El oficio de “Neutralizar”

Por eso confía a la Fuerza Pública esa misión heroica de combatir, disparar y matar, que en lenguaje oficial y de los noticieros hoy llaman neutralizar. Neutralizar es un eufemismo más apropiado, pues permite reconciliar –vaya ironía más letal– a los pacifistas neutrales que exigen el fin de conflicto armado con los beligerantes belicistas situados en su vórtice, que desde hace más de medio siglo están a un tiro de ponerle fin. Mientras tanto, los civilistas gobernantes, como De la Espriella y su más admirado antecesor, Álvaro Uribe Vélez, se resguardan en un sofisticado entramado de normas e incisos para quedar a salvo de toda responsabilidad por sus órdenes mortales. Una vez estas son impartidas y cumplidas por los Generales y la alta oficialidad, los presidentes quedan exentos de toda responsabilidad. Los malos del paseo, entonces, resultan ser los militares, pero sobre todo los subalternos que dispararon y se excedieron en el cumplimiento de sus funciones. Es una tradición que viene desde la más rancia civilidad, como bien lo expresó Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria en 1958 ante la oficialidad de las Fuerzas Militares, ad portas de ser el primer presidente del Frente Nacional: “Es muy peligroso que se desobedezca una orden, que, por insensata que parezca, ejecutada por cien o mil hombres con rigurosa disciplina puede conducir a la victoria o minimizar el desastre… La preparación militar requiere, pues, que el que dé las órdenes haya aprendido a darlas sin vacilar, y tenga, hasta donde es posible, todo previsto, y que el que las recibe las ejecute sin dudas ni controversias”.

El Palacio del Horror, no del Honor Militar.

Quizá esta tradición de obediencia ciega, poco civilista y menos democrática, explique en parte acontecimientos tan brutales y criminales como los del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Una tradición de la que también participaron quienes portaban uniformes en las filas de la insurgencia, pues no de otra forma se puede comprender un asalto tan delirante y terrorífico como el ejecutado por el M-19, con un desenlace todavía más cruento y letal, precipitado por quienes constitucional y legalmente deberían haber actuado cumpliendo principios, normas y límites fijados por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, que aprendieron en su formación en las academias militares. En ambos bandos, tanto el estatal, precedido por Belisario Betancur, como comandante de las Fuerzas Armadas y la contraparte insurgente del M-19, bajo el mando de Alfonso Jacquin, no hubo rastro de honor militar, pues fueron responsables del asesinato de cerca de 100 civiles inermes y la desaparición de al menos una docena. Es peor aún que 41 años después continúe imponiéndose un relato de heroísmo por cada parte, en lugar de reconocer sin ambages los horrores cometidos. Ello está presente en la memoria colectiva que se divide entre los defensores a ultranza de los guerrilleros asaltantes por su osadía y, de otra parte, la valentía de los militares que los derrotaron y aniquilaron, así fuera con tiros de gracia y desapariciones, como la de Irma Franco Pineda. Lo más deplorable de esta memoria belicista, es que hoy continúa viva, como se aprecia en el paseo presidencial del Tigre en medio de cadáveres de “narcoterroristas neutralizados” y su grito triunfal de “Firmes por la Patria” y “Viva Cristo Rey”. A esto se añaden ingredientes todavía más radicales e incontrolables como la fe y el patriotismo para la prolongación y degradación del conflicto armado, a los que se suman la inestimable ayuda de Maga, el Escudo de las Américas y la inteligencia de agencias y asesores del Estado israelí.

¿Un orden terrorista?

Por eso no solo es absurda e indignante la orden del presidente De la Espriella para que la Cancillería y la Embajada de Colombia en Washington asuman la defensa del coronel retirado Alfonso Plazas Vega en los Estados Unidos, ante hechos tan criminales, vergonzosos y dolorosos como la salida con vida del Palacio de Justicia del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Uran. Salida de la cual hay registro fílmico y más de un testimonio de periodistas que lo conocían y lo vieron caminando herido, apoyado en soldados, para luego ser encontrado su cuerpo sin vida y con signos de tortura en el interior del Palacio de Justicia. Una orden presidencial, justificada además con el pretexto de defender a “un héroe de la Patria”, lo que apenas es comparable con que se hubiera tolerado nacionalmente que, por iniciativa del presidente Petro, se realizará un homenaje de desagravio al M-19 por su acción terrorista, en aras de la reconciliación nacional. No se puede llegar a semejantes extremos de cinismo y negación de la realidad, cuando ya el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de dichos crímenes. Negarlo es volver a validar la absurda explicación del entonces coronel en ejercicio, Plazas Vega, al decir “que estaba manteniendo la democracia” y la independencia de las ramas del poder público, mientras el Palacio de Justicia ardía y la cúpula del Poder Judicial estaba siendo decapitada. De llevarse a cabo esa defensa en nombre del Estado, podría significar, ni más ni menos, la continuidad y repetición de hechos semejantes, arguyendo de nuevo salvar la integridad del Estado de derecho y la democracia, pero en la práctica afianzando un orden de terror oficial y de impunidad absoluta.

¿De la “Patria Milagro” al Oeste salvaje?

En tal caso, no cabría hablar de “Patria Milagro” sino más bien de un “Oeste Salvaje” por la exaltación de héroes que no honraron sus uniformes, ya que los mancillaron con crímenes inexcusables, como sucedió con miles de falsos positivos y los desaparecidos del Palacio de Justicia, respaldados por inmunes e impunes presidentes que ostentan sin mérito el calificativo de civilistas y demócratas. Todo ello, hay que reconocerlo, gracias a los votos y el respaldo de millones de “ciudadanos de bien”, la impostura y complicidad de una tramoya de gremios empresariales, medios de comunicación e incluso la inteligencia de destacados ensayistas y académicos que ponderan la supuesta tradición civilista y democrática de la Fuerza Pública y del Ejecutivo, como lo hizo Eduardo Pizarro en reciente entrevista con Patricia Lara para le revista CAMBIO. Por eso, para impedir que ello siga sucediendo, necesitamos más ciudadanos comprometidos con el rescate de la democracia y la civilidad y menos “héroes militares” condenados a morir y matar en una guerra interminable como la emprendida contra las drogas, prolongada y dinamizada por millones de consumidores y adictos en todo el mundo. Requerimos más inteligencia civil y menos brutalidad militar. Más autonomía y soberanía nacional, en lugar de dependencia y sumisión a mandatarios de Estados genocidas, como el estadounidense y el israelí.

Más civiles rescatistas sin armas

Especialmente, precisamos de esos miles de ciudadanos que respondieron al devastador terremoto en forma solidaria, con acciones valerosas, esas sí heroicas, sin más armas que sus manos y su arrojo para salvar ciento de vidas de los escombros. Sería algo demasiado lamentable que, por miedo o peor aún en nombre de prejuicios, fanatismos políticos o religiosos, la defensa de sus intereses económicos o incluso en nombre de Cristo Rey, muchos de esos héroes civiles anónimos crean ahora que su seguridad dependerá de tener un arma de fuego. Entonces corran a comprarla al flexibilizarse su porte y eventualmente procedan a “neutralizar”, con la mejor buena conciencia y en nombre de su “legítima defensa”, a quienes consideren sus agresores o posibles enemigos. Valdría la pena que mejor comprarán y leyeran el libro Un país bañado en sangre de Paul Auster en el que nos informa, en la página 170, que “millón y medio de norteamericanos han perdido la vida a balazos desde 1968: más muertes que la suma total de todas las muertes sufridas en guerra por este país desde que se disparó el primer tiro de la Revolución Norteamericana”, precisamente por la facilidad con que compran, portan y disparan sus armas muchos ciudadanos de bien y sus jóvenes hijos.

“Paz Total” y “Patria Milagro”, tan lejanas y cercanas.

Ese principio de realidad hobbesiano no lo tuvo en cuenta desde el comienzo de su gobierno el expresidente Gustavo Petro y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde y la “Paz Total” terminó siendo un horror fatal que dejó al menos 65 menores de edad muertos en bombardeos contra campamentos guerrilleros, según reporte de Medicina Legal[i]. Paradójicamente, esa “Paz Total” tan bien intencionada, que partía de un supuesto falso, la buena voluntad de numerosos grupos armados interesados en hacer tránsito a la vida civil y dejar la guerra, terminó engendrando su antítesis, la “Patria Milagro” y una especie de presidente teratológico-converso, que se cree un Tigre enviado por Cristo Rey para salvar a Colombia del narcoterrorismo. Por eso la “Paz total” está tan cercana de la “Patria Milagro”, pero también tan lejana. Así lo ha anunciado el Tigre desde el día de su posesión, en medio de una ceremonia que fusionó la fe con la fuerza, recordándonos esa alianza sangrienta entre la Cruz y la Espada, que se rompió transitoriamente con el nacimiento de la República, pero que luego se prolongó durante todo el siglo XIX y hasta nuestros días. Solo que ahora lo hace bajo formas más discretas y complejas, pero no menos sangrientas, mezclando los intereses legales e ilegales con los valores más excelsos, como la codicia con la fe y la violencia con la seguridad.

Una santidad felina y belicosa

De la Espriella lo reafirmó con fe y fuerza ante las tropas en el campo de maniobras del Cantón Pichincha en Cali: “Quien está de rodillas ante Dios, nunca será vencido”. Pero la verdad, es que el Tigre bien sabe que con la fe no solo se gana la guerra, aunque la utilice para ello, si antes no se postra de rodillas ante Trump, como Señor supremo de la Guerra, con toda la parafernalia de su complejo industrial militar y modernas tecnologías para derrotar el narcoterrorismo. Por eso, como un César triunfante y pleno de buena conciencia, ahora recorre como un Tigre depredador los cuerpos exhibidos de bandidos dados de baja, entre los cuales ya figuran por lo menos 4 menores de edad. A ese ritmo, en pocos meses superará el número de bajas de la “paz Total”. Ese exhibicionismo tanático lo complementa con la figura paternal de un presidente que auxilia a niños enfermos y prodiga ayudas generosas a familias damnificadas del terremoto, proyectando así una síntesis perfecta de vengador y salvador. Para asegurarse esa aureola de converso y hombre piadoso, realiza actos de consagración de su gobierno a la virgen de Fátima en la plaza de Bolívar y entrega “la Nación a Cristo” [ii]. Todas estas puestas en escena, cotidiana e intensamente difundidas por los noticieros y la gran prensa, difuminan por completo su pasado de pagano y de sibarita hedonista, exhibido en forma orgullosa y ostentosa en su entrevista con María Elvira Arango en su programa “Los Informantes”, realizado hace siete años, que puede verse en el enlace[iii] que aparece al final.

Una conversión milagrosa

Para completar esa conversión milagrosa, el penalista que ayer defendía delincuentes de cuello blanco y criminales de guerra en tránsito a la vida civil a través de la Fundación Iniciativas para la Paz (FIP)[iv], cuyo bufete en Miami además está siendo investigado por presunto lavado de fortunas ilegales[v], ahora se convierte en un perseguidor implacable del crimen con la ayuda de los dos Estados más belicosos y sus respectivos gobernantes, incursos en procesos por corrupción, crímenes de guerra y genocidio, como lo son Trump y Netanyahu. Estamos, pues, a punto de un milagro extraordinario, más que fantástico, ahora los gobergánsteres que presiden Estados genocidas se embarcan en guerras hibridas contra narcoterroristas en nombre de la seguridad, la libertad, la defensa de la democracia y hasta los más sagrados valores y creencias cristianas. Desdicen de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consideran la matriz de una decadente cultura Woke que debe ser erradicada, mediante una batalla cultural implacable contra quienes reivindican fantasmagorías como el Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos, junto a la igual dignidad de todos los seres humanos.

El Armagedón de la “Patria Milagro”

Y en el vórtice de este Armagedón en que miden sus fuerzas Estados y gobernantes cacocráticos contra maléficos izquierdistas y terroristas, se encuentra la “Patria Milagro”, convertida en un laboratorio de guerra híbrida y de batalla cultural mediática campal, atrapada en una estrategia que combina el fanatismo religioso con el extremismo antidemocrático de una manada de fanáticos, convencidos de encarnar la batalla final donde el bien derrotará para siempre el mal. Poco importa que entonces sobrevivan solo los asesinos victoriosos y sus numerosos cómplices. Esa manada es continuamente animada por piadosos pastores y rabinos, que celebran una conversión monstruosa, la fusión de un Tigre con un profeta armado, que invoca a Cristo-Rey para ganar la “guerra contra las drogas” y el crimen. Esa guerra tras la cual está la adicción incontenible de Trump con su doctrina Donroe y su cohorte de asociados y cómplices para expoliar todas las riquezas y recursos que necesita para su amada MAGA y America First, como ya empezó a hacerlo con el petróleo de Venezuela. Por todo ello, Colombia debería situarse mucho más allá de la “Paz Total”, que ya sabemos es inalcanzable mientras persistan las economías ilegales en simbiosis con las legales, en un complejo entramado de Cambalache nacional e internacional donde “resulta que es lo mismo ser derecho que traidor¡¡ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador! ¡Todo es igual!”. Basta verlo en la ejemplar sociedad de Trump con Alejandro Betancourt[vi] en Venezuela.

Más allá de la “Patria Milagro”

Pero, con mayor razón, Colombia debería estar mucho más allá de la “Patria Milagro”, que puede terminar siendo una especie de “Patria Maga”, totalmente malograda y abusada por quien solo aspira a “perforar, perforar y perforar” sus intimidades, además de fumigar, fumigar y fumigar sus bosques tropicales y sumarla a sus conquistas como depredador insaciable de sus riquezas, bellezas, población y soberanía. Así lo está haciendo con éxito en Venezuela, contando con la valiosa e incondicional colaboración de Delcy Rodríguez, su hermano y demás cómplices. Y espera continuar su saga extractivista en la “PATRIA MILAGRO”, pues cuenta con la ambición y fiereza del Tigre, otra más de sus mascotas del Sur, respaldado por un establecimiento impaciente para volver a realizar “Business as usual” con el concurso entusiasta de un contingente de “Defensores de la Patria”, cuya idea de soberanía se agota en la seguridad para sus negocios y el aumento sostenido de sus ganancias, que evoca los tres huevitos empollados por Uribe. Huevitos que podrían terminar siendo los empollados por la víbora de la guerra, como lo advierte Isaías 59.5: “Incuban huevos de víbora y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y si uno los aplasta sale una víbora”.

[i] https://caracol.com.co/2026/07/01/medlegal-revelo-que-65-menores-murieron-durante-gobierno-petro-en-bombardeos-contra-grupos-armados/

[ii] https://elpais.com/america-colombia/2026-08-29/de-la-espriella-preside-un-evento-religioso-por-las-victimas-del-terremoto-el-presidente-entrego-la-nacion-a-cristo.html

[iii] https://co.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrFYCaUeJ1qNgIAakarcgx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=los+informantes+caracol&fr=mcafee#id=24&vid=ea7000da913b1c70eb4835805f59c9e2&action=view

[iv] https://cambiocolombia.com/poder/articulo/2026/7/abelardo-gestor-de-paz-archivos-ineditos-su-papel-ralito

[v] https://eldiariony.com/2026/07/27/el-pasado-de-abelardo-de-la-espriella-de-defender-a-acusados-de-narcotrafico-en-miami-a-ser-el-presidente-electo-de-colombia/

[vi] https://www.elespectador.com/mundo/quien-es-alejandro-betancourt-el-poderoso-empresario-que-conecto-a-trump-con-delcy/

Piadosos depredadores

Y el sumo sacerdote de esa orgía depredadora es Donald Trump que, ya en su senectud y senilidad imperial, continúa obsesionado con “perforar, perforar y perforar” toda America, pero especialmente la “Patria Milagro”, sin importarle los desastres ecológicos que ello produzca. Probablemente sean secuelas de su amistad con Epstein y su exclusivo club de depredadores sexuales, entre los cuales parece haber estado el expresidente Andrés Pastrana, otrora defensor ejemplar de la familia y el medio ambiente, además de líder natural del partido conservador, esa reserva moral de la República y sus valores católicos. Esa obsesión por perforar pronto llegará a nuestro territorio con el inofensivo fracking que, según asegura el presidente milagroso, perdón Abelardo, no producirá daño alguno en el medio ambiente, pues se harán rigurosas pruebas pilotos para evitarlo. Es una excelente noticia que tiene a importantes y poderosos inversores muy optimistas y excitados, pues podrán perforar, perforar y perforar sin temor alguno. Algo parecido a la amable advertencia que un violador hace a su víctima de no causarle daño, siempre y cuando ella consienta y satisfaga su incontenible deseo.

Adoradores del Becerro de Oro

Ese es el proceder de estos piadosos depredadores, adoradores del Becerro de Oro, que bien se ocultan bajo sus impúdicas exhibiciones de fe, como auténticos fariseos. Fariseos que sus seguidores, como una manada de fundamentalistas, ciegos a las evidencias y los hechos, los aplauden, admiran y respaldan furiosamente. Al del Norte, en nombre de Maga y al del Sur en nombre de la “Patria Milagro”. Sin duda, durante estos cuatro años presenciaremos mucho$ milagro$. Como los ya realizados por Trump, cuyos beneficios han aumentado su fortuna en “cerca de 2.200 millones de dólares en negocios relacionados con las criptomonedas durante el año pasado”[i]. ¿Será por eso que Abelardo llama al Fondo para la reconstrucción “Fondo Milagro”? ¿Qué entenderá Abelardo, el milagroso, por corrupción? ¿Acaso solo los robos que imputa al gobierno anterior en su libro de la Verdad? A propósito, no habrá algo de ligereza en nombrar en el ministerio de Vivienda al pastor Jaime Andrés Beltrán y ponerlo al frente de la reconstrucción, puesto que “asumirá el cargo bajo la sombra de un proceso fiscal por la presunta pérdida de elementos del alumbrado público de Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde”[ii]. También que la primera dama, Ana Lucia Pineda, como lo revela la siguiente investigación del portal Cuestión Pública[iii], reciba en su fundación Colombia, Luz y Sonrisas, donaciones en dinero y especie para los damnificados del terremoto. Bien conoce Abelardo, erudito en expresiones latinas, aquella de que “la mujer del César no solo debe ser, sino también parecer” y estar más allá de cualquier duda y sospecha. Claro que las anteriores suspicacias no tienen lugar, son prematuras y malintencionadas, pues ambas personas son fieles creyentes y nunca defraudarían al prójimo necesitado. Hay que darles tiempo para que obren milagros, no ser tan ansioso y desconfiado, pues no hay lugar para ello, menos para meterle política a un asunto tan dramático, donde solo cabe orar y donar, sin cálculo partidista o personal alguno.

Una pregunta piadosa

Volviendo a la religiosidad de Abelardo, el converso, le formulo una pregunta piadosa. ¿No será una expresión de máxima corrupción espiritual, cercana incluso a un sacrilegio, invocar a Cristo Rey para ser un presidente invencible y lanzar al campo de batalla a cientos de héroes de la Patria a morir en nombre de la interminable “guerra contra las drogas”? Una guerra que se libra en el lugar equivocado, pues ella se ganará o continuará perdiéndose en la mente y los cuerpos de millones de consumidores de cocaína y otras sustancias psicotrópicas. Nunca bombardeando plantaciones de coca, menos arrasando con glifosato u otro “herbicida inocuo” la biodiversidad de nuestras selvas y la precaria vida de campesinos reclutados por el hambre y las armas, mientras aumentan las fortunas de los capos con todos sus mediadores y alquimistas de la ilegalidad, que convierten en oro el producto del crimen. Entre estos se destacan los banqueros y algunos directores de famosos bufetes, donde sobresale uno que milagrosamente se convirtió, de la noche a la mañana, en un fiero felino y aparece ahora como un cazador implacable de criminales. Pero apenas estamos en el comienzo de todas estas inimaginables y milagrosas metamorfosis, nos esperan muchas más, como la que promoverá la ministra de educación, Viviane Morales, para salvar de la degradación moral a las familias colombianas. Por eso, dejaré para el próximo Calicanto las siguientes preguntas ¿De cuál adoctrinamiento ideológico hablaría el presidente Abelardo en su discurso de posesión ante los militares en el campo de maniobras del Cantón Pichincha? ¿Cómo será la familia de la Patria Milagro? ¿Cómo entiende la niñez la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar si excluye de él la nominación a las niñas? Será que ella toma al pie de la letra el artículo 44 de la Constitución, que solo habla de “los derechos fundamentales de los niños” y reafirma al final que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. ¿Será esa la ideología de género a la que se refiere la ministra de educación? Todo parece indicar que tendremos que aprender ese nuevo metalenguaje de la “Patria Milagro”, con su semántica religiosa y sacra, tan lejana de nuestra vulgar lengua profana, para poder comprender y describir los milagros que nos esperan durante los próximos cuatro años.

[i] https://elpais.com/internacional/2026-08-18/un-gobierno-de-millonarios-trump-nombro-para-su-administracion-a-57-personas-con-un-patrimonio-de-mas-de-100-millones.html

[ii] https://www.publimetro.co/noticias/2026/07/09/el-pasado-polemico-y-el-millonario-caso-de-presunta-corrupcion-que-salpica-al-ministro-de-vivienda-de-de-la-espriella/

[iii] https://cuestionpublica.com/ayudas-que-recoge-la-primera-dama-van-a-parar-a-su-propia-fundacion/

Desde el fondo de los escombros y el sufrimiento de incontables víctimas, resistiendo la furia de los 7.4 grados Richter del terremoto del pasado lunes 10 de agosto, surgió espontáneamente la Patria Solidaria. Una Patria cuyas coordenadas son la empatía, la sensibilidad y la fraternidad, situada más allá de credos religiosos, clases sociales y banderías políticas. No es, pues, propiamente la llamada “Patria Milagro”, con sus iglesias, autoridades religiosas, consignas políticas, simulacros militares y llamados estentóreos de “Firmes por la Patria”. Es la Patria anónima de millones de colombianos y colombianas convocados por sentimientos que nos cohesionan y acercan a todos, que nacen más allá de nuestros credos religiosos, agnosticismo o ateísmo y nos permiten reconocernos como iguales en nuestra fragilidad y común mortalidad. Sobre todo, son sentimientos reacios a dejarnos dividir en bandos irreconciliables por fanatismos políticos, ideológicos o religiosos, que sitúan a minorías en un pedestal de supuesta superioridad moral desde el cual pretenden gobernar la vida de todos e incluso disponer de ella en nombre fantasmagorías  como MAGA y la PATRIA MILAGRO, o la codicia y ambiciones sin límites  de “AMERICA FIRST” y la megalomanías de líderes políticos delirantes, que hoy dominan en el panorama regional e internacional. Minorías que desde el norte reclaman el dominio y la expoliación de todo el continente en nombre de una doctrina que Trump, el megalómano mayor, llama con modestia “Doctrina Donroe”, sumada a su cruzada belicista con el “Escudo de las Américas”. Un Escudo que acaba de asumir en Panamá el ministro de defensa del Tigre, para así aumentar el número de “Héroes de la Patria” en acciones conjuntas con las “Agilas del Norte”, bombardeando a diestra y siniestra nuestros campos para después “perforar, perforar y perforar” a sus anchas nuestras riquezas. Todo en nombre de la “guerra contra el narcotráfico” y el narcoterrorismo, ahora con la ayuda de drones, alta tecnología aereodigital y la alianza invencible con “Cristo Rey”, sin importar el número de víctimas civiles y de daños colaterales causados, pues tal será el precio de la transitoria victoria. Transitoria, pues mientras millones demanden el elixir de las drogas psicotrópicas para sobrevivir y producir, habrá quienes satisfagan sus deseos.

La paradoja de la Vida y la Mortalidad

Por eso no deja de ser paradójico y hasta una cruel ironía que haya sido precisamente la violenta convulsión de la naturaleza, ese levantamiento telúrico de Pachamama en inmediaciones de San José del Palmar[i], Chocó, epicentro de exclusión social, desidia gubernamental y corrupción político-administrativa, la que haya derrumbado y vuelto añicos la polarización política y social de la mayoría de colombianos.  En cuestión de minutos, sobre las ruinas y la devastación producida por el terremoto, desapareció esa pugnaz polarización y emergió desde abajo y por todos los lugares la solidaridad ciudadana y popular reivindicando la VIDA como su única bandera. Una bandera cohesionadora de todos los esfuerzos, sin esperar llamados gubernamentales o de autoridad alguna, respondiendo únicamente a la sensibilidad y conciencia de cada uno frente al dolor y la desgracia de cientos de miles de colombianos. Por cierto, una respuesta totalmente distante de la del Tigre, caracterizada por su “máxima in-coherencia e incompetencia”.

Máxima In-Coherencia e incompetencia

En efecto, en lugar de aceptar en forma inmediata el ofrecimiento del gobierno de México con sus “Topos” expertos en estos desastres, optó por la de Estados Unidos e Israel, cuyas brigadas llegaron después de las 72 horas de ocurrido el terremoto. Quizá se hubiera podido salvar más de una vida, como lo hicieron los “Topos” en La Guaira en Venezuela.  Algo tan incompresible e indignante como el desfile de tanquetas de guerra por el sector del Alto Jordán en Cali, en lugar de la presencia de personal de ingenieros militares con su competencia en obras civiles para atender este tipo de urgencias y desastres. Esas decisiones y actuaciones ponen de presente los límites de lo que el “Tigre” llama “Máxima Coherencia”, reducida a sus visitas fugaces a distintos municipios y zonas rurales afectadas, como si con su sola presencia fuera a realizar milagros y salvar vidas, en lugar de tomar decisiones rápidas y acertadas para garantizar la coordinación eficiente de las distintas agencias estatales y la ayuda internacional competente. A eso conduce el éxito de un outsider y su personalidad de dandi, siempre obsesionado en aparecer en primer plano en los noticieros y la gran prensa, que es lo propio de la política espectáculo de todos los gobernantes de la extrema derecha. Una política sustentada en la invención de realidades que ocultan bien su incompetencia a punto de algoritmos, Fake News y el eco exponencial de periodistas y medios de comunicación que los exaltan y adulan, traicionando así en forma irresponsable su deber de informar y develar la realidad.

Más allá de la solidaridad

En contraste, hay que reconocer que el mundo empresarial, reunido en Cartagena en el 11 congreso gremial de la Andi[ii], le dio al Tigre un ejemplo de compromiso y una lección de eficiencia, pues en pocas horas logró el aporte de grandes conglomerados económicos con donaciones que superan los 200 mil millones de pesos. Claro que tanta filantropía no es gratuita, pues dichas donaciones obviamente tendrán un reconocimiento tributario equivalente hasta el 25% del valor donado en el pago posterior de sus impuestos[iii]. Por eso, esa “filantropía empresarial” será parte del presupuesto nacional y es mucho más que solo solidaridad. De allí, que precise una rigurosa auditoría de su gasto y mucho más de su ejecución. No vaya a suceder, como lamentablemente aconteció con la UNGRD en el “gobierno del cambio”, que ese llamado “Fondo Milagro”[iv] sea saqueado por alianzas politiqueras o, lo que sería más lamentable, una milagrosa estrategia de favorecimientos corporativos, empresariales, religiosos y de congresistas para convertirlo en la plataforma gubernamental de la llamada “Patria Milagro” y la “caja menor” de los que siempre han gobernado en punible ayuntamiento con los “ciudadanos de bien”. Entonces la Patria Solidaria moriría en manos de la “Patria Milagro” y quedaría sepultada en el “Fondo Milagro” en beneficio de mercaderes, especuladores y emprendedores expertos en coaliciones público-privadas que han hecho del Estado la “empresa privada de los políticos”. Para evitar esa deriva cacocrática y cleptocrática que se apropia de lo público y los intereses generales, es urgente que la Patria Solidaria se haga presente en la fiscalización y funcionamiento de ese “Fondo Milagro” a través de la competencia del poder del saber.

El poder del Saber

Ese poder que se expresa en los aportes de las universidades públicas y privadas, de sus más competentes y honestos profesionales, junto a las diversas y numerosas asociaciones y Colegios de Profesionales: ingenieros, arquitectos, médicos, topógrafos, contadores públicos, psicólogos, sociólogos, politólogos y demás saberes que dan sentido y valor a la vida colectiva y bienes públicos, más allá del mercado y sus ganancias, respaldados por el tejido de organizaciones sociales y populares que han estado en la primera línea de la solidaridad y la defensa de la vida en estos aciagos y esperanzadores momentos. Quizás así no se imponga, una vez más, la lógica del Estado cacocrático al mando de los más hábiles y astutos impostores y saqueadores de lo público y se pueda empezar a forjar El Estado Emprendedor propuesto por la pensadora y activista de lo público, Mariana Mazzucato. En dicho libro, cuyo subtítulo es “La Oposición Público Vs Privado y sus mitos”, demuestra que el “Estado lejos de limitarse a intervenir en el mercado para subsanar posibles errores o abusos, es en realidad una organización audaz, capaz de asumir las inversiones de mayor riesgo, y un facilitador clave de las innovaciones tecnológicas que impulsan el crecimiento económico”. Es lo que precisamos en este momento para que la Patria Solidaria sea una realidad política e institucional y no solo un estado de ánimo y un espíritu colectivo pasajero, desatado por catástrofes naturales impredecibles. Porque solo en la mente de ingenuos creyentes y en el mundo espiritual, por esencia situado más allá de la política terrenal, es donde se producen milagros. Lo más grave sucede cuando esos milagros son promovidos por demagogos y políticos, presentes en todos los espectros políticos, pues se convierten en catástrofes colectivas consentidas por el miedo, la ignorancia y hasta las esperanzas de las mayorías.

[i] https://www.democrata.es/internacional/terremoto-colombia-graficos-mapa-epicentro-magnitud-profundidad-ciudades-afectadas/

[ii] https://www.eluniversal.com.co/economica/2026/08/12/comienza-el-11-congreso-empresarial-colombiano-organizado-por-la-andi/

[iii] https://actualicese.com/descuento-tributario-por-donaciones-destinadas-a-atender-la-emergencia-por-el-sismo-en-colombia/

[iv] https://www.elheraldo.co/colombia/2026/08/13/en-que-consiste-el-fondo-milagro-anunciado-por-de-la-espriella-para-reconstruccion-tras-terremoto/

Hernando Llano Ángel.

Como es sabido, un sultanato es una forma de gobierno en donde prevalece la voluntad de un Sultán que logra fusionar su poder político con la fe musulmana y la lealtad absoluta de sus ejércitos. El poder militar le permite ejercer control sobre su territorio y además obtiene la obediencia de sus súbditos, sin mucho esfuerzo, por ser reconocido también como una autoridad religiosa. Tal parece ser el mayor sueño de Abelardo, erigirse como un profeta armado de su “Patria Milagro” con el respaldo y la obediencia ciega de los militares, pero también con la fe sumisa de la mayoría de colombianos. Así se comprende plenamente esa ceremonia sincrética y pintoresca de su posesión presidencial en la Arena USC y en el Cantón Militar Pichincha, con la presencia de tres autoridades religiosas que se supone representan las creencias de la mayoría de colombianos: un rabino, un pastor evangélico y un sacerdote católico, en el orden de intervención de sus oraciones en la ceremonia de investidura. Para lograr ese magno efecto entre los caleños, donde perdió por 239.119 votos frente a Iván Cepeda[i], contó no solo con la entusiasta colaboración de los mandatarios locales, sino también con el corifeo de los medios de comunicación y la adulación generalizada de los principales líderes de los gremios empresariales y agrícolas de la región. Todos a una proclamaban que deberíamos sentirnos orgullosos por un acto de posesión presidencial histórico, desconociendo que para 682.166 ciudadanos y ciudadanas caleñas, equivalentes al 59.64 %, de los votos válidos que votaron por Cepeda, no pasaba de ser una ceremonia provocadora y desafiante. Así, Cali dejó de ser la altiva sultana del Valle para convertirse en una sumisa sierva de un Sultán que se identifica con un Tigre y llama “manada” a sus seguidores, eligiendo la Arena USC para tomar posesión presidencial, cuando debió hacerlo en el zoológico de Cali, un lugar más acorde con su bestial simbología y adecuado para sus invitados internacionales, entre ellos un espécimen aún más peligroso, un tal león Milei, depredador del Estado argentino y el sentido de lo público en nombre de la “libertad”.

Cali sitiada y confinada

Seguramente por ello, durante toda la semana estuvimos sometidos al sobrevuelo de aeronaves militares, como una señal de inminentes bombardeos contra violentos narcoterroristas que podrían tomarse la ciudad y sabotear su posesión. Y, como si fuera poco, el viernes 7 de agosto quedamos confinados en nuestras casas, por sabia y autónoma decisión del alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, ya que así el Tigre y todos sus invitados internacionales y nacionales podría asistir a la posesión presidencial sin correr peligro alguno. Cali, entonces, quedó bajo un toque de queda preventivo, negándonos a los ciudadanos el derecho constitucional a circular libremente por nuestra ciudad. ¿Podrá haber una prueba más contundente de la negación de la democracia y la violación de la Constitución en nombre de una posesión presidencial? Esa posesión y la forma como se realizó sienta un precedente, ese sí verdaderamente histórico, pues marcó el inicio de una gobernanza cuya esencia es la fusión de tres poderes profundamente antidemocráticos: el militar, el pastoral y el tutelaje imperial de Maga. Todo ello, bajo la mascarada de rituales democráticos en el esperpéntico escenario de la Arena USC, semejando un Hollywood tropical, pero con alfombra azul por la que desfilaron las vanidades de personajes dispares y patéticos, representativos de un entramado de poderes internacionales y regionales decadentes y excluyentes. Por ella ingresaron a la Arena USC desde el encumbrado rey de España, Felipe VI, antecedido por el depredador de lo público, el león Javier Milei, hasta el ambicioso presidente de la FIFA, Gianni Infantino, casi siempre fuera de lugar. Pero, en verdad, en esa ceremonia nadie estaba fuera de lugar, pues todos se encontraban allí para validar y legitimar el primer acto de prestidigitación del Tigre mediante la invocación de los tres poderes con los que pretende construir la “Patria Milagro”: el pastoral, el militar y el corporativo internacional. Este último con el respaldo de su padrino, Donald Trump, el mayor depredador de riquezas naturales y demoledor del derecho internacional público.

La ubicuidad de un taumaturgo del poder

Lo hizo de una manera fantástica, como un consumado taumaturgo del poder. Para ello, comenzó con la piadosa puesta en escena del poder religioso, en la propia Arena USC, invitando a tres religiosos que considera representativos de las creencias y la fe de la mayoría de colombianos para así contar con su apoyo en la difícil tarea de gobernar. Pues nada resulta más útil que la persuasión de pastores evangélicos, sacerdotes católicos y rabinos judíos sobre miles de feligreses, la mayoría de ellos muy deVotos, como lo demostraron en las urnas dándole el triunfo al Tigre. Luego abandonó rápidamente ese escenario piadoso de la Arena USC para trasladarse en cuestión de minutos al rudo campo de maniobras militares del Cantón Pichincha y pronunciar allí su discurso de posesión. En realidad, no se puede llamar discurso a una arenga dirigida a los militares más que a sus invitados internacionales y los congresistas presentes en la Arena que lo escucharon por más de una hora. Allí convocó de nuevo a los militares para que aportarán más “héroes de la Patria”, pero esta vez llevando el “Escudo de las Américas”, sacrificándose en una guerra que se ha prolongado de derrota en derrota, por más de medio siglo, la llamada “Guerra contra las drogas”. Una guerra decretada por Nixon en 1971, hace 55 años, como globo distractor de la guerra de Vietnam que ya sabía pérdida. Tampoco fue una pieza oratoria para todos los colombianos que lo vimos por televisión y esperábamos el discurso de un presidente, no esa arenga más propia de un agitador en pie de guerra. Pero, en el caso de Abelardo, resulta comprensible, pues se trata de alguien que personifica un tigre, una peligrosa y temible fiera para quienes no forman parte de su manada y no obedezcan inmediatamente sus temibles rugidos. Esa es una muestra de su “máxima coherencia” autocrática. De esta forma demostró la ubicuidad y el sincretismo de su poder, que pretende abarcar desde la fe hasta las armas, lo que históricamente ha terminado en monstruosas guerras, en lugar de milagrosas patrias. Por eso imploró “Que Dios bendiga a cada uno de sus hijos, ilumine nuestro entendimiento, afine nuestro carácter y guíe nuestras decisiones” y afirmó “el que está de rodillas delante de Dios, jamás será vencido”, como si estuviera anunciando el comienzo de una guerra santa. Por eso terminó su arenga gritando: “¡Firmes por la Patria, que viva Cristo Rey!”. La mayor ironía es que en ese instante un leve incendio recorría las laderas del cerro en donde se encuentra el monumento tutelar de Cristo Rey, quizá por ello no pudo proteger piadosamente a Cali de los destrozos y sufrimientos causados por el terremoto de 7.4 grados Richter, tres días después de haberlo invocado Abelardo en su arenga con fines tan lejanos de su doctrina. Vale la pena recordar que Jesús de Nazareth no solo predicó que “mi reino no es de este mundo”, sino que además expulsó a los mercaderes del Templo y la esencia de su legado para la humanidad fue la paz, la reconciliación y el perdón, todo lo contrario de lo anunciado por Abelardo en su discurso de posesión presidencial. ¿De cuál “Patria Milagro” nos hablará y quiénes serán los beneficiarios de ella?

[i]https://caliescribe.com/2026/06/26/votaciones-por-puesto-2a-vuelta-presidencial-cali/

Bat: Petro probablemente va a ser más recordado por haber alterado la estructura simbólica de la política colombiana y por haber incidido de una manera estratégica y profunda en la discusión de los temas mundiales, que por haber administrado mejor o peor determinados sectores del Estado.

Man:¡Ja! Todos lo recordaremos por la multitud de escándalos que hubo en el gobierno.

Bat: No lo creo. Fíjese: hay dos preguntas. Una es coyuntural: ¿qué logró efectiva y probadamente el gobierno de Petro? La otra es más profunda y real: ¿qué cambió en Colombia con el paso de Gustavo Petro por la presidencia?

Creo que en Colombia la prensa se ha empeñado en hacer énfasis en los escándalos de corrupción que hubo en su gobierno. Está bien denunciarlos, pero no convertirlos en el centro del análisis, ni reducir la eficacia de su mandato a este factor. Para efectos de comprender nuestra realidad política es mucho más valioso ir tras la pista de las transformaciones que tendrán mayor eco en el tiempo. ¿Hacemos el balance?

Man: ¡Hagámoslo! ¡Ni más faltaba!

La destrucción de mitos absurdos

Petro modificó los límites de lo que Colombia consideraba políticamente posible. Llegó al poder, lo cual es por sí solo una hazaña. La izquierda no era vista simplemente como un adversario electoral, sino como una fuerza cuya llegada al poder constituía potencialmente una amenaza al sistema.

El presidente Petro gobernó cuatro años y entregó el poder constitucionalmente a un presidente de derecha elegido en las urnas. Pese a que no reconoce la legitimidad del nuevo presidente, el poder ha sido entregado a él, cumpliendo con el mandato constitucional.

Es difícil imaginar una refutación más concreta del temor de 2022 según el cual la llegada de la izquierda significaría automáticamente que Colombia se convertiría en Venezuela, que desaparecerían las elecciones o que Petro intentaría perpetuarse en la Presidencia.

A su vez, la izquierda probó que pudo organizarse, gobernar territorios, controlar espacios institucionales, derrotar proyectos de los gobiernos anteriores y ganar la Presidencia. Se gobernó con una feroz resistencia del Congreso, las Cortes, la prensa e instituciones como el Banco de la República. Es histórico que se haya logrado llegar a la presidencia y mantener al primer mandatario en el poder.

Una democracia sólida

Petro abanderó, mantuvo y profundizó la esencia de la democracia. Logró involucrar al país en la política, como nunca antes había ocurrido.

El presidente Petro convirtió en debates cotidianos varios asuntos que durante décadas habían sido discusiones de especialistas. Personas que nunca habían discutido sobre el sistema pensional empezaron a hacerlo. Lo mismo ocurrió con las EPS, los recargos laborales, la propiedad de la tierra, la transición energética, Palestina o el Banco de la República.

Eso produjo polarización, sin duda, pero también incubó una amplia participación, identificación política y discusión pública.

Las elecciones de 2026 ofrecen un dato muy importante. En la segunda vuelta votaron aproximadamente 26,3 millones de colombianos, cerca del 63,5 % del censo electoral; es la participación más alta en alrededor de siete décadas en las elecciones presidenciales.

La propia Defensoría del Pueblo interpretó esa cifra como reflejo de un “creciente nivel de involucramiento de la ciudadanía en la definición del rumbo político del país”.

Quizá la mayor transformación de Petro no fue conseguir que determinados colombianos votaran por la izquierda, sino conseguir que millones de colombianos (de izquierda y de derecha) sintieran que valía la pena disputar el país en el terreno de la política legal y democrática.

La nueva agenda del debate

Durante buena parte de la historia republicana, las grandes discusiones nacionales se organizaron alrededor de asuntos como la seguridad, el orden público, el crecimiento económico, las relaciones con Estados Unidos o la estabilidad macroeconómica.

Petro no eliminó esos temas, pero hizo que el centro del debate fuese también: ¿Cuánto debe ganar un trabajador? ¿Quién puede ir a la universidad? ¿Quién tiene la tierra? ¿Qué sucede con un anciano que nunca pudo pensionarse? ¿Debe la salud funcionar como negocio? ¿Quién paga impuestos? ¿Qué territorios reciben inversión? ¿Qué significa desarrollar el país sin destruir su biodiversidad?

Incluso cuando sus propuestas fueron derrotadas, modificó el terreno de la discusión.

Eso puede ser un legado más profundo que una ley determinada, porque los gobiernos siguientes pueden derogar una norma, modificar un impuesto o cancelar un programa, pero resulta mucho más difícil volver a una situación en la que esas preguntas simplemente no formen parte de la conversación nacional.

Una nueva cultura democrática

Y más sobre la profundización de la democracia. Durante el gobierno de Petro los sindicalistas, dirigentes sociales, ambientalistas, personas provenientes de comunidades afro e indígenas y representantes de sectores de diversidad sexual ocuparon posiciones relevantes. Estos sectores históricamente habían tenido una presencia mucho menor en las estructuras centrales del Estado.

En pocas palabras: cambió la idea cultural de quién podía sentarse en las mesas donde se toman las decisiones nacionales.

Un enfoque renovador frente a la protesta social

El gobierno Petro modificó profundamente la relación del Estado con la protesta social. La oposición pudo organizar algunas grandes movilizaciones contra un gobierno, sin que se reprodujera un patrón de represión letal como el vivido durante el estallido social de 2021.

Ejerció su gobierno en el marco de un escenario que para cualquier presidente resulta incómodo: gobernar siendo sometido permanentemente a contradicción pública e institucional.

Puede haber cuestionamientos sobre su retórica frente a esas instituciones, pero además de cuestionar toda esta situación a través de trinos, jamás intentó eliminar o bloquear los contrapesos que podían derrotarlo.

Contribución definitiva a la verdad histórica

La desclasificación de los archivos del DAS puede terminar siendo uno de los legados menos visibles, pero más duraderos de Petro. No produce un resultado inmediato como una reforma laboral o una carretera, pero puede transformar durante décadas lo que Colombia sabe de sí misma.

El Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025 levantó la reserva sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Sin embargo, el propio Archivo General de la Nación lo califica como un hito porque es la primera vez que Colombia pone en marcha un proceso de desclasificación de archivos clasificados del Estado.

Y la magnitud documental es enorme. El diagnóstico realizado para la JEP encontró 57.544 unidades de conservación, equivalentes a 14.364 metros lineales de documentos, además de 47.829 medios magnéticos y digitales: servidores, discos, disquetes, casetes, computadores y cintas, entre otros. No estamos hablando de unas cuantas carpetas, sino de uno de los grandes fondos documentales secretos del Estado colombiano.

El DAS no fue simplemente una oficina administrativa. Durante décadas fue también organismo de inteligencia, policía migratoria y aparato de seguridad del Estado. Sus archivos atraviesan buena parte de la historia reciente del conflicto colombiano y contienen información sobre hechos trascendentales.

La JEP ha dicho expresamente que estos documentos pueden contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y que su apertura es relevante para combatir la impunidad.

Esto conecta directamente con lo que veníamos hablando sobre el legado democrático de Petro.

Una democracia no consiste únicamente en poder elegir al presidente. También implica que el Estado pueda ser investigado por sus propios ciudadanos. La desclasificación introduce un principio diferente: el secreto de Estado no puede ser uno de los ejes del olvido histórico.

Petro lo expresó de una manera muy clara cuando anunció la medida. Dijo que su Gobierno no terminaría “sin que haya una política de desclasificación de archivos, que tiene que ver con la verdad”.

Probablemente pasarán años antes de que pueda conocerse la verdadera importancia histórica del decreto. Y precisamente por eso puede ser un legado que hoy aparezca muy abajo en cualquier balance del gobierno Petro y dentro de veinte años sea considerado fundamental.

Una agenda internacional memorable

Petro convirtió la diplomacia presidencial en una herramienta activa de búsqueda de inversión, cooperación y nuevos mercados, y obtuvo resultados concretos en financiación climática, reforma agraria, infraestructura social y negocios internacionales.

Más importante aún, utilizó esa diplomacia económica para intentar reposicionar a Colombia ante el mundo no solamente como país petrolero y minero, sino como potencia potencial en biodiversidad, turismo, agricultura, energías limpias y producción. También cambió el enfoque del debate mundial en torno a algunos temas. Veamos.

Cambio climático: más que hablar del clima, cuestionó el modelo fósil

El cambio climático ya estaba en el centro de la agenda internacional mucho antes de Petro. Lo distintivo de su postura fue que ayudó a desplazar la discusión desde “cómo reducir emisiones” hacia “qué estructura económica está produciendo la crisis y quién debe pagar la transición”. Eso introdujo un matiz único.

De este modo, Colombia consiguió una voz internacional desproporcionadamente grande para su peso económico. Petro hablaba además desde una posición interesante: la de un país productor de petróleo y carbón que voluntariamente planteaba reducir su dependencia de ellos. Eso le daba una legitimidad distinta a la de los países industrializados que exigen conservación ambiental a los países tropicales mientras continúan consumiendo enormes cantidades de combustibles fósiles.

Una voz contra el genocidio

Petro jugó un papel internacional muy fuerte en la discusión sobre el genocidio en Gaza.  Fue una de las voces presidenciales tempranas y persistentes que ayudaron a trasladar el debate internacional desde la formulación “Israel tiene derecho a defenderse” hacia las preguntas sobre proporcionalidad, ocupación, responsabilidad internacional y matanza indiscriminada.

Petro fue mucho más lejos que la mayoría de los gobernantes occidentales y latinoamericanos de aquel momento. Utilizó tempranamente la palabra “genocidio”, rompió relaciones diplomáticas con Israel y convirtió esa posición en una actuación jurídica del Estado colombiano.

Colombia intervino formalmente en abril de 2024 ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica bajo la Convención sobre Genocidio. Es importante precisar jurídicamente que la Corte todavía debía resolver el fondo del caso; por tanto, hablamos de la acusación o denuncia de genocidio, no de una sentencia definitiva que ya lo hubiera declarado.

Después, otros países adoptaron posiciones semejantes. Chile también intervino ante la Corte; México, Libia y Palestina participaron igualmente en el proceso, mientras España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado palestino.

Colombia incluso se convirtió posteriormente en sede de una conferencia internacional del Grupo de La Haya, que reunió en Bogotá a decenas de países para discutir medidas concretas respecto de Israel y Palestina.

Reenfoque en la lucha contra las drogas

Petro introdujo una diferencia importante en la discusión sobre la lucha contra las drogas.

Desde la tribuna de Naciones Unidas afirmó sin rodeos: “La guerra contra las drogas ha fracasado”. No era una declaración de un académico, de un expresidente retirado o de una ONG. Era el presidente en ejercicio del principal país productor de cocaína hablando ante la Asamblea General.

Además, planteó una crítica conceptualmente distinta: preguntó por qué la comunidad internacional perseguía violentamente al campesino que cultivaba coca mientras protegía actividades económicas (como petróleo y carbón) capaces de producir un daño planetario incomparablemente mayor. Así mismo dejó claramente establecido que los líderes del tráfico mundial viven en los grandes centros de poder y no en los países productores.

En 2023, incluso la reunión entre Petro y el secretario general de Naciones Unidas incluyó explícitamente la necesidad de explorar “nuevos enfoques” frente a las drogas ilícitas.

Y aquí está uno de los aspectos más interesantes de su gobierno: Petro cuestionó frontalmente la guerra contra las drogas, pero su administración alcanzó simultáneamente verdaderos récords de incautación y extradición. Eso le permitía argumentar que rechazar la guerra contra las drogas no equivalía a dejar de perseguir al narcotráfico, sino a cambiar el objeto de la persecución: menos campesino y más cargamento, organización criminal, lavado, capital y gran traficante. Ese enfoque será decisivo con el paso de los años.

Como conclusión del tema diplomático, podríamos decir que Petro consiguió que Colombia dejara de hablar ante el mundo casi exclusivamente de sus problemas internos y comenzara a formular respuestas colombianas a problemas universales. Esa es una ruptura considerable con la tradición diplomática del país.

Hay muchos otros aspectos como el cambio del enfoque de seguridad en las Fuerzas Armadas, su modernización y apertura de oportunidades. O el cumplimiento constitucional de facilitar las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría en los casos de corrupción que tocaban con el gobierno. O los incipientes, pero profundos avances en la reindustrialización de Colombia. Pero creo que está suficientemente evidenciada la forma como el gobierno del Pacto Histórico marcó un hito definitivo en la historia de Colombia. Y por qué, yo como muchos, hablamos de “Petro el Grande”.

Pero para los que solo creen en logros materiales e inmediatos, vale la pena dejarles esta infografía.

Narciso Quiroga llegó hace más de 30 años al corregimiento El Capricho, en el departamento de Guaviare, atraído por la bonanza cocalera. Cuando arribó, recuerda, el paisaje era una inmensa selva continua. Hoy, a sus 71 años, observa desde su finca un horizonte dominado por potreros.

Como miles de colonos de la región, Quiroga se vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con la esperanza de abandonar la coca y construir una economía legal.

El PNIS, creado tras el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, ofrecía a las familias campesinas apoyos económicos, asistencia técnica y proyectos productivos a cambio de erradicar voluntariamente los cultivos de coca. Su diseño también incluía inversiones en infraestructura, acceso a tierras, crédito y servicios públicos para garantizar una sustitución sostenible.

Buena parte de esos compromisos se retrasó o nunca llegó a cumplirse y el abandono de la coca nunca se completó. “Después de que nos metimos a ese proyecto fue como si hubiera muerto. No se volvió a saber nada del proyecto. Entonces, eso es lo que a uno le da putería”, dice frustrado Quiroga. Sin los pagos completos que le prometieron y sin proyectos productivos sostenibles, terminó invirtiendo sus escasos recursos en ocho vacas.

Para llegar a Caño Tigre, la vereda donde vive Quiroga, muy cerca del río Guayabero, hay que recorrer por más de dos horas una trocha sinuosa que parte de San José del Guaviare y que ha sido construida a mano por las comunidades de esta región. Sin carreteras formales, los colonos deben arreglar sus caminos cada año. Sin embargo, la geografía es hostil: el agua que brota de las montañas y la lluvia constante convierten cualquier mejora en una trampa de lodo que impide sacar los cultivos.

Tras la desmovilización de las FARC, el vacío de poder convirtió a la región en un escenario de disputa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá Córdoba, y el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, enfrentados por el control territorial y las rentas del narcotráfico.

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A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, el balance en esta zona amazónica es desolador. A pesar de haber sido uno de los escenarios más golpeados por la guerra, el prometido punto cuatro del acuerdo, destinado a resolver de raíz la problemática de los cultivos de uso ilícito, no ha logrado consolidarse. Para los habitantes de esta región, el Estado sigue en deuda con la sustitución integral que se prometió en las negociaciones en La Habana.

«Nos dijeron que arrancáramos la coca porque iban a venir proyectos. Arrancamos la coca y después no volvió nadie«, recuerda Quiroga mientras señala los potreros que hoy rodean su finca. La decisión de comprar ganado no fue el resultado de un plan empresarial, fue una estrategia de supervivencia. «Con las vacas por lo menos uno puede vender una cuando necesita remesa [mercado o compra de alimentos para el hogar]», explica.

Su caso refleja una historia que se repite en buena parte del Guaviare y el sur del Meta: el reemplazo progresivo de la coca por la ganadería extensiva en territorios estratégicos para la conservación de la Amazonía.

La región Macarena-Guaviare sigue siendo uno de los ejemplos más evidentes de la distancia entre las promesas de sustitución de cultivos y la realidad rural. Tras la desmovilización de las FARC, las zonas dominadas por esa guerrilla se convirtieron en escenario de nuevas disputas armadas que coincidieron con la incapacidad estatal para consolidar alternativas económicas viables. El resultado fue una transición inconclusa en una de las zonas más sensibles del país: la antesala de los parques nacionales Chiribiquete, La Macarena y Tinigua, así como de la Reserva Nacional Natural Nukak.

De la coca a las vacas

Entre 2016 y 2023 los cultivos de coca disminuyeron de manera importante en la región Macarena-Guaviare donde operaban Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se trataba de instrumentos de planificación y gestión a 10 o 15 años diseñados por el Gobierno para transformar integralmente las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y el abandono institucional. El área sembrada pasó de cerca de 12 000 hectáreas a alrededor de 4000, producto de la combinación entre erradicación forzada y sustitución voluntaria, según datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia.

En ese proceso, 6669 cultivadores ingresaron al PNIS y cada uno recibió, en promedio, 14.6 millones de pesos (unos 4000 dólares). Sin embargo, los resultados fueron parciales.

Un informe de evaluación realizado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) encontró que el programa cumplió principalmente con los apoyos alimentarios iniciales y las huertas de autoconsumo, pero fracasó en el componente más importante: los proyectos productivos de largo plazo. Apenas 270 beneficiarios en la región accedieron a recursos para desarrollar actividades económicas sostenibles.

El cambio de gobierno entre Juan Manuel Santos e Iván Duque profundizó la crisis. La ejecución se ralentizó, numerosos compromisos quedaron pendientes y miles de familias que habían erradicado voluntariamente sus cultivos quedaron sin una fuente estable de ingresos.

Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el PNIS volvió a ser objeto de revisión. Tras varios años de rezagos en la implementación, la nueva administración renegoció el programa, lo incorporó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) e introdujo cambios en su ejecución.

Uno de los principales fue reemplazar a los operadores nacionales por bancos de proveedores locales en los territorios donde se desarrolla el programa. En lugar de adquirir insumos a través de grandes contratistas, la estrategia pasó a privilegiar las compras locales y la entrega mediante ferias, con el propósito de que la implementación también dinamizara las economías campesinas.

De acuerdo con un vocero de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que actualmente tiene a su cargo el PNIS, estos ajustes buscaron corregir los retrasos acumulados y hacer que los recursos del programa tuvieran un mayor impacto en las comunidades donde se ejecutan.

Pedro Velandia todavía recuerda el día en que arrancó la coca de su parcela en la vereda Marabilis de San José del Guaviare. “Acá nos pintaron pajaritos en el aire y todo el mundo se ilusionó”, relata.

Según él, el hambre terminó convirtiéndose en un motor silencioso de la deforestación. «Como el Gobierno no está cumpliendo y se sabe que la ganadería está produciendo, algunos optaron por tumbar [la] selva». Velandia recuerda que muchos campesinos tuvieron que endeudarse para sobrevivir. «Muchos pidieron préstamos para comprar ganado. Otros recibieron animales o insumos sin capacitación. La mayoría perdió plata».

Incluso los recursos del PNIS que alcanzaron a llegar generaron efectos inesperados. «Cuando llegó la plata del programa, el ganado y los insumos se dispararon de precio. Los que ganaron fueron los intermediarios», asegura, en referencia a quienes vendían las vacas a los campesinos.

La sustitución logró reducir parte de la coca, pero nunca consiguió consolidar una economía alternativa capaz de sostener a las familias rurales luego de que terminaron los apoyos iniciales.

Sin embargo, la transición hacia la ganadería no comenzó con el PNIS. Según Franf Garzón, presidente de la Cámara de Comercio del Guaviare y oriundo de El Capricho, zona rural de San José del Guaviare, el cambio de la coca hacia otras actividades venía gestándose desde comienzos de los años 2000, cuando los habitantes empezaron a percibir que la guerra y las economías ilegales no podían sostenerse indefinidamente.

«La gente se cansó de la violencia y empezó a pensar en otras alternativas», explica Garzón. En ese proceso aparecieron los cultivos de cacao, plátano, yuca y maíz, pero también el ganado, que comenzó a consolidarse como una forma de ahorro y de ocupación de la tierra.

Garzón recuerda que El Capricho pasó de ser una pequeña zona rural cocalera a convertirse en un centro poblado con hoteles, restaurantes, comercio y servicios que conectan San José del Guaviare con los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán.

Para él, la reducción de la coca fue uno de los cambios sociales más importantes que ha vivido la región, pero también cree que el incumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria erosionó la confianza de las comunidades.

«La gente sintió que fue traicionada porque algunos programas no funcionaron como fueron planteados desde el inicio», afirma. Por eso insiste en que el fracaso de la sustitución no puede entenderse únicamente como un problema productivo, sino que fue una ruptura de confianza entre el Estado y las comunidades que habían decidido abandonar voluntariamente los cultivos ilícitos de coca.

Los argumentos económicos fueron, sin duda, los que más pesaron para dar el paso de la coca a la ganadería, según explicaron las fuentes consultadas en campo para esta investigación.

Fidel Daza, líder de Asojuntas [asociación de Juntas de Acción Comunal] en Calamar y uno de los participantes en la construcción del PNIS en el municipio de Calamar, sostiene que la ganadería terminó imponiéndose porque resolvía un problema que ningún otro proyecto logró solucionar: el acceso al mercado.

«Una vaca es como tener la plata guardada en el potrero», explica. «Si una familia necesita efectivo puede venderla o incluso sacarla caminando. Con el plátano o la yuca ocurre lo contrario: hay que transportarlos, se pueden perder y muchas veces el costo del viaje termina consumiendo la ganancia».

Además, Daza plantea que la erradicación total de la coca no se dio porque, mientras un kilogramo de base de coca puede transportarse fácilmente en una motocicleta y alcanzar un alto valor comercial, producir la misma cantidad de ingresos con cultivos legales exige mover toneladas de productos por carreteras precarias o inexistentes.

«Ahí está el problema de fondo de la sustitución», afirma. «Si no hay comercialización garantizada, la gente termina apostándole a lo único que le ofrece seguridad». Según Daza, muchos pequeños productores que recibieron los primeros pagos del PNIS abandonaron definitivamente la coca pero, al no llegar los proyectos productivos, terminaron invirtiendo en ganado. Otros, que dependían exclusivamente de los cultivos ilícitos, migraron hacia zonas más alejadas y reanudaron la siembra. «La sustitución sí era una alternativa viable», insiste. «Lo que no funcionó fue la implementación».

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Cuando el bosque se convirtió en potrero

El fracaso de la transición de los cultivos de uso ilícito a economías legales y sostenibles tuvo consecuencias visibles sobre la zona Macarena-Guaviare.

Entre 2016 y 2024, las coberturas boscosas en las 286 veredas (zonas rurales) del departamento del Guaviare analizadas en esta investigación pasaron de 552 102 a 426 308 hectáreas. Se deforestaron 125 794 hectáreas de bosque y los pastizales crecieron en 184 061 hectáreas.

Al hacer la comparación entre veredas donde operaba el PNIS y aquellas donde no tenía presencia, se observa una diferencia clara. En las zonas vinculadas al programa, según datos del Observatorio para las Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, la conversión de bosque a pastizales fue mayor: al menos la mitad de las 286 veredas del Guaviare registró más de 114 hectáreas transformadas, frente a 32 hectáreas en las veredas donde no operó el programa. La misma tendencia se observa en el crecimiento de los pastizales, que alcanzó más de 420 hectáreas en el 50 % de las veredas donde funcionó el PNIS y 122 hectáreas en las zonas donde no operó.

Los datos no permiten afirmar que el PNIS creó por sí mismo la expansión ganadera, pero sí sugieren que la inversión pública llegó a zonas donde ya existía presión sobre la frontera agropecuaria y donde, posteriormente, se consolidaron pastizales.

Cuando la sustitución quedó incompleta, la ganadería terminó consolidándose como la principal alternativa económica, como lo menciona el informe Consecuencias no intencionadas de la política de drogas: Evidencia del PNIS sobre la deforestación en Colombia, publicado en 2023 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.

El reporte menciona que el PNIS estuvo asociado con un aumento del 4 % en la capacidad de carga bovina en los 56 municipios donde operó el programa y concluyó que la ausencia de metas ambientales, sumada a las demoras en los pagos, incentivó la adopción de actividades extensivas en el uso del suelo, como la ganadería, que terminaron ejerciendo una presión mayor sobre los bosques que los propios cultivos de coca.

Para Fidel Daza, líder social de El Retorno, las cifras tienen una explicación simple. «Aquí usted puede sembrar cacao, plátano o yuca. El problema es sacarlos. Una vaca aguanta meses en la finca y camina sola hasta donde llega el camión», dice.

Sobre la relación entre la sustitución de cultivos de uso ilícito y la deforestación, desde el PNIS afirmaron que «no existe evidencia que permita establecer una relación causal entre la implementación del PNIS y el aumento de la deforestación». En su respuesta argumentaron que la pérdida de bosque en la Amazonía obedece a un fenómeno multicausal, asociado al acaparamiento de tierras, la expansión ilegal de la frontera agropecuaria, la presencia y control territorial de grupos armados, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Por ello, sostienen que atribuir ese fenómeno al programa de sustitución constituye una interpretación que desconoce la complejidad de las dinámicas territoriales.

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La llegada de los nuevos dueños de la tierra

La crisis económica derivada del incumplimiento del PNIS produjo además un cambio profundo en la estructura de la propiedad rural.

Muchos campesinos que habían erradicado coca terminaron vendiendo o abandonando sus predios ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.

Dumar Sánchez, quien llegó en 1997 a la vereda La Panguana, que colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, asegura que la situación cambió radicalmente después del colapso de la sustitución. «Antes las fincas se negociaban entre vecinos. Cuando la gente empezó a quebrarse aparecieron compradores de afuera con plata en efectivo«.

Según él, muchas familias terminaron vendiendo por necesidad. «La gente había cumplido con arrancar la coca y se quedó esperando unos proyectos que nunca llegaron. Cuando se acabó la plata, no quedó otra opción que vender».

Los compradores fueron, en numerosos casos, inversionistas externos interesados en consolidar grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería extensiva. Esto se venía dando desde antes de que se implementara el programa pero se intensificó con la desmovilización y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, dicen las personas entrevistadas en la zona.

Jhon Castañeda, a quien conocen en la región como ‘Mono Jhon’, ex presidente de la Junta de Acción Comunal de El Capricho, describe este proceso como una transformación silenciosa del territorio. «Llegó gente que nunca había vivido aquí. Compraban una finca, después la del vecino y luego otra más. Lo primero que hacían era tumbar monte«.

Para él, la praderización dejó de ser una decisión exclusiva de pequeños productores y pasó a convertirse en un modelo de acumulación de tierras. «La zona se llenó de terratenientes. Ahí fue cuando la deforestación se salió de control».

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La coca no desapareció… se desplazó

La expansión ganadera no sólo trajo consigo más deforestación sino que tampoco resolvió completamente el problema de los cultivos ilícitos.

En varias veredas de la región, entre ellas Guanapalo, Barranquillita, La Tortuga, Chuapal, Caño Maku y Puerto Ospina, la coca mantuvo una presencia constante entre 2016 y 2023. En otras, como Nueva Primavera, reapareció con fuerza después de varios años de reducción.

Juan Pérez*, un campesino curtido que vive solo en una parcela de la Panguana desde hace más de 40 años, explica este fenómeno y reconoce que nunca logró abandonar completamente la economía cocalera. «He tratado de vivir del cacao y de las vacas, pero hay momentos en que no alcanza». Por eso mantiene pequeñas parcelas escondidas. «Uno necesita la remesa [mercado]. El cacao demora, el ganado demora. La coca es la que resuelve cuando no hay plata».

Pérez* insiste en que ya no se trata de grandes sembradíos. «Son cultivos pequeños, los cultivos de la necesidad».

Gabriel Polo, coordinador de la Mesa Forestal del Guaviare —un espacio que articula a instituciones, comunidades, organizaciones y cooperación internacional para promover la conservación de los bosques y el desarrollo de economías sostenibles—, asegura que la expansión de los potreros cerca de los centros poblados ha empujado a muchos cultivadores de coca hacia zonas cada vez más profundas de la Amazonía. «La resiembra se está moviendo cada vez más adentro del bosque. Ya no ocurre únicamente en los bordes», afirma.

Esto significa que nuevos cultivos ilícitos están avanzando sobre zonas de amortiguación de áreas protegidas como la Reserva Nukak y el Parque Nacional Chiribiquete.

Los datos de monitoreo de cultivos de coca muestran que el problema no desapareció en los últimos años, sino que se desplazó y se concentró en territorios cada vez más sensibles desde el punto de vista ambiental. De acuerdo con cifras del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia, los cultivos dentro de parques nacionales naturales pasaron de 6304 hectáreas en 2015 a 10 816 hectáreas en 2023, la cifra más alta registrada en el período analizado. La Amazonía y sus zonas de transición concentran buena parte de esta presión.

Los números del Observatorio indican que, en 2023, los parques ubicados en los núcleos Meta-Guaviare, Putumayo-Caquetá y Amazonas sumaron 4828 hectáreas sembradas con coca, equivalentes al 44.6 % de toda la coca detectada dentro de áreas protegidas del país.

La mayor concentración se encuentra en tres parques estratégicos. Según los registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), La Paya acumuló 1667 hectáreas de coca, seguido por Nukak con 1610 hectáreas y Sierra de La Macarena con 1464. Más atrás aparecen Tinigua, Chiribiquete, Alto Fragua-Indi Wasi y Churumbelos-Auka Wasi, con extensiones menores, pero localizadas en corredores fundamentales para la conectividad ecológica amazónica.

El peso de los tres primeros parques resulta especialmente significativo. La Paya, Nukak y Sierra de La Macarena reúnen, en conjunto, 4741 hectáreas, lo que representa el 98.2 % de toda la coca registrada en parques amazónicos y el 43.8 % del total nacional dentro de parques nacionales naturales.

Las cifras sugieren que la reducción de cultivos en algunas zonas no necesariamente implica el debilitamiento de la economía cocalera. En muchos casos, la coca parece abandonar los sectores más visibles para desplazarse hacia áreas más remotas del bosque, incrementando la presión sobre zonas de amortiguación, reservas naturales y parques estratégicos de la Amazonia.

Según Mauricio Cabrera, exviceministro de Ambiente, la expansión de los cultivos hacia los parques respondió a una combinación de factores: la presencia y control territorial de los grupos armados, las limitaciones del Estado para ejercer gobernanza en esas zonas y las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz.

Cabrera sostiene que, aunque se fortalecieron algunos mecanismos de control de la deforestación, estos fueron insuficientes frente a una dinámica marcada por actores ilegales que desplazaron los cultivos hacia áreas más remotas y protegidas, en especial hacia el interior de los parques, donde la capacidad institucional para intervenir sigue siendo muy limitada.

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El costo ambiental de una transición fallida

En respuesta oficial, desde el PNIS mencionan que ejecutaron 222 proyectos productivos en áreas con condicionantes ambientales, incluidos los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos, así como zonas de reserva forestal. «En ningún caso el PNIS financió proyectos de ganadería». Como sustento, explicaron que los apoyos productivos estuvieron dirigidos exclusivamente a actividades agrícolas y de conservación, bajo un enfoque de sistemas agroforestales y que nunca se destinaron recursos a la compra de ganado o al establecimiento de pasturas.

Si bien no se puede asegurar que el Estado financió directamente la expansión ganadera con los recursos del PNIS, de una u otra forma hizo parte de la fórmula para que esto ocurriera. La falta de continuidad, planeación y alternativas productivas viables creó las condiciones para que el ganado ocupara el espacio dejado por la coca.

La combinación de incumplimientos institucionales, dificultades de acceso a mercados, especulación sobre la tierra, apertura de nuevas vías y expansión de la frontera agropecuaria aceleró un proceso de praderización que hoy amenaza algunos de los ecosistemas más importantes de Colombia.

Desde La Panguana, en el borde de la Reserva Nukak, Nubia Caballero observa cada año cómo avanzan las quemas. «Uno ve cómo el fuego va abriendo espacio para más pasto. Cada verano pasa lo mismo». Para ella, la ganadería se convirtió en la única economía que ofrece liquidez inmediata en una región aislada. «Una vaca se vende rápido. Un cultivo puede perderse antes de llegar al mercado».

Gabriel Polo, de la Mesa Forestal, cree que la región todavía tiene oportunidades para evitar un deterioro mayor, pero advierte que el tiempo se agota. «Si el bosque no genera ingresos para la gente, las vacas van a seguir ganando».

Las fuentes consultadas para este reportaje aseguran que el Estado no compró las vacas con los recursos de la paz, lo que hizo fue dejar un vacío que terminó llenándose con ellas.

Para el exviceministro Cabrera, la sustitución terminó inclinándose hacia la ganadería porque el Estado no logró desarrollar a tiempo instrumentos para impulsar la bioeconomía y otras actividades compatibles con la conservación. De cara al futuro, Cabrera considera que regresar a estrategias basadas exclusivamente en la erradicación forzada o las operaciones militares sería un error y plantea que el camino pasa por fortalecer los programas de sustitución con financiación oportuna, mayor coordinación institucional e inversiones que permitan construir economías forestales rentables para las comunidades.

Los propios líderes comunitarios advierten que atribuir la expansión ganadera únicamente al fracaso del PNIS sería una simplificación. Tanto Franf Garzón como Fidel Daza coinciden en que la transición de coca a ganado venía desarrollándose desde mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz. La diferencia es que el programa tenía la posibilidad de acelerar una transición hacia economías forestales, agroforestales y agrícolas más sostenibles. Esa oportunidad, para ellos, se perdió.

Mientras actividades como el cacao, los frutos amazónicos, el turismo de naturaleza o los llamados negocios verdes permanecieron limitadas por problemas de infraestructura, financiación y comercialización, la ganadería siguió ofreciendo una ventaja decisiva: liquidez inmediata y un mercado asegurado.

Las cifras ilustran la magnitud de esa transformación. Según Garzón, durante los años posteriores al Acuerdo de Paz el inventario ganadero del Guaviare pasó de aproximadamente 320 000 a cerca de 600 000 cabezas de ganado. Aunque ese crecimiento responde a múltiples factores, evidencia la velocidad con la que los potreros avanzaron sobre un territorio donde las alternativas económicas sostenibles todavía no logran consolidarse.

Y mientras los árboles retroceden sobre los límites de Chiribiquete, La Macarena y la Reserva Nukak, el ganado sigue ganando terreno y dejando una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué alternativa real ofrecerá el país a quienes viven en la frontera amazónica antes de que el pasto termine devorando el bosque?

*Mongabay Latam cambió el nombre del entrevistado por motivos de seguridad.

**Este reportaje fue realizado gracias al Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) que surge de la alianza entre la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

***Imagen principal: entre 2016 y 2024 se deforestaron más de 125 000 hectáreas de bosque en el Guaviare, donde se le ha dado paso a la ganadería. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por César Molinares en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Jhoana Garrido, una mujer indígena de Arquía, un resguardo del pueblo guna en el Darién chocoano, en Colombia, tenía 14 años el día en que descubrió el poder del agua. Desde niña había escuchado a las mujeres mayores y a los sabios hablar del agua como una madre, como lo primero y lo primordial en la vida de las personas y los demás seres. Había interiorizado ese credo y lo entendía en un nivel básico: el agua era su bebida favorita por encima de los jugos o las gaseosas; amaba la lluvia —el sonido de las gotas golpeando el dosel; la forma en que refrescaba su cuerpo y la respiración de la selva—, y desde que tenía recuerdo nadaba en el río como si fuera un bocachico, su comida preferida. Pero el agua era un mero milagro físico, por ponerlo de alguna manera. Algo para sentir, beber, surcar. Al menos hasta ese día en que se enfrentó por primera vez al mar.

Una mañana de 2010, la familia Garrido navegó la ciénaga de Unguía, el delta del río Atrato y las aguas del golfo de Urabá hasta llegar a Titumate, un poblado de playas ceniza enmarcadas por palmeras, selva y mangle. Mientras sus padres y hermanos disfrutaban del lugar, Jhoana Garrido dudaba si meterse al mar.

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Nunca lo había hecho, a pesar de su habilidad para nadar en el río. La detenía el miedo. Desconfiaba de las olas y la magnitud del mar. El agua iba y venía con una fuerza capaz de tumbarla y raptarla. A veces lo imaginaba: cuando por fin se decidía a ingresar, una ola la agarraba desprevenida y se la llevaba mar adentro.

Ese día, había algo adicional: Garrido llevaba un tiempo deprimida. Se sentía mal todo el tiempo, sin razón alguna. No era la persona que solía ser y no entendía qué le estaba ocurriendo.

En la playa, dudó un tiempo y, finalmente, se lanzó al mar.

El cambio fue instantáneo. Apenas sintió el agua salada, el miedo dejó de importarle. Si una ola se la llevaba, no sería el fin. Sumergida, abrazada por la sal, la tristeza desapareció. Se sentía bien. El contacto con las aguas del golfo había borrado la depresión que cargaba hacía días. Era magia. El agua no solo sostenía la vida de todos los seres, también los transformaba.

“Me sentí diferente”, le dijo a Mongabay Latam una mañana lluviosa de mayo, en el muelle de Unguía. “A partir de ese momento comencé a ver el agua de una manera distinta”, añadió.

Hoy, con 30 años, aguarda la salida de una lancha junto a un grupo de indígenas guna, embera dóbida, embera eyábida, afrodescendientes y campesinos del Darién colombiano. La mayoría charla y se toma fotos mientras una llovizna teje puntadas en la superficie del río. El grupo se dispone a viajar a Bogotá para inaugurar Caminos de agua, una exposición construida de manera colectiva por más de veinte comunidades de la región con el apoyo del Museo Nacional, el Museo Afro y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Jhoana Garrido participó cosiendo relatos sobre el agua en una serie de molas, un arte textil del pueblo guna en el que se superponen y cortan recuadros de tela de diferentes colores para crear complejos patrones geométricos y figurativos. Algunas molas incluyen símbolos de protección, explica señalando una estampa de fondo negro con figuras rosa, amarillo, verde, azul, magenta y rojo en su torso. Es una mola para tener un buen viaje, dice. Hay otras para el trabajo, para caminar por la selva, para protegerse del jaguar.

Las decenas de obras sobre el agua que integran la exposición fueron elegidas por  el Comité Cultural del Darién, una organización de la sociedad civil que surgió a partir de la creación del Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Fue la excavación de esta ciudad perdida, una de las más importantes en la conquista de América, la que permitió crear y llevar la exposición a Bogotá y reunir a las comunidades afro, campesinas e indígenas embera y guna para navegar el territorio, mostrar sus culturas, narrar la historia desde su punto de vista y revivir cómo han resistido a la violencia que los golpea desde hace siglos.

La ciudad perdida

Para entender el Comité Cultural del Darién hay que retroceder más de 1000 años, dice Carolina Quintero, líder del área de Museología y una de las personas que impulsó la llegada de Caminos de agua al Museo Nacional en Bogotá.

Quintero lleva más de una década viajando de manera regular al Darién. Visitó la zona por primera en 2015, cuando estudiaba Historia en la Universidad Nacional de Colombia, y se enamoró de las personas, el calor, la humedad y la vida acuática de las ciénagas, que le recordaba su infancia en Leticia (su padre fue uno de los primeros gobernadores del departamento de Amazonas). En 2016, se unió oficialmente a un proyecto interdisciplinario, iniciado por el ICANH tres años antes, cuyo propósito era delimitar y excavar Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad española fundada en América continental.

Antes de la llegada de los europeos, el pueblo indígena cueva ocupaba la zona del Darién, cuenta Quintero una noche de mayo en las costas del golfo de Urabá. Se cree que vivieron en el istmo entre el siglo XI y el XVI y que desaparecieron poco tiempo después de la llegada de los españoles debido a epidemias, matanzas y los demás culpables de siempre. Según los cronistas de la época, hablaban cueva, una lengua perdida de familia desconocida, y ocupaban un pueblo llamado Darién, a las orillas del río del mismo nombre.

Los primeros conquistadores llegaron a esa zona en busca de esclavos en 1504. Pocos años después, tras establecer y abandonar un fuerte ante la resistencia indígena, embarcaciones españolas atravesaron la bahía y se dirigieron al poblado de Darién. Cémaco, el cacique, los esperaba con quinientos indígenas listos para combatir. Al verse ampliamente superados en número, los españoles se lanzaron a rezar y prometieron dedicar una futura población a la Virgen de la Antigua, la imagen de María en la Catedral de Sevilla a la que solían encomendarse los marinos antes de zarpar hacia el Nuevo Mundo.

Milagrosamente, dijo Quintero entornando los ojos, los españoles derrotaron a Cémaco y, en diciembre de 1510, fundaron Santa María de la Antigua del Darién, la primera ciudad en regla de la América continental. Por sus méritos en el combate, el conquistador Vasco Núñez de Balboa fue elegido alcalde y, más tarde, gobernador de la nueva provincia.

Desde la ciudad, Balboa expandió el dominio español del istmo, saqueando poblaciones indígenas, negociando alianzas con caciques afines y asesinando a manera de ejemplo a rebeldes e incautos para mantener el control de la población. Gracias a una alianza, en 1513 atravesó el istmo y se convirtió en el primer europeo en “tomar posesión” del océano Pacífico en nombre de la corona.

Al otro lado del mundo, el rey no tardó en enterarse de la designación y las hazañas de Balboa. Para retomar el control, envió en 1514 a Pedro Arias Dávila, mejor conocido como Pedrarias, un sangriento militar castellano que cada año dormía en un ataúd para conmemorar el día que había “regresado a la vida” tras un episodio de catalepsia. Pedrarias navegó el Atlántico con veinte barcos y 2000 personas, la mayor flota española hasta ese punto, para asumir como nuevo gobernador.

Al ver la flota, Balboa recibió a Pedrarias con un banquete. El castellano, quien al parecer envidiaba sus logros, retribuyó la atención encerrándolo, quitándole las propiedades y asumiendo su puesto. Como nuevo gobernador, Pedrarias rompió las alianzas con los pueblos indígenas y multiplicó las redadas en busca de oro, masacrando a la mayoría de los habitantes de cada poblado y tomando como esclavos a los sobrevivientes. Con el tiempo, su crueldad le granjeó el apodo de la “Ira de Dios” casi medio siglo antes de las acciones de Lope de Aguirre.

Balboa fue decapitado, por orden de Pedrarias, el 15 enero de 1519. No mucho después, Pedrarias, satisfecho con la muerte de su rival, dejó la ciudad y se dirigió hacia el norte, donde fundó Panamá. El centro del poder se movió con él y la primera ciudad del Reino de Tierra Firme se fue desalojando.

En 1524, apenas catorce años después de su fundación, grupos indígenas asaltaron y quemaron Santa María de la Antigua del Darién. Con el paso de los siglos, la selva la cubrió, continúa Quintero, y su historia, en gran medida, se olvidó.

Las olas arrastraban el sonido del viento en el golfo de Urabá. Quintero respiró profundo y observó el mar. Aquí es cuando surge el Comité Cultural del Darién, dijo.

Las violencias recientes

Una tarde a mediados de mayo, Vilardo Escobar, un hombre de 48 años resguardado por un sombrero vueltiao, un poncho y un machete, recoge un trozo de metal oxidado del suelo arcilloso del Darién. Lo sostuvo a contraluz entre el índice y el pulgar antes de arrojarlo a la selva.

“Es un clavo español”, dice encogiéndose de hombros y retomando el paso hacia la exposición de Caminos de agua, presentada originalmente en el Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Escobar es el administrador del parque arqueológico, el sexto y más reciente del país. También es miembro del Comité Cultural del Darién y ha sido uno de los principales testigos de los cambios que ha traído el proyecto a la región.

La gente de la zona sabía de la existencia de una ciudad antigua por los objetos de hierro, vidrio, cerámica, plata y oro que afloraban entre la maleza después de las lluvias, dijo Escobar. Algunos ancianos recordaban una expedición arqueológica liderada por el Rey Leopoldo de Bélgica en 1956. Luego, en 1986, hubo otros estudios realizados cerca del poblado de Tanela por el antropólogo paisa Graciliano Arcila Vélez. Pero los esfuerzos rara vez eran sostenidos y casi nunca involucraban a personas de la comunidad.

Escobar nació en Gilgal, un corregimiento de Unguía ubicado a alrededor de una hora de Santuario, la vereda donde se encuentra el parque. Desde niño vio cómo diferentes actores armados se disputaron El Darién.

En los años 70, testaferros de Pablo Escobar llegaron a la zona y compraron enormes fincas. El propósito no era recreativo: una vez las drogas ocuparon los titulares del mundo, los narcotraficantes comenzaron a enviar cargamentos al norte por las aguas del golfo. La cobertura de la selva, las costas poco pobladas y la ausencia del Estado en la región les facilitaban el trabajo.

Con las nuevas rutas, llegaron las guerrillas y los paramilitares. Como cuenta la Comisión de la Verdad, entre finales de los 80 y principios de los 90, Fidel y Carlos Castaño, los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, se dieron a la tarea de conquistar la región del Urabá. Los hermanos ordenaron decenas de masacres y asesinatos selectivos en contra de supuestos colaboradores de las guerrillas o señalados incautos. Sus grupos desplazaron a gran parte de las comunidades indígenas y afro del Darién.

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En 1991, como parte de un proceso de negociación con el gobierno, Fidel Castaño entregó las tierras que había tomado del resguardo Tanela, del pueblo embera eyábida, a la Diócesis de Apartadó, que a su vez las parceló y distribuyó entre campesinos y desmovilizados de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL). En esas tierras era donde aparecían clavos, cuentas de vidrio y monedas de plata que guaqueros de pueblos vecinos recogían después de los aguaceros.

Esa desmovilización, en la práctica no fue tal, como cuenta la Comisión de la Verdad. Durante toda la década de los 90, los Castaño, a menudo con ayuda de las fuerzas militares, se enfrentaron por el territorio y las rutas marítimas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el Darién, controlaban a la población y establecían sus propias leyes. En un principio, por ejemplo, el alcohol estaba prohibido. Y cualquier persona acusada de pertenecer o colaborar con uno u otro bando corría un alto riesgo de desaparecer o ser torturado y asesinado.

Por lo mismo, había una desconfianza creciente entre la población. Se veía con recelo a los demás. Las comunidades se hablaban poco, dice Vilardo Escobar. Nadie imaginaba que los restos de esa ciudad española, olvidada en medio de la selva, ayudaría a unirlas.

El nacimiento del Comité Cultural del Darién

Los arqueólogos e investigadores regresaron formalmente a Santa María de la Antigua del Darién a mediados de los 2000, después del proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares. Paolo Vignolo, un profesor de historia de la Universidad Nacional en Bogotá, contactó a la comunidad y empezó a organizar eventos —partidos de fútbol, sancocho, cine— para involucrarlos y hablarles sobre la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Luego, en 2013, el ICANH y el Ministerio de Cultura financiaron un proyecto para proteger y recuperar los restos de la ciudad. Alberto Sarcina, un arqueólogo italiano que había visitado por primera vez el Darién en 2006, fue el encargado del plan.

Antes de iniciar las excavaciones, Sarcina convocó a una decena de comunidades indígenas, afro y campesinas. El plan no era simplemente excavar, cercar lo que se hallara y crear un museo a partir de la investigación de los arqueólogos, sino incluir los conocimientos de todos al contar la historia de la ciudad y, con suerte, convertir la zona arqueológica en un espacio que todas pudiesen utilizar.

Las reuniones iniciales no fueron prometedoras, dice Vilardo Escobar, mientras recorre el parque. ¿Por qué debería interesarles contar la historia de las personas que llegaron a asesinar y acabar con sus comunidades?, preguntaron algunos habitantes indígenas. ¿Qué podía ofrecerles un parque arqueológico cuyo fin era preservar una ciudad española y hablar de la Conquista? ¿Se volvería a hablar del “descubrimiento” de sus propias tierras? ¿De esa cultura “civilizadora” que aniquiló a pueblos como los cueva?

Hubo decenas de discusiones, pero finalmente se alcanzaron varios acuerdos. Para empezar, los habitantes de la zona participarían en las excavaciones. Es decir, no solo harían parte de los equipos de sondeo: también recolectarían datos y formarían parte de la reconstrucción e interpretación de la historia. Los recuentos de los sabios de las comunidades indígenas, por ejemplo, se incluirían a la hora de contar la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Se dejaría de simplificar la historia, que suele hablar solamente de la conquista y de la visión de los cronistas españoles, para incluir las luchas de los habitantes indígenas y cimarrones en la zona.

También se definió que los objetos hallados durante las excavaciones no saldrían del territorio: permanecerían en un museo nuevo en Santa María de la Antigua, una casa patrimonial que se construiría para alojar las piezas y contaría la historia de la ciudad y los puntos de vista sobre la región de los diferentes pueblos.

Finalmente, se compartirían los descubrimientos y la información arqueológica a través de exposiciones y memorias con la gente de la región. De esa manera, las comunidades podrían ver el recuento de su pasado en un contexto oficial.

Las labores iniciaron en 2013. Vilardo Escobar y otras cinco personas de las comunidades, coordinadas por Alberto Sarcina, excavaron más de 820 pozos de sondeo en un área de 6 kilómetros cuadrados. Se descubrió que la ciudad tenía dos veces el tamaño registrado por el antropólogo Graciliano Arcila, y que, en su apogeo, alcanzó a alojar a más de 5000 personas. También se hallaron centenares de piezas de cerámica, miles de clavos, una daga, balas y franjas de calles empedradas.

En 2015, Santa María de la Antigua fue declarada Bien de Interés Cultural de la Nación. El ICANH aprobó nuevas excavaciones y se recaudaron fondos internacionales para acoger la colección de objetos recuperados. Al mismo tiempo, las comunidades siguieron conversando con los arqueólogos. Entre todas, se acordó incluir construcciones propias de cada grupo dentro del parque arqueológico y se diseñó un proyecto sobre maternidades para una sala de exposición temporal.

El Comité Cultural del Darién, como se bautizó al grupo que continuaba reuniéndose para discutir el futuro del parque, se formalizó en 2018. Durante la pandemia, mientras el mundo se encerraba, indígenas embera y guna, comunidades afro, colonos, campesinos y arqueólogos se reunieron a hablar sobre una siguiente exposición. A todos les interesaban dos temas: la espiral y el agua.

En medio de las conversaciones, se decantaron por el segundo y delimitaron tres ejes: las vidas en el agua, las formas del agua y la justicia del agua. Una vez se decidieron los temas centrales, siguieron hablando y se contaron historias, barcos que trajeron la muerte, resistencias, poderes, ballenas y amor.

Las fuerzas del agua

El bote avanza a toda velocidad a través de la ciénaga de Unguía. Murallas de palmas, taruyas, yarumos, bejucos y arracachos franquean el agua. En uno de los asientos, cerca de Jhoana Garrido, Carolina Quintero y Vilardo Escobar, Patricia Guazarupa, una mujer embera eyábida de 28 años, observa el agua en forma de cascada que sale disparada a los lados de la lancha.

Patricia Guazarupa llegó al Comité Cultural del Darién por María Guazarupa, su madre, una gobernadora del resguardo Cuti, en el municipio de Unguía. María llevó a su hija a las reuniones y Patricia poco a poco se ganó un puesto.

Mientras se discutían los ejes de Caminos del agua, Patricia escuchó historias sobre barcos camaroneros que hace 30 años causaron daños irreparables en el golfo con la pesca de arrastre; ríos que murieron por culpa de la minería ilegal; terratenientes que deforestan las riberas; y poblados que lanzan los desechos y los cuerpos de los mataderos al agua.

Otros de los miembros del comité hablaron de las rutas de esclavos que atravesaron el océano hace siglos, las lanchas rápidas cargadas de drogas y las pangas repletas de migrantes que en ocasiones naufragaban y se perdían bajo las olas. Unos últimos también hablaron de  los sitios sagrados y los seres que habitan en los ríos y el mar; las aguas medicinales; y el agua como cuerpo, lo primordial y lo primero.

Como los demás, Patricia Guazarupa también tiene una historia para contar. Cuando era niña, la violencia llegó al resguardo Cuti. Hombres de las AUC entraban a las casas preguntando a qué grupo guerrillero pertenecían. Les gritaban y, como muchos habitantes indígenas no hablaban español, los terminaban golpeando o asesinando. Robaban sus animales y sus cultivos y había enfrentamientos y balaceras.

La mayoría de las personas del resguardo Cuti fueron desplazadas. Solo quedaron Patricia Guazarupa, su madre, dos de sus hermanos, y Aurora Domicó, una mujer indígena con discapacidad intelectual que hacía poco había dado a luz a una niña llamada Zunilda. En ese tiempo, huían cada vez que escuchaban a los paramilitares acercándose. Pasaban días o semanas en el monte sin comida. Buscaban frutas o vegetales y, en los peores momentos, lamían la sal de las reses en los potreros de las fincas.

A pesar de su cautela, hubo ocasiones en que las tomaron desprevenidas. A María Guazarupa la torturaron. Sus hijos, incluida Patricia, lo vieron. Sin embargo, María Guazarupa se rehusó a partir. Los paramilitares llegaron varias veces a insistirle que vendiera las tierras del resguardo a unas personas de Gilgal. Con una sola firma, le darían dinero suficiente para que no volviera a tener que preocuparse en el futuro. Podría comprar nuevas tierras en otro lugar.

Ella se negó. No quería dejar su tierra. Era lo único que podía ofrecerles a sus hijos. Allí había buena tierra para cosechar y un río lleno de peces. Les dijo que había hablado con los demás miembros del resguardo y que todos planeaban regresar en tres meses. Era una mentira, pero los paramilitares le creyeron, aunque le advirtieron que, si en ese tiempo no volvían, la matarían con sus hijos y la mujer discapacitada.

A pesar de las amenazas, María Guazarupa persistió. Primero convenció a su madre y a su hermana de que regresaran, y luego a otras madres solteras. Marchó hasta Unguía para solicitar que la posesionarán como gobernadora del resguardo y así poder exigir la ayuda del Estado. Después viajó a Pereira, Cali y Bogotá para denunciar lo que estaba ocurriendo en los alrededores de Gilgal.

Las cosas se calmaron un poco gracias a su labor y unos pocos hombres regresaron. Por fin, se sentían algo protegidas cuando, una noche, el río creció en medio de una tormenta y el agua se metió en las casas.

María Guazarupa había salido a visitar a un nieto enfermo y había dejado sola a Aurora Domicó y a su niña, a quienes había intentado cuidar a lo largo de todo ese tiempo.

Pasada la medianoche, el viento arreciaba y Aurora Domicó dejó a la bebé en la cama para prender el fogón y calentarse. Se demoró encontrando el mechero y sintió que algo andaba mal. Regresó a buscar a Zunilda, pero no estaba por ninguna parte. Poco después del amanecer, los primos de Patricia Guazarupa hallaron el cuerpo de la niña arrastrado por el agua.

Patricia Guazarupa cuenta la historia una tarde de mayo en el aeropuerto de Apartadó, poco antes de salir hacia Bogotá a inaugurar Caminos de agua. Está emocionada por la exposición, dice. No tiene saco, pero Carolina Quintero le va a prestar uno.

Después de lo ocurrido, su madre, María Guazarupa la envió a terminar el bachillerato en la ciudad de Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Es la única de su familia con ese diploma. Al graduarse, entró a estudiar Psicología. Ya le falta poco para terminar. Se inclinó por esa carrera porque quiere aprender a cuidar a los demás. En el Darién la violencia no ha acabado: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son una de las principales autoridades en la región desde hace casi dos décadas.

Patricia Guazarupa quiere escuchar a las personas y escucharse, dice. Aprender cómo contar el pasado y persistir.

Los cuerpos del agua

Minutos antes de la inauguración de la exposición, los miembros del Comité Cultural participan en una ceremonia con el equipo del Museo Nacional. En un gran óvalo, se prende una vela y todos se presentan y hablan mientras la sostienen. Varias personas mencionan las diferentes maneras de interpretar el agua: en la ciudad, por ejemplo, el agua es algo que sale cuando se abre una llave; el agua “se acaba” el día que deja de salir.

En el Darién, el agua es como una madre, lo primordial y lo primero, dicen los sabios. La palabra di, río en guna, también significa, dependiendo del contexto, estar, vivir, pisar y sobrevivir. Aún más importante, el agua tiene poder.

En una sala cercana, cuelgan las molas que Garrido y las demás mujeres de Arquía cosieron durante meses. A ella, su madre le enseñó a coser a los siete años. Comenzó con molas de dos capas y fue progresando. Las de la exposición tienen cinco. Son mapas, recuerdos de otros tiempos, historias del pasado de los guna y el agua.

Una de ellas muestra a una niña guna de doce años que se enamoró de una ballena. La niña aprendió su idioma y las claves para vivir bajo el agua. Un nele, un gran sabio, alertó a la comunidad, pues la niña no debía tener una pareja que no fuera guna. Le prohibieron seguir viendo a la ballena. Pero durante una ceremonia para celebrar la pubertad de la joven, mientras la comunidad se emborrachaba bebiendo chicha, un grupo de ballenas rodeó el poblado. La tierra se agrietó y empezó a salir agua a borbotones. El pueblo se hundió y allí, donde antes estaban las casas, se formó la ciénaga de Unguía.

Fui feliz mientras tejía las molas, le había dicho Garrido a Mongabay Latam en el muelle de Unguía, en tanto la llovizna punteaba el río.

Mientras tejía las imaginaba y era feliz.

*Imagen principal: exposición «Camino del Agua», en el Museo Nacional en Bogotá. Foto: Camila Morales.

El artículo original fue publicado por Santiago Wills en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Conocidos los resultados de la votación del pasado domingo y la próxima definición de la presidencia de la República entre Abelardo y Cepeda en tres semanas, el 21 de junio, todos los colombianos nos encontramos frente a una encrucijada histórica. La de avanzar hacia una democracia ciudadana, decidida a dejar atrás la división y confrontación inmemorial entre víctimas y victimarios o, por el contrario, seguir profundizándola bajo dos banderas que hasta ahora han sido irreconciliables en nuestra violenta historia política.

Más allá de banderías irreconciliables

La bandera de la extrema derecha, hoy enarbolada por Abelardo con la parafernalia feroz de su tigre, su saludo militar y su grito autoritario de “firmes por la Patria”. Sin duda, es una bandera que logra ocultar bien la defensa de un establecimiento profundamente inicuo y discriminatorio, que también arropa el comprensible miedo de millones de electores que sufren cotidianamente el asedio de la inseguridad y la violencia. A esa bandera, se suma ahora la efectista y mentirosa fantasmagoría de Uribe augurando una futura Colombia a semejanza de la Venezuela chavista si se vota por Cepeda, eco de su vulgar y fracasada profecía de las “FAR” en la presidencia de la República si se aprobaba el Acuerdo de Paz en 2016. De otra parte, Cepeda en la izquierda iza la bandera de la justicia y la continuidad de reformas sociales estructurales inaplazables, dejadas a medio camino por el “Gobierno del Cambio”, dada la feroz oposición y bloqueo que sufrieron en el Congreso. Esa bandera también convoca a millones de electores con sus esperanzas y legítimas aspiraciones a una vida digna y decente, sin estar sometidos por más generaciones a la violencia del hambre, la ignorancia, la discriminación social, étnica y regional que hasta la fecha los ha condenado a ser unos “nadies”, estigmatizados como zarrapastrosos y vagos.  

Más allá de la “Paz Total”

De alguna forma, podría decirse que es la tensión entre el miedo de muchos y la esperanza de todavía más colombianos, sin desconocer que ambas banderas son rasgadas y sus seguidores vapuleados por la violencia, la inseguridad y la criminalidad organizada, que todos los días aumenta el número de victimas civiles y de victimarios armados impunes. Saldo en rojo que se achaca solo a la “Paz Total”, más con odio y búsqueda oportunista de votos, como si en el pasado hubiésemos vivido en una arcadia de seguridad y paz, sin masacres, miles de secuestros y “falsos positivos”. Sin desconocer la improvisación y los errores propios de la “Paz Total”, la verdad es que ésta recibió un legado de ingobernabilidad, inseguridad e impunidad dejadas por procesos y fórmulas de paz también fallidas en anteriores administraciones. Entre ellas, la supuesta exitosa desmovilización de las AUC promovida por Uribe, que terminó mutando en muchas más estructuras delictivas y narco-ejércitos, siendo el “Ejército Gaitanista de Colombia” el más violento y tenebroso. Algo semejante sucedió con la paz liderada por Santos y la desmovilización de las Farc-Ep, pues a ella siguieron numerosas disidencias convertidas en narco-guerrillas, que hoy incluso se están aniquilando entre sí en el Guaviare, sacrificando cruelmente menores reclutados, así como en la disputa sangrienta del Catatumbo contra el ELN. Una historia sin fin de victimización de la población civil, alentada y catalizada con los recursos de economías ilícitas, que continuará escalando hasta tanto el Estado no sea capaz de complementar su obsesión belicista y punitiva con una presencia civilista, emprendedora y productiva, que brinde alternativas de desarrollo y vida a miles de familias campesinas, comunidades afro e indígenas. Por eso, no es solo impreciso, sino una indolente frivolidad, llamar polarización a esa continúa victimización impune de la población civil, consecuencia de políticas públicas improvisadas y coyunturales.

La Mama-Coca Vital

Un desafío sobre el cual, seguramente, tendrán que debatir Abelardo y Cepeda, más allá de insultos y deslegitimaciones mutuas, como hasta ahora lamentablemente ha sucedido. Solo, entonces, todos los colombianos podremos discernir y decidir en las urnas sobre quién presenta las políticas más democráticas, respetuosas con la vida, los derechos de la población y la protección del medio ambiente, que es lo propio de un Estado social de derecho y de las normas de nuestra Constitución política, además de lo establecido en el Acuerdo de Paz de 2016. De lo contrario, seguiremos envueltos en una disputa absurda, sustentada en visiones tan erradas como la de aquella letal campaña publicitaria de la “mata que mata”, que estigmatizaba las portentosas propiedades de la coca, en lugar de aprovecharlas canalizándolas en la industria legal de bebidas, alimenticia y farmacéutica, arrebatándole de paso a los narcotraficantes y todo su entramado criminal esa fuente inagotable de astronómicas ganancias. Así ha venido sucediendo con la marihuana, que pasó de planta maldita a bendita, cuando se decidió legalmente aprovechar su potencial para el tratamiento de algunas dolorosas y terminales enfermedades. Además, la mayor ganancia de todo lo anterior, es que pondría fin a esa brutal victimización del campesinado marginado y a la devastación ecocida con glifosato de la biodiversidad de nuestros bosques y la Amazonia. Solo entonces el Estado podrá ganar reconocimiento y legitimidad democrática. Incluso, dejaríamos de escuchar todos los días la cantinela de muchos periodistas sobre el terrible flagelo del narcotráfico, como si fuera una maldición divina, y a prestantes analistas repetir esa falsa letanía de la polarización política y social, pues ya no habría bandos de insensatos que lancen a los demás a la fracasada guerra contra las drogas, mientras unos pocos se enriquecen comprando y comerciando el glifosato, estimulado la industria armamentística en desarrollo de futuros “Planes Colombia” o defendiendo y negociando con grandes capos su entrega a la justicia para salvarse de la extradición y asegurarse penas benignas en Colombia. A semejante sainete de impunidad, desde Gaviria con Pablo Escobar y los extraditables, pasando por Uribe con los narcoparamilitares hasta la actualidad con Petro y el Ejército Gaitanista, se ha reducido la política criminal del Estado contra esas poderosas organizaciones narco-crimínales, que combinan con destreza todas las formas de lucha y cuentan con la asesoría de famosos penalistas y exfiscales, ampliamente conocidos, que se escudan en el secreto y la confidencialidad profesional, como es el caso de Abelardo con sus asesorías a los excomandantes de las AUC y recientemente con su amigo y cliente, Alex Saab, para ocultárselas a Daniel Coronell y de paso a toda la sociedad. Algo muy diferente, hay que reconocerlo, han sido las gestiones públicas de Cepeda en los procesos de negociación con comandantes de las Farc-Ep durante las conversaciones de paz en La Habana, e incluso con condenados por paramilitares en las cárceles, que dio origen al todavía inconcluso litigio con el expresidente Uribe, pendiente de casación en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Victimización recíproca contra la democracia

Por eso, bajo ambas banderías hay víctimas y victimarios y tenemos una Colombia ensangrentada, fácil de polarizar y radicalizar, como bien lo han hecho Uribe y Petro, apelando a los miedos, las pasiones, los prejuicios y las reivindicaciones sociales. Entonces ya no hay ciudadanos sino “paracos” y “güerillos”, “gente bien” contra “comunistas”, y así se va generando eso que muchos llaman polarización, que no es otra cosa que una irresponsable radicalización de las emociones que nos impide reconocernos a todos los colombianos como ciudadanos con iguales derechos y responsabilidades. Lo más grave es que ahora Abelardo y Cepeda parecen dispuestos a tomar ese triste y nefasto relevo. Obviamente, bajo semejantes liderazgos nunca será posible la democracia, mucho menos la paz política y la convivencia ciudadana, pues ambos se deslegitiman y tratan como enemigos. Y la responsabilidad de líderes democráticos no es perpetuar una sociedad radicalizada y fragmentada entre millones de víctimas y miles de victimarios, como sucede en la nuestra. Víctimas y victimarios recíprocos, pues los que ayer sufrieron violencia y vejámenes, hoy se convierten en implacables vengadores de sus pasados victimarios, prologando así generaciones irreconciliables, estimuladas por el odio y la sed de venganza. Y, lo que sería más nefasto, es que ello se intente hacer de nuevo desde el Estado en nombre de la democracia o en defensa de la patria. Así se va intrincando esta especie de laberinto mortal, con infinitos pasillos de violencias y venganzas del que es imposible salir indemne, como nos ha venido sucediendo desde hace casi un siglo en esta Colombia en la que pocos viven muy bien –pertrechados de seguridad y escoltas—y la mayoría estamos expuestos desde el raponazo del celular, la extorsión consuetudinaria, el secuestro hasta encontrar una azarosa muerte en medio del fuego cruzado.

Geografía de la victimización recíproca

Por eso los recientes resultados electorales se reflejan en el territorio en forma casi idéntica a la geografía de la votación obtenida por el malogrado acuerdo de paz[i], como puede apreciarse al yuxtaponer ambos mapas[ii]. Es una geografía electoral muy reveladora de una periferia, en su mayoría azotada por la violencia estructural de la marginalidad y la directa del conflicto armado interno, con un brutal legado de colombianos victimizados. Colombianos que en algunas regiones votan coaccionados por grupos armados ilegales y en otras lo hacen porque lo que más desean es vivir en paz y no continuar muriendo bajo amenazas, combates y ataques letales del fuego cruzado de todas las partes y flancos. Desde los bombardeos del Ejército a los desplazamientos forzados, los confinamientos y las masacres de los grupos armados ilegales. Frente a esa periferia, encontramos el centro de la región andina y las regiones limítrofes con Venezuela, donde su población vota casi con desespero y miedo buscando la protección de la Fuerza Pública y cree ilusamente que solo con mayor fuerza se conquistará la seguridad, fórmula que a la postre solo recicla y genera la mutación de más grupos armados ilegales, como lo constatamos con las AUC y sus actuales herederos, el Ejército Gaitanista de Colombia, además de las numerosas y no menos criminales disidencias de las desmovilizadas Farc-Ep.

Deliberemos, más allá de víctimas y victimarios

Tal es la encrucijada que los colombianos debemos resolver en tres semanas y para ello no tenemos otra opción que pensar, deliberar, actuar y votar responsablemente como ciudadanos, sin dejarnos arrastrar por esa vorágine de prejuicios y pasiones que nos convierte en potenciales víctimas sin derechos o, por el contrario, en victimarios arrogantes en defensa violenta de  derechos, convertidos así en privilegiados autócratas, plenos de buena conciencia y superioridad moral que desconfían del resto de colombianos y los sindica de antipatriotas y mamertos. Pero, para superar esa encrucijada, tanto Abelardo como Cepeda, primero deben darnos a todos ejemplo de civilidad y democracia, entrando al foro de la deliberación y la argumentación, dejando atrás la arena de los insultos y la descalificación, como auténticos demócratas y no como enconados e irreconciliables enemigos. Sin duda, gracias a los debates, podremos saber quién estará a la altura de liderar una transición hacia la democracia o, por el contrario, puede llevarnos hacia un régimen autoritario y cacocrático, donde sea la fuerza, la violencia y los intereses de unos cuantos cacos los que prevalezcan sobre los de toda la ciudadanía. Por eso, en la segunda entrega, continuaré con el análisis de ese debate impostergable y urgente, que todos los colombianos esperamos con ansias y esperanzas para decidir a conciencia nuestro voto el próximo 21 de junio.

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_Colombia_(resultados_plebiscito_acuerdo_de_paz_2016_por_departamentos).svg

[ii] https://90minutos.co/elecciones-2026/mapa-electoral-colombia-2026-asi-votaron-departamentos-primera-vuelta-01-06-2026/

Las Elecciones no son un Casino

Miles de personas creen que votar es un juego de azar, una especie de baloto que, si su candidato o candidata gana, les garantizará seguridad, prosperidad y felicidad al menos por los próximos 4 años. Su horizonte se agota en la famosa expresión del “CVY”, cómo voy yo ahí, qué me voy a ganar, qué me va a dar ese candidato si voto por él, cómo y cuándo lo recibiré. No existe la más mínima noción del sentido de lo público. Esas personas ignoran que votar es un ejercicio de responsabilidad política que va a tener profundas repercusiones, a veces fatales, sobre la vida de los demás y toda la sociedad. Reducen su voto a un cálculo mercantil de perdidas y ganancias, donde lo único que importa son sus intereses, los de su empresa y amada familia. Los derechos, necesidades, intereses e identidades de los demás no importan. Ni hablar de los principios y valores que confieren identidad personal o colectiva a quienes son distintos de dicho elector, pues solo sus principios, creencias y valores son verdaderos y moralmente superiores. ¿Cómo va a reconocerles igual valor y situar en el mismo nivel que los suyos a quienes, por ignorancia y falta de emprendimiento, son incapaces de comprender las variables macroeconómicas, el déficit fiscal y la tasa de inflación? ¿Cómo va a permitir que una mayoría de zarrapastrosos, muertos de hambre y vagos, puedan decidir que se aumenten los impuestos al patrimonio, la renta y las ganancias? Es más, ¿cómo permitir que, en aras de la pluralidad de identidades y la diversidad de orientaciones sexuales se corrompa a los menores de edad y se amenace la sagrada estabilidad de las familias y el principio de autoridad paterna? Con este tipo de preocupaciones, motivaciones y prejuicios se marca el tarjetón y decide la suerte de una nación, muchos con la mejor buena conciencia, aunque algunos también con cierta mezcla de odio y discriminación.

Las urnas no son trincheras y menos tumbas

Pero hay una preocupación y motivación que es superior a todas las anteriores, la que más miedo, votos y pasiones genera, que es la sacrosanta seguridad personal, pues sin ella siempre estará en vilo nuestra vida y la muerte nos acechará permanentemente. Entonces las urnas se convierten en trincheras y terminan siendo tumbas. En esas llevamos casi un siglo, salvo breves períodos en los que la sensatez política ha superado la estupidez belicista, presente tanto en los que defienden a ultranza el establecimiento como en quienes lo atacan. Olvidan la famosa frase atribuida a Napoleón: “Con las bayonetas pueden hacerse muchas cosas, menos sentarse sobre ellas”. Semejante obsesión en conquistar seguridad a punta de bayonetas, no solo impide una gobernabilidad democrática, sino que termina prolongando y degradando progresivamente a toda la sociedad. Termina dividiéndola entre millones de víctimas de esa paz impuesta por la superioridad militar de los vencedores y la sumisión de los vencidos, una especie de Pax Romana, que en pocos años engendra más vengadores implacables que reinician con mayor fiereza el ciclo interminable de la guerra. Y ello sucede porque esas falaces soluciones militares no abordan las causas que generan las guerras, prolongan y degradan sin límite los conflictos armados internos, como en nuestro caso la existencia de las economías ilegales, que aportan recursos inagotables para el fortalecimiento de las organizaciones armadas ilegales. Parece que ningún candidato tuviera en cuenta este sabio consejo de García Márquez en su Proclama Por un País al alcance de los niños: “Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan”.

Política en lugar de bayonetas

La única forma de poner fin a esas “causas eternas” y espiral interminable de violencias es mediante la política y su capacidad transformadora de esas economías ilegales, incorporándolas al mercado en lugar de persistir en su erradicación y destrucción violenta. Obviamente, tal cambio de estrategia implica un cambio de paradigma y cosmovisión sobre la supuesta peligrosidad y letalidad de la hoja de coca, cuyos atributos naturales son portentosos, para arrebatarle a la criminalidad del narcotráfico su fuente de enriquecimiento, envilecimiento de la política y la humanidad. Ello demandaría, como problema internacional y doméstico que es (“interméstico) una audaz política global liderada desde el Estado colombiano en coalición con sus semejantes: México, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil para la descriminalización de la coca y su conversión en una próspera industria del Sur de bebidas, alimentos y medicamentos, que compita con la septentrional Coca-Cola y deje de ser “la chispa de la vida”.

Mama-Coca Vs Escudo de las Américas

De paso, disputaría a Trump su política militar intervencionista en toda Latinoamérica con su iniciativa “Escudo de las Américas”, que solo favorecerá los intereses del complejo industrial-militar norteamericano y arrasará la biodiversidad de nuestros bosques tropicales, además de profundizar y ampliar la victimización, el desarraigo y virtual desaparición de numerosas comunidades indígenas, reservas campesinas y comunidades negras en nombre de la supuesta guerra contra las drogas, cuyo fracaso y costos son más evidentes y criminales que los de la “paz Total”. Si se impone ese Escudo devastador, estaríamos ante un escenario de salvajismo solo propicio para los tigres. Es precisamente por todo lo anterior que carece totalmente de sentido llamar polarización política a lo que es una nefasta y criminal consecuencia de la guerra como supuesta solución a la inseguridad, el narcotráfico y el fin del conflicto armado interno. Dicha estrategia solo aumentaría el número de víctimas civiles y victimarios impunes, además de profundizar nuestra pérdida de sensibilidad ética y responsabilidad política como ciudadanía. En fin, convertiría las urnas en una especie de caja de Pandora de la cual saldrían todos los males: violencia, muerte, corrupción e impunidad y quedaría nuestra esperanza atrapada y refundida por otros cuatro años, dejando una estela más de víctimas incontables, victimarios gloriosos y futuros vengadores inimaginables.