En Colombia, los apellidos no son solo herencia: son historia viva. Y a veces, también, destino.

En un momento decisivo para el país —cuando el escenario electoral abre la posibilidad real de que una mujer llegue por primera vez a la Presidencia de la República— mirar hacia atrás deja de ser un ejercicio erudito y se convierte en una necesidad política. Porque entender de dónde vienen nuestras élites, cómo se han formado y qué trayectorias han marcado su poder, es también una forma de comprender hacia dónde podría dirigirse la nación.

En esta edición de La Conspiración del Olvido, recibimos con mucho honor al autor de esta letras que siguen, al doctor Carlos Valdivieso, cirujano plástico, investigador independiente y apasionado genealogista, quien nos propone un viaje que trasciende el relato familiar para adentrarse en las raíces profundas de uno de los apellidos más influyentes en la historia colombiana: Valencia.

Ya en una publicación anterior, destacábamos su capacidad para reconstruir, con rigor y sensibilidad, el tránsito de ocho generaciones desde la llegada a América del almirante Bernardino García de Valdivieso. Hoy, ese mismo espíritu investigativo alcanza una nueva dimensión. Con un trabajo respaldado por fuentes históricas, archivos y estudios especializados, el doctor Valdivieso nos conduce por un recorrido fascinante donde convergen linaje, poder, conflicto y transformación social.

Su relato no es solo una reconstrucción del pasado. Es, ante todo, una exploración del carácter: del liderazgo, de las decisiones y de las tensiones que han moldeado a quienes han ocupado —y aspiran a ocupar— los más altos cargos del Estado. En un país donde la memoria suele fragmentarse o diluirse en el ruido del presente, este tipo de ejercicios se vuelve indispensable.

No es menor que, en el contexto actual, una figura como Paloma Valencia surja como una de las candidatas con mayores posibilidades de alcanzar la Presidencia. Su nombre no solo encarna una opción política, sino también la continuidad —y en ella, la reinterpretación— de una historia larga, compleja y, en muchos aspectos, decisiva para Colombia.

En La Conspiración del Olvido, creemos que recordar es un acto de resistencia. Por eso, esta colaboración no es solo un aporte académico y narrativo: es una invitación a mirar de frente aquello que muchas veces preferimos no ver. Porque solo entendiendo las raíces, podremos, como sociedad, decidir con mayor conciencia el rumbo que queremos tomar.

Ramón García Piment y Claudia Patricia Romero Velásquez.

El apellido Valencia en Colombia está presente en varias poblaciones de Caldas, Antioquia y Norte de Santander, pero tambien se encuentra en Cauca, particularmente en Popayán. Por mucho tiempo, la creencia fue que su origen tenía un tronco común. Sin embargo, gracias a la revisión de documentos históricos, facilitada por la digitalización de archivos eclesiásticos y civiles realizada a finales del siglo pasado por una iglesia de los Estados Unidos, hemos podido finalmente resolver este enigma. Este esfuerzo se apoya, a su vez, en la labor acumulada durante siglos por la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes registraron con rigor en los libros sacramentales los principales hechos de la vida humana. Son precisamente estos registros: bautismos, matrimonios y defunciones, los que hoy permiten reconstruir con mayor claridad el linaje y la memoria de nuestros antepasados.

En realidad, se trata de dos linajes totalmente distintos. Judíos conversos los unos y cristianos viejos los otros, militares los unos y los otros no. Los unos favorecidos por la corona española, los otros perseguidos y vigilados por la inquisición. Cada uno de ellos ha dado hasta ahora un Presidente de Colombia.  Pero como hay una brillante candidata que hace parte de los Valencia de Popayán: la Doctora Paloma Valencia Laserna, puede ser que haya un presidente más.

Debo comenzar advirtiendo a todos, que el relato histórico no es una pintura en blanco y negro de héroes y villanos, sino un paisaje colorido. Es una historia de hombres y mujeres reales con aspiraciones y sueños, con creencias e intereses de diversos ordenes, como siempre ha sido. La conquista, la colonia y la vida republicana es más parecida a las obras del pintor mexicano Diego Rivera, quien en su mural sobre la conquista, muestra sinópticamente todos los elementos humanos del periodo. Entremos pues en materia.

La familia Valencia de Caldas, Antioquia y Pamplona.

El primer Valencia con registro que llegó a la Tierra Firme, como se conocía la Colombia actual, fue un Capitán de Infantería llamado Juan de Valencia, quien aparece comandando un regimiento español asentado en la ciudad de Santa Ana de los caballeros de Anserma (Caldas), en la segunda mitad del siglo XVI. La población fundada por el Mariscal Jorge Robledo en 1539 era el sitio de conexión, entre las regiones del sur y el noroccidente del país, durante las épocas de la conquista y el inicio de la colonia.

Dicho militar tuvo un hijo en estas tierras, quien también ingresó a la vida militar y fue Capitan de Infantería igual que su padre, siendo su nombre Juan de Valencia y Ramírez de la Serna. Se sabe, que llegó hasta la región de Rionegro (Antioquia) a mediados del siglo XVII.  De sus numerosos hijos proceden probablemente, todos los Valencia de Caldas y de Antioquia.

Sin embargo, el más famoso de ellos fue el también Capitan de Infantería Pedro de Valencia Antolínez Beltran, quien a fines del siglo XVII se dirigió hasta la región de lo que hoy es Marinilla (Antioquia). Por alguna razón que no sabemos, dos de sus hijos varones llamados Bernardino y Joaquín, se trasladaron desde allí a principios del siglo XVIII al norte del país, a la ciudad de Pamplona de Indias, fundada en 1549 por Pedro de Ursúa y Ortún Velázquez de Velasco. Allí se casaron con dos hermanas, Antonia y Beatriz Villamizar Pinedo.

Es así como se crea una línea separada de sus ancestros antioqueños, en una lejana, verde y próspera ciudad del norte del país, y se olvida el verdadero origen de los Valencia pamploneses. Los dos hermanos reciben grandes extensiones de tierra entregadas en encomienda, y se convierten en una de las estirpes más cultas y distinguidas de la región. Sus mujeres eran amantes de la música, y sus hombres gente culta e incentivadora de tertulias literarias en Pamplona.

La encomienda tuvo su origen en el antiguo sistema feudal castellano, y al ser implementado en la américa española mediante la Cedula Real de 1503 por Isabel la Católica, suponía el gobierno del designado encomendero sobre un territorio específico, en el cual ejercía tareas de justicia y administración. Debía enviar recaudo de impuestos a la corona y podía emplear la mano de obra indígena, a cambio de garantizar sus condiciones de vida y evangelizarlos. Esto último suponía la cercana relación del encomendero con las comunidades religiosas que hicieron presencia para ello, como los franciscanos, los dominicos y finalmente los jesuitas.

Hay que recordar que el sistema de encomienda en lo que hoy es Colombia duró hasta cerca de 1620, siendo que para esa época ya estaba en declive en el resto de los nuevos territorios. El encomendero estaba siendo reemplazado por los llamados corregidores, funcionarios directos de la corona que ya existían en España, y que pasaron a presidir los ayuntamientos, ejercer justicia (primera o segunda instancia), y administrar la gestión económica y la política local.

Precisamente uno de estos corregidores del Rey, fue quien provocó la famosa revuelta del 4 de julio de 1810 en Pamplona, días antes del grito de independencia en Santa Fe, la capital del Virreinato de la Nueva Granada.

Para aportar contexto, debemos decir en primer término que una de las capitulaciones de la revuelta comunera, había contemplado que se creara el nuevo Corregimiento del Socorro separado del de Tunja, y que sus corregidores fueran de origen criollo (es decir nacidos en América). Fue así como en 1795 se crearon los corregimientos de Socorro y Pamplona, y el Virrey Ezpeleta tuvo el buen tino de proponer como primeros titulares a dos criollos, quienes ejercieron brillantemente sus cargos. Ya vencidos sus periodos, el Rey Carlos IV bajo propuesta del ministro Godoy a quien los criollos americanos tenían cierta inquina, nombró a dos españoles en los cargos, lo cual contrarió grandemente la sociedad de las dos ciudades.

En el caso de Pamplona, el designado era Don Juan Bastús y Falla, un abogado catalán. El referido jurista que debía tomar posesión ante el cabildo de Pamplona, por ser la cabecera del corregimiento, lo hizo ante el cabildo de Girón, más leal a la corona y que también correspondía a su jurisdicción. Con tal conducta ya comenzó ofendiendo a la clase dirigente pamplonesa, que la tomó como una afrenta. Instalado en la ciudad, Bastús protagonizó además un altercado con el alcalde José Javier Gallardo y Guerrero, al no permitir que el referido se sentara a su lado en la sesión del cabildo, alegando que el corregidor era de mayor rango al ser un representante del Rey. Los afectados interpusieron varias demandas ante la Real Audiencia de Santa Fe. Sin embargo, el punto culminante de la enemistad entre el corregidor y la sociedad pamplonesa se produjo cuando, después del levantamiento de Caracas, se prohibieron preventivamente las reuniones y diversiones en la ciudad de Pamplona.  A pesar de ello Doña Agueda Gallardo de Villamizar, una hermana del alcalde agraviado y viuda de un rebelde comunero, decidió celebrar la fiesta religiosa de San Pedro con música en las calles, el 29 de junio de 1810. El corregidor respondió abriendo proceso contra la dama, y la encarceló por desacato.

Cinco días después el día 4 de julio, ocurrió una multitudinaria asonada callejera previamente organizada, en la que participaron José Rafael y Pedro Juan Valencia, dos nietos de Bernardino de Valencia. Los rebeldes tomaron preso al corregidor Bastús, y el 31 de julio conformaron una junta de gobierno provisional para la ciudad, de la cual formó parte José Rafael Valencia. Su hermano Pedro Juan fue designado como uno de los jefes de las milicias de defensa de la ciudad. Desde ese momento los miembros de la familia Valencia tomaron partido, a favor de la independencia del país.

Ya en la era republicana, a fines del siglo XIX, se presentaron en Colombia varias confrontaciones civiles armadas, donde se atacaron militarmente los dos partidos políticos mayoritarios: el liberal y el conservador. La más importante de ellas fue conocida como la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Los Valencia de Pamplona siempre habían sido jefes políticos del partido conservador en su región, y por eso participaron en esa guerra. Varios descendientes de Joaquin de Valencia, uno de los dos hermanos que habían llegado a Pamplona a comienzos del siglo XVIII, fueron generales del ejercito conservador: Ramón González Valencia, Manuel María Valdivieso Valencia y Rafael Valencia Camargo.

De ellos tuvo especial brillo el General Ramón González Valencia, quien había participado en acciones militares desde 1876, por lo cual tenía un gran bagaje militar. En la guerra se destacó su papel en la Batalla de Palonegro, y en la toma de Cúcuta. El 21 de noviembre de 1902 fue, además uno de los firmantes del Tratado de Chinácota (Norte de Santander), en el que se acordaron las bases para terminar el conflicto armado.

Una vez terminada la guerra, el General González Valencia participó en las elecciones de 1904, como formula vicepresidencial del General Rafael Reyes Prieto, quien fue elegido Presidente de la Republica. Pero el ambiente político y jurídico de la época se afectó gravemente, con la supresión del Consejo de Estado ejecutada por el presidente Reyes, mediante acto legislativo del 22 de abril de 1905.

Esta medida fue seguida de un intento de golpe de estado contra Reyes, liderado por el General Manuel María Valdivieso Valencia primo del vicepresidente, el 20 de diciembre de 1905.  El General González Valencia decidió entonces renunciar a la Vicepresidencia de la República. En respuesta Reyes clausuró el Congreso de la República, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, y gobernó como un “dictador político”, hasta los violentos actos de protesta popular suscitados en Bogotá del 9 al 13 de marzo de 1909, después de los cuales abandonó el poder. El General Ramón González Valencia fue entonces designado Presidente de la República, el 3 de agosto de 1909, por la misma Asamblea Nacional Constituyente convocada por Reyes en 1905, con el encargo de terminar el período presidencial hasta 1910.  Se posesionó el 7 de agosto, y convocó una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual procedió más tarde a redactar la Reforma constitucional de 1910, y a elegir al antioqueño Carlos Eugenio Restrepo, como Presidente de la República para el periodo 1910-1914.

La resiliente y perenne estirpe Valencia de Popayán.

Hacia fines del siglo XVI el ancestro más antiguo conocido de esta línea familiar era Don Diego de Castillejo un caballero al parecer de origen judío y casado con la señora Catalina de Valencia que, según las pocas informaciones disponibles, residía en la ciudad de Oran en Argelia al norte de Africa. Muchos miembros de la comunidad judía de España se habían refugiado en el norte de Africa, después de la emisión del Edicto de Granada por parte de la Reina Doña Isabel I de Castilla, que ordenaba la expulsión de los judíos.

Tal decreto estuvo vigente en España hasta 1968, cuando el dictador Franco lo derogó. Orán había sido tomado por los españoles en 1509, y tenían allí un emplazamiento militar, el Fuerte de Santa Cruz. Vale decir de otra parte, que Castillejo, aunque era un antiguo apellido español, también fue llevado por algunos miembros de la comunidad judeoconversa de España, entre ellos Don Gonzalo de Castillejo, quien a mediados del siglo XV llegó a ser maestresala del Rey Don Juan II de Castilla, el padre de la misma reina Isabel.

Una costumbre usada en España en esa época, de la que también echaron mano quienes tenían origen judío, era llevar primero el apellido de la madre y no el del padre. Por eso no debe extrañar, que el hijo de Don Diego de Castillejo se llamara Miguel de Valencia y Castillejo. A partir de ahí, esta línea genealógica usará el apellido Valencia.

A principios del siglo XVII, Miguel de Valencia atraviesa el mar y se instala en Málaga, donde de su unión con Ana de Aranda Sendía nace Manuel de Valencia y Aranda. Éste último es quien, en la segunda mitad del siglo se embarca para el continente americano, y se instala en Popayán. Allí nace en 1678 su hijo Pedro de Valencia y Aranda, del matrimonio con Ana de Aranda Forcallo.

Pedro de Valencia y Aranda es un personaje fascinante, por su brillante estrategia para dar un rumbo al ascenso social de su familia en el nuevo mundo. Acontecía que el Rey Felipe V de Borbón había creado en 1717 el Virreinato de Nueva Granada, separando este territorio del Virreinato del Perú. Sin embargo, en 1723 se suspendió la existencia de esta jurisdicción, aparentemente por problemas de viabilidad financiera.

Aunque ya desde 1621 existía una Real Casa de la Moneda en Santa Fe de Bogotá, lugar donde se acuñaban las monedas de diversas denominaciones y composiciones de metal, que cumplían los estándares de la corona, Don Pedro escribe a España en 1725. Allí argumenta la conveniencia de crear una nueva Casa de la Moneda en Popayán, dada la dificultad de traslado de los metales a la capital, y la pérdida eventual de parte de este en el trayecto.  

En respuesta, el Rey Don Felipe V de Borbón ordena a la real Audiencia de Santa Fe en 1726 revisar la viabilidad del asunto, encontrando razones válidas para la creación de la nueva casa de la moneda en Popayán (ceca), la cual se formaliza mediante Cédula Real en 1729. El edificio fue construido a partir de ese mismo año. Allí se inicia la gran fortuna de los Valencia, porque en 1747 el Rey Fernando VI nombró al hijo de Don Pedro llamado Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, tesorero perpetuo de la casa de la moneda, cargo que éste ocupó hasta su muerte.

En los libros de cuentas de su mayorazgo, reportaron hasta 1785 haber invertido más de 300.000 pesos de plata (equivalentes a más de 50 millones de dólares de hoy), para la creación y manutención de la referida casa de la moneda. De otra parte, y no descuidando además el contacto directo con la corona, el hijo mayor de Don Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, llamado Francisco de Valencia y Sáenz del Pontón, fue enviado a la madre patria, con el fin de concluir allá sus estudios.

A distancia desde España, asumió el cargo de Tesorero de la ceca a la muerte de su padre en 1788. Aunque en verdad, quien tomaba cuenta de la ceca en Popayán era su hermano Joaquin de Valencia. Pero al año siguiente, el Rey decidió suprimir el cargo de tesorero remplazándolo por el de administrador, y dejó la ceca bajo control directo de la corona. A pesar de ello, mantuvo el cargo de tesorero en cabeza nominal del mismo Francisco hasta su muerte.

En compensación por la supresión de su cargo, y gracias a la cercanía del rey Carlos IV con Francisco de Valencia y Saénz del Pontón, el Rey decidió ennoblecerlo con el título de I Conde de Casa Valencia, mediante Despacho Real en 1789. En España Don Francisco fue también Consejero de Indias, y Caballero de la Orden de Carlos III.

Se configuró así el imponente ascenso social de una línea familiar, que pasó de judeoconversa a tener noble titulado, lo cual no fue único, pero no deja de ser notable. Hay que recordar que la legislación vigente en España después del Decreto de la Alhambra, contemplaba la necesidad de tener registro de limpieza de sangre, para ser funcionario de la corona. Se requería gran habilidad, para evadir tal requerimiento.

El Condado de Casa Valencia que existe hasta hoy, contempla ser Grande de España, y sus titulares son descendientes directos del primer conde. No obstante, hay que aclarar desde ya, que no es que los Valencia de Popayán desciendan de un noble y grande de España, sino todo lo contrario: es un noble y grande de España quien desciende de la antigua casa Valencia de Popayán. Los Valencia de Popayán descienden todos, de los hermanos del Conde que se quedaron en América.

La línea más conocida continúa en Popayán, con el mismo Don Joaquín de Valencia y Saénz del Pontón, el cual se casó con su pariente Doña Joaquina Ramona Valencia y Hurtado, y tuvo varios hijos, dos de los cuales fueron Antonio y Mariano.  Durante los finales del siglo XVIII se dedicaron a sus haciendas, donde trabajaba un numeroso contingente de esclavos negros y servidumbre indígena.

La calma llegó a su fin, cuando se dio el levantamiento de Quito contra las autoridades de la corona en 1809. Recordemos que, desde mayo de 1808 el Rey Fernando VII había sido encarcelado por orden de Napoleón Bonaparte. Esta noticia ya era pública en las clases altas de América. La sublevación liderada por el Marqués de Selva Alegre Don Juan Pedro Montufar, había terminado con la creación de una Junta de Gobierno en Quito, bajo la dirección del mismo Marqués, quien incluso era llamado su alteza serenísima. Las noticias llegaron a Popayán en agosto de 1809, y más tarde el mismo marqués envió comunicaciones a Popayán y a otras ciudades, invitándolas a unirse a la sublevación. El gobernador de Popayán Don Miguel Tacón de Tacón y Rosique, quien era un militar de formación naval, convocó un cabildo abierto, llamó a la creación de milicias para prevenir un ataque de los de Quito, estableció control sobre las comunicaciones que entraban y salían de la ciudad, y prohibió hablar de temas de gobierno en los lugares públicos. En tales medidas fue apoyado por el Alférez Real Don Antonio Tenorio, jefe militar de la ciudad.

Para empeorar la situación, un año después también en agosto llegaron las noticias del levantamiento del 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá. El gobernador Tacón decidió crear entonces una Junta de Seguridad bajo su control, para intentar mantener el poder. Sin embargo, la misma Junta comenzó a tener sus propios adeptos en contra del gobernador. Miembro de esa Junta fue un sacerdote de la familia Valencia: Marcelino Pérez de Arroyo y Valencia.

Y es que los miembros más influyentes de la familia Valencia de Popayán, eran en ese momento dos hijos de una hermana del I Conde de Casa Valencia: Doña Francisca Antonia Valencia Sáenz del Pontón, de su matrimonio con el dominicano Andrés Pérez de Arroyo.  El mayor era el referido sacerdote que había nacido en 1764, venía de haber sido Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, y ya era reconocido por sus numerosas obras como arquitecto empírico, que aún hoy engalanan la ciudad de Popayán.

El otro era el amigo personal del Sabio Caldas, Santiago Pérez de Arroyo y Valencia nacido en 1775, quien para la época ya era un gran jurista y académico. Había sido alcalde de Popayán, e igual que su hermano había descollado como Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Una vez lograda la independencia fue Senador de la República, y ejerció liderazgo político en Popayán hasta su muerte, en 1845. Además, fue uno de los firmantes del Acta de Constitución de la Universidad del Cauca.

Estos dos grandes hombres que fueron ideólogos y próceres de la patria, mantuvieron a la familia Valencia en la línea favorable a las ideas de la independencia, sin participar nunca en la lucha armada, porque se trataba de personas contrarias a la guerra. Con su liderazgo, la familia transitó sabiamente a la era republicana.

Sin embargo, nada nos puede conmover más que la historia trágica del mártir que la familia Valencia sacrificó, en el altar de la patria. En 1806 a la muerte del I Conde de Casa Valencia, lo sucedió su hijo Pedro Felipe Valencia y Codallos, nacido en 1767. Era un militar de escuela, que había obtenido el grado de Coronel de Infantería, y era Caballero de la Real Orden de Santiago.

Había desempeñado además cargos de importancia diplomática y civil, primero durante el reinado de Carlos IV, y después en la era napoleónica, en la que llegó a ser Consejero de Estado y Secretario General del Gobierno. Gracias a lo cual era visto con recelo en ciertos círculos. Durante ese último periodo, el Conde visitó Paris y el contacto con la corriente ilustrada cambió su opinión frente a la emancipación de las naciones americanas. Así, cuando viajó desde España a Santa Fe de Bogotá, poco después del grito de independencia de 1810, inmediatamente estableció relaciones de amistad con los rebeldes Francisco José de Caldas, Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano, en la época de la “patria boba”.

Estando en su casa de Popayán en 1816, fue tomado preso por el General Sámano después de la Batalla de la Cuchilla del Tambo. Fue llevado a la capital, donde se le acusó de infidencia a la corona, por haber redactado escritos de apoyo ideológico a la independencia, y por contribuir financieramente con la causa. Fue condenado a muerte por el General Pablo Murillo y sus oficiales, y ejecutado por fusilamiento el 5 de octubre de 1816.

Decadas después, en el seno de la familia de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva, nació en Popayán en 1873, un niño llamado Guillermo Valencia Castillo. Quedó huérfano de madre a los 7 años, y de padre en su adolescencia. Su hermano Joaquín lo matriculó en el Seminario Menor de Popayán, que regentaban los padres vicentinos franceses, entre ellos el Padre Juan Bautista Malézieux, con quien comenzó su formación como poeta. Inició después estudios universitarios, en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad del Cauca.

Terminó sus estudios en Paris adonde fue enviado como parte del cuerpo diplomático colombiano, y por ello pudo asistir al Instituto de Francia, y a La Sorbona. Poemas como “Anarkos”, “Croquis”, o “San Antonio y el centauro”, hacen parte de las mejores letras del idioma español. En su vida política fue también Representante a la Cámara, Senador de la República, y candidato presidencial del Partido Conservador.

Se casó el Maestro Valencia con Doña Josefina Muñoz, y uno de sus hijos fue Guillermo León Valencia, quien cursó estudios de Derecho en la Universidad del Cauca y después de una brillante carrera política, ganó la Presidencia de la República en 1962. Era el segundo período presidencial del llamado Frente Nacional.

El estado debió enfrentar un grupo de autodefensas campesinas liderado por Pedro Antonio Marín, quien usaba el alias de Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”. Este personaje que había sido inicialmente liberal fue mudando al comunismo, en concordancia con el llamado hecho en 1949 por la Dirección del Partido Comunista Colombiano. Se refugiaron en la región de Planadas (Tolima), que habían bautizado como: “República de Marquetalia”.

El presidente Valencia ordenó una operación militar conocida como “Operación Marquetalia”, en la cual fue bombardeado el enclave guerrillero de este grupo campesino rebelde. La situación fue hábilmente transformada en “mito fundacional”, por la llamada Guerrilla de las FARC, que lo usó para justificar su accionar criminal de práctica de extorsiones a ganaderos y comerciantes, secuestros extorsivos, reclutamiento y abuso sexual de menores, etc. La estructura armada afirmó ser una resistencia campesina, contra la acción represiva del estado colombiano.

Su gobierno logró sin embargo pacificar el país, atacando con éxito en muchos lugares el fenómeno del bandolerismo rural, que afectaba gravemente la productividad en el campo. Criminales sanguinarios y muy famosos como Efraín González conocido como “El siete colores”, o José William Aranguren alias “Desquite”, fueron perseguidos y dados de baja por el ejército.

La Doctora Paloma Valencia Laserna, miembro de la novena generación de su estirpe en este país, es una de las candidatas presidenciales de Colombia, en las elecciones que se llevaran a cabo en los próximos días. Es así como, la nación podría tener un presidente Valencia más.

REFERENCIAS

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• Señal Memoria RTVC (2026). Guillermo León Valencia Muñoz.

https://www.senalmemoria.co/la-voz-del-poder/guillermo-leon-valencia-munoz

En Icesi participarán en “Hora con gerentes”, un encuentro inspiracional con nueve gerentes afrocolombianos:

• Agrícola de Ingenio Manuelita: Luis Guillermo Amú
• Jefe de planta de Pavco de Occidente: Rodrigo Abonía
• de la exportadora Dimel Ingeniería: Jorge Isaac Mosquera
• exgerente de Sociedad Portuaria de Buenaventura: Victor Julio González
• de la firma internacional Posso Sports: Luis Felipe Posso
• de ESE SurOriente: Hugo Ezequiel Perlaza
• de Hospital de Santander de Quilichao: Carlos Gabriel Gutiérrez
• de IPS Humanizarte: Yohanna Balanta
• exscretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Cali: Mabel Lara

El encuentro será instalado por Alejandro Domínguez, director de Mercadeo Institucional de Icesi, en representación del rector, Esteban Piedrahita.

Lea también: Gerentes afros visitan @Icesi para hablar con estudiantes

Los pilos del Semillero del norte del Cauca vienen de un proceso desde grado octavo con el propósito de fortalecer o complementar el desarrollo de una mentalidad de crecimiento, competencias cognitivas, valores de excelencia y de servicio, habilidades del carácter y socioemocionales, y capacidades ejecutivas para un proyecto de vida universitario y de movilidad social.

Con las visitas guiadas a universidades acreditadas (en la segunda inmersión estarán en UniValle) se busca que tengan una aproximación a:

• La oferta de pregrados
• Las opciones de becas
• Las posibilidades de movilidad académica
• Recorrido el campus

Previamente, han realizado el test de orientación vocacional Proyecta-T del Ministerio de Educación.

En la mañana estarán en ICESI, donde almorzarán y serán saludados por ganadores de becas empresariales e institucionales, y en la tarde tendrán la experiencia en la Universidad Javeriana.

Pilos del Semillero de Becarios U de norte del Cauca e invitados de Puerto Tejada

29 estudiantes de grado 11 destacados académicamente de tres municipios y siete instituciones educativas.

De Puerto Tejada, cuatro colegios:

• IE Fidelina Echeverry (8): Einer Alexander Candelo Saa, Georgelis Nailet Vásquez Valencia, Karol Vivian Brand Larrahondo, Keruv Isabella Arteaga Candelo, María José Paz Rengifo, Víctor Manuel Hualpa Guerrero, Leidy Alexandra Torres Arboleda, Juan David Chara Valencia.

• IE Ana Silena Arroyave (5): Jhoan Sebastián Loboa Ramírez, Juan Sebastián Valencia Briche, Meily Tatiana Valencia López, Sara Sofía Gómez Rengifo y Yoridel Tatiana Carabalí Chaguendo.

• Colegio Evangélico Ebenezer (3): Laura Nicolle Mina Cosme, María José Perlaza Salazar y Paula Andrea Hurtado Delgado.

• Colegio Comfacauca (2): Luna Jahely Estupiñán Uzuriaga e Isabel Sofía Narváez Chacón.

De Villa Rica (Cauca), IE Técnico Comercial Simón Bolívar (4): Andrés Mauricio Carabalí Lara, Gabriel Balanta Rivera, Loren Oriana Duran Escobar y Miguel Angel Bonilla Barona.

De la IE Leopoldo Pizarro González (1): Matías Satizabal Osorio

De Miranda (Cauca), Instituto Técnico El Ortigal (7): Ashley Mariam Cuero Pineda,  Duvan Jesid Aguilar Carabalí, Génesis Ellien Quintana Delgado, Kiara Roxana Toro Pantoja, Laura Sofía Quintana Machado, Marleyn Dahiana Valencia Martínez y Sharit Tatiana Ramos Fernández. 

Adicionalmente, invitados del Colegio Bahai de Puerto Tejada (22):

Carabalí Cosme Juan David, Chará Ibarra Emanuel, Collazos Lasso Jeremi Isaac, Cortéz Valencia Adrian Badi, Criollo Rodríguez Carlos Mario, Díaz Torres Arnubio, Echeverri Alvarez Yuseth Alejandro, Escobar Sánchez Santiago, Fernández Casanova Milagros, García Velasco Danna Sofia, Larrahondo Suárez Luisa María, Quezada Vallecilla Cristian Samuel, Reyes Girón María José, Rivas Hurtado Helen Dahyan, Rivas Vargas Emmanuel, Rodríguez Bravo Laura Stephanie, Serna Palacios Joshua Stevan, Silva Mina Sara Sofía, Viáfara Anacona Lindsay Camila, Vidal Vásquez Isis Yosiris, Yurgaky Rojas Juan Pablo, Zapata Mina Angel José.

Docentes acompañantes: Fredinson Penagos y Wldania Gutiérrez (rectora).

También están invitados tres bachilleres pilos de 2025:

• Carmen Sánchez Ibarbo (INEM Jorge Isaac, de Cali)
• David Santiago Mina Mezú (Instituto Técnico, de Santander de Quilichao) y
• Saray Yanelly Moreno Rosero (IE Carlos Holmes Trujillo, de Cali).

Pilos invitados de Cali, Jamundí y Candelaria

De Cali, siete instituciones educativas:

• Liceo Superior Juan Pablo II (12): Danna Lineth García Ibargüen, Valentina Luna Sánchez, Eilin Camila Valverde Cajares, Danna Isabel Rivas Ramírez, Darwin Stiven Castro, Jhosua Viveros, Luis Alejandro Mera Giraldo, Mateo Silva Lerma, Ayleen Varón Lugo, David Grajales Álvarez, Santiago Izquierdo, María Paula Duque López. Docente acompañante: Yasmina Mogollón

• IE Cristóbal Colón (6): Wendy Vanessa Yesquen Meza, Diliangely Orta Ortega, Susen Isabela Moreno Rodríguez, Sara Sofia Ramírez Morales, Luisa Fernanda García España y Michel Andrea Álvarez Blanco. Docentes acompañantes: Norberto Jiménez Quintero y Wallington Iturre Campiño (coordinadores).

• Instituto Politécnico Comuna 21 (2), Centro Educativo Autónomo (2), Colegio Panamericano (2), Colegio Técnico Juvenil del Valle (2).

De Jamundí (Valle), Gimnasio Moderno del Valle (4): Pablo Alejandro Rojas García, Mariana Restrepo Herazo, Juan Esteban Díaz Camacho y Carlos Andrés Dorado Varón.

De Candelaria (Valle), IE Rodrigo Lloreda Caicedo (8): Greismer David Paredes Rivas, Abraham López Cotillo, Liliam Andrea Zúñiga Martínez, José David Núñez González, Juan David Morales Gutiérrez, María Valentina Camayo González, Diana Cristina López Ascensión y Alison Viera Mejía. Docente acompañante: María Derly Bermúdez.

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Vista desde el aire, la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo esta actividad —tanto ilegal como autorizada— se extiende principalmente por dos de los corredores de conectividad ecológica más importantes del país: el Llanganates-Sangay y el Sangay-Podocarpus. Juntos conectan al menos 30 áreas de conservación municipales, provinciales y privadas, así como otras 12 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

A lo largo de estos corredores —como lo revela el análisis satelital realizado por Mongabay Latam con datos de la Fundación Ecociencia y Global Forest Watch— se encuentran tres de las áreas protegidas más amenazadas por la minería de oro a cielo abierto en Ecuador: el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Llanganates y el Área Protegida Autónoma Yacuambi. Entre ellas acumulan más del 65 % de las hectáreas impactadas por esa actividad en áreas protegidas amazónicas, una superficie equivalente a más de 86 veces la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Quito.

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Esta cifra, sin embargo, no incluye la devastación causada por la exttracción de oro en ríos ni la que se desarrolla en socavones o grutas, como ocurre en la Cordillera del Cóndor. Estas son muy difíciles de medir por los satélites, como lo explica un experto de la Fundación Ecociencia, pero aún así su magnitud es considerable. Lo que sí es posible tener es una fotografía más completa de la deforestación en los dos corredores, donde se realizan actividades como la minería a cielo abierto, la apertura de vías y la tala para distintos fines. La cifra de pérdida de bosque, cuando se consideran en el análisis todas esas amenazas, se dispara a 3336 hectáreas perdidas entre 2001 y 2024, un área equivalente a 4 765 canchas de fútbol profesional juntas o a todo el Parque Metropolitano de Quito.

“Los servicios de conectividad aseguran caudales para el consumo humano y para actividades como la agricultura”, explica Javier Robayo, presidente de la Fundación EcoMinga, que se dedica a proteger zonas de alto endemismo y diversidad biológica en el país y que trabaja en estos corredores. “La minería ilegal —añade— destruye cuerpos de ríos, bosques y comunidades a través de poder económico y mafias, contamina a las personas, su modo de vida, su forma de pensar y de obtener recursos y salir de la pobreza”.

La ausencia de control en esos santuarios naturales, como lo indican los expertos entrevistados, ha promovido también la consolidación de una ruta de ilegalidad a lo largo de los dos corredores ecológicos, dominada por grupos de crimen organizado como Los Lobos y Los Choneros, que pugnan por controlar los núcleos de extracción minera. Así lo confirma el análisis satelital y el mapeo en campo realizado para esta investigación.

Esta es solo una muestra de cómo los delitos ambientales están arrasando ecosistemas sensibles. Si miramos el panorama completo, nuestro análisis geográfico realizado con datos de Global Forest Watch evidencian que en toda la Amazonía ecuatoriana hay al menos 23 áreas protegidas —incluyendo parques nacionales, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y reservas— que han perdido cerca de 14 660 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, una superficie equivalente a más de la mitad de la zona urbana de la ciudad de Quito. Si bien la transformación del bosque responde a varios problemas, la minería de oro a cielo abierto es la que va en ascenso en los últimos años.

La deforestación —provocada principalmente por agricultura, tala, ampliación de vías y minería ilegal, según declaraciones de Pablo Cuenca, director del Laboratorio de Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, a Mongabay Latam— también está devorando cientos de tierras indígenas. El análisis satelital revela que al menos 569 de estos territorios indígenas han perdido, entre 2001 y 2024, más de 200 000 hectáreas de cobertura boscosa, un área que equivale a casi seis veces la ciudad de Guayaquil.

Es un combo de devastación: la minería y la deforestación avanzan sobre corredores, áreas protegidas y territorios indígenas.

Además, casi la mitad de la minería de oro a cielo abierto que afecta a la Amazonía ecuatoriana se desarrolla en territorios indígenas. El análisis realizado muestra que hasta 2024, al menos 105 territorios indígenas perdieron 4926 hectáreas de bosque por esa actividad. Los casos más dramáticos se encuentran en el área del Proyecto de Desarrollo Chai (969 hectáreas), la Reserva Shuar Kenkiun (469 has), el territorio indígena Shaime (440 has), Churuwia (273 has) y Nambija-Cumay (212 has), todos territorios de la nacionalidad shuar.

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“En el río Nangaritza se ha expandido la minería ilegal y ha transformado en un tremendo desastre el territorio shuar, tremenda deforestación”, asegura una comunicadora shuar que pide la reserva de su nombre por seguridad y quien con tristeza señala que los mineros ilegales que han llegado desde otras geografías han logrado atraer a algunos de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado en noviembre de 2025, hay al menos 9597 hectáreas dedicadas solo a la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana.

El panorama se agudiza si se suma la violencia. El equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora habló al menos con 30 fuentes —locales, militares, de la policía, líderes indígenas y comunitarios, y expertos— y pudo construir un mapa de la presencia de grupos armados en los puntos más afectados por la minería de oro en la Amazonía norte y sur. Encontramos que al menos ocho grupos criminales se disputan el control de esos núcleos de extracción.

En la Amazonía sur, en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, las fuentes consultadas señalaron la presencia de grupos como Los Choneros, Los Lobos, R7 y Comandos de la Frontera. En la Amazonía norte, datos recopilados por Amazon Underworld registran a miembros de Los Choneros, Los Lobos, Comuneros del Sur, Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo.

Corredor de ilegalidad al descubierto

Vistos desde un mapa, los parques nacionales, reservas ecológicas y biológicas, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y corredores de conectividad, además de otras iniciativas comunitarias y privadas de conservación en Ecuador, trazan una enorme línea que conecta de norte a sur esas áreas naturales amazónicas, así como a la Amazonía con Los Andes.

“Desde el norte amazónico hacia el sur del Ecuador, las actividades de conservación, los parques nacionales y los esfuerzos de comunidades y de conservación voluntaria hacen que exista una franja larga impresionantemente verde”, explica Robayo, de EcoMinga.

Sin embargo, esa enorme franja verde que atraviesa el país está hoy seriamente amenazada.

Como lo muestra el análisis geográfico, el avance de la deforestación ya no solo rodea esas zonas clave, sino que se adentra en ellas. Al norte de Ecuador, en el inicio de ese gran corredor, se encuentran dos de las cinco áreas protegidas que registran mayor pérdida de bosque entre 2001 y 2024 al interior de sus márgenes: el Parque Nacional Cayambe-Coca (establecido en 1970) y el Área de Protección Hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes (establecida en 2023). Cada área ha perdido más de 1800 hectáreas que antes eran bosque, una superficie equivalente a 28 veces el Parque La Carolina, en Quito.

La pérdida en el Corredor de Conectividad Ecológica Sangay-Podocarpus, que conecta a los dos parques nacionales que le dan su nombre con otras ocho áreas naturales protegidas y una decena de reservas municipales y provinciales, se concentra en tres parques nacionales: el Sangay, el Podocarpus y el Río Negro Sopladora.

Un documento reservado del Departamento de Inteligencia de la Brigada de Selva de Pastaza, al que tuvo acceso este equipo periodístico, confirma que el modus operandi de la minería ilegal conecta a las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago mediante el uso de la carretera E45, la principal autopista de la Amazonía ecuatoriana, “para posteriormente ingresar por los tramos viales de segundo orden hacia las diferentes comunidades cercanas a los frentes mineros ilegales que se ubican en los principales afluentes y ríos de la región”. El trayecto señalado bordea el flanco oriental del Corredor de Conectividad Llanganates Sangay. El documento advierte el riesgo de que la deforestación “vaya en aumento afectando la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el medio de subsistencia de las comunidades asentadas en las riberas de los mismos”.

Como recuerda Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, las reservas biológicas Colonso−Chalupas y Cerro Plateado, y los parques nacionales Cayambe Coca, Sumaco−Napo−Galeras, Podocarpus y Yasuní fueron las primeras áreas protegidas vulneradas en 2020 por la cercanía de la minería ilegal (a cielo abierto y con dragas sobre los ríos). Esas áreas protegidas se distribuyen entre las seis provincias amazónicas que entre 2001 y 2024 perdieron más de 375 000 hectáreas de bosque, un área comparable a más de 525 000 canchas profesionales de fútbol.

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El análisis geográfico muestra también que solo el Parque Nacional Podocarpus (PNP), un santuario que debería ser intangible, ocupa el primer lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por la minería de oro. Hasta 2024 se registró una pérdida similar a 344 piscinas olímpicas debido a esa actividad. “Es impresionante la cantidad de maquinaria que existe en el Podocarpus, la cantidad de motores, la cantidad de accesorios, insumos para poder realizar este tipo de trabajos de minería, sea legal o ilegal”, confirma un oficial de Operaciones de las Fuerzas Armadas que opera en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. “Hay ciertos lugares concesionados, pero igual hay minería ilegal y primordialmente en el Parque Nacional Podocarpus“, añade.

Luego le siguen el Área Protegida Autónoma Yacuambi (21 ha), la Reserva Ecológica Colonso−Chalupas (12 ha), el Parque Nacional Cayambe−Coca (10 ha), el Parque Nacional Llanganates (10 ha) y el Parque Nacional Sumaco Napo−Galeras (7 ha).

Lineth González, jefa de guardaparques del Parque Nacional Llanganates, cree que la minería ilegal de aluvión aún no ha invadido el área protegida donde ella trabaja, pero reconoce que “en la reserva contigua, la Colonso-Chalupas, ya fueron amenazados directamente [los guardaparques] de parte de los mineros y les dijeron: ‘Prohibido hacer recorridos porque esa ya es nuestra zona’”.

El corredor que conecta al Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay es una muestra de la difícil situación en el territorio. Según el análisis, el corredor registra 50 hectáreas de minería de oro en su trayecto (un área similar a 400 piscinas olímpicas) y al menos 10 hectáreas adicionales a un kilómetro de distancia de sus límites, una muestra evidente de la presión que ejerce esta actividad en las inmediaciones del corredor. Por eso, González teme que en la parte alta del área exista ya presencia de “grupos delincuenciales”, muchos de ellos interesados en buscar oro.

Su temor no es infundado, el santuario en el que trabaja está rodeado. Mientras que al norte del PN Llanganates los mineros amenazan a sus compañeros guardaparques, hacia el sur se encuentra el PN Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas de Ecuador que, según informes reservados de inteligencia militar, elaborados en septiembre de 2025 y conocidos por esta alianza periodística, “es de interés para los grupos y operadores mineros ilegales, al considerarse un área libre de concesiones [porque se encuentra dentro del área protegida]”. El informe, además, no descarta que grupos de delincuencia organizada como Los Choneros participen de esa explotación ilegal.

La extensión más grande del PN Sangay se encuentra en la provincia de Morona Santiago. Allí, el coronel Fabricio Silva, quien para octubre de 2025 —cuando fue consultado— era el comandante de la Zona 6 de la Policía Nacional correspondiente a esa provincia, aseguró que han detectado en varios cantones y territorios indígenas la presencia de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros dedicados a la minería ilegal. Además, agrega, “en todas estas explotaciones ilegales hemos detectado también presencia de grupos de delincuencia organizada como Los Choneros, Los Lobos y los R7, y también tenemos información de que estarían operando algunas células de los Comandos de la Frontera ejecutando acciones de minería ilegal y utilizando gran cantidad de mercurio que es desechado sin ningún tipo de control a los ríos, contaminando el agua de las comunidades indígenas”.

Ecuador cuenta con 590 guardaparques para cubrir sus 79 áreas protegidas en el territorio continental y el Estado asigna un presupuesto que rodea los 7 millones de dólares anuales para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según información entregada por una fuente oficial del sector ambiental que pidió la protección de su identidad. Eso alcanza solamente para cubrir gastos administrativos y salariales, según señala Granda, el presidente de la Asociación de Guardaparques.

“Las áreas protegidas necesitan mucho más que eso para inversión, para mejoramiento de acciones de control y vigilancia, sensibilización, generación de proyectos y monitoreo”, insiste Granda.

En el Parque Nacional Llanganates —que cuenta con 220 000 hectáreas— apenas trabajan 21 personas, de las cuales solo 16 son guardaparques. Las otras cinco ocupan cargos de coordinación y administración. “Lo ideal para esta superficie serían 40 guardaparques, un estimado que se calculó hace unos ocho o 10 años, cuando aún no teníamos tantos problemas”, insiste González, jefa del área.

Según la información técnica sobre el proyecto para la implementación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas —entidad que debería administrar el SNAP, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas— estima que, para cubrir las necesidades del Sistema, se requeriría de 1060 funcionarios, lo que evidencia un déficit de 45 %. Aunque se solicitó información presupuestaria a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), no obtuvimos respuesta.

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Grupos armados se disputan territorios amazónicos

En julio de 2025, durante el evento de rendición de cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el director de la entidad, Patricio Bonilla, aseguró que se habían identificado 387 puntos de minería ilegal en todo el territorio nacional, de los cuales 40 fueron calificados como “muy peligrosos” por la presencia de grupos armados. Entre los escenarios mencionados por la autoridad constan cinco de las seis provincias amazónicas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

“Ya estamos pasando la línea roja: de ser áreas protegidas a ser desprotegidas”, dijo a inicios de agosto de 2025 un exfuncionario del extinto Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias laborales. En las áreas protegidas afectadas, el personal de guardaparques y administradores ha decidido restringir sus pronunciamientos públicos por temor a que las crecientes amenazas de muerte que reciben se vuelvan realidad.

Informes de inteligencia militar obtenidos por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora aseguran que con la ayuda de grupos armados locales, estructuras transnacionales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal implementan “medios de pago” para proteger los cargamentos entre los cuales figuran “armas largas, cortas, explosivos, municiones, entre otras”. Las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago serían, según los documentos, “rutas de paso” de este material y nodos desde los cuales la presencia de actividades ilegales y grupos criminales se expanden.

Habitantes de comunidades campesinas de Sucumbíos, al norte de la Amazonía, confirman la presencia de grupos armados vinculados a la minería en esa zona, “incluso hay una pugna de poder, no sé si serán militares o guerrilleros en la Amazonía norte, entre Cofán Bermejo, Cayambe Coca y Sumaco [Napo−Galeras], y en la provincia de Orellana, en el Punino, que quieren ver quién es el más fuerte y quedar con el acceso y control a la minería ilegal”, dijo una fuente local que pidió la reserva de su nombre, debido a las amenazas de muerte que son cada vez más comunes en su territorio.

En Napo, la Reserva Biológica Colonso Chalupas —donde los guardaparques fueron amenazados por mineros— es una de las más amenazadas por el avance de la minería ilegal en el país, según Byron Lagla, director de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación del MAE. El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció el pasado 23 de octubre la presencia de más de 15 frentes mineros a orillas de los ríos Zapallo, Jatunyaku y Shandia, a escasos kilómetros de esa reserva.

“Las familias comunitarias se quedaron sin agua y con la presencia de grupos armados que los amedrentan las 24 horas si no alquilan o venden sus tierras a los mineros ilegales”, se lee en una de las publicaciones de la organización. El análisis satelital y los recorridos de campo realizados por esta alianza evidencian que, además de la minería sobre los ríos, al interior del área protegida también hay afectación de 12 hectáreas por minería a cielo abierto.

La expansión de la presencia criminal asociada con la extracción de oro se extiende también hacia el sur de la Amazonía. De acuerdo con las fuentes militares protegidas consultadas para esta investigación, Los Lobos operan y controlan las actividades mineras en el Parque Nacional Podocarpus. Al interior de esta área protegida ya se registran más de 43 hectáreas dedicadas a ka minería de oro, más de 233 hectáreas de bosque perdidas entre 2001 y 2024 y el desarrollo de infraestructura como vías.

En la provincia de Zamora Chinchipe, los ríos muestran sus orillas devastadas y en algunos puntos la expansión minera ha alterado los cauces naturales. Mientras tanto, en la provincia vecina de Morona Santiago, Luis Sánchez, defensor de la Naturaleza de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), precisa que «el río Nangaritza está totalmente destruido”. Este afluente, que colinda con el PN Podocarpus, es uno de los puntos de mayor presencia y expansión de actividades mineras ilegales desde 2018, de acuerdo con los reportes de MAAP.

“Las perjudicadas son las familias o comunidades shuar que están a orillas de ese río”, dice Sánchez. Además explica que integrantes de este pueblo indígena “son utilizados” por los mineros ilegales por medio de mecanismos de persuasión para entrar a sus tierras. “Una vez que ingresaron, extraen [el oro] y se van, pero dejan todos los pasivos ambientales, huecos, montones de tierra, causan el desvío del río”.

El río Nangaritza funciona como el último corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía. El valle por el que discurre cuenta con al menos 600 especies de aves, incluidas 60 especies de colibríes y 80 tangaras. De igual forma, más del 40 % de las 3500 especies de plantas del Parque Nacional Podocarpus son endémicas. Allí, en julio de 2025, el Ejército ecuatoriano realizó un operativo contra la minería ilegal. “La intervención permitió desarticular una estructura minera clandestina que operaba sin permisos, ocasionando daño ambiental y violando la normativa vigente en materia de recursos naturales”, señaló la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales y militares consultadas, los frentes mineros que operan en estos territorios cuentan con la presencia activa de grupos armados de Perú, Colombia y Ecuador que brindan seguridad o que son partícipes directos de las ganancias por la comercialización ilícita del oro.

Un mapeo territorial realizado con más 30 fuentes locales, policiales, militares y comunitarias permitió conocer que al menos cinco grupos delincuenciales están presentes en la Amazonía sur y se disputan el control de los núcleos de extracción minera. Solo en la provincia de Morona Santiago, el grupo de delincuencia organizada Los Lobos actúa en el cantón Gualaquiza, junto con la banda R-7 —que hasta 2024 concentraba su presencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas— y con el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

En el cantón Tiwintza, fronterizo con Perú, el tráfico de drogas, armas, municiones y la minería ilegal son las principales actividades criminales bajo el control de Los Lobos, R−7 y Los Choneros, según señaló la fuente policial. En el caso del cantón Taisha, Los Choneros son quienes muestran mayor presencia. La información obtenida para esta investigación pudo evidenciar que se realizaron al menos 19 operaciones contra la minería ilegal en Morona Santiago entre julio y octubre de 2025, especialmente en los cantones de Gualaquiza, el Pangui, Tiwintza y Santiago de Méndez.

En otras provincias, como Pastaza y Zamora Chinchipe, se identificó también la presencia de grupos delincuenciales ecuatorianos como Los Lobos y Los Choneros, mientras que al norte de la Amazonía, un análisis realizado por Amazon Underworld detalló la presencia de grupos colombianos disidentes de las FARC como el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera; así como los Comuneros del Sur —disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— en la provincia de Sucumbíos. Además de Los Lobos y Los Choneros. En la provincia de Napo también se señaló la presencia de Los Lobos y los Comandos de la Frontera.

Vías que promueven el avance de la ilegalidad

“La construcción de vías facilita el avance de los grupos armados y de la minería ilegal”, afirma Diana Chávez, dirigenta de Asuntos Internacionales y Organizaciones de la Nacionalidad kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa).

El análisis realizado para esta investigación evidencia que al interior de cinco parques nacionales (Cayambe-Coca, Podocarpus, Sangay, Sumaco Napo-Galeras y Yasuní) hay al menos 290 kilómetros de vías. El área que encabeza la lista con más extensión de vías es el PN Cayambe Coca (con 150 km), seguido del PN Yasuní (76 km). Otra mirada a las reservas ecológicas, biológicas y de producción de fauna también muestra el crecimiento de estos caminos en su interior: hay al menos 44 kilómetros de vías, siendo la más afectada la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (37 km). Esta área protegida amazónica ha perdido al menos 5256 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, un área mayor a 7300 campos de fútbol profesional.

Tanto en los parques nacionales Cayambe Coca, Podocarpus, Sangay y Sumaco Napo-Galeras, como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, además de vías hay una marcada deforestación y un creciente aumento de la minería a cielo abierto. Esto revela cómo las vías han facilitado la devastación.

De igual forma, los corredores de conectividad Llanganates-Sangay y Sangay-Podocarpus concentran las tres afectaciones simultáneamente: vías, deforestación y minería de oro a cielo abierto.

Una fuente perteneciente a la función pública, que prefiere el anonimato, afirma que la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid−19, en marzo de 2020, detonó el avance de la minería ilegal gracias al descuido generalizado en el control estatal de la red vial en la Amazonía ecuatoriana. Desde entonces, la expansión de la frontera extractiva avanza sin un control estatal eficiente, impulsando la pérdida de cobertura boscosa.

Según datos de la Fundación Ecociencia, existen alrededor de 100 kilómetros de vías irregulares que conectan o se acercan a zonas de extracción minera ilegal y que, según nuestro análisis, estarían atravesando al menos cuatro territorios indígenas y tierras comunitarias. El 60 % de estas vías se encuentran en territorio indígena achuar, compartido entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Sin embargo Jorge Villa, especialista en sistemas de información georreferenciada de esa organización, aclara que no existen suficientes pruebas para afirmar que exista una relación directa entre esos caminos abiertos y las actividades de minería ilegal. “Estas vías están vinculadas a la extracción, sea de minerales, sea de madera o de cualquier cosa; potencialmente estaría involucrada esta actividad de extracción de minerales”, detalla.

El 40 % restante de esas vías se encuentra en la provincia de Orellana, donde, a medida que avanzan las operaciones de minería ilegal, se han abierto caminos entre las poblaciones de Sardinas, la comunidad kichwa Amarun Mesa y la ciudad de Francisco de Orellana, capital de la provincia. Además, hay conexiones viales con la comuna kichwa San José. “Estas son vías relacionadas con la extracción de minerales, en general, sea minería pétrea o aurífera —confirma Villa—; no son vías planificadas ni de los gobiernos locales, son vías desarrolladas a medida que iban avanzando las personas en el territorio para extraer estos minerales”.

El superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines, reconoce que en este aspecto Ecuador presenta dos problemas fundamentales: falta de control de la red vial y de planificación urbana. “El país carece de un sistema de monitoreo adecuado, entonces [la ampliación de vías para la minería ilegal de oro o de pétreos] sucede en la cara de los gobiernos descentralizados”, precisó.

Entre 2022 y 2025, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial emitió multas e infracciones por 421 446 dólares solo en la Amazonía del país, principalmente en las provincias de Orellana, Napo y Morona Santiago. La causa principal fue la aprobación de permisos de construcción (de vías e infraestructura) en zonas no aptas, como sitios de alto riesgo o áreas de protección natural, lo que viola la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo.

Para Sebastián Valdivieso, director de Programas de la organización WCS Ecuador, la legislación ecuatoriana presenta “una deficiencia relacionada con la no inclusión de la biodiversidad como sujeto principal en los estudios de impacto ambiental”. La omisión de este elemento, explica el experto, desencadena “impactos indirectos” como el tráfico de fauna o la extracción de flora, la tala selectiva de maderas de alto valor “o a la ocupación ilegal dentro de áreas protegidas”.

A Valdivieso, le preocupa “la sobreexplotación de recursos naturales y el vaciamiento de biodiversidad” que su equipo de científicos ha identificado en el Parque Nacional Yasuní, como consecuencia del uso de una vía construida en la década de 1990 para acceder al Bloque 16, una operación actualmente en manos de la estatal Petroecuador. Esta vía es cada vez más transitada y “la reducción de especies es notable y preocupante”, advierte. Solicitamos entrevistas con funcionarios de Petroecuador para conocer más detalles sobre su gestión en esta vía, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.

Si bien el avance de la deforestación y la minería en la provincia de Pastaza ha sido contenido gracias a la organización indígena y a la labor de autoprotección que su pueblo lleva adelante, Chávez, de PAKKIRU, señala: “Las comunidades tienen sus propios sistemas de vigilancia y monitoreo, pero con la apertura de tantas vías se nos va de las manos poder hacer un control eficaz. Las Fuerzas Armadas y la Policía deberían ser un aliado, y no una piedra en el zapato para hacer entre todos estas actividades de control y monitoreo”.

*Este reportaje fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con La Barra Espaciadora. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, Emilia Delfino, Daniela Quintero Díaz. Investigación:Ximena Pesántez Álvarez, Diego Cazar Baquero, Daniela Quintero Díaz. Visualizaciones: Eduardo Motta. Diseño gráfico: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracín

*Imagen principal: la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Foto: Armando Lara.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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IE. Julio Pérez Ferrero – Cúcuta

Director CEID – ASINORT

“La prudencia es responsabilidad infinita por el Otro, donde el rostro del Otro interpela al Yo, exigiéndole cuidado y acogida sin reciprocidad, incluso más allá de uno mismo, para no caer en la indiferencia (el mal) y construir una justicia que no olvide al individuo concreto”.  E. Lévinas

Este tiempo, el año 2025 entra en su recta final, un tiempo para el encuentro en familia y con los amigos,  para ganar energías, para organizar las prioridades que importan, para revisar los compromisos cumplidos y los pendientes pero también un presente próximo 2026 lleno de expectativas, de motivaciones y promesas, de incertidumbres, donde cabe la imagen de Jano, el dios de los finales y los comienzos, es en esta transición temporal donde luchamos contra lo fugaz por recuperar una experiencia vital profunda y con sentido, que nos exige actuar con discernimiento y prudencia en las distintas situaciones de la vida,   

Nada más importante que el día de hoy, decía Goethe para referirse al valor que tiene el tiempo presente y su aprovechamiento, para vivirlo deliberadamente, es decir con intención, conciencia y propósito al estilo Thoreau. Vivir con discernimiento, es hallar con lucidez la diferencia entre  lo superficial y concentrarse en lo esencial, implicando . simplificar la vida, eliminar las distracciones y cuestionar el materialismo consumista que nos agobia, para poder reflexionar sobre los hechos fundamentales de la existencia y responder a la propia conciencia.

La tradición filosófica nos enseña que se honra como prudente a quien sabe deliberar bien, es decir a quien tiene rectitud de juicio para alcanzar un fin útil. Aristóteles afirma en su Ética a Nicómaco que la prudencia es esta cualidad que, guiada por la verdad y por la razón, determina nuestra conducta con respecto a las cosas que pueden ser buenas para el hombre.

La prudencia, muy nombrada y solicitada en el tiempo de navidad, es el hábito práctico que une la razón y la acción, esencial para alcanzar alegrías inolvidables, buena vida y trabajar por el bien común, pero también da fortaleza para enfrentar con lucidez situaciones complejas y adversas de la vida. En otras la prudencia nos invita a pre-ocuparnos por los otros e interesarnos por el cuidado de sí y de los otros

También es señalada como la capacidad de actuar y tomar decisiones justas y buenas en contextos de vulnerabilidad y conflicto, además de vivir con autenticidad y sabiduría, nos da el coraje para luchar contra las ilusiones, el anonimato, la irresponsabilidad y el fanatismo. La prudencia es una forma de orientarse en el pensar y el vivir bien.  

En estos tiempos de polarización política y de prejuicios ideológicos, la prudencia es un artefacto cognitivo, así como una práctica esencial de referencia que nos ayuda a pensar sin barandillas (Arendt), un pensar sin asideros ni justificaciones fáciles, un pensar propio, además de ese diálogo interno que nos permite resistir el mal y el conformismo, y nos da la capacidad de juzgar en el espacio público, distinguiendo hechos de opiniones y actuando con responsabilidad para proteger la esfera política y la vida humana. Es una guía que conduce por la acción correcta, nos ayuda a tender el puente entre las normas y las circunstancias para juzgar situaciones de la vida, y no nos deja llevar por la obediencia de sectas políticas o las modas ideológicas. Nos enseña a evitar el mal y a comprender el ejercicio de la política como espacio donde se escucha y se reconoce la pluralidad de voces sin violencia

Allí donde reina la confusión entre lo ético y lo político, la prudencia proporciona el  sentido de la reserva y la veracidad, da el juicio para distinguir la acción  política en sus alcances de propuestas y proyectos en la vida pública

Frente al actuar ventajoso, egoísta y corrupto, la prudencia nos abre la ventana a inventar conductas justas que ponen en ponen en equilibrio el deseo personal con el bien común y el respeto por el otro en un proceso narrativo y reflexivo. Nos permite dar juicios morales en dilemas para vivir bien

La prudencia nos hace personas de bien no por una recompensa final, sino por un deber ético personal de actuar correctamente, elegir valores propios y asumir la libertad en la vida cotidiana, sin esperar premio alguno. La prudencia nos ayuda a ser la mejor versión de uno mismo dentro de las prácticas humanas

 En la comunicación diaria, la prudencia nos motiva a no ser ligeros de palabras, a hablar  con cuidado, sensatez y moderación, pensar antes de decir evitando malinterpretaciones, herir o causar daño, para considerar el impacto de las palabras, el contexto y la audiencia, con el fin de construir, ser claro, respetar a los demás y evitar daños, conflictos o malentendidos, actuando con sabiduría para que lo dicho sea útil y constructivo, no destructivo. La prudencia nos ayuda a evitar el chisme, la difamación  y la murmuración que pueden dañar la reputación y la imagen de otras personas.

La prudencia dota de criterios para juzgar la información de las redes sociales, que promueven en sus contenidos y prácticas expresiones de odio y de agresión colectiva, las nuevas formas de violencia sicológica y exclusión social con mensajes ocultos detrás de la cultura de la cancelación, los linchamientos digitales y la polarización tóxica que dominan las plataformas.

En estos tiempos de encuentro cercano con la familia y con los amigos, y de expresión espiritual, propicio para vivir con menos violencia y más apertura hacia los otros, promover la caridad y diálogo, démosle la bienvenida en los buenos deseos, a cultivar la práctica de la prudencia en nuestras vidas.

La prudencia es una especie de sabiduría práctica que nos guía al elegir y al  comprometernos con el bien en el mundo, superando caprichos personales para realizar su trascendencia y construir juntos entre iguales la comunidad a través de la reflexión, el discernimiento y la acción justa y responsable, integrando al otro. 

• El 60% de estos bachilleres destacados no está admitido a una universidad todavía.
• El 56% no se presentó a la Universidad del Valle, la principal institución de educación superior estatal de la región Pacífico.
• El 56% tampoco se presentó a instituciones distintas de UniValle.
• Instituciones como Universidad ICESI y Universidad de San Buenaventura Cali tendrán stands para comenzar a orientar a los aspirantes, quienes estarán acompañados de acudientes, desde la 1:00 pm.
• También estarán con stands instituciones que han apoyado la preparación para Saber 11, como el Grupo Educativo Helmer Pardo, o que han dado estímulos a Semilleros de pilos, como Totto. O que generan oportunidades para la juventud, como Cero Generación Perdida de Urabá.
• Secretarías de Educación municipales y delegados de colegios, en algunos casos rectores, acompañarán a los graduados.
• En esta publicación encontrará los nombres, puntajes en Saber 11 y colegios por municipios del grupo de bachilleres pilos. Tres estudiantes lograron más de 400 puntos (sobre 500, cuando el promedio nacional ronda los 250 puntos).

Estos pilos ya hacen parte de la “Generación del Centenario de Jacobo Pérez Escobar”, el jurista que fue Secretario General de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y certificó la Constitución que nos rige, y quien a sus 100 años de vida asistirá, acompañado de familiares, al homenaje que se le rendirá en la ceremonia de Afrocolombianos del Año 2025, premio que otorgan El Espectador y la Fundación Color de Colombia desde 2010.

Pérez Escobar fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, ministro de gobierno encargado, gobernador, tratadista constitucional y biógrafo del primer ministro negro, Luis Antonio Robles.

Los bachilleres prestarán el juramento de no rendirse jamás en la vida en búsqueda de elevadas metas, la primera de las cuales es ingresar a un pregrado en una institución de calidad y la segunda, tratar de emular el promedio de notas acumulado que logró Jacobo Pérez Escobar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia hacia 1951: 4.9 sobre 5, lo que le valió una beca para doctorarse en Francia, él, que era hijo de campesinos del Magdalena.

Por ser parte de la “Generación del Centenario de Jacobo Pérez Escobar”, los jóvenes recibirán acompañamiento durante 2026 en un aula de campus virtual, con charlas de profesionales de desarrollo estudiantil y bienestar de la Universidad ICESI y UniValle.

También tendrán visita guiada a universidades acreditadas, en caso de no conocerlas. Universidad ICESI ya ofreció una primera visita guiada el 11 de diciembre.

Qué es Afrocolombianos del Año

Es el máximo reconocimiento de la sociedad colombiana, otorgado por El Espectador y la Fundación Color de Colombia, al tesón, el progreso y el aporte de la población negra al desarrollo del país en trece campos.

Las trece categorías del premio son: Medios y Periodismo, Música y Artes, Educación, Justicia y Derecho, Sector Privado, Fuerza Pública, Sector Público, Academia, Ciencia y Tecnología, Sector Salud, Deportes, Joven y Sector Social.

Es una acción afirmativa de inclusión simbólica que ayuda a contrarrestar estereotipos negativos asociados al color de la piel, rezago cultural del racismo en una parte de la sociedad, y a visibilizar más la integración de los afrocolombianos en la nación. 

Por ser una acción afirmativa tiene carácter temporal, hasta cuando los otorgantes consideren que ha cumplido su objetivo y ya no sea necesaria.

Para reforzar el simbolismo de ser un premio por el cual la sociedad reconoce todavía más que los afrocolombianos pueden desempeñarse en cualquier responsabilidad y que han aportado históricamente y aportan a la construcción de una mejor nación colombiana, se invita a personalidades a entregar galardonas y placas, además de los jurados.

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Bachilleres afros pilos de Cali

Entre los colegios que atendieron la convocatoria de la Secretaría de Educación de Cali, se destacan el IE Técnico Industrial Comuna 17, el Inem Jorge Isaacs y el Liceo Departamental.

• Valeria Reina Hungría, 410, IE Técnico Industrial Comuna 17.
• Aaron Josué Diuza Montaño, 380, INEM Jorge Isaacs.
• Ana Sofia Castillo Banguera, 370, INEM Jorge Isaacs.
• Cameron Paz Mena, 368, IE Agustín Nieto Caballero.
• Santiago Muñoz Salazar, 368, IE Bartolomé Loboguerrero.
• María José Díaz Escalante, 359, IE Liceo Departamental.
• Iker Johao Barahona Córdoba, 355, IE Técnico Industrial Comuna 17.
• José David Guzmán Rojas, 354, IEO Agustín Nieto Caballero.
• Ana Sofía García, 352, IE Técnico Industrial Comuna 17.
• Eimy Vanessa Viáfara Vivas, 349, IE Cristóbal Colón
• Yazury Riascos Hurtado, 348, IE Celmira Bueno de Orejuela
• Nikolai Avilés Valencia, 346, IET Industrial Luz Haydée Guerrero Molina.
• Andrés Felipe Rodríguez Godoy, 345, IETI Comuna 17
• Juan Camilo Caicedo Portocarrero, 344 IE Liceo Departamental
• Lauren Sofía Bonilla Mezú, 342, IE Técnico Industrial Comuna 17.
• Janny Sofia Rivas Carvajal, 342, IT Constructores del Futuro
• Santiago Valverde Monzón, 340, IE Nelson Garcés Vernaza
• Kamihl Esteban Rendón Orozco, 339, IE Celmira Bueno de Orejuela.
• Claudia Liliana Perea Castillo, 338, Liceo Departamental
• Bryan Alexi Mina Angulo, 337, IE Pedro Antonio Molina.
• Jhoseth Daniel Cosme Collazos, 337, IET Pedro Antonio Molina
• María José Hernández Elejalde, 337, IE Liceo Departamental
• José Y. Sinisterra Segura, 336, IE Pedro Antonio Molina.
• Juan Camilo Mosquera Albornoz, 334, IE Monseñor Ramón Arcila
• Jhon Alexander Rodríguez Ruiz, 333, IE Monseñor Ramón Arcila
• María Elvira Montaño Chiriboga, 333, IETI Comuna 17.
• Karola Mariana Mosquera Asprilla, 332, IET Industrial Veinte de Julio.
• Martín Torres Valencia, 332, IE Cristóbal Colón.
• Santiago Mancilla Vivas, 330, Celmira Bueno de Orejuela.
• Natalia Ballesteros Balanta, 330, IE Liceo Departamental
• Ainhoa Riascos Saenz, 330, IETI Comuna 17.
• Sharon Astrid Palacios Umaña, 327, IE Carlos Holmes Trujillo.
• Michell Andrea Sayas Quiñones, 323, IETI Comuna 17,
• Jordan Stiven Chica Rentería, 322, IET Industrial Veinte de Julio.
• Santiago Collins Torres Manyoma, 322, IETI Carlos Holguín Mallarino
• Lesly Karolay Valencia Loaiza, 321, IE Ciudad Córdoba
• Dilan Andrés Angulo Caicedo, 319, IE Cristóbal Colón.
• Carlos Andrés García Correa, 318, IETI Luz Haydée Guerrero Molina.
• Brayan Stiven Landázuri López, 317, I.E.T.I. Veinte de Julio.
• Juan José Agrona Medina, 315, IE Bartolomé Loboguerrero.
• Angely Cosme González, 314, IE Donald Rodrigo Tafur.
• Ever Dubán Perafán Pérez, 314, IETI Luz Haydée Guerrero Molina.
• Johan Sebastián Ramírez García, 313, IE Bartolome Lobo Guerrero
• Cinthia Nairovy Mina Valencia, 313, IE La Anunciación.
• Sara Mina Chaparro, 312 IETI Comuna 17
• Jhon Andersson Alegría Escobar, 312, IE Luz Haydee Guerrero Molina
• Geyber Giovanny Mora Paz, 311, IE Bartolomé Loboguerrero.
• Juan Sebastian Obregón García, 311, IE Cristóbal Colón.
• Sofía Vargas Rubio, 311, Bartolomé Loboguerrero.
• Geidi Lizeth Cortés González, 310, IETI Carlos Holguín Mallarino
• Víctor Manuel Alegría Montaño, 310, IE Monseñor Ramón Arcila
• Adrian Cerón Ortega, 309, Bartolomé Loboguerrero.
• Cristian David Toro Chilito, 309, IETI Luz Haydee Guerrero Molina.
• Hillary Sofía Figueroa Hernández, 309, IE Bartolomé Loboguerrero.
• Santiago Montilla González, 309, I.E Bartolomé Loboguerrero.
• Joel Valencia Lerma, 308, I.E. Celmira Bueno de Orejuela
• Carlos Daniel Grueso Gómez, 307, IETI Luz Haydee Guerrero Molina
• Isabella Reyes Perea, 307, IE Liceo Departamental.
• Osman Samir Pachu Vargas, 306, IE Liceo Departamental.
• William Santiago Arias Correa, 306, IETI Luz Haydee Guerrero Molina.
• Karen Yarleidis Murillo Ibargüen, 306, IE Carlos Holmes Trujillo.
• Jhonny Alejandro Serrano Quintero, 305, IE Bartolomé Loboguerrero.
• Yassir Huila Martínez, 305, I. E. T. I. Diez de mayo
• Alisson Indira Torres Cundumí, 305, Inem Jorge Issacs.
• Emanuel Rosales Pérez, 304, IETI Comuna 17.
• Camilo Andres Burbano, 303, Bartolomé Lobo Guerrero
• María Luisa Rueda Campaz, 303, IE Agustín Nieto Caballero.
• Saray Yanelly Moreno Rosero, 303, IE Carlos Holmes Trujillo.
• Carmen Sánchez Ibarbo, 303, IE INEM Jorge Isaacs.
• Yeimilith Hurtado Montenegro, 303, IE Monseñor Ramón Arcila
• Michelle Rivera Arroyo, 302, IE Celmira Bueno de Orejuela.
• Ashley Hailyn Aracú Cuenú, 302, Inem Jorge Isaacs.
• Laura Valentina Flórez Flórez, 302, IETI Carlos Holguín Mallarino
• Wilmar Andres Rentería Angulo, 301, Inem Jorge Isaacs.
• Michael Stiven Lenis Tovar, 300, Bartolomé Loboguerrero.

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Delegación de bachilleres de Buenaventura

Encabezada por el mayor puntaje conocido de un bachiller afrocolombiano en el calendario A de 2025, Henry Murillo García, con 440 puntos, nominado por tal mérito en la categoría Joven de Afrocolombianos del Año 2025.

• Henry Murillo García, 440, IE Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros
• Jean Carlos Riascos Palacios, 433, IE Normal Superior Ladrilleros
• Marling Yulieth Murillo Anchico, 390, IE Normal Superior Juan Ladrilleros
• Julián Andrés Muriel Ríos, 378, C.E Bahía de Buenaventura
• Juan Yessid Garcés Herrera, 377, C.E Bahía Buenaventura
• Andrés Felipe Díaz Montoya, 362, IET Comercial Teófilo Roberto Potes.
• Daniel Darío Valderrama González, 340, IE Néstor Urbano Tenorio.
• Ruth Dayana Garcés Asprilla, 338, IE Normal Superior Juan Ladrilleros.
• Nicole Nahomy García Gamboa, 336, Normal Superior Juan Ladrilleros.
• María José Rivas del Castillo, 326, IE Normal Superior Juan Ladrilleros
• Dinka Isabela Cabezas Arboleda, 316, IE Normal Superior Juan Ladrilleros
• José Andres Waldo Rojas, 314, C.E. Bahía de Buenaventura.

Acompañando a esta delegación, del Semillero de Becarios U de la Fundación Color de Colombia, vendrán becarios de UniAndes y Nutresa de Universidad ICESI.

Bachilleres afros pilos de Jamundí, Valle del Cauca

Con el apoyo en transporte de la Alcaldía de Jamundí, participarán los siguientes graduados de varios colegios.

• Juan Diego Trujillo Hernández, 358, IE Sixto María Rojas
• Mariana Mosquera Peláez, 347, IE Simón Bolívar
• Saray Caracas Jiménez, 347, Gimnasio Moderno del Valle
• Samuel Peña Zapata, 340, I.E Simón Bolívar
• Sebastián Reina Mosquera, 335, IE Simón Bolívar
• Isaac Abraham Franco Hurtado, 332, IE Simón Bolívar
• Leici Naiara Estupiñán Díaz, 322, Gimnasio Moderno del Valle
• Johan Andrés Chamorro Montaño, 320, IE Simón Bolívar
• Victoria Andreina Gaitán MIjares, 308, Gimnasio Moderno Del Valle
• Matías Peña Viáfara, 308, I.E Sixto María Rojas
• Ana Sofía Cortés Mosquera, 301, IE Simón Bolívar
• María del Mar Zamora Rivas, 300, Gimnasio Moderno del Valle
• Daniel Felipe Torres Caicedo, 300, Gimnasio Moderno del Valle

Bachilleres afros pilos de Candelaria, Valle del Cauca

Con el apoyo de destacados vallecaucanos, los siguientes graduados y un grupo de acudientes estarán en la graduación simbólica y el juramento de no rendirse jamás en la vida.

• Sebastián Angarita Caicedo, 391, IE Nuestra Señora de la Candelaria
• Marlon Rivera Muelas, 387, IE Rodrigo Lloreda Caicedo
• Diana Carolina Marín Gómez, 376, I.E. Rodrigo Lloreda Caicedo
• Johann David Moreno Lugo, 348, Rodrigo Lloreda Caicedo
• Sebastián Tascón Peña, 345, IE Nuestra Señora De La Candelaria
• Miguel Ángel Coral Quistial, 344, IE Nuestra Señora de la Candelaria
• Daniel Felipe Torres Escobar, 338, IE Inmaculada Concepción
• Breyner Esteban Guevara García, 334, I.E .Rodrigo Lloreda Caicedo
• Juliana María Delgado Hoyos, 329, IE Rosendo Mondragón Feijoo
• Sara Lucia Delgado Hoyos, 323, IE Rosendo Mondragón Feijóo
• Juan Sebastian Pareja Sanabria, 322, IE Rodrigo Lloreda Caicedo
• Liz Adonais Riascos Murillo, 321, IE Nuestra Señora de la Candelaria
• Santiago Manyoma Garcés, 320, IE Nuestra Señora de la Candelaria
• María Antonia González Cruz, 316, IE Nuestra Señora de la candelaria
• Johan Steven Ibarra Angulo, 312, IE Rodrigo Lloreda Caicedo
• Juan José Quiñonez Jurado, 307, IE Rosendo Mondragón Feijoó
• Juan José Herrera Mosquera, 305, IE Inmaculada Concepción
• Jesús Santiago Chará Ortiz, 303, IE Rodrigo Lloreda Caicedo
• Julián Andres Domínguez Álvarez, 303, IE Rodrigo Lloreda Caicedo
• Samuel Stiven Cruz Mosquera, 303, IE Inmaculada Concepción
• Anyelo Camayo, 302, Rodrigo Lloreda Caicedo
• Jhon Erik Cardenas Galeano, 301, IE Rodrigo Lloreda Caicedo

Bachilleres afros pilos de Santander de Quilichao, Cauca

Con el apoyo financiero de destacados caucanos, tendrán transporte los siguientes graduados y un grupo de acudientes.

• Santiago Mera Mejía, 386, IE Francisco José de Caldas
• Juan Pablo Balanta Mera, 383, IE Limbania Velasco
• Juan Pablo Solarte Álvarez, 378, IE Instituto Técnico
• Dana Alejandra Lucumí, 373, IE Francisco José de Caldas
• Saray Andrea Martínez Cantillo, 372, IE Instituto Técnico
• José Julián Mera Gómez, 370, IE Instituto Técnico
• Valentina Bernate Carabalí, 355, IE Instituto Técnico
• Isabel Sofía González Viveros, 344, IE Francisco José de Caldas
• Sara María Hernández Sanclemente Carabalí, 343, IE F. José de Caldas
• Juan Sebastián González Lasso, 339, IE Francisco José de Caldas
• Darly Mariana Lemos López, 337, IE Instituto Técnico
• Juan Sebastian Arrechea Carabalí, 337, IE Instituto Técnico
• Ruby Vanessa Moreno Mera, 332, IE Francisco José de caldas
• Karol Díaz Díaz, 329, IE Limbania Velasco
• Juan Pablo García Lucumí, 329, IE Instituto Técnico
• Kelly Dayana Vásquez Colorado, 328, IE Francisco José de Caldas
• Juan Camilo Cosme González, 327, IE Francisco José de Caldas
• Valentina Palacios Balanta, 327, IE Instituto Técnico
• Angie Paola Hurtado Díaz, 324, IE Instituto Técnico
• Jefferson Gómez Juanillo, 323, IE Instituto Técnico
• David Santiago Mina Mezú, 321, IE Instituto Técnico
• Kelen Andrea Mezú Viáfara, 320, IE Francisco José de Caldas
• Deivis Joao Castillo Moreno, 318, IE Instituto Técnico
• Chary Nicoll Moreno Godoy, 318, IE Instituto Técnico
• Eimy Nikol Vásquez Ambuila, 315, IE Limbania Velasco
• Melissa Valencia Lugo, 314, IE Limbania Velasco
• Danna Karime Torres Ramos, 307, IE Francisco José de Caldas
• Valeria Paz Lasso, 306, IE Instituto Técnico
• Catalina Guevara Solarte, 303, IE Instituto Técnico

Bachilleres afros pilos de Puerto Tejada, Cauca

Con el apoyo de la alcaldía y de la Secretaría de Educación, estos graduados y sus acudientes asistirán a la gran cita de la sociedad y la afrocolombianidad.

• Dilani Yaritza Tenorio Usuriaga, 358, Corporación Educativa Adventista
• Ana Victoria Murillo Hernández, 356, Corporación Educativa Adventista
• Sara Michelle Collazos Osorio, 345, IE Fidelina Echeverry
• Evelin Tatiana González Díaz, 340, IE Sagrado Corazón
• Hanna Sofía Banguero Viveros, 337, Colegio Cooperativo Natanael Díaz
• Juan Camilo Muñoz Nieto, 328, IE San Pedro Claver
• Aimar Stephany Chamorro Montaño, 329, IE Bahai Ruhi Arbad
• Cristian David Escobar Agudelo, 320, Colegio Bahai Ruhid Arbad
• Alejandro Álvarez Ojeda, 319, Corporación Educativa Adventista
• Sara Daniela Peña Mina, 319, IE Bahai Rubí Arbad
• Lady Camila Díaz Ortíz, 313, IE Bahá’í Ruhi Arbab
• Sebastian Paternina Mina, 312, IE Bahai Ruhi Arbab
• Juan S. Montaño Banguera, 310, IE Evangélico Ebenezer
• Samantha Sandoval Mina, 308, IE Bahai Rubi Arbab
• Estefanía Alegrías Valencia, 305, IE Fidelina Echeverry
• Juan Manuel Trujillo Corrales, 305, IE Natanael Díaz
• Emmanuel David Díaz Bravo, 305, IE Evangélico Ebenezer

La Fundación Color de Colombia, co-otorgante del premio Afrocolombianos del Año, con 19 años de existencia, se enfoca en promover el reconocimiento, la movilidad social y la integración de la población afrocolombiana en la sociedad y el desarrollo sostenible. 

Para información adicional, escribir a: reconocimiento.integracion@fundacioncolordecolombia.org

“Busque llamar la atención a cualquier precio. (…) Haga cualquier cosa para parecer más grande de lo que es y para brillar más que quienes lo rodean (…) cualquier tipo de notoriedad le otorgará poder”: Ley sexta de Las 48 leyes del poder, inspiradas en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.

El domingo anterior, día de la instalación del último año de sesiones en el Congreso de la República, el turno de mojar prensa fue para la congresista Lina María Garrido, hasta entonces una perfecta desconocida para los colombianos, tanto así que hoy uno lee titulares como este de El Tiempo: ¿Quién es Lina Garrido, la representante que confrontó con duro discurso al presidente Petro este 20 de julio?

Una parte del país y de la prensa amaneció “amando” a la congresista, a pesar de que hasta el 20 de julio muy pocos sabían de su existencia. Ahora sabemos que es representante a la Cámara por Arauca, pertenece al otrora cuestionado Cambio Radical y según ella votó por el presidente Petro, cosa bien rara y hasta difícil de creer. Si la señora votó por la izquierda, siendo ella de la derecha, eso significa que en este país los partidos políticos están pintados en la pared.

Vamos a los titulares:

“Petro es un traidor y mentiroso; el cambio salió chimbo”, dijo la honorable legisladora a través de Blu Radio.

“Después de tres años, no hay un logro para mostrar”, tituló El Tiempo, haciendo eco de sus palabras.

“Le di tan duro que tuvo que salir corriendo”, trinó la representante después.

Lo primero: la congresista falta a la verdad, otra cosa es que ella y la oposición no quieran reconocerle nada a este gobierno por la Petrofobia crónica que padecen y ese afán por satanizar todo lo que provenga de la izquierda. No olviden que la senadora Cabal los llama “izquierdópatas” cada vez que quiere, como si a personas enfermas se refiriera.

Lo cierto es que el presidente se jugó su capital político queriendo abrazar las reformas profundas que necesita el país en lo social y se encontró con un Congreso petrofóbico. No esperemos mucho en este año de cierre, porque los y las honorables entrarán en modo elecciones, a expensas del sueldo que se le debe seguir pagando para que hagan proselitismo en vez de legislar.

¿Y ella por qué es famosa?

En tres años nada supimos de Garrido, salvo en esta recta final en que necesita mostrar gestión ante su electorado y muy seguramente, envalentonada como está, ya debe estar pensando que de la Cámara de Representantes (obtuvo 10.534 sufragios en Arauca), podrá saltar al Senado de la República, para lo cual se necesitan los votos nacionales; es posible que lo esté pensando ahora que tiene el beneplácito de ciertos medios, que se relamen de gusto creando estrellas fugaces, sin indagar ni cuestionar los resultados de su labor.

Lo de envalentonada lo digo por este trino:

Si bien es cierto que iniciativas como la Paz Total o la Reforma a la Salud siguen en veremos, el primer gobierno de izquierda en 200 años, aún con el Cristo de espaldas, sacó adelante la reforma laboral que, después de dos décadas, les devuelve a los trabajadores los derechos que un gobierno de derecha (el de Álvaro Uribe) les tumbó.

La Historia debe reconocerle el mérito a una exministra comunista, Gloria Inés Ramírez, por dignificar a la clase obrera, consecuente con los postulados del Partido Comunista Colombiano a lo largo de 95 años de historia. Antes de salir del gabinete, ella logró, por la vía de la negociación, los consensos necesarios entre partidos, y el ministro entrante, Antonio Sanguino, culminó la labor.

Y si bien la reforma agraria, otra de las banderas de este gobierno, tropezó con el bloqueo legislativo, en un extenso ensayo para el periódico Desde Abajo, el profesor Germán Enrique Caviedes Solano, politólogo de la Universidad Nacional, argumenta que “con la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria reglamentado por el presidente durante una Asamblea Popular Campesina, se abrieron las compuertas para que el movimiento agrario protagonizara notables progresos. Uno de ellos fue la Constitución de 14 nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC, la reglamentación de los territorios campesinos Agroalimentario-Tecam y Ecosistemas Acuáticos y Agroalimentarios-EAA), como parte de las demandas históricas del campesinado…”.

Una fuente autorizada de Minagricultura me confirma que el gobierno ha entregado 600 mil hectáreas de tierra a los campesinos, lo que constituye la entrega de tierras más grande en la historia de Colombia. Estos resultados dejan mal parados a Iván Duque (poco más de mil hectáreas) y a Juan Manuel Santos (apenas 8 mil hectáreas). La meta del gobierno Petro es millón y medio de hectáreas antes del 7 de agosto de 2026.

Decir que “después de tres años, no hay un logro para mostrar” es faltar a la verdad, hablar por hablar, sin haberse tomado el trabajo de investigar y, en un acto deliberado, negar ramplonamente las cifras que sustentó el mandatario. Pero se entiende porque en campaña los honorables saben que sin escándalo no hay paraíso mediático. Claramente, el presidente y su gobierno son víctimas de la desinformación; aún así, algo debe estar haciendo bien para que su imagen haya mejorado: según la última encuesta Datexco, su aprobación alcanzó el 38%.

Lo que se vio el 20 de julio fue la lucha de las matemáticas contra la discalculia y el analfabetismo funcional.

Ahora bien, las formas del lenguaje importan. Usar el término chimbo para calificar el Cambio prometido, es más propio del lenguaje arrabalero que circula en las calles y las redes sociales, no de la dignidad de un congresista de la República. De estos personajes se espera un lenguaje medianamente alfabetizado, no callejero.  Lo que se vio el 20 de julio fue la lucha de las matemáticas -el balance de Petro-, contra la discalculia y el analfabetismo funcional de la representante Garrido.

La política colombiana ha caído en la banalidad, cercada por la pobreza intelectual del debate y las frases vacías y fríamente calculadas, que se dicen con el fin de llamar la atención de las redes sociales y la prensa, tan ávida siempre del escándalo y el sinsentido para ganar audiencia. Hoy los titulares parecen memes. El debate de las ideas murió hace rato en Colombia. Lo reconoce Diego Santos, otro antagonista del presidente: “Insultamos a Petro como si eso nos diera réditos y potenciales votos, nos agarramos del político de turno que mejor lo esté atacando para elevarlo a presidencial (Name, Cepeda, Garrido). Seguimos sin mensaje y sin dar golpes de opinión contundentes”.

El dicho dice que “uno no debe estar donde no lo quieren”, así que el presidente hizo bien en irse del recinto ante los insultos que recibió por parte de una oposición predecible, lo que confirma que sus oponentes siguen creyendo que en este país gana el más gritón. Con razón hasta Felipe Zuleta Lleras, panelista de Blu Radio y crítico de Petro, tildó a la legisladora de insolente con el presidente de la República. “El tonito me parece un poco irrespetuoso”, remarcó el periodista.

Tres años de Petro en el cargo son los mismos tres años que lleva la congresista Garrido en el Congreso, sin que hasta ahora haya conseguido una sola ley de la República de su autoría con la que pueda sacar pecho a favor de la región que la eligió. “…Las obras son las que hablan por uno”, le dijo al presidente.

Eso sí, llama la atención que aparece como coautora de tres proyecto de ley alusivos a regiones distintas a la suya: el que otorga la categoría de Distrito Especial, Turístico, Portuario y Cultural a la Ciudad de Girardot (Cundinamarca); otro que eleva a la categoría de Distrito Turístico, Cultural, Histórico y de Tecnología al municipio de Puerto Colombia (Atlántico) y uno más que declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico al sistema cenagoso de La Zapatosa y la Ciénaga de Mallorquín en Cesar, Magdalena y Atlántico, y al complejo de humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta ubicado (…) se reconoce su potencial pesquero.

Como su nombre lo indica, es deber principal de los representantes a la Cámara representar a los ciudadanos de su circunscripción electoral. Otorgándole el beneficio de la duda, es probable que sus paisanos sepan más de su gestión que lo que reporta la prensa. Pero si los ciudadanos desconocen la diferencia entre un senador y un representante a la Cámara, será bien difícil hacer veeduría para pedirles cuentas a los políticos; peor aún, sé de personas que ni siquiera recuerdan por cuál congresista votaron en 2022.

Desde Arauca, una profesora me dice a través de WhatsApp: “Yo hasta ahora con el escándalo es que la escucho mencionar. Por lo general estas personas una vez las eligen se olvidan de los territorios”. En esta nota, la Agencia de Periodismo Investigativo, (API), se refiere a “las luces y sombras” de la congresista. “… se ha conocido que su padre  fue destituido según decreto 529 de 2018 expedido por la gobernación de Arauca. A esto se suma que su aliado político José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca fue condenado por la Corte Suprema”.

Valdría la pena entonces que la prensa hiciera el balance de la gestión de los 280 legisladores, porque ellos y sus equipos de trabajo les cuestan miles de millones de pesos al erario público cada mes, y ese erario somos los ciudadanos que aportamos con impuestos para sostener tanta burocracia; por lo tanto, deberíamos tener derecho a que se les ponga bajo lupa durante los cuatros años que muchos van a calentar butaca.  

Como enhorabuena lo hizo El Espectador este fin de semana al denunciar que “en medio de estos 12 meses que Efraín Cepeda (Senado) y Jaime Salamanca (Cámara) lideraron el Congreso se celebraron cerca de 6.000 contratos por cerca de $625.000 millones”. El periódico encontró que de estos se beneficiaron “personas (…) que apoyaron a los equipos del senador conservador y del representante de Alianza Verde”.

Aquí caben un par de preguntas: ¿Por qué ni el país ni los medios están horrorizados con dicha denuncia? ¿Qué más cosas permanecen ocultas debajo de los tapetes del Capitolio Nacional ¿Dónde quedó el periodismo que investiga? ¿Hasta cuándo se harán “noticias” de las declaraciones de políticos en redes sociales, sin hurgar más allá de lo evidente? En los libros y archivos de las Secretarías de Leyes de ambas Cámaras hay demasiada información para rastrear. ¿Es mucho pedir que se privilegie el trabajo de campo sobre el “periodismo” de escritorio y el copy paste? 

A la prensa hay que recordarle que en Colombia existen tres poderes según le enseñaron a uno en el colegio: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero pareciera que para la inmensa mayoría de los medios el único poder que debe estar siempre bajo sospecha es el Ejecutivo.

Gracias a esa prensa, Lina María Garrido ya no es una perfecta desconocida.

Por: Hernán Alejandro Cortés.

¿Qué puede decir la filosofía política sobre la acumulación de tierras en Colombia? En resumidas cuentas, fue esa la pregunta que formulé para escribir mi tesis de doctorado. Pero, antes de contar cómo me ocupé de eso, quiero dar un breve rodeo. Cuando inicié mis estudios en filosofía las discusiones giraban en torno a lo que los filósofos del canon europeo formulaban como respuesta a las preguntas que su época les planteaba. Las fascinantes páginas de los Diálogos de Platón o los aforismos de Heráclito eran nuestros temas de discusión, comentarista tras comentarista, íbamos persiguiendo alguna verdad en ese discurso y, atendiendo a sus particularidades, elucubrábamos hipótesis sobre el sentido de sus formulaciones y la rigurosidad de sus argumentos. Estudié en la Facultad de Filosofía de la Universidad Santo Tomás en donde, a mediados de los años 70, un grupo profesores sacudió la doctrina de esa forma de enseñanza y, en lugar de ocuparse de manera exclusiva de las interpretaciones de los autores europeos hombres, decidió sacudir el molde y preguntarse por la existencia de la filosofía latinoamericana. Fue en ese camino en el que aprendí que la filosofía tiene expresiones locales que se ocupan de los interrogantes que el presente le demanda, el imperialismo, la liberación, la autenticidad, y otros temas, pasaron a ocupar una agenda de investigación marcada por la fenomenología y la hermenéutica. En la Santo Tomás también conocí a Santiago Castro-Gómez quien me enseñó a indisciplinar la filosofía a través de las preguntas por el presente y a interrogarlas con el hacer del genealogista. Esa forma de comprender la filosofía también fue delineando mis posturas políticas y militar en algunos colectivos de izquierda fue determinante para escribir: Producir la guerra, acumular la tierra. Neoliberalismo y necropolítica en Colombia mi tesis de Doctorado recientemente sustentada en la Universidad de los Andes. Sea esta la oportunidad para agradecerle a Carlos Manrique y Alhena Caicedo su dedicación en la dirección de la misma y a Julio Arias y Juan Ricardo Aparicio por ser lectores generosos y críticos.  

Más que un texto acabado el trabajo pretende abrir una senda de investigación que se circunscribe en torno a una lección metodológica, que para asumir una actitud crítica es preciso: “desubjetivar la cuestión filosófica a través del contenido histórico, así como interrogar el contenido histórico acerca de sus efectos de poder” (Foucault, 2007, p. 22). Incorporando esa precisión el trabajo intenta conjugar las ricas reflexiones elaboradas por la literatura de las ciencias sociales en Colombia con las discusiones de la filosofía política contemporánea. De esta manera, cruzo discusiones tan diferentes como las Gutierrez Sanín, Alejandro Reyes, Catherine LeGrand, Orlando Fals Borda con discusiones hechas por Marx, David Harvey, Achille Mbembe, Rita Segato y Sayak Valencia.

Mi tesis principal consiste en pensar el neoliberalismo como una práctica de gobierno que está ordenada por una racionalidad de acumulación desmedida, por una especie de deseo que ordena el mundo del capital en torno a un impulso que va en contravía de la finitud misma de la vida.

 Dicha contradicción se expresa de formas crueles (necropolíticas) en los contextos del sur global en donde la vida es reducida a un objeto intercambiable dentro del impulso voraz de la acumulación. Así, ecosistemas enteros son arrasados por proyectos de minería a cielo abierto, grupos armados ocupan y confinan territorios enteros para controlar las rentas de las economías ilegalizadas, proyectos agroindustriales de gran escala reemplazan las redes de vida por un paisaje cuya imagen es la rentabilidad; en ese panorama es que tiene sentido la expresión producir la guerra, acumular la tierra.

No es que la guerra se produzca para acumular tierras, como bien lo ha señalado Diana Ojeda, sino que en el marco de la producción de la guerra la economía política del capital canaliza la negación del otro en una separación que está ordenada por el impulso rector de la acumulación. Para pensar este problema acudo a las reflexiones que Marx elabora en El capital, tratando de pensar que la acumulación no es solo una suma de puntos en el espacio, sino que, fundamentalmente, es la concreción de una separación en el mundo material de dos tipos de sujetos: quienes pueden reproducir su vida por sus propios medios y aquellos que, subordinados por los primeros, están profundamente limitados en la reproducción de su vida a través de mecanismos de coerción materiales. Si pensamos la acumulación como la concreción de esa separación, entonces, esta entraña una contradicción: la de apelar a una suma infinita en medio de un mundo finito. La guerra opera como la exacerbación de esa contradicción, en la medida que produce espacios ocupados que intensifican la separación.

Para nadie es un secreto que si uno cruza los mapas de la guerra en Colombia con los de la tierra acumulada las coincidencias resultan desgarradoras.

De esta manera propongo hacer una lectura del problema de la acumulación de la mano del problema de la guerra como conceptos que ayudan a entender lo que están en juego en las dinámicas del despojo y en la configuración de los espacios que el capital demanda como suyos.

Un segundo conjunto de problemas que aborda la tesis tiene que ver con tratar de pensar ¿qué es precisamente lo que la permite a este par guerra/acumulación perpetuarse en el tiempo? Una de las respuestas que se han elaborado desde las ciencias sociales en Colombia apunta a señalar que es la “ausencia” del Estado en diferentes espacios del territorio nacional la que ha posibilitado la concentración de la tierra y la proliferación de la guerra. Sin embargo, siguiendo la pista de los trabajos de Fernán González, la tesis asume que en lugar de una “ausencia” del Estado lo que ha existido es una presencia diferenciada en espacio y tiempo, caracterizada por la consolidación de un poder regional que habría que pensar en sus particularidades. Con esta lección en mano habría que pensar el Estado no como un movilizador que irradia desde el centro un orden, sino que se configura socioespacialmente en intensidades y modulaciones distintas de acuerdo con el conjunto de relaciones sociales que se despliegan en cada territorio.

La guerra no se produce, exclusivamente, por la ausencia de las instituciones, por el contrario, la guerra es productora de espacios ocupados para favorecer modelos en los que la renta de la tierra es hegemónica. La narrativa sobre la ausencia del Estado permitió que actores armados como las Autodefensas Unidas de Colombia construyeran un relato sobre la necesidad de la seguridad como condición para el desarrollo de un proyecto de nación del que luego emergieron grandes complejos agroindustriales en donde el trabajo y las redes de vida fueron subsumidas por la lógica de una porción del capital rentista.

 En este punto vale la pena destacar las críticas que diferentes teóricos de la colonialidad del poder han elaborado al pensar el Estado como un producto euromoderno que se mueve con una lógica de distribución que irradia desde el centro hacia afuera su poder y que ha facilitado que la narrativa de la constitución del Estado provenga de un centro ilustrado y racional.

De esta manera, pienso la acumulación como un fenómeno complejo que debería analizarse en sus particularidades históricas. En el tercer capítulo introduzco el concepto de ocupación del filósofo camerunés Achille Mbembe para pensar el caso específico de los Llanos Orientales, tratando de señalar cómo en la historia reciente de los llanos han existido de facto un gobierno privado indirecto, en el que diferentes actores armados han propiciado una cierta forma de ordenamiento territorial. Aunque la historia de los Llanos es muy extensa, detallo como el proceso de acumulación de tierras ha sufrido tres ocupaciones. Una primera ocupación colonial, encarnada en el modelo de la hacienda jesuita que tiene como principal actor el desarrollo de la ganadería. Una segunda ocupación armada que tiene dos expresiones, la intromisión de las insurgencias en la economía política del narcotráfico y una disputa por la consolidación de latifundios y el lavado de activos que se desplegó tras la conformación del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y su disputa con las Autodefensas de Casanare y Vichada, en esta dinámica tuvo lugar el despliegue de una necropolítica que convirtió la vida de miles de víctimas en un instrumento para los fines de una guerra que benefició la consolidación del gran propiedad de la tierra. Y, finalmente, una ocupación neoliberal, desplegada por el desarrollo de la Ley ZIDRES y del Plan Renacer la Orinoquia. Todas estas formas de ocupación tienen como eje la transformación de las redes de vida que habitaban el territorio en objetos productores de renta.

En el cuarto capítulo me ocupo de pensar cómo diferentes lecturas sobre el problema del neoliberalismo han perdido de vista esta dinámica necropolítica que tiene unas profundas repercusiones a nivel geopolítico y que deberían hacer parte del repertorio de análisis político y académico. Siguiendo la línea de Dardot y Laval, asumo que el neoliberalismo es una opción por la guerra civil que emprenden poderes oligárquicos sobre las poblaciones, una guerra que abre frentes en todos los niveles y que está profundamente imbricada en las relaciones que desplegamos con el mundo de deseos que se repite en las pantallas digitales. En ningún momento se trata de pensar el neoliberalismo como una cosa que se puede denunciar y ya, poder decir somos antineoliberales no tiene ningún sentido, si no logramos desentrañar esa lógica desde dentro en nuestras relaciones, posar de anti es solo una forma de creerse un crítico del capitalismo, como les pasa hoy a muchos militantes de Instagram. Creo, por el contrario, que se trata entender la forma en la que este se despliega y repliega incluso en las contradicciones que terminan por pesarnos en la cotidianidad. Finalmente, como lo he aprendido en espacios de militancia como REC y Fuerza Común producir teoría crítica no tiene otro horizonte distinto a poder encontrar vías para una emancipación que, contra el deseo de la acumulación, ponga en el centro la vida; que, ante la vorágine del despojo pueda repotenciar las redes de vida que emanan de la imbricación entre humanos y no humanos; que, ante el deseo individualizado y egoísta, se permita imaginar otras formas de relación que no estén mediadas por la renta. Apuesto por la filosofía como una forma de asumir una actitud crítica contra el cinismo ideológico de nuestro tiempo.

Finalmente, sea esta la oportunidad para destacar la gran potencia del pensamiento crítico en Colombia que, como dice mi amigo Carlos Arturo López es de una riqueza impresionante. La rigurosidad de los historiadores, el compromiso de los antropólogos, el trabajo minucioso de los sociólogos para entender lo que nos pasa es la muestra de una voluntad que se opone a que la guerra sea la única opción para habitar este espacio que compartimos. Creo que cada letra que se ocupa de pensarnos el presente es una forma de resistirle a esa guerra que el poder oligárquico ha configurado como horizonte de sentido, y aunque suene ingenuo, escribir es una forma de dar la batalla para que el futuro deje de estar hegemonizado por aquellos que, cual rentistas sin alma, quieren ganar todas las batallas sin poner el cuerpo en barro de la vida diaria.

Artículo publicado inicialmente en EL PAÍS, sección AMÉRICA-COLOMBIA: https://elpais.com/america-colombia/2025-06-15/colombia-en-estado-de-coma-politico.html)

“El estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado”, parece un diagnóstico sobre la realidad política colombiana. Pero es el primer parte médico de la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá sobre la salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, después del aleve y repudiable atentado criminal que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia en Bogotá. Ese diagnóstico escueto y preocupante no solo da cuenta del presente, sino que describe la forma como la política discurre cotidianamente en Colombia en medio de una violencia ubicua y letal. Una violencia aleatoria que estalla en cualquier lugar y momento, como los 19 atentados terroristas en la mañana del martes del 10 de junio en Cali y el Departamento del Cauca, que dejaron una dolorosa estela de 7 víctimas mortales. Es una violencia que solo la percibimos con esa intensidad amenazante, intolerable y condenable, cuando ella se ensaña en lideres políticos destacados de la oposición, como Miguel Uribe Turbay, o irrumpe mortalmente en las calles de los barrios residenciales y populares de nuestras principales ciudades. Es lo que ha venido sucediendo en la última semana, pero no ha dejado de estar presente en forma soterrada durante muchos años, cobrando la vida de numerosos líderes sociales, 71 durante estos cinco meses, sepultados y olvidados rápidamente, sin piedad y oraciones que velen por sus vidas y sin que por ellos entremos en “coma político” y conmoción nacional. Por eso solo el criminal atentado contra el senador Miguel Uribe revive en la memoria nacional el fantasma de los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro entre agosto de 1989 y abril de 1990. Entonces vuelven a nuestras mentes las imágenes dantescas de las incontables víctimas del narcoterrorismo de los extraditables. Se imponen las inevitables similitudes entre los jóvenes sicarios contratados para disparar contra Rodrigo Lara Bonilla y Miguel Uribe Turbay. Y hasta algunos periodistas evocan con cierto morbo el sino trágico de la familia Turbay y el asesinato de la madre del senador Miguel Uribe, Diana, por orden de Pablo Escobar, cuando el Ejército intentó rescatarla. Incluso los noticieros invitan a sesudos analistas y constitucionalistas para que esclarezcan lo que está sucediendo y estos, en lugar de destacar las diferencias sustanciales con el pasado, resaltan las similitudes más evidentes para reafirmar sus convicciones políticas y prejuicios personales. Nos advierten alarmados que no podemos repetir lo sucedido hace más de 30 años. ¡Como si los protagonistas del presente no fueran otros muy distintos y los escenarios institucional y constitucional sean incomparables!

Más allá del “déjà vu” del 90

Todo ello nos conduce al error de concluir que estamos volviendo a repetir la misma pesadilla. Pero la situación actual es muy diferente, aunque las similitudes con la violencia sicaria de ambos jóvenes y la explosión del terrorismo ubicuo nos sumerja en esta especie de “déjà vu” infernal. Más aún ahora, cuando el gobierno apela al recurso de promover una nueva Asamblea Constituyente para supuestamente conjurar y superar su actual crisis de gobernabilidad. Sin embargo, es precisamente en este escenario donde estriba la mayor diferencia. Porque la crisis de finales de la década del 80 y comienzos del 90 fue desatada por el narcoterrorismo de los extraditables y generó una respuesta política inmediata, la del proceso constituyente que, gracias a la alquimia de la séptima papeleta, el movimiento estudiantil “Todavía podemos salvar a Colombia”[i] y la acción coordinada entre el consejero constitucional del presidente Barco, Manuel José Cepeda Espinosa[ii] y el profesor de derecho público, Fernando Carrillo Flórez[iii], se pudo encauzar en las urnas. Por cierto, en forma supraconstitucional, como auténtica expresión del poder constituyente primario y su fuerza política proteica, que desconoció participativamente la Constitución de 1886 y clausuró el ineficiente y corrupto Congreso de entonces, tan parecido al actual. Ese proceso culminó en 1991 con la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la Constitución actual.  Es verdad, incorporando a la Carta Política el artículo 35 que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento, coronando así Pablo Escobar su máxima aspiración política-criminal. Artículo que fue derogado en 1997, bajo el gobierno de Ernesto Samper, cuando el Estado ya había capturado a los hermanos Rodríguez y permitió el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, que entonces había descertificado a Colombia por el proceso 8.000 y retirado la visa al presidente Samper.

¿Crisis constituyente o desconstituyente?

Ahora las circunstancias y el escenario político son muy diferentes y quizás más complejos. De alguna forma, esta parece ser una crisis de carácter desconstituyente, pues su origen está directamente relacionado con una agria e intensa disputa por la interpretación y aplicación de la Constitución del 91 entre el Ejecutivo y el Legislativo. El ejecutivo, empeñado en hacer realidad el Estado Social de derecho y la democracia participativa, decide convocar el constituyente primario por decreto a una Consulta Popular que el senado le negó en medio de una zambra vergonzosa. Una zambra que dejó en vilo no solo la legalidad de esa decisión, sino incluso su legitimidad. Con esa decisión el Senado desconoció, por dos votos, el artículo 3 de la Constitución: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público” y reclamó para sí esa soberanía con fundamento en otro artículo de la Carta, el 104[iv], negando la convocatoria del Ejecutivo. Así las cosas, la soberanía volvió a quedar en manos de la Nación, como en la derogada Constitución de 1886, por la decisión de dos senadores que despojaron a toda la ciudadanía, el pueblo o constituyente primario de su poder político decisorio de última instancia. Semejante impase desconstituyente de la legitimidad ciudadana no habría sucedido si el Congreso en estos 34 años de promulgada la Constitución hubiese cumplido el espíritu de su artículo 1 que define a Colombia como una “República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. No hay duda que ese interés general no ha sido promovido y mucho menos defendido por los congresistas durante estos 34 años, pues no han tenido la voluntad política de expedir el Estatuto del Trabajo que les ordena el artículo 53 con sus siguientes principios fundamentales: “Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.  Pero los congresistas hicieron todo lo contrario con la aprobación de la ley 789 de 2002 presentada por el gobierno de Álvaro Uribe[v], que terminó recortando “beneficios mínimos establecidos en normas laborales”, que hoy intenta restituir la actual reforma, como el pago de horas extras desde la 6 de la tarde y la remuneración plena durante los días festivos.

La paradoja del Estado Social de Derecho bajo el “Gobierno del Cambio”

Ahora estamos bajo un gobierno cuya principal meta ha sido convertir en realidad el artículo 1 de la Constitución, el Estado Social de derecho, pero paradójicamente tenemos menos Estado en el territorio nacional porque en vastas regiones predomina el neofeudalismo devastador de organizaciones criminales que se disputan a muerte economías ilícitas, desplazan a la población y asesinan a sus líderes sociales, despojándolos de su tierra, esperanza y derechos más vitales. También su contenido Social: salud, educación, vivienda y seguridad está en cuidados intensivos por el bloqueo de sus reformas en el Congreso y la incapacidad del propio Ejecutivo para realizar una gestión pública eficiente, desgastada por numerosos escándalos de corrupción y cambios constantes en su gabinete ministerial, que no puede dar continuidad a sus principales políticas públicas. A ello se suma haber despertado expectativas inalcanzables en 4 años como la “Paz Total”, “Colombia, potencia mundial de la vida” y la transición energética, más generadoras de frustración que de satisfacción y confianza ciudadana. Dolorosamente, la Paz Total, su divisa central, se convirtió en una explosión letal de atentados terroristas durante esta semana. Y, para terminar, el Derecho naufraga en un campo de batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tiene sumida la política en coma y amenaza convertir la actual crisis de gobernabilidad en una más aguda de legitimidad.

El “sancocho constitucional”

Por eso el decreto gubernamental 0639 del 11 de junio[vi] que convoca a la Consulta Popular es una especie de “sancocho constitucional” que trata de reconciliar pensadores políticos irreconciliables como Schmitt, Habermas y Luhmann, según el perspicaz análisis del profesor Carlos Ramírez de la universidad de los Andes. Y cada vez ese “sancocho constitucional” es más sustancioso, denso e indigerible, pues el gobierno pretende apelar directamente al constituyente primario, saltándose el Congreso que debe expedir una ley para convocar esa Asamblea Constituyente, según el artículo 376 de la Constitución[vii]. Para burlar ese escollo insalvable, el nuevo ministro de justicia, Eduardo Montealegre, haciendo honor a su apellido, desde la montaña mágica de la especulación constituyente esboza alegremente el siguiente camino: “crear mecanismos que le permitan a un gobierno avanzar en una agenda social”, pues, explicó, el presidente está “bloqueado institucionalmente por unas mayorías en el Congreso que sistemáticamente se oponen al cambio”. El camino que tomaría el oficialismo es recoger las firmas del 20 % del censo electoral, algo así como 8 millones, para hacer que el proyecto de ley de convocatoria sea “vinculante” para el Congreso y que así no pueda negar la constituyente o incluso vaya directamente a la Corte Constitucional”[viii].Una audaz idea que trata de reeditar la gesta de la 7 papeleta y crear así un hecho político supraconstitucional. Pero esa imaginación constituyente ignora que la actual coyuntura, pese a las similitudes violentas con la del 90, es totalmente diferente, pues se ha perdido el clima de consenso político y urgencia que entonces existió, generado por la ofensiva narcoterrorista de los extraditables.  Por eso la 7 papeleta fue promovida ampliamente por todos los medios de comunicación y no contó con oposición significativa alguna del “País Político” y del Congreso de entonces, que fue clausurado de común acuerdo entre el presidente Gaviria y la Asamblea Nacional Constituyente. Objetivamente eso sí puede calificarse como golpe de Estado y desmantelamiento de la institucionalidad, pero fue celebrado por todos como la única y extraordinaria vía para la salvación nacional.

Ahora sucede todo lo contrario. Por eso la oposición convoca la ciudadanía a las calles en solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay, pero el trasfondo es demostrarle al Ejecutivo su profundo rechazo al llamado “decretazo” y a la impredecible aventura de la constituyente.  Así las cosas, llegamos a la mayor paradoja de esta tramoya político-constitucional. Un Ejecutivo defensor de la Carta del 91 y políticamente coautor de la misma, promotor entusiasta de su aplicación en la vida social, ahora impulsa su reforma por vía de una incierta e inviable Asamblea Constituyente. Y, por el contrario, las fuerzas políticas opositoras, que han sido mayoría en el Congreso desde la promulgación de la Constitución, que la han reformado regresivamente en múltiples ocasiones y sin voluntad política para hacer realidad social sus contenidos más progresistas, hoy la defienden y se proclaman sus celosos y mejores defensores, después de haberla engañado y burlado durante 34 años, sirviendo a intereses particulares y no generales.

Del “estado de máxima gravedad” a la gobernabilidad constituyente

Sería relativamente fácil salir de “este estado de máxima gravedad” y en coma en que se encuentra la política nacional, igual que el senador Miguel Uribe Turbay, si ambas partes tomaran conciencia de su responsabilidad histórica. Por parte del Ejecutivo, si abandonara su radicalismo constituyente y su exacerbado narcisismo político, dedicándose a realizar una gobernabilidad constituyente para recobrar así el control del orden público, la seguridad en todo el territorio nacional y cumplir sus políticas y promesas sociales con un gabinete ministerial estable, competente y eficiente, al menos por este año que le queda. Y, de parte de la oposición, si renunciara a su obsesión del “golpe de estado” con su consigna favorita “fuera Petro” y a su irresponsable delirio de venezolanizar el próximo proceso electoral, pues al no asistir a la instalación de la Comisión de Seguimiento Electoral[ix] convocada por el gobierno y desconocer al presidente Petro como su principal garante, está empezando a recorrer ese escabroso camino y agravando el “coma político” actual. En conclusión, ambas partes deberían cumplir la Constitución, aprobando una reforma laboral que honre los puntos fundamentales y mínimos del artículo 53 ya citado. Quizás así saldríamos del actual Estado de coma en que se encuentra la política nacional y recobraría su pleno sentido el Estado Social de derecho, como también esperamos que acontezca con el sentido y la vida del senador Miguel Uribe Turbay.

[i] https://hacemosmemoria.org/2016/05/02/la-papeleta-que-cambio-la-constitucion/

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Jos%C3%A9_Cepeda_Espinosa

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Carrillo_Fl%C3%B3rez

[iv] https://www.constitucioncolombia.com/titulo-4/capitulo-1/articulo-104

[v] https://www.pares.com.co/post/la-reforma-laboral-de-%C3%A1lvaro-uribe-que-favoreci%C3%B3-a-los-empresarios-y-hundi%C3%B3-a-los-trabajadores

[vi] https://www.presidencia.gov.co/Documents/250611-Decreto-0639-11-de-junio-2025.pdf#search=decreto%20de%20consulta%20popular%2E

[vii] https://www.constitucioncolombia.com/titulo-13/capitulo-0/articulo-376

[viii] https://www.elespectador.com/politica/estos-son-los-caminos-del-petrismo-con-la-consulta-popular-y-la-constituyente-para-encarar-el-2026-y-retar-al-congreso/?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=politica&utm_content=todos

[ix]https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/comision-de-garantias-fue-liderada-por-el-presidente-gustavo-petro-estas-fueron-las-principales-conclusiones-3461831

El Profesor Olave Arias se especializa en el Análisis del Discurso y la Educación Lingüística, áreas en las que aporta a la enseñanza y la investigación en la Escuela de Idiomas de la UIS. Presentamos aquí su texto sobre la vuelta a la erística.

Erística o el arte de la disputa

Por: Giohanny Olave Arias

Con todo su ruido y espectáculo, las redes sociales nos han ofrecido también dos curiosas maneras de pasar el tiempo: entretenerse leyendo las peleas de los internautas y meterse de vez en cuando a luchar en esas arenas digitales. La llamada web 2.0, desde su aparición en la primera década de este siglo, nos trajo ese foro fascinante en el que nos ejercitamos en un arte muy antiguo: el combate verbal. Para algunos, banales y vergonzosas; para otros, dañinas y reprochables, las discusiones acaloradas en las redes sociales son, en cualquier caso, cotidianas y cautivadoras. ¿De dónde viene ese interés por el combate con palabras?

Se cree que Protágoras, filósofo griego del siglo V a. de C., escribió un tratado sobre la lucha verbal (agôn logôn) que habría utilizado para instruir a las élites de la época, por precios nada módicos. También Aristóteles reconoce la existencia de una tradición de enseñanza, la “erística”, cercana pero distinta a la sofística, que se habría propuesto enseñar a vencer a toda costa en las discusiones, con un inventario amplio de trucos para sacarle ventaja y doblegar al oponente. No se trataba de acciones argumentativas, sino todo lo contrario: de acciones verbales de fuerza. Varios siglos después, en el XIX, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer recuperó la denominación aquella y, rabiando contra la tradición platónico-aristotélica, aseguró que toda dialéctica es, en realidad e inevitablemente, erística: lo único que importa en las discusiones es derrotar al otro, por cualquier medio. De todas formas, esa idea nunca fue tomada muy en serio, pese a ser practicada por todos.

Aquel tratado perdido de Protágoras, junto a otros textos dispersos y casi olvidados, prueban que en las discusiones acaloradas no hay solo mentiras, griterío y mala conducta. El asunto es más serio, si es que ponemos entre paréntesis la evaluación moral de esas interacciones y nuestros ideales democráticos de la discusión racional.

¿Hay buenas razones para hacer tal cosa? Sí: la persistencia de las disputas a pesar de contar con teorías del diálogo y con manuales de procedimientos para el intercambio razonado; el agotamiento en la normatividad y la proscripción que han alcanzado los modos de estudiar la agresión verbal en las sociedades actuales; y las funciones políticas que pueden llegar a cumplir estos intercambios, pero que suelen ignorarse o condenarse previamente.

¿Y esa suspensión de los juicios morales sobre las disputas significa que promovemos la violencia verbal y abandonamos los ideales de la argumentación en democracia? No: significa que podemos ver las trifulcas discursivas como uno más de los muchos modos de usar el lenguaje o, como quería el filósofo vienés Ludwig Wittgenstein, comprenderlas como “juegos del lenguaje” (sprachspiele). Y esto es clave: no hay juego sin reglas y hay reglas que no preexisten al juego, sino que lo constituyen. Mejor dicho: el tipo de uso que le dan -algunos- internautas a las redes sociales se parece más a un juego de orden competitivo que a uno argumentativo. Así, los foros no son espacios de discusión, sino arenas de combate; los usuarios no son argumentadores, sino gladiadores, púgiles; las palabras no son herramientas para alcanzar acuerdos, sino potentes arsenales para profundizar y mantener los desacuerdos; y su objetivo no es convencer al contendiente ni a nadie, sino exhibir su grado de destreza para la lucha verbal.

Un efecto interesante de esa mirada es que nos permite refinar diferencias entre cosas que usualmente tratamos como iguales. Primero, nos hace pensar que no hay equivalencia entre violencia y agresión verbal. Si lo propio de la violencia es romper todo vínculo y eliminar al otro, no todos los ásperos internautas serían violentos, pues algunos esperan que el vínculo -un vínculo muy agresivo- se mantenga de manera que su contraparte se enganche, que no renuncie a la disputa. Ningún competidor valioso abandona la arena ni elimina al contendiente, pues así simplemente se acabaría la lucha. Es el compromiso con el combate: hay que aguantar. Eso que sucede, pues, en los hilos de discusión, está más cerca de la agresión que de la violencia.

Segundo: algunos usos del lenguaje, efectivamente, serían más violentos que agresivos; aquellos cuyo fin es romper el vínculo, en vez de competir hasta el cansancio. Pensemos en lo que hacen en las redes los odiadores (haters), los abusadores, intimidadores y demás promotores del ciberacoso, próximos o insertos en actividades criminales. Ellos no compiten: liquidan la palabra del otro. La práctica del saboteo o troleo digital (trolling) se mueve en la frontera entre agresión y violencia.

Tercero: aunque toda refutación tiene como punto de partida una réplica, no toda réplica es refutativa. Como lo enseñaba sistemáticamente Aristóteles, algunas refutaciones pueden ser sofísticas (cuando simulan refutar), y otras, erísticas (cuando reclaman la victoria, sin haber refutado). Tal vez lo más importante de esa reflexión es que el hecho de responderle a alguien con quien estamos en desacuerdo puede llegar a simular que discutimos con argumentos opuestos, pero se puede tratar solo de una réplica. Hay que responder. Pero cuidado: la expresión “solo una réplica” la hace parecer carente de profundidad, cuando en realidad la réplica acusa una técnica, demanda la habilidad de no quedarse callado ante lo que percibimos como un ataque, inclusive si no se tiene un argumento con qué contradecir. En fin, requiere aprender a modular a la bestia de las palabras alargándole la cuerda de a poco.

El antiguo juego competitivo de la disputa verbal está atravesado en nuestros tiempos por las cuestiones sociodigitales (herramientas y recursos interactivos, modelos de negocio de las plataformas y formas de vida hiperconectadas, entre otras). Una visión simplista de estos usos del lenguaje conduce fácilmente a la disyuntiva entre pesimistas y optimistas tecnológicos; tanto el ámbito académico como el cotidiano reconocen la potencialidad de las redes sociales para profundizar la participación política, pero también para banalizar las discusiones de fondo o para convertirlas en espacios impunes de violencia. Es la contradicción entre ágoras y cloacas: dos metáforas contrapuestas con las que unos y otros definen a Facebook, X, YouTube, Reddit, etc. ¿Hay una tercera alternativa para comprender las interacciones agresivas en el espacio digital?

Podemos interrogar, en principio, las características que asumen los foros digitales de las redes cuando se convierten en arenas de combate. Eso no resulta obvio, pues conviven en esos espacios juegos de lenguaje muy diversos, argumentativos y no argumentativos, condicionados además por las herramientas de comunicación que ofrece cada plataforma y que los usuarios son capaces de capitalizar hábilmente para disputar entre ellos: las menciones a otros usuarios, los entornos en forma de árbol o de hilo desplegable para interactuar, la posibilidad de usar gráficos, pegatinas, memes, hipervínculos y demás en los comentarios, el registro de peleas diferidas o aplazadas, etc.

Luego, podrían rastrearse las acciones verbales de fuerza recurrentes; aquellas formas de sacar o conservar la ventaja sobre los demás contendientes, que aparecen regularmente en los hilos de discusión, revelan patrones o esquemas de la réplica y exceden el carácter mismo de falacia o de argumento desviado. Con ello, las acciones de fuerza en las arenas de combate sociodigital mostrarían un conjunto de técnicas en funcionamiento: un arte de la erística. Toda acción de fuerza tendrá que ejecutarse, además, a través de un inventario amplio de recursos o herramientas discursivas de combate identificables en cada despliegue. El análisis de su funcionamiento mostraría, entonces, el tipo de instrumento significante, las tácticas combinatorias y las modalidades (icónicas, verbales, hipertextuales) que los usuarios desarrollan para derrotar al adversario digital.

Finalmente, el estudio de las disputas sociodigitales también abordaría una pregunta muy común entre los espectadores de cualquier certamen: ¿Quién ganó la discusión? Si los modelos argumentativos ofrecen sus propias maneras de responder esa cuestión en torno a la evaluación del mejor argumento, un modelo no argumentativo tendría que responder acudiendo al cálculo de la destreza agonística, esto es, la habilidad para mantenerse en la arena, el nivel de compromiso con la réplica y la firme decisión de no darle la razón al otro.

El efecto de esa habilidad agonística desborda el simple orgullo o capricho individual de los internautas y el placer inherente a la lucha. Se trata de un modo particular de profundizar los desacuerdos en el espacio público, aplazando constantemente el alcance de consensos y la resolución de diferencias de opinión. Es en ese sentido que las disputas en los foros digitales intervienen en las democracias y en las ideas que nos hemos formado acerca del disenso y de la participación política.

Junto al esfuerzo justificado por promover las interacciones propias del diálogo razonado, existen al mismo tiempo las prácticas comunicativas que constituyen su reverso y, tal vez, su complemento: los combates verbales, que nos dedicamos a estudiar como juegos de lenguaje competitivos. Esta columna es una invitación a dialogar con expertos y legos acerca de esta práctica cotidiana, a través de algunos textos recientes que la interrogan con curiosidad: “Cibercombates. Disputas en Facebook, Twitter y YouTube” (2024), “Análisis del discurso político: combates verbales de Gustavo Petro” (2022), “Análisis del discurso en disputas públicas: retorno a la Erística” (2019). No son difíciles de conseguir.

El avance hacia el fortalecimiento del pluralismo en los sistemas democráticos, en general, y la construcción de una cultura de la oposición política en Colombia, en particular, necesita explorar otros modos de abordar las disputas públicas; fenómenos que persisten aun contra la regulación de los espacios de expresión y a pesar de los proyectos para la educación de ciudadanías deliberantes. Entender mejor la erística es una tarea urgente.

En Colombia, los avances en la política afrodescendiente han ganado fuerza en los últimos años, gracias al liderazgo de figuras emblemáticas como la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Luis Gilberto Murillo. Estos líderes han elevado la voz de las comunidades afro en escenarios nacionales e internacionales, destacando temas clave como la justicia racial, el cambio climático y la autonomía territorial. Iniciativas como la Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos colectivos de las comunidades negras sobre sus tierras ancestrales, y la inclusión de la perspectiva étnico-racial en las políticas públicas han sido piedras angulares de esta transformación. Su liderazgo fue crucial durante la COP16 de Cali, donde las comunidades afrodescendientes jugaron un papel central en la agenda climática, resaltando la importancia de su conocimiento ancestral en la protección de la biodiversidad y la lucha contra la crisis ambiental global. Este momento marcó un precedente en la construcción de políticas inclusivas y sostenibles en el país.

**Un altar para comenzar**

El amanecer del miércoles trajo consigo un ritual ancestral. En una sala iluminada por velas, los nombres de Yicel Carabalí, Diana Caicedo y María Elvira Solís resonaban con la autoridad de quienes portan siglos de sabiduría. Con manos hábiles, instalaron un altar que no solo conectaba a las participantes con su espiritualidad, sino que también las unía en propósito. Cada mujer, al colocar un objeto significativo, compartió un fragmento de su historia, mientras el aroma de hierbas y resinas llenaba el espacio, creando un refugio sagrado para el aprendizaje y la conexión.

Este laboratorio tuvo su origen en la visión de Marcia Santacruz Palacios, una líder que ha dedicado su vida a la construcción de espacios de justicia y equidad para las comunidades afrodescendientes. Psicóloga formada en la Universidad de Manizales, especialista en educación para la paz por el Instituto Paulo Freire en Berlín y formada también en la Universidad Complutense de Madrid, Marcia combina una sólida trayectoria académica con una profunda conexión con las realidades de su comunidad. Pero sobre todo su audacia es saber tejer redes de diálogo y acción a nivel internacional. Améfrica nace de su convicción de que las mujeres afrodescendientes tienen un papel central en la transformación política de América Latina y el Caribe, y de su esfuerzo incansable por dotarlas de herramientas innovadoras para liderar el cambio.

**La política desde la raíz**

A lo largo del día, paneles y talleres revelaron las complejidades de ser mujer, afrodescendiente y política en una región marcada por la desigualdad. Mariela Noles, Tania Ramírez, Ingrid Farias, Paola Cabezas y Maria Celeste Sánchezentre, sabedoras afropoliticas, trazaron con palabras los mapas de desafíos que enfrentan estas mujeres: la subrepresentación, el racismo estructural y la necesidad urgente de bienestar comunitario. Pero no fue un recuento de lamentos; fue un llamado a la acción, a ocupar la política desde la raíz, transformando la narrativa y el sistema desde dentro.

El Taller Mamuncia, liderado por Javier Arteaga, fue una de las joyas del día. Aquí, las participantes co-crearon y prototiparon propuestas innovadoras para aumentar la representación política afrodescendiente. La plenaria se convirtió en un torbellino de ideas, mientras voces de distintas latitudes se entretejían en un mosaico de aspiraciones compartidas.

**San Basilio de Palenque: hacia la cuna de la libertad**

El jueves, un convoy de autobuses partió al amanecer hacia San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. Al llegar, el eco de los tambores recibía a las visitantes, resonando como un recordatorio del legado de lucha de Benkos Biohó y su hija Orika. Una visita guiada por el pueblo, bajo el calor del caribe y resguardadas por mujeres de la guardia cimarrona, y una de sus grandes lideresas, Darina Hernández, quienes no solo ofrecieron un recorrido histórico, sino también un diálogo entre pasado y presente: ¿cómo continuar el legado de resistencia en el ámbito político actual? ¿Cuales eran las preguntas de antes y cuales son las de ahora?

El día incluyó talleres que combinaban lo ancestral con lo contemporáneo, como el uso de redes sociales para cultivar comunidades ciudadanas. Pero quizás el momento más emotivo fue el “palabreo” con mujeres locales. En un círculo de confianza, las participantes compartieron sus iniciativas y recibieron retroalimentación de quienes llevan generaciones transformando la política desde las trincheras comunitarias. La política en América Latina carga con una profunda deuda histórica hacia los pueblos afrodescendientes, y en particular hacia las mujeres afro, quienes han sido doblemente marginadas por su género y su etnia.

Desde la invisibilización del rol de mujeres como María Remedios del Valle, conocida como “La Madre de la Patria” en Argentina, hasta el relego de liderazgos afro en procesos de independencia y construcción republicana, las estructuras de poder han perpetuado un olvido consciente. En Colombia, por ejemplo, no fue sino hasta la promulgación de la Ley 70 en 1993 que se reconocieron derechos colectivos a las comunidades negras, un avance tardío en un continente construido sobre la sangre y el trabajo de personas esclavizadas. Este vacío histórico persiste en la subrepresentación de mujeres afrodescendientes en espacios de decisión. Laboratorios como Améfrica emergen como respuestas estratégicas a esta exclusión, ofreciendo herramientas, visibilidad y espacios de co-creación política donde las mujeres afro pueden reclamar su lugar como protagonistas de una nueva narrativa: una que reconoce sus aportes, valida sus luchas y garantiza que sus voces sean escuchadas en la construcción del futuro.

**Cerrar el ciclo mirando al futuro**

El viernes, con la serenidad del amanecer en la playa, las mujeres se vistieron de blanco para una última armonización ancestral. Era un momento de introspección, de absorber el aprendizaje y prepararse para llevarlo a sus comunidades. Las olas susurraban promesas de cambio mientras las participantes se unían en un círculo, reafirmando su compromiso de ser agentes de transformación.

El cierre del laboratorio no fue una despedida, sino una siembra. Las propuestas ajustadas en los talleres fueron presentadas en un acto final cargado de emoción y orgullo. Con cada certificado entregado, no solo se reconocía el esfuerzo individual, sino también el poder colectivo de las mujeres afrodescendientes para reescribir la historia política de la región.

**El eco de Améfrica**

Estrategias como esta son de una importancia urgente en sociedades en donde el diálogo político esta siendo reemplazado por la demagogia, el populismo y la desinformación.

Améfrica no terminó con la entrega de certificados ni con el último abrazo entre participantes. Este laboratorio, lleno de rituales, talleres y espacios de intercambio, dejó una semilla en cada una de las mujeres que participaron. Una semilla que, al germinar, promete ayudar a la transformación de la política en América Latina y el Caribe, haciéndola más inclusiva, más humana y, sobre todo, más afrodescendiente. Como ellas mismas dijeron: “No estamos ocupando espacios; estamos creando los nuestros”.

*Améfrica es una iniciativa de la Corporación Amigos de la Unesco en articulación con La Red de Innovación Política de América Latina, con el apoyo del Centro de Formación de la Cooperación Española AECID en Cartagena de Indias y Open Society Foundation, así como la colaboración del Instituto Update, Extituto de Política Abierte y Feeling.