La Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental vinculante de América Latina y el Caribe— concluyó con la aprobación de diez decisiones. Los avances son reales, pero también lo son las señales de alerta: en varios países de la región los derechos que el Acuerdo busca garantizar no sólo no avanzan, sino que retroceden. La COP4 marcó un precedente al celebrarse por primera vez en el Caribe, y no es casualidad. De los 19 Estados Parte, 10 son países caribeños, lo que hace plenamente coherente que la nueva Mesa Directiva haya quedado en cabeza de  Saint Kitts y Nevis en la Presidencia, con Bahamas, Belice, Colombia y Panamá en las Vicepresidencias. 

Este liderazgo caribeño es un reconocimiento a ese compromiso sostenido y una responsabilidad: se espera que la Mesa impulse con determinación una agenda ambiciosa de democracia ambiental que traduzca los compromisos del Acuerdo en garantías concretas para la región. Colombia tuvo un rol propositivo en las negociaciones, impulsando las sinergias con la agenda climática y la necesidad de retomar la discusión sobre la participación de los pueblos indígenas en la próxima COP. Las diez decisiones aprobadas muestran que ese camino avanza, aunque de manera desigual.

Las palabras importan: cómo los gobiernos suavizaron los compromisos

No todas las decisiones pesan igual y, todo está en los verbos: la Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género se presentó a la COP4 pero sin adoptarse como compromiso, solo se “invitó” a los países a usarla; los avances en participación ciudadana fueron “acogidos con beneplácito”, fórmula diplomática que no es lo mismo a “aprobar”; y la cooperación entre países recibió el verbo más blando de todos: “invitar”. En diplomacia, la diferencia no es semántica y puede ser la diferencia entre una obligación y una sugerencia. 

Acceso a la justicia ambiental: nuevos reconocimientos para defensores y el público

La Decisión sobre acceso a la justicia incorporó dos cambios relevantes durante las negociaciones de esta COP4. El primero es el reconocimiento explícito de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El segundo cambio es que el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre acceso a la justicia ambiental estará formalmente integrado por una de las personas representantes electas del público. Esto garantiza una voz directa dentro del propio grupo, que tiene el mandato de elaborar lineamientos y un relevamiento de buenas prácticas para la siguiente COP.

Primeros avances concretos para proteger a quienes defienden el ambiente

El Acuerdo de Escazú, ha priorizado desde su primera Conferencia de las Partes la protección de quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El pilar de defensoras y defensores es el de mayor avance en la implementación del tratado: desde la COP1 se constituyó un grupo de trabajo ad hoc para el artículo 9, y en la COP3 se aprobó un Plan de Acción específico. Por su parte, en la COP4, las Partes y el público conocieron los primeros avances concretos de ese plan, lo que marca el tránsito de la planificación a la ejecución.

Entre las actividades reportadas se destacan tres: el desarrollo del programa de implementación con su proceso de consulta; la realización del Foro Regional de Defensoras y Defensores, orientado a fortalecer las capacidades de las Partes y del público; y el inicio de la primera actividad del eje de conocimiento: la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este diagnóstico deberá documentar, como mínimo: el número de víctimas y tipos de vulneraciones registradas; los instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales vinculados a la prevención, protección y sanción; y las prácticas existentes, incluyendo experiencias comunitarias y estrategias de autoprotección.

La recolección de datos se extenderá hasta agosto de 2026 a través de un mecanismo participativo La elaboración del informe está prevista entre agosto y diciembre de 2026, y su publicación y difusión se realizará en el marco del Foro Regional de 2027. Este proceso es el primer levantamiento sistemático de datos sobre vulneraciones a defensores ambientales en el marco vinculante de Escazú, y sus resultados informarán directamente las políticas y lineamientos que adopten las Partes en la COP5.

El Comité de Cumplimiento y el mecanismo de respuesta rápida

Uno de los avances es la formalización del mecanismo de respuesta rápida del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Este mecanismo permite al Comité adoptar medidas urgentes, como priorizar casos, convocar sesiones extraordinarias, proteger la identidad de quienes presentan comunicaciones y recomendar al Estado interesado medidas de protección inmediata, cuando se detecten situaciones de riesgo frente a ataques, amenazas o intimidaciones a miembros del público. 

Pueblos indígenas: deuda pendiente y demandas concretas

Desde COICA, el balance es claro: persisten limitaciones estructurales que impiden una participación indígena plena y efectiva. Varias de las propuestas impulsadas por los pueblos indígenas amazónicos no fueron incorporadas en los proyectos de decisión, lo que evidencia que los mecanismos actuales de gobernanza aún resultan insuficientes para responder a sus realidades y necesidades. A ello se suman barreras concretas: la brecha digital, las limitaciones lingüísticas, el acceso desigual a información pública y la ausencia de mecanismos culturalmente adecuados para participar en igualdad de condiciones.

COICA también ha señalado la limitada incorporación de enfoques interculturales en la implementación del Plan de Acción sobre personas defensoras y la falta de reconocimiento de los sistemas propios de protección territorial y autoprotección indígena. Por ello,consideran prioritario que las próximas COP adopten medidas concretas: la creación de un Grupo de Trabajo Permanente sobre Cuestiones Indígenas; el reconocimiento formal de un Caucus Indígena con apoyo técnico y financiero; una Relatoría sobre Pueblos Indígenas que haga seguimiento a la situación de defensoras y defensores; y la garantía de al menos un representante indígena dentro de los mecanismos de representación del público. Los pueblos indígenas no deben ser considerados únicamente actores consultivos, sino sujetos colectivos de derechos y socios estratégicos fundamentales para la protección de la Amazonía y los derechos humanos ambientales en la región.

Colombia tomó la palabra para solicitar que la Secretaría tomara nota de la necesidad de abrir espacios de discusión sobre cuestiones indígenas y comunidades locales, a fin de hacer una revisión informada en la siguiente COP, considerando el contexto crítico que enfrentan los pueblos indígenas en la protección de sus territorios. Esta señal quedó registrada en el reporte de la COP. 

Hojas de ruta nacionales: más países, pero con retrocesos que preocupan

Nueve países han publicado planes y hojas de ruta para la implementación nacional. Valoramos que Belice se incorporó a esta lista en el texto final. No obstante, el mecanismo de seguimiento previsto se redujo de un sistema integral de verificación a un modelo de informe de alcance más limitado.

Según Cristian Fernández de FARN, el proceso de construcción de la hoja de ruta argentina fue complejo: si bien es positivo que el país haya trazado acciones concretas, la instancia de buzones electrónicos no puede suplantar instancias de diálogo presenciales. Esta lección es extrapolable a toda la región: las hojas de ruta deben construirse con participación ciudadana robusta, antes y durante el proceso.

Pero más allá de los déficits de proceso, lo que preocupa en Argentina es lo que ocurre en la práctica. Como advierte FARN, desde la COP3 los cambios han sido regresivos. El Decreto 780/2024 restringió el derecho de acceso a la información pública, ampliando de manera discrecional las facultades de los funcionarios para decidir qué se informa e invirtiendo el sistema de obligaciones establecido en la ley. El Observatorio ambiental y climático para la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina —a partir de un informe de Proyecto Meulen, iniciativa radicada en la FCJS-UNL— ha documentado regresiones que incluyen la desaparición del Ministerio de Ambiente, la eliminación del Fondo de Bosques Nativos, la derogación de herramientas para energías renovables y modificaciones legales que habilitan reemplazar audiencias públicas por otros mecanismos, entre otros retrocesos. Si bien Argentina cuenta con instrumentos formales, estos retrocesos la ubican en un escenario preocupante frente a sus compromisos.

Registros de contaminantes e informes técnicos: evidencia para la acción

Se aprobó la creación de un grupo técnico de expertos para desarrollar lineamientos regionales sobre Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC): el grupo incorporó formalmente la participación de representantes electos del público, garantizando que las comunidades tengan voz directa en la definición de estos lineamientos. Este avance, junto con la incorporación del representante del público en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia, es resultado de la incidencia sostenida del público en las negociaciones, en articulación con los representantes electos del público, la Red Regional Escazú Ahora y CANLA.

El informe técnico presentado en la COP4 revela un panorama regional heterogéneo: solo Chile y México cuentan con sistemas RETC plenamente operativos, mientras la mayoría de países se encuentra en etapas iniciales. Al mismo tiempo, los países con hojas de ruta nacionales han incorporado los RETC como acción prioritaria, lo que evidencia el efecto catalizador del Acuerdo.

Desde FIMA, Constanza Dougnac subraya su importancia estratégica: los RETC permiten a las comunidades conocer qué contaminantes se emiten en sus territorios y quiénes son los responsables, reduciendo asimetrías de información y fortaleciendo la participación pública. En territorios altamente expuestos a contaminación o vulnerables frente a la crisis climática, esta información es fundamental. Por ello, señala FIMA, los RETC deben fortalecerse e implementarse bajo estándares de transparencia, actualización y acceso público.

Cambio climático y sinergias: una articulación urgente

Desde FIMA, Constanza Dougnac considera que los procesos climáticos como las NDC deben considerar los estándares de Escazú para asegurar transparencia, participación y rendición de cuentas. El principio de no regresión no puede quedar fuera de los compromisos climáticos. No avanzar en esta dirección implica el riesgo de impulsar acciones que profundicen desigualdades en lugar de abordarlas. La propia CIDH ha señalado que el cambio climático actúa como multiplicador de amenazas que exacerba desigualdades estructurales —un riesgo especialmente crítico para América Latina y el Caribe, región altamente vulnerable pese a su baja contribución histórica a las emisiones globales.

Sin embargo, la COP4 sí aprobó dos disposiciones que avanzan en esa dirección. La Decisión IV/10 invita a las Partes a promover sinergias y alianzas entre Escazú y otros foros multilaterales sobre medio ambiente, y encomienda a la Secretaría reforzar la cooperación con organismos del sistema de Naciones Unidas. Por su parte, el Comité de Cumplimiento quedó habilitado para establecer diálogos y consultas con otros acuerdos e instituciones multilaterales. Juntas, estas dos decisiones habilitan a toda la arquitectura institucional del Acuerdo para avanzar en la articulación entre Escazú, la agenda climática y los estándares interamericanos de derechos humanos.

Hacia la COP5: tareas urgentes

Las decisiones adoptadas en la COP4 marcan la agenda hasta la COP5, la puesta en marcha del grupo de trabajo sobre acceso a la justicia, el grupo técnico sobre RETC, la elaboración de un modelo de seguimiento de las hojas de ruta que incorpore voces independientes del público, y el inicio de una conversación estructurada sobre la participación de los pueblos indígenas en la gobernanza del Acuerdo.

Valoramos además que una de las decisiones adoptadas establezca que la Mesa Directiva deberá anunciar con al menos seis meses de anticipación el país anfitrión de la siguiente COP. La participación informada y preparada no es un detalle logístico: es una condición para que la democracia ambiental que el Acuerdo promete sea real.

1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

Con el ánimo de contribuir al conocimiento ciudadano de las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la República, ASODIPLO publica, en el orden en que las ha recibido, las respuestas a su cuestionario sobre política exterior. Comenzamos con las enviadas por la candidata Claudia López, por el movimiento Imparables.

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

Nuestra política exterior responderá a intereses nacionales asociados a la seguridad, el aumento de la productividad, y la protección del patrimonio ambiental de Colombia, siendo una voz relevante como país del Sur Global en el contexto de los profundos cambios que experimenta el orden mundial en la actualidad. Desarrollaremos a una diplomacia estratégica, moderna y enfocada en resultados. 

Los principios tradicionales de la política exterior colombiana —soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de controversias y multilateralismo— seguirán siendo fundamentales. Pero debemos actualizarlos en un mundo multipolar, tecnológicamente competitivo y geopolíticamente inestable desde un enfoque pragmático, responsable y que apunte a la diversificación de nuestras apuestas estratégicas. 

Por eso, nuestro gobierno impulsará tres grandes prioridades.

Primero, fortalecer la seguridad nacional mediante cooperación internacional efectiva contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y las amenazas híbridas, incluyendo la ciberseguridad y la desinformación. Venezuela será una prioridad estratégica por el impacto que tiene la inestabilidad fronteriza sobre nuestra seguridad y economía. 

Segundo, diversificar las relaciones económicas y comerciales de Colombia. Durante décadas concentramos excesivamente nuestra dependencia en un solo socio. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal aliado, pero Colombia debe ampliar mercados, atraer inversión con transferencia tecnológica y fortalecer su inserción en Asia-Pacífico. Asimismo, debe abrirse camino en los mercados de Medio Oriente y del mundo musulmán, que se perfilan como algunos de los de mayor crecimiento en los próximos años.

Tercero, posicionar a Colombia como un actor relevante en la agenda climática global. Somos una potencia ambiental y debemos convertir la Amazonía, la transición energética y la biodiversidad en instrumentos de liderazgo internacional, movilización de recursos y generación de nuevas industrias sostenibles. 

Gobernaremos con firmeza y mesura, alejándonos de la diplomacia de micrófono y bravuconerías, privilegiando una política exterior seria, profesional y predecible. 

2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

La política exterior de Colombia vive una transición histórica: de un orden unipolar dominado por Estados Unidos hacia una inserción estratégica en un entorno multipolar más inestable. El multilateralismo heredado de la Segunda Guerra Mundial ha demostrado ser insuficiente para prevenir conflictos como la invasión rusa a Ucrania o el genocidio en Gaza. Las reglas que rigieron las relaciones internacionales durante las últimas cuatro décadas están cambiando, y Colombia debe estar preparada para navegar ese entorno con inteligencia, apego a sus valores y su liderazgo como país de renta media del Sur Global.

Bajo mi gobierno, Colombia defenderá activamente los bienes públicos globales: la biodiversidad amazónica, el agua, la paz y los derechos humanos. En foros como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, Colombia actuará desde sus ventajas comparativas: su experiencia en construcción de paz, su biodiversidad, su posición geográfica y su rol como referente en justicia transicional. La defensa de los derechos humanos y la condena contundente a quienes los violen —sean Estados, organizaciones o personas— serán una constante. Colombia no guardará silencio frente a violaciones graves.

3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Desarrollar agendas claras, diferenciadas y complementarias con cada actor global estratégico, será la clave para las relaciones bilaterales. Desplegaremos un esfuerzo de gobierno, a nivel intersectorial y subnacional, para construir agendas de trabajo con los países más estratégicos para Colombia. El contexto actual nos exige entender que hoy el mundo es multipolar. Mi gobierno reconocerá las relaciones que se han consolidado en el tiempo, reduciendo dependencias inconvenientes, y navegando con pragmatismo y responsabilidad los cambios geopolíticos en curso.

• Estados Unidos. Es la relación más consolidada y, en consecuencia, prioritaria del país que se extiende por más de 200 años. Hoy la agenda de Colombia con EEUU pasa por la restauración de la democracia en Venezuela. Tenemos el interés común de estabilizar el país vecino para mejorar las inversiones, el comercio, y la capacidad de respuesta conjunta frente al crimen organizado transnacional. Al presidente Donald Trump mi gobierno le propondrá un Plan Colombia Venezuela con tres componentes: i) inversiones público-privadas de desarrollo productivo en la frontera; ii) formación del recurso humano asociado a la industrialización de la economía en la frontera; y iii) cooperación militar para fortalecer la efectividad de las operaciones contra las estructuras del crimen organizado transnacional y recuperar la seguridad en zonas donde la Paz Total ha facilitado el control territorial de esos grupos ilegales. Se institucionalizarán nuevamente los canales diplomáticos, se restaurará la agenda bipartidista con el Congreso estadounidense y se transitará de la “lucha contra las drogas” —enfocada en el campesino— hacia una cooperación contra el crimen organizado transnacional focalizada en sus finanzas, cabecillas y estructuras. Retomaremos la colaboración en inteligencia y capacidad operativa con EEUU desde un enfoque de corresponsabilidad, subrayando la obligación que tiene Colombia de aumentar sus inversiones y capacidades propias en materia de defensa, seguridad y justicia. 
• China: se construirá una agenda estratégica con tres ejes: transferencia de tecnología, reequilibrio de la balanza comercial y cooperación contra prácticas desleales. En los primeros 100 días de mi gobierno se presentará un plan de acción con una agenda concreta. China debe ocupar el lugar que le corresponde como segunda economía mundial y segundo socio comercial de Colombia. El déficit de más de 12.000 millones de dólares con China se gestionará con inteligencia: los bienes de capital que aumentan la productividad son bienvenidos; la competencia desleal y el contrabando, no. Promoveremos mayor cooperación educativa para que ´más colombianos conozcan el idioma y se familiaricen con su cultura.
• Unión Europea y Canadá: se preservarán y profundizarán los acuerdos existentes, aprovechando los capítulos de cooperación y apoyo a PYMES. También será una prioridad la colaboración alrededor de inversiones para mitigar y adaptarnos al cambio climático, como país con importantes activos ambientales y potencial de desarrollar energías limpias, y generar capacidades en el talento humano para los negocios asociados.  Europa es clave también en cooperación militar, y justicia.
• India, Emiratos Árabes Unidos y países del Golfo: EAU será el canal de entrada a Medio Oriente y al mercado musulmán, particularmente de productos agroindustriales. India es una potencia tecnológica y demográfica con la que Colombia puede avanzar en ciencia, tecnología e innovación.
• Asia-Pacífico (Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Indonesia): Japón será socio en movilidad limpia, educación técnica y ciudades inteligentes. Corea del Sur —con quien Colombia tiene historia de cooperación desde la guerra de los años 50 y un TLC vigente— será el principal aliado para la manufactura avanzada y la digitalización. Con Vietnam y Tailandia se profundizará la cooperación frente a prácticas agroindustriales y esquemas de formación para mejorar su productividad.
• África y Sur Global: Como país de renta media con el peso que nos corresponde en las dinámicas mundiales a nivel económico, político e institucional, lideraremos activamente espacios en los que la perspectiva del Sur Global sea determinante en el contexto actual, bajo los principios del derecho internacional. Colombia profundizará la cooperación cultural y educativa con África, consolidando la búsqueda de nuevos mercados. Adicionalmente, participará activamente en espacios como los BRICS y el AIIB, no como receptor pasivo sino como socio aportante en biodiversidad, energías limpias y conocimiento.

4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

Colombia necesita una acción fronteriza y regional enfocada, menos en disputas políticas e ideológicas, y más en resultados concretos en temas estratégicos para el país como seguridad, protección ambiental, infraestructura, energía, movilidad humana, y comercio. Priorizaremos agendas estratégicas con los mecanismos de integración regional, en función de la vocación, potencial y límites de cada uno de ellos en el contexto hemisférico actual.

Con la CELAC fortaleceremos la efectividad de la coordinación de la respuesta regional en materia de cambio climático, transición energética, movilidad humana, y crimen organizado transnacional, particularmente. 

Con OTCA gestionaremos cooperación en seguridad, conservación ambiental y desarrollo productivo con énfasis en bioeconomía y agroindustria. Impulsaremos mecanismos coordinados para enfrentar el crimen organizado transnacional, especialmente en fronteras y corredores amazónicos. La cooperación regional será esencial para combatir narcotráfico, trata de personas, minería ilegal y lavado de activos. La Amazonía será un eje prioritario de articulación regional. Colombia promoverá acuerdos para combatir la deforestación, proteger la biodiversidad y movilizar financiación climática internacional. 

Reanimaremos la Alianza del Pacífico para intensificar la colaboración entre Colombia, Chile, México y Perú en materia de productividad. Debe convertirse nuevamente en nuestra principal plataforma de inserción hacia Asia, teniendo como base la innovación y cadenas regionales de valor. En el marco de la OEA impulsaremos temas como seguridad, crimen organizado y migración. 

La estabilidad democrática y económica de Venezuela representa una prioridad de seguridad nacional para Colombia. Por lo tanto, creemos que el camino es que los venezolanos elijan su gobierno en las urnas de manera libre y transparente. Acompañaremos una transición que restaure su democracia y libertad, que promueva las inversiones productivas que beneficien a los dos países, y que contrarreste el accionar de organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. 

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

En materia migratoria, mi gobierno ampliará las oportunidades de educación y empleo en el país para que nuestros jóvenes no sean expulsados a desarrollar su proyecto de vida en otros destinos. Así mismo, trabajaremos para atraer talento que contribuya a las mejoras de productividad, facilitando tanto la repatriación de colombianos como la gestión de visas de inversión y trabajo en sectores estratégicos. Frente a las medidas antinmigración adoptadas por países receptores, mi gobierno trabajará para que nuestros connacionales en el exterior sean tratados con dignidad, agilizará los procesos de repatriación y facilitará el retorno voluntario. Frente a la migración venezolana, el enfoque será desarrollar de manera paralela la integración de los venezolanos que ya están en el país y deseen contribuir al desarrollo de Colombia, y generar condiciones para el retorno voluntario mediante el desarrollo productivo fronterizo.

En política antidrogas, se realizará una transformación de fondo: se abandonará el enfoque punitivo contra el campesinado para concentrar los esfuerzos en desmantelar las mafias: ir tras sus cabecillas, atacar sus finanzas y reutilizar los bienes incautados en proyectos productivos que generen empleo legal. Profundizaremos, bajo un enfoque de corresponsabilidad, la cooperación en inteligencia y capacidad operativa, particularmente con EEUU y los países fronterizos, en la respuesta a las organizaciones criminales transnacionales que operan en Colombia. Se impulsará internacionalmente que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias controladas, para habilitar usos ancestrales e industriales lícitos. El consumo se tratará como asunto de salud pública. 

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

Colombia cuenta con activos ambientales de valor global —la Amazonía, el Chocó biodiverso, más de 2.000 especies de aves, el agua— que serán defendidos y proyectados como instrumentos de diplomacia y financiación internacional. Si bien el país es altamente vulnerable al cambio climático, no es un emisor relevante de gases efecto invernadero a nivel global. El mayor problema de Colombia es la pobreza y necesitamos aprovechar todos nuestros recursos para superarla, al tiempo que desplegamos nuestro potencial para el desarrollo de energías limpias. La industrialización de Colombia en la economía del Siglo XXI dependerá del acceso a energía barata, estable y limpia. Para conciliar la protección de nuestros activos ambientales con la sofisticación de nuestra matriz energética, las líneas de acción serán:

• Conservación de activos ambientales: Aumentar el liderazgo político global y la cooperación internacional para preservar la Amazonía y otros activos ambientales con impacto global que tiene el país.
• Restauración: Desarrollar instrumentos de cooperación y financiación internacional para escalar la implementación de programas para restaurar los ecosistemas y activos ambientales del país.
• Movilidad: Establecer, con la banca de desarrollo internacional y los gobiernos subnacionales y locales, una estrategia de aceleración de proyectos de movilidad limpia para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
• Transición energética. Fortalecer las condiciones habilitantes para profundizar las inversiones público-privadas-comunitarias en energías limpias, particularmente solar y eólica, volviendo a las comunidades socias de los proyectos; y contribuir al establecimiento de la Red de Interconexión Eléctrica de América del Sur.

• ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a las exportaciones no tradicionales, la atracción de inversión extranjera, la negociación o revisión de acuerdos comerciales, la inserción Asia-Pacífico y el ingreso de Colombia a la OCDE como miembro pleno y activo?

Durante el último año hemos constatado a nivel global cómo la diplomacia económica y comercial se ha convertido en un instrumento de política exterior. En esa medida, y para un país como Colombia, la política exterior debe convertirse en una herramienta que contribuya al aumento de la productividad del país. Embajadas de países estratégicos tendrán metas medibles en apertura de mercados, atracción de inversión, transferencia tecnológica y promoción exportadora. 

La articulación entre política exterior y diplomacia económica se materializará en mi gobierno mediante una profunda transformación de la arquitectura institucional del Estado. El Viceministerio de Comercio Exterior, actualmente adscrito al Ministerio de Comercio, pasará a integrarse a la Cancillería, mientras que ProColombia y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional —APC— serán fusionadas para consolidar una sola plataforma de promoción internacional, y atracción de inversión extranjera directa, inversión de impacto y cooperación.

Esta reforma tendrá dos efectos fundamentales para la productividad y el desarrollo económico del país. Primero, permitirá alinear la política exterior con la diplomacia económica y comercial de Colombia, convirtiendo nuestras embajadas en verdaderas herramientas de apertura de mercados, atracción de inversión y transferencia tecnológica. Segundo, permitirá que el Ministerio de Comercio concentre plenamente sus capacidades en el fortalecimiento industrial, productivo y turístico del país. Colombia no le venderá más al mundo si no produce más y mejor. Y producir más y mejor exige una estrategia agresiva de atracción de inversión con transferencia tecnológica, articulada desde una diplomacia económica moderna y efectiva. Nuestro objetivo será incorporar esas nuevas capacidades tecnológicas al tejido empresarial colombiano para aumentar la productividad, sofisticar nuestra oferta exportadora y generar más empleo de calidad.

Nos anima transformar la inserción internacional de Colombia en los mercados globales. Hoy seguimos exportando principalmente materias primas y la productividad de nuestra economía ha estado estancada por 20 años. Desde la apertura económica nuestro mayor producto de exportación es el petróleo y el carbón, con muy poca diversificación. Eso demuestra la necesidad urgente de sofisticar nuestra oferta exportable y fortalecer exportaciones no tradicionales con valor agregado.

Vamos a priorizar agroindustria, transición energética, movilidad limpia, infraestructura, manufactura con transferencia tecnológica, y sectores asociados a biodiversidad y economía sostenible. 

Frente a Asia-Pacífico, Colombia no puede seguir llegando tarde al centro de crecimiento del mundo. Profundizaremos relaciones económicas con China, Corea, Japón, India y Emiratos Árabes Unidos, manteniendo siempre un equilibrio responsable con Estados Unidos, como principal socio económico y comercial. 

También impulsaremos la reactivación de la Alianza del Pacífico como plataforma de integración productiva, tecnológica y comercial hacia Asia. 

En cuanto a la OCDE, Colombia debe pasar de ser un miembro formal a un miembro activo y relevante. Aprovecharemos ese espacio para acelerar estándares en productividad, educación, innovación, transparencia y transformación digital, conectando mejores prácticas internacionales con las necesidades regionales del país. 

Finalmente, en materia de revisión de acuerdos comerciales, será necesario examinar con detenimiento aquellos acuerdos internacionales de inversión cuya primera vigencia concluya durante el cuatrienio de gobierno, con el fin de proponer ajustes acordes con los desarrollos más recientes. Asimismo, revisaremos los capítulos de cooperación y de fortalecimiento de las PyMES en los acuerdos comerciales, para impulsar iniciativas de cooperación empresarial articuladas con los proyectos estratégicos de las regiones. En otras palabras, es fundamental alinear la internacionalización de la economía con el desarrollo productivo del país.

También promoveremos acuerdos orientados a la transferencia de tecnología y al fortalecimiento de la inversión extranjera directa. Los incentivos a la inversión deberán priorizar los proyectos más estratégicos para el desarrollo regional y estarán condicionados a una transferencia efectiva de tecnología, así como a la integración de las PyMES colombianas en las cadenas de suministro.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Colombia debe actuar con pragmatismo, autonomía estratégica y defensa del derecho internacional. El mundo atraviesa una transición geopolítica profunda marcada por la competencia entre democracias y regímenes autoritarios, el debilitamiento del multilateralismo y la fragmentación económica global. 

Frente a la guerra en Ucrania, mantendremos una posición clara de defensa de la soberanía territorial, el derecho internacional humanitario y la solución pacífica de controversias. Colombia no puede normalizar invasiones ni violaciones al orden internacional. En Medio Oriente, promoveremos el respeto al derecho internacional humanitario, la protección de civiles y la implementación de soluciones diplomáticas preferiblemente multilaterales. 

En Asia-Pacífico, Colombia debe entender que es donde se juega buena parte del crecimiento económico y tecnológico del siglo XXI. Por eso fortaleceremos relaciones comerciales y científicas con Asia, sin caer en dependencias geopolíticas ni alineamientos automáticos. 

Respecto a la rivalidad entre Estados Unidos y China, Colombia no debe escoger entre uno u otro bloque. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal aliado estratégico y comercial, pero China representa una enorme oportunidad para diversificar mercados, atraer inversión y ampliar exportaciones. Debemos saber implementar el Acuerdo de Franja y Ruta de la mano con los acuerdos de transferencia de tecnología y fomento a la inversión extranjera directa que diseñará, negociará e implementará nuestro gobierno. 

Nuestra postura será clara: defenderemos los intereses nacionales de Colombia, manteniendo relaciones responsables y pragmáticas con ambas potencias, evitando caer en dependencias excesivas y fortaleciendo nuestras capacidades propias en seguridad, tecnología, comercio y transición energética. 

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO.

1. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Los miembros de la Carrera Diplomática y Consular (CDC) jugaron un papel fundamental durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando la continuidad de la gestión de nuestra política exterior. Reconozco el activo que representa para el país el conocimiento y la experiencia que poseen los funcionarios de carrera diplomática y consular de la Cancillería. Todo mi agradecimiento para sus miembros por reducir los daños asociados a una política exterior politizada y de redes sociales. En mi gobierno volveremos a institucionalizar la política exterior, devolviéndole la majestad que merece en términos de los canales y mecanismos institucionales que corresponden. 

Colombia necesita una diplomacia profesional, competente y moderna. Construiré sobre lo construido en este gobierno en términos de mejorar la manera como la CDC refleja las características de la población colombiana, pero asegurando los estándares de calidad mínimos que se requieren para que el país tenga la representación que merece en su servicio exterior. En tal sentido, revocaremos los instrumentos normativos del gobierno Petro que comprometieron la calidad y profesionalización del servicio exterior.

Aprovecharemos el conocimiento y experiencia de los miembros de la CDC, en articulación con los actores sectoriales relevantes, para definir e implementar las agendas bilaterales y multilaterales, con prioridades y métricas de seguimiento y éxito claras.

2. Teniendo en cuenta que la Carrera está basada en un sistema riguroso de mérito, formación y evaluación permanente, ¿qué medidas adoptará para proteger y fortalecer este modelo?

El mundo evolucionó hacia una realidad multipolar, donde hay temas (i.e. políticas arancelarias, energía, Inteligencia Artificial, migración, salud global, inversión de impacto) y competencias (i.e. comunicación estratégica, trabajo en equipo, orientación al resultado) que ganan centralidad. Necesitamos aprovechar los activos de conocimiento de la CDC y cultivar nuevas herramientas y conocimientos para desarrollar una política exterior que sirva a los intereses nacionales del país.

Así como se reconfigura el orden global, se hace necesario actualizar los conocimientos y las competencias de los miembros de la CDC para responder a las agendas y retos actuales. En tal sentido, los contenidos y metodologías de formación y evaluación deberán apuntar a fortalecer el talento humano de los miembros de la CDC prioritaria, pero no exclusivamente, extendiéndose a todos los miembros del servicio exterior. Se hará una apuesta por utilizar herramientas digitales asincrónicas, y con formatos innovadores, para que haya un proceso de aprendizaje continuo que responda a la velocidad de los cambios que se están produciendo a nivel global.

Los embajadores serán seleccionados por mérito, trayectoria y resultados, con comprensión de las prioridades productivas, ambientales y científicas de los países donde representarán a Colombia. Habrá diversidad de talentos: empresarios, académicos, científicos con vocación pública y, por supuesto, miembros de la CDC. El servicio exterior será la vitrina de lo mejor de Colombia. En esa medida, aumentaremos la representatividad de los miembros de la CDC, particularmente de embajadoras en el marco de la implementación efectiva de la política exterior feminista, en nuestras representaciones diplomáticas y consulares. No menos del 30% de los cargos directivos de la Cancillería serán asignados a miembros de la CDC.

3. En su gobierno, ¿cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado, con visión de largo plazo y continuidad entre administraciones?

Resulta fundamental, por una parte, consolidar un sistema de gestión del conocimiento que sistematice los activos de conocimiento de los miembros de la CDC y los ponga en diálogo con los tomadores de decisión a nivel sectorial y subnacional. De esta manera, tendrán un impacto más dinámico en las apuestas de desarrollo del país.

De otra parte, la mejor manera de construir políticas públicas, incluyendo la política exterior, es asegurando el equilibrio entre datos, conocimiento y competencia técnica, con la participación de todos los actores de interés relevantes. 

Los funcionarios de la CDC, tanto los que están en Bogotá como quienes están en planta externa, serán fundamentales en el diseño del documento base de discusión, definiendo intereses, objetivos, y apuestas estratégicas. También serán protagonistas de los espacios de construcción colectiva de una política exterior de Estado con vocación de largo plazo. 

Utilizando herramientas digitales y de IA se podrán canalizar las contribuciones de los diversos actores de interés para construir conjuntamente una política exterior estratégica, que responda a intereses nacionales y objetivos claros, y proyecte a Colombia como un líder relevante del Sur Global.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

1. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo se articularán con el trabajo técnico y profesional que el cuerpo diplomático y consular desarrolla en la Cancillería y en los escenarios multilaterales y bilaterales?

La Cancillería no puede operar sólo como bisagra, desconectada de los ministerios sectoriales y los gobiernos subnacionales. Las representaciones diplomáticas y consulares deben identificar y gestionar información y contactos relevantes para el desarrollo de las apuestas estratégicas del país. Para lograrlo, se creará una Mesa de Trabajo Interministerial con el fin de alinear los procesos de internacionalización sectorial con la política exterior. 

De otra parte, dada la centralidad de las apuestas productivas regionales en mi programa de gobierno, crearemos la Dirección de Diplomacia Subnacional que facilitará la articulación entre la acción internacional de los territorios con las agendas que desarrolla la Cancillería tanto a nivel bilateral como multilateral.

2. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados en función de los intereses estratégicos del país?

Las decisiones sobre la red de embajadas y consulados responderán a criterios estratégicos: presencia de comunidades colombianas; peso comercial, de inversión y de transferencia tecnológica actual o potencial; importancia geopolítica; posibilidad de influencia desde la cooperación Sur-Sur; y capacidad de generar retorno productivo para el país. Asia recibirá una atención diplomática significativamente mayor a la actual.

3. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional de Colombia, y cómo coordinará a las distintas entidades del Estado que intervienen en estas áreas?

La diplomacia cultural y científica será un instrumento activo, coordinado con las entidades del Estado pertinentes y con los gobiernos subnacionales. Colombia tiene un enorme capital de poder suave: Shakira, Karol G y miles de artistas reconocidos globalmente; y una cultura de paz que maravilla al mundo. Contamos con universidades y centros de investigación de calidad creciente que requieren insertarse en redes de conocimiento globales para fortalecer la productividad del país. 

La coordinación se realizará en el marco de la Mesa de Trabajo Intersectorial y de la Dirección de Diplomacia Subnacional, como instancias formales para el diálogo conducente a la definición de las agendas bilaterales y multilaterales y el establecimiento de un esquema de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Lo anterior asegurará el flujo de información y conocimiento continuo y en tiempo real frente a las agendas que se definan.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

Los consulados serán fortalecidos como casas abiertas con servicios de orientación en educación, cultura, salud y apoyo empresarial. Se digitalizarán los trámites, se ampliarán horarios con apoyo de pasantes y alianzas universitarias, y se transformará la cultura interna del servicio al ciudadano. Chile será un referente en digitalización consular.

2. ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

Se creará una red global de colombianos en el exterior para fortalecer la cooperación en educación, cultura, ciencia y emprendimiento. Las remesas —que en 2024 representaron el 2,3% del PIB— serán orientadas hacia proyectos productivos, compra de vivienda y seguridad social, siguiendo modelos exitosos como el de Pereira. Trabajaremos para que un porcentaje de esos recursos puedan destinarse a proyectos locales (acueductos, parques, bibliotecas). El programa Casas Colombia y el programa Colombia Nos Une serán profundizados.

Se defenderán activamente los derechos de los colombianos en situación migratoria irregular, se humanizarán los procesos de deportación y se ofrecerá orientación para el retorno voluntario digno. Desde el nuevo Viceministerio de Movilidad Humana se coordinará toda la política migratoria bajo la responsabilidad de la Cancillería.

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Los trámites consulares —apostillas, documentos de identidad, nacionalizaciones— serán accesibles en línea, con tiempos de respuesta reducidos y canales de atención claros. Ningún colombiano deberá sentirse lejos del Estado, viva donde viva.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Para los indígenas korebaju, la naturaleza no es un recurso: es vida, espíritu y materia. Cada río, planta, semilla y animal está entrelazado con el cosmos y sostiene el equilibrio que garantiza la salud de la comunidad y del territorio. En un momento en que la Amazonía enfrenta presiones por la ganadería, la deforestación y la minería, esta visión ancestral se levanta como un recordatorio urgente: sin bosque, no hay cultura; sin equilibrio, no hay futuro.

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En el resguardo El Diamante, ubicado a hora y media de la cabecera municipal del municipio de Solano, departamento de Caquetá, sus habitantes han emprendido, desde hace 10 años, una lucha comunicativa y cultural para proteger su selva. Se trata de un “diálogo para frenar la deforestación” en el corazón de la Amazonía, un proyecto que ha sido apoyado por The Nature Conservancy (TNC) que destaca el poder de la palabra: no solo para visibilizar la crisis ambiental, sino como instrumento de diplomacia ancestral para conservar territorios enteros.

Actualmente, en El Diamante viven 30 familias —165 personas en total— que buscan enfrentar los efectos de la colonización, que transformó sus dinámicas como pueblo nómada y que ha traído la pérdida de saberes, lenguas y prácticas tradicionales.

Oliver Gasca, autoridad indígena del lugar, ha liderado durante más de dos décadas la defensa del territorio por medio del fortalecimiento de los procesos de gobernanza, el diálogo con los colonos y la recuperación cultural. “Antes, mis abuelos eran nómadas. Navegaban por todos esos ríos, hasta Florencia [capital de Caquetá] llegaban a remo. Teníamos un gran territorio, una riqueza inmensa en fauna, en flora, en cultura. Hoy estamos en un resguardo pequeño, como de 1700 hectáreas, y eso cambia mucho la vida. Nos toca adaptarnos, pero también recordar lo que fuimos para no perderlo del todo”, asegura.

Para Gasca, proteger el territorio es una prioridad y así lo revelan datos de Global Forest Watch (GFW). Según la plataforma, en 2020 Solano contaba con 3.83 millones de hectáreas de bosque natural, lo que representaba el 91 % de su superficie terrestre. El municipio conserva una enorme proporción de bosque debido a su gran extensión territorial —es el más grande de Caquetá y uno de los más grandes de Colombia—, poco a poco ha venido perdiendo cobertura boscosa.

La información de GFW revela que en 2024 Solano perdió 6530 hectáreas de bosque, lo que equivale a la emisión de 4.51 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Desde 2001, el municipio registra una pérdida acumulada de 76 900 hectáreas de bosque húmedo primario.

Gobernanza indígena y planes de manejo: ciencia desde las comunidades

A inicios de 2015, la comunidad de El Diamante decidió formalizar su plan de manejo territorial e interno. El resultado fue un documento de 128 páginas.

Mabel Martínez es antropóloga y coordinadora técnica en Tropenbos Colombia, una plataforma para el fortalecimiento, promoción y divulgación de los saberes tradicionales y locales a través de formación, investigación local y sistematización documental. Martínez acompaña desde hace una década los procesos de gobernanza del resguardo El Diamante y ha mantenido una relación cercana con la comunidad korebaju.

Para la experta, el plan de manejo es mucho más que un requisito técnico para participar en proyectos de conservación: “Es una herramienta viva que recoge lo que la comunidad sabe y practica, y lo convierte en una hoja de ruta. Allí organizan su conocimiento, registran sus saberes sobre la selva y establecen acuerdos que, aunque no estén en la legislación nacional, funcionan como normas propias para el cuidado del territorio”.

El documento, por ejemplo, muestra la búsqueda de acciones para fortalecer las tradiciones culturales como pueblo indígena y conservar los recursos naturales que se encuentran en el territorio. El plan también incluye metas y actividades a corto, mediano y largo plazo, como la utilización de madera solo para uso del resguardo y no para la comercialización, la no fumigación y el diálogo con colonos vecinos.

“Con este proceso empezamos a revivir nuestros valores culturales y espirituales, a retornar a las raíces de nuestros ancestros. El plan de manejo nos enseñó que no basta con resistir, hay que organizarnos, escribir, dejar claro qué significa nuestro territorio y cómo lo vamos a cuidar de aquí en adelante”, afirma Gasca.

Durante los dos primeros años del proceso, las comunidades del resguardo participaron en una serie de talleres en los que elaboraron la caracterización ambiental y cultural del territorio, así como su diagnóstico integral. Este trabajo permitió definir una zonificación ambiental y cultural basada en la visión indígena de ordenamiento territorial. A partir de allí se identificaron las zonas destinadas a la conservación y preservación —incluidos lugares sagrados como montañas, bosques, salados y lagunas, considerados fuentes de sabiduría espiritual—, así como las áreas para cultivos tradicionales de chagra, pesca y cacería, la ganadería sostenible, la reforestación y la posible ampliación del resguardo.

Todo esto permitió la construcción de acuerdos internos de manejo, un conjunto de compromisos para garantizar la pervivencia de las nuevas generaciones. Dichos acuerdos se organizaron en seis ejes: cuidado de la montaña, protección de las fuentes hídricas, prácticas de cacería y pesca, manejo de sistemas productivos, fortalecimiento cultural y relaciones con comunidades vecinas.

También se construyó un sistema de clasificación en el que se identificaron once categorías que revelan la diversidad de significados y funciones que los integrantes indígenas le atribuyen a cada especie que habita en su territorio: consumo, medicinal, artesanal, ornamental, maderable, leña, comercial, mascota, tradicional, cultural y creencia.

“No se trataba únicamente de listar especies, la comunidad definió para cada planta y animal su uso, quién lo emplea y qué restricciones culturales existen. Eso convierte al inventario en un sistema de clasificación propio, basado en la mirada indígena sobre la naturaleza. Lo que ellos hicieron fue darle un valor cultural, espiritual y práctico a cada ser vivo, mostrando cómo la biodiversidad y la cultura están entrelazadas”, explica Martínez.

En el plan de manejo se reseña, por ejemplo, que la comunidad identificó 26 especies de árboles que son los más representativos en el territorio. La mayoría, 23 especies, son de uso maderable. Se reconocieron dos árboles para empleo medicinal: juansoco (Couma macrocarpa) y achapo (Cedrelinga cateniformis). También dos que se usan para la fabricación de artesanías: ceiba (Ceiba pentandra) y costillo (Aspidosperma excelsum), así como ocho que sirven para consumo: juansoco, balato (Manilkara bidentata), burañu (Erythrina fusca), cabo de hacha (Lonchocarpus lanceolatus), barbasco (Lonchocarpus urucu), polvillo (Handroanthus serratifolius), chajiñu (Tephrosia vogelii) y caimo balato (Pouteria caimito).

La comunidad también identificó 26 animales de monte, todos con valor de consumo humano. Entre ellos, cuatro cumplen un papel medicinal —como la boruga (Tayassu pecari), el cusumbo (Cuniculus paca), el yulo (Hydrochoerus hydrochaeris) y la tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria).

Otro de los resultados que llama la atención es que 18 especies animales han sido criadas como mascotas, entre ellas la guara (Ara macao) y distintos tipos de monos. Doce animales, como la danta (Tapirus terrestris), el gurre trueno (Priodontes maximus), la babilla (Caiman crocodilus), están ligados a creencias y saberes culturales que reafirman la relación espiritual de la comunidad con la fauna del territorio.

También se registraron 39 especies de aves, cuyas plumas son utilizadas para la elaboración de productos artesanales. Entre ellas se encuentran el tucán (familia Ramphastidae), la guacamaya roja (Ara chloropterus), la guacamaya azul (Ara ararauna) y diversas especies de loros (orden Psittaciformes).

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Ciencia, tecnología y tradición para conservar peces

En 2025, los pobladores indígenas de El Diamante, en conjunto con The Nature Conservancy, se unieron a la iniciativa Mi Pez, una aplicación móvil que comenzó a ser utilizada por comunidades pescadoras como herramienta para registrar sus faenas, las especies capturadas y los lugares donde realizan sus prácticas, como el caño Consaya y el río Caquetá.

Como explica Pilar Galindo, ingeniera de sistemas de TNC: “Los monitores designados registran la información y luego la comparten con la comunidad en encuentros que llamamos ollas comunitarias, donde se discuten los resultados y se toman decisiones sobre pesca sostenible”.

Galindo añade que con este proceso no solo se ha fortalecido la capacidad tecnológica de las comunidades, sino que también les permitió apropiarse de la información. “Pudieron comprobar que la ciencia comunitaria es posible. Que pueden ser investigadores de su propia región y usar los datos para tomar decisiones internas sobre su territorio”.

Durante el tiempo que llevan monitoreando la pesca también se promovió la participación de jóvenes y mayores. En las faenas de pesca se empareja a un anciano con un joven: mientras el mayor comparte la experiencia y la sabiduría heredada, el joven aprende a usar herramientas tecnológicas para monitorear el territorio. De esta manera, dice Galindo, la ciencia occidental y los conocimientos ancestrales se integran, asegurando que ambos se fortalezcan y se complementen.

Con el apoyo de esta herramienta Mi Pez, se hizo un inventario en el que se identificaron 37 especies de peces. La mayoría se destina al consumo humano, como el pintadillo (Pseudoplatystoma magdaleniatum), el dentón (Dentex dentex), la cucha (Hypostomus hondae), el micuro (Pimelodus yuma), el chontaduro (Zungaro zungaro) y el barbudo (Leiarius marmoratus). Especies como el sábalo (Brycon amazonicus), la mojarra negra (Cichla monoculus) y la raya (Potamotrygon motoro) son utilizadas con fines medicinales.

La información recolectada, junto al conocimiento que los korebaju tienen de las estrellas, la luna, las épocas de lluvia y de sequía, dio como resultado la creación de un calendario ecológico. “Son un marco de referencia para las actividades productivas [siembra, caza, pesca, recolección, extracción de barro, extracción de fibras] y para nuestras fiestas y rituales. Nos presentan una guía de cómo aprovechar y cuidar los recursos”, se explica en el plan de manejo.

El calendario indígena determinó, por ejemplo, que el tiempo de cacería y pesca es en diciembre, mientras que en enero se hacen las quemas de chagras. “Para pescar el tiempo bueno es el verano, junio y julio, cuando tenemos la subienda de peces. Respecto a la cacería, en esta época los animales que están en cría, no se cazan”, explica Gasca.

“Todas estas actividades adquieren sentido cuando se conectan con la espiritualidad, los saberes tradicionales y las prácticas de cuidado. No se trata solo de recolectar datos, sino de reforzar la relación de la comunidad con el territorio y su cosmovisión«, explica Tatiana Losada, ecóloga con maestría en conservación de áreas silvestres y especialista en ciencia liderada por comunidades y análisis con sistemas de información geográfica en TNC.

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Conversaciones que resguardan biodiversidad y cultura

La comunidad korebaju de El Diamante identificó que uno de los mayores riesgos para su territorio era la llegada de colonos a los predios vecinos. A diferencia de sus prácticas ancestrales, estos nuevos pobladores introducían ganado, cazaban con perros, pescaban con redes y talaban árboles sin consultar a las autoridades indígenas. Estas acciones, dicen los korebaju, no solo impactaban la fauna y alteraban los ríos, sino que ponían en riesgo el equilibrio de la selva y la autonomía del resguardo.

El enredo que existe con los linderos de El Diamante agrava la situación. Según el plan de manejo, el polígono oficial definido por el Incoder (entidad liquidada y que ahora recibe el nombre de Agencia Nacional de Tierras) en 1982 —con una extensión aproximada de 2000 hectáreas— no coincide con la ubicación real del resguardo. Mientras que el título legal quedó más al norte, entre la margen oriental del río Orteguaza y la margen sur del río Peneya, la comunidad habita otro espacio histórico que no está plenamente reconocido. Esta inconsistencia ha facilitado el traspaso de colonos y su control en áreas que los korebaju consideran propias, pero que jurídicamente aparecen por fuera de sus límites.

El diagnóstico comunitario también incluyó otras problemáticas: el daño de cultivos, la pérdida de semillas por fumigaciones, la explotación minera, las quemas para el establecimiento de potreros y la reducción de plantas medicinales y suelos fértiles. A ello se suma la pérdida cultural reflejada en el debilitamiento de la lengua, pues cada vez es más común que el español desplace al korebaju en la vida cotidiana.

Sin embargo, lejos de rendirse ante las dinámicas de la colonización y la presión externa, la comunidad decidió resistir con la palabra. Con base en su plan de manejo del territorio, se iniciaron diálogos con los colonos vecinos para establecer reglas de convivencia y acuerdos mínimos de cuidado. Por ejemplo, quienes desean talar un árbol deben consultar previamente a las autoridades indígenas y si se requieren semillas para restaurar predios degradados, la comunidad misma se compromete a facilitarlas.

“Decidimos dialogar y hoy, antes de cortar un palo, hay que hablar con los comuneros de El Diamante. Acordamos que no se puede cazar con perros, y si alguien necesita semillas para restaurar su predio, nosotros mismos las facilitamos. Así, en vez de pelear, encontramos un camino para convivir y proteger la selva”, asegura Gasca.

Aunque se trata de un proceso en construcción y aún persisten las tensiones, la experiencia del resguardo muestra que el diálogo puede abrir caminos para cuidar la selva y sostener la cultura. Según TNC, al menos seis resguardos más en Caquetá están realizando sus propios planes de manejo territorial para el cuidado del ambiente.

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Mujer, semilla de biodiversidad

La voz de las mujeres empezó a resonar con más fuerza en El Diamante a partir de la formulación del plan de manejo territorial. Ese espacio de participación colectiva no solo les permitió organizar acciones para proteger la selva, sino que también despertó en ellas un interés claro por su propio empoderamiento: proteger el territorio y, al mismo tiempo, protegerse a sí mismas.

“Ellas mismas comenzaron a reconocerse como actoras centrales dentro de la comunidad: no solo en la chagra o en la escuela, sino también en la toma de decisiones”, cuenta Martínez.

Johana Cruz Valencia tiene 32 años y es docente del pueblo korebaju, además de presidenta del Comité de Mujeres del Resguardo El Diamante. Desde su labor educativa combina la enseñanza en la escuela con la defensa del territorio y la promoción del liderazgo femenino.

Para ella, las mujeres son guardianas de la tierra y transmisoras de conocimiento. Destaca que la protección ambiental también pasa por la educación y la transmisión de la lengua y los valores culturales en el hogar y la escuela, con el objetivo de que las nuevas generaciones reconozcan su identidad y aprendan a cuidar su entorno desde pequeños.

Además, dice que las mujeres se han abierto paso y se han consolidado como guardianas de la cultura y de la selva: conservan y transmiten el conocimiento sobre semillas nativas, plantas medicinales y técnicas de chagra; impulsan viveros comunitarios para la restauración del bosque; y promueven el intercambio de semillas para mantener viva la diversidad alimentaria.

De acuerdo con cifras de Tropenbos Colombia, entre 2020 y septiembre de 2025 se han consolidado un total de 103 propuestas de viveros para restauración productiva participativa. La mayoría fueron formulados en 2021 y, según un mapeo hecho en 2024, ya se han restaurado 418 hectáreas en la ribera del río Peneya.

“Cuando sembramos con los niños, no es solo para que vean crecer una planta, sino para que entiendan que cada semilla es memoria y alimento. Por eso insistimos en que la educación debe ser propia: porque desde ahí se defiende el bosque y se transmite nuestra identidad”, asegura Cruz.

Las mujeres de El Diamante también impulsaron reuniones con los hombres de la comunidad para hablar de la violencia a la que habían sido sometidas y sobre el rol secundario al que habían sido relegadas. Han creado espacios de confianza para hablar sobre las violencias basadas en género, compartir experiencias y apoyarse mutuamente.

“Antes las mujeres no hablábamos en público, nos daba miedo, sentíamos que nuestra voz no contaba. Ahora nos reunimos, hablamos entre nosotras y también hacemos reuniones de sanación con los hombres para que ellos entiendan y cambien. En esos espacios lloramos, recordamos, pero también nos fortalecemos. Los hombres escucharon, comprendieron nuestro dolor y asumieron compromisos”, cuenta Cruz.

Oliver Gasca recuerda desde su experiencia como hombre y autoridad indígena que las mujeres del resguardo eran “muy tímidas para hablar en público, no podían opinar”. Hoy, asegura, pueden liderar procesos propios, tienen voz en las reuniones y están en un proceso de reivindicar sus derechos. “Ellas son las que más insisten en que, sin cultura, sin lengua y sin semillas, no hay futuro para el pueblo”.

Los procesos comunitarios para mantener las costumbres y cuidar la selva ya dan sus primeros frutos. El reto ahora es mantener y consolidar estos procesos en los que el resguardo El Diamante ha sido un ejemplo, para que se extiendan a otros seis resguardos indígenas korebaju que también se enfrentan a la deforestación, la colonización, la minería y la violencia armada.

Imagen principal: como parte de las iniciativas de restauración se realizaron actividades de reconocimiento del territorio y cosechas fundamentadas en plan de manejo de El Diamante. Foto: cortesía Yunner Iles

El artículo original fue publicado por Alejandra Cetina en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cumplen una función paradójica. Son, a la vez, un horizonte compartido y un recordatorio de lo que no hemos podido cumplir. En Colombia, un país que hace algunos años se jugó con entusiasmo por posicionarse como referente en la agenda global, hoy vemos con cierta tristeza cómo esos objetivos para el 2030 parecen cada vez más lejanos. La pandemia, las crisis políticas, los conflictos armados persistentes, la desigualdad y la falta de visión estratégica nos han hecho perder terreno. Pero la discusión, en el fondo, no es solo sobre indicadores o plazos incumplidos: es sobre la capacidad real que tenemos, como humanidad, de construir y sostener pactos globales.

No sobra recordarlo: los ODS fueron concebidos desde Colombia, gracias al liderazgo visionario de Paula Caballero y Patti Londoño, dos diplomáticas que lograron que una propuesta surgida aquí se convirtiera en la brújula de desarrollo de toda la humanidad. Es un doble orgullo: no solo que esta agenda global haya nacido en nuestro país, sino que lo haya hecho de la mano de dos mujeres colombianas. Por eso, nuestra responsabilidad es aún mayor: no podemos darnos el lujo de dejar caer una iniciativa que nació en nuestra propia casa.

¿De qué sirven metas compartidas si no logramos estar a la altura de lo que nos planteamos? Los ODS no han fracasado. Hemos sido nosotros quienes hemos carecido de coherencia, voluntad política y visión de largo plazo. La verdadera pregunta es si todavía creemos en la idea de pacto como herramienta de transformación. ¿Estamos listos para sentarnos otra vez a la mesa, redefinir alcances y actuar de manera más responsable?

En este contexto, la reflexión de Andrés Rugeles, vicepresidente del Consejo de Relaciones Internacionales (CORI), es clave: Colombia debe incorporar la agenda del desarrollo sostenible en el corazón de las campañas presidenciales de 2026. No como un discurso accesorio, sino como un programa de gobierno concreto. La política exterior, tantas veces relegada, debe convertirse en “Diplomacia para el Desarrollo”, una estrategia que no solo defienda intereses nacionales, sino que los vincule con los grandes retos de la humanidad: la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades, la defensa de la paz y la construcción de economías resilientes.

La oportunidad no es menor. A partir de agosto del próximo año, Colombia ocupará un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este espacio, lejos de ser un privilegio protocolario, debería convertirse en una plataforma para que el país impulse una discusión seria sobre los nuevos pactos que necesitamos. No se trata de repetir discursos en Nueva York, sino de ejercer un liderazgo que sea coherente en lo global y en lo local: una Colombia que hable de paz mientras sigue atrapada en su propia guerra, o que hable de sostenibilidad mientras entrega selvas y páramos a la voracidad extractiva, pierde credibilidad.

Por eso, pensar más allá del 2030 es indispensable. La propuesta de impulsar una Agenda 2050 como plataforma indivisible —que articule las dimensiones económica, social y ambiental— puede ser un punto de partida. No basta con revisar lo pendiente: hay que replantear el contrato social global, revitalizar el sentido mismo de los pactos multilaterales y reconocer que no habrá desarrollo sostenible sin un nuevo modelo de cooperación.

Colombia tiene, paradójicamente, mucho que decir en ese debate. Somos un país atravesado por la crisis climática, con una geografía y una biodiversidad que lo ponen en el centro de la discusión ambiental; somos también un país herido por la desigualdad y la violencia, y esa experiencia nos debería obligar a comprender mejor que nadie que los ODS no son cifras para Naciones Unidas, sino condiciones mínimas para la vida digna de millones.

Colombia, que es un país capaz de contener en su geografía casi todos los climas y paisajes del planeta, parece condenada a no aprender la lección más simple: la de cooperar. Aquí donde confluyen los ríos más caudalosos y las cordilleras más altivas, donde la selva late como un corazón inmenso y la biodiversidad nos convierte en potencia natural, seguimos entrampados en guerras pequeñas y egoísmos mezquinos. Es una tragedia que una nación tan rica en agua, en bosques, en culturas, se resigne a la pobreza y al aislamiento. Como si no entendiéramos que la verdadera abundancia no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de compartir.

De aquí al 2026, más allá de los cálculos electorales, necesitamos preguntarnos qué lugar queremos ocupar en el mundo. O nos resignamos a que los ODS se conviertan en otra lista de promesas incumplidas, o asumimos el reto de ser un país que cree y defiende los pactos globales. Si fracasamos, no será porque las metas eran demasiado ambiciosas, sino porque nunca nos atrevimos a estar a la altura.

Por: Dixon Moya Acosta**

Desde la propia experiencia del autor, se identifica como problema la ignorancia general de los funcionarios del Estado sobre la biodiversidad, materia que podría llegar a orientar la política exterior de Colombia en el futuro mediato, ante la realidad amenazadora del cambio climático. El Ministerio de Relaciones Exteriores debería promover una política integral que convierta la biodiversidad colombiana, en pilar fundamental de nuestra política exterior.

Tenemos la posibilidad de aprovechar un tema de alta política, considerado hasta el momento como de manejo doméstico y sin darle su valor estratégico. La misma naturaleza conceptual de la biodiversidad, obliga a un análisis y tratamiento comprehensivo, para buscar su máximo beneficio. El 2030 se ha fijado en el mundo, como el límite temporal, para evitar la catástrofe global climática. Colombia tiene el mismo plazo para activar su gran recurso estratégico.

La ignorancia sobre la biodiversidad, premisa con la que iniciamos

El problema inicial con el que debemos tratar es la ignorancia sobre la biodiversidad colombiana, por parte de los funcionarios del Estado, en nuestro caso particular, por parte de quienes laboramos en Cancillería, lo cual puede representar la potencial pérdida del tema que oriente la política exterior del país, en los próximos años[1]. La biodiversidad es el gran capital natural con el que cuenta Colombia, fundamental en la coyuntura política interna, pero también como carta de negociación en el campo internacional.

Durante la investigación previa que sustenta este artículo, se ha evidenciado la activa presencia de actores no estatales, tanto en el plano local como internacional, en el manejo de asuntos pertenecientes a la biodiversidad y al cambio climático, lo que obliga a un Estado como Colombia, a tomar las medidas pertinentes para la defensa de su soberanía natural, y potencialmente liderar un movimiento internacional que podría llegar a concretarse en un organismo con sede en el país.

Me ha motivado mi propio desconocimiento sobre un tema que debería ser manejado con cierta fluidez por cualquier diplomático colombiano, pues si un país es rico en un recurso, sus representantes deben tener información cualificada sobre el mismo, para divulgarlo e incluso defenderlo en el exterior. Solemos repetir, cual mantra, que “Colombia es el segundo país megadiverso del mundo”, pero en ocasiones esto es lo único que sabemos sobre un tema imprescindible, máxime ante la delicada implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, pero también por lo que significa para el mundo y la supervivencia del género humano, frente a la amenaza real del cambio climático[2].

Todos los funcionarios de Cancillería, pero especialmente los diplomáticos de carrera, directivos, jefes de misión y oficinas consulares, deben recibir formación especializada sobre la biodiversidad colombiana y el cambio climático. Como se afirma en el Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC: “…el éxito para enfrentar el cambio climático inicia con la construcción de información sólida”[3].

Es tradicional que el conocimiento y manejo de estos temas sea solo competencia de los funcionarios del área multilateral. No se pretende desconocer la gran tarea desarrollada desde lo multilateral en nuestra Cancillería, todo lo contrario, se busca potenciar ese trabajo técnico y político, proyectándolo al Ministerio en su conjunto. Desde lo multilateral se llevaría a cabo la coordinación del proceso, guiado por el despacho de quien detente la condición de canciller. Lo que se identifica como un problema, se convierte en la oportunidad de llevar al Ministerio a un escenario de liderazgo en el plano interno e internacional.

La biodiversidad en un contexto de posconflicto y en el escenario del cambio climático, es inmejorable ejemplo de la interméstica o lo glocal. Un tema que involucra actores y escenarios locales, nacionales y globales, estatales y de manera evidente los no tradicionales, haciendo parte de la tendencia dominante mundial, desde las últimas décadas del siglo XX. El Convenio de la Diversidad Biológica de 1992, define la biodiversidad como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos…”. El convenio cuenta con tres objetivos básicos: La conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la justa repartición de los beneficios de los recursos genéticos.

Las cifras de Colombia en materia de biodiversidad son impresionantes, lo cual es casi proporcional a la amenaza del cambio climático. Para quien desee profundizar, recomiendo ampliamente el Segundo Informe Bienal de Actualización de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) que hemos mencionado, preparado por el IDEAM, PNUD, MADS, DNP y la Cancillería entre otros en 2018.

Los datos de biodiversidad los aporta el SiB Colombia, el Sistema de Información de Biodiversidad, establecido por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, corporación civil sin ánimo de lucro, vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es el brazo investigativo en biodiversidad del Sistema Ambiental (SINA). En un informe más reciente, el SiB informa que hay 51330 especies registradas en nuestro país, que contrasta con las 62829 de la GBIF (Global Biodiversity Information Facility, red internacional de investigación biológica con sede en Copenhague, Dinamarca. La disparidad de las cifras obedece a que se trata de aproximaciones, realizadas con algoritmos y en constante actualización.

Revisando el informe, se insiste en que biodiversidad y cambio climático, deben ser abordados desde una visión integral, dejan de ser exclusivamente ambientales, para tener un carácter social, económico y político. Los dos conceptos aparecen en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, firmado en 2016, en el cual se menciona la planeación en el uso de la tierra, delimitar la frontera agrícola, mitigar los riesgos originados por el cambio climático y salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación.

Esto coincide con el planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, citado por el presidente Iván Duque: “El patrimonio más grande que tiene Colombia es su biodiversidad”[4]. Allí se expresa la necesidad de modernizar y fortalecer la institucionalidad ambiental. La biodiversidad es concebida como un activo estratégico de la nación, siendo la deforestación uno de sus principales problemas.

Ha sido notorio el mejoramiento de la imagen internacional del país. De haber sido catalogado como Estado fallido en los años ochenta, actualmente Colombia es visto como un destino interesante para la Inversión Extranjera Directa y el turismo. Uno de los atractivos es la realidad biodiversa del país, desde lo ambiental, pero también desde lo económico. Muestra de ello, que un estudio cinematográfico como Disney, hubiera escogido el país como protagonista del maravilloso musical animado “Encanto”. Un elemento para ser aprovechado por la diplomacia colombiana, por embajadas y consulados en su quehacer cotidiano.

Es necesario conocer cómo preservar la biodiversidad, ante los promotores de las economías ilegales, quienes han sido los primeros actores no tradicionales en la historia de Colombia en perturbar el desarrollo de su política interna e internacional. Debe identificarse cuál es el tipo de inversión que nos interesa, cuáles compañías multinacionales pueden representar un riesgo a nuestra soberanía biodiversa[5].

La lucha contra los cultivos ilícitos se fortalece con el PNIS, plan nacional de sustitución de cultivos. Ante el debate científico y jurídico, el gobierno debería abstenerse de utilizar productos como el glifosato, apoyándose en el principio de precaución[6]. La legalización de la marihuana, en diversos lugares del mundo, como varios Estados de los EE. UU., debe ser un tema de reflexión al interior del gobierno, como carta de negociación, sin olvidar el principio de responsabilidad compartida.

Colombia ha venido cumpliendo sus compromisos en materia de cambio climático. El país genera el 0,57% mundial de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), ocupando el puesto 34 entre 184 países que monitorea el Instituto Mundial de Recursos del Banco Mundial. Existe la intención de reducir las emisiones de GEI en un 20% en el 2030, e incluso aumentarla a 30% si se recibe ayuda financiera internacional. Nuestra nación plantea reducir a cero la deforestación a 2030 y aumentar el patrimonio de áreas terrestres a 17% y marinas a 10%. Conforme lo plantea el Acuerdo de París, para cumplir estas metas, un país como Colombia, requiere de la cooperación internacional.

Las cifras nacionales actuales en materia de deforestación son preocupantes, 219 mil hectáreas deforestadas por la expansión desordenada de la frontera agrícola, acaparamiento de tierras, aumento de actividades ilegales como minería, cultivos ilícitos y extracción de madera. Además, Colombia es catalogado como uno de los países más vulnerables al cambio climático conforme la clasificación mundial realizada por el banco HSBC, que lo ubica en el número 7, siendo de hecho, el primer país latinoamericano en esa lista[7].

Colombia pertenece al grupo de 17 países megadiversos[8], una clasificación propuesta por “Conservation International” un actor no tradicional (ONG) con gran influencia en el manejo del tema. Aquí no entraremos a calificar con juicios de valor, pero una somera investigación evidencia que en los temas de biodiversidad y cambio climático los actores no estatales han sido relevantes.[9]

Otro dato alarmante es el de las especies amenazadas en Colombia, que se calcula en 1200, algunas de las cuales son emblemáticas como la Rana Dorada (Cauca, Chocó, Valle), el Oso Perezoso (Amazonía, Orinoquía), el Mono Tití cabeza blanca, el Manatí, las Tortugas Marinas, el Oso de Anteojos, entre otros.

Frente a la compleja coyuntura y comparado con los actores no tradicionales, la velocidad de reacción de los Estados ha sido más lenta. México en 2002, convocó a una reunión internacional de la cual surgió una declaración, firmada por ministros de temas Ambientales, creando un mecanismo de consulta y cooperación, el GPMA (Grupo de Países Megadiversos) que realiza reuniones periódicas, pero da la impresión de llevar una agenda cerrada, sin mayor divulgación pública sobre su impacto global.

Luego de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París y en cumbres posteriores como la reciente COP26 celebrada en Glasgow, ante la amenaza climática y la incertidumbre del financiamiento internacional, es prioritario buscar consensos con los otros países megadiversos, como bloque, que fortalezca procesos de negociación. De allí la idea de impulsar la creación de un organismo internacional que defienda los intereses de la biodiversidad.

Conclusión

Desde mi perspectiva como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, pienso que hay varias iniciativas que se pueden implementar al interior de la Cancillería, para concederle el peso específico que merece la biodiversidad, como tema fundamental de nuestra política exterior.

Iniciando por lo básico y para combatir la ignorancia que hay sobre el tema, de la que hablé al inicio, se puede crear en la Academia Diplomática, un diplomado virtual permanente sobre “Biodiversidad colombiana y cambio climático”, para todos los funcionarios; obligatorio para Directivos, Jefes de Misión y oficinas consulares. Debería ser materia en todos los procesos del centro de estudio, desde los cursos de ingreso al Ministerio, hasta los de ascenso y actualización. Con la tecnología actual y la comprobada capacidad de la Academia, cualquier funcionario podría tomar el curso sin problema de tiempo y lugar. Se puede realizar mediante acuerdo con el SiB. Algo que puede aportar grandes beneficios para la entidad. Incluso se puede ofrecer un módulo básico para público en general, como los colombianos en el exterior.

Si la biodiversidad se convierte en principio rector de la Cancillería en su devenir cotidiano, sería necesario orientar los planes de acción, tanto de las oficinas internas, como de las embajadas y consulados, sustentados en un mensaje potente de marca país, basado en la biodiversidad, para realizar gestiones de atracción de IED en negocios verdes, energías renovables y promoción turística responsable y sostenible.

En el caso de los consulados, se desconoce su potencial diplomático como promotores de Colombia, en lo cultural, comercial y social, pues se les concibe como oficinas que deben concentrarse en los trámites y asistencia de la comunidad colombiana en las ciudades en donde están acreditadas. Propongo una “revolución consular”, redefinir los consulados, reforzarlos con presupuesto para actividades culturales y promocionales, enfocadas en la biodiversidad, dirigidas a las comunidades extranjeras, no solo colombianas, a las que tienen acceso. Esta “revolución consular” implica un esfuerzo presupuestal, sin duda, pero los beneficios para el país son incalculables.

La “marca país” es un elemento fundamental de promoción, concepto sobre el cual la Cancillería ha estado ausente en su definición, pues es competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia desde 2005. Estando a tono, con este planteamiento general, la biodiversidad colombiana, debe convertirse en la única marca país. No es necesario entrar en conflicto con el MINCIT y ProColombia por el tema de “marca país”, con una buena coordinación interinstitucional se puede lograr el objetivo de divulgación de los mensajes en el exterior.

Al interior del Ministerio, en las Direcciones temáticas que atienden fronteras, como Soberanía Territorial y Plan Fronteras, el componente biodiverso sería el principio orientador. Es prioritario dar especial atención a las fronteras marítimas y posesiones marinas, en donde hay necesidades particulares en materia de biodiversidad y se esperan algunos de los peores efectos del cambio climático. La región amazónica debe ser igualmente prioritaria en su atención, en la coordinación interinstitucional nacional y en lo externo con la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica).

Para no perder lo que se ha llevado a cabo en esta materia, dentro del Ministerio, el área multilateral, sería la encargada de coordinar el proceso que consagre la biodiversidad como el gran principio orientador de la política exterior colombiana. Fortalecer la presencia nacional ante organismos especializados, encargados de estos temas como la FAO ó IRENA (Agencia Internacional para las Energías Renovables). Dejo para la reflexión, la viabilidad de crear un organismo internacional que agrupe a los países megadiversos con sede permanente en Colombia, lo cual sin duda sería un reto gigante, pero representaría una gran oportunidad para la proyección e identificación de nuestro país como líder positivo ante el mundo.

Los diplomáticos colombianos debemos repetir el mantra sobre la biodiversidad, pero con conocimiento y con el propósito de liderar el tema. En últimas, lo que propongo es la apropiación por parte de la Cancillería y sus funcionarios, del tema de la Biodiversidad, una apropiación desde lo externo que se convierta en acicate para que todos los ciudadanos en el plano interno, nos concienticemos del gran recurso que poseemos y de las múltiples amenazas que lo acechan.

Bibliografía

Betancourt Vélez, Ricardo. Los organismos hemisféricos y regionales en el posconflicto colombiano. En Política Exterior Colombiana. Escenarios y Desafíos en el Posconflicto. Editorial Javeriana. Konrad Adenauer Stiftung, 2015.

IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA. Segundo Informe Bienal de Actualización de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), 2018.

Oatley, Thomas. International Political Economy. October, 2018.

Paun, Ashim,  Acton, Lucy & Chan, Wan-Shin. Fragile Planet. Climate Change Global. HSBC Global Research. March, 2018.

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Departamento Nacional de Planeación.

Uribe Botero, Eduardo. El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad en América Latina. CEPAL, NACIONES UNIDAS, 2015.

*  Este artículo fue publicado por primera vez en la  revista ORBIS de la Asociación Diplomática publicada en su edición del año 2022. Su título fue cambiado para ajustar al formato blog.

https://www.diplomaticos-colombia.org/assets/revista-orbis-digital-2022_web_.pdf

Reseña del autor**

Dixon Moya Acosta. Embajador de carrera. Bogotano, felizmente casado con Patricia. Sociólogo (Universidad Nacional de Colombia) y especialista en Relaciones Internacionales (Academia Diplomática).  Diplomático de Carrera desde el año 1996, ha tenido experiencia en el servicio exterior en Venezuela (1997 – 2000), Nicaragua (2003 – 2008), Emiratos Árabes Unidos (2011 – 2015), Cónsul General de Colombia en Chicago (2017 – 2023). Autor de los libros “Colombia en el cine universal. La caza de citas” (2011), “Partes de Guerra” (poesía, 2016), “Relatos Extemporáneos. Cuentos de ciencia-ficción” (2016), coautor de la primera biografía en español del fundador de los Emiratos Árabes Unidos (2016), “Relatos Diplomáticos” (2019). Textos en los cuales aparece como Dixon Acosta Medellín (su identidad literaria). Columnista del periódico El Correo del Golfo y bloguero de El Espectador de Bogotá. En Twitter aparece como @dixonmedellin. 

[1] Como expresa Ricardo Betancur Vélez, la violencia ha influido por muchas décadas en la política exterior de Colombia, siendo identificado como país problema. En este caso, tenemos la oportunidad de liderar un tema de agenda positiva en el mundo.

[2] Aquí no entraré en el detalle de la relación Biodiversidad y Cambio Climático, pero recomiendo la lectura de “El Cambio Climático y sus efectos en la Biodiversidad en América Latina”, citado en la bibliografía.

[3] IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA (2018). Segundo Informe Bienal de Actualización de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) p. 6.

[4] Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Departamento Nacional de Planeación, p. 461.

[5] El viejo conflicto entre compañías multinacionales de países industrializados y los países en vías de desarrollo, ilustrado en el texto de Thomas Oatley, citado en la bibliografía, quien nos recuerda la Resolución 1803 de 1962 de la Asamblea General de Naciones Unidas “Soberanía permanente sobre los Recursos Naturales”.

[6] La Corte Constitucional ha mantenido en firme la sentencia de 2017, que impone una serie de requisitos para retomar las fumigaciones con Glifosato, una herbicida considerado potencialmente cancerígeno. Sería necesario contar con investigaciones científicas concluyentes que demuestren que no hay riesgos para la salud ni el ambiente.

[7] No deja de ser llamativo que esta clasificación sea establecida por un banco privado y no por un organismo internacional o una entidad técnica especializada. El estudio que es señalado en varias fuentes se realiza con la finalidad de orientar inversiones internacionales en los países. Debería resultar muy preocupante para Colombia, por el doble riesgo en lo ambiental y económico. Ubica a nuestro país como el segundo más dependiente de combustibles fósiles detrás de Qatar.

[8] El Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, adoptó los 17 países propuestos por Conservation International: Australia, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, México,  Papúa Nueva Guinea, Perú, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Venezuela.

[9] El Global Biodiversity Information Facility, que presenta el inventario de especies registradas del mundo, trabaja con otras organizaciones como the Encyclopedia of Life, Consortium for the Barcode of Life, Biodiversity Information Standars, Catalogue of Life. Sin mencionar al organismo no gubernamental quizás más importante, the World Wide Fund for Nature (WWF). En el caso de Conservation International, no ha sido ajena a la controversia por su aparente cercanía con firmas como BP, Chevron, Cargill, Monsanto, Shell, que ha justificado por la necesidad de trabajar con “compañías de alto impacto ambiental”.

El último hito no gubernamental en materia de la lucha contra el cambio climático, ha sido el liderado por la joven sueca Grata Thunberg que a los quince años inició una protesta en su país, llamando a la huelga de estudiantes de colegio, los días viernes, para exigir acciones concretas contra el cambio climático, con una repercusión mundial sin precedentes.