San Sebastián de Mariquita está de moda.

No es una moda pasajera ni fruto del azar. Hay lugares que conservan una memoria profunda, como si el tiempo hubiera decidido quedarse a vivir en ellos.

José Celestino Mutis, no nació en Mariquita, pero el médico, botánico y sacerdote, venido de España por encargo del rey Carlos III, pasó casi ocho años de su vida estudiando la flora del Nuevo Reino de Granada. En estas tierras enseñó a los jóvenes criollos el arte de observar la naturaleza y de traducirla en dibujos minuciosos: hojas, flores, tallos, semillas, todo debía ser registrado con la precisión del científico y la sensibilidad del artista.

A comienzos de este 2026, la directora del Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid, María-Paz Martín, recorrió los mismos caminos por donde caminó Mutis. La científica española visitó Mariquita atendiendo una invitación de Funbotánica (Fundación Segunda Expedición Botánica), que dirige el periodista y abogado Guillermo Pérez Flórez, entidad que trabaja por la preservación del legado científico y cultural del sabio gaditano. Durante su recorrido visitó el bosque que hoy lleva el nombre de Mutis y las calles donde se gestó una de las aventuras científicas más extraordinarias de América. Al final del recorrido, ella dijo algo que parecía más una intuición que una afirmación académica:

“Me sorprende que, 250 años después, Mutis siga presente en el corazón de la gente que conoce su vida y su obra”.

Hay algo en Mariquita que sugiere esa presencia.

Cierro los ojos e imagino al sabio rodeado por niños criollos que escudriñan la tierra, buscan flores entre la humedad del bosque tropical o recolectan hierbas para estudiarlas. Luego las dibujan, las secan o simplemente las contemplan, como quien sostiene entre sus manos un fragmento del universo. Una hoja basta: venas, limbos y pecíolos convertidos en cartografía de la vida.

Ese legado viajó a España. En el Real Jardín Botánico de Madrid se conservan 7.206 láminas de la Real Expedición Botánica: algunas a color, otras en blanco y negro o sepia. Son el testimonio de 33 años de exploración científica. Las obras llegaron a la península en 1816, ocho años después de la muerte de Mutis, y hoy siguen asombrando a botánicos e historiadores.

Foto: cortesía Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima (Fredy Andrés Londoño)

Ahora bien, Mariquita no vive únicamente de su pasado. La ciudad también respira presente y futuro a través de sus frutas.

Reconocida por el mangostino, el mango mariquiteño, el zapote, el aguacate cuello de botella, el mamey, el banano o el carambolo, la población ha sido confirmada oficialmente como Capital Frutera de Colombia mediante la resolución 8790 del 10 de febrero de 2026 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La primera vez que visité Mariquita quedé maravillado con los jugos que el visitante encuentra en cualquier esquina. Es imposible no detenerse ante una vitrina llena de colores: naranjas, amarillos, verdes, púrpuras. Pero hay uno que domina la escena: el mangostino.

Es el fruto insignia del municipio, la reina de las frutas. Su sabor es difícil de describir. En él aparece el umami, ese quinto sabor que la ciencia reconoció después del dulce, el ácido, el amargo y el salado. Es un gusto profundo, casi misterioso, que permanece largo tiempo en el paladar.

Hoy el mangostino no solo se come fresco o en jugo. El comercio local lo ha transformado en yogures, paletas, encurtidos y postres que atraen cada vez más visitantes.

La historia del fruto es tan singular como su sabor.

Imágenes: cortesía Alcaldía de Mariquita.(Luis Eduardo Chavarro)

Originario del sudeste asiático, fue descubierto en la península de Malasia. Durante siglos fue considerado “el árbol más difícil de cultivar del mundo”, debido a las exigencias de clima y suelo que requiere. Llegó a Mariquita en el siglo XIX, traído por compañías inglesas que explotaban las minas de oro de la región. En el suelo y en el subsuelo del norte del Tolima encontró lo que buscaba.

En los suelos de ceniza volcánica y bajo el clima cálido y húmedo del valle del Magdalena, el mangostino prosperó. Primero fueron unos pocos árboles cerca de las minas. Luego se multiplicaron. Hoy adornan el paisaje.

“Los árboles de mangostino se encuentran incluso en los patios de las casas antiguas. Forman parte de nuestra cultura mariquiteña”, dice el ingeniero agrónomo Uber Villalba Patiño, de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La alcaldesa Marta Lucía Amaya lo confirma con una memoria personal: en su casa crecen dos árboles de mangostino y recuerda que de niña jugaba alrededor de ellos en el patio de la casa de sus padres.

La denominación de origen que acaba de otorgar la SIC refuerza esa identidad.

La etiqueta delimita una región de aproximadamente 200 hectáreas que incluye a San Sebastián de Mariquita, Armero-Guayabal, Falan, Palocabildo, Honda y Fresno, territorios donde los suelos volcánicos y las variaciones térmicas crean condiciones ideales para el cultivo.

Detrás de estos logros están la Alcaldía de Mariquita, el Centro de Productividad del Tolima (CPT), Asomangostino y la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, entidad facultada por la SIC para autorizar el uso de la Denominación de Origen “Mangostino de Mariquita”.

El mangostino es el fruto insignia de Mariquita, la reina de las frutas.

Foto: cortesía Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima (Fredy Andrés Londoño).

Hoy existen más de 200 productores y la producción anual ronda las 1.500 toneladas. La mitad se consume en Colombia; la otra parte viaja hacia Europa y Canadá.

El mangostino, sin embargo, exige paciencia. El árbol tarda doce años en dar fruto, pero puede vivir hasta 150 años.

La cosecha se realiza entre diciembre y febrero, y el proceso sigue siendo manual. “Se hace de forma artesanal para preservar las condiciones físicas y organolépticas del fruto”, explica Villalba. Luego vienen las etapas de clasificación, selección y almacenamiento en frío que garantizan su calidad.

A finales de abril, la Superintendencia de Industria y Comercio realizará en Mariquita una reunión con productores, autoridades locales y actores del sector agroindustrial para explicar los alcances y beneficios de la marca colectiva “Mariquita Capital Frutera de Colombia” y de la denominación de origen “Mangostino de Mariquita”, herramientas que buscan fortalecer la economía regional y abrir nuevas oportunidades en los mercados nacionales e internacionales.

En Mariquita el mangostino ha alcanzado incluso una dimensión simbólica. El Palacio Municipal lleva por nombre El Mangostino, y cada agosto, coincidiendo con el aniversario del municipio, se celebra el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, que en 2026 llega a su edición número treinta y uno.

En Mariquita conviven el pasado y el presente. Mutis sigue caminando por sus calles. Los árboles siguen dando fruto. Y el visitante solo tiene que cerrar los ojos para sentir que, en algún rincón del bosque, el sabio todavía observa una hoja como si fuera el mapa secreto para descubrir el mundo.

El 13 de abril de 2025 se cumplirá un mes del mayor derrame de petróleo del siglo XX en Ecuador y ese mismo día el país irá a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los ecuatorianos tendrán que elegir entre el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González.

Aunque en este contexto lo ambiental parece imperioso, las propuestas y el discurso de los candidatos al respecto han sido “flojos”, de acuerdo con Gustavo Redín, vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).

Temas como la crisis climática, la transición energética, los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas no se toparon en el debate de segunda vuelta, realizado el 23 de marzo. “Se priorizaron los insultos mutuos en lugar de dar luces sobre cómo se van a tratar los temas ambientales relevantes”, asegura Mario Melo, abogado y asesor de la Fundación Pachamama.

Miembros del Frente al Ambiente, una coalición de más de 50 organizaciones que trabajan por la protección y conservación de la naturaleza, invitaron a los dos candidatos a entrevistas para discutir 10 ejes ambientales, entre ellos, la institucionalidad ambiental y la protección del agua. No obstante, hasta el cierre de este artículo, la coalición aseguró a Mongabay Latam que ninguno de los dos presidenciables aceptó la invitación.

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Lo ambiental pesa en la decisión electoral

Para Redín, Ecuador es un país con “visión ambiental”. Esto se ha comprobado con los resultados a favor de la naturaleza en las consultas populares sobre la prohibición de actividades mineras o petroleras en Cuenca, Girón, Quito y el Yasuní. Sin embargo, “los candidatos se están olvidando de estas aristas, que van a poner presidente o presidenta”, afirma.

En 2020, el entonces candidato a la presidencia Guillermo Lasso firmó una agenda ambiental con el Frente al Ambiente en la que se comprometió a una treintena de puntos, incluyendo garantizar los derechos de la naturaleza. “Eso significó parte de la victoria de Lasso”, opina el vicepresidente de CEDENMA.

La actual carrera hacia la Presidencia está bastante ajustada. En la primera vuelta hubo un empate técnico, con el 44.17 % de los votos para Noboa, del partido Acción Democrática Nacional, y el 44 % para González. Las cosas no han cambiado mucho desde las votaciones del 9 de febrero, según las encuestas que se publicaron hasta el último día permitido por la legislación ecuatoriana.

De acuerdo con la encuestadora Comunicaliza, 4.5 décimas separan al candidato oficialista, con el 41.5 % de intención de voto, de su contrincante, que tiene el 41.1 %. La encuestadora Informe Confidencial señala que la diferencia es un poco mayor, con el 45 % de intención de voto para Noboa y el 41.3 % para González.

La crisis climática se aborda vagamente

Para Melo, el tema ambiental es crucial a escala global y nacional. De hecho, el reconocido naturalista David Attenborough considera que el cambio climático es la “mayor amenaza a la seguridad a la que la humanidad actual se ha enfrentado”. Los ecuatorianos ya han experimentado ambos polos de los fenómenos climáticos extremos.

En 2024, Ecuador sufrió la peor sequía hidrológica de los últimos 40 años, de acuerdo con datos del programa Servir Amazonía. Mientras tanto, en lo que va de 2025, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha registrado 2479 deslizamientos, inundaciones y otros “eventos adversos por lluvias”. Gran parte de las provincias de la costa están en alerta roja, seis provincias más están en alerta naranja y el resto del país está en alerta amarilla.

En lugar de encontrar propuestas claras y concretas para enfrentar la crisis climática, en ambos casos Melo notó “una vaga referencia a cambios en la matriz energética, sin que haya por medio planes, plazos o mecanismos”.

En su lugar, “hay una insistencia hacia el modelo extractivista por el cual el país ha transitado los últimos 50 años”, dice el abogado. El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador desde que se inició la explotación en la década de 1970. En 2019 se inauguró la megaminería en el país, con el inicio de operaciones del proyecto minero Mirador, y para 2023 la minería ya era el tercer mayor rubro de exportaciones, de acuerdo con la Cámara de Minería.

Este modelo, asegura, no ha traído soluciones ni a la inequidad ni a la pobreza. A diciembre de 2024, cuatro de cada 10 ecuatorianos estaban en la pobreza o la pobreza extrema a escala nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La desigualdad se evidencia al hacer zoom al país: tres habitantes en el área urbana frente a seis habitantes en el área rural, de cada 10 personas, estaban en la pobreza o pobreza extrema.

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No hay declaraciones categóricas sobre el Yasuní

“La explotación inmisericorde de los recursos naturales”, en palabras de Melo, ha traído “enormes y catastróficos impactos ambientales”. El norte de la Amazonía ha sido históricamente la zona más afectada, pero el reciente derrame de más de 25 000 barriles en la provincia costera de Esmeraldas recuerda que otras partes del país también han sufrido las graves consecuencias de las industrias extractivas.

A pesar de esto y de que en consulta popular los ecuatorianos decidieron que se retire la actividad petrolera del bloque 43, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, ninguno de los dos candidatos “ha mencionado siquiera estos temas”, dice Melo.

El domingo 30 de marzo, Pachakutik, el partido del movimiento indígena, logró que González se comprometa a la “protección absoluta del Yasuní”. Ese día, la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana firmó un acuerdo programático de 25 puntos a cambio del respaldo del movimiento indígena a su candidatura.

Pero más allá de eso, ni González ni Noboa han emitido declaraciones categóricas sobre si se respetará la voluntad popular. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado ecuatoriano parar la producción de petróleo en ese bloque, en el marco de una sentencia a favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario que habitan en la zona.

“El cumplimiento de la consulta popular del Yasuní no es solo un tema ambiental, no aplicarla es poner frenos a la democracia”, asegura Redín.

Los respaldos y los acuerdos, en conflicto

En las campañas pasadas, mientras fueron candidatos, Lasso y Noboa se comprometieron a no explotar el Bloque 43. Una vez que llegaron al poder no solo continuaron extrayendo petróleo del considerado como el lugar más biodiverso del mundo, sino que el primero propuso duplicar la producción petrolera y su sucesor lanzó un plan para aumentar la extracción de hidrocarburos.

“Tenemos la experiencia de que los presidenciables prometen todo. Nos deja un mal sabor el hecho de que no hay una obligación clara hacia lo ambiental”, reflexiona el vicepresidente de CEDENMA.

La candidata por el Movimiento Revolución Ciudadana, en el acuerdo firmado con Pachakutik, también se comprometió a emprender acciones inmediatas para enfrentar la minería ilegal, auditar las concesiones mineras, trabajar por la soberanía alimentaria, garantizar una política de respeto a la diversidad de los pueblos indígenas, entre otras temáticas. Además, se comprometió a cumplir con las consultas populares que prohibieron la minería en Quito, Azuay y Girón.

El pacto, que parece beneficioso para los pueblos y nacionalidades indígenas, no fue bien visto por varios de sus sectores. “Las organizaciones no pueden estar metidas en el tema partidista. Cada votante debe tomar su decisión”, critica Diana Chávez, dirigenta de relaciones internacionales de la organización kichwa de Pastaza, PAKKIRU por sus siglas en kichwa. “Al momento de tomar una posición, existe división y eso es lo que no queremos”, agrega.

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Los primeros quiebres en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONFENIAE) se dieron en marzo, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE) anunció su respaldo a Daniel Noboa. La CONFENIAE solicitó auditorías y moratorias para proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos dentro de los territorios indígenas. También exigió la suspensión de la frontera petrolera y minera en la región.

Chávez asegura que no se trató de una decisión unánime. Aunque sí hubo relativamente mayor respaldo de las federaciones amazónicas para el actual presidente, hubo otras dos tendencias: apoyar a Luisa González y no ofrecer respaldo a ningún candidato. “La política partidista no es nuestro trabajo, pero sí conversar sobre política pública, ordenanzas, gobernanza”, reitera la lideresa.

Amenazas para los derechos indígenas y de la naturaleza

Noboa ha dicho en varios espacios que llamará a una asamblea constituyente para “refundar” Ecuador. La actual Constitución está vigente desde 2008 y ha sido reconocida como garantista de los derechos fundamentales. Además, fue la primera en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza.

“Una constituyente puede significar el retroceso de derechos”, dice Redín y asegura que también son preocupantes los pronunciamientos recientes de abogados cercanos a las industrias extractivas que “subordinan los derechos de la naturaleza”. A esto se suma que más allá de la declaración, el actual presidente no ha dicho quién conformaría la asamblea constituyente o qué temas se tratarían.

Mientras tanto, los pueblos y nacionalidades indígenas llevan 17 años a la espera de una ley de consulta previa, libre e informada. Para Redín, la ausencia de esta normativa es “la piedra fundamental de los conflictos ambientales en el país”.

Los pueblos y nacionalidades indígenas han reclamado en múltiples ocasiones no haber sido consultados sobre el desarrollo en sus territorios de proyectos petroleros, mineros o de otra naturaleza. Esto ha dado pie a plantones, marchas e incluso enfrentamientos fatales con las fuerzas públicas. La regulación de este derecho evitaría más conflictividad.

Para cumplir con esta y otras urgencias que enfrenta Ecuador, que en 2025 se convirtió en el país más violento de Latinoamérica, Melo cree que quien gane las elecciones tendrá que negociar con la Asamblea para conseguir gobernabilidad. El congreso también está dividido casi en partes iguales entre Acción Democrática Nacional y el Movimiento Revolución Ciudadana.

Chávez además exige continuidad: “Los planes de gobierno no pueden durar cuatro años, necesitamos una visión más allá de ese periodo para dejar de tambalear”.

Foto principal: el debate de segunda vuelta se realizó el 23 de marzo. Foto: Consejo Nacional Electoral

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Colombia existe una región con 23 487 especies de fauna y flora, lo que representa el 29 % del total de especies observadas en el país, según los registros biológicos que se tienen hasta el momento. Aquí se han registrado 761 especies de aves (38 % de la avifauna colombiana), es una de las regiones con mayor cantidad de especies de peces (767), alberga el 48 % de los humedales continentales del país y aporta el 26 % de la disponibilidad hídrica de Colombia.

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Estos datos hacen referencia a la Orinoquia y aparecen en el Reporte Bio Orinoquia, una reciente publicación del Instituto Humboldt de Colombia, que se encarga de estudiar la biodiversidad del país. En palabras de su director, Hernando García, “esta es una de las regiones donde hay muchas expectativas de desarrollo, pero donde también hay grandes expectativas para la conservación de la biodiversidad”. García explica que el informe pretende ser una ayuda para entender, por ejemplo, que esta es una región anfibia, donde los pulsos de inundaciones de departamentos como Arauca y Casanare pueden llevar a que hasta el 60 % de su territorio esté bajo un humedal en ciertos momentos del año.

La riqueza ambiental de la Orinoquia colombiana, región que también es conocida como los Llanos Orientales, enfrenta grandes retos: 491 de sus 23 487 especies de fauna y flora se encuentran en alguna categoría de amenaza, cifra que corresponde al 23 % del total de especies amenazadas en el país. Además, las actividades agroindustriales están transformando de forma acelerada los ecosistemas y el incremento del uso del agua ya está causando problemas. “La huella espacial humana ha sido intensa en las últimas tres décadas”, asegura García.

Una olla de presión sobre el paisaje llanero

El Reporte Bio Orinoquia destaca que la región tiene una gran riqueza hídrica, sin embargo, la transformación de sus ecosistemas, debido a factores como la deforestación, la agroindustria, la ganadería extensiva, la infraestructura vial y urbana, la extracción de minerales y el déficit de sistemas de tratamiento de agua, tiene impactos negativos sobre el agua, entre los que destacan la desconexión de hábitats, la liberación de contaminantes a la atmósfera, la pérdida de navegabilidad y el control de inundaciones. “Esto pone en riesgo la disponibilidad y calidad del agua, así como la calidad de los hábitats que brindan soporte a la biodiversidad”, se lee en el documento.

El reporte muestra que durante las últimas cuatro décadas, la huella espacial humana —magnitud de la influencia acumulada de las actividades humanas sobre los paisajes y ecosistemas— en la Orinoquia ha experimentado un incremento del 35 %. Además, los análisis hechos por los expertos sugieren que este aumento podría ascender un 6 % en los próximos diez años.

“La huella espacial humana está asociada a procesos de construcción y expansión de vías que permite acceso a actividades como cultivo y ganadería. Esto hace que las zonas naturales tengan una tendencia más alta a ser impactadas”, le dice a Mongabay Latam Daniel Cruz, investigador de la Universidad Javeriana que participó en el desarrollo de este tema para el Reporte Bio Orinoquia.

Cruz menciona que los análisis muestran al departamento de Vichada como una de las zonas de la Orinoquia con alto impacto según el índice de huella humana, “precisamente porque tiene altos índices de asentamientos humanos y asimismo de vías que los conectan e impactan las zonas naturales aledañas”.

Otro dato importante es que gran parte de las zonas que están en riesgo de impacto humano están muy asociadas a los cuerpos de agua, ya que esto les permite abastecer sus actividades productivas.

Los científicos también destacan que los parques nacionales y resguardos indígenas limitan el avance de valores altos de huella espacial humana al interior de estas áreas. Sin embargo, la capacidad de contener este avance varía en función de la categoría de manejo y el tamaño de cada área.

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Alerta a la expansión agropecuaria

Entre los desafíos que enfrenta la región está la expansión agroindustrial, ya que, en las últimas dos décadas, la frontera agrícola de la Orinoquia se ha expandido de 1000 kilómetros cuadrados a 8000 kilómetros cuadrados de área cultivada, y se espera que la demanda hídrica de la agricultura se duplique para 2040 debido al aumento en las áreas de cultivo, principalmente de arroz y palma de aceite.

Esta presión no es un factor sorpresa para los expertos, ya que en diversos momentos el gobierno nacional y los gobiernos locales han dicho que la Orinoquia podría ser “la última gran despensa agrícola del país” y, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), más de 150 000 kilómetros cuadrados de esta región son aptos para la agricultura, lo que representa aproximadamente el 45 % de la cuenca del Orinoco.

El Reporte Bio Orinoquia tiene un capítulo dedicado a los efectos de la expansión agroindustrial sobre los ríos y allí se menciona que, para 2040, se prevé un incremento del 13 % en la demanda de agua para el cultivo de arroz, una de las principales actividades en la región.

Una modelación hidrológica que considera el desarrollo agroindustrial revela reducciones de hasta un 85 % en más del 50 % de la cuenca del Orinoco colombiano en periodos de lluvias escasas. “En los escenarios más extremos, los ríos Meta, Vichada y Guaviare experimentarán reducciones en sus flujos de hasta 95 %, 98 % y 50 %, respectivamente”, señala el reporte.

Jonathan Nogales, investigador de The Nature Conservancy (TNC) y coautor del capítulo, asegura que el arroz y la palma son los mayores motores de transformación de la dinámica hídrica de la Orinoquia.

Nogales menciona que se están viendo cambios drásticos en la cuenca del río Ariari, en el departamento del Meta, con los cultivos de palma de aceite y un fenómeno llamativo en el departamento de Casanare, donde personas que hacen ganadería extensiva alquilan predios a los arroceros porque son zonas inundables (condición favorable para el cultivo de arroz) y esto ha generado una degradación en los suelos y los ecosistemas, comenta.

“Si bien la Orinoquia tiene un potencial bastante grande y siempre se plantea que es la última frontera agrícola que tiene el país, hay que hacerlo de una manera responsable y controlada”, dice Nogales, y agrega que “puede parecer que en la región hay bastante agua, pero realmente está concentrada en un periodo de tiempo, no está presente durante todo el año, y los meses secos, cuando se necesita el riego de cultivos, los flujos hídricos se vuelven críticos”.

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Eje de conflictos socioambientales

Los conflictos socioambientales son otro de los grandes desafíos de la Orinoquia. Si siguen escalando, y no llegan a soluciones, pueden poner en riesgo los territorios y la gran biodiversidad de la región. De acuerdo con el Instituto Humboldt, identificarlos es una herramienta útil para fomentar espacios de diálogo que promuevan la comprensión mutua, el análisis de las controversias y la construcción de entendimientos.

El reporte analizó estos conflictos y destacó 29 que se encontraban latentes hasta 2024. Allí encontraron choques entre distintas formas de ver y entender la Orinoquia: una productivista, en la que el territorio se entiende como proveedor de recursos naturales que se pueden explotar para generar riquezas; otra conservacionista, que promueve la protección del territorio para la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que brinda; y una de hábitat, que comprende el territorio como el lugar donde se desarrolla la vida cultural, social, material y simbólica de las comunidades que lo habitan.

Los investigadores lograron agrupar las conflictividades socioambientales en tres grandes tipos. El primero son los conflictos derivados del uso y apropiación de territorios indígenas para desarrollar actividades agropecuarias, que emergen de las disputas entre grupos étnicos y grupos de colonos o empresas agropecuarias por el acceso y uso de los territorios colectivos.

El segundo son los conflictos por la gestión y conservación de áreas protegidas, producto del desencuentro entre las visiones de conservación del Estado (principalmente autoridades ambientales) y las visiones de producción de las empresas petroleras, agroindustriales, actores armados y algunas comunidades locales.

El tercero son los conflictos asociados con el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, que nacen por discrepancias entre grupos étnicos, comunidades campesinas y empresas petroleras.

“Uno de los impactos más relevantes de los diferentes conflictos socioambientales es la transformación del paisaje, es decir, de humedales, bosques y diferentes ecosistemas. Esto reduce el territorio, el hábitat de las especies que allí habitan y por supuesto redunda en una pérdida de biodiversidad”, asegura Omar Ruiz, investigador del Instituto Humboldt.

Ruiz comenta que los conflictos socioambientales son procesos que van cambiando a lo largo del tiempo y aunque en todos los departamentos de la Orinoquia hay conflictos. Meta y Arauca son dos de los más críticos.

Muchos de los conflictos se dan con la industria petrolera, ya que esta región es la principal productora de hidrocarburos de Colombia. Sin embargo, Ruiz dice que también hay muchos conflictos entre comunidades y autoridades ambientales por la presencia de áreas protegidas y de estrategias de conservación en zonas de traslape con territorios de comunidades locales, campesinas o indígenas.

El investigador destaca que hay conflictos socioambientales que han escalado a la violencia y que también están relacionados con el conflicto armado. Un caso emblemático, dice, es el desencuentro entre comunidades indígenas y campesinas con empresas petroleras, principalmente relacionadas con el funcionamiento del campo petrolero Caño Limón – Coveñas, en el departamento de Arauca, “donde es común el ataque a la infraestructura petrolera por parte de grupos armados [particularmente el Ejército de Liberación Nacional, ELN]”, dice Ruiz.

A pesar de esto, el investigador indica que desde el Instituto Humboldt no ven tanto las conflictividades como obstáculos para la sostenibilidad, sino como oportunidades para generar transformaciones hacia esa sostenibilidad.

*Imagen principal: Una hembra de la especie mono aullador rojo (Alouatta seniculus), junto a su cría, en los llanos orientales colombianos. Foto: Rhett Butler

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hubo una vez en tu vida cuando notaste de que con las armas no podías conquistar lo que entonces eran tus sueños y te volcaste a la política buscando un lugar en la historia mundial. ¡bien hecho! Pero tu reciente enfrentamiento con Trump terminó con tu rabo entre las piernas encogiendo tus cojones hasta el punto de desaparecer.

La única forma de lidiar con un “bully” es con la confrontación. ¡Hazlo!

La sociedad se está transformando y mostrando una realidad que nunca antes fue tan visible: tendemos a ser malignos, una característica de todos los seres vivos, por lo que debemos aplicarla y entenderla adecuadamente.

El momento es ahora cuando todo alrededor es un mundo de conflictos y donde genocidios como el caso palestino continúan tan descaradamente frente a una sociedad impávida volviéndose tan normal porque las cadenas de noticias han dejado o reducido considerablemente la publicación de las miserias de Benjamin Netanyahu, no del pueblo israelí. La única cadena que sigue difundiendo su crueldad es Al Jazeera, una palabra árabe que significa una isla o una península, que para mí podría traducirse fácilmente al significado de singularidad, o solo una.

Netanyahu, Putin, Trump y tantos pequeños tiranos denominados característicamente, son producto de mentalidades egoístas y corruptas. Xi, desde China, es el buitre que espera que todo termine para atacar la carroña sobrante que espera devorar a la humanidad restante. No ha sucedido todavía pero estén atentos a sus comportamientos devoradores para reconocer las señales.

Tú, Petro, eres un minúsculo delirio de grandezas que entendió que para ganar un sitio en la historia no era con armas sino con política. Es ahora el momento de mostrar más notoriedad legalizando las drogas en Colombia.

Lo que tú piensas qué eres no es como muchos podemos definirlo.

Y en este tiempo de amenazas de imponer o aumentar aranceles por parte del esquizofrénico Trump, es cuando legalizar las drogas se vuelve más realista. Primero, sería una guerra económica, segundo, formaría alianzas con Canadá, México y China, y por último, los líderes de muchos países latinoamericanos seguirían este enfrentamiento con el “protagonista del irreality show” engrandeciendo una coalición.

Será breve, prevalecerá, y las posibilidades de eliminar el llamado mercado negro o la posible unificación con el llamado comercio legítimo podrían ser la próxima evolución que podríamos experimentar desde 1930 cuando comenzó el comercio de la piratería bursátil.

Ni economistas, políticos, filósofos u observadores de la sociedad pueden entender la imposición de aranceles porque los que sufrirán serán las personas comunes, incluido el cristianismo que eligió al gorila anaranjado para distorsionar la sociedad a un tiempo pasado vivido en este siglo veintiuno cuando el progreso estaba en proceso de transformación.

El alcohol, los cigarrillos, las anfetaminas y muchas otras drogas están reguladas por el gobierno, y los usuarios o abusadores enfrentan sus propias limitaciones o decisiones. Algunos disciplinan su uso, otros abusan de él, pero ambos con las ramificaciones del control gubernamental; en otras palabras, es una industria constituida como muchas otras situadas en las economías regulares.

¿Por qué no hacerlo con la cocaína, la marihuana y cualquier otra sustancia natural procesada diseminada entre la humanidad? Después de todo, es una elección, y la gran mayoría decide no usarlas.

Dejen de emplear la religión como razón para desaprobar la legalización de las drogas en una sociedad de doble cara. Al contrario, sería una transformación o solidificación de dos conflictos internos entre el bien y el mal en un momento de evolución humana.

A propósito, si tienes que deportar ciudadanos estadounidenses (nunca usaría la palabra americanos porque es incorrecta), comienza con los militares que permanecen bajo diferentes criterios en Colombia y sigues con los depravados que viven en Medellín. Así que Petro, enfréntate al gorila naranja, legaliza las drogas, y carajo, ¡ponte las pelotas!

En Colombia, el área sembrada con hoja de coca aumentó un 10 % en un año. Si en 2022 se identificaron 230 000 hectáreas, para el 2023 esta cifra llegó a 253 000. El 48 % de esa superficie se concentra en parques naturales, territorios colectivos y zonas de reserva forestal. Estas cifras se desprenden del Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023, un informe elaborado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC).

“El aumento de la demanda a nivel mundial presiona el incremento del área cultivada en Colombia, Perú y Bolivia”, aseguró Ángela María Buitrago, ministra de Justicia de Colombia, durante la presentación del informe.

El número de consumidores de drogas se ha incrementado en un 20 % en los últimos diez años. Se calcula que en la actualidad, cerca de 23 millones de personas consumen cocaína, de acuerdo con el Reporte Mundial de Drogas 2024 de la UNODC.

El monitoreo realizado en Colombia identificó que 16 de los 19 departamentos con cultivos de hoja coca muestran tendencia al incremento; Cauca y Nariño son los más afectados. En esos departamentos, así como en Putumayo, Norte de Santander, Bolívar y Antioquía, se mantienen los 15 enclaves productivos identificados desde hace tres años. Estos enclaves representan el 14 % del territorio nacional y en ellos se concentra el 39 % del área sembrada con hoja de coca. “[Esos enclaves] están cerca de la zona de frontera o cerca de la ruta de tráfico”, explicó a Mongabay Latam Leonardo Correa, coordinador técnico del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC

Correa destaca que el reporte de la UNODC realiza una clara diferenciación entre las zonas de concentración —lugares de alta productividad, en donde cada vez hay mayor cantidad de cultivos de coca— y de desconcentración —lugares en donde la cantidad de sembradíos está disminuyendo—, eso marca la necesidad de que la política pública también sea diferenciada.

El monitoreo muestra que en las zonas de concentración se utiliza el 82 % del total de sustancias químicas para la producción de cocaína. Asimismo, ahí sucede el 47 % de toda la deforestación en Colombia. El especialista de SIMCI explicó que la coca no es un factor tan fuerte de deforestación, pero en estas zonas también hay minería ilegal. Mientras tanto, en las zonas de desconcentración se da el 18 % de la deforestación del país.

“El hecho de que la coca se esté concentrando hace que en estos territorios, el peso específico de la actividad se esté volviendo muy fuerte”, asegura Correa. En este caso ya no se trataría de implementar solo alternativas productivas para las familias, sino de escalar las soluciones a los municipios.

Una amenaza a la conservación

El 48 % de los cultivos de hoja de coca está en zonas que tienen alguna declaratoria como área de conservación o de manejo especial. De ese porcentaje, el 20 % se encuentra en tierras de las comunidades afrodescendientes; el 14 %, en reservas forestales de Ley segunda; el 10 %, en resguardos indígenas y el 4 %, en parques nacionales naturales.

Correa expuso que la presencia de sembradíos de hojas de coca no es el único problema, sino todo lo que gira en torno a la producción de la planta.

Por ejemplo, en las zonas de concentración, el narcotráfico requiere el transporte de casi 1 millón de metros cúbicos de insumos líquidos y de 192 980 toneladas de insumos sólidos, la construcción de vías para movilizar el material, la corrupción a las autoridades de control y la implementación de sistemas de seguridad para toda la cadena de producción. “Esos elementos amenazan la biodiversidad en el sitio y nuestra capacidad de proteger la biodiversidad. Eso hace que los líderes ambientales estén en más riesgo en esos sitios”, dijo.

En entrevista con Mongabay Latam, el especialista detalló que un quinto de los cultivos de coca se despliegan en territorios afrocolombianos, asentados a lo largo de la Costa pacífica, pues están en las zonas de salida y entre dos grandes puertos usados por el narcotráfico, el de Buenaventura, en Colombia, y el de Guayaquil, en Ecuador.

Para Correa, Tumaco “es uno de los sitios más complejos del análisis”, debido a su estratégica ubicación geográfica para el narcotráfico y a la “situación de abandono histórico”. Los resguardos indígenas enfrentan una situación similar. Ahí hay una fuerte presión sobre las comunidades y los líderes sociales y ambientales que quieren ejercer gobernanza en sus territorios.

En la conferencia de prensa, la titular del Ministerio de Justicia adelantó que el gobierno está concentrando esfuerzos en la región del Pacífico, del Catatumbo (Norte de Santander) y del Putumayo.

Si bien el porcentaje de cultivos de hoja de coca en los parques nacionales naturales es bajo, no deja de ser un problema. Correa explicó que ese 4 % está “fuertemente” concentrado en tres parques naturales. Además, en la periferia de las reservas “hay una gran cantidad de (hoja de) coca”, dijo y aseguró que estas plantaciones han acorralado al Parque Munchique.

Crecimiento y concentración de los cultivos

Otro hallazgo del monitoreo realizado por la UNODC es que la producción potencial de cocaína subió al 53 % durante 2023. “Cada vez estamos encontrando que se inventan nuevas formas, nuevos elementos que mejoran los rendimientos de la producción”, aseguró Correa. En 2015, la producción promedio de la hoja de coca fue de 4 800 kilos al año; mientras que en 2023 fue de 8 500.

Durante la presentación de los resultados y para graficar la concentración, Correa informó que cuatro departamentos tienen más de 30 000 hectáreas de sembradíos: Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. En contraste, siete departamentos concentran menos de 500 hectáreas: Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Santander, Boyacá y Magdalena. Ocho departamentos tienen entre 2 000 y 20 000 hectáreas: Caquetá, Meta, Guaviare, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba y Bolívar. El departamento de César dejó de tener coca en 2023.

En las zonas de enclaves, la cantidad de hoja de coca sembrada se incrementó casi por tres, informó el especialista de la UNODC. A diferencia del pasado, en estos territorios se ha creado un sistema de incentivos en el que las personas pueden acceder a bienes y servicios con las ganancias de la venta de hoja de coca, explicó Correa. “Eso hace que la gente quiera hacer el esfuerzo de mejorar la productividad”, afirmó.

El Monitoreo también encontró que el 86 % de los centros poblados más cercanos a los cultivos de hoja de coca tiene nivel submunicipal y que 93 000 de las 253 000 hectáreas de cultivos están a menos de 15 kilómetros de una cabecera municipal. Este dato es importante, aclaró Correa, porque las cabeceras municipales son unidades de planificación internas con las que el gobierno podría trabajar para la implementación de obras públicas, en contraste con los centros de nivel submunicipal, que no tienen presupuesto propio.

Otro hallazgo es que Popayán es el centro metropolitano más cercano al 59 % de los lotes con cultivos de hojas de coca. Se definieron los centros poblados como las 12 principales ciudades de Colombia. Esta cifra también es útil para guiar el mejoramiento de las capacidades institucionales gubernamentales en temas de justicia o salud.

En las zonas de desconcentración, que están principalmente en el centro del país, los grupos armados siguen presentes y en búsqueda de otras fuentes de delito, señaló el especialista. “El hecho de que no haya coca no implica que la situación en esos territorios sea positiva”, dijo.

Alternativas y soluciones

Entre 1994 y 2023, en Colombia se erradicaron cerca de tres millones de hectáreas de cultivos de coca, “y el problema sigue sin resolverse”, aseguró la ministra de Justicia. Buitrago aseguró que no se abandonará la erradicación. El gobierno planifica “erradicar de manera controlada, mediante aspersión terrestre de un producto que no causa daño ambiental ni a la población campesina o humana”, dijo. Aunque no aclaró qué sustancia se utilizará.

“Las respuestas de orden represivo son insuficientes y sus resultados pasajeros”, dijo Buitrago antes de aclarar que se busca implementar una política de drogas que no solo aborde las manifestaciones del narcotráfico, sino que apunte a las causas estructurales del crimen organizado con una perspectiva de justicia social y ambiental.

El Monitoreo de la UNODC resalta la Estrategia de Misiones Territoriales, un mecanismo de coordinación y articulación interinstitucional que busca que las comunidades rurales que dependen de las economías ilícitas ligadas a las drogas transiten de manera progresiva y sostenible a economías lícitas.

También destaca el Banco de Proyectos, que en 2023 apoyó técnica y financieramente a unas 20 000 personas de 12 iniciativas agroproductivas y de conservación de comunidades y organizaciones campesinas, resguardos indígenas y consejos comunitarios en las regiones de Catatumbo, Nariño, Guaviare, Caquetá y Sur de Bolívar. Además, se puso en relieve el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que hasta agosto de 2023 comprometió 2.3 miles de millones de dólares para apoyar a más de 80 000 personas vinculadas al programa.

*Imagen destacada: Imágenes aéreas de los cultivos de coca en Colombia. Cortesía de UNODC.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado y Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Quetzalli Hernández ha buceado en numerosos arrecifes de México y otros países en búsqueda de colonias de coral. Nunca, en sus dos décadas estudiando la biodiversidad marina, había visto algo similar a lo que encontró en el Banco de Campeche, ubicado en el Golfo de México. En su más reciente expedición, en un sitio conocido como Cayo Nuevo, las especies arrecifales que logró ver la impactaron.

“Encontramos las colonias de coral más grandes que haya visto en toda mi vida, inclusive de las que he visto en estudios. No sólo son masivas, sino monumentales”, afirma la bióloga especializada en invertebrados marinos y técnica académica de buceo científico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).https://www.youtube.com/embed/Fwzx1AX55SA?si=NuuiqYM9qjdB09_W

Hernández se refiere al hallazgo de una colonia de coral duro llamado coral estrella (Orbicella faveolata), cuyas medidas obtenidas a través de la fotogrametría bentónica —técnica que emplea fotografías para generar modelos 3D de los arrecifes— dieron como resultado siete metros de largo, cuatro metros de ancho y más de tres metros de alto.

“Es una montañita de sólo una colonia de coral”, agrega Hernández. “Estamos estimando cuántos años significa eso, es decir, cuánto tiempo tardó en crecer. Estimamos que son más de 200 años de crecimiento, pero creemos que nos estamos quedando cortos y que son muchos más. Tener una colonia sana de 200 años, a estas alturas del partido, es muy difícil y es increíble; eso da mucha esperanza”, sostiene la científica que fue parte de una expedición que exploró más de 750 kilómetros en el Golfo de México —a lo largo de diez días de trabajo científico— en los sitios conocidos como Cayo Arenas, Cayo Nuevo, Triángulos, Obispo y Banco Nuevo, que forman parte del Banco de Campeche.

La organización Oceana, dedicada a la protección de los océanos y quien lideró estos trabajos, reportó que este hallazgo referente a la buena salud de los corales es uno de los más alentadores para el Golfo de México, donde existen amenazas como derrames petroleros, pesca ilegal, contaminación e impactos asociados al cambio climático.

“Esperaría que esta nueva información levantara la mirada al tema del petróleo y de los derrames. Sabemos que nuestra economía depende del petróleo, pero es importante que se tenga en cuenta que existen sitios tan relevantes como estos, que se tienen que procurar y que la gente no debería pasar por encima de ellos sólo para obtener recursos petroleros”, afirma la científica.

En la expedición realizada del 3 al 13 de junio del 2024 participaron 18 investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Arizona y Oceana, así como de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). En ella, los equipos científicos mapearon el fondo marino en tercera dimensión, estudiaron las poblaciones de peces y extrajeron el ADN ambiental de la columna de agua para así cuantificar las especies presentes y no visibles a simple vista en la zona.

El objetivo fue que la información recolectada sirva para la toma de decisiones sobre la protección de los arrecifes de coral, ecosistemas con un panorama nada favorable debido al aumento de temperaturas a nivel global. La situación es alarmante. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se estima que se ha perdido el 14 % de los corales del mundo desde el 2009.

“Estamos en medio de una crisis climática que ofrece aumentos de las temperaturas del agua, que ya no son sólo picos que veíamos eventualmente, sino que ahora se sostienen en el tiempo. Cuando esto sucede, no permite la resiliencia del ecosistema y el proceso de blanqueamiento —que es natural frente al estrés térmico— perdura a tal punto que los corales se mueren. Esto es algo que nosotros y que los investigadores a nivel mundial y nacional estamos viendo, sobre todo, en el Caribe Mexicano”, explica Miguel Rivas, doctor en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM y director de la Campaña de Hábitats de Oceana en México.

Frente a este contexto preocupante, Oceana zarpó en su tercera expedición científica en México, rumbo a los arrecifes de coral alejados a más de 200 kilómetros de la costa de Campeche. La primera expedición fue al Arrecife Alacranes, cuya información logró mayores medidas de protección y fiscalización de la pesca ilegal. La segunda fue a Bajos del Norte, que a inicios del 2024 fue declarado como Parque Nacional. Por ello, el viaje a los arrecifes del Banco de Campeche se prevé como una nueva oportunidad para la protección del océano mexicano.

Expediciones de esperanza

A bordo de la embarcación de Oceana, las jornadas de trabajo comenzaban a las cinco de la mañana, con los primeros rayos del sol. Aprovechar el tiempo es crucial para los buzos expertos, pues todo su trabajo bajo el agua es a contrarreloj. Los tanques de oxígeno les permiten bucear un máximo de 80 minutos —con un tiempo que se reduce dependiendo de la profundidad que deseen alcanzar—, por lo que sólo pueden hacer un máximo de tres o cuatro inmersiones diarias. Así mantienen los límites adecuados de seguridad, mientras obtienen la mayor cantidad de información e imágenes posibles.

“Cuando se empiezan a sumar los días consecutivos de tantos buceos, se empieza a hacer más cansado y riesgoso, así que hacemos tres buceos al día. Trabajamos cuadros de diez por diez metros, que son 100 metros cuadrados de área arrecifal. Los científicos que estuvimos trabajando hicimos 22 buceos en total, en siete días; además, un buceo lo dedicamos sólo a obtener datos y fotografías de biodiversidad”, explica Quetzalli Hernández, también experta en fotogrametría bentónica, una herramienta que resulta muy poderosa para los científicos, pues sus imágenes son tan detalladas que son casi como sacar un pedazo de arrecife para llevarlo al laboratorio y analizarlo con mucho más tiempo, detenimiento y minuciosidad.

“Al poder tomar estas fotografías sobrelapadas, podemos generar un mapa tridimensional con una súper calidad que nos permite almacenarlo a lo largo del tiempo, con información que puede estar disponible ahora, mañana o el siguiente año. Con eso podemos hacer series de tiempo que nos permitan estudiar cómo se encontraba el arrecife en un momento determinado”, agrega la bióloga marina.

La primera vez que Hernández buceó en estos arrecifes de coral fue casi siete años atrás, en el 2017. Lo que vio en aquel entonces y ahora, en junio del 2024, no tuvo comparación.

“Ni siquiera en aquella ocasión tuvimos la suerte de encontrar los sitios que sí encontramos ahora, en esta expedición. Fue un impacto muy grande. Cuando buceamos más profundo, encontramos un arrecife —el último, el Banco Nuevo— a los 22 metros. Incluso tuvimos que hacer dos buceos para poder acabar un cuadro; fueron buceos de 40 minutos, más o menos”, cuenta la experta.

El objetivo de estas inmersiones fue determinar el estado de salud de los arrecifes, según ciertos indicadores, como la cantidad de coral vivo que se encuentra en un área determinada. Así, a través de la computadora, el equipo científico delimita el área que ocupa cada especie de coral, para obtener acumulados de tejido vivo presentes en cada cien metros cuadrados.

“Hay especies que son conformadoras de estructura 3D arrecifal y hay especies que son planas, que no son conformadoras. No es que no sean importantes, sino que no están aportando a la estructura tridimensional del arrecife. Hay que recordar que esta estructura es la que brinda la posibilidad de que sea un refugio y que haya muchísimas especies asociadas y protegidas en él. Es decir, a más estructura arrecifal 3D, más sano y más lleno de vida va a estar el arrecife”, describe Hernández.

Entre los descubrimientos más relevantes, los científicos reportaron el hallazgo de colonias de arrecifes de coral cuerno de alce (Acropora palmata) en buen estado. Esta especie —sujeta a protección especial— es indicadora de un ambiente sano en un arrecife.

“Es una especie indicadora porque además es muy sensible. El aumento de temperatura del mar por períodos prolongados genera estrés y estas acroporas son las primeras en morir”, detalla la bióloga marina.

Encontrar acropora viva significa que hay esperanza —dice Hernández— porque hay colonias que están logrando soportar los cambios de temperatura y que, en el futuro, podrían llegar a repoblar nuevamente con sus gametos en otros sitios.

El equipo científico documentó además el apareamiento de tortugas marinas. Esto también resulta un indicador de la importancia y el alto valor ambiental para la conservación de especies en peligro. También encontraron guarderías de tiburones puntas negras (Carcharhinus limbatus), lo que demuestra que este lugar también resulta funcional para los depredadores tope.

“Encontramos especies de escama importantes y abundantes. Vimos muchísimos meros, jureles y pargos de buen tamaño, que son animales que cuando buceas cerca de la costa, ya no los encuentras. Simplemente ya no los ves. Nos da mucha esperanza, porque ver lugares así, me imagino que es como si pudieras ver los arrecifes que se encontraban en los años sesentas o setentas”, describe Hernández.

Sin embargo, no encontraron tantas langostas como esperaban. “Eso significa que hay pesca, que se la están llevando. El que haya estos arrecifes en tan buen estado de salud, significa que hay posibilidades de que las pescas y los corales se puedan recuperar, que todos estos lugares puedan aportar larvas a otros sitios que ya no tienen tantos corales porque han estado muriendo”, agrega la científica.

Arrecifes sin protección

Aunque en el 2016 los arrecifes de coral del Golfo de México y el Caribe Mexicano fueron decretados como Zona de Salvaguarda, únicamente están protegidos frente a la exploración y extracción de petróleo. No existe ningún decreto oficial que regule otras actividades o impactos como el tráfico marítimo, la contaminación generada por embarcaciones, la sobrepesca y, sobre todo, la pesca industrial con artes de pesca dañinas, como las de arrastre.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en esta área se encuentra la barrera de coral más grande del hemisferio occidental y la segunda más grande del mundo, cuyos arrecifes sirven como hábitat para más de 500 especies de peces, poblaciones de manatíes, tortugas marinas como la carey (Eretmochelys imbricata) o la caguama (Caretta caretta), rayas caracol, langostas, de las mayores agregaciones de tiburón ballena, pastos marinos, manglares y corales, entre otras.

Así mismo, el Banco de Campeche es descrito como una de las áreas marinas cuyo desarrollo de la actividad pesquera y su interacción con otras actividades económicas la convierten en una de las zonas más estudiadas de México, señala el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (Imipas).

En un contexto histórico —explica Miguel Rivas— el Golfo de México ha sido una zona olvidada en términos de conservación y protección del medio ambiente. La mayoría de las áreas naturales protegidas marinas se encuentran del otro lado, en el océano Pacífico, con millones de hectáreas dedicadas a la conservación.

“Ha habido una falta de planificación, un descuido que aún estamos a tiempo de enmendar. Sobre todo, de cara a los compromisos que tiene México para el 2030 y eso le pone un desafío a esta administración: ¿cómo volteamos a ver al Golfo de México como este lugar lleno de vida que, a pesar de la actividad antropogénica, permite tener lugares ricos y diversos que debemos proteger? ¿Cómo mantenemos estas zonas bien conservadas?”, cuestiona Rivas.

Para el especialista, la respuesta es sencilla: quitándoles la presión para que puedan ser más resilientes frente a la crisis climática, es decir, “quitarles actividades que se realizan en ellas para que los ciclos de la naturaleza pueden seguir ocurriendo. Haber encontrado estas colonias relativamente más saludables nos permite pensar en un futuro en donde incluso puede haber actividades de restauración ecológica con los arrecifes, que se puedan utilizar para recuperar y reutilizar nuevas poblaciones”.

La protección del Banco de Campeche sería un gran logro para avanzar del 22.4 % del océano actualmente protegido en México, hasta el 30 % necesario, señala Rivas.

“Hay millones de hectáreas que todavía se deberían decretar para su protección y qué mejor que hacerlo en donde hay hábitats críticos para la vida. Esta es una invitación hecha a partir de la información científica que se genera para conservar lugares claves para la vida marina como este. Es parte de las decisiones que México tiene que tomar de cara al futuro”, concluye el experto.

Lograr la protección de este sitio fue un sueño que Quetzalli Hernández y sus colegas tuvieron en el 2017. Lo que han logrado juntos este año podría ser la pieza clave para alcanzarlo.

“Soñamos con la posibilidad de algún día poder conservarlo, de poder generar información valiosa que ayudara a demostrar la importancia de estos lugares que ya casi no se ven, que cada vez es más improbable encontrarlos, porque cada vez hay que ir más lejos”, concluye Hernández. “Pero los tenemos aquí en el país y sería increíble llegar a conservarlos. Queremos que esto nos dé la oportunidad de, una vez más, levantar la voz para decir lo importante que son estos sitios y el mar”.

*Imagen principal: Colonias de coral cuerno de alce (Acropora palmata), especie listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Foto: Oceana / Nelly Quijano

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En una sentencia rechazada por el ambientalismo ecuatoriano, a mediados de mayo el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar condenó a tres años de prisión y una multa de 600 dólares a seis habitantes del cantón Las Naves, por el delito de asociación ilícita. Los acusados se oponen al proyecto minero de cobre y oro Curipamba-El Domo, que tiene entre sus dueños a una empresa ligada a la familia del presidente Daniel Noboa.

Aunque el tribunal consideró que había evidencia para condenarlos, a lo largo del juicio se presentaron testimonios contradictorios sobre la solidez de las pruebas, falencias que resaltan los sentenciados y su defensa. También aseguran que sus argumentos fueron prácticamente ignorados en la decisión judicial.

A las críticas del caso legal, se suma que en el proyecto minero hay intereses de familiares del presidente Daniel Noboa, ya que desde 2019 compraron el 9.9 % de la empresa que posee la propiedad del 75 % de la mina.

Asimismo, ya durante el mandato de Noboa, en enero de 2024, la empresa  obtuvo la licencia ambiental para su fase de explotación, que se espera inicie a más tardar en 2027. Las comunidades denuncian que la consulta ambiental que promovieron el Estado y la minera no fue libre, ya que no incluyó a todas las poblaciones y además, hubo presencia militar, lo que consideraron como una presión.

Los sentenciados se defendieron durante una rueda de prensa realizada a finales de mayo y en entrevista con Mongabay Latam. “Soy docente, vivo en Quito, antes Bolívar. Somos profesores, campesinos, agricultores, comerciantes, luchadores sociales, no criminales”, dice Luis Borja, uno de los defensores procesados.

Las dudas alrededor del caso judicial

Mongabay Latam tuvo acceso al texto de la sentencia judicial. En este, el tribunal menciona que en la zona del proyecto encontraron lanzas y látigos, también que supuestamente los acusados intentaron detener el avance de automóviles del proyecto con clavos y que dañaron maquinaria o que invadieron propiedad privada.

La argumentación del fallo muestra que existía un ambiente tenso entre la empresa y las comunidades, sin embargo los testimonios acusatorios tienen algunas falencias y contradicciones. Por ejemplo, una de las dos personas que denuncian la invasión de su propiedad ha trabajado para la empresa minera,  la otra era conocida del personal, situación que cuestionó Yakú Pérez, abogado de los acusados y excandidato presidencial.

“Los testimonios de los testigos fueron contradictorios. Se evidenció que los defensores usaron carteles que dicen: ‘Bolívar libre de minería’ o que se reunieron públicamente, pero eso no es delito. Dicen que atacaron con palos y lanzas, pero no hay pruebas de eso. Dicen que quemaron un policía, pero no hay evidencia de que exista el supuesto oficial”, explicó Pérez.

Asimismo, entre los policías hay versiones que no concuerdan. “El allanamiento (realizado a los investigados) se solicitó con el fin de obtener más elementos en el hecho que se está investigando, como látigos, lanzas, (pero) no se pudo obtener ningún tipo de estos indicios. Esos objetos (que se) mencionan en los informes el sargento Vera, a mí no me consta”, señaló  el cabo segundo de Policía Carlos Veloz Peñaloza, de acuerdo con los documentos del caso.

A otra pregunta de la defensa, otro policía respondió: “No recuerdo si (en las grabaciones) se dice que se va a cometer delitos”. El texto de la sentencia también tiene testimonios de policías y locales que describen el rechazo contra la minera y una alta tensión en la zona. Algunos señalan de violencia a los acusados, pero sin dar detalles claros de cuál fue el delito realizado, los elementos utilizados o de cómo supuestamente hay una “asociación ilícita” entre los investigados.

Para los acusados, las pruebas presentadas por los abogados de la empresa y la Fiscalía no son contundentes ni fidedignas. “Nunca hemos cometido actos de violencia. Haber asistido a marchas netamente pacíficas, públicas y haber usado carteles con consignas como ‘No a las empresas mineras’ o ‘Sí a la defensa del agua’ no es un delito”, dice el señalado Borja. Además, resalta que el delito de asociación ilícita se usa para organizaciones criminales, como las del narcotráfico, y no debería ser usado contra defensores ambientales.

Borja asegura que la empresa Curimining nunca ha realizado una verdadera consulta previa, libre e informada y que simplemente “han dividido a las comunidades con dádivas y promesas de obras, de ambulancias, entre otros”. Agrega que no hay un estudio ambiental que garantice que no van a contaminar el agua. Asimismo, dice que la consulta ambiental que aprobó el Ministerio de Ambiente contó con presencia militar y policial, lo que presionó a la comunidad, y que no fue transparente.

En el lugar donde se realizó la rueda de prensa, en Quito, se colocaron frutas y vegetales como símbolo del trabajo de los agricultores acusados. Uno de ellos, Ángel Rochina, reiteró que no son delincuentes y enfatizó que Bolívar es la provincia de los ríos y hay que cuidarlos.

Ahí el abogado Pérez también señaló que “en la acusación dicen que usan lanzas, palos, pero no existe ninguna prueba de esto. Las lanzas se utilizan en la Amazonía ecuatoriana, no en esta zona. Lo que ellos usan es lo que trajeron acá: cacao, plátano, café, limones, naranjas”.

Ivonne Ramos, vocera de la organización social y ambiental Acción Ecológica, defiende a los acusados al señalar que “los defensores de la naturaleza de Las Naves debería ser  reconocidos por cuidar la naturaleza, que es un patrimonio de todos los ecuatorianos y de las generaciones futuras. Pero fuera de toda lógica y sentido común, han sido injustamente criminalizados. Es deber de todos velar porque este sin sentido (judicial) no se ejecute”, comenta.

En el mismo sentido, Emily Conrad, analista ambiental, geógrafa y codirectora de la organización social y ambiental local Proyecto Dulcepamba los defiende: “Es un caso de criminalización. Cada una de las personas denunciadas son líderes comunitarios, conocidos de la provincia Bolívar, que han participado en acciones pacíficas y legítimas a lo largo de los años para proteger su territorio y la naturaleza de las actividades mineras”. Patricia Carrión, vocera de la organización de Derechos Humanos Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), también lo califica como “un caso de criminalización que busca deslegitimar y acallar las voces que resisten a la minería”. En este caso, resalta, la Fiscalía ha utilizado pruebas como videos de reuniones que no corroboran la comisión de un delito.

En un comunicado conjunto, las organizaciones de derechos humanos ecuatorianas Inredh, Acción Ecológica, Proyecto Dulcepamba y el Frente Cantonal de Defensa del Agua Las Naves señalaron que los defensores acusados “cuidan el agua y los territorios de esta provincia que se encuentran en peligro a causa de las actividades mineras y ahora enfrentan una condena que vulnera su derecho a la libertad y pone en peligro su labor de defensores de la naturaleza y los derechos humanos”.

El abogado Pérez asegura que en la zona del proyecto Curipamba, hay más casos judiciales contra defensores ambientales que se han opuesto a la mina, esto como parte de una estrategia de intimidación de las mineras “para distraer y desmoralizar a las comunidades”. Añade que a diferencia de la empresa y el Estado, los acusados no tienen cómo financiar una defensa legal, pero que la protección del territorio les da la fuerza para seguir.

Una carta firmada por líderes de cuatro organizaciones sociales y ambientales —Red Agua, Proyecto Dulcepamba y el Frente por la Defensa del Agua, Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la Provincia Bolívar y la Naturaleza de Las Naves— fue enviada al Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, Marcos A. Orellana, para advertir la situación. La misiva señala que al menos 60 personas de la zona del proyecto han sido denunciadas por su labor ambiental y que 17 están siendo judicializadas.

Días antes, funcionarios de la ONU se manifestaron en contra de la criminalización de defensores de derechos humanos y ambientales en Ecuador. Entre estos estaban Marcos Orellana y Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. “Nos preocupa que las empresas responsables de los proyectos (mineros) hayan presentado varias denuncias como medida de represalia contra las personas defensoras de los derechos humanos y manifestantes. Esto estaría en contradicción con su responsabilidad de respetar los derechos humanos”, señalaron.

En junio de 2024, las autoridades judiciales ordenaron revisar la apelación a la sentencia realizada por la defensa de los acusados. Está pendiente el agendamiento de la audiencia.

Las críticas ambientales al proyecto

Ivonne Ramos, de Acción Ecológica, señala que el agua de al menos 6 millones de ecuatorianos está en riesgo por posibles desvíos y contaminación provocada por la minería: “La riqueza hídrica existente en Las Naves hacen de este lugar un significativo aportante de caudales a la cuenca del río Guayas, la mayor cuenca hidrográfica de la costa del Pacífico de América del Sur”.

Emily Conrad, del Proyecto Dulcepamba, agrega que le preocupa el impacto que la mina podría tener en los ríos Naves Chico y El Silencio, ya que no hay garantías de que el manejo de sustancias tóxicas no contaminarán estas fuentes de agua.

Respecto a la consulta ambiental, la empresa Curimining dijo a Mongabay Latam que esta fue ejecutada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que tomó 27 meses y que está documentada en más de 592 horas de video. Además, aseguró, que incorporó “los más recientes estándares constitucionales y el Acuerdo de Escazú”. Agregó que esta incluyó visitas previas, convocatorias, información amplia, talleres y que “los comentarios presentados fueron incorporados en el Estudio de Impacto Ambiental (…) según su pertinencia de incluirlos o no”.

También señaló que la consulta tuvo aprobación mayoritaria en los sitios donde se realizó y reconoció que se hizo con militares en la zona. “Sobre la presencia militar, claro que la hubo”. En Ecuador, señaló, “todos los procesos de participación ciudadana son usualmente acompañados por militares”, que tenían como fin “asistir a la Policía Nacional en el cuidado del orden público”.

Respecto al caso judicial, la empresa aseguró  que este inició “por un parte policial que fue puesto en conocimiento directamente a la Fiscalía” y que “Curimining no inició ningún proceso en contra de los ahora declarados culpables”.

Además, la empresa envió a este medio de comunicación fotografías que muestran vehículos quemados y un brazo de una persona herida. No obstante, este medio no las publica, ya que no puede verificar las fechas, origen, lugar, ni responsables de los hechos observados en las imágenes.

La empresa también señaló que las autoridades encontraron suficientes pruebas para la sentencia, que incluyen cuatro testimonios de policías, agentes investigadores, testigos,  informes periciales médicos y transcripciones de reuniones que habrían comprobado “la asociación (ilícita)”.

Los intereses de la familia del presidente Noboa detrás de la mina

Mientras  en los estrados se define el destino de los acusados, el proyecto minero  avanza.

En enero de 2024, el MAATE le otorgó la licencia ambiental al proyecto con base en una consulta ambiental que las comunidades han cuestionado.

Para Pérez, el abogado de los denunciantes, hay un claro conflicto de interés del presidente ecuatoriano en cuanto al avance de este proyecto, ya que han sido los funcionarios de su gobierno los que han dado luz verde a una mina en la que la familia del mandatario tiene intereses.

Mongabay Latam verificó en documentos de la Bolsa de Valores de Canadá y en registros mercantiles de Ecuador que la empresa dueña de la mina, la canadiense Adventus Mining, desde 2019 ha tenido como accionista a una compañía ligada a la tía del presidente. Se trata de Unionar SA, una empresa uruguaya que forma parte del Grupos Nobis y cuyos dueños incluyen a Isabel María Noboa Pontón, empresaria y tía del presidente de Ecuador. Unionar posee el 9.9% de las acciones de Adventus Mining.

Adicionalmente, Noboa Pontón ha liderado la empresa Corporación Nobis Global SL, que también ha sido accionista de Unionar SA. La fecha más reciente en la que Adventus mencionó directamente al Grupo Nobis como parte de sus accionistas fue en noviembre 17 de 2023.  Mongabay Latam no halló alguna prueba que sugiera que el grupo haya dejado la empresa, ni la compañía la proporcionó.

Desde abril de 2024, en los comunicados de la empresa ya no se incluye un nombre específico, sino que mencionan a “significativos inversionistas ecuatorianos”.

La empresa Curimining señaló a Mongabay Latam que “según las regulaciones canadienses, solo se publica información sobre los accionistas significativos, es decir, aquellos que poseen más del 10 % de los derechos de voto asociados a todos los valores con derecho a voto. Adventus no tiene control sobre la divulgación de los socios con menos del 10 % de participación, ya que sus identidades no se hacen públicas”. No obstante, Mongabay Latam constató que en un documento del año 2021 sí nombraron directamente a Unionar SA, pese a tener un porcentaje de 9.9 %.

En abril de 2024 se anunció que un nuevo inversionista, Silvercorp Metals Inc, adquirió Adventus Mining Corp y que los accionistas de esta última tendrían participación en la corporación compradora.

En la junta directiva de Adventus estuvo la hija de Isabel Noboa, Melissa Romero Noboa, hasta que fue reemplazada por David Darque Schettini en septiembre de 2022. Melissa, a su vez, había sustituido a Roberto Salas en mayo de 2021, porque este fue nombrado ministro de Energía por parte del presidente Guillermo Lasso, pero declinó la designación luego de que el medio de comunicación Código Vidrio diera a conocer estas conexiones.

En los documentos de la Bolsa de Valores de Canadá, la compañía se muestra preocupada por las protestas y la oposición a la minería. “Podría surgir oposición a la minería y dicha oposición puede ser violenta. La resistencia o el malestar en Ecuador podrían tener un efecto material adverso en nuestras operaciones y rentabilidad”, dice la empresa en un informe de enero de 2023.

En los documentos de la bolsa, además, Adventus resalta que tiene intereses en otros proyectos mineros en Ecuador de nombre Santiago, Pijilí, Chalapo y El Cóndor. Para este último proyecto, en marzo de 2024, lograron un acuerdo con el presidente Noboa en el que Ecuador se comprometió a apoyar y proteger la inversión de la empresa, sin dar mayores detalles. Para el abogado de los acusados, fue sorprendente que por primera vez un presidente del país asistiera directamente a la mayor cumbre minera en Canadá para coordinar estos acuerdos. “El gobierno empieza a ser manejado como una empresa”, dice Pérez.

Sobre el acuerdo entre Adventus y el presidente Noboa, la empresa explicó que se trata de un “entendimiento mutuo para inversiones nuevas y productivas, que no constituye un contrato de protección de inversión”.

Mongabay Latam buscó al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), pero al cierre de esta publicación no había llegado su respuesta a las preguntas formuladas.

*Imagen de portada: Rueda de prensa en Quito realizada por los acusados, su defensa y las organizaciones sociales que los respaldan. Foto: Proyecto Dulcepamba.

El artículo original fue publicado por David Tarazona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La ciudadanía implica la garantía de la vivencia plena de los derechos humanos, mientras no exista esa garantía, no es posible pedir a los ciudadanos comportamientos que muestren el relacionamiento que debe existir entre derechos y deberes. En el Pacífico lo que existe es un Estado fallido que históricamente ha excluido a este territorio en la toma de decisiones que implican a todos sus habitantes. Iniciamos la primera de tres entregas con este tema.

Desde donde vivía en Tumaco se divisa El Bajito, una de las playas más populares de la ciudad, que es Distrito Portuario y Marítimo, además, uno de los lugares estigmatizados por la violencia; al frente, está el barrio Miramar, donde están las casas más ostentosas de la ciudad y donde se encuentran, en una sola manzana, casi todos los cooperantes internacionales, ONGs y algunas entidades del Estado.

Tumaco es uno de los municipios más grandes de Colombia, es la segunda ciudad más poblada del departamento, después de Pasto, y es uno de los puertos más importantes sobre el Pacífico colombiano. Pese a ello, se vive un ambiente rural, en donde la mayoría de las personas se dedican a la pesca, al cultivo de coco, palma de aceite, artículos de pan coger, como el plátano y frutas como el naidi, el ciruelo, la naranja, el chontaduro, entre otros.

Pese a no ser una ciudad estratificada, hay sectores donde se concentra el comercio, como es el centro de la ciudad; el sector hotelero, en El Morro; y muchas partes de la ciudad donde se advierte no se puede ingresar solo, como son Panamá, Nuevo Milenio, Viento Libre, Ciudad 2000. Ahí la pobreza y el abandono estatal han generado círculos de miseria, un verdadero caldo de cultivo donde el narcotráfico atrapa fácilmente los sueños de muchos jóvenes que no tienen más alternativa que ingresar a este horroroso negocio para poder obtener recursos.

Cruzando la Bahía de Tumaco, a 45 minutos en lancha, está Francisco Pizarro – Salahonda, una de las primeras poblaciones fundada por los españoles en nuestro territorio, el cual no pasa de 20 mil habitantes, sus calles en su mayoría son destapadas, no hay acueducto y alcantarillado y en donde la única muestra de institucionalidad es el edificio de la Alcaldía. Esto resume en parte también la situación en que se encuentran los municipios de la costa nariñense, formada por las subregiones Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur.

La informalidad con que se vive es fruto de la desidia estatal, nacional y departamental, así como el fruto de una historia de economías extractivistas que han generado más daño que bien, sobre todo porque los pobladores nativos, en su mayoría afrodescendientes, seguidos de mestizos e indígenas Awá y Eperaras Siapidaras, han visto como esa economía ha generado riqueza para unos cuantos pocos, la misma que es llevada fuera del territorio, dejando a éste sumido en la pobreza, el abandono y un inmenso daño ambiental difícil de recuperar.

El concepto de ciudadanía tiene dos correlaciones muy claras, uno en referencia al ordenamiento jurídico-político, de tal manera que es ciudadano quien ha nacido en un determinado lugar; y otra con una acepción quizá más amplia, y hace referencia a lo ético-político, donde se hace referencia a los derechos y a los deberes que nacen de esa conexidad.

En estados donde se garantiza la democracia, es decir que hay no solamente una representatividad, sino también la garantía de la participación en las decisiones que competen a todos los ciudadanos, las dos acepciones anotadas conviven en completa armonía, ya que hay un Estado que garantiza la vivencia fáctica de los derechos que nacen de esa ciudadanía y, por otra parte, la asunción de los deberes que de ella surgen, como es el respeto a la diferencia, el cuidado de los bienes públicos, el apego a las tradiciones y a las singularidades que los forman como pueblos, por mencionar solamente algunas.

Desde luego, lo anterior no sucede en nuestro territorio. En Colombia la ciudadanía deviene de condiciones de clase y de estatus, una herencia hispánica cuya característica fue la exclusión, mediante el desconocimiento de las alteridades, del negro y del indio principalmente, la conversión a la fuerza de ideales éticos, confundidos bajo los preceptos de un catecismo religioso impuesto, así como de acceso a la riqueza, cuyas fuentes de producción estaban, y siguen estando, en unos pocos.

En el Pacífico colombiano, impera la informalidad, porque lo formal no ha existido, o cuando ha existido ha devenido en corrupción, porque la politiquería ha infiltrado todos los sustratos sociales, inclusive los culturales, hasta el punto de que lo que reina es una desconfianza de todo lo que tenga que ver con el Estado, principalmente, una desconfianza fundada en razones de peso que nunca acabaríamos por describir.

¿Cómo pedirles a los habitantes del territorio del Pacífico que sean buenos ciudadanos, si el Estado ha sido un mal estado para ellos? ¿Cómo exigirles que guarden normas que les son ajenas, leyes que los desconocen o parámetros que les llegan de afuera? ¿Cómo repensar el concepto de ciudadanía para fortalecer el nexo necesario entre el Estado y los particulares? Son preguntas que nos hacemos cuando meditamos acerca de los llamados constantes que se hacen, desde los medios masivos de comunicación, así como desde las plataformas estatales, cuando las supuestas conductas de los habitantes de estos territorios no encajan en las generalidades de un Estado que llama la atención, pero que no cumple.

No, la culpa no es de los pobladores cuando deben salir a buscar el sustento diario; cuando deben buscar agua potable o el alimento, ya que nadie se los va a dejar en las puertas de sus casas; cuando no hay las más mínimas condiciones para que miles de niños y jóvenes accedan a plataformas para su educación virtual, ya que muchos municipios no están interconectados, cuando las familias no tienen computadores, cuando las clases se toman desde un celular y cuando el estómago reclama el alimento.

Ser ciudadano, no es ser el “caballero” bonachón que usa bastón y corbata o la “dama” que saluda al entrar y al salir, que bota su colilla en la basura y vota cuando hay comicios; esas son manifestaciones, modos de civilidad si se quiere, pero la ciudadanía se ejerce cuando hay garantías de los derechos, solamente así es posible pedirles a los ciudadanos que aporten con su parte, por lo pronto, ese deber ser está y seguirá estando en entredicho.

“En este parque hay muchas complicaciones porque si un funcionario inicia trabajos ambientales con un líder comunitario durante un tiempo, no se sabe si se va a poder continuar porque puede que lo asesinen o le toque irse de la zona”, dice una fuente local que conoce de cerca el trabajo de un área protegida amazónica, a quien por seguridad protegemos en esta publicación. Testimonios como este se repiten en muchos de los parques y reservas de la Amazonía del país donde las constantes amenazas han terminado replegando del territorio a la primera línea de defensa de la biodiversidad de Colombia.

De hecho, los eventos de violencia hacen imposible que los guardaparques transiten por al menos 21 áreas protegidas nacionales, incluidos las 14 amazónicas. “Los grupos armados y economías ilícitas que impulsan y patrocinan la deforestación permanecen en el territorio, lo que pone en riesgo al personal”, le dijo Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) a Mongabay Latam en una respuesta a una solicitud de información.

Los guardaparques que protegen los ecosistemas más representativos de la Amazonía colombiana pueden vigilar sólo algunas zonas muy específicas. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupadas en distintos grupos armados ilegales que están en disputa, han declarado a varios de estos funcionarios objetivos militares y eso implica que si ponen un pie en el lugar donde operan, los matan.

Uno de los equipos periodísticos que llegó hasta el Parque Nacional Natural La Paya se topó con un retén armado de los Comandos de Frontera en el río Putumayo, quienes vestidos de verde, armados con fusiles y demás indumentarias militares se apuraron en dejar un mensaje: no son ellos los que deforestan, sino los del Frente Primero ‘Carolina Ramírez’, otra disidencia de las FARC. Esta declaración pone en evidencia la pelea vigente y constante por el territorio entre los grupos armados ilegales, disputa que se da muchas veces alrededor o dentro de los resguardos indígenas y con los bosques de la Amazonía como testigos.

“No hay garantías para ingresar a todos los sectores del área protegida. Hay un riesgo de ser asesinados tal cual se señala en los comunicados de grupos armados y en las conversaciones que se tienen con actores locales”, le dijo PNN a Mongabay Latam. Además, agrega que “después de la operación Artemisa —una iniciativa militar lanzada por el gobierno de Iván Duque en abril de 2019— se amenazó gravemente a tres funcionarios, motivo por el cual dos de ellos renunciaron a la entidad y la otra persona (quedó) en grave riesgo”.

La prohibición de ingreso de los guardaparques a sus áreas de trabajo, como consecuencia de las acciones militares de Artemisa, afectó por lo menos la vigilancia y monitoreo en cuatro parques colombianos: Tinigua, La Paya, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete.

El resultado de estas restricciones y de la sostenida escalada de violencia se puede ver en las cifras de deforestación. En 2022, se perdieron 10 299 hectáreas de bosque dentro de las áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Esa extensión corresponde al 82 % de toda la deforestación registrada en áreas protegidas a nivel nacional, según las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que podrían incluso ser mayores, como indican algunos expertos que han analizado la data publicada.

¿Cómo proteger las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia con tantas prohibiciones y restricciones de movilidad para sus funcionarios? Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y La Silla Vacía investigaron los eventos de violencia, las restricciones de ingreso para los funcionarios de PNN y los peligros para la biodiversidad en las 14 áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Los problemas detectados van desde las amenazas y avance de varios delitos ambientales hasta la falta de presupuesto y logística para atender los ecosistemas clave del país, como pudimos corroborar en las bases de datos construidas para esta serie a partir de pedidos oficiales de información. Los periodistas, además, visitaron tres parques que se encuentran en grave riesgo: La Paya, Sierra de la Macarena y Amacayacu.

Defender las áreas protegidas con la vida

Para tener una idea de la complejidad y la magnitud de la violencia en las áreas protegidas, basta mencionar que sólo las disidencias de la FARC están presentes en 33 de los 39 municipios y zonas no municipalizadas donde se encuentran las 14 áreas protegidas amazónicas de Colombia. Según los expertos consultados, estos grupos armados, además, son el motor de las economías ilegales que han deforestado las áreas protegidas.

Distintos estudios académicos han confirmado, en los últimos años, el incremento significativo en esta deforestación tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Entre 2015 y 2016, antes del acuerdo, la cifra anual de pérdida de bosque en las áreas protegidas de la Amazonía no superaba las 5336 hectáreas. Pero, a partir de 2017, el paisaje empezó a cambiar. La cantidad de hectáreas deforestadas ese año se disparó a 10 152 hectáreas y un año más tarde, casi se duplicó hasta alcanzar las 19 553.

Si sumamos la pérdida de bosque en las áreas amazónicas de Colombia entre 2015 y 2022, la superficie arrasada equivale al tamaño de Singapur. Estamos hablando de 86 828 hectáreas deforestadas, sólo a partir de sumar las cifras proporcionadas por el IDEAM.

Clara Solano, directora de la Fundación Natura y presidenta del Consejo Directivo de la organización civil veedora de las áreas protegidas Parques Cómo Vamos, explica que “la salida de las FARC implicó un vacío de gobernanza en algunos territorios y hubo personas dispuestas a ocupar esos espacios”. A su vez, si bien la existencia del conflicto armado ayudó a que ciertos sitios se conservaran, como explica Carlos Mauricio Herrera, especialista en Áreas Protegidas en la organización de WWF Colombia, tras las consecuencias inesperadas del Acuerdo de Paz, la situación se degeneró. “Lo que causa la violencia actualmente es la pérdida de gobernabilidad sobre las áreas, así como el aumento de las actividades ilícitas”, dice Herrera.

Actualmente, los funcionarios de Parques Nacionales Naturales sólo pueden visitar espacios muy específicos.

En el Parque Sierra de la Macarena no pueden entrar al sector Cabra Yarumales, Café y Guayabero, debido a amenazas y la presencia de grupos armados ilegales relacionados con la siembra de cultivos ilícitos.

En Tinigua, a través de panfletos distribuidos en el área, se anunció que los guardaparques tienen prohibido visitar los sectores de Uribe y Macarena. Mientras que en Cordillera de los Picachos, las zonas de Platanillo y Uribe están cerradas, desde 2018, por amenazas.

Los funcionarios de PNN no pueden ingresar tampoco a la parte norte del Parque Amacayacu, es decir, a las zonas de los ríos Cotuhé y Putumayo por la presencia de grupos armados ilegales. En Chiribiquete solo pueden entrar a uno de seis sectores, y en La Paya y Serranía de los Churumbelos también hay zonas vetadas.

Esta información entregada por las autoridades de PNN de Colombia confirma esta vigilancia fragmentada en la que muchas veces a los funcionarios solo les queda ser testigos de cómo las áreas protegidas son arrasadas. Si deciden intervenir, las consecuencias pueden ser fatales.

En 2008, José Martín Duarte del Parque Serranía de la Macarena fue asesinado por un grupo armado con disparos por la espalda. En 2011, murió el guardaparque Jaime Girón Portilla en el Parque Serranía de los Churumbelos a causa de una mina antipersonal. Entre 2011 y 2023, en el Parque Cordillera de los Picachos, al menos tres funcionarios fueron trasladados para otras áreas protegidas por temas de seguridad y otro funcionario del Parque Tinigua corrió con la misma suerte. En los parques nacionales Yaigojé Apaporis y La Paya, la situación es la misma: siete funcionarios han sido trasladados del primero y uno del segundo.

El procurador ambiental Gustavo Guerrero dice que el gobierno podría hacer más para garantizar la presencia de los guardaparques. “Se podría hacer mucho más para poder garantizar el regreso permanente del personal en parques como Tinigua, La Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak, áreas protegidas de gran importancia en nuestro país y para la Amazonía en general, donde se presentan grandes problemas asociados a la deforestación y a las comunidades que los habitan”. Agrega que las visitas esporádicas de los funcionarios a las áreas protegidas no son suficientes para un buen manejo. También señala que la gobernabilidad debe ser el resultado de la acción del Estado, “no de los actores al margen de la ley”.

En el Parque Sierra de la Macarena, fuentes de la zona le dijeron a los reporteros que la operación militar Artemisa del gobierno de Iván Duque incrementó la situación de riesgo de los guardaparques. Explicaron que los operativos en territorio, en las que se logró capturar al menos a 13 personas presuntamente responsables de deforestar al interior del parque, fueron el detonante para que las disidencias de las FARC declararan objetivo militar a los funcionarios de Parques Nacionales. “Prohibieron totalmente la entrada de los guardaparques a la Sierra de la Macarena. La gente no quiso volver a saber de ellos y las disidencias declararon a la entidad Parques su enemigo permanente por supuestamente avalar los operativos del Ejército. (…) También se comentó que las disidencias planeaban colocar una bomba al lado de la sede de Parques, pero que al estar al lado de la escuela prefirieron no hacerlo”, dice la fuente del territorio a la que protegemos por su seguridad.

Parques Nacionales le confirmó a Mongabay Latam que han registrado 12 amenazas contra guardaparques, entre 2019 y 2023, en las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Todos estos eventos, según indicaron, fueron reportados por la entidad a la Fiscalía General para su investigación. Cinco amenazas ocurrieron en 2019, tres en 2022, dos en el 2021 y dos más en el 2022. Los funcionarios del parque Sierra de la Macarena, Tinigua y La Paya son los más amenazados, en el primero la autoridad tiene registrados cuatro casos y en los otros dos en total tres casos. A estos eventos de violencia se suman tres casos más recogidos en la reportería en terreno por el equipo periodístico.

Puestos quemados y poca infraestructura

Las pérdidas materiales también dificultan las tareas de vigilancia. Entre 2017 y 2020, tres puestos de control fueron quemados.

Además, las amenazas, los saqueos y los hurtos en los puestos de control son otro de los problemas reportados por la autoridad. En 2019, ocurrió un saqueo en la cabaña Naranjal del Parque La Paya en Putumayo. Un año más tarde, en febrero de 2020, en el parque Cahuinarí personas desconocidas irrumpieron en tres cabañas. Los atacantes se identificaron como miembros de las disidencias de las FARC y les prohibieron a los guardaparques continuar con sus labores.

En las 11 áreas protegidas, manejadas a través de la Dirección Territorial Amazónica de Parques Nacionales, hay 33 sedes de la entidad. De estas, sólo 22 están en funcionamiento y hay muchos sectores que por temas de seguridad no pueden contar con la presencia permanente de guardaparques.

En términos de instrumentos de transporte, la Dirección Territorial Amazónica no cuenta con aviones o helicópteros pese a que sus once áreas protegidas cubren más de 9 millones 700 mil hectáras y, según los datos entregados a Mongabay Latam, solo ha contratado tres sobrevuelos para vigilar las áreas protegidas entre 2021 y 2022, por un total de 70 millones de pesos (17 499 dólares). “Deberían tener una avioneta, no tienen nada. Estas áreas protegidas tienen millones de hectáreas (para vigilar)”, dice Solano de la Fundación Natura y Parques Cómo Vamos.

El procurador ambiental Guerrero añade que toda la flota de vehículos, tecnología y personal de los áreas protegidas debe ser mejorada. En especial, resalta, para las áreas protegidas de la Amazonía que “necesitan medios de transporte fluvial y son de gran extensión”.

Grupos armados en las áreas protegidas de la Amazonía

Indepaz ha podido identificar qué grupos armados operan en la Amazonía de Colombia. Las disidencias de las FARC, por ejemplo, son los actores con mayor presencia, ya que están en 33 de los 35 municipios que albergan áreas protegidas amazónicas. De estos grupos exFARC, el que tiene más presencia es el Bloque Suroriental, presente en 20 municipios; seguido de su rival la Segunda Marquetalia, en siete, y otro heredero de la guerrilla denominado Comando Coordinador de Occidente que está en tres. Según Indepaz, los grupos Bloque Suroriental y el Comando Coordinador de Occidente ahora conforman un solo grupo denominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias ‘Iván Mordisco’, facción enemiga de la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’. Este último fue un exnegociador del Acuerdo de Paz y miembro del Secretariado de las FARC que volvió a las armas.

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), por su parte, está presente en cinco municipios y los herederos de los paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se encuentran en nueve. El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez comenta que no ve que la situación de violencia vaya a cambiar pronto. “Colombia tiene más territorio que Estado y ese parece ser el caso de las áreas protegidas amazónicas”, señala.

En el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde está el Parque La Paya, operan la Segunda Marquetalia y el Bloque Suroriental o Estado Mayor Central (EMC), este último a través del Frente Carolina Ramírez. Los periodistas de La Silla Vacía y Mongabay Latam que viajaron para investigar la situación de esta área protegida confirmaron de primera mano que hay presencia y controles del grupo armado ilegal Comandos de la Frontera, que responde a la Segunda Marquetalia.

Esta distribución de los actores armados en el territorio ha sido recientemente abordada en la publicación periodística Amazon Underworld, que documentó la presencia de múltiples actores armados en la Amazonía colombiana, incluyendo el Estado Mayor Central, el Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera.

Las economías ilegales asociadas a estos grupos armados también están presentes en las áreas protegidas amazónicas. En 2022, se detectaron 4807 hectáreas de cultivos ilícitos de coca en las áreas protegidas amazónicas, un aumento de 45 % respecto a 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia. La Paya registraba 1840 hectáreas, seguida de la Reserva Nukak con 1622 y Sierra de la Macarena con 1284. Además, las rutas del narcotráfico también atraviesan las áreas protegidas. Entre 2017 y 2022, tras la firma del Acuerdo de Paz, 2.4 toneladas de cocaína fueron decomisadas en áreas protegidas de la Amazonía, según el conteo de incautaciones de cocaína en áreas protegidas del Ministerio de Defensa al que Mongabay Latam tuvo acceso tras una solicitud de información. Las cifras las encabeza la Reserva Nukak con una incautación de 1005 kilogramos en 2017, junto con otra de 249 kilogramos en 2020. La Paya tuvo la segunda mayor incautación con 800 kilogramos en 2020, seguido por la Serranía de Chiribiquete con 399 en 2018 y Sierra de la Macarena con 25 en 2022.

Sobre la presencia del narcotráfico en las áreas protegidas, Candice Welsch, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, dice que “los grupos ilegales sacan ventaja de las reglas que hay en las zonas de manejo especial, donde el principal interés es la protección ambiental y donde hay restricciones para atacar los cultivos, como ocurrió en su momento con la aspersión aérea”. La experta añade que un foco clave de presencia de cultivos de coca es el departamento del Putumayo y la zona de frontera, así como el Parque Nacional La Paya. Welsch comenta que el caso de Putumayo está conectado a las áreas de cultivos ilegales en Perú, así como de rutas del narcotráfico que conectan ambos países y considera que “son los mismos grupos ilegales que están haciendo exactamente la misma actividad en ambos lados de la frontera y usan el río Putumayo para facilitar el tráfico, pasándolo por Ecuador hasta llegar a los puertos”.

En una carta enviada a Mongabay Latam, la subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales declaró que los guardaparques son los primeros afectados por esta situación de inseguridad. “Las personas vinculadas a Parques Nacionales (tienen) una vulnerabilidad muy grande frente a intereses particulares y redes ilegales en la región”, dice el sindicato.

Además, Herrera de WWF agrega que en algunas áreas protegidas, como Sierra de la Macarena, el conflicto armado ha tenido una mayor duración. “Los sitios de mayor biodiversidad en nuestro país coinciden en muchos casos también con esos lugares en donde ha estado más presente y vigente la guerra”, explica.

En Amacayacu hay más de 5000 especies de plantas, 468 de aves, 150 de mamíferos y reptiles como los caimanes, anacondas, boas y tortugas. Crédito: Juan Carlos Contreras para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Minería ilegal y deforestación: dos enemigos de las áreas protegidas

Las cifras más recientes indican que hay una reducción de la deforestación en Colombia y las áreas protegidas para el año 2022. Sin embargo, para muchos expertos, como Clara Solano, “falta entender qué está pasando ahí, por ejemplo, estudiar si las reglas de los grupos armados ilegales que multan la deforestación tuvieron que ver u otros factores”.

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez señala que no es razonable que el gobierno de Gustavo Petro se atribuya todo el éxito de la disminución, ya que pudieron incidir otros factores que desincentivan la tumba y quema de bosques, como las lluvias intensificadas debido al fenómeno de La Niña. Además, no se sabe “si realmente hubo una tregua de los grupos armados ilegales para detener la deforestación”, agrega.

El aumento, sin embargo, sí se hizo evidente en cuatro áreas protegidas de la Amazonía colombiana: Cahuinarí, Río Puré, Serranía de los Churumbelos y Yaigojé Apaporis. En el primero, se pasó de tres hectáreas deforestadas en 2021 a 101 en 2022. En el parque Río Puré, donde en 2021 no se registró ni una sola hectárea deforestada, en 2022 se desmontaron 24 hectáreas. Mientras que en el Parque Serranía de los Churumbelos aumentó de 25 a 34 hectáreas y en el Yaigojé Apaporis pasó de 128 en 2021 a 143 en 2022.

Estos cuatro parques nacionales tienen algo en común: son afectados por la minería ilegal. Para el procurador Guerrero, el Parque Río Puré merece una especial atención debido a la presencia de minería ilegal que “provoca problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua”. En el caso de esta área protegida, al menos 39 kilómetros del río Puré presentan una densidad media de extracción minera ilegal, según datos de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También, en 118 kilómetros del río Apaporis, colindante a los parques nacionales Serranía de Chiribiquete y Yaigoje Apaporis, hay una densidad media de actividades de minería ilegal. A esta lista de parques con presencia de minería se suman la Reserva Nacional Puinawai y el Parque Nacional Amacayacu.

Estos cuatro parques nacionales tienen algo en común: son afectados por la minería ilegal. Para el procurador Guerrero, el Parque Río Puré merece una especial atención debido a la presencia de minería ilegal que “provoca problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua”. En el caso de esta área protegida, al menos 39 kilómetros del río Puré presentan una densidad media de extracción minera ilegal, según datos de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También, en 118 kilómetros del río Apaporis, colindante a los parques nacionales Serranía de Chiribiquete y Yaigoje Apaporis, hay una densidad media de actividades de minería ilegal. A esta lista de parques con presencia de minería se suman la Reserva Nacional Puinawai y el Parque Nacional Amacayacu.

Precisamente sobre este último, un estudio reciente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2023, señala que uno de los focos centrales de la minería ilegal está en el río Purité, justo en el límite del parque Amacayacu. Y esta información tiene un correlato con un sobrevuelo realizado por los expertos de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, mediante el cual pudieron observar, al menos, 13 dragas operando en el Purité.

Lo complicado, le dijo uno de los expertos de la Alianza a una periodista de Rutas del Conflicto, es que extraen oro en una zona de frontera y eso complica una posible intervención. “Si hay un operativo en cualquiera de los dos países, (para los mineros ilegales) es solo prender el motor y pasarse al otro”.

Para el exministro Manuel Rodríguez, “todos los países de la cuenca amazónica han fracasado en controlarla (la minería ilegal), no solo Colombia” y añade que en un área con tan poco control estatal, lo que ocurre es que “terminan imponiéndose los intereses económicos ilegales”.

Debido a que “hay economías ilegales como los cultivos ilícitos y la del acaparamiento de tierras que subsidian la deforestación, que son protegidas por grupos armados, se hace muy difícil la gobernanza de las áreas protegidas”, agrega el biólogo colombiano e investigador de la Universidad de Queensland en Australia, Pablo Negret. Por lo mismo, dice, “Parques Nacionales no puede resolver todo, necesita apoyo del resto del Estado”.

Durante su recorrido por las distintas áreas protegidas, los reporteros documentaron las acciones ilegales que las afectan. En el Parque Sierra de la Macarena, por ejemplo, los periodistas recogieron testimonios sobre la presencia de coca y ganadería, pero justamente es en esas zonas donde los guardaparques tienen prohibido entrar a verificar la situación. “Los trabajadores de Parques no pueden ir a las zonas en donde se supone que sucede eso”, explica una fuente entrevistada en terreno a la que protegemos por seguridad.

En La Paya, líderes indígenas que hablaron con los reporteros de La Silla Vacía dejaron en claro que la deforestación asociada a las economías criminales no respeta su cosmogonía ni el área protegida. “Nosotros los indígenas siona no queremos que haya más tala de bosque. Nosotros obtenemos de él la alimentación, la medicina y eso no lo queremos más en nuestro resguardo”, dice Javier, un líder de la zona al que protegemos su verdadero nombre.

Presupuesto para conservar

Aunque algunas áreas protegidas tienen las mayores pérdidas de bosque, estas no necesariamente se ubican en los primeros lugares para la asignación de recursos dentro del presupuesto de Parques Nacionales Naturales. Es el caso del Parque Nacional Tinigua que tiene la mayor deforestación acumulada de 2015 a 2022 con 37 840 hectáreas. Este parque, que concentra el 43 % de la pérdida de bosque en las áreas protegidas amazónicas, en asignación presupuestal acumulada para el periodo 2015-2022, ocupa el octavo lugar entre las 14 áreas protegidas que componen la Amazonía. Chiribiquete tuvo la tercera mayor pérdida de bosque con 8 711 hectáreas, pero ocupó el quinto lugar en asignación presupuestal.

“Si hay un parque como Tinigua que ha perdido más del 10 % de su bosque desde 2000, pero tiene el sexto u octavo presupuesto de la Amazonía, entonces cabe preguntarse ¿en qué se basa la asignación?”, comenta Negret.

Desde Parques Nacionales explicaron que la asignación de recursos de un área protegida depende de su plan de manejo, es decir, de sus objetivos prioritarios de conservación y de las amenazas más graves que enfrenta, pero que lamentablemente también incide la imposibilidad de realizar todas las tareas necesarias de cuidado ambiental debido a la situación de orden público. “Para la asignación del recurso al PNN Tinigua, se ha tomado como herramienta el plan de manejo y la revisión de las dinámicas del territorio (escenarios de conflictos por grupos ilegales) con el fin de garantizar el cumplimiento de sus compromisos institucionales y sociales en el territorio”, señala Parques. Agregan que las dinámicas territoriales han jugado un rol importante, teniendo en cuenta que “el ingreso de los funcionarios es limitado”. Y señalan que el presupuesto es acorde a las acciones que “se han logrado ejecutar en coordinación con los actores sociales e institucionales” para avanzar en la contención de las presiones que afectan al área.

Para el procurador Guerrero, la deforestación debe ser enfrentada con medidas de control efectivas y eso no se puede lograr si “el presupuesto de los parques de la Amazonía es bajo”. De hecho explica que a pesar de que existe una sentencia de 2018 de la Corte Suprema que prohíbe la ganadería en áreas protegidas de la Amazonía y ordena el aumento de recursos a parques, esto no ha sucedido.

La subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales confirma que el presupuesto asignado a las áreas protegidas del país no les alcanza. “El presupuesto asignado a los Parques en el país es insuficiente para todas las acciones que requieren la administración y el manejo de las áreas protegidas. Cubren los mínimos de funcionamiento. En la mayoría de casos, varias líneas de los planes de manejo se encuentran desfinanciadas”. Además, critican la creación de nuevas áreas protegidas sin el presupuesto necesario para poder dotarlas de personal y un manejo adecuado, lo que las hace “áreas protegidas de papel”.

También añaden un tema que afecta a muchas de las áreas protegidas de la cuenca amazónica: el número de guardaparques versus la cantidad de hectáreas que deben conservar. “En el país la relación ya pasó de ser de 1 Guardaparque por cada 40 000 hectáreas, cuando el promedio internacional es de 1 Guardaparque por cada 6 000 hectáreas”.

Pese a que el estado colombiano sostiene que la deforestación disminuyó en el país y en la Amazonía, la situación de seguridad de los guardaparques de las catorce áreas protegidas de este ecosistema aún no mejora. Las escenas vistas en la reportería de este trabajo lo demuestran, como el retén de Comandos de la Frontera en La Paya. O los testimonios recogidos cerca del Parque Sierra de la Macarena, donde la carretera que conecta al municipio de La Macarena con Vistahermosa no cuenta con presencia de miembros de la fuerza pública, sino de otros grupos ilegales. Al preguntarle a un habitante de La Macarena quién custodia el camino respondió que “en algunas ocasiones aparecen miembros de las disidencias de las FARC. La mayoría son jóvenes, tienen menos de 30 años”.

Imagen principal: Draga en el río Purité entre Brasil y Colombia, al límite del Parque Nacional Amacayacu. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam, Rutas del Conflicto y La Silla Vacía de Colombia

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Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Editores: Michelle Carrere, Juanita León de La Silla Vacía, Óscar Parra de Rutas del Conflicto y David Tarazona. Coordinación periodística: David Tarazona. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, David Tarazona y Vanessa Romo. Análisis geoespacial:Juan Julca. Equipo periodístico: Pilar Puentes y Juan Carlos Granados de Rutas del Conflicto y Santiago Rodríguez de La Silla Vacía. Montaje y corrección de estilo: Mayra Castillo. Visualización de datos y diseño gráfico: Richard Romero, Manuela Galvis de La Silla Vacía, Fernando Pano y David Tarazona.  Producción de videos: Richard Romero. Fotografía y videos: Ana Rodríguez Ortiz y Juan Carlos Contreras de Rutas del Conflicto junto con Alejandro Melgarejo para Mongabay Latam. Programación: Alejandra Franco. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracin, Richard Romero y Kimberly Vega de Rutas del Conflicto.

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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

es simplemente mantener el status quo.

BOB IGER (Consejero delegado de Walt Disney Company)

En una reciente entrevista un analista hizo dos afirmaciones que cobran mucho sentido en este momento político del país. La primera, que es positiva la alternancia en el poder. La segunda, que una premisa del Acuerdo Nacional propuesto por el presidente debería ser «no hacer invivible la república». 

Tengo la impresión de que tomándolas en serio podríamos domesticar los sentimientos salvajes que nos agobian: el negativismo (que nada estuvo ni está bien), el apocalipsismo (que estamos al borde del precipicio como sociedad) y el conspiracionismo (que no sería mala idea un golpe blando). También el gatopardismo: que todo cambie para que todo siga igual.

Con respecto a la primera, la rotación en el poder de diferentes vertientes del espectro político es un signo de vida de la democracia. Y es pertinente en una sociedad pluralista como la colombiana, que por primera vez en su historia tiene un gobierno de izquierda. Ya retornarán al poder el centro o la derecha, si logran seducir al electorado de buena manera y si la izquierda no hace bien su trabajo. En su turno, cada gobierno, según su orientación, resuelve algunos problemas, ignora otros y crea nuevos. Esa es la vida política siempre y cuando, como hasta ahora ha sucedido, se preserve la conversación democrática.

Así como cada torero trae su cuadrilla, cada presidente viene con sus preferencias. Este gobierno ha puesto en la agenda pública nuevas miradas a viejos problemas (cambio climático, desigualdad, narcotráfico, violencia, etc); pero sobre todo ha promovido una toma de conciencia frente a las angustias que vive una parte de la población (indígenas, negros, jóvenes, campesinos, pobres, etc). Otras administraciones, en sus periodos, hicieron igual con sus convicciones: pusieron énfasis en la derrota de la guerrilla, en la firma de un acuerdo de paz, en la infraestructura física y en la economía naranja. Cada una llegó hasta donde las circunstancias y su eficacia en la gestión se lo permitieron. La actual, para no ir muy lejos, no ha podido lograr hasta la fecha que su intención de impulsar la justicia social esté libre de una sobredosis de populismo (promesas sin posibilidades, propuestas sin método). Pero es su apuesta y los ciudadanos más adelante darán su veredicto.

Por otra parte, se ha impuesto objetivos interesantes. Creo que el país no había tomado tan en serio como ahora la necesidad de adelantar una transición energética y de superar la dependencia de la economía extractivista. Pocos han planteado tan radicalmente como éste la urgencia de buscar fuentes de divisas diferentes a las generadas por el petróleo y el carbón. Así es como tiene puestas las esperanzas en la industria turística. Obviamente, como es su estilo, sin tener a la mano un plan; solo amparado en el lema «Colombia, el país de la belleza». Y desdeñando de paso el hecho de que los turistas son una plaga para muchas regiones del mundo porque el turismo masivo es un sector que no está libre de graves pecados ambientales de todo tipo. Y además exige condiciones de seguridad e infraestructura de las que no se ha hecho cargo. Pero es su legítima decisión para cumplir un propósito que el país debería asumir sin más tardanza: modernizar la canasta exportadora.

Ya lo sucederán otros gobiernos que podrían darle continuidad al objetivo de promover exportaciones con estrategias más pragmáticas e innovadoras.

Ese es el juego de una sociedad que busca vivir en democracia. Facilitar sin traumatismos el recambio en el aparato estatal. Cada Jefe de gobierno y su partido dan pasos en la promoción del progreso de la sociedad: en ese proceso, aciertan y yerran como es natural. No obstante, la alternancia ofrece una oportunidad para cambiar de focos de desarrollo, ensayar nuevas estrategias, actualizar el aparato institucional y sus normas, formar otros cuadros directivos para la administración pública con un criterio de mayor diversidad e inclusión (educativa, étnica, regional, género, creencias).

Con relación a la segunda afirmación, no hacer invivible la república es una invocación a los sentimientos más tranquilos de los dirigentes y activistas políticos de todos los pelajes. Hay que disuadir o neutralizar a los extremistas de la derecha (que quieren tumbar al gobierno mediante cualquier recurso) y de la izquierda (que quieren incendiar y refundar el país). Es pertinente un centramiento emocional y político que permita que la institucionalidad funcione, bien sea para tramitar reformas necesarias o mejorar aquellas mal diseñadas. La obstrucción total de los planes de cualquier gobierno es un disparo al pie. Recordemos que «hacer invivible la república» fue la consigna del conservador Laureano Gómez para combatir el gobierno liberal de López Pumarejo en 1940, y quizás se constituyó en uno de los tantos disparadores de La Violencia de la que aún no salimos del todo.

La democracia es un modo de construcción de consensos alrededor de grandes temas en medio de conflictos de intereses. Y el ejercicio del poder es la búsqueda de soluciones efectivas, parciales y quizás temporales a los problemas de la gente. Si la izquierda en la cancha y el centro y la derecha en la banca aceptaran esos mínimos, tendríamos una conversación pública más civilizada y los buenos proyectos aglutinarían voluntades. 

Nada es seguro, pero a mi juicio, esta experiencia de un gobierno de izquierda en Colombia podría erigirse como un elemento transformador de nuestra deteriorada cultura política. Aprender que es saludable la alternancia en el poder y  evitar hacernos la vida imposible.