¡Qué zulú! encuentra en el lenguaje un problema filosófico que suele permanecer oculto bajo la apariencia de lo cotidiano: la relación entre la palabra y la realidad que creemos nombrar, entre aquello que decimos y aquello que hemos aprendido a considerar verdadero, porque una expresión aparentemente trivial puede contener una determinada concepción del mundo y, con ella, una manera de ordenar las diferencias entre unos seres humanos y otros. La autora parte de palabras que circulan en la conversación común y las convierte en materia de interrogación, como si levantara la superficie de esas expresiones para buscar las ideas, los prejuicios y las experiencias históricas que han quedado depositados en ellas, de allí que el verdadero asunto del libro no sean solamente las palabras cuestionadas, sino nuestra relación con aquello que hemos aprendido a decir sin preguntarnos por qué lo decimos.

En esta perspectiva, la presencia de Platón adquiere una importancia particular, pues la reflexión de la autora se aproxima a esa vieja disputa entre la opinión y el conocimiento, entre aquello que damos por cierto porque ha sido repetido y aquello que estamos dispuestos a someter al ejercicio de la razón. Una expresión heredada puede funcionar como una pequeña caverna: proyecta una imagen del otro, nos acostumbra a verla y termina haciendo innecesaria la pregunta por su origen, mientras la educación, entendida en un sentido filosófico, debería precisamente abrir una posibilidad contraria, permitir que el individuo se aparte de las sombras que ha confundido con la realidad y examine las ideas desde las cuales ha construido sus juicios. En ¡Qué zulú! esa salida de la caverna no ocurre mediante una gran revelación, sino a través de algo mucho más cercano y quizá por eso más difícil: detenerse ante una expresión conocida y preguntarse por la carga simbólica, muchas veces histórica, que en ella se asienta.

Locke le permite conducir esa indagación hacia el terreno de la experiencia y de la formación de las ideas, lo que permite afirmar que no nacemos con muchas de las categorías desde las cuales juzgamos a los demás, sino que las vamos adquiriendo en el contacto con el mundo, en la familia, en la educación, en la cultura y también en el lenguaje que escuchamos y repetimos. Una expresión puede instalar una asociación en la conciencia mucho antes de que tengamos la capacidad de someterla a juicio, de modo que aquello que posteriormente llamamos “sentido común” puede ser, en realidad, el resultado de una larga sedimentación de experiencias y conceptos que nunca fueron examinados, frases que asimilamos sin sentir, ni mucho menos presentir, la carga simbólica que contienen. La referencia a los hábitos erróneos de Locke resulta fecunda, porque permite comprender que el prejuicio no necesita presentarse como una doctrina elaborada: puede sobrevivir en una frase, en una comparación, en una costumbre lingüística que ha conseguido borrar las huellas de su propio origen.

Y quizá sea precisamente la costumbre uno de los territorios más difíciles de interrogar, porque aquello que repetimos durante mucho tiempo termina adquiriendo la apariencia de lo natural, como si la frecuencia pudiera otorgarle legitimidad a una idea; una palabra heredada deja entonces de parecernos una construcción cultural y comienza a funcionar como una evidencia, algo que se dice porque “siempre se ha dicho”, sin que nos detengamos a preguntar quién la inventó, qué historia la acompaña, qué relación de poder pudo haber detrás de ella y por qué seguimos transmitiéndola. En esa zona aparentemente inofensiva de la costumbre se instala buena parte de aquello que después llamamos sentido común, cuando muchas veces no es otra cosa que una idea antigua a la que hemos dejado de hacer preguntas.

Protágoras le permite introducir otra tensión fundamental, porque la idea de que el hombre es medida de las cosas permite preguntarnos quién establece los criterios con los cuales calificamos al otro, quién decide qué es civilizado y qué es salvaje, qué es normal y qué resulta extraño, qué merece reconocimiento y qué puede convertirse en objeto de burla o desprecio. Cuando una persona utiliza una expresión como ¡Qué zulú! para referirse a alguien, no está simplemente escogiendo una palabra entre muchas posibles, está recurriendo a una imagen cultural que establece una relación entre ese individuo y una determinada representación de lo salvaje o lo diferente; la palabra revela entonces una mirada anterior a ella misma, una mirada que ya ha clasificado aquello que pretende nombrar. La pregunta deja de ser únicamente qué significa una palabra y pasa a ser quién tiene el poder de construir el significado desde el cual miramos a los otros.

La autora no pretende resolver estas preguntas desde una posición exterior a la experiencia, sino que permite que el desconcierto, la incomodidad y hasta el dolor se conviertan en materia de pensamiento, aunque allí mismo aparece una exigencia: la experiencia personal puede abrir una pregunta, pero no basta por sí sola para convertirla en verdad; necesita confrontarse con la historia, con otras experiencias, con la filosofía y con la razón, justamente el movimiento que el libro intenta realizar cuando pasa de la expresión escuchada a la investigación, de la experiencia a los autores y de la reacción personal a una pregunta ética acerca del lenguaje. Ese tránsito resulta importante porque evita que la reflexión quede encerrada en el ámbito de lo subjetivo y permite convertir una vivencia particular en un problema que puede ser discutido socialmente.

Hay algo más que conviene preguntarse cuando hablamos de lenguaje: si cambiar determinadas palabras basta realmente para cambiar aquello que pensamos. Una sociedad puede modificar su vocabulario y conservar intactas sus formas de discriminación, del mismo modo que puede abandonar una expresión sin haber comprendido jamás la historia que contenía; la transformación tendría que alcanzar el concepto que está detrás de la palabra, la relación de poder que la sostiene, la mirada que clasifica al otro y la educación que permitió que esa clasificación llegara a parecernos natural. Allí la crítica adquiere una dimensión más profunda, porque ya no se trata solamente de cuidar lo que decimos, sino de preguntarnos qué tipo de conciencia produce aquello que decimos y qué tipo de sociedad contribuye a reproducir.

También resulta necesario mantener abierta la tensión entre intención y efecto, porque una palabra no puede ser comprendida exclusivamente desde la intención de quien la pronuncia ni juzgada al margen del contexto en que aparece, pero tampoco puede suponerse que la buena intención borra automáticamente la historia y la carga cultural de una expresión. Entre lo que quiso decir quien habla y aquello que experimenta quien escucha existe un espacio donde intervienen la memoria, la cultura, la posición social y la experiencia individual, y es precisamente allí donde el lenguaje deja de ser un asunto puramente lingüístico para convertirse en un problema ético; la responsabilidad comienza cuando aceptamos que nuestras palabras pueden producir efectos que no controlamos completamente y que conocer esa posibilidad nos obliga a revisar aquello que antes pronunciábamos de manera automática.

Hay aquí una relación que me parece inevitable con Juan Montalvo y con aquella afirmación suya, “mi pluma lo mató”, expresión que condensa de manera extraordinaria la conciencia del escritor acerca del poder de la palabra, porque la pluma no aparece como un simple instrumento para describir la realidad, sino como una fuerza capaz de intervenir sobre ella, de derribar reputaciones, denunciar poderes, combatir ideas y producir efectos concretos en la conciencia de quienes leen. Vista desde esta perspectiva, la reflexión de Stella Estrada adquiere una resonancia mayor: las palabras que analiza no son sonidos inocentes que desaparecen después de ser pronunciados, llevan consigo una memoria, una representación del otro y una determinada concepción del mundo, de allí que una expresión aparentemente cotidiana pueda contribuir a perpetuar una mirada discriminatoria, del mismo modo que otra palabra, consciente de su responsabilidad, puede abrir una fisura en esa mirada y comenzar a transformarla.

¡Qué zulú! puede leerse también como un ejercicio de desmontaje de la costumbre, una tentativa por devolverle extrañeza a aquello que la repetición ha vuelto invisible, ahí está quizá su dimensión más filosófica: la autora no solamente pregunta por el significado de determinadas expresiones, pregunta por la formación de nuestros juicios, por la relación entre lenguaje y conciencia, por la educación y por la responsabilidad que tenemos frente a las ideas que heredamos. Platón aparece entonces con su exigencia de salir de la opinión, Locke con la pregunta por el origen y la formación de nuestras ideas, Protágoras como una provocación acerca del lugar desde donde medimos el mundo, y todos ellos terminan confluyendo en una preocupación contemporánea que sigue siendo profundamente humana: cómo aprender a mirar al otro sin imponerle, antes de conocerlo, las palabras con las cuales nuestra propia cultura ya lo ha definido.

El libro deja abierta una pregunta: ¿cuánto de nuestra manera de pensar pertenece realmente a nosotros y cuánto es una herencia que hemos recibido bajo la forma aparentemente inocente de una palabra? Allí comienza una crítica que no puede dirigirse únicamente contra los demás, porque también nos alcanza a nosotros mismos y nos obliga a reconocer que el pensamiento crítico no consiste en descubrir los prejuicios ajenos mientras permanecemos cómodamente instalados en los propios. Tal vez esa sea la inquietud más fértil que deja ¡Qué zulú!: comprender que cuestionar una palabra es apenas el comienzo, que detrás de ella existe una idea y detrás de la idea una determinada manera de mirar, y que transformar verdaderamente el lenguaje exige llegar hasta ese lugar más profundo donde se forman nuestras representaciones del mundo y del otro.

Quizá la reflexión a que nos invita la autora sea a recuperar el lugar de la palabra como afecto humanitario, tal vez sea necesario volver a Heidegger, quien nos dejó una de las imágenes más poderosas para pensar esta relación cuando afirmó que “el lenguaje es la casa del ser” y que “en su morada habita el hombre”. Si el ser humano habita el lenguaje, entonces cada palabra que recibe, conserva y pronuncia participa también de la construcción de esa morada, y la pregunta que queda abierta es qué clase de casa estamos construyendo con las palabras que heredamos, repetimos y transmitimos: una casa cerrada por los prejuicios, donde el otro tiene que entrar bajo las definiciones que ya hemos establecido, o una morada capaz de reconocer la diferencia sin convertirla en motivo de exclusión, una casa que pueda ser habitada por todos, sin distinción de ninguna clase.

La agenda es amplia, pero más allá de la cantidad de actividades, lo que llama la atención es la visión que parece atravesarla. Durante años, la memoria en Colombia estuvo asociada principalmente a la reconstrucción de hechos violentos, a la elaboración de informes y a la preservación de archivos. Todas esas tareas siguen siendo indispensables. Sin verdad documentada no existe posibilidad de comprensión ni de justicia. Sin embargo, la programación que el Centro llevará a Medellín sugiere una apuesta más amplia: convertir la memoria en una conversación pública capaz de involucrar a sectores de la sociedad que tradicionalmente no participan de estos debates.

Esa intención aparece desde el primer día. El viernes 11 de septiembre se abrirán espacios como “Cartografía por la memoria”, un taller dirigido a jóvenes que propone explorar cómo los lugares guardan historias, emociones y recuerdos a través del dibujo y la construcción colectiva de mapas. Ese mismo día se presentará el pódcast Lenguajes de la memoria: afectaciones a metaleros en el marco del conflicto armado en Medellín (1990-2000), una propuesta que recupera testimonios de quienes encontraron en la música una forma de resistencia frente a las distintas expresiones de violencia que marcaron la ciudad durante las últimas décadas.

La elección de Medellín para este tipo de reflexiones no es casual. La ciudad ha sido protagonista de algunos de los capítulos más complejos de la historia contemporánea colombiana. Ha conocido el impacto del narcotráfico, la confrontación armada, las violencias urbanas y las fracturas sociales que dejaron profundas huellas en miles de familias. Pero también ha sido un laboratorio de iniciativas comunitarias, procesos culturales y apuestas educativas que han demostrado que la memoria puede convertirse en una herramienta para reconstruir tejido social. Hablar de memoria en Medellín implica necesariamente hablar de las heridas que dejó la violencia, pero también de las múltiples formas de resistencia que surgieron para enfrentarla.

Uno de los ejes centrales de la programación será el ciclo de conversaciones denominado “El valor de las voces”, en el que participará el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’Mar Córdoba Salamanca. Los encuentros reunirán a víctimas de distintas experiencias, desde mujeres afectadas por el reclutamiento y la violencia sexual hasta Sofía Gaviria Correa y representantes de la fuerza pública.

Más allá de los nombres propios, estos espacios reflejan una idea fundamental: la memoria colombiana no puede construirse desde una sola experiencia ni desde una única mirada. La historia reciente del país está compuesta por relatos diversos, a veces dolorosamente distintos entre sí, que exigen ser escuchados con la misma disposición para comprender. En una época donde la polarización suele empujar a los ciudadanos a escuchar únicamente aquello que confirma sus propias convicciones, la apuesta por reunir voces diferentes adquiere un valor especial.

En ese contexto también puede leerse el trabajo que viene impulsando D’Mar Córdoba al frente del CNMH. Más allá de las responsabilidades administrativas propias de cualquier dirección institucional, la programación de Medellín deja ver una intención clara de acercar el Centro a públicos más amplios y de fortalecer su presencia en espacios donde la memoria dialoga con la cultura, la educación y la ciudadanía. No se trata únicamente de presentar investigaciones o publicar informes. Se trata de lograr que esos contenidos encuentren nuevos interlocutores y que la conversación sobre el pasado llegue a escenarios donde normalmente no se produce.

Quizás uno de los ejemplos más interesantes de esa visión sea el lanzamiento de La naturaleza y el territorio como víctimas: relatos de memoria histórica ambiental, programado para el sábado 12 de septiembre. La investigación inaugura una nueva línea de trabajo que invita a reflexionar sobre los impactos del conflicto armado en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos. Durante años, las discusiones sobre memoria se concentraron principalmente en las afectaciones humanas, algo completamente comprensible dada la magnitud del sufrimiento causado por la violencia. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que la guerra también transformó ríos, bosques, montañas y formas de vida enteras. Reconocer esas afectaciones permite ampliar nuestra comprensión de lo ocurrido y conectar la memoria con desafíos contemporáneos como la protección ambiental y los derechos de las comunidades rurales.

La programación también dedica una atención especial a los niños, niñas y jóvenes. Habrá talleres como Fotovoces, El jardín de la memoria, Exploradores de la memoria, Los viajes del colibrí y Mi memoria, mi museo, actividades que buscan acercar la reflexión sobre el pasado a nuevas generaciones mediante herramientas creativas y participativas.
Y quizás allí se encuentre una de las preguntas más importantes para cualquier política pública de memoria en la actualidad. ¿Cómo transmitir la historia de la violencia a quienes no la vivieron directamente? Millones de colombianos nacieron después de algunos de los episodios más intensos del conflicto armado y observan esos acontecimientos desde una distancia temporal cada vez mayor. Para ellos, la memoria no puede limitarse a una colección de fechas o acontecimientos. Necesita encontrar nuevos lenguajes, nuevas formas de narración y nuevas experiencias que permitan comprender por qué recordar sigue siendo relevante.

La agenda de Medellín parece consciente de ese desafío. Por eso incorpora actividades que exploran la memoria desde la fotografía, la música, la literatura, la educación, los archivos comunitarios e incluso la gastronomía. Uno de los conversatorios más llamativos lleva por título ¿A qué sabe la memoria?, una invitación a reflexionar sobre cómo los alimentos, las recetas y los espacios compartidos alrededor de la mesa también forman parte de las historias que una comunidad decide preservar.

De igual manera, la programación incluye espacios sobre museos escolares, archivos de derechos humanos, bibliotecas, centros de documentación y experiencias barriales de construcción de memoria. Todos ellos comparten una misma convicción: la memoria no pertenece exclusivamente a las instituciones. También pertenece a las comunidades, a los barrios, a las escuelas y a las organizaciones que durante años han trabajado para preservar sus propias historias.
Uno de los momentos más esperados llegará el 19 de septiembre con el lanzamiento de Verdades pendientes. Paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, una investigación que analiza cinco décadas de violencia en la región y pone en el centro las voces, los daños y las demandas de las víctimas. La elección de este escenario para presentar el informe tiene una fuerza simbólica evidente. Medellín sigue siendo un territorio donde la discusión sobre la paz urbana continúa abierta y donde las preguntas sobre las causas, consecuencias y transformaciones de la violencia mantienen plena vigencia.

El título del informe resume bien uno de los grandes desafíos de la memoria colombiana: todavía existen verdades pendientes. Persisten preguntas sobre responsabilidades, impactos, silencios y consecuencias que siguen reclamando atención. La memoria no existe para ofrecer respuestas definitivas a todos esos interrogantes, pero sí para evitar que desaparezcan de la conversación pública.

La elección de Medellín para presentar este informe también invita a una reflexión más amplia sobre la relación entre memoria y ciudad. Durante mucho tiempo, buena parte de los debates sobre el conflicto armado colombiano se concentraron en los territorios rurales, donde ocurrieron algunas de las mayores tragedias de la guerra. Sin embargo, las ciudades también cargan memorias profundas de la violencia. Medellín es quizás el mejor ejemplo de ello. Aquí confluyeron fenómenos asociados al narcotráfico, al conflicto armado, al desplazamiento forzado y a las distintas expresiones de criminalidad urbana que transformaron barrios enteros y marcaron la vida de varias generaciones.

Hablar de paz urbana en Medellín no significa únicamente analizar cifras de violencia o estudiar la presencia de actores armados. Significa escuchar las historias de quienes han vivido esas transformaciones desde sus comunidades, comprender cómo las dinámicas de la violencia afectaron la vida cotidiana y reconocer los esfuerzos colectivos que permitieron resistir en medio de circunstancias extremadamente difíciles. En ese sentido, la memoria se convierte en una herramienta para leer la ciudad desde abajo, desde las experiencias de sus habitantes y no solamente desde las decisiones institucionales o los grandes acontecimientos que suelen ocupar los titulares.

La programación del Centro Nacional de Memoria Histórica parece entender esa necesidad de conectar los grandes relatos nacionales con las historias locales. Por eso resulta significativo que varios de los eventos programados incluyan experiencias comunitarias, archivos barriales, iniciativas educativas y procesos culturales surgidos en los propios territorios. Más que presentar una memoria cerrada o definitiva, la agenda propone un diálogo permanente entre las investigaciones del Centro y las memorias construidas por las comunidades.

Algo similar ocurre con los lanzamientos editoriales previstos para los últimos días de la feria. Obras como ¿Quiénes son las verdaderas heroínas y los verdaderos héroes en el Oriente antioqueño? o la colección Relatos pal desolvido reflejan un esfuerzo por acercar los hallazgos de la investigación histórica a públicos más amplios mediante formatos narrativos accesibles. No es una apuesta menor. Uno de los grandes desafíos de cualquier institución dedicada a la memoria consiste precisamente en encontrar formas de comunicar conocimientos complejos sin perder rigor, pero también sin quedar encerrados en círculos académicos o especializados.

Al revisar el conjunto de actividades, aparece una idea que atraviesa toda la programación: la memoria no es solamente una tarea de preservación del pasado. También es una forma de construir ciudadanía. Recordar implica reconocer experiencias diversas, escuchar voces que históricamente han permanecido al margen de las grandes narrativas y fortalecer la capacidad de una sociedad para comprenderse a sí misma. Esa parece ser, en última instancia, la conversación que el CNMH quiere llevar a Medellín durante estos diez días.

Quizás por eso la presencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en la Fiesta del Libro trasciende el ámbito cultural. Lo que está en juego no es únicamente la difusión de investigaciones o publicaciones. Lo que está en juego es la posibilidad de seguir construyendo espacios donde el país pueda escucharse a sí mismo, reconocer la diversidad de sus experiencias y reflexionar sobre las lecciones que deja su historia reciente.

En tiempos marcados por la inmediatez, las redes sociales y la fragmentación de los debates públicos, resulta valioso que una institución pública insista en la importancia de escuchar, dialogar y comprender. Esa parece ser la apuesta que recorre la programación del CNMH en Medellín y, al mismo tiempo, una de las características más visibles del momento que vive la entidad bajo la dirección de D’Mar Córdoba.

La memoria, al fin y al cabo, no es un ejercicio destinado a inmovilizar a una sociedad en el pasado. Es una herramienta para comprender el presente y pensar el futuro. Y si algo deja claro esta programación es que el Centro Nacional de Memoria Histórica quiere que esa conversación ocurra cada vez más allá de los archivos, más allá de los expertos y más cerca de los ciudadanos.

Hay una tentación muy grande, casi inevitable, cuando un país cambia de gobierno: explicar el resultado electoral como si una mitad de la sociedad hubiera derrotado definitivamente a la otra. Colombia debería cuidarse de esa tentación.

Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales y tiene, por supuesto, la legitimidad democrática para gobernar. Pero convendría mirar con un poco más de detenimiento qué fue exactamente lo que lo llevó hasta la Casa de Nariño. Porque acaso allí se encuentre también la pregunta más importante de su gobierno.

Abelardo no llegó al poder solamente por la extrema derecha. Llegó, en buena medida, porque una parte considerable del país estaba cansada. Cansada de la improvisación, de la confrontación permanente, de la sensación de que gobernar consistía muchas veces en producir una nueva controversia antes de haber resuelto la anterior. Cansada también de un gobierno que, en distintos momentos, pareció mirar con desconfianza o desprecio a sectores enteros de la sociedad que no compartían su proyecto político.

La elección fue, en ese sentido, algo más complejo que un simple giro ideológico.

La primera vuelta había dejado a Abelardo y a Iván Cepeda separados por poco más de 660.000 votos. En la segunda, la distancia terminó reduciéndose a 251.854. De la Espriella obtuvo 12.960.166 votos y Cepeda 12.708.312. No estamos, por tanto, frente a una revolución electoral de una mayoría aplastante. Estamos frente a un país prácticamente dividido en dos.

Y esa diferencia importa.

Porque una cosa es ganar una elección y otra, bastante más difícil, interpretar un país.

Tal vez Abelardo debería preguntarse si su triunfo fue exclusivamente el resultado de una adhesión profunda a la derecha que él representa o si también fue consecuencia de una circunstancia histórica mucho más amplia: el cansancio con el gobierno anterior, el rechazo a ciertas formas de ejercer el poder, la preocupación por la seguridad, la economía y el rumbo institucional, y la incapacidad de la izquierda para convocar a los sectores del centro político que necesitaba para convertirse en una mayoría nacional.

Incluso la presencia de José Manuel Restrepo en la fórmula presidencial decía algo que no debería pasar inadvertido. Para muchos votantes, Restrepo representaba una señal de moderación, de experiencia administrativa, de diálogo con sectores empresariales y académicos, y de una derecha que podía conversar con el centro. No era un detalle menor. Era una forma de decirle a un país que había alternativas distintas a la confrontación permanente.

Quizás por eso la historia de este gobierno no debería escribirse simplemente como la historia de la llegada de la derecha al poder.

Hay algo más interesante.

Hay una casualidad histórica entre Abelardo y la derecha colombiana que todavía está por convertirse en un vínculo profundo. Su triunfo puede ser leído como la convergencia de varias circunstancias, más que como la culminación de un largo proceso de construcción ideológica de una nueva mayoría conservadora. Las elecciones producen esas paradojas: a veces llevan al poder a una persona por razones que exceden ampliamente su propia biografía política.

Y allí comienza la verdadera encrucijada.

Porque Abelardo ya no es el candidato que podía representar la indignación de una parte del país. Es el presidente de todos.

Eso cambia el lenguaje, cambia la responsabilidad y debería cambiar incluso la idea de victoria.

Un candidato puede vivir de la diferencia. Un presidente necesita construir sobre aquello que comparte la sociedad.

Esta es quizá una de las pruebas más difíciles para un gobernante con una personalidad política tan marcada como la de Abelardo. La misma energía que puede servir para ganar una elección puede convertirse en un obstáculo para gobernar. La confrontación moviliza. El gobierno, en cambio, exige administrar diferencias.

Y Colombia está llena de diferencias.

Cada decisión de este gobierno será observada por un país especialmente sensible. La izquierda sospechará de la derecha. La derecha exigirá que el gobierno cumpla sus promesas. El centro estará atento a cualquier señal de radicalización. Los empresarios mirarán las reglas del juego. Los trabajadores, los jóvenes, las regiones, las víctimas, los militares, los campesinos y las universidades tendrán sus propias expectativas.

No hay, en este momento, un sector de Colombia que pueda decir que el país le pertenece.

Quizás esa sea precisamente la oportunidad histórica de Abelardo.

Los grandes estadistas no suelen ser recordados solamente por las batallas que ganaron contra sus adversarios. Son recordados por las fronteras que consiguieron mover. Por la capacidad de hacer que quienes no pensaban como ellos pudieran reconocerse, al menos parcialmente, en una obra común.

La historia suele ser más generosa con quienes construyen que con quienes simplemente vencen.

Hay, además, una idea que me gustaría pedirle prestada al propio presidente. Si Abelardo se reconoce en la tradición del hombre del Renacimiento, tendría allí una extraordinaria oportunidad para pensar su propia presidencia. Porque si algo hizo grande al Renacimiento no fue solamente la aparición de artistas geniales, sino la capacidad de mirar más allá de los límites conocidos, de cruzar disciplinas, de aprender del otro, de encontrar horizontes mayores que las circunstancias más íntimas o los círculos más limitados.

Leonardo podía ser pintor, anatomista, ingeniero y arquitecto. Maquiavelo podía estudiar a los antiguos para comprender a los modernos. Y Lorenzo de Médici entendió que la grandeza política de Florencia no consistía únicamente en acumular poder, sino también en convertirla en un centro de cultura, diplomacia y creación.

Lorenzo es, quizás, una figura especialmente sugestiva para un presidente que acaba de llegar al poder en un país dividido. Después de la conspiración de los Pazzi y de una guerra que puso a Florencia en una situación crítica, Lorenzo viajó personalmente a Nápoles y negoció la paz. Después construyó una política de alianzas y equilibrios que hizo de Florencia una pieza decisiva de la política italiana. Al mismo tiempo, alrededor suyo se reunieron artistas, poetas, filósofos y arquitectos. Su grandeza no estuvo solamente en mandar, sino en comprender que el poder podía ser también una forma de ampliar el horizonte de una sociedad.

Quizás esa sea una de las preguntas más interesantes que podría hacerse Abelardo: ¿puede un hombre que llegó al poder desde una identidad política tan fuerte ampliar su propio horizonte hasta convertirse en algo más grande que esa identidad? ¿Puede escuchar voces que no pertenecen a su mundo, incorporar ideas que no nacieron en su círculo, reconocer que incluso sus adversarios pueden tener algo que enseñarle?

Porque allí está, en últimas, la diferencia entre un gobernante que administra una victoria y un estadista que comprende una época.

Por eso sería un error que el nuevo gobierno confundiera el mandato electoral con un mandato para profundizar las divisiones culturales del país. Colombia no necesita que el presidente demuestre cada mañana que derrotó a la izquierda. Necesita que demuestre que puede gobernar mejor que ella.

Gobernar mejor significa recuperar la capacidad del Estado para hacer cosas concretas. Mejorar la seguridad sin abandonar las garantías institucionales. Hacer crecer la economía sin olvidar la desigualdad. Construir infraestructura. Mejorar la educación. Reducir la pobreza. Fortalecer las regiones. Defender las instituciones. Hacer que la administración pública funcione. Y, sobre todo, devolverle al ciudadano una sensación elemental que se ha ido perdiendo: que el Estado existe para resolver problemas y no para producir permanentemente nuevos enemigos.

Abelardo tiene además una ventaja que quizá todavía no alcanza a dimensionar: no necesita convencer a quienes ya lo votaron de que él tiene razón. Ellos ya lo hicieron.

Su desafío está en convencer a quienes no lo votaron de que también puede gobernarlos.

Ahí está la diferencia entre un presidente de partido y un presidente de país.

Colombia no eligió a Abelardo con una mayoría abrumadora. Lo eligió en una segunda vuelta extraordinariamente estrecha, en la que apenas unos cientos de miles de votos separaron dos proyectos de país. A Cepeda le faltó poco para ganar. A Abelardo le faltó poco para perder.

Esa cifra debería ser más que una estadística electoral: debería ser una lección política. El riesgo de no comprenderla es enorme. Un gobierno que no consiga construir consensos puede terminar alimentando el péndulo que lo llevó al poder. Si una parte del país siente que durante cuatro años fue ignorada, despreciada o excluida, la próxima elección puede convertirse, otra vez, en una oportunidad para llevar el péndulo hacia el otro extremo.

Eso ya lo hemos visto en Colombia.

Por eso construir consensos no es un gesto de debilidad ni una concesión ideológica. Es, incluso, una forma de proteger el propio proyecto político. Un gobierno que logra que una parte importante de quienes no lo votaron se sientan representados tiene más posibilidades de dejar una obra duradera que uno que simplemente satisface a sus seguidores.

Esta puede ser la gran oportunidad de Abelardo de la Espriella. No convertirse simplemente en el presidente que llevó a la derecha al poder, sino en el presidente que entendió que Colombia necesitaba salir de la lógica de los bloques.

Incluso podría hacer algo todavía más difícil: construir un gobierno que no tenga como principal propósito representar a la derecha, sino representar aquello que puede convertirse en lo colectivo.

No sería renunciar a sus ideas. Al contrario. Los estadistas no dejan de tener convicciones cuando construyen consensos. Lo que hacen es entender que una convicción política adquiere verdadera grandeza cuando consigue convertirse en una política pública que puede ser aceptada incluso por quienes no comparten su origen ideológico.

La historia está llena de gobiernos que ganaron con una bandera y terminaron siendo recordados por algo mucho más grande que esa bandera.

Ese debería ser el reto de Abelardo.

No gobernar para demostrar que una mitad del país tenía razón.

Gobernar para que, dentro de cuatro años, una mayoría de colombianos pueda decir que el país está un poco menos dividido, que las instituciones son un poco más fuertes, que el Estado funciona un poco mejor y que, incluso en medio de nuestras diferencias, todavía somos capaces de construir algo juntos.

Quizás esa sea la verdadera encrucijada de Abelardo.

Seguir siendo el hombre que ganó una elección contra una época que muchos colombianos querían dejar atrás, o convertirse en el presidente capaz de inaugurar otra.

La primera opción le pertenece a la política.

La segunda, a la historia.

Ocho cuerpos aparecen sobre un escenario y se mueven como si obedecieran a una orden que nosotros no alcanzamos a escuchar. Marchan, entrenan, celebran. Se sacuden, se tensan, se disciplinan. Por momentos parecen soldados; por momentos, víctimas; por momentos, criaturas salidas de alguna pesadilla. No sabemos bien dónde termina el individuo y dónde comienza la institución.

Ese es uno de los primeros gestos de Oasis de la impunidad, la obra del director y dramaturgo chileno Marco Layera y la compañía La Re-sentida. No es una obra que pretenda llevar literalmente la calle al teatro. Nació, sí, de una calle incendiada: la revuelta social que comenzó en Santiago de Chile el 18 de octubre de 2019. Pero sus creadores entendieron que reproducir sobre un escenario la violencia de aquellas jornadas sería demasiado fácil y, quizá, demasiado poco interesante. El desafío era otro: preguntarse qué ocurre con un cuerpo cuando el Estado le enseña a ejercer la violencia y qué ocurre con una sociedad cuando empieza a acostumbrarse a ella.

La pregunta parece chilena, pero no lo es.

Podría ser colombiana.

Podría ser argentina, mexicana, peruana, brasileña. Podría ser europea. En realidad, podría ser la pregunta de cualquier democracia que tenga policías, ejército, cárceles, fronteras y ciudadanos que alguna vez han salido a la calle para protestar contra el poder.

Porque el Estado democrático tiene una paradoja que preferimos no mirar demasiado de cerca: para proteger la vida necesita tener capacidad de ejercer la fuerza. Y precisamente porque posee esa fuerza necesita someterla a límites.

El problema comienza cuando olvidamos la segunda parte.

La obra de Layera coloca en el centro a quienes ejercen la violencia estatal. No solamente a sus víctimas. No solamente al manifestante golpeado, al detenido, al ciudadano que corre o al cuerpo que cae. También al hombre o la mujer que recibe una orden, se pone un uniforme y aprende que mantener el orden puede exigirle utilizar la fuerza contra otro ser humano.

La pregunta entonces deja de ser solamente quién golpeó a quién.

Se vuelve mucho más incómoda: ¿qué clase de sistema produce al individuo capaz de hacerlo?

El dossier de la obra habla de un organismo mecánico y convulso, compuesto por cuerpos estrictamente disciplinados. La disciplina aparece allí no como una virtud abstracta, sino como algo que se inscribe físicamente en el cuerpo. El cuerpo aprende. El cuerpo obedece. El cuerpo se acostumbra.

Y quizá esa sea una de las grandes tragedias políticas de nuestro tiempo: que la violencia termina convirtiéndose en una técnica.

Primero nos escandaliza.

Después la explicamos.

Después la justificamos.

Y finalmente aprendemos a vivir con ella.

Colombia conoce demasiado bien esa secuencia.

Durante décadas hemos hablado de la violencia como si fuera una especie de clima. Algo que está allí, inevitable, casi meteorológico. La violencia guerrillera, la paramilitar, la criminal, la estatal, la política. Cambian los nombres, cambian los uniformes, cambian las consignas, pero permanece una idea peligrosa: que hay momentos en los que la violencia simplemente se vuelve necesaria.

Y por supuesto que existen circunstancias en las que un Estado debe utilizar la fuerza. Una democracia no puede renunciar al monopolio legítimo de la violencia sin renunciar también a una parte esencial de su capacidad para proteger a sus ciudadanos. El problema no es la existencia de la fuerza. El problema es quién la controla, con qué reglas, bajo qué controles y qué sucede cuando aquellos encargados de ejercerla empiezan a creer que la institución está por encima del individuo.

Esa es justamente una de las preguntas que atraviesan Oasis de la impunidad: quién utiliza y quién controla el monopolio estatal de la violencia y cómo puede una sociedad democrática construir un consenso sobre sus usos legítimos.

No son preguntas menores.

Son preguntas sobre el tipo de Estado que queremos.

Y también sobre el tipo de ciudadano que estamos dispuestos a ser.

Hay algo particularmente poderoso en que la obra no convierta el escenario en una copia de la protesta. Layera lo dice con claridad: el teatro no pretende trasladar territorial ni simbólicamente la calle al escenario. No quiere que asistir a una función se convierta en una forma cómoda de desmovilización. El arte, en cambio, debe dejarse afectar por lo que sucede afuera y ponerse en riesgo frente a ello.

Ahí aparece una idea que me interesa mucho: el teatro no tiene que decirnos qué pensar sobre la violencia. Tiene que devolvernos la violencia convertida en pregunta.

Y quizá eso sea también lo que esperamos de una democracia.

Una democracia madura no es aquella en la que nunca hay conflicto. Es aquella capaz de procesarlo sin convertir automáticamente al adversario en un enemigo y sin convertir la fuerza en la primera respuesta disponible.

El Estado necesita autoridad, pero la autoridad necesita límites.

La policía necesita fuerza, pero la fuerza necesita legitimidad.

El ciudadano necesita poder protestar, pero la protesta también necesita reconocer que el otro ciudadano existe.

Y entre esas tensiones —ninguna de ellas sencilla— se juega buena parte de la salud de una democracia.

Por eso resulta tan sugestiva la imagen inicial de esos cuerpos que marchan juntos. Porque un Estado también es, en cierta manera, un cuerpo. Tiene brazos, tiene músculos, tiene instituciones que ejecutan órdenes. Pero un Estado democrático debería tener algo más difícil de construir que la fuerza: debería tener memoria, controles y capacidad para preguntarse por sus propios actos.

El verdadero peligro no aparece cuando un Estado tiene fuerza.

Aparece cuando deja de preguntarse para qué la tiene.

Oasis de la impunidad nació de una experiencia concreta, la explosión social chilena de 2019, y fue construida a partir de un largo proceso de investigación artística. Más de quinientas personas participaron inicialmente en la convocatoria del laboratorio escénico realizado con apoyo del Goethe-Institut; doscientas fueron invitadas a los laboratorios que sirvieron como punto de partida para la creación. La obra terminó estrenándose en Berlín, en la Schaubühne, en abril de 2022, después de pasar por espacios como las Münchner Kammerspiele y Matucana 100.

Es decir: aquella calle chilena terminó viajando.

Pero no como una postal.

Viajó como una pregunta.

Y esa pregunta llega a Colombia en un momento especialmente interesante, porque aquí seguimos discutiendo cuál debe ser la relación entre autoridad y ciudadanía, entre seguridad y libertad, entre protesta y orden público. Seguimos intentando resolver una vieja contradicción: queremos un Estado suficientemente fuerte para protegernos, pero suficientemente controlado para que su fuerza nunca termine protegiéndolo a él mismo de los ciudadanos.

Y llega, además, a un país con una tradición teatral que ha aprendido a mirar de frente la historia. El teatro colombiano no nació de espaldas a la violencia. Buena parte de su historia moderna está atravesada por la necesidad de representar aquello que durante mucho tiempo parecía imposible de decir: la guerra, el desplazamiento, la desaparición, la desigualdad, la memoria, la vida en los márgenes y las distintas formas en que el poder entra en la vida cotidiana.

Desde las experiencias del teatro universitario y el movimiento de creación colectiva hasta grupos y dramaturgos que han convertido la memoria del conflicto en materia escénica, el teatro ha sido también una forma de investigación sobre el país. En Colombia, subir una historia a un escenario muchas veces ha significado preguntarse qué puede decir el arte allí donde el discurso político se ha agotado, donde los archivos no alcanzan o donde las palabras de todos los días han terminado desgastadas por el uso.

Por eso la llegada de una compañía chilena como La Re-sentida tiene algo más que un interés de programación cultural. Es una conversación latinoamericana.

Chile viene a Colombia con una experiencia histórica distinta, pero con una pregunta que reconocemos inmediatamente. Aquí no necesitamos que nos expliquen qué significa que un Estado utilice la fuerza en nombre del orden. Lo hemos visto demasiadas veces. Tampoco necesitamos que nos expliquen la distancia que puede existir entre una institución y los cuerpos concretos que la representan. La hemos vivido en las calles, en las regiones, en las familias y en los archivos.

Lo interesante, entonces, no es preguntarnos si Chile y Colombia son iguales. No lo son. Tampoco lo son sus instituciones, sus historias recientes ni sus formas de entender la protesta. Lo fértil está precisamente en la diferencia: en descubrir cómo una experiencia chilena puede iluminar una discusión colombiana sin pretender resolverla.

Hay, además, algo profundamente latinoamericano en ese intercambio. Nuestros países han producido una enorme cantidad de literatura, cine, música y teatro alrededor de la violencia, pero seguimos teniendo una deuda con la representación de quienes ejercen el poder. Hemos aprendido a narrar a las víctimas, y debemos seguir haciéndolo; pero también necesitamos comprender las estructuras que producen victimarios, funcionarios, soldados, policías, burócratas y ciudadanos capaces de obedecer órdenes que, en otro contexto, quizá jamás obedecerían.

El teatro puede entrar justamente allí, en esa zona gris que el discurso político suele simplificar.

Y quizá esa sea una de las razones por las que importa que Oasis de la impunidad esté en Bogotá. No solamente porque una obra chilena venga a presentarse en Colombia, sino porque el escenario colombiano puede devolverle otra lectura. Una obra cambia cuando cambia el público que la mira. El mismo cuerpo que en Santiago recuerda octubre de 2019 puede provocar en Bogotá asociaciones con otras calles, otras protestas, otros uniformes y otras heridas.

Ese diálogo no necesita convertir la obra en un manifiesto colombiano.

Al contrario.

Su fuerza está en que siga siendo chilena y, precisamente por eso, pueda hablarnos.

El teatro colombiano no necesita importar sus preguntas, pero sí puede encontrarse con ellas. Y quizá una de las mejores formas de fortalecer una escena nacional sea precisamente esa: permitir que dialogue con otras tradiciones, que compare sus heridas, que descubra sus diferencias y que encuentre en el arte producido en otros lugares un espejo imperfecto de sus propias preguntas.

Porque el teatro, cuando funciona, no confirma lo que ya sabemos.

Nos desacomoda.

Nos obliga a mirar desde otro lugar.

Y una obra sobre la violencia puede ser especialmente valiosa cuando consigue que salgamos del teatro sin estar completamente seguros de quién tenía la razón.

Quizá esa incomodidad sea una forma de inteligencia democrática.

La que permite comprender que una sociedad no se construye solamente con vencedores y vencidos, con buenos y malos, con policías y manifestantes, con Estado y ciudadanos, sino en ese espacio mucho más difícil donde todos deben aprender a convivir con el poder, con el conflicto y con los límites.

Quizá esa sea la frontera más delicada de todas.

La que separa la autoridad de la arbitrariedad.

Cuando el cuerpo de un policía se convierte en una extensión automática de una orden, algo se pierde. Cuando el cuerpo de un manifestante deja de ser visto como el cuerpo de un ciudadano y empieza a ser visto únicamente como una amenaza, algo también se pierde. Cuando el cuerpo de una víctima deja de producir indignación y empieza a producir solamente estadísticas, hemos perdido todavía más.

El teatro puede hacer algo que las estadísticas no consiguen: devolverle un cuerpo a la violencia.

Recordarnos que detrás de una orden hay una persona.

Que detrás de un uniforme hay un cuerpo.

Que detrás de una protesta hay otro.

Y que una democracia, en último término, consiste en impedir que alguno de esos cuerpos deje de importar.

Quizá por eso Oasis de la impunidad no sea realmente una obra sobre Chile.

Es una obra sobre nosotros.

Sobre ese lugar incómodo en el que una sociedad descubre que el problema nunca fue solamente quién tiene la fuerza, sino quién decide cuándo puede utilizarla y quién se atreve a preguntarle, después, por qué lo hizo.

Porque una democracia no se mide únicamente por la manera en que celebra sus libertades.

También se mide por la manera en que controla su fuerza.

Y por la capacidad que conserva para mirar a sus propios cuerpos, después de la violencia, y preguntarles qué ocurrió.

Quizá por eso valga la pena que Oasis de la impunidad llegue a Bogotá. La obra de Teatro La Re-sentida, dirigida y escrita por el dramaturgo chileno Marco Layera, podrá verse el 18 y 19 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en una función de una hora y treinta minutos.

No es una visita menor.

Es el encuentro entre una experiencia teatral nacida de la revuelta social chilena de 2019 y un país cuya propia historia ha obligado al teatro a preguntarse, durante décadas, por la violencia, el poder, la memoria y los límites del Estado.

Quizá el escenario colombiano sea, por eso mismo, un lugar especialmente fértil para esta conversación.

Porque aquellos ocho cuerpos que marchan, obedecen, se tensan y se transforman sobre el escenario no son solamente cuerpos chilenos. Son cuerpos que nos permiten reconocernos en nuestras propias preguntas.

¿Hasta dónde puede llegar la autoridad?

¿Quién controla a quienes tienen el poder de ejercer la fuerza?

¿Qué ocurre cuando la obediencia comienza a reemplazar el juicio?

¿Y qué sucede con una sociedad cuando termina acostumbrándose a la violencia?

Oasis de la impunidad no parece tener respuestas definitivas para esas preguntas.

Quizá esa sea precisamente su virtud.

El teatro no siempre tiene que explicarnos el mundo. A veces basta con obligarnos a mirarlo de nuevo.

Y en un país como Colombia, donde tantas veces hemos tenido que aprender a vivir después de la violencia, quizá no haya nada más necesario que volver a mirar esos cuerpos y preguntarnos, antes de que caiga el telón, qué hacemos con la fuerza que hemos puesto en sus manos.

El campesinado ganó derechos, pero no poder. La reforma del artículo 64 de la Constitución Política de Colombia en el año 2023 marcó un hito al reconocer al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Esta reforma incorpora, entre otras, la dimensión ambiental como un elemento esencial de esos derechos. Aun así, esta reforma es, por ahora, un avance principalmente normativo, que está lejos de garantizar una distribución más democrática del poder sobre los bienes naturales, los territorios y las decisiones que determinan la protección y uso. 

Se habla de derechos sin poder porque, como ha señalado el constitucionalista Roberto Gargarella (2011), gran parte de las reformas constitucionales en América Latina ampliaron de manera generosa el catálogo con “nuevos” derechos, pero no tocaron la estructura donde se toman las decisiones; no le prestaron la misma importancia a la organización de poder, que la cual tiene como función principal lograr activar los derechos. El resultado es conocido: derechos ampliamente reconocidos en el papel, pero con escasa capacidad para transformar la realidad. Y aquí surge una pregunta: ¿Quién toma las decisiones sobre los territorios y quién tiene el poder para decidir sobre estos?

Esto muestra el verdadero desafío de este debate: transformar la arquitectura del Estado para democratizar la toma de decisiones sobre el territorio y hacer efectiva la dimensión ambiental del campesinado a través de instrumentos concretos. Pasar del “reconocimiento” al “poder”. Fortalecer el papel del campesinado significa reconocer su importancia en la conservación de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, la reducción de los conflictos socioambientales y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

Un camino que apenas comienza

En esta dirección empiezan a aparecer instrumentos institucionales que buscan hacer efectivos los derechos ambientales de estas comunidades. Vistos en conjunto, estos revelan las luces y sombras alrededor de las medidas orientadas a transferir el poder durante los últimos cuatros años de gobierno en Colombia.

El primer terreno donde esto se juega es el judicial. La idea de una Jurisdicción Agraria y Rural estaría llamada a facilitar y expandir la “legitimidad jurídica” de las resoluciones de conflictos agrarios y rurales en Colombia. De ser aprobada, esta Jurisdicción enfrentará discusiones importantes cuando entren en disputa los derechos de tenencia, uso y propiedad de las tierras rurales frente a las áreas de especial importancia ambiental, por ejemplo.

Se espera que haya jueces que conozcan los asuntos agrarios y, por consiguiente, la interpretaciónque hacen de la Constitución. Resulta importante entender el papel que podrían adoptar los jueces como guardianes de las reglas del procedimiento democratico, pero especialmente la población campesina en la interpretación de cómo se deben entender los derechos y compromisos constitucionales, principalmente del artículo 64 de la Constitución Política. La jurisdicción agraria, como reconoce Rodrigo Uprimny “es entonces una gran oportunidad para darle contenido a la reforma constitucional del 2023”. 

Sin embargo, durante los períodos legislativos de los últimos cuatro años, el proyecto de ley que tenía como objetivo reglamentar la Jurisdicción Agraria no fue aprobada en el Congreso. Martha Carvajalino, Ministra de Agricultura del Gobierno Petro reconoció que, con el hundimiento de la iniciativa, no fue posible “fortalecer las herramientas para la distribución, administración y resolución de conflictos sobre la tierra en Colombia”. 

Si el litigio es un terreno, el ordenamiento territorial es otro. La importancia de que las comunidades puedan definir el uso y manejo de sus territorios bajo las normatividad ambiental, implica reafirmar el rol de las figuras de territorialidades campesinas, como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Además de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZAPPA).

Esto resulta significativo, pues, como señala Noriega, Ortega, & Duarte(2025), las figuras jurídicas que son comprendidas como territorialidades campesinas representan un “progreso institucional”. Sin embargo, las posibilidades que ofrecían estas figuras se encuentran hoy en un escenario de incertidumbre, tras el anuncio del presidente electo de iniciar la derogatoria de las resoluciones que declaran las APPA. De concretarse esta decisión, estarían en riesgo cerca de un millón de hectáreas declaradas en 55 municipios del país, además de seguir comprometiendo 20 millones de hectáreas que necesitan procesos para contrarrestar las afectaciones y degradaciones del suelo.

Más allá de las figuras reconocidas (ZRC, TECAM, APPA y ZAPPA) los territorios campesinos son espacios donde las comunidades han desarrollado modos de vida (productivos y comunitarios) sin necesidad de estar amparados bajo una figura.  

Un paso importante para otorgarle poder al campesinado se produjo durante el cierre de la Cumbre Campesina, realizada en el marco preparatorio de la COP16 Colombia en 2024. Allí se anunció la modificación del Decreto 1777 de 1996. Esta modificación permite fortalecer las ZRC ya que habilita la oportunidad de constituirlas al interior de las Zonas de Reserva Forestal de la Ley Segunda. En este caso, se puede incorporar la agricultura campesina, familiar y comunitaria dentro de las áreas reconocidas en la frontera agrícola. Destacando las prácticas y modos de vida campesina como formas estratégicas de protección ambiental. 

Queda un tercer frente, quizás el más determinante: la voz del campesinado en las decisiones que lo afectan. Es un avance importante si se consagra constitucionalmente los derechos ambientales del campesinado; sin embargo, aún más importante resulta, en línea con lo que se expresa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), su derecho a ser escuchados y consultados de forma obligatoria cada vez que se pretendan tomar decisiones que puedan impactar su vida, su territorio y sus derechos. 

En relación con lo anterior, la Consulta Popular Campesina representa un “mecanismo específico de participación diferenciada” (Noriega, Ortega, & Duarte, 2025). El cual permitirá que esta población pueda ver materializado su reconocimiento constitucional como sujeto de especial protección y de derechos a través de “garantías efectivas de incidencia en las decisiones que afectan los territorios rurales” (Noriega, Ortega, & Duarte, 2025). Esto permite ampliar el espectro de participación de comunidades históricamente excluidas, y entender la existencia de una herramienta real que da condiciones materiales de igualdad. 

Todo esto parte de una idea clara, pero aún pendiente de materializar: el campesinado es un aliado fundamental en la protección del ambiente, y no debe ser visto solamente como beneficiario de las políticas ambientales, sino como un actor que ha tenido capacidad real para decidir sobre los territorios que históricamente ha contribuido a conservar.

El verdadero desafío apenas comienza. 

Se han presentado tres ejemplos de cómo la dimensión ambiental del campesinado ha comenzado a traducirse en instrumentos concretos. A la par con el reconocimiento de los derechos ambientales del campesinado, el debate público debe concentrarse en una pregunta más profunda: ¿Quién toma las decisiones sobre los territorios y, sobre todo, quién tiene el poder para decidir sobre ellos? 

La gobernanza real de los territorios sigue en manos de actores externos, como gremios agroindustriales, empresas extractivas y grupos armados, cuyos intereses responden a lógicas e intereses económicos, en algunos casos ilegales. Darle vida a la dimensión ambiental y, por consiguiente, a los derechos exige redistribuir el poder para fortalecer la participación y transformar las instituciones. El verdadero desafío no es seguir reconociendo derechos, sino garantizar que las comunidades campesinas tengan una capacidad real de incidir en las decisiones sobre sus territorios.

El pasado gobierno trató de dotar de contenido la dimensión ambiental del campesinado. Ahora, consolidar esos avances, o impedir su progreso, representará uno de los grandes desafíos del actual gobierno (2026-2030): decidir si la reforma constitucional que reconoce nuevos derechos al campesinado termina despertando y activando escenarios de cambios sociales e institucionales o si, una vez más, acaban sufriendo la misma suerte de promesa como ha sucedido en otros procesos reformistas: derechos ampliamente reconocidos en el papel, pero con escasa capacidad para transformar la realidad. 

Referencias bibliográficas

Gargarella, R. (2011). Pensando sobre la reforma constitucional en América Latina. En C. Rodríguez Garavito (Coord.), El derecho en América Latina: Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI (pp. xx–xx). Siglo Veintiuno Editores. 

Noriega, J., Ortega, J. C., & Duarte, C. (2025). Consulta campesina en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana Cali. https://www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2025-07/Consulta%20campesina.pdf

Noriega, J. (2025). El territorio campesino: Un derecho en constante construcción. Semillas, 82, 15–20. 

Es comprensible que la congresista se atreva a decir una mentira de semejante tamaño. Si no lo hace, quizá sus jefes políticos podrían llamarla a juicio y, muy seguramente, no saldría bien librada. Pero Colombia no está compuesta por una multitud de ingenuos dispuestos a tragarse entero cuanto les sirvan desde los balcones del poder. Y aunque es cierto que el gobierno Petro no se caracterizó precisamente por ser un ejemplo de eficiencia ni por dejar un legado extraordinario, también lo es que Abelardo De La Espriella, hasta ahora, tampoco se ha esforzado demasiado por demostrar una capacidad de gestión, una visión de Estado o una inteligencia política capaces de sacar adelante a un país agobiado por tragedias, problemas estructurales y enormes desafíos.

Hasta el momento, lo que hemos visto es a un Abelardo De La Espriella más preocupado por rodearse de una secta de aduladores que por construir hojas de ruta coherentes con las necesidades reales del país.

Lo vimos coronando la imagen de la Virgen María con la misma devoción farisea con la que puso la educación del país en manos de la Biblia cristiana de Viviane Morales. Todo muy solemne, muy piadoso y muy fotogénico, como si gobernar consistiera en producir estampitas mientras los problemas de fondo esperan turno en la sacristía.

Tenemos, además, a un Abelardo que proclama querer ejecutar un gobierno austero, pero que parece no tener la menor intención de ponerle freno a sus extravagancias y excentricidades, esas mismas que lo hacen parecer como supercorroncho con presupuesto público y afición por los reflectores.

También tenemos al Abelardo que, durante su discurso, prometió respetar las diferencias, pero que se molesta cuando descubre que alguien tuvo, así fuera de manera remota, algún vínculo con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, de repente, las capacidades profesionales, la experiencia y los méritos dejan de importar. Basta con que alguien huela ligeramente a Petro para que sea considerado sospechoso y quede con un pie fuera de la puerta. Qué manera tan peculiar de entender la pluralidad: respetar las diferencias, siempre y cuando las diferencias piensen exactamente como él.

Porque si algo parece importarle a De La Espriella es la adulación. Necesita que a su alrededor haya personas dispuestas a asentir, a aplaudir y, si es posible, a convertir cada decisión presidencial en una epopeya histórica. Contradecirlo parece ser una especie de pecado capital. Y cuando un gobernante comienza a confundir lealtad con obediencia, crítica con traición y pluralismo con sumisión, conviene empezar a preocuparse.

Me aterra pensar que De La Espriella esté configurando un autoritarismo de derecha. Ya sacó del medio a Carolina Soto de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y lo mismo ha ocurrido con otros profesionales que parecen haber cometido el imperdonable pecado de tener algún antecedente laboral o institucional relacionado con el gobierno Petro. No importa si esa vinculación obedeció al afecto político, al deber profesional o, simplemente, a que una persona capacitada aceptó trabajar para el Estado, como corresponde en cualquier democracia medianamente normal. Para el nuevo gobierno parece bastar con la sospecha ideológica para convertir la trayectoria profesional en un inconveniente.

Y si esto hace con profesionales que han demostrado capacidad y compromiso con sus labores y que no pertenecen a su círculo de confianza, no resulta descabellado imaginar que, más temprano que tarde, comiencen las presiones contra los medios y los periodistas que nos empeñamos en ejercer el oficio de informar y criticar sin pedir permiso. Porque, aparentemente, en esta nueva república de las alabanzas, el periodista ideal no es el que pregunta, investiga o contradice, sino el que hace venias con entusiasmo y convierte cada gesto presidencial en motivo de celebración. Vicky Dávila, por ejemplo, parece tener muy claro el libreto.

Lo verdaderamente preocupante no es que un presidente tenga seguidores entusiastas; todos los gobernantes los tienen. Lo preocupante es que empiece a rodearse exclusivamente de quienes lo adulan, a expulsar a quienes no le son políticamente cómodos y a interpretar cualquier cuestionamiento como una conspiración. Así empieza siempre el deterioro de las democracias: no necesariamente con tanques en las calles, sino con pequeñas purgas administrativas, silencios complacientes, medios domesticados y una corte de aduladores convencida de que el jefe nunca se equivoca. Al final, hasta los errores terminan convertidos en triunfos y las extravagancias en políticas de Estado.

Por eso conviene bajar de inmediato la música triunfalista. Un mes de gobierno no constituyen un legado, del mismo modo que dos fotografías inaugurando obras no convierten a nadie en estadista. Colombia no necesita un presidente que se pase el día demostrando que es más macho, más creyente, más austero, más patriota o más antipetrista que sus adversarios. Necesita resultados, instituciones respetadas, funcionarios escogidos por mérito, libertad de prensa y una administración capaz de entender que gobernar no es recibir aplausos. Porque si el gran logro de este gobierno termina siendo convencernos de que cualquier gesto presidencial merece una ovación, quizá no estaremos ante el milagro colombiano que sus fanáticos anuncian, sino ante algo mucho más viejo y peligroso: el culto religioso a un ídolo con pies de barro disfrazado de gobierno.

Por cierto, Debo reconocer que el único milagro que se ha dado en este primer mes, es que Abelardo De La Espriella ya se dio cuenta que el presidente no es el Estado, ni el Estado es el presidente. En pocas palabras, que el no es Luis XIV.

“A mi hijita Bayolet le hicieron unos exámenes cuando tenía cinco años. Ya se había desmayado dos veces en el colegio y no sabíamos por qué”, dice Gladys Ordoñez, pobladora de la comunidad indígena Shintuya, en la Amazonía peruana. 

Unos kilómetros más allá de Shintuya, navegando por el río Madeira, se llega al territorio Karipuna, en Brasil. Ahí, Adriano Karipuna, líder de la comunidad, cuenta una historia similar. «Nacen con problemas, con padecimientos cardíacos (…). Hay jóvenes y adolescentes que ya tienen falta de aire».

La misma pesadilla se repite en la Amazonía boliviana. “Estamos cansados de pedir ayuda médica”, dice Limberth Miquere, corregidor indígena de la comunidad de Buena Vista.

Estas voces de desesperación y desconcierto son de hombres y mujeres de la Amazonía que viven a orillas de los ríos Madeira (Brasil), Beni (Bolivia) y Madre de Dios (Perú), testimonios que están inevitablemente atravesados por una palabra: mercurio. “No sé si mi esposo está enfermo o si yo lo estoy ¿Quién nos puede explicar eso?”, se pregunta angustiada Iris Yante, madre de tres niños de la Amazonía de Perú.

El mercurio es un metal pesado usado en la minería ilegal de oro, una actividad ilícita violenta, tristemente rentable y en pleno apogeo. Solo en la cuenca del río Madre de Dios, en Perú, en un periodo de 27 años (1997-2024) la minería arrasó con más de 95 mil hectáreas de bosque, una superficie casi tan grande como toda el área urbana de Lima, según la plataforma de análisis satelital MapBiomas. Una situación similar ocurre en las cuencas del Beni y del Madeira, donde el territorio devastado supera las 9 mil y 28 mil hectáreas, respectivamente. Lo peor: la actividad se expande diariamente alentada por el aumento del precio de la onza de oro, que en marzo de 2026 superó los 5000 dólares.

Mientras el oro incrementa su valor en el mercado internacional, la violencia y sobre todo el impacto mortal del mercurio crece en la Amazonía, pues la pérdida de bosques es solo una de las graves consecuencias de esta actividad. El impacto en la salud de miles de personas es, sin duda, el efecto más nocivo. El mercurio que se usa para separar el oro del sedimento es arrojado a los ríos contaminándolos irremediablemente. Contamina los peces que comen las comunidades indígenas, contamina el agua que beben y contamina las zonas en las que se bañan. Los efectos son devastadores, van desde la pérdida de memoria y dolores de cabeza hasta daños al sistema nervioso central.

Los testimonios de Gladys, Iris, Adriano y Limberth, recogidos en comunidades de los tres ríos amazónicos por Mongabay Latam, muestran la impotencia de quienes viven con dolencias que no pueden explicar.

¿Qué tanto se ha extendido la contaminación del mercurio en la Amazonía? ¿Cuántas comunidades y pobladores se han convertido en víctimas de su impacto? A pesar de la gravedad de la situación, no existen estudios regionales que permitan comprender el alcance de este enorme problema ambiental y sanitario. Lo que sí existe son estudios dispersos realizados en algunas comunidades de la cuenca amazónica de estos tres países. 

Para ponerle una cifra a este problema y cerrar esta brecha de información, Mongabay Latam revisó 39 estudios científicos, publicados entre 1997 y 2024, que incluyen mediciones sobre la presencia de mercurio en personas que viven a lo largo de 2763 kilómetros de los ríos Madeira, Beni y Madre de Dios, así como en los peces que ahí se consumen. Este trabajo incluyó procesar cifras y metodologías distintas, así como estandarizar las mediciones para establecer con claridad los niveles de afectación y tener una fotografía completa de la situación.

El resultado es una base de datos que reúne 7725 muestras de mercurio en personas y 5939 muestras de tejido en peces extraídas de estas publicaciones en las que participaron al menos 130 científicos. Este análisis —construido con el acompañamiento y asesoría del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), afiliado a la Universidad de Wake Forest— dibuja la ruta de la contaminación a lo largo de tres ríos amazónicos emblemáticos que se conectan y que bañan con mercurio la vida de cientos de familias.

La información analizada es clara: al menos 249 comunidades han estado expuestas al mercurio en las últimas dos décadas. De estas, 220 —el 88 %— tienen el metal pesado muy por encima de los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero este no es el peor escenario. El mercurio se ha extendido como una plaga a través de las corrientes de cada río.  Al hacerlo ha contaminado no solo a las 249 comunidades muestreadas, sino también a quienes se encuentran en el camino. El análisis de Mongabay Latam ha establecido que alrededor de 702 comunidades también están en riesgo, ya que viven a orillas de estos tres ríos, a máximo dos kilómetros de distancia, y están situadas entre los puntos de minería ilegal activos y las comunidades contaminadas. En resumen, 951 comunidades tienen niveles alarmantes de mercurio o viven en estado de vulnerabilidad. Una cifra desgarradora. Miles de personas conviviendo desde hace años con un enemigo silencioso sin que nadie las ayude.

“La contaminación por mercurio es un genocidio silencioso para los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), una organización regional que representa a los pueblos indígenas de esa cuenca.

Visitamos 15 de los territorios más afectados por los niveles altos de mercurio: siete en Perú, cinco en Bolivia y tres en Brasil. Las historias son sobrecogedoras: gestantes y bebés con altísimos niveles de mercurio; niños en etapa escolar con problemas de aprendizaje y habitantes que dependen de la pesca o de la minería artesanal para subsistir mientras, paradójicamente, se contaminan al comer y trabajar.

“Toditos estamos afectados por el mercurio. Y estamos así por consumir pescado. Pero si dejamos de pescar nos podemos morir de hambre, no tendremos dinero para nada”, asegura Dora Quispe, habitante de Puerto Motor, una pequeña comunidad indígena de 28 familias en el departamento de Beni, en la Amazonía boliviana. “Los pueblos indígenas nada tenemos que ver con la minería, pero estamos siendo contaminados y vamos a ser exterminados por este metal”, agrega Eusebio Ríos de Fenamad, en Perú.

Las víctimas del mercurio

En Bolivia, un pescador arrodillado en una playa del río Beni espera a que un pez muerda el anzuelo de su rústica caña de pescar. Este poblador ese ejja se llama Gilberto Vaca y sigue todos los días la misma rutina, a pesar de que sabe que los peces que atrapa están contaminados con mercurio. No tiene otra alternativa, dice, debe llevar la comida a su familia.

Vaca vive en la comunidad Puerto Yumani, uno de los territorios indígenas que destaca en la base de datos por sus altos niveles de mercurio. La OMS indica que el nivel seguro de mercurio en una persona para poder vivir sin problemas de salud es de 2 mg/kg en una muestra de cabello humano. En Yumani, el mercurio está casi cuatro veces por encima de los límites permitidos. Esta situación se repite y empeora en varias de las comunidades analizadas.

En el río Madre de Dios, por ejemplo, hay muestras de pobladores que superan en más de 20 veces el límite considerado seguro (44 mg/kg), mientras que en el Beni hay casos que superan en 10 veces el valor (32 mg/kg). Y río abajo, en el Madeira, la situación es extrema. Habitantes reportan niveles de mercurio más de 75 veces superiores al umbral seguro (150 mg/kg).

“Esos niveles de mercurio sirven para calcular el riesgo. Y ese riesgo se refiere también al potencial de presentar un efecto negativo en la salud como, por ejemplo, síntomas de pérdida de la memoria, dolores de cabeza, afectaciones al sistema nervioso central o a nivel cardiovascular”, explica Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio del CINCIA que tiene experiencia realizando estas evaluaciones en ríos de la Amazonía. Vega también fue asesora de este proyecto periodístico.

El temor es que el daño sea irreparable, dice Mariano Castro, ex viceministro del Ambiente del Perú y director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa – Grade. «Es un daño a la vida, al desarrollo y al bienestar que es evitable. Pero que, en forma severa, también es irreversible. Las causas están ahí: son antrópicas. Puede haber mercurio en estado natural, pero los niveles por encima de lo recomendado por la OMS son antrópicos», advierte Castro, quien representó al país en la firma del Convenio de Minamata, un tratado internacional al que Perú se adhirió en octubre de 2013, hace más de 12 años, para evitar que la contaminación por mercurio se expanda.

Lamentablemente, la respuesta de cada uno de los tres gobiernos asociados a esta investigación —Bolivia, Brasil y Perú— ha sido insuficiente en las tres cuencas, pues se ha centrado, sobre todo, en operativos policiales, mercurio decomisado y dragas destruidas que vuelven a funcionar a los pocos días. La salud no ha sido una prioridad.

Hay víctimas que llevan más de 27 años expuestas a altísimos niveles de este metal, sin tener la minería operando en sus comunidades. Como explica Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), “muchos de los pueblos indígenas no tienen minería en sus territorios, pero la afectación que se ha evidenciado en diferentes estudios se debe a la minería que se hace a cientos de kilómetros”. 

Antonio Vilca, corregidor de la comunidad indígena de Carmen Soledad en Bolivia, cuenta que las aguas del río Beni arrastran el metal pesado y otros desperdicios de los campamentos mineros. “Vemos los recipientes de mercurio, de marca El Español, que llegan hasta acá. También vemos el agua sucia, como con aceite de vehículo. Prácticamente somos el basurero de los mineros”, lamenta Vilca.  

El mercurio puede viajar kilómetros sin importar las fronteras nacionales, sobre todo si se trata de cuencas que están conectadas. La contaminación que se genera en un país, como Perú o Bolivia, se traslada con las corrientes hasta afectar otras geografías como Brasil, e incluso ir más allá. “No solo se transporta por el río, sino que también tiene transporte global y puede moverse a través de la atmósfera hasta los polos. Por eso hay que mirarlo de forma integral, en sus interconexiones”, explica Claudia Vega de CINCIA. 

Un informe técnico de esta organización científica y de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2025, dimensiona algunos de estos riesgos. En la comunidad de Maizal, en la cuenca del Madre de Dios, el estudio reveló niveles de mercurio hasta 12 veces superiores a los límites recomendados en personas, con afectaciones a la memoria, la función ejecutiva y la salud renal y cardiovascular. También precisó que el río Madre de Dios y sus afluentes —especialmente el Inambari, en zonas como La Pampa— transportan hasta 12 toneladas de mercurio cada año.

“Sabemos que en nuestras comunidades ya afecta a madres gestantes, a niños en su crecimiento y desarrollo. El mercurio ya impacta a las próximas generaciones de los pueblos indígenas. Es un perjuicio que nos está dejando la humanidad a los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos de la Fenamad.

Veneno en el plato

Durante más de cincuenta años, en la mesa de Raimundo Nonato dos Santos y su esposa Maria Rogelina Soares da Silva hubo tucunaré y pintado. Los pescaban en el Lago Puruzinho, una de las fuentes de agua más cercanas a la comunidad ribereña del mismo nombre en la Amazonía de Brasil. Esa era la rutina de la familia hasta que una serie de estudios científicos revelaron que ese pescado, su principal fuente de proteína, contenía altos niveles de mercurio.

«Cambió casi todo por completo», dice Soares da Silva. «Es como si hubiéramos estado viviendo en una especie de inocencia, sin saber nada de lo que estaba pasando», agrega su esposo, quien lleva al menos 26 años participando en los estudios de la Universidad Federal de Rondônia. Esta institución ha reportado en más de una oportunidad que las concentraciones de mercurio en los habitantes de la comunidad Lago Puruzinho están entre las más altas de la cuenca del río Madeira, hasta más de doce veces el límite considerado seguro por la OMS.

La situación es la misma en el territorio Karipuna ubicado en Rondônia, Brasil. Adriano Karipuna, líder indígena de la comunidad, explica que al problema de la contaminación hay que sumar la escasez de peces. «Hace diez años, en media hora se podía pescar, sin exagerar, hasta 500 kg de pescado. Pero, hoy en día, si pescamos cuatro peces en seis horas es mucho. Y el pescado ya viene contaminado», confiesa. Río arriba, en Puerto Motor, en la Amazonía boliviana, la corregidora Edith Guzmán Marupa resume la situación en una frase: «Sabemos que tenemos mercurio en nuestros cuerpos, pero no podemos hacer nada». 

Las 5939 muestras de tejidos de peces tomadas entre 1997 y el 2024, incluidas en la base de datos de esta investigación, evidencian que los tres ríos albergan diversas especies con altas concentraciones de mercurio: al menos 19 en Brasil, 15 en Bolivia y dos en Perú. Los peces son centrales para esta historia, pues son la base de la dieta de las comunidades indígenas y ribereñas. Existe una relación directa entre los altos niveles de mercurio de los pobladores y el consumo del pescado que acumula el metal pesado en sus tejidos. Y esto se debe a dos fenómenos: la bioacumulación y la biomagnificación.

El mercurio liberado por la minería se transforma en metilmercurio, su forma más tóxica, al entrar en los ríos. El plancton absorbe el metal pesado y, luego, de este se alimentan los peces pequeños que luego son devorados por los más grandes. Cada vez que un pez se alimenta de otro que está contaminado, el mercurio se va concentrando más y más en sus tejidos (bioacumulación) y aumenta su concentración de un nivel de la cadena al siguiente (biomagnificación). Por esa razón, los peces que comen otros peces presentan los niveles más altos de mercurio y representan un mayor riesgo para las comunidades que los consumen.

Eduardo Bessa, profesor de biología de la Universidad de Brasilia (UnB), explica que la parte que más se consume es la musculatura del pescado, que lamentablemente resulta ser uno de los tejidos más contaminados. “Y no comemos solo un pescado a lo largo de nuestra vida, los comemos varias veces». Mucho más si se trata de una comunidad de la Amazonía.

Investigaciones realizadas desde los años noventa ya advertían sobre concentraciones elevadas de mercurio en peces amazónicos y poblaciones ribereñas. Y la situación no ha cambiado a pesar de que ya han pasado casi 30 años. Como explica Claudia Vega de CINCIA, la minería “no se ha detenido, por el contrario, se ha acelerado con un avance y contaminación en grandes dimensiones”. Y añade un dato importante: “No necesariamente las comunidades que están más cerca de la minería tienen mayores niveles de mercurio. Pero sí las que se encuentran más aisladas y dependen principalmente de la proteína del pescado”. Las que están más lejos, explica Vega, no tienen acceso a otra fuente de proteína. 

En lugares como Puerto Salinas, en Bolivia, donde viven habitantes del pueblo indígena esse ejja, se encontró en los bagres uno de los niveles más elevados de mercurio. Otros valores extremos se encontraron en peces de Puerto Maldonado (Perú), Rurrenabaque (Bolivia) y Porto Velho (Brasil).

Los olvidados

“Estamos cansados de pedir ayuda médica, debemos trasladarnos muy lejos por tierra para que nos atiendan. Vamos a San Buenaventura y no saben si nuestros dolores se deben a la contaminación de los pescados, pero es obvio que sí», reclama Limberth Miquere, corregidor de Buena Vista, comunidad indígena tacana asentada a orillas del río Beni. 

El responsable municipal de Salud de San Buenaventura, Mario Chacón, le dijo a Mongabay Latam que no saben cómo encarar el problema. “No conocemos un tratamiento para estos casos, solo podemos dar medicamentos genéricos”, afirma. El médico reconoce que mientras más pescado sigan consumiendo, más crecerán los niveles de contaminación en los cuerpos de los comuneros. “Nosotros comemos pescado pocas veces, ellos lo hacen a diario. Eso les afecta”.

Este problema se extiende a las tres cuencas. Eusebio Ríos de la Fenamad denuncia que “las entidades del Estado que ven el tema de salud no tienen presupuesto para atender temas de mercurio, y en las comunidades no hay infraestructura ni personal técnico o profesional especializado. Ni siquiera hay dotación de medicamentos. Estamos abandonados, prácticamente”.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía del Perú, para 2026, el Estado le asignó al Ministerio de Salud 477 455 soles (unos 142 523 dólares) y al Instituto Nacional de Salud 1 121 445 soles (alrededor de 334 mil dólares) al tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados, pese a que el propio Estado estima que son más de 10 millones las personas víctimas de este tipo de contaminación. 

Mientras tanto, los niveles de mercurio en los habitantes de esas riberas, según los datos analizados para esta investigación, alcanzan cifras alarmantes. 

En la Amazonía de Brasil, la localidad de São Sebastião do Tapurú, a orillas del río Madeira, presenta los valores más altos, con un promedio de 62,76 mg/kg y un máximo de 150 mg/kg. Mientras que en Bolivia destaca la localidad de Santa Rosita con 19,20 mg/kg y, en Perú, la comunidad indígena de Infierno con 5 mg/kg. En los tres casos, se trata de una exposición por encima del umbral seguro que pone en peligro la salud de los habitantes que dependen del río para alimentarse.

Rastreando la magnitud del problema

La indiferencia estatal no sólo se concentra en la falta de atención de salud a quienes presentan problemas asociados a la contaminación por mercurio. Ninguno de los tres países está investigando la dimensión de esta amenaza. Las mediciones científicas han logrado cubrir hasta el momento un universo muy pequeño, pero esas muestras dejan atisbar una realidad que se revela aterradora. 

Mongabay Latam buscó abordar esa falta de información a través de dos estrategias. En primer lugar, se georreferenció cada una de las 249 comunidades muestreadas por los científicos y que están expuestas al mercurio. Se eligió trabajar con muestras de cabello sobre las de orina y sangre porque además de ser una medición reconocida por la OMS para evaluar la presencia del metilmercurio -frecuente en comunidades que consumen más pescado-, permite identificar la exposición durante un período prolongado. Todas las comunidades analizadas están situadas en las riberas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira. Al equipo periodístico le tomó varios meses poder localizar las comunidades afectadas, pues en la mayoría de los estudios sólo aparecían los nombres pero no las coordenadas. Reunimos la información geográfica oficial y tuvimos así un primer mapa que mostraba la afectación comprobada del mercurio. 

Este es un primer esfuerzo por sistematizar el riesgo de exposición al mercurio a través de la información contenida en 39 estudios científicos que tienen unidades de medición distintas. Para armar la base de datos, fue necesario emplear fórmulas y modelos estadísticos que nos permitieran estandarizar todos los resultados de las publicaciones. Este proceso se hizo en coordinación y bajo la asesoría del equipo científico de CINCIA.

Luego, se sumó al análisis los focos de minería activos en las tres cuencas. Con información del Instituto del Bien Común en Perú, la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia e Ibama en Brasil, pudimos localizar las fuentes de contaminación inmediata de las poblaciones que dieron positivo a mercurio.

La segunda parte del proceso era identificar las poblaciones en riesgo que aún no han sido evaluadas. Como han explicado los expertos, la contaminación por mercurio fluye a través de los ríos y se extiende más allá de los puntos activos de minería. Eso quedaba evidenciado con los estudios científicos. Pero, ¿qué pasaba con las comunidades que se encontraban en el camino de estos ríos, entre las comunidades que ya registraban contaminación?

“Los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira están conectados hidrológicamente, por lo que el mercurio liberado o movilizado en una parte del sistema puede contribuir a la contaminación aguas abajo (…) Esto genera un riesgo transfronterizo plausible que justifica un análisis a escala de cuenca”, explica Luis Fernández, profesor investigador de Biología de la Universidad de Wake Forest y asesor de este proyecto. 

El siguiente paso, entonces, fue ubicar todas las comunidades que están situadas entre los focos de minería ilegal y las afectadas por el metal pesado a lo largo de los más de 2700 kilómetros. Para este análisis, se recopilaron todas las comunidades situadas a máximo 2 km de la orilla, que es la distancia que separa a las comunidades contaminadas con mercurio de los ríos. 

“Un buffer o distancia de dos kilómetros es razonable como criterio exploratorio de selección espacial, ya que es transparente y, en términos generales, concuerda con las distancias entre los ríos y muchas de las comunidades incluidas en la muestra”, explica Fernández.

Fernández, quien además es cofundador de CINCIA, añade que la exposición al metal pesado incluso “puede ocurrir más allá de los dos kilómetros a través de la actividad pesquera, la movilidad, la hidrología estacional y el movimiento de los peces a través de las redes de comercio y de intercambio de alimentos”. 

Bajo esos parámetros reconstruimos un mapa dramático. Mongabay Latam identificó en el análisis al menos 702 comunidades en situación de riesgo que están situadas entre los focos de minería ilegal y los habitantes que tienen altos niveles de mercurio. 

“El análisis geográfico identifica comunidades ubicadas en entornos donde la exposición es plausible (…) Yo las describiría como ‘potencialmente en riesgo’ o como ‘dentro de una zona de detección de riesgo por mercurio’”, explica Fernández. Además resalta la importancia de hacer un análisis a lo largo de las tres cuencas.

Los listados de todas las comunidades identificadas como “en riesgo” por Mongabay Latam fueron enviados a las autoridades de cada país para confirmar si han sido o no evaluadas. La respuesta de Perú confirma nuestro análisis. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) confirmó haber realizado tamizajes en seis de las comunidades en riesgo de Madre de Dios en 2024 y 2025 — Amaracayre, Tres Islas, Boca Unión, Sarayacu, Unión Progreso y Puerto Carlos. Las autoridades encontraron que un tercio de las personas evaluadas presentó niveles de mercurio superiores a los permitidos. También respondieron que no cuentan con registros de seguimiento médico a los afectados ni con un listado de establecimientos habilitados para atenderlos. En Brasil, el ministerio de salud informó que en los últimos 20 años se han registrado 30 casos de intoxicación por mercurio en los estados del Amazonas y 12 en Rondônia, sin especificar las comunidades. En tanto, las autoridades de Bolivia nunca respondieron a los pedidos de información.

Generaciones indígenas sin futuro

“La situación es gravísima”, lamenta el vicepresidente de Fenamad, Eusebio Ríos. “Las comunidades [de Madre de Dios] tienen un alto grado de contaminación por mercurio y esto ha afectado especialmente a las mujeres que están en gestación y a los niños. Su sistema nervioso, su cerebro, su crecimiento, su capacidad para aprender y estudiar”.

En Brasil, Adriano Karipuna, líder del territorio indígena karipuna, relata que en su pueblo han aumentado los problemas de salud en los últimos años, incluyendo el nacimiento de niños con problemas de motricidad. «Nacen con problemas, con padecimientos cardiacos, con una cabeza enorme», precisa. «Dentro de nuestra ascendencia, estas cosas no pasaban 50, 30 o 20 años atrás».

Desde 1997, los estudios científicos analizados para esta investigación han documentado que el mercurio puede pasar de las madres a los hijos a través de la placenta, el cordón umbilical y la lactancia. Y los niveles no son menores. En cuatro investigaciones analizadas, que reúnen 850 muestras tomadas a madres y mujeres embarazadas de las tres cuencas amazónicas, el promedio de mercurio en cabello superó más de tres veces el umbral de la OMS (2 mg/kg) y con picos de hasta 32,4 mg/kg.

En Madre de Dios, por ejemplo, muestras tomadas a 198 parejas de madres e hijos, entre 2017 y 2018, evidenciaron la presencia de mercurio en el cordón umbilical. Y el 29 % de las madres evaluadas superó los niveles de mercurio recomendados por la OMS. En Bolivia, un estudio de 2023 tomó muestras a 119 mujeres en edad fértil de comunidades cercanas a las cuencas Beni, Mamoré y Madre de Dios: nueve de cada diez presentaron concentraciones superiores a los límites seguros. 

La situación en los menores es aún más severa. Una investigación realizada en niños de 5 a12 años que viven alrededor de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, reveló que la exposición aguda al metal pesado afectó el desarrollo cognitivo, motor y visual de varios de ellos. El análisis, liderado por investigadores de la Universidad de Duke, incluyó muestras de cabello de 164 niños en total, de los cuales el 32,9% superó el umbral seguro de exposición a mercurio de la OMS.

«Creo que el hallazgo más importante es que algunas comunidades tienen una exposición tan alta al mercurio que niños y adultos experimentan déficits cognitivos significativos, lo que puede generar desventajas a largo plazo e intergeneracionales», señala William Pan, profesor de la Universidad de Duke que lideró la investigación. «Muchas de estas comunidades con alta exposición no deciden participar en la minería y no se benefician de sus actividades. Esta es la peor forma de injusticia ambiental», insiste.

Los relatos confirman el problema en las tres cuencas. «Hubo mujeres embarazadas que tuvieron problemas con sus hijos», lamenta Ignacio Julio Monasterio, corregidor de Eyiyoquibo, una comunidad indígena ese ejja a orillas del río Beni. 

A este escenario se suma un problema más. “La situación de anemia y desnutrición infantil que afecta cerca del 50 % de la población infantil. Y, si a eso le agregas la contaminación por mercurio, es una situación crítica que afecta el bienestar y el futuro», advierte Mariano Castro, exviceministro del Ambiente del Perú.

El Estado y sus planes fallidos

En la década de 1950, cientos de habitantes de la bahía de Minamata, una pequeña población pesquera de Japón, comenzaron a desarrollar temblores, movimientos involuntarios, pérdida de coordinación y dificultades para hablar o escuchar. Las mujeres, aunque se veían sanas, daban a luz a niños con graves afectaciones neurológicas. La causa: durante años, una industria petroquímica había vertido compuestos de mercurio en las aguas de la bahía, contaminando los peces y mariscos que consumían. La tragedia, que dejó casi 3000 víctimas certificadas oficialmente por el gobierno japonés, se convirtió en el símbolo mundial de los riesgos de este metal tóxico sobre la salud humana y los ecosistemas. También permitió conocer que sus efectos pueden extenderse por generaciones.

Décadas después, las lecciones de esa catástrofe y la conclusión de que “el mercurio y sus compuestos tienen importantes efectos adversos a nivel mundial que justifican la adopción de medidas internacionales” dieron origen, en octubre de 2013, al Convenio de Minamata, un tratado global y vinculante que establece regulaciones estrictas para su uso, comercialización y producción, con miras a eliminar el mercurio progresivamente. El convenio entró en vigor en agosto de 2017.

Perú, Bolivia y Brasil forman parte del Convenio de Minamata desde hace más de 10 años, pero —pese a la enorme evidencia científica y a los impactos que denuncian desde hace décadas las comunidades en el territorio—, los expertos consultados señalan que las acciones para hacer frente a la contaminación por mercurio en los tres países son completamente  insuficientes. 

Como explica el experto en toxicología y química, José Alfonso Apesteguia, “el Estado peruano está rezagado en sus métodos de diagnóstico. Se prioriza la medición de mercurio total en orina, que solo refleja exposición ocupacional o por inhalación de vapores, pero no el metilmercurio asociado al consumo de pescado. Solo así se podría dimensionar correctamente el riesgo real que enfrentan las comunidades amazónicas”. Castro confirma el diagnóstico desde su experiencia en el Estado: «Perú es uno de los pocos países que tiene como norma la orina y no el cabello, equivocadamente».

“Además —agrega Ríos, de Fenamad—, es el mismo Estado el que ha permitido que las comunidades estén llenas de concesiones mineras. Así los pueblos indígenas no quieran involucrarse con la minería, hay comunidades superpuestas y en las que, en sus territorios, se hace minería”. Lo más lamentable, insiste, es que los impactos de la minería son un tema que las autoridades “no quieren ver”. “Se enfocan en lo económico, en el tema de formalizar la minería… pero no en la salud. Y eso preocupa bastante”. 

En Perú, la Resolución Ministerial 1026-2020-MINSA establece protocolos para la atención de personas expuestas a metales pesados, pero no menciona la existencia de centros médicos exclusivos. Los afectados deben ser derivados a hospitales de mayor complejidad, los de nivel II y III, los cuales representan apenas el 3 % de todos los establecimientos de salud.

Para el exviceministro Castro, el problema central es que el aparato sanitario no está preparado para responder. «Una atención en asuntos de mercurio o plomo requiere un nivel de especialización de recursos y capacidades que no es de regiones. Ni siquiera para el plomo. Y como se requiere una intervención en los territorios, hay que fortalecer la capacidad no solamente a nivel nacional, sino en los territorios», dice.

Bolivia, por su parte, sigue siendo el mayor comprador de mercurio del mundo, según las estadísticas oficiales, y este metal sigue utilizándose en la minería aluvial. Sin embargo, hasta la fecha, aún no hay un plan de acción concreto para abandonarlo. A mediados de 2025, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua respondió a Mongabay Latam que el Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera —elaborado desde 2023 por el gobierno boliviano y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)— estaba en proceso de implementación. 

De hecho, el actual viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, dijo que a más tardar en mayo se ajustaría el plan para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera y se implementaría en su totalidad el Convenio de Minamata. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación no se concretó esa medida.  

“Sabemos que estamos contaminados por el mercurio pero, ¿qué podemos hacer? No hay dinero por esta crisis, no podemos cultivar porque nuestras parcelas están afectadas por las inundaciones, esa tierra está como podrida”, dice Grover Yumani, corregidor de la comunidad Puerto Yumani.

En Brasil, donde las comunidades del río Madeira presentan los valores de mercurio en cabello más altos de toda la base de datos, se importaron 12 toneladas de mercurio de manera oficial en 2024. Aunque una nueva normativa del Ibama, publicada en diciembre de ese mismo año, busca reducir esa cifra a cero a partir del 31 de diciembre de 2025, el propio gobierno reconoce que «el mercurio aún llega al garimpo ilegal a través de un mercado clandestino que involucra empresas de fachada, documentos falsificados y contrabando”.

Además, como constató Mongabay Latam en los estados de Amazonas y Rondônia, el gobierno brasileño no ha logrado implementar la restricción del uso del mercurio ni existe una fecha establecida para aplicarla, según declaraciones de los ministerios involucrados en la Convención Minamata obtenidas por pedidos de acceso a la información enviados. «Brasil no cuenta con un plan sectorial  [vigente] para la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio», dijo el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Además, agregó que no dispone de estudios, informes ni análisis sobre la contaminación por mercurio en el Madeira, y que en este momento no hay medidas ni presupuesto destinados a combatir dicha contaminación.

Mongabay Latam también pudo comprobar que al menos siete de los estudios analizados para esta investigación fueron entregados a las autoridades competentes de cada país (dos en Perú, tres en Bolivia y dos en Brasil). Solo uno, en Perú, generó una acción concreta. 

Castro propone una ruta para empezar. «Tiene que hacerse una presencia multisectorial integrada en aquellas zonas donde hay informes de personas contaminadas por mercurio. Si hay que verificar algún análisis hecho por una entidad privada, ONG o universidad, que se haga. Y confirmadas esas referencias, que se programe una intervención multisectorial en los territorios», dice. Una hoja de ruta que, hasta hoy, ningún de los tres países ha querido implementar.

A medida que la minería avanza entre los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira, los habitantes esperan respuestas. “No tenemos conocimientos profundos sobre la contaminación”, admite Johnny Nayori, presidente de la comunidad nativa de Puerto Luz, en Madre de Dios. “Creo que el Estado debería informarnos y volver a hacer nuevos estudios. No solo a los niños, también a los padres, porque la minería en los alrededores ha avanzado mucho, y no sabemos qué hacer”, insiste Gladys Ordoñez, comunera de Shintuya.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam. Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Edición: Alexa Vélez, Antonio Paz Cardona y Alexandre de Santi. Periodistas: Karla Mendes, Iván Paredes, Elizabeth Salazar, Daniela Quintero Díaz, Vanessa Romo y Alexa Vélez. Investigación: Vanessa Romo, Daniela Quintero y Alexa Vélez. Asistencia en investigación: Cristina Fernández Aguilar y Lourdes Fernández. Análisis de datos y geoespacial: Gabriela Quevedo, Cristian Salas y Vanessa Romo. Asesoría científica: Luis E. Fernández y Claudia M. Vega del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), Sabin Center for Environment and Sustainability y Wake Forest University. Coordinación: Vanessa Romo Espinoza y Daniela Quintero Díaz. Traducciones: Lucas Berti, Karla Mendes y Roberto Cataldo. Visualizaciones: Eduardo Motta. Ilustración de portada: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero, Carlos Hernández. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Carlos Hernández y Dalia Medina Albarracín.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisar la versión completa y la visualización aquí.

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Hay una escena que siempre me ha parecido extraordinaria. Un joven inglés, formado en Oxford, está intentando decidir qué país de América Latina va a estudiar. México parece la opción natural. Pero México ya está lleno de historiadores interesados en él.

Entonces aparece una novela.

Nostromo, de Joseph Conrad.

Una novela ambientada en una república imaginaria llamada Costaguana, que tiene demasiadas semejanzas con Colombia. Y entonces ocurre algo que parece casi una anécdota, pero que terminaría cambiando una parte de la historiografía colombiana.

Malcolm mira un mapa.

Y allí está Colombia.

Él mismo me lo contó alguna vez. Dijo que tomó el mapa, bajó desde México, pasó por Centroamérica y encontró un país grande que, además, era el país de las novelas que había leído.

Tenía 22 años.

No sabía que ese país iba a ocupar los siguientes sesenta años de su vida. No sabía que terminaría nacionalizándose colombiano. No sabía que sería profesor de Oxford, que tendría entre sus interlocutores a presidentes y ministros, que asesoraría gobiernos, que formaría generaciones de colombianos y que terminaría construyendo una de las bibliotecas privadas sobre Colombia más importantes que haya tenido un historiador extranjero.

Mucho menos sabía que, seis décadas después, algunos de sus libros terminarían aquí, en Barranquilla.

Pero hay algo todavía más interesante.

Colombia tampoco sabía que acababa de encontrarse con Malcolm Deas.

Un extranjero que llegó a un país que tampoco se entendía a sí mismo

Cuando comencé a investigar a Malcolm, una de las cosas que más me sorprendieron fue que él nunca se presentó como alguien que había llegado a Colombia sabiendo exactamente qué quería encontrar. Más bien lo contrario. En nuestras conversaciones insistía en su propia desorientación.

Me dijo:

“Me despisté mucho los primeros dos años.”

Y después agregó algo todavía más revelador:

“Los colombianos tampoco lo entendían.”

Esa frase me parece una de las mejores puertas de entrada a Malcolm Deas. Porque ahí aparece algo que lo acompañaría durante toda su vida: la humildad intelectual de quien sabe que un país no puede entenderse rápidamente. Él no llegó con una teoría sobre Colombia. Llegó con preguntas. Y quizás por eso pudo pasar tanto tiempo aquí. Porque cuando uno llega a un país creyendo que ya sabe qué va a encontrar, termina buscando únicamente aquello que confirma lo que ya pensaba. Malcolm hizo lo contrario. Llegó confundido. Y conservó durante décadas la capacidad de seguir sorprendiéndose.

El método Deas: mirar los detalles

Si tuviera que escoger una sola frase para explicar a Malcolm Deas como historiador, sería esta:

“Si uno quiere entender algo, tiene que describirlo con todos los detalles posibles.”

Esto parece una frase sencilla. Pero es una posición intelectual. Porque significa desconfiar de las grandes explicaciones que pretenden explicar un país entero con una sola categoría.

Colombia ha sido descrita muchas veces mediante palabras enormes: violencia, oligarquía, pobreza, clientelismo, polarización, subdesarrollo, narcotráfico, Estado fallido.

Pero Malcolm desconfiaba de las etiquetas cuando reemplazaban la investigación.

En una de nuestras conversaciones me explicó que el poder en Colombia era difuso y que para entender quién mandaba había que mirar los territorios, los pueblos, las relaciones concretas y las diferencias regionales.

Esto es muy importante.

Porque Malcolm no preguntaba únicamente:

¿Quién tiene el poder?

Preguntaba:

¿Quién manda, dónde manda y hasta dónde manda?

Y esas tres palabras —dónde y hasta dónde— cambian completamente la pregunta.

Porque un terrateniente podía tener poder sobre sus trabajadores y no necesariamente sobre el alcalde. Un presidente podía tener una enorme autoridad nacional y, sin embargo, tener dificultades para hacer cumplir una decisión en un municipio. Un jefe político podía ser poderoso en un departamento y no serlo en otro.

Es decir:

el poder tenía geografía.

Y Malcolm quería encontrarla.

Quisiera hablar de un ejemplo muy concreto de del Malcolm de los detalles: Y aquel personaje que le da vida a su texto es una tejedora de un pueblo de Santander llamado Suaita, un pueblo que, si hoy es bien pequeño, imagínelo en 1874. Malcolm va a mostrar, mirando a través del diario de esta mujer tejedora, que la vida política sí había permeado todas las capas sociales de la nueva república, que es una de las tesis que va a defender a lo largo de toda su vida: se trata de una señora de Suaita, municipio de Santander que linda con Boyacá, cerca de donde se produce el bocadillo veleño. El documento es un diario personal manuscrito. En la página titular se lee: “Apunte de lo que ha ocurrido desde el año de 1874 en Suaita, de Sofía Durán D. (tengan la fineza de no quedarse con este libro, porque es un robo)”

cuando Malcolm hacía trabajos como los que hizo Ginzburg (La política en la vida cotidiana republicana), esos estudios parecían, digamos, como un poco esotéricos. Alguien que se dedica a hacer una historia de minucias, eso como que no cabía mucho en las estructuras mentales dominantes en la historia. Entonces, alguien que se mete en ese detalle, pues era muy subvalorado, pues estaba haciendo un ejercicio casi de masoquismo histórico, porque ¿eso qué aporta? Hoy vemos la importancia de eso. Quiero decir que, de pronto, en el sentido de esa conexión que haces con Ginzburg, Malcolm pudo ser como un pionero de cosas cuya importancia se reconocen mucho más vigorosamente hoy, como estructurantes de la sociedad.[

Y aquí recuerdo una anécdota que me parece que revela otra dimensión de ese método. Gonzalo Sánchez decía que Malcolm había puesto a estudiar a todo el mundo con el rigor y la precisión de su trabajo. Era difícil argumentarle. Y yo creo que había ahí también un rasgo de profesor: esa manera de obligar a los demás a volver sobre las cosas, a revisar el dato, a precisar el argumento y a no conformarse con una explicación fácil.

El historiador que desconfiaba de las explicaciones demasiado perfectas

Hay una característica de Malcolm que aparece una y otra vez en mi libro: su escepticismo. No era un escepticismo estéril. No era la actitud de quien dice que nada puede saberse. Era exactamente lo contrario.

Desconfiaba para investigar mejor.

Desconfiaba de los lugares comunes. Desconfiaba de las teorías demasiado cerradas. Desconfiaba incluso de sí mismo.

Cuando hablamos de sus primeros años en Colombia, me dijo algo que revela mucho de su personalidad intelectual: había sido muy difícil para él entender el país, pero también había comprendido que los colombianos tampoco lo entendían del todo.

Y allí aparece una de sus grandes virtudes:

no confundía seguridad con conocimiento.

Un hombre que sabe mucho puede decir:

“Esto es así”.

Malcolm prefería muchas veces decir:

“Veamos”.

Y volver al archivo. Y buscar otra fuente. Y revisar una cifra. Y hablar con otra persona. Y encontrar una excepción. Y entonces modificar la explicación.

Colombia contra los estereotipos

Hay una escena que me parece extraordinaria y que quisiera rescatar.

Malcolm hablaba de los primeros años en que estudió Colombia y de cómo encontró que muchos analistas hablaban de oligarcas y terratenientes con afirmaciones que, según él, tenían poco sustento empírico.

Él había leído los clásicos, los libros de la Academia de Historia, a los autores del siglo XIX.

Y llegó a una conclusión:

la realidad de Colombia no era como la pintaban los analistas de la época.

Esto nos lleva a otra característica fundamental de su trabajo.

Malcolm no quería encontrar una Colombia que encajara en una teoría.

Quería encontrar la Colombia que existía.

Y eso explica por qué podía pasar de los presidentes a los caciques locales. De las guerras civiles a una hacienda cafetera. De la política nacional a la gramática. De un archivo diplomático a una conversación con un librero. De Oxford a un pueblo perdido de Colombia.

Su objeto de estudio no era una abstracción llamada Colombia.

Era la vida colombiana.

Por eso el siglo XIX lo fascinó

Quizá ninguna parte de la historia colombiana muestra mejor su método que su obsesión por el siglo XIX.

Malcolm veía allí un laboratorio extraordinario. Un país que acababa de independizarse. Un Estado todavía en construcción. Partidos políticos que llegaban hasta las capas populares. Guerras civiles. Regiones con enorme autonomía. Presidentes que también eran escritores. Gramáticos que eran políticos. Políticos que escribían gramáticas. Terratenientes. Caciques. Militares. Periodistas. Intelectuales. Y una sociedad que estaba construyendo, a veces a golpes, una república.

Pero Malcolm se resistía a mirar ese período como una simple prehistoria de la Colombia moderna.

Para él, allí estaban muchas de las claves de nuestra propia singularidad.

Hay una frase suya que me parece particularmente importante.

Cuando hablamos de las luchas posteriores a la Independencia, rechazó esa mirada según la cual la Independencia habría sido la gran epopeya gloriosa y todo lo que vino después sería una especie de decadencia.

Malcolm fue contundente:

“Eso es estúpido.”

Y detrás de esa frase, aparentemente provocadora, había una idea historiográfica muy seria:

la historia republicana de Colombia tiene su propia personalidad.

No es una copia defectuosa de la historia europea. No es una versión incompleta de otra revolución. No es simplemente un país que no consiguió modernizarse.

Es una historia particular.

Y había que estudiarla como tal.

Y aquí aparece una anécdota que me parece extraordinaria. Margarita Garrido contaba que, en Cali, en 1991 o 1992, estaba conmovida y reflexionando sobre qué sentido tenía escribir sobre nuestra historia en un momento en que Colombia atravesaba una situación tan difícil. Mientras ella estudiaba períodos lejanos de la historia, Malcolm le dijo: “Pero es que Colombia merece quien cuente su historia, ya habrá tiempo para que otros cuenten lo que sucede ahora…”

La violencia: probablemente su gran batalla intelectual

Aquí creo que conviene entrar en un terreno que seguramente será retomado durante el resto de la jornada.

Malcolm escribió mucho sobre la violencia.

Pero no aceptaba fácilmente la idea de que Colombia fuera violenta por naturaleza.

Ni que existiera una especie de esencia violenta del colombiano.

Su trabajo buscó desmontar precisamente esos lugares comunes.

En Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia, su aproximación insistía en diferenciar la violencia política de otras formas de violencia y en cuestionar explicaciones automáticas que vinculaban violencia, pobreza o una supuesta “cultura de la violencia”.

Y hay algo muy contemporáneo en esto.

Porque todavía hoy tenemos la tentación de explicar nuestra historia mediante grandes determinismos.

Malcolm nos obliga a preguntar: ¿cuál violencia? ¿en qué momento? ¿en qué región? ¿producida por quién? ¿con qué intereses? ¿bajo qué circunstancias? ¿y por qué disminuye en unos momentos y aumenta en otros?

Eso parece menos espectacular que decir “Colombia es un país violento”.

Pero es mucho más útil.

Porque obliga a pensar.

Un historiador que no era solamente historiador

Aquí aparece otra dimensión que creo que debemos subrayar especialmente en este evento.

Malcolm no fue únicamente un historiador que escribió libros sobre Colombia.

Fue un actor de la vida colombiana.

Tuvo relaciones con presidentes. Fue consultado por gobiernos. Escribió para periódicos internacionales. Fue una especie de puente entre Colombia y el Reino Unido.

Y desde Oxford ayudó a que muchos colombianos llegaran a ese mundo académico.

En mi investigación encontré testimonios de personas que recuerdan cómo Malcolm prestaba su casa, su automóvil e incluso su bicicleta a estudiantes colombianos en Oxford.

Eso dice algo sobre él.

Porque uno podría hablar durante horas de su influencia intelectual.

Pero hay otra forma de influencia:

abrirle una puerta a alguien.

Y Malcolm abrió muchas.

Por eso su legado no está solamente en sus libros.

Está también en las personas.

El poder: la otra vida de Malcolm

Hay una dimensión de Malcolm que durante mucho tiempo permaneció parcialmente oculta.

Su relación con el poder.

Presidentes colombianos lo consultaban. Diplomáticos británicos lo consultaban. Funcionarios lo consultaban. En algunos momentos, incluso decisiones importantes del Estado colombiano parecen haber recibido su influencia.

Y esto es particularmente interesante porque Malcolm no fue un político.

No necesitaba serlo.

Su poder provenía de otra parte.

De saber.

De conocer los antecedentes. De entender las instituciones. De conocer a las personas. De haber leído los documentos. De saber qué había ocurrido antes. Y de poder decirle a alguien poderoso:

“Eso que usted cree que es nuevo ya ocurrió antes”.

Ese tipo de conocimiento puede ser mucho más poderoso que un cargo.

La contradicción más interesante: un conservador que no era dogmático

Malcolm tenía posiciones políticas.

No era un intelectual neutral en el sentido de no tener preferencias.

Pero su manera de relacionarse con personas de distintas posiciones era extraordinaria.

En mi libro aparecen testimonios que muestran cómo podía conversar con personas de inclinaciones políticas muy diferentes sin convertir la conversación en una guerra.

Y esto me parece importante rescatar hoy.

Porque Malcolm tenía algo que nuestra conversación pública ha perdido:

la posibilidad de disentir sin dejar de conversar.

Podía decirle a alguien:

“Creo que usted está equivocado”.

Y continuar hablando.

Podía encontrar una buena idea en alguien con quien políticamente no coincidía.

Podía reconocer una virtud en un adversario.

Eso también es una forma de inteligencia.

El humor como herramienta intelectual

Y aquí quiero detenerme porque creo que es una parte de Malcolm que muchas veces queda opacada por su prestigio académico.

Malcolm era divertido.

Tenía humor. Tenía ironía. Y muchas veces utilizaba el humor para hacer algo intelectualmente muy serio: desarmar una certeza.

Eso aparece constantemente en las entrevistas de mi libro y en los testimonios de quienes lo conocieron.

Yo tuve la fortuna de experimentarlo directamente.

En nuestras conversaciones, cuando la discusión parecía cerrarse, Malcolm tenía una manera de abrirla otra vez.

Me decía:

“Otro dato para confundirte aún más.”

Y creo que esa frase resume maravillosamente su método.

Porque el objetivo de una buena investigación no siempre es salir con menos preguntas.

A veces es salir con mejores preguntas.

Malcolm hacía eso.

Te daba un dato.

Ese dato desmontaba una explicación.

Entonces aparecía otra.

Y luego otra.

Hasta que aquello que parecía obvio dejaba de serlo.

Lo que realmente hizo Malcolm

Por eso, después de investigar su vida, yo ya no creo que la mejor manera de definirlo sea decir simplemente:

“Malcolm Deas fue un historiador inglés especializado en Colombia”.

Eso es correcto.

Pero es insuficiente.

Yo diría otra cosa:

Malcolm Deas fue un hombre que dedicó sesenta años a aprender a mirar Colombia.

Y en ese proceso nos enseñó a mirarla a nosotros.

Nos enseñó que el país no puede explicarse únicamente desde Bogotá. Que el poder tiene territorios. Que las regiones importan. Que la política llega hasta los pueblos. Que las élites no lo explican todo. Que la violencia no es una esencia nacional. Que la historia republicana tiene personalidad propia. Que las palabras también ejercen poder. Que un documento aparentemente insignificante puede cambiar una interpretación. Y que una buena pregunta puede ser más importante que una respuesta demasiado rápida.

La biblioteca como última conversación

Y llegamos finalmente a este lugar.

La Biblioteca Karl C. Parrish Jr.

Y aquí es donde, para mí, el evento adquiere una enorme belleza.

Quisiera leer un pasaje literal de mi libro, si me permiten “Esta tarde, mi mano fue eligiendo títulos, como quien recorre sin mapa un continente inexplorado:

Plantas útiles de Colombia, de Enrique Pérez Arbeláez, 1955.

Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada, de Juan Friede, un libro hermoso sobre nuestros orígenes en la altiplanicie.

Poems, de Lord Byron, con las hojas aún impregnadas de su melancolía.

Un ejemplar fascinante, en inglés, titulado Gaitán of Colombia, de Richard Sharpless, en el que Malcolm subrayó un pasaje que lo hizo reír, y a mí también. En el pasaje se habla de que el presidente de hace 77 años nombró a Gaitán alcalde de Bogotá para que demostrara que era un mal administrador y así perdiera las elecciones presidenciales, cosas que no funcionaron mucho, pero que recuerdan con demasiado parecido el crecimiento electoral de Petro tras su alcaldía.

Después, títulos inesperados: Padrinos y mercaderes: crimen organizado en Italia y Colombia, de Ciro Krauthausen. Y luego, verdaderas perlas: Vuelo en el Orinoco, impreso en 1935, de Luis Eduardo Nieto Caballero. Un párrafo me sacude, me hace pensar en la decadencia de nuestra política. En una carta al presidente Olaya, su opositor, Nieto Caballero escribe: “Querido amigo, galantemente invitado por los hermanos cristianos, que al distinguir en esa forma a un hermano masón demuestran cómo entienden y practican la concentración nacional”. Cuan distinto era el lenguaje político en esa época.

Y entonces, como un hallazgo improbable, aparece Recuerdos de un viaje a Europa, de Nicolás Pardo, impreso en Bogotá en 1873. Una rareza encantadora: la crónica de un joven bogotano, entusiasta, viajero, convencido de la promesa republicana. Iba a ser cónsul en Italia. Dice algo que me conmueve especialmente en este sótano templado, mientras pienso en la renovación de Barranquilla y su reapertura al mar:

[Empieza nota]El Magdalena, con sus abundantes caimanes, con su lento, largo y variado curso, con sus riberas cubiertas de monos de distintas clases, de lindas guacharacas, de aves de toda especie que, en bandadas, atraviesan la floresta de un punto a otro, de miserables caseríos de negros medio desnudos, de bosques asombrosos y selvas vírgenes, en que la naturaleza se ostenta magnífica, exuberante y grandiosa: el Magdalena ha sido muchas veces materia de folletos y de innumerables descripciones.[Termina nota]

Y más adelante escribe, con una esperanza que aún resuena con algo de ternura y tragedia: “El día que nuestra patria cuente con un ferrocarril (que no está distante de realizarse), que ponga en comunicación a Bogotá con el Magdalena, podremos decir con verdad que ocupamos un puesto entre las naciones civilizadas del mundo”.

Malcolm sabía que en los detalles se esconde el alma de la historia. Es hermoso lo que revelan sus libros. En otra página, Pardo cuenta: “En Santa Marta nos hallábamos desde la noche del 25 de agosto, y lo que al instante pregunta el colombiano que allí llega por primera vez es en qué sitio queda la hacienda de San Pedro Alejandrino, donde murió el Libertador de Colombia”.

Este viaje azaroso por los estantes me llevó a otro volumen: Nuestra colonia de Cuba, de Leland Jenks, ensayos sociológicos y económicos escritos por estadounidenses sobre América Latina en la primera mitad del siglo XX, antes de la revolución.

Luego, La linterna y el búho, de Lucio Pabón Núñez, en donde ese extraño poeta y político conservador hace un homenaje a Caro. Me siento extraño: estoy en el Caribe, en un sótano tibio, leyendo sobre Caro, mientras Pabón cita al gran poeta español Gerardo Diego hablando de Caro, prueba de que tan bien se comunicaban las letras en Hispanoamérica hace cien años.

En los manuscritos encontré una foto de Malcolm, que nadie tenía en su memoria, olvidada en medio de muchos cuadernos de notas, un libro extraño en inglés sobre la Navegación del Canal del Dique en 1855, con mapa, un árbol genealógico de familias de Bogotá, cómics políticos, disertaciones de varios simposios, telegramas privados de Virgilio Barco, que seguramente le sirvieron para su libro, una cita inquietante de Nicolás de Maquiavelo.

La biblioteca de Malcolm era así: exuberante, insaciable, multiforme. Así de vasto era él también, cuando se adentraba, con pasión y método, en las múltiples capas de la historia. Salir del archivo fue como emerger de una conversación larga con un amigo que ya no está, pero que sigue haciendo preguntas. Tal vez eso es lo que queda de alguien como él.”

Porque estamos hablando de las colecciones especiales.

Y una biblioteca personal es una forma extraordinaria de conocer a alguien.

Los libros que una persona compra. Los libros que conserva. Los libros que subraya. Los libros que presta. Los libros a los que vuelve. Los libros que nunca termina. Todo eso cuenta una historia.

La colección de Malcolm no es solamente una reunión de libros sobre Colombia.

Es una especie de mapa de su curiosidad.

Y si algo aprendimos de él es que los detalles importan.

Por eso una biblioteca como esta no debería ser entendida como un depósito.

Es una conversación que continúa.

Cada libro puede preguntarnos:

¿Por qué Malcolm lo tenía?

¿Qué estaba buscando?

¿Qué había encontrado antes?

¿Qué relación existe entre ese libro y otro?

¿Qué pregunta lo llevó hasta allí?

Y entonces aparece algo maravilloso.

Durante sesenta años Malcolm estudió Colombia.

Ahora tenemos la posibilidad de estudiar cómo Malcolm estudió Colombia.

Y eso es precisamente lo que una colección especial permite hacer.

Y aquí entra mi libro

Hay una razón personal por la que este encuentro me resulta particularmente significativo.

Yo no fui discípulo de Malcolm. No fui su alumno. No fui su amigo de décadas.

Llegué a él desde otro lugar.

Llegué como periodista.

Como un outsider.

Y eso terminó siendo, quizá, una de las mejores cosas que podía pasarme.

Porque pude hacer preguntas que alguien que llevaba cuarenta años conversando con él quizá ya no hacía.

Pude preguntarle cosas elementales. Pude preguntarle por qué Colombia. Pude preguntarle por qué le interesaba el siglo XIX. Pude preguntarle por la violencia. Pude preguntarle por los presidentes. Pude preguntarle por Oxford. Pude preguntarle por sus libros.

Y, sobre todo, pude escucharlo.

Cuando comencé este proyecto, Malcolm estaba ya muy enfermo.

Las conversaciones fueron por Zoom, Meet, WhatsApp.

Yo sabía que eran conversaciones especiales.

Sabía también que probablemente eran de las últimas que tendría.

Por eso este libro terminó siendo algo distinto de lo que había imaginado al comienzo.

No terminó siendo solamente un perfil.

Terminó siendo una despedida.

Pero también una conversación.

Una conversación entre un hombre que había pasado sesenta años mirando Colombia y un periodista que intentaba preguntarle qué había visto.

Y en algún momento entendí algo:

yo no estaba solamente escribiendo sobre Malcolm.

Estaba tratando de entender Colombia a través de los ojos de Malcolm.

Por eso en el libro escribí que para mí no era solamente su vida.

Era la historia de Colombia contada por un testigo único.

El legado

Entonces, ¿qué queda de Malcolm Deas?

Quedan sus libros. Quedan sus estudiantes. Quedan sus amigos. Quedan sus fotografías. Quedan sus archivos. Quedan sus conversaciones. Queda su biblioteca.

Pero, sobre todo, quedan sus preguntas.

Y creo que esa es la verdadera medida de un intelectual.

No cuánto escribió. No cuántos premios recibió. No cuántas personas importantes conoció.

Sino cuántas preguntas dejó instaladas en la cabeza de los demás.

Después de leer a Malcolm, uno ya no puede mirar un municipio de la misma manera. No puede mirar una elección de la misma manera. No puede mirar una guerra civil de la misma manera. No puede mirar a un presidente del siglo XIX de la misma manera.

Y tampoco puede mirar la palabra “Colombia” de la misma manera.

Quiero volver a la escena inicial.

Un joven de 22 años.

Oxford.

Un mapa.

México.

Centroamérica.

Y Colombia.

Una casualidad.

O quizás una de esas casualidades que, vistas muchos años después, parecen destino.

Malcolm llegó a Colombia buscando un país que conocía principalmente por los libros.

Y terminó pasando sesenta años escribiendo los suyos.

Llegó como extranjero.

Terminó nacionalizándose colombiano.

Llegó buscando una materia para estudiar.

Terminó convirtiéndose en parte de aquello que estudiaba.

Y quizá la paradoja final sea esta:

Malcolm Deas pasó buena parte de su vida intentando entender Colombia porque sabía que no era fácil entenderla.

Y nosotros, los colombianos, tenemos todavía esa misma tarea.

Porque quizá el mayor legado de Malcolm no sea habernos dado una respuesta sobre quiénes somos.

Quizá sea habernos enseñado a desconfiar de las respuestas demasiado fáciles.

A mirar mejor. A mirar más cerca. A mirar los detalles. A mirar las regiones. A mirar los documentos. A mirar a las personas. A mirar nuestras contradicciones.

Y, sobre todo, a mirar Colombia sin creer que ya sabemos qué es Colombia.

Cuando Malcolm murió, en 2023, terminó una vida.

Pero no terminó la conversación.

Porque aquí están sus libros.

Aquí están sus preguntas.

Aquí está su biblioteca.

Y aquí estamos nosotros.

Tratando, todavía, de entender el país que un joven inglés encontró un día en un mapa.

Muchas gracias.

Robar o no robar libros. Esa es la cuestión. 

Soy miope y, por lo tanto, demasiado torpe como para meterme a ladrón; me moriría de hambre, es seguro. Así que los honrados lo son más por falta de pericia que de ganas, intuyo.

Roberto Bolaño solía provocar con la soltura de quien conoce los pliegues de la necesidad: “Robar libros no es un delito”, sentenció el escritor chileno. Con todo, su biografía es fascinante. En sus años mozos, hurtar tomos de las estanterías era una forma radical de resistencia cultural practicada por jóvenes hambrientos de literatura. Pero lo que ayer era un hábito de alto riesgo y romántica osadía, hoy es un oficio en vía de extinción.

Cristian Vásquez (1978), periodista y escritor argentino, piensa todo lo contrario. “Robar libros sí es robar”, dice en este breve ensayo de Letras Libres. Igual de grave, sugiere el autor, que robar un collar, una consola de videojuegos o una bicicleta. En defensa de los ladrones diré que nadie sabe con la sed (de literatura) que otros viven, y sin embargo a mí que me esculquen porque cada libro que tengo en mi modesta biblioteca lo pagué de contado. Bueno, todos menos Entrevista con la historia, de Oriana Fallaci, (¡tremenda preguntadora ella!); ese me lo prestó mi amiga Juanita cuando decidí independizarme, y prestado se quedó: la periodista italiana fue compañía por la época en que, por berrinche, me ausenté del Hotel mama. Nótese que préstamo y robo son verbos distintos. Si ella lee esto, espero que se haga la loca, como Juana. 

En la época del joven Bolaño, los libros reinaban sin contrapeso. No existía la dictadura del algoritmo ni la tiranía de las pantallas. Hoy, la ecuación se invirtió y el mundo cambió para mal: ya no somos nosotros quienes robamos libros; ahora son las redes sociales las que nos roban a nosotros. Se adueñan con impunidad de nuestra atención, descuartizan nuestra capacidad de concentración y se quedan con lo más valioso que poseemos: el tiempo. Es decir, las redes sociales nos están robando los libros que podríamos haber leído.

Quizás recuperemos el tiempo perdido si un día vamos a prisión, como Gary Gilmore, el protagonista de La canción del verdugo, la novela de Norman Mailer, cuyas 572 páginas devoré con qué hambre, como si fuera preso en mi propia casa.  El asesino pasa el encierro escribiendo cartas de amor y leyendo filosofía (Nietzsche); literatura (Dostoievski); orientalismo y ocultismo, además de textos sobre reencarnación y karma, producto de una personalidad ambivalente en la que se mezclan rasgos intelectuales, sensibilidad artística e impulsos violentos.

Un prisionero colombiano célebre fue Álvaro Mutis. Preso en Ciudad de México entre 1959 y 1960, sus amigos se encargaron de enviarle libros. Y qué lujo de amigos: Octavio Paz, Elena Poniatowska, Carlos Fuentes y Luis Buñuel, entre ellos.

Sobre el autor de Maqroll el gaviero e Ilona llega con la lluvia, la revista Liber dijo lo siguiente: “No obstante, tres años después de su llegada a México, fue detenido por la Interpol, que lo recluyó durante 15 meses en la cárcel de Lecumberri, el centro penitenciario más siniestro de la Ciudad de México. Esta experiencia lo marcó para el resto de su vida. No solamente cambió su visión del dolor y del sufrimiento humano, sino que su vocación de poeta se transformó en la de narrador. El propio Mutis lo cuenta en su libro Diario de Lecumberri”.

El valor sagrado del objeto impreso atraviesa la historia. Basta recordar La ladrona de libros, la novela de Markus Zusak llevada con acierto al cine. En medio del horror de la Alemania nazi, la joven Liesel Meminger descubre en los libros un refugio y una razón para subsistir. Su primer rescate —un manual de sepultureros recogido en la nieve— inicia una cadena de pequeños hurtos literarios que no responden a la codicia, sino a la urgente necesidad humana de aferrarse a la belleza y a la verdad cuando el mundo a su alrededor se derrumba.

​Porque la verdad es que los libros siguen siendo un bien suntuoso, y la tentación de tomarlos sin pedir permiso permanece intacta cuando uno ama la literatura por encima de Dios y todas las cosas.

Hace pocos días fui a recorrer las librerías de segunda mano aquí en el centro de Bogotá. Iba con la ilusión de encontrar la colección de biografías escritas por Stefan Zweig. Una joya absoluta. No leer a Zweig debería ser pecado.

En edición de lujo y recién salida de imprenta, rozaba los $600 mil pesos, mientras que en los escaparates de la Avenida Jiménez rondaba los $185 mil. No los tenía en ese momento en el bolsillo y sigo sin tenerlos, aunque parezca una cifra modesta por semejante tesoro. Varias veces me he parado ahí, al lado de alguna estantería, contemplando aquel monumento libresco: sueño despierto, cual huerfanito, que llega el buen samaritano a decirme: —¿Lo quieres? Te lo regalo. Tómalo.

Eso no pasa ni en los sueños. Porque tampoco uno tiene derecho a soñar lo que quiere o que le gustaría soñar. Salí aburrido y cabizbajo, masticando la frustración. Pensaba por qué no habré nacido con la destreza narrativa de Bolaño para crear buena literatura y, sobre todo, con esa habilidad suya y la de sus amigos para saquear librería sin dejar rastro. Lo que daría por saber cuántos volúmenes logró sustraer y qué títulos descansan en su historial de contrabandista de letras.

​Por ahora, falto de agilidad, pero terco en el empeño, me conformaré con la ficción: voy a escribir el cuento de un hombre que decide convertirse en ladrón de libros para recuperar lo que el mundo moderno le arrebató.

Veamos qué puede salir mal en esta incursión fascinadora, nunca facinerosa.

Mi personaje irrumpe en una casa y queda atolondrado al ver tantas maravillas, entre el piso y el techo, divinamente ordenadas. Cuando se alista para empacar el botín, un hombre de voz recia -no muy alto él, de bigote y cejas pobladas, piel morena clara-, pone su mano sobre su hombro. Orinado, el inexperto ladrón voltea a ver y no lo creerán ustedes, queridos lectores. El dueño de casa resulta ser el mismísimo Gabriel García Márquez. Dirán que ese nombre lo han escuchado en alguna parte; yo también. En el sueño recordé, -porque era yo el protagonista-, aquel día de 2015 en que robaron en Bogotá la primera edición de “Cien años de soledad”. No fui yo, en todo caso. Me habrían atrapado en el acto, como ya dije.

Tendrán que esperar a que concluya el sueño para saber en qué parará la vaina. Quizás, termine yo preso y hasta me convierta en un celebrado escritor como Mutis… porque como Gabo no creo.

Una universidad también puede ser un lugar para conservar la memoria de una sociedad, proteger sus archivos y mantener vivo el legado de quienes ayudaron a construir su historia cultural e intelectual. Esa ha sido parte de la vocación de la Universidad del Norte, que este año celebra seis décadas de trayectoria y que ha convertido buena parte de su patrimonio documental y bibliográfico en una herramienta para comprender el Caribe colombiano.

Ese propósito estará nuevamente en evidencia este jueves 20 de agosto, cuando la Biblioteca Karl C. Parrish Jr. sea escenario del I Encuentro de Colecciones Especiales, una jornada académica y cultural dedicada a dos nombres que, desde disciplinas distintas, ayudaron a comprender y transformar la vida intelectual colombiana: Malcolm Deas y Álvaro Cepeda Samudio.

El encuentro tendrá lugar en la Sala Tita Cepeda, en el primer piso de la Biblioteca, y reunirá a historiadores, investigadores, escritores, periodistas, artistas y gestores culturales alrededor de la obra de ambos personajes.

Una jornada alrededor de Malcolm Deas

La primera parte del encuentro estará dedicada a Malcolm Deas, uno de los historiadores que más profundamente ha estudiado la historia política y social de Colombia.

La jornada contará con las palabras de bienvenida del rector Adolfo Meisel Roca y continuará con un recorrido por distintas dimensiones de la vida y obra de Deas. Diego Aretz presentará un perfil del historiador; Eduardo Posada Carbó hablará sobre su relación con los libros; Juan Neves Sarriegui abordará el lenguaje, la comunicación y la política en su obra; y Gustavo Bell Lemus se referirá a su particular mirada sobre la historia.

La programación continuará con Rocío Londoño Botero, quien abordará los informes de Malcolm Deas sobre Colombia durante la década de 1960, y cerrará esta primera parte con Fernando Cepeda Ulloa, quien planteará la pregunta: “¿Malcolm Deas politólogo?”

La presencia de Deas en esta jornada tiene además un significado especial para Uninorte. En 2022, la Universidad le concedió al historiador el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales, su máxima distinción institucional, reconociendo su influencia sobre varias generaciones de investigadores y profesionales de las ciencias sociales.

Una biblioteca que también es memoria

No es una coincidencia que la actividad tenga lugar precisamente en la Biblioteca Karl C. Parrish Jr. La institución nació en 1966 por iniciativa de un grupo de empresarios y dirigentes de Barranquilla que buscaban crear una universidad de excelencia para la región. Seis décadas después, la Universidad del Norte se ha consolidado como una de las instituciones de educación superior más importantes del Caribe colombiano.

Pero el crecimiento de Uninorte no se puede medir solamente en aulas, programas académicos o número de egresados. Una parte importante de su identidad está relacionada con su vocación de preservar y estudiar el Caribe.

Las colecciones especiales de su biblioteca permiten precisamente ese diálogo entre el pasado y el presente. Allí, los libros, documentos y archivos dejan de ser únicamente objetos conservados y se convierten en fuentes para investigar la historia intelectual, cultural y social de la región.

Entre esos fondos se encuentra la biblioteca personal de Álvaro Cepeda Samudio, que permite acercarse a las lecturas, intereses e influencias de uno de los protagonistas del llamado Grupo de Barranquilla.

La importancia de esta colección va más allá de reunir libros de un escritor. Permite acercarse a una generación que transformó la vida cultural del Caribe colombiano y que tuvo entre sus protagonistas a figuras como Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas.

Por eso, hablar de Cepeda Samudio desde una biblioteca no significa únicamente hablar de literatura. Significa hablar también de periodismo, cine, arte, modernidad y de la manera particular en que Barranquilla y el Caribe colombiano participaron en las transformaciones culturales del país.

Literatura, cine, arte y periodismo

La segunda parte del encuentro estará dedicada a Álvaro Cepeda Samudio y contará con la participación de Ariel Castillo, quien abordará su obra literaria, y de Alfredo Sabbagh, quien se referirá a la relación del escritor con el cine.

El encuentro continuará con un conversatorio sobre Álvaro Cepeda Samudio y el arte, que reunirá a Gonzalo Fuenmayor, quien participará de manera virtual, Isabel Cristina Ramírez y Marco Mojica, bajo la moderación de Toni Celia.

El periodismo ocupará posteriormente el centro de la conversación con Eduardo Posada Carbó y Orlando Araujo, quienes participarán en un conversatorio sobre Álvaro Cepeda Samudio y el periodismo, moderado por Alfredo Sabbagh.

La jornada cerrará con la presentación de “Los gaticos, una historia infantil, cruel y macabra”, una versión libre del cuento Vamos a matar a los gatitos, de Álvaro Cepeda Samudio.

De esta manera, el encuentro recorrerá las distintas facetas de un autor que difícilmente puede ser encerrado en una sola categoría. Cepeda Samudio fue narrador, periodista, cinéfilo, gestor cultural y protagonista de una generación que transformó la manera de entender la creación artística en el Caribe.

Una universidad que entiende que el futuro también necesita memoria

Quizás ahí esté la verdadera importancia de este encuentro.

En un momento en el que las universidades suelen ser evaluadas por rankings, publicaciones, indicadores y empleabilidad, actividades como esta recuerdan que una institución educativa también puede cumplir otra función: ser custodio de la memoria de una sociedad.

Uninorte ha construido buena parte de su identidad alrededor de esa relación con el Caribe. Desde sus primeros años, la universidad fue concebida como un centro de formación, investigación y análisis de los problemas de la región. Esa vocación ha permanecido a lo largo de sus seis décadas de historia.

El resultado es una institución que no solamente mira hacia afuera, hacia la ciencia y los debates globales, sino que también vuelve la mirada hacia su propio territorio.

Los archivos, los libros y las colecciones especiales cumplen allí una función fundamental. Conservan aquello que, de otra manera, podría desaparecer: las lecturas de un escritor, los documentos de una empresa, las fotografías de una época, los papeles de un historiador o las huellas de una generación.

La Biblioteca Karl C. Parrish Jr. es, en ese sentido, mucho más que una biblioteca universitaria. Es un lugar donde el Caribe puede leerse a sí mismo.

Y ese quizá sea el mensaje más poderoso del encuentro dedicado a Malcolm Deas y Álvaro Cepeda Samudio: que recordar no significa quedarse en el pasado. Significa tener mejores herramientas para entender el presente y pensar el futuro.

Con seis décadas cumplidas, la Universidad del Norte parece tener claro que una universidad que quiere proyectarse internacionalmente no tiene por qué desprenderse de su territorio. Al contrario: puede llegar más lejos precisamente cuando sabe de dónde viene.

El I Encuentro de Colecciones Especiales será, en ese sentido, una oportunidad para abrir libros, revisar documentos, escuchar a investigadores y volver sobre dos figuras cuya influencia trascendió sus propias disciplinas. Pero, sobre todo, será una invitación a reconocer que preservar la memoria cultural del Caribe también es una forma de construir universidad, ciudadanía y futuro.

*Habrá transmisión online del evento en el siguiente link: https://www.youtube.com/live/jfGZZx4wfCc?si=QmPHQ3xqWlE4G1BZ