En el contexto de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, Goñi presenta este trabajo en diálogo con el periodista Diego Aretz, en una conversación que propone revisar críticamente los marcos tradicionales de interpretación histórica.

A medio siglo de la muerte de Francisco Franco, persiste una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto conocemos realmente las dinámicas que condujeron al golpe de 1936? La historiografía ha tendido a situar a Franco como figura central, relegando a otros protagonistas a un segundo plano, entre ellos José Sanjurjo. Sin embargo, la investigación de Goñi propone una lectura distinta.

El foco se desplaza hacia Emilio Mola, el llamado “Director”, a quien el autor señala como pieza clave en la articulación de la insurrección. A partir de una reconstrucción documental minuciosa, el libro examina los meses previos al levantamiento militar, desentrañando redes de poder, decisiones estratégicas y tensiones internas que resultaron determinantes en el curso de los acontecimientos.

Uno de los aspectos más sugestivos de la obra radica en la revisión de la muerte de Mola, tradicionalmente atribuida a un accidente aéreo. Goñi introduce dudas razonadas sobre esa versión, abriendo un espacio de interrogación que interpela tanto al lector como a los marcos interpretativos establecidos.

Más allá de su valor narrativo, El hombre de la Leica se inscribe en una línea de trabajos que entienden la historia como un territorio en disputa, donde las versiones no son definitivas y la memoria permanece en constante revisión.

La cita tendrá lugar en Corferias, en el marco de la FILBo, espacio de encuentro para discusiones que trascienden lo literario.

Más información del evento:
https://www.feriadellibro.com/es/descripcion-actividad/47230/presentación-del-libro-el-hombre-de-la-leica-conspiración-golpista-que-dio-origen-a-la-guerra-civil-española-de-fermín-goñi

El camino para darle vida al Acuerdo de Escazú en Colombia está trazado: hay leyes y herramientas sólidas para implementar este gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental. Sin embargo, aún existe una gran brecha que no permite que estos avances se traduzcan en los territorios.

Así lo indica un reciente informe elaborado por las organizaciones Asociación Ambiente y Sociedad, Dejusticia, World Wide Fund for Nature (WWF) Colombia y la Universidad del Rosario, quienes evaluaron la implementación del acuerdo a nivel nacional.

La publicación del informe coincide con el inicio de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) sobre el Acuerdo de Escazú, espacio donde se dará seguimiento a decisiones del tratado, como la participación pública en decisiones ambientales o el plan de acción para defensores.

Si bien el informe identificó avances formales en la implementación del Acuerdo de Escazú, también detectó limitaciones y desafíos, como la falta de acceso a información sobre decisiones ambientales, la violencia contra personas defensoras del territorio y la impunidad en este tipo de delitos.

Varios autores del documento le cuentan a Mongabay Latam los hallazgos y desafíos que enfrenta Colombia para que el Acuerdo de Escazú pase de ser un instrumento técnico a una política pública que avance en la acción climática y fortalezca la democracia ambiental.

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Violencia contra defensores e impunidad ambiental

Mientras las autoridades de Colombia han adoptado medidas para implementar el Acuerdo de Escazú, como la propuesta de una hoja de ruta y una consulta pública para darle vida al tratado, el país al mismo tiempo vive un repunte de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente líderes que protegen el territorio y el ambiente. El 2025 fue el año más violento para este sector en Colombia, desde que asumió Gustavo Petro como presidente, de acuerdo con la organización Somos Defensores.

El informe sobre el Acuerdo de Escazú señala que hay limitaciones en los mecanismos actuales de protección, los cuales suelen ser “reactivos e individualizados, sin abordar las causas estructurales del riesgo ni las dinámicas territoriales”. Sin embargo, los autores de la investigación señalan que desde antes de adoptar el Acuerdo de Escazú, las instituciones de Colombia ya enfrentaban dificultades para prevenir esta violencia.

“Previo a la ratificación del Acuerdo de Escazú ya existía una brecha enorme en la protección y prevención de violencias a personas defensoras del ambiente, debido a la ausencia de armonía institucional materializada, por ejemplo, en la ineficiencia de la Mesa Nacional de Garantías o la necesaria reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, explica Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad.

El informe señala que aunque hay mecanismos que permiten identificar riesgos, como el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, también hay fallas en la articulación de instituciones responsables, falta de presupuesto y de medidas que aborden las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

“Uno de los principales desafíos radica en transitar hacia modelos de protección que integren enfoques colectivos, reconozcan las formas propias de autoprotección territorial y aborden las causas estructurales de la conflictividad socioambiental”, destaca la investigación.

Para Torres, esos desafíos también implican sensibilizar a funcionarios que acompañan los procesos de protección a nivel nacional sobre lo que implica ser una persona defensora, y reestructurar entidades responsables de protección con enfoque en los territorios.

“La materialización de un enfoque diferencial en las medidas de protección debe ser construido de la mano con quienes están en primera línea de defensa. También es importante el enfoque de género en la política pública, las mujeres defensoras enfrentan cargas adicionales a partir de su rol de cuidado y liderazgo”, dice la especialista en derecho ambiental a Mongabay Latam.

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En cuanto a la justicia ambiental, el informe señala que Colombia cuenta con herramientas importantes, como la acción de tutela o la acción popular para la defensa de derechos colectivos, pero que persisten las barreras en los procesos judiciales, costos, duración de los procedimientos y falta de especialización de los jueces en temas ambientales que dificultan el acceso a la justicia, especialmente para comunidades más vulnerables.

“A pesar de contar con un marco normativo robusto y con más de 100 instrumentos de protección, los esfuerzos estatales han resultado insuficientes debido a la fragmentación institucional y a niveles críticos de impunidad, donde el sistema judicial ha mostrado limitaciones para desmantelar las redes criminales y sancionar a los autores intelectuales”, destaca la investigación.

El documento resalta que sólo una proporción limitada de los casos de violencia contra defensores obtiene una sentencia, con aún menores casos donde se determina y sanciona a los autores intelectuales.

“Esta situación limita la posibilidad de desmantelar las estructuras criminales y económicas que subyacen a la violencia contra las personas defensoras. De igual forma, se evidencia un rezago significativo en la investigación de delitos no letales, como amenazas y violencias basadas en género, con altos niveles de estancamiento en etapas preliminares”, sostiene.

Para Mauricio Madrigal Pérez, especialista de Incidencia Política en WWF Colombia y coautor del informe, el enfoque de las normas ambientales debe concentrarse hacia las personas defensoras y sus contextos para generar mecanismos que permitan acceder a la justicia ambiental.

“Las normatividades y políticas ambientales son esencialmente tecnocráticas y buscan una mirada administrativa del derecho más que una mirada de derechos humanos y de justicia. Hoy más que nunca, las crisis ambientales son un asunto de derechos humanos y de justicia porque están en juego las condiciones básicas que hacen posible la vida”, explica a Mongabay Latam.

Además, afirma que la implementación del Acuerdo de Escazú a nivel territorial permite construir opciones de prevención de la violencia. Como ejemplo, destaca la red de guardianas del agua en municipios de Putumayo, donde hay procesos de formación en la defensa del territorio.

“Creamos una escuela intercultural de justicia ambiental y género, fundamentada en el Acuerdo de Escazú y en la forma como estas mujeres ven el acuerdo y lo amplifican. Son ejercicios potentes de reivindicación, de resistencia y de propuestas para una prevención y un manejo alternativo de los conflictos, para una mayor democracia ambiental y en definitiva una mayor justicia”, expone.

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Información ambiental limitada

El informe identifica avances en normas y leyes para acceder a información ambiental, uno de los pilares del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, también halló una negativa a entregar información, respuestas desiguales de instituciones responsables y falta de claridad para entregarla de forma accesible a poblaciones vulnerables.

Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, señala que esto se refleja, por ejemplo, con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (ley 1712 de 2014) que, pese a ser una ley completa, es limitada al solicitar información por no contar con disposiciones específicas para la información ambiental.

“Al no tenerse claridad sobre el manejo de la información en materia ambiental, esta es generalmente limitada hacia la ciudadanía, adicionalmente no se cuenta con un enfoque diferencial que elimine barreras de idioma, costos y presencialidad hacia pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, explica Torres.

Tras analizar la respuesta a solicitudes de información hechas a entidades de orden nacional, organismos de control, autoridades judiciales, autoridades ambientales y entidades territoriales, el informe advierte que no hay justificación o criterios para denegar la información solicitada.

Este patrón, indica el documento, genera que haya respuestas que no estén sometidas a la norma o a un criterio, lo que puede alargar el proceso para obtener información.

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Baja participación pública en decisiones ambientales

La investigación también detecta limitaciones en los mecanismos que permiten la participación pública para la toma de decisiones ambientales, pues aunque existen espacios, suelen operar con acceso limitado y con baja capacidad de incidir en las decisiones finales.

“La participación tiende a concentrarse en etapas tardías y enfrenta barreras para comunidades en situación de vulnerabilidad, lo que limita el cumplimiento de los estándares de participación temprana, informada e inclusiva establecidos por el Acuerdo de Escazú”, se menciona en el documento.

Madrigal propone establecer cinco estándares mínimos para cumplir las obligaciones del Acuerdo de Escazú: la existencia de mecanismos, como audiencias públicas; información mínima sobre la decisión ambiental; garantizar la participación oportuna y previa; dar espacios de deliberación, y adecuar la información a los contextos locales y territoriales. Esto no solo en Colombia sino para cada país que ratificó el tratado.

“Una obligación de derechos humanos que no tenga un estándar es el gran problema que tenemos nosotros. Nunca va a ser ni medible ni verificable, y su incumplimiento va a estar marcado por una subjetividad que le quita legitimidad al propio acuerdo y a las propias acciones territoriales”, comenta.

COP4 de Escazú, una nueva oportunidad

Previo al arranque de la COP4, que se realizará del 21 al 24 de abril en Nassau, capital de Bahamas, los autores del estudio señalan que será un espacio clave para generar mecanismos de evaluación sobre cómo los países están implementando el tratado.

Madrigal señala que las expectativas en este encuentro estarán en darle mayor peso a las personas defensoras ambientales y a que la cooperación se traduzca en financiamiento para su protección.

“Si este es un convenio con un anclaje en la cooperación, hay que empezar a hablar de un fondo que financie este instrumento, para que le dé vida real a nivel internacional”, advierte.

Por su parte, Torres comenta que esa cooperación también deberá traducirse en fortalecer judicialmente a las personas defensoras en los países que han ratificado el acuerdo.

“Se discutirán avances significativos del tratado. Por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo sobre justicia ambiental, lo cual impulsará dinámicas de cooperación entre Estados para fortalecer el Poder Judicial en favor de las personas defensoras. Esperamos que este grupo cuente con la participación del público para garantizar su funcionamiento”, sostiene.

*Imagen principal: Colombia ha iniciado una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, sin embargo organizaciones civiles alertan limitaciones. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Podrán decir los taxistas y las empresas que no todos son así, que, así como hay conductores abusivos, también los hay honrados, y que estos son muchos más. No dudo que sea cierto. El problema es que hay un viejo y conocido refrán que dice: “Cría fama y acuéstate a dormir”.

Si el uso del servicio de transporte urbano individual a través de plataformas ha aumentado de manera exponencial, mucha responsabilidad recae en los propios taxistas.

Hablemos las cosas como son: de cada diez taxis que circulan en Bogotá, ocho son conducidos por personas que no son sus dueños. En la capital del país se ha vuelto común el alquiler de estos vehículos, por los que se debe pagar una cuota bastante alta como producido, quedando el resto para el conductor del turno.

De esta manera, el propietario del taxi pone el vehículo, muchas veces, en manos de un desconocido, de quien poco sabe y sobre quien desconoce si realmente prestará un buen servicio o si, por el contrario, utilizará el carro para cometer alguna fechoría.

Lo anterior, sumado a los cobros abusivos por parte de algunos conductores que alteran el taxímetro, ha provocado una desconfianza en la ciudadanía que, lejos de disminuir, aumenta cada vez que se conoce un caso de “paseo millonario” en el que está involucrado un taxi.

Por supuesto, la consecuencia de esta situación es que gran parte de los bogotanos prefiera utilizar servicios de transporte a través de plataformas, no necesariamente porque sean más económicos, sino porque ofrecen una mayor percepción de seguridad y transparencia en las tarifas.

Si los bogotanos se inclinan por este tipo de servicios —llámense Didi, Uber u otros—, en buena medida es porque los mismos taxistas, con ciertas prácticas reiteradas, han contribuido a generar la desconfianza ciudadana y el consecuente traslado de los usuarios hacia estas alternativas.

Lo más llamativo de este panorama es que, aun con la evidente pérdida de usuarios, no se percibe una intención real de cambio dentro del gremio. Es como si a las empresas que los agrupan poco les importara la situación, y tampoco se observa en muchos conductores una voluntad clara de mejorar y corregir. Se asemejan, en cierta forma, a aquellos políticos que, aun sabiendo que las dinámicas de comunicación han cambiado radicalmente desde los años 80, se resisten a modernizarse.

En este contexto, resulta urgente que tanto las autoridades como los gremios del sector asuman un papel más activo en la regulación, supervisión y transformación del servicio. No basta con defender la legalidad del taxi tradicional; es necesario garantizar condiciones reales de seguridad, transparencia y calidad que permitan recuperar la confianza de los usuarios.

De lo contrario, el desplazamiento hacia las plataformas digitales continuará siendo inevitable. En un entorno donde el ciudadano prioriza su seguridad y su bolsillo, el servicio que no evoluciona está condenado a quedarse atrás. La pregunta no es si el cambio debe ocurrir, sino si quienes hoy integran el gremio de taxistas están dispuestos a hacerlo antes de que sea demasiado tarde.

Nota recomendada: ¿En el uribismo se avergüenzan de su expresidente Iván Duque?

Hablar de acoso laboral muchas veces llamado mobbing no es sencillo. No siempre se presenta de forma evidente, ni se limita a gritos o humillaciones directas. A veces es más sutil, más silencioso y, por lo mismo, más difícil de identificar. Se esconde en la manipulación, en los comentarios pasivo-agresivos, en los discursos disfrazados de liderazgo y en una constante sensación de incertidumbre que termina afectando la salud emocional y mental de quien lo vive.

Esta es una realidad que muchas personas enfrentan, y que yo misma experimenté.

Cambios no asertivos

Todo comenzó con la llegada de un nuevo jefe. Como suele ocurrir, uno espera que estos cambios traigan nuevas ideas, aprendizajes y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, no siempre es así. Hay líderes que no llegan a adaptarse a los equipos, sino a imponerse sobre ellos. Y en ese intento de imponer, muchas veces se pierde lo más importante: el respeto por las personas y ser escuchado.

Al principio, todo parecía normal. Un discurso estructurado, lleno de palabras sobre liderazgo, coaching, resultados y cultura organizacional. Pero con el paso del tiempo, ese discurso empezó a contradecirse con las acciones. Comentarios ambiguos, mensajes con doble intención y una comunicación cargada de pasivo-agresividad comenzaron a generar confusión.

Frases que, en apariencia, eran inofensivas, pero que en el fondo dejaban una sensación de incomodidad: dudas sobre tu desempeño, cuestionamientos indirectos, silencios incómodos y cambios de actitud difíciles de entender.

Todo esto empezó a afectar no solo mi trabajo, sino también mi tranquilidad.

Llegaron entonces los días sin dormir. La mente no descansaba. Pensar constantemente en qué hacer, cómo actuar, cómo responder, cómo adaptarme. Una preocupación permanente por no cometer errores, por cumplir expectativas poco claras y por tratar de encajar en una dinámica que no terminaba de definirse.

La manipulación también juega un papel importante

Ese es uno de los efectos más complejos del acoso laboral sutil: no siempre sabes con certeza qué está pasando, pero sientes que algo no está bien. Te cuestionas, dudas de ti mismo, y poco a poco el desgaste emocional empieza a hacerse evidente.

A través de discursos bien elaborados, algunos líderes logran justificar decisiones o comportamientos que, en otro contexto, serían claramente inadecuados. Se habla de exigencia, de crecimiento, de salir de la zona de confort, de no ser “reticente” pero en la práctica se genera un ambiente laboral tenso, poco claro y, en muchos casos, poco humano.

Este tipo de situaciones no solo afectan el desempeño laboral, sino que impactan directamente la autoestima, la seguridad y el bienestar de las personas. Y, sin embargo, muchas veces se guarda silencio.

El miedo es un factor determinante. Miedo a perder el empleo, a ser juzgado, a no ser escuchado o incluso a que la situación empeore. También está el miedo al “qué dirán” y la sensación de que tal vez es mejor adaptarse que confrontar.

Pero el silencio tiene un costo alto

Con el tiempo, entendí que el problema no estaba en mi capacidad ni en mi compromiso con el trabajo. Hacer bien las cosas, cumplir con las responsabilidades y tener vocación de liderazgo no significa aceptar dinámicas que afectan la dignidad y el bienestar personal.

También comprendí la importancia de la comunicación asertiva y el manejo de las emociones. No es fácil expresar lo que uno siente en estos contextos, pero es fundamental. Poner límites, buscar espacios de diálogo y, cuando es necesario, acudir a instancias formales dentro de la organización puede marcar la diferencia.

Así mismo, es importante reconocer que no todos los líderes son iguales. En mi camino también he tenido la oportunidad de encontrar excelentes mentores y líderes que no solo enseñan, sino que acompañan. Personas que creen en el crecimiento desde el respeto, la empatía y la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen.

Esos liderazgos son los que realmente transforman

Hablar de acoso laboral no es solo contar una experiencia personal; es abrir la puerta a una conversación necesaria en los entornos laborales. Es reconocer que el bienestar emocional es tan importante como los resultados, y que un buen liderazgo no se basa en el control o la imposición, sino en la confianza y el respeto mutuo.

Hoy, más que nunca, es importante aprender a identificar estas situaciones, darles nombre y no normalizarlas. Porque lo que empieza como un comentario incómodo o una actitud ambigua puede convertirse, con el tiempo, en un entorno laboral dañino.

Y porque nadie debería tener que sacrificar su tranquilidad por conservar un trabajo.

¡Romper el silencio es el primer paso!

Es postgraduada en Alta Gerencia y egresada del Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del INALDE Business School. A lo largo de su carrera, se ha caracterizado por integrar pensamiento estratégico, excelencia operativa y un estilo de liderazgo orientado a la construcción de equipos de alto desempeño.

Recientemente Catalina Landínez Herrera fue nombradfa como Country Manager para Colombia Gi Group Holding, cargo que asumió oficialmente a partir de enero de 2026. Este nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para la compañía en el país, en un contexto de transformación del mercado laboral que exige liderazgo estratégico, productividad y soluciones integrales de talento alineadas con las nuevas dinámicas empresariales y sociales.

Por esta razón hablamos con Catalina sobre su rol y expectativas en esta multinacional.

¿Cuál es su principal rol al tomar este cargo en la compañía?

Catalina Landíne: mi principal rol será impulsar un crecimiento
sostenible basado en productividad, innovación y una propuesta de valor que conecte el talento con oportunidades reales.

¿Cuál será su enfoque en este cargo?

Catalina Landíne: mi gestión estará enfocada en acompañar a las organizaciones en la evolución de sus modelos de gestión humana, aportando soluciones
que generen valor económico y social de manera simultánea.

¿Qué espera aportarle al mercado laboral colombiano?

Catalina Landíne: el mercado laboral colombiano está evolucionando rápidamente y requiere líderes capaces de integrar estrategia, operación y cultura. Por eso mi compromiso es construir soluciones de talento que impulsen la competitividad de las empresas y la empleabilidad sostenible de las personas.

¿Cuál es su mayor apuesta?

Catalina Landíne: desde mi cargo busco reafirmar el compromiso con el desarrollo del mercado laboral colombiano, apostando por un liderazgo que combine visión, disciplina y enfoque humano para enfrentar los desafíos del futuro del trabajo.

Hace un par de años, más exactamente en el 2019, mientras cursaba mi Maestría en Investigación Musical, estaba al mismo tiempo leyendo el libro “¿Por qué fracasan los países?” de Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012). Aunque es un libro que no tiene en lo absoluto nada que ver con educación, o con música y Arte, el impacto que generó este libro en mí fue profundo, no solo por su análisis sobre las causas del éxito o fracaso de las naciones, sino porque, al mismo tiempo que me formaba como investigador, me llevó a cuestionar de manera constante el rol de la educación dentro de la sociedad y, de manera más específica, el lugar que ocupa la educación artística en los procesos de transformación social.

El desarrollo de los países

La tesis central de Acemoglu y Robinson plantea que las diferencias entre países no radican en factores geográficos o culturales, sino en la manera en que se han configurado sus instituciones políticas y económicas.

A través de ejemplos como el de ”Nogales”, una ciudad dividida entre Estados Unidos y México, los autores evidencian cómo dos territorios con características similares pueden ofrecer condiciones de vida radicalmente distintas dependiendo de la solidez y naturaleza de sus instituciones.

Este planteamiento permite comprender que el desarrollo no es una casualidad, sino el resultado de decisiones históricas que han favorecido modelos inclusivos o, por el contrario, estructuras extractivas que perpetúan la desigualdad.

En el contexto colombiano

En el caso de América Latina, y particularmente en Colombia, estas reflexiones encuentran un eco evidente. Tal como lo expone mi análisis previo, las decisiones políticas y estructurales han limitado históricamente las oportunidades de desarrollo, afectando ámbitos fundamentales como la educación, la ciencia y la innovación.

Sin embargo, dentro de este panorama surge una reflexión aún más profunda: si las instituciones son determinantes en el desarrollo de las sociedades, ¿qué tipo de formación necesitan los ciudadanos para construir instituciones más justas, inclusivas y equitativas? Es en este punto donde la educación artística y la cultura adquieren un papel fundamental.

La educación artística no puede seguir siendo entendida como un componente accesorio dentro del sistema educativo. Por el contrario, constituye un espacio esencial para el desarrollo de capacidades humanas que son indispensables en la construcción de sociedad.

A través del arte, los individuos aprenden a pensar de manera crítica, a interpretar su contexto, a cuestionar las realidades establecidas y a proponer nuevas formas de comprender el mundo. Estas habilidades son coherentes con la necesidad de formar ciudadanos capaces de participar activamente en la transformación de sus entornos.

La cultura artística como reconstrucción del tejido social

Tal como lo evidencia la historia latinoamericana, los procesos de colonización no solo implicaron la explotación de recursos, sino también la fragmentación de identidades culturales y la imposición de estructuras de poder que aún hoy tienen repercusiones. En este sentido, el arte y la cultura se convierten en herramientas de resistencia, memoria y reconstrucción. Permiten a las comunidades recuperar sus narrativas, fortalecer su identidad y generar espacios de encuentro que contrarresten las dinámicas de exclusión.

Desde esta perspectiva, la educación artística se articula directamente con la construcción de instituciones inclusivas, tal como lo plantean Acemoglu y Robinson (2012). Una sociedad que promueve el pensamiento creativo, la sensibilidad social y la capacidad de diálogo está mejor preparada para cuestionar estructuras injustas y proponer alternativas de cambio.

En otras palabras, el arte no solo forma artistas, sino ciudadanos con la capacidad de imaginar y construir nuevas realidades.

Espacios de transformación

Además, en contextos donde la desigualdad y la falta de oportunidades han generado escenarios de violencia o fragmentación social, las prácticas artísticas se consolidan como espacios de transformación.

La música, el teatro, la danza y las artes plásticas y visuales, permiten canalizar emociones, generar sentido de pertenencia y construir comunidad. Estos procesos son fundamentales para reconstruir el tejido social, especialmente en países que, como Colombia, han enfrentado profundas heridas históricas.

En consecuencia, pensar en el desarrollo de una nación implica necesariamente replantear el lugar de la educación artística dentro de los sistemas educativos.

No se trata únicamente de formar en habilidades técnicas, sino de reconocer el arte como un medio para fortalecer la conciencia social, la empatía y el pensamiento crítico. Invertir en educación artística y cultural es, en este sentido, una apuesta por el desarrollo humano y la transformación social.

Finalmente, si bien las decisiones políticas pueden limitar o ampliar las oportunidades de una sociedad, es en la educación donde se siembran las bases para el cambio. La formación de ciudadanos críticos, sensibles y creativos es un paso indispensable para construir instituciones más justas y equitativas.

En este camino, la educación artística y la cultura no son elementos secundarios, sino pilares fundamentales para reconstruir una sociedad que, a pesar de sus dificultades históricas, aún tiene la posibilidad de reinventarse desde el conocimiento, la creatividad y la participación colectiva.

Bibliografía

Asemoglu & Robinson (2012), ¿Por qué fracasan los países? – Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Bogotá, Editorial Planeta Colombiana.

Caminar, para el pueblo awá, es una forma de aprender el mundo. Andar su territorio —dicen— es la única manera de conocerlo de verdad. “Al caminar se cuentan historias de la cultura y eso para nosotros es mejor que estar detrás del escritorio en una oficina”, explica Yuri Caicedo. Alguna vez, un mayor se lo dijo con claridad a un biólogo: si quería conocer al pueblo awá, tenía que “batir barro”, es decir, internarse por caminos donde no llegan los vehículos, atravesar suelos húmedos que se vuelven barrizales y aceptar que el conocimiento también implica ensuciarse.

Así se entiende la vida en la Reserva Natural La Planada, ubicada en el municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño. Esta área protegida al sur de Colombia es gestionada desde 2010 por el Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo. Allí, bajo la dirección de Caicedo, recorrer el territorio sigue siendo la base para cuidar la selva.

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De esos recorridos surgieron, precisamente, los investigadores awá: un grupo de 18 mujeres y hombres —de entre 24 y 70 años— capacitados no solo para guiar visitas de turismo científico en la reserva, sino también para liderar procesos de educación ambiental en escuelas locales y colaborar en proyectos de investigación junto a universidades, organizaciones e investigadores independientes.

El grupo nació en 2021 cuando los conocimientos ancestrales del pueblo awá comenzaron a dialogar con la investigación científica de la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt.

“Fue un proceso de entrar en confianza y conversación entre investigadores locales e investigadores científicos; lo que se plantea es que todos los actores del proyecto aprendan el uno del otro”, dice Caicedo. “Ayudó mucho caminar en los diferentes senderos de la reserva, conocer e identificar plantas y animales; fue una formación en doble vía para lograr esa participación entre lo científico y lo ancestral”.

Así, la Universidad de Nariño aportó herramientas de monitoreo biológico; el Instituto Humboldt, enfoques sobre turismo, mapeo y dinámicas socioecológicas; y el resguardo, el conocimiento tradicional y su relación profunda con la naturaleza de la región.

“Los investigadores fueron seleccionados por asamblea general, cada uno según sus distintas habilidades y gustos, y se vincularon a cinco diferentes grupos biológicos: aves, mariposas, plantas útiles, plantas epífitas vasculares y anfibios y reptiles”, describe Caicedo.

Una reserva para la investigación

La Reserva Natural La Planada se encuentra en un paisaje oculto entre nubes bajas. Enclavada en las montañas del suroccidente colombiano, esta área protegida despliega 3200 hectáreas de bosque de niebla ubicado entre los 1200 y 2300 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente pacífica de los Andes. Es territorio del pueblo awá, que se nombra a sí mismo Inkal Awá, “gente de montaña”.

Aquí, la selva no es solo un entorno: es Katsa Su, la “casa grande”, un espacio vivo donde la comunidad habita en relación con los ciclos naturales y los espíritus del territorio.

Ubicada en un punto estratégico del corredor biológico Chocó-Darién, la reserva se ha consolidado como un sitio clave para el flujo e intercambio de especies entre Norte y Suramérica. Esa posición privilegiada explica su extraordinaria biodiversidad: datos del Sistema de Información de Biodiversidad (SiB) Colombia —resultado de un proceso de organización y sistematización de registros biológicos, literatura y monitoreos realizados junto a investigadores awá y la Universidad de Nariño— indican que en la zona se han registrado al menos 2144 especies de flora y fauna. Esto representa el 21 % de las especies reportadas para el departamento de Nariño y el 2.8 % del total nacional.

En La Planada habitan más de 400 especies de aves, equivalentes al 23 % de las registradas en Colombia. Entre las más destacadas, se encuentran el terlaque de Nariño (Andigena laminirostris) y una amplia variedad de tangaras.

Además, se registraron 324 especies de mariposas diurnas, 57 anfibios, 25 reptiles y al menos 24 especies de mamíferos, entre ellas el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el puma (Puma concolor), el kinkajú  (Potos flavus) -también llamado tejón- y el mono aullador de manto (Alouatta palliata).

La riqueza vegetal también es excepcional: se han identificado más de 1000 especies de plantas, incluidas más de 300 variedades de orquídeas. Esta abundancia le valió una de sus descripciones más emblemáticas: en 1991, el botánico Alwyn Gentry la denominó “el imperio supremo de las epífitas”, en alusión a la impresionante presencia de estas plantas que crecen sobre los árboles.

“Nuestros ancestros han sido científicos de naturaleza porque han convivido en medio de la flora y la fauna”, dice Irene Caicedo Guanga, investigadora awá sobre plantas epífitas. “Con la parte científica occidental pudimos reforzar nuestros conocimientos; yo creía, según mi conocimiento ancestral, que solo existían las orquídeas grandes, pero aprendí que hay orquídeas diminutas que no se pueden observar a simple vista”.

Según el SiB, dadas las condiciones ecológicas y evolutivas de la reserva, esta alberga 112 especies endémicas para el país. Dentro de ellas se registran 107 plantas, cinco animales y 29 especies migratorias. Igualmente, la reserva alberga 50 especies con alguna categoría de amenaza, como la rana venenosa de La Planada (Paruwrobates andinus), en peligro crítico de extinción.

“Aquí no se colecta”

En 2023, los investigadores awá publicaron sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Esta información se recopiló a través del intercambio entre participantes de talleres y actividades de documentación y caracterización de la reserva, así como en el diálogo de intereses, perspectivas y características del vivir de los awá.

“Desde mi experiencia como investigadora awá el proyecto ha sido un éxito porque desde nuestra ancestralidad hemos podido compartir con los científicos de la academia occidental a través del proyecto de turismo científico”, agrega Caicedo Guanga.

Uno de los ejercicios participativos con investigadores awá permitió identificar 95 especies clave en la Reserva Natural La Planada —61 plantas y 34 animales—, valoradas no solo por su utilidad, sino también por su vínculo cultural, espiritual y cotidiano con la comunidad.

Los resultados revelaron un dato alarmante: al menos 34 de estas especies han disminuido drásticamente o desaparecido en otras zonas del territorio awá debido a la deforestación y la degradación ambiental. En este contexto, la reserva ha funcionado como un refugio vital, al albergar de forma exclusiva 41 de estas especies. Entre los casos más representativos está el palmito (Prestoea acuminata), un alimento tradicional que hoy casi ha desaparecido fuera de la reserva.

“Los recorridos son bastante importantes”, dice Germán Libardo Ortiz Nastacuas, investigador awá de plantas útiles. A sus 58 años y con tres décadas de experiencia como guía, recuerda especialmente la primera vez que explicó la importancia del palmito: “Recuerdo tanto la primera vez que explicaba la importancia del palmito, que es un alimento tradicional para nosotros los awá y los campesinos mestizos en Ricaurte, y que también es una planta que sirve para hacer los techos de las chozas”.

Para él, estos espacios tienen un valor que trasciende la enseñanza. “A nosotros nos queda la satisfacción de haber explicado, compartido y que otros aprendan, que no se quede ahí el conocimiento y se pierda el saber nuestro, sino que otras personas también sepan qué tanta importancia tiene la Prestoea acuminata”, comenta.

El grupo de la Universidad de Nariño y del Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo desarrolló extensas jornadas de campo, en las que identificaban especie por especie en cada punto del territorio. Durante dos años recorrieron la zona con libreta en mano, documentando cada hallazgo.

“Todos iban adquiriendo conocimiento, tanto práctico como teórico, sobre las aves y las plantas, sus nombres científicos y comunes, mientras iban seleccionando y colectando información en sus libretas”, explica Yuri Caicedo.

Históricamente, la reserva se ha consolidado como un referente de investigación a nivel nacional e internacional, con más de un centenar de estudios sobre la biodiversidad que han aportado información clave de todos los grupos biológicos. Sin embargo, en los últimos años, la formación de investigadores awá en ámbitos biológicos, ambientales y socioculturales ha marcado un nuevo rumbo.

Este proceso ha impulsado líneas de investigación prioritarias, ampliando el enfoque hacia temas como el manejo de recursos —incluyendo energías limpias, sistemas de agua y gestión de residuos—, la construcción de una política de manejo de fauna, así como áreas emergentes como la bioacústica, la gastrobotánica, el monitoreo comunitario y la recuperación de la lengua y las expresiones culturales del pueblo awá.

Así, la reserva y sus investigadores se convirtieron en los primeros actores comunitarios en publicar datos en el SiB de Colombia, abriendo un camino inédito para que las comunidades locales participen activamente en la construcción, publicación y difusión del conocimiento científico.

Bajo el mandato del pueblo Awá, este territorio ha sido declarado tangán de la biodiversidad. Este concepto cobra especial significado al entender su origen: en la vida cotidiana awá, el tangán es un espacio dentro de las cocinas familiares donde se resguardan y conservan elementos esenciales.

Esa visión redefine las reglas de la reserva: en La Planada no se permite la caza —ni siquiera para subsistencia—, tampoco derribar vegetación ni la colecta científica que implique sacrificar animales. La decisión marca un punto de inflexión en la investigación biológica en Colombia, al anteponer la ética y la espiritualidad a las prácticas occidentales de estudio.

“Como expertos de su territorio, nos enseñaron a entrar en su dinámica y sus normas, a conocer la parte espiritual y todo lo que los mayores recomiendan”, dice Andrés Felipe SantoDomingo, investigador en ciencia participativa y enfoque biocultural del Instituto Humboldt. “Dentro de eso, una pauta fuerte que tiene la reserva y que los investigadores awá hacían cumplir, es ‘aquí no se colecta’. En este territorio se colectó antes, cuando no pertenecía al resguardo, pero ahora tienen el principio de cuidar la vida en todas sus manifestaciones”.

Turismo científico para la conservación

La Reserva Natural La Planada comenzó su historia a inicios de la década de 1980, impulsada por una fundación civil. Sin embargo, desde 2010 su rumbo cambió: la administración pasó al Resguardo Awá Pialapí Pueblo Viejo. Desde entonces, es la propia comunidad awá la que lidera su manejo y conservación, construyendo alternativas desde el territorio.

A través de un modelo de turismo científico de naturaleza, la reserva se ha abierto a investigadores y visitantes, quienes se integran a una Red de Amigos de La Planada, lo que ha permitido incrementar el conocimiento sobre la biodiversidad y aspectos sociales de la zona.

“Desde el momento que la reserva fue entregada en calidad de donación al pueblo awá, se adquirió el gran compromiso de cuidar igual o mejor que antes. Con grandes desafíos, hemos logrado cumplir ese objetivo”, afirma Caicedo.

Durante décadas, el pueblo awá ha enfrentado las consecuencias del conflicto armado, en un territorio marcado por la violencia y el desplazamiento de varias de sus comunidades. Frente a este contexto, surgió desde las propias comunidades la necesidad de generar alternativas que garantizaran ingresos directos y sostenibles. Así, con el apoyo de la Gobernación de Nariño y el Instituto Humboldt, se impulsó un proyecto que no solo promoviera la investigación y gestión de la biodiversidad, sino que también abriera oportunidades económicas a través del turismo científico.

En este camino, la reserva logró articular a distintos actores —agencias de viajes, universidades y otras instituciones— para consolidar un modelo que combina conservación y experiencia en campo. Como parte de esta apuesta, se diseñaron senderos interpretativos con guiones que orientan a los guías sobre cómo explicar la biodiversidad en cada recorrido, identificando zonas clave según los grupos biológicos. Esto permite que, al recibir visitantes, los recorridos sean más precisos, educativos y conectados con el entorno.

“Hay varios senderos donde ellos lograron identificar, por ejemplo, dónde hay mayor concentración de epífitas o de ranas y lagartos para que, al momento de que lleguen los turistas, puedan llevarlos al lugar indicado”, agrega Caicedo.

Actualmente, el impacto de La Planada trasciende sus propios límites. En el municipio de Ricaurte se ha convertido en un punto de partida: otros resguardos comienzan a replicar su modelo de conservación, delimitando zonas de reserva y desarrollando sus propios procesos de monitoreo de fauna y flora. La experiencia se comparte de mano en mano: investigadores awá viajan a otros territorios para intercambiar conocimientos y capacidades.

El siguiente paso ya está en marcha: llevar a niños y niñas de las escuelas locales a la reserva para que crezcan entendiendo el valor de la biodiversidad que los rodea.

“Nosotros, como awá, nos hemos criado toda la vida con la fauna y la flora, y desde temprana edad nuestros padres nos enseñaron los nombres de cada planta”, concluye Germán Libardo Ortiz Nastacuas. “Los recorridos dentro de la reserva para nosotros son un orgullo porque nos sentimos juntos, dándoles a conocer a los visitantes la importancia de nuestra reserva”.

*Imagen principal: en 2023, los investigadores awá publicar sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Foto: cortesía Banco de Imágenes Ambientales (BIA) / Instituto Humboldt.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la Comuna 13, esa contradicción no se esconde, más bien convive.

Allí, donde durante años el Estado llegaba tarde o no llegaba, hoy llegan también visitantes con cámaras, grafitis convertidos en relato turístico y cafés que traducen la ciudad al inglés. Pero más allá de ese encuadre —el que circula en Instagram— hay otra historia que insiste: la de los jóvenes que siguen creciendo entre oportunidades fragmentadas.

Y en medio de esa tensión, una casa se vuelve a abrir.

La sede de la YMCA Medellín en San Javier no es solo una renovación física. Es, en el fondo, una declaración política: creer en los jóvenes en una ciudad que todavía no termina de decidir cómo hacerlo. La dirige Daniel Ledesma, 27 años, criado en ese mismo territorio, alguien que no llegó a “intervenir” la comuna, sino que creció dentro de ella.

“Hay en las comunidades mucho más que conflicto, hay posibilidades, arte y jóvenes con un potencial maravilloso”, me dice Daniel, sin romanticismo pero con convicción.

Su historia no es excepcional; es precisamente el punto. Es el tipo de liderazgo que Medellín necesita multiplicar, pero que aún no logra escalar. Porque mientras la ciudad se posiciona como hub tecnológico y destino global, la pregunta sigue siendo quiénes participan realmente de ese crecimiento.

La Comuna 13, Bello, el nororiente, los bordes invisibles de la ciudad: ahí se está jugando otra Medellín.

Una donde los jóvenes no solo enfrentan la presión de sobrevivir, sino la de encajar en una narrativa de éxito que no siempre les pertenece. Donde el turismo encarece la vida, donde el arriendo sube más rápido que las oportunidades, donde el inglés abre puertas, pero no todos tienen llave.

Y en ese contexto, hablar de juventud en Colombia ya no es solo un asunto social: es un asunto estructural.

Hoy, más de 12 millones de personas en Colombia tienen entre 14 y 28 años. Es casi una cuarta parte del país. Pero esa cifra, que debería ser una ventaja demográfica, convive con otra realidad: tasas de desempleo juvenil que históricamente duplican el promedio nacional, altos niveles de informalidad y brechas profundas entre lo urbano y lo rural. En ciudades como Medellín, esa desigualdad no desaparece; se redistribuye.

El país, además, está envejeciendo. La tasa de natalidad ha caído de forma sostenida en los últimos años, y eso reconfigura todo: el mercado laboral, el sistema pensional, la productividad futura. Los jóvenes de hoy no son solo una generación más; son, literalmente, la base del país que va a sostener las próximas dos décadas.

Pero hay una tensión evidente: se les exige ser el futuro, sin garantizarles el presente.

En ese vacío, también emergen fenómenos incómodos que Medellín conoce bien pero que pocas veces se integran a la conversación pública con la suficiente profundidad. El aumento del turismo internacional ha traído consigo no solo inversión, sino también dinámicas complejas como el crecimiento de economías informales asociadas al trabajo sexual, muchas veces atravesadas por desigualdad, explotación y falta de oportunidades para jóvenes —especialmente mujeres y población diversa— que encuentran en estos circuitos una salida inmediata en ausencia de alternativas estructurales.

No es una historia nueva. Es una que cambia de forma.

“Se necesita creer en los jóvenes y eso significa inversión. Necesitamos pensar en quiénes son los jóvenes de Colombia”, insiste Daniel.

La frase suena simple, pero en Medellín adquiere otra dimensión. Porque no hay un solo tipo de joven. Está el que programa desde El Poblado y trabaja remoto para una startup en California, y está el que cruza la ciudad dos horas para estudiar, o el que decide entre un ingreso inmediato o una apuesta educativa a largo plazo.

Pensar en “los jóvenes” en abstracto ya no alcanza.

Y ahí es donde el Estado —el actual y el que viene— tiene una deuda que ya no admite aplazamientos. Colombia se acerca a un nuevo ciclo político, y con él, la oportunidad (y la obligación) de redefinir su relación con esta generación. No basta con políticas juveniles nominales o programas fragmentados: se requiere una lectura profunda de quiénes son estos jóvenes, qué territorios habitan, qué economías los sostienen y qué expectativas tienen.

Porque gobernar en los próximos años será, en gran medida, gobernar para una generación que no necesariamente cree en las instituciones como lo hicieron las anteriores.

En ese mismo espacio renovado aparece otra figura que conecta la historia global con la realidad local: Sam Blyth, tataranieto de Sir George Williams, fundador de la YMCA en Londres en 1844. No es un detalle menor. Hay algo simbólico en que un descendiente directo de ese origen llegue a la Comuna 13, no como espectador, sino como aliado.

“Medellín ha tenido una historia compleja, pero es precisamente por eso por lo que queremos impulsarlo. Soy muy optimista sobre Medellín”, me dice Sam.

El optimismo, en este caso, no es ingenuo. Es una apuesta.

Porque la YMCA no está llegando a descubrir la ciudad; lleva décadas ahí. Desde 1998 en la Comuna 13, acompañando procesos que no se miden en métricas rápidas, sino en trayectorias de vida. Más de 3.000 jóvenes en los últimos años, miles de horas de voluntariado, programas que van desde formación digital hasta liderazgo comunitario.

Pero su historia es mucho más larga —y más amplia— que Medellín.

Nacida en el Londres industrial de 1844, en medio de una revolución económica que también desbordaba a los jóvenes trabajadores, la YMCA surgió como una respuesta a una pregunta que sigue vigente: ¿qué hacer con una juventud que migra, que trabaja, que cambia más rápido que las instituciones que deberían acompañarla?

Desde entonces, ha estado presente en guerras, procesos de urbanización, crisis económicas y transformaciones culturales en más de 120 países. Ha trabajado con jóvenes desplazados, con comunidades obreras, con estudiantes, con migrantes. Ha sido refugio, escuela, red, punto de encuentro. Y en todos esos contextos, hay un hilo común: juventudes atravesadas por cambios profundos, intentando encontrar un lugar en sociedades que se reconfiguran constantemente.

Lo que pasa en Medellín, en ese sentido, no es una excepción. Es parte de una historia global.

Y, sobre todo, algo más difícil de cuantificar: espacios de cuidado.

En las últimas semanas, los llamados enfrentamientos de “macheteros” volvieron a encender alertas. Videos virales, jóvenes convocados por redes sociales, violencia que parece nueva pero que tiene raíces viejas. En ese escenario, organizaciones como la YMCA vuelven a hacer lo que el algoritmo no puede: mediar, escuchar, sostener.

No se trata solo de evitar la violencia, sino de ofrecer alternativas reales.

Porque si algo queda claro al caminar Medellín hoy es que la ciudad está en disputa narrativa. Entre el orgullo legítimo de su transformación y las deudas que siguen abiertas. Entre el brillo internacional y las fracturas internas. Entre lo que se muestra y lo que se vive.

La nueva sede de la YMCA no resuelve esa tensión. Pero la reconoce.

Es un espacio con mejor luz, más accesible, más conectado tecnológicamente. Pero también es un recordatorio de algo más profundo: que el desarrollo no es solo infraestructura, es tejido social. Y que ese tejido, en Colombia, sigue dependiendo en gran medida de sus jóvenes.

Creer en ellos —como dice Daniel— no es una frase inspiracional. Es una decisión de urgencia económica, política y cultural.

Y en una ciudad como Medellín, donde todo parece avanzar rápido, la pregunta no es si va a haber futuro, sino quiénes van a poder habitarlo.

Febrero ha sido un mes de fuertes desastres causados por una temporada atípica de lluvias que ha afectado a gran parte de Colombia, especialmente el norte de la región Andina y el Caribe, donde el departamento de Córdoba ha sufrido algunas de las más graves inundaciones. El Gobierno nacional ha enfocado sus acciones en atender la emergencia invernal. Mientras tanto, una crisis silenciosa avanza en otra región del país: la Amazonía arde y los deforestadores no han perdido el tiempo en su objetivo de destruir el bosque y colonizar amplias zonas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Así lo pudo constatar Mongabay Latam en un sobrevuelo de varias horas realizado el 27 de febrero y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “A pesar de que en estos días de lluvia en Bogotá no se note, aquí [en la Amazonía] la selva ya está ardiendo. Vimos un enorme avance de carreteras, instalación de grandes potreros y nuevas instalaciones para el poblamiento del territorio”, asegura Rodrigo Botero, director de la FCDS.

En el recorrido de más de cuatro horas sobre la Amazonía noroccidental colombiana se observó un avance significativo de la deforestación en varios núcleos, como los parques nacionales naturales Tinigua y Sierra de la Macarena. También preocupa a los expertos la colonización al oeste del resguardo indígena Yaguará, en el núcleo de deforestación del río Camuya, así como el avance de las carreteras, los cultivos de coca y los lotes para ganadería en el Parque Nacional Chiribiquete, el más grande del país.

La deforestación también ha avanzado de forma acelerada hacia el occidente de la Amazonía, principalmente en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, entre el río Yarí, la zona de Remolinos del Caguán y el borde del parque Chiribiquete.

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El parque Sierra de la Macarena sigue los pasos del parque Tinigua

El caso de Tinigua es el más preocupante porque, según los expertos, casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, dijo en diciembre de 2025 Clara Solano, directora de la Fundación Natura a Mongabay Latam.

Solano destacó que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

Desafortunadamente, el panorama de febrero de 2026 parece más desalentador. Desde el aire no sólo se observan carreteras ilegales nuevas, sino que otras existentes han sido ampliadas y niveladas con el uso de maquinaria pesada. También han aumentado los potreros con fines ganaderos.

En el parque Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población.

En el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025, publicado por FCDS, se resalta que los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados, lo que pone en riesgo tanto la conectividad ecológica como la funcionalidad ecosistémica del parque.

La tendencia acelerada de deforestación que se ve en Tinigua ha empezado a imitarse en Sierra de La Macarena, el parque contiguo. El sobrevuelo permitió ver una enorme red de carreteras, que lejos de pretender estar ocultas en el bosque, cada vez son más anchas y con una deforestación a lado y lado de al menos 100 metros. La zona nororiental del parque ha sido invadida por cultivos de coca y el 27 de febrero se observaron varios incendios activos en zonas colindantes a las carreteras y a los lotes de coca ya establecidos.

En declaraciones recientes para este medio, la congresista Julia Miranda aseguró que “en La Macarena se incrementan los procesos de transformación y ocupación ilegal”.

Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran que durante los últimos 20 años el parque ha perdido 66 133 hectáreas de bosque, lo que representa el 11.7 % de su cobertura boscosa en 1990.

Rodrigo Botero comenta que gran parte de la porción oriental del área protegida (planicie amazónica) ya se encuentra conectada, tanto por accesos viales terrestres como por río, y que tan solo faltan algunos tramos para conformar una especie de “circunvalar” que rodearía por completo los bosques remanentes en esta porción del parque.

Y es que el informe 2025 de FCDS ya daba cuenta del acelerado crecimiento de la malla vial ilegal dentro del área protegida: 623.6 kilómetros se construyeron entre 2007 y 2025, de los cuales 76.9 km fueron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La coca también ha venido en aumento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 1464 hectáreas de coca en 2023 con enclaves en la zona del río Cafre y el Guayabero, en el río Cabra, entre las zonas de Santa Lucía y las bocas del Cafre, y en el cañón del río Sanza. Por otro lado, registros de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mencionan la presencia de 68 543 vacas dentro del parque.

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El control de las disidencias de las FARC en los llanos del Yarí

Los llanos del Yarí son una importante zona de sabanas amazónicas que conectan los parques Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Allí también se ubica el resguardo indígena Llanos del Yarí–Yaguara II.

Históricamente ha sido uno de los focos de deforestación de la Amazonía y de acuerdo con el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025 de la FCDS, entre abril de 2024 y marzo 2025 se perdieron 1533 hectáreas de bosque en el resguardo, donde según la fundación existen unos 175 kilómetros de vías ilegales.

Al sobrevolar la zona se aprecia un aumento en la cantidad de vías y un extenso campo con zonas deforestadas para actividades agropecuarias, así como maquinaria e instalaciones para procesar lo producido. Este enorme enclave productivo pertenece a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC.

Calarcá construyó en la zona un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas, trayendo consigo una fuerte deforestación de la selva. “Le hemos entregado tierra a los campesinos, les hemos entregado proyectos. Ahora entregamos unos proyectos arroceros, de maíz y paneleros”, dijo al diario El Espectador en una entrevista de diciembre de 2024.

En los llanos de Yarí, Calarcá no sólo cuenta con proyectos productivos sino que tiene su centro de mando político‑militar y su escenario de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Estas no pasan por su mejor momento, luego de que a finales de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un aumento de las operaciones militares contra grupos al margen de la ley, como el que lidera Calarcá.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, también ha expresado preocupación y en un informe publicado en octubre de 2024, menciona que las acciones relacionadas con la deforestación han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. “A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones”, dice el informe.

La JEP también agrega que las disidencias de Calarcá y de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», se disputan el control del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. “La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal”, dice el informe.

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El asedio al parque Chiribiquete crece desde Cartagena del Chairá

Las presiones al parque Nacional Chiribiquete no cesan. Nuevas carreteras se adentran en la zona noroccidental del área protegida continental más grande de Colombia, junto a lotes deforestados que ahora albergan ganado y coca. El sobrevuelo del 27 de febrero también permitió observar cómo aumentan la tala y quema de bosques y las vías en la parte occidental de Chiribiquete, en el municipio de Cartagena del Chairá.

“Probablemente lo más impactante es la magnitud de lo que ocurre en Cartagena del Chaira, entre Remolinos del Caguán y el río Yarí, en el borde de Chiribiquete”, dice Rodrigo Botero. El director de la FCDS asegura que en el último sobrevuelo se aprecia la consolidación de un nuevo corredor de cultivos de coca que va desde la frontera entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, subiendo por el río Caguán hasta llegar al municipio de La Macarena, en el departamento de Meta.

El informe 2025 de FCDS menciona 165.7 kilómetros de vías construidas entre 2007 y 2025 en el parque Chiribiquete, de los cuales 80.3 kilómetros (48.5 %) se construyeron en los últimos siete años. Algunas de las carreteras más preocupantes son Puerto Cachicamo–La Tunia, que comunica a la vía Marginal de la Selva con el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II. Esta vía tiene 30.1 kilómetros al interior del parque. También está la ampliación de la vía El Camuya, de 45.4 kilómetros de longitud, y que se encuentra en su totalidad dentro de Chiribiquete.

“En Chiribiquete hay invasiones. Hoy vemos debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques”, dijo la congresista Julia Miranda.

Para Botero, “hoy [27 de febrero] pudimos observar cómo cada vez más se está creando un enorme vacío de bosques entre la planicie amazónica y los Andes y cómo esto está interrumpiendo poderosamente el ciclo del agua”. Otro problema, según dice, es que hay un trasfondo en el que viene ocurriendo una integración de las economías ilegales con las legales, que seguirá en aumento si nadie en Colombia comienza a preguntarse de dónde provienen productos como la carne, los derivados lácteos o lo que se exporta en minerales como el oro.

Botero asegura que aunque Colombia ha tenido algunos años con reducciones en la deforestación, se trata de variaciones en las tendencias anuales, pero el efecto acumulativo es negativo porque la capacidad de restaurar los bosques sigue siendo mucho más baja que la velocidad con la que se pierden.

*Imagen principal: incendios dentro del parque Chiribiquete. Foto: Antonio Paz.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Digamos ahora lo obvio; lo que se ha manifestado en distintos espacios a lo largo de semanas y meses, pero en unas pocas líneas que traten de motivar el retorno al cumplimiento de la constitución y el espíritu académico, sin renunciar a los caminos de cambio que se considere que deben ser discutidos y emprendidos.

El fallo del Consejo de Estado, que ratificó la legalidad de la elección de José Ismael Peña como rector, para no hablar del fallo del juez de tutela que ordenó hacer efectivo el ejercicio del cargo, no es una sugerencia ni un punto de partida para una asamblea; es una verdad jurídica de obligatorio cumplimiento. En una democracia, las instituciones no son legítimas solo cuando el resultado nos favorece; son legítimas porque emanan de procesos reglados y autoridades competentes. Desconocer un fallo del máximo tribunal de lo contencioso administrativo es, sencillamente, promover la anarquía bajo el disfraz de la “autonomía”.

La doble moral de las urnas

Llama poderosamente la atención la asimetría con la que ciertos sectores miden la democracia. Se exige respeto absoluto por una consulta previa de rectoría que, aunque masiva, es estatutariamente no vinculante; esa es la realidad de las reglas de juego vigentes. Sin embargo, esos mismos sectores celebran como un mandato popular los resultados de la Mesa Constituyente Universitaria (MECUN), a pesar de registrar una  participación ínfima en comparación con el censo total de la Universidad.

¿Cómo puede una minoría ruidosa arrogarse la representación de 60,000 estudiantes para detener la vida académica? Es hora de medir con el mismo rasero: si la participación es el termómetro de la legitimidad, la parálisis actual carece de ella. La verdadera democracia universitaria se ejerce en las aulas, en los laboratorios y en los canales institucionales de reforma, no en el bloqueo sistemático del derecho ajeno a la educación. La democracia son las reglas de juego válidamente establecidas y democracia, es también, cambiarlas a través de los mecanismos que respeten esas mismas reglas de juego (los estatutos que en su momento fueron objeto de debates, disensos y consensos). Por algo, la propia Constitución Política puede cambiarse, pero a través de los mecanismos que ella misma estableció por consenso.

El retorno a la razón

El camino para las reformas que la comunidad aspira –como la modificación del sistema de elección de rector, entre otras— existe y está trazado en la ley. Se llama trámite institucional (iniciativa de reforma) ante el Consejo Superior Universitario. Utilizar el paro como mecanismo de extorsión para saltarse los procedimientos legales solo debilita la institucionalidad que los mismos manifestantes dicen proteger de “intervenciones externas”.

El vacío que llena el radicalismo

Es innegable que la estrategia del paro prolongado no busca el consenso, sino la dispersión. Al cerrar las aulas, la inmensa mayoría de la comunidad universitaria —esa que entiende la educación como un proyecto de vida y no como un campo de batalla ideológico (por lo menos, no como una batalla de argumentos y construcción desde la diferencia)— se ve obligada a retirarse a sus casas, dejando los campus físicamente vacíos, pero políticamente capturados. En ese silencio de la mayoría, el debate queda a merced de los sectores más radicales, quienes encuentran en la anarquía el ecosistema ideal para imponer su visión como la única verdad absoluta.

Este fenómeno es, en esencia, una forma de intimidación intelectual y física. El discurso violento y excluyente que emana de las asambleas a puerta cerrada – porque, aunque se muestran como abiertas, se difama y estigmatiza a quien expresa su disenso y deseo de debatir con dinámicas académicas normales de clase-, se erige sobre un falso dilema: o se está con el paro, o se es un “traidor a la causa”. Ante esta polarización extrema, el estudiante o profesor que desea la normalidad académica termina replegado, silenciado por el temor a la estigmatización o a la confrontación directa. Así, lo que se vende como una “gesta democrática” termina siendo el secuestro de la voluntad colectiva por parte de una minoría que, al vaciar la universidad de su pluralidad natural, convierte el campus en un feudo de pensamiento único donde la razón es sustituida por la consigna.

Un ejercicio de honestidad: ¿y si el gobierno fuera otro?

Resulta imperativo plantear un escenario hipotético pero revelador: ¿Cuál sería la narrativa si el Gobierno Nacional actual fuera de derecha y no de izquierda? Probablemente, el discurso de la “resistencia” denunciaría con ferocidad cualquier intento del Ejecutivo por dilatar la posesión de un rector legalmente elegido o por asfixiar financieramente a la institución como medida de presión. Veríamos carteles hablando de “dictadura” y “violación a la separación de poderes”. Hoy, ante un gobierno afín a las tesis del paro, el silencio o la complicidad frente al desacato judicial es ensordecedor. La ley no puede ser un traje a la medida del gobernante de turno o de la ideología predominante en la plaza pública.

La Universidad Nacional debe abrir sus puertas ya. La normalización académica no es una derrota para nadie, sino una victoria para el país que financia, con el esfuerzo de todos los contribuyentes, una educación que hoy está secuestrada por el sesgo.

Señor Rector, profesores, representantes y estudiantes: el respeto a la ley es el único camino. Lo demás es el abismo de la arbitrariedad.

OJF