Jhoana Garrido, una mujer indígena de Arquía, un resguardo del pueblo guna en el Darién chocoano, en Colombia, tenía 14 años el día en que descubrió el poder del agua. Desde niña había escuchado a las mujeres mayores y a los sabios hablar del agua como una madre, como lo primero y lo primordial en la vida de las personas y los demás seres. Había interiorizado ese credo y lo entendía en un nivel básico: el agua era su bebida favorita por encima de los jugos o las gaseosas; amaba la lluvia —el sonido de las gotas golpeando el dosel; la forma en que refrescaba su cuerpo y la respiración de la selva—, y desde que tenía recuerdo nadaba en el río como si fuera un bocachico, su comida preferida. Pero el agua era un mero milagro físico, por ponerlo de alguna manera. Algo para sentir, beber, surcar. Al menos hasta ese día en que se enfrentó por primera vez al mar.

Una mañana de 2010, la familia Garrido navegó la ciénaga de Unguía, el delta del río Atrato y las aguas del golfo de Urabá hasta llegar a Titumate, un poblado de playas ceniza enmarcadas por palmeras, selva y mangle. Mientras sus padres y hermanos disfrutaban del lugar, Jhoana Garrido dudaba si meterse al mar.

Lee más | Llega el PUMA FEST: I Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental

Nunca lo había hecho, a pesar de su habilidad para nadar en el río. La detenía el miedo. Desconfiaba de las olas y la magnitud del mar. El agua iba y venía con una fuerza capaz de tumbarla y raptarla. A veces lo imaginaba: cuando por fin se decidía a ingresar, una ola la agarraba desprevenida y se la llevaba mar adentro.

Ese día, había algo adicional: Garrido llevaba un tiempo deprimida. Se sentía mal todo el tiempo, sin razón alguna. No era la persona que solía ser y no entendía qué le estaba ocurriendo.

En la playa, dudó un tiempo y, finalmente, se lanzó al mar.

El cambio fue instantáneo. Apenas sintió el agua salada, el miedo dejó de importarle. Si una ola se la llevaba, no sería el fin. Sumergida, abrazada por la sal, la tristeza desapareció. Se sentía bien. El contacto con las aguas del golfo había borrado la depresión que cargaba hacía días. Era magia. El agua no solo sostenía la vida de todos los seres, también los transformaba.

“Me sentí diferente”, le dijo a Mongabay Latam una mañana lluviosa de mayo, en el muelle de Unguía. “A partir de ese momento comencé a ver el agua de una manera distinta”, añadió.

Hoy, con 30 años, aguarda la salida de una lancha junto a un grupo de indígenas guna, embera dóbida, embera eyábida, afrodescendientes y campesinos del Darién colombiano. La mayoría charla y se toma fotos mientras una llovizna teje puntadas en la superficie del río. El grupo se dispone a viajar a Bogotá para inaugurar Caminos de agua, una exposición construida de manera colectiva por más de veinte comunidades de la región con el apoyo del Museo Nacional, el Museo Afro y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Jhoana Garrido participó cosiendo relatos sobre el agua en una serie de molas, un arte textil del pueblo guna en el que se superponen y cortan recuadros de tela de diferentes colores para crear complejos patrones geométricos y figurativos. Algunas molas incluyen símbolos de protección, explica señalando una estampa de fondo negro con figuras rosa, amarillo, verde, azul, magenta y rojo en su torso. Es una mola para tener un buen viaje, dice. Hay otras para el trabajo, para caminar por la selva, para protegerse del jaguar.

Las decenas de obras sobre el agua que integran la exposición fueron elegidas por  el Comité Cultural del Darién, una organización de la sociedad civil que surgió a partir de la creación del Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Fue la excavación de esta ciudad perdida, una de las más importantes en la conquista de América, la que permitió crear y llevar la exposición a Bogotá y reunir a las comunidades afro, campesinas e indígenas embera y guna para navegar el territorio, mostrar sus culturas, narrar la historia desde su punto de vista y revivir cómo han resistido a la violencia que los golpea desde hace siglos.

La ciudad perdida

Para entender el Comité Cultural del Darién hay que retroceder más de 1000 años, dice Carolina Quintero, líder del área de Museología y una de las personas que impulsó la llegada de Caminos de agua al Museo Nacional en Bogotá.

Quintero lleva más de una década viajando de manera regular al Darién. Visitó la zona por primera en 2015, cuando estudiaba Historia en la Universidad Nacional de Colombia, y se enamoró de las personas, el calor, la humedad y la vida acuática de las ciénagas, que le recordaba su infancia en Leticia (su padre fue uno de los primeros gobernadores del departamento de Amazonas). En 2016, se unió oficialmente a un proyecto interdisciplinario, iniciado por el ICANH tres años antes, cuyo propósito era delimitar y excavar Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad española fundada en América continental.

Antes de la llegada de los europeos, el pueblo indígena cueva ocupaba la zona del Darién, cuenta Quintero una noche de mayo en las costas del golfo de Urabá. Se cree que vivieron en el istmo entre el siglo XI y el XVI y que desaparecieron poco tiempo después de la llegada de los españoles debido a epidemias, matanzas y los demás culpables de siempre. Según los cronistas de la época, hablaban cueva, una lengua perdida de familia desconocida, y ocupaban un pueblo llamado Darién, a las orillas del río del mismo nombre.

Los primeros conquistadores llegaron a esa zona en busca de esclavos en 1504. Pocos años después, tras establecer y abandonar un fuerte ante la resistencia indígena, embarcaciones españolas atravesaron la bahía y se dirigieron al poblado de Darién. Cémaco, el cacique, los esperaba con quinientos indígenas listos para combatir. Al verse ampliamente superados en número, los españoles se lanzaron a rezar y prometieron dedicar una futura población a la Virgen de la Antigua, la imagen de María en la Catedral de Sevilla a la que solían encomendarse los marinos antes de zarpar hacia el Nuevo Mundo.

Milagrosamente, dijo Quintero entornando los ojos, los españoles derrotaron a Cémaco y, en diciembre de 1510, fundaron Santa María de la Antigua del Darién, la primera ciudad en regla de la América continental. Por sus méritos en el combate, el conquistador Vasco Núñez de Balboa fue elegido alcalde y, más tarde, gobernador de la nueva provincia.

Desde la ciudad, Balboa expandió el dominio español del istmo, saqueando poblaciones indígenas, negociando alianzas con caciques afines y asesinando a manera de ejemplo a rebeldes e incautos para mantener el control de la población. Gracias a una alianza, en 1513 atravesó el istmo y se convirtió en el primer europeo en “tomar posesión” del océano Pacífico en nombre de la corona.

Al otro lado del mundo, el rey no tardó en enterarse de la designación y las hazañas de Balboa. Para retomar el control, envió en 1514 a Pedro Arias Dávila, mejor conocido como Pedrarias, un sangriento militar castellano que cada año dormía en un ataúd para conmemorar el día que había “regresado a la vida” tras un episodio de catalepsia. Pedrarias navegó el Atlántico con veinte barcos y 2000 personas, la mayor flota española hasta ese punto, para asumir como nuevo gobernador.

Al ver la flota, Balboa recibió a Pedrarias con un banquete. El castellano, quien al parecer envidiaba sus logros, retribuyó la atención encerrándolo, quitándole las propiedades y asumiendo su puesto. Como nuevo gobernador, Pedrarias rompió las alianzas con los pueblos indígenas y multiplicó las redadas en busca de oro, masacrando a la mayoría de los habitantes de cada poblado y tomando como esclavos a los sobrevivientes. Con el tiempo, su crueldad le granjeó el apodo de la “Ira de Dios” casi medio siglo antes de las acciones de Lope de Aguirre.

Balboa fue decapitado, por orden de Pedrarias, el 15 enero de 1519. No mucho después, Pedrarias, satisfecho con la muerte de su rival, dejó la ciudad y se dirigió hacia el norte, donde fundó Panamá. El centro del poder se movió con él y la primera ciudad del Reino de Tierra Firme se fue desalojando.

En 1524, apenas catorce años después de su fundación, grupos indígenas asaltaron y quemaron Santa María de la Antigua del Darién. Con el paso de los siglos, la selva la cubrió, continúa Quintero, y su historia, en gran medida, se olvidó.

Las olas arrastraban el sonido del viento en el golfo de Urabá. Quintero respiró profundo y observó el mar. Aquí es cuando surge el Comité Cultural del Darién, dijo.

Las violencias recientes

Una tarde a mediados de mayo, Vilardo Escobar, un hombre de 48 años resguardado por un sombrero vueltiao, un poncho y un machete, recoge un trozo de metal oxidado del suelo arcilloso del Darién. Lo sostuvo a contraluz entre el índice y el pulgar antes de arrojarlo a la selva.

“Es un clavo español”, dice encogiéndose de hombros y retomando el paso hacia la exposición de Caminos de agua, presentada originalmente en el Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Escobar es el administrador del parque arqueológico, el sexto y más reciente del país. También es miembro del Comité Cultural del Darién y ha sido uno de los principales testigos de los cambios que ha traído el proyecto a la región.

La gente de la zona sabía de la existencia de una ciudad antigua por los objetos de hierro, vidrio, cerámica, plata y oro que afloraban entre la maleza después de las lluvias, dijo Escobar. Algunos ancianos recordaban una expedición arqueológica liderada por el Rey Leopoldo de Bélgica en 1956. Luego, en 1986, hubo otros estudios realizados cerca del poblado de Tanela por el antropólogo paisa Graciliano Arcila Vélez. Pero los esfuerzos rara vez eran sostenidos y casi nunca involucraban a personas de la comunidad.

Escobar nació en Gilgal, un corregimiento de Unguía ubicado a alrededor de una hora de Santuario, la vereda donde se encuentra el parque. Desde niño vio cómo diferentes actores armados se disputaron El Darién.

En los años 70, testaferros de Pablo Escobar llegaron a la zona y compraron enormes fincas. El propósito no era recreativo: una vez las drogas ocuparon los titulares del mundo, los narcotraficantes comenzaron a enviar cargamentos al norte por las aguas del golfo. La cobertura de la selva, las costas poco pobladas y la ausencia del Estado en la región les facilitaban el trabajo.

Con las nuevas rutas, llegaron las guerrillas y los paramilitares. Como cuenta la Comisión de la Verdad, entre finales de los 80 y principios de los 90, Fidel y Carlos Castaño, los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, se dieron a la tarea de conquistar la región del Urabá. Los hermanos ordenaron decenas de masacres y asesinatos selectivos en contra de supuestos colaboradores de las guerrillas o señalados incautos. Sus grupos desplazaron a gran parte de las comunidades indígenas y afro del Darién.

Lee más | Desplazamiento forzado en México: miedo a narcos y destrucción impiden el retorno total de comunidades campesinas e indígenas a Chilapa

En 1991, como parte de un proceso de negociación con el gobierno, Fidel Castaño entregó las tierras que había tomado del resguardo Tanela, del pueblo embera eyábida, a la Diócesis de Apartadó, que a su vez las parceló y distribuyó entre campesinos y desmovilizados de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL). En esas tierras era donde aparecían clavos, cuentas de vidrio y monedas de plata que guaqueros de pueblos vecinos recogían después de los aguaceros.

Esa desmovilización, en la práctica no fue tal, como cuenta la Comisión de la Verdad. Durante toda la década de los 90, los Castaño, a menudo con ayuda de las fuerzas militares, se enfrentaron por el territorio y las rutas marítimas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el Darién, controlaban a la población y establecían sus propias leyes. En un principio, por ejemplo, el alcohol estaba prohibido. Y cualquier persona acusada de pertenecer o colaborar con uno u otro bando corría un alto riesgo de desaparecer o ser torturado y asesinado.

Por lo mismo, había una desconfianza creciente entre la población. Se veía con recelo a los demás. Las comunidades se hablaban poco, dice Vilardo Escobar. Nadie imaginaba que los restos de esa ciudad española, olvidada en medio de la selva, ayudaría a unirlas.

El nacimiento del Comité Cultural del Darién

Los arqueólogos e investigadores regresaron formalmente a Santa María de la Antigua del Darién a mediados de los 2000, después del proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares. Paolo Vignolo, un profesor de historia de la Universidad Nacional en Bogotá, contactó a la comunidad y empezó a organizar eventos —partidos de fútbol, sancocho, cine— para involucrarlos y hablarles sobre la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Luego, en 2013, el ICANH y el Ministerio de Cultura financiaron un proyecto para proteger y recuperar los restos de la ciudad. Alberto Sarcina, un arqueólogo italiano que había visitado por primera vez el Darién en 2006, fue el encargado del plan.

Antes de iniciar las excavaciones, Sarcina convocó a una decena de comunidades indígenas, afro y campesinas. El plan no era simplemente excavar, cercar lo que se hallara y crear un museo a partir de la investigación de los arqueólogos, sino incluir los conocimientos de todos al contar la historia de la ciudad y, con suerte, convertir la zona arqueológica en un espacio que todas pudiesen utilizar.

Las reuniones iniciales no fueron prometedoras, dice Vilardo Escobar, mientras recorre el parque. ¿Por qué debería interesarles contar la historia de las personas que llegaron a asesinar y acabar con sus comunidades?, preguntaron algunos habitantes indígenas. ¿Qué podía ofrecerles un parque arqueológico cuyo fin era preservar una ciudad española y hablar de la Conquista? ¿Se volvería a hablar del “descubrimiento” de sus propias tierras? ¿De esa cultura “civilizadora” que aniquiló a pueblos como los cueva?

Hubo decenas de discusiones, pero finalmente se alcanzaron varios acuerdos. Para empezar, los habitantes de la zona participarían en las excavaciones. Es decir, no solo harían parte de los equipos de sondeo: también recolectarían datos y formarían parte de la reconstrucción e interpretación de la historia. Los recuentos de los sabios de las comunidades indígenas, por ejemplo, se incluirían a la hora de contar la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Se dejaría de simplificar la historia, que suele hablar solamente de la conquista y de la visión de los cronistas españoles, para incluir las luchas de los habitantes indígenas y cimarrones en la zona.

También se definió que los objetos hallados durante las excavaciones no saldrían del territorio: permanecerían en un museo nuevo en Santa María de la Antigua, una casa patrimonial que se construiría para alojar las piezas y contaría la historia de la ciudad y los puntos de vista sobre la región de los diferentes pueblos.

Finalmente, se compartirían los descubrimientos y la información arqueológica a través de exposiciones y memorias con la gente de la región. De esa manera, las comunidades podrían ver el recuento de su pasado en un contexto oficial.

Las labores iniciaron en 2013. Vilardo Escobar y otras cinco personas de las comunidades, coordinadas por Alberto Sarcina, excavaron más de 820 pozos de sondeo en un área de 6 kilómetros cuadrados. Se descubrió que la ciudad tenía dos veces el tamaño registrado por el antropólogo Graciliano Arcila, y que, en su apogeo, alcanzó a alojar a más de 5000 personas. También se hallaron centenares de piezas de cerámica, miles de clavos, una daga, balas y franjas de calles empedradas.

En 2015, Santa María de la Antigua fue declarada Bien de Interés Cultural de la Nación. El ICANH aprobó nuevas excavaciones y se recaudaron fondos internacionales para acoger la colección de objetos recuperados. Al mismo tiempo, las comunidades siguieron conversando con los arqueólogos. Entre todas, se acordó incluir construcciones propias de cada grupo dentro del parque arqueológico y se diseñó un proyecto sobre maternidades para una sala de exposición temporal.

El Comité Cultural del Darién, como se bautizó al grupo que continuaba reuniéndose para discutir el futuro del parque, se formalizó en 2018. Durante la pandemia, mientras el mundo se encerraba, indígenas embera y guna, comunidades afro, colonos, campesinos y arqueólogos se reunieron a hablar sobre una siguiente exposición. A todos les interesaban dos temas: la espiral y el agua.

En medio de las conversaciones, se decantaron por el segundo y delimitaron tres ejes: las vidas en el agua, las formas del agua y la justicia del agua. Una vez se decidieron los temas centrales, siguieron hablando y se contaron historias, barcos que trajeron la muerte, resistencias, poderes, ballenas y amor.

Las fuerzas del agua

El bote avanza a toda velocidad a través de la ciénaga de Unguía. Murallas de palmas, taruyas, yarumos, bejucos y arracachos franquean el agua. En uno de los asientos, cerca de Jhoana Garrido, Carolina Quintero y Vilardo Escobar, Patricia Guazarupa, una mujer embera eyábida de 28 años, observa el agua en forma de cascada que sale disparada a los lados de la lancha.

Patricia Guazarupa llegó al Comité Cultural del Darién por María Guazarupa, su madre, una gobernadora del resguardo Cuti, en el municipio de Unguía. María llevó a su hija a las reuniones y Patricia poco a poco se ganó un puesto.

Mientras se discutían los ejes de Caminos del agua, Patricia escuchó historias sobre barcos camaroneros que hace 30 años causaron daños irreparables en el golfo con la pesca de arrastre; ríos que murieron por culpa de la minería ilegal; terratenientes que deforestan las riberas; y poblados que lanzan los desechos y los cuerpos de los mataderos al agua.

Otros de los miembros del comité hablaron de las rutas de esclavos que atravesaron el océano hace siglos, las lanchas rápidas cargadas de drogas y las pangas repletas de migrantes que en ocasiones naufragaban y se perdían bajo las olas. Unos últimos también hablaron de  los sitios sagrados y los seres que habitan en los ríos y el mar; las aguas medicinales; y el agua como cuerpo, lo primordial y lo primero.

Como los demás, Patricia Guazarupa también tiene una historia para contar. Cuando era niña, la violencia llegó al resguardo Cuti. Hombres de las AUC entraban a las casas preguntando a qué grupo guerrillero pertenecían. Les gritaban y, como muchos habitantes indígenas no hablaban español, los terminaban golpeando o asesinando. Robaban sus animales y sus cultivos y había enfrentamientos y balaceras.

La mayoría de las personas del resguardo Cuti fueron desplazadas. Solo quedaron Patricia Guazarupa, su madre, dos de sus hermanos, y Aurora Domicó, una mujer indígena con discapacidad intelectual que hacía poco había dado a luz a una niña llamada Zunilda. En ese tiempo, huían cada vez que escuchaban a los paramilitares acercándose. Pasaban días o semanas en el monte sin comida. Buscaban frutas o vegetales y, en los peores momentos, lamían la sal de las reses en los potreros de las fincas.

A pesar de su cautela, hubo ocasiones en que las tomaron desprevenidas. A María Guazarupa la torturaron. Sus hijos, incluida Patricia, lo vieron. Sin embargo, María Guazarupa se rehusó a partir. Los paramilitares llegaron varias veces a insistirle que vendiera las tierras del resguardo a unas personas de Gilgal. Con una sola firma, le darían dinero suficiente para que no volviera a tener que preocuparse en el futuro. Podría comprar nuevas tierras en otro lugar.

Ella se negó. No quería dejar su tierra. Era lo único que podía ofrecerles a sus hijos. Allí había buena tierra para cosechar y un río lleno de peces. Les dijo que había hablado con los demás miembros del resguardo y que todos planeaban regresar en tres meses. Era una mentira, pero los paramilitares le creyeron, aunque le advirtieron que, si en ese tiempo no volvían, la matarían con sus hijos y la mujer discapacitada.

A pesar de las amenazas, María Guazarupa persistió. Primero convenció a su madre y a su hermana de que regresaran, y luego a otras madres solteras. Marchó hasta Unguía para solicitar que la posesionarán como gobernadora del resguardo y así poder exigir la ayuda del Estado. Después viajó a Pereira, Cali y Bogotá para denunciar lo que estaba ocurriendo en los alrededores de Gilgal.

Las cosas se calmaron un poco gracias a su labor y unos pocos hombres regresaron. Por fin, se sentían algo protegidas cuando, una noche, el río creció en medio de una tormenta y el agua se metió en las casas.

María Guazarupa había salido a visitar a un nieto enfermo y había dejado sola a Aurora Domicó y a su niña, a quienes había intentado cuidar a lo largo de todo ese tiempo.

Pasada la medianoche, el viento arreciaba y Aurora Domicó dejó a la bebé en la cama para prender el fogón y calentarse. Se demoró encontrando el mechero y sintió que algo andaba mal. Regresó a buscar a Zunilda, pero no estaba por ninguna parte. Poco después del amanecer, los primos de Patricia Guazarupa hallaron el cuerpo de la niña arrastrado por el agua.

Patricia Guazarupa cuenta la historia una tarde de mayo en el aeropuerto de Apartadó, poco antes de salir hacia Bogotá a inaugurar Caminos de agua. Está emocionada por la exposición, dice. No tiene saco, pero Carolina Quintero le va a prestar uno.

Después de lo ocurrido, su madre, María Guazarupa la envió a terminar el bachillerato en la ciudad de Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Es la única de su familia con ese diploma. Al graduarse, entró a estudiar Psicología. Ya le falta poco para terminar. Se inclinó por esa carrera porque quiere aprender a cuidar a los demás. En el Darién la violencia no ha acabado: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son una de las principales autoridades en la región desde hace casi dos décadas.

Patricia Guazarupa quiere escuchar a las personas y escucharse, dice. Aprender cómo contar el pasado y persistir.

Los cuerpos del agua

Minutos antes de la inauguración de la exposición, los miembros del Comité Cultural participan en una ceremonia con el equipo del Museo Nacional. En un gran óvalo, se prende una vela y todos se presentan y hablan mientras la sostienen. Varias personas mencionan las diferentes maneras de interpretar el agua: en la ciudad, por ejemplo, el agua es algo que sale cuando se abre una llave; el agua “se acaba” el día que deja de salir.

En el Darién, el agua es como una madre, lo primordial y lo primero, dicen los sabios. La palabra di, río en guna, también significa, dependiendo del contexto, estar, vivir, pisar y sobrevivir. Aún más importante, el agua tiene poder.

En una sala cercana, cuelgan las molas que Garrido y las demás mujeres de Arquía cosieron durante meses. A ella, su madre le enseñó a coser a los siete años. Comenzó con molas de dos capas y fue progresando. Las de la exposición tienen cinco. Son mapas, recuerdos de otros tiempos, historias del pasado de los guna y el agua.

Una de ellas muestra a una niña guna de doce años que se enamoró de una ballena. La niña aprendió su idioma y las claves para vivir bajo el agua. Un nele, un gran sabio, alertó a la comunidad, pues la niña no debía tener una pareja que no fuera guna. Le prohibieron seguir viendo a la ballena. Pero durante una ceremonia para celebrar la pubertad de la joven, mientras la comunidad se emborrachaba bebiendo chicha, un grupo de ballenas rodeó el poblado. La tierra se agrietó y empezó a salir agua a borbotones. El pueblo se hundió y allí, donde antes estaban las casas, se formó la ciénaga de Unguía.

Fui feliz mientras tejía las molas, le había dicho Garrido a Mongabay Latam en el muelle de Unguía, en tanto la llovizna punteaba el río.

Mientras tejía las imaginaba y era feliz.

*Imagen principal: exposición «Camino del Agua», en el Museo Nacional en Bogotá. Foto: Camila Morales.

El artículo original fue publicado por Santiago Wills en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Conocidos los resultados de la votación del pasado domingo y la próxima definición de la presidencia de la República entre Abelardo y Cepeda en tres semanas, el 21 de junio, todos los colombianos nos encontramos frente a una encrucijada histórica. La de avanzar hacia una democracia ciudadana, decidida a dejar atrás la división y confrontación inmemorial entre víctimas y victimarios o, por el contrario, seguir profundizándola bajo dos banderas que hasta ahora han sido irreconciliables en nuestra violenta historia política.

Más allá de banderías irreconciliables

La bandera de la extrema derecha, hoy enarbolada por Abelardo con la parafernalia feroz de su tigre, su saludo militar y su grito autoritario de “firmes por la Patria”. Sin duda, es una bandera que logra ocultar bien la defensa de un establecimiento profundamente inicuo y discriminatorio, que también arropa el comprensible miedo de millones de electores que sufren cotidianamente el asedio de la inseguridad y la violencia. A esa bandera, se suma ahora la efectista y mentirosa fantasmagoría de Uribe augurando una futura Colombia a semejanza de la Venezuela chavista si se vota por Cepeda, eco de su vulgar y fracasada profecía de las “FAR” en la presidencia de la República si se aprobaba el Acuerdo de Paz en 2016. De otra parte, Cepeda en la izquierda iza la bandera de la justicia y la continuidad de reformas sociales estructurales inaplazables, dejadas a medio camino por el “Gobierno del Cambio”, dada la feroz oposición y bloqueo que sufrieron en el Congreso. Esa bandera también convoca a millones de electores con sus esperanzas y legítimas aspiraciones a una vida digna y decente, sin estar sometidos por más generaciones a la violencia del hambre, la ignorancia, la discriminación social, étnica y regional que hasta la fecha los ha condenado a ser unos “nadies”, estigmatizados como zarrapastrosos y vagos.  

Más allá de la “Paz Total”

De alguna forma, podría decirse que es la tensión entre el miedo de muchos y la esperanza de todavía más colombianos, sin desconocer que ambas banderas son rasgadas y sus seguidores vapuleados por la violencia, la inseguridad y la criminalidad organizada, que todos los días aumenta el número de victimas civiles y de victimarios armados impunes. Saldo en rojo que se achaca solo a la “Paz Total”, más con odio y búsqueda oportunista de votos, como si en el pasado hubiésemos vivido en una arcadia de seguridad y paz, sin masacres, miles de secuestros y “falsos positivos”. Sin desconocer la improvisación y los errores propios de la “Paz Total”, la verdad es que ésta recibió un legado de ingobernabilidad, inseguridad e impunidad dejadas por procesos y fórmulas de paz también fallidas en anteriores administraciones. Entre ellas, la supuesta exitosa desmovilización de las AUC promovida por Uribe, que terminó mutando en muchas más estructuras delictivas y narco-ejércitos, siendo el “Ejército Gaitanista de Colombia” el más violento y tenebroso. Algo semejante sucedió con la paz liderada por Santos y la desmovilización de las Farc-Ep, pues a ella siguieron numerosas disidencias convertidas en narco-guerrillas, que hoy incluso se están aniquilando entre sí en el Guaviare, sacrificando cruelmente menores reclutados, así como en la disputa sangrienta del Catatumbo contra el ELN. Una historia sin fin de victimización de la población civil, alentada y catalizada con los recursos de economías ilícitas, que continuará escalando hasta tanto el Estado no sea capaz de complementar su obsesión belicista y punitiva con una presencia civilista, emprendedora y productiva, que brinde alternativas de desarrollo y vida a miles de familias campesinas, comunidades afro e indígenas. Por eso, no es solo impreciso, sino una indolente frivolidad, llamar polarización a esa continúa victimización impune de la población civil, consecuencia de políticas públicas improvisadas y coyunturales.

La Mama-Coca Vital

Un desafío sobre el cual, seguramente, tendrán que debatir Abelardo y Cepeda, más allá de insultos y deslegitimaciones mutuas, como hasta ahora lamentablemente ha sucedido. Solo, entonces, todos los colombianos podremos discernir y decidir en las urnas sobre quién presenta las políticas más democráticas, respetuosas con la vida, los derechos de la población y la protección del medio ambiente, que es lo propio de un Estado social de derecho y de las normas de nuestra Constitución política, además de lo establecido en el Acuerdo de Paz de 2016. De lo contrario, seguiremos envueltos en una disputa absurda, sustentada en visiones tan erradas como la de aquella letal campaña publicitaria de la “mata que mata”, que estigmatizaba las portentosas propiedades de la coca, en lugar de aprovecharlas canalizándolas en la industria legal de bebidas, alimenticia y farmacéutica, arrebatándole de paso a los narcotraficantes y todo su entramado criminal esa fuente inagotable de astronómicas ganancias. Así ha venido sucediendo con la marihuana, que pasó de planta maldita a bendita, cuando se decidió legalmente aprovechar su potencial para el tratamiento de algunas dolorosas y terminales enfermedades. Además, la mayor ganancia de todo lo anterior, es que pondría fin a esa brutal victimización del campesinado marginado y a la devastación ecocida con glifosato de la biodiversidad de nuestros bosques y la Amazonia. Solo entonces el Estado podrá ganar reconocimiento y legitimidad democrática. Incluso, dejaríamos de escuchar todos los días la cantinela de muchos periodistas sobre el terrible flagelo del narcotráfico, como si fuera una maldición divina, y a prestantes analistas repetir esa falsa letanía de la polarización política y social, pues ya no habría bandos de insensatos que lancen a los demás a la fracasada guerra contra las drogas, mientras unos pocos se enriquecen comprando y comerciando el glifosato, estimulado la industria armamentística en desarrollo de futuros “Planes Colombia” o defendiendo y negociando con grandes capos su entrega a la justicia para salvarse de la extradición y asegurarse penas benignas en Colombia. A semejante sainete de impunidad, desde Gaviria con Pablo Escobar y los extraditables, pasando por Uribe con los narcoparamilitares hasta la actualidad con Petro y el Ejército Gaitanista, se ha reducido la política criminal del Estado contra esas poderosas organizaciones narco-crimínales, que combinan con destreza todas las formas de lucha y cuentan con la asesoría de famosos penalistas y exfiscales, ampliamente conocidos, que se escudan en el secreto y la confidencialidad profesional, como es el caso de Abelardo con sus asesorías a los excomandantes de las AUC y recientemente con su amigo y cliente, Alex Saab, para ocultárselas a Daniel Coronell y de paso a toda la sociedad. Algo muy diferente, hay que reconocerlo, han sido las gestiones públicas de Cepeda en los procesos de negociación con comandantes de las Farc-Ep durante las conversaciones de paz en La Habana, e incluso con condenados por paramilitares en las cárceles, que dio origen al todavía inconcluso litigio con el expresidente Uribe, pendiente de casación en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Victimización recíproca contra la democracia

Por eso, bajo ambas banderías hay víctimas y victimarios y tenemos una Colombia ensangrentada, fácil de polarizar y radicalizar, como bien lo han hecho Uribe y Petro, apelando a los miedos, las pasiones, los prejuicios y las reivindicaciones sociales. Entonces ya no hay ciudadanos sino “paracos” y “güerillos”, “gente bien” contra “comunistas”, y así se va generando eso que muchos llaman polarización, que no es otra cosa que una irresponsable radicalización de las emociones que nos impide reconocernos a todos los colombianos como ciudadanos con iguales derechos y responsabilidades. Lo más grave es que ahora Abelardo y Cepeda parecen dispuestos a tomar ese triste y nefasto relevo. Obviamente, bajo semejantes liderazgos nunca será posible la democracia, mucho menos la paz política y la convivencia ciudadana, pues ambos se deslegitiman y tratan como enemigos. Y la responsabilidad de líderes democráticos no es perpetuar una sociedad radicalizada y fragmentada entre millones de víctimas y miles de victimarios, como sucede en la nuestra. Víctimas y victimarios recíprocos, pues los que ayer sufrieron violencia y vejámenes, hoy se convierten en implacables vengadores de sus pasados victimarios, prologando así generaciones irreconciliables, estimuladas por el odio y la sed de venganza. Y, lo que sería más nefasto, es que ello se intente hacer de nuevo desde el Estado en nombre de la democracia o en defensa de la patria. Así se va intrincando esta especie de laberinto mortal, con infinitos pasillos de violencias y venganzas del que es imposible salir indemne, como nos ha venido sucediendo desde hace casi un siglo en esta Colombia en la que pocos viven muy bien –pertrechados de seguridad y escoltas—y la mayoría estamos expuestos desde el raponazo del celular, la extorsión consuetudinaria, el secuestro hasta encontrar una azarosa muerte en medio del fuego cruzado.

Geografía de la victimización recíproca

Por eso los recientes resultados electorales se reflejan en el territorio en forma casi idéntica a la geografía de la votación obtenida por el malogrado acuerdo de paz[i], como puede apreciarse al yuxtaponer ambos mapas[ii]. Es una geografía electoral muy reveladora de una periferia, en su mayoría azotada por la violencia estructural de la marginalidad y la directa del conflicto armado interno, con un brutal legado de colombianos victimizados. Colombianos que en algunas regiones votan coaccionados por grupos armados ilegales y en otras lo hacen porque lo que más desean es vivir en paz y no continuar muriendo bajo amenazas, combates y ataques letales del fuego cruzado de todas las partes y flancos. Desde los bombardeos del Ejército a los desplazamientos forzados, los confinamientos y las masacres de los grupos armados ilegales. Frente a esa periferia, encontramos el centro de la región andina y las regiones limítrofes con Venezuela, donde su población vota casi con desespero y miedo buscando la protección de la Fuerza Pública y cree ilusamente que solo con mayor fuerza se conquistará la seguridad, fórmula que a la postre solo recicla y genera la mutación de más grupos armados ilegales, como lo constatamos con las AUC y sus actuales herederos, el Ejército Gaitanista de Colombia, además de las numerosas y no menos criminales disidencias de las desmovilizadas Farc-Ep.

Deliberemos, más allá de víctimas y victimarios

Tal es la encrucijada que los colombianos debemos resolver en tres semanas y para ello no tenemos otra opción que pensar, deliberar, actuar y votar responsablemente como ciudadanos, sin dejarnos arrastrar por esa vorágine de prejuicios y pasiones que nos convierte en potenciales víctimas sin derechos o, por el contrario, en victimarios arrogantes en defensa violenta de  derechos, convertidos así en privilegiados autócratas, plenos de buena conciencia y superioridad moral que desconfían del resto de colombianos y los sindica de antipatriotas y mamertos. Pero, para superar esa encrucijada, tanto Abelardo como Cepeda, primero deben darnos a todos ejemplo de civilidad y democracia, entrando al foro de la deliberación y la argumentación, dejando atrás la arena de los insultos y la descalificación, como auténticos demócratas y no como enconados e irreconciliables enemigos. Sin duda, gracias a los debates, podremos saber quién estará a la altura de liderar una transición hacia la democracia o, por el contrario, puede llevarnos hacia un régimen autoritario y cacocrático, donde sea la fuerza, la violencia y los intereses de unos cuantos cacos los que prevalezcan sobre los de toda la ciudadanía. Por eso, en la segunda entrega, continuaré con el análisis de ese debate impostergable y urgente, que todos los colombianos esperamos con ansias y esperanzas para decidir a conciencia nuestro voto el próximo 21 de junio.

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_Colombia_(resultados_plebiscito_acuerdo_de_paz_2016_por_departamentos).svg

[ii] https://90minutos.co/elecciones-2026/mapa-electoral-colombia-2026-asi-votaron-departamentos-primera-vuelta-01-06-2026/

Las Elecciones no son un Casino

Miles de personas creen que votar es un juego de azar, una especie de baloto que, si su candidato o candidata gana, les garantizará seguridad, prosperidad y felicidad al menos por los próximos 4 años. Su horizonte se agota en la famosa expresión del “CVY”, cómo voy yo ahí, qué me voy a ganar, qué me va a dar ese candidato si voto por él, cómo y cuándo lo recibiré. No existe la más mínima noción del sentido de lo público. Esas personas ignoran que votar es un ejercicio de responsabilidad política que va a tener profundas repercusiones, a veces fatales, sobre la vida de los demás y toda la sociedad. Reducen su voto a un cálculo mercantil de perdidas y ganancias, donde lo único que importa son sus intereses, los de su empresa y amada familia. Los derechos, necesidades, intereses e identidades de los demás no importan. Ni hablar de los principios y valores que confieren identidad personal o colectiva a quienes son distintos de dicho elector, pues solo sus principios, creencias y valores son verdaderos y moralmente superiores. ¿Cómo va a reconocerles igual valor y situar en el mismo nivel que los suyos a quienes, por ignorancia y falta de emprendimiento, son incapaces de comprender las variables macroeconómicas, el déficit fiscal y la tasa de inflación? ¿Cómo va a permitir que una mayoría de zarrapastrosos, muertos de hambre y vagos, puedan decidir que se aumenten los impuestos al patrimonio, la renta y las ganancias? Es más, ¿cómo permitir que, en aras de la pluralidad de identidades y la diversidad de orientaciones sexuales se corrompa a los menores de edad y se amenace la sagrada estabilidad de las familias y el principio de autoridad paterna? Con este tipo de preocupaciones, motivaciones y prejuicios se marca el tarjetón y decide la suerte de una nación, muchos con la mejor buena conciencia, aunque algunos también con cierta mezcla de odio y discriminación.

Las urnas no son trincheras y menos tumbas

Pero hay una preocupación y motivación que es superior a todas las anteriores, la que más miedo, votos y pasiones genera, que es la sacrosanta seguridad personal, pues sin ella siempre estará en vilo nuestra vida y la muerte nos acechará permanentemente. Entonces las urnas se convierten en trincheras y terminan siendo tumbas. En esas llevamos casi un siglo, salvo breves períodos en los que la sensatez política ha superado la estupidez belicista, presente tanto en los que defienden a ultranza el establecimiento como en quienes lo atacan. Olvidan la famosa frase atribuida a Napoleón: “Con las bayonetas pueden hacerse muchas cosas, menos sentarse sobre ellas”. Semejante obsesión en conquistar seguridad a punta de bayonetas, no solo impide una gobernabilidad democrática, sino que termina prolongando y degradando progresivamente a toda la sociedad. Termina dividiéndola entre millones de víctimas de esa paz impuesta por la superioridad militar de los vencedores y la sumisión de los vencidos, una especie de Pax Romana, que en pocos años engendra más vengadores implacables que reinician con mayor fiereza el ciclo interminable de la guerra. Y ello sucede porque esas falaces soluciones militares no abordan las causas que generan las guerras, prolongan y degradan sin límite los conflictos armados internos, como en nuestro caso la existencia de las economías ilegales, que aportan recursos inagotables para el fortalecimiento de las organizaciones armadas ilegales. Parece que ningún candidato tuviera en cuenta este sabio consejo de García Márquez en su Proclama Por un País al alcance de los niños: “Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan”.

Política en lugar de bayonetas

La única forma de poner fin a esas “causas eternas” y espiral interminable de violencias es mediante la política y su capacidad transformadora de esas economías ilegales, incorporándolas al mercado en lugar de persistir en su erradicación y destrucción violenta. Obviamente, tal cambio de estrategia implica un cambio de paradigma y cosmovisión sobre la supuesta peligrosidad y letalidad de la hoja de coca, cuyos atributos naturales son portentosos, para arrebatarle a la criminalidad del narcotráfico su fuente de enriquecimiento, envilecimiento de la política y la humanidad. Ello demandaría, como problema internacional y doméstico que es (“interméstico) una audaz política global liderada desde el Estado colombiano en coalición con sus semejantes: México, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil para la descriminalización de la coca y su conversión en una próspera industria del Sur de bebidas, alimentos y medicamentos, que compita con la septentrional Coca-Cola y deje de ser “la chispa de la vida”.

Mama-Coca Vs Escudo de las Américas

De paso, disputaría a Trump su política militar intervencionista en toda Latinoamérica con su iniciativa “Escudo de las Américas”, que solo favorecerá los intereses del complejo industrial-militar norteamericano y arrasará la biodiversidad de nuestros bosques tropicales, además de profundizar y ampliar la victimización, el desarraigo y virtual desaparición de numerosas comunidades indígenas, reservas campesinas y comunidades negras en nombre de la supuesta guerra contra las drogas, cuyo fracaso y costos son más evidentes y criminales que los de la “paz Total”. Si se impone ese Escudo devastador, estaríamos ante un escenario de salvajismo solo propicio para los tigres. Es precisamente por todo lo anterior que carece totalmente de sentido llamar polarización política a lo que es una nefasta y criminal consecuencia de la guerra como supuesta solución a la inseguridad, el narcotráfico y el fin del conflicto armado interno. Dicha estrategia solo aumentaría el número de víctimas civiles y victimarios impunes, además de profundizar nuestra pérdida de sensibilidad ética y responsabilidad política como ciudadanía. En fin, convertiría las urnas en una especie de caja de Pandora de la cual saldrían todos los males: violencia, muerte, corrupción e impunidad y quedaría nuestra esperanza atrapada y refundida por otros cuatro años, dejando una estela más de víctimas incontables, victimarios gloriosos y futuros vengadores inimaginables.

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

Pregunta 1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

La política exterior del gobierno Paloma Valencia–Juan Daniel Oviedo cumplirá con tres objetivos: hacer de Colombia una nación más segura, próspera y confiable, con fundamento en los siguientes principios:

1. El interés nacional

2. La democracia como sistema de gobierno y la democracia liberal como modelo de desarrollo.

3. La institucionalidad

Para el logro de los objetivos enunciados:

Seguridad nacional y seguridad pública — la política exterior estará al servicio de la contención de las amenazas a la integridad territorial y a la institucionalidad democrática, provenientes de todas las formas de criminalidad organizada transnacional.

Prosperidad — la política exterior contribuirá al desarrollo y el progreso social soportados en la generación de empleo formal, a través de la atracción de inversión y la ampliación y apertura de mercados. 

Confiabilidad  y credibilidad— la política exterior se diseñará y ejecutará con base en los más altos estándares de profesionalismo e integridad, desde la institucionalidad, la transparencia, el cumplimiento de la normatividad y la rendición de cuentas.

📌 Fuente: Plan RI, sección Visión y Propuestas 2.4.1 / 111 Puntos, propuestas 43–47

Pregunta 2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional? ¿Cuáles serán las líneas de participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

En un entorno volátil e incierto, resulta más necesario que nunca establecer con claridad las prioridades de la política exterior, fundamentadas en el interés nacional, e identificar los vehículos por medio de los cuales se alcanzarán los objetivos trazados. En este propósito, Colombia fundamentará su acción exterior en la institucionalidad, afianzando mecanismos bilaterales y multilaterales de diálogo y cooperación y priorizando la participación del país en los organismos internacionales con criterios de efectividad, transparencia y exigencia de resultados. 

Las tensiones y cuestionamientos que se plantean en torno a la vigencia del multilateralismo, el derecho internacional y el orden basado en reglas ciertamente plantean desafíos, pero no invalidan la existencia de una arquitectura que se ha construido a lo largo de cerca de un siglo y cuya adaptación a los nuevos desafíos depende, justamente, de la voluntad y capacidad de los Estados.

En el Consejo de Seguridad, el Gobierno Nacional entrante atenderá inicialmente la agenda derivada de la Misión Especial de Verificación para el seguimiento a los aspectos pertinentes del Acuerdo firmado con las FARC en 2016, a fin de evaluar sus resultados a la luz del mandato que sustenta su operación. Adicionalmente, impulsará la discusión sobre los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional a la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe, así como las amenazas que imponen los regímenes autoritarios a la convivencia y el progreso en la región.

En el Consejo de Derechos Humanos, el país velará por la integridad de este órgano, cuya membresía debe reflejar un compromiso efectivo con los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y señalará los dobles estándares que debilitan y restan credibilidad a la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos convencionales y extra convencionales que soportan el Sistema Internacional de Derechos Humanos.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.1 y 2.4.7 / 111 Puntos, propuesta 47

Pregunta 3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (EE. UU., UE, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones (África, Asia-Pacífico)?

La relación con los socios estratégicos tradicionales de Colombia, incluyendo, entre otros, a EEUU, Reino Unido, los países que integran la Unión Europea y Canadá, es esencial y prioritaria, como parte de una política exterior orientada a lograr que el país alcance mayores niveles de seguridad y progreso. No obstante, lo anterior, para avanzar en estos propósitos, resulta indispensable afianzar vínculos y consolidar mecanismos de cooperación efectiva con los países latinoamericanos y del Caribe – especialmente aquéllos con los que se comparten fronteras terrestres y marítimas – así como con aliados extra regionales cuya contribución, en términos de capacidades y experticia debe ser asegurada. En este sentido, se avanzará en la implementación de agendas estratégicas con compromisos verificables en materia de seguridad nacional y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, acceso a mercados y atracción de inversión con Israel, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda. Se verificará, igualmente, el nivel de avance en el relacionamiento con los países de Medio Oriente, especialmente con Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, y los países africanos, en particular aquéllos en los que se han establecido misiones diplomáticas en los años recientes. Finalmente, se fortalecerá la interlocución de Colombia en espacios extra regionales de integración y diálogo político, como la Unión Africana y la Liga Árabe, entre otros. 

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6 / 111 Puntos, propuestas 43, 44, 46

Pregunta 4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

La consolidación de la política de fronteras será prioritaria y para ello, se dará prioridad a la operación de los mecanismos de trabajo y seguimiento binacionales como los Gabinetes Binacionales, las Comisiones Binacionales Fronterizas (COMBIFRON) y los diálogos 2+3 (ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa) para asegurar la cooperación y el desarrollo de una agenda que atienda los intereses y desafíos de las partes.

De otra parte, el ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Comercio, Industria y Turismo se emplearán a fondo para asegurar la operación y profundización de la arquitectura y normatividad de la Comunidad Andina y Alianza del Pacífico, como plataformas de impulso al crecimiento del comercio, la atracción de inversión, la seguridad jurídica y la movilidad de personas y recursos. Se procurará restablecer la iniciativa de integrar nuevos miembros y aliados estratégicos en la Alianza del Pacífico. 

Colombia reafirmará su compromiso histórico con el Sistema Interamericano y  la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como espacio hemisférico de defensa de la Democracia y exigirá el cumplimento de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática, así como una rendición de cuentas permanente por parte de las respectivas Secretarías. En cuanto a CELAC, como mecanismo de diálogo, el nivel de participación del país estará vinculado con la compatibilidad de su agenda con los objetivos prioritarios de la política exterior y la oportunidad que dicho espacio ofrezca para la atención del interés nacional.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.4 / 111 Puntos, propuestas 44, 47

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS

Pregunta 5. ¿Cuál será la estrategia de Colombia para enfrentar las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas?

El ministerio de Relaciones Exteriores gestionará, ante los países y organizaciones cuyo concurso sea requerido, los acuerdos y compromisos que viabilicen los planes y estrategias del Gobierno Nacional para combatir y contener las amenazas derivadas de la criminalidad organizada internacional que se lucra de la producción y el tráfico de drogas ilícitas, la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de armas y de personas, el contrabando, el lavado de activos y el delito cibernético. Dichos compromisos y acuerdos incluirán elementos de cooperación judicial e intercambio de información, fortalecimiento de capacidades operativas y entrenamiento, así como inteligencia e investigación, acceso a equipos y desarrollo de operaciones conjuntas. 

La política migratoria, de una parte, estará enfocada en garantizar una atención cercana, efectiva, permanente y confiable a los connacionales en el exterior, con especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de los equipos consulares para dar respuesta a los casos de privación de la libertad, expulsión o deportación. 

El ministerio de Relaciones Exteriores, a su vez, avanzará en la adopción de tecnología y medidas regulatorias que garanticen la máxima transparencia en el trámite de visados para extranjeros que deseen ingresar al país, evitando la discrecionalidad y la opacidad en los procesos de toma de decisión. La política migratoria estará enfocada en la atracción de talento e inversión, y se asegurará que la Comisión Nacional para la Determinación de la Condición de Refugiado opere, así mismo, con la mayor diligencia, eficiencia y transparencia. 

Una eventual crisis migratoria, como la evidenciada entre 2017 y 2019, producto de las condiciones humanitarias que obligaron a más de ocho millones de ciudadanos venezolanos a abandonar su país, será atendida de manera fraterna y solidaria, profundizando, renovando y perfeccionando los mecanismos de regularización que fueron adoptados durante 2021 para asegurar el acceso de los refugiados y migrantes a los bienes y servicios públicos en el país y facilitar su integración social y productiva.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.2 / 111 Puntos, propuestas 7, 44

Pregunta 6. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial y cómo articula estos instrumentos con su acción de gobierno?

Colombia participará activamente en las agendas de adaptación y mitigación del cambio climático en los foros multilaterales. La posición del país parte de reconocer que Colombia es un emisor marginal de gases de efecto invernadero, pero sí una potencia ambiental en virtud de su biodiversidad, cuya responsabilidad fundamental es detener la deforestación, restaurar lo que se ha perdido y conservar las especies de fauna y flora presentes en su territorio.

El cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de los instrumentos internacionales ambientales se articulará con la acción de gobierno a través de: la restauración de un millón de hectáreas y la reducción de la deforestación; el fortalecimiento de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y del incentivo forestal; el incremento de la bioeconomía del 0,8% al 2% del PIB; la destinación de recursos del sector minero-energético al cuidado de la naturaleza a través del sistema de regalías; y la protección de parques nacionales naturales de la acción depredadora de los grupos armados ilegales que se lucran de la explotación criminal de los recursos naturales y de los cultivos ilícitos (111 Puntos, propuestas 98–106).

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 98–106

Pregunta 7. ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a exportaciones no tradicionales, IED, acuerdos comerciales, inserción Asia-Pacífico y OCDE?

La diplomacia para el progreso, el crecimiento sostenible y el desarrollo es uno de los tres ejes centrales de la política exterior. El ministerio de Relaciones Exteriores trabajará de la mano con el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación para apalancar la acción política necesaria que convierta a Colombia en un nodo estratégico de inversión, comercio y relocalización productiva, integrándose de manera más competitiva a los mercados globales y a las cadenas internacionales de suministro y valor.

Acuerdos comerciales: Se aprovecharán plenamente los acuerdos vigentes y se negociarán nuevos acuerdos estratégicos, como plataformas para profundizar el comercio de bienes y servicios, atraer IED, perfeccionar el marco regulatorio, facilitar encadenamientos productivos y potenciar la creación de conocimiento.

Exportaciones: Las misiones diplomáticas, en alianza con ProColombia, estarán al servicio de promover el turismo, abrir nuevos mercados para productos y servicios colombianos en función de las prioridades de la política industrial y productiva del Gobierno Nacional (111 Puntos, propuesta 45). La meta es USD 10.000 millones adicionales en exportaciones (111 Puntos, propuesta 36).

IED: Se garantizará la seguridad jurídica necesaria para construir confianza inversionista a partir de Tratados de Protección de Inversiones, la adopción de los mejores estándares en materia de solución de controversias e incentivos tributarios diseñados por el ministerio de Hacienda para atraer y destrabar al menos 2.000 millones de dólares anuales en nuevos proyectos en sectores estratégicos (111 Puntos, propuesta 38).

Asia-Pacífico: (de la respuesta a la pregunta 3) En especial, se avanzará en la negociación de marcos de profundización económica y comercial, y se asegurará la participación de Colombia en los grupos de trabajo de APEC; se trabajará para culminar el Acuerdo de Asociación Económica con Japón y el proceso de ingreso al CPTPP, y se impulsarán estrategias de acceso real al mercado Chino en el marco del Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta, y se trabajará activamente para para aprovechar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Corea del Sur y expandir el intercambio comercial con India.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6 / 111 Puntos, propuestas 36, 38, 45, 111

Pregunta 8. ¿Qué postura adoptará Colombia frente a la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica EE. UU.–China?

Colombia volverá a condenar la guerra de agresión iniciada por Rusia en contra de la integridad territorial de Ucrania y condenará las acciones violatorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en todos los escenarios, incluidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. En todos los casos, la posición del país y sus votaciones en los organismos multilaterales será de rechazo a las dictaduras y regímenes autocráticos, al patrocinio del terrorismo y de la criminalidad organizada transnacional (111 Puntos, propuesta 47).

Colombia mantendrá relaciones privilegiadas con países que compartan su compromiso con los valores de la democracia liberal y las libertades económicas como modelo de desarrollo, y trabajará de la mano con ellos, como un aliado confiable, en su promoción y defensa. Lo anterior no impedirá el establecimiento de relaciones que atiendan los intereses nacionales y las prioridades de la política exterior, sobre la base del pragmatismo y la identificación de oportunidades de trabajo conjunto a partir de agendas que reflejen los intereses de las partes.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.6, 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 43, 46, 47

Pregunta 9. ¿Cuál será su estrategia frente a la ciberseguridad, la gobernanza de la IA, la lucha contra el crimen organizado transnacional y la cooperación internacional en seguridad?

Crimen organizado transnacional: Se reconstruirán y fortalecerán las relaciones estratégicas en materia de inteligencia y capacidades operacionales con EE. UU., Reino Unido, Israel, EUROPOL y AMERIPOL. Se priorizará la colaboración en la lucha contra el crimen transnacional organizado y las amenazas híbridas, incluyendo narcotráfico, contrabando y lavado de activos.

Ciberseguridad: Colombia se involucrará en la construcción de regulaciones multilaterales sobre ciberseguridad. A nivel interno, se implementará un SOC País 24/7 con enfoque Zero Trust y cibersimulacrosanuales (111 Puntos, propuesta 108 y el programa de Estado Digital).

Gobernanza de la IA: Colombia participará en los foros multilaterales para la construcción de regulaciones sobre inteligencia artificial, reconocida como uno de los nuevos desafíos globales que requieren gobernanza internacional.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 43, 44, 108

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

Pregunta 10. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico?

La Carrera Diplomática es la garantía de una acción exterior orientada por los más altos estándares de integridad y excelencia en la gestión de los intereses nacionales y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno Nacional. Para ello, debe estar dotada de las herramientas necesarias para asegurar el más alto nivel profesional, amplia experticia y una rigurosa capacidad técnica. Se verificará que el proceso de formación y evaluación de los servidores públicos que conforman el servicio exterior, a lo largo de su carrera, opere con criterios de mérito, eficacia y transparencia, al servicio del interés nacional. Especial atención se brindará al proceso de convocatoria para el concurso de selección de los nuevos integrantes de la carrera, a la identificación de las competencias críticas para el desempeño del servicio exterior, a la verificación de los requisitos para los ascensos y evaluaciones periódicas y a la selección de los perfiles más idóneos para asumir responsabilidades de crítica importancia en las misiones diplomáticas y consulados del país en el exterior. 

Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades de la Cancillería para el pensamiento y la planeación estratégicos, la anticipación y respuesta a las dinámicas geopolíticas, y el cumplimiento efectivo de su papel articulador de la acción exterior del Estado.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 11. ¿Qué medidas adoptará para proteger y fortalecer el sistema de mérito, formación y evaluación permanente de la Carrera?

La carrera diplomática se fortalecerá con reglas claras de ingreso, formación continua, evaluación y promoción, con énfasis en la capacidad técnica, el conocimiento profundo de la institucionalidad nacional e internacional y competencias y habilidades requeridas para el relacionamiento y la negociación, incluido el bilingüismo.

Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto frente a la designación de los funcionarios de carrera en el exterior, y se promoverá su vinculación en las oficinas de relaciones internacionales de las instituciones del Estado colombiano.

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo operará bajo los más altos estándares de excelencia académica y se fortalecerá con base en las mejores prácticas de formación diplomática, para asegurar el profesionalismo y la integridad del servicio exterior colombiano.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 12. ¿Qué acciones concretas emprenderá para incrementar la participación de embajadores de carrera en el liderazgo de la Cancillería —actualmente solo el 9,4% de los cargos directivos—?

La designación del equipo directivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su planta interna, se llevará a cabo con fundamento en un estudio riguroso de los perfiles profesionales de los funcionarios de carrera diplomática, sus logros, experiencia y su nivel de experticia en las áreas temáticas y geográficas que corresponden a los viceministerios y direcciones de la institución. 

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 13. ¿Cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado con visión de largo plazo?

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo continuará fortaleciendo su capacidad de documentación y sistematización para la producción de conocimiento al servicio de la gestión del servicio exterior. La política exterior, en todos los casos, continuará diseñándose con base en los intereses y prioridades del Estado, en beneficio de los ciudadanos, y apalancará e impulsará las prioridades nacionales en materia de defensa y seguridad, crecimiento sostenible, desarrollo y progreso social.

De la misma manera, se asegurará  la operatividad y participación de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) en el proceso de consulta para la toma de decisiones de la política exterior del país, como mecanismo institucional de construcción de consensos al interior del Estado.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 14. ¿Qué medidas adoptará para fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo?

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo operará bajo los más altos estándares de excelencia académica y se fortalecerá con base en las mejores prácticas de formación diplomática internacional, para asegurar el profesionalismo y la integridad del servicio exterior colombiano. Se garantizará la formación continua del servicio exterior frente a las nuevas agendas globales, y se asegurará la construcción de currículos, el diseño de los contenidos y la incorporación de docentes con base en el mérito académico, la competencia profesional y el compromiso con la defensa de la Constitución Nacional y los intereses nacionales.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

Pregunta 15. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el PND se articularán con el trabajo técnico del cuerpo diplomático y consular?

La gestión de todas las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior tendrá como fundamento las prioridades y objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese orden, la gestión del cuerpo diplomático estará orientada por los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, construidos a partir de la articulación y la consolidación de los elementos técnicos aportados por las instituciones del Estado, el sector empresarial, la academia y la sociedad civil, reflejando así el interés nacional. 

Adicionalmente, la adscripción de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) a la Cancillería, fortalecerá la agenda estratégica en esta materia; se dará prioridad al fortalecimiento de las capacidades de la Cancillería para la planeación estratégica y la respuesta rápida a las crisis, y se garantizará una interlocución más profunda, explícita y obligada de la Cancillería con las dependencias de gobierno encargadas de seguridad y defensa, inteligencia, desarrollo económico y comercio exterior.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8 y Visión general

Pregunta 16. ¿Qué lecciones toma del rol de la Cancillería en la pandemia de COVID-19 para preparar al servicio exterior ante futuras crisis globales?

Durante la crisis del COVID 19, el ministerio de Relaciones Exteriores comprobó su capacidad de responder de manera rápida y efectiva en dos aspectos fundamentales: la gestión política requerida para asegurar el acceso a vacunas y la operación logística requerida para la repatriación de colombianos que se encontraban en el exterior. Esta respuesta efectiva fue el resultado de un esfuerzo dirigido desde la Presidencia de la República, coordinado por la Cancillería de manera estrecha con múltiples entidades, entre ellas, los ministerios de Hacienda y Crédito Público; Salud y sus áreas técnicas; Transporte y Aerocivil; Comercio, Industria y Turismo, y ejecutado con rigor y precisión por parte de las embajadas y consulados acreditados alrededor del mundo.

En este orden, la lección principal que se puede derivar de esta experiencia es que se debe asegurar la capacidad institucional de la Cancillería para desplegar todas las herramientas de planeación, ejecución y seguimiento requeridas para dar respuesta a crisis y situaciones urgentes de diversa naturaleza. 

Pregunta 17. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados?

Se optimizará la dotación de recursos y capacidades de las misiones diplomáticas, así como su pertinencia y sostenibilidad en función de intereses nacionales claramente definidos y ponderados. Los criterios serán: (1) prioridad estratégica del país de destino para los intereses comerciales, de seguridad y de cooperación de Colombia; (2) volumen y necesidades de la comunidad colombiana residente; (3) eficiencia y valor estratégico en términos de resultados concretos y medibles.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.9

Pregunta 18. ¿Cómo asegurará una asignación presupuestal adecuada y sostenida al Ministerio de Relaciones Exteriores?

Se optimizará la dotación de recursos y capacidades de las misiones diplomáticas en función de intereses nacionales claramente definidos. La renovación tecnológica dentro de la entidad será una prioridad para modernizar procesos y reducir costos operativos, permitiendo reasignar recursos hacia la acción sustantiva del servicio exterior.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8, 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 107

Pregunta 19. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional?

La proyección educativa, cultural, científica y turística del país se recuperará como instrumento de poder blando, con el fin de consolidar el posicionamiento internacional de Colombia, profundizar relaciones estratégicas y apoyar el desarrollo económico y los vínculos transnacionales. Esto incluye: programas de intercambio, becas y cooperación STEM; fortalecimiento del bilingüismo; y el posicionamiento de Colombia como sede de las principales cumbres regionales e internacionales con visión de atracción de turismo, inversión y diplomacia corporativa y social.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.2, 2.4.7

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

Pregunta 20. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados y la atención a colombianos en el exterior?

Los servicios consulares serán ágiles y digitales, priorizando la atención al ciudadano, la protección de los colombianos en el exterior y el acompañamiento a las comunidades. La acción consular estará articulada con la promoción de inversión, comercio y turismo.

Se fortalecerá la implementación y uso adecuado de herramientas de inteligencia artificial para la optimización de tiempo, recursos y éxito en los procesos consulares, trámites y comunicación con las embajadas y consulados. Para los colombianos en el exterior, se habilitarán trámites en línea en los consulados (111 Puntos, propuesta 108c).

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 108c

Pregunta 21. ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico, y proteger sus derechos?

Colombia tendrá una política migratoria que incentive la migración por competencias, preparación e interés de invertir en el país. Se ampliarán los programas de intercambio, becas y cooperación para alcanzar un alto nivel de bilingüismo y fortalecer la formación en matemáticas, ciencia y tecnología, impulsando la movilidad académica y cooperación STEM orientada hacia la empleabilidad.

Se impulsará una agenda de movilidad académica con el objetivo de que los colombianos en el exterior fortalezcan sus vínculos con el país y contribuyan a la transferencia de conocimiento y la atracción de inversión.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.2

Pregunta 22. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares?

La renovación tecnológica dentro de la Cancillería y sus misiones en el exterior será una prioridad, con el objetivo de modernizar procesos, facilitar trámites e impulsar la máxima transparencia frente a los ciudadanos nacionales y extranjeros. Se fortalecerá el uso de herramientas de inteligencia artificial para la optimización de procesos consulares y la comunicación con embajadas y consulados.

Para los colombianos en el exterior, se habilitarán trámites en línea en los consulados. Para los colombianos con títulos universitarios extranjeros, se promoverá la convalidación automática (111 Puntos, propuesta 108c).

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8, 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 108c

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Marilyn Gatica Huanio llegó a la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia a fines de marzo para reunirse con sus pares, otras lideresas indígenas. Su objetivo es reducir el impacto ambiental y social que traería la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho, que impulsa el Gobierno peruano y que pasará por la mitad de su comunidad indígena.

La lideresa de 36 años es jefa de Centro Arenal, una comunidad indígena que reúne a 300 integrantes del pueblo murui-muinani en el distrito de Punchana, en la región de Loreto, en el oriente amazónico de Perú.

Leer más | “En Colombia, en temas ambientales y de defensores seguimos siendo un país que se queda mucho en la retórica” | ENTREVISTA

Centro Arenal, ubicada apenas a 10 kilómetros de la ciudad de Iquitos, se encuentra en pie de lucha. “El trazo que propone el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la carretera pasa por la mitad de la comunidad. Esto solo traerá más invasores, no estamos de acuerdo”, dice Gatica Huanio a Mongabay Latam durante un viaje a la zona.

La ruta de la carretera fue aprobada en 2025 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El primer tramo de este proyecto unió Bellavista con Santo Tomás e implicó la construcción del puente Nanay. El segundo tramo se extenderá hasta Mazán. El tercero será una ruta fluvial de Mazán al Salvador y el cuarto llega hasta El Estrecho, con 147.4 kilómetros de carretera. En total el camino tendrá alrededor de 200 kilómetros.

Según el estudio definitivo del segundo tramo del proyecto, se construirán 35.6 kilómetros de carretera, iniciando en el centro poblado de Santo Domingo —justo al final del puente Nanay—, pasando por las localidades Picuroyacu y San Antonio. La carretera llegaría a la comunidad indígena Centro Arenal, atravesando por la mitad este territorio. Luego avanzaría hacia el caserío San Juan de Sinchicuy hasta llegar a la comunidad campesina San Rafael y finalizaría en el río Mazán.

“Cuando hicieron el estudio no nos explicaron que la carretera pasaría por la mitad de nuestra comunidad, por eso es que los anteriores líderes lo aprobaron. Recién en 2024 nos enteramos que dividiría nuestro territorio”, cuestionó la lideresa.

Once denuncias en diez años

Para llegar a Centro Arenal se debe tomar un vehículo desde la ciudad de Iquitos. La ruta es un viaje de 20 minutos por un camino sin asfalto. Sin embargo, no es la única vía que hay dentro de la comunidad. En 2014, cuando se confirmó la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho y que pasaría cerca de la comunidad de los murui-muinani, empezaron las invasiones, según denuncian Gatica Huanio.

La referente indígena explicó que la comunidad tiene 1977 hectáreas y está titulada desde 1967. “Nosotros nos encontramos al lado del río Amazonas y al otro extremo de la comunidad los invasores han abierto una trocha [camino de tierra] a la que denominaron Joaquin Abensur, por donde sacan madera ilegalmente de nuestro territorio”, asegura.

En los últimos 10 años, la comunidad realizó once denuncias por tala ilegal, sostiene Gatica Huaino.

“Todas las denuncias que realizamos se archivan. No hay justicia para nosotros porque no podemos ingresar a esa parte de nuestro territorio. Cada vez que nos acercamos nos amenazan con armas o golpean”, contó.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en un estudio de 2024 también identificó daños a la comunidad Centro Arenal, pese a que aún no se había iniciado con la construcción formal de la vía. “Luego de la ejecución del primer tramo y la construcción del puente Nanay se generaron invasiones, deforestación y tráfico de tierras en la comunidad Centro Arenal”, se lee en el documento.

Bryan Jara, especialista legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, explicó a Mongabay Latam que la construcción de la carretera está afectando la forma de vida tradicional de la comunidad Centro Arenal.

“Si bien la vía traería conectividad para los pobladores locales, también hay impactos de alto costo: deforestación, cambio en la vida comunal e invasiones. Si no se planifica bien esta carretera tendrá grandes impactos ambientales y sociales, principalmente para los habitantes indígenas de las zonas colindantes, por lo que los mecanismos de participación ciudadana deben considerar la vulnerabilidad de la población local”, afirmó.

Consulta previa: planes del Ejecutivo y críticas de los habitantes indígenas

En septiembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició el proceso de consulta previa para obtener la licencia social para la construcción del segundo tramo de la carretera: Santo Domingo—Mazán. En ese primer encuentro el Gobierno informó a la comunidad que la carretera pasará por la mitad de la comunidad.

“El plan del Ministerio es abrir una nueva vía dentro de la comunidad. Es decir, la trocha Joaquín Abensur, la que ya está invadida no está considerada, sino que será una nueva. Esto traerá más invasiones”, coincide Isaac Alejo, especialista legal de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien acompaña a la comunidad en el proceso de consulta previa.

El abogado explicó que durante 2025, el proceso de consulta previa se paralizó porque otras comunidades no habían sido incluidas, solo estaba Centro Arenal, pero tras los reclamos ahora también participan Santa Clotilde, El Milagro e Independencia, que se verían afectadas de manera indirecta por el trazo de la carretera.

Sin embargo, el Ministerio solo ha puesto en consulta el estudio definitivo de la carretera. Es decir, el trazo que construirá, pero no se está poniendo en consulta el estudio de impacto ambiental ni el estudio de arqueología, sostienen los expertos y referentes indígenas consultados.

“La justificación es que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) realizará su propio proceso de consulta del estudio de impacto ambiental, pero se debería llevar a consulta previa los impactos del estudio y las medidas de mitigación y adaptación y quienes intervienen dentro de eso para tener claro las cláusulas sociales y ambientales”, cuestionó Alejo.

Mongabay Latam consultó al Ministerio por qué no incluyen el estudio de impacto ambiental, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Mientras tanto, la Oficina de Diálogo y Gestión Social de esta cartera solicitó una aplicación de plazos de la consulta previa para gestionar temas administrativos.

“Los talleres informativos deberán retomarse en julio”, adelantó Isaac Alejo.

Dos áreas protegidas serán atravesadas por el proyecto

Mayra Collantes y Rubiela Ríos viven en extremos diferentes, pero comparten una misma lucha: evitar que la carretera Bellavista—El Estrecho pase por las áreas de conservación regional (ACR) Maijuna Kichwa y Ampiyacu Apayacu, territorios de sus pueblos que ahora están bajo la administración del Estado.

Ambas lideresas se reunieron con Marilyn Gatica, jefa de Centro Arenal, en Leticia, en la Amazonía de Colombia, para hablar sobre el avance de la obra.

En tanto, la comunidad Pucaurquillo, de donde es Mayra Collantes, es parte de la cuenca del Ampiyacu. El último tramo de la carretera: Salvador—El Estrecho no pasará por su comunidad, ni cerca de ella. Sin embargo, sí afectará el territorio del ACR Ampiyacu Apayacu, un espacio protegido por su pueblo, los boras, desde hace siglos y que tras su creación, en diciembre del 2010, la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (Fecona) han ayudado a conservar.

“Una carretera que pase por el ACR solo traerá invasores y nos afectará a las comunidades que vivimos en el Ampiyacu. Esta zona está protegida, hacer una carretera que pase por medio de áreas protegidas es una irresponsabilidad”, cuestionó Collantes.

La comunidad de Rubiela Ríos está cerca del ACR Maijuna Kichwa, que se instaló en junio de 2015 con 391 039 hectáreas, en las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto.

“No nos oponemos a la carretera, pero debe existir otra forma de tener esta vía sin afectar las áreas protegidas. Son espacios que cuidamos hace siglos para permitir que ahora sean deforestados. Las carreteras permiten el ingreso de extraños”, anotó.

En 2011, cuando el Congreso de la República declaró de interés nacional la creación de esta carretera, ya existía el ACR Ampiyacu Apayacu y en 2014. Cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró la viabilidad de la ruta estaba en proceso la creación del ACR Maijuna Kichwa, que terminó siendo creada un año después.

Pese a esto, el proyecto continuó, ejecutándose el primer primer tramo: Bellavista—Santo Tomás, incluyendo el puente Nanay, de 2017 a 2021.

Consecuencias de una carretera resistida

Con el avance del segundo tramo, las invasiones han incrementado. “Los invasores exigen la construcción de la carretera, mientras nosotros queremos seguridad para impedir más deforestación en nuestras tierras”, dice Gatica Huanio.

En tanto, el estudio de Identificación de condiciones del proyecto que realizó la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCSD Perú) estima que se deforestarán 16 800 hectáreas de bosque para construir la carretera de Bellavista al Estrecho.

Ciro Salazar, analista sectorial y de conflictos sociales de FCSD, señala que el principal cuestionamiento al estudio de factibilidad es la estimación de la intensidad media diaria (volumen de tráfico) de la carretera. “Se plantea que 1104 vehículos diarios recorrerán la vía hasta El Estrecho. La cual nos parece excesiva porque la ciudad de Iquitos tiene un tráfico similar y no podría alcanzar esa cantidad hasta la frontera, no encontramos sentido”, indica.

El especialista también advierte que la carretera generará ventaja logística a los grupos criminales que realizan tráfico de drogas, extracción de oro y madera ilegal. “En el estudio también realizamos un estimado del costo económico que el Estado debe invertir para realizar interdicciones en este territorio tras la construcción de la carretera porque se necesitará mayor cuidado”, anotó.

*Imagen principal: la carretera Bellavista–El Estrecho llegará hasta la frontera con Colombia. Foto: cortesía Vico Méndez/SPDA.

El artículo original fue publicado por Geraldine Santos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Con el ánimo de contribuir al conocimiento ciudadano de las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la República, ASODIPLO publica, en el orden en que las ha recibido, las respuestas a su cuestionario sobre política exterior. Comenzamos con las enviadas por la candidata Claudia López, por el movimiento Imparables.

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

Nuestra política exterior responderá a intereses nacionales asociados a la seguridad, el aumento de la productividad, y la protección del patrimonio ambiental de Colombia, siendo una voz relevante como país del Sur Global en el contexto de los profundos cambios que experimenta el orden mundial en la actualidad. Desarrollaremos a una diplomacia estratégica, moderna y enfocada en resultados. 

Los principios tradicionales de la política exterior colombiana —soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de controversias y multilateralismo— seguirán siendo fundamentales. Pero debemos actualizarlos en un mundo multipolar, tecnológicamente competitivo y geopolíticamente inestable desde un enfoque pragmático, responsable y que apunte a la diversificación de nuestras apuestas estratégicas. 

Por eso, nuestro gobierno impulsará tres grandes prioridades.

Primero, fortalecer la seguridad nacional mediante cooperación internacional efectiva contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y las amenazas híbridas, incluyendo la ciberseguridad y la desinformación. Venezuela será una prioridad estratégica por el impacto que tiene la inestabilidad fronteriza sobre nuestra seguridad y economía. 

Segundo, diversificar las relaciones económicas y comerciales de Colombia. Durante décadas concentramos excesivamente nuestra dependencia en un solo socio. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal aliado, pero Colombia debe ampliar mercados, atraer inversión con transferencia tecnológica y fortalecer su inserción en Asia-Pacífico. Asimismo, debe abrirse camino en los mercados de Medio Oriente y del mundo musulmán, que se perfilan como algunos de los de mayor crecimiento en los próximos años.

Tercero, posicionar a Colombia como un actor relevante en la agenda climática global. Somos una potencia ambiental y debemos convertir la Amazonía, la transición energética y la biodiversidad en instrumentos de liderazgo internacional, movilización de recursos y generación de nuevas industrias sostenibles. 

Gobernaremos con firmeza y mesura, alejándonos de la diplomacia de micrófono y bravuconerías, privilegiando una política exterior seria, profesional y predecible. 

2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

La política exterior de Colombia vive una transición histórica: de un orden unipolar dominado por Estados Unidos hacia una inserción estratégica en un entorno multipolar más inestable. El multilateralismo heredado de la Segunda Guerra Mundial ha demostrado ser insuficiente para prevenir conflictos como la invasión rusa a Ucrania o el genocidio en Gaza. Las reglas que rigieron las relaciones internacionales durante las últimas cuatro décadas están cambiando, y Colombia debe estar preparada para navegar ese entorno con inteligencia, apego a sus valores y su liderazgo como país de renta media del Sur Global.

Bajo mi gobierno, Colombia defenderá activamente los bienes públicos globales: la biodiversidad amazónica, el agua, la paz y los derechos humanos. En foros como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, Colombia actuará desde sus ventajas comparativas: su experiencia en construcción de paz, su biodiversidad, su posición geográfica y su rol como referente en justicia transicional. La defensa de los derechos humanos y la condena contundente a quienes los violen —sean Estados, organizaciones o personas— serán una constante. Colombia no guardará silencio frente a violaciones graves.

3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Desarrollar agendas claras, diferenciadas y complementarias con cada actor global estratégico, será la clave para las relaciones bilaterales. Desplegaremos un esfuerzo de gobierno, a nivel intersectorial y subnacional, para construir agendas de trabajo con los países más estratégicos para Colombia. El contexto actual nos exige entender que hoy el mundo es multipolar. Mi gobierno reconocerá las relaciones que se han consolidado en el tiempo, reduciendo dependencias inconvenientes, y navegando con pragmatismo y responsabilidad los cambios geopolíticos en curso.

• Estados Unidos. Es la relación más consolidada y, en consecuencia, prioritaria del país que se extiende por más de 200 años. Hoy la agenda de Colombia con EEUU pasa por la restauración de la democracia en Venezuela. Tenemos el interés común de estabilizar el país vecino para mejorar las inversiones, el comercio, y la capacidad de respuesta conjunta frente al crimen organizado transnacional. Al presidente Donald Trump mi gobierno le propondrá un Plan Colombia Venezuela con tres componentes: i) inversiones público-privadas de desarrollo productivo en la frontera; ii) formación del recurso humano asociado a la industrialización de la economía en la frontera; y iii) cooperación militar para fortalecer la efectividad de las operaciones contra las estructuras del crimen organizado transnacional y recuperar la seguridad en zonas donde la Paz Total ha facilitado el control territorial de esos grupos ilegales. Se institucionalizarán nuevamente los canales diplomáticos, se restaurará la agenda bipartidista con el Congreso estadounidense y se transitará de la “lucha contra las drogas” —enfocada en el campesino— hacia una cooperación contra el crimen organizado transnacional focalizada en sus finanzas, cabecillas y estructuras. Retomaremos la colaboración en inteligencia y capacidad operativa con EEUU desde un enfoque de corresponsabilidad, subrayando la obligación que tiene Colombia de aumentar sus inversiones y capacidades propias en materia de defensa, seguridad y justicia. 
• China: se construirá una agenda estratégica con tres ejes: transferencia de tecnología, reequilibrio de la balanza comercial y cooperación contra prácticas desleales. En los primeros 100 días de mi gobierno se presentará un plan de acción con una agenda concreta. China debe ocupar el lugar que le corresponde como segunda economía mundial y segundo socio comercial de Colombia. El déficit de más de 12.000 millones de dólares con China se gestionará con inteligencia: los bienes de capital que aumentan la productividad son bienvenidos; la competencia desleal y el contrabando, no. Promoveremos mayor cooperación educativa para que ´más colombianos conozcan el idioma y se familiaricen con su cultura.
• Unión Europea y Canadá: se preservarán y profundizarán los acuerdos existentes, aprovechando los capítulos de cooperación y apoyo a PYMES. También será una prioridad la colaboración alrededor de inversiones para mitigar y adaptarnos al cambio climático, como país con importantes activos ambientales y potencial de desarrollar energías limpias, y generar capacidades en el talento humano para los negocios asociados.  Europa es clave también en cooperación militar, y justicia.
• India, Emiratos Árabes Unidos y países del Golfo: EAU será el canal de entrada a Medio Oriente y al mercado musulmán, particularmente de productos agroindustriales. India es una potencia tecnológica y demográfica con la que Colombia puede avanzar en ciencia, tecnología e innovación.
• Asia-Pacífico (Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Indonesia): Japón será socio en movilidad limpia, educación técnica y ciudades inteligentes. Corea del Sur —con quien Colombia tiene historia de cooperación desde la guerra de los años 50 y un TLC vigente— será el principal aliado para la manufactura avanzada y la digitalización. Con Vietnam y Tailandia se profundizará la cooperación frente a prácticas agroindustriales y esquemas de formación para mejorar su productividad.
• África y Sur Global: Como país de renta media con el peso que nos corresponde en las dinámicas mundiales a nivel económico, político e institucional, lideraremos activamente espacios en los que la perspectiva del Sur Global sea determinante en el contexto actual, bajo los principios del derecho internacional. Colombia profundizará la cooperación cultural y educativa con África, consolidando la búsqueda de nuevos mercados. Adicionalmente, participará activamente en espacios como los BRICS y el AIIB, no como receptor pasivo sino como socio aportante en biodiversidad, energías limpias y conocimiento.

4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

Colombia necesita una acción fronteriza y regional enfocada, menos en disputas políticas e ideológicas, y más en resultados concretos en temas estratégicos para el país como seguridad, protección ambiental, infraestructura, energía, movilidad humana, y comercio. Priorizaremos agendas estratégicas con los mecanismos de integración regional, en función de la vocación, potencial y límites de cada uno de ellos en el contexto hemisférico actual.

Con la CELAC fortaleceremos la efectividad de la coordinación de la respuesta regional en materia de cambio climático, transición energética, movilidad humana, y crimen organizado transnacional, particularmente. 

Con OTCA gestionaremos cooperación en seguridad, conservación ambiental y desarrollo productivo con énfasis en bioeconomía y agroindustria. Impulsaremos mecanismos coordinados para enfrentar el crimen organizado transnacional, especialmente en fronteras y corredores amazónicos. La cooperación regional será esencial para combatir narcotráfico, trata de personas, minería ilegal y lavado de activos. La Amazonía será un eje prioritario de articulación regional. Colombia promoverá acuerdos para combatir la deforestación, proteger la biodiversidad y movilizar financiación climática internacional. 

Reanimaremos la Alianza del Pacífico para intensificar la colaboración entre Colombia, Chile, México y Perú en materia de productividad. Debe convertirse nuevamente en nuestra principal plataforma de inserción hacia Asia, teniendo como base la innovación y cadenas regionales de valor. En el marco de la OEA impulsaremos temas como seguridad, crimen organizado y migración. 

La estabilidad democrática y económica de Venezuela representa una prioridad de seguridad nacional para Colombia. Por lo tanto, creemos que el camino es que los venezolanos elijan su gobierno en las urnas de manera libre y transparente. Acompañaremos una transición que restaure su democracia y libertad, que promueva las inversiones productivas que beneficien a los dos países, y que contrarreste el accionar de organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. 

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

En materia migratoria, mi gobierno ampliará las oportunidades de educación y empleo en el país para que nuestros jóvenes no sean expulsados a desarrollar su proyecto de vida en otros destinos. Así mismo, trabajaremos para atraer talento que contribuya a las mejoras de productividad, facilitando tanto la repatriación de colombianos como la gestión de visas de inversión y trabajo en sectores estratégicos. Frente a las medidas antinmigración adoptadas por países receptores, mi gobierno trabajará para que nuestros connacionales en el exterior sean tratados con dignidad, agilizará los procesos de repatriación y facilitará el retorno voluntario. Frente a la migración venezolana, el enfoque será desarrollar de manera paralela la integración de los venezolanos que ya están en el país y deseen contribuir al desarrollo de Colombia, y generar condiciones para el retorno voluntario mediante el desarrollo productivo fronterizo.

En política antidrogas, se realizará una transformación de fondo: se abandonará el enfoque punitivo contra el campesinado para concentrar los esfuerzos en desmantelar las mafias: ir tras sus cabecillas, atacar sus finanzas y reutilizar los bienes incautados en proyectos productivos que generen empleo legal. Profundizaremos, bajo un enfoque de corresponsabilidad, la cooperación en inteligencia y capacidad operativa, particularmente con EEUU y los países fronterizos, en la respuesta a las organizaciones criminales transnacionales que operan en Colombia. Se impulsará internacionalmente que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias controladas, para habilitar usos ancestrales e industriales lícitos. El consumo se tratará como asunto de salud pública. 

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

Colombia cuenta con activos ambientales de valor global —la Amazonía, el Chocó biodiverso, más de 2.000 especies de aves, el agua— que serán defendidos y proyectados como instrumentos de diplomacia y financiación internacional. Si bien el país es altamente vulnerable al cambio climático, no es un emisor relevante de gases efecto invernadero a nivel global. El mayor problema de Colombia es la pobreza y necesitamos aprovechar todos nuestros recursos para superarla, al tiempo que desplegamos nuestro potencial para el desarrollo de energías limpias. La industrialización de Colombia en la economía del Siglo XXI dependerá del acceso a energía barata, estable y limpia. Para conciliar la protección de nuestros activos ambientales con la sofisticación de nuestra matriz energética, las líneas de acción serán:

• Conservación de activos ambientales: Aumentar el liderazgo político global y la cooperación internacional para preservar la Amazonía y otros activos ambientales con impacto global que tiene el país.
• Restauración: Desarrollar instrumentos de cooperación y financiación internacional para escalar la implementación de programas para restaurar los ecosistemas y activos ambientales del país.
• Movilidad: Establecer, con la banca de desarrollo internacional y los gobiernos subnacionales y locales, una estrategia de aceleración de proyectos de movilidad limpia para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
• Transición energética. Fortalecer las condiciones habilitantes para profundizar las inversiones público-privadas-comunitarias en energías limpias, particularmente solar y eólica, volviendo a las comunidades socias de los proyectos; y contribuir al establecimiento de la Red de Interconexión Eléctrica de América del Sur.

• ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a las exportaciones no tradicionales, la atracción de inversión extranjera, la negociación o revisión de acuerdos comerciales, la inserción Asia-Pacífico y el ingreso de Colombia a la OCDE como miembro pleno y activo?

Durante el último año hemos constatado a nivel global cómo la diplomacia económica y comercial se ha convertido en un instrumento de política exterior. En esa medida, y para un país como Colombia, la política exterior debe convertirse en una herramienta que contribuya al aumento de la productividad del país. Embajadas de países estratégicos tendrán metas medibles en apertura de mercados, atracción de inversión, transferencia tecnológica y promoción exportadora. 

La articulación entre política exterior y diplomacia económica se materializará en mi gobierno mediante una profunda transformación de la arquitectura institucional del Estado. El Viceministerio de Comercio Exterior, actualmente adscrito al Ministerio de Comercio, pasará a integrarse a la Cancillería, mientras que ProColombia y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional —APC— serán fusionadas para consolidar una sola plataforma de promoción internacional, y atracción de inversión extranjera directa, inversión de impacto y cooperación.

Esta reforma tendrá dos efectos fundamentales para la productividad y el desarrollo económico del país. Primero, permitirá alinear la política exterior con la diplomacia económica y comercial de Colombia, convirtiendo nuestras embajadas en verdaderas herramientas de apertura de mercados, atracción de inversión y transferencia tecnológica. Segundo, permitirá que el Ministerio de Comercio concentre plenamente sus capacidades en el fortalecimiento industrial, productivo y turístico del país. Colombia no le venderá más al mundo si no produce más y mejor. Y producir más y mejor exige una estrategia agresiva de atracción de inversión con transferencia tecnológica, articulada desde una diplomacia económica moderna y efectiva. Nuestro objetivo será incorporar esas nuevas capacidades tecnológicas al tejido empresarial colombiano para aumentar la productividad, sofisticar nuestra oferta exportadora y generar más empleo de calidad.

Nos anima transformar la inserción internacional de Colombia en los mercados globales. Hoy seguimos exportando principalmente materias primas y la productividad de nuestra economía ha estado estancada por 20 años. Desde la apertura económica nuestro mayor producto de exportación es el petróleo y el carbón, con muy poca diversificación. Eso demuestra la necesidad urgente de sofisticar nuestra oferta exportable y fortalecer exportaciones no tradicionales con valor agregado.

Vamos a priorizar agroindustria, transición energética, movilidad limpia, infraestructura, manufactura con transferencia tecnológica, y sectores asociados a biodiversidad y economía sostenible. 

Frente a Asia-Pacífico, Colombia no puede seguir llegando tarde al centro de crecimiento del mundo. Profundizaremos relaciones económicas con China, Corea, Japón, India y Emiratos Árabes Unidos, manteniendo siempre un equilibrio responsable con Estados Unidos, como principal socio económico y comercial. 

También impulsaremos la reactivación de la Alianza del Pacífico como plataforma de integración productiva, tecnológica y comercial hacia Asia. 

En cuanto a la OCDE, Colombia debe pasar de ser un miembro formal a un miembro activo y relevante. Aprovecharemos ese espacio para acelerar estándares en productividad, educación, innovación, transparencia y transformación digital, conectando mejores prácticas internacionales con las necesidades regionales del país. 

Finalmente, en materia de revisión de acuerdos comerciales, será necesario examinar con detenimiento aquellos acuerdos internacionales de inversión cuya primera vigencia concluya durante el cuatrienio de gobierno, con el fin de proponer ajustes acordes con los desarrollos más recientes. Asimismo, revisaremos los capítulos de cooperación y de fortalecimiento de las PyMES en los acuerdos comerciales, para impulsar iniciativas de cooperación empresarial articuladas con los proyectos estratégicos de las regiones. En otras palabras, es fundamental alinear la internacionalización de la economía con el desarrollo productivo del país.

También promoveremos acuerdos orientados a la transferencia de tecnología y al fortalecimiento de la inversión extranjera directa. Los incentivos a la inversión deberán priorizar los proyectos más estratégicos para el desarrollo regional y estarán condicionados a una transferencia efectiva de tecnología, así como a la integración de las PyMES colombianas en las cadenas de suministro.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Colombia debe actuar con pragmatismo, autonomía estratégica y defensa del derecho internacional. El mundo atraviesa una transición geopolítica profunda marcada por la competencia entre democracias y regímenes autoritarios, el debilitamiento del multilateralismo y la fragmentación económica global. 

Frente a la guerra en Ucrania, mantendremos una posición clara de defensa de la soberanía territorial, el derecho internacional humanitario y la solución pacífica de controversias. Colombia no puede normalizar invasiones ni violaciones al orden internacional. En Medio Oriente, promoveremos el respeto al derecho internacional humanitario, la protección de civiles y la implementación de soluciones diplomáticas preferiblemente multilaterales. 

En Asia-Pacífico, Colombia debe entender que es donde se juega buena parte del crecimiento económico y tecnológico del siglo XXI. Por eso fortaleceremos relaciones comerciales y científicas con Asia, sin caer en dependencias geopolíticas ni alineamientos automáticos. 

Respecto a la rivalidad entre Estados Unidos y China, Colombia no debe escoger entre uno u otro bloque. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal aliado estratégico y comercial, pero China representa una enorme oportunidad para diversificar mercados, atraer inversión y ampliar exportaciones. Debemos saber implementar el Acuerdo de Franja y Ruta de la mano con los acuerdos de transferencia de tecnología y fomento a la inversión extranjera directa que diseñará, negociará e implementará nuestro gobierno. 

Nuestra postura será clara: defenderemos los intereses nacionales de Colombia, manteniendo relaciones responsables y pragmáticas con ambas potencias, evitando caer en dependencias excesivas y fortaleciendo nuestras capacidades propias en seguridad, tecnología, comercio y transición energética. 

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO.

1. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Los miembros de la Carrera Diplomática y Consular (CDC) jugaron un papel fundamental durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando la continuidad de la gestión de nuestra política exterior. Reconozco el activo que representa para el país el conocimiento y la experiencia que poseen los funcionarios de carrera diplomática y consular de la Cancillería. Todo mi agradecimiento para sus miembros por reducir los daños asociados a una política exterior politizada y de redes sociales. En mi gobierno volveremos a institucionalizar la política exterior, devolviéndole la majestad que merece en términos de los canales y mecanismos institucionales que corresponden. 

Colombia necesita una diplomacia profesional, competente y moderna. Construiré sobre lo construido en este gobierno en términos de mejorar la manera como la CDC refleja las características de la población colombiana, pero asegurando los estándares de calidad mínimos que se requieren para que el país tenga la representación que merece en su servicio exterior. En tal sentido, revocaremos los instrumentos normativos del gobierno Petro que comprometieron la calidad y profesionalización del servicio exterior.

Aprovecharemos el conocimiento y experiencia de los miembros de la CDC, en articulación con los actores sectoriales relevantes, para definir e implementar las agendas bilaterales y multilaterales, con prioridades y métricas de seguimiento y éxito claras.

2. Teniendo en cuenta que la Carrera está basada en un sistema riguroso de mérito, formación y evaluación permanente, ¿qué medidas adoptará para proteger y fortalecer este modelo?

El mundo evolucionó hacia una realidad multipolar, donde hay temas (i.e. políticas arancelarias, energía, Inteligencia Artificial, migración, salud global, inversión de impacto) y competencias (i.e. comunicación estratégica, trabajo en equipo, orientación al resultado) que ganan centralidad. Necesitamos aprovechar los activos de conocimiento de la CDC y cultivar nuevas herramientas y conocimientos para desarrollar una política exterior que sirva a los intereses nacionales del país.

Así como se reconfigura el orden global, se hace necesario actualizar los conocimientos y las competencias de los miembros de la CDC para responder a las agendas y retos actuales. En tal sentido, los contenidos y metodologías de formación y evaluación deberán apuntar a fortalecer el talento humano de los miembros de la CDC prioritaria, pero no exclusivamente, extendiéndose a todos los miembros del servicio exterior. Se hará una apuesta por utilizar herramientas digitales asincrónicas, y con formatos innovadores, para que haya un proceso de aprendizaje continuo que responda a la velocidad de los cambios que se están produciendo a nivel global.

Los embajadores serán seleccionados por mérito, trayectoria y resultados, con comprensión de las prioridades productivas, ambientales y científicas de los países donde representarán a Colombia. Habrá diversidad de talentos: empresarios, académicos, científicos con vocación pública y, por supuesto, miembros de la CDC. El servicio exterior será la vitrina de lo mejor de Colombia. En esa medida, aumentaremos la representatividad de los miembros de la CDC, particularmente de embajadoras en el marco de la implementación efectiva de la política exterior feminista, en nuestras representaciones diplomáticas y consulares. No menos del 30% de los cargos directivos de la Cancillería serán asignados a miembros de la CDC.

3. En su gobierno, ¿cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado, con visión de largo plazo y continuidad entre administraciones?

Resulta fundamental, por una parte, consolidar un sistema de gestión del conocimiento que sistematice los activos de conocimiento de los miembros de la CDC y los ponga en diálogo con los tomadores de decisión a nivel sectorial y subnacional. De esta manera, tendrán un impacto más dinámico en las apuestas de desarrollo del país.

De otra parte, la mejor manera de construir políticas públicas, incluyendo la política exterior, es asegurando el equilibrio entre datos, conocimiento y competencia técnica, con la participación de todos los actores de interés relevantes. 

Los funcionarios de la CDC, tanto los que están en Bogotá como quienes están en planta externa, serán fundamentales en el diseño del documento base de discusión, definiendo intereses, objetivos, y apuestas estratégicas. También serán protagonistas de los espacios de construcción colectiva de una política exterior de Estado con vocación de largo plazo. 

Utilizando herramientas digitales y de IA se podrán canalizar las contribuciones de los diversos actores de interés para construir conjuntamente una política exterior estratégica, que responda a intereses nacionales y objetivos claros, y proyecte a Colombia como un líder relevante del Sur Global.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

1. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo se articularán con el trabajo técnico y profesional que el cuerpo diplomático y consular desarrolla en la Cancillería y en los escenarios multilaterales y bilaterales?

La Cancillería no puede operar sólo como bisagra, desconectada de los ministerios sectoriales y los gobiernos subnacionales. Las representaciones diplomáticas y consulares deben identificar y gestionar información y contactos relevantes para el desarrollo de las apuestas estratégicas del país. Para lograrlo, se creará una Mesa de Trabajo Interministerial con el fin de alinear los procesos de internacionalización sectorial con la política exterior. 

De otra parte, dada la centralidad de las apuestas productivas regionales en mi programa de gobierno, crearemos la Dirección de Diplomacia Subnacional que facilitará la articulación entre la acción internacional de los territorios con las agendas que desarrolla la Cancillería tanto a nivel bilateral como multilateral.

2. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados en función de los intereses estratégicos del país?

Las decisiones sobre la red de embajadas y consulados responderán a criterios estratégicos: presencia de comunidades colombianas; peso comercial, de inversión y de transferencia tecnológica actual o potencial; importancia geopolítica; posibilidad de influencia desde la cooperación Sur-Sur; y capacidad de generar retorno productivo para el país. Asia recibirá una atención diplomática significativamente mayor a la actual.

3. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional de Colombia, y cómo coordinará a las distintas entidades del Estado que intervienen en estas áreas?

La diplomacia cultural y científica será un instrumento activo, coordinado con las entidades del Estado pertinentes y con los gobiernos subnacionales. Colombia tiene un enorme capital de poder suave: Shakira, Karol G y miles de artistas reconocidos globalmente; y una cultura de paz que maravilla al mundo. Contamos con universidades y centros de investigación de calidad creciente que requieren insertarse en redes de conocimiento globales para fortalecer la productividad del país. 

La coordinación se realizará en el marco de la Mesa de Trabajo Intersectorial y de la Dirección de Diplomacia Subnacional, como instancias formales para el diálogo conducente a la definición de las agendas bilaterales y multilaterales y el establecimiento de un esquema de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Lo anterior asegurará el flujo de información y conocimiento continuo y en tiempo real frente a las agendas que se definan.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

Los consulados serán fortalecidos como casas abiertas con servicios de orientación en educación, cultura, salud y apoyo empresarial. Se digitalizarán los trámites, se ampliarán horarios con apoyo de pasantes y alianzas universitarias, y se transformará la cultura interna del servicio al ciudadano. Chile será un referente en digitalización consular.

2. ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

Se creará una red global de colombianos en el exterior para fortalecer la cooperación en educación, cultura, ciencia y emprendimiento. Las remesas —que en 2024 representaron el 2,3% del PIB— serán orientadas hacia proyectos productivos, compra de vivienda y seguridad social, siguiendo modelos exitosos como el de Pereira. Trabajaremos para que un porcentaje de esos recursos puedan destinarse a proyectos locales (acueductos, parques, bibliotecas). El programa Casas Colombia y el programa Colombia Nos Une serán profundizados.

Se defenderán activamente los derechos de los colombianos en situación migratoria irregular, se humanizarán los procesos de deportación y se ofrecerá orientación para el retorno voluntario digno. Desde el nuevo Viceministerio de Movilidad Humana se coordinará toda la política migratoria bajo la responsabilidad de la Cancillería.

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Los trámites consulares —apostillas, documentos de identidad, nacionalizaciones— serán accesibles en línea, con tiempos de respuesta reducidos y canales de atención claros. Ningún colombiano deberá sentirse lejos del Estado, viva donde viva.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

En política exterior ocurre algo parecido. Además de vecinos, existen rutas. La geografía nos ubica en un lugar, pero la economía, la seguridad, las reglas internacionales y la historia diplomática van trazando caminos que los países recorren una y otra vez, quieran o no. Por eso, el antiquísimo adagio de que “todos los caminos conducen a Roma” sigue teniendo vigencia: nos recuerda que hay centros de gravedad que ordenan el mapa, condicionan las prioridades y obligan a tomar decisiones con sentido de realidad.

Así, en la Colombia de hoy, muchos caminos conducen —inevitablemente— a Washington. No por simpatía ideológica, ni por nostalgia de viejas alianzas, ni por simple costumbre diplomática. Conducen allí porque hay realidades estructurales que ningún gobierno puede borrar con discursos. Como muestra de ello, en 2024, Estados Unidos siguió siendo el principal destino de las exportaciones colombianas: US$14.337 millones FOB, equivalentes al 28,9% del total exportado, según cifras de la DIAN. También fue el principal país de origen de las importaciones colombianas, con US$16.465 millones CIF, equivalentes al 25,7% del total importado.

A esa dimensión económica se suma otra igual de decisiva: la cooperación en materia de seguridad, lucha contra las drogas, migración, justicia, inteligencia y fortalecimiento institucional. Durante décadas, Colombia ha sido una pieza central en la arquitectura de Washington para América Latina. Por eso, cuando en la relación emergen tensiones, el impacto no se queda simplemente en los comunicados diplomáticos ni en el peligroso alcance de  los micrófonos . Se siente en la cooperación judicial, en el intercambio de inteligencia, en las métricas antidrogas, en las visas, en la movilidad, en la confianza para la inversión, en la asistencia externa y en la coordinación regional.

El momento reciente, además, hace que esa realidad sea aún más delicada. La política exterior estadounidense frente al hemisferio occidental ha entrado en una fase más dura, más transaccional y más securitizada. Drogas, migración, crimen organizado y competencia geopolítica pesan hoy con fuerza particular en la agenda de Washington. La relación con Colombia ya no se mueve únicamente en el lenguaje tradicional de la “alianza histórica”, sino también en el de los costos, las certificaciones, las sanciones, las visas, los aranceles, la presión pública y los resultados medibles.

En otras palabras, Estados Unidos sigue siendo un socio fundamental, pero también un actor más impaciente, más pragmático y más dispuesto a recurrir a herramientas de presión. Esa combinación obliga a Colombia a actuar con mayor precisión. Ya no basta con repetir que somos aliados estratégicos. Tampoco sirve convertir cada desacuerdo en una batalla mediática. La relación bilateral exige algo más difícil: saber cuándo marcar límites, cuándo construir acuerdos y cuándo reconocer que la autonomía también requiere sentido de la realidad.

Todo esto no significa que Colombia no pueda —o incluso no deba— diversificar sus relaciones internacionales. Claro que debe hacerlo. Un país serio tiene que ampliar su red de socios, explorar nuevos mercados, fortalecer vínculos con Europa, Asia, América Latina, África y el mundo árabe, y construir una política exterior menos dependiente de una sola relación. Pero diversificar no es fantasear con que Estados Unidos deje de importar. Diversificar no puede ser una excusa para negar la realidad.

Hay un corredor que, una y otra vez, termina desembocando en Washington. Por eso, a pocas semanas de los comicios presidenciales, quien llegue a la Casa de Nariño tendrá que tener plena conciencia de dicha relación indisoluble y saberla manejar con sabiduría, disciplina y serenidad; con un sentido claro de lo negociable y lo no negociable; y, sobre todo, con cuidado institucional. En pocas palabras: el próximo gobierno no puede permitirse improvisar con Estados Unidos.

Ese será un desafío común para los tres nombres que hoy aparecen con mayor fuerza en el escenario electoral: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Cada uno representa un tono distinto, una lectura diferente del país y una manera particular de aproximarse al poder. Pero, más allá de lo que se diga en campaña, los tres tendrán que enfrentar la misma pregunta: ¿cómo convertir la relación con Washington en una oportunidad y no en un problema con el cual lidiar constantemente?

En este orden de ideas, si Iván Cepeda fuera electo presidente, su mayor reto sería evitar que la relación con Estados Unidos quedara atrapada en el reflejo de la confrontación. Cepeda ha construido buena parte de su trayectoria política en torno al discurso de la defensa de la paz, los derechos humanos, la soberanía y la crítica a cualquier forma de subordinación externa. Esa posición puede tener legitimidad en el debate democrático colombiano, pero exigiría una diplomacia particularmente fina para que la “dignidad” no termine convirtiéndose en aislamiento o, peor aún, en un conflicto interminable que deprede la economía y la estabilidad general del país.

Su prioridad, entonces, en el supuesto de que fuera electo presidente, debería ser construir una agenda de altísimo nivel técnico con Washington en oposición al cisma ideológico casi garantizado.  Y es que, aunque  para  algunos, tal vez aquellos más ideológicamente influenciados, pueda parecer paradójico, la cooperación bien negociada con Estados Unidos puede reforzar la soberanía. No porque Colombia entregue su agenda, sino porque fortalece las capacidades estatales en territorios donde hoy hay vacíos que suelen ser ocupados por actores armados, economías ilegales y redes transnacionales. En un eventual gobierno Cepeda, la cooperación con Estados Unidos no debería ser sinónimo de obediencia, sino una herramienta estratégica para sostener la seguridad, la justicia, el desarrollo rural, la sustitución productiva, la inteligencia financiera y la presencia institucional.

El riesgo, en su caso, sería convertir la relación bilateral en una secuencia de gestos simbólicos, respuestas emocionales y discursos de resistencia que pueden funcionar ante ciertos sectores de la opinión pública interna, pero que reducen la capacidad real de gobernar los desacuerdos. Washington no desaparece porque se le critique. Y, en el contexto actual, la confrontación pública puede acarrear graves costos. Un gobierno Cepeda necesitaría un canal directo, de las más altas capacidades técnicas y permanente entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño: no para ceder, sino para evitar que cada diferencia se transforme en crisis.

Ahora, si Paloma Valencia fuera presidenta, el punto de partida sería distinto. Su cercanía con el Centro Democrático y con el legado político de Álvaro Uribe le permitiría enviar a Washington un mensaje inicial de recomposición, continuidad en materia de seguridad, cooperación antidrogas y alineación democrática frente a los regímenes autoritarios de la región.

En política exterior, su prioridad debería ser recuperar la confianza sin caer en la nostalgia automática del pasado. No basta con decir que Colombia “vuelve a ser aliada” de Estados Unidos. La alianza debe actualizarse. Los Estados Unidos  de hoy no son exactamente los de Plan Colombia ni los de hace veinte años. Es un actor más polarizado, más impaciente y más dispuesto a medir sus relaciones por resultados concretos. Por eso, Valencia tendría que hablar el lenguaje de la seguridad, sí, pero también el de la institucionalidad democrática, de los derechos humanos, de la corresponsabilidad antidrogas y del desarrollo territorial.

Su oportunidad estaría en establecer una agenda creíble de cooperación: lucha contra organizaciones criminales, extradición, inteligencia financiera, control de fronteras, protección de líderes sociales, estabilización territorial, migración ordenada, inversión, transición energética pragmática y fortalecimiento de las capacidades estatales. Su riesgo sería confundir la cercanía ideológica con un cheque en blanco. Estados Unidos no tiene  necesariamente amigos permanentes; tiene intereses permanentes. Incluso con gobiernos afines, Washington exige resultados, métricas y coherencia práctica con sus prioridades estratégicas

Por último, si Abelardo de la Espriella fuera presidente, su punto de partida sería todavía más marcado: buscaría seguramente “sanar” la relación con Estados Unidos mediante un discurso fuerte de alineación en materia de seguridad, lucha contra el crimen, confrontación al narcotráfico y oposición frontal a los gobiernos autoritarios de la región. En un momento en el que Washington privilegia respuestas duras frente al crimen transnacional, ese estilo podría encontrar receptividad inicial y abrir algunos canales de diálogo.

Pero ahí estaría precisamente el mayor cuidado. Una cosa es recomponer la relación y otra, muy distinta, convertir la cercanía en una suerte de subordinación. Una cosa es cooperar con Estados Unidos y otra gobernar como si la agenda nacional pudiera tercerizarse. La relación bilateral no se administra con gestos, frases virales ni afinidades personales. Se administra con equipos técnicos, instituciones y una estrategia de cuidado absoluto y de rigor diplomático.

La prioridad de De la Espriella debería ser profesionalizar la relación y protegerla de la volatilidad mediática. Si un eventual gobierno suyo dependiera demasiado del tono personal, podría terminar atrapado en una diplomacia de adhesiones, aplausos y sobreactuaciones. Estados Unidos puede coincidir con un gobierno colombiano en materia de seguridad y, aun así, presionar con fuerza si considera que sus intereses no están suficientemente protegidos.

Su no negociable tendría que ser claro: la autoridad del Estado colombiano sobre su agenda interna. Cooperar con Estados Unidos tampoco puede significar renunciar a una lectura propia del interés nacional. El riesgo, en su caso, sería proyectar la imagen de un gobierno demasiado dispuesto a aceptar la agenda estadounidense sin procesarla institucionalmente a partir de las necesidades reales de Colombia.

En los tres escenarios, el mapa de fondo es similar: todos los caminos conducen a Washington. La diferencia está en cómo se recorre ese camino. Esto puede hacerse con una buena brújula —instituciones, agenda, métricas, límites, estrategia y rigor diplomático— o a la deriva, entre impulsos ideológicos, nostalgias, gestos mediáticos o cálculos coyunturales.

Y es que una relación madura, como la que Colombia ha construido históricamente con Estados Unidos, no debe ser ni sumisa ni hostil. Debe tramitar desacuerdos sin romper la comunicación, cooperar sin perder el centro y negociar con una idea clara de país.

Al final, el verdadero riesgo no es tener un vecino poderoso. El riesgo es creer que se puede gobernar ignorándolo. O, peor aún, improvisando frente a él. En política exterior, las crisis surgen cuando la diplomacia se subestima, la técnica cede ante el espectáculo y la estrategia se reemplaza por el impulso. Y entonces, como pasa con los vecinos, el conflicto termina por surgir tarde o temprano.

Dado que el cuestionario consta de veintidós preguntas distribuidas en cinco secciones temáticas, hemos solicitado a los aspirantes responder al menos tres (3) preguntas por cada sección, que serán publicadas en este blog:

1. Política exterior: visión y prioridades
2. Agenda internacional: temas prioritarios
3. Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico del Estado
4. Programa de gobierno y servicio exterior
5. Atención a colombianos en el exterior

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES.

1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?
2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?
3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?
4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS.

• Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?
• ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?
• ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a la promoción de exportaciones no tradicionales, la atracción de inversión extranjera, la negociación o revisión de acuerdos comerciales, la inserción Asia-Pacífico y el ingreso de Colombia a la OCDE como miembro pleno y activo?
• En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?
• ¿Cuál será su estrategia frente a desafíos transversales emergentes como la ciberseguridad, la gobernanza de la inteligencia artificial, la lucha contra el crimen organizado transnacional y la cooperación internacional en seguridad?

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO.

1. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?
2. Teniendo en cuenta que la Carrera está basada en un sistema riguroso de mérito, formación y evaluación permanente, ¿qué medidas adoptará para proteger y fortalecer este modelo?
3. Qué acciones concretas emprenderá para incrementar la participación de embajadores de carrera en el liderazgo de la Cancillería dado que actualmente solo representan el 9,4% de los cargos directivos del Ministerio?
4. En su gobierno, ¿cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado, con visión de largo plazo y continuidad entre administraciones?
5. ¿Qué medidas adoptará para fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo y asegurar la formación continua del servicio exterior frente a las nuevas agendas globales?

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR.

1. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo se articularán con el trabajo técnico y profesional que el cuerpo diplomático y consular desarrolla en la Cancillería y en los escenarios multilaterales y bilaterales?
2. Considerando el rol de la Cancillería durante la pandemia de COVID-19 y su papel central ante situaciones de emergencia, conflictos y desastres en otros países, ¿qué lecciones toma para preparar al servicio exterior ante futuras crisis globales?
3. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados en función de los intereses estratégicos del país?
4. ¿Cómo asegurará una asignación presupuestal adecuada y sostenida al Ministerio de Relaciones Exteriores y a sus misiones en el exterior, acorde con las responsabilidades crecientes del servicio exterior colombiano?
5. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional de Colombia, y cómo coordinará a las distintas entidades del Estado que intervienen en estas áreas?

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR.

• ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?
• ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?
• ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

*ASODIPLO, Junta Directiva 2026-2027

Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

Leer más | Colombia: la deforestación aumentó 6 % en la Amazonía durante 2025 | INFORME

Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

Leer más | Investigadores awá: el equipo que une ciencia y ancestralidad para proteger la selva en Colombia

Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

Leer más | Colombia: ONU verificó 972 asesinatos de defensores de derechos humanos desde el Acuerdo de Paz

Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.