organizaciones de víctimas dentro y fuera del país. Son números importantes, pero no son la historia completa. La verdadera pregunta es qué significa que una institución nacional haya podido volver a esos territorios y, sobre todo, qué significa que las comunidades hayan decidido abrirle nuevamente la puerta.

Porque la memoria no se decreta desde Bogotá.

Se construye en una plaza, en una escuela, en una biblioteca, en una vereda, en una conversación familiar. Se construye cuando una mujer decide contar por primera vez lo que le ocurrió a su hijo. Cuando una comunidad rescata un documento que llevaba años guardado. Cuando un joven pregunta por qué en su municipio existe un monumento que nadie le ha explicado. Cuando alguien descubre que la historia que le contaron durante toda su vida tenía silencios, ausencias y responsabilidades que nunca fueron nombradas.

Eso explica buena parte del sentido de las caravanas por la memoria realizadas en regiones como el Oriente antioqueño, Montes de María, el Canal del Dique, Caquetá, el Eje Cafetero y Cundinamarca. No fueron simplemente actividades de una entidad pública. Fueron ejercicios de presencia. Y en un país donde durante décadas la presencia del Estado llegó muchas veces después de la violencia, estar, escuchar y permanecer también constituye una forma de reparación.

Hay algo más que me interesa especialmente: la recuperación de la investigación. Colombia necesita seguir investigando su conflicto armado no para quedarse atrapada en el pasado, sino precisamente para poder salir de él. Entender cómo funcionaron las estructuras armadas, quiénes se beneficiaron de la guerra, cómo operaron las violencias en cada región, qué papel tuvieron terceros actores y cuáles fueron las causas profundas de nuestros conflictos no es un ejercicio académico distante. Es una condición para que la democracia pueda mirarse al espejo.

La memoria, además, no puede convertirse en una sola versión oficial de Colombia. Esa sería justamente su negación. Colombia está hecha de memorias que a veces chocan, se contradicen y se incomodan. Están las memorias de las víctimas, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, de quienes resistieron, de quienes tuvieron que desplazarse y también de quienes vivieron los acontecimientos desde lugares distintos. Una democracia madura no necesita que todas esas voces digan lo mismo. Necesita que puedan ser escuchadas sin que una de ellas tenga el poder de borrar a las demás.

Por eso me parece tan poderoso que el balance hable de 150 iniciativas de memoria histórica y más de un centenar de medidas de reparación simbólica. No porque las cifras sean impresionantes por sí mismas, sino porque detrás de cada iniciativa existe una comunidad tratando de convertir el dolor en algo que pueda ser transmitido a las siguientes generaciones.

Hay una frase del balance institucional que, para mí, resume buena parte de esa tarea: “La memoria cobra sentido cuando regresa a las comunidades”. Esa debería ser una regla de oro. Investigar para publicar un informe que termina en una biblioteca es insuficiente. Investigar para que una comunidad pueda reconocerse en esa historia, para que un estudiante pueda preguntarse por ella y para que una sociedad pueda discutirla, es otra cosa.

También por eso son tan importantes los archivos. A veces hablamos de memoria como si fuera solamente un asunto de relatos, pero la memoria necesita pruebas. Necesita fotografías, cartas, expedientes, grabaciones, testimonios, documentos. Necesita preservar aquello que el tiempo, el abandono o la violencia pueden destruir. El trabajo de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, en ese sentido, tiene una importancia que quizá no siempre alcanzamos a dimensionar: conservar los documentos de la guerra es conservar parte de la evidencia de lo que fuimos capaces de hacernos.

Y hay una escena que debería importarnos especialmente: un país que intenta construir democracia mientras todavía conserva millones de fragmentos de su propia historia sin ordenar.

Por eso también resulta trascendental la reactivación del Museo de Memoria de Colombia. Un museo de memoria no debería ser un mausoleo del dolor ni un templo de una determinada interpretación política. Debería ser un lugar donde Colombia pueda mirarse completa. Donde una víctima pueda reconocerse, pero donde también un ciudadano que nunca vivió directamente la guerra pueda entrar y preguntarse qué tiene que ver con él. Porque esa es la verdadera dimensión democrática de la memoria: convertir una experiencia particular en una pregunta colectiva.

El gran desafío ahora es que todo esto sobreviva a los gobiernos.

La memoria histórica no puede pertenecer a una administración, a un director, a un sector político ni siquiera a una institución. El propio balance del CNMH lo dice con una claridad que vale la pena conservar: “la verdad y la memoria no pertenecen a los gobiernos ni a las instituciones, sino a la sociedad que las construye y las protege”.

Esa frase debería estar presente cada vez que discutamos sobre memoria en Colombia.

Porque un país democrático no es solamente aquel que celebra elecciones. También es aquel que es capaz de recordar a sus muertos, escuchar a sus víctimas, reconocer sus responsabilidades y aceptar que su historia es más compleja que cualquier relato partidista. La memoria no debería servir para alimentar nuevas trincheras. Debería servir para comprender por qué las construimos.

Quizás por eso la rendición de cuentas del 6 de agosto fue algo más que un informe de gestión. Fue, en cierto sentido, el cierre de un relato y la apertura de una pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo lo que hemos escuchado?

El territorio habló. Eso parece claro.

La verdadera tarea de Colombia es conseguir que siga escuchando.

Porque cuidar la memoria es cuidar la democracia. Defender la verdad es defender la posibilidad de que la vida tenga un lugar después de la violencia. Y escuchar a quienes durante demasiado tiempo fueron obligados a callar quizá sea una de las formas más profundas que tenemos de construir un país que todavía no existe del todo, pero que podemos aprender a reconocer cuando aparece.

Hernando Llano Ángel.

Como es sabido, un sultanato es una forma de gobierno en donde prevalece la voluntad de un Sultán que logra fusionar su poder político con la fe musulmana y la lealtad absoluta de sus ejércitos. El poder militar le permite ejercer control sobre su territorio y además obtiene la obediencia de sus súbditos, sin mucho esfuerzo, por ser reconocido también como una autoridad religiosa. Tal parece ser el mayor sueño de Abelardo, erigirse como un profeta armado de su “Patria Milagro” con el respaldo y la obediencia ciega de los militares, pero también con la fe sumisa de la mayoría de colombianos. Así se comprende plenamente esa ceremonia sincrética y pintoresca de su posesión presidencial en la Arena USC y en el Cantón Militar Pichincha, con la presencia de tres autoridades religiosas que se supone representan las creencias de la mayoría de colombianos: un rabino, un pastor evangélico y un sacerdote católico, en el orden de intervención de sus oraciones en la ceremonia de investidura. Para lograr ese magno efecto entre los caleños, donde perdió por 239.119 votos frente a Iván Cepeda[i], contó no solo con la entusiasta colaboración de los mandatarios locales, sino también con el corifeo de los medios de comunicación y la adulación generalizada de los principales líderes de los gremios empresariales y agrícolas de la región. Todos a una proclamaban que deberíamos sentirnos orgullosos por un acto de posesión presidencial histórico, desconociendo que para 682.166 ciudadanos y ciudadanas caleñas, equivalentes al 59.64 %, de los votos válidos que votaron por Cepeda, no pasaba de ser una ceremonia provocadora y desafiante. Así, Cali dejó de ser la altiva sultana del Valle para convertirse en una sumisa sierva de un Sultán que se identifica con un Tigre y llama “manada” a sus seguidores, eligiendo la Arena USC para tomar posesión presidencial, cuando debió hacerlo en el zoológico de Cali, un lugar más acorde con su bestial simbología y adecuado para sus invitados internacionales, entre ellos un espécimen aún más peligroso, un tal león Milei, depredador del Estado argentino y el sentido de lo público en nombre de la “libertad”.

Cali sitiada y confinada

Seguramente por ello, durante toda la semana estuvimos sometidos al sobrevuelo de aeronaves militares, como una señal de inminentes bombardeos contra violentos narcoterroristas que podrían tomarse la ciudad y sabotear su posesión. Y, como si fuera poco, el viernes 7 de agosto quedamos confinados en nuestras casas, por sabia y autónoma decisión del alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, ya que así el Tigre y todos sus invitados internacionales y nacionales podría asistir a la posesión presidencial sin correr peligro alguno. Cali, entonces, quedó bajo un toque de queda preventivo, negándonos a los ciudadanos el derecho constitucional a circular libremente por nuestra ciudad. ¿Podrá haber una prueba más contundente de la negación de la democracia y la violación de la Constitución en nombre de una posesión presidencial? Esa posesión y la forma como se realizó sienta un precedente, ese sí verdaderamente histórico, pues marcó el inicio de una gobernanza cuya esencia es la fusión de tres poderes profundamente antidemocráticos: el militar, el pastoral y el tutelaje imperial de Maga. Todo ello, bajo la mascarada de rituales democráticos en el esperpéntico escenario de la Arena USC, semejando un Hollywood tropical, pero con alfombra azul por la que desfilaron las vanidades de personajes dispares y patéticos, representativos de un entramado de poderes internacionales y regionales decadentes y excluyentes. Por ella ingresaron a la Arena USC desde el encumbrado rey de España, Felipe VI, antecedido por el depredador de lo público, el león Javier Milei, hasta el ambicioso presidente de la FIFA, Gianni Infantino, casi siempre fuera de lugar. Pero, en verdad, en esa ceremonia nadie estaba fuera de lugar, pues todos se encontraban allí para validar y legitimar el primer acto de prestidigitación del Tigre mediante la invocación de los tres poderes con los que pretende construir la “Patria Milagro”: el pastoral, el militar y el corporativo internacional. Este último con el respaldo de su padrino, Donald Trump, el mayor depredador de riquezas naturales y demoledor del derecho internacional público.

La ubicuidad de un taumaturgo del poder

Lo hizo de una manera fantástica, como un consumado taumaturgo del poder. Para ello, comenzó con la piadosa puesta en escena del poder religioso, en la propia Arena USC, invitando a tres religiosos que considera representativos de las creencias y la fe de la mayoría de colombianos para así contar con su apoyo en la difícil tarea de gobernar. Pues nada resulta más útil que la persuasión de pastores evangélicos, sacerdotes católicos y rabinos judíos sobre miles de feligreses, la mayoría de ellos muy deVotos, como lo demostraron en las urnas dándole el triunfo al Tigre. Luego abandonó rápidamente ese escenario piadoso de la Arena USC para trasladarse en cuestión de minutos al rudo campo de maniobras militares del Cantón Pichincha y pronunciar allí su discurso de posesión. En realidad, no se puede llamar discurso a una arenga dirigida a los militares más que a sus invitados internacionales y los congresistas presentes en la Arena que lo escucharon por más de una hora. Allí convocó de nuevo a los militares para que aportarán más “héroes de la Patria”, pero esta vez llevando el “Escudo de las Américas”, sacrificándose en una guerra que se ha prolongado de derrota en derrota, por más de medio siglo, la llamada “Guerra contra las drogas”. Una guerra decretada por Nixon en 1971, hace 55 años, como globo distractor de la guerra de Vietnam que ya sabía pérdida. Tampoco fue una pieza oratoria para todos los colombianos que lo vimos por televisión y esperábamos el discurso de un presidente, no esa arenga más propia de un agitador en pie de guerra. Pero, en el caso de Abelardo, resulta comprensible, pues se trata de alguien que personifica un tigre, una peligrosa y temible fiera para quienes no forman parte de su manada y no obedezcan inmediatamente sus temibles rugidos. Esa es una muestra de su “máxima coherencia” autocrática. De esta forma demostró la ubicuidad y el sincretismo de su poder, que pretende abarcar desde la fe hasta las armas, lo que históricamente ha terminado en monstruosas guerras, en lugar de milagrosas patrias. Por eso imploró “Que Dios bendiga a cada uno de sus hijos, ilumine nuestro entendimiento, afine nuestro carácter y guíe nuestras decisiones” y afirmó “el que está de rodillas delante de Dios, jamás será vencido”, como si estuviera anunciando el comienzo de una guerra santa. Por eso terminó su arenga gritando: “¡Firmes por la Patria, que viva Cristo Rey!”. La mayor ironía es que en ese instante un leve incendio recorría las laderas del cerro en donde se encuentra el monumento tutelar de Cristo Rey, quizá por ello no pudo proteger piadosamente a Cali de los destrozos y sufrimientos causados por el terremoto de 7.4 grados Richter, tres días después de haberlo invocado Abelardo en su arenga con fines tan lejanos de su doctrina. Vale la pena recordar que Jesús de Nazareth no solo predicó que “mi reino no es de este mundo”, sino que además expulsó a los mercaderes del Templo y la esencia de su legado para la humanidad fue la paz, la reconciliación y el perdón, todo lo contrario de lo anunciado por Abelardo en su discurso de posesión presidencial. ¿De cuál “Patria Milagro” nos hablará y quiénes serán los beneficiarios de ella?

[i]https://caliescribe.com/2026/06/26/votaciones-por-puesto-2a-vuelta-presidencial-cali/

Pero una vez terminan la música, los discursos y las ceremonias, empieza lo verdaderamente difícil: gobernar.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia. No porque una parte del país lo prefiera, ni porque otra parte lo deteste, sino porque obtuvo la mayoría necesaria en las elecciones y las instituciones electorales hicieron posible la transmisión del poder. Esto debería ser una obviedad en una democracia. Sin embargo, Colombia parece empeñada en convertir hasta las derrotas electorales en una discusión interminable sobre la legitimidad del resultado.

Durante las últimas semanas han circulado narrativas sobre un supuesto fraude electoral que no han logrado demostrar una alteración de las dimensiones necesarias para desconocer el resultado. Es legítimo pedir que cada elección sea vigilada. De hecho, una democracia sana necesita ciudadanos obsesionados con cuidar sus elecciones. Lo que resulta peligroso es convertir la sospecha en una verdad permanente cuando no aparecen pruebas capaces de sostenerla.

Petro puede cuestionar al nuevo gobierno. La oposición puede ejercer una oposición feroz. El Pacto Histórico puede movilizar a sus bases. Todos tienen ese derecho. Lo que no deberían hacer es mantener a millones de colombianos atrapados en una elección que ya terminó. Una democracia no consiste solamente en ganar; también consiste en saber perder.

Y esto vale para todos.

La derecha que llega al poder tampoco puede comportarse como si hubiera recibido un cheque en blanco. Ganar una elección no convierte automáticamente cada propuesta en una buena política pública. La mayoría electoral otorga el derecho a gobernar, no el derecho a tener siempre la razón.

Ese debería ser el comienzo de una conversación adulta sobre Colombia.

¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Cómo se reducirá el déficit? ¿Qué ocurrirá con el empleo? ¿Cómo se recuperará la inversión? ¿Qué hará el Gobierno con la educación? ¿Cómo enfrentará el deterioro de la seguridad? ¿Qué sucederá con las regiones? ¿Cómo se puede recuperar la capacidad del Estado sin convertir la autoridad en arbitrariedad?

Son preguntas menos emocionantes que una pelea en redes sociales, pero mucho más importantes para la vida de los colombianos.

Uno quisiera que el nuevo Gobierno entendiera que la autoridad no consiste solamente en ordenar. Consiste también en hacer funcionar las cosas. La seguridad importa, pero también importa que una carretera se construya, que un hospital funcione, que un joven encuentre empleo, que una universidad produzca conocimiento, que una empresa pueda invertir y que un campesino pueda sacar su producto de una región sin que una organización criminal decida por él.

En ese sentido, el nuevo Gobierno debería ser mucho más ambicioso que la simple revancha contra el petrismo.

Y debería convocar a Colombia, no solamente a quienes piensan como él.

A quienes conocen la conservación de nuestros ecosistemas, a quienes han dedicado su vida a la ciencia, a los economistas que han estudiado durante décadas los problemas del país, a los empresarios que saben crear empleo, a los profesores que conocen las dificultades de la educación, a los líderes sociales que conocen territorios que Bogotá apenas comprende.

Un gobierno fuerte no debería tener miedo de convocar a personas que no piensan exactamente como él, que conservan su propio criterio y que pueden mantener una diferencia intelectual.

Esa sería, de hecho, una señal de verdadera confianza.

Hay otra lección que debería aprender la nueva administración. Colombia no necesita pasar de una guerra cultural a otra. Durante cuatro años la política estuvo atrapada demasiadas veces en la lógica de Petro contra sus contradictores y de sus contradictores contra Petro. Ahora sería lamentable que el péndulo simplemente cambiara de dirección.

El país no votó para reemplazar una tribu por otra.

Votó para cambiar de gobierno.

Y ahí está la oportunidad.

El nuevo presidente tiene la posibilidad de demostrar que una derecha que habla de autoridad también puede hablar de ciencia; que un gobierno que defiende la empresa puede preocuparse por la pobreza; que una política de seguridad puede convivir con la memoria de las víctimas; que la defensa de la familia no necesita convertirse en una guerra contra las mujeres o las minorías; que la libertad económica puede ir acompañada de movilidad social; que el patriotismo puede ser compatible con la crítica y que el orden democrático no necesita enemigos internos permanentes.

Eso sería mucho más interesante que una simple restauración del pasado.

A la oposición, mientras tanto, le corresponde una tarea igualmente difícil: aceptar que el poder cambió de manos.

Petro y Cepeda pueden hacer oposición. Deben hacerla. Pueden investigar, denunciar, protestar y organizarse. Pero deberían dejar de alimentar la ficción de que la democracia funciona solamente cuando gana el sector político propio. Insistir indefinidamente en una elección que no pudieron demostrar fraudulenta no fortalece la democracia colombiana: la desgasta.

Hay una diferencia enorme entre fiscalizar al poder y negarse a reconocerlo.

La primera es democracia.

La segunda puede terminar convirtiéndose en un ardid contra ella.

Colombia tiene problemas demasiado grandes para quedarse discutiendo eternamente quién ganó.

Ahora sabemos quién ganó.

Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.

La pregunta interesante ya no es cómo llegó a la Casa de Nariño.

La pregunta es qué hará con ella.

Y ahí empieza el verdadero examen.

Porque después de Nessun dorma, después del Vincerò, después de las banderas, los uniformes y la celebración, viene la parte menos cinematográfica de la política: hacer que un país funcione.

Ahora le toca gobernar.

Bat: Petro probablemente va a ser más recordado por haber alterado la estructura simbólica de la política colombiana y por haber incidido de una manera estratégica y profunda en la discusión de los temas mundiales, que por haber administrado mejor o peor determinados sectores del Estado.

Man:¡Ja! Todos lo recordaremos por la multitud de escándalos que hubo en el gobierno.

Bat: No lo creo. Fíjese: hay dos preguntas. Una es coyuntural: ¿qué logró efectiva y probadamente el gobierno de Petro? La otra es más profunda y real: ¿qué cambió en Colombia con el paso de Gustavo Petro por la presidencia?

Creo que en Colombia la prensa se ha empeñado en hacer énfasis en los escándalos de corrupción que hubo en su gobierno. Está bien denunciarlos, pero no convertirlos en el centro del análisis, ni reducir la eficacia de su mandato a este factor. Para efectos de comprender nuestra realidad política es mucho más valioso ir tras la pista de las transformaciones que tendrán mayor eco en el tiempo. ¿Hacemos el balance?

Man: ¡Hagámoslo! ¡Ni más faltaba!

La destrucción de mitos absurdos

Petro modificó los límites de lo que Colombia consideraba políticamente posible. Llegó al poder, lo cual es por sí solo una hazaña. La izquierda no era vista simplemente como un adversario electoral, sino como una fuerza cuya llegada al poder constituía potencialmente una amenaza al sistema.

El presidente Petro gobernó cuatro años y entregó el poder constitucionalmente a un presidente de derecha elegido en las urnas. Pese a que no reconoce la legitimidad del nuevo presidente, el poder ha sido entregado a él, cumpliendo con el mandato constitucional.

Es difícil imaginar una refutación más concreta del temor de 2022 según el cual la llegada de la izquierda significaría automáticamente que Colombia se convertiría en Venezuela, que desaparecerían las elecciones o que Petro intentaría perpetuarse en la Presidencia.

A su vez, la izquierda probó que pudo organizarse, gobernar territorios, controlar espacios institucionales, derrotar proyectos de los gobiernos anteriores y ganar la Presidencia. Se gobernó con una feroz resistencia del Congreso, las Cortes, la prensa e instituciones como el Banco de la República. Es histórico que se haya logrado llegar a la presidencia y mantener al primer mandatario en el poder.

Una democracia sólida

Petro abanderó, mantuvo y profundizó la esencia de la democracia. Logró involucrar al país en la política, como nunca antes había ocurrido.

El presidente Petro convirtió en debates cotidianos varios asuntos que durante décadas habían sido discusiones de especialistas. Personas que nunca habían discutido sobre el sistema pensional empezaron a hacerlo. Lo mismo ocurrió con las EPS, los recargos laborales, la propiedad de la tierra, la transición energética, Palestina o el Banco de la República.

Eso produjo polarización, sin duda, pero también incubó una amplia participación, identificación política y discusión pública.

Las elecciones de 2026 ofrecen un dato muy importante. En la segunda vuelta votaron aproximadamente 26,3 millones de colombianos, cerca del 63,5 % del censo electoral; es la participación más alta en alrededor de siete décadas en las elecciones presidenciales.

La propia Defensoría del Pueblo interpretó esa cifra como reflejo de un “creciente nivel de involucramiento de la ciudadanía en la definición del rumbo político del país”.

Quizá la mayor transformación de Petro no fue conseguir que determinados colombianos votaran por la izquierda, sino conseguir que millones de colombianos (de izquierda y de derecha) sintieran que valía la pena disputar el país en el terreno de la política legal y democrática.

La nueva agenda del debate

Durante buena parte de la historia republicana, las grandes discusiones nacionales se organizaron alrededor de asuntos como la seguridad, el orden público, el crecimiento económico, las relaciones con Estados Unidos o la estabilidad macroeconómica.

Petro no eliminó esos temas, pero hizo que el centro del debate fuese también: ¿Cuánto debe ganar un trabajador? ¿Quién puede ir a la universidad? ¿Quién tiene la tierra? ¿Qué sucede con un anciano que nunca pudo pensionarse? ¿Debe la salud funcionar como negocio? ¿Quién paga impuestos? ¿Qué territorios reciben inversión? ¿Qué significa desarrollar el país sin destruir su biodiversidad?

Incluso cuando sus propuestas fueron derrotadas, modificó el terreno de la discusión.

Eso puede ser un legado más profundo que una ley determinada, porque los gobiernos siguientes pueden derogar una norma, modificar un impuesto o cancelar un programa, pero resulta mucho más difícil volver a una situación en la que esas preguntas simplemente no formen parte de la conversación nacional.

Una nueva cultura democrática

Y más sobre la profundización de la democracia. Durante el gobierno de Petro los sindicalistas, dirigentes sociales, ambientalistas, personas provenientes de comunidades afro e indígenas y representantes de sectores de diversidad sexual ocuparon posiciones relevantes. Estos sectores históricamente habían tenido una presencia mucho menor en las estructuras centrales del Estado.

En pocas palabras: cambió la idea cultural de quién podía sentarse en las mesas donde se toman las decisiones nacionales.

Un enfoque renovador frente a la protesta social

El gobierno Petro modificó profundamente la relación del Estado con la protesta social. La oposición pudo organizar algunas grandes movilizaciones contra un gobierno, sin que se reprodujera un patrón de represión letal como el vivido durante el estallido social de 2021.

Ejerció su gobierno en el marco de un escenario que para cualquier presidente resulta incómodo: gobernar siendo sometido permanentemente a contradicción pública e institucional.

Puede haber cuestionamientos sobre su retórica frente a esas instituciones, pero además de cuestionar toda esta situación a través de trinos, jamás intentó eliminar o bloquear los contrapesos que podían derrotarlo.

Contribución definitiva a la verdad histórica

La desclasificación de los archivos del DAS puede terminar siendo uno de los legados menos visibles, pero más duraderos de Petro. No produce un resultado inmediato como una reforma laboral o una carretera, pero puede transformar durante décadas lo que Colombia sabe de sí misma.

El Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025 levantó la reserva sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Sin embargo, el propio Archivo General de la Nación lo califica como un hito porque es la primera vez que Colombia pone en marcha un proceso de desclasificación de archivos clasificados del Estado.

Y la magnitud documental es enorme. El diagnóstico realizado para la JEP encontró 57.544 unidades de conservación, equivalentes a 14.364 metros lineales de documentos, además de 47.829 medios magnéticos y digitales: servidores, discos, disquetes, casetes, computadores y cintas, entre otros. No estamos hablando de unas cuantas carpetas, sino de uno de los grandes fondos documentales secretos del Estado colombiano.

El DAS no fue simplemente una oficina administrativa. Durante décadas fue también organismo de inteligencia, policía migratoria y aparato de seguridad del Estado. Sus archivos atraviesan buena parte de la historia reciente del conflicto colombiano y contienen información sobre hechos trascendentales.

La JEP ha dicho expresamente que estos documentos pueden contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y que su apertura es relevante para combatir la impunidad.

Esto conecta directamente con lo que veníamos hablando sobre el legado democrático de Petro.

Una democracia no consiste únicamente en poder elegir al presidente. También implica que el Estado pueda ser investigado por sus propios ciudadanos. La desclasificación introduce un principio diferente: el secreto de Estado no puede ser uno de los ejes del olvido histórico.

Petro lo expresó de una manera muy clara cuando anunció la medida. Dijo que su Gobierno no terminaría “sin que haya una política de desclasificación de archivos, que tiene que ver con la verdad”.

Probablemente pasarán años antes de que pueda conocerse la verdadera importancia histórica del decreto. Y precisamente por eso puede ser un legado que hoy aparezca muy abajo en cualquier balance del gobierno Petro y dentro de veinte años sea considerado fundamental.

Una agenda internacional memorable

Petro convirtió la diplomacia presidencial en una herramienta activa de búsqueda de inversión, cooperación y nuevos mercados, y obtuvo resultados concretos en financiación climática, reforma agraria, infraestructura social y negocios internacionales.

Más importante aún, utilizó esa diplomacia económica para intentar reposicionar a Colombia ante el mundo no solamente como país petrolero y minero, sino como potencia potencial en biodiversidad, turismo, agricultura, energías limpias y producción. También cambió el enfoque del debate mundial en torno a algunos temas. Veamos.

Cambio climático: más que hablar del clima, cuestionó el modelo fósil

El cambio climático ya estaba en el centro de la agenda internacional mucho antes de Petro. Lo distintivo de su postura fue que ayudó a desplazar la discusión desde “cómo reducir emisiones” hacia “qué estructura económica está produciendo la crisis y quién debe pagar la transición”. Eso introdujo un matiz único.

De este modo, Colombia consiguió una voz internacional desproporcionadamente grande para su peso económico. Petro hablaba además desde una posición interesante: la de un país productor de petróleo y carbón que voluntariamente planteaba reducir su dependencia de ellos. Eso le daba una legitimidad distinta a la de los países industrializados que exigen conservación ambiental a los países tropicales mientras continúan consumiendo enormes cantidades de combustibles fósiles.

Una voz contra el genocidio

Petro jugó un papel internacional muy fuerte en la discusión sobre el genocidio en Gaza.  Fue una de las voces presidenciales tempranas y persistentes que ayudaron a trasladar el debate internacional desde la formulación “Israel tiene derecho a defenderse” hacia las preguntas sobre proporcionalidad, ocupación, responsabilidad internacional y matanza indiscriminada.

Petro fue mucho más lejos que la mayoría de los gobernantes occidentales y latinoamericanos de aquel momento. Utilizó tempranamente la palabra “genocidio”, rompió relaciones diplomáticas con Israel y convirtió esa posición en una actuación jurídica del Estado colombiano.

Colombia intervino formalmente en abril de 2024 ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica bajo la Convención sobre Genocidio. Es importante precisar jurídicamente que la Corte todavía debía resolver el fondo del caso; por tanto, hablamos de la acusación o denuncia de genocidio, no de una sentencia definitiva que ya lo hubiera declarado.

Después, otros países adoptaron posiciones semejantes. Chile también intervino ante la Corte; México, Libia y Palestina participaron igualmente en el proceso, mientras España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado palestino.

Colombia incluso se convirtió posteriormente en sede de una conferencia internacional del Grupo de La Haya, que reunió en Bogotá a decenas de países para discutir medidas concretas respecto de Israel y Palestina.

Reenfoque en la lucha contra las drogas

Petro introdujo una diferencia importante en la discusión sobre la lucha contra las drogas.

Desde la tribuna de Naciones Unidas afirmó sin rodeos: “La guerra contra las drogas ha fracasado”. No era una declaración de un académico, de un expresidente retirado o de una ONG. Era el presidente en ejercicio del principal país productor de cocaína hablando ante la Asamblea General.

Además, planteó una crítica conceptualmente distinta: preguntó por qué la comunidad internacional perseguía violentamente al campesino que cultivaba coca mientras protegía actividades económicas (como petróleo y carbón) capaces de producir un daño planetario incomparablemente mayor. Así mismo dejó claramente establecido que los líderes del tráfico mundial viven en los grandes centros de poder y no en los países productores.

En 2023, incluso la reunión entre Petro y el secretario general de Naciones Unidas incluyó explícitamente la necesidad de explorar “nuevos enfoques” frente a las drogas ilícitas.

Y aquí está uno de los aspectos más interesantes de su gobierno: Petro cuestionó frontalmente la guerra contra las drogas, pero su administración alcanzó simultáneamente verdaderos récords de incautación y extradición. Eso le permitía argumentar que rechazar la guerra contra las drogas no equivalía a dejar de perseguir al narcotráfico, sino a cambiar el objeto de la persecución: menos campesino y más cargamento, organización criminal, lavado, capital y gran traficante. Ese enfoque será decisivo con el paso de los años.

Como conclusión del tema diplomático, podríamos decir que Petro consiguió que Colombia dejara de hablar ante el mundo casi exclusivamente de sus problemas internos y comenzara a formular respuestas colombianas a problemas universales. Esa es una ruptura considerable con la tradición diplomática del país.

Hay muchos otros aspectos como el cambio del enfoque de seguridad en las Fuerzas Armadas, su modernización y apertura de oportunidades. O el cumplimiento constitucional de facilitar las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría en los casos de corrupción que tocaban con el gobierno. O los incipientes, pero profundos avances en la reindustrialización de Colombia. Pero creo que está suficientemente evidenciada la forma como el gobierno del Pacto Histórico marcó un hito definitivo en la historia de Colombia. Y por qué, yo como muchos, hablamos de “Petro el Grande”.

Pero para los que solo creen en logros materiales e inmediatos, vale la pena dejarles esta infografía.

En ese contexto, el candidato a la Contraloría General de la República, Jorge Eliecer Laverde, ha sido objeto de diversos señalamientos que han encontrado eco en redes sociales. Sin embargo, es indispensable hacer una distinción que muchas veces se pierde en el ruido de la confrontación política: una acusación, un rumor o una versión difundida en redes sociales no constituyen una prueba, ni mucho menos una sentencia.

Una cosa es estar en desacuerdo con sus planteamientos y la manera como los expresa. En ese sentido, ratifico lo que exprese en mi columna de opinión anterior, que no se puede, ni se debe aspirar a dirigir una entidad desprestigiando el trabajo que desde la misma entidad se ejecuta porque lo único que se podría conseguir es que aumente la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones del Estado.

Otra cosa es dar por hecho un rumor sin siquiera conocer a ninguna de las partes involucradas en lo que se dice, sin tener en cuenta que se puede afectar el buen nombre y que, así como le ocurre a esta persona, también cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de estos ataques que muchas veces se hacen de forma malintencionada.

Si existen investigaciones en curso, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes adelantarlas con independencia, rigor y respeto por el debido proceso y será la Fiscalía, y en su momento los jueces si llegara a ser el caso, quienes deberán establecer si existen fundamentos para atribuir responsabilidades. Antes de que ello ocurra, cualquier conclusión definitiva resulta prematura.

El problema de las redes sociales es que con frecuencia convierten las sospechas en certezas y las opiniones en supuestas verdades absolutas. Basta con que un mensaje sea compartido miles de veces para que muchos lo asuman como un hecho comprobado, cuando en realidad puede tratarse de información incompleta, descontextualizada o simplemente falsa. Ese fenómeno no solo afecta a quien es objeto de los señalamientos, sino que también deteriora la calidad del debate democrático.

Las campañas electorales suelen ser escenarios donde abundan las estrategias de desprestigio, la desinformación y la circulación de contenidos cuyo propósito es influir en la opinión pública. Precisamente por ello, la ciudadanía debe actuar con prudencia y exigir evidencias antes de emitir juicios. La democracia se fortalece cuando las decisiones se toman sobre hechos comprobados y no sobre especulaciones.

Lo anterior no significa que las denuncias deban ignorarse o minimizarse. Toda denuncia seria merece ser investigada por las autoridades competentes. Pero investigar no equivale a condenar. Entre una denuncia y una sentencia existe un proceso que debe respetarse para garantizar tanto el derecho de las víctimas como las garantías fundamentales de las personas señaladas.

La presunción de inocencia no es un privilegio de los poderosos ni una fórmula jurídica vacía. Es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos frente a condenas anticipadas en la plaza pública. Renunciar a ese principio por conveniencia política sería abrir la puerta a que cualquier persona pudiera ser destruida reputacionalmente con base únicamente en rumores o acusaciones sin sustento.

En una democracia madura, las redes sociales no pueden reemplazar a los jueces, ni los rumores sustituir las pruebas. La credibilidad de las instituciones y la protección de los derechos fundamentales dependen, precisamente, de que la verdad sea establecida por la justicia y no por el tribunal de la opinión pública.

Bienvenido el debate por el cargo de contralor general de la república, pero este debe hacerse sobre las ideas que se propongan para ejercer el control fiscal tan necesario en un país donde abunda la corrupción, y donde muchas veces los proyectos no se ejecutan a tiempo ni de la manera adecuada.

Nota recomendada: No se puede aspirar a ser contralor pisoteando la Contraloría

Resulta casi imposible precisar la fecha desde la cual la política y el crimen rigen los destinos de Colombia. Pero, al menos desde la Constitución de 1991, sabemos que estamos extraviados en un intrincado y violento laberinto cuando ambas se fusionaron en el artículo 35 que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Ese laberinto político, social y económico está formado por la yuxtaposición de poderes de facto ilegales con los legales e institucionales, que cada presidente de turno maneja y oculta difícilmente. De allí la sempiterna “corrupción”. Es un laberinto en cuyo frontispicio aparece en grandes letras un luminoso y deslumbrante aviso que nos anuncia: “Bienvenidos a la Democracia”. Un aviso tan engañoso y efímero como el “Bienvenidos al futuro” que proclamó, hace ya 35 años, el entonces presidente César Gaviria Trujillo y hoy, con la llegada de un Tigre a la Presidencia, puede convertirse en un “Bienvenidos a la selva” y no a esa inverosímil “Patria Milagro” que promete como un profeta armado y un demagogo redomado.

El laberinto “democrático”

Al ingresar y deambular por los pasadizos secretos y las habitaciones penumbrosas de ese laberinto “democrático” se corre el riesgo de ser asaltado, extorsionado, secuestrado, desplazado, torturado, desaparecido y hasta ejecutado extrajudicialmente en nombre y defensa de la estabilidad y la seguridad democrática. Ese rutilante aviso democrático adquiere especial embrujo y un encanto irresistible, casi incuestionable, después de las elecciones, cuando la mayoría de sus agobiados ciudadanos celebran en forma jubilosa su reincidencia en las urnas desde 1957. Nos acontece algo parecido a lo que vivimos hace 40 años, cuando un aviso mucho menos ostentoso y casi ilegible, anunciaba a los visitantes del desaparecido, calcinado y derruido antiguo Palacio de Justicia: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán libertad”. Pero en su interior sucedió todo lo contrario. Primero, por el asalto y las armas de un alucinado comando guerrillero del M-19 y luego por el uso incontenible y desaforado de las armas de la Fuerza Pública, que arrebataron cientos de vidas. Tampoco las leyes garantizaron la libertad sino la desaparición de más de 12 personas, cuyo destino todavía se ignora. Ha sido precisamente esa extraña amalgama de las leyes con las armas, las palabras con la violencia y las urnas con las tumbas, lo que nos ha impedido salir de este tenebroso laberinto “democrático”.

Minotauros y Medusas

Un laberinto que cada día se hace más lúgubre y escabroso, pues entre sus desesperados y extraviados ciudadanos, como en una manada, vuelve a resurgir la idea de que solo a través de la violencia y la fuerza se podrá salir de él, sin importar el número de lesionados y víctimas mortales que semejante estrategia arroje. Parece volverse a imponer la brutal fórmula de que una supuesta seguridad castrense, lo más discrecional posible y sin límites en su ejercicio, como la desplegada en el Palacio de Justicia, nos permitirá supuestamente eliminar temibles Minotauros formados por centenares de organizaciones criminales que nos amenazan y están devorando. Quizá por eso el Tigre quiere posesionarse en una guarnición militar, desconociendo de entrada la Constitución del 91 y el principio democrático según el cual el poder emana de la ciudadanía y no de las armas, como aún creen y predican las anacrónicas y criminales guerrillas. Pero el resultado de semejante estrategia belicista puede llegar a ser más devastadora y deplorable que la utilizada en el Palacio de Justicia, afectando a cientos de miles de colombianos que ocupan las habitaciones más recónditas y lejanas del centro citadino e institucional del laberinto. Incluso, hasta el mismo centro del laberinto institucional, que se considera inexpugnable, puede sufrir los coletazos rabiosos y terroristas de esos Minotauros heridos, atacándolo al azar como Medusas agónicas con sus numerosas y mortíferas cabezas, como fue el letal atentado terrorista de las Farc al Club El Nogal en plena “seguridad democrática”.

Medusas “parainstitucionales”

Vale la pena recordar que esas estrategias ya se utilizaron en el pasado reciente, combinando precisamente lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, como lo hizo el entonces presidente César Gaviria Trujillo con la creación de las llamadas cooperativas de seguridad Convivir, promovidas en forma entusiasta por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Cooperativas legales que sirvieron de mampara para el surgimiento ilegal de las AUC, argumentando una supuesta “legítima defensa” frente a las amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos de las guerrillas. Por eso Carlos Castaño consideraba las AUC una organización legítima en defensa de la clase media. Entonces ya no se habló de asesinatos sino de ajusticiamientos de colaboradores de la guerrilla. Y ésta, a su vez, llamó retenciones y “pescas milagrosas” –que ironía para el Tigre– a sus miles de secuestros y convirtió la extorsión generalizada en “impuesto revolucionario”. Así se hizo la apología a la “justicia privada” pues resultaba más rápida y “efectiva” que la justicia estatal, limitada y maniatada por principios e instituciones como la presunción de inocencia y el debido proceso, que para muchos amparaba a los delincuentes y les garantizaba impunidad. Incluso se llegó a considerar el linchamiento como un ejercicio de “justicia por mano propia” ante la inseguridad y hasta se contempló la posibilidad de armar a los “ciudadanos de bien” contra las hordas delincuenciales, como una eficaz estrategia de “limpieza social” y de seguridad ciudadana. A tales extremos podemos volver con propuestas como los frentes de seguridad ciudadanos, mencionados por el Tigre durante su campaña electoral. Esas estrategias que combinan todas las formas de lucha en nombre de la seguridad, con mascotas tan incontrolables como un tigre, saludos militares y llamados a una manada de entusiastas seguidores en defensa de una imaginaria “Patria Milagro”, suelen terminar criminalizando la oposición, la protesta pacífica ciudadana, las críticas y la libertad de opinión, como en el reciente caso del encarcelamiento del periodista Beto Coral en Estados Unidos y su deportación a Colombia, al parecer por petición del mismo Tigre, y  ahora le está sucediendo a la periodista Ana Cristina Restrepo, acosada en forma sistemática por cuentas de redes sociales que apoyan al presidente electo.

El hilo de Ariadna del poder ciudadano

En rechazo a todo lo anterior y para salir de una manera civilizada y lo menos cruenta posible de este milagroso e infernal laberinto que se avecina, no queda otra opción que tejer con miles de manos ciudadanas un hilo de Ariadna, como el del laberinto de Cnosos, que permitió a Teseo salir del mismo, después de matar el sanguinario Minotauro. Ese hilo de Ariadna no es otro que el poder ciudadano, definido de manera inequívoca por Hannah Arendt como aquel “donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde la palabra no se emplea para velar intenciones sino para descubrir realidades y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”. Exactamente lo contrario hace el poder político estatal cuando sus gobernantes vacían las palabras de contenido y las llenan de demagogia como la “Patria Milagro” o con promesas irrealizables como la “Paz Total”. Pero, sobre todo, cuando establecen relaciones con poderes de facto criminales, pues estos utilizan la palabra para velar intenciones y sus actos suelen violar y destruir en lugar de establecer relaciones para crear nuevas realidades, lo que nos impide salir del laberinto en que vivimos y morimos. Así nos sucedió con la “seguridad democrática” y sus miles de falsos positivos, pero también con la “Paz total” y su contemporización frente a organizaciones criminales. ¿Podrá suceder algo diferente cuando llega a la Casa de Nariño un presidente “cargado de tigre” que invoca como horizonte una supuesta “Patria Milagro”? ¿Un gobernante que llama y trata como una manada a la ciudadanía? ¿Y, además, el mismo dice no ser político, tiene como santo y seña el saludo militar y quiere jurar su cargo desde una guarnición militar ante las armas en lugar de hacerlo en el Congreso y frente a los representantes de la ciudadanía, como manda la Constitución? ¿Será un gobierno democrático o una autocracia militarista y cacocrática?  Más nos convendría a todos que el Tigre dejara de rugir, amenazar, prometer milagros escatológicos y comenzara por respetar la Constitución, el Estado Social de derecho y la ciudadanía, sin las cuales desaparece todo remedo de democracia. Pero, sobre todo, que tuviera claro que su máxima responsabilidad es gobernar a Colombia y no ser el primer presidente del partido republicano de Trump, como lo afirmó con orgullo en campaña, y depender de su tutela, su protección e incierto temperamento de “gobergánster” con su doctrina Donroe y el Escudo de las Américas, pues toda esa parafernalia de Maga puede tambalearse e incluso venirse abajo en las próximas elecciones de noviembre que renovará el Congreso de America First.

Ante el inadmisible hecho de sucumbir en la comodidad de la quietud y el riesgo de complicidad que esto supondría, quisiera en esta oportunidad detenerme a analizar un singular suceso que tomó por asalto mi atención. Se trata de la alocución hecha por el candidato a la presidencia A. de la Espriella al referirse a la necesidad de excluir al oponente en estos términos: “Destripar a la izquierda”. Claramente, la intención antagónica es la expresión garante de toda radicalidad democrática. Pero, nutrir la pretensión de subordinar y erradicar el disenso, contraría el proyecto democrático. Esta no es una aseveración cualquiera, ni mucho menos a un “folclorismo” lingüístico, como quizá ha pretendido mostrarlo. Ella va más allá de la mera polarización extrema y de un recurso gramatical, cuya carga semántica alimenta la exacerbada herencia ╼si acaso no colonial╼ de exterminar la oposición política, legitimando así las prácticas de agresividad contra quienes pretenden construir conocimiento de una manera diferente. Nos encontramos de cara ante una ofensiva de desdemocratización del Estado colombiano. Esta sería la idea que quiero abordar aquí y, para hacerlo, presentaré una explicación sobre lo que significa “destripar” y cómo se relaciona con esta amenaza.

Empecemos trayendo a colación la expresión objeto de nuestro análisis:

Esto no va a quedar así, estas brisas vuelven y sepan ustedes señores de la izquierda que en mi tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, no va a haber salidos, conmigo no va a haber absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical, a esa plaga hay que erradicarla. Así de sencillo. Y en mi encontrarán peor enemigo posible (De la Espriella, 2025. El subrayado es mío, D.C.).

Meses después de haber lanzado esta afirmación, el autor explicó en una entrevista que el sentido que le adjudicó al término “destripar” correspondería al de la cuarta acepción, es decir, al coloquial.[1] Sin vacilo alguno, hay que decir que en un sistema de gobierno que se ostenta de ser democrático, el exterminio del antagónico es completamente contradictorio, pues no sería otra cosa que una transfiguración hacia un “fascismo criollo” (Buela, 2013; Pachón, 2026). “Destripar a la izquierda”, en el sentido como lo expuso el autor, significa disponer de todos los recursos políticos del Estado para dar “muerte” a la izquierda en el plano del disenso, es decir, en la tensión que se da entre las distintas formas de sentir y comprender la realidad, tal como lo expone Rancière (2019).

La noción de “destripar” es una metáfora extraída de la experiencia de la enfermedad. La mirada fascista enfoca a la izquierda como un fenómeno “patológico”, cuyo riesgo infeccioso altera el “normal” funcionamiento del Estado-empresa en su ofensiva por mantener sus intereses “patrióticos”, como lo explicaré más tarde. La “cura” ante esta amenaza es “destripar” o, mejor aún, “extirpar” el patógeno de la izquierda, porque sólo así podrá imponer la entronización del fascista como soberano político, sin rastro alguno del “otro” diferente. La aniquilación de la diferencia epistémica, de aquel que construye sentido común desde un pensamiento del afuera (Foucault), garantiza la instauración de un orden excluyente en el proyecto de nación que se ha construido en Colombia.

El “sacar las tripas” no se reduce al efecto de desvivir, sino también de quitar y expulsar aquello desde lo cual, en Colombia y América Latina, se piensa. Se piensa con y desde las “tripas”, porque solo con ellas es posible lograr un registro sensitivo de la vida. Aquí las “tripas” adquieren una nueva connotación, pues dejan de hacer referencia al conjunto de órganos somáticos, para pasar a ser asumidas como un lugar de enunciación. Desde aquí, desde las “tripas”, se construyen formas de comprensión del mundo. “Tripas”, entonces, designa una situación que trasciende el sentido fenotípico del término, aludiendo al fuero interno del otro a partir del cual se ensambla un sentido de la vida a raíz de las necesidades y los vacíos; en otras palabras, es pensar desde las condiciones de vulnerabilidad.

El propósito de un proyecto fascista de “destripar a la izquierda”, esta última en tanto otro, implica ejercer un control sobre la vida de la alteridad, reduciéndola a mera “objetualidad”, es decir, a un simple utensilio que se usa para justificar su práctica de limpieza. El significado de “destripar” no se reduce a la exclusión del panorama político, sino también del plano democrático y eso es propio de una conducta fascista. Ella entiende que para alinear sus intereses debe atacar la vulnerabilidad corpórea de los pobladores, precarizando las condiciones materiales de la vida. Pero, además, sabe que dicha irrupción no puede darse de forma inmediata, si no es a través de la producción y circulación de discursos de verdad. El control sobre las necesidades corporales debe ser atravesada por el control de nuestra fragilidad en la manera en que construimos conocimiento y nos relacionamos con la verdad. El control sobre las “tripas” empieza por el control del conocimiento y las emociones. Y, para ello, no es necesario “extirpar el cerebro”, ya que basta con imponer “verdades” instauradas sobre lógicas excluyentes que simbolicen claramente una herida social en la que identifican la propia herida singular con un odio al otro (Biglieri & Cadahia, 2021).[2]

La expresión “destripar a la izquierda” pretende situar en el centro del sentido común de la población colombiana el discurso “patriotista”,[3] o sea, aquel que instaura irónicamente el valor simbólico-afectivo de la patria como un principio de validación discursiva, influyendo en lo que se acepta como verdadero. Todo aquello que no esté subordinado a su lógica o alineado a su racionalidad sería considerado como un riesgo que habría que ser “expulsado” o, en este caso “destripado”. La lógica del discurso patriotista se fundamenta en la idea del Estado en tanto empresa, “el individuo como miembro de una empresa y él mismo como una empresa” (Quintana, 2020, p. 179).

Así, pues, la patria no sería más que la encarnación de la mirada empresarial del Estado y, como tal, ella merece ser administrada por un gerente, un management, capaz de llevarla a puerto seguro antes de que pueda claudicar en un naufragio. Estos naufragios han recibido muchos nombres: “Castro-chavismo”, “nos vamos a volver como Venezuela”, “heredero de las Farc”, en fin. El Estado-Enterprise, impulsará la organización de los sujetos en torno a la rentabilidad capital, por lo que será indispensable reemplazar la participación de la población en su consolidación por la competencia desigual entre ellos. Es decir que, valores democráticos tales como la igualdad, la libertad y la justicia social serían sustituidos por el criterio economicista y la pulsión de la inversión. Por criterio economicista me refiero a la forma de evaluar la realidad reduciendo su valor a patrones económicos, dejando de lado dimensiones humanas y sociales. El proyecto democrático quedará, por consiguiente, amenazado por las consecuencias históricas producidas por el capitalismo, en cuanto estructura económica, y por el neoliberalismo, en tanto forma de gobierno. La legitimidad de su poder estaría siendo sostenida por aquellas “verdades” fabricadas y puestas en circulación. ¿Cómo cuáles? Bueno, quizás estas le resulten familiares: “Reduciremos el Estado a un 40%” (Valora Analitik, 2026), “es necesario blindar jurídicamente a nuestros policías y soldados” (La Silla Vacía, 2026). O la que ha retumbado con mayor ahínco: “Haremos fracking a lo que dé” (EL PAÍS, 2026).

Por consiguiente, será necesario pensar el neoliberalismo en clave de racionalidad; esto es, entenderlo como una forma de organizar la vida a través de la lógica del mercado, pero sin quedarnos en el mero plano económico. Pensado así, se abre la posibilidad de tensionarlo en el plano del conocimiento y la comprensión de la vida, pues seguramente, desde su lógica interna, se entenderá que hay habilidades y destrezas humanas que escapan a los alcances “alineables” y “reduccionistas” de la perspectiva empresarial, en el que el valor de las experiencias y las vivencias tendrá sólo un criterio: el de la empresa.

Ahora bien, quien se ha encargado de tensionar e incomodar históricamente al neoliberalismo han sido aquellos movimientos sociales contemporáneos que sobreponen el valor de la vida y su realización sobre toda métrica mercantil y su lógica excluyente. Mientras que el neoliberalismo propende por la instrumentalización material de la vida, los movimientos sociales se apropiaron de la vida como principio normativo de existencia, no sólo la humana. Eso significa pensar no solo con las “tripas”, sino desde las “tripas”, o sea, desde nuestra condición vulnerable, desde nuestras posibilidades de ser y estar afectados y de afectar. De hecho, podríamos decir, junto con Seguró (2021), que la democracia es vulnerable en cuanto que no es mesiánica y está abierta a ser mejorable. Entonces, si pensar con y desde las “tripas” es pensar desde la vulnerabilidad, y la democracia es vulnerable; por lo tanto, cualquier intento de destripamiento sería proporcional a un gesto desdemocratizante del Estado.

       Frente a lo descrito aquí, me gustaría finalizar diciendo que no podemos perder de vista que vivir en un sistema democrático no implica erradicar ─léase “destripar”─ el disenso antagónico, sino concebir la forma en que se pueda vincular e incluir. Por eso, expresiones como las que acabamos de analizar, demuestran que nos encontramos ante la amenaza latente de una desdemocratización del Estado colombiano, y ello demanda el uso de herramientas que la misma democracia nos provee: la participación política, pero una que afecte las formas en que se produce el conocimiento. La interrupción de la producción de “verdad” en el fascismo consiste en anidar condiciones “estables” de afectos, hacer que la gente se “sienta bien” con lo que le dicen. Es necesario, entonces, des-simplificar el modo binario como el fascismo presenta la información en los medios digitales, como si todo se redujese a esquemas de malos/buenos, indiamenta/gente de bien, en fin. Un error común que se puede percibir cuando se hace frente al fascismo es “jugar” con sus mismas reglas. No basta con tener una “opinión diferente y respetable”, porque lo que a él le conviene es crear sujetos de opiniones afectivas y emocionalmente inestables. No por nada el slogan habla de “firmeza”. Producir incomodidad para resistir, sería una posible propuesta. Aunque el mismo fascismo genere ya incomodidad.

Referencias

Biglieri, P. & Cadahia, L. (2021). Siete ensayos sobre el populismo. Hacia una perspectiva teórica renovada. Herder Editorial.

Buela, A. (14 de agosto, 2013). El fascismo criollo. América Latina en Movimiento. https://www.alainet.org/es/active/66488?language=es

De la Espriella, A. (27 de julio de 2025). Entrevista con La FM [Entrevista en radio]. RCN Radio. https://www.lafm.com.co/politica/petro-solicita-que-se-investigue-a-de-la-espriella-y-a-polo-polo-por-senalamientos-contra

El Colombiano. (19 de agosto de 2025). Entrevista con Abelardo de la Espriella [Entrevista]. Bogotá, Colombia: El Colombiano. https://www.elcolombiano.com

EL PAÍS. (12 de junio de 2026). Abelardo de la Espriella matiza sus propuestas ‘milagro’. https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-06-13/abelardo-de-la-espriella-matiza-sus-propuestas-milagro

La Silla Vacía. (9 de junio de 2026). Abelardo y Restrepo dan pistas de su promesa de reducción del Estado. https://www.lasillavacia.com/en-vivo/abelardo-y-restrepo-dan-pistas-de-su-promesa-de-reduccion-del-estado

Pachón, D. (1 de junio de 2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Blogs El Espectador. https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/ 

Quintana, L. (2020). Política de los cuerpos: Emancipaciones desde y más allá de Jacques Rancière. Herder Editorial.

Rancière, J. (2019). Disenso. Ensayos sobre estética y política. Fondo de Cultura Económica. México.

Seguró, M. (2021). Vulnerabilidad. Herder.

Valora Analitik. (29 de mayo de 2026). Así es el plan económico y fiscal de Abelardo de la Espriella. https://www.valoraanalitik.com/asi-es-el-plan-economico-y-fiscal-de-abelardo-de-la-espriella-revivira-la-industria-petrolera-y-r

[1] Al respecto, véase: El Colombiano (2025)

[2] Creo que un hecho que ejemplifica esta idea y nos permite comprenderla aún mejor es lo que ocurre en el departamento del Caquetá, sobre todo en el sector rural y la industria ganadera. La sensación de cansancio e impotencia generada por los continuos condicionamientos y “controles” por parte de grupos insurgentes en la producción ganadera, ha herido la percepción sobre la seguridad y la presencia del Estado en esos territorios. El hecho que en la primera vuelta presidencial se haya registrado una votación considerable a favor del candidato A. De la Espriella debe leerse como una señal de agotamiento ante el sometimiento de estas prácticas. Como vemos, se trata de “una” herida singular lo suficientemente profunda, dolorosa e imperecedera que llevó a los sufragantes de este departamento tomar ese hecho particular como la razón máxima de motivación a su elección. 

[3] Entiendo por discurso patriotista como el conjunto simbólico que define quién hace parte de la identidad filial que se cobija bajo la noción de “patria”, teniendo en cuenta su raíz latina pater-patris que significa padre.

Se atribuye a Confucio una definición breve, sencilla, profunda y semántica del poder: “es la capacidad humana para denotar la realidad”, semejante a la del evangelio de Juan: “en el principio era el verbo” (Juan 1:1-14). Esa capacidad políticamente toma cuerpo cuando la realidad es aceptada y reconocida por todos bajo una forma de gobierno o régimen político específico. Lo cual significa que el poder político es, en principio, comunicación. Una comunicación que se transmite no solo en discursos, más o menos convincentes y persuasivos, sino sobre todo en símbolos y rituales que le confieren un contenido preciso. Por eso el poder es también una puesta en escena que se representa periódicamente y cobra un sentido institucional y social. De allí la importancia de ceremonias públicas como la posesión presidencial y su investidura. Por eso, en las democracias dicha posesión se realiza ante el Congreso o en los recintos del Parlamento, pero también a cielo abierto y ante la ciudadanía para simbolizar la máxima transparencia del poder público y su legítima procedencia, como suele suceder en los Estado Unidos de Norteamérica, bajo temperaturas gélidas y en la explanada del Capitolio. Resulta entonces curioso que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, furibundo admirador del poder de Maga y generoso aportante a la campaña de Trump, además de ciudadano leal a los designios de la doctrina Donroe, no siga dicho ejemplo republicano y opte por hacerlo en una guarnición militar. Parodiando esa obsesión personal, se podría decir que ese es el lugar adecuado para que un Tigre, animal salvaje y temible, sea investido como presidente, pues así los asistentes estarán seguros de no ser atacados y devorados. Pero el asunto es serio y trascendental, no para hacer malos chistes.

Del Capitolio al Campo de Marte

Se trata nada menos que de trasladar, como ya lo aprobó el Congreso, la civilidad y el principio de la soberanía popular encarnada por los Representantes y Senadores electos, artículo 3 de nuestra Constitución, al campo de Marte, propio de las operaciones militares y la guerra. En otras palabras, el poder civil convertido en rehén del poder militar, lo que es la esencia de un régimen castrense y no de uno democrático. Por eso también se hará en el Departamento del Cauca, para declarar la guerra y desafiar en su terreno a las disidencias de Mordisco y otras cruentas organizaciones armadas ilegales que han anegado en sangre y terror el suroccidente colombiano. Seguramente escucharemos del Tigre en su discurso muchos rugidos, amenazas y una retórica heroica en agradecimiento a los numerosos miembros de la Fuerza Pública sacrificados, con alusiones semejantes a la de Churchill de “sangre, sudor y lágrimas”, que auguran una sangría todavía mayor para todos ellos y un sufrimiento incesante para sus familias. Entonces los Congresistas e invitados especiales aplaudirán furiosamente, porque definitivamente es muy fácil enviar al matadero a miles de héroes, mientras ellos se dedican a hacer buenos negocios en nombre de la “seguridad inversionista y la prosperidad de la Patria”, esos tres huevitos tan queridos, que estarán bajo la protección y promoción del Tigre y su competente gabinete ministerial. Sin embargo, ese apoteósico y militar escenario está en vilo, pues el presidente Gustavo Petro se opone, como “comandante supremo de las Fuerzas Armadas” (artículo 189, numeral 3 de la CP), a facilitar una guarnición militar en el Departamento del Cauca para la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su conversión milagrosa de un Tigre en presidente de todos los colombianos.

Un pulso paradójico y revelador

Lo anterior es un pulso paradójico, ni siquiera imaginado por García Márquez, pues un exguerrillero, el presidente Gustavo Petro, está defendiendo la civilidad de la posesión presidencial ante el Congreso y la ciudadanía en la plaza de Bolívar, como ha sucedido desde Belisario Betancur hasta el presente, y un civil, Abelardo de la Espriella, un destacado abogado penalista de penumbrosas causas criminales, quiere ser investido en una guarnición militar para rendir tributo de honor a los “héroes de la Patria”. Muchos de esos héroes han muerto combatiendo a criminales que, directa o indirectamente, han estado relacionados con las disputas por rentas ilegales entre Paramilitares y guerrillas, en cuyo contexto jugó un importante rol el joven abogado Abelardo, promoviendo la Fundación Iniciativas por la Paz (FIP)[i], para el tránsito de los comandantes y miembros de la AUC a la civilidad. Estamos, pues, presenciando una curiosa inversión de identidades, se diría que milagrosa. La de un rebelde convertido en defensor a ultranza de la civilidad y una imposible “Paz Total”, que deja la Presidencia el 7 de agosto sin alcanzarla y, de su contraparte, un civil que llega a la Presidencia obsesionado con el culto al militarismo y la “Guerra Total” en aras de la seguridad y la paz. Pero la realidad es más compleja y reveladora, si recordamos que Gustavo Petro en desarrollo de su posesión presidencial, apeló nada menos que a un símbolo histórico de la guerra, la espada del libertador Simón Bolívar, instalándola en el centro de la ceremonia y luego la esgrimió y anunció: “Hasta que no haya justicia social en Colombia no se envainará la espada, sino que continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño”, acompañada de la bandera rojinegra de Bolívar de “guerra a muerte” contra el general español Pablo Murillo y sus colaboradores.

Profunda crisis de Civilidad, Democracia y Soberanía

Simbolismos que nos revelan una profunda crisis de civilidad, convicción y coherencia con el ejercicio de la democracia por parte de ambos líderes políticos, pues en desarrollo de sus proyectos y objetivos, diametralmente opuestos, coinciden en el recurso y apoyo de los militares como la fuerza decisoria. En el caso de Petro, la Paz Total con justicia social, que lo llevó a confiar demasiado en la supuesta voluntad de paz de organizaciones supuestamente rebeldes, ya carcomidas por el narcotráfico, que afianzaron su control territorial a punto de terror y crímenes abominables. Por el contrario, el Tigre está convencido que solo con guerra total y un Plan Patriota podrá haber seguridad para la prosperidad y la paz. Pero olvida un sabio consejo atribuido a Bonaparte, que algo sabia de armas: “Con las bayonetas pueden hacerse muchas cosas, menos sentarse sobre ellas”. De allí su “Firmes por la Patria” y su predilección por una guarnición en lugar del Congreso y la plaza de Bolívar para su posesión. Abelardo y su Tigre creen ilusamente, igual que su padrino Trump, que para gobernar basta rugir, amenazar y ordenar bombardeos. Por eso también su lealtad a la llamada “Doctrina Donroe” y su entusiasmo por el “Escudo de las Américas”, además de su reveladora y orgullosa afirmación de ser el primer presidente de Colombia del partido republicano de Trump. Declaraciones que no son propias de un “Defensor de la Patria”, mucho menos de un presidente democrático que jura defender la soberanía de Colombia, sino más bien de un lacayo de Maga, que se suma a la compañía de una figura tan vergonzosa, humillada y desprestigiada como Delcy Rodríguez en la sufrida, esquilmada y depredada “Venezuela Bolivariana”. ¿Será ese el significado y el destino de la “Patria Milagro”?

[i]https://www.infobae.com/colombia/2025/09/17/el-rol-de-abelardo-de-la-espriella-en-el-proceso-de-paz-entre-colombia-y-las-auc-lo-volveria-a-hacer/

Las naciones suelen hablar de fronteras; las familias, en cambio, hablan de hijos. Entre esos dos lenguajes casi nunca existe equilibrio. Mientras los Estados clasifican personas en expedientes, permisos, visas o procesos administrativos, una madre recuerda la primera palabra de su hijo; un padre conserva la fotografía donde aún era un niño; una hija espera que alguien vuelva a abrir la puerta de la casa. Ahí comienza la verdadera dimensión de una tragedia.

El 13 de julio, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y asesinó al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de apenas veintiséis años, durante un operativo migratorio en Biddeford. Murió frente a su esposa, Martha Carolina Rojas, y frente a su pequeña hija de tres años. Las autoridades estadounidenses confirmaron que el agente efectuó al menos cuatro disparos que atravesaron el parabrisas del vehículo que conducía el joven colombiano. Joan Sebastián había llegado a Estados Unidos buscando exactamente lo mismo que han buscado millones de seres humanos desde el inicio de la historia: una oportunidad para trabajar, sostener a su familia y construir un futuro mejor.

No conocemos todavía todas las respuestas. Sería irresponsable fingir que las tenemos. La investigación deberá establecer plenamente las responsabilidades penales y administrativas. Pero sí conocemos una verdad anterior a cualquier proceso judicial: un joven trabajador murió por disparos efectuados por un agente del Estado. Y ninguna democracia puede aceptar que una vida termine así sin exigir una explicación completa, transparente e independiente.

Organizaciones de inmigrantes en Maine sostienen que Joan Sebastián contaba con autorización para trabajar y número de Seguro Social. Su abogado explicó que tenía un proceso de asilo activo. Su padre contó que sostenía a su hogar con dos empleos. Su esposa recordó que cada mañana su hija despertaba llamando a su padre. Esas son las cosas que importan cuando se habla de una vida humana.
Después del tiroteo aparecieron nuevas revelaciones. El agente fue identificado por la prensa estadounidense como David Michael Brouillette. Su exesposa, Ashley Brouillette, declaró al Portland Press Herald que él la llamó para decirle que había disparado y le pidió que mintiera para proteger su reputación. Según su testimonio, ella se negó y afirmó públicamente: “Me estaba pidiendo que mintiera por él y que encubriera su conducta”. Será la justicia quien determine el alcance de esos hechos. Pero incluso esas declaraciones reflejan la dimensión moral de una tragedia que ya no puede reducirse a un simple procedimiento administrativo.

Hay millones de colombianos viviendo fuera del país. Algunos escaparon de la violencia, otros de la pobreza, otros simplemente buscaron una oportunidad que aquí no encontraron. Son médicos en Madrid, obreros en Nueva York, ingenieras en Toronto, enfermeros en Londres, cocineras en Santiago, estudiantes en Berlín, agricultores en Australia. Envían remesas que sostienen hogares enteros, celebran la Navidad viendo amanecer por videollamada y aprenden a pronunciar palabras nuevas sin olvidar el acento de su infancia. Cada uno carga una forma distinta de nostalgia. Ninguno deja de ser colombiano porque cambie de pasaporte, de idioma o de paisaje.

Por eso debería dolernos Joan Sebastián. No porque su historia haya llegado a los titulares, sino porque representa a esa Colombia silenciosa que continúa construyendo su vida lejos de casa. A veces pareciera que solo recordamos a nuestros compatriotas cuando una tragedia los devuelve al mapa nacional. Mientras viven, suelen permanecer invisibles; cuando mueren, descubrimos demasiado tarde que también eran parte de nosotros.

Y también porque cualquiera de nosotros podría haber sido él. Bastaba con haber nacido en otra ciudad, haber tomado otra decisión, haber aceptado un trabajo lejos de casa o haber perseguido el mismo sueño de millones de migrantes. La geografía es, muchas veces, una casualidad. La dignidad humana no debería serlo.

Resulta imposible no preguntarse cuánto pesan todavía el origen, la nacionalidad, el idioma o incluso el color de la piel en la manera en que algunas vidas son percibidas. Joan Sebastián era colombiano, era latinoamericano, era migrante. Su muerte obliga a preguntarnos si todas las personas reciben el mismo trato y el mismo valor cuando quienes ejercen el poder deciden usar la fuerza. Esa pregunta no acusa de manera anticipada a una investigación; interpela nuestra conciencia colectiva.

Edward Said escribió que el exilio nunca deja de ser una fractura entre el ser humano y su lugar de origen. Esa herida no desaparece con el éxito profesional ni con los años. Se aprende a vivir con ella. Quien migra lleva dos geografías al mismo tiempo: la que pisa y la que recuerda. Quizá por eso la muerte lejos de casa posee una dimensión particularmente dolorosa. No solo interrumpe una vida; también rompe el puente invisible que une a una familia con la esperanza del regreso.

Las imágenes que llegaron desde Biddeford no muestran únicamente una escena policial. Muestran a una mujer arrodillada frente al cuerpo de su esposo y a una niña pequeña que, según testigos, lloraba con una mochila rosa porque nunca volvería a abrazar a su padre. Ninguna discusión política puede borrar ese instante. Ninguna diferencia ideológica debería impedir reconocer que allí ocurrió una tragedia humana.

Los Estados tienen el derecho y la obligación de hacer cumplir sus leyes. También tienen la obligación —más profunda todavía— de proteger la vida y actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Cuando una intervención termina con una muerte, el deber democrático consiste en investigar sin reservas, esclarecer los hechos y garantizar que la verdad prevalezca sobre cualquier versión apresurada. Esa exigencia no pertenece a una ideología; pertenece a la dignidad humana.

En Colombia conocemos demasiado bien el precio de deshumanizar a las personas. Durante décadas aprendimos que basta con etiquetar a alguien para que su muerte parezca menos importante. Esa es una lección que no deberíamos exportar ni aceptar en ningún rincón del mundo. Ningún migrante es un expediente antes que una persona. Ningún ser humano pierde su dignidad por cruzar una frontera.

Quizá esa sea la responsabilidad más profunda de un país: no abandonar a sus ciudadanos cuando la distancia los vuelve invisibles. Un colombiano en Biddeford, en Queens, en Madrid o en Melbourne sigue llevando consigo una parte de la historia nacional. Sus alegrías también nos pertenecen. Sus dolores también deberían hacerlo.

Porque antes que inmigrante, antes que colombiano, antes que cualquier categoría jurídica, Joan Sebastián Durán Guerrero era un ser humano. Su vida valía exactamente lo mismo que la de cualquier ciudadano del mundo. El llamado urgente que deja su muerte trasciende a Colombia y a Estados Unidos: que nunca olvidemos que la dignidad humana no depende de un pasaporte, de una visa, de un permiso de trabajo, del idioma, del color de la piel o del lugar donde alguien nació. Si permitimos que una vida valga menos por cualquiera de esas razones, habremos empezado a perder algo mucho más grande que una discusión sobre inmigración: habremos empezado a perder nuestra propia humanidad.