La inteligencia artificial (IA) es protagonista constante de debates y polémicas sobre los usos que las personas puedan darle, pero en lo que sí parece haber un consenso es en que llegó para quedarse. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 fue un punto de inflexión en el tema porque eliminó la necesidad de saber programar y, por primera vez, cualquier persona podía interactuar con la IA simplemente escribiendo en su idioma nativo, como si hablara con otra persona. Su uso se expandió rápidamente y cientos de herramientas de IA empezaron a surgir.

La ecología y la conservación no fueron la excepción. El uso creciente de la tecnología, como las cámaras trampa y la bioacústica, ya ayudaba a los científicos a monitorear bosques, seguir especies, y elaborar programas y proyectos para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el gran volumen de información requería de un intenso trabajo por parte de los investigadores para procesarla.

En otras palabras, se generaba un cuello de botella en el que se obtenían datos en poco tiempo, pero las conclusiones sobre esos datos podían tomar meses e incluso años. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial empezó a ganarse un espacio.

“El gran paso adelante de la IA no es que identifiquemos aves —los expertos también identifican aves—. Lo interesante con la IA es que nos permite hacer 100 o 1000 veces más procesamiento de datos que antes. Esa es la cosa crítica”, asegura Jörg Müller, profesor de Ecología Animal y Biología Tropical de la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (Alemania) y subdirector del Parque Nacional Bosque Bávaro.

En América Latina ya existen proyectos que han obtenido resultados que hace unos años parecían imposibles de lograr. En Argentina, biólogos y físicos trabajan de la mano para grabar y procesar los cantos de un ave esquiva que se creyó extinta durante 40 años y así conocer más sobre su comportamiento y sus movimientos. En Ecuador, un proyecto científico detecta en tiempo real los sonidos de las motosierras y los disparos para que dos comunidades indígenas kichwa puedan proteger su territorio en la Amazonía. En Colombia, una investigadora se alió con una institución pública para sobrevolar un páramo calcinado y al procesar los videos de dron reconocer cuántos frailejones murieron y cuántos sobrevivieron.

El Instituto Smithsonian trabaja contrarreloj en Panamá para describir la gran variedad de insectos que habita en la isla de Barro Colorado antes de que se extingan, mientras que científicos tratan de identificar por sus manchas a cada jaguar que habita en la Reserva Nacional Tambopata en Perú y un proyecto innovador en Costa Rica clasificó con precisión y devolvió a los océanos más de una tonelada de conchas que los turistas intentaban sacar ilegalmente del país.

Estos son sólo algunos de los casos de éxito que Mongabay Latam presenta en este especial periodístico donde la IA se ha convertido en una aliada para conservar la biodiversidad.

Lee más | La guardería de frailejones “bebés” que busca restaurar los páramos del Parque El Cocuy en Colombia

Procesando datos a gran velocidad

“Instalamos cámaras hace 20 o 25 años, cuando tenían rollo. La tecnología de las cámaras evolucionó, son digitales, las puedes dejar cuatro meses en el campo y ahora instalamos hasta 200 cámaras. Tienes muchas más imágenes que antes y necesitas inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad. En un muestreo, fácil te salen 500 000 imágenes”, dice Mathias Tobler, investigador del San Diego Zoo Wildlife Alliance en Tambopata, Perú.

De hecho, un artículo publicado en la revista Biología Futura en 2024 ya mencionaba que la inteligencia artificial, especialmente el deep learning —que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el aprendizaje humano, permitiendo que las computadoras procesen datos complejos, reconozcan patrones y realicen tareas de forma autónoma—, ya es muy relevante para la conservación de la biodiversidad porque ayuda a procesar enormes volúmenes de datos que antes eran demasiado lentos de analizar manualmente. Es por esto que la IA está pasando de ser una herramienta experimental a una infraestructura central para monitoreo, predicción y priorización de acciones de conservación.

Con el paso de los años, la IA está pasando, efectivamente, de un rol secundario a uno central en la conservación. Luego de que un voraz incendio consumiera más de 300 hectáreas del páramo de Berlín, en Santander (Colombia), la investigadora Paula Uzcátegui utilizó drones para sobrevolar el área y con el uso de la IA estimó qué tanto afectó el fuego a los frailejones de la zona, una tarea que a escala manual sería supremamente lenta.

“Desde los drones se pueden ver patrones a una escala a la que antes tú no podías ver. Puedes ver patrones a nivel de cientos de hectáreas y también puedes tener datos de miles de individuos [frailejones]”, comenta Uzcátegui. “La mortalidad la determinamos a partir de la información multiespectral del sensor. No teníamos que ir al lugar para saber si los frailejones estaban vivos o muertos, sino que se veía por el sensor”, agrega.

El procesamiento de imágenes de cámaras trampa y satélites para detectar fauna o cambios en la cobertura forestal es uno de los principales desarrollos de la IA en el campo de la conservación, pero no es el único. El artículo menciona también el análisis de bioacústica y textos, por ejemplo para reconocer cantos de aves o extraer observaciones de redes sociales. También hay sistemas híbridos más eficientes, como el active learning —subcampo del aprendizaje automático donde el algoritmo elige inteligentemente qué datos necesita aprender en lugar de procesar grandes cantidades de información de forma pasiva—, que reducen el trabajo de etiquetado y clasificación humana casi por completo en algunos casos.

Aunque la IA está cada vez más presente en los proyectos, aún no se ha desarrollado todo su potencial. Jorge Ahumada es gerente de conservación en WildMon, una ONG dedicada al monitoreo de biodiversidad y conservación de ecosistemas mediante herramientas de IA, y director ejecutivo de Wildlife Insights, una plataforma global basada en la nube que con IA ayuda a gestionar, analizar y compartir fotos y datos de cámaras trampa para la conservación de la fauna. Según dice, el campo de la IA en conservación “está ahora comenzando”.

“El mayor uso lo veo en tratar de desembotellar el procesamiento de la información básica, mientras que los ecólogos se encargan de los análisis más grandes, ya que llevan muchos años enfocados en métodos para trabajar con la biodiversidad. Yo veo que hay un potencial muy grande para automatizar muchas cosas”, asegura Ahumada.

Muchos científicos están convencidos de esto. Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la inteligencia artificial va a modificar dramáticamente los esfuerzos de conservación porque va a incorporar un montón de herramientas que permitirán procesamientos masivos de datos cuantitativos para su posterior manejo por parte de expertos”.

Lee más | Bosques deforestados en Costa Rica vuelven a «cantar» tras décadas de regeneración

El control sigue siendo humano

“La tecnología CNN [Red Neuronal Convolucional en español] actual es capaz de alcanzar más del 90 % de la precisión humana en la identificación de especies en imágenes de cámaras trampa”, indica el artículo publicado en la revista Biología Futura. Sin embargo, reconoce que para llegar a ese éxito se depende de una gran inversión previa de trabajo humano, pues se deben tener identificadas las especies para que el modelo pueda aprender.

Los expertos enfatizan en que no se trata de reemplazar a los científicos —es más, consideran que es muy poco probable que esto ocurra— sino que puedan dedicarse a asuntos de fondo al ahorrarles tiempo en trabajo repetitivo y hasta operativo. Jorge Ahumada afirma que el valor de un científico radica en responder preguntas mucho más complejas que suceden en los sistemas naturales y la inteligencia artificial aún está muy lejos de eso.

Por ejemplo, una de las preocupaciones de Maxim Larrivée, director del Insectario de Montreal, Canadá, es que los insectos están extinguiéndose a gran velocidad y aún se desconoce el nombre de muchos de ellos. En este momento, dice, existen algoritmos de IA capaces de identificar insectos y nombrarlos, pero sólo pueden hacerlo con las especies que conocen. “Lo que hicimos fue dar vuelta al guión y entrenamos a un algoritmo para reconocer insectos —mariposas nocturnas, en este caso— que nunca había visto. De modo que es capaz de decir: ‘nunca he visto esto, pero se parece mucho a algo que conozco’, y eso ayuda a acotar qué es esta nueva especie y con qué está asociada”.

Para Larrivée, esto es un avance importante porque “todos estos insectos existen allá afuera en el neotrópico y en los trópicos del mundo, pero no tienen nombre porque no tenemos el ‘ancho de banda’ humano para describirlos y catalogarlos”.

Pero no solo se trata de procesamiento y análisis de imágenes, sino también de sonidos. “Con los audios nos ha tomado más tiempo, pero ya empezamos a ver resultados. Tenemos la información, pero siempre hace falta una validación humana. Igual que con las imágenes de cámaras trampa, los audios tienen que pasar por un humano que confirme lo que dice la inteligencia artificial”, comenta David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco en Ecuador, sobre el trabajo que realizan en la Amazonía para detectar, por sonido, diferentes especies de animales y amenazas como motosierras y disparos.

En Argentina, la IA también permitió que un grupo de científicos conociera más sobre la enigmática gallineta chica (Rallus antarcticus). Como esta ave es muy difícil de observar, sólo a través de sus sonidos pudieron detectar los sitios de la Patagonia donde aún habita.

Pero no se conformaron con esto: “Lo que se hace bastante es identificar especies por su canto, usando redes neuronales. Lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y decir: ‘bueno, no sólo queremos identificar qué especie está cantando, sino qué individuo de esa especie está cantando’”.

Estas experiencias de conservación se sustentan en un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en estudios sobre inteligencia artificial: human in the loop, mediante el cual los expertos participan proporcionando retroalimentación y evaluando las respuestas del sistema durante el entrenamiento del modelo, lo cual es esencial para limitar sesgos y alucinaciones. La IA trabaja a gran escala y reduce esfuerzo, pero el humano conserva el control en las etapas críticas.

“Mi postura definitivamente es: necesitamos a los expertos más que nunca, y todas las nuevas técnicas, desde el metabarcoding [técnica genética que identifica a la vez a todas las especies presentes en una muestra compleja, como agua o tierra] hasta la acústica, necesitan a los expertos urgentemente”, afirma el profesor Jörg Müller.

Yolanda Camacho, bióloga de la Universidad de Costa Rica, asegura que su experiencia utilizando la inteligencia artificial —para clasificar las conchas marinas que se iban a devolver a las playas costarricenses— le permitió comprobar el enorme potencial de esta herramienta para apoyar programas de conservación ambiental. “A mí sola me hubiera tomado mucho tiempo clasificar las conchas, hubiera tenido que pedir hasta seis meses sabáticos para completar la tarea”, dice Camacho, pero agrega que la IA no reemplaza el conocimiento y el trabajo de campo de años de un científico, pues su precisión depende completamente de la calidad de datos con los que se entrena el algoritmo. “Como taxónoma tenía que estar constantemente validando lo que la aplicación estaba mostrando. Si los datos son malos, la respuesta va a ser errónea”.

La premisa para Jorge Ahumada es simple: “no le vamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos dice. Hay que verificar los datos”. Y esa verificación está en manos de los investigadores.

Lee más | Mujeres kewiña: indígenas quechua restauran bosques andinos para proteger el agua de Bolivia

El impacto ambiental y otros retos de la IA

El boom de la IA en conservación ha traído expectativas pero también preocupaciones. Por ejemplo, la industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la Latinoamérica a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Sin embargo, las comunidades vecinas a esos centros han mostrado varias preocupaciones, entre las que destacan menos agua y cortes de energía, como lo mostró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación de 2025.

Las empresas tecnológicas que utilizan agua para el funcionamiento y la refrigeración de estos centros de datos podrían necesitar entre 4200 y 6600 millones de metros cúbicos de agua para 2027.

Los expertos consultados para este reportaje reconocen que mitigar y reducir los impactos ambientales es un asunto en el que se debe trabajar, pero también creen que poco a poco la industria tecnológica se enfocará en ser cada vez más sostenible.

Juan Lavista Ferres, director científico de datos de Microsoft, comenta que el principal reto es la transición de la generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable para alimentar estos centros de datos, aunque el mercado de energías renovables aún no es lo suficientemente amplio para satisfacer toda la demanda actual.

“Hay muchos algoritmos que requieren un montón de generación eléctrica, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), pero es importante destacar que no todos los algoritmos de inteligencia artificial consumen la misma cantidad de energía porque no están hechos de la misma forma”, destaca Lavista.

Pedro Galindo, científico de datos y líder del departamento de Tecnología Aplicada a la Conservación de la Fundación Jocotoco, señala que los modelos más pequeños, como las redes neuronales convolucionales (CNN), utilizadas para identificar cantos de aves, ranas o mamíferos, son mucho menos exigentes en términos de energía. Sin embargo, reconoce que casi siempre habrá algún tipo de impacto medioambiental.

En el caso de las CNN, dice Galindo, a pesar de su bajo consumo, necesitan paneles solares para su alimentación, los cuales contienen minerales específicos que tienen una vida útil limitada. Además, requieren baterías (de litio o gel) para almacenar la energía, lo que añade un impacto adicional, y los componentes electrónicos de estos dispositivos, como las tierras raras y los semiconductores, también contribuyen a afectar el medioambiente. Si bien considera que siempre hay que buscar el menor impacto posible, se cuestiona: “todo esto también lo tienes en tu teléfono. ¿Por qué no tenerlo a servicio de la conservación?”.

Jorge Ahumada plantea un camino a seguir: “Los que estamos trabajando en conservación debemos hacer mucho más énfasis en la necesidad de regulación ambiental en los países y que las compañías sean responsables en el manejo de la energía”, y añade que actualmente hay tanta inversión en inteligencia artificial, que lograrlo no debería ser un problema.

Lo que para Ahumada sí sigue siendo un problema es la financiación, pues gran parte de ella “todavía está muy orientada a inteligencia artificial en cosas comerciales, un poquito en ciencias aplicadas, pero poco en conservación”. Este es un gran reto porque las organizaciones que trabajan en el área de biodiversidad a menudo carecen de recursos, destaca Lavista.

Los expertos consideran que la IA en conservación debe ser incluyente y participativa, por lo que se debe proyectar su uso no sólo para los científicos sino para las comunidades campesinas y étnicas. Lavista asegura que “no queremos a nivel de sociedad que el uso de la inteligencia artificial amplíe la brecha digital que se generó entre la gente que sabe usar computadoras y la gente que no las sabe usar”.

Evitar esa brecha a su vez generará nuevos retos como un trabajo intensivo en capacitación y educación, pero es un trabajo que vale la pena “porque la inteligencia artificial permite separar la parte técnica y hacerla mucho más fácil para un grupo mucho más grande de personas”, concluye Ahumada.

*Imagen destacada: Cada una de las especies incluidas en el modelo fue validada por Yolanda Camacho, quien es curadora de colección en el Museo de Zoología de la UCR. Esto con tal de garantizar que la información que recibía la IA fuera exacta. Foto: cortesía FIFCO / Heineken.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

La Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental vinculante de América Latina y el Caribe— concluyó con la aprobación de diez decisiones. Los avances son reales, pero también lo son las señales de alerta: en varios países de la región los derechos que el Acuerdo busca garantizar no sólo no avanzan, sino que retroceden. La COP4 marcó un precedente al celebrarse por primera vez en el Caribe, y no es casualidad. De los 19 Estados Parte, 10 son países caribeños, lo que hace plenamente coherente que la nueva Mesa Directiva haya quedado en cabeza de  Saint Kitts y Nevis en la Presidencia, con Bahamas, Belice, Colombia y Panamá en las Vicepresidencias. 

Este liderazgo caribeño es un reconocimiento a ese compromiso sostenido y una responsabilidad: se espera que la Mesa impulse con determinación una agenda ambiciosa de democracia ambiental que traduzca los compromisos del Acuerdo en garantías concretas para la región. Colombia tuvo un rol propositivo en las negociaciones, impulsando las sinergias con la agenda climática y la necesidad de retomar la discusión sobre la participación de los pueblos indígenas en la próxima COP. Las diez decisiones aprobadas muestran que ese camino avanza, aunque de manera desigual.

Las palabras importan: cómo los gobiernos suavizaron los compromisos

No todas las decisiones pesan igual y, todo está en los verbos: la Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género se presentó a la COP4 pero sin adoptarse como compromiso, solo se “invitó” a los países a usarla; los avances en participación ciudadana fueron “acogidos con beneplácito”, fórmula diplomática que no es lo mismo a “aprobar”; y la cooperación entre países recibió el verbo más blando de todos: “invitar”. En diplomacia, la diferencia no es semántica y puede ser la diferencia entre una obligación y una sugerencia. 

Acceso a la justicia ambiental: nuevos reconocimientos para defensores y el público

La Decisión sobre acceso a la justicia incorporó dos cambios relevantes durante las negociaciones de esta COP4. El primero es el reconocimiento explícito de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El segundo cambio es que el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre acceso a la justicia ambiental estará formalmente integrado por una de las personas representantes electas del público. Esto garantiza una voz directa dentro del propio grupo, que tiene el mandato de elaborar lineamientos y un relevamiento de buenas prácticas para la siguiente COP.

Primeros avances concretos para proteger a quienes defienden el ambiente

El Acuerdo de Escazú, ha priorizado desde su primera Conferencia de las Partes la protección de quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El pilar de defensoras y defensores es el de mayor avance en la implementación del tratado: desde la COP1 se constituyó un grupo de trabajo ad hoc para el artículo 9, y en la COP3 se aprobó un Plan de Acción específico. Por su parte, en la COP4, las Partes y el público conocieron los primeros avances concretos de ese plan, lo que marca el tránsito de la planificación a la ejecución.

Entre las actividades reportadas se destacan tres: el desarrollo del programa de implementación con su proceso de consulta; la realización del Foro Regional de Defensoras y Defensores, orientado a fortalecer las capacidades de las Partes y del público; y el inicio de la primera actividad del eje de conocimiento: la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este diagnóstico deberá documentar, como mínimo: el número de víctimas y tipos de vulneraciones registradas; los instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales vinculados a la prevención, protección y sanción; y las prácticas existentes, incluyendo experiencias comunitarias y estrategias de autoprotección.

La recolección de datos se extenderá hasta agosto de 2026 a través de un mecanismo participativo La elaboración del informe está prevista entre agosto y diciembre de 2026, y su publicación y difusión se realizará en el marco del Foro Regional de 2027. Este proceso es el primer levantamiento sistemático de datos sobre vulneraciones a defensores ambientales en el marco vinculante de Escazú, y sus resultados informarán directamente las políticas y lineamientos que adopten las Partes en la COP5.

El Comité de Cumplimiento y el mecanismo de respuesta rápida

Uno de los avances es la formalización del mecanismo de respuesta rápida del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Este mecanismo permite al Comité adoptar medidas urgentes, como priorizar casos, convocar sesiones extraordinarias, proteger la identidad de quienes presentan comunicaciones y recomendar al Estado interesado medidas de protección inmediata, cuando se detecten situaciones de riesgo frente a ataques, amenazas o intimidaciones a miembros del público. 

Pueblos indígenas: deuda pendiente y demandas concretas

Desde COICA, el balance es claro: persisten limitaciones estructurales que impiden una participación indígena plena y efectiva. Varias de las propuestas impulsadas por los pueblos indígenas amazónicos no fueron incorporadas en los proyectos de decisión, lo que evidencia que los mecanismos actuales de gobernanza aún resultan insuficientes para responder a sus realidades y necesidades. A ello se suman barreras concretas: la brecha digital, las limitaciones lingüísticas, el acceso desigual a información pública y la ausencia de mecanismos culturalmente adecuados para participar en igualdad de condiciones.

COICA también ha señalado la limitada incorporación de enfoques interculturales en la implementación del Plan de Acción sobre personas defensoras y la falta de reconocimiento de los sistemas propios de protección territorial y autoprotección indígena. Por ello,consideran prioritario que las próximas COP adopten medidas concretas: la creación de un Grupo de Trabajo Permanente sobre Cuestiones Indígenas; el reconocimiento formal de un Caucus Indígena con apoyo técnico y financiero; una Relatoría sobre Pueblos Indígenas que haga seguimiento a la situación de defensoras y defensores; y la garantía de al menos un representante indígena dentro de los mecanismos de representación del público. Los pueblos indígenas no deben ser considerados únicamente actores consultivos, sino sujetos colectivos de derechos y socios estratégicos fundamentales para la protección de la Amazonía y los derechos humanos ambientales en la región.

Colombia tomó la palabra para solicitar que la Secretaría tomara nota de la necesidad de abrir espacios de discusión sobre cuestiones indígenas y comunidades locales, a fin de hacer una revisión informada en la siguiente COP, considerando el contexto crítico que enfrentan los pueblos indígenas en la protección de sus territorios. Esta señal quedó registrada en el reporte de la COP. 

Hojas de ruta nacionales: más países, pero con retrocesos que preocupan

Nueve países han publicado planes y hojas de ruta para la implementación nacional. Valoramos que Belice se incorporó a esta lista en el texto final. No obstante, el mecanismo de seguimiento previsto se redujo de un sistema integral de verificación a un modelo de informe de alcance más limitado.

Según Cristian Fernández de FARN, el proceso de construcción de la hoja de ruta argentina fue complejo: si bien es positivo que el país haya trazado acciones concretas, la instancia de buzones electrónicos no puede suplantar instancias de diálogo presenciales. Esta lección es extrapolable a toda la región: las hojas de ruta deben construirse con participación ciudadana robusta, antes y durante el proceso.

Pero más allá de los déficits de proceso, lo que preocupa en Argentina es lo que ocurre en la práctica. Como advierte FARN, desde la COP3 los cambios han sido regresivos. El Decreto 780/2024 restringió el derecho de acceso a la información pública, ampliando de manera discrecional las facultades de los funcionarios para decidir qué se informa e invirtiendo el sistema de obligaciones establecido en la ley. El Observatorio ambiental y climático para la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina —a partir de un informe de Proyecto Meulen, iniciativa radicada en la FCJS-UNL— ha documentado regresiones que incluyen la desaparición del Ministerio de Ambiente, la eliminación del Fondo de Bosques Nativos, la derogación de herramientas para energías renovables y modificaciones legales que habilitan reemplazar audiencias públicas por otros mecanismos, entre otros retrocesos. Si bien Argentina cuenta con instrumentos formales, estos retrocesos la ubican en un escenario preocupante frente a sus compromisos.

Registros de contaminantes e informes técnicos: evidencia para la acción

Se aprobó la creación de un grupo técnico de expertos para desarrollar lineamientos regionales sobre Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC): el grupo incorporó formalmente la participación de representantes electos del público, garantizando que las comunidades tengan voz directa en la definición de estos lineamientos. Este avance, junto con la incorporación del representante del público en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia, es resultado de la incidencia sostenida del público en las negociaciones, en articulación con los representantes electos del público, la Red Regional Escazú Ahora y CANLA.

El informe técnico presentado en la COP4 revela un panorama regional heterogéneo: solo Chile y México cuentan con sistemas RETC plenamente operativos, mientras la mayoría de países se encuentra en etapas iniciales. Al mismo tiempo, los países con hojas de ruta nacionales han incorporado los RETC como acción prioritaria, lo que evidencia el efecto catalizador del Acuerdo.

Desde FIMA, Constanza Dougnac subraya su importancia estratégica: los RETC permiten a las comunidades conocer qué contaminantes se emiten en sus territorios y quiénes son los responsables, reduciendo asimetrías de información y fortaleciendo la participación pública. En territorios altamente expuestos a contaminación o vulnerables frente a la crisis climática, esta información es fundamental. Por ello, señala FIMA, los RETC deben fortalecerse e implementarse bajo estándares de transparencia, actualización y acceso público.

Cambio climático y sinergias: una articulación urgente

Desde FIMA, Constanza Dougnac considera que los procesos climáticos como las NDC deben considerar los estándares de Escazú para asegurar transparencia, participación y rendición de cuentas. El principio de no regresión no puede quedar fuera de los compromisos climáticos. No avanzar en esta dirección implica el riesgo de impulsar acciones que profundicen desigualdades en lugar de abordarlas. La propia CIDH ha señalado que el cambio climático actúa como multiplicador de amenazas que exacerba desigualdades estructurales —un riesgo especialmente crítico para América Latina y el Caribe, región altamente vulnerable pese a su baja contribución histórica a las emisiones globales.

Sin embargo, la COP4 sí aprobó dos disposiciones que avanzan en esa dirección. La Decisión IV/10 invita a las Partes a promover sinergias y alianzas entre Escazú y otros foros multilaterales sobre medio ambiente, y encomienda a la Secretaría reforzar la cooperación con organismos del sistema de Naciones Unidas. Por su parte, el Comité de Cumplimiento quedó habilitado para establecer diálogos y consultas con otros acuerdos e instituciones multilaterales. Juntas, estas dos decisiones habilitan a toda la arquitectura institucional del Acuerdo para avanzar en la articulación entre Escazú, la agenda climática y los estándares interamericanos de derechos humanos.

Hacia la COP5: tareas urgentes

Las decisiones adoptadas en la COP4 marcan la agenda hasta la COP5, la puesta en marcha del grupo de trabajo sobre acceso a la justicia, el grupo técnico sobre RETC, la elaboración de un modelo de seguimiento de las hojas de ruta que incorpore voces independientes del público, y el inicio de una conversación estructurada sobre la participación de los pueblos indígenas en la gobernanza del Acuerdo.

Valoramos además que una de las decisiones adoptadas establezca que la Mesa Directiva deberá anunciar con al menos seis meses de anticipación el país anfitrión de la siguiente COP. La participación informada y preparada no es un detalle logístico: es una condición para que la democracia ambiental que el Acuerdo promete sea real.

Más de 15 millones de colombianos viven bajo la línea de pobreza monetaria. Más de 15 millones. No es una estadística fría; es la dimensión de un fracaso nacional. En Colombia se considera pobre a quien sobrevive con menos de 460 mil pesos mensuales. Esa cifra revela algo devastador: millones de personas viven permanentemente al borde del abismo.

Por eso el crecimiento económico no es un lujo tecnocrático ni una obsesión de empresarios. Es una necesidad moral. Sin crecimiento no hay igualdad sostenible. Sin crecimiento no hay desarrollo. Sin crecimiento no hay manera real de sacar a los más pobres adelante.

Hay una tragedia recurrente en la historia y en la literatura: hombres que, intentando construir un mundo más justo, terminan destruyendo las bases que sostenían aquello que querían proteger. No ocurre por maldad, sino por soberbia. Por creer que la realidad económica puede doblegarse únicamente con voluntad política, discursos morales o consignas ideológicas.

Ahí reside una de las grandes frustraciones del gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno que llegó prometiendo justicia social terminó entregando uno de los crecimientos económicos más débiles de las últimas décadas. El promedio de crecimiento durante sus primeros años de gobierno apenas rondó el 1,7 % anual, por debajo incluso del gobierno de Iván Duque, que tuvo que enfrentar la peor pandemia en un siglo. Incluso con el golpe histórico del Covid-19 y la contracción brutal de 2020, la economía durante el período de Duque terminó creciendo en promedio más que bajo Petro.

Ese dato debería producir una reflexión profunda en toda la izquierda latinoamericana. Porque un gobierno puede tener las mejores intenciones redistributivas, pero si destruye confianza, enfría la inversión y paraliza la economía, termina perjudicando precisamente a quienes prometía defender.

La inversión privada no nace de discursos morales ni de consignas políticas. Nace de expectativas de estabilidad, confianza y rentabilidad. Los empresarios invierten cuando creen que el futuro será mejor, cuando sienten que vale la pena arriesgar capital, abrir empresas y contratar trabajadores. Un gobierno que convierte permanentemente al empresario en sospechoso, explotador o enemigo social termina debilitando los incentivos mismos que permiten crear riqueza y empleo.

No se trata de defender privilegios. Se trata de entender cómo funcionan las economías reales.

Mientras tanto, el gasto público sigue creciendo. El déficit fiscal alcanza niveles preocupantes y la deuda se vuelve más costosa. Colombia pasó de financiarse con relativa comodidad ante organismos multilaterales a endeudarse a tasas mucho más altas en mercados privados. El economista Salomón Kalmanovitz ha señalado la contradicción de un gobierno que denuncia al Fondo Monetario Internacional como símbolo del capitalismo global, pero termina recurriendo a prestamistas privados mucho más caros. Es como rechazar un salvavidas por considerarlo ideológico y lanzarse, por orgullo, hacia aguas todavía más profundas.

Y el problema de fondo es que el crecimiento del gasto no se está traduciendo en una transformación estructural de la productividad nacional.

Porque los subsidios, aunque necesarios en emergencias, no reemplazan el desarrollo. Son un alivio temporal, no una solución histórica. Muchas veces terminan convertidos en herramientas clientelistas: pequeñas transferencias que ayudan a sobrevivir, pero no a progresar. Paños de agua tibia frente a heridas sociales gigantescas.

La frase de Claudia Sheinbaum —“por el bien de todos, primero los pobres”— tiene sentido precisamente porque reconoce que el centro de cualquier proyecto nacional debe ser la dignidad de quienes menos tienen. Pero poner primero a los pobres no significa conformarse con administrar pobreza. Significa crear las condiciones para que millones de personas dejen de ser pobres.

Y eso solo ocurre cuando una economía crece de manera sostenida, aumenta productividad, genera empleo formal y abre oportunidades reales de movilidad social.

La tragedia colombiana es que el país sí tiene potencial. Turismo, agroindustria, energías renovables, servicios tecnológicos y exportaciones podrían convertirse en motores de desarrollo durante las próximas décadas. La baja natalidad incluso podría aliviar presiones sociales futuras. Hay razones para pensar que Colombia puede mejorar.

Pero para quienes hoy viven en pobreza, esperar veinte años no es una teoría económica. Es una condena.

Algunos estimamos que, con el mediocre crecimiento económico de la última década, a Colombia podrían costarle otras dos décadas sacar a esos 15 millones de personas de la pobreza. Y eso debería avergonzarnos profundamente. Porque no estamos hablando de estadísticas ni de modelos macroeconómicos: estamos hablando de tolerar el hambre, la frustración y el estancamiento de casi un tercio de nuestra población por una mezcla de dogmatismo, falta de inteligencia y ausencia de sentido común.

Cada año de bajo crecimiento significa millones de vidas atrapadas en el rebusque, en la informalidad y en la desesperanza. Significa jóvenes sin horizonte claro. Significa niños creciendo en hogares donde incluso la comida diaria es incierta y donde el progreso siempre parece pertenecerle a otros.

Colombia no necesita aprender a repartir mejor la escasez; necesita volver a encender los motores de la prosperidad. Porque una nación que deja de crecer es como un barco que pierde viento en medio de la tormenta: los primeros en hundirse nunca son los que viajan en la cubierta más alta.

Por eso un verdadero progresismo no debería medir su éxito por el tamaño de los subsidios ni por la intensidad de sus discursos ideológicos. Debería medirlo por algo mucho más simple y mucho más difícil: cuántas personas lograron salir realmente de la pobreza gracias a una economía dinámica, moderna y capaz de generar prosperidad.

Porque al final, ninguna sociedad puede repartir de manera sostenible la riqueza que es incapaz de crear.

1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

Leer más | Bolivia: la ley de tierras del gobierno de Paz detona un nuevo conflicto con ambientalistas, pueblos indígenas y campesinos

En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

Leer más | Ecuador: minería ilegal y grupos armados desplazan a cientos de indígenas chachi en la costa norte

David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

Leer más | Los pendientes con el Acuerdo de Escazú en Colombia: protección a defensores, impunidad y acceso a la información | Informe

Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023  Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

Leer más | México: comunidades lograron un fallo que ordena descontaminar los ríos de la cuenca La Antigua y ahora luchan por restaurarlos

Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

*Imagen principal: En la localidad Palmor, en el Caribe de Colombia, existe una pequeña hidroeléctrica que brinda energía a toda la población. Foto: cortesía Transforma.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Antes de tomar la cámara fotográfica, Cristina Goettsch Mittermeier ya tenía una conexión con el mar. Los veranos en las playas de Tampico, Tamaulipas, en el Golfo de México, y la fuerza de las olas marcaron esa fascinación por el océano. Al mismo tiempo recuerda desde entonces cómo su madre cargaba con gasolina para limpiarle los pies del chapopote —restos de hidrocarburos— que ya desde entonces existía en las costas.

Su conexión con el mar ahora es más fuerte. Su trabajo como fotógrafa de conservación ha sido reconocido en el mundo por documentar la riqueza de los océanos, así como la vida que habita en ellos y los riesgos cada vez mayores que enfrentan.

Cofundadora de la fundación SeaLegacy, Mittermeier ha documentado por décadas las transformaciones y los impactos que ocurren en los mares: arrecifes degradados, costas contaminadas, especies al borde de la extinción. Pero también ha mostrado historias de resistencia para proteger y conservar la vida marina.

A solo unas semanas del recientes derrame petrolero en las costas del Golfo de México, cuyos remanentes llegaron por semanas a las costas de la región, en medio de las amenazas que representan los proyectos de gas para los ecosistemas marinos y la autorización del gobierno de Donald Trump para que las petroleras estadounidenses hagan nuevas perforaciones en aguas profundas, poniendo en riesgo a especies protegidas, Mittermeier charla con Mongabay Latam y reflexiona sobre el momento que viven los mares mexicanos y las oportunidades reales para protegerlos.

Leer más | Crisis en el Golfo de México: científicos revelan nueva evidencia sobre el derrame de petróleo

—¿Qué fragilidad y al mismo tiempo qué resistencias encuentra en los mares de México?

—Tuve la fortuna de estudiar Ingeniería Bioquímica y Recursos Marinos en el TEC de Monterrey, en Guaymas, Sonora, y aunque yo me imaginé que iba a ir a estudiar ballenas y tiburones y toda esta megafauna, en realidad lo que estudié fue el mar a través de un microscopio.

Una de las primeras cosas que aprendes es que la diversidad del océano existe a nivel microscópico en el plancton y es el fitoplancton el que proporciona la mitad del oxígeno. Por esa simple razón deberíamos cuidar esta fragilidad porque nadie puede vivir con solo la mitad del oxígeno.

Lo que estamos haciendo en el mar son dos cosas gravísimas. La primera es la extracción de biomasa a nivel industrial. La cacería industrial de vida marina silvestre es un error gravísimo porque no entendemos todavía la función de la biomasa marina en el ciclo de carbono del planeta, son lo que lo mantiene vivo.

El segundo problema es que hemos utilizado el mar como un vertedero de basura y no son solo plásticos. Son químicos, petroquímicos, hidrocarburos, sustancias súper tóxicas que están matando el mar.

Leer más | Derrames impunes: imágenes satelitales revelan seis años de derrames de petróleo no reportados por las empresas en el Golfo de México

—¿Considera que ha cambiado la percepción sobre la conservación desde que empezó a estudiar el mar?

—La percepción de la gente ha cambiado muchísimo. Cuando comenzamos, cuando creamos SeaLegacy, que es la organización que mi esposo y yo creamos, lo que queríamos era enfocar más atención a los temas marinos. Apenas si se hablaba del mar, aunque es el ecosistema más grande y el que define la vida sobre la tierra.

Seguimos muy rezagados en términos de inversión de los gobiernos, de las corporaciones para crear economías azules que dependan de un mar vivo. Estoy hablando de billones de dólares que todavía nos faltan para realizar esa ambición. 80 billones de dólares al año.

—¿En qué contexto nace SeaLegacy y cuál es el aporte que ha tenido y que que destacaría?

—Al final de la Segunda Guerra Mundial, la gente que no tenía experiencia en espionaje ni en cuestiones militares se sumó al esfuerzo para tratar de ganar la guerra. Les decían los amateurs gloriosos. Fue lo que hicimos mi esposo y yo. Sin tener dinero, sin tener respaldo organizacional dijimos: «Vamos a hacer fotografías y hablar del mar, usar nuestras cuentas de medios sociales».

Las derrotas son todos los días. La última es el gobierno de Donald Trump declarando que ya no va a haber protecciones para las especies en peligro en el Golfo de México para poder seguir extrayendo petróleo. Vamos a presenciar la extinción de la ballena de Rice (Balaenoptera ricei), una verdadera pena del lado del Golfo de México, la extinción de la vaquita [marina] (Phocoena sinus) en el Golfo de California. Estas son vergüenzas internacionales para México.

Pero anécdotas de lo que ganamos es lo más importante que podemos hacer y es importante orientarse a esas victorias. SeaLegacy pudo participar como parte de un consorcio internacional muy grande para ganar la creación de la primera red de áreas marinas protegidas interconectadas en el Pacífico Oriental entre Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Se creó esta red muy grande de áreas marinas protegidas para permitir que las especies como tiburones, ballenas, tortugas puedan transitar en sus pasajes de migración sin ser hostigadas por la pesca industrial y eso fue un logro importantísimo.

Leer más | Así disminuyen las especies de ballenas y delfines en el Golfo de California

—Recientemente habló sobre el imperialismo ecológico. ¿Cómo lo describiría?

—Escuché acerca de esta planta desalinizadora que está promoviendo Arizona porque les falta agua en el sureste de los Estados Unidos. Entonces la idea es: «Vamos a sacar agua del mar del Golfo de California, desalinizar y llevarnos el agua dulce a los Estados Unidos», pero a México se le queda toda la salmuera que es tóxica.

Ese imperialismo de pensar «nosotros nos llevamos todos los beneficios» y México se queda con el mugrero, a mí se me hace ofensiva. Te das cuenta de que México no es el único país, hay muchos países donde los grandes imperios occidentales tiran su mugrero y se llevan la riqueza.

—¿Cómo percibe estas decisiones en la situación que vive el Golfo de México?

—Me gustaría decirle a la presidenta [Claudia] Sheinbaum que nuestras ballenas de Rice son mexicanas y merecedoras de la protección del gobierno de México. Pero lo que más creo que tiene importancia a nivel macro es esta carrera de los hidrocarburos. México no controla el precio de los hidrocarburos. Estamos a merced de lo que digan otros gobiernos. Por esa razón solamente México debería estar transicionando a energías renovables en las que nosotros controlamos el precio y nosotros nos quedamos con el beneficio.

México tiene una oportunidad muy grande porque gozamos con recursos renovables gloriosos, recursos solares, eólicos que podrían posicionar a México como una poderosa potencia de energía sostenible.

—¿Qué riquezas todavía tiene el Golfo de México y por qué es importante defenderlas?

—Una de las fallas que cometemos es esa idea de que el Golfo ya está echado a perder y que por eso no vale la pena hacer nada. Nada podría estar más lejos de la verdad. El Golfo de México tiene unas costas que todavía tienen áreas de biodiversidad increíblemente importantes. No solo los manglares y las lagunas costeras, sino también arrecifes de coral.

Precisamente porque ha estado abandonado durante tanto tiempo, desde el punto de vista científico sabemos muy poco sobre lo que hay. La capacidad global del petróleo está a punto de empezar a disminuir y los países que no transicionen hoy se van a quedar atrás.

Leer más | Ballenas o gas: el megaproyecto que amenaza a la biodiversidad del Golfo de California

—¿Y qué amenazas observa para el Golfo de California?

—El Proyecto Saguaro y el Proyecto Amigo, dos proyectos de gas natural licuado. Son hidrocarburos texanos que no le pertenecen a México y que aunque se vendan no vamos a ganar ni un peso de eso. Lo único que le queda a México es el mugrero y el potencial de un derrame, pero también la destrucción del Golfo de California de convertirse en un corredor industrial.

Tenemos la diversidad de cetáceos más grande del mundo, 43 especies de mamíferos marinos, entre ellas la ballena azul, que es el animal más grande que ha vivido sobre la tierra. Y aunque vayamos a presenciar la extinción de la ballena Rice en el Golfo de México y la vaquita marina en el Golfo de California, todavía tenemos oportunidad de salvar a las ballenas azules que en el Golfo de California y en el Pacífico Oriental mexicano tienen una de sus poblaciones más importantes en el planeta.

Todo eso lo vamos a poner en peligro para hacer un corredor industrial. ¿Qué se va a acabar? El trabajo para los pescadores artesanales de Puerto Libertad, que ya están preocupados de que se industrialice la zona donde ellos viven.

Pensar en los mares de México es pensar en las generaciones futuras de mexicanos y no en la monetización de nuestros recursos irreemplazables.

Leer más | “El buceo te recuerda cómo quieres vivir la vida fuera del océano” | ENTREVISTA

—¿Cómo impulsar la idea de que la naturaleza no está aislada de nosotros?

—Hay una propuesta que a mí me gusta mucho, que yo ayudé a ponerle el nombre, que es la Reserva de la Biósfera de Dos Mares en Baja California Sur, que es la entrada del Golfo de California. Una reserva de la biósfera permite que se lleven a cabo actividades sostenibles, por ejemplo, la pesca artesanal.

Y son los pescadores artesanales, los ribereños mismos, los que piden la creación de esta reserva de la biosfera porque ven su modo de vida amenazado. Son más de 25 000 pescadores y sus familias que dependen de los recursos del Golfo de California. Y es la pesca industrial la que amenaza este modo de vida, la proliferación de cruceros y de turismo desenfrenado, y ahora la industrialización de estos buques. La gasificación.

—¿Todavía estamos a tiempo de fomentar esta conexión con la sociedad a través de, por ejemplo, la fotografía?

—Hay un peligro enorme en rendirnos a estos procesos. Yo como acto de resistencia creo que tenemos la oportunidad de reorientarnos hacia donde todavía hay esperanza.

Y la esperanza siempre existe en las soluciones. Entonces ahí es donde tenemos que enfocar nuestras narrativas e invitar a otra gente a que se sume.

Yo me imagino y me gustaría vivir en un planeta donde el Golfo de California está vivo, donde el Golfo de México está protegido y donde México fuera el primer país que depende totalmente de energía verde.

—¿Qué señales de esperanza ve?

—En semanas como esta donde lees la catástrofe que está pasando el Golfo de México y donde te das cuenta de que siempre hay intereses personales que empujan este tipo de proyectos me da una tristeza enorme, pero siento que hay esperanza en la resistencia, en saber que no somos sólo tú y yo los que estamos preocupados.

En el caso del Proyecto Saguaro y el Proyecto Amigo en el Golfo de California se han sumado más de 40 organizaciones, muchas de ellas internacionales, pero la mayoría mexicanas, para oponerse y para levantar la voz y decir «no podemos hacer aquí lo que hicimos del otro lado».

Creo que hay esperanza en las compañías y en las corporaciones que sí se pueden imaginar un futuro más sostenible.

—¿Planea volver a trabajar en México?

—Llevo más de 30 años fuera de México y es uno de los dolores más grandes de mi vida.

Ahora quiero que se sepa que renuncié a mi ciudadanía americana, que yo no me puedo suscribir a lo que está haciendo este gobierno contra los mexicanos y que yo no quiero que ni un peso de mis impuestos vaya para eso. Me regreso a vivir a México.

Le diría a la Presidenta que la mejor manera de establecer la soberanía de México es protegiendo los mares que son una joya para el mundo, no solo para nosotros, sino también para las especies con las que compartimos el mar. Esta presidenta puede hacerlo.

Tenemos mucho trabajo por delante y eso le toca a Claudia Sheinbaum. Que sepa la Presidenta que la apoyamos en esa ambición, no en las contradicciones.

*Imagen principal: una ballena en aguas de México. Foto: cortesía Cristina Mittermeier.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En medio de una crisis en torno al combustible a nivel mundial por guerras y conflictos y ante una dependencia global por el petróleo, el gas y el carbón, representantes de 45 países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para pensar cómo abandonar los fósiles de forma justa y basada en evidencia.

Se trata de la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles que se realizará entre el 24 y el 29 de abril, cuando se reunirán por un lado ministros, representantes de gobiernos y portavoces, pero también académicos, organizaciones civiles, comunidades y sectores privados.

Ambientalistas, organizaciones civiles, autoridades y especialistas que acudirán a este encuentro cuentan a Mongabay Latam las expectativas y los retos de esta iniciativa para empezar a imaginar una vida sin combustibles fósiles, presentes en la vida diaria, desde la ropa y el plástico, hasta el transporte, la electricidad y la calefacción.

Leer más | La COP30 dejó un gran sinsabor y no logró avanzar en la transición de los combustibles fósiles

Santa Marta, un encuentro de alternativas, pero sin obligaciones

Si bien el encuentro en Santa Marta se inició tras un fallido intento por generar una ruta de salida a los combustibles fósiles en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), no es un espacio de negociación formal, sino un foro para abordar alternativas entre países que buscan dejar atrás la dependencia a los hidrocarburos.

“Esta conferencia no va a intentar convencer a nadie. Estamos convencidos de que es urgente realizar acciones de transformación para disminuir esa dependencia y la eliminación de esos combustibles”, dice Luz Dary Carmona, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia al explicar uno de los tres pilares que sostienen al encuentro.

Los otros soportes del foro se centran en transformar la oferta y la demanda de los combustibles, mediante el cierre gradual e incentivos para energías renovables, así como en soluciones que aceleren la transición energética justa mediante la cooperación entre países.

Leer más | El lobby de los combustibles fósiles y la agroindustria fue uno de los ganadores de la cumbre por el clima en la COP30

Aunque los resultados en Santa Marta buscarán complementar las negociaciones climáticas de la COP, estos no son obligatorios para los países que acuden al encuentro.

“Desgraciadamente no será nada vinculante porque en el marco del Acuerdo de París los procesos son nacionalmente determinados, así que los criterios pueden ser globales, la identificación de barreras y de palancas para la transición se estima que será global, pero nadie puede obligar a los Estados a hacer nada”, explica Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatório do Clima.

El especialista sostiene que por este motivo, las alianzas que se puedan tejer en Santa Marta serán clave para acciones futuras.

Leer más | Lobistas del petróleo y el agronegocio permean la COP30 para imponer sus agendas en la discusión climática

Justicia, un principio ausente en la conversación

Entre el 24 y el 27 de abril, el encuentro abrirá espacios de diálogo para la academia, sociedad civil, comunidades y sector privado, entre otros, con el objetivo de identificar vías que permitan una transición justa.

Para Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, hay un reto en este segmento del foro para escuchar las alternativas que las comunidades buscan expresar.

“A estas poblaciones que han sido marginalizadas e invisibilizadas en escenarios de diálogo son justamente a las que hay que escuchar para garantizar estos ejercicios de inclusión en los procesos de abandono de los combustibles fósiles”, comenta el especialista.

Además, agrega que se deben elaborar mecanismos de seguimiento a las participaciones de las comunidades y que permitan no solo diálogo, sino también una fiscalización ciudadana de los resultados.

“En esta conferencia debe quedar una hoja de ruta de qué se quiere alcanzar y para ello debe haber no solamente compromisos, sino también un ejercicio de control y seguimiento de las comunidades a sus respectivos gobiernos”, comenta a Mongabay Latam.

En tanto, Sara Larraín, ambientalista y directora de la Fundación Chile Sustentable, organización que también acudirá al encuentro, sostiene que para abordar una transición energética justa debe haber un reconocimiento de los costos desiguales e impactos que enfrentan territorios y países.

“Va a ser un excelente ejercicio ver el abandono de combustibles fósiles con un componente de equidad”, advierte la especialista y agrega: “Si no logramos, con los temas de adaptación, generar acciones bottom up [de abajo hacia arriba] desde los territorios potencialmente afectados, no vamos a avanzar a nivel de las élites negociadoras”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Además, Larraín considera que debe haber un mayor acercamiento de las tecnologías renovables a los sectores más vulnerables para que exista un empoderamiento y acercamiento directo con la transición energética justa.

“El hecho de tener un panel solar en tu techo te hace más cercano al sector. Tienes que buscar, entender e informarte. Es un beneficio enorme porque hasta ahora la energía eléctrica funciona como un servicio que aparece como magia, cuando hay una cadena de producción detrás invisibilizada y desconectada entre sí”, sostiene.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Ambiente, se espera que en Santa Marta participen cerca de 2800 personas de organizaciones, movimientos sociales, ambientalistas, así como comunidades y poblaciones indígenas.

Leer más | Colombia: el nuevo Congreso llega con el desafío de legislar sobre defensores, deforestación, energía y crisis climática

El papel de gobiernos y privados, una incertidumbre

Para ir más allá de los discursos para abandonar los combustibles fósiles, otro reto será el nivel de participación de los gobiernos y sectores privados, de acuerdo con Lorena Caballero López, directora técnica del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

La especialista considera que, hasta ahora, no hay información detallada del nivel de participación que tendrán los países en sectores clave, más allá del ambiental.

“No es lo mismo que acudan solamente autoridades ambientales a representantes de otras áreas que son vitales, con la parte financiera y la energética”, señala Caballero.

Además, comenta que será clave conocer cómo cumplir las acciones nacionalmente determinadas. “La expectativa es que vayamos con rutas y acciones tangibles, ya todos tenemos una serie de acuerdos firmados. La idea es llegar con los cómo”, advierte.

Caballero destaca que la participación de países de la región con economías intensivas de carbono jugarán un papel importante en el encuentro para ofrecer alternativas.

“Tenemos una región que en su mayoría sigue siendo de economías intensivas en carbono. Recibimos mucho más ingresos de ese tipo de actividades y destinamos mucho más a seguirlas financiando. El hecho de que la participación pueda ser importante va a ser un gran éxito de entrada”, adelanta.

*Imagen principal: organizaciones protestan dentro de la COP30, en noviembre de 2025, por la presencia de lobistas de los combustibles fósiles. Foto: cortesía © UN Climate Change/Kiara Worth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Conmovido, como corresponde a un presidente que ejerce la obligación de representar el sentimiento de propios y extraños ante la desaparición de una figura pública, Emmanuel Macron asistió a la ceremonia que, en la Esplanada de Los Inválidos, tuvo lugar en homenaje póstumo a Lionel Jospin.

Como si el presidente Macron hubiera vuelto a sus raíces, ya que fue militante del Partido Socialista Francés antes de organizar su propio partido, y en todo caso como intérprete de los sentimientos de la militancia antigua y nueva de ese partido, dio lectura emocionada a un discurso conmovedor que repasó la trayectoria de Jospin y subrayó las características principales de su legado.

Con sorprendente familiaridad, Macron recordó la condición calvinista de Jospin, su exquisita formación, su temprana militancia en el Partido Socialista, las tareas cumplidas en el entorno inmediato de Francois Mitterrand, su participación en congresos definitivos del proyecto socialista, los ministerios que ocupó en el gobierno Rocard, la jefatura del partido, su actuación como miembro del Consejo Constitucional, su jefatura del gobierno en cohabitación, sus candidaturas presidenciales y su retiro en dignidad de la vida pública.

El protagonismo propio de Jospin vino a ser realidad luego de la desaparición de su maestro Francois Mitterrand. Como era previsible, 14 años de omnipresencia de un presidente socialista, elegido según la constitución gaullista dos veces seguidas para períodos de siete años, habían llevado el péndulo en una dirección que tenía que cambiar. En ese orden de ideas, la previsible derrota socialista de 1993 debía conducir a una profunda reflexión sobre el futuro del partido.

Lionel Jospin estuvo al frente de una travesía por el desierto durante la cual su partido tenía que reflexionar sobre los éxitos y las equivocaciones de la era Mitterrand, para salir a proponer cosas nuevas y pertinentes, con la mirada puesta en el remate del siglo y el comienzo de un nuevo milenio. Ese fue el origen de las propuestas de la “Izquierda Plural”, libre de dogmas derrotados por la experiencia, como aquel de la indispensable supremacía del Estado en la administración de la mayor cantidad de emprendimientos de significación para los ciudadanos.

En esa izquierda plural, menos ortodoxa y más amplia, vinieron a caber miembros del desfalleciente partido comunista lo mismo que del naciente de los verdes, engrosado con los que pasaron de rojo a verde. Prueba de la pertinencia de esa transición programática vino a ser el triunfo de retorno de la izquierda democrática con Jospin como portaestandarte, para protagonizar la cohabitación más larga de la Quinta República.

A lo largo de esa cohabitación, prolongada y estable, el presidente Chirac se ocupó exclusivamente de los asuntos de defensa y relaciones exteriores, mientras el primer ministro fue un verdadero jefe de gobierno. Así se pudo abrir paso el mandato programático de la nueva versión de la izquierda, que con Jospin a la cabeza introdujo reformas como la reducción de la jornada laboral, para reducir el desempleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la cobertura en salud para ciudadanos de menores recursos económicos comprobados, y el famoso PACS, Pacto Civil de Solidaridad, destinado a formalizar la unión de personas del mismo sexo, aprovechado más tarde por no homosexuales en busca de formalización de su vínculo como sucedáneo del matrimonio.

Se dice en Francia que Jospin privatizó más empresas públicas que los gobiernos de la derecha. En la lista figuran entre otras Air France, Thomson Multimédia, AGF, Credit Lyonnais, France Telecom y Aérospatiale-Matra. También figuran rebajas de impuestos que serían más bien propias de gobiernos de derecha tradicional.

El sello de esa nueva izquierda no llevaba ya la marca del culto al Estado como el gran emprendedor y gerente de asuntos que podían estar en manos del sector privado. De manera que ya no se le concebía como garante a ultranza de beneficios para quienes no tuviesen voluntad o vocación de abrirse paso dentro del modo de producción capitalista, contagiados por el virus retrógrado de un peronismo a la francesa.

Semejante ruptura pragmática con los postulados estatistas que en su momento fueran paradigma romántico del Partido Socialista, no salió necesariamente de la traición a sus propias tradiciones o de una claudicación blandengue ante el empuje de otros partidos. Más bien salió del choque con la realidad a la hora del ejercicio del poder y de reacciones frente a los beneficios el Estado, no siempre con el espíritu constructivo esperado sino con el ánimo de vivir sabroso a costa del esfuerzo de otros, que si se sumaran a la misma causa producirían la ruina generalizada, como predijo el ideólogo socialista Jacques Attali, asesor inmediato de Mitterrand y tal vez la persona más sensata, ecuánime y realista de la izquierda democrática europea.

Sin desmontar el Estado de Bienestar en su versión original, los postulados del Partido Socialista comenzaron desde entonces a cambiar para dejarlo como protagonista de la atención de las “urgencias sociales” y la defensa del poder adquisitivo de los ciudadanos, comprometido con una “justicia fiscal” que exija contribuciones de solidaridad a los más poderosos de manera que sea posible financiar servicios como la salud y la educación, además de atender la causa de la defensa del ambiente y la transición hacia energías renovables.

Lionel Jospin recibió el bautismo de fuego de la derrota en su primer intento como candidato a la presidencia, cuando en las elecciones de 1995 obtuvo el primer lugar en la primera vuelta frente a una derecha dividida entre Chirac y Édouard Balladur, pero en la segunda vuelta perdió por estrecho margen. No obstante, su fortaleza política aumentó de manera que tan pronto como en 1997 su partido se impuso en las parlamentarias, de donde salió su obligación política de formar un gobierno en cohabitación con el propio Chirac.

En las elecciones de 2002 fue por segunda vez candidato presidencial. Como primer ministro en ejercicio, tuvo que afrontar críticas por su gestión cuando la discusión se centró en los problemas de la delincuencia creciente, y fue atacado por gente de su propio partido por su favorecimiento del libre mercado, de manera que tuvo que afrontar la competencia de candidatos socialistas radicales que le quitaron porciones del electorado, al punto que no alcanzó a clasificar para la segunda vuelta.

Ya se sabe que, ante la alternativa de elegir entre la continuación del desgastado Jacques Chirac y la entronización del campeón de la extrema derecha, Jean Marie Le Pen, los propios socialistas, como el resto de la izquierda, se vieron políticamente obligados a votar por Chirac, que obtuvo por esa vía, y contra todo pronóstico, un segundo mandato presidencial.

Sacado del juego en virtud de esa peculiar situación política, a las puertas de la presidencia, Lionel Jospin reconoció su derrota y se retiró de inmediato de la vida pública, en gesto y con actitud ejemplares de político de talla mayor, sereno y digno, sin síntomas de desespero ni venganza, y sin insistir en la búsqueda reiterada del poder. De manera que no pasó a la lista de quienes toman por oficio ser siempre candidatos como resultado del enamoramiento platónico del poder.

Desde entonces cumplió a cabalidad con la regla de oro de los retirados, que dejan atrás la edificación de su trayectoria pública para retomar los capítulos postpuestos de su realización personal, habiendo dado hasta el último de sus días muestras de una integridad que siempre le caracterizó y permitió la terminación de su vida como ejemplo de rectitud y coherencia, conforme a principios éticos y morales que jamás abandonó. Así lo tiene que reconocer el juicio de la posteridad. Y así deberíamos exigir que se comporten, con integridad, los políticos de actualidad.

Atendieron la visita el gerente agrícola de Ingenio Manuelita, Luis Guillermo Amú Caicedo; la jefa de Recursos Hídricos, Isabel Cristina Fragozo; la jefa de Tecnología Agrícola y Compost, Lina Paola Álvarez, y la jefa de Gestión Social y Comunicaciones, Luisa Fernanda González Cabal.

Los académicos visitantes fueron Raúl Antonio Díaz Pacheco y Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira; Nohra Rodríguez, de la Universidad del Valle, y Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca.

Por parte de la Fundación Color de Colombia estuvo su director, Daniel Mera Villamizar.

A partir de las respuestas de los profesores, que pueden leerse más abajo, este es un resumen por cada pregunta, generado con Inteligencia Artificial (ChatGPT).

Sobre cambio tecnológico

Los académicos coinciden en que el principal valor formativo del Ingenio Manuelita radica en la convergencia entre trayectoria histórica e innovación tecnológica contemporánea.

Destacan, por un lado, la importancia de comprender la evolución tecnológica del ingenio y su impacto en productividad, eficiencia y bienestar laboral, y, por otro, la incorporación de herramientas de agricultura de precisión basadas en datos, digitalización en tiempo real y análisis computacional para la toma de decisiones.

Esta modernización se complementa con prácticas de economía circular y bioinsumos, así como con sistemas tecnificados de fertirriego, configurando un modelo de agroindustria que transita de la intensividad en recursos hacia la eficiencia, la sostenibilidad y la gestión inteligente.

• Sobre retos en productividad y sostenibilidad

En cuanto a los desafíos futuros, existe un consenso en que la sostenibilidad constituye el eje crítico, aunque inseparable de la productividad.

Los académicos subrayan la necesidad de aumentar la producción por hectárea reduciendo simultáneamente el uso de recursos, especialmente en un contexto de cambio climático que impone variabilidad hídrica, eventos extremos y presión sobre los suelos.

A ello se suman retos logísticos y de gestión que exigen enfoques sistemáticos de mejora continua, así como la urgencia de garantizar el relevo generacional en el campo.

En conjunto, se plantea la transición hacia sistemas productivos resilientes, eficientes y ambientalmente responsables.

Sobre oportunidades de cooperación

Finalmente, en materia de cooperación academia-empresa, las respuestas convergen en señalar un amplio campo de articulación centrado en la investigación aplicada, la extensión tecnológica y la formación de talento humano pertinente.

Se identifican oportunidades en el desarrollo de soluciones para manejo hídrico, adaptación climática, agricultura digital y optimización de cadenas productivas, así como en la transferencia de conocimiento hacia productores, especialmente pequeños proveedores.

Asimismo, se resalta el papel transversal de la responsabilidad social y la necesidad de integrar programas académicos de diversas disciplinas para responder a las demandas reales del sector, consolidando un ecosistema de innovación con impacto territorial.

Sobre cambio tecnológico

A la pregunta de “¿qué cambio tecnológico de Ingenio Manuelita cree que los estudiantes deberían conocer en primer lugar en el pregrado?”, los académicos respondieron:

Raúl Antonio Díaz Pacheco, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Administración.

“En mi opinión un estudiante de primer semestre de pregrado debe conocer la línea de tiempo del avance tecnológico del Ingenio Manuelita y su impacto en indicadores de productividad, eficiencia del recurso humano y calidad de vida del operario”.

• Nohra Rodríguez, de Universidad del Valle: miembro del comité del programa de Agroindustria y coordinadora de la maestría en biotecnología.

“Un cambio tecnológico clave es la integración de tecnologías digitales en los procesos productivos, especialmente el uso de datos para optimizar la eficiencia agrícola e industrial.

También la inclusión de tecnologías ancestrales como el uso de bioinsumos, compostaje y producción circular”.

Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca: coordinador del pregrado de ingeniería agroindustrial de la sede de Santander de Quilichao.

“Hay novedades tecnológicas actuales en la cosecha y siembra que están involucrando avances en el manejo de imágenes y análisis de datos en computador que permiten precisar más las dosificaciones de nutrientes en suelo y también el manejo de las malezas.

Así también la digitalización de la información en tiempo real que tiene para la planificación del riego constituye herramientas y aplicaciones con impactos significativos en términos de sostenibilidad y economía agroindustrial en la cosecha y siembra”.

• Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: profesor asociado del Departamento de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“El cambio tecnológico más relevante es la integración de sistemas de fertirriego tecnificado con gestión eficiente de recursos.

Este aspecto demuestra cómo la agricultura moderna pasa de ser intensiva en recursos a ser eficiente, digitalizada y ambientalmente responsable“.

Retos en productividad y sostenibilidad

Frente a la pregunta de “en productividad o en sostenibilidad, ¿qué le pareció más retador hacia el futuro?“, estas fueron las respuestas de los académicos:

Raúl Antonio Díaz Pacheco, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Administración.

“Respecto de la sostenibilidad el reto está en mantener el campo activo para el cultivo de la caña; en productividad incrementar la producción de caña por hectárea al mismo tiempo que disminuye el uso de los recursos, en especial los no renovables.

Además, garantizar un relevo generacional que beneficie al personal que termina su vida laboral y a los que la inician”.

• Nohra Rodríguez, de Universidad del Valle: miembro del comité del programa de Agroindustria y coordinadora de la maestría en biotecnología.

“El mayor reto hacia el futuro es equilibrar productividad con reducción de impactos ambientales, especialmente en el uso eficiente de agua y energía en contextos de cambio climático”.

Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca: coordinador del pregrado de ingeniería agroindustrial de la sede de Santander de Quilichao.

“Dadas las características y día a día de la cosecha y siembra en el ingenio, sin lugar a duda hay grandes retos a futuro en términos de sostenibilidad.

Esto también supone desafíos logísticos, de planificación y de gestión de los recursos que permanentemente deberán estar sujetos a un ciclo PHVA en términos de calidad del manejo de este proceso”.

• Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: profesor asociado del Departamento de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“Hacia el futuro, el mayor reto está en la sostenibilidad, más que en la productividad.

Aunque la productividad de la caña ha mejorado con tecnologías como el riego tecnificado y la agricultura de precisión, el cambio climático introduce variabilidad hídrica, eventos extremos y presión sobre los suelos, lo que exige sistemas productivos resilientes y adaptativos”.

Oportunidades de cooperación

En relación con la pregunta de “¿dónde ve más oportunidades de cooperación academia-empresa a la luz de lo observado en Ingenio Manuelita: investigación, apropiación y extensión tecnológica, formación pertinente de talento humano, responsabilidad social?”, los académicos opinaron así:

Raúl Antonio Díaz Pacheco, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Administración.

“La Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, identificó oportunidades de cooperación academia-empresa en temas como la generación de valor en el proceso de transformación de la caña de azúcar y tecnificación del pequeño proveedor.

También en mejoramiento de procesos de la cadena de suministro, formación pertinente de talento humano en ciencias agropecuarias, agroindustria, gestión y diseño de las organizaciones.

• Nohra Rodríguez, de Universidad del Valle: miembro del comité del programa de Agroindustria y coordinadora de la maestría en biotecnología.

“Veo grandes oportunidades en el trabajo colaborativo para el desarrollo de investigaciones aplicadas y en la formación de talento humano, articulando necesidades reales de la industria con procesos académicos de pregrado y posgrado que impulsen innovación y transferencia tecnológica”.

Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca: coordinador del pregrado de ingeniería agroindustrial de la sede de Santander de Quilichao.

“La universidad podría impactar de manera positiva y contribuir de manera transversal en todos los segmentos de necesidades de los ingenios azucareros: investigación, apropiación del conocimiento, proyección social y capacitación de personal interno y externo.

Lo anterior es posible dada la gran oferta de programas educativos en nuestro caso de la Universidad del Cauca, comenzando por la misma Ingeniería Agroindustrial, programas asociados a la rama de la administración de empresas y contables , humanidades, entre otras”.

• Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: profesor asociado del Departamento de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“Las mayores oportunidades de cooperación se concentran en la investigación aplicada y la extensión tecnológica, articuladas con la formación de talento humano.

En investigación, desarrollar soluciones en manejo hídrico, adaptación al cambio climático, suelos y agricultura digital.

En extensión, la academia puede ayudar a transferir estas innovaciones a los agricultores.

La responsabilidad social también es importante, pero como eje transversal: proyectos con comunidades rurales, eficiencia productiva con inclusión y sostenibilidad territorial.

Para la academia es fundamental que esta cooperación esté acompañada con la formación de estudiantes de pregrado y posgrado”.

Lo que sigue: pequeños productores en cadenas agroindustriales

En desarrollo del objetivo estratégico tres (de tres) misional de Fundación Color de Colombia: Empoderamiento económico y calidad de vida, se adelanta un interés en torno a pequeños productores de varios cultivos en el Pacífico y el Caribe y su relación con agroindustrias.

Por eso, se proyecta un Coloquio académico regional para el segundo semestre centrado en dos capítulos del libro “Competir en la Agroindustria: Estrategias Empresarias y Políticas Públicas para los Desafíos del Siglo XXI”, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Los capítulos son: 4 (Las empresas tractoras) y 5 (La asociatividad como estrategia de inserción internacional en mercados de agroalimentos de alto valor).

“Las llamadas “empresas tractoras” permiten a pequeños productores integrarse a las cadenas agroalimentarias globales”.

El Coloquio acogerá a docentes y estudiantes de carreras afines de distintas universidades del Valle del Cauca y el Cauca, y a expertos de la industria.

Entre los estudiantes habrá invitados que son beneficiarios de la Fundación Corazón de Caña, y entre los pequeños productores, líderes de cañicultores de varios municipios que tienen contratos con ingenios.

Los interesados pueden escribir a mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org

Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

Leer más | Desafíos ambientales de Colombia en 2026: incremento de la violencia, deforestación y defensores en riesgo en un año electoral

Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

Leer más | Colombia: el desafío de alcanzar la autonomía indígena pese a la violencia y las deudas del Congreso

Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

Leer más | Colombia: los grupos armados son los grandes ausentes en el reporte oficial de deforestación

Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

Leer más | Colombia: una hidroeléctrica cambió el río Sogamoso y está impactando en la vida de las comunidades ribereñas | ESTUDIO

Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

Leer más | Ministra Irene Vélez: “La instrucción del presidente Petro fue superar el extractivismo” | ENTREVISTA

También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.