Del lado realista, cerca de 1.300 soldados de infantería y alrededor de 500 jinetes se preparaban para enfrentar al Ejército Libertador, que contaba con aproximadamente 2.000 hombres y 400 integrantes de caballería. Sin embargo, las cifras no reflejaban las condiciones reales de las tropas patriotas.

Los hombres comandados por Simón Bolívar se encontraban exhaustos después de atravesar el páramo de Pisba. El frío, el hambre, las enfermedades y las dificultades del terreno habían causado numerosas bajas. Al menos, una cuarta parte del ejército había muerto, desertado o quedado incapacitada durante aquella travesía.

En la mañana del combate, Bolívar ordenó que sus tropas cruzaran el río Chicamocha, cuyo caudal había aumentado como consecuencia de la temporada de lluvias. Después del esfuerzo que significó atravesarlo, los patriotas encontraron que, en la margen opuesta, las fuerzas españolas ya se organizaban para entrar en combate.

El coronel José María Barreiro, comandante del ejército realista, se adelantó y tomó una posición favorable para la defensa. Desde las alturas dominaba el terreno y obligaba a los patriotas a avanzar por un estrecho espacio ubicado entre los cerros y la zona pantanosa.

Durante varias horas, españoles y patriotas combatieron con enorme valentía. Los enfrentamientos llegaron, incluso, al combate cuerpo a cuerpo y a las cargas de bayoneta. Sin embargo, al final de la tarde, el resultado comenzaba a inclinarse claramente en favor de las tropas realistas.

Hacia las cinco de la tarde, Barreiro reorganizó sus fuerzas y lanzó un contraataque que consiguió hacer retroceder de manera desordenada a los patriotas. La situación parecía definitiva. Según la tradición, el comandante español habría exclamado: “¡Viva España! Ni Dios me quita la victoria”.

En ese momento quedaron en evidencia los errores de planificación del Ejército Libertador. Las tropas habían atravesado el páramo de Pisba en condiciones extremas, cruzado un río crecido y entrado en combate prácticamente sin descanso, mientras el enemigo controlaba las posiciones más favorables del terreno.

Al observar el avance de la caballería española, Bolívar habría reconocido la gravedad de la situación: “Se nos vino la caballería y se perdió la batalla”.

Fue entonces cuando apareció el teniente coronel Juan José Rondón, comandante de la caballería de reserva. Al escuchar las palabras de Bolívar, respondió: “¿Cómo se va a perder la batalla si ni yo ni mis hombres hemos peleado? Déjenos hacer una entrada”.

Bolívar le habría contestado con la frase que pasaría a la historia: “Coronel, salve usted la patria”.

Rondón regresó hacia sus hombres y les dijo: “¡Camaradas, los que sean valientes síganme, porque en este momento triunfamos!”.

Sin esperar una nueva orden, lanzó su caballo al galope y atravesó las filas de los patriotas que comenzaban a retirarse. Inicialmente lo siguieron catorce lanceros, quienes escucharon y respondieron inmediatamente a su llamado. Así comenzó la célebre carga de los quince lanceros.

Los jinetes avanzaron contra los dragones y las reservas de infantería realista. Aunque enfrentaban una fuerza muy superior, consiguieron penetrar sus líneas, frenar la ofensiva y generar suficiente confusión para que las tropas patriotas se reorganizaran.

La carga de Rondón transformó el curso de la batalla. Otros escuadrones de caballería se sumaron al ataque y el ejército que minutos antes se retiraba recuperó la iniciativa. La acción de aquellos hombres demostró que, en ocasiones, la valentía y la capacidad de decisión pueden modificar el resultado de una contienda que parece perdida.

Durante el enfrentamiento también se produjo uno de los episodios más recordados de la batalla. El sargento segundo José Inocencio Chincá se enfrentó al capitán realista Ramón Bedoya en un intenso duelo de caballería. Bedoya logró herir gravemente a Chincá. Sin embargo, pese a la herida, el lancero patriota continuó combatiendo y consiguió atravesar con su lanza al oficial español, causándole la muerte y derribándolo de su caballo. Chincá fallecería días después como consecuencia de las heridas sufridas en el combate.

Después de la carga de los lanceros, de la reorganización de las fuerzas patriotas y del desorden ocasionado entre las tropas españolas, un fuerte aguacero cayó sobre el campo de batalla. La lluvia y la llegada de la noche dificultaron la continuación de las operaciones y llevaron a ambos ejércitos a replegarse.

La batalla del Pantano de Vargas suele reconocerse como una victoria estratégica del Ejército Libertador. No obstante, es necesario recordar que el desenlace estuvo determinado, en buena medida, por la iniciativa de Rondón y sus lanceros. Fueron ellos quienes, en el momento más crítico, impidieron la derrota de las fuerzas independentistas.

Algunos historiadores sostienen que, de no haberse presentado el aguacero y la posterior oscuridad, los patriotas habrían podido obtener una victoria mucho más contundente. Otros consideran que las fuerzas realistas también conservaron capacidad de combate. En cualquier caso, la batalla resultó decisiva para mantener con vida la Campaña Libertadora.

Días después, el 7 de agosto de 1819, se libró la batalla de Boyacá, que permitió cortar la retirada del ejército realista y abrió el camino hacia Santa Fe. En esta batalla nuevamente relució la falta de pericia militar de Simón Bolívar.

Juan José Rondón continuó participando en las campañas de Independencia. Murió en 1822, en la ciudad de Valencia, como consecuencia de las heridas sufridas durante un enfrentamiento. Su legado permaneció estrechamente ligado al nacimiento de la República y a la historia de la caballería colombiana. La expresión “Salve usted la patria” se convirtió en el lema del arma de Caballería del Ejército Nacional. También, Bolívar en cada día previo al aniversario de la Batalla afirmaba que “Mañana es el día de San Rondón”.

Sin embargo, la enseñanza de esta historia trasciende el proceso de Independencia. Rondón no se limitó a contemplar cómo se perdía la batalla. Sabía que todavía tenía hombres disponibles, entendió que podía cambiar el rumbo de los acontecimientos y tuvo el valor de alzar la voz cuando los demás comenzaban a aceptar la derrota.

Su liderazgo no surgió de una orden detallada ni de un plan previamente diseñado. Nació de la capacidad de reconocer una oportunidad en medio del caos, asumir la responsabilidad y actuar cuando otros retrocedían.

En nuestra vida cotidiana y en los grandes asuntos nacionales también enfrentamos momentos semejantes. Situaciones en las que advertimos que algo está mal, sabemos que todavía podemos intervenir, pero preferimos guardar silencio o esperar a que otro actúe.

La pregunta que nos deja Rondón, más de dos siglos después, continúa vigente: ¿Cuántas veces pudimos ayudar a salvar una causa, una institución o incluso al país, pero no tuvimos el valor de dar un paso al frente?

En febrero de 2026, en plena campaña electoral, las inundaciones que golpearon a ocho departamentos le costaron al Estado $8,68 billones de pesos. Para todo el año, el país tenía destinados apenas $668.000 millones para atender emergencias, es decir, menos de una décima parte de lo que costó un solo evento.

El Gobierno saliente financió el gasto por vía extraordinaria. Un decreto de excepción creó un nuevo impuesto de emergencia sobre el patrimonio de las grandes empresas, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo.

La nueva realidad climática de Colombia significa que habrá inundaciones, incendios y otros eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Esto se traduce en mayor carga fiscal para el Estado, que debe financiarse con emisión de deuda o nuevos impuestos.

Para proteger las finanzas del país y a las empresas, el Gobierno entrante debe cambiar la forma en la que se financian las emergencias en el país. El modelo actual está desfinanciado, es reactivo y fragmentario, y no integra al sector privado.

A través de la reconstrucción de lo ocurrido en Córdoba, evidenciamos la manera en la que opera el sistema de financiamiento de desastres del país y las principales falencias que el nuevo Gobierno deberá solucionar, si quiere cumplir sus promesas de campaña.

La tragedia de febrero

En febrero de 2026, Córdoba vivió una tragedia sin precedentes. En plena temporada seca, un frente frío descargó sobre el departamento más de 145 milímetros de lluvia en menos de un día, el volumen típico de un mes entero. Esto multiplicó el caudal del río Sinú entre 15 y 20 veces respecto a su promedio histórico. La magnitud del daño fue enorme: 113.641 hectáreas inundadas en Córdoba y más de 236.000 en la región Caribe, equivalente a más del doble del área de Bogotá; más de 170.000 damnificados, casi el 9% de la población del departamento; 450.564 bovinos afectados, uno de cada cinco animales; y 30.225 hectáreas de cultivos perdidos, más de la mitad del área sembrada del departamento.

Imagen 1. Huella de inundaciones en Córdoba en febrero del 2026

Los impactos económicos reportados para la región fueron severos. Según datos de la Cámara de Comercio de Montería, las inundaciones comprometieron cerca del 12,6% del PIB departamental, con pérdidas en activos por 3,85 billones de pesos. Solo la restauración de pasturas para el sector ganadero costará al menos 900.000 millones de pesos, cerca del 3% del PIB departamental. Aun cuando los datos se centran en los negocios del sector real, es razonable pensar que el sistema financiero también se vio afectado: productores y empresas que perdieron cultivos, ganado o infraestructura difícilmente pudieron cumplir con sus obligaciones crediticias, lo que presiona los balances de bancos con portafolios agropecuarios en la región. Las aseguradoras, por su parte, enfrentaron reclamaciones que podrían llevarlas a recalibrar primas o a retirarse de territorios cada vez más expuestos a inundaciones y otros eventos extremos.

La respuesta fiscal

Al momento del evento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tenía $668.421 millones de pesos disponibles en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), la principal bolsa de recursos del país para atender emergencias.

El costo estimado de atender la emergencia por lluvias extremas de febrero de este año, que además de Córdoba afectó a siete departamentos más, ascendió a un total de $8,68 billones de pesos, trece veces el tamaño del fondo. En otras palabras, la provisión anual del país entero para todas las contingencias y desastres equivalía a apenas el 7,7% de lo que costaría atender una sola emergencia.

Sin presupuesto listo para responder, los recursos tuvieron que movilizarse por una vía extraordinaria. El 11 de febrero, una semana después de las inundaciones, el Presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 0150, que habilitó al Estado para legislar transitoriamente en materia tributaria y presupuestal, una facultad que la Constitución reserva para circunstancias en que los mecanismos ordinarios resultan insuficientes.

 Trece días después, el Decreto 0173 creó un impuesto de emergencia sobre el patrimonio de grandes empresas, mediante el cual las sociedades con activos netos superiores a $10.474 millones de pesos pagarían entre el 0,5% y el 1,6% de ese patrimonio, con tasas más altas para el sector financiero y el extractivo. El 12 de marzo, el Decreto 0240 amplió el paquete en tres frentes: fijó un impuesto al consumo del 16% sobre apuestas en línea, incluyó en el impuesto al patrimonio a sucursales extranjeras que operan en el país, y ofreció a las empresas con activos no declarados la posibilidad de declararlos voluntariamente con una tarifa del 19%. Ese mismo día, el Decreto 0241 formalizó la adición de $8,68 billones al Presupuesto General de la Nación para 2026, con lo que cerró la brecha de recursos identificada para atender la emergencia.

Imagen 2. Cronología de la respuesta fiscal a la emergencia de febrero de 2026

Los recursos captados por el Estado se destinaron en su totalidad al manejo del desastre, bajo un enfoque sectorial: cerca de tres cuartas partes se canalizaron a través de la UNGRD hacia los frentes más afectados (agricultura, vivienda, educación y transporte), mientras que el monto restante se dirigió a agua y saneamiento, salud y prosperidad social, entre otros sectores. Así, por ejemplo, los recursos de agricultura financiaron el alivio de las deudas de los productores que perdieron cultivos y ganado; los de vivienda, la reparación de las viviendas y el reasentamiento de las familias afectadas; y los de agua y saneamiento, el restablecimiento del acceso a agua potable en los municipios cuyos acueductos resultaron dañados por las inundaciones. La Imagen 3 muestra el flujo completo, desde el origen tributario hasta los destinos sectoriales priorizados.

Imagen 3. Flujo de recursos de la emergencia climática 2026, desde las fuentes tributarias hasta los destinos sectoriales.

Fuente: Elaboración propia con base en Decretos 0173, 0240 y 0241 de 2026

Las fallas del modelo de financiamiento de gestión de riesgos 

La magnitud del evento dejó al descubierto las fallas estructurales del modelo con que Colombia financia su gestión del riesgo de desastres. La primera, y la más evidente, es la falta de recursos: los costos para atender un solo evento excedieron el presupuesto anual del país para emergencias. Sin embargo, hay tres fallas adicionales que el nuevo Gobierno deberá solucionar: una arquitectura financiera reactiva, un sistema de fondos sumamente centralizado y con poca coordinación, y un sector privado que permanece al margen de la gestión del riesgo.

Aun cuando la gestión integral del riesgo de desastres tiene tres etapas (conocer el riesgo, reducirlo y manejar el desastre), Colombia destina la mayor parte de sus recursos a la tercera. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país destina en promedio 3,3 billones de pesos al año a la gestión del riesgo, y cerca del 70% se destina al manejo de desastres. Apenas un tercio se destina a conocer y reducir el riesgo, es decir, a las dos etapas anticipatorias, las únicas que pueden evitar o atenuar el próximo evento. Esto se explica, en parte, porque el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la mayor bolsa de recursos del país, puede financiar las tres etapas, pero en la práctica se usa casi exclusivamente para responder al desastre. Que la respuesta sea prioritaria es indiscutible, pero priorizar lo urgente sin atender lo importante tiene un costo medible. Estudios del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) han demostrado que cada peso invertido en prevención evita entre cuatro y siete de pérdidas posteriores. Colombia sigue operando con un modelo de financiamiento reactivo: trapea la casa en lugar de cerrar el grifo.

La segunda falla proviene de un sistema de fondos desarticulado y con una dependencia alta del Gobierno Nacional. Además del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), Colombia cuenta con una multiplicidad de fondos que pueden ser utilizados para gestionar el riesgo de desastres en el país: el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, el Fondo Nacional Ambiental (FONAM), el Fondo Mixto Intersectorial para la Innovación y el Desarrollo Territorial (FOMINTEDER) y varias asignaciones del Sistema General de Regalías: Paz, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ambiental, y 20% del Mayor Recaudo. A pesar de esa disponibilidad de recursos, estos fondos operan en paralelo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sin criterios compartidos de asignación presupuestal y sin priorizar los proyectos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), el principal instrumento de política del país en la materia.

A esto se suma que los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, creados para que los municipios y departamentos financien sus propias acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, todavía no operan. Entre un sistema de fondos complejo de navegar y fondos territoriales que no operan, los municipios y departamentos quedan sin capacidad de invertir y dependen del Gobierno Nacional.

La tercera falla que reveló el desastre es la escasa participación del sector privado en la gestión del riesgo. La mayoría de las empresas no sabe cómo el cambio climático puede golpear sus finanzas ni lo incluye en su matriz de riesgos corporativos. Tampoco invierte en reducir su vulnerabilidad, en hacer más resilientes sus cadenas de suministro, ni en protegerse con instrumentos financieros como los seguros paramétricos. Las juntas directivas siguen viendo la sostenibilidad como un tema de responsabilidad social corporativa y no como algo estratégico para asegurar su estabilidad financiera. Aun cuando las empresas asumieron buena parte de las pérdidas en Córdoba, persiste la percepción de que gestionar el riesgo de desastres es obligación exclusiva del Estado. Esta creencia limita el rol que pueden llegar a tener las empresas en la resiliencia de los territorios en los que operan.  

Las oportunidades para el nuevo Gobierno

El Presidente electo Abelardo de la Espriella ha prometido proteger las finanzas públicas y reducir los impuestos al sector privado. La nueva realidad climática hará que cumplir ambas promesas sea difícil. Las inundaciones en Córdoba ilustran las falencias del modelo actual de financiamiento de la gestión del riesgo de desastres del país y cómo estas se traducen en pérdidas para las empresas, nuevos impuestos y gasto adicional del Estado. Para cumplir con sus promesas de campaña, el nuevo Gobierno deberá reformar el modelo de financiamiento: dotarlo de recursos, hacer que anticipe en lugar de reaccionar, descentralizarlo, coordinar sus fondos y darle al sector privado un rol más activo. Todo eso empieza por reconocer el cambio climático por lo que es: una prioridad fiscal.

Autores:

Artículo producido por el equipo de Strata Advisors, consultora colombiana especializada en la gestión fiscal y corporativa de riesgos financieros derivados del cambio climático (www.strata-advisors.com).

María Camila Jaramillo. Consultora Sr; Mateo Prada Quintero, Director; Juan José Guzmán Ayala, Director; y Juan Sebastián Moreno, Consultor Sr.

Padilla fue un hombre de mar. Nació en Riohacha, La Guajira, en 1778. Era hijo de un carpintero dedicado a la construcción de pequeñas embarcaciones y de una mujer de ascendencia wayuu. Su vida estuvo marcada por la discriminación y la exclusión derivadas de su origen racial y social.

A los 19 años se enlistó en la Real Armada Española y llegó a combatir en la batalla de Trafalgar, uno de los enfrentamientos navales más importantes de la historia moderna. Aquella experiencia le permitió adquirir los conocimientos marítimos y militares que, años más tarde, pondría al servicio de la causa independentista.

En 1811 fue nombrado contramaestre en Cartagena de Indias, donde rápidamente se destacó por su liderazgo. Durante 1812 participó en los movimientos políticos y militares que buscaban consolidar un Estado autónomo frente a la crisis de la monarquía española provocada por la ocupación napoleónica. En los años siguientes obtuvo importantes victorias en Tolú, Santa Marta y Riohacha. Sin embargo, también fue enviado a prisión tras ser acusado injustamente de traición.

Mientras permanecía encarcelado, en 1815 comenzó la reconquista española. Padilla fue liberado para apoyar la defensa de Cartagena, que resistió durante 106 días de asedio. Aunque la ciudad finalmente se rindió, logró escapar hacia las islas del Caribe, donde tuvo contacto con gobiernos y movimientos independentistas liderados por negros y mulatos.

Durante los años siguientes estrechó su relación con Simón Bolívar y participó en diferentes acciones militares al servicio de la Independencia. En el marco de la Campaña Libertadora, intervino en la campaña de Casanare y tuvo bajo su responsabilidad el transporte de tropas, armamento y material de guerra.

Posteriormente participó, como segundo al mando, en las operaciones para liberar ciudades costeras como Riohacha y Cartagena. Por sus acciones, el Gobierno de la Gran Colombia lo ascendió al grado de general de brigada y lo nombró comandante general del Tercer Departamento de Marina y de la Escuadra de Operaciones del Río Zulia.

Su popularidad aumentaba, pero también crecía el número de sus adversarios. En 1822 ganó las elecciones y fue elegido senador de la República.

La vida de Padilla, sin embargo, parecía estar más destinada a la carrera militar que a la política. Después de su elección se intensificaron sus dificultades. La división entre Bolívar y Santander, así como la confrontación entre centralistas y federalistas, lo convirtió en blanco de ataques provenientes de ambos sectores.

Padilla se sentía más cercano al federalismo, tanto por convicción como por la decepción que le produjo el progresivo distanciamiento de Bolívar frente a los negros, mulatos y pardos que habían combatido por la Independencia, pero que posteriormente fueron excluidos de los principales espacios de poder.

En 1823, Francisco de Paula Santander lo designó para dirigir la defensa del lago de Maracaibo ante la amenaza de las tropas españolas. El 24 de julio de ese año, Padilla obtuvo una victoria definitiva en la batalla naval del lago de Maracaibo. Su escuadra derrotó a las fuerzas realistas y aseguró el control del lago, contribuyendo de manera decisiva a la consolidación de la Independencia.

Como reconocimiento, fue ascendido a general de división, recibió una medalla de oro y una pensión anual de 3.000 pesos. No obstante, la compensación y los honores fueron inferiores a los recibidos por otros jefes militares de la Campaña Libertadora, muchos de los cuales fueron nombrados en altos cargos públicos. Esta diferencia difícilmente puede separarse de los prejuicios raciales que enfrentó Padilla por su origen pardo.

A pesar de los reveses políticos y de los desplantes sufridos durante su carrera militar, fue reelegido senador en 1825. Desde entonces, sus adversarios intensificaron los ataques en su contra, acusándolo de pretender promover una guerra de razas y de querer dividir la naciente República.

En 1828, las diferencias entre Padilla y el general Mariano Montilla llegaron a su punto máximo. Montilla había ordenado su encarcelamiento en 1815 y ambos habían competido durante años por el poder político y militar en Cartagena. En medio de esa confrontación, Padilla y algunos de sus seguidores desconocieron temporalmente la autoridad de Montilla, circunstancia que fue utilizada para presentarlo ante Bolívar como un instigador y una amenaza para el orden público.

Ese mismo año ocurrió la Conspiración Septembrina, el intento de asesinato contra Simón Bolívar. Aunque no existían pruebas concluyentes que vincularan a Padilla con el atentado, fue acusado de participar en la conspiración y condenado a muerte.

La sentencia fue ejecutada el 2 de octubre de 1828 en Santa Fe de Bogotá.

Padilla murió frente a un pelotón de fusilamiento sin que se hubiera demostrado plenamente su responsabilidad. Su mayor desgracia fue haber servido a Bolívar, un líder tirano que no correspondía al sacrificio que tenían a su mando.
A pesar de sus servicios a la patria, su familia no recibió oportunamente todos los honores que correspondían a su trayectoria. Tampoco ostentó formalmente en vida el título de almirante, reconocimiento que le fue concedido de manera póstuma. Sin embargo, su vida, sus victorias y su legado constituyen uno de los pilares históricos sobre los cuales se construyó la Armada de la República de Colombia.

La historia de José Prudencio Padilla debería ocupar un lugar mucho más importante en los colegios, las universidades y las academias de historia del país. Su trayectoria demuestra que un hombre de origen humilde, enfrentado a la exclusión y al prejuicio racial, pudo convertirse en uno de los principales líderes militares de la Independencia. Pero, también nos obliga a revisar críticamente la historia que nos enseñaron. Padilla permite observar una faceta autoritaria de Simón Bolívar que con frecuencia ha sido omitida en los relatos oficiales.

En Colombia necesitamos dejar de presentar a los héroes de la independencia, especialmente a Bolívar, como figuras perfectas. Exaltar a Padilla significa comprender que la Independencia no fue obra de un solo hombre y que muchos de quienes entregaron su vida por la República terminaron siendo perseguidos, olvidados o condenados por aquellos mismos líderes a quienes ayudaron a llevar al poder.

No puede negarse que el desprestigio de la actividad política tiene responsables. Durante décadas, numerosos dirigentes públicos abusaron de la confianza ciudadana y protagonizaron escándalos de corrupción que erosionaron la legitimidad de las instituciones. Esa historia explica, aunque no justifica, la profunda desconfianza que hoy despierta cualquier servidor público investigado.

El problema surge cuando esa desconfianza deja de ser una actitud crítica para convertirse en un prejuicio. En ese momento desaparece la diferencia entre investigar y condenar. La apertura de un proceso judicial deja de entenderse como un mecanismo para esclarecer los hechos y pasa a interpretarse como la prueba definitiva de culpabilidad. Así, el proceso penal pierde su razón de ser, porque la sentencia ya ha sido dictada por la opinión pública.

El caso del excongresista Carlos Trujillo ilustra nuevamente esa realidad. Independientemente de las opiniones que cada ciudadano tenga sobre su trayectoria política, lo cierto es que durante años su nombre estuvo asociado a sospechas que alimentaron titulares, comentarios y juicios apresurados. Hoy, cuando la justicia ha descartado responsabilidades en su contra, el eco de esa decisión resulta mucho más débil que el ruido que produjo la investigación.

Y ese es uno de los mayores problemas de nuestra cultura pública: las absoluciones rara vez reciben la misma atención que las acusaciones. El escándalo vende; la rectificación apenas ocupa unas cuantas líneas. El daño reputacional, entretanto, ya está hecho y, en muchos casos, resulta irreversible.

No es un fenómeno nuevo. Ocurrió durante los procesos de la parapolítica, la yidispolítica y otros grandes expedientes judiciales que marcaron la historia reciente del país. Muchos de los investigados fueron finalmente absueltos o nunca se encontraron pruebas suficientes para vincularlos penalmente. Sin embargo, el juicio social permaneció intacto. Para una parte de la opinión pública, la investigación bastó para convertirlos en culpables de manera definitiva.

Ese comportamiento revela una preocupante incapacidad para distinguir entre la sospecha y la prueba, entre la imputación y la condena, entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Son categorías distintas que cumplen funciones diferentes en una democracia. Confundirlas no fortalece la lucha contra la corrupción; por el contrario, debilita las garantías que protegen a todos los ciudadanos.

La misma lógica aparece cuando se pretende estigmatizar a cualquier persona que haya trabajado en una entidad pública donde posteriormente se descubren hechos de corrupción.

En los últimos meses he escuchado a colegas escandalizarse simplemente porque alguien prestó sus servicios profesionales en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como si pertenecer a esa institución constituyera, por sí solo, un indicio de deshonestidad.

La pregunta resulta inevitable: ¿desde cuándo trabajar para una entidad del Estado equivale a compartir las conductas ilegales de algunos de sus funcionarios? Aceptar semejante razonamiento conduciría al absurdo de afirmar que todos los empleados del Congreso de la República son corruptos o que cada integrante del INPEC responde por los delitos cometidos por algunos de sus miembros. Las responsabilidades penales son individuales, nunca colectivas.

Como periodista, esa tendencia me preocupa especialmente. El periodismo existe para verificar hechos, contextualizar la información y ofrecer elementos de juicio a los ciudadanos, no para amplificar prejuicios ni para sustituir a los jueces.

Cuando la profesión abandona el rigor y convierte la sospecha en noticia definitiva, deja de cumplir su función democrática y termina alimentando la polarización que dice combatir.

No conozco personalmente al excongresista Carlos Trujillo ni escribo estas líneas para reivindicar su carrera política. Cada lector tendrá su propia opinión sobre ella. Lo que sí considero digno de celebración es que la justicia haya podido cumplir su función y establecer, tras el debido proceso, que no existían responsabilidades penales en su contra.

Porque una democracia madura no se mide únicamente por su capacidad para condenar a los culpables. Se mide, sobre todo, por su disposición a reconocer la inocencia de quienes fueron investigados cuando las pruebas así lo demuestran. Mientras sigamos confundiendo una investigación con una sentencia y el escándalo con la verdad, continuaremos debilitando el Estado de derecho que decimos defender y reemplazando la justicia por el tribunal, siempre implacable, de la opinión pública.

Nota recomendada: El voto fusil: ¿una verdad conveniente?

Llega el nuevo gobierno y quien tiene la probabilidad de administrar la educación pública en Colombia es una persona de confesión cristiana. Empiezan a surgir  algunas preguntas: ¿Cuál va a ser el direccionamiento de la educación religiosa desde la nueva política educativa? ¿La educación religiosa va a tener el criterio de obligatoria en el currículo escolar? ¿Hablar de educación laica es sinónimo de ateísmo y agnosticismo? ¿La educación va a tener preferencias y favorecimientos por el enfoque de la confesión cristiana? ¿Cambiará el calendario de fiestas religiosas?¿Quiénes defienden la educación laica, deberían ir a trabajar en los declarados días festivos religiosos? ¿Es lo mismo educación espiritual y educación religiosa?

La Constitución de 1991 declaró a Colombia como un Estado laico y pluralista. Esto generó choques jurídicos, por lo que la Corte Constitucional declaró exequibles (viables) muchos artículos del Concordato, siempre y cuando se interpreten bajo los principios de igualdad, libertad de cultos y separación de poderes (ver, por ejemplo, la Sentencia C-027/93)

Un Estado laico es aquel que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa (judaísmo, cristianismo no católico, catolicismo, islamismo, hinduismo, budismo). No reconoce ninguna religión oficial, mantiene una separación institucional con las iglesias y garantiza la plena libertad de culto, trato igualitario y derechos para todos los creyentes y no creyentes por igual

La Constitución Política de Colombia consagra el Artículo 19: Garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar su religión y difundirla, y ninguna religión es considerada oficial por el Estado. También el Artículo 18: Protege la libertad de conciencia. Nadie será molestado por sus convicciones ni obligado a actuar en contra de su conciencia.

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en Colombia, reglamenta en el Artículo 24, el derecho consagrado en la Constitución. Garantiza la asignatura, pero protege la libertad de conciencia y estipula que en colegios del Estado nadie puede estar obligado a recibir la educación religiosa.

La educación religiosa se puede impartir entre el sector público como en el privado. En las escuelas públicas, se rige por la estricta separación entre la Iglesia y el Estado, por lo que se enseña sobre religión de forma académica, pero sin promover credos. En el sistema privado, las instituciones imparten doctrina y valores específicos libremente.

Ahora bien, hablar de educación religiosa, implica prácticas educativas orientadas por una pedagogía pluralista y cultural, buscando como objetivo que los estudiantes puedan interpretar el fenómeno religioso en su contexto histórico, social y filosófico. Además de ayudarle a los estudiantes de provocar análisis curiosos y rigurosos de las creencias propias y diferentes. La pedagogía pluralista y cultural ha de buscar el diálogo interreligioso, la tolerancia, el respeto y la reflexión ética.

La educación religiosa es un área del conocimiento que busca el desarrollo integral y espiritual de la persona. A diferencia de la catequesis, que busca adoctrinar en una fe específica, esta materia tiene un enfoque pedagógico, cultural y pluralista para fomentar el diálogo interreligioso, el respeto y la reflexión ética

De otra parte, lo preocupante es interesar la reflexión por diferenciar la secularización del secularismo (o laicismo absoluto), ya que este último es una postura ideológica que busca erradicar la religión de la sociedad. En cambio, la secularización describe la transformación natural de cómo las sociedades modernas organizan su pensamiento y estructuras.

El teólogo Leonardo Boff, propone la religión como fuente de utopías regenadoras y libertarias. El lugar de la religión no está sólo en la razón, aunque posea una dimensión racional, sino en la inteligencia cordial, en el sentimiento oceánico, en esa esfera de lo humano donde surgen las utopías. Boff no duda que la religión puede hacer el bien mejor pero también puede hacer el peor mal. Hoy podríamos estar asistiendo a la enfermedad del fundamentalismo contaminando a sectores importantes de casi todas las religiones e iglesia. Hay una guerra religiosa. Frente a lo anterior invita al ecumenismo, una práctica que trasciende y se fundamenta en el reconocimiento de todas las creencias como caminos hacia un mismo Dios. Propone el diálogo interreligioso de todas las tradiciones espirituales unidas por el amor, la compasión, el cuidado integral de los más vulnerables y la defensa de la naturaleza.

Otra versión sobre el sentido de la educación religiosa, es la propuesta por el teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, sugiere un cristianismo sin religión, alejando la religión de rituales o consuelo personal. Su enfoque exige vivir para los demás, asumir la responsabilidad histórica y estar dispuesto al sacrificio.

El filósofo ateo Ernest Bloch afirma que lo importante es aprender a esperar. Sueña con un mundo digno donde vivir, lleno de calidez humana, que sea nuestro verdadero hogar y donde incluso nunca más haya hambre. Sugiere que se ayude al hombre a que muestre lo mejor de sí mismo. Además hay encontrar aquí mismo en la tierra una forma de afirmar la vida frente a la muerte: la sonrisa de un niño, la alegría de ayudar a un necesitado, las artes, la música, la entrada de un buque en un puerto, incluso toda la herencia de esperanza contenida en las religiones.

La educación religiosa ha de tener entre sus propósitos la educación espiritual, como la práctica educativa que busca en sus estudiantes, el desarrollo interior y trascendente más allá del conocimiento académico. Promueve el autoconocimiento, la reflexión profunda, y cultiva valores como la amistad, la empatía, la solidaridad, la compasión y la gratitud. Lo importante es conectar al individuo con su ser, con los demás y con el entorno

Byung-Chul Han, reclama la necesidad de preocuparnos por la dimensión espiritual, esta implica una atención profunda y una capacidad de contemplación que hoy están atrofiadas por el exceso y la aceleración en el rendimiento del trabajo y del ruido, además de la hiperconexión (redes sociales y plataformas). Para Han, lo sagrado y el sentido solo pueden recuperarse mediante el despojamiento del ego y una pausa en nuestra obsesión por el rendimiento

El teólogo Carlo María Martini, describe la espiritualidad como práctica de escucha frente a los signos de los tiempos, (realidad convulsionada y agitada por cambios profundos y acelerados que pueden afectar la vida, como modas, tendencias y expresiones tecnológicas, sociales, fanatismos ideológicos y culturales, ) que ayuden a discernir en las personas de distintas edades, buscando inquietar su corazón con preguntas existenciales profundas para que puedan hallar luz interior

Una de las preocupaciones de la clase de religión es procurar que los estudiantes hagan sus propias comprensiones sobre la existencia o no de Dios, hay que escucharlos y ayudarles a intensificar la reflexión sobre el silencio y la escucha, así como  a encontrar calma interior puesto qué es una necesidad espiritual sobre este mundo.

El desafío de la educación religiosa, es cómo provocar reacciones que activen en los estudiantes desde la más temprana edad, capacidades como prácticas de silencio, de meditación y de reflexión para promover el bienestar, la paz interior, la salud mental y el pensamiento crítico.

Propongo sobre la mesa de la conversación de la educación religiosa, la pregunta de Foucault: sabemos que existimos ¿Pero quiénes somos? 

El que amenazó con destripar, resultó destripado en el primer asalto. Lo que pudo ser una luna de miel rápidamente se transformó en luna de hiel. Porque donde mandan congresistas, no manda presidente.

La izquierda y la derecha se unieron en una noche histórica para mandarle un mensaje contundente a Abelardo de la Espriella: En Colombia no hay espacio fácil para la extrema derecha. El Tigre llegó al poder sin más mérito que el de ser una figura mediática y los políticos saben que darle alas a un recién aparecido implica asegurarle perpetuidad a su proyecto político. Porque las pretensiones del abelardismo, bajo la sombrilla de un partido que se llame “Defensores de la patria”, es llegar fuerte a las elecciones de 2030 para seguir de largo.

Con 47 años, Abelardo tiene a su favor el hecho de ser más joven que todos. O al menos más joven que Petro y Uribe. El asunto es que para un Uribe abeja se necesita una avispa, y ese lugar ya lo ocupa Gustavo Petro, siguiendo el juego de palabras que planteó el primero.

Así que se equivocan quienes afirman, como el diario El País de España, que la derrota del presidente electo en el Senado “es más simbólica que práctica”, porque, según el editor de ese medio, De la Espriella se dedicará a expedir decretos desde el día cero. Desconoce el enorme poder que se ejerce desde el Capitolio Nacional y el aparato burocrático que lo sostiene. Y desconoce también que en el sitio donde se confeccionan las leyes, una reforma política podría hacerse a la medida de los políticos y no de quienes dicen despreciar a los políticos, Ese primer pecado lo está pagando caro Abelardo… y lo que falta.

A su pupilo, el congresista guajiro Alfredo de Luque, no le alcanzaron los votos para ser ungido como presidente del Senado. Queda claro que ser amigo íntimo del hombre más fuerte del país no siempre es garantía de nada. La no elección de su protegido significa la primera derrota de la élite caribeña, y así debe interpretarse.

A eso súmele que en la misma semana, la Corte Suprema confirmó que Arturo Char, miembro de la Casa Char, cercana al nuevo presidente, irá a juicio por presunta compra de votos.

Abelardo está probando un poco de su propia medicina. Quien ayer despreciaba públicamente a la clase política, a la medianoche del 20 de julio era tratado con desdén durante la instalación del nuevo Congreso de la República.

Esta bofetada admite diversas lecturas. Por un lado, es el mensaje contundente del Poder Legislativo marcando territorio frente al Ejecutivo que está por entrar a la Casa de Nariño… o al edificio de la Aduana en Barranquilla, o desde Medellín o Cali, cualquiera sea el sitio donde finalmente ubique su despacho alterno.

«Señor presidente, mande allá que acá mandamos nosotros», parecen decirle en términos coloquiales. O mejor dicho: «Sus deseos no siempre serán órdenes».

Y sí. Porque nadie está pintado en el Capitolio Nacional.

El nuevo mandatario quería imponer a un amigo entrañable en un cargo codiciado, arrebatándole ese derecho que por acuerdo tácito le corresponde al partido con las mayorías en el Congreso, que en este caso es el Centro Democrático. Así, pues, la elección del senador Honorio Henríquez como presidente del Senado era un hecho cantado. Subvertir ese orden era algo que el Congreso no iba a permitir, porque ceder ante ello implicaba abrir un boquete para que el presidente electo diera órdenes directas en el lugar equivocado, sin aún vestir la banda presidencial.

En segundo lugar, se trata de un mensaje claro para su ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo. No la tendrá fácil y quizás deba moderar su tono, puesto que durante las últimas semanas ha ofrecido declaraciones displicentes. En este trino quedó retratado su tono altivo, con tufillo amenazante contra el (todavía) presidente Gustavo Petro, en las horas previas a la elección de Honorio Henríquez: “Todo el país conoce que su propósito no es otro que el de sabotear por intereses mezquinos el inicio del gobierno de @ABDELAESPRIELLA. Créame que no se los vamos a permitir”, dijo Lara, y lo cierto es que el petrismo con sus votos al final se salió con la suya, dejando al senador Deluque vestido y alborotado,

Habiendo empezado la relación Legislativo-Ejecutivo con el pie izquierdo, hay quienes apuestan —yo entre ellos— a que los días de Lara como ministro podrían estar contados. Resucitado por el abelardismo después de una larga sequía política y burocrática, Lara Restrepo se estrena, sin haber arrancado del todo, reponiéndose como su jefe de la primera muñequera, y ahora está obligado a entrenar mejor su olfato. Se le olvidó de entrada que en la orilla contraria hay unos perdedores resentidos pero con suficiente astucia para aguarle la fiesta.

No hablemos ya del senador Enrique Gómez, nieto del expresidente Laureano Gómez, a quien dejaron con el credo en la boca y las ganas de brillar. Creyó que por ser bancada oficialista del nuevo gobierno podría saltarse las reglas y hablar en calidad de opositor a Petro, luego del discurso presidencial. Muy temprano le quedó clara al senador de Salvación Nacional que son minoría (con cuatro senadores), frente a un aplastante Pacto Histórico (con 26) y el Centro Democrático (con 17)

Por otro lado, el Congreso de la República ha dado una muestra de genuina independencia frente al Ejecutivo, muy distinta de la colaboración armónica que puede y debe existir entre poderes. Con esto queda en suspenso si los congresistas aprobarán o no que el mandatario electo cumpla su sueño de posesionarse en una guarnición militar. Este capricho no debe leerse simplemente como un respaldo a las Fuerzas Militares, como él pregona, sino como otra muestra del desprecio de De la Espriella —desde Barranquilla— hacia toda la clase política y las élites que representan, distintas a la suya.

Los congresistas deben entender que congraciarse con él es vaciar de contenido al Poder Legislativo, una institución con más de 200 años de historia (nacida en 1821 con el Congreso de Cúcuta, que ese mismo año dio origen a la primera de nuestras Constituciones). Implica abrirle la puerta para que haga lo mismo que presidentes como Nayib Bukele en El Salvador, quien descuadernó la Constitución de su pequeño país para reelegirse. Colombia ya probó esa manzana envenenada con Álvaro Uribe y dudo que esta vez tengan ganas de capar al perro dos veces, aunque todavía sea muy temprano para decirlo.

Por último, el país político está aterrado porque el petrismo ayudó a elegir a un uribista en la Cámara Alta. Bien dicen que «el que no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta», y eso fue exactamente lo que pasó. Dos fuerzas históricas y antagónicas se unieron de manera conveniente (y lícita por lo demás), para cerrarle el paso a un tigre envalentonado, aplicando una máxima que en momentos decisivos derriba a todas las demás: «El enemigo de tu enemigo es mi amigo».

Abelardo convirtió en enemigo a Uribe, y Petro convirtió a su enemigo Uribe en su amigo. Abelardo tendrá que lidiar cuatro años con una realidad: gobernar no significa chasquear los dedos. 

Pero, ojo, porque a partir del 7 de agosto tendrá el poder y nadie sabe cómo lo usará o si lo usará de manera calculada para comprar afectos y lealtades políticas. El propósito de Abelardo de tener sedes alternas en Medellín y Cali podría ser, por si no lo han olido, socavar a la vieja clase política para juntar nuevos talentos en su propio partido. En cuatro años sabremos si el destripador, termina o no con sus sueños destripados.

Las naciones suelen hablar de fronteras; las familias, en cambio, hablan de hijos. Entre esos dos lenguajes casi nunca existe equilibrio. Mientras los Estados clasifican personas en expedientes, permisos, visas o procesos administrativos, una madre recuerda la primera palabra de su hijo; un padre conserva la fotografía donde aún era un niño; una hija espera que alguien vuelva a abrir la puerta de la casa. Ahí comienza la verdadera dimensión de una tragedia.

El 13 de julio, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y asesinó al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de apenas veintiséis años, durante un operativo migratorio en Biddeford. Murió frente a su esposa, Martha Carolina Rojas, y frente a su pequeña hija de tres años. Las autoridades estadounidenses confirmaron que el agente efectuó al menos cuatro disparos que atravesaron el parabrisas del vehículo que conducía el joven colombiano. Joan Sebastián había llegado a Estados Unidos buscando exactamente lo mismo que han buscado millones de seres humanos desde el inicio de la historia: una oportunidad para trabajar, sostener a su familia y construir un futuro mejor.

No conocemos todavía todas las respuestas. Sería irresponsable fingir que las tenemos. La investigación deberá establecer plenamente las responsabilidades penales y administrativas. Pero sí conocemos una verdad anterior a cualquier proceso judicial: un joven trabajador murió por disparos efectuados por un agente del Estado. Y ninguna democracia puede aceptar que una vida termine así sin exigir una explicación completa, transparente e independiente.

Organizaciones de inmigrantes en Maine sostienen que Joan Sebastián contaba con autorización para trabajar y número de Seguro Social. Su abogado explicó que tenía un proceso de asilo activo. Su padre contó que sostenía a su hogar con dos empleos. Su esposa recordó que cada mañana su hija despertaba llamando a su padre. Esas son las cosas que importan cuando se habla de una vida humana.
Después del tiroteo aparecieron nuevas revelaciones. El agente fue identificado por la prensa estadounidense como David Michael Brouillette. Su exesposa, Ashley Brouillette, declaró al Portland Press Herald que él la llamó para decirle que había disparado y le pidió que mintiera para proteger su reputación. Según su testimonio, ella se negó y afirmó públicamente: “Me estaba pidiendo que mintiera por él y que encubriera su conducta”. Será la justicia quien determine el alcance de esos hechos. Pero incluso esas declaraciones reflejan la dimensión moral de una tragedia que ya no puede reducirse a un simple procedimiento administrativo.

Hay millones de colombianos viviendo fuera del país. Algunos escaparon de la violencia, otros de la pobreza, otros simplemente buscaron una oportunidad que aquí no encontraron. Son médicos en Madrid, obreros en Nueva York, ingenieras en Toronto, enfermeros en Londres, cocineras en Santiago, estudiantes en Berlín, agricultores en Australia. Envían remesas que sostienen hogares enteros, celebran la Navidad viendo amanecer por videollamada y aprenden a pronunciar palabras nuevas sin olvidar el acento de su infancia. Cada uno carga una forma distinta de nostalgia. Ninguno deja de ser colombiano porque cambie de pasaporte, de idioma o de paisaje.

Por eso debería dolernos Joan Sebastián. No porque su historia haya llegado a los titulares, sino porque representa a esa Colombia silenciosa que continúa construyendo su vida lejos de casa. A veces pareciera que solo recordamos a nuestros compatriotas cuando una tragedia los devuelve al mapa nacional. Mientras viven, suelen permanecer invisibles; cuando mueren, descubrimos demasiado tarde que también eran parte de nosotros.

Y también porque cualquiera de nosotros podría haber sido él. Bastaba con haber nacido en otra ciudad, haber tomado otra decisión, haber aceptado un trabajo lejos de casa o haber perseguido el mismo sueño de millones de migrantes. La geografía es, muchas veces, una casualidad. La dignidad humana no debería serlo.

Resulta imposible no preguntarse cuánto pesan todavía el origen, la nacionalidad, el idioma o incluso el color de la piel en la manera en que algunas vidas son percibidas. Joan Sebastián era colombiano, era latinoamericano, era migrante. Su muerte obliga a preguntarnos si todas las personas reciben el mismo trato y el mismo valor cuando quienes ejercen el poder deciden usar la fuerza. Esa pregunta no acusa de manera anticipada a una investigación; interpela nuestra conciencia colectiva.

Edward Said escribió que el exilio nunca deja de ser una fractura entre el ser humano y su lugar de origen. Esa herida no desaparece con el éxito profesional ni con los años. Se aprende a vivir con ella. Quien migra lleva dos geografías al mismo tiempo: la que pisa y la que recuerda. Quizá por eso la muerte lejos de casa posee una dimensión particularmente dolorosa. No solo interrumpe una vida; también rompe el puente invisible que une a una familia con la esperanza del regreso.

Las imágenes que llegaron desde Biddeford no muestran únicamente una escena policial. Muestran a una mujer arrodillada frente al cuerpo de su esposo y a una niña pequeña que, según testigos, lloraba con una mochila rosa porque nunca volvería a abrazar a su padre. Ninguna discusión política puede borrar ese instante. Ninguna diferencia ideológica debería impedir reconocer que allí ocurrió una tragedia humana.

Los Estados tienen el derecho y la obligación de hacer cumplir sus leyes. También tienen la obligación —más profunda todavía— de proteger la vida y actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Cuando una intervención termina con una muerte, el deber democrático consiste en investigar sin reservas, esclarecer los hechos y garantizar que la verdad prevalezca sobre cualquier versión apresurada. Esa exigencia no pertenece a una ideología; pertenece a la dignidad humana.

En Colombia conocemos demasiado bien el precio de deshumanizar a las personas. Durante décadas aprendimos que basta con etiquetar a alguien para que su muerte parezca menos importante. Esa es una lección que no deberíamos exportar ni aceptar en ningún rincón del mundo. Ningún migrante es un expediente antes que una persona. Ningún ser humano pierde su dignidad por cruzar una frontera.

Quizá esa sea la responsabilidad más profunda de un país: no abandonar a sus ciudadanos cuando la distancia los vuelve invisibles. Un colombiano en Biddeford, en Queens, en Madrid o en Melbourne sigue llevando consigo una parte de la historia nacional. Sus alegrías también nos pertenecen. Sus dolores también deberían hacerlo.

Porque antes que inmigrante, antes que colombiano, antes que cualquier categoría jurídica, Joan Sebastián Durán Guerrero era un ser humano. Su vida valía exactamente lo mismo que la de cualquier ciudadano del mundo. El llamado urgente que deja su muerte trasciende a Colombia y a Estados Unidos: que nunca olvidemos que la dignidad humana no depende de un pasaporte, de una visa, de un permiso de trabajo, del idioma, del color de la piel o del lugar donde alguien nació. Si permitimos que una vida valga menos por cualquiera de esas razones, habremos empezado a perder algo mucho más grande que una discusión sobre inmigración: habremos empezado a perder nuestra propia humanidad.

La declaración de independencia de los Estados Unidos, como avance hacia un modelo de gobierno de estirpe democrática, ejerció influencia más allá de su geografía. Con el tiempo, entrelazados por elementos ideológicos y culturales, democracia y capitalismo se volvieron allí complementarios y expansivos. Los habitantes de ese país de inmigrantes en busca de la realización de un sueño, se llegaron a convencer de ser miembros de la nación más poderosa de la historia, aunque en su seno anidaran el racismo y todo tipo de discriminaciones y maniobras dedicadas a que la economía prevaleciera en el trámite de las relaciones sociales. 

Pasado el tiempo, después de los dolores de la guerra de independencia, el “gran acercamiento” de finales del Siglo XIX sirvió de base a una alianza incondicional con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Así el reencuentro de la antigua potencia colonial europea y la nueva superpotencia americana produjo resultados tan importantes como el refuerzo mutuo de las economías de ambas partes y la aparición de una alianza militar, política y estratégica, con primacía real de los Estados Unidos como la parte más grande y poderosa.  

Desde entonces, no hubo episodio de la vida internacional que no fuese asumido de manera solidaria por Londres y Washington. Solidaridad que pasó por momentos angostos con motivo de la Guerra de Vietnam, que los británicos apoyaron en el campo de la diplomacia, pero no quisieron hacerlo en el campo de batalla ante la impopularidad arrolladora de semejante aventura. Aunque los británicos resultaron más tarde apoyando despropósitos como el de la Guerra de Irak sobre la base falaz de la existencia de armas de destrucción masiva que décadas después de la catástrofe aún no han aparecido. 

El modelo de defensa conjunta de la OTAN parecía vitalicio, hasta que apareció, del lado americano, un presidente que comenzó por hacer exigencias, lógicas desde el punto de vista financiero, pero sorprendentes y tal vez contraproducentes bajo una mirada estrictamente estratégica. Todo con una actitud de arrogancia y menosprecio desde Washington, o mejor desde la Casa Blanca, hacia los hasta entonces entrañables aliados europeos, con exigencias de sumisión propias de un modelo de padrinazgo no solicitado y por demás molesto para naciones europeas que tuvieron que aprender, por las vías más difíciles, el valor de su libertad. 

El único estadista europeo con estatura suficiente para mirar varias décadas adelante fue el general De Gaulle, que propició la autonomía militar francesa respecto de los Estados Unidos, con la consideración de que en algún momento podría aparecer un presidente americano que no quisiera asumir los pesados compromisos de la defensa de Europa. Algo que los británicos no previeron en su momento y que ahora, con Donald Trump, se les vino encima y les tomó por sorpresa justo cuando su relación con el resto de Europa se había debilitado con el Brexit como nunca en tiempos modernos. Y cuando los frecuentes cambios de ocupante en 10 Downing Street introducen grandes dosis de incertidumbre sobre el futuro. 

A partir de este 20 de julio, la Gran Bretaña tendrá el séptimo primer ministro al cierre de la década desde la votación por el Brexit. Algo extraño a la tradición británica, no acostumbrada al espectáculo de gobiernos que vienen y van, y mucho menos a tener gobernantes que no llegan al cargo por elección popular sino en virtud de votaciones internas de los parlamentarios de uno u otro partido. Algo que deja un sabor a democracia incompleta.

Theresa May llegó al poder tras la caída de David por su derrota en la apuesta del Brexit. No fue elegida por el voto popular, pues el período del partido conservador no había expirado, sino por votación de los parlamentarios de su partido. Y cuando ella renunció en medio de las dificultades del Brexit, Boris Johnson llegó al poder también escogido por los parlamentarios conservadores, aunque más tarde ganó ampliamente unas elecciones, para caer un tiempo después en medio de sus escándalos y ser reemplazado por Elizabeth Truss, escogida sin votación popular, quien renunció muy pronto para dar paso a Rishi Sunak, igualmente elegido por los miembros de su partido en el parlamento. 

El turno de la renuncia fue ahora para Sir Keir Starmer, jefe laborista desde 2020 y primer ministro desde 2024, cuando obtuvo una victoria que le dio confortable mayoría parlamentaria. Solo que la gente se aburrió con la aparente frialdad de Sir Keir, algo explicable en esta época de exposición permanente de gobernantes no espectaculares a las crueldades de una opinión pública que ya no requiere de los medios de comunicación tradicionales para enterarse de las cosas y que encuentra en las “redes sociales” no solo elementos informativos de primera mano, sino un medio para expresar sus preocupaciones y sus quejas. 

La desazón de los sectores populares por el costo de vida se convirtió en la Gran Bretaña, donde la ciudadanía es políticamente alerta y activa, en elemento de desgaste prematuro de la imagen y la aceptación del primer ministro. Señal inequívoca de alerta fueron unas elecciones municipales desastrosas para el laborismo. Por lo cual los parlamentarios, que cuidan de sus jardines electorales y miran hacia la próxima elección, decidieron que era bueno echarlo a tiempo, para no lamentarse de una derrota, que consideraban segura, en los próximos comicios generales. Así castigaron además su falta de olfato en el manejo de asuntos como el del nombramiento de embajador en los Estados Unidos, aunque su figuración en el escenario internacional haya sido por demás decorosa. 

Ante la necesidad de un político más felino y capaz de mostrar resultados en materia de costo de vida y otros problemas inmediatos, la maniobra de los laboristas para tener nuevo primer ministro sin acudir a elecciones generales, debería figurar en las cartillas de ingeniería política. Los parlamentarios resolvieron que Andy Burnham, exitoso alcalde del Gran Mánchester, derrotado anteriormente en la carrera por la jefatura del partido, sería, ahora sí, el gallo para traer a Londres a ocupar la jefatura del gobierno. Solo que no era miembro del parlamento, condición indispensable de todo primer ministro. Por lo cual hicieron renunciar a un parlamentario, para que la curul quedara vacante. Así el alcalde, después de renunciar a su oficio, podía ser elegido, como lo fue, miembro del parlamento, y tendría el camino despejado para la jefatura del gobierno.

Andy Burnham, juicioso estudiante y graduado de literatura inglesa en Cambridge, algo inusual en la fauna política, asumió sin competencia y por unanimidad la jefatura del laborismo. Y a partir de ahora, previa autorización del rey, que es una formalidad, vendrá el reparto de ministerios, las comparecencias ante el parlamento, y el desfile de medidas para resolver problemas y ganar el favor popular. Además, claro está, deberá dirigir las maniobras de política exterior, con un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, otro en la OTAN, uno más en el G7 y unas cuántas arandelas más en escenarios muy alejados de lo que haya podido ser la gestión de una alcaldía. 

Las relaciones con los demás países europeos estarán en lo más alto de la agenda. A ello obliga la trayectoria del apoyo sostenido del Reino Unido a la causa de Ucrania, la cercanía con Francia y Alemania, y el hecho de que a estas alturas dos tercios de los británicos consideran que lo del Brexit no fue una decisión adecuada. Con la seguridad de que esos sectores mayoritarios, y entre ellos los más dinámicos de la economía, así como los jóvenes, desean un nuevo acercamiento, y verían con buenos ojos un eventual retorno al seno de la Unión Europea. 

Curiosamente, tanto en su gestión interna como en la internacional, uno de los escollos más serios que deberá afrontar el nuevo primer ministro es el de la nueva relación con los Estados Unidos, afectada severamente por las variaciones de tono del presidente americano, que se atribuye facultades de inmiscuirse donde le da la gana y de reclamar, como si fuese obligatorio, el apoyo incondicional del mundo occidental en aventuras, como la del ataque a Irán, que emprende sin consultar con nadie. 

Con todo y eso, relacionarse en los mejores términos con el presidente de los Estados Unidos resulta obligatorio para cualquier gobernante británico. Entre otras cosas porque la relación bilateral no depende solamente de quiénes gobiernen, pues existen vínculos intensos, profundos y valiosos que la gente seria de lado y lado del Atlántico aprecia y desea mantener. A dura prueba estará sometido Burnham ante una contraparte que en Washington que se ha burlado de los portaviones británicos, obtenido de un amigo abyecto el retiro de una sanción de tarjeta roja en el Mundial de Fútbol, y apoyado la exhibición de un aviso de los jugadores de la Selección Argentina en el que les decían a los británicos que esas islas son argentinas. 

Las actuaciones del presidente de los Estados Unidos no han tenido en cuenta la famosa “relación especial” más que para los aspectos protocolarios de las manifestaciones de aprecio por la realeza. Por lo demás, en materia estratégica y de defensa no ha habido sino exigencias onerosas y políticamente difíciles de atender, formuladas con un tono de superioridad que pone a prueba cualquier paciencia. De manera que no solamente se enturbia el aire de las relaciones bilaterales, sino que se alimenta un distanciamiento que naturalmente debe conducir al nuevo primer ministro británico a defender a su país y acercarse al movimiento todavía imperceptible, pero creciente, de introducir cambios en el contenido de los vínculos transatlánticos. 

Para comenzar, y como quiera que el presidente americano suele hacer una especie de “examen” a cada líder nuevo que conoce, para clasificarlo en el escalafón de sus afectos y sus broncas, Burnham deberá obrar con extraordinario tino después de que Trump, que no es ni mucho menos Roosevelt, dijo que Starmer no era Churchill. Sin que sea prudente en este momento responderle lo que Sir Winston hubiera pensado de Donald como empresario habilidoso metido en aventuras políticas y militares de talla mundial.  

Cuando Lamine Yamal (de padre marroquí y madre ecuatoguineana), Aymeric Laporte (nacido en Francia) o Nico Williams (de padres ghaneses) saltan al campo con la camiseta de España, se hace presente un país que hace tiempo dejó de ser tan homogéneo como algunos todavía imaginan. Basta mirar el once titular para entender que la España de hoy también se escribe con apellidos de diversas ascendencias y procedencias, uniendo historias en torno a un balón. Ese engranaje colectivo ha llevado al equipo a disputar la final de la Copa del Mundo de 2026, apenas la segunda de su historia tras el título conquistado en Sudáfrica 2010.

No se trata de una excepción ni de una coincidencia generacional. Es el reflejo de una transformación social que lleva décadas ocurriendo y que el fútbol, una vez más, ha hecho visible antes que muchos otros espacios. Esta vez, además, lo hace desde el mayor escaparate posible: una final mundialista.

El deporte tiene esa capacidad. Allí donde la política suele dividir y el debate público se enreda en discursos, el fútbol simplifica las cosas hasta su esencia. El balón no distingue entre orígenes, religiones o acentos. Solo pregunta quién está mejor ubicado, quién corre por el compañero y quién entiende el juego colectivo. En ese pequeño universo de noventa minutos, la confianza deja de construirse sobre la identidad de cada uno y pasa a depender de algo mucho más sencillo: la capacidad de hacer bien tu parte para que el equipo funcione.

Quizá por eso el fútbol resulta tan interesante para quien observa las sociedades. Los antropólogos solemos decir que los rituales revelan aquello que una comunidad considera valioso. Y pocos rituales contemporáneos tienen tanta fuerza como un partido de la selección nacional. Millones de personas cantando el mismo himno, celebrando el mismo gol y abrazándose con desconocidos hablan menos del deporte que de una necesidad profundamente humana: sentirse parte de una comunidad.

Porque una selección nacional nunca representa únicamente a los mejores futbolistas de un país. También representa la idea que ese país tiene de sí mismo. Y esa idea, como toda identidad colectiva, nunca ha sido estática. Se transforma con las generaciones, con las migraciones y con los cambios culturales. El fútbol, simplemente, hace visible esa evolución.

En ese escenario, la diversidad deja de percibirse como una amenaza y se convierte en un activo. No porque desaparezcan las diferencias, sino porque el objetivo compartido las vuelve secundarias. Ganar exige cooperación. Y cooperar implica reconocer que el talento puede venir de cualquier lugar.

Sin embargo, ahí aparece una paradoja que merece ser observada con calma.

Resulta relativamente fácil admirar al hijo de inmigrantes cuando marca el gol que clasifica a España para una final. Más difícil parece aceptar esa misma diversidad cuando abandona el estadio y vuelve al barrio, al colegio, al trabajo o a la administración pública. El aplauso deportivo no siempre encuentra continuidad en la convivencia cotidiana.

No es un fenómeno exclusivo de España. La historia del deporte está llena de atletas que fueron elevados a símbolos nacionales mientras, fuera del campo, seguían enfrentando prejuicios que el éxito deportivo apenas conseguía disimular. El reconocimiento muchas veces llega antes al rendimiento que a la persona.

Y quizá ahí reside el verdadero valor de esta generación de futbolistas. Más allá de los títulos que pueda conquistar, está contribuyendo —consciente o inconscientemente— a normalizar una imagen de país que ya existe, aunque no todos la hayan asumido con la misma naturalidad. Cada partido ayuda a ampliar la idea de quién puede representar a una nación.

El fútbol no resuelve los desafíos de la integración. Nunca lo ha hecho. Pero sí tiene una enorme capacidad para modificar imaginarios colectivos. No cambia una ley ni elimina un prejuicio de un día para otro. Lo que sí puede hacer es algo igual de poderoso: ampliar el marco de lo que una sociedad considera normal, legítimo y propio.

El verdadero examen comienza cuando el árbitro pita el final. Porque la pregunta ya no es si España puede ganar con una selección diversa; esa respuesta hace tiempo está sobre el marcador. La cuestión es otra: ¿está la sociedad dispuesta a asumir, fuera del estadio, la misma idea de comunidad que celebra cada vez que la selección sale a jugar?

📷: Getty Images

Los libros de Steven Pinker siempre enseñan y divierten. Hoy se hablará del más reciente, Cuando todos saben que todos los saben. El conocimiento común y la ciencia de la armonía, la hipocresía y la indignación, traducción Pablo Hermida Lazcano. Paidós, 2005.

¿Por qué no decimos sin más lo que pensamos? Según Pinker: «Cuando las personas negocian en ámbitos peligrosos de la vida humana, rara vez declaran sus intenciones de forma explícita. Insinúan, hacen guiños, esquivan, titubean y se van por las ramas». Por eso, cuando necesitamos persuadir al camarero de que nos dé mesa en un restaurante lleno, le decimos —mostrándole un billete gordo— que él es tan amable que seguramente nos va a encontrar un lugar. Del mismo modo, los hombres no nos preguntan a las mujeres directamente: «¿Quieres tener sexo conmigo?», sino que nos invitan a su casa a tomar unos vinos, a ver una película, a mirar unos cuadros… Así, la insinuación se puede declinar sin que se comprometa el verdadero interés o desinterés de una de las partes. Cuanto más ambigua sea la solicitud, más espacio habrá para que la relación avance o se detenga sin grandes daños. Pinker lo define con gran refinamiento: «La insinuación permite en efecto la negación plausible, pero lo que se niega plausiblemente no es el significado pretendido, sino el conocimiento común del significado pretendido».

Pinker nos sugiere recordar nuestro puesto y jerarquía frente al otro: «Las situaciones sociales están gobernadas por los modelos relacionales (comunidad, autoridad o equidad) que estipulan quién está autorizado a qué y bajo qué términos».

El autor es cofundador del Consejo de Libertad Académica de Harvard (puesto en marcha en 2023), el cual aboga por la libertad de sostener y debatir distintos puntos de vista a través del discurso civil. La cultura de la cancelación es, justamente, lo opuesto: acciones encaminadas a evitar que ciertas ideas se conviertan en conocimiento común. En el capítulo 8, de manera muy valiente y a riesgo de ser censurado, Pinker presenta una lista de preguntas que hoy en día ni siquiera por interés científico se aceptan tranquilamente. La ciencia debería plantearse todas las preguntas posibles; y es increíble que muchos estudios se hayan dejado de hacer por miedo a las respuestas a esos interrogantes. Entre las preguntas que Pinker formula se encuentran las siguientes:

• ¿Tienen las mujeres, por término medio, un perfil de aptitudes y emociones diferente al de los hombres?
• ¿Es la moral una adaptación evolutiva de nuestro cerebro, sin ningún mandato divino ni realidad intrínseca?
• ¿Son en parte hereditarias las diferencias de inteligencia entre los individuos?
• ¿Es la aparición repentina de la disforia de género en las adolescentes un efecto del contagio social?

En el último capítulo —son nueve en total—, Pinker habla de la honestidad radical y de la hipocresía racional. ¿Deberíamos decir siempre la verdad? La respuesta es: NO.  Cito al autor: «En realidad, el llamamiento a la honestidad completa es la deshonestidad suprema. Nadie la desea de veras, a veces por buenos motivos».

Todos reconocemos que las relaciones humanas dependen, en buena medida, del manejo inteligente de la hipocresía y del mantenimiento de muchas clases de conocimientos privados y recíprocos al margen del conocimiento común. Todos tenemos pensamientos ilícitos y sabemos que los demás también los tienen. Lo importante es que no se nos transparente cuando estamos pensando mal del vecino al que saludamos cordialmente, o cuando desearíamos tener más próximo al esposo del prójimo.

Los pactos de convenciones son los que sostienen vivas nuestras relaciones sociales informales. Aunque estas convenciones son idealizaciones que rozan la ficción, resultan necesarias para mantener los vínculos en buen estado. Dice Pinker: «Con frecuencia mantenemos en privado el conocimiento que minaría una convención social, no en virtud de alguna rígida inhibición anticuada, sino por motivos racionales, de hecho, matemáticamente demostrables».

Los seres humanos somos mentirosos y, opacos: no dejamos que se transparenten nuestros pensamientos. Pinker cita al antropólogo evolutivo Donald Symons cuando afirma que las tradiciones deseadas por nuestros genes egoístas (metafóricamente) rara vez se traducen en conductas manifiestas. Esto se debe a que, al decidirnos por una acción, debemos llegar a un acuerdo entre nuestros deseos, los de las otras personas y las limitaciones del mundo. No obstante, nuestros deseos campan a sus anchas en nuestra imaginación.

Conocer al otro es adivinar cómo va a manejar ese acuerdo entre sus propios deseos, los tuyos y las limitaciones del entorno. Allí radica el éxito de nuestra capacidad para leer la mente ajena y nuestra habilidad para coordinar con ella los asuntos de la vida.

En este libro Pinker nos recuerda que nuestra capacidad de leer las intenciones ajenas, de equilibrar nuestros deseos biológicos con las limitaciones del entorno, de coordinar y cooperar con otros es lo que hace que una sociedad prospere. Este autor es una guía imperdible para entender cómo funcionan las sociedades y la mente humana, todos sus escritos poseen rigor científico y honestidad, y valor y contundencia para revelar verdades incómodas.