Llega en segundos desde terreno propio al tablero rival. Cambia de ritmo y dirección de manera fugaz. Arruma defensores de cualquier tamaño, saca faltas, anota desde media y larga distancia, además de su alto porcentaje de robos de pelota. El basquetbolista caldense Johan Domínguez es todo un dolor de cabeza para sus contrincantes.

El alero de 21 años fue el máximo encestador de los Juegos Departamentales de Caldas con el representativo de baloncesto de La Dorada, su ciudad natal.

Johan es hijo de Carlos Andrés y Luz Mery, y el hermano del medio entre Stiven y Mariana (también basquetbolistas). A su abuelo Carlos Julio lo refiere como su mayor promotor. “Él sí que es amante del deporte. Desde pequeño es el que más me ha apoyado”.  

Actualmente el caldense se destaca en el baloncesto universitario: está becado como deportista por la institución Universitaria de Colombia, donde adelanta la carrera de ingeniería de sistemas. “Soy bueno para los números”. 

¿Cuál es su jugada ofensiva por excelencia?

Mi entrada por derecha con cross jab (amague y embestida hacia el aro con pie contrario y cambio de mano). 

¿Cómo marca la diferencia: entrena más que las demás o es un don natural?

Desde chiquito me obsesioné con competir y con ser mejor, más rápido, resistir más. Ha sido la diferencia con los demás: que ellos se rindan pero yo no.

¿Cuáles son sus fuertes y qué le falta por mejorar?

Tengo dos cosas fuertes: la adaptación de mi cuerpo para moverme con total libertad y energía. Y la mentalidad: sé todo lo que he entrenado y que puedo entrar y arrumar a cualquier persona. Por mejorar: bueno, obviamente todo. Pero principalmente el tiro de tres.

Usted era patinador y terminó de tiempo completo en el baloncesto…

Sí. Empecé en patinaje porque mi hermano mayor patinaba. Mi abuelo me empezó a llevar a las pistas de Renán Barco y Las Ferias. Luego hicieron una convocatoria en la escuela (San Vicente, de La Dorada). Estaba en tercero de primaria. Pero desde los 7 ya combinaba deportes: de 3 a 5 baloncesto y de 5 a 7 patinaje.

De ahí ya se dedica de lleno al básket…

Sí. Luego de viajar a por primera vez a Marquetalia para unos intercolegiados. De ahí me vieron y quedé en la Selección Caldas.  

¿De cuáles profesores ha recibido influencia?

Nidia Contreras, que fue la que me descubrió. Héctor Mario Moreno, Diego Rubio, Oswaldo Penagos, Neila Quintero, y también José Tapias

Mencióneme basquetbolistas importantes para usted…

Bueno, con el jugador Yesid Contreras, amigo y colega. Hemos tenido muchos procesos juntos. Y de la NBA Michael Jordan y Allen Iverson.

¿Cómo ser persistentes cuando tantos deportistas deciden abandonar?

Principalmente la clave está en divertirse. Encontrar un deporte o hobbie que no se haga obligado sino porque te la pasas bien. Llevo tantos años jugando no por un plan de vida sino por un gusto.

¿Qué consejos les da a las basquetbolistas que están empezando?

Primero que se diviertan y hagan buenas amistades. Que tengan en cuenta que es un deporte para convivir y tener más amigos y comunicarse. Todo es un equilibrio 

¿Qué se viene para su carrera a corto plazo?

Este año el objetivo mostrar que estoy aquí (Bogotá) para jugar en un equipo profesional. Y claro, la idea integrar la Selección Colombia. 

“Este año el objetivo mostrar que estoy aquí (Bogotá) para jugar en un equipo profesional. Y claro, la idea integrar la Selección Colombia”.

Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Lo cierto es que, para no perderse en la inmensidad del planeta, hay que recurrir a los mapas. Esa ha sido necesidad y tarea de todos los tiempos. Desde épocas inmemoriales, en todas partes a alguien se le ocurrió la idea de dibujar sobre arena, tableta de arcilla, papiro, cuero, papel o pantalla, una imagen de uno u otro espacio, sus límites y sus conexiones, con una u otra idea de las proporciones del dibujo, para que fuese útil en la vida real. 

Colón, Vespucio y Magallanes, para mencionar solo algunos conocidos en Occidente, vivieron sus vidas colgando de hilo de la cartografía, que les proporcionaba una idea salvadora de su posible destino, para sobrevivir. Pero estos descubridores se beneficiaron del trabajo acumulado de titanes aún más viejos, que hicieron el esfuerzo de dibujar el mundo.

Los cartógrafos habían entrado en el escenario como navegantes, exploradores o aventureros que acumulaban experiencia en la descripción de lo que habían visto, con el agregado de lo que imaginaban. También científicos, cosmólogos, astrónomos y eruditos de biblioteca contribuyeron a la tarea de describir el mundo. 

Ptolomeo, que mantuvo a la gente convencida de que la tierra era el centro del universo, trabajó en la Biblioteca de Alejandría y allí desarrolló un manual de dibujo de mapas. Para ello se inventó un rudimento de coordenadas que permitieron por lo menos tener una idea de los dominios del Imperio Romano. Y recogió las enseñanzas de geógrafos y astrónomos anteriores como Eratóstenes, Hiparco y Marino de Tiro, que a su vez se habían alimentado de la sabiduría de griegos y persas. 

Zheng He hizo para los emperadores chinos mapas del Océano Índico y el Golfo Pérsico, así como de las costas orientales de África. Ahmad ibn Mājid hizo lo propio para los árabes y se supone que orientó a Vasco da Gama en su viaje por el sur de África hasta la India. 

Abu Abd Allah Muhammad Al-Idrisi, musulmán de Ceuta, terminó trabajando en la corte del Rey Roger II de Sicilia, llamado El Normando, y bajo su patrocinio creó la famosa Tabula Rogeriana, que vino a ser un célebre mapa del mundo que en la época asombraba por su precisión derivada de los acoples de trabajos de marinos enviados a explorar en todas direcciones. Solo que faltaba nada menos que América.

Martin Waldseemüller, consumada la hazaña hasta cierto punto inconsciente de Colón, fue quien primero representó al continente americano separado de Asia. También, de paso, fue el primero en darle el nombre de América, en honor de Américo Vespucio, quien se ganó ese premio por haber defendido la idea de que las nuevas tierras no formaban parte de Asia. 

A mediados del Siglo XVI, en pleno auge de la exploración marina protagonizada por los europeos, que necesitaban descubrir y apoderarse de nuevas tierras, se hizo necesario ponerse de acuerdo sobre una representación del mundo que sirviera de referente para los navegantes. La ausencia de orientaciones confiables llevaría a que expediciones enteras terminaran vagando por los mares, sobre la base de parámetros inciertos o equivocados.

La cartografía náutica tomó la delantera. Y sin perjuicio de que los chinos ya hubiesen tratado la materia para no perderse en el Índico y el Pacífico, el portugués Pedro Nunes, matemático y cosmógrafo, propuso fórmulas para desenredar las distorsiones de los rumbos marinos. Sobre la base de su trabajo, Gerhard Kremer, conocido universalmente como Gerardus Mercator, ideó “Una nueva y aumentada descripción de la Tierra corregida para el uso de los navegantes”, que en realidad era una proyección cartográfica que adaptaba la lectura de la superficie esférica de la Tierra a una superficie plana.

El uso de la proyección de Mercator, que era “isográfica”, es decir en donde la separación de los meridianos era igual sobre el papel en todas las latitudes, condujo a que, automáticamente, las regiones del mundo más lejanas de la línea ecuatorial se vieran más grandes de lo que son. Como esas regiones coinciden con los territorios que ocupan las grandes potencias tradicionales, y en general los países del Norte, la lectura de esa imagen los hacía ver con enormidades que coincidían con la ambición de esos mismos países de lucir grandotes y poderosos.

Favorecida resultó la Gran Bretaña, que es cinco veces más pequeña que Colombia, para poner un ejemplo, y que al ser vista en esos mapas parece equivalente. Groenlandia aparece del tamaño de África, cuando en realidad el continente africano es catorce veces más grande. Alaska parece casi tan grande como Brasil, que la quintuplica. Y así Noruega y Suecia serían gigantes, para no hablar de Estados Unidos, Canadá y Rusia, que aunque son grandes aparecen inconmensurables. 

El predominio de los mapas conforme a la proyección de Mercator ha tenido no solamente consecuencias dentro de la discusión permanente de los cartógrafos. El hecho de que Europa, epicentro de las exploraciones del Siglo XVI, sea el continente predominante en el mapa, aumentó y sigue privilegiando la importancia de ese continente, mientras minimiza la de África, América del Sur y amplias regiones asiáticas. Con lo cual se refuerza la idea que cada quién desde su ángulo puede tener sobre su propia tierra y la de los otros. 

A la luz de lo anterior, los países ecuatoriales, sobre los cuales no se presentan distorsiones, quedan minimizados y se han acostumbrado a ver particularmente a los nórdicos como si fueran en todos los casos gigantes, cuando en realidad, salvo Canadá, Estados Unidos, Rusia y China, son menos grandes. Con lo cual se impone una lectura equivocada del mundo que tiene consecuencias en cuanto a los sentimientos y complejos de cada quién, siempre en favor de los que aparecen inmerecidamente más grandes. 

Todo esto llevó a que los países africanos, mucho más conscientes de la geografía que el resto de los desfavorecidos, promovieron el tratamiento del tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas.  El resultado fue la aprobación de una resolución, no vinculante, que invita a promover el uso de alternativas cartográficas que correspondan más fielmente a las proporciones reales de los diferentes territorios del planeta. 

La perspectiva de Mercator fue y sigue siendo de gran utilidad para los navegantes, que cuentan con instrumentos para corregir distorsiones que los podrían llevar a perderse en la inmensidad del mar. Al mismo tiempo, desde la época de su aparición, han surgido numerosas alternativas con diferentes beneficios, sin que se haya podido llegar a una forma universalmente aceptada de mapear el mundo, que maneje de manera óptima las distancias, la dirección y las áreas. 

Según el interés que se tenga, hoy se puede apelar a diferentes proyecciones. Si se tiene interés exclusivamente reivindicador de las áreas, la Gall-Peters, muestra la superficie real de los continentes, pero se ven severamente alargados y deformes. La Winkel-Tripel busca equilibrar distancias y áreas. La Mollweide representa el planeta en forma de elipse y se usa en materias climáticas. Y hay una japonesa, reciente, que divide el planeta en 96 triángulos que luego pone juntos en busca de un rectángulo, y que solo manejan con precisión los japoneses. 

A todos nos debe interesar cómo quedamos en el mapa. Despreciar esa dimensión de nuestra personalidad como nación es como restarle atención a la fotografía de nuestro documento de identidad. 

No por el hecho de que las Naciones Unidas se hayan ocupado del caso a instancias de los africanos el tema nos debe ser ajeno. Debemos desarrollar, desde la escuela temprana, una conciencia geográfica que ha de servir de muchas maneras. Por ejemplo, para saber que somos mucho más grandes que cualquiera de nuestros admirados países de Europa, con la excepción de Rusia, que es euroasiática. Y en consecuencia para no caer en la trampa de ver más grandes a países que la gente suele venerar sin enterarse de las proporciones que tienen respecto del nuestro y de las ventajas extraordinarias que tiene el contenido de nuestra maravillosa geografía. 

Nuestra ubicación en el mundo, sea cual fuere la proyección que se consulte, es de verdad única y privilegiada. Así lo entienden centros de poder extranjeros que ya quisieran estar donde estamos y tener lo que tenemos. De manera que nuestra realidad geográfica debe ser poderoso argumento para el optimismo que debería convertirse en característica nacional, en lugar de permitir que imperen la minusvalía, el desprecio y el derrotismo sobre nuestras posibilidades. Espectáculo visto desde fuera, por quienes no tienen nuestras costas en los dos grandes océanos, ni nuestras tres cordilleras, ni nuestras llanuras, ni bosques, ni selvas, ni cientos de ríos, como el de unos herederos ricos que lloran porque se creen pobres. 

Por todo esto nos debe importar cómo quedamos en el mapa. 

Es comprensible que la congresista se atreva a decir una mentira de semejante tamaño. Si no lo hace, quizá sus jefes políticos podrían llamarla a juicio y, muy seguramente, no saldría bien librada. Pero Colombia no está compuesta por una multitud de ingenuos dispuestos a tragarse entero cuanto les sirvan desde los balcones del poder. Y aunque es cierto que el gobierno Petro no se caracterizó precisamente por ser un ejemplo de eficiencia ni por dejar un legado extraordinario, también lo es que Abelardo De La Espriella, hasta ahora, tampoco se ha esforzado demasiado por demostrar una capacidad de gestión, una visión de Estado o una inteligencia política capaces de sacar adelante a un país agobiado por tragedias, problemas estructurales y enormes desafíos.

Hasta el momento, lo que hemos visto es a un Abelardo De La Espriella más preocupado por rodearse de una secta de aduladores que por construir hojas de ruta coherentes con las necesidades reales del país.

Lo vimos coronando la imagen de la Virgen María con la misma devoción farisea con la que puso la educación del país en manos de la Biblia cristiana de Viviane Morales. Todo muy solemne, muy piadoso y muy fotogénico, como si gobernar consistiera en producir estampitas mientras los problemas de fondo esperan turno en la sacristía.

Tenemos, además, a un Abelardo que proclama querer ejecutar un gobierno austero, pero que parece no tener la menor intención de ponerle freno a sus extravagancias y excentricidades, esas mismas que lo hacen parecer como supercorroncho con presupuesto público y afición por los reflectores.

También tenemos al Abelardo que, durante su discurso, prometió respetar las diferencias, pero que se molesta cuando descubre que alguien tuvo, así fuera de manera remota, algún vínculo con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, de repente, las capacidades profesionales, la experiencia y los méritos dejan de importar. Basta con que alguien huela ligeramente a Petro para que sea considerado sospechoso y quede con un pie fuera de la puerta. Qué manera tan peculiar de entender la pluralidad: respetar las diferencias, siempre y cuando las diferencias piensen exactamente como él.

Porque si algo parece importarle a De La Espriella es la adulación. Necesita que a su alrededor haya personas dispuestas a asentir, a aplaudir y, si es posible, a convertir cada decisión presidencial en una epopeya histórica. Contradecirlo parece ser una especie de pecado capital. Y cuando un gobernante comienza a confundir lealtad con obediencia, crítica con traición y pluralismo con sumisión, conviene empezar a preocuparse.

Me aterra pensar que De La Espriella esté configurando un autoritarismo de derecha. Ya sacó del medio a Carolina Soto de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y lo mismo ha ocurrido con otros profesionales que parecen haber cometido el imperdonable pecado de tener algún antecedente laboral o institucional relacionado con el gobierno Petro. No importa si esa vinculación obedeció al afecto político, al deber profesional o, simplemente, a que una persona capacitada aceptó trabajar para el Estado, como corresponde en cualquier democracia medianamente normal. Para el nuevo gobierno parece bastar con la sospecha ideológica para convertir la trayectoria profesional en un inconveniente.

Y si esto hace con profesionales que han demostrado capacidad y compromiso con sus labores y que no pertenecen a su círculo de confianza, no resulta descabellado imaginar que, más temprano que tarde, comiencen las presiones contra los medios y los periodistas que nos empeñamos en ejercer el oficio de informar y criticar sin pedir permiso. Porque, aparentemente, en esta nueva república de las alabanzas, el periodista ideal no es el que pregunta, investiga o contradice, sino el que hace venias con entusiasmo y convierte cada gesto presidencial en motivo de celebración. Vicky Dávila, por ejemplo, parece tener muy claro el libreto.

Lo verdaderamente preocupante no es que un presidente tenga seguidores entusiastas; todos los gobernantes los tienen. Lo preocupante es que empiece a rodearse exclusivamente de quienes lo adulan, a expulsar a quienes no le son políticamente cómodos y a interpretar cualquier cuestionamiento como una conspiración. Así empieza siempre el deterioro de las democracias: no necesariamente con tanques en las calles, sino con pequeñas purgas administrativas, silencios complacientes, medios domesticados y una corte de aduladores convencida de que el jefe nunca se equivoca. Al final, hasta los errores terminan convertidos en triunfos y las extravagancias en políticas de Estado.

Por eso conviene bajar de inmediato la música triunfalista. Un mes de gobierno no constituyen un legado, del mismo modo que dos fotografías inaugurando obras no convierten a nadie en estadista. Colombia no necesita un presidente que se pase el día demostrando que es más macho, más creyente, más austero, más patriota o más antipetrista que sus adversarios. Necesita resultados, instituciones respetadas, funcionarios escogidos por mérito, libertad de prensa y una administración capaz de entender que gobernar no es recibir aplausos. Porque si el gran logro de este gobierno termina siendo convencernos de que cualquier gesto presidencial merece una ovación, quizá no estaremos ante el milagro colombiano que sus fanáticos anuncian, sino ante algo mucho más viejo y peligroso: el culto religioso a un ídolo con pies de barro disfrazado de gobierno.

Por cierto, Debo reconocer que el único milagro que se ha dado en este primer mes, es que Abelardo De La Espriella ya se dio cuenta que el presidente no es el Estado, ni el Estado es el presidente. En pocas palabras, que el no es Luis XIV.

Una embarcación cargada con madera navega por el río Putumayo, en la Amazonía colombiana, rumbo a Puerto Asís. Es noviembre de 2024. A bordo viajan apilados más de 304 bloques o tablones de granadillo (Brosimum rubescens), achapo (Cedrelinga cateniformis) y sarrapia (Dipteryx odorata), que suman 20 metros cúbicos de madera amazónica. Lo suficiente para llenar un camión mediano.

Los papeles que autorizan el transporte parecen en regla. El salvoconducto de movilización —un documento oficial entregado por la autoridad ambiental (Corpoamazonía) que certifica el origen legal de la madera, la especie, el volumen y el destino del cargamento— indica que la madera proviene de un aprovechamiento forestal autorizado en Tarapacá, un corregimiento remoto ubicado al sur del departamento Amazonas, a más de 1500 kilómetros de Puerto Asís por el río.

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Este cargamento y el salvoconducto que lo avala se convertirían un año más tarde en una pieza clave para desmantelar una presunta red de tráfico de madera que, según las autoridades colombianas, habría generado ganancias ilícitas por más de 1600 millones de pesos (cerca de 500 000 dólares). La red que operaba en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas llevaba por nombre “Puerto Hong Kong” y, según la Fiscalía, extraía madera ilegalmente de áreas protegidas de Colombia y Perú, así como de otras zonas amazónicas. Los cargamentos tenían como destino ciudades principales como Bogotá, hasta donde aparentemente llegaban utilizando los documentos fraudulentos.

Ese fue el hilo que siguieron las autoridades y que llevó a la Fiscalía, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF) y la Policía a realizar una serie de operativos simultáneos que, en diciembre de 2025, culminaron con la captura de 17 personas, entre ellas tres funcionarias de Corpoamazonía. Paradójicamente, esa es la entidad encargada de la protección ambiental y del control de la movilización, procesamiento y comercialización de recursos naturales.

El operativo y la posterior investigación judicial dieron a conocer que la madera fue movilizada empleando salvoconductos adulterados y que tenía como supuesto lugar de origen una concesión forestal administrada por Flor Ángela Martínez en representación de la Asociación de Usuarios del Bosque, en Tarapacá. El Brigadier General Carlos Oviedo, director de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, confirmó en ese momento en una entrevista con Noticias Uno cómo Corpoamazonía ayudó a poner en marcha ese engranaje de ilegalidad: “Los funcionarios públicos se encargaban de expedir conceptos técnicos y salvoconductos de movilización forestal, que pueden usarse para amparar productos ilegales”.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto investigaron este caso a profundidad para entender cómo esta red se valió de aprovechamientos forestales y salvoconductos oficiales emitidos por las autoridades colombianas para lavar madera de aparente origen ilegal. La investigación muestra cómo los involucrados se movieron dentro del sistema y encontraron una rendija para sortear los controles del Estado. Para reconstruir este modo de operar, se revisaron cientos de documentos oficiales y expedientes, se visualizaron más de 30 horas de audiencias del proceso judicial y se construyó una base de datos con todos los salvoconductos emitidos por Corpoamazonía entre 2023 y 2025. En esos años, la autoridad ambiental autorizó 1289 movimientos de madera.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación evidencia cómo un instrumento diseñado para controlar el transporte legal de madera puede convertirse en un mecanismo para hacer pasar como legal madera extraída de zonas no autorizadas y hasta de países vecinos.

Además, con el apoyo de expertos de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), realizamos un análisis geográfico para confirmar si la madera declarada en los salvoconductos fue realmente extraída de la concesión forestal administrada por la Asociación de Usuarios del Bosque en Tarapacá. A partir de expedientes oficiales sacamos la ubicación de cada uno de los 976 árboles autorizados para ser talados y luego viajamos en el tiempo con las imágenes satelitales para saber en qué momento fueron cortados. Lo que descubrimos es que el área permitida para el aprovechamiento no sufrió grandes cambios desde el 2017. La selva sigue en pie hasta hoy.

Tarapacá, un punto estratégico para el paso de madera ilegal

En Tarapacá no hay carreteras abiertas por motosierras o vías que conecten ese territorio con el resto del país. Tampoco hay claros extensos visibles desde el aire, ni la imagen típica de un bosque arrasado por la tala. Es un refugio de comunidades indígenas —en su mayoría de los pueblos uitoto, yagua y tikuna— que llegaron siglos atrás y se asentaron en la selva para protegerse de la fiebre del caucho y del tráfico de pieles.

Ubicado a orillas del río Putumayo, Tarapacá es también un lugar estratégico: está muy cerca de la frontera con Brasil y, a través del mismo río, se conecta con Perú. Es un vasto territorio en donde confluyen los tres países y sus dinámicas. Esa ubicación privilegiada y remota, sin embargo, ha hecho que el control del Estado sea difícil. El río se ha convertido en un corredor para el paso de armas, insumos derivados del narcotráfico y productos de la extracción de oro y madera.

Como explica un trabajador de una ONG ambiental que se encuentra en la zona, y que pidió la protección de su nombre por seguridad, “Tarapacá está en un punto donde el río conecta directamente con la frontera. Esa ubicación hace que no solo la madera, sino prácticamente cualquier mercancía pueda moverse con facilidad”. Además, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo señala que “de estas actividades devienen importantes fuentes de financiación para los actores armados ilegales, quienes ejercen presiones y amenazas a las comunidades asentadas en dichos territorios”.

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Según los registros de Corpoamazonía analizados para esta investigación, Tarapacá concentra buena parte de la madera movilizada legalmente desde la Amazonía colombiana. De los 118 salvoconductos para movilizar madera expedidos en el departamento de Amazonas entre 2023 y 2025, 104 (el 88 %) registraban a Tarapacá como punto de partida. El 78 % registraba a Puerto Asís, en Putumayo, como destino. Es decir, la mayoría de madera movilizada legalmente desde Amazonas surcó el mismo recorrido que el cargamento incautado en 2024.

Ese fue uno de los motivos por los que la Fiscalía decidió investigar la zona: “Sabíamos que desde Tarapacá venía, hacia Puerto Asís, un cargamento de madera que en su mayor parte no correspondía con lo que los documentos decían que se estaba movilizando. Solo esa carga estaba valorada en cerca de 100 millones de pesos (alrededor de 31 200 dólares) y tenía como destino final Bogotá”, aseguró el fiscal del caso.

En Tarapacá los datos satelitales no coinciden con los papeles

En la última década, Colombia ha perdido más de 1.5 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente a más de nueve veces el tamaño de Bogotá. La presión persiste: en 2025, gran parte de la pérdida se concentró en la selva amazónica, que acumuló el 65 % de la deforestación. Ante este escenario, el país ha impulsado distintas estrategias que buscan conciliar el aprovechamiento del bosque con su conservación para que las comunidades puedan usarlo y obtener ingresos de forma sostenible. Entre esas se encuentran los permisos de aprovechamiento forestal persistente.

Como explican desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la estrategia se asemeja a lo que pasa en el ambiente natural: “Cuando un árbol se cae por causas naturales, deja un pequeño claro por donde entra la luz. Esta mayor disponibilidad de luz favorece la germinación de las semillas y el crecimiento de nuevas plantas. Así continúa el ciclo natural del bosque”.

Los permisos de aprovechamiento y los planes de manejo que los acompañan —el documento técnico que define cómo debe aprovecharse el ecosistema de manera sostenible— imitan está dinámica de forma planificada y controlada: extraer pocos árboles, dejar suficientes individuos alrededor para que continúen produciendo semillas y permitir que el ecosistema se regenere.

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Aunque estos permisos pueden cubrir miles de hectáreas, la autoridad ambiental define cada año qué parte del bosque puede ser intervenida y qué árboles pueden cortarse al interior de cada aprovechamiento. La decisión se basa en visitas técnicas al terreno en donde los funcionarios identifican las especies que pueden usarse, miden los árboles y calculan cuánta madera puede extraerse legalmente de ese aprovechamiento forestal sin perjudicar el bosque. Se trata de una especie de “inventario” que también permite definir el volumen de madera que puede ser movilizado y expedir los salvoconductos necesarios.

Desde 2022, Corpoamazonía solo ha otorgado un aprovechamiento forestal persistente en el departamento de Amazonas. Se autorizó en Tarapacá y pertenece a la Asociación de Usuarios del Bosque. El permiso abarca un área de 3272 hectáreas (3030 aprovechables y 241 destinadas a la protección) conocida como Caño Alegría. Como lo muestra la siguiente imagen, funcionarios de la autoridad ambiental hicieron un inventario forestal del área, revisaron decenas de parcelas y delimitaron 10 Unidades de Corte Anual (UCA): sectores del bosque que pueden aprovecharse por turnos, mientras las demás áreas permanecen sin intervención.

Solo en la primera UCA, por ejemplo, Corpoamazonía autorizó que, para el año 2023, se podían aprovechar 303 hectáreas de bosque equivalentes a 976 árboles (identificados coordenada por coordenada). Pero, ¿cómo corroborar que la madera movilizada por el río Putumayo, avalada con salvoconductos, efectivamente salió de allí?

Con el apoyo de la EIA, se analizaron satelitalmente todas las Unidades de Corte Anual de Caño Alegría con el fin de verificar si los árboles fueron extraídos de la zona y en los períodos autorizados. Para hacerlo, se utilizó una herramienta capaz de detectar cambios muy pequeños en el bosque, una tecnología a la que los expertos llaman el Índice de Fracción de Diferencia Normalizada (NDFI por sus siglas en inglés). Lo que hace la herramienta es contrastar con imágenes satelitales de alta resolución si la cobertura forestal cambió en algún momento, ya sea por la tala selectiva autorizada, la apertura de caminos o cambios en la copa de los árboles. El nivel de detalle es clave, pues se analiza píxel por píxel. «Es una herramienta especialmente útil para detectar las huellas que deja la tala selectiva en la Amazonía», explica Julio Patiño, senior campagnier de EIA.

Tras analizar geográficamente el expediente de Caño Alegría, Patiño identificó inconsistencias importantes.

Una de ellas, la más importante, es que de las 10 Unidades de Corte Anual autorizadas, en al menos seis el análisis satelital no encontró evidencia de aprovechamiento forestal durante el período autorizado por Corpoamazonía. En otras dos tampoco se halló evidencia de tala, mientras que solo en dos se identificó “posible actividad en el período autorizado”, aunque sin tener la certeza de si el cambio forestal se debía a actividades humanas.

Las imágenes, además, registran señales pequeñas y dispersas de cambio del bosque que podrían corresponder a procesos de degradación natural. “Pueden corresponder a la caída de árboles por el viento y no se aprecian claros evidentes durante el periodo de autorización [del aprovechamiento]”, agrega Patiño. En otras palabras, no hay señales que indiquen que los cambios en el bosque identificados en las imágenes satelitales correspondan a los volúmenes de madera que, de acuerdo con los salvoconductos expedidos por la autoridad ambiental, habrían sido extraídos y movilizados desde Caño Alegría.

Si los árboles no salieron de este sector administrado por la Asociación de Usuarios del Bosque, ¿de dónde se extrajo la madera movilizada? Esa es una de las preguntas que tiene por resolver la Fiscalía en la investigación que tiene en curso.

Hay otra inconsistencia que, a juicio de Patiño, amerita una revisión más profunda. En dos de las Unidades de Corte Anual (las 8 y 9), “predominan copas [de árboles] más pequeñas y una menor presencia aparente de árboles de gran porte”, señala el análisis. A lo que se refiere es que las imágenes satelitales no muestran árboles grandes con las características necesarias para ser aprovechados. Además, indica Patiño, esta diferencia se mantiene a lo largo de los años (de 2017 a 2023). Sin embargo, en el informe técnico de Corpoamazonía se considera que esos árboles sí tienen las dimensiones necesarias para ser aprovechados.

“Estos elementos, considerados en conjunto, plantean interrogantes sobre la consistencia del inventario presentado y la evaluación técnica realizada por Corpoamazonía”, insiste el experto.

Aunque desde abril de 2026 Mongabay Latam y Rutas del Conflicto consultaron a la autoridad ambiental por estos hallazgos y sobre sus visitas realizadas a campo, Corpoamazonia respondió que se negaba a entregar la información por protecciones legales de reserva y garantía del debido proceso de las investigaciones llevadas adelante por la misma entidad y por la Fiscalía. Pese a que esta alianza de medios reiteró la posibilidad de una entrevista, la entidad no respondió al cierre de esta investigación.

Reconstruyendo el tráfico de los salvoconductos

En un escenario ideal, cada árbol que es autorizado para el aprovechamiento debe ser identificado, medido y georreferenciado por la autoridad ambiental. Y toda madera que sale de un aprovechamiento forestal autorizado debe estar acompañada por un salvoconducto de movilización. Así se garantiza lo que los expertos llaman su “trazabilidad”.

En el caso de el aprovechamiento forestal de Tarapacá, “la trazabilidad empezó por el salvoconducto, pero dejó por fuera el primer paso: verificar que la madera realmente saliera del árbol autorizado”, relata un trabajador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Entre la distancia, la dificultad inmensa que tiene la autoridad para hacer control efectivo y la ausencia de funcionarios permanentes, aparecen espacios donde nadie sabe realmente qué ocurre. Buena parte de la movilización ocurre sin supervisión”, insiste.

Un investigador de una ONG ambiental que trabaja en el terreno coincide: “Si un Policía detiene un camión lleno de troncos, puede revisar el salvoconducto, pero no tiene cómo saber si esa madera salió realmente del lugar autorizado. Sólo ve un documento de movilización y que el peso corresponda con lo reportado”. Esa desconexión es la que permite que madera extraída en otros lugares pueda circular con apariencia de legalidad.

Una vez que la madera es movilizada por los ríos y tiene el papel que respalda su origen legal, puede llegar a distintos destinos, repartirse en ciudades principales, transformarse e, incluso, llegar a otros países.

En Tarapacá, además, el mecanismo de lavado encontró un escenario propicio para operar: allí no hay oficina de Corpoamazonía ni presencia permanente de sus funcionarios. La oficina más cercana de esa entidad está a un trayecto en avión de distancia a Leticia. Ante esos retos, como lo explica el fiscal del caso, “los permisos se expidieron bajo un principio de buena fe y la verificación física del cargamento solo se hace cuando la madera llega a Puerto Asís”, ubicado a más de 35 horas por río, en el departamento vecino de Putumayo.

Durante el trayecto de Tarapacá a Puerto Asís, según el expediente judicial al que se tuvo acceso para esta investigación, los madereros cargaban más producto (incluso proveniente de otros países), recogían o descargaban parte de la mercancía en otros puntos o alteraban las especies movilizadas. “Antes de llegar al sector de la Esmeralda escondían la madera en sitios ya determinados, para que, cuando los funcionarios revisaran la carga, ésta coincidiera con lo que decía el salvoconducto”, agrega el fiscal.

Así, el salvoconducto se convirtió en el eslabón más importante de la cadena criminal. Expertos, funcionario públicos, personas en territorio consultadas por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, así como investigadores del caso, señalaron que el precio de estos documentos en el mercado negro puede oscilar entre un millón y 10 millones de pesos (315 a 3200 dólares) dependiendo de la especie forestal autorizada y del volumen de madera que permiten movilizar.

De hecho, un informe realizado por la EIA y publicado en 2018 ya alertaba que los comerciantes de madera aprovechaban el vacío de gobernanza colombiana para lavar y traficar madera no autorizada, incluyendo especies como el cedro (Cedrela odorata), cuya comercialización está prohibida desde 2015. En Puerto Asís, la EIA también documentó que quienes tramitaban documentos fraudulentos y se encontraban en cercanías de los muelles aseguran que, incluso, es “fácil ‘legalizar’ cedro proveniente del Perú con documentos de Corpoamazonía”.

Así operaba el tráfico de salvoconductos, según la Fiscalía

Durante casi 30 horas de audiencia, la Fiscalía reconstruyó cómo operaba una parte de esta red en Tarapacá. Reportes de inteligencia, interceptaciones de llamadas y otras pruebas recopiladas por la Fiscalía apuntan a tres nombres clave: Gloria Guarín y Tulio Cortés —señalados por la entidad de liderar la red conocida como Puerto Hong Kong y pagar casi 4 millones de pesos (1045 dólares) por un salvoconducto—, y Flor Ángela Martínez quien, como representante legal de la Asociación Usuarios del Bosque, “certificó” que la madera había salido de su aprovechamiento forestal con el respectivo salvoconducto.

De acuerdo con los registros telefónicos recopilados por la Fiscalía, Gloria Guarín y Tulio Cortés se habrían comunicado con Martínez en más de 140 ocasiones. Fragmentos de las llamadas permitieron corroborar cómo se coordinaba la compra de los salvoconductos y de la madera.

“Flor Martínez sería la encargada de la extracción y aprovechamiento ilícito de productos forestales maderables directamente en las áreas de corte. Una vez obtenida la madera, coordinaba con otros integrantes de la red su transporte y comercialización”, reveló el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos de Guarín y Cortés.

Incluso, según la investigación, Guarín y Cortés solicitaron a una de las funcionarias de Corpoamazonía que les expidiera un salvoconducto para movilizar madera y que éste correspondiera con las especies y el volumen que la entidad le había autorizado al aprovechamiento de Usuarios del Bosque.

Gloria Guarín y Tulio Cortés continúan con medida de aseguramiento y, al cierre de esta investigación,el Juzgado Penal de Puerto Asís no ha emitido aún una decisión de fondo sobre su presunta participación en los delitos ambientales que les atribuye la Fiscalía. Los demás integrantes de la red suscribieron preacuerdos de colaboración con la Fiscalía o permanecen a la espera de juicio. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se comunicaron a los celulares a nombre de Guarín y Cortés sin encontrar respuesta, además de contactar a los representantes legales que los acompañaron durante las audiencias y quienes afirmaron que desde el mes de mayo no son los abogados que llevan el caso.

Un proyecto “para mostrar” con su representante investigada

Flor Ángela Martínez, la representante legal de la Asociación de Usuarios del Bosque de Tarapacá y la principal titular de los permisos de aprovechamiento forestal, es una mujer reconocida en el sector maderero y ambiental de la Amazonía colombiana. Durante muchos años fue una de las grandes representantes del aprovechamiento sostenible de madera en Tarapacá y su proyecto sirvió de ejemplo internacional.

Como menciona un investigador de una organización que trabaja en el territorio, “en muchos escenarios era reconocida por trabajar por la gobernanza forestal para combatir la tala y el tráfico ilegal de madera a través de actividades de control y vigilancia”.

En julio de 2020, por ejemplo, fue invitada a exponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre un pacto intersectorial para hacer frente a la tala ilegal y garantizar que la madera comercializada en el país fuera de fuentes autorizadas. “Nosotros, como usuarios del bosque, somos garantes de que las especies en peligro se conserven a largo plazo y de que los bosques sigan siendo el futuro económico, social y ambiental de esta región tan apartada”, dijo en su discurso.

También fue elegida entre las iniciativas de “Negocios Verdes” que lanzó Corpoamazonía y como empresaria del mes en julio de 2019.

Su trayectoria en el sector forestal viene de larga data. En 2013, Corpoamazonía le otorgó un aprovechamiento forestal conocido como Caño Pexiboy en un área de 1630 hectáreas en Tarapacá. Tras vencer ese permiso, Martínez fundó la Asociación Usuarios del Bosque, registrada ante la Cámara de Comercio del Amazonas, con la que años después solicitó un nuevo permiso de aprovechamiento forestal.

En 2015, Martínez también creó una empresa de transformación de madera. Según el informe de gestión de Corpoamazonía, “se dedica a producir, cosechar y transformar madera del bosque amazónico y actualmente cuenta con la marca ‘Amazonia Esencia de Vida’”. Sus principales productos son bloques, vigas, tablones y tablas, de diferentes especies como abarco, achapo, granadillo y polvillo.

Pero la imagen que se tenía de Martínez empezó a cambiar con la investigación de la Fiscalía. Las organizaciones o autoridades con las que trabajaba prefieren, por ahora, no pronunciarse sobre el caso. Varias de ellas la reconocían como un puente entre las entidades ambientales y el sector maderero de la región. En diciembre de 2025, Martínez fue capturada luego de que la Fiscalía la señalara por integrar y “desempeñar un papel directivo” en la red dedicada a la explotación y comercialización ilegal de madera en la Amazonía colombiana. Se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y fraude procesal. Martínez negó todos los cargos.

El ente acusador argumentó que, debido a la presunta capacidad de la red para influir en funcionarios públicos y utilizar rutas transfronterizas con Brasil y Perú, existía un riesgo de obstrucción a la Justicia y de continuidad de las actividades ilegales. Por eso, tras su captura, a Martínez le fue impuesta inicialmente una medida de aseguramiento en detención domiciliaria. En segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Leticia revocó esa decisión y ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario. Sin embargo, en mayo, esa orden fue nuevamente revocada y se le concedió la detención domiciliaria, medida que se mantiene mientras la Fiscalía continúa con la presentación de las pruebas dentro del proceso penal.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le escribieron varios mensajes a Flor Ángela Martínez entre mayo y agosto de 2026 al celular registrado de la Asociación Usuarios del Bosque y al correo electrónico. También intentaron contactarla a través del correo y el número de teléfono de su empresa de transformación de madera y se le dejó un mensaje en sus redes sociales. Además, la alianza se comunicó con integrantes de la junta directiva de la Asociación e intentó ubicar a su abogado a través de la Fiscalía, pero no fue posible comunicarse con él.

Mientras el proceso investigativo avanza, la selva de Caño Alegría conserva una cobertura boscosa aparentemente intacta, aunque los registros oficiales muestren decenas de salvoconductos y más de 1000 metros cúbicos de madera movilizados a su nombre. En Tarapacá, donde los árboles parecen no haber caído, los documentos cuentan una historia distinta.

*Imagen principal: Imagen de archivo. Autoridades ambientales decomisaron madera ilegal durante una jornada de control a nivel nacional realizada en marzo de 2026. Foto: Ministerio de Ambiente

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Pero en medio de esta tragedia acaba de aparecer una noticia que puede tener un significado mucho mayor que el de recuperar un evento cultural: el Petronio Álvarez sí se realizará este año.

Después de haber sido suspendida la edición XXX, que estaba prevista para agosto, la Alcaldía anunció que el festival será reprogramado para el segundo semestre de 2026. El secretario de Cultura, Julián Arteaga, explicó que Petronio representa 30 años de gestión cultural y que no se puede simplemente borrar de la memoria de Cali. El alcalde Alejandro Eder también confirmó que el festival se realizará.

La pregunta ahora no debería ser solamente cuándo se hará.

La pregunta debería ser para qué hacerlo.

Y la respuesta podría ser: para ayudar.

Porque este año el Petronio puede ser mucho más que un festival. Puede convertirse en el gran acto nacional de solidaridad con Cali y con las familias afectadas por el terremoto.

La propia historia de esta edición ya lo demuestra.

La Ciudadela Alberto Galindo, que estaba preparada para recibir al Petronio, terminó convertida en un centro de acopio para atender la emergencia. Lo que iba a ser un escenario de música, gastronomía y celebración se transformó, durante los días más difíciles, en un lugar para recibir alimentos, agua y donaciones. Más de mil voluntarios participaron en esas labores.

Es difícil imaginar una imagen más poderosa.

El lugar donde iba a sonar la música terminó escuchando primero el dolor.

Ahora que el Petronio va a regresar, debería llevar consigo esa memoria.

Al 26 de agosto, 22.189 personas habían sido registradas como damnificadas en Cali y 31.999 familias habían sido evaluadas. En materia de infraestructura, los reportes oficiales han mostrado una magnitud importante de afectaciones y las cifras han ido cambiando a medida que avanzan las inspecciones. La propia Alcaldía mantiene un repositorio oficial de información que se actualiza con estos datos.

Pero una estadística nunca puede medir el tamaño de una tragedia humana.

Incluso si el número de edificaciones que terminaron completamente destruidas representa una fracción muy pequeña del total de construcciones de Cali, cada edificio colapsado significa algo mucho más grande para quienes vivían allí.

La proporción estadística sirve para entender la dimensión urbana del desastre.

No sirve para medir el dolor.

Y justamente por eso el Petronio puede ser importante.

Porque Cali necesita reconstrucción física, pero también necesita reconstrucción económica, comunitaria y emocional.

El Petronio ya tiene una capacidad demostrada para producir movimiento económico y turístico. En 2024 reunió alrededor de 600.000 asistentes durante seis días y generó un impacto económico estimado en unos $60.000 millones, además de importantes ingresos para portadores de tradición, comerciantes, hoteles, restaurantes y otros sectores.

Eso significa que el festival puede ser una herramienta real de recuperación.

Este año podría convertirse en un gran encuentro de solidaridad.

Que quienes aman Cali y su diversidad cultural tengan una razón adicional para visitarla.

Que artistas del Pacífico y artistas de todo Colombia se unan.

Que músicos, cantadoras, cocineras tradicionales, artesanos, bailarines, diseñadores y emprendedores no sean solamente protagonistas de una celebración, sino también de una causa.

Que empresas, hoteles, restaurantes y visitantes puedan aportar.

Que una parte de los recursos generados por el festival pueda dirigirse, con absoluta transparencia, a los damnificados.

Y que la cultura no sea presentada como algo que compite con la ayuda humanitaria, sino como una manera adicional de ayudar.

De hecho, la Alcaldía ya dio un primer paso en esa dirección con la estrategia Petronio Solidario, que, según reportes recientes, ha movilizado cerca de $2.500 millones y 160 toneladas de ayuda; además, se anunció apoyo económico para portadores y portadoras de tradición de las cocinas tradicionales.

Pero todavía hay espacio para hacer algo mucho más grande.

Porque hay algo que las culturas del Pacífico colombiano pueden enseñarle a Colombia en un momento como este.

El dolor también se canta.

En el Pacífico, el duelo tiene voces. Los arrullos acompañan. Los alabaos recuerdan a los muertos. La música y la danza no existen únicamente para celebrar cuando todo está bien. También pueden servir para atravesar la pérdida, mantener viva la memoria y afirmar que una comunidad continúa existiendo.

Por eso un Petronio después de una tragedia no tiene por qué ser una contradicción.

Puede ser precisamente lo contrario.

Puede ser una forma de duelo colectivo.

Podría haber un momento para recordar a quienes murieron en el terremoto. Un espacio para sus nombres, sus historias y sus familias. Un homenaje a quienes rescataron, atendieron y ayudaron. Una ceremonia para reconocer a las comunidades que han tenido que comenzar de nuevo.

Y después, que suenen las marimbas.

Que suenen los cununos.

Que suenen los bombos.

Y que Cali baile.

No porque haya olvidado.

Sino porque sobrevivió.

Hay una idea equivocada de que llorar y celebrar son cosas opuestas.

Las culturas del Pacífico cuentan otra historia.

En ellas, la memoria puede tener música. El duelo puede ser colectivo. La comunidad puede acompañar el dolor sin renunciar a la alegría.

Y celebrar la vida también puede ser una forma de honrar a quienes ya no están.

Ese debería ser el espíritu del Petronio de este año.

No esconder la tragedia.

No utilizar la música para taparla.

Usar la cultura para acompañarla.

Porque muchas personas en Colombia aman Cali.

Aman su música, su gastronomía, su alegría y, sobre todo, esa extraordinaria mezcla cultural que hace de la ciudad uno de los grandes puntos de encuentro entre Colombia y el Pacífico.

El Petronio es una expresión de todo eso.

Por eso sería un error verlo únicamente como un evento que se suspendió en agosto y ahora debe encontrar una nueva fecha.

Este Petronio tiene la oportunidad de convertirse en algo diferente.

En el festival de una ciudad que, después de una tragedia, decide no quedarse paralizada.

En un encuentro al que llegue gente de todo el país no solamente para bailar, comer y escuchar música, sino también para decir:

Cali, estamos contigo.

El propio secretario de Cultura ha hablado de la necesidad de hacer un cierre simbólico de los procesos que quedaron interrumpidos y de preservar el significado cultural de los 30 años del festival.

Ese cierre podría ser mucho más poderoso si el Petronio de 2026 queda en la memoria como el año en que una celebración se convirtió también en un acto de solidaridad.

Que cada plato vendido pueda ayudar.

Que cada artista pueda aportar.

Que cada visitante pueda convertirse en parte de la recuperación.

Que cada empresa pueda encontrar una forma de sumarse.

Y que los recursos destinados a la solidaridad sean administrados con reglas claras, información pública y absoluta transparencia.

No se trata de convertir el dolor en espectáculo.

Se trata de convertir la capacidad de convocatoria de la cultura en capacidad de ayuda.

Cali necesita reconstruir viviendas, edificios y vidas. Necesita recursos. Necesita acompañamiento. Pero también necesita esperanza.

Y pocas cosas tienen la capacidad de reunir alrededor de Cali a personas de tantos lugares como el Petronio.

Por eso, alcalde Eder, ahora que el Petronio sí va a realizarse, hagámoslo diferente.

Hagámoslo solidario.

Hagamos que la edición XXX no sea recordada solamente como la que tuvo que ser suspendida por un terremoto, sino como aquella que regresó para ayudar a una ciudad a levantarse.

Que sea un homenaje a los muertos.

Un apoyo para los damnificados.

Una oportunidad para los artistas y portadores de tradición.

Un impulso para el turismo y la economía.

Y, sobre todo, un gran abrazo nacional a Cali.

Porque las culturas del Pacífico han demostrado durante generaciones que el dolor y la alegría pueden convivir.

Que se puede llorar y cantar.

Recordar y bailar.

Perder y sobrevivir.

Que este año el Petronio no sea solamente una celebración de la vida.

Que sea también una celebración de la supervivencia.

Y que cuando finalmente vuelvan a sonar las marimbas, Cali pueda bailar sabiendo que detrás de cada canción hay una ciudad que recuerda, una Colombia que acompaña y una comunidad que decidió levantarse.

En el Museo del Oro de Bogotá está la exposición “Trazos sobre piedra. Pinturas milenarias en la serranía de La Lindosa” que nos permite aproximarnos y apreciar el arte rupestre de la Amazonía, que tiene gran valor histórico, patrimonial y cultural.

El arte rupestre es la manifestación gráfica más antigua de la humanidad, así que estos dibujos o grabados sobre la roca —petroglifos— dan cuenta de formas de pensamiento y manifestaciones culturales del pasado, específicamente de quienes vivieron en la serranía La Lindosa, ubicada en el departamento del Guaviare.

Con reproducciones de gran tamaño, “Trazos sobre piedra” exhibe el arte rupestre y la diversidad de cada uno de los pueblos. Hay escenas de danza, pesca o cacería, pero también formas de objetos y figuras de animales, cuerpos humanos, líneas y espirales.

La serranía de La Lindosa alberga tres de los conjuntos rupestres más impresionantes de la Amazonía.

En el Nuevo Tolima los murales se despliegan sobre amplias mesetas con escenas densamente superpuestas.

En el Raudal del Guayabero las figuras emergen sobre muros verticales que se elevan junto al río, marcando un lugar de tránsito y poder ceremonial.

Y en Cerro Azul los paneles se extienden a lo largo de farallones con representaciones de animales, humanos y geometrías que dialogan con el paisaje que lo rodea.

La exposición “Trazos sobre piedra” está abierta hasta noviembre de 2026. Quienes no pueden ir al Museo del Oro de Bogotá pueden ver la exposición en el sitio web cultural del Banco de la República: https://www.banrepcultural.org/exposiciones/trazos-sobre-piedra

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Hay una manera sencilla de imaginar lo que ocurrió el pasado 6 de agosto en Bogotá: una memoria que durante años estuvo dispersa en investigaciones, archivos, voces, imágenes, documentales y páginas encontró un segundo lugar donde permanecer.

No era una ceremonia para inaugurar un edificio ni para presentar un nuevo informe. Era, en cierto sentido, una ceremonia para proteger el pasado.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una copia íntegra del patrimonio documental que la entidad consolidó entre 2022 y 2026. La recibió el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, de manos de la directora del CNMH, María Gaitán Valencia.

La cifra ayuda a dimensionar lo que se puso bajo custodia: 257 libros —107 de ellos investigaciones—, 209 documentales, 91 episodios de pódcast y 68 micrositios especializados, además de archivos documentales, bases de datos, recursos pedagógicos, contenidos audiovisuales y otros activos digitales.

Pero los números no alcanzan para contar lo que hay detrás de ellos.

Porque cada investigación contiene años de trabajo. Cada documental conserva una voz. Cada archivo puede guardar el rastro de una persona, una comunidad o un hecho que alguna vez estuvo a punto de desaparecer de la historia. Y detrás de muchos de esos documentos están las víctimas que decidieron contar lo ocurrido para que su experiencia no quedara reducida al silencio.

Ese es el verdadero tamaño del archivo.

La entrega realizada por el CNMH responde a una medida de protección de información ordenada por la JEP sobre archivos de derechos humanos producidos, recopilados, administrados o custodiados por ocho entidades públicas.

La medida, adoptada desde 2018 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, tiene un propósito preciso: identificar, proteger y preservar información que pueda contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas durante el conflicto armado.

En agosto de 2026, mediante el Auto AT611 de 2026, la JEP ordenó al CNMH remitir la información que consideró de especial interés para las funciones de la Jurisdicción.

La respuesta fue la entrega de una copia íntegra del legado documental consolidado por el Centro durante los últimos cuatro años.

Desde 2019, el CNMH ha continuado recopilando, preservando y custodiando materiales en el marco del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica. El archivo que ahora queda protegido por la JEP es, por tanto, parte de una construcción mucho más amplia: la de un país que intenta dejar registro de aquello que durante décadas ocurrió en sus territorios y que, en demasiadas ocasiones, permaneció oculto.

Hay una frase de María Gaitán Valencia que resume el sentido de la entrega.

“Hoy entregamos este legado documental a la Jurisdicción Especial para la Paz con la convicción de que la memoria de Colombia debe preservarse como un bien público permanente, por encima de cualquier coyuntura”, afirmó la directora del CNMH.

La frase importa porque los archivos también tienen una historia política. Las instituciones cambian, los gobiernos terminan, los funcionarios pasan y las prioridades públicas se transforman. Los documentos, en cambio, pueden permanecer.

Por eso la preservación de un archivo de memoria no es solamente un asunto técnico. Es una decisión sobre qué quiere recordar una sociedad y sobre qué información debe estar disponible cuando las generaciones futuras vuelvan a preguntar qué ocurrió.

“La memoria trasciende los gobiernos; pertenece a los colombianos”, agregó Gaitán Valencia.

La entrega a la JEP se suma además a la puesta en marcha de la Plataforma del Legado, una iniciativa destinada a preservar y facilitar el acceso al conocimiento construido por el CNMH.

El propósito es que ese conocimiento pueda seguir siendo consultado por las víctimas, investigadores, periodistas, estudiantes, instituciones judiciales y ciudadanos.

La memoria y la justicia no son lo mismo, pero en un país como Colombia sus caminos inevitablemente se cruzan.

Un documento puede ayudar a reconstruir un hecho. Una investigación puede revelar un contexto. Un testimonio puede aportar una pieza que faltaba. Una fotografía puede confirmar la existencia de una comunidad desplazada. Un documental puede conservar para siempre la voz de alguien que durante años buscó ser escuchado.

Por eso el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, destacó la entrega realizada por el CNMH.

“Con esta entrega, damos un paso para que el conocimiento acumulado sobre nuestro conflicto armado siga sirviendo no solo para comprender el pasado, sino también para garantizar los derechos de las víctimas, fortalecer el esclarecimiento judicial de los hechos y contribuir a que la violencia nunca vuelva a repetirse”, señaló.

La copia permanecerá bajo reserva y custodia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Con ello se busca garantizar su conservación y disponibilidad para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la Jurisdicción.

La entrega de este legado también permite entender la dimensión histórica de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP nació de un momento excepcional de la historia colombiana: el intento de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado y, al mismo tiempo, encontrar una respuesta para las víctimas y para una sociedad que necesitaba conocer lo ocurrido.

Su tarea no ha sido solamente juzgar. Ha sido reconstruir. Entender cómo funcionó la violencia, cómo se organizaron los hechos, quiénes participaron, cuáles fueron los patrones y qué responsabilidades existieron detrás de miles de historias que durante años aparecieron como episodios aislados.

En ese trabajo, los archivos tienen un valor que va mucho más allá del papel o de los formatos digitales en los que están almacenados. Un documento puede ayudar a establecer una fecha, reconstruir una cadena de decisiones o confirmar un testimonio. Una investigación puede aportar el contexto que permite comprender un hecho. Un registro audiovisual puede conservar para siempre la voz de una víctima. Una base de datos puede revelar patrones que no son visibles cuando cada caso se observa por separado.

La justicia necesita memoria porque no es posible investigar aquello que ha desaparecido.

Por eso la protección de los archivos de derechos humanos tiene una dimensión profundamente democrática. No se trata solamente de conservar información para los jueces o para los investigadores. Se trata de garantizar que las víctimas y sus familias puedan encontrar en el futuro los elementos que permitan sostener sus relatos, contrastar versiones y avanzar en la búsqueda de respuestas.

Colombia ha aprendido, muchas veces de la manera más dolorosa, que el paso del tiempo no garantiza que la verdad aparezca por sí sola. Hay documentos que se pierden, testimonios que desaparecen con quienes los dieron, lugares que cambian y generaciones que crecen sin conocer lo que ocurrió antes de ellas.

Preservar es, por eso, una forma de responsabilidad.

La JEP representa uno de los principales esfuerzos institucionales del Estado colombiano para que los crímenes más graves cometidos durante el conflicto no queden únicamente en el terreno de la memoria individual, sino que puedan ser examinados desde la justicia. Su trabajo busca establecer responsabilidades, reconocer a las víctimas y aportar al esclarecimiento de hechos que afectaron a comunidades enteras.

Ese trabajo requiere tiempo, pero también requiere fuentes.

De ahí la importancia de que el legado documental del CNMH tenga ahora una copia íntegra bajo custodia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP. La medida no sustituye las responsabilidades del CNMH ni transforma la naturaleza de sus archivos. Lo que hace es añadir una garantía para que ese patrimonio pueda conservarse y permanecer disponible cuando sea necesario.

En un país donde todavía existen miles de preguntas sobre lo ocurrido durante el conflicto armado, proteger la información es proteger la posibilidad de responderlas.

También es una forma de proteger a quienes hablaron.

Durante años, hombres y mujeres en distintos lugares de Colombia contaron sus historias al CNMH. Algunos hablaron de masacres; otros, de desapariciones, desplazamientos, secuestros, despojos o persecuciones. Muchos hablaron de sus familiares ausentes. Otros reconstruyeron la historia de sus comunidades para que lo ocurrido no quedara reducido a una cifra.

Todo ese conocimiento forma parte de un patrimonio que no pertenece exclusivamente a una administración, a una institución o a un periodo de gobierno.

Pertenece a Colombia.

Por eso preservar estos archivos no significa simplemente guardar el pasado. Significa garantizar que el país pueda seguir preguntándole al pasado por su presente.

La JEP necesita documentos para hacer justicia. Las víctimas necesitan archivos para sostener su memoria. Los investigadores necesitan fuentes para comprender la historia. Los ciudadanos necesitan información para construir una sociedad capaz de reconocer aquello que ocurrió.

Y las nuevas generaciones necesitarán todo ello para comprender un país que heredaron, pero cuya historia no necesariamente vivieron.

La paz no termina cuando se firma un acuerdo. Tampoco la memoria termina cuando se publica un libro o se cierra una investigación. Ambas son tareas de largo plazo.

La preservación de este legado es, en ese sentido, una apuesta por el futuro: que las voces permanezcan, que los documentos sobrevivan y que Colombia conserve las herramientas necesarias para conocer su propia historia.

En el fondo, se trata de algo más elemental: que aquello que Colombia se tomó años en investigar no pueda simplemente desaparecer.

Porque un país también se construye con sus archivos.

Y en Colombia, donde buena parte de la historia del conflicto todavía está hecha de silencios, ausencias y preguntas sin respuesta, preservar esos archivos significa mantener abierta la posibilidad de encontrar algún día las palabras, los documentos y las voces que permitan comprender lo ocurrido.

La memoria no cambia el pasado. Pero puede impedir que el pasado sea borrado.

Y esa, quizás, es una de las formas más concretas de construir la no repetición.

Porque un país que protege su memoria no está condenado a vivir en el pasado.

Está tratando de evitar que el pasado vuelva a repetirse.

Frases de Luis Enrique Abadía García en esta entrevista:

• “Reglas conocidas de antemano y aplicadas por igual. Eso protege tanto a quien gobierna como a quien ejerce oposición”.
• “Tengo un perfil de vicecontralor en mente, no un nombre”.
• “El control en tiempo real no es leer papeles más rápido. Es seguir el dinero”.
• “El daño fiscal casi nunca empieza en el robo o el desgreño administrativo. Empieza antes”.
• “El control fiscal debe llegar a cada municipio sin multiplicar la nómina”.

Luis Enrique Abadía García nació en Juradó, Chocó. Trabajó desde niño en la pesca y las ventas ambulantes; la violencia sacó a su familia del pueblo.

Se hizo abogado en la Universidad Tecnológica del Chocó con un crédito del Icetex.

Hoy es doctor en Derecho, y además cuenta con cuatro maestrías, seis especializaciones, y ha sido profesor universitario por más de dieciocho años.

Lleva más de veintiún años en el servicio público y conoce el control fiscal desde adentro: fue contralor delegado y director de Despacho en la Contraloría General, así como Gerente de la Auditoría General de la República en Medellín.

Ocupó el primer lugar en el concurso de méritos para la elección de Contralor General.

¿Qué garantías les ofrece al gobierno y a la oposición sobre su neutralidad política?

Ofrezco independencia y ecuanimidad. Ofrezco total garantía de un control fiscal transparente y responsable, ese que no se construye contra nadie sino con todos y por el bien del país.

Pero la independencia e imparcialidad se demuestran: por eso publicaremos los criterios técnicos con los que se decide qué se audita, antes de auditar. Y cada decisión quedará documentada y verificable.

Reglas conocidas de antemano y aplicadas por igual. Eso protege tanto a quien gobierna como a quien ejerce la oposición.

La elección del vicecontralor suele ser una señal que esperan el Congreso, el Gobierno y la opinión. ¿Tiene un perfil de vicecontralor?

Tengo un perfil, no un nombre. Escucharé a quien quiera aportar ideas, pero el criterio que decide será la capacidad técnica.

Busco conocimiento profundo del control fiscal y a alguien capaz de sostener una posición contraria a la mía. Un contrapeso, no un eco.

Es un cargo de gestión: quien llegue responderá por resultados medibles, igual que yo.

Y creo que el mejor mensaje que puede dar un nombramiento es que la persona esté a la altura del cargo.

Frente a la corrupción, ¿es posible el «control fiscal en tiempo real»?

Sí, y ya empezó: la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 04 de 2019 otorgó a la contraloría la facultad del control preventivo y concomitante, la cual permite la realización de los seguimientos permanentes a la ejecución de los recursos públicos, lo que, llevado a un nivel superior de optimización, permite anticipar los riesgos de pérdida de recursos públicos, ya sea por corrupción o ineficiencia administrativa.

El control en tiempo real no es leer papeles más rápido. Es seguir el dinero: desde que sale del presupuesto hasta que llega, o no llega, a la obra bien o servicio que se persigue.

Y ese dinero no se detiene en la frontera. Me reuniré próximamente con el congresista Gregory Meeks, quien presidió el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara en Estados Unidos: hablaremos de cooperación internacional para la recuperación de activos de responsables fiscales y del Pacífico.

Se propone recurrentemente eliminar las contralorías territoriales. ¿Qué opina?

Se ha planteado la existencia de duplicidades funcionales y dispersión de competencias. Comparto la necesidad de fortalecer el control fiscal en los territorios, el control fiscal debe llegar a cada municipio sin multiplicar la nómina.

Es un debate que tendrá que abordarse desde las instancias concernidas, de cara a la ciudadanía; es un tema álgido, con múltiples miradas, cuya decisión de fondo corresponde al Congreso, no al contralor.

Me comprometo a acompañar de manera técnica un debate transparente que arroje el mayor consenso y las mejores conclusiones y decisiones para el país.

Creo que la contraloría debe liderar con el ejemplo en materia de austeridad y eficiencia en el gasto público, contribuyendo a la estabilidad fiscal del país por la vía de los ahorros.

También considero debe propenderse por un control fiscal musculoso, ojo, no adiposo, ágil y competente para cumplir cabalmente su misionalidad.

La planta de personal de la Contraloría General de la República ha crecido notablemente. ¿Con qué criterios manejará la planta? ¿Y si por ajuste fiscal hay que recortarla?

Con dos criterios: carga real de trabajo y riesgo fiscal. Ni presión política ni conveniencia.

Si llega un ajuste, primero se ajusta lo que no toca la capacidad de vigilar. Modernizar no es despedir: el criterio del auditor es el activo que hay que proteger, no el que hay que recortar.

Y cambiemos la pregunta. El tamaño no se decide en abstracto, sino contra una medida: qué porción del gasto público alcanzamos a vigilar de verdad. Si el Estado crece y el control no, la cobertura cae, aunque la nómina siga igual.

¿Cuáles son sus dos principales aprendizajes de su experiencia en la Contraloría General de la República?

El primero: el daño fiscal casi nunca empieza en el robo o el desgreño administrativo. Empieza antes, en un estudio previo mal hecho o en una obra mal planeada. Por eso insisto en la prevención.

El segundo tiene dos caras. La lentitud es la forma más silenciosa de impunidad; pero también castiga al investigado que termina siendo inocente. Una medida cautelar mal puesta puede arruinar a una familia honesta.

Por eso hablo de rapidez con garantías. Detrás de cada expediente hay una comunidad esperando algo que no llegó — y también una persona esperando decisiones justas fruto del debido proceso.

¿Se preparó mucho para obtener el primer lugar en la prueba académica?

Me preparé veintiún años. El examen duró unas horas; el estudio, media vida.

Para los que venimos del Pacífico y en general de la periferia del país, la educación es la mejor y muchas veces la única vía que tenemos para lograr las oportunidades.

Al que no tiene padrino solo le queda el estudio. Salí del pueblo por la violencia, trabajé desde niño y me gradué de abogado con un crédito del Icetex.

Después vinieron los posgrados hasta graduarme del doctorado y más de dieciocho años como profesor universitario. Nada de eso lo hice pensando en un concurso.

Pero cuando llegó, estaba listo. Eso hace la meritocracia cuando funciona: premia lo que uno construyó en silencio.

En la elección de Contralor General siempre hay candidatos visibles y candidatos reales. Y Luis Enrique Abadía parece pertenecer a la segunda categoría.

Su relación con Carlos Hernán Rodríguez Becerra no nació ayer. Coincidieron en la Defensoría del Pueblo y, cuando Rodríguez llegó a la Contraloría General, llevó a Abadía consigo. No a cualquier cargo: terminó siendo uno de sus hombres de mayor confianza, llegó a ocupar la jefatura de despacho y era, además, el delegado que quedaba encargado del despacho del Contralor en cada ausencia de Carlos Hernán.

¿Casualidad? Puede ser. Pero en política las casualidades suelen tener hoja de vida.

Y esa hoja de vida tiene números que hablan solos. Entre el 17 de julio de 2024 y el 13 de abril de 2026 —el periodo de su gestión al frente del despacho—, la capacidad sancionatoria de la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública se desplomó: los Procesos Administrativos Sancionatorios pasaron de 7 en el bienio anterior a apenas 1 en 2025 (y a cero en 2024). Las indagaciones previas cayeron de 7 a solo 2 por año. Y el beneficio de auditoría —la plata efectivamente recuperada para el Estado— colapsó de $93 millones en 2023 a poco más de $9 millones en 2024. Para completar el cuadro, de las 46 actuaciones programadas en 2026, 13 —casi tres de cada diez— siguen represadas, sin informe liberado.

Pero el dato más elocuente es otro: entre 2024 y 2026, la Delegada auditó recursos públicos por más de $1,148 billones de pesos —un universo que incluye entidades tan sensibles como la DIAN y el Ministerio de Hacienda—, y de ahí solo salieron hallazgos fiscales por $184.485 millones. Es decir, apenas el 0,016 % de todo lo vigilado terminó traducido en un detrimento detectado. Menos de un milésimo de cada peso auditado. Una auditoría pública que, en la práctica, se quedó en el papel: sin dientes frente al verdadero tamaño del erario que estaba llamada a proteger.

A ese recorrido se suma un capítulo político que resulta clave para entender su candidatura. Según se comenta, Abadía había sido contemplado como el candidato que podría contar con el visto bueno de Iván Cepeda y del Pacto Histórico para llegar a la Contraloría General en caso de que ese sector político ganara la Presidencia de la República. Es decir, su nombre no aparece ahora de manera improvisada en la carrera por el organismo de control: ya se movía como una carta para ocupar uno de los cargos más poderosos del Estado en un eventual gobierno del Pacto Histórico.

Abadía también tiene vasos comunicantes con el sector de Daniel Quintero: su esposa ocupó una subsecretaría durante la Alcaldía de Medellín, y él mismo figuró como contratista en esa administración. Dos vías, no una, que lo acercan al quinterismo.

Así que su candidatura reúne una combinación bastante particular: cercanía histórica con Carlos Hernán Rodríguez —al punto de ser su reemplazo de facto en cada ausencia—, conexiones —familiares y contractuales— con el quinterismo y, además, haber sido considerado como una carta del Pacto Histórico y de Iván Cepeda para la Contraloría en un eventual triunfo presidencial.

Hay, además, un asunto patrimonial que merece aclaración pública. En el barrio El Jardín de Quibdó existe un predio de 912 metros construidos, avaluado por la Alcaldía en más de $437 millones para 2026, registrado a nombre de Luis Enrique Abadía García. El documento oficial de cobro predial que reposa en la Secretaría de Hacienda de esa Alcaldía identifica al contribuyente con un número de cédula de once dígitos —un formato que no corresponde al estándar de la cédula de ciudadanía en Colombia—.

¿Es un simple error de digitación de la Alcaldía, o hay algo más detrás? Es necesario que Abadía responda: ¿este inmueble está declarado en su patrimonio ante los organismos de control correspondientes? ¿Y a qué se debe la irregularidad en el número de identificación asociado a una propiedad que lleva su nombre?

Por eso la verdadera pregunta no es si Luis Enrique Abadía cumple o no los requisitos para aspirar. La pregunta es otra: ¿es Abadía el verdadero candidato de Carlos Hernán Rodríguez para conservar influencia en la Contraloría?

Porque cuando el aspirante fue compañero, subordinado, jefe de despacho, encargado en sus ausencias y hombre de confianza de quien hoy dirige el organismo —con una gestión que dejó cifras a la baja, conexiones con distintos sectores políticos y un patrimonio con preguntas sin responder—, hablar de independencia requiere algo más que un discurso.

Carlos Hernán puede guardar silencio sobre su candidato.

La hoja de vida de Abadía habla por él.

Nota recomendada: Se quitaron el sombrero