Una de las primeras acciones políticas del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, fue materializar las zanjas que había prometido en campaña electoral en las fronteras con Bolivia y Perú. Esa medida dividirá la planicie del Altiplano logrando una barrera artificial al paso natural de la fauna silvestre del lugar, como pumas (Puma concolor), suris (Rhea pennata), vicuñas (Lama vicugna), quirquinchos (Chaetophractus nationi) y tarucas (Hippocamelus antisensis), entre otras especies. Según expertos, la profundidad de las zanjas también podría alterar los cursos de agua dañando a los bofedales que comparten Chile y Bolivia.

El proyecto de Kast se llama “Plan Escudo Fronterizo”. El 16 de marzo, solo cinco días después de jurar como presidente, el mandatario se trasladó a la ciudad de Arica para supervisar la construcción de las zanjas en la frontera con Perú. Días después, ese plan se llevó a cabo en la frontera con Bolivia.

Según el gobierno de Chile, este plan “considera medidas firmes con un cierre total de la frontera a la inmigración ilegal -es decir, el cierre de los pasos no habilitados- sanciones severas y un despliegue militar y policial sin precedentes”.

En uno de los puntos del plan se menciona la construcción de un sistema de contención física y tecnológica “infranqueable”, combinando muros o vallas de seguridad de cinco metros de altura “equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados”.

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A eso se suma la construcción de zanjas de tres metros de profundidad y tres metros de ancho “en los sectores de alto tráfico migratorio, impidiendo el acceso de vehículos y el paso de caravanas”.

Solange Vargas es doctora en Biología y Ecología Aplicada y actualmente es académica del departamento de Química y Biología, Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Atacama de Chile. La experta, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que la implementación de una infraestructura de estas dimensiones en el Altiplano constituye una “intervención drástica” que altera la conectividad biológica de uno de los ecosistemas más frágiles del mundo.

“La apertura de una zanja de estas magnitudes genera fragmentación de hábitat. En el Altiplano, la fauna no reconoce fronteras políticas”, explicó la bióloga. “Especies como la vicuña, el suri o ñandú cordillerano y el zorro culpeo dependen de grandes extensiones de terreno para encontrar alimento y agua, recursos que son extremadamente escasos y estacionales. El movimiento de animales, grandes y medianos, es fundamental para sobrevivir en este ambiente”, resaltó Vargas.

La experta, que hace más de 15 años se dedica al estudio de la fauna silvestre en el norte chileno, añadió que estas zanjas pueden generar un efecto barrera o interrumpir rutas migratorias. Por ejemplo -dijo-, para los suris, que son aves que no vuelan, una zanja de tres metros puede ser un obstáculo no menor si es que no es insuperable. “Esto en el tiempo genera división de las poblaciones, reduciendo su variabilidad genética y, en caso de mantenerse por largos periodos de tiempo, podríamos incluso hablar de dejar a las especies más vulnerables o provocar extinción local”.

Una “trampa mortal”

Vargas afirmó que estas zanjas con el tiempo se pueden volver una “trampa mortal”, ya que podría comenzar a registrarse caída de animales, animales lesionados y causar incluso muerte. Los animales pequeños, como roedores o reptiles, difícilmente podrían salir, muriendo por inanición, estrés o exposición, explicó.

En el caso de los felinos andinos, como el puma, o el zorro andino, Vargas afirmó que la situación es compleja, ya que técnicamente un puma tiene la capacidad de salto horizontal, en caso de ser animales saludables. La experta detalló que tres metros de ancho para felinos más pequeños, como el gato andino y el colo colo, puede ser más difícil de sortear. “Por lo que esta zanja podría volverse un obstáculo también para ellos. Si la zanja posteriormente estará acompañada de muros o vallas, hará que la conectividad de la fauna en este ambiente se vea drásticamente reducida”, destacó Vargas.

Por su parte, Cristian Bonacic, profesor titular de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afirmó a Mongabay Latam que las barreras artificiales tienen un impacto sobre la fauna silvestre.

El profesor acotó que en el caso de las zanjas y otras medidas entre Chile y Bolivia aún no se conoce la real continuidad de estas barreras artificiales, su manutención, trazado y si van a ser continuas o no.

Señaló que las principales especies de interés para evaluar son las vicuñas, guanacos, pumas y tarucas, a pesar de que son extremadamente hábiles para sortear acantilados, sitios de difícil acceso y escalar. “Habría que ver si se puede establecer un monitoreo con cámaras trampa para evaluar si hay algún impacto en ellas”, resaltó.

Bonacic recordó que el muro entre México y Estados Unidos sí tuvieron un impacto en especies migratorias estacionales de tamaño medio y grande y se han separado poblaciones de especies que se movían entre ambos países en algunas zonas con el consiguiente impacto sobre las especies, aunque resaltó que ese tipo de infraestructura es mucho más agresiva que una zanja.

Compartido por Perú, Bolivia, Argentina y Chile, el Altiplano es junto al Tíbet una de las mesetas más elevadas del mundo, alcanzando un promedio de más de 4000 metros sobre el nivel del mar. La baja presión de oxígeno a esta altura y sus condiciones climáticas extremas no impidió el desarrollo de una flora y fauna únicas en el mundo por su grado de adaptación a este medio hostil.

En esta zona se pueden encontrar una gran cantidad de especies de aves, reptiles y mamíferos endémicos. Allí, viven camélidos sudamericanos domésticos, como la llama y la alpaca; y silvestres, como el guanaco y la vicuña. En esta área viven los pueblos indígenas aymara y quechua.

Desde la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota se informó a Mongabay Latam que el objetivo de este plan impulsado por Kast contempla la instalación de barreras físicas, zanjas y sistemas de vigilancia con el objetivo de frenar la migración irregular, la trata y tráfico de personas y otras actividades vinculadas al crimen organizado en la zona limítrofe chilena con Perú y Bolivia.

La institución no informó sobre los impactos ambientales del plan, al igual que la Delegación Presidencial de la región de Tarapacá. Mongabay Latam también se comunicó con voceros de Ambiente del gobierno chileno para consultar sobre los impactos ambientales de esta medida, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.

Reclamos desde Bolivia

En Bolivia, Magín Herrera, ingeniero zootecnista y exviceministro de Medio Ambiente, afirmó a Mongabay Latam que el plan de Kast constituye una “alta amenaza para el delicado bioma altiplánico”, ya que tendría consecuencias sociales, económicas y ambientales negativas.

“Con las zanjas se está prohibiendo el paso y libre tránsito de la fauna silvestre que es totalmente inocente, y cumplen un rol productivo para la humanidad; sin embargo, se está destruyendo el hábitat y ecosistemas de la vida silvestre. Ahí tenemos quirquinchos, guanacos, vicuñas, pumas y aves, y se estaría destruyendo sus madrigueras, las crías estarían en la frontera del otro país y las madres al otro lado. Si eso sucede, ¿qué va a pasar?”, cuestionó Herrera.

El experto resaltó que la alimentación para el ganado camélido es por lo general especies vegetales que se desarrollan en humedales únicos en el mundo de esta zona altiplánica. Esta alimentación –dijo- comprende hierbas de baja altura, desarrolladas gracias al escurrimiento superficial y subterráneo de agua proveniente desde las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, además de precipitaciones directas.

“Estos bofedales están protegidos por convenciones internacionales que ha suscrito Chile, también Bolivia, por su incalculable valor ecológico y alta fragilidad. En esta zona también podemos encontrar a la paja brava, forraje natural que se agrupa en pajonales; y la llareta, arbusto densamente compacto antiguamente utilizado como combustible y con propiedades medicinales”, dijo Herrera.

Por su parte, Josef Rechberger, biólogo de la Fundación Teko Kavi, detalló a Mongabay Latam que estas barreras afectan más a la fauna pequeña, como invertebrados, lagartijas, quirquinchos, zorros y felinos pequeños.

“Además, estas zanjas se pueden llenar con agua y los animales corren el riesgo de caer y  morir [ahogados]. Los pumas y vicuñas son animales muy ágiles y si su vida depende de cruzar estás barreras, ya sea por hambre o sed, posiblemente podrían saltar estas zanjas, pero su primera reacción al ver estas zanjas sería evitarlas. Así que realmente es un problema y estarían rompiendo los corredores ecológicos de la fauna silvestre”, dijo Rechberger.

El Gobierno de Bolivia respetó la decisión de Kast sobre la construcción de zanjas. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, afirmó a medios locales que la decisión de Chile no afecta a Bolivia y que respeta la posición asumida por Kast. Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz, sin mencionar a su colega chileno, dijo: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”.

Mientras, la diputada Claudia Bilbao, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó a este medio que la Cancillería boliviana debería enviar una nota de reclamo expresando su molestia por la construcción de zanjas, que no solo afecta a la movilidad humana, sino al hábitat de numerosas especies.

“Hay familias enteras, hay niños y niñas que se mueven por la frontera, pero también la fauna silvestre de la zona está en riesgo. Eso amerita un reclamo, pero seguro no lo harán, ya que Rodrigo Paz y José Kast son de la misma ideología”, afirmó Bilbao.

*Imagen principal: el Gobierno de Chile inició la construcción de zanjas en la frontera con Bolivia y Perú con el fin de evitar la migración ilegal, entre otras problemáticas fronterizas, pero esa decisión afecta a la fauna y a los humedales del Altiplano. Foto: cortesía Chile Noticias.

El artículo original lo publicó Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Elías Naal Hernández sale, red de pesca en mano, a probar suerte en las aguas de Isla Aguada, una localidad ubicada en las costas de Campeche, donde la Laguna de Términos desemboca en el Golfo de México. El pescador no imagina la escena que el mar le mostrará esa mañana de los primeros días de abril de 2024.

“Era una enorme mancha, kilómetros y kilómetros de crudo, lo agarrábamos en los achicaderos (baldes) de agua y se llenaban de lo fuerte que estaba”, cuenta. Lo único que Elías Naal pescó ese día, a cubetadas, fue el petróleo que parecía llenar el mar entero.

Lo que describe el pescador fue detectado vía satélite por científicos que estudian desde hace años los derrames de petróleo en el Golfo, quienes observaron evidencias de posibles manchas oleosas desde el 7 de marzo de 2024. Las detecciones tenían un origen cercano a infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal asignada para la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México desde donde se extrae el 80% del crudo nacional.

Pero el derrame no fue reportado por Pemex, que por ley debió hacerlo, y cuando Naal acudió a la paraestatal para denunciarlo, la empresa desestimó el evento argumentando que era una “chapopotera”, es decir, una emanación natural de petróleo, cuenta el pescador. Es una respuesta que reciben los pescadores con demasiada frecuencia frente a eventos que, de acuerdo con Naal, no tienen las características de eventos naturales.

Cuando comenzó a pescar, hace 38 años, era común que recalaran muy cerca de la costa la sierra y el peto, el besugo y la merluza, el huachinango y el atún, la mojarra y el bagre: algunas de las 300 especies que el estuario alberga, y de las que casi 80 están hoy amenazadas de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología. Con un poco de suerte, hace décadas las redes se llenaban de camarón rosado. Se veían delfines nariz de botella, tortugas caguamas y lora. Era un mar de vida.

Pero cada vez con más frecuencia, lo que Elías Naal atraviesa al buscar alimento es literalmente un mar de negrura y muerte, producto de los derrames provenientes de pozos de extracción de petróleo que en 2024 sumaron 88 más de los que había hace seis años, para un total de más de 2000.

Un equipo de Mongabay Latam y Data Crítica solicitó reportes empresariales enviados al gobierno mexicano sobre derrames petroleros para comprender la magnitud de estos incidentes, identificando sus características y afectaciones en el Golfo de México. Luego, contrastó estas cifras contra datos compartidos por científicos del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quienes han analizado más de 3000 imágenes satelitales obtenidas entre 2018 y 2024 y publicaron en octubre de 2024 una investigación académica al respecto.

Los hallazgos son alarmantes. Los reportes oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) sobre derrames en el Golfo de México muestran una pequeña parte de lo que realmente está pasando en un área que es hogar de más de 15 mil especies de aves, peces y moluscos de valor ecológico y comercial, y que sostienen la economía de unos 80 mil pescadores en la zona, como Naal.

De los 79 meses que equivalen a los seis años y medio analizados por los científicos, los investigadores han detectado la presencia de manchas de petróleo no naturales en el mar en 74 meses, mientras la autoridad ambiental solo tiene registrados derrames en 30 meses, el equivalente a dos años y medio, es decir, menos de la mitad de lo hallado por estos científicos.

“Estamos definitivamente en estado agónico, apenas sobreviviendo”, dice Baudelio Cruz, quien es pescador desde los siete años en la ciudad de Campeche y lleva décadas viendo el ecosistema deteriorarse. “Se pesca ya muy poco”, asegura y pide que el gobierno mexicano los voltee a mirar.

“No son chapopoteras”

Cuando Elías Naal acudió a los representantes de Pemex con un puñado de sargazo bañado en crudo como evidencia, los funcionarios le dieron el argumento de siempre: que las manchas que él veía a lo largo de kilómetros y kilómetros eran “chapopoteras”, es decir, emanaciones naturales de petróleo, aunque, según Naal, no respaldaron esa afirmación con ninguna prueba.

Pero el análisis realizado por científicos del Ecosur, el UABC, el Centro de Investigaciones del Golfo de México (Cigom) y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aporta evidencia a la versión de los pescadores de que aquel petróleo encontrado entre marzo y abril de 2024, no correspondía a una emanación natural. El crudo se encontraba demasiado alejado de la chapopotera conocida de la zona, y las características espaciales de la mancha tampoco corresponden con las de una emanación natural.  Esto se basa en la descripción que hacen los científicos en su artículo publicado en 2024.

Las características de las chapopoteras versus las de los derrames se han identificado en las miles de fotografías que forman parte de la base de datos construida para esta investigación y cuyo análisis se presenta aquí.

“Tenemos una gran certeza cuando detectamos petróleo en la superficie del mar. Tenemos decenas de fotografías y videos que nos han ayudado a la validación”, sostiene Abigail Uribe, especialista de la UABC, quien analiza las imágenes satelitales junto con investigadores de Ecosur.

El petróleo de una chapopotera, por ejemplo, no se desplaza más allá de unos cuantos kilómetros, genera una mancha menos extensa y está compuesta por hilos delgados y alargados en forma de “garra”. En cambio, en los derrames, estas características cambian: “es un petróleo que se concentra más y que abarca espacios mucho más grandes”, detallan los expertos. Además, los científicos y los pescadores saben dónde están las emanaciones naturales después de años dedicados a estudiar el Golfo. De acuerdo con Uribe, si un pescador detecta petróleo lo más probable es que sea un derrame, porque las chapopoteras son pequeñas y están en zonas cercanas a plataformas donde los pescadores no pueden acercarse por ley.

“Sabemos que no son chapopoteras”, afirma Wilbert Cosmopulos López, presidente de la federación de sociedades cooperativas de la industria de Cárdenas de Tabasco y pescador desde hace 20 años. “Frente a la costa de Magallanes, donde tenemos la pesquería, va uno en la embarcación y se percata del crudo por el olor que ya conocemos. Posteriormente ya ves en el espejo de agua un tono aceitoso brilloso. Más atrás ya vienen flotando los grumos y placas de hidrocarburo. Entre más vas avanzando hacia la mancha, ves placas más grandes de hidrocarburos. Entonces empezamos a tomar fotografías y evidencia”.

El aporte de los pescadores es clave para fortalecer los datos obtenidos a partir del análisis de las imágenes satelitales. El conocimiento que tienen acerca del comportamiento de las especies, la dirección de las corrientes, la ubicación de los arrecifes o los hallazgos que puedan tener, por ejemplo, de animales empetrolados, es información relevante. “Es importante porque abre otra fuente de información fidedigna de lo que está ocurriendo en un paisaje donde hay pocos actores. En un país como México con recursos económicos limitados para hacer una vigilancia efectiva, se vuelven indispensables estas otras fuentes de información o de datos para saber qué está sucediendo en nuestros mares”, explica Alejandro Espinoza Tenorio, investigador del Colegio de la Frontera.

Por eso, los científicos de Ecosur, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y otras instituciones como el Instituto Tecnológico de Centla (Tabasco) y la UNAM, colaboran con los pescadores en una alianza llamada “Pesca y Petróleo 2.0”.

La información analizada por los científicos y verificada en parte por los pescadores pone en discusión los datos del Estado. Por ejemplo, mientras entre enero y julio de 2024, ninguna empresa reportó derrames en el Golfo de México a las autoridades, los especialistas sí captaron manchas oleosas que no corresponden a emanaciones naturales en todos esos meses.

La sistemática minimización de derrames ocurre no sólo porque éstos no son reportados por las empresas, tal como exige la norma, sino también porque las cantidades derramadas son subestimadas. Por ejemplo, los datos proporcionados por la ASEA revelan que el derrame de Ek-Balam, uno de los más graves de la historia reciente del país, ocurrido en junio de 2023, fue reportado inicialmente con un volumen de 38 metros cúbicos, equivalentes a 690 tanques de combustible de un Toyota Corolla, algo imposible de acuerdo con científicos de la UABC, considerando la extensión y el desplazamiento de la mancha.

“Asumiendo cálculos conservadores, dejando fuera las áreas más controversiales y considerando solamente las zonas del derrame donde observamos petróleo bastante concentrado, tenemos cálculos de entre 10 y 200 veces [por encima] del volumen reportado”, señala Uribe.

Cada vez que los investigadores de la UABC y Ecosur identifican un derrame, envían un reporte a las autoridades. No obstante, la ASEA indicó, en respuesta a una solicitud de información, no haber sistematizado ningún reporte científico debido a que la ley no los considera como fuentes legítimas de información. Tampoco lo son las denuncias y evidencias enviadas por los pescadores, solamente consideran a las empresas petroleras.

El mayor impacto en el ecosistema y los millones de mexicanos que dependen de la pesca en el Golfo, coinciden especialistas y pobladores de la zona, no ocurre solo después de los grandes derrames como el de Ek-Balam, sino que es resultado de la acumulación de décadas de fugas y derrames crónicos más pequeños, la mayoría de los cuales jamás son reportados y, mucho menos, sancionados.

Solo ocho multas pagadas en seis años

Para que la Marina mexicana active el protocolo de atención a contingencias por derrames de hidrocarburos, un documento en donde se establecen claramente las rutas para la contención y remediación de un evento de esta naturaleza, es necesario que las empresas extractivas reporten los derrames. Si estas no lo hacen, nadie llega a la zona afectada. Por lo mismo, nada se hizo para intentar frenar el avance del petróleo que Elías Naal vio a inicios del 2024.

“Ahorita más o menos me dedico a pelear lo del ambientalismo, porque nos están perjudicando. La gente llega a deshoras de la noche: ‘vimos este derrame, pasó esto acá, está a siete millas, me hablan de Yucatán, que el derrame viene por abajo, que las plataformas tienen fugas y esto llega a las costas de Campeche y Yucatán por las corrientes”, denuncia Naal, quien es Presidente de la federación unidos por Isla Aguada, Campeche.

Científicas como Abigail Uribe advierten que las empresas parecen solo reportar los derrames más escandalosos, esos que tocan las costas. El resto pasa desapercibido y no llega a los oídos de la población mexicana, a menos que los pescadores lo denuncien.

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, las empresas extractivas son responsables de los desperdicios y derrames, y son ellas las que deben dar aviso a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la ASEA sobre cualquier siniestro, y aplicar los planes de contingencia, medidas de emergencia y acciones de contención que correspondan.

No obstante la regulación existente, los procesos de reporte de las empresas petroleras parecen ser cajas tan opacas como el mar oleoso que atraviesan frecuentemente los pescadores, quienes aseguran deben navegar cada vez mayores distancias para sacar en sus redes cada vez menos.

“Donde creemos que está el conflicto, es que el regulado (la empresa) es juez y parte”, dice Eduardo Cuevas, investigador de la UABC, en referencia a que son las empresas las responsables de dar aviso y de aplicar las medidas de contención y emergencia. Las empresas, indica Cuevas, no tienen incentivos para reportar sus propias fallas.

En los reportes oficiales de derrames, la empresa que concentra más eventos tanto a nivel nacional como en el Golfo de México es la estatal mexicana Pemex, seguida de la empresa privada Petrofac. A nivel nacional, la privada es responsable de 15 derrames ocurridos entre el 9 de enero de 2018 y el 20 de diciembre de 2020, de los cuales 12 fueron en el Golfo de México.

Desde 2018, Petrofac está desmantelando sus operaciones en México para dirigirlas hacia las energías renovables. Sin embargo, el movimiento de Petrofac a inversiones “verdes” dejó intacta la estructura extractiva en México que, desde octubre de 2018, es ocupada por Perenco, propiedad de una de las familias más ricas de Francia, los Perrodo. Esta es la segunda empresa privada con más derrames registrados oficialmente en el país.

El historial ambiental de Perenco no se limita a México. De hecho, de entre todas las compañías petroleras que operan en la Amazonía colombiana, esta empresa es una de las que registra el mayor número de procesos sancionadores y multas en los últimos 10 años, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam.

En México, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) entregados en respuesta a una solicitud de información, no se inició ningún proceso sancionatorio contra Perenco por los derrames que ocurrieron desde su adquisición, sino solamente una sanción por incumplir su meta de barriles de producción de petróleo. Tampoco hay registro de ninguna sanción contra Petrofac por los 12 derrames registrados oficialmente en los tiempos en los que operó.

En respuesta a cuestionamientos para esta investigación, un portavoz de Perenco señaló que los derrames y fugas en México han ocurrido tierra adentro, y que la estrategia ambiental de la empresa consiste en la compra de equipos de vigilancia, pues culpa a actos vandálicos de los derrames.

“En los últimos cinco años, Perenco México ha invertido significativamente en la integridad de sus activos, así como en la mejora de la vigilancia con CCTV y drones. En consecuencia, los incidentes ambientales se han reducido en 85% desde 2019”, sostiene la empresa.

Aunque tierra adentro, al menos un derrame de las instalaciones de Perenco en el municipio costero de Comalcalco, Tabasco, ha tenido impacto tanto en el manglar como en el lecho del Golfo de México, como se desprende de su propio reporte a la ASEA. En el documento, la empresa indica que para detener el derrame llevó a cabo la “instalación de barreras marinas en zona de manglar para recuperación de aguas oleosas”.

Esta investigación no pudo corroborar directamente que la mayoría de derrames se deben a actos vandálicos, debido a que la ASEA no proporcionó información sobre causas de los derrames, a pesar de que esta información fue solicitada.

Esta ausencia de sanciones es representativa de lo que ocurrió en el país en los últimos seis años. De 2018 a la fecha, aunque hay 86 derrames oficialmente registrados, se han iniciado solamente 48 procesos sancionatorios contra empresas que extraen petróleo por incumplir normas tan básicas como no seguir su propio plan de exploración. Pero en menos de la mitad de los casos, en 21 procesos, se estableció como sanción una multa y solo ocho de ellas han sido pagadas, de acuerdo con la solicitud respondida por la CNH. Consultada sobre la impunidad de estos casos, hasta la publicación de este reportaje la CNH no respondió. Tampoco Pemex envió respuestas a las preguntas hechas por el equipo periodístico.

Cada derrame ignorado, cada denuncia desestimada, acumula impactos ecológicos que contribuyen a deshilar el tejido de la vida marina en el Golfo, de la cual también son parte cerca de 80 mil pescadores y las millones de familias mexicanas que se alimentan de lo que ellos capturan.

“Se pesca ya muy poco”

La ficha Ramsar que categoriza a la Laguna de Términos como humedal de importancia internacional, indica que cerca del 80 por ciento de los peces de la plataforma del Golfo de México dependen de sitios como este para su reproducción y alimentación.

Este ecosistema es una muestra de la biodiversidad de la región, y la mayor puerta de agua dulce de México al Golfo, que es un ecosistema crítico aún más amplio: corredor migratorio de cientos de especies de reptiles, anfibios, aves, peces y mamíferos de interés ambiental y comercial con decenas en categorías de amenaza como el jabirú (Jabiru mycteria), la segunda ave de mayor tamaño en el continente americano, de la que quedan unos 20 individuos en todo el territorio mexicano.

El valor ecosistémico del Golfo, apunta Eduardo Cuevas, es incalculable. Además de mantener especies de pesca como la sierra, el robalo, el atún y el huachinango, da vida a especies de tiburones protegidos como el tiburón ballena y tortugas como la lora y la laúd.

Con la contaminación, sin embargo, “no sólo se afectan ecosistemas marinos sino también terrestres”, explica Eva Coronado, especialista en sistemas socioecológicos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, dependiente de la Universidad Autónoma Nacional, en Mérida. “Todos los contaminantes que llegan a la costa tienen afectaciones a las zonas lagunares, como la Laguna de Términos en Ciudad del Carmen y a los ecosistemas de manglar que están cercanos al área”.

Pemex ocupa el lugar 20 en una lista de 57 empresas que ha generado el 80 por ciento de emisiones de carbono a nivel mundial desde la firma de los acuerdos de París, de acuerdo con el centro de investigación británico InfluenceMap. Pero mientras las petroleras contribuyen en gran medida a la crisis climática, también debilitan la capacidad de respuesta de los ecosistemas frente a eventos catastróficos catalizados por esa misma crisis, como los huracanes. Además, el petróleo viaja del plancton a animales más grandes, representando posibles daños al ser humano de los que no se han conducido estudios profundos, indican los especialistas. Para pescadores como Elías Naal, el valor de ecosistemas como la Laguna se sintetiza así: son toda su vida. El pescador lleva cuatro décadas mirándola desaparecer.

“Hemos visto pescado, tortugas, delfines manchados de crudo, y cuando el petróleo está a dos millas de la orilla, entonces no hay pescado, por el olor que despide. El impacto [de los derrames] es fuertísimo”, dice.

Su experiencia se multiplica por toda la costa del Golfo. De acuerdo con el Plan Nacional de Contingencia, en los procesos de respuesta ante derrames de hidrocarburos se debe tener como prioridad la vida humana, el medio ambiente y en último término la propiedad de la nación y de terceros. En la práctica, dicen los pescadores, ellos y sus demandas han sido relegados al último sitio.

“Se pesca ya muy poco, quisiéramos que nuestro gobierno actual se ponga a pensar que nosotros somos los campesinos del mar, los que traemos el sustento para los niños de México”, dice Baudelio Cruz. “Entendemos que el petróleo se necesita, pero si la pesca se acaba, si nuestro gobierno no pone los ojos también en la pesca, no sé qué va a pasar porque es comida para todo el país”, agrega el pescador que también fue testigo de la mancha kilométrica de petróleo a inicios de 2024.

“La gente me denuncia, desde Mérida hasta Nuevo Campechito me mandan reportes y yo he recolectado pruebas, pero (en PEMEX) me cierran las puertas. Vamos a pedir un recurso por la afectación y nos dicen que no hay, porque simplemente son ‘chapopoteras’, imagínese”, denuncia Naal. “Nadie toca a PEMEX. Ellos hacen y deshacen, y no podemos reclamar. Le hemos escrito hasta al presidente de la República y no nos atienden”, agrega el pescador Teodoro Wilson.

Para los pescadores, existe un antecedente inequívoco de que las empresas y las autoridades evaden la realidad con la excusa de las chapopoteras. El derrame de Ek-Balam, que se conoció por una alerta emitida desde la sociedad civil y no por un aviso de Pemex o las autoridades mexicanas, también intentó ser minimizado. Aseguraron que era una “chapopotera”, una versión que se derrumbó a medida que el derrame crecía. La extensión del desastre de Ek-Balam superó los 460 kilómetros cuadrados y se tiene evidencia de que viajó más de mil kilómetros a lo largo del oeste del Golfo de México, alcanzando las costas de Veracruz y Tamaulipas .

Pescadores e investigadores están convencidos que las tecnologías que utilizan para detectar y enfrentar los derrames, podrían convertirse en un potente mecanismo de vigilancia y monitoreo ambiental para circunnavegar las limitaciones de la regulación actual, que deja todo en manos de las empresas.

“Estamos realmente convencidos de que esta información es útil para ellos (las autoridades), pero la práctica actual y el oscurantismo de las regulaciones no permite que haya este flujo de datos valiosos para la acción inmediata, el seguimiento y la atención a los derrames”, dice Uribe. “Nosotros no queremos enjuiciarlos — asegura— nosotros estamos aquí para entregarles información. Úsenla, incorpórenla en su toma de decisiones”.

“También existimos”: el grito de auxilio de la pesca

Elías Naal, Baudelio Cruz y Wilbert Cosmopolus, pescadores ahora convertidos involuntariamente en defensores del territorio, se aferran a su oficio. Quieren proteger el modo de vida que mantienen desde hace casi medio siglo, pero cada vez más, lo que les hace falta, además de la pesca misma, es dinero y tiempo para pescar. Dinero para nuevas redes que reemplacen las que se arruinan por llenarse de petróleo y para adquirir motores que les permitan hacer recorridos cada vez más largos.

En los últimos cinco años, los pescadores aseguran que su producción ha disminuido en un 40 por ciento, así es que no reciben más de 8000 pesos mexicanos al mes (alrededor de 400 dólares). Además, sostienen que las áreas de pesca se han reducido dado que tienen prohibido acercarse a las plataformas petroleras, incluidas las obsoletas, donde podrían extraer recursos. “Nuestras áreas de pesca han sido invadidas. Tenemos muchas áreas restringidas de pesca donde están las plataformas que ya están obsoletas, pero no podemos ir a pescar allá. Hemos estado luchando, le hemos pedido a nuestros diputados que intervengan para ver si logramos que nos den permiso para pescar en esas plataformas que ya no sirven para nada, porque hay bastante pesca ahí, pero no lo hemos logrado”, dice Baudelio Cruz.

Esta restricción estatal busca prevenir posibles intervenciones en la extracción de petróleo o ataques terroristas. Así lo declaró el expresidente, Vicente Fox, cuando en 2003 se ampliaron los kilómetros de exclusión como respuesta a los ataques de las torres gemelas de Nueva York en 2001.

El 2023 fue un año récord en inversión para pozos de exploración, de acuerdo con datos públicos de la CNH. Sin embargo, al mismo tiempo, el presupuesto de la ASEA para las acciones de monitoreo y control disminuyeron en casi una tercera parte, pasando de 604.7 millones de pesos en 2018 (unos 26 millones 800 mil dólares al cambio de 2018) a 385.2 millones de pesos en 2024 (unos 18 millones de dólares al cambio de 2024), según datos enviados en respuesta a una solicitud de información.

Esta distribución de recursos que favorece la extracción pero que no impulsa un equitativo control para prevenir que haya derrames ni contener y mitigar sus efectos adversos, está ahogando a los pescadores que se reparten entre las actividades de monitoreo y la pesca cada vez más costosa. Si la sociedad mexicana no los mira por su valor como generadores de alimentos, reclaman, se convertirán en presa fácil para las petroleras.

De los cerca de 80 mil pescadores en la primera línea de acción frente al desastre, muchos como Naal, Cruz y Cosmopolus piden acción inmediata a las autoridades: el reconocimiento de que la generación de alimento es, al menos, tan importante para la supervivencia del país como la extracción petrolera en el mar.

Exigen que su conocimiento experto sea incorporado en la creación de políticas para balancear la generación pesquera de alimentos con la extracción de petróleo, que puedan pescar al menos cerca de las petroleras en desuso y que en caso de derrames haya reparaciones sustanciales a ecosistemas y pescadores, y no solo la entrega de una red nueva, como ha sido costumbre hasta ahora.

“Aprovecho este medio para pedirle a la autoridad de Pemex y a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que ponga los ojos en los pescadores de todo México”, dice Baudelio Cruz. “Queremos un diálogo, una plática. Que no sacrifiquen a un sector por una industria como el petróleo, que es necesaria, pero nosotros existimos. Si nos tenemos que salir de nuestras áreas de pesca, que acordemos qué es lo que vamos a hacer nosotros los pecadores”.

Texto: Gibran Mena Aguilar y Michelle Carrere. Reportería en campo: Flavia Morales Carmona. Análisis de datos: Naomi Morato y Gibran Mena Aguilar / Data Crítica. Fotografías: Héctor Quintanar. Visualización: Eduardo Mota García. Edición: Michelle Carrere, Alexa Vélez

El artículo original fue publicado por Gibran Mena Aguilar y Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la comunidad indígena de Chosica no hay electricidad. Los indígenas wampis no tienen cómo preservar sus alimentos en una zona con temperaturas de 40 grados, no pueden usar electrodomésticos o simplemente iluminar sus casas por la noche. Si en alguna vivienda se ve un foco encendido, significa que detrás hay una familia que ha tenido que viajar cuatro horas hasta la ciudad más cercana para comprar un panel solar o un generador eléctrico a base de combustible. Si este eventualmente se descompone, tienen que reunir nuevamente dinero para comprar las piezas averiadas y reparar el equipo. Esta es la situación de solo una de las 362 comunidades indígenas de la región de Amazonas en Perú, dice el dirigente indígena Wrays Pérez.

Esta dependencia al petróleo y la brecha de conexión eléctrica se vive de la misma manera en las comunidades quechua de la región amazónica de Loreto. Un total de 46 territorios de las nacionalidades achuar, kukama, quechua y shuar viven en la zona de influencia del Lote 192 y 8, y dependen totalmente de las empresas que explotan hidrocarburos para tener energía. Petroperú proporciona a las comunidades en la zona de Andoas electricidad de ocho de la mañana a once de la noche, tiempo en que deben aprovechar para congelar sus alimentos, preservar medicamentos o tener acceso al internet en la cabina comunitaria. No saben hasta hoy lo que es tener energía las 24 horas del día, cuenta el apu Aurelio Chino de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Las horas de luz que tienen las consideran una victoria tras varios años de pedidos, exigencias y acuerdos con las empresas operadoras.

“El Estado nunca se ha preocupado por llevar energía a las comunidades. La última vez que nos prometieron mejorar la situación fue en el 2021, cuando firmamos el Acuerdo de Consulta Previa y estaba el Ministerio de Energía y Minas”, dice Aurelio Chino. Lo mismo señala Wrays Pérez, líder de la alianza de Organizaciones indígenas de Perú-Ecuador de Cuencas Sagradas. “No hay una intención legítima del Estado de querer apoyar con energía solar para mejorar la calidad de vida de la población en la zona, o sea, nada, abandono total”, precisa.

A esta desatención estatal y a la falta de servicios, se suma que las comunidades de las dos regiones conviven con operaciones petroleras dentro de sus territorios. Por Amazonas pasa el Oleoducto Nor peruano y se encuentra el Lote 64, que no ha logrado licencia social para su explotación. Las comunidades de Loreto lidian con los lotes 192 y 8, el primero en manos de Petroperú y su socio estratégico Altamesa Energy Canadá, y el segundo aún en proceso de licitación para volver a operar.

“Nos pasa que tenemos el petróleo en el territorio y que nosotros mismos vivimos en la carencia. Por eso los wampis hemos dicho que queremos buscar alternativas”, dice Pérez, quien ha empezado por instalar paneles solares en su casa. Desde ahí, con una computadora de la organización Cuencas Sagradas que tiene acceso a internet, cuenta que trata de hacer visible los problemas que enfrenta la comunidad. Tener un panel solar, dice el dirigente indígena, es un gran logro para cada familia wampis, aunque a veces solo alcanza para instalar unos pocos focos de luz.

Frente a este escenario, ¿cómo transitar a las energías renovables en la Amazonía peruana?¿cómo lidiar con las brechas de conexión eléctrica y los problemas que ha dejado atrás la explotación petrolera? El tiempo corre en contra. Antonio Zambrano, consultor del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), confirma que hay un plazo hasta el 2030 para modificar la matriz energética global y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, para no pasar así la barrera del 1.5 grados de aumento de temperatura.

El problema es que el Estado peruano, señala Zambrano, no tiene hasta hoy un Plan nacional enfocado en la transición energética, sino “todo lo contrario a una transición, pues se está impulsando la extracción de gas y petróleo”.

Déficit de energía en la Amazonía

“El Estado, por medio de Energía y Minas, dijo que iba a atender a las familias indígenas con paneles solares conectados a los domicilios, pero todavía no están cumpliendo con ese acuerdo y, en general, con todo lo que se promete no hay avances”, dice Aurelio Chino de FEDIQUEP.

Las comunidades de la Amazonía dependen del petróleo y el gas porque nunca se ha hecho una planificación a nivel estatal, explica la especialista de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Denisse Linares. Por el contrario, señala la experta, han sido las últimas en la fila del acceso a la energía. Linares afirma que existe muy poco avance en cuanto a electrificación rural y la implementación de paneles solares, sistema que podría ser una alternativa ecológica para toda la región amazónica.

Según el Plan de Desarrollo Concertado de Loreto, la región no está conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y utiliza sistemas aislados de generación y distribución térmica. Esto significa que para que llegue electricidad a las ciudades, se queman combustibles fósiles en grandes centrales térmicas ubicadas en Iquitos, Requena, Contamana, Nauta, Caballococha y Tamshiyacu como lo comenta Linares. La empresa que suministra la energía, Electro Oriente, tiene plantas de producción propias y al mismo tiempo importa energía del Brasil para cubrir la demanda.

Augusto Durán, Coordinador regional para el Tratado sobre Combustibles Fósiles del MOCICC, indica que los esfuerzos del gobierno son insuficientes. “Una verdadera transición energética implica que cambiemos o que empecemos a modificar las formas en que generamos la energía. En el caso peruano, gran parte de la energía que se genera proviene de la energía eléctrica, de la quema de gas natural y este recurso se está agotando, además de que, evidentemente, existe una gran brecha”.

Lo que sucede en Loreto se repite en las otras regiones amazónicas del Perú. La energía que abastece a las ciudades proviene de los hidrocarburos y en las zonas rurales hay un gran déficit. En Madre de Dios, según el Plan de desarrollo regional, la energía depende del Sistema eléctrico interconectado Nacional (SEIN) y de la Central Térmica de Puerto Maldonado, Iberia Iñapari, donde se produce electricidad a base de gas. Y estamos hablando sobre todo de las áreas urbanas.

Las comunidades indígenas enfrentan una situación más compleja. La carencia de energía del pueblo indígena Ese’eja de la comunidad Sonene, por ejemplo, se hace evidente en detalles significativos: solo tienen un panel solar en el puesto de salud, dice el expresidente de la comunidad, Ignacio Viaeja. “Estamos solicitando que en el colegio se tenga energía eléctrica desde hace varios años”, cuenta.

En Ucayali, la energía eléctrica de las ciudades la brinda la empresa Electro Ucayali y la cobertura bordeaba el 86% hasta el 2021, según el informe de Electrificación del INEI. Los datos de la región señalan que es preocupante el poco acceso a energía de zonas rurales como Iparía (provincia de Coronel Portillo) con 25%, también el distrito de Yurúa (provincia de Atalaya) con 21% y, particularmente, el distrito de Masisea con sólo el 8% de viviendas con acceso a electricidad.

La situación se repite en la región Amazonas. La cobertura de electricidad es del 87% y está a cargo también de la empresa Electro Oriente, que ha instalado una planta de generación térmica. Wrays Pérez comentó a Mongabay Latam que en la comunidad de Chosica el Gobierno regional empezó un proceso de electrificación, “incluso se tumbaron árboles, se hizo el trazo de los postes y finalmente se frustró”. Nunca se supo qué pasó con esta apuesta de electrificación rural que iba a llegar a comunidades wampis. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno regional de Amazonas no contestó las preguntas enviadas por Mongabay Latam.

San Martín es la que tiene un porcentaje más alto de conexión eléctrica en la Amazonía peruana: una cobertura total del 93 %, como figura en el Plan de Desarrollo Concertado de la región. Pero fuera del área urbana, el escenario es otro, como narra Wilfredo Tsamash de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam). “Es gracias a la lucha de los pueblos indígenas, de entidades como AIDESEP, que se ha logrado instalar paneles solares. Pero del 100% de comunidades, será sólo el 5%. Queda mucho por hacer. Muchos, personalmente, invierten, puede ser 850 soles el panel, unos 250 la batería, así estamos”, dice Tsamash. Es decir, una inversión que bordea los 1100 soles (290 dólares) en un área donde el índice de pobreza bordea el 25,3% según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2022 .

Aurelio Chino suma un obstáculo más. Explica que algunas comunidades que viven cerca a los lotes petroleros tienen que traer sus alimentos desde muy lejos, pues sus territorios están contaminados y llenos de sitios impactados. “Otras comunidades no tendrán energía eléctrica totalmente, pero tienen sus cochas —pozos naturales de agua— y bosques, pero las comunidades de influencia directa [con los lotes petroleros] no tienen cochas, no tienen nada. Los bosques y animales están contaminados, por eso todo lo tienen que comprar de fuera. Son los pongueros o lanchas que traen pollos de granjas de la ciudad a la comunidad para que puedan comer”, afirma el dirigente de Fediquep.

El costo de gasolina en las comunidades que viven en territorios de influencia del Lote 192 y Lote 8 es alto. El galón de gasolina subió de 17 a 24 soles en menos de un año, como confirmó el equipo de Mongabay Latam tras consultar los precios en Trompeteros, ciudad situada en la zona de influencia del Lote 8. En consecuencia, se encarecen los alimentos como el pollo que puede costar más de 20 soles el kilo o el agua mineral que puede costar más de un dólar. Viajar de Loreto —de donde se traen los productos como fideos, arroz, ropa— a una comunidad que vive en el Lote 192 puede costar hasta 600 soles en avioneta y entre 140 y 120 soles por río. Toda la energía eléctrica que usan es producto de la quema de combustible, que también se emplea para transporte.

Denisse Linares de DAR considera que “realmente va a tomar mucho tiempo [la transición energética], porque hay cuestiones de esta estructura política que se deben cambiar. Hay demasiada inestabilidad que no permite que los gobiernos regionales mantengan un trabajo continuado, pero también hay propuestas que se están construyendo y vienen de las propias organizaciones indígenas”.

En una respuesta oficial a Mongabay Latam, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) afirmó que, a través de la Dirección General de Electrificación Rural, se viene ejecutando el Plan Nacional de Electrificación Rural que incluye a los departamentos de la Amazonía como son: Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En la comunicación, la entidad precisa que “la inversión estimada es de más de 1259 millones (350 millones en dólares), que brindará el acceso del servicio eléctrico a más de 10 mil localidades y beneficiará a más de 477 mil habitantes”.

La entidad señala, además, que tiene presupuestado un gasto total de 662,3 millones de dólares para electrificación rural, monto que se está ejecutando desde el 2023 y que vence en el 2026. Para la región Loreto se destinará 548 millones de soles (149.3 millones de dólares), para Madre de Dios alrededor de 34 millones de soles (9.26 millones en dólares), en Amazonas el monto de 211 millones (57.49 en dólares), en Ucayali la cifra de 62 millones (16.89 en dólares) y San Martín una inversión de 45 millones ( 12.26 millones en dólares).

Más allá de esta inversión, si bien en los Planes de Desarrollo Regional Concertado de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios figura un componente sobre cambio climático ligado a energías renovables, este no está vinculado a la electrificación. La palabra transición energética además no aparece en ningún documento. Las apuestas de los Gobiernos regionales son principalmente ampliar el sistema de alumbrado público, energía para acceso a internet, educación y salud.

En el Plan de Desarrollo Regional Concertado Loreto al 2033, la interconexión vial de distritos como Andoas está ligada a la necesidad de conectar zonas de producción de petróleo. Esto a pesar de que el documento reconoce que Loreto junto a Piura tienen una “persistente dependencia de las actividades extractivas” que ha generado graves problemas de contaminación. Además, el documento menciona un detalle más: las centrales térmicas, claves para la generación de energía en la región, tienen un costo elevado de operación que está sujeto al precio del petróleo. “En el año 2018, el consumo de combustibles diésel y residual fue de 25 millones de galones al año”, se detalla.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Energía y Minas sobre su trabajo en torno a la transición energética en coordinación con las regiones y la respuesta que se dio fue que “los Gobiernos Regionales (GORE) han asumido funciones a través de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, para los procesos de electrificación, pero no abarca el tema de la transición energética dado que es un tema más complejo”. Ninguno de los Gobiernos regionales de Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Amazonas respondieron a las solicitudes enviadas.

Territorios dependientes del petróleo

En el 2023, la región de Cusco recibió cerca de 1,819.7 millones de soles (500 mil millones de dólares) por concepto de canon, el monto para Piura bordeó los 454.1 millones (123.43 millones de dólares), a Loreto se le asignó 178.7 millones ( 48.57 millones en dólares), unos 54.5 millones (14.81 millones en dólares) para Ucayali y 12 millones (3.45 millones en dólares) para la provincia de Puerto Inca en Huánuco, según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía. Petroperú, la empresa pública más importante en la extracción de hidrocarburos, calculó que había invertido más de 11 millones de soles ( 2.99 millones de dólares) en responsabilidad social y apoyo para el desarrollo como campañas de salud durante el 2022.

Sin embargo, la extracción de hidrocarburos y su aporte real aún sigue siendo problemática por la cantidad de sitios contaminados que han dejado las operaciones.

Pluspetrol, durante sus 15 años de operaciones en el Lote 8, empleaba a personas de las comunidades de influencia directa a través de empresas contratistas. También les daba trabajo a los jóvenes en el área de operaciones, en trabajos menores como limpieza, como ayudantes de cocina, cortando la hierba que crecía en el campamento o abriendo camino para las maquinarias pesadas. Por ejemplo, en el distrito de Trompeteros, un trabajador no especializado de Pluspetrol podía ganar más de 500 dólares, contó a Mongabay Latam un ex trabajador de la empresa que prefiere no ser identificado.

En el caso de las comunidades alrededor del Lote 192, algunas como José Olaya, Porvenir y Antioquía crearon empresas comunales para dar servicios de alquiler de camioneta, alimentación, hospedaje para operarios e ingenieros de las empresas petroleras en la zona, comentó a Mongabay Latam la dirigenta de Porvenir Malquia Dahua. Ella aseveró que además fue gracias a varias negociaciones con las empresas petroleras y el Estado que las operadoras del Lote brindan energía eléctrica a las comunidades indígenas durante unas ocho horas. “Al retirarse Frontera Energy, la última operadora, Petroperú mantuvo el suministro de energía pero con mayores restricciones”, comenta Malquia Dahua.

Ha sido distinto en el Lote 8. El apu de la comunidad achuar de Peruanito, Giovanni Sandi, relata que “desde que se retiró Pluspetrol se cortó la energía para la comunidad al retirar sus operaciones y ahora cada comunero está juntando dinero para un generador o paneles solares”. En Peruanito aún se pueden ver los postes de luz apagados de un tiempo en que podían congelar alimentos o encender un foco en la noche. En esta comunidad solo hay dos paneles solares, el que fue instalado por el Estado en el colegio y otro, en la casa de una señora que brinda servicios de internet. “Petroperú debería brindar energía y también la nueva empresa que ingrese a operar al lote debe apoyar a las comunidades indígenas”, opina Giovanni Sandi.

El otro gran problema es el transporte fluvial en la Amazonía. Por las largas distancias entre comunidades, centros poblados y distritos se usan botes a motor alimentados por gasolina y petróleo. Los botes son el único medio de transporte para la población y para llevar los alimentos, insumos de higiene, tecnología, ropa y medicamentos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó a Mongabay Latam que en toda la Amazonía hay 817 embarcaciones que navegan por los ríos.

Mientras tanto, la industria de los hidrocarburos ha ido dejando deudas y contaminación a las comunidades y a todo el país. Un caso representativo fue el derrame que ocurrió el 10 de septiembre del 2022 en la Provincia del Datem del Marañón (Loreto), en territorio de la nación indígena chapra, donde incluso sus alternativas de producción se vieron afectadas.

“La afectación económica a las comunidades por parte del petróleo es evidente, sucedió que los Chapra, ellos tenían una piscigranja que estaban impulsando, le cayó crudo y se arruinó el proyecto, ya no pudieron criar peces. Cómo pueden pagar servicios de energía, instalar paneles si no tienen formas de sustentarse y obtener ingresos”, asegura Eduardo Pichilingue, asesor de la Iniciativa Cuencas Sagradas.

En Perú, la actividad petrolera ha dejado 3341 pasivos ambientales que se traducen en cuerpos de agua contaminados, suelo con crudo y metales tóxicos, así como infraestructura abandonada como lo dio a conocer la investigación Las deudas del petróleo publicada por Mongabay Latam. Miguel Lévano de OXFAM aseguró que el Estado tendría que gastar 1400 mil millones de dólares en remediación solo para sitios impactados en el Lote 192. Para remediar un solo sitio impactado ubicado en la Comunidad de José Olaya el Estado peruano desembolsará 10 millones de soles (2.72 millones de dólares) este 2024, según informa el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe).

Hay alrededor de 145 desechos en 35 tierras indígenas de Perú, según la localización geoespacial que elaboró Mongabay Latam. Con todo ello, el Gobierno peruano sigue impulsando concesiones de hidrocarburos en la Amazonía y la costa. Petroperú anunció la reactivación del Lote 192 y la participación de la empresa canadiense Altamesa Energy Perú S.A.C. como socio estratégico. En el caso del Lote 8, el Estado peruano está realizando el proceso de consulta previa para contar con la aprobación social en el inicio de las operaciones. En el norte, Perupetro ha anunciado la convocatoria para inversionistas interesados en operar el Lote X en Talara, el Lote V y VII con las empresas Petromont y Olympic en la misma región de Piura y, por su parte, el Lote Z-69 será operado por Petroperú.

Luchando para dejar el petróleo bajo tierra

“La región amazónica debe liderar el proceso de uso de energía renovable y descarbonización en el planeta”, se lee en el párrafo que reúne los principios y apuestas de los pueblos de la Iniciativa Cuencas Sagradas que reúne a dirigentes de los pueblos achuar y wampis de Perú y Ecuador.

Para Denisse Linares de la ONG DAR, la transición energética es un asunto central para la agenda nacional en el Perú. “Está limitante de acceso a la energía en las comunidades también limita otros derechos humanos. Es un gran pendiente mejorar su calidad de vida”.

La lucha contra la dependencia del petróleo se libra de distintas maneras. En el caso de Loreto,  la ONG DAR ha presentado ante el Gobierno regional de Loreto una serie de lineamientos para ser incorporados en una ordenanza sobre cambio climático, con el fin de impulsar la transición energética en la región. “Implementar una política regional que tenga como objetivo el cambio de matriz energética en la región de Loreto y la promoción de las energías renovables para la electrificación rural, haciendo uso de las energías limpias que existen en Loreto como las energías solar, energía hidráulica y biomasa”, se lee en el artículo primero de la propuesta de Ordenanza que esperan sea publicada por la gobernación.

Wrays Pérez explica que la nación wampis tiene claro que la transición energética debe partir de ellos. No quieren que nadie les diga cómo hacerlo, porque están convencidos que solos podrán lograrlo. “Tenemos en nuestro territorio las bondades de la naturaleza como el agua y otros que pueden generar energía, pero energía que sea amigable con el medio ambiente, que pueda servir para dejar el petróleo”, acota.

Galois Flores, vicepresidente del Gobierno Autónomo Wampis (GTAW), explica que los wampis están trabajando en disminuir la dependencia respecto al petróleo. Ellos saben que uno de los mayores problemas está en el transporte, en las embarcaciones a motor que surcan los ríos amazónicos llevando alimentos, insumos para el hogar, tecnología y personas.

Por eso, los wampís han empezado a impulsar un proyecto de embarcaciones solares. “Es un bote de fibra de vidrio, tiene paneles en el techo, fue elaborado en el Ecuador por el Proyecto Kara Solar que es de unos amigos achuar. Después de muchas gestiones en las Conferencias de Cambio Climático con distintas organizaciones se logró. Ahora tenemos dos embarcaciones solares en las que pueden viajar ocho personas”, cuenta Galois Flores, vicepresidente del Gobierno Autónomo Wampis (GTAW).

Para que estas embarcaciones funcionen, explica Flores, han instalado puntos en algunas comunidades para recargar las baterías. Además, un grupo de siete jóvenes wampis viajaron a Ecuador para aprender cómo reparar, manejar y, eventualmente, fabricar un modelo parecido. “Esta embarcación se está usando para turismo y para emergencia de salud”, le dijo Flores a Mongabay Latam, a quien le entusiasma pensar que desde los pueblos pueden impulsar alternativas energéticas sostenibles.

Desde el 2018, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) viene impulsando el uso de energías renovables en las comunidades locales. Se trata de una apuesta que viene beneficiando a 900 ciudadanos de comunidades ubicadas en las Zonas de Amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas en Loreto. “Se ha priorizado la instalación de paneles en puntos estratégicos de la comunidad, como los centros de producción de las asociaciones locales para mejorar la calidad de vida mediante la generación de mayor ingresos económicos”, afirma Denisse Linares, especialista de DAR.

Un ejemplo de ello es la asociación Mishki Muyo de la Comunidad Nativa Alfonso Ugarte, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pucacuro en Loreto, que en el 2023 inauguró un Centro de Panificación de Productos Nativos, donde producirán panes y mermeladas. La empresa comunitaria ya aprovechaba los recursos naturales produciendo mermeladas desde el 2019 pero la energía que usaban era la quema de leña por lo que les era difícil aumentar su producción, sin embargo, con el objetivo de diversificar su oferta de productos, identificaron una oportunidad en el mercado local: la venta de panes. Con la implementación de paneles solares, dan energía al horno y otras maquinarias indispensables para la producción de pan.

Diandra Torres, Líder de Proyecto de DAR, explica que se vienen priorizando el impulso a iniciativas productivas, donde se puedan transformar la economía de las familias. En el caso de la comunidad nativa San Pedro, ubicada en la Zona de Amortiguamiento del Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu Tahuayo, que se dedica a comercializar carne de monte, el sistema fotovoltaico implementado en su centro de procesamiento los ayuda a conservar y transformar sus productos. “Ahora podemos vender, por ejemplo, carne para el mercado nacional a un mejor precio y se puede conservar mejor. Estos proyectos nos favorecen, nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida para nosotros, nuestros hijos”, concluye Mirza Tello, comunera de San Pedro.

Imagen destacada: Panel solar en una comunidad indígena. Foto: María fe Mendoza / DAR.

El artículo original fue publicado por Gloria Alvitres Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• Monitores ambientales del pueblo Kakataibo encontraron cultivos ilegales de coca y pozas de maceración dentro de la reserva indígena definida para el pueblo en aislamiento kakataibo en la Amazonía peruana.
• Organizaciones indígenas han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que adopte medidas cautelares contra el Estado peruano, debido a la gravedad de las amenazas en el territorio indígena.

Una serie de amenazas está poniendo en riesgo al pueblo indígena en aislamiento de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, área que apenas tiene 20 meses de creada, luego de pasar por un periodo de espera de más de dos décadas.

En el último mes, monitores ambientales de las comunidades nativas kakataibo, que rodean el área natural protegida, señalaron que encontraron dentro de los límites de la reserva cultivos ilegales de coca y pozas de maceración. El hallazgo se dio durante uno de los recorridos habituales que realizan por su territorio para vigilar sus bosques. Ese día, incluso, según narró uno de los monitores a Mongabay Latam, fueron amenazados por un grupo de invasores que traspasó el límite de la reserva.

Esas no son las únicas amenazas. A través de imágenes satelitales, las organizaciones indígenas que monitorean el territorio kakataibo, incluida la reserva indígena, detectaron por primera vez desde la creación de la reserva, la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas.

Mediante el monitoreo satelital también se han encontrado caminos forestales no autorizados, uno de ellos incluso cruza todo el sector sur de la reserva indígena.

“Ya no se puede soportar más. Este territorio sigue siendo invadido, entonces, cómo vamos a protegerlo”, dice Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kacataibos (Fenacoka), una de las organizaciones indígenas que ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la adopción de medidas cautelares contra el Estado peruano de manera inmediata, debido a la urgencia y gravedad de los hechos.

El 21 de marzo de 2023, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y Fenacoka presentaron una carta ante la CIDH en la que indican que “el Pueblo Indígena en Aislamiento (PIA) Kakataibo, que habita en y alrededor de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur en la Amazonía peruana, enfrenta violaciones y amenazas inminentes a su vida y su salud como consecuencia de las invasiones masivas de su territorio de supervivencia, la deforestación asociada a cultivos ilícitos, construcción y uso de caminos forestales ilegales y pistas de aterrizaje clandestinas dentro de la mencionada reserva indígena”.

La Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur se ubica entre las regiones Loreto, Ucayali y Huánuco, sobre un territorio de 148 996 hectáreas y fue declarada por decreto supremo del Ministerio de Cultura el 21 de julio de 2021.

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Un llamado internacional urgente

“Encontraron varias personas que los amenazaron. Lo hemos reportado, pero no se está actuando. Incluso, hace más de tres meses también se reportó tala ilegal dentro de la zona, pero nadie se ha pronunciado, por eso se tenía que hacer público lo que está sucediendo”, señala Odicio sobre la carta enviada a la CIDH.

En el documento enviado al organismo internacional se detalla lo que está ocurriendo dentro de la reserva y se presentan mapas que muestran cada una de estas amenazas, así como imágenes satelitales obtenidas a través de Geobosques, plataforma de monitoreo satelital del Estado peruano, y de la plataforma Global Forest Watch (GFW).

Una revisión de la plataforma Global Forest Watch permite observar las dos pistas de aterrizaje clandestinas que han sido ubicadas en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur. En la zona norte, se visualiza un trazo recto de bosque deforestado en medio de una zona completamente cubierta de vegetación. En el caso del sector sur, que corresponde a una pista de aterrizaje clandestina ubicada en el límite de la reserva con la comunidad Unipacuyacu, el trazo es menos visible pues está rodeado de zonas deforestadas.

Las pista ubicada en el sector norte fue detectada por primera vez en mayo de 2022, casi un año después de la creación de la reserva; mientras que la pista ubicada en el sector sur fue encontrada en enero de 2023. Estos hallazgos, así como la presencia de otras dos pistas que se han abierto fuera de la reserva, en la comunidad nativa Puerto Azul, fueron reportados al Ministerio de Cultura.

Consultado sobre este tema, el Ministerio de Cultura confirmó la presencia de las pistas clandestinas. A través de una comunicación escrita enviada a Mongabay Latam, el sector Cultura indicó que “como parte de nuestras actividades de monitoreo y patrullaje, hemos tomado conocimiento de actividades que podrían poner en riesgo la vida, salud e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento Kakataibo, como el cultivo ilegal de hoja de coca, rastros de pistas de aterrizaje clandestina, invasiones por parte de terceros”.

El Ministerio de Cultura también indicó que monitorea las amenazas identificadas dentro la reserva y que ha informado a los sectores competentes para que se adopten medidas preventivas y correctivas que permitan garantizar la protección de los pueblos aislados.

El informe enviado a la CIDH también incluye imágenes satelitales del camino forestal que cruza la zona sur de la reserva indígena y la deforestación alrededor de esta vía. Además, se indica que el 17 de marzo de 2023 representantes de ORAU y de la Gerencia Regional Forestal del Gobierno Regional de Ucayali realizaron un sobrevuelo para monitorear el área colindante con la reserva indígena. Durante el recorrido, constataron la deforestación masiva alrededor de la reserva y la presencia de cultivos ilícitos de coca que se están expandiendo.

“La invasión masiva de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, la deforestación ilegal, expansión de campos de cultivos ilícitos, construcción y uso de caminos forestales ilegales, tala ilegal, pistas de aterrizaje clandestinas y actividades de narcotráfico que se realizan en plena Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, colocan en riesgo de muerte y extinción sociocultural a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Kakataibo”, se señala el documento enviado al organismo internacional.

La antropóloga Beatriz Huertas, especializada en pueblos indígenas, señala que en la Reserva Indígena Kakataibo Sur y Norte “existe un riesgo inminente contra la vida, la salud y la integridad de los pueblos en aislamiento”. Cuando existe esa situación de amenaza para la vida —agrega Huertas—, la Comisión Interamericana puede instar al gobierno a adoptar medidas cautelares para evitar que se logre consumar un atentado contra la vida e integridad de las personas.

Huertas menciona que conoce la zona norte de la reserva indígena, pues entre los años 2010 y 2011 formó parte del equipo que realizó el diagnóstico para determinar la presencia del pueblo en aislamiento. “Encontramos que había concesiones forestales en la zona norte. Allí los madereros se encontraban con los aislados y muchos de los testimonios que recogimos provenían de ellos”. Además, Huertas recuerda que en ese momento reportaron la presencia de un camino forestal, por lo tanto, desde esa época existía preocupación por todas estas amenazas.

En el caso del sector sur, la antropóloga comenta que se trata de una zona que colinda con las comunidades nativas Unipacuyacu, Puerto Nuevo, Puerto Azul y Santa Martha, lugares en los que, en los últimos tres años, han ocurrido varios asesinatos de líderes indígenas y en donde, además, se está extendiendo las invasiones y el narcotráfico. “Desde hace tiempo existen esas amenazas y, al parecer, se están agravando. La presencia de madereros en las concesiones forestales y del narcotráfico es peligrosísima”.

Miguel Macedo, Coordinador del Área de Políticas Públicas y Gestión de los Bienes Comunes del Instituto del Bien Común (IBC), dice que se trata de una zona con muchas presiones. “El nivel de amenazas en el territorio Kakataibo ha sido un tema muy fuerte desde hace tiempo. Y una zona tan amenazada como esta, con invasiones y tantos problemas, no se soluciona rápidamente”.

Macedo agrega que el Ministerio de Cultura es el ente rector para las reservas indígenas, pero que, según la legislación, la responsabilidad está dividida en diferentes sectores, “atomizando la posibilidad de hacer una defensa más efectiva, pues la norma esta hecha para que la protección sea coordinada e intersectorial y menos eficiente que, por ejemplo, para las áreas naturales protegidas”.

El Ministerio de Cultura indicó a Mongabay Latam que tras la aprobación del Plan de Protección de la reserva se instalaron tres comités de gestión en los sectores de Ucayali, Huánuco y Loreto para ejecutar acciones orientadas al control territorial, el fortalecimiento del cordón sanitario y de las capacidades de todos los actores en el ámbito de la reserva.

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Un territorio amenazado

En el pedido que se ha hecho a la CIDH se detalla también que el pueblo Kakataibo en aislamiento carece de defensas inmunológicas para combatir enfermedades externas. Además, el territorio de supervivencia del pueblo indígena en aislamiento Kakataibo se encuentra invadido por agentes externos y actores ilegales cuya presencia representa un grave riesgo de contactos forzados y subsecuente transmisión de enfermedades.

“Debido al hecho de que gran parte de los invasores de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur se dedican a actividades ilícitas —tala ilegal y narcotráfico—, existe el riesgo latente de que estas personas puedan asesinar y masacrar a los indígenas en aislamiento, lo que ha sucedido en innumerables otras ocasiones en la Amazonía peruana”, se indica en el documento.

Otro de los riesgos mencionados en la solicitud de medidas cautelares, y que se puede observar en los mapas elaborados por las organizaciones indígenas, es la presencia de un camino forestal dentro del sector sur. “Durante los años 2021, 2022 y 2023, se construyó un nuevo camino forestal ilegal que atraviesa y corta en dos la Reserva Indígena Kakataibo Sur. Dicho camino forestal ilegal facilita las actividades ilícitas de tala ilegal dentro del área de la reserva”, se explica en el documento. Además, se cuestiona la presencia de dos concesiones forestales maderables que se superponen a la reserva indígena en los que existe deforestación y presencia de cultivos ilícitos.

“Los indígenas kakataibo se refugiaban en el área de lo que ahora es la zona sur de la reserva que antes era mucho más extensa, pero que ya fue colonizada. Es el refugio histórico de los Kakataibo, zonas de colinas con pocos recursos para la alimentación. Por ello necesitan desplazarse hacia las comunidades nativas del pueblo kakataibo para abastecerse de alimentos, pero el problema es que estas comunidades ahora están afectadas por el narcotráfico y los cultivos ilegales de coca”, explica Huertas.

En efecto, las comunidades Santa Rosa, Yamino y Mariscal Cáceres, colindantes con el sector norte de la reserva, así como las comunidades Puerto Azul, Puerto Nuevo, Sinchi Roca, Unipacuyacu y Santa Martha, adyacentes a la zona sur, están cercadas por las invasiones y el narcotráfico.

Los casos de asesinatos y amenazas a líderes indígenas en estas comunidades kakataibo, así como las invasiones y la presencia de cultivos de coca y narcotráfico han sido abordados en varias oportunidades por Mongabay Latam.

Luis Hallazi, consultor en incidencia sobre territorios indígenas del Instituto del Bien Común (IBC), menciona que la comunidad de Sinchi Roca, por ejemplo, tiene un serio problema con la invasión de aproximadamente 400 colonos dispersos en su territorio. “El papel de los gobiernos regionales con respecto a la defensa de las comunidades nativas es poco asertivo. En el caso de Sinchi Roca que está titulada y georreferenciada, falta el linderamiento en los lugares donde están las invasiones que, además, son los mismos que siembran coca y tienen los pozos de maceración”, dice Hallazi. “Una situación similar sucede en Puerto Nuevo y en Unipacuyacu”.

En el caso de Unipacuyacu, se trata de una comunidad que lleva más de tres décadas esperando que se concrete la titulación del territorio y que, pese a que el gobierno anunció en julio de 2022 que tomaría acciones en favor de la titulación, hasta ahora no se ha concretado. “No existe una voluntad de los gobiernos regionales para que se lleve adelante la titulación. Es desgastante para las comunidades porque no ha habido ninguna acción para llevar a cabo este proceso, todo lo contrario, se accede a las presiones de los caleros. Y esto ha empezado a afectar a la Reservas Indígenas Kakataibo Norte y Sur”.

El mensaje concreto es que el narcotráfico sigue avanzando en territorios de las comunidades nativas —agrega Hallazi— y ahora está afectando a las reservas indígenas, mientras que las las reacciones de las autoridades tanto nacionales como regionales es dubitativa, no es firme ni clara y, en muchos casos, incluso es cómplice por ceder a esas presiones y generar más conflictos.

Sobre la presencia de caminos forestales, el Ministerio de Cultura indica que como parte de los monitoreos del sistema de control y vigilancia en  los territorios de los pueblos en aislamiento se identificaron trochas carrozables clandestinas, información que se envió a los sectores de los tres niveles de gobierno responsables de las reservas indígenas. “Las actividades ilícitas afectan de manera directa a los pueblos indígenas, especialmente a los PIACI, y nos interpela constantemente a mantener las alertas y trabajar como Estado en su erradicación”.

* Imagen principal: Una pista de aterrizaje clandestina en la Reserva Indígena Kakataibo. Foto: Digital Globe / Maxar.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• La autorización para buscar hidrocarburos en el mar argentino tiene en vilo a las ciudades y pueblos en las costas de Buenos Aires. 
• Las prospecciones mediante disparos de aire comprimido son una amenaza para los sistemas auditivos de cetáceos y demás mamíferos marinos. La posibilidad de derrames preocupa a la industria turística.
• Protestas en las calles y un conflicto judicial todavía sin sentencia definitiva han logrado hasta ahora demorar el inicio de unas obras que podrían comenzar en octubre.

En Argentina, el nombre de Mar del Plata es sinónimo de playas, vacaciones, alegría, bullicio, descanso y disfrute. Por eso, y desde siempre, se la conoce como “la Ciudad Feliz”, o directamente como “La Feliz”. Las razones de su éxito se encuentran en la geografía. Se trata de un punto excepcional en la extensa costa de la provincia de Buenos Aires (1200 kilómetros), porque allí se hunde en el océano el sistema serrano de Tandilia, uno de los más antiguos del mundo, creando un paisaje cuya moderada elevación ofrece atractivas vistas sobre el mar, en claro contraste con lo que ocurre en el resto del litoral bonaerense, dominado por amplias y monótonas planicies. Sin embargo, desde hace más de un año, La Feliz dibuja una mueca de disgusto y preocupación. El 30 de diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación autorizó a las empresas Equinor (de Noruega), Shell (Países Bajos) y a la local YPF a ejecutar prospecciones sísmicas para identificar la presencia de gas, y fundamentalmente de petróleo, en tres áreas de la Cuenca Atlántica Norte (CAN) situadas en el mar argentino, a unos 300 kilómetros de distancia de esas playas que cada verano reciben a millones de turistas.

La autorización también incluye la realización de un pozo exploratorio en una de esas áreas, que lleva por nombre  Argerich-1.

La medida sacudió el espíritu de la ciudad, la sexta más poblada del país con 685 000 habitantes, y dio comienzo a una larga disputa que aún sigue en pie en los tribunales de Justicia, los medios de comunicación y la calle. “Claramente se trata de un negocio que no tiene validación social ni en Mar del Plata ni en el resto de la región”, dice la instructora y jueza internacional de surf, Alejandra Pastor, quien es secretaria de la organización Surfrider Argentina y usuaria cotidiana de las olas.

La respuesta a la decisión del gobierno fue inmediata. En enero de 2022, La Feliz sirvió de escenario principal para el Atlanticazo, una masiva manifestación popular que se repetiría un año más tarde como expresión de la oposición al proyecto de erigir en un futuro más o menos cercano plataformas petrolíferas en el mar.

Aunque dichas plataformas no se divisarán desde la costa, los expertos afirman que podrían constituir un peligroso foco de derrames de hidrocarburos y afectar de manera dramática al turismo, eje central de la economía regional. Además, según sostienen los especialistas, las plataformas también podrían poner en peligro a especies marinas y espacios naturales. “Ya de por sí la prospección sísmica es una actividad muy dañina porque implica bombardeos acústicos submarinos que tienen un impacto muy negativo en la vida de la fauna marina, más que nada en los mamíferos que dependen principalmente de su oído para moverse y desarrollarse”, explica Luisina Vueso, responsable en Argentina de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. “Además, la posible explotación estaría localizada en el frente del talud continental del mar argentino, un área muy productiva, vulnerable y sensible que deberíamos proteger”, agrega Vueso.

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Un auténtico “supermercado del mar”

La plataforma continental argentina, que se extiende a lo largo de 4725 kilómetros de costa (sin contar el sector antártico) y ocupa una superficie de 3 744 000 kilómetros cuadrados, es reconocida como un punto particularmente rico de la oceanografía mundial. La conjugación de vientos, mareas y corrientes cálidas y frías (la de Brasil y la de Malvinas, respectivamente) provoca diferencias de salinidad y temperatura que favorecen el ascenso de nutrientes que, de esa manera, atraen a miles de especies y son la base de complejas tramas de alimentación.

Tales circunstancias crecen en intensidad en los límites del talud, donde la profundidad baja de manera abrupta desde los 200 hasta los 4000 metros. Es en torno a esa zona donde se supone que habría yacimientos de gas y petróleo y las prospecciones son el imprescindible primer paso para confirmar las sospechas antes de iniciar la explotación propiamente dicha.

Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, reconoce en diálogo con Mongabay Latam que la obtención de gas a partir de esta actividad no es una respuesta adecuada al cambio climático. “Entendemos que el desarrollo del gas que se obtenga a partir de la actividad off shore (en el mar) o de las eventuales exportaciones de hidrocarburos no proporcionan una respuesta a largo plazo frente al cambio climático”, dice, pero justifica la actividad ya que “la transición energética no puede hacerse de un día para el otro”. Según Nicolini, “la utilización de esos recursos es un modo de obtener las divisas que el país necesita para implementar las medidas que nos permitan alcanzar nuestros compromisos climáticos”.

Vueso, en cambio, considera que no deberían abrirse pozos nuevos: “Es muy preocupante que se lleve a cabo una política que extienda la frontera hidrocarburífera hacia el mar, mucho más si es afectando lugares donde concurren a alimentarse especies de buena parte del Atlántico y poniendo en riesgo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda el océano”.

Un muy completo informe elaborado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, red de 25 organizaciones de la sociedad civil con actividad en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile  —entre ellas BirdLife Internacional, Wildlife Conservation Society, la Fundación Vida Silvestre Argentina y el Instituto Baleia Jubarte, dedicado a la investigación científica de cetáceos— indica que ya sea como habitantes permanentes o atravesando esas aguas durante sus rutas migratorias, en la zona pueden encontrarse unas 900 especies de moluscos, 400 de peces óseos, 105 de peces cartilaginosos, 48 de mamíferos marinos —incluyendo lobos, elefantes, focas, delfines, cachalotes y la ballena franca austral (Eubalaena australis)— y 3 de tortugas marinas. Semejante concentración de fauna ubica en el centro de la discusión al procedimiento que se utilizará para efectuar las prospecciones sísmicas.

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Ruidos que complican el comportamiento de la fauna marina

El sistema consiste en el lanzamiento de disparos de aire comprimido en intervalos de unos 10 o 20 segundos, desde una línea de 12 a 48 cañones arrastrados por el buque prospector a una profundidad de entre 4 y 10 metros. Esta liberación violenta de aire emite intensos pulsos acústicos. Estos generan ondas sonoras que viajan a través del agua y penetran en el subsuelo. Una vez allí, y a medida que tropiezan con las distintas formaciones geológicas que van encontrando, las ondas se reflejan en el subsuelo marino, recorren el camino inverso desde el fondo hacia la superficie y son captadas por uno o varios grupos de hidrófonos transportados mediante cables de arrastre de varios kilómetros de longitud. El procesamiento en las computadoras a bordo del buque sísmico completa el proceso que produce imágenes del fondo y el subsuelo marino, y permite reconocer su conformación y contenido.

“No solo importan la cantidad y disposición de los cañones, sino también la frecuencia con la que se realizan los disparos”, comenta la bióloga Andrea Michelson, coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Se trata de niveles sonoros extremos, en torno a los 250 decibelios que se disparan cada diez segundos”, agrega. Como para tener una idea comparativa, el despegue de un avión genera un ruido de unos 110 decibelios y cualquier sonido por encima de 120 podría provocar la pérdida de la audición a un ser humano. Además, dichos niveles sonoros, explica la experta, “se superponen con el resto de ruidos que ya existen en el mar” por lo que podrían generar graves daños auditivos en las especies marinas, asegura.

Contra lo que pueda suponerse, el ambiente submarino está muy lejos de ser silencioso. Los factores físicos, como el viento, la lluvia, el hielo e incluso los terremotos crean sus propios sonidos, a los que deben sumarse los producidos por las maquinarias y las acciones creadas y desarrolladas por el ser humano. Los cañones de las prospecciones sísmicas agregan estruendos en un escenario en el que resulta indispensable no alterar en demasía los ruidos habituales. Además, “no se trata de impactos aislados, sino acumulativos y sinérgicos, un aspecto que no veo que haya sido tomado en cuenta con el énfasis que corresponde en las presentaciones realizadas”, dice Michelson.

El mencionado informe del Foro para la Conservación del Mar Patagónico señala que “una amplia variedad de organismos marinos utiliza el sonido para diversas funciones biológicas: la alimentación, la reproducción, la socialización, el cuidado paternal, el reconocimiento de crías, la evaluación del entorno, la detección de presas y depredadores, la orientación, la navegación, la comunicación entre individuos, etcétera”.

A partir de esta información resulta sencillo deducir que la irrupción de nuevos sonidos puede interferir de manera directa en los comportamientos de peces y mamíferos marinos. “Los efectos en el sistema auditivo de peces y mamíferos son fisiológicos, biológicos y conductuales”, subraya Vueso. “Empiezan a evitar las zonas de alimentación donde se efectúan los disparos, se estresan, y si la reiteración deriva en una discapacidad permanente puede acabar en el varamiento y la muerte de los individuos”, asegura. De hecho, uno de los inconvenientes en el uso de estos métodos es que sus consecuencias no son inmediatas, por lo que resulta imposible medir la incidencia de mortalidad producida a mediano plazo por lesiones auditivas.

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Ballenas y merluzas desaparecidas durante todo un año

Situadas en la acera de enfrente, las empresas que se adjudicaron las concesiones y el gobierno nacional describen las prevenciones que se tendrán en cuenta y relativizan los daños.

La última actualización del estudio de impacto ambiental realizada por la consultora Serman para la petrolera Equinor acepta que la ballena franca austral “presenta una moderada a alta sensibilidad frente al proyecto, principalmente debido a que el rango de audición estimado se superpone con el rango principal de frecuencias de la actividad sísmica propuesta”. Asimismo, determina que “la exposición aguda [de ese grupo de cetáceos] a ruidos a corta distancia genera desplazamientos espaciales que generalmente perduran en tanto el ruido se mantenga”. Sin embargo, la conclusión es que “independientemente de la potencial existencia de efectos a largo plazo, se considera que los mamíferos marinos desarrollan una reacción de evitar directa e inmediata a las fuentes sonoras”.

Luisina Vueso aporta lo ocurrido en anteriores experiencias: “En 2009, la empresa Panamerican realizó tareas de prospección sísmica en el Golfo San Jorge y los pescadores artesanales de merluza no pudieron trabajar durante un año porque los peces desaparecieron. Lo mismo ocurrió con las ballenas. No se vio ninguna en ese lapso. No estoy diciendo que hayan muerto, pero no volvieron”.

Respecto al procedimiento en sí mismo, el estudio de impacto ambiental indica que será de “arranque suave”, es decir, que el pulso sísmico se irá incrementando durante al menos 20 minutos hasta alcanzar la potencia máxima. Y detalla que tres observadores de fauna marina, situados en el punto más alto del barco desde el cual se realizan las prospecciones, controlarán con sus prismáticos que “los organismos marinos abandonen el área” al menos media hora antes de que los disparos alcancen su máxima potencia. Un operador de monitoreo acústico pasivo (sin visión directa) servirá de apoyo desde el interior del buque.

“En cada instancia de este proceso apuntamos a levantar la vara de evaluación ambiental, incluso por encima de los estándares internacionales”, asegura Nicolini, y lo reafirma con un ejemplo: “Países como Reino Unido o Canadá fijan el radio de protección de mamíferos marinos en 500 metros alrededor de donde se lleva a cabo la prospección. En nuestras actividades de exploración sísmica en las áreas de la Cuenca Argentina Norte hemos duplicado ese radio hasta un kilómetro”.

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Temor a los derrames, dudas sobre la rentabilidad

Las divergencias de opinión abarcan también otras cuestiones. En el informe del Foro para la Conservación del Mar Patagónico se enumera una decena de lugares de alto valor de conservación —reservas provinciales y de la biósfera, sitios Ramsar, áreas protegidas marino-costeras o ecológicas y biológicas significativas— ubicadas a menos de 250 kilómetros del proyecto de evaluación sísmica. Algo más alejado también se encuentra el Agujero Azul, al que se denomina “el supermercado del mar”, no solo por la disponibilidad de alimento sino porque es una zona de generación de oxígeno, absorción de carbono y producción de fotosíntesis.

En el estudio de impacto ambiental, en cambio, se menciona que las áreas naturales protegidas marinas “vedan en principio las actividades exploratorias y productivas” y aclara que “se consideró la proximidad y eventual afectación indirecta por actividades sísmicas”, sin abundar en más detalles. “En esos estudios las empresas dicen lo que quieren, incluso mienten sin que nadie las sancione. Hay demasiados defectos en las normativas”, denuncia Alejandra Pastor.

El riesgo de que se produzcan derrames o microderrames de petróleo cuando comience la explotación es otro punto de discusión. “Un reciente trabajo científico recopiló la información de más de 1700 derrames agudos en el mundo que liberaron millones de toneladas de petróleo entre los años setenta y 2018. Sin embargo, solo en el 18 % de los casos se informaron los efectos sobre la vida silvestre”, comenta Andrea Michelson. “Equinor, la empresa que lidera el proyecto, ha tenido decenas de accidentes en Noruega y Brasil”, denuncia a su vez Luciana Vueso.

Al hablar de las tareas de exploración del pozo Argerich-1, Equinor estima que los escenarios de derrames submarinos o de superficie “son de baja probabilidad (0,001-0,01 %)”, aunque acepta que “podrían afectar potencialmente a especies vulnerables y en peligro de extinción en aguas argentinas”. Según Cecilia Nicolini, “en caso de derrame desde el pozo, este no llegaría a las costas”. El Argerich-1 tendrá una profundidad de 4000 metros y será cerrado y sellado una vez que concluya la exploración. Dicha profundidad, es la misma que deberán alcanzar la mayoría de las perforaciones que se realicen a futuro para extraer el hidrocarburo si es que se avanza a la etapa de la explotación. Las dificultades que plantearían el control y la eventual reparación de un desperfecto imprevisto a semejantes distancias tampoco escapa a los cuestionamientos.

Por el momento, el gobierno argentino solo ha autorizado las prospecciones que certifiquen la existencia de hidrocarburos, pero el debate sobre la verdadera rentabilidad que la explotación de los mismos pueda generar una vez que comiencen a extraerlos del subsuelo marino también está en marcha.

“Se espera que los pozos que se instalen en el talud estén operativos en 2030, año en el que deberíamos haber reducido mucho las emisiones de CO2”, subraya Michelson. “Las cifras de divisas que se obtendrían están consideradas según el precio actual del petróleo, que no es real porque está condicionado por las sanciones a Rusia”, apunta Luisina Vueso. Ni las empresas implicadas, ni la Secretaría de Energía de la Nación aceptaron responder las preguntas de Mongabay Latam al respecto.

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La compleja batalla judicial

Con alta participación ciudadana, todas estas cuestiones han invadido las calles de la generalmente tranquila costa atlántica de Buenos Aires. En cuanto se conoció la autorización para empezar las tareas, la reacción social se hizo sentir a través de las protestas y de una batalla judicial que aún perdura.

No habían transcurrido ni dos semanas tras la publicación del decreto gubernamental de diciembre de 2021 y ya el juzgado federal de Mar del Plata había recibido cuatro demandas de amparo, dos individuales (una de ellas presentada por el propio alcalde de la ciudad) y dos colectivas, solicitando una medida cautelar que suspendiera la puesta en marcha del proyecto. El 11 de febrero de 2022, el juez Santiago Martín admitió las presentaciones y paralizó cualquier iniciativa. Más tarde, el 3 de junio, la Cámara de Apelaciones revocó el recurso, pero solicitó al Ministerio de Ambiente la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental. El 18 de octubre, el juez Martín entendió que ese nuevo estudio no satisfacía las exigencias, pero el 5 de diciembre del año pasado la Cámara falló en contra del juez y permitió las exploraciones. La medida ha sido apelada ante la Corte Suprema de Justicia que aún no se expidió al respecto, aunque esto no impide el comienzo de los trabajos.

“Las prospecciones podrían iniciarse ya mismo, aunque nos parece difícil que lo hagan hasta octubre o noviembre, ya que es más propicio realizarlas en verano cuando cambia el clima, disminuyen las tormentas y el mar está más calmo”, subraya Vueso.

Las espadas, mientras tanto, se mantienen en alto. Un recorrido por cualquier punto de la costa bonaerense permite descubrir paredes pintadas con el lema “No a las petroleras” y frases en defensa de la salud del mar. Las protestas frente a los juzgados marplatenses se repiten de manera continua.

“Sabemos que la lucha es muy desigual y que hay gente con mucho más poder que nosotros que quiere hacer su propio negocio sin que le importe nada el bien común. Pero ellos saben que tendrán a buena parte de la sociedad en contra, que habrá manifestaciones permanentes y que intentaremos ponerles todos los obstáculos posibles. Quizás sea la forma de impedir que venga el barco y acabar con esta historia”, se ilusiona Alejandra Pastor mientras mira el mar que surca casi cada día sobre su tabla de surf.

* Imagen principal: Organizaciones ambientalistas presentan amparo y medida cautelar contra el Estado Argentino, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación.

El artículo original fue publicado por Rodolfo Chisleanschi en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• El pueblo Yanomami en Brasil vive una crisis humanitaria. Al menos 570 niños de esta comunidad indígena murieron en los últimos cuatro años por desnutrición, malaria, entre otros problemas de salud. Los indígenas aseguran que más de 20 000 mineros ilegales, conocidos como garimpeiros, han llegado a su territorio desde el 2019.
• Los cerca de 20 000 Yanomami que viven en territorio venezolano también enfrentan los mismos males aunque a diferente escala. Denuncian que hay poca disponibilidad de alimento y las condiciones de atención en salud son deficientes.

En enero de 2023, el presidente brasileño Lula Da Silva denunció al exmandatario Jair Bolsonaro por cometer un genocidio contra el pueblo yanomami, luego de conocer de las más de 570 muertes de niños menores de cinco años en el país y declaró una emergencia sanitaria para atender la situación. A raíz de esto, Bolsonaro será investigado por la policía tras una orden del  Tribunal Supremo Federal (STF). “Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio, un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño”, indicó Lula en sus redes sociales.

Efectivamente, las últimas imágenes de la prensa internacional, donde se observan niños indígenas yanomami en Brasil con los abdómenes inflamados y la piel pegada a las costillas, dejan ver la hambruna y la crisis de salud que está viviendo este pueblo.

“Hablamos durante muchos años de la situación del pueblo yanomami. De los problemas de los invasores [mineros ilegales]. [Hay] cada vez más violencia, los abusos sexuales que están pasando en la tierra yanomami. También la prostitución, alcoholismo y los mineros amenazan a los yanomami. Dijimos todo lo que vivimos durante estos últimos cuatro años del gobierno de Bolsonaro. No nos protegió”, denunció en febrero de 2023 Darío Kopenawa, líder de los yanomami de Brasil durante una visita a las sedes de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos, para pedir apoyo internacional y denunciar el genocidio. Kopenawa se refería a la crisis que ha vivido este pueblo indígena, relativamente aislado, que vive en la Amazonía brasileña y venezolana.

Para los pobladores yanomami de Brasil, la crisis alimentaria y de salud se originó en 2019 con la invasión a su territorio de más de 20 000 mineros ilegales, conocidos como garimpeiros, e impulsada por el presidente Jair Bolsonaro. “Por mí, abro el garimpo (la mina ilegal). Existe un proyecto para permitir el garimpo en tierras indígenas”, dijo Bolsonaro en 2020.

El gobierno de Lula da Silva ha ordenado la expulsión de los mineros ilegales. Además, uno de los primeros anuncios de  Sonia Guajarara, la flamante ministra de  Pueblos Indígenas de Brasil, es que se brindará asistencia aérea para transportar a quienes requieran atención médica.

Mongabay Latam habló con líderes yanomami del costado venezolano y expertos que han trabajado con ellos para conocer cómo se ha vivido la situación en la frontera. Del lado venezolano son aproximadamente 20 000 pobladores yanomami, mientras que del brasileño son más de 30 000. Aunque la crisis en Venezuela parece no haber alcanzado los niveles que se han visto en Brasil, sí los afectan los mismos males: falta de alimentos, minería ilegal, malaria, entre otros.

“Los yanomami son un mismo pueblo, independientemente de si están en Brasil o en Venezuela, viven en un territorio de iguales dimensiones en cada país”, dijo Tina Oliveira Miranda, bióloga venezolana y miembro de la ONG Wataniba, que es aliada de este pueblo. “Los yanomami, sin importar la frontera, son una familia, pasan de un lado al otro», dijo Aimé Tillett, antropólogo venezolano con experiencia de trabajo entre los yanomami.

La minería ilegal, la malaria y la deforestación en Brasil

En la última semana de enero de 2023 se reportaba que al menos 45 menores de edad yanomami habían ingresado al Hospital Pediátrico Santo Antonio en Boa Vista, capital del estado brasileño de Roraima. Las consultas eran, principalmente, por malaria, desnutrición, neumonía y diarrea. En 2022, según cifras del Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil, fallecieron al menos 99 niños menores de 4 años por este tipo de males.

Una de las principales causas de muerte ha sido la desnutrición. Los expertos que hablaron con Mongabay Latam aseguraron que la dependencia en ayudas internacionales y la participación de los hombres yanomami en actividades de minería o relacionadas con esta los desligaron de sus prácticas de pesca, caza y recolección. “En algunos casos prestan servicios de alimentación y transporte ya que en la mina confluyen diversas dinámicas de trabajo. Pero la minería nunca ha sido parte de su modus vivendi”, explicó Vladimir Aguilar, investigador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes en Venezuela.

La degradación del ambiente por parte de los mineros ilegales también disminuyó la población de animales que son parte de la dieta yanomami.  Estos factores en conjunto pudieron afectar la disponibilidad de alimento para este pueblo en Brasil. «Muchos yanomami se fueron a trabajar en las minas y dejaron de lado sus conucos (cultivos). Empezó a haber una desnutrición, es una cadena de cosas», dijo Tillett.

La malaria también complicó el panorama. «Del lado brasileño hay una fuerte dispersión de la malaria. Está asociada fuertemente con la minería», comentó el antropólogo venezolano.

El experto explicó que la minería ilegal facilita la dispersión de la malaria porque «los mineros cuando llegan, lo primero que hacen es deforestar el área donde van a trabajar. En esas áreas boscosas hay mosquitos, pues es su hábitat natural, y muchos de estos mosquitos pican y se alimentan de la sangre de otros animales. Los mineros también aceleran la caza de animales para alimentarse, reduciendo la fauna local y entonces los mosquitos tienen menos animales para picar. Además, la minería va dejando pozos de agua que son los criaderos perfectos para estos insectos”.

“Si tienes una comunidad humana en lugares donde se deforestó, ya no hay animales y estás criando el mosquito en condiciones ideales, vas a tener una sobrepoblación que necesita alimentarse de sangre. Van a picar y contagiar a la gente que vive en la zona», explica Tillett. La población yanomami ya había sufrido también enormes pérdidas durante la pandemia por el  Covid-19, según nos dijeron los expertos.

Como si todos estos problemas no fueran suficientes, los pobladores indígenas también han enfrentado la contaminación por mercurio en los cuerpos de agua de sus territorios. La estocada final contra este pueblo fue el olvido estatal del gobierno del presidente Jair Bolsonero, que redujo el presupuesto destinado a tratar la salud de estas comunidades.

«Por un recorte presupuestal algunas entidades dejaron de atender a la población en territorio, la atención de salud se fue deteriorando [en Brasil]. También se dejó de atender por seguridad, ya que los mineros están armados y es peligroso”, explicó el antropólogo Aimé Tillett. Además, dijo que uno de los obstáculos para que las autoridades hagan un seguimiento a la situación es que este pueblo indígena incinera de manera inmediata los cadáveres de sus seres queridos, lo que no permite a veces un conteo o determinar la causa de muerte. En la cultura yanomami, los muertos deben irse de manera libre y no ser atados por quienes quedan vivos.

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Los problemas al cruzar la frontera hacia Venezuela

“Hay dificultad con la obtención de los alimentos porque los conucos [cultivos] dan algunos productos, pero cada cierto tiempo. Los lugares de cacería y recolección están lejos. El CLAP (alimento garantizado por el gobierno venezolano) llega y se consume, pero luego hay que esperar a que vuelvan a enviarlo. También hay deficiencia con la atención de la salud”, le dijo a Mongabay Latam un líder del pueblo indígena yanomami en territorio venezolano, que accedió a hablar bajo la protección de su identidad.

“Sí hay desnutrición. Quizás no al extremo de lo que recientemente hemos visto en Brasil, pero son pueblos indígenas binacionales cuyo territorio está en ambos países y se desplazan de un lugar a otro libremente en busca de mejores condiciones”, explicó Vladimir Aguilar de la Universidad de los Andes.

«En Venezuela hay desnutrición en ciertas zonas. Los yanomami antes vivían en comunidades chiquitas que se mudaban cada año. Abrían su conuco, no eran grandes agricultores, eran más cazadores y recolectores, pero sí tenían cultivos. Pero llegaron los misioneros y la presencia estatal. Entonces, los indígenas empezaron a vivir más cerca de los ríos donde estaban las misiones que daban alimentos, fueron creciendo sus poblaciones y haciéndose más sedentarios», comentó Tillett. Además, sostiene, cada vez había menos zonas para abrir conucos, la tierra era  más pobre, la cacería se fue agotando y tenían que ir más lejos para encontrar animales. Estos factores fueron generando una situación de crisis alimentaria. “Empezaron a hacerse más dependientes de los alimentos industrializados. Esto pasó en el Parque Nacional Parima Tapirapecó», agrega.

La malaria también es un problema en el lado venezolano de la frontera. «En 2016 hubo una epidemia con más de un millón de casos. Venezuela antes tenía bajo control dicha enfermedad. Siempre hubo malaria, pero se le salió de control [al gobierno]. Venezuela está aportando la mitad de casos en Suramérica», aseguró Tillett, que también destacó que el sarampión los afectó y causó más de 100 muertes. Otra de las preocupaciones del experto es que hay un foco de tuberculosis que viene en crecimiento entre los yanomami, poniendo en riesgo a los integrantes de este pueblo que viven en aislamiento voluntario.

“Generalmente el apoyo [de servicio de salud] se da cuando se realizan jornadas de salud en los territorios indígenas, pero lamentablemente ello no hace parte de una política pública sostenida en el tiempo”, dijo un líder yanomami a este medio.

El líder indígena aseguró que es difícil mandar a los pacientes a Puerto Ayacucho, aunque tienen el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana para traslados. «La llegada y salida de la zona del Parque Nacional Parima Tapirapecó, por ejemplo, es en avión, con apoyo de la fuerza aérea venezolana, o por río», explicó Tina Oliveira Miranda, bióloga venezolana y parte de la ONG Wataniba. Aseguró que los pacientes con enfermedades graves como «problemas renales, cardíacos, los que tienen un paludismo [malaria] fuerte y en algunos casos picadas por serpientes, requieren esos traslados aéreos».

«Hay pocos ambulatorios. El plan de salud yanomami, entre una de sus actividades, formaba agentes de salud yanomami, con capacidades para prestar atención primaria, en especial podían actuar en enfermedades endémicas tales como la malaria. Tenían, además, un cuerpo médico que permanecía en los puestos de salud. Sabemos que esa atención se ha visto disminuida en términos de abastecimiento, operatividad y presencia de médicos. Ahora solo los casos graves se trasladan, por vía aérea, al hospital de Puerto Ayacucho. El problema es la frecuencia porque no son vuelos que salgan todos los días», agregó Oliveira.

Pero en Venezuela hay otro obstáculo para conocer la magnitud de los males que afectan a los yanomami. No hay cifras recientes de desnutrición o fallecimientos. «No tenemos esa información, es difícil obtenerla y conseguir datos fidedignos», dijo una fuente conocedora de la situación de este pueblo.

Tampoco hay certeza sobre los efectos de la minería ilegal. «No hay estudios recientes sobre presencia de mercurio. En el lado brasileño sí, pero eso es otra cuenca de agua. El gran enemigo es el mercurio. Las publicaciones del lado colombiano dan pistas, pues son los mismos ríos y muestran presencia del metal pesado», explicó Oliveira.

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Los mineros y las violaciones de los derechos humanos

En Brasil, durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, se incentivó una fiebre por el oro en la Amazonía, que incluyó el Territorio Indígena (TI) Yanomami, una reserva indígena en la que esta comunidad tiene autoridad legal desde 1992.

Las solicitudes de explotación minera llegaron a 500 y buscan explotar unas 3.2 millones de hectáreas del TI Yanomami, aproximadamente el 33 % de su superficie, como relató el medio Infoamazonía. También se abrieron vías ilegales de más de 150 kilómetros, aproximadamente entre julio y septiembre de 2022, según informó la ONG Greenpeace. Mientras tanto, la deforestación acumulada causada por los garimpeiros alcanzó las 4411 hectáreas entre octubre de 2018 y agosto de 2022, según informó el medio de comunicación brasileño Sumauma.

«Bolsonaro tenía un discurso a favor de los mineros, a favor de la agroindustria y de que la Amazonía había que explotarla. No tenía soporte legal para eso, pero su discurso estimuló una invasión del territorio Yanomami», explica el antropólogo venezolano Aimé Tillett, quien cuenta con experiencia de trabajo entre los yanomami.

La presencia de los mineros ha generado graves vulneraciones a los derechos humanos de este pueblo indígena. El medio de comunicación Sumauma ha denunciado violaciones contra las mujeres y explotación sexual de niñas yanomami.

Además de todo esto, la zona de explotación minera se ubica en terreno sagrado para este pueblo indígena en Venezuela. “La sierra del Parque Nacional Parima Tapirapecó se considera el lugar de origen del pueblo yanomami, es una zona montañosa de acceso limitado y donde los investigadores creen que hay grupos de contacto reciente e incluso algunos en aislamiento voluntario. En los últimos tiempos la minería ilegal ha venido en aumento en esa región”, explica Oliveira.

La minería es ilegal en el estado Amazonas en Venezuela desde la década de los noventa, pero esto no ha sido un obstáculo para la operación minera o el flujo de insumos y minerales que son transportados en pistas aéreas ilegales en la frontera. En zonas Yanomami en Venezuela hay al menos 50 focos de minería ilegal, como reveló un informe de 2022 de la organización de la sociedad civil SOS Orinoco. Las fuentes consultadas aseguran que es difícil saber exactamente por dónde pasa la frontera.

La violencia contra este pueblo indígena también ha sido denunciada en el lado venezolano. Uno de los casos más recientes fue la masacre, en marzo de 2022, en la que militares venezolanos apostados en el puesto de la sierra Parima Tapirapecó asesinaron a cuatro pobladores yanomami en medio de una disputa sobre el uso del servicio de Wifi. Este evento recordó la masacre de Haximú de 1993, donde en plena frontera, mineros asesinaron a doce pobladores yanomami, principalmente mujeres y niños. Este fue el primer caso con condenas por el delito de genocidio en Brasil.

También hay denuncias de complicidad y corrupción por parte de militares venezolanos que facilitan la actividad extractiva ilegal cuyos ejecutores provenien en muchos casos de Brasil, pero los operativos contra la minería no llegan. «Hay operativos contra la minería ilegal pero más hacia la frontera con Colombia, en el Parque Nacional Yapacana. Pero para el territorio Yanomami, en Venezuela, no hay mucha información al respecto”, dijo Oliveira.

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Las exigencias yanomami

Los pobladores yanomami en Brasil piden que se juzgue por genocidio al expresidente Jair Bolsonaro y que se expulse a los mineros. También exigen un servicio de salud fuerte. En Venezuela, la principal exigencia es que les reconozcan su territorio de manera legal.  Formalmente no tienen un territorio con autonomía legal. «Lo que hay es la Reserva de Biosfera Alto Orinoco, que se creó en el año 1992 y que coincide en buena medida con el territorio ancestral Yanomami. Su creación correspondió a un intento de saldar la deuda del Estado venezolano con este pueblo», explicó Tina Oliveira. «Menos del 10% de los territorios indígenas tienen una titulación formal de tierras demarcadas en Venezuela. Hay distintos pueblos, como los Yanomami, que tienen abiertos expedientes (solicitudes de demarcación) para que se les reconozcan sus tierras. Es el caso de los Ye’kuana en el Alto Orinoco, en alto Ventuari y en el Caura. Esos procesos están paralizados desde hace más de 10 años», agregó Oliveira.

“Los Yanomami exigen demarcación y titulación de sus territorios y políticas públicas indígenas acordes con sus usos y costumbres. Además de ello, el reconocimiento de sus formas de organización propia y de su identidad cultural”, aseguró Vladimir Aguilar.

“Pedimos que las comunidades sean atendidas. Hay una serie de solicitudes que hemos hecho y otras que vamos a entregar a entes del estado de la salud, la educación y la alimentación para que exista atención permanente: medicamentos, insumos para ambulatorios, médicos y alimentos en las diferentes comunidades”, exigió un líder Yanomami de Venezuela.

*Imagen principal: Yanomami del lado venezolano reunidos. Foto: Wataniba.

El artículo original fue publicado por David Tarazona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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