Si el país conoció el nombre de un influencer criminal de las redes sociales conocido como el Bendito Menor, se sorprenderá al saber que su alcance de terror se queda pequeño ante el nombre del Patiliso, el verdadero poder de las autodefensas que imponen su Ley en el Magdalena, La Guajira, y otros departamentos de la Región Caribe.

Si bien el presidente Abelardo de la Espriella hasta ahora ha nombrado a Pinocho como el ‘nuevo objetivo de alto valor inherente a las ACSN’, especialmente tras la desafortunada entrevista que dio a Salud Hernández-Mora en la Revista Semana’, es preciso mencionar que Patiliso debería ser de mucho más valor.

Por eso, mientras escribo estas palabras -en momentos en que el presidente De La Espriella apenas se dirige hacia la sede de Antinarcóticos y posteriormente a la sede de la Gobernación del Magdalena, se hace oportuno que se visibilice el nombre y alias de este personaje, oriundo del Norte de Santander, y quien, una vez se reincorporó en las filas de estas Autodefensas (pues en el pasado hizo parte de las originales estructuras del paramilitarismo en la Sierra Nevada), se mandó a hacer un corrido prohibido en la voz de Álex Rodríguez, un reconocido cantante de este mundo criminal.

Aquí tienen una foto de este nuevo jefe operativo o comando militar de las ACSN, reconocido en el bajo mundo como una persona sanguinaria y sin escrúpulos. Mientras que alias Pinocho puede ser interpretado como un jefe más bien político o estratega, Patiliso es el jefe de las armas, el que tomaría decisiones de sangre y fuego de las que no se arrepentirá.

Sin duda alguna, el típico objetivo de alto valor al que el presidente De La Espriella debería decir: se entrega ante la Ley o cae bajo el peso de la Ley, tal como le pasó a alias ‘Cholo’… En una bolsa blanca.

“En el entorno político actual hay una falta de respeto por la independencia de la prensa. Y hay una disposición a atacar a los periodistas por informar. Todo ello contribuye a formar un ambiente aterrador para los periodistas y las fuentes”: Ronald Farrow, Premio Pulitzer al Servicio Público (2018).

Amanecimos con la noticia de que no hay noticias, porque están prohibidas las ruedas de prensa en este gobierno. Si eso no es obstrucción al periodismo, ¿Qué es?

Hay una agresión evidente contra la prensa y un saboteo al derecho a la información.  ¿Por qué el país no está conversando sobre esto? ¿Por qué algunos opinadores, siendo periodistas, parecen estar del lado del poder y no de la prensa?

Ciertos columnistas de El Tiempo, por ejemplo, parecen más bien asesores de imagen del presidente Abelardo De la Espriella, cual cortesanos. Tres botones para la muestra, porque el espacio es corto para juntarlos a todos.

En una de sus columnas, la abogada María Isabel Rueda, experiodista ella, en lugar de defender a la prensa de los atropellos del presidente, le manda a decir -palabras más, palabras menos- que su éxito consistirá en comunicar bien los mensajes. Y le recuerda que para eso está el periodismo.

Claro, como si la prensa fuera la bella Cenicienta del poder, esa cohorte que aplaudía al rey, incluso cuando el rey era indigno de aplausos. 

Si Bob Woodward y Carl Bernstein se hubiesen comportado como lisonjeros, el caso Watergate sobre espionaje político no habría existido, y el presidente Richard Nixon jamás habría sido obligado a dimitir. “Los buenos ganaron”, resumió un periodista de la época. The Washington Post alentó a sus reporteros a bucear en las alcantarillas.   

Si El Espectador no hubiese investigado y denunciado los malos manejos del Grupo Grancolombiano en los años 80, ese crimen financiero habría quedado impune y los culpables libres, haciendo fiesta con el dinero de los ahorradores.

Esa debe recordarse como lo que es: una de las grandes gestas del periodismo colombiano. Don Guillermo Cano enseñó que se puede ejercer un periodismo aséptico e incorruptible. Sabemos el precio que pagó por estar del lado correcto. La única forma de honrar su memoria y valentía es a través de un periodismo confiable, responsable y ético. Son las tres armas del buen periodista. Saltarse cualquiera, significa amputar el alma del oficio: la confianza del público.

Nos acercamos peligrosamente a una especie de periodismo de bajo costo (low-cost); es decir, sin principios, sin ética, alejado de las buenas prácticas y despojado de todo aquello que es la razón de ser de la prensa: la conciencia crítica y moral de una sociedad.

Nuestro oficio no existe para ser vil, sino para servir de escudo a la sociedad ante los excesos del gobernante de turno. De eso hablamos cuando hablamos de periodismo independiente. Lo demás ¿es periodismo o habrá que redefinir qué entendemos por periodismo hoy?

“Al gobierno le conviene mantener una permanente conversación, diálogo e interlocución con los distintos sectores del país, incluyendo, claro, a los productivos, y una buena forma es que sea a través del periodismo”, afirma la periodista María Isabel Rueda.

El periodismo es un contrapoder, a diferencia del columnismo que suele utilizarse como trinchera ideológica para defender a unos y atacar a otros; es decir, para ejercer el activismo y la oposición de manera simultánea, a veces con más rabia y sesgo que rigor y seriedad.

Rueda hace gala de una supuesta independencia: “…los que informamos y opinamos quedaríamos heridos en la credibilidad, nuestro más valioso patrimonio”. Queda muy mal parada cuando, varias líneas después, sugiere que unos ministros “deben hablar mucho y otros muy poco”. Como quien dice: este de aquí que se calle y el de allá que hable por los demás. Leer para creer. 

​Baste decir que hace rato la señora María Isabel dejó de informar para dedicarse a pontificar sobre lo divino y lo mundano, poniendo en evidencia sus malquerencias políticas. No es la única que cumple bien su papel de cortesana. Desde las páginas de El Tiempo la acompañan Juan Lozano y Mauricio Vargas, cada cual desde su esquina. El doctor Lozano usa su editorial en La FM para hablar como el expolítico que es, aunque nunca se sabe cuánto tiempo le falta para regresar a esas lides o, aún mejor, ingresar a la cómoda vida diplomática, como su abuelo, Juan Lozano y Lozano, quien fue político, periodista, militar y poeta.  

Rueda, Vargas y Lozano fueron opositores despiadados durante el gobierno de Petro y ahora actúan como benefactores en el de Abelardo. Ojalá en alguna facultad de comunicación se tomen el trabajo de poner a los estudiantes a analizar el mal llamado “periodismo de opinión” en Colombia. Empecemos por enseñarles que el activismo que muchos ejercen desde las páginas editoriales de los periódicos, incluso desde la radio y la televisión, no es periodismo, por más que utilicen los mismos vehículos para difundirse.

La prensa es la conciencia crítica y moral de una sociedad.

​En su columna dominical “Optimismo sí, pero bien informado”, no hay un solo reproche de María Isabel Rueda al gobierno del “Tigre” por la forma solapada como se impone la censura de prensa en Colombia.

Recoge El Espectador: “Según lo investigado por este medio, el Gobierno “determinó que no se den ruedas de prensa ni entrevistas a medios que no sean ‘amigos’, salvo que sea para un tema estratégico y previamente autorizado por la presidencia. Asimismo, se le comunicó a los asistentes a la reunión que durante los eventos, recorridos, inspecciones, en donde haya presencia de los medios de comunicación, los ministros solamente podrán dar una declaración (buscando que sea lo más completa posible) pero sin lugar a preguntas”.

La misma semana en que Donald Trump les negó el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW’y Político, en Colombia el director del DANE fue echado del puesto por incumplir la directiva presidencial que les prohíbe a los altos funcionarios suministrar información a la prensa.

En un texto titulado “Las llamas del fascismo en Bogotá”, Guillermo Pérez Flórez nos recuerda que las dictaduras empiezan por aniquilar a la oposición y silenciar a la prensa. Esto escribió en 2022 sobre el fatídico día de 1952 en que ardieron los edificios de El Espectador y El Tiempo en la capital. “Para algunos sacerdotes, los liberales eran masones, comunistas y ateos, y su eliminación física era legítima”.

En pleno siglo XX no hay que llegar a tales extremos. Basta con poner en la calle a cualquier periodista entrometido. Callarlo o arrinconarlo, sin necesidad de eliminarlo. Está pasando.  

Y lo más grave es que el gobierno de Abelardo De la Espriella ya logró consolidar una mayoría aplastante en el Congreso, con el respaldo de 186 de las 286 curules que conforman el Senado y la Cámara. Así, cualquier caprichito del señor presidente sería “pan comido”. Ojalá y no.

El buen periodismo no se tapa la nariz, ni sirve de alfombra para que el presidente pisotee a la prensa.   

​Las víctimas del régimen

Podríamos hacer un retrato havladdo de las primeras víctimas de la censura oficial en el primer año del Tigre; de seguir así, la lista crecerá antes de Navidad.

Los episodios sobre la salida de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo de Blu Radio, más la echada del caricaturista Vladdo de Noticias RCN, caerán en el olvido. Quedó flotando en el ambiente la sospecha de que salieron por “ser enemigos”; ni el presidente de la República, ni la emisora, tampoco el canal, se tomaron la molestia de desmentir los rumores.

Para completar la dicha, gremios como el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, caminan de puntillas frente al tema. Como quien dice, con esos colegas, para qué enemigos.

Vladdo se pasó a la revista Cambio y sobrevive su personaje de Aleida en el diario El Tiempo, una caricatura que en realidad a nadie mortifica. Los trazos de Matador sí atormentaron a Iván Duque y por eso despidieron al caricaturista Julio César González de ese diario en 2023, otra anécdota más para el anecdotario nacional.

“Creo que informar a la gente es la única esperanza que tenemos”: Ronald Farrow, periodista estadounidense.

El periodismo no está para ser monedita de oro; debe estar del lado de la sociedad, dispuesto a denunciar los abusos del poder, pase lo que pase, pésele a quien le pese. El gobierno tiene la obligación de hacer bien su tarea. Punto. Y el periodismo debe sentirse obligado a hacer bien la suya. Punto.

Lo que hagan mal el presidente y los suyos, la ciudadanía tiene el derecho de saberlo y el periodismo la obligación sagrada de comunicarlo. Ese es el deber ser de la prensa. Si renuncia a eso, cae en la propaganda

​El periodismo no debe prestarse para lavar caras. Su trabajo consiste en descubrir quién usó el tapete para tapar el vómito. El buen periodismo no se tapa la nariz, ni sirve de alfombra para que el presidente pisotee a la prensa.   

Un periódico debe servirle a los ciudadanos para algo más que madurar aguacates.

La prensa cortesana

​María Isabel Rueda, Juan Lozano y Mauricio Vargas escriben tan parecido que se asemejan hasta en sus odios políticos, los cuales inoculan al lector/elector desde sus tribunas de opinión.

​Ninguno de los tres, a pesar de haber vivido del periodismo casi toda su vida, ha planteado una crítica seria y tajante ante el trato descortés del presidente con la prensa, primero como político en campaña y ahora como jefe de Estado en ejercicio.

“La derrota que el periodismo estaba viviendo frente al poder solo era posible con la connivencia y en ocasiones la participación directa de importantes aliados dentro de los medios”: David Jiménez, periodista español, ex director del diario El Mundo.

​El más osado de todos es Mauricio Vargas, a quien le dieron página entera de El Tiempo para descargar su veneno contra el expresidente Ernesto Samper por el Proceso 8000. En una carambola mágica ata ese episodio a Gustavo Petro y al excandidato presidencial Iván Cepeda, a quien llama “senador comunista”. Si en las redacciones existiera la figura del verificador de datos, esas etiquetas sí tendrían que corregirse por faltara la verdad. Por lo demás, a De la Espriella lo llama abogado a secas, sin reparar en su pasado, ni en su presente que lo ata al señor Alex Saab, quien se declaró culpable de lavar dinero ante la justicia gringa.

​Antes de ser director de Semana, Vargas fue consejero de prensa del presidente Cesar Gaviria, lo cual permite concluir que en Colombia periodismo y política se dividen la cama sin reproches, o al menos comparten la misma cobija, sin reparar en lo dañino que son los matrimonios por conveniencia. Si algún periodista se siente libre de pecado, que tire la primera piedra, a ver quién resulta descalabrado.

El voto de silencio nunca será una opción para los periodistas. Que lo cortés, no nos quite lo valiente para desenmascarar los excesos de cualquier gobierno, cueste lo que cueste. Si en palacio alguien se cree príncipe, los reporteros no tienen porqué comportarse como bufones. Un periódico debe servirle a los ciudadanos para algo más que madurar aguacates.

¿Pluralismo deliberante o beligerante?

Es circunstancial y coyuntural que dichas consignas sean lanzadas desde la izquierda, el centro o la derecha del espectro político, cuando su contenido y alcance promueven la exclusión del contradictor e incluso su exilio del Campus. En esos casos se atenta contra la Autonomía y su existencia. Entonces el Campus, tanto en las aulas, las plazas, cafeterías y espacios recreativos deja de ser un campo abierto para la deliberación y la argumentación y tiende a convertirse en un campo para la beligerancia y la confrontación. El Poder del debate y los argumentos es desplazado por el de la Violencia y los llamados a la acción directa. Así, la primera víctima que cae es precisamente la autonomía para pensar, dudar y decidir, propias de toda universidad. Cae a manos del llamado a la intrépida acción violenta, que poco tolera el ejercicio de pensar y mucho menos el de dudar, pues se considera la poseedora de la verdad. Tal es el mayor desafío para la Autonomía desde el interior de las universidades públicas.

¿Las “U” Privadas de deliberación?

Un desafío que no se presenta en la mayoría de las universidades privadas, donde no hay lugar a esa intensidad de las controversias, pues sus estudiantes y la comunidad académica comparten en forma casi unánime y homogénea ciertas visones del mundo y la política. Literalmente, allí no se debaten ideas, sino que se comulgan y celebran, que es lo propio en las universidades confesionales políticas o religiosas. Todo lo contrario, sucede en las universidades públicas, donde lo que tiende a predominar es el pluralismo y la controversia, como expresión misma de los diversos intereses, conflictos y valores existentes en la sociedad. Por eso históricamente el Campus de las públicas siempre ha sido disputado por grupos políticos militantes y beligerantes que se autoproclaman voceros de la verdad, la libertad y la justicia, reivindicando cada uno ser la auténtica vanguardia del pueblo. Es lo propio de cierto canibalismo de izquierda, que luego se proyecta en las disputas interminables de sus líderes y seguidores, que muchos de ellos veneran como figuras sagradas en el ámbito internacional y nacional. Trotskistas contra Estalinistas, Leninistas contra Maoístas, Revolucionarios contra Mamertos y una historia de nunca acabar, para no especular sobre lo que sucede en la actualidad nacional.

¿Las “U” Públicas bloqueadas para la Deliberación?

Hasta llegar al presente, donde esa miríada de grupos hace del Campus y sus estudiantes no solo una cantera para la “revolución”, sino además una densa red de relaciones que combina desde el tráfico de estupefacientes con el adoctrinamiento fanático y sectario. En ese clima se bloquea el Poder estudiantil y académico para la deliberación de las mayorías, cada vez más inconformes, dispersas y atemorizadas, para imponerse el de la Violencia de minorías organizadas que, ante la falta de argumentos, apelan a la beligerancia explosiva de la acción directa con sus “papas bombas” y el vandalismo desbordado. A estos grupos se les responde en algunas universidades públicas con ironía corrosiva, propia del talento inolvidable de Jaime Garzón, con consignas y pintadas como la de: “No nací PARAmilitar”. De esta forma se repudia el ejercicio y el compromiso político asumido desde la beligerancia armada y se opta por la argumentada deliberación universitaria y ciudadana, sin la cual no hay Autonomía y menos posibilidades de una paz democrática. De allí que la Autonomía este amenazada tanto desde el interior como desde el exterior del Campus. Especialmente si el Tigre opta por ingresar a las universidades con la Fuerza pública, pues ella no bastará para generar más deliberación, sino todo lo contario, más confrontación violenta, que dejará probablemente más “estudiantes heroicos” caídos y también más policías incriminados y criminalizados por el uso excesivo de la fuerza.

 Desafíos a la Autonomía Universitaria

Así, desde el interior de las universidades desaparece el espacio propio para la Autonomía Universitaria, pues ya no hay lugar para argumentar y disentir, sino para estigmatizar y excluir. El debate es sustituido por el combate. Basta una consigna contundente y emotiva contra el adversario, acusándolo de mamerto, paraco, traidor o tira infiltrado, para acallarlo, chiflarlo y expulsarlo de la Asamblea y del Campus, si logra abandonarlo a tiempo. Recuerdo que, en mi fugaz paso de estudiante de filosofía por Univalle, la consigna imperante era “a la derecha duro y a la cabeza”. Las Asambleas Generales dejaban de ser, entonces, ágoras para tomar decisiones y se convertían en la antesala de un combate desbordado y generalizado sobre la avenida Pasoancho o la Panamericana. Ahora parece que, desde la presidencia de la República, la consigna es exactamente la contraria: “a la izquierda duro, a destriparla”, si cumple el Tigre con su “máxima coherencia”. Tales son los mayores desafíos contra la Autonomía Universitaria y la misma paz política, no solo en el Campus, sino especialmente en los campos de Colombia, por ausencia de autonomía para pensar y decidir democráticamente desde la cúpula del Estado y el interior de las universidades públicas.

Autonomía territorial de Colombia en juego

Esa autonomía está puesta en cuestión, porque el Tigre y su manada están convencidos de que la autoridad reside fundamentalmente en su capacidad para imponerse por la fuerza y la violencia, contando para ello con el “Escudo de las Américas”, el apoyo de Donald Trump, convertido en el “Señor de las Guerras” y en los milagros de su “Cristo Rey”, que invoca como si fuera un aliado para contar con su poder de fuego celestial y la obediencia ciega de la tropa a sus designios salvíficos. Semejante fórmula de gobernabilidad necropolítica y belicista coincide, paradójicamente, con la de los grupos armados ilegales que cometen sus crímenes también convencidos de que “el poder nace de la punta del fusil” y con él liberarán al pueblo oprimido. Una fórmula que, peligrosa y temerariamente, ahora miles de ciudadanos emularán con el porte personal de armas de fuego, persuadidos de que su seguridad dependerá más de su capacidad para disparar primero que de la acción legal de la autoridad. Frente a esa pérdida acelerada de autonomía de nuestro poder secular, ciudadano y democrático, el horizonte de la “Patria Milagro” puede diluirse en el control y la disposición de la autonomía territorial y la riqueza de toda Colombia a favor de terceros Estados y minorías corporativas empresariales, interesadas en la extracción y depredación de los minerales críticos y las tierras raras de Pachamama. Para intentar contenerlo y evitarlo, solo contamos con la autonomía de nuestra capacidad para pensar, deliberar y actuar concertada y civilizadamente, que es lo propio del poder democrático frente al autocrático, teocrático y tecno cibernético del Tigre. De lo contrario, nos llevará y comerá el Tigre, con su tridente de la Espada, Cristo Rey y Donald Trump, reforzados ahora con la asesoría exitosa del NUBANK de David Vélez para el desarrollo de la IA y próximamente las megacárceles y criptomonedas que le recomendará Nayib Bukele. Pero, no me tomen en serio, estos son los delirios de un nostálgico que reclama extrema autonomía para pensar, expresarse y actuar porque añora un mundo que nunca existió, pues creyó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el Estado Social de derecho y, por supuesto, la Autonomía Universitaria.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, del vicepresidente José Manuel Restrepo y del ministro Omar Bula Escobar, podrían considerar una figura que algunos países utilizan como forma alternativa y complementaria de representación diplomática, que claro está, no reemplazan la esencial labor de las embajadas, pero que pueden ser útiles en situaciones que podríamos llamar de ascetismo fiscal. Esta figura recibe varios nombres, pero en español se le conoce comúnmente como la antena diplomática; es una modalidad alterna que tienen varios Estados como complemento de las embajadas acreditadas en otros países.

La antena diplomática es la evolución histórica de aquellos enviados temporales, que no constituían una embajada permanente y a quienes se les encargaba negociar tratados de paz o amistad. En la época moderna, el concepto de antenne diplomatique se desarrolló primero en Francia, como uno de los derivados del concepto de razón de Estado creado durante la administración del Cardenal Richelieu y se fue extendiendo a otros países, tal como se le conoce en la actualidad.

Hay diversas denominaciones para las antenas diplomáticas. En Reino Unido a estas oficinas se les conoce como Embassy Offices, en Alemania como Oficinas de Representación, en Estados Unidos son Puestos de Presencia Virtual u Oficinas Satélite, que en su caso las despliega en algunas islas o territorios pequeños. En el caso latinoamericano, México las ha denominado Oficinas de Enlace, para operar en determinados sitios como alternativa a una embajada tradicional. España es el país que más ha aprovechado esta figura, y actualmente cuenta con once antenas diplomáticas o representaciones permanentes u oficinas de la embajada, cualquiera de las denominaciones es válida.

La antena diplomática se trata de una oficina con un solo funcionario diplomático, usualmente de alto rango (ministro plenipotenciario o embajador), que ejerce como encargado de negocios en un país, en el cual, por diferentes razones especialmente por austeridad, se considera que no se puede abrir o sostener una embajada, pero no se deja vacío el espacio. Así, se procede a abrir una oficina con un costo mucho menor que el de una Embajada, en la cual, el encargado de negocios designado y debidamente acreditado puede despachar; no cuenta con otros funcionarios diplomáticos, asistentes o auxiliares administrativos.

Es un apoyo valioso a la Embajada central, desde temas políticos, comerciales, hasta protocolarios. Resulta útil para establecer vínculos locales, contactos con autoridades, empresarios o actores clave, que ayuda a mover los temas de interés para el país acreditante. Vista como unidad independiente, cumple con las labores fundamentales establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, facilita el diálogo bilateral, es apoyo comercial y en situaciones de emergencia, puede servir de enlace para temas de asistencia consular. En este punto, es necesario aclarar que la antena diplomática no tiene funciones consulares, las cuales claramente requieren de una infraestructura compleja.

La antena diplomática es una unidad administrativa y se integra a la relación de cargos o puestos de trabajo de una embajada determinada con la denominación de Encargado de Negocios en la ciudad elegida. El funcionario que actúa como antena diplomática rinde cuentas al embajador en donde se encuentra la representación del país de donde depende la concurrencia, a la Dirección geográfica que le corresponde y a los niveles superiores del Ministerio y la Administración.

Para dar un ejemplo, España tiene una antena diplomática en Reikiavik (Islandia) que depende de la Embajada en Oslo (Noruega). La antena diplomática puede servir para evaluar si en un determinado país, posteriormente, se abre una Embajada propiamente dicha y el funcionario designado comienza los preparativos para ello, en caso de que el Gobierno decidiera tal apertura o si decide, por el contrario, dejarla como oficina de representación o antena dipl5omática.

• Dixon Moya es embajador de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia y actualmente desempeña funciones en la Cancillería en Bogotá. Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales.
• Las opiniones expresadas en el blog corresponden únicamente al autor y no comprometen a la Asociación Diplomática y Consular de Colombia -ASODIPLO.

​”Ahora apuesto a que vas a ser un ciudadano honesto como esos senadores mafiosos (…) ¿Quieres ser como ellos? No eres como ellos (…) Son dueños de este maldito país, son gánsteres”: De la película The Alto Knights: Mafia y poder
(2024⁨)

​En cuatro episodios queda resuelto un pasaje convulso de la historia política de Colombia: la infiltración de dinero de la mafia en la campaña del presidente Ernesto Samper (1994-1998), suceso que retrató el tira y afloja entre la prensa y el poder a finales del siglo XX.

​Mientras los periodistas arriesgaban el pellejo para sacar a la luz todo lo que se descubría, los funcionarios del gobierno capoteaban el temporal: a veces tapaban y otras buscaban la manera de desviar la mirada.

​El documental cumple su papel de retratar los sucesos al detalle, en medio de intrigas, asesinatos, acusaciones, conspiraciones y encubrimientos. Trae al presente a personajes tristemente célebres como Santiago Medina, Elizabeth Montoya de Sarria (apodada “la monita retrechera”) o Fernando Botero Zea, exministro de Defensa e hijo del pintor Fernando Botero, quien pagó cárcel por enriquecimiento ilícito.

​Por el lado de los buenos aparecen los jueces sin rostro, un fiscal y los tres periodistas que querían repetir la hazaña de Watergate: tumbar al presidente desde la revista Semana: Jorge Lesmes, Édgar Téllez y Mauricio Vargas. Los tres son autores del libro que lleva el mismo nombre del documental, “El presidente que se iba a caer”, publicado en 1996. Los tres fueron intimidados. El testimonio minucioso de Jorge Lesmes conmueve y retrata al reportero sabueso que entiende su oficio, y penetra hasta en los lugares más sórdidos para desenterrar la verdad.

​Los realizadores aclaran que invitaron a Botero y a Samper a participar en esta producción, pero ambos declinaron. Es una lástima que no hayan recurrido a otras fuentes que vivieron este episodio desde las entrañas del poder. Entre ellas, el periodista Felipe Zuleta Lleras, quien trabajó para el presidente desde la sombra y en su libro de memorias afirma sin rubor: “Los conspis arremetían en contra del presidente de una manera violenta. Mauricio Vargas, María Isabel Rueda y Enrique Santos C. estaban entre ellos. El tema era muy jodido porque contaban con el apoyo del embajador gringo en el país, el funesto Myles Frechette. (…) Se creó un comité de crisis que se reunía todos los días en palacio (…) No hubo un solo día en que no pasara algo malo y se nos ocurriera algo para cambiarle la agenda al país”.

​Queda la impresión de que quien sale peor parado en este documental no es el expresidente Samper, sino el propio dueño de la revista Semana, Felipe López Caballero, hijo del expresidente Alfonso López Michelsen. López Caballero alentó a los periodistas a investigar, pero de igual forma engavetó algunas indagaciones por considerar que carecían de suficiente peso.

​Como se aclara al final, López Caballero no quiso dar su testimonio, lo que deja en evidencia la incómoda situación de quien tiene la doble condición de dueño de un medio de comunicación que investiga a los poderosos y miembro de la élite bogotana que se crio entre ellos.

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Sin embargo, lo que habría podido decir, lo encontré en el libro “Felipe López: El hombre detrás de la revista Semana” (2012), cuando le preguntan cómo califica el gobierno de Samper: “… es una persona muy inteligente y un verdadero liberal de centroizquierda que llegó al poder. Eso en Colombia no es muy común porque los que llegan con esa bandera nunca son de verdad de centroizquierda y los que de verdad lo son nunca llegan. Si no hubiera sido por el escándalo, se habrían podido hacer cosas de gran peso. Samper logró no caerse, lo que era de por sí una hazaña pues tenía en su contra al gobierno de los Estados Unidos, a la mayoría de los periodistas, a casi todo el sector empresarial y a todo el estrato seis. Y fuera de eso tenía al gerente de su campaña, Fernando Botero, y al tesorero, Santiago Medina, acusándolo”.

​Quizás una frase de Mauricio Vargas Linares, para la época director de Semana, resume su amargo destino: “El presidente que se iba a caer no se cayó y el director que no se iba a caer sí se cayó”. López reemplazó a Vargas por Isaac Lee en la dirección.

​Queda el sinsabor de la imagen con la que remata la producción: una persona envuelve aguacates usando la primera plana del periódico El Tiempo, como si con ello el documentalista quisiera decirnos que, al final, la prensa fue de cierta forma derrotada por el Proceso 8000, porque tumbó a un ministro, pero no al presidente.

A mi modo de ver, la mayoría de estas preocupaciones proviene de la idea de que los matemáticos dejarán de ser valiosos. Hay un aparente temor a que se pierda la utilidad de su labor, a que su capacidad para resolver problemas sea superada por la indiscutible superioridad de la IA en el procesamiento de la información.

No obstante lo anotado anteriormente, creo que ese tipo de preocupaciones ha existido siempre, y no solo entre los matemáticos. La aparición de la imprenta de Gutenberg, por ejemplo, suscitó numerosas inquietudes debido a la difusión masiva de textos que antes estaban reservados a unos pocos. Además, provocó la gradual desaparición de algunos oficios, como el de los amanuenses o copistas, encargados de transcribir manuscritos a mano, labor que generalmente se realizaba en monasterios y talleres.

En la evolución de las herramientas utilizadas para efectuar cálculos y resolver problemas ha habido siempre, por supuesto, un efecto sobre la manera de hacer matemáticas. Desde los ábacos utilizados por numerosas culturas se llegó a inventos de enorme importancia, como las calculadoras mecánicas: la pascalina, diseñada por Blaise Pascal en 1642, o la extraordinaria máquina de Leibniz, presentada en 1673, con la que ya podían realizarse las cuatro operaciones aritméticas básicas, incluida la división. Cada uno de estos avances generó temores y contribuyó gradualmente a la desaparición de oficios ya tradicionales que dependían de la habilidad para efectuar cálculos manuales de forma rápida y precisa, como los de los calculistas que realizaban complejos cómputos numéricos para la astronomía, la navegación, la ingeniería o la administración.

El siguiente gran salto se produjo con la aparición de las calculadoras electrónicas hacia mediados del siglo XX. Estas máquinas, inicialmente costosas y reservadas a instituciones científicas, militares y empresariales, realizaban en segundos operaciones que antes requerían largos cálculos manuales. Ya en la década de 1970 se popularizaron, y los estudiantes universitarios podían adquirirlas para reemplazar las reglas de cálculo y las tablas logarítmicas en la ejecución de sus tareas en las asignaturas de matemáticas.

Desde entonces hemos ido abandonando algoritmos y procedimientos que antes aprendíamos tras dedicarles mucho tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el cálculo manual de una raíz cuadrada, tarea que estoy seguro de que la mayoría de los lectores no podría realizar hoy sin detenerse primero a recordar el procedimiento. Sería prácticamente imposible, por ejemplo, determinar en pocos minutos el valor de √17,3 sin la ayuda de una calculadora.

Como había ocurrido con innovaciones anteriores, la llegada de estos instrumentos de cálculo despertó inquietudes entre quienes temían que las nuevas tecnologías sustituyeran habilidades que durante siglos habían sido altamente valoradas. Sin embargo, lejos de hacer innecesarias las matemáticas, las calculadoras electrónicas permitieron abordar problemas cada vez más complejos y liberaron a los investigadores de numerosas tareas rutinarias, permitiéndoles concentrarse en los aspectos conceptuales de su trabajo. Del mismo modo, los profesores de matemáticas pudieron dedicar menos tiempo a la ejecución mecánica de los cálculos y más a la comprensión de los conceptos y a sus aplicaciones. Como era de esperar, esta transformación introdujo cambios importantes y exigió nuevas formas de adaptación.

Pero la verdadera transformación llegó con la aparición de los computadores. A diferencia de las calculadoras electrónicas, que estaban concebidas principalmente para realizar operaciones numéricas, los computadores podían ejecutar secuencias de instrucciones y resolver una gran variedad de tareas. Surgió así la programación, es decir, el arte de describir mediante algoritmos precisos los pasos necesarios para resolver un problema. Durante décadas, aprender a programar se convirtió en una habilidad fundamental para científicos, ingenieros y matemáticos, del mismo modo que antes lo había sido dominar las técnicas de cálculo manual.

Los computadores no eliminaron la necesidad de pensar; por el contrario, exigieron nuevas formas de razonamiento y obligaron a expresar con claridad procedimientos que hasta entonces muchas personas realizaban de manera intuitiva. Surgieron así nuevos problemas matemáticos y computacionales: fue necesario desarrollar algoritmos y métodos numéricos eficientes, que requirieran poca memoria, ejecutaran los cálculos en tiempos razonables y produjeran resultados fiables a pesar de los errores de redondeo propios de la aritmética de máquina. 

Y, una vez más, la historia se repitió: aparecieron nuevas profesiones y nuevas áreas de especialización, mientras algunos oficios tradicionales fueron perdiendo relevancia o desaparecieron por completo.

El desarrollo de computadores cada vez más veloces y capaces permitió, como está ocurriendo ahora, resolver problemas matemáticos que habían permanecido abiertos durante siglos. Un ejemplo particularmente interesante del impacto de los computadores en las matemáticas ocurrió en 1966, cuando L. J. Lander y T. R. Parkin utilizaron un computador CDC 6600 para encontrar un contraejemplo a la conjetura de Euler, formulada en 1769. Este computador, diseñado por Seymour Cray, pertenecía a una línea de máquinas que daría origen posteriormente a los famosos supercomputadores Cray. Considerado el computador más rápido del mundo en su época, el CDC 6600 podía ejecutar aproximadamente tres millones de operaciones de coma flotante por segundo, una cifra extraordinaria para mediados de la década de 1960. El resultado obtenido por Lander y Parkin mostró que cuatro quintas potencias pueden sumar otra quinta potencia, contradiciendo una creencia que había permanecido vigente durante casi dos siglos.

Nadie podía imaginar entonces que llegaría un momento en el que las máquinas no solo ejecutarían instrucciones escritas por los seres humanos, sino que comenzarían también a generar respuestas, textos e incluso programas a partir de simples indicaciones formuladas en lenguaje natural. Así surgió la inteligencia artificial generativa, una herramienta que, al igual que la imprenta, las calculadoras electrónicas o los computadores, ha despertado entusiasmo y preocupación a partes iguales.

Sin embargo, su impacto va más allá de la automatización de tareas rutinarias. Apenas la semana pasada se anunció una posible solución a uno de los Problemas del Milenio, el relacionado con las ecuaciones de Navier-Stokes, obtenida con ayuda de un sistema de inteligencia artificial que coordinó miles de agentes computacionales trabajando de manera simultánea. Si este resultado resiste el escrutinio de los especialistas, podría convertirse en uno de los hitos más importantes de la historia reciente de las matemáticas y en una muestra de cómo las nuevas herramientas, lejos de eliminar la actividad matemática, están transformando profundamente la forma en que se produce el conocimiento matemático.

Pero, ante los nuevos temores sobre una eventual pérdida de relevancia de la labor matemática debido a la inteligencia artificial, merece la pena considerar la posición de Terence Tao, uno de los matemáticos más influyentes y reconocidos de nuestro tiempo. En diversas ocasiones ha defendido el uso de estas herramientas, aunque con matices: ha llegado a compararlas con un asistente de posgrado «mediocre, pero no del todo incompetente», capaz de colaborar en tareas rutinarias, pero sin la capacidad de aprender de sus errores que sí tienen los estudiantes humanos. Sin embargo, también ha señalado un posible riesgo: que la obtención demasiado rápida de la solución de un problema pueda privar a la comunidad matemática de algunos de los beneficios que tradicionalmente han surgido durante la búsqueda de esa solución. En efecto, el esfuerzo por resolver un problema no solo conduce a una respuesta, sino que suele dar origen a nuevas áreas de estudio, estructuras matemáticas, teorías, métodos y preguntas que terminan siendo tan valiosos como la solución misma.

De hecho, es importante resaltar que, de acuerdo con lo que ha expresado Tao, las tareas que realizan los matemáticos no se reducen a resolver problemas difíciles. Entre ellas se encuentran la aplicación de las teorías matemáticas a otros campos del conocimiento, la búsqueda de soluciones a problemas abiertos, tanto puros como aplicados, y la investigación que conduce al desarrollo de nuevas teorías, estructuras, métodos y técnicas. Los matemáticos también contribuyen a una mejor comprensión del mundo que nos rodea, sostienen una comunidad científica que se transmite y renueva de generación en generación, forman a nuevos investigadores y señalan posibles caminos para el desarrollo futuro de la disciplina. A ello se suman la divulgación, la docencia y la formación matemática de profesionales de muy diversos campos. En última instancia, las matemáticas son también una actividad profundamente creativa, capaz de producir construcciones intelectuales de extraordinaria belleza y de un valor cultural que trasciende su utilidad inmediata.

Vista desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no parece una amenaza para la existencia de las matemáticas, sino una nueva herramienta que, como tantas otras a lo largo de la historia, obligará a redefinir algunas destrezas, transformará ciertos oficios y abrirá oportunidades cuya magnitud todavía no alcanzamos a comprender plenamente.

Y, como cierre, quiero compartir un pronunciamiento de especial relevancia. El pasado 11 de septiembre, veinticinco ganadores de la Medalla Fields, el máximo reconocimiento en matemáticas, publicaron una declaración encabezada por Terence Tao acerca de los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para el futuro de la investigación matemática. Lejos de rechazar estas nuevas herramientas, los firmantes reconocen su enorme potencial, pero advierten también sobre los riesgos que podrían derivarse de privilegiar la obtención rápida de resultados por encima de la comprensión profunda, la formación de nuevos matemáticos y el desarrollo de ideas que constituyen la esencia misma de la actividad matemática.

Una grave falta de alineación entre la IA y las matemáticas

11 de septiembre de 2026 en publicidad, opinión | Etiquetas: IA, Medallas Fields | por Terence Tao

Me enorgullece figurar entre los 25 firmantes iniciales, todos ellos galardonados con la Medalla Fields, de la declaración que aparece a continuación, surgida de las conversaciones mantenidas entre nosotros durante la última semana. También hemos publicado nuestra declaración en una página web e invitamos a nuevas adhesiones, de manera similar a la Declaración de Leiden. Es una lástima que no hayamos tenido tiempo para un proceso más participativo, como ocurrió con Leiden; sin embargo, consideramos que la situación era lo suficientemente urgente como para publicar una declaración cuanto antes.

Véase también un reciente artículo de The Economist sobre nuestra declaración.

Durante los últimos meses, las capacidades matemáticas de los grandes modelos de lenguaje (LLM) han mejorado de forma espectacular, hasta el punto de que pueden resolver importantes problemas abiertos en numerosos campos de las matemáticas. Sin embargo, el empeño de las empresas de IA por resolver problemas matemáticos como criterio de referencia resulta perjudicial para la ciencia matemática y para la comunidad matemática. Los objetivos de las empresas de IA y los objetivos de la comunidad matemática están gravemente desalineados. Consideramos que esto forma parte de problemas más amplios de alineamiento que afectan también a otras profesiones científicas y creativas, así como al conjunto de la sociedad.

La investigación matemática se ocupa de comprender las estructuras fundamentales de las formas, los números y los fenómenos naturales. A lo largo de generaciones, ha construido un vasto corpus de ideas sofisticadas, métodos, abstracciones y otras herramientas para comprender el paisaje matemático. A su vez, las tecnologías y ciencias modernas se fundamentan en herramientas matemáticas.

Los problemas famosos han servido a menudo como hitos y faros que permiten medir una comprensión más profunda de ese paisaje. Resolver uno de estos problemas ha sido siempre una señal inequívoca de nuevas intuiciones y métodos interesantes, que posteriormente eran estudiados por una comunidad de matemáticos mediante un largo y arduo proceso de conferencias, discusiones y simplificaciones. Idealmente, al final de ese proceso se obtiene una presentación de los resultados apta para un libro de texto, accesible para cualquier estudiante de máster o incluso de grado. Algunas de estas ideas matemáticas continúan su recorrido y, décadas o siglos después, llegan a convertirse en herramientas comprendidas y utilizadas por toda la población.

La comunidad matemática funciona, en muchos sentidos, como una versión en miniatura de la humanidad. Está formada por individuos que emplean una amplia variedad de enfoques distintos, unidos por valores fundamentales compartidos. Los recursos más valiosos de nuestra profesión son los estudiantes y las ideas, y los cultivamos con enorme cuidado. Nos sentimos responsables de permitirles desarrollarse hasta alcanzar todo su potencial, para que puedan llevar una vida propia dentro del mundo matemático. A los estudiantes solemos proponerles problemas con la intención principal de desarrollar capacidades que los sitúen en una buena posición para realizar avances en investigación y en otros ámbitos. Nuestras ideas las difundimos mediante conferencias, conversaciones privadas y exposiciones escritas cuidadosamente elaboradas, conectándolas con las ideas previas de otras personas. Estos procesos requieren invariablemente tiempo y se basan en la interacción humana.

En los últimos meses, el éxito de la IA al resolver importantes problemas matemáticos ha ocupado titulares incluso fuera de los círculos matemáticos. Pero resolver problemas es únicamente una herramienta y un indicador indirecto para alcanzar el objetivo principal: la comprensión conceptual y la generación de intuiciones profundas. Olvidar esto en el contexto de la IA puede convertir la herramienta en un obstáculo para ese objetivo. De hecho, la producción masiva y cada vez más acelerada de proposiciones «verdaderas o falsas» podría destruir un terreno fértil en lugar de insuflar vida a nuevas ideas.

Con frecuencia, estas soluciones se anuncian precipitadamente, sin dejar tiempo para una redacción adecuada, para identificar y aislar los nuevos métodos e ideas, ni para citar debidamente los trabajos previos relevantes de otros investigadores. Como ocurre en todas las profesiones creativas, esto plantea graves cuestiones de atribución y plagio. Además, sin los matemáticos dispuestos a encargarse de su desarrollo e integración en el canon matemático, las ideas concebidas por la IA nunca llegarían a cobrar plenamente vida y se perdería la crucial cadena humana de transmisión del conocimiento entre matemáticos.

Estamos siendo testigos de una amenaza general para el trabajo intelectual, derivada del desalineamiento entre los resultados producidos mediante el uso de la IA y los fines originales de dicho trabajo. En muchos campos y actividades, los años de formación no han servido únicamente para producir una respuesta final o un producto terminado, sino también para desarrollar comprensión y capacidad para formular nuevas preguntas e ideas. Sin embargo, apoyándose en un inmenso cuerpo de trabajo humano previo, los sistemas de IA son cada vez más capaces de producir directamente los resultados de dicho trabajo, y los objetivos dejan de coincidir. Los problemas a los que se enfrenta hoy la comunidad matemática son similares a los que ya experimentan otras profesiones científicas y creativas, y apuntan a cuestiones que podrían afectar a toda la humanidad: cómo garantizar que, a medida que la IA transforma la manera de trabajar, no perdamos de vista aquello que ese trabajo pretendía alcanzar en primer lugar.

La IA ofrece el potencial de mejorar y acelerar el estudio y la comprensión auténticamente matemáticos. Como profesión, las matemáticas deberán adaptarse a estos cambios de diversas maneras. Sin embargo, que esos cambios beneficien finalmente al campo o tengan un efecto destructivo dependerá en gran medida de las decisiones que tomen los seres humanos que controlan esta nueva tecnología.

Estos problemas deben abordarse con urgencia, tanto en la comunidad matemática como por parte de las empresas que desarrollan estas tecnologías y, de forma más amplia, por una sociedad que se enfrentará a cuestiones similares en muchas otras formas de trabajo intelectual.

Firmantes iniciales

• Artur Avila (Medalla Fields 2014)
• Manjul Bhargava (Medalla Fields 2014)
• Caucher Birkar (Medalla Fields 2018)
• Pierre Deligne (Medalla Fields 1978)
• Yu Deng (Medalla Fields 2026)
• Simon Donaldson (Medalla Fields 1986)
• Hugo Duminil-Copin (Medalla Fields 2022)
• Alessio Figalli (Medalla Fields 2018)
• Martin Hairer (Medalla Fields 2014)
• June Huh (Medalla Fields 2022)
• Maxim Kontsevich (Medalla Fields 1998)
• Elon Lindenstrauss (Medalla Fields 2010)
• Pierre-Louis Lions (Medalla Fields 1994)
• James Maynard (Medalla Fields 2022)
• Curt McMullen (Medalla Fields 1998)
• Shigefumi Mori (Medalla Fields 1990)
• Ngô Bảo Châu (Medalla Fields 2010)
• Andrei Okounkov (Medalla Fields 2006)
• Peter Scholze (Medalla Fields 2018)
• Stanislav Smirnov (Medalla Fields 2010)
• Terence Tao (Medalla Fields 2006)
• Maryna Viazovska (Medalla Fields 2022)
• Cédric Villani (Medalla Fields 2010)
• Wendelin Werner (Medalla Fields 2006)
• Efim Zelmanov (Medalla Fields 1994)

Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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¡Qué zulú! encuentra en el lenguaje un problema filosófico que suele permanecer oculto bajo la apariencia de lo cotidiano: la relación entre la palabra y la realidad que creemos nombrar, entre aquello que decimos y aquello que hemos aprendido a considerar verdadero, porque una expresión aparentemente trivial puede contener una determinada concepción del mundo y, con ella, una manera de ordenar las diferencias entre unos seres humanos y otros. La autora parte de palabras que circulan en la conversación común y las convierte en materia de interrogación, como si levantara la superficie de esas expresiones para buscar las ideas, los prejuicios y las experiencias históricas que han quedado depositados en ellas, de allí que el verdadero asunto del libro no sean solamente las palabras cuestionadas, sino nuestra relación con aquello que hemos aprendido a decir sin preguntarnos por qué lo decimos.

En esta perspectiva, la presencia de Platón adquiere una importancia particular, pues la reflexión de la autora se aproxima a esa vieja disputa entre la opinión y el conocimiento, entre aquello que damos por cierto porque ha sido repetido y aquello que estamos dispuestos a someter al ejercicio de la razón. Una expresión heredada puede funcionar como una pequeña caverna: proyecta una imagen del otro, nos acostumbra a verla y termina haciendo innecesaria la pregunta por su origen, mientras la educación, entendida en un sentido filosófico, debería precisamente abrir una posibilidad contraria, permitir que el individuo se aparte de las sombras que ha confundido con la realidad y examine las ideas desde las cuales ha construido sus juicios. En ¡Qué zulú! esa salida de la caverna no ocurre mediante una gran revelación, sino a través de algo mucho más cercano y quizá por eso más difícil: detenerse ante una expresión conocida y preguntarse por la carga simbólica, muchas veces histórica, que en ella se asienta.

Locke le permite conducir esa indagación hacia el terreno de la experiencia y de la formación de las ideas, lo que permite afirmar que no nacemos con muchas de las categorías desde las cuales juzgamos a los demás, sino que las vamos adquiriendo en el contacto con el mundo, en la familia, en la educación, en la cultura y también en el lenguaje que escuchamos y repetimos. Una expresión puede instalar una asociación en la conciencia mucho antes de que tengamos la capacidad de someterla a juicio, de modo que aquello que posteriormente llamamos “sentido común” puede ser, en realidad, el resultado de una larga sedimentación de experiencias y conceptos que nunca fueron examinados, frases que asimilamos sin sentir, ni mucho menos presentir, la carga simbólica que contienen. La referencia a los hábitos erróneos de Locke resulta fecunda, porque permite comprender que el prejuicio no necesita presentarse como una doctrina elaborada: puede sobrevivir en una frase, en una comparación, en una costumbre lingüística que ha conseguido borrar las huellas de su propio origen.

Y quizá sea precisamente la costumbre uno de los territorios más difíciles de interrogar, porque aquello que repetimos durante mucho tiempo termina adquiriendo la apariencia de lo natural, como si la frecuencia pudiera otorgarle legitimidad a una idea; una palabra heredada deja entonces de parecernos una construcción cultural y comienza a funcionar como una evidencia, algo que se dice porque “siempre se ha dicho”, sin que nos detengamos a preguntar quién la inventó, qué historia la acompaña, qué relación de poder pudo haber detrás de ella y por qué seguimos transmitiéndola. En esa zona aparentemente inofensiva de la costumbre se instala buena parte de aquello que después llamamos sentido común, cuando muchas veces no es otra cosa que una idea antigua a la que hemos dejado de hacer preguntas.

Protágoras le permite introducir otra tensión fundamental, porque la idea de que el hombre es medida de las cosas permite preguntarnos quién establece los criterios con los cuales calificamos al otro, quién decide qué es civilizado y qué es salvaje, qué es normal y qué resulta extraño, qué merece reconocimiento y qué puede convertirse en objeto de burla o desprecio. Cuando una persona utiliza una expresión como ¡Qué zulú! para referirse a alguien, no está simplemente escogiendo una palabra entre muchas posibles, está recurriendo a una imagen cultural que establece una relación entre ese individuo y una determinada representación de lo salvaje o lo diferente; la palabra revela entonces una mirada anterior a ella misma, una mirada que ya ha clasificado aquello que pretende nombrar. La pregunta deja de ser únicamente qué significa una palabra y pasa a ser quién tiene el poder de construir el significado desde el cual miramos a los otros.

La autora no pretende resolver estas preguntas desde una posición exterior a la experiencia, sino que permite que el desconcierto, la incomodidad y hasta el dolor se conviertan en materia de pensamiento, aunque allí mismo aparece una exigencia: la experiencia personal puede abrir una pregunta, pero no basta por sí sola para convertirla en verdad; necesita confrontarse con la historia, con otras experiencias, con la filosofía y con la razón, justamente el movimiento que el libro intenta realizar cuando pasa de la expresión escuchada a la investigación, de la experiencia a los autores y de la reacción personal a una pregunta ética acerca del lenguaje. Ese tránsito resulta importante porque evita que la reflexión quede encerrada en el ámbito de lo subjetivo y permite convertir una vivencia particular en un problema que puede ser discutido socialmente.

Hay algo más que conviene preguntarse cuando hablamos de lenguaje: si cambiar determinadas palabras basta realmente para cambiar aquello que pensamos. Una sociedad puede modificar su vocabulario y conservar intactas sus formas de discriminación, del mismo modo que puede abandonar una expresión sin haber comprendido jamás la historia que contenía; la transformación tendría que alcanzar el concepto que está detrás de la palabra, la relación de poder que la sostiene, la mirada que clasifica al otro y la educación que permitió que esa clasificación llegara a parecernos natural. Allí la crítica adquiere una dimensión más profunda, porque ya no se trata solamente de cuidar lo que decimos, sino de preguntarnos qué tipo de conciencia produce aquello que decimos y qué tipo de sociedad contribuye a reproducir.

También resulta necesario mantener abierta la tensión entre intención y efecto, porque una palabra no puede ser comprendida exclusivamente desde la intención de quien la pronuncia ni juzgada al margen del contexto en que aparece, pero tampoco puede suponerse que la buena intención borra automáticamente la historia y la carga cultural de una expresión. Entre lo que quiso decir quien habla y aquello que experimenta quien escucha existe un espacio donde intervienen la memoria, la cultura, la posición social y la experiencia individual, y es precisamente allí donde el lenguaje deja de ser un asunto puramente lingüístico para convertirse en un problema ético; la responsabilidad comienza cuando aceptamos que nuestras palabras pueden producir efectos que no controlamos completamente y que conocer esa posibilidad nos obliga a revisar aquello que antes pronunciábamos de manera automática.

Hay aquí una relación que me parece inevitable con Juan Montalvo y con aquella afirmación suya, “mi pluma lo mató”, expresión que condensa de manera extraordinaria la conciencia del escritor acerca del poder de la palabra, porque la pluma no aparece como un simple instrumento para describir la realidad, sino como una fuerza capaz de intervenir sobre ella, de derribar reputaciones, denunciar poderes, combatir ideas y producir efectos concretos en la conciencia de quienes leen. Vista desde esta perspectiva, la reflexión de Stella Estrada adquiere una resonancia mayor: las palabras que analiza no son sonidos inocentes que desaparecen después de ser pronunciados, llevan consigo una memoria, una representación del otro y una determinada concepción del mundo, de allí que una expresión aparentemente cotidiana pueda contribuir a perpetuar una mirada discriminatoria, del mismo modo que otra palabra, consciente de su responsabilidad, puede abrir una fisura en esa mirada y comenzar a transformarla.

¡Qué zulú! puede leerse también como un ejercicio de desmontaje de la costumbre, una tentativa por devolverle extrañeza a aquello que la repetición ha vuelto invisible, ahí está quizá su dimensión más filosófica: la autora no solamente pregunta por el significado de determinadas expresiones, pregunta por la formación de nuestros juicios, por la relación entre lenguaje y conciencia, por la educación y por la responsabilidad que tenemos frente a las ideas que heredamos. Platón aparece entonces con su exigencia de salir de la opinión, Locke con la pregunta por el origen y la formación de nuestras ideas, Protágoras como una provocación acerca del lugar desde donde medimos el mundo, y todos ellos terminan confluyendo en una preocupación contemporánea que sigue siendo profundamente humana: cómo aprender a mirar al otro sin imponerle, antes de conocerlo, las palabras con las cuales nuestra propia cultura ya lo ha definido.

El libro deja abierta una pregunta: ¿cuánto de nuestra manera de pensar pertenece realmente a nosotros y cuánto es una herencia que hemos recibido bajo la forma aparentemente inocente de una palabra? Allí comienza una crítica que no puede dirigirse únicamente contra los demás, porque también nos alcanza a nosotros mismos y nos obliga a reconocer que el pensamiento crítico no consiste en descubrir los prejuicios ajenos mientras permanecemos cómodamente instalados en los propios. Tal vez esa sea la inquietud más fértil que deja ¡Qué zulú!: comprender que cuestionar una palabra es apenas el comienzo, que detrás de ella existe una idea y detrás de la idea una determinada manera de mirar, y que transformar verdaderamente el lenguaje exige llegar hasta ese lugar más profundo donde se forman nuestras representaciones del mundo y del otro.

Quizá la reflexión a que nos invita la autora sea a recuperar el lugar de la palabra como afecto humanitario, tal vez sea necesario volver a Heidegger, quien nos dejó una de las imágenes más poderosas para pensar esta relación cuando afirmó que “el lenguaje es la casa del ser” y que “en su morada habita el hombre”. Si el ser humano habita el lenguaje, entonces cada palabra que recibe, conserva y pronuncia participa también de la construcción de esa morada, y la pregunta que queda abierta es qué clase de casa estamos construyendo con las palabras que heredamos, repetimos y transmitimos: una casa cerrada por los prejuicios, donde el otro tiene que entrar bajo las definiciones que ya hemos establecido, o una morada capaz de reconocer la diferencia sin convertirla en motivo de exclusión, una casa que pueda ser habitada por todos, sin distinción de ninguna clase.

Por eso resulta preocupante que, alrededor del proceso de selección, haya comenzado a instalarse la percepción de una posible concentración de candidatos provenientes de los círculos más cercanos a la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo.

De acuerdo con la información publicada sobre el proceso, entre los preseleccionados aparecen varios fiscales delegados ante la Corte Suprema y funcionarios con experiencia en investigaciones de alto impacto. Entre ellos están Diego Antonio Montaña Bohórquez, Gabriel Sandoval y María Cristina Patiño, además de Francy Eugenia Gómez Sevilla. La coincidencia merece ser examinada públicamente, no porque pertenecer a la Fiscalía descalifique a alguien para ser magistrado —sería absurdo sostenerlo—, sino porque la independencia judicial exige algo más que cumplir formalmente los requisitos. Exige confianza. Y la confianza, particularmente en una elección de esta naturaleza, se construye con transparencia.

El asunto adquiere una dimensión institucional todavía mayor si se tiene en cuenta que la propia Corte Suprema participó en la elección de la actual fiscal general. Esto significa que algunos de los mismos magistrados que intervinieron en aquella decisión ahora participan en un proceso en el que podrían resultar elegidos funcionarios vinculados profesionalmente con la cabeza del ente investigador.

No se trata de afirmar que exista un acuerdo, un intercambio de favores o una maniobra concertada. Nada de eso puede darse por probado sin evidencia. Pero sí es legítimo advertir sobre el riesgo de que una coincidencia de relaciones institucionales termine alimentando la percepción de un sistema de favores cruzados.

La justicia no puede darse el lujo de que sus decisiones parezcan responder a un roscograma. Porque ese es precisamente el problema de fondo: no basta con que una elección sea legal. También debe ser comprensible para la ciudadanía. Debe poder resistir el escrutinio público y demostrar que los méritos profesionales, la independencia, la trayectoria y la solvencia jurídica estuvieron por encima de cualquier cercanía personal, política o institucional. La Corte Suprema tiene ahora una oportunidad extraordinaria para demostrarlo.

La fórmula debería ser sencilla: máxima publicidad sobre el proceso, criterios objetivos previamente conocidos, hojas de vida examinadas con rigor, audiencias transparentes y una explicación suficiente de las razones que conduzcan a la elección de cada magistrado. Si existen factores de posible conflicto de interés, deben ser identificados y tratados públicamente. Si algún candidato tiene relaciones profesionales o personales relevantes con quienes participan en la elección, la sociedad tiene derecho a conocerlas.

No se trata de estigmatizar a los fiscales que aspiran a la magistratura. Muchos pueden tener las credenciales necesarias y una trayectoria legítima para aspirar al cargo. El problema no son sus hojas de vida por el solo hecho de provenir de la Fiscalía. El problema sería que una institución tan sensible terminara siendo percibida como una extensión de otra rama o como el resultado de acuerdos entre funcionarios que, en distintos momentos, han tenido capacidad de influirse mutuamente. La Sala de Instrucción no puede convertirse en una prolongación de ningún despacho. Mucho menos de la Fiscalía.

Fiscalía y Corte Suprema cumplen funciones distintas dentro del sistema penal y esa separación no es un detalle administrativo: es una garantía para los ciudadanos y para quienes están sometidos a investigación. Precisamente por eso, cualquier señal de dependencia, subordinación o intercambio de cuotas burocráticas resulta especialmente delicada.

En una democracia, la independencia judicial no consiste únicamente en que un magistrado pueda decir que nadie le dio una orden. También consiste en que nadie pueda razonablemente pensar que su llegada al cargo obedeció a una deuda, una alianza o una cercanía determinada.

La Corte debería ser especialmente cuidadosa con esto

Si los cinco fiscales mencionados resultaran elegidos, ello no demostraría, por sí mismo, la existencia de una operación de la Fiscalía para controlar la Sala de Instrucción. Pero si varios candidatos cercanos a la actual dirección del ente acusador terminan ocupando simultáneamente las plazas disponibles, sin que la Corte explique de manera convincente los criterios que condujeron a esas decisiones, la sospecha política e institucional será inevitable. Y la justicia no puede depender de explicaciones posteriores. La transparencia debe comenzar antes de la elección.

La Corte Suprema tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que sus decisiones no responden a roscas, cuotas ni cálculos de poder. Para hacerlo no necesita discursos defensivos. Necesita reglas claras, deliberaciones suficientemente públicas, criterios verificables y decisiones que puedan ser escrutadas por periodistas, abogados, académicos y ciudadanos.

El país no está eligiendo simplemente cinco magistrados. Está definiendo quiénes tendrán en sus manos una parte sustancial del control judicial sobre quienes ejercen el poder político. Por eso la Corte debe entender que esta elección no admite zonas grises.

La institución debe despejar cualquier duda sobre la existencia de un eventual “carrusel” de favores entre quienes eligieron a la fiscal general y quienes ahora podrían convertirse en magistrados de la Sala de Instrucción. No porque esas relaciones prueben una conducta irregular, sino precisamente porque la independencia de la justicia es demasiado importante como para dejarla a merced de las sospechas.

En este proceso, la Corte Suprema no solo debe elegir buenos magistrados. Debe demostrarle al país que los eligió sin dueños, sin padrinos y sin roscas.

Esa diferencia puede parecer semántica, pero en la justicia es fundamental. Porque cuando se pierde la confianza en la independencia del juez, la primera víctima no es un funcionario ni un candidato: es la legitimidad de la justicia misma

Y por cierto: Se debe también evitar la presencia de lobbistas tratando de influir en las decisiones llevando y trayendo razones. Se rumora sobre la supuesta presencia de Juan Alberto Castro, lobbista de la justicia, Pipe Córdoba el excontralor y Adriana Mercado (hoy magistrada auxiliar de la corte constitucional), en este asunto dejando ver sus preferencias y abordando, a través de los exmagistrados Luis Hernández y Patricia Salazar, a los actuales togados para intentar persuadirlos de sus intereses.

El asunto se torna complicado si recordamos que Juan Alberto Castro fue involucrado en el caso de Transmilenio, cuando intercedía a favor del clan de los Ríos (Alberto Ríos y CIA) con la fiscal de hierro Angélica Monsalve, en hechos ocurridos en la Universidad Sergio Arboleda y gracias a una grabación hecha por la misma fiscal.

Esperaría que por temas de transparencia, la Corte Suprema de Justicia, despeje de estas dudas sobre la supuesta presencia de lobbistas en el proceso de elección porque solo así es posible establecer confianza entre la justicia y la ciudadanía.

La agenda es amplia, pero más allá de la cantidad de actividades, lo que llama la atención es la visión que parece atravesarla. Durante años, la memoria en Colombia estuvo asociada principalmente a la reconstrucción de hechos violentos, a la elaboración de informes y a la preservación de archivos. Todas esas tareas siguen siendo indispensables. Sin verdad documentada no existe posibilidad de comprensión ni de justicia. Sin embargo, la programación que el Centro llevará a Medellín sugiere una apuesta más amplia: convertir la memoria en una conversación pública capaz de involucrar a sectores de la sociedad que tradicionalmente no participan de estos debates.

Esa intención aparece desde el primer día. El viernes 11 de septiembre se abrirán espacios como “Cartografía por la memoria”, un taller dirigido a jóvenes que propone explorar cómo los lugares guardan historias, emociones y recuerdos a través del dibujo y la construcción colectiva de mapas. Ese mismo día se presentará el pódcast Lenguajes de la memoria: afectaciones a metaleros en el marco del conflicto armado en Medellín (1990-2000), una propuesta que recupera testimonios de quienes encontraron en la música una forma de resistencia frente a las distintas expresiones de violencia que marcaron la ciudad durante las últimas décadas.

La elección de Medellín para este tipo de reflexiones no es casual. La ciudad ha sido protagonista de algunos de los capítulos más complejos de la historia contemporánea colombiana. Ha conocido el impacto del narcotráfico, la confrontación armada, las violencias urbanas y las fracturas sociales que dejaron profundas huellas en miles de familias. Pero también ha sido un laboratorio de iniciativas comunitarias, procesos culturales y apuestas educativas que han demostrado que la memoria puede convertirse en una herramienta para reconstruir tejido social. Hablar de memoria en Medellín implica necesariamente hablar de las heridas que dejó la violencia, pero también de las múltiples formas de resistencia que surgieron para enfrentarla.

Uno de los ejes centrales de la programación será el ciclo de conversaciones denominado “El valor de las voces”, en el que participará el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’Mar Córdoba Salamanca. Los encuentros reunirán a víctimas de distintas experiencias, desde mujeres afectadas por el reclutamiento y la violencia sexual hasta Sofía Gaviria Correa y representantes de la fuerza pública.

Más allá de los nombres propios, estos espacios reflejan una idea fundamental: la memoria colombiana no puede construirse desde una sola experiencia ni desde una única mirada. La historia reciente del país está compuesta por relatos diversos, a veces dolorosamente distintos entre sí, que exigen ser escuchados con la misma disposición para comprender. En una época donde la polarización suele empujar a los ciudadanos a escuchar únicamente aquello que confirma sus propias convicciones, la apuesta por reunir voces diferentes adquiere un valor especial.

En ese contexto también puede leerse el trabajo que viene impulsando D’Mar Córdoba al frente del CNMH. Más allá de las responsabilidades administrativas propias de cualquier dirección institucional, la programación de Medellín deja ver una intención clara de acercar el Centro a públicos más amplios y de fortalecer su presencia en espacios donde la memoria dialoga con la cultura, la educación y la ciudadanía. No se trata únicamente de presentar investigaciones o publicar informes. Se trata de lograr que esos contenidos encuentren nuevos interlocutores y que la conversación sobre el pasado llegue a escenarios donde normalmente no se produce.

Quizás uno de los ejemplos más interesantes de esa visión sea el lanzamiento de La naturaleza y el territorio como víctimas: relatos de memoria histórica ambiental, programado para el sábado 12 de septiembre. La investigación inaugura una nueva línea de trabajo que invita a reflexionar sobre los impactos del conflicto armado en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos. Durante años, las discusiones sobre memoria se concentraron principalmente en las afectaciones humanas, algo completamente comprensible dada la magnitud del sufrimiento causado por la violencia. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que la guerra también transformó ríos, bosques, montañas y formas de vida enteras. Reconocer esas afectaciones permite ampliar nuestra comprensión de lo ocurrido y conectar la memoria con desafíos contemporáneos como la protección ambiental y los derechos de las comunidades rurales.

La programación también dedica una atención especial a los niños, niñas y jóvenes. Habrá talleres como Fotovoces, El jardín de la memoria, Exploradores de la memoria, Los viajes del colibrí y Mi memoria, mi museo, actividades que buscan acercar la reflexión sobre el pasado a nuevas generaciones mediante herramientas creativas y participativas.
Y quizás allí se encuentre una de las preguntas más importantes para cualquier política pública de memoria en la actualidad. ¿Cómo transmitir la historia de la violencia a quienes no la vivieron directamente? Millones de colombianos nacieron después de algunos de los episodios más intensos del conflicto armado y observan esos acontecimientos desde una distancia temporal cada vez mayor. Para ellos, la memoria no puede limitarse a una colección de fechas o acontecimientos. Necesita encontrar nuevos lenguajes, nuevas formas de narración y nuevas experiencias que permitan comprender por qué recordar sigue siendo relevante.

La agenda de Medellín parece consciente de ese desafío. Por eso incorpora actividades que exploran la memoria desde la fotografía, la música, la literatura, la educación, los archivos comunitarios e incluso la gastronomía. Uno de los conversatorios más llamativos lleva por título ¿A qué sabe la memoria?, una invitación a reflexionar sobre cómo los alimentos, las recetas y los espacios compartidos alrededor de la mesa también forman parte de las historias que una comunidad decide preservar.

De igual manera, la programación incluye espacios sobre museos escolares, archivos de derechos humanos, bibliotecas, centros de documentación y experiencias barriales de construcción de memoria. Todos ellos comparten una misma convicción: la memoria no pertenece exclusivamente a las instituciones. También pertenece a las comunidades, a los barrios, a las escuelas y a las organizaciones que durante años han trabajado para preservar sus propias historias.
Uno de los momentos más esperados llegará el 19 de septiembre con el lanzamiento de Verdades pendientes. Paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, una investigación que analiza cinco décadas de violencia en la región y pone en el centro las voces, los daños y las demandas de las víctimas. La elección de este escenario para presentar el informe tiene una fuerza simbólica evidente. Medellín sigue siendo un territorio donde la discusión sobre la paz urbana continúa abierta y donde las preguntas sobre las causas, consecuencias y transformaciones de la violencia mantienen plena vigencia.

El título del informe resume bien uno de los grandes desafíos de la memoria colombiana: todavía existen verdades pendientes. Persisten preguntas sobre responsabilidades, impactos, silencios y consecuencias que siguen reclamando atención. La memoria no existe para ofrecer respuestas definitivas a todos esos interrogantes, pero sí para evitar que desaparezcan de la conversación pública.

La elección de Medellín para presentar este informe también invita a una reflexión más amplia sobre la relación entre memoria y ciudad. Durante mucho tiempo, buena parte de los debates sobre el conflicto armado colombiano se concentraron en los territorios rurales, donde ocurrieron algunas de las mayores tragedias de la guerra. Sin embargo, las ciudades también cargan memorias profundas de la violencia. Medellín es quizás el mejor ejemplo de ello. Aquí confluyeron fenómenos asociados al narcotráfico, al conflicto armado, al desplazamiento forzado y a las distintas expresiones de criminalidad urbana que transformaron barrios enteros y marcaron la vida de varias generaciones.

Hablar de paz urbana en Medellín no significa únicamente analizar cifras de violencia o estudiar la presencia de actores armados. Significa escuchar las historias de quienes han vivido esas transformaciones desde sus comunidades, comprender cómo las dinámicas de la violencia afectaron la vida cotidiana y reconocer los esfuerzos colectivos que permitieron resistir en medio de circunstancias extremadamente difíciles. En ese sentido, la memoria se convierte en una herramienta para leer la ciudad desde abajo, desde las experiencias de sus habitantes y no solamente desde las decisiones institucionales o los grandes acontecimientos que suelen ocupar los titulares.

La programación del Centro Nacional de Memoria Histórica parece entender esa necesidad de conectar los grandes relatos nacionales con las historias locales. Por eso resulta significativo que varios de los eventos programados incluyan experiencias comunitarias, archivos barriales, iniciativas educativas y procesos culturales surgidos en los propios territorios. Más que presentar una memoria cerrada o definitiva, la agenda propone un diálogo permanente entre las investigaciones del Centro y las memorias construidas por las comunidades.

Algo similar ocurre con los lanzamientos editoriales previstos para los últimos días de la feria. Obras como ¿Quiénes son las verdaderas heroínas y los verdaderos héroes en el Oriente antioqueño? o la colección Relatos pal desolvido reflejan un esfuerzo por acercar los hallazgos de la investigación histórica a públicos más amplios mediante formatos narrativos accesibles. No es una apuesta menor. Uno de los grandes desafíos de cualquier institución dedicada a la memoria consiste precisamente en encontrar formas de comunicar conocimientos complejos sin perder rigor, pero también sin quedar encerrados en círculos académicos o especializados.

Al revisar el conjunto de actividades, aparece una idea que atraviesa toda la programación: la memoria no es solamente una tarea de preservación del pasado. También es una forma de construir ciudadanía. Recordar implica reconocer experiencias diversas, escuchar voces que históricamente han permanecido al margen de las grandes narrativas y fortalecer la capacidad de una sociedad para comprenderse a sí misma. Esa parece ser, en última instancia, la conversación que el CNMH quiere llevar a Medellín durante estos diez días.

Quizás por eso la presencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en la Fiesta del Libro trasciende el ámbito cultural. Lo que está en juego no es únicamente la difusión de investigaciones o publicaciones. Lo que está en juego es la posibilidad de seguir construyendo espacios donde el país pueda escucharse a sí mismo, reconocer la diversidad de sus experiencias y reflexionar sobre las lecciones que deja su historia reciente.

En tiempos marcados por la inmediatez, las redes sociales y la fragmentación de los debates públicos, resulta valioso que una institución pública insista en la importancia de escuchar, dialogar y comprender. Esa parece ser la apuesta que recorre la programación del CNMH en Medellín y, al mismo tiempo, una de las características más visibles del momento que vive la entidad bajo la dirección de D’Mar Córdoba.

La memoria, al fin y al cabo, no es un ejercicio destinado a inmovilizar a una sociedad en el pasado. Es una herramienta para comprender el presente y pensar el futuro. Y si algo deja claro esta programación es que el Centro Nacional de Memoria Histórica quiere que esa conversación ocurra cada vez más allá de los archivos, más allá de los expertos y más cerca de los ciudadanos.