Cada 13 de octubre en Tobuna, una localidad de la selva misionera, se celebra la Fiesta del Loro Pecho Vinoso. Durante esa jornada, las 120 familias de la zona participan en eventos deportivos, festivales artísticos y ferias gastronómicas. Todo gira en torno a esta colorida ave que no existe en ninguna otra parte de Argentina.

En este pueblo es común ver al loro retratado en carteles, pinturas y camisetas como símbolo de identidad local. Pero no siempre fue así. Veinte años atrás, cuando llegaron los primeros científicos del Proyecto Selva de Pino Paraná, muchos ejemplares estaban en las casas como mascotas. Algunos agricultores de la zona notaron que cada vez era más difícil toparse con ellos en la vida silvestre.

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“El loro siempre vivió en estos bosques, pero empezamos a ver que estaba bajando la población por el mascotismo y los desmontes. Y estos animales necesitan refugio y alimento natural. Había que hacer algo”, recuerda Getulio González, productor local de maíz, tabaco y yerba mate.

La preocupación entre los vecinos aumentó cuando supieron que sus terrenos eran el último enclave que les quedaba a estas aves en todo el país.

Ante la escasa bibliografía existente, las investigaciones del Proyecto Selva de Pino Paraná dieron a conocer la situación crítica del loro pecho vinoso (Amazona vinacea). Gracias a esta revisión, la especie fue categorizada En Peligro Crítico a nivel nacional, mientras que a nivel global se encuentra En Peligro, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En estas poco más de dos décadas (2005-2026), a partir de tareas de manejo como protección de nidos y la reforestación de árboles nativos —principalmente del pino paraná (Araucaria angustifolia)— se estabilizó la población del ave y se impulsó un progresivo crecimiento de su población.

El pino paraná es un árbol de gran porte que sirve de refugio y nidificación. Sus frutos carnosos alimentan a esta ave mediana (de entre 30 a 36 centímetros de longitud), que al consumir principalmente frutos de flora nativa cumple un rol biológico relevante en la dispersión de semillas.

Adicionalmente, en 2024 la ONG Aves Argentinas diseñó e implementó un programa en territorio para promover nidos artificiales que reduzcan la competencia con otras aves y darle protección y sostenibilidad a las poblaciones del loro amenazado.

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Un tesoro del bosque atlántico

El primer conteo en el que participó el Proyecto Selva de Pino Paraná, en 2005, registró 163 ejemplares en Tobuna y otros pequeños parajes del departamento de San Pedro, en la provincia de Misiones. La situación alertó a los expertos, ya que durante la primera mitad del siglo XX, el loro pecho vinoso habitó gran parte de Misiones y su población podía contarse en miles. La profunda pérdida de hábitat del bosque atlántico (actualmente sólo queda el 14 % del ecosistema original) empujó a la especie a parajes reducidos donde aún quedan bosques de pino paraná.

El censo también puso en números el nivel de reducción que Getulio González y otros vecinos ya venían advirtiendo.

Y es que debido a la llamativa coloración del ave, pecho violáceo (de ahí su nombre), frente roja y nuca turquesa, fue víctima habitual de extracciones directas para el mascotismo y el comercio ilegal.

“A fines de diciembre solían extraerse pichones, ya sea para tenerlos en casa o para venderlos a alguien que venía a buscarlos de Brasil [Tobuna está ubicado a sólo 35 kilómetros de la frontera]”, recuerda Rodrigo Fariña, uno de los miembros fundadores del Proyecto Selva de Pino Paraná y actual coordinador del Proyecto Bosque Atlántico de la ONG Aves Argentinas.

Según Fariña, entre 2003 y 2004 se encontraron más de 40 loros en cautiverio en Tobuna y sus alrededores, muchos de ellos capturados desde pichones. Fue con estos ejemplares que los científicos empezaron a describir y estudiar la especie.

Mientras se conocían aspectos de su dieta y etapa reproductiva, se fueron gestando campañas para estimular la identificación, promover la conservación y reducir el mascotismo. No sólo visitaron hogares, sino que durante más de cinco años científicas del proyecto, como Bianca Bonaparte y Kristina Cockle, trabajaron con docentes de las escuelas de la zona. Nadie hablaba del loro pecho vinoso en las aulas. Para 2012, nueve de cada diez maestros reportaron haber usado esta ave como ejemplo de especie amenazada en sus clases.

El cambio cultural alcanzó un hito en agosto de 2019, cuando se declaró al loro pecho vinoso como Monumento Natural Provincial en Misiones. Esta norma apunta a frenar la caza, comercialización y tenencia del ave. Además, implica sanciones para quienes la incumplan, como multas económicas, inhabilitaciones para cazar y decomiso de bienes y ejemplares.

La bióloga Sofía Zalazar coordina desde 2024 el programa de conservación de esta especie que impulsa Aves Argentinas y comenta que si bien las extracciones disminuyeron significativamente, aún se topan con casos que demuestran que el trabajo educativo debe sostenerse.

“Este año una familia se nos acercó y nos entregó voluntariamente su loro, que ya tenía más de un año con ellos. Eso quiere decir que todavía hay saqueo de pichones”, apunta Zalazar.

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El desafío reproductivo: la escasez de nidos

Cada tarde, después de faenar la tierra, Getulio González camina a sus terrenos, donde aún crece bosque nativo. A inicios de siglo, en un área de 10 hectáreas, plantó semillas de pino paraná. Hoy, gracias a estos árboles gigantes de 20 metros de alto, aún es posible escuchar los cantos de los loros pecho vinoso.

El escenario no es uniforme en el resto de la localidad. “En las grandes propiedades los árboles ya no existen. Con las topadoras tumbaron todo”, cuenta González sobre los proyectos madereros industriales. Aunque el mensaje de la conservación cada vez ha calado más en la vida de los agricultores, en momentos de crisis económica, como cuando baja el precio del kilo de yerba mate, algunos productores han recurrido a la tumba de árboles para sembrar otros cultivos y poder sobrevivir.

Esta combinación de factores ha reducido históricamente la cantidad de árboles en los que los loros instalan sus nidos.

De hecho, los estudios realizados durante la década de 2000 por el Proyecto de Selva Pino Paraná permitieron conocer las características del proceso de nidificación de la especie. Estos loros eligen árboles de gran porte como el pino paraná, ya que usan cavidades ubicadas en partes altas, a 20 metros del suelo y que pueden llegar a tener 90 centímetros de profundidad.

“Cuando se pierden estos árboles se reduce la cantidad de cavidades y empieza una competencia más intensa con otros loros, pero también con otras aves, abejas y zarigüeyas que los utilizan. Con pocos huecos se hace difícil sacar adelante los pichones”, refiere la bióloga Sofía Zalazar, de Aves Argentinas.

Los loros pecho vinoso pueden poner hasta cuatro huevos, pero sólo tienen una nidada al año y el éxito reproductivo es bajo. Muchas veces las parejas fracasan o logran sacar adelante apenas un pichón.

Para impulsar el aumento poblacional de la especie, en 2024 Aves Argentinas instaló una estación biológica en Tobuna.

Un día, Zalazar y otros científicos llegaron a la casa de Getulio González con cajas rectangulares. Estos dispositivos, hechos de plástico reciclado y madera, tienen un orificio en la parte superior para funcionar como nidos artificiales que aumenten la oferta de cavidades.

“Obviamente hay otras especies que las pueden utilizar. Eso también es positivo, ya que así se reduce la competencia por otros huecos [naturales]”, apunta Zalazar.

En las chacras de González se colocaron 15 cajas nido en árboles de gran porte que no tenían cavidades o en zonas que los loros ya habían usado antes para nidificar. En 2025, en todo Tobuna se colocaron 40 cajas y para la temporada 2026 se busca sumar 100 más.

Los científicos también entendieron que no bastaba con ampliar el número de cavidades. Había que garantizar el crecimiento de los pichones en los nidos naturales. Bajo esa misión se conformaron guardianías con biólogos, técnicos, voluntarios y las mismas familias productoras.

Durante la etapa reproductiva, entre septiembre y diciembre de cada año, Getulio González está atento a si alrededor de los árboles que poseen nidos rondan abejas, tucanes o zarigüeyas que pueden comerse los huevos. Aunque el equipo científico se instala durante varios días cerca de los nidos, son los productores como González quienes actúan como los primeros guardianes de los pichones.

Ante cualquier amenaza, los locales informan a la estación científica, que envía expertos para revisar y, si es necesario, realizar tareas de mantenimiento en los nidos. “Tapamos agujeros por donde entra agua, extraemos parásitos externos, también hemos implementado anillos de acero rodeando los troncos de los árboles para evitar que suban predadores. El objetivo es que la mayor cantidad posible de pichones logre salir de los nidos”, refiere Fariña.

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La reforestación de pino paraná que ayuda al loro pecho vinoso

Las primeras luces del 8 de septiembre de 2009 dejaron ver una postal devastadora en Santa Rosa, un pequeño paraje a 10 kilómetros de Tobuna. Al amanecer se pudo dimensionar el impacto causado por el tornado F4 que había sacudido la selva durante la noche previa.

Los vientos se llevaron once vidas humanas, casas, ganado y cultivos. Decenas de árboles fueron arrancados del bosque nativo, como si una topadora hubiera pasado por encima.

En la reconstrucción del lugar, los vecinos no sólo levantaron sus viviendas, también consideraron la restauración de su hogar mayor: el monte. Ante el panorama desolador, Abilio Rodríguez se preguntó por los loros pecho vinoso. “Con el tornado, las cortinas de bosque desaparecieron, los pinos que eran sus refugios ya no estaban. ¿Qué sería de ellos?”, se preocupó entonces.

A las pocas semanas se juntaron 25 familias y decidieron plantar pinos paraná y otros árboles nativos para recuperar algo de lo perdido. En 2010, con apoyo del Proyecto Selva de Pino Paraná, sembraron los primeros 523 plantines.

Con el pasar del tiempo se sumaron otras familias, incluyendo algunas de parajes vecinos. Rodríguez fue uno de los pioneros en esa iniciativa. “Los vecinos me fueron preguntando dónde conseguir arbolitos. La gente se fue interesando cada vez más en el proyecto”, menciona.

Entre 2010 y 2024, unas 90 familias plantaron 3926 ejemplares de especies nativas en sus chacras y escuelas. Además de los pinos paraná, crecieron grapia (Apuleia leiocarpa), pitanga (Eugenia uniflora), yaboticaba (Plinia trunciflora), entre otras especies.

Hoy los árboles lucen altos y dan frutos cada temporada. Sin embargo, para Rodríguez lo más reconfortante es ver el hábitat del loro reverdecer. “Donde hay araucarias [pinos paraná], hay loros. Al conservar a uno, conservas al otro. Por eso seguimos recuperando bosques”, dice con satisfacción.

Las diferentes acciones ejecutadas en estas dos décadas —estudios, campañas socioeducativas, regulación legal, protección y ampliación de nidos, reforestación— permitieron estabilizar la escasa población de loros pecho vinoso. A partir de los conteos realizados entre 2007 y 2025 se evidencia una tendencia positiva en la selva de Misiones.

“Los conteos de a poquito van dando números más altos. En paralelo, se fueron viendo muchos cambios en la relación de los vecinos con el loro. Hoy es una especie que identifican y de la que sienten orgullo”, menciona Zalazar.

Mientras que en 2005 se identificaron 163 ejemplares, para 2016 ya se reportaron 252 individuos. Tras ese estudio, por falta de recursos, los conteos se interrumpieron.

En 2025, Aves Argentinas junto con otras instituciones, tanto gubernamentales como particulares, reactivaron las mediciones y llevaron a cabo un conteo trinacional (incluyendo las áreas de distribución de la especie en Brasil y Paraguay).

Este estudio se realizó a fines de marzo de ese año, cuando los loros pecho vinoso, tras la etapa reproductiva, se reúnen en bandadas para transitar el otoño y el invierno. Se realizaron durante tres días en los dormideros previamente identificados y, para evitar el doble conteo, el proceso se realizó de forma simultánea en cada sitio. Se contabilizaron 323 individuos sólo en Argentina.

Rodrigo Fariña asegura que si bien hay un crecimiento visible en el campo, los conteos también fueron mejorando su metodología y logística (mayor número de observadores). Ahora se encuentran planificando el nuevo conteo anual.

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Los desafíos de rehabilitar los loros que fueron mascotas

La mayoría de los ejemplares de loro pecho vinoso rescatados del mascotismo o del tráfico ilegal llegan al Centro de Rescate y Conservación Güirá Oga, una organización de Fundación Azara que trabaja en conjunto con Aves Argentinas. Allí entran en cuarentena y después de una revisión sanitaria arranca un proceso de recuperación que suele extenderse por más de un año.

El médico veterinario Dante Di Nucci ha recibido muchos loros con problemas nutricionales y físicos. “Vienen con dietas deficientes. Les dan semillas de girasol que les generan adicción y son dañinas para el hígado. Lograr que se alimenten sano toma tiempo”, sostiene.

Con los primeros ejemplares recuperados, en la década de 2010, se conformó un plantel reproductivo. “Tenemos varias parejas y todos los años reproducimos para aumentar el número de pichones y en un futuro poder liberar una bandada”, cuenta Di Nucci. Según el especialista, se necesita al menos un grupo de cinco individuos aptos para hacer una liberación definitiva.

Actualmente, vienen trabajando con una decena de ejemplares, entre rescatados y nacidos en cautiverio. Conforme avanza la preparación se modifican dietas para que el ave deje el alimento vinculado al humano y logre reconocer el alimento que va a tener que conseguir en vida libre.

Otro punto clave es lograr que recuperen o adquieran la capacidad de volar. Se realizan ejercicios de musculación, que inician en espacios reducidos y progresivamente van pasando a lugares de mayor superficie. Llegan hasta jaulones de 25 metros de largo, donde culminan su preparación de vuelo.

Se espera poder realizar una primera liberación este año, pero Di Nucci afirma que al final “los tiempos reales te los marcan los mismos animales”.

Para este año también hay expectativa en la recopilación de información de los transmisores colocados en cinco pichones. Con este seguimiento satelital, Aves Argentinas busca estudiar los usos de hábitat de los loros.

“Eso nos va a generar un montón de información, sobre todo cuando esos juveniles empiecen a crecer, para ver qué manchones de selva utilizan y son prioritarios para la conservación de la especie”, refiere Fariña.

En el bosque germina también otra conciencia. Los niños de Tobuna y sus alrededores conformaron un Club de Naturaleza junto con científicos de la estación biológica de Aves Argentinas. Este grupo realiza observación de aves con binoculares, senderismo, técnica de trepa (para colocar cajas nido) y se estimula la valoración de la selva misionera.

Getulio González los recibe cada mes para que recorran sus terrenos y vean a los loros vinosos que viven en los pinos paraná. “Que conozcan lo que tenemos en nuestros bosques. Si nosotros no los cuidamos, ¿quién lo hará?”, concluye.

*Imagen principal: el loro pecho vinoso habita en los árboles de pino paraná. Foto: cortesía Marc Estornell.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo Ocaña en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Coordinadora del Programa Alternativas al Desarrollo / Abogada colombiana especializada en derecho ambiental, justicia climática y litigio estratégico

Desde el 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Grupo BID) trabaja en la actualización de su Estrategia de Relacionamiento con la Sociedad Civil, cuya última versión fue adoptada en 2018. La revisión no es un asunto menor: ocurre en un momento en el que los desafíos del desarrollo en América Latina y el Caribe son cada vez más complejos y en el que la participación ciudadana resulta clave para que las decisiones y los proyectos que se lleven a cabo cuenten con la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil así como de las comunidades. 

Contexto de la estrategia de relacionamiento del BID con la sociedad civil:

En el año 2018 el BID adoptó su Estrategia de relacionamiento del Grupo BID- Sociedad Civil, la cual estableció como uno de sus objetivos principales la necesidad de apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional y de participación de la sociedad civil a fin de  disponer de  mejores capacidades en el diseño e implementaciones de agendas de desarrollo de los países. 

No obstante, dicha estrategia ha resultado insuficiente. A pesar de la adopción de un Plan de Acción para su implementación, persisten desafíos significativos en materia de participación de la sociedad civil, acceso a la información y efectiva incorporación de las recomendaciones y aportes realizados por las organizaciones. Estas limitaciones se reflejan en las distintas instancias de toma de decisión del Banco —ya sea en políticas, planes o proyectos—, evidenciando la falta de alineación interna necesaria para garantizar un relacionamiento efectivo, amplio y consciente con la sociedad civil.

Estas preocupaciones han sido reiteradas en múltiples ocasiones por organizaciones de la sociedad civil, en particular por aquellas que integran el Grupo de Trabajo sobre el BID, del cual Ambiente y Sociedad participa activamente.

Reuniones anuales BID- Asunción Paraguay, marzo 2026

Durante las reuniones anuales del BID realizadas entre el 11 y el 14 de marzo de 2026 en Asunción, Paraguay, más de 70 organizaciones de la sociedad civil de toda la región participamos en un taller de trabajo destinado a discutir el futuro de la relación entre el Grupo BID y la sociedad civil. El encuentro abordó temas centrales como el acceso a la información, los mecanismos de participación y las condiciones necesarias para que el diálogo entre el Banco y la sociedad civil sea realmente significativo.

Para orientar estas discusiones se presentó un diagnóstico preliminar elaborado por la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la American University. El diagnóstico identificó algunas de las principales dificultades, que actualmente enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en su interacción con el Banco. Entre ellas destacan el desconocimiento generalizado de la existencia de la estrategia de relacionamiento, la falta de claridad sobre los procesos de participación en la adopción de planes de acción, políticas y proyectos, así como limitaciones en el acceso a la información, tanto para los funcionarios del Banco como para las propias organizaciones. A esto se suman restricciones internas dentro de la institución, como los tiempos limitados para los procesos participativos, la escasez de personal y la existencia de prioridades institucionales contrapuestas.

Estos desafíos fueron reconocidos públicamente por el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, quien durante su discurso de apertura en el Foro de Sociedad Civil señaló que, así como la región y el Banco han cambiado desde 2018, también lo ha hecho la sociedad civil. En ese contexto, afirmó que esta ya no debe ser vista únicamente como un actor externo, sino como un aliado estratégico.

Este reconocimiento, aunque positivo y bien recibido, plantea un desafío mayor: que la relación entre el BID y la sociedad civil trascienda lo simbólico. Desde diversos espacios de la sociedad civil, Ambiente y Sociedad, junto con el Grupo de Trabajo sobre el BID hemos reiterado la importancia de garantizar participación temprana y bien informada partiendo de la base de que no son meramente procedimientos sino que se tratan de derechos de acceso reconocidos por tratados internacionales. Solo así será posible asegurar una participación efectiva y evitar que los procesos de consulta se conviertan en un mero trámite formal, sin incidencia real en las decisiones estratégicas.

¿Qué debería incluir la nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID?

En un momento en el que se presentan  acciones preocupantes de reducción del espacio cívico en diversos países de la región, resulta más necesario que nunca fortalecer un diálogo temprano, informado y constante que permita generar resultados verdaderamente transformadores. La nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID debe incluir mecanismos claros, inclusivos y transparentes que garanticen la participación temprana y efectiva de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de los proyectos, planes o políticas que se estén promoviendo. Esto implica no solo abrir espacios formales de consulta, sino también asegurar que las contribuciones recibidas sean debidamente consideradas e incorporadas en la toma de decisiones.

La estrategia debe reconocer que los derechos de acceso a la información y a la participación deben ser garantizados en los procesos que se desarrollen por parte del BID. Esto se traduce en  acceso oportuno a la información, participación temprana y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan evaluar de manera continua la calidad del diálogo y sus resultados. Sin esto, nunca habrá un escenario de confianza entre la sociedad civil y el Grupo BID . Además, el Banco deberá asegurarse de que esto aplique para todas las ramas de su institución tanto la pública como la privada; el estándar debe ser el mismo para todos. 

Ese dato revela algo profundo: una ruta puede seguir abierta en el mapa, pero cerrarse en la práctica si aumenta el costo de transitarla. Estamos ante el nacimiento de una nueva doctrina: la victoria ya no se mide en banderas clavadas, sino en pólizas canceladas.

Tendemos a imaginar los grandes cuellos de botella de una manera dramática: minas, fragatas, drones, misiles. Sin embargo, el comercio global también depende de una capa invisible: el cálculo financiero.

Una zona no necesita estar bloqueada por fusiles y tanques para convertirse en un problema real. Basta con que se vuelva demasiado incierta, cara o riesgosa para sus operadores.

Por eso el conflicto en torno a Irán no puede leerse, únicamente, como una secuencia de ataques y represalias. Debe leerse también como una batalla por alterar las condiciones de circulación. Los caminos se cierran si los aseguradores retroceden, los armadores dudan, los fletes se recalculan o si el riesgo es incierto. La presión sobre el comercio se realiza sin la necesidad de batallones o baterías de misiles. Los bombardeos destruyen; la incertidumbre regula el desgaste.

Trump no solo ha bombardeado; su gobierno ha tenido que plantearse algo menos fotogénico: mecanismos de aseguramiento público y escoltas navales para algunos barcos en el Golfo. Esa es la confesión de que el problema ya no cabe en las acciones militares.

La pregunta principal ya no es quién puede derrotar militarmente, sino quién puede hacer más difícil la economía de su enemigo.

En este momento el objetivo no es la destrucción del rival, sino aumentar el costo de sostener la guerra, elevar la ansiedad de los ciudadanos, perturbar las rutas de abastecimiento y obligar a los gobiernos a gastar más dinero y energía en preservar la normalidad.

Por eso resulta insuficiente leer la coyuntura solo con categorías militares. La guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos es una combinación de violencia armada, dislocación económica y castigo a la infraestructura. Un ataque no solo se mide por el cráter que deja, sino por las pólizas que multiplican el valor, los servicios que encarece y el miedo que siembra en los habitantes y las bolsas de valores.

Cuando el riesgo financiero empieza a rozar la infraestructura, la guerra cambia de escala. Ya no se trata solo de cuánto cuesta mover petróleo, sino de cuánto cuesta sostener ciudades.

Ahí entra el segundo frente: el agua.

Diversos análisis advierten que las plantas desalinizadoras del Golfo han pasado a ser objetivos militares. No porque muevan mercados, sino porque sostienen vidas. Esa observación debería bastar para cambiar la manera en la que pensamos esta crisis. Cuando una región depende de infraestructuras de desalinización para sostener su vida urbana, un ataque contra ellas no es un episodio técnico: es un golpe directo contra la supervivencia y la habitabilidad.

El petróleo domina la conversación porque mueve mercados. El agua, en cambio, debería preocupar más porque sostiene el tejido social. Una interrupción de suministro afectaría hospitales, hogares, saneamiento, electricidad y orden público.

Aquí emerge la paradoja iraní. Mientras participa en una crisis regional que puede poner en jaque la infraestructura hídrica de sus enemigos, Irán arrastra su propia emergencia de agua: presas en niveles críticos, racionamiento en Teherán y la advertencia sobre una posible evacuación de la capital si la escasez empeora.

Eso significa que el agua no es solo una vulnerabilidad del entorno, sino una fractura de Irán. Irán puede resistir sanciones, aislamiento o bombardeos, pero es difícil, prácticamente imposible, resistir el deterioro de las condiciones mínimas de vida. Cuando falta el agua, la geopolítica deja de ser un juego de élites y entra en la casa de las personas.

El conflicto está mostrando algo más amplio que una simple escalada regional: la transformación de la guerra en un sistema de presión distribuida. Ya no basta con contar bajas o medir el avance de la tropa. Hay que evaluar qué pasa con los seguros, las infraestructuras civiles, los recursos hídricos y la capacidad social de soportar una crisis prolongada.

Por eso no interesa la pregunta por el vencedor militar, sino por la sostenibilidad. ¿Cuál sociedad puede soportar, durante más tiempo, la combinación de miedo, costo, precariedad y desgaste? ¿Cuál Estado puede seguir prometiendo control si no garantiza circulación, abastecimiento y servicios?

Los titulares seguirán prefiriendo el estruendo, pero la guerra, como la vida, se decide en una póliza que no se renueva o en el grifo que no provee agua. Mientras las cámaras sigan buscando el destello del próximo misil, la verdadera guerra seguirá ganándose en el silencio de un despacho o en el eco de la tubería vacía.

La isla, posiblemente la más grande del mundo, por cuanto a Australia se considera un continente, ha sido objeto y muestra de ese desdén europeo por las herencias de una época en la que el planeta estaba abierto para la ocupación y conquista de territorios sin más limitaciones que las de la fuerza de la competencia. Ahora forma parte del Reino de Dinamarca bajo un modelo llamado Rigsfællesskabet, en virtud del cual no es colonia sino parte de la mancomunidad de la Corona danesa, con poderes que incluyen el de declarar su independencia por decisión popular. 

Curioso es que el control de Groenlandia por parte de Dinamarca emana de una de esas declaraciones de funcionarios hechas con ligereza que después resultan irreversibles y traen consecuencias definitivas para su país. En 1919 el ministro noruego de relaciones exteriores, Nils Claus Ihlen, en su afán por asegurar la soberanía noruega sobre el archipiélago de Svalbard, de flora y fauna excepcionales, le dijo a su homólogo danés que su país “no pondría dificultades” a la reclamación de soberanía de Dinamarca sobre toda Groenlandia, tal vez por ser territorio gélido de menor valor. 

Cuando más tarde Noruega trató de retractarse, con el argumento de que la declaración de su canciller no equivalía a un tratado formal, e instó a sus cazadores a faenar en el oriente de la isla, el asunto llegó a la Corte de La Haya, que decidió que la declaración de Ihlen era vinculante, por lo cual Dinamarca se quedó con toda la isla, objeto de desconocimiento y olvido por la escasez de su población, aunque tenida en cuenta por estrategas que leen el mapa del mundo de otra manera. 

Cubierta en la mayor parte de su enorme extensión por una capa de hielo intacta, Groenlandia vino a salir de anonimato y el olvido por cuenta de un empresario de propiedad de raíz convertido en protagonista de la vida política internacional. Acostumbrado a identificar y aprovechar el valor de terrenos cuyas posibilidades de enriquecimiento le resulten promisorias, el presidente de los Estados Unidos fijó en la isla su mirada como predio de alto valor por sus recursos minerales, muy relevantes en el Siglo XXI, y su valor estratégico en la perspectiva de la futura reanimación del transporte y la defensa del continente americano por el Ártico. 

Como es típico en sus emprendimientos político – inmobiliarios internacionales, el presidente ha aplicado en el caso de Groenlandia su patentado modelo de negociación: primero hizo el anuncio escueto de su interés en apropiarse de la isla, para anexarla al territorio de los Estados Unidos, realizó luego intentos amigables de compra, pasó más tarde a la amenaza y el chantaje, con el riesgo de romper la Alianza Atlántica, para terminar retirándose estratégicamente, como parece haberlo hecho para preparar un nuevo embate contundente y definitivo.

Para emprender su aventura groenlandesa, comparable como expansión imperial a la de su colega Putin en Ucrania, Trump encontró disponible una poderosa plataforma: la combinación, heredada, de un potente aparato económico que, en medio de una institucionalidad borrosa, le permite combinar el manejo arbitrario de aranceles con un poder político que todavía es enorme, y con un indiscutible poderío militar. Plataforma que usa para favorecer a sus amigos y castigar a quien le haga mala cara.  

En medio de la pretendida apoteosis de la conquista de Groenlandia, surgen problemas de fondo. En primer lugar, la ruptura del derecho internacional, que si bien su país ha burlado reiteradamente, como otras grandes potencias, no deja de ser referente y parámetro de defensa de un orden conveniente para mantener en lo posible la paz, sobre todo en cuanto se trate del respeto por la soberanía y las fronteras de los demás. A lo cual hay que agregar el peligro de ruptura de la OTAN, eje fundamental de la unidad occidental, que traería consecuencias imprevisibles no solamente para los aliados europeos sino para los propios los Estados Unidos, que en el panorama estratégico serían cosa muy diferente sin el apoyo y la amistad de esos socios a la hora de una confrontación con enemigos comunes. 

Para el mundo entero tiene que ser cada vez más preocupante la siembra anárquica de un estado de cosas producto del capricho de alguien poderoso que introduce un desorden innecesario y perjudicial en el conjunto de las relaciones internacionales. Máxime cuando, según tradición de la postguerra mundial y de la Guerra Fría, se trata del “abanderado del mundo libre”, que ahora adelanta todo tipo de acciones, según el ánimo que tenga, para avanzar o retroceder, con argumentos en muchos casos acomodaticios y fantasiosos, cuando no contradictorios, que han puesto a dudar sobre su buen criterio. 

Ese líder impredecible ha actuado sin contrapeso interno, debido a la inexistencia de una oposición política vigorosa, que no ha existido en los Estados Unidos como en democracias donde la oposición leal a las instituciones es fundamental. Le rodea en cambio un tibio coro de sicofantes dispuestos a aplaudir de manera servil y complaciente cada actuación de un jefe al que no se sabe si le admiran o le temen. 

Si lo anterior resulta evidente en el orden interno, también en el orden internacional la actitud predominante, hasta ahora, comenzando por la Unión Europea y extendida al resto del mundo, con la excepción de China, que tiene su propia personalidad y sus propios elementos para no someterse, y de Rusia, que bien quisiera ser cómplice del éxito de la apoderamiento de nuevos territorios por parte de los Estados Unidos, ha sido la de una cuidadosa y blanda crítica, para terminar plegándose, por una mezcla de necesidad y miedo, a los designios de quien ha asumido una especie de dictadura de talla universal. Modo de acción que funciona al ritmo cambiante de sus sentimientos y sensaciones, lleno de incoherencias, amenazas y contradicciones. Todo mientras políticos en ejercicio, analistas y académicos, tratan de interpretar cada movida del personaje, en algunos casos atribuyéndole una inverosímil genialidad. 

El mensaje al primer ministro noruego para regañarlo porque su gobierno no concedió al ocupante de la Casa Blanca el Nobel de Paz, acompañado del anuncio de un cese del compromiso con la paz por esa causa, habla por sí solo del talante de su autor y de su ignorancia sobre la independencia del comité que toma en Oslo la decisión. La amenaza de castigar con aranceles altísimos a quienes no apoyasen la pretensión estadounidense de apropiarse de Groenlandia es un acto incalificable de chantaje en abuso de la plataforma heredada de poder económico, político y militar a la que ya se ha hecho referencia. Con ello se cruzaron fronteras que no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar para rendirse sin condiciones ante los designios de quien se considera todopoderoso. Y la negación falaz del coraje de los aliados de los Estados Unidos en la campaña de Afganistán pudo marcar un punto de no retorno en la confianza y el aprecio de amigos a quienes no había razón para despreciar.

Conminados los aliados de Estados Unidos a responder por esa suma de amenazas y ofensas, Francia las rechazó y Gran Bretaña por primera vez en mucho tiempo manifestó de manera contundente su extrema molestia por la descalificación de sus soldados, muchos de los cuales entregaron su vida en pleno combate en Afganistán. 

La justificada protesta vino a encontrar una síntesis seria, serena, ordenada, argumentada, valiente y valiosa, por parte del primer ministro canadiense, que marcó un punto culminante en todo ese proceso y obligó al gran negociador, como era esperable según su estilo de agredir y retroceder cuando ya no puede más, a exaltar el valor de los soldados británicos y dar a entender que no tomará por ahora por la fuerza la llamada “isla verde”, que denomina un bloque de hielo, que forma parte de su obsesión expansiva del territorio de la Unión Americana.

Lo preocupante es el discurso deshilvanado de Trump en Davos, en el que reiteradamente confundió a Groenlandia con Islandia, repitió su actitud insultante hacia sus propios aliados históricos europeos, menospreció el cociente intelectual de un país africano y protagonizó una exhibición de egolatría y desconocimiento de la forma como ha funcionado el mundo tanto en la diplomacia como en las instituciones internacionales y en la convergencia entre empresarios y políticos de talla mundial. 

Quedan, dignas de estudio y reflexión, materias como la lectura que debemos todos aprender a hacer de la geopolítica del Ártico, visto el mundo desde el Polo Norte y no desde los planos convencionales, la ruptura del orden internacional mencionada con sustanciosos argumentos por Mark Carney, Primer Ministro del Canadá, el futuro de la OTAN, el aislamiento paulatino de los propios Estados Unidos y el plazo de aguante interno e internacional de la embestida de un presidente al que le quedan todavía tres largos años para avanzar en su proyecto de contenido insospechado y consecuencias imprevisibles.

El 7 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organismos internacionales, 31 de ellos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que los otros 35 son foros, agencias y acuerdos multilaterales.

En un comunicado emitido por el Departamento de Estado de la Casa Blanca se sostuvo que estas organizaciones “operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”. El documento también indica que la retirada “pondrá fin a la financiación por parte de los contribuyentes estadounidenses y su participación en entidades que promueven agendas globalistas que están por encima de las prioridades de Estados Unidos”.

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No es la primera vez que algo así sucede durante la administración de Trump. Apenas asumió su mandato, el presidente norteamericano anunció que abandonaría el Acuerdo de París y congeló los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución que meses después cerró oficialmente y dejó de contribuir con cientos de proyectos a nivel global. En marzo de 2025 más del 80 % de los programas de USAID fueron cancelados y para julio pasado los que aún permanecían vigentes fueron absorbidos por el Departamento de Estado.

La decisión de retirarse de los 66 organismos internacionales llega en medio de mucha tensión y controversias que rodean a la administración de Trump por su incursión en Venezuela y el anuncio de su interés por anexar Groenlandia a Estados Unidos, entre otras decisiones de política internacional.

Entre los organismos de los que se ha retirado Estados Unidos figuran varios que trabajan en temas de clima y medio ambiente, como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo Verde del Clima (GEF) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). También hay organismos internacionales dedicados a los derechos humanos, igualdad de género, construcción de la paz y desarrollo económico.

Cambios en la política mundial

“Esta decisión tiene algunas implicancias más allá de que el país simplemente se retire. Claro que va a tener una serie de repercusiones. Anotaría, en primer lugar, algo que me parece clave y fundamental: estábamos advertidos”, comenta el economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, en conversación con Mongabay Latam.

Acosta recuerda que durante la primera administración de Trump, el presidente norteamericano se retiró de varias instancias relacionadas con temas ambientales y sociales. “Debemos tomar en consideración dos elementos que confluyen. Por un lado, el negacionismo sistemático de Trump sobre el cambio climático. Y por otro lado, el reordenamiento del orden internacional”.

Sobre este último punto, Acosta explica que todo orden mundial, nacional o regional parte de una lógica en la cual los más fuertes imponen “las reglas de juego”. Sin embargo, aclara  que “este orden tenía una visión que se sustentaba en lo que podríamos llamar el multilateralismo”, con ciertas reglas que eran, más o menos, respetadas por países poderosos “o al menos trataban de disimular cuando intentaban cambiar las reglas”.

En cambio, en la actualidad, dice Acosta, los cambios “se hacen sin ninguna hipocresía, sin ninguna vergüenza”. “El multilateralismo como lo conocíamos, el orden mundial como lo conocíamos, que estaba controlado por los más fuertes y Estados Unidos era uno de esos actores, está siendo sustituido por algo nuevo. Aún no sabemos qué sucederá, si los Estados Unidos tratarán de imponer unilateralmente las reglas del juego o si van a dividirse el mundo entre las grandes potencias, sobre todo con China y de alguna manera también con Rusia y quizás algún otro país”, aclara.

En cuanto a los temas ambientales, Acosta asegura que el retiro de Estados Unidos de los organismos internacionales “va a debilitar la limitada acción climática global”. “Ese es un punto medular, yo diría que es clave porque va a tener un impacto global”, asegura.

El economista afirma que los intentos del “manejo coordinado de los bienes públicos globales, como el agua, la biodiversidad, el clima, que estaban marcados bajo ciertas normativas, se va a debilitar aceleradamente”. En ese sentido menciona también la intención de la administración de Trump de intensificar la actividad petrolera, lo que significa que se “van a forzar los extractivismos porque Trump está apostando por mantener los hidrocarburos, el petróleo en particular, el carbón también, pero a la vez está buscando el acceso a las tierras raras. En ese contexto lo que estamos viendo es una ampliación de los extractivismos”.

En una entrevista con Mongabay Latam, David Obura, presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) —organismo dedicado a generar conocimiento relevante sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos—, cuenta que Estados Unidos ha sido miembro fundador de IPBES, en 2012, una institución que tenía 152 países miembros hasta el retiro de este país.

“Es un país grande e importante en términos de producción científica y un gran apoyo hasta el momento. Perdemos un miembro muy comprometido y eso es importante porque significa que nuestro acceso a la ciencia estadounidense se vuelve más difícil”, comenta Obura. A ello se suma la pérdida del apoyo financiero, “que ha sido significativo, no el mayor, pero sí significativo”.

Obura también se refiere al nivel de consumo de recursos de Estados Unidos, “uno de los mayores consumidores del mundo, con la mayor economía, lo que implica también la mayor huella ambiental y climática”. Por tanto, considera que su retiro del IPBES no solo significa dejar de participar en la plataforma, sino que, “sus políticas contradicen las recomendaciones y los resultados de nuestras evaluaciones”.

Definitivamente habrá más presión, dice Obura y menciona la evaluación global de IPBES de 2019 en la que se muestra “que la mayor parte de la naturaleza está en declive”. Portanto, dice Obura, “esta decisión, que gira en torno a intereses económicos, tendrá un mayor impacto en la naturaleza porque significa un aumento de la huella ecológica y de los impactos en la naturaleza a nivel mundial, lo que dificulta que resolvamos los desafíos actuales o que los países los resuelvan”.

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El impacto ambiental

“Las implicaciones serán directas en la reducción de fondos para algunos de esos organismos en los que Estados Unidos era el mayor financiador, como es el caso de IRENA [Agencia Internacional de Energías Renovables]”, señala Silvia Calderón, directora del Instituto Ambiente Estocolmo (SEI) en Latinoamérica y ex responsable del portafolio de cambio climático y financiamiento climático en USAID, en Colombia. “Con esa reducción de fondos, seguramente quedarán detenidos proyectos que estaban en marcha. Y la segunda implicación clave será el vacío político”, asegura.

Calderón también menciona otros organismos de los que se ha retirado Estados Unidos como el IPCC, considerado “el órgano científico de máximo nivel para temas climáticos”, el IPBES, también “el más importante para temas de biodiversidad”.

De la lista, Calderón destaca el retiro de ONU Agua, “que ha sido  fundamental para establecer marcos analíticos sobre seguridad hídrica” y el IRENA como “centro de pensamiento en los temas de energías renovables”. “Todavía no vemos noticias sobre el retiro de otros órganos fundamentales para temas ambientales como el UNEP [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente], pero obviamente no es una buena señal esta primera lista”, afirma.

La experta de SEI recuerda que cuando cesó el financiamiento de USAID el trabajo de muchos proyectos se vieron severamente impactados, como ocurrió en la Amazonía. Sin embargo, dice Calderón, una de las fortalezas de América Latina es que también cuenta con financiamiento de otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).

“Si bien tenemos cierta dependencia [de Estados Unidos], hemos visto el fortalecimiento de algunas instancias, particularmente los bancos de desarrollo, y el liderazgo de los mismos países en estos organismos”, asegura.

Con esa reducción, agrega Calderón, “muchos de los actores que trabajamos y que lideramos los temas ambientales, de desarrollo, de ciencia, hemos venido ajustándonos para hacer más con menos”. Calderón agrega que “los problemas ambientales no dejan de existir o no dejan de ser cada vez más graves porque se deje de hablar de ellos”, por el contrario, comenta, “siguen existiendo”.

Sin embargo, para la experta la capacidad de dar una respuesta más eficiente y más oportuna se reduce cuando hay menos financiamiento. “Cuando se reducen las inversiones, hay un impacto doble porque se reducen los fondos para abordar un problema ambiental y además se reduce la capacidad de entenderlo y de abordarlo”.

Gladys Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), comenta que esta decisión “va a generar desajustes financieros porque Estados Unidos contribuye con muchos tratados internacionales”.

Sin embargo, agrega Martínez, “el multilateralismo, las soluciones ambientales y los tratados internacionales están diseñados para que cuando ocurren estos cambios políticos —como el que está tomando Trump— permita pensar en cómo implementar estos acuerdos a través de políticas públicas. “Estados Unidos, por supuesto, es un contribuyente, pero los acuerdos ambientales globales tienen un respaldo de más de 90 países del mundo”.

“Quitar todo el apoyo al IPCC necesariamente va a traer consecuencias. Lo mismo va a pasar con organismos dependientes de las Naciones Unidas, como puede ser el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene a su cargo la secretaría, nada más ni nada menos que del Acuerdo de Escazú”, dice Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Nápoli agrega que esta decisión significa una reducción importante en el financiamiento, considerando, además, que actualmente los acuerdos tienen pocas contribuciones de los países, por lo que el sistema de las Naciones Unidas es muy importante. “En el caso ambiental es muy significativo todo lo que tiene que ver con organismos multilaterales porque es muy complejo abordar la temática ambiental desde el bilateralismo», afirma. Por eso, sostiene que siempre se apuesta fuertemente a estos convenios multilaterales para diversidad biológica y cambio climático, «que son aquellos que eventualmente pueden lograr una escala de decisiones importantísimas y cuando se retira un jugador tan importante van a sufrir”.

Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), asegura que se trata de “una acción desafortunada que seguramente marcará posturas de otros países para abandonar estos organismos, con lo cual podría debilitarse el multilateralismo”.

En cuanto a implicaciones específicas para América Latina, Velasco señala que “la salida de Estados Unidos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Fondo Verde para el Clima debilitará la cooperación internacional. “Partimos de una escasez de financiamiento climático en el que los mecanismos y recursos comprometidos no son suficientes. Dentro de esa falencia, el aporte de Estados Unidos era significativo, siempre entre los primeros cinco lugares de países que más aportaban. Eso debilita la cooperación internacional de estos instrumentos financieros y muchos de ellos direccionados para América Latina”.

Imagen principal: Donald Trump, durante una reunión con funcionarios de energía y ejecutivos de la industria petrolera. Foto: Casa Blanca.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un estudio reciente de la Universidad Nacional muestra cómo Bogotá es, al mismo tiempo, un laboratorio y un espejo del país. La capital está dividida entre un norte envejecido —de familias reducidas, apartamentos silenciosos y tasas de natalidad por debajo del reemplazo— y un sur vibrante, joven y abarrotado, donde la vida se reproduce pero también se precariza. No es coincidencia: donde hay expectativas, oportunidades, educación y proyectos de vida, hay menos hijxs; donde hay urgencia, inestabilidad y escasez, la vida se multiplica sin red.

El norte bogotano envejece porque la maternidad allí es una decisión estratégica: se medita, se pospone, se planea. El sur rebosa juventud porque la maternidad es muchas veces inevitable o instrumental: “tener hijos no importa si la vida ya es difícil”. Ese contraste no habla de valores individuales, sino de condiciones estructurales. El problema no es que unas mujeres “no quieran” y otras “quieran mucho”, sino qué sociedad pueden construir o imaginar unas y otras.

Colombia creyó durante años que la llegada de millones de venezolanos sería un desastre social. Y quizás lo fue en términos de gestión pública, xenofobia o presión sobre servicios básicos. Pero demográficamente, fue un salvavidas. Quienes cruzaron la frontera lo hicieron jóvenes, fértiles, con familias por formar o en edad productiva. En otras palabras: llegaron justo cuando empezamos a envejecer, a frenar nuestra reproducción biológica y económica. En un país con tasas de natalidad en caída, esa llegada fue —aunque nadie lo quiera admitir— una bendición.

Esto no es un fenómeno aislado. Alemania se ha sostenido con turcos, sirios, africanos; España con latinoamericanos, marroquíes, rumanos. Las sociedades occidentales que envejecen importan juventud, como quien compra agua embotellada para apagar un incendio que evitó durante años. Es un mecanismo cínico: cuando tu población no quiere reproducirse porque el proyecto de vida no tiene sentido, traes gente que vive en condiciones precarias, para quienes tener hijos no es una crisis sino lo cotidiano.

El corazón del debate no está en cuántos niños nacen, sino en las expectativas culturales de la población —sobre todo de las mujeres— frente a lo que Colombia ofrece. Las últimas décadas les han abierto espacios políticos, económicos y sociales; han accedido a universidades, a empleos, a proyectos profesionales. Y quien tiene expectativas altas tiene menos hijos. No por egoísmo, sino por dignidad. Porque sabe lo difícil que es sostener una vida digna en un país inestable.

La pregunta demográfica —“¿cuántos debemos ser?”— está íntimamente conectada con la pregunta política —“¿qué país queremos ser?”—. Y la respuesta es brutal: hoy Colombia quiere más niños, pero no quiere hacerse cargo de ellos. Quiere trabajadores futuros para cotizar a pensión, pero no colegios decentes para que aprendan. Quiere consumidores, pero no ciudadanos.

Mientras los economistas lloran por la falta de nacimientos, los niños que sí existen venden dulces en semáforos, son bombardeados y asesinados por el mismo gobierno (ha pasado antes en gobiernos de derecha y hoy pasa en gobierno de izquierda). Son reclutados por grupos armados. Son usados en redes sexuales, como se ve en Cartagena, en Medellín, en aquellas ciudades donde la riqueza convive obscenamente con la pobreza. ¿De verdad “faltan niños” o lo que nos falta es vergüenza?

En un país donde la mitad de la población vive en la informalidad, donde la estabilidad laboral es un privilegio, ¿por qué nos alarman los “trabajadores que faltarán”? ¿Para qué ecosistema laboral? ¿Dónde están los empleos que supuestamente necesitan ese futuro demográfico?

Las soluciones fáciles —importar migrantes pobres, “romantizar” la maternidad, descargar en las mujeres la responsabilidad del Estado, llenar de incentivos económicos a las familias— son parches. Sirven, como en Europa, para mantener la máquina andando. Pero Colombia necesita otra cosa: un proyecto nacional.

Primero, en el centro del debate deben estar los niños que ya existen. No los potenciales.

Eso significa colegios públicos y privados dignos, acceso real a universidades, nutrición, salud mental, espacios culturales y deportivos, seguridad. Sin eso, pedir más bebés es irresponsabilidad estatal pura. Segundo, la lucha contra la informalidad laboral.

Un país que no garantiza ingresos previsibles ni estabilidad profesional no puede exigir maternidad voluntaria. Se necesitan políticas industriales, proyectos de alto impacto, inversión ordenada, infraestructura, desarrollo impulsado desde el Estado y seguridad jurídica para quien invierte. Decirlo es fácil; hacerlo también, si hay voluntad.

Tercero, sí: incentivos reales a madres y padres.

No migajas ni subsidios simbólicos. Garantías laborales, licencias robustas, acceso a cuidados, redes públicas y privadas para la crianza. La maternidad debe ser una elección posible, no un salto al vacío.

Porque al final la pregunta no es: ¿Cuántos colombianos habrá?

La verdadera pregunta es: ¿Vale la pena nacer colombiano?

Mientras la respuesta siga siendo “depende de en qué barrio”, el país seguirá envejeciendo por encima y reproduciéndose por debajo. Y sí: lentamente, los colombianos nos iremos extinguiendo.

“La vida y la época de un escritor deben, por definición, filtrarse en la obra por cada grieta”: Stephen Greenblatt, historiador literario y profesor de Humanidades en Harvard.

“La verdad se encuentra dentro. Quien busca por fuera es como el que busca agua en el océano. Echemos un vistazo a nosotros mismos”: De la novela “Seúl 88”.

¿Existe el género de la novela militar en Colombia?

En un país, con un conflicto interno que se extiende a lo largo de tres siglos y miles de muertos, es extraño que existan pocas novelas históricas de corte militar.

Tengo en mis manos una que podría clasificar dentro de ese género. “Seúl 88” es una novela histórica, la primera de Felipe González Giraldo, un abogado que escribe literatura cuando no está en los estrados judiciales.

Su obra está basada en hechos reales, inspirados en la propia familia del escritor. Podemos decir, entonces, que toda novela bien podría ser una confesión, si como lo dijo la escritora rusa Ludmila Ulítskaya, “un escritor se apoya en la experiencia de su propia vida”.

En este caso, son historias entretejidas que van y vienen entre Colombia y Corea del Sur. Aquí están narrados episodios tenaces del conflicto armado colombiano, contados desde las entrañas del ejército colombiano. A través de Constantino, el protagonista, y de los hombres de su pelotón, presenciaremos una operación contraguerrilla en las selvas antioqueñas.

“Desde la noche anterior había comenzado a escribir en aquel papel amarillento y rayado que existía un planeamiento operacional para dar con los bandidos del Eln en los lindes del municipio de Santo Domingo: el segundo pelotón bajo el mando del comandante de la compañía, el capitán Adolfo Franco, había preparado la emboscada y sería el que abriría el combate. El tercer pelotón cubriría la retaguardia y el primero protegería el flanco izquierdo”.

Constantino parte en misión diplomática hacia Corea del Sur en una época de tensiones políticas que amenazan la paz del mundo, y en la antesala de los Juegos Olímpicos del año 88. Un año antes, Corea del Norte hizo explotar un avión comercial con 115 personas a bordo.

“Constantino pasó los dedos por su bigote. Se hallaba en un lugar donde la muerte estaba presente (…) Supuso que de eso se trataba la Guerra Fría y en ningún otro lugar como ese se ejemplificaba mejor la muerte interna del ser humano antes que la violencia a gran escala”.

Constantino es un personaje de ficción inspirado en el padre del escritor. Foto: cortesía archivo del autor.

Tres décadas atrás, tuvo lugar allí la famosa Guerra de Corea (1950-1953), en la que peleó Colombia: murieron 611 soldados colombianos.

“Pero ¿para qué teníamos que ir a Corea a buscarnos un problema con los comunistas coreanos y chinos, si acá ya teníamos bastantes?”, preguntó Constantino de forma honesta”.

El protagonista, un hombre de origen campesino, “… de niño había sobrevivido junto a su madre, una masacre en la carretera entre Albania, en Santander, y Chiquinquirá, por el occidente de Boyacá, perpetrada por el bandolero Efraín González, alías ´Siete Colores´, y su cuadrilla de bandidos”.

El escritor Felipe González tenía dos años cuando viajó con su familia a Seúl. 

Margarita, la esposa, una antropóloga valluna dedicada a la crianza, escribe cuentos que el lector irá descubriendo, al tiempo con las costumbres de una nación exótica. “La vejez es la humillación natural del ser humano”, dice la mujer.

Nos topamos a un embajador con fama de “comemierda” o una mujer paisa que vive su propia pesadilla tras casarse con un hombre coreano.

“Pensó que el sujeto racional en él sabía del despropósito que implicaba gastar sus fuerzas en una mujer que entretenía hombres por oficio”.

Como en toda novela, también hay un enredo amoroso por cuenta de Orlando, el cónsul de Colombia en Seúl, un hombre huilense, tragado de una mujer llamada Anna Reiter. Confundido o entusado —ya juzgará el lector— busca en el budismo el remedio para apaciguar su soledad.

Orlando se perdía al tratar de comprender las máximas del budismo. (…)

–¿Qué hace uno con la maldad ajena? –le pareció que su pregunta era la de un niño–. ¿Debo perdonarla?

El maestro seguía como una estatua.

–En el budismo no se habla del perdón. El perdón es posible cuando me ubico en una posición de superioridad y digo: yo que estaba en lo correcto, te perdono a ti que estabas en lo incorrecto. Buda dice que todos los seres conscientes somos iguales. ¿Cree tener la capacidad de decir quién es iluminado y quién no?

¿Qué justifica que se escriba una novela voluminosa en tiempos en que se especula con eso de la escasez de lectores?

Es un tema que daría pie a todo un debate. Creo que poquísimos autores en Colombia han tenido la disciplina y el arrojo para producir un texto robusto, casi 700 páginas, en una época en que la lectura enfrenta amenazas de todo tipo.

Felipe González lo consiguió luego de tres años de paciente escritura, eso que en el ámbito literario llaman la soledad del escritor. La novela “Seúl 88”, de la editorial Escarabajo, ya está en las librerías en busca de lectores. El viaje comienza con un presidente de la República que se halla entre la vida y la muerte. 

En la caleta de Puerto Pizarro, el último puerto artesanal al norte de Perú, un grupo de pescadores pinta una embarcación mientras un hombre enfundado en un traje azul los observa desde el malecón. Son las primeras horas de la mañana y, aparte de ellos y los gallinazos que sobrevuelan la playa, no hay más actividad. “Solo hacen eso”, dice uno de los pescadores refiriéndose al hombre que los vigila. Es un “informante” que mira, en silencio, quién entra y sale del mar. Aquí, todos los pescadores deben pagar una extorsión para poder salir al mar a trabajar. 

“Nosotros no les tenemos miedo a los piratas, vamos a hablar, estamos cansados de ellos”, dice el pescador decidido, aunque instintivamente baja el tono de voz como si alguien lo pudiera escuchar. 

Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en la provincia ecuatoriana de El Oro, la policía recibe la alerta de disparos en un barrio de Puerto Bolívar. La calle principal se ha cerrado para velar el cuerpo de un supuesto pescador al que dispararon en alta mar. La policía sospecha que pertenecía a alguna de las bandas de narcotraficantes que, en su disputa por el control del puerto, han llenado de balas las paredes de las casas. 

Sorteando un gran hueco en el piso ocasionado por un explosivo dejado en medio de los enfrentamientos entre grupos criminales, una mujer lamenta la muerte de dos de sus hijos. 

Así comienzan las dos historias que conforman esta investigación de Mongabay Latam. Durante ocho meses, un equipo periodístico se sumergió en las actividades de las caletas de las provincias fronterizas de Tumbes, en el norte de Perú, y de El Oro, en el sur de Ecuador, para entender qué hay detrás de las extorsiones que mantienen acorralados a los pescadores artesanales de ambos países. 

Los hallazgos dan cuenta de cómo el negocio criminal de las extorsiones se ha convertido en un brazo clave en la logística del narcotráfico para controlar las rutas marítimas de contrabando. Además, demuestran que en la compleja y dinámica red de actores criminales, la peligrosa banda ecuatoriana Los Lobos se ha expandido hacia el sur extorsionando también a los pescadores peruanos. En medio de este entramado criminal, la falta de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera tiene un impacto enorme: hacer de la pesca artesanal un terreno fértil para la violencia.

A inicios de septiembre pasado, casi 300 kilos de cocaína ocultos en un contenedor con destino a México fueron incautados por la Policía Nacional de Ecuador en el puerto de Guayaquil. Cada tanto, casos como este son titulares en los medios de comunicación del mundo entero. Transportar droga en contenedores y buques que salen de los puertos es una de las principales estrategias para exportar estupefacientes, explica Renato Rivera, experto en crimen organizado transnacional, puesto que “en una sola embarcación puedes meter hasta una tonelada de cocaína”. Sin embargo, no toda la droga se trafica de esta manera. Otros prefieren aprovechar la vastedad y aislamiento de alta mar. Es ahí donde los pescadores artesanales se hacen necesarios. 

“Se piensa que el tráfico marítimo de cocaína solo se mueve de un punto A a un punto B, a través de embarcaciones a gran escala y no es así”, indica Rivera. En las embarcaciones artesanales, se trasladan cargamentos más pequeños de droga que, mar adentro, son traspasados a embarcaciones de mayor tamaño. 

Un oficial de alto rango de la Policía de Ecuador, que participó en una investigación sobre crimen organizado en El Oro y quien pidió reserva de su identidad, explica el modus operandi: “Hacen relevos. Una lancha va con combustible hasta cierto punto del mar, ahí entregan a otras lanchas que tienen mayor cantidad de combustible y van haciendo relevos hasta llegar a la zona del archipiélago de Galápagos, que es donde encaletan y abordan los buques”. 

Para llevar adelante esa operación, la extorsión es clave. Si los pescadores no pagan, son atacados en altamar por los piratas. Los motores robados durante el ataque son utilizados para equipar las embarcaciones que transportan la droga hacia altamar.

En una resolución judicial peruana a la que Mongabay Latam tuvo acceso, un testigo clave y un agente especial señalan que los piratas trasladan los motores robados en cámaras frigoríficas hacia Piura, uno de los puertos clave en la exportación de drogas, según información del Departamento de Operaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú.

Pero los pescadores también son presionados por las bandas de narcotráfico para que sean ellos mismos quienes transporten la droga hacia los buques grandes o, dependiendo de las características de la embarcación, la lleven a otros destinos.
“Los Choneros [una de las bandas de narcotraficantes ecuatorianas] aprendieron hace 15 años del [cártel de] Sinaloa, y de sus propios procesos internos, que era mucho más rentable mover 15 embarcaciones pesqueras que tratar de ‘contaminar’ el puerto como tal [ingresar droga al puerto]. Por eso, los pescadores artesanales y el movimiento de cocaína alrededor de esta dinámica son bien representativos”, asegura Rivera.

Los Lobos y las extorsiones en Perú

En Ecuador, “Los Lobos son los más predominantes alrededor de las extorsiones”, asegura Rivera, pero esta investigación da cuenta de que esa predominancia ya está presente también en la costa norte de Perú. Los pescadores de Puerto Pizarro y las otras caletas de la provincia de Tumbes señalan a este grupo ecuatoriano —catalogado como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos y socio clave del Cártel de Jalisco Nueva Generación— como la principal organización que los extorsiona y persigue. 

Esta información es corroborada por una autoridad de la policía en la zona que pidió no ser identificada. “La banda que les cobra cupos es la de Los Lobos. Los ecuatorianos”, dijo. Además, el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú (Dirincri) en la zona macro norte, coronel Luis Castillo, reconoce que Los Lobos están presentes en el territorio. Fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas en Ecuador también confirmaron que Los Lobos han reclutado gente en el lado peruano y que están operando en actividades de extorsión a pescadores y contrabando. 

De acuerdo con los pescadores, el grupo criminal opera de manera directa y también a través de bandas locales. De hecho, para Nicolás Zevallos, es importante no subestimar la acción de actores criminales locales pensando que la gran amenaza es externa. “En los últimos años se ha hecho más visible efectivamente la presencia de los actores regionales, pero su capacidad de operación efectiva a nivel local está muy asociada a las estructuras criminales disponibles en cada país. No es que han llegado a colonizar un espacio peruano, sino que han llegado a hacer negocios”, indica. 

El equipo periodístico confirmó que existen nombres que se repiten al preguntar sobre los principales extorsionadores locales que operan en Puerto Pizarro. Sin embargo, la red de participantes en el negocio es dinámica y versátil. “Cada vez que hacemos la revisión y salimos a campo a pedir más información, nos dan cinco nombres nuevos porque se transforman, mutan o se recomponen”, explica Zevallos.

Incluso, un oficial de la policía en Puerto Pizarro declaró que en muchos casos Los Lobos usan menores de edad que son reclutados en Zarumilla para cobrar las extorsiones y para intimidar a sus víctimas. Por razones de seguridad, pidió que su nombre se mantuviera en reserva. 

Provistos de armas que son contrabandeadas a través de células del Tren de Aragua, de acuerdo con agentes antinarcóticos de la Policía de Ecuador, Los Lobos mantienen una guerra con bandas rivales por el control de este puerto peruano, lo que ha desatado una ola de violencia. 

Información del Ministerio del Interior de Ecuador indica que la provincia de El Oro está entre las cinco con mayor cantidad de homicidios intencionales (homicidios, asesinatos y sicariatos), con 2098 registros entre 2014 y 2024. Según esta misma fuente, los asesinatos a pescadores también han aumentado. En 2014, solo se registraron cinco casos en todo el país, mientras que en 2024 hubo 45 casos. Organizaciones de la sociedad civil advierten, sin embargo, que en esas cifras hay un importante subregistro. 

En Perú, los números son dispares. Entre 2020 y 2024, la Marina registró 61 denuncias por ataques en altamar, pero la Policía sólo cuenta seis. Para una primera investigación publicada en enero de este año, Mongabay Latam identificó que aproximadamente 20 pescadores habían sido asesinados por piratas en los últimos 20 años. Mientras se desarrollaba este reportaje fueron asesinados tres pescadores más.

“Amigos de nosotros han muerto, varios, con disparos en la cabeza. Los liquidan. Ellos [los piratas] llevan fusiles, buenas armas. ¿Por qué están tan armados? Por la droga. La droga es oro”, dice un pescador de Puerto Pizarro.

La pesca se agota

En este escenario, la escasez de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera es un factor que agrava la situación. En Ecuador, el problema se puede percibir sobre todo en la escasez de especies clave como dorado, pulpo y langosta, asegura la bióloga marina Janice Márquez De La Plata. Cada vez, los pescadores deben ir más lejos para conseguir capturas, lo que ha aumentado los costos de las faenas y disminuido las ganancias. 

En Perú, también existe evidencia científica de que especies clave para la pesca artesanal están sobreexplotadas. Inclusive, científicos demostraron que aunque la cantidad de embarcaciones artesanales ha aumentado, eso no se ha traducido en más pesca, al contrario. A partir de 2014, las capturas cayeron considerablemente y, según Santiago De la Puente, el investigador principal del estudio, ello se debe a que muchos de los recursos fueron pescados en exceso.

“Antes, uno iba, dos, tres horas y ya venía con su carga. Ya estaba el día costeado. Ahora, la gente se va a las cuatro, cinco de la mañana y está volviendo a las cinco de la tarde. La pesca ahora es de suerte”, comenta un hombre que pescador en Ecuador hace 20 años. 

De acuerdo con Márquez De La Plata, quien es presidenta de Sustainable Ocean Alliance en Ecuador, ello ha empujado a algunos jóvenes a migrar o a caer en redes criminales. 

Sumado a la escasez de recursos, la pandemia también agravó el escenario de vulnerabilidad, explica Rivera. “Por un lado tienes la sobreexplotación, es decir, [los pescadores] tienen que viajar más lejos y necesitan más recursos para hacerlo y, por otro, tienes el fenómeno de la pandemia que ya impactó al sector pesquero porque es un sector informal. Son los grupos criminales quienes aprovechan ese tipo de vulnerabilidades”.

El artículo completo fue publicado por en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La XXIV reunión del Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (ALC) llegó a su fin este jueves con la aprobación de la Declaración de Lima. El documento, que marca la posición del continente sobre los temas ambientales que interesan a la región, no estuvo ajeno a cuestionamientos durante la sesión final, cuando varios de los países presentes, principalmente los estados insulares, manifestaron su desacuerdo con la redacción de uno de los artículos.

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A la propuesta de modificación en la plenaria siguió un debate a puertas cerradas que se extendió por más de dos horas, para luego dar paso a una discusión y una serie de negociaciones. Estas terminaron cuando, tras un consenso, quedó sellada la redacción final del párrafo en disputa y se clausuró el foro.

A la cita de dos días que se realizó en Lima, Perú —durante el 1° y 2 de octubre— asistieron representantes oficiales de 25 de los 33 países de América Latina y el Caribe. Solo diez de ellos eran ministros y ministras: los de Barbados, Belice, Chile, República Dominica, Grenada, Jamaica, Panamá, Perú, San Cristóbal y Nieves y Surinam. Otros cinco eran viceministros, mientras que el resto eran funcionarios designados por sus gobiernos. Entre los países ausentes al foro figuran Argentina, Antigua y Barbuda, Guyana, Honduras, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Venezuela.

“Creo que faltó más participación de los ministros de ambiente en el foro. Se trata del espacio por excelencia perfecto para la gobernanza ambiental de la región y preocupa que no contamos con la participación de todos los ministros de Ambiente”, comenta Dalia Márquez, copresidenta del Grupo Principal de Mujeres del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente (PNUMA).

En los días previos a la cumbre de ministros se realizó la reunión de Oficiales de Alto Nivel de los países participantes. Lima también fue la sede del Foro de Medio Ambiente de la Juventud de ALC, que se realizó el 27 de septiembre. El 28 de septiembre se llevó a cabo la Reunión Regional del Grupo Principal de Mujeres, mientras que el 29 se concretó la Reunión Consultiva Regional de la Sociedad Civil de ALC.

Con el cierre de esta cumbre, Perú concluyó su periodo en la presidencia del Foro de Ministras y Ministros, mientras que Panamá inició el nuevo periodo bianual en la presidencia de este foro regional.

¿Qué dice la Declaración de Lima?

“Los ministros han avanzado en una agenda transformadora alrededor de algunos temas puntuales”, dijo Juan Bello, director y representante regional de la Oficina para Latinoamérica y el Caribe del PNUMA.

En conversación con Mongabay Latam, Bello puso énfasis en tres temas que han sido prioritarios en esta declaración de 87 artículos para enfrentar la triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.

El primero es una iniciativa regional para acelerar la restauración de los ecosistemas que son críticos para la provisión y regulación del agua. “Esta iniciativa pone al agua en el centro del desarrollo de la región, de la prosperidad y el bienestar de todas las personas en América Latina y el Caribe y conecta con la necesidad de recuperar los ecosistemas que han sido degradados”, comenta Bello.

La segunda iniciativa, dice Bello, es un plan de acción regional para jaguares, como especie emblemática. “Si el jaguar está saludable significa que nuestros ecosistemas de toda la región de América Latina, de los 18 países que conforman el área de distribución de esta especie, están bien conservados y son saludables”. En el documento aprobado también se menciona que “trabajar a nivel regional con especies emblemáticas clave, como el jaguar, es una oportunidad para la convergencia de múltiples agendas y compromisos ambientales relacionados a la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y paisajes, y la acción climática”.

La tercera iniciativa, continúa Bello, se enfoca en la reducción de emisiones de metano, un gas de efecto invernadero muy potente. La medida adoptada “nos brinda una oportunidad de corto plazo para poder actuar a través del cierre de los basurales a cielo abierto, que son un gran problema en toda la región”. Bello explica que lo que se busca es lograr todos los mecanismos de cooperación para que los países y los gobiernos locales — municipalidades, provincias— puedan tener un mejor manejo de sus residuos, en particular los residuos orgánicos, de tal forma que se generen beneficios para la salud humana y el clima.

La Declaración de Lima también menciona que la región sufre graves impactos debido a la “pérdida de biodiversidad, los efectos del cambio climático, la contaminación, la degradación de las tierras y la desertificación, la escasez de agua y la sequía, ligados con la pobreza y la desigualdad”, además plantean “la necesidad de promover el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”.

En sus más de 80 decisiones, la Declaración de Lima aborda los problemas de la contaminación del aire, el suelo y los cuerpos de agua, así como el aumento progresivo de la generación de residuos sólidos. Además, destaca la importancia de los acuerdos sobre los mares y la necesidad de “seguir mejorando el conocimiento y la comprensión del océano y los fondos marinos mediante el aumento de las actividades de investigación científica”.

El documento aprobado en la cumbre de ministros y ministras menciona también la importancia de la participación de la infancia y la juventud en la promoción de prácticas de consumo y producción sostenibles. Además, se menciona, más de una vez, los aportes de los pueblos Indígenas, comunidades locales, jóvenes, mujeres, pueblos afrodescendientes y actores de la sociedad civil.

La ministra de Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas —una de las pocas representaciones ministeriales de América del Sur presente en la reunión— señaló que los temas incluidos en la Declaración de Lima son aquellos en los que los diferentes países de la región decidieron focalizar durante las reuniones previas que se realizaron durante un año de trabajo.

“Una cosa bien importante para la región es que nosotros vemos que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son dos caras de la misma moneda”, comenta la ministra Rojas a Mongabay Latam. “Para muchos países, especialmente los países desarrollados, son dos temas que no están en los mismos ministerios, en cambio en nuestras regiones en general los ministerios de Ambiente ven ambos temas”.

Rojas mostró su satisfacción porque se haya considerado avanzar en la restauración “pensando en la provisión de agua” así como en la “reducción de emisiones de metano, especialmente en el sector de los residuos, porque todos en la región tenemos problemas con los rellenos sanitarios y con los vertederos”. “Estoy muy contenta de ver que ya tenemos un plan de trabajo con metas de corto y mediano plazo”, agregó.

Otro tema central en la cumbre de ministros y ministras fue el financiamiento. “Si queremos seguir con esas actividades y perpetuar proyectos, necesitamos el financiamiento”, comenta Bello. Para el viceministro de Asuntos Estratégicos del Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos Isaac Pérez, “América Latina tiene que trabajar más en el financiamiento para la adaptación al cambio climático y en el financiamiento para daños y pérdidas, áreas en las cuales son mucho más sensible los países de América Latina y el Caribe. Eso lo vamos a trabajar conjuntamente y con mucha fuerza en Brasil”, comentó, en referencia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30), que comienza el 21 de noviembre en Belém do Pará, Brasil.

La Declaración de Lima será presentada en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (UNEA7), en Nairobi, Kenia, como una posición conjunta de los países de América Latina y el Caribe. También se llevará a la COP 30 y a otros foros mundiales que se realizarán en los próximos meses.

La reunión en Lima también marcó un hito en la organización de las mujeres. “Es la primera asamblea de mujeres y ambiente que se tiene a nivel mundial en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y tuvimos la suerte de que fue aquí, en América Latina”, comenta Márquez.

“Para nosotras es fundamental ver incluida la perspectiva de género en cada una de las resoluciones propuestas en la región y también es fundamental el reconocimiento del rol de las mujeres como cuidadoras del ambiente, como defensoras del ambiente, pero también como uno de los grupos que se ve más afectado por la crisis planetaria”, señala Márquez como representante del Grupo de Mujeres.

“Es importante que se reconozca nuestro rol en los procesos de atención de la crisis, pero también que se nos consulte en todo lo que tiene que ver con la propuesta y el diseño de políticas públicas para abordar la crisis planetaria”, añadió.

Ausencias y temas pendientes

Aunque en varios párrafos de la Declaración de Lima se menciona a los pueblos indígenas, durante la cumbre no hubo participación de representantes de los pueblos originarios.  Lorena Terrazas, representante de la sociedad civil e integrantes de la Red Paz Integración y Desarrollo, de Bolivia, menciona que la participación de la sociedad civil se realiza a través de postulaciones y que ese mecanismo “no permite que todos estén presentes”. Además, mencionó que para esta cita se han presentado “restricciones económicas”.

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Terrazas también mencionó que “el Estado anfitrión, en este caso Perú, determina una cantidad de espacios” para la participación de la sociedad civil y, por otro lado, señala que cada uno de “los Estados ponen limitantes y barreras para la participación”.

“Sentimos que hay un retroceso en el espacio cívico y en la participación de comunidades, porque aquí en Perú hay muchas comunidades indígenas y hubiera sido muy lindo tener más contacto y más participación de los compañeros, pero no vemos que eso haya ocurrido”, comenta Terrazas.

La representante de Colombia, Xiomara Acevedo, facilitadora regional acreditada del mecanismo de Grupos Principales y Actores Interesados (LAC MGS), también se refiere al “retroceso en el número de espacios para la sociedad civil” en comparación con el foro anterior. “Esta vez tenemos 10 personas de la sociedad civil. En el Foro anterior, en Panamá, hace 2 años, hubo 20 representantes”.

En ese sentido, Acevedo dijo que son 64 organizaciones acreditadas ante el PNUMA de América Latina y el Caribe. “De esas 64 organizaciones contar con 10 cupos, es muy poco”.

El viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de  Guatemala también se refirió a la ausencia de los representantes de los pueblos indígenas. “Definitivamente, para Guatemala, donde la mitad de nuestra población se reconoce como indígena, es un tema importantísimo. Nosotros hemos estado muy atentos a que en la declaración se tome en cuenta sus intereses [de los pueblos indígenas] al momento de tocar los temas ambientales”.

Durante la cita también se presentaron las propuestas de resolución que algunos países de ALC llevarán a la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (ANUMA), que se realizará del 8 al 12 de diciembre. En esta reunión se toman decisiones a nivel mundial sobre temas ambientales.

En esta relación de cuatro propuestas regionales Colombia plantea establecer instrumentos internacionales para el manejo de minerales y metales. Mientras, Perú, en coordinación con Kenia, insta a mejorar la respuesta internacional para abordar los delitos que afectan al medio ambiente. Estos temas, sin embargo, no se mencionan en la Declaración de Lima.

Juan Bello, del PNUMA, señala que “en un contexto de transición energética, Perú y Kenia están presentando a consideración una resolución sobre delitos ambientales que es muy importante”, pero agrega que esas propuestas tienen un proceso de deliberación y discusión y si todo sale bien terminan siendo aprobadas y adoptadas por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “La declaración de hoy -por el jueves- sale con estos tres puntos iniciales que he mencionado y otros más”.

El ministro de Ambiente de Perú, Juan Carlos Castro, quien presidió el Foro, señaló a Mongabay Latam que “los problemas con minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico se van juntando y la idea de los países es colaborar y establecer estrategias que nos ayuden a erradicarlos. Para eso, necesitamos no solo estrategias sino también financiamiento”.

En tanto, la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad de República Dominicana, Ana Cecilia Pimentel, comentó a Mongabay Latam que “el tema de minería siempre será transversal hacia todas las declaraciones que vamos a estar firmando hacia adelante”.

Pimentel también se refirió al “ecocidio”, un término que se utilizó con frecuencia en la cumbre de ministros, pero que tampoco está mencionado en la Declaración de Lima. “Es una palabra que ha salido aquí y que hay que trabajarla y robustecerla. Pienso que es parte de las discusiones que se van a llevar y se van a seguir extendiendo tanto en la COP30 como en la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.

Imagen principal: el XXIV Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe se realizó en Lima, Perú. Foto: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado porYvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El agua que no se ve, pero sostiene la vida 

En Colombia, las aguas subterráneas son una reserva silenciosa y vital. Alimentan acueductos rurales, cultivos y ecosistemas enteros. Sin embargo, siguen desprotegidas. La Mesa de Los Santos es un ejemplo claro. Este territorio ubicado al norte del Cañón del Chicamocha, en Santander, abarca la totalidad del municipio de Los Santos, una franja de Piedecuesta y parte de la vereda Chocoa en Girón. En los últimos años se ha convertido en destino de casas campestres para quienes buscan un lugar cercano a Bucaramanga, transformando el territorio sin considerar a las comunidades campesinas de laderas y zonas bajas. Este cambio ha sido impulsado, en gran medida, por la concentración y rápido crecimiento industrial y urbanístico  en la planicie. Así, mientras los habitantes tradicionales padecen la disminución de nacimientos y quebradas, proliferan pozos para urbanizaciones, industrias avícolas y proyectos turísticos sin diagnóstico integral del acuífero. Es la crónica de un despojo invisible, donde los derechos colectivos quedan relegados ante intereses privados e individuales. 

Cuando la norma existe, pero no se cumple 

Aunque la Ley 373 de 1997 ordenó a las autoridades ambientales realizar estudios hidrogeológicos, con respaldo técnico del IDEAM y del Servicio Geológico Colombiano, antes de otorgar permisos para el uso de agua subterránea, casi tres décadas después este mandato sigue sin cumplirse. En sus respuestas a solicitudes de información, las autoridades ambientales de Santander —la CDMB y la CAS— reconocieron no haber realizado estos estudios con dicho respaldo ni haber solicitado formalmente ese apoyo. De forma paralela, el Decreto 1640 de 2012 ordenó formular Planes de Manejo de Acuíferos, pero en la Mesa de Los Santos ninguno ha sido adoptado formalmente. A pesar de ello, los permisos para perforar agua subterránea se siguen otorgando, muchas veces basados en informes de empresas privadas interesadas en los mismos proyectos que hacen las perforaciones. 

Las consecuencias para las comunidades campesinas 

Esta omisión tiene rostro humano. Las comunidades rurales asentadas en las laderas de la Mesa de Los Santos enfrentan desabastecimiento progresivo. Investigaciones de la Universidad Industrial de Santander (2016–2023) han documentado la sobreexplotación de acuíferos y el deterioro de las zonas bajas. 

En 2022, un estudio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Santander evaluó 11 aljibes y 2 pozos perforados en la región: 9 de los 13 puntos presentaban disminución del nivel freático. En 2023, una investigación de la Maestría en Historia de la misma universidad evidenció que la perforación de pozos profundos, principalmente para urbanizadores y agroindustrias, ha concentrado el agua en las zonas planas, agravando la escasez en las laderas campesinas. Esta dinámica produce paisajes desiguales: comunidades precarizadas en las laderas y nuevos enclaves suburbanos con agua asegurada en la planicie. Es un despojo silencioso y difuso, difícil de rastrear y controlar, que amenaza la soberanía hídrica campesina, fragmenta los vínculos culturales con el territorio y debilita los sistemas tradicionales de manejo del agua. 

El costo de profundizar para acceder al agua 

El costo económico de la perforación de pozos aumenta de acuerdo a su profundidad. Esto excluye a los campesinos, que no pueden pagar estudios ni trámites exigidos para obtener permisos, limitando su posibilidad de garantizar el mínimo vital de agua. Las denuncias también alertan sobre la desaparición de humedales y la disminución del caudal o sequía total de quebradas como Los Cacaos, Los Naranjos, Las Tablas, San Miguel, Cuevana, La Mojarra, La Cañada y La Honda. La privatización y captación de agua en las partes planas amenaza el arraigo de muchas familias campesinas y  aumenta  el riesgo de desplazamiento forzado por razones económicas y ambientales  y la vulneración de derechos bioculturales. 

A esto se suman las polémicas por el riesgo de privatización de acueductos comunitarios y el frustrado proyecto millonario del Acueducto Regional del Chicamocha, una promesa incumplida desde 2015 por la administración del entonces gobernador Richard Aguilar. 

Un ahorro que nunca fue 

La Ley 373 de 1997 también ordenó crear programas de uso eficiente y ahorro del agua. Sin embargo, en Los Santos ese programa nunca se implementó. Tras años de omisión, en 2018 la CAS sancionó al municipio con 9 millones de pesos por incumplir la ley. Pero en 2024 la misma corporación revocó la multa porque el plan, aunque existía, no había sido formalizado mediante acto administrativo. Así, entre trámites y vacíos legales, ni multa ni programa de ahorro. Y la pregunta persiste: ¿qué pasó con el uso eficiente y el ahorro del agua para la población de Los Santos? 

Una problemática global con rostro local 

La situación de la Mesa de Los Santos no es un caso aislado. Según el Estudio Nacional del Agua del IDEAM, el municipio de Los Santos está entre las zonas con alta susceptibilidad al desabastecimiento hídrico durante temporadas secas. El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la UNESCO (2022) advierte que las aguas subterráneas constituyen el 99% del agua dulce líquida del planeta, pero su explotación insostenible genera consecuencias irreversibles. El Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua ha señalado que la sobreexplotación de acuíferos amenaza la seguridad hídrica global, especialmente en zonas rurales. Sus recomendaciones son claras: gestión equitativa, monitoreo riguroso y gobernanza sostenible, advirtiendo que la negligencia en este ámbito profundiza las desigualdades y pone en riesgo el derecho humano al agua. 

La Mesa de Los Santos cumple varios criterios de riesgo: agotamiento de las fuentes, dependencia exclusiva para consumo humano, conflictos por uso del agua y desabastecimiento superficial. Todo esto exige una acción prioritaria y coordinada de las autoridades locales y nacionales. 

Lo que hemos hecho desde la Clínica Carlos Gaviria Díaz 

Frente a este panorama, desde la Clínica Jurídica Carlos Gaviria Díaz de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS hemos impulsado acciones para visibilizar y enfrentar esta problemática. Con el apoyo de veedurías, organizaciones sociales como la Fundación la Cabuya, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Corporación Compromiso, procesos sociales de Piedecuesta y Los Santos, estamos exigiendo la convocatoria a una audiencia pública ambiental conjunta para debatir de manera integral la gestión del agua subterránea en la región, trascendiendo del análisis fragmentado de permisos individuales y proponiendo una inmediata intervención para evitar la destrucción de las fuentes hídricas en el territorio. 

Además, interpusimos una acción de cumplimiento para hacer efectivo el artículo 10 de la Ley 373 de 1997 y que las CAR realicen los estudios hidrogeológicos exigidos antes de otorgar nuevas concesiones. Estas iniciativas buscan abrir canales de participación y diálogo comunitario con las autoridades ambientales, haciendo valer el derecho de las comunidades a ser informadas y participar en decisiones que afectan su agua y su territorio, conforme al Acuerdo de Escazú. 

Hacia una justicia hídrica, territorial y ambiental 

La situación actual demanda medidas urgentes de regulación, control y recuperación por parte de las autoridades competentes. No se trata solo de cumplir la ley, sino de garantizar la preservación, sostenibilidad y cuidado del agua, el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades locales y la aplicación de principios de equidad ambiental y justicia hídrica. 

El Procurador 24 Judicial II Ambiental y Agrario de Santander ya hizo un llamado en agosto de 2024 a la CDMB y la CAS para que aborden esta situación de forma articulada y establezcan planes de acción que protejan tanto la estabilidad ecológica del territorio como los derechos colectivos del campesinado. A la fecha, no se conoce respuesta. 

Persistir en esta omisión significa propiciar un desplazamiento ambiental silencioso, una forma de despojo que compromete el derecho al agua, al territorio, a la permanencia digna en el campo y los derechos bioculturales de las comunidades campesinas. La progresiva escasez de agua amenaza su permanencia al impedir actividades básicas de subsistencia como el cultivo, el cuidado de animales y el abastecimiento doméstico, acelerando procesos de descampesinización y poniendo en riesgo la pérdida de las prácticas y saberes propios de estas comunidades. 

El caso de la Mesa de Los Santos es una advertencia sobre cómo la omisión institucional abre la puerta a intereses privados en la gestión del agua subterránea. También es ejemplo de cómo las clínicas jurídicas pueden enfocar la enseñanza en justicia ambiental a partir de problemáticas territoriales. Garantizar la justicia hídrica requiere planificación adecuada, gestión sostenible y participación comunitaria para asegurar que el agua, aunque invisible, siga siendo un bien común y un derecho para todos.