Pero quizá el valor de esa palabra no reside únicamente en su dimensión espiritual. Tal vez su origen más interesante no sea la teología, sino la historia económica. El siglo XX conoció varios “milagros” nacionales, y ninguno fue producto de un acto sobrenatural.

El milagro alemán, el milagro japonés, el milagro coreano describen procesos de transformación que parecían imposibles. Países devastados por la guerra, atrapados en la pobreza o relegados de la economía mundial lograron convertirse, en apenas una generación, en sociedades prósperas, innovadoras y competitivas. Lo extraordinario de esos casos no fue la buena fortuna. Lo extraordinario fue la capacidad de sostener durante décadas una estrategia nacional de crecimiento.

Alemania Occidental emergió de la Segunda Guerra Mundial con sus ciudades destruidas, millones de desplazados y una economía prácticamente colapsada. Corea del Sur, tras la guerra de Corea, era uno de los países más pobres del planeta. A comienzos de los años sesenta su ingreso por habitante era comparable al de muchas economías africanas y buena parte de su infraestructura había desaparecido.

Sin embargo, pocas décadas después Alemania se consolidó como la principal economía europea y Corea del Sur pasó a liderar industrias como la construcción naval, la electrónica, la producción de semiconductores y la innovación tecnológica.

La explicación nunca fue un milagro entendido como un hecho sobrenatural. Detrás de ambos procesos existieron decisiones muy concretas: estabilidad macroeconómica, inversión masiva en educación, fortalecimiento institucional, desarrollo industrial, apertura a las exportaciones, disciplina fiscal y, sobre todo, una continuidad estratégica capaz de sobrevivir a los cambios de gobierno.

Ninguno de esos países encontró una fórmula mágica. Encontraron algo mucho más difícil: perseverancia.

Quizá ahí aparece una de las mayores diferencias entre los países que protagonizaron los llamados milagros económicos y Colombia. Alemania, Corea del Sur, Japón o Irlanda entendieron que existen objetivos nacionales que deben sobrevivir a los gobiernos. Las elecciones cambian los liderazgos, pero no alteran el rumbo estratégico del país. La alternancia política no significa empezar de cero cada cuatro años, sino corregir, perfeccionar y profundizar un proyecto compartido.

Precisamente por eso, la oposición casi trágica en la que está cayendo la política colombiana constituye uno de nuestros mayores fracasos y uno de nuestros mayores riesgos. Hemos convertido la democracia en una disputa permanente donde cada proyecto busca deshacer lo construido por el anterior y donde el éxito de un gobierno parece depender del fracaso del otro. Una nación no puede prosperar si cada elección implica volver a discutir sus fundamentos.

Lo que Colombia necesita por encima de todo no es unanimidad política —propia de los regímenes autoritarios—, sino acuerdos nacionales suficientemente sólidos para trascender las diferencias ideológicas. Necesitamos construir proyectos de país capaces de sobrevivir a los presidentes, a los partidos y a las coyunturas electorales. Porque los milagros económicos no son el resultado de un líder excepcional, sino de sociedades capaces de sostener un mismo horizonte durante décadas.

Nuestra propia historia demuestra que esos consensos son posibles. La Constitución de 1991 constituye, probablemente, el mayor acuerdo político alcanzado por Colombia en el último siglo. En medio de una crisis institucional profunda y de una violencia que parecía no tener salida, el país fue capaz de construir un nuevo pacto constitucional que amplió derechos, fortaleció las instituciones democráticas y redefinió las reglas de convivencia. Con todas sus limitaciones y debates posteriores, sigue siendo uno de los pocos relatos compartidos capaces de reunir a una sociedad profundamente diversa alrededor de unos principios comunes. Ese tipo de logros colectivos son los que construyen nación.

Tal vez el próximo gran acuerdo colombiano deba ser económico. Un consenso que reconozca que el crecimiento sostenido no pertenece a la derecha ni a la izquierda; pertenece a los ciudadanos que necesitan empleo, oportunidades y movilidad social. Un pacto que entienda que invertir en educación, fortalecer la productividad, promover la innovación, aumentar las exportaciones, cerrar las brechas regionales y consolidar instituciones confiables no debería depender del color político del gobierno de turno. Esas son decisiones de Estado, no de campaña.

Porque, al final, un país no se mantiene unido únicamente por una bandera o un territorio. También necesita un relato compartido sobre el futuro. Una idea de progreso que permita que quienes piensan distinto sigan sintiendo que caminan hacia un mismo destino. Sin ese relato común, la democracia corre el riesgo de convertirse en una sucesión de victorias parciales y derrotas colectivas. Ningún milagro económico ha nacido jamás de una sociedad incapaz de ponerse de acuerdo sobre lo esencial.

Esa reflexión resulta especialmente pertinente cuando observamos el comportamiento de la economía colombiana durante las últimas décadas. Nuestro problema no ha sido el colapso. Nuestro problema ha sido la incapacidad para despegar.

Colombia lleva demasiado tiempo creciendo por debajo de su potencial. Más grave aún, ha normalizado ese bajo crecimiento como si fuera una condición inevitable de nuestra historia.

Las cifras muestran esa realidad con claridad. Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación y una de las voces más respetadas de la economía colombiana, hace una observación que trasciende cualquier gobierno específico. Al evaluar los resultados recientes del país señala que “el Gobierno del Cambio no alteró sustancialmente la trayectoria de esos indicadores sociales y económicos”, y concluye que, pese a las enormes expectativas, “fue un gobierno normal”.

Más allá del debate político, esa afirmación revela un problema estructural: Colombia parece incapaz de modificar su trayectoria histórica. Según recuerda González, en 2014 existían alrededor de 16,4 millones de personas en condición de pobreza y una década después la cifra apenas se había reducido hasta 16,3 millones. La desigualdad prácticamente permaneció intacta. Incluso una reforma tributaria progresiva apenas consiguió mover el coeficiente de Gini en unas pocas milésimas.

Estas cifras obligan a una reflexión más profunda. El verdadero drama colombiano no es una crisis permanente, sino la ausencia de grandes transformaciones. No somos un país que se derrumba, pero tampoco uno que despega. Vivimos instalados en una especie de estabilidad mediocre que evita el colapso, pero también impide el desarrollo acelerado.

Tal vez por eso la palabra milagro resulte tan sugerente. No porque implique esperar un acto providencial, sino porque expresa el anhelo de romper esa inercia.

Los milagros económicos tienen una característica común: cambian la velocidad de la historia.

Una economía que crece al dos por ciento anual mejora lentamente las condiciones de vida de su población. Una economía que logra crecer al seis o siete por ciento durante varias décadas transforma completamente el destino de una generación. La diferencia parece pequeña cuando se observa un solo año, pero el crecimiento compuesto multiplica sus efectos. Un país que sostiene tasas altas de crecimiento durante treinta años no solo produce más riqueza: cambia su infraestructura, fortalece sus instituciones, mejora la educación, reduce la pobreza y amplía las oportunidades para millones de personas.

Ese fue el verdadero milagro alemán.

Ese fue el verdadero milagro coreano.

Y esa quizá sea la conversación pendiente en Colombia.

Durante años el debate nacional ha oscilado entre dos visiones aparentemente opuestas. Unos creen que el desarrollo llegará principalmente mediante una mayor redistribución de la riqueza. Otros confían casi exclusivamente en las fuerzas del mercado. Sin embargo, los países que protagonizaron los grandes milagros económicos hicieron algo distinto. Comprendieron que primero debían crear riqueza para después distribuirla. Entendieron que sin productividad no existe Estado de bienestar sostenible; sin empresas competitivas no hay recaudo suficiente; sin inversión no hay empleo; sin crecimiento prolongado cualquier política social termina enfrentándose al límite de los recursos disponibles.

El verdadero milagro no consiste únicamente en aumentar el PIB. Consiste en construir capacidades nacionales. Significa educar mejor, innovar más, exportar productos de mayor valor agregado, fortalecer las instituciones, reducir los costos logísticos, recuperar la confianza inversionista, mejorar la infraestructura y convertir el conocimiento en motor del desarrollo. Significa pasar de discutir únicamente cómo repartir una economía pequeña a preguntarnos cómo construir una economía mucho más grande.

Quizá la mayor enseñanza de Alemania y Corea del Sur sea precisamente esa. Ninguna de las dos naciones esperó un líder providencial. Ambas construyeron proyectos nacionales capaces de sobrevivir a los gobiernos. Entendieron que las grandes transformaciones requieren décadas, no periodos presidenciales.

Y aquí aparece, quizá, el mayor desafío para quienes hoy proponen la idea de una Patria Milagro. Si Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo aspiran a que esa expresión sea algo más que un lema de campaña, tendrán una responsabilidad histórica que trasciende cualquier elección: ayudar a construir los acuerdos nacionales que Colombia ha sido incapaz de consolidar durante décadas.

La historia reciente ofrece una lección elocuente. Gustavo Petro llegó a la Presidencia con el mandato popular más importante que haya recibido la izquierda colombiana y con la promesa de un “Gobierno del Cambio”. Sin embargo, más allá de los debates sobre sus aciertos y errores, terminó enfrentando una realidad que ha acompañado a casi todos los gobiernos del país: la dificultad para convertir un proyecto político en un verdadero proyecto nacional. Incluso su propia coalición terminó fragmentándose, las alianzas se rompieron y muchas de las transformaciones prometidas quedaron atrapadas entre las tensiones del sistema político y las divisiones de quienes inicialmente lo acompañaban. Como escribió Jorge Iván González, quien dirigió el Departamento Nacional de Planeación durante ese gobierno, el resultado fue, en muchos aspectos, el de un “gobierno normal”, incapaz de alterar la trayectoria estructural del país.

Sería un error que quienes hoy hablan de una Patria Milagro repitieran esa misma lógica desde el extremo opuesto. Colombia no necesita reemplazar un proyecto excluyente por otro; necesita construir un proyecto suficientemente amplio para que quienes piensan distinto también puedan reconocer una parte de él como propia.

Los grandes milagros económicos nunca fueron patrimonio de una sola corriente ideológica. En Alemania, Corea del Sur, Irlanda o España hubo alternancia política, desacuerdos profundos y debates intensos. Lo que no cambió fue el compromiso con ciertos objetivos nacionales: crecer, educar, industrializar, exportar, fortalecer las instituciones y aumentar las oportunidades para las nuevas generaciones. Los gobiernos discutían el camino, pero compartían el destino.

Esa debería ser, quizá, la verdadera ambición de una Patria Milagro. No ganar una elección. No derrotar definitivamente a un adversario político. No imponer un relato sobre los demás. La verdadera ambición debería ser construir un relato nacional tan sólido que sobreviva a quienes hoy lo proponen.

Porque un milagro económico nunca comienza cuando un líder llega al poder. Comienza cuando una sociedad descubre que hay objetivos más importantes que la próxima elección. Cuando entiende que el crecimiento, la educación, la productividad, la ciencia, la seguridad jurídica, la infraestructura o la lucha contra la pobreza dejan de ser banderas de un partido para convertirse en causas de toda una nación.

Si la expresión Patria Milagro quiere tener un lugar en la historia, deberá significar precisamente eso: la voluntad de convocar, de escuchar, de integrar y de construir consensos. Los milagros no ocurren cuando una mitad del país derrota a la otra. Ocurren cuando un país consigue, por fin, ponerse de acuerdo sobre aquello que vale la pena construir juntos.

Porque la historia demuestra que los milagros existen. Pero también demuestra que nunca ocurren por casualidad. Son el nombre que damos, muchos años después, a la disciplina, la visión y la constancia de sociedades que decidieron cambiar su destino.

Quizá el verdadero milagro que necesita Colombia no sea extraordinario en el sentido religioso. Quizá sea, simplemente, el más difícil de todos: abandonar la improvisación, recuperar la confianza entre quienes piensan distinto y aprender, por fin, a crecer juntos.

Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

En este momento conviene recordar que la grandeza de una democracia se mide tanto por la conducta de quienes asumen el triunfo como por la manera en que los demás asimilan la derrota. El escrutinio y los recursos electorales forman parte, por supuesto, de las garantías del sistema y deben ejercerse plenamente. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre acudir a las instituciones con evidencias concretas y sembrar, como estrategia política, una sospecha generalizada sobre la legitimidad de todo el proceso. Las autoridades electorales, los testigos de las campañas y las misiones nacionales e internacionales de observación acompañaron la elección y ofrecieron un parte general de tranquilidad. Sería, por tanto, gravísimo sentar el precedente de que un resultado solo se reconoce cuando favorece a un determinado sector.

Reconocer un resultado adverso no significa abandonar las convicciones ni renunciar al control político, sino aceptar que las diferencias se tramitan mediante el derecho, la oposición y el debate público. Quienes no obtuvieron el respaldo mayoritario tienen ahora el deber de ocupar un espacio esencial: el del contrapeso democrático. Este será un paso necesario para avanzar hacia la estabilidad democrática del país.

Sin embargo, la responsabilidad principal ante el país recaerá en quien gobernará durante los próximos cuatro años. El estrecho resultado electoral demuestra que, junto al país que respaldó el nuevo rumbo, existe otro, prácticamente equivalente en número de votos, que expresó una visión distinta sobre el futuro de Colombia. Reconocer su existencia, sus preocupaciones y sus expectativas será fundamental.

El nuevo presidente electo tendrá que gobernar para quienes celebran su victoria, para quienes la observan con expectativa y también para quienes votaron en su contra. Así como los derrotados deben reconocer la voluntad expresada en las urnas, el vencedor tendrá la obligación de no interpretar el resultado como un cheque en blanco, menos aún en las profundas tensiones políticas que atraviesa actualmente el país.

Esa responsabilidad se hará especialmente visible en el Congreso. La composición del Senado y la Cámara de Representantes no le otorgará automáticamente una mayoría al nuevo Gobierno. Cada reforma relevante exigirá diálogo y la construcción de acuerdos. La gobernabilidad será uno de los mayores desafíos del próximo cuatrienio y no podrá sostenerse exclusivamente en negociaciones burocráticas ni en coaliciones improvisadas en torno a cada votación.

El país necesitará, entonces, consensos programáticos y amplios sobre asuntos esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional, la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Construir esos acuerdos no significará renunciar al programa elegido por la ciudadanía, sino comprender que las transformaciones duraderas, en una sociedad pluralista y profundamente dividida, rara vez pueden imponerse desde una sola orilla.

Esa voluntad de concertación deberá estar acompañada por una administración capaz de convertir las decisiones políticas en resultados concretos. El nuevo Gobierno llega con un mensaje contundente y una oportunidad invaluable para recuperar la confianza ciudadana, restablecer el orden y devolverle a la administración pública su capacidad de ejecución. Para que esa visión trascienda el discurso y se convierta en realidad, la arquitectura gubernamental deberá sustentarse en un equipo excepcional.

La conformación del gabinete será una de sus primeras y más reveladoras decisiones. Colombia necesitará ministros y altos funcionarios con las más altas calidades académicas, técnicas, profesionales y éticas. No bastará con premiar la lealtad. El momento histórico exigirá conocimiento sectorial, experiencia administrativa, independencia de criterio, integridad comprobada y capacidad para generar resultados.

En esa arquitectura, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, podrá desempeñar un papel fundamental. Su trayectoria académica, su conocimiento de la economía y su experiencia en la administración pública pueden contribuir a traducir las prioridades políticas en decisiones técnicamente responsables. Una Presidencia impulsada por el liderazgo y la autoridad, acompañada por el rigor técnico y la capacidad gerencial, puede constituir una fórmula prometedora.

No obstante, el éxito del Gobierno no dependerá de una sola figura. Ese estándar de idoneidad deberá extenderse a todo el gabinete, a las entidades descentralizadas, a las superintendencias y a la representación diplomática. Colombia no necesita sustituir una improvisación por otra, sino construir un Estado que combine orientación política con evidencia, capacidad de ejecución con responsabilidad fiscal y autoridad con respeto por los procedimientos.

A esa exigencia de idoneidad deberá sumarse la coherencia. El presidente tendrá que ser fiel a su palabra, y la ciudadanía tendrá derecho a exigir correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y lo ejecutado desde el Gobierno. Cuando alguna propuesta deba modificarse por razones fiscales, jurídicas o institucionales, será indispensable explicarlo con transparencia.

Sobre esa base, uno de los frentes prioritarios será la recuperación de la seguridad. El país espera resultados frente al fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la extorsión y la pérdida de control territorial. Recuperar la autoridad estatal requerirá inteligencia, coordinación institucional, presencia efectiva en los territorios y una estrategia que articule seguridad, justicia y oportunidades económicas.

De manera paralela, será urgente recuperar la confianza en la economía. El nuevo Gobierno deberá generar condiciones para la inversión, proteger la estabilidad fiscal, impulsar la productividad y reconstruir una relación de confianza entre el Estado, el sector privado y los territorios. El crecimiento no podrá concebirse como una simple abstracción estadística: deberá traducirse en empleo formal, movilidad social y oportunidades reales para las regiones históricamente más rezagadas.

Tanto en materia de seguridad como en la conducción económica, el ejercicio del poder requerirá una profunda sabiduría republicana. Recuperar la autoridad no implica desconocer la crítica, debilitar el pluralismo ni ignorar que, en la orilla contraria, existen preocupaciones legítimas sobre el futuro de la nación. Gobernar con sentido de Estado supone ejercer el poder con firmeza, pero también con límites claros, respeto institucional y conciencia de la diversidad del país.

Esa misma madurez deberá reflejarse tempranamente en la política exterior. La intención manifestada por el presidente electo de sanar y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos constituye un punto de partida pragmático y necesario, dada la importancia de ese país para el comercio, la seguridad, la inversión y buena parte de la cooperación internacional de Colombia.

Al mismo tiempo, el país necesitará una política exterior profesional, diversificada y estable, capaz de defender el interés nacional, reconstruir alianzas y ampliar su presencia en otras regiones. Las relaciones internacionales no pueden seguir dependiendo de afinidades ideológicas, impulsos personales ni de controversias dirimidas en redes sociales. Para avanzar en esa dirección será indispensable reconstruir las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia no puede seguir desmantelando su servicio exterior en nombre de las ideologías de turno y crear condiciones para que los mejores talentos de las regiones puedan formarse, ingresar a la carrera diplomática y representar al país con excelencia, nivelando por lo alto y no por lo bajo el servicio exterior.

Pero la proyección internacional de Colombia no dependerá únicamente del cuidado de sus relaciones exteriores. También estará determinada por su capacidad para educar, producir conocimiento, innovar y formar el talento que las transformaciones productivas y científicas contemporáneas demandan. Por ello, la recuperación del país deberá sustentarse en una gran apuesta nacional por la educación, la ciencia y el conocimiento.

Colombia no podrá resolver sus problemas de productividad, desigualdad, violencia y debilidad institucional mientras la educación continúe tratándose como un sector aislado y no como el fundamento de su desarrollo. El nuevo Gobierno tendrá que reducir las profundas brechas entre territorios, mejorar la calidad en todos los niveles y garantizar que el origen social o el lugar de nacimiento no sigan determinando las posibilidades de cada ciudadano.

Esta apuesta exigirá dignificar la profesión docente, fortalecer las instituciones educativas y construir una formación que responda a los grandes desafíos sociales, culturales, científicos y productivos del país. Colombia necesita una educación que no solo prepare para el trabajo, sino que forme ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar en la vida democrática, convivir con la diferencia y contribuir a la transformación de sus comunidades.

En ese horizonte, la ciencia, la tecnología y la innovación deberán dejar de ocupar un lugar periférico en las decisiones del Estado. Un país que no produce conocimiento queda condenado a depender de las soluciones, tecnologías y prioridades definidas por otros. Fortalecer la investigación, respaldar el talento nacional y articular las capacidades de las universidades, las empresas, el Estado y los territorios será indispensable para diversificar la economía, enfrentar los cambios tecnológicos y construir una verdadera sociedad del conocimiento.

Todas las universidades, en el marco de un sistema mixto de educación superior revitalizado, deberán desempeñar un papel central en este propósito. Estas no son únicamente espacios de formación profesional, sino instituciones capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación, fortalecer la cultura democrática y conectar los territorios con oportunidades nacionales e internacionales. Convertirlas en aliadas estratégicas permitirá que la transformación del país no se concentre en unas pocas ciudades, sino que nazca también de las capacidades, los saberes y las aspiraciones de sus regiones.

El Gobierno electo tiene, en suma, una oportunidad excepcional para corregir el rumbo, recuperar la confianza y fortalecer el Estado. Pero recibe también un país dividido, con enormes desafíos en materia de seguridad, productividad, desigualdad, conocimiento y presencia territorial. Su éxito no dependerá únicamente de la firmeza de sus decisiones, sino de su capacidad para construir consensos, conformar un equipo de las más altas capacidades y gobernar más allá de quienes depositaron su voto en él.

En este orden de ideas, el nuevo rumbo de Colombia deberá sostenerse en la autoridad, pero también en la sensatez; en la técnica, pero también en la sensibilidad social; en la convicción, pero también en el respeto por la diferencia. Solo así será posible consolidar instituciones sólidas y resguardar ese delicado y complejo sistema que sostiene nuestra democracia.

• “Los del gallinero pueden aplaudir, los de los palcos basta con que hagan sonar sus joyas”: John Lennon, cantante.

• “Enfermo está el mundo donde tener y ser significan lo mismo”: Eduardo Galeano, escritor.

• “Cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales”: John Maynard Keynes, economista británico.

El bienestar de unos pocos no es la prosperidad de todo un país, del mismo modo que ciertos ricos cuando hablan enseñan más sobre la desigualdad que cuando permanecen callados.

La riqueza jamás será un problema, sobre todo para quien la posee; la pobreza en cambio sí. Lo único malo de la riqueza es enrostrársela a los demás. El rico de cuna no alardea con eso. Ah, pero eso era en otros tiempos. En la era de Instagram la cosa es distinta. Exhibirse es parte del nuevo relato. No basta con ser sino que hay que parecer, para que los demás sueñen con llegar tanto alto como quieran.

Tengo en la retina aquella imagen polémica de la revista Hola edición Colombia del año 2011, en la que aparecían las, entonces, mujeres más poderosas del Valle del Cauca y en la misma fotografía, al fondo, dos empleadas del servicio, negras ellas, con sus impecables vestidos blancos sosteniendo las teteras de las que saldría el té para las señoras muy aseñoradas. La imagen causó revuelo.

Hoy ya nada sorprende. La esposa del candidato Abelardo de la Espriella soltó en público una de esas frases que usted soltaría en la sala de su casa, con o sin la empleada presente.

“Tenemos dos caminos: ganar o perder y bueno, si perdemos no pasa nada porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos, nuestros hijos, estamos en otro país. Si queremos vamos a Colombia, si no, no”, dijo en Semana Ana Lucía Pineda.

Todavía no entiendo por qué pasamos a la ligera ese episodio que revela el país clasista que somos, ese al que nada le importa, porque nada tiene que perder. Ni su jet privado, ni su triple nacionalidad, contando la italiana y la gringa.

“Ya tenemos una vida resuelta”. La frase resuena en mi cabeza. Es maravilloso y envidiable saber que se tiene una vida confortable y que eso jamás cambiará. ¿Qué malo podría pasarle a uno en la vida si ya todo está arreglado? Ni Dios, el Dios en el que ahora cree el exateo Abelardo, podría disponer otra cosa.   

De malas, eso sí, aquellos que no han resuelto nada en su vida, que los hay por millones en este mundo de desarrapados, que se levantan cuando todavía no ha amanecido para ir a buscar lo del diario, y regresan cuando ya anocheció. Aquellos que resuelven seis meses de alimentación con lo que otros gastan en una botella de ron, destapada y consumida en la misma noche. En La chinita, el barrio más pobre de Barranquilla, la gente se levanta a las 4:00 de la mañana para resolver cada día su vida. Un día a la vez, la lucha por sobrevivir ¡qué afán!

La inmensa mayoría de mujeres no tienen la dicha de Ana Lucia Pineda. No tienen criadas que eduquen a sus hijos, apellido con abolengo y menos un marido adinerado.

Pero, ojo, no estoy diciendo que los De la Espriella-Pineda tengan la culpa de que otros sean pobres o no hayan buscado la manera creativa de no serlo.

Su vida de privilegios no debe ser asunto de dominio público. Públicos, en cambio, son los comportamientos de un hombre público. ¿Qué pensaba la señora Analú cuando su marido le pedía a la periodista Laura Rodríguez, de Piso 8 Fm, opinar sobre su paquete? Al final, la reportera, no dijo nada sobre lo que aquel preguntó y debe ser, como dicen, porque no vio nada extraordinario. Un juez, en cambio, vio en ello una conducta reprochable y le pidió al candidato disculparse.

• “Soy, definitivamente, un antimachista. El machismo es cobardía, falta de hombría”: Gabriel García Márquez, escritor.  

• “El machismo es lo que más detesto en este mundo. Toda mi obra es una condena larga y constante de esa actitud, porque el machismo es la peor desgracia que tenemos en América Latina y particularmente en el Caribe”. Gabriel García Márquez, escritor.  

¿Qué piensa ella, la administradora de empresas con la vida resuelta, cuando tildan a su marido de misógino, machista, homófobo, atarván, fantoche, fascista, etcétera…? El machismo de Abelardo de la Espriella se evidencia en el círculo intimo que lo rodea. No hay una sola mujer (¿acaso una oda a la manosfera?), pero peor que eso: escondió a los mismos de siempre con los que gobernará, empezando por Álvaro Uribe y César Gaviria; no hablemos ya de los señores Char.

¿Qué siente la señora Ana Lucía cuando ve a su esposo humillar a otras mujeres en público? Yo, con morbosa curiosidad, me pregunto si también es así en privado o es solo parte de su show electoral, que no lo creo.

Quienes tenemos amigos costeños, sabemos cómo el machismo es algo cultural, más no la regla. Porque los hay que hablan bien de sus paisanos. Gabriel García Márquez, por ejemplo, no solo puso a las mujeres en el centro de su obra, sino que las consideraba las más aptas para gobernar a Colombia.

Decía Gabo “Los hombres no servimos para gobernar este país. Servimos para pintar, para escribir, para jugar fútbol… Hay grandes talentos médicos, grandes talentos del narcotráfico. Hay grandes talentos del bien y del mal. Todos son muy buenos en cada una de las especialidades. En lo único en que hemos sido malísimos es en gobernar el país. La salida son las mujeres. Probemos con una mujer”.

De Pilar Rueda, la esposa de Iván Cepeda, sabemos que es antropóloga de la Universidad Nacional, con una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz con énfasis en Derechos Humanos, Justicia y Género de la Universidad de Notre Dame. Trabajó para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como investigadora en temas de violencia sexual, derechos de las mujeres y protección de víctimas, en el marco del conflicto armado.

“En esta elección está en juego la libertad de ser”, le dijo Pilar Rueda al diario El País.

“Seamos activas, mujeres, y decidamos”, dijo Ana Lucía Pineda en Semana.

El 21 de junio se elige no un presidente. Elegimos entre dos Colombias, en la que una en nada se parece a la otra. Y, como dije en otra entrada de este blog, de lo que se trata es de reconciliar esas dos naciones tan desiguales, sin necesidad de sacarle las tripas a nadie. Porque lo malo no es la riqueza material de unos, sino la pobreza espiritual de la mayoría.

Hasta finales de julio de 2026 se puede ver en el Claustro de San Agustín “Exvotos de la Desobediencia”, una exposición en la que la desobediencia es una forma de pensamiento: una interrupción de la indiferencia, una forma de mirar donde la dignidad de la vida no puede ser negada.

Una nueva exposición de Débora Arango se puede ver en Bogotá, esta vez en el Claustro de San Agustín, en pleno centro de la capital.

Meses después de que el Museo Santa Clara exhibiera “La huida del convento”, las acuarelas más emblemáticas de la colección de Débora Arango del Museo de Arte Moderno de Medellín, MAMM, este museo vuelve a prestar las obras que custodia de la artista.

Es por esto por lo que el Claustro de San Agustín se expone hasta julio de 2026 “Exvotos de la Desobediencia”, una muestra en la que el arte de Débora Arango dialoga con el trabajo de Alfonso Quijano, Pedro Nel Gómez y Luis Giraldo.

En “Exvotos de la Desobediencia” se pueden apreciar 20 obras de la artista realizadas entre 1940 y 1950, década en la que viajó a Estados Unidos y México.

Para entender el diálogo que propone la curadora María Belén Sáenz de Ibarra en “Exvotos de la desobediencia” toca desglosar la propuesta de cada artista.

Débora Arango es una de las pintoras y acuarelistas más importantes de Colombia, figura clave del pensamiento contemporáneo y el feminismo, por lo que su obra trasgredió los cánones estéticos al representar la desnudez y la violencia en el cuerpo femenino, o la pobreza y otros problemas sociales.

Esta exposición recuerda que una de las grandes frustraciones de Débora Arango fue la censura que le impidió dedicarse al muralismo.

Por su parte, Alfonso Quijano fue figura clave de las artes gráficas en Colombia, reconocido por las xilografías en las que abordó la violencia política, la lucha por la tierra y la desigualdad.

Y entonces, ¿cómo es que obras como “Maternidad negra” o “Familia” de Débora Arango dialogan con “La cosecha de los violentos” de Alfonso Quijano, una de las obras más emblemáticas sobre la violencia en el país realizada en 1968?

Los cuerpos cansados son testigos del desinterés y el despojo.

En “Exvotos de la Desobediencia” también se puede apreciar “Barequera en reposo”, obra de 1930 de Pedro Nel Gómez, artista influyente del arte colombiano del siglo XX, pionero del muralismo en el país; y quien fue maestro de Débora Arango.

Las obras de los maestros colombianos se articulan con las del joven Luis Hernando Giraldo, quien crea paisajes y escenas que evocan lo rural, lo íntimo y lo esencial.

Y entonces, después de recorrer varias veces la exposición, leer los textos y detallar las obras pude atender cómo “Exvotos de la Desobediencia” tiene que ver todo con la desigualdad, exclusión social y la violencia que es tan estructural que también repercute en la tierra, la memoria del cuerpo y del paisaje; y las formas de vida.

Y las denuncias de estas obras realizadas en los años 30, 40, 50, 60 y 70 del siglo pasado siguen muy vigentes en el siglo XXI.

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte

Yo no sé quién va a ganar las elecciones 

pero sí sé que yo las perdí.

ANDRES CARO

Finalizó prácticamente el gobierno Petro. Ya hizo, deshizo o no hizo lo que pudo en estos casi cuatro años. Y ahora, en el último tramo, está en modo campaña para asegurarse de entregar el poder a alguien de su misma cuerda. Apenas natural, aunque pise terrenos de dudosa legalidad. Es hora pues de balances de su administración y del lanzamiento de ideas sobre quién debe sucederlo. 

El analista Álvaro Forero en El Espectador plantea un buen punto para hacerlo: que el problema de Petro ha sido el cómo y no el qué.

Los qués del Presidente conforman una lista de buenas intenciones para promover la justicia social. A estas alturas del partido ya no es posible desconocer que Petro fue el catalizador del descontento que se expresó en el estallido social de 2020, que con tanta torpeza y brutalidad manejó el presidente Duque, quien así facilitó el triunfo de la izquierda.

Como afirma James Robinson, premio Nobel de economía 2024, Petro sacó a la luz una verdad incómoda: Colombia no es un caso de éxito como piensan sus élites. Sacó de debajo de la alfombra viejos problemas mal resueltos (pobreza, violencia, exclusión, desigualdad). Un sistema de salud que funcionaba bien para una parte de la población pero que abandonó a su suerte la periferia y a millones de personas. A lo que se agregan la enorme corrupción, los abusos de varias EPS y la falta de control del Estado de los recursos dedicados a este renglón. Evidenció un sistema de pensiones que beneficiaba a una mínima porción de la población. Mostró que la reforma agraria caminaba parsimoniosamente debido a la maraña institucional y jurídica. Concretó una reforma laboral que recuperó derechos mínimos de los trabajadores. Llevó a la agenda pública la urgencia de acelerar la transición energética y transformar la matriz exportadora del país. No es poca cosa. 

Lo anterior fue acompañado de la inclusión de una nueva oleada de funcionarios públicos provenientes de sectores sociales y étnicos tradicionalmente excluidos de la administración pública. Muchos sin experiencia y sin preparación, no pocos con alma de corruptos, todo hay que decirlo. En suma, se erigió en portavoz de los excluidos.

Todo sonaba muy bien hasta ahí. Fuera de una oposición desorientada, pocos podrían rechazar estos propósitos. Algunos sectores tradicionales consideraron que no había nada para cambiar, que las cosas iban bien como estaban. Y el presidente, por su parte, fue incapaz de unir al país alrededor de sus magníficos propósitos. ¡Y así estamos como estamos!

Además del lamentable y grotesco estilo de liderazgo, el cómo lograrlo fue el gran desacierto del presidente. Empezando por algo sustancial y que va contra toda evidencia: pretender que el Estado sea el agente central de los procesos sociales y económicos para impulsar la prosperidad. Aquí comenzaron las grandes desavenencias del Presidente con buena parte de la sociedad colombiana, que no está a favor de que la economía esté bajo control del Estado. Venezuela y Cuba son experiencias fracasadas demasiado próximas al colombiano.

Dejar en manos del Estado el manejo de nuestras vidas y de la vida social es una apuesta peligrosa. El nuestro es un Estado mediocre y débil, y una fuente de enriquecimiento fácil para muchos políticos (de todos los colores), y sus clientelas y contratistas. Hace bien muy pocas cosas.  A la iniciativa privada, hay que dejarla actuar. Con reglas severas porque no son ángeles. Las farmacéuticas, las petroleras, los bancos, las constructoras, las electrificadoras, las EPS y un largo etcétera son codiciosas, en el buen y en el mal sentido del término. Su afán de lucro es legítimo, pero deben ser vigiladas porque no siempre le conceden importancia al beneficio colectivo. 

Frente a esta situación, las opciones electorales son precarias. Un candidato de izquierda que anclado en el pasado busca ante todo justicia para las víctimas, que defiende la continuidad de lo que ha hecho hasta ahora el gobierno actual sin ningún asomo de autocrítica frente a la corrupción, la violencia, la incompetencia ejecutiva y el desconocimiento técnico de los problemas. Y candidatos de derecha que, fuera de criticar con virulencia al presidente a causa de su mala gestión, resentimiento e ideología, no proponen soluciones a los problemas y añoran la pasada normalidad. En tanto, los candidatos del centro convencen a muy pocos pese a sus sesudos programas; podrían ser buenos presidentes pero regulares candidatos.

Y sin embargo, hay que escoger por quién votar. Como ocurre en todo matrimonio bien resuelto, son obligatorias las renuncias y concesiones. Enterrar pasados oscuros. Tragarse sapos. Abandonar “la idiotez de lo perfecto”. Pensar más en tiempo futuro que en pretérito.

Como electores deberíamos —yo sé que la mayoría no lo hace; el voto racional es un mito— examinar en los candidatos su capacidad para combinar propósitos sinceros de reformas con habilidades de ejecución dentro de un marco democrático. Ese difícil equilibrio entre la capacidad de soñar con algo mejor y ser capaz de llegar hasta allá y convertirlo en realidad,

La izquierda tiene en la cabeza planes revolucionarios y visiones apocalípticas, soberbia moral, limitada capacidad administrativa, desdén por los principios de la democracia liberal (la independencia de poderes, el pluralismo, la seguridad, la libertad de expresión), preferencia por la oclocracia (el bullicio de las calles), y una ideología victimista y asistencialista. En las derechas cultivan odios viscerales, poseen capacidades de gestión pública, ímpetus autocráticos y, por desgracia, una tímida intención de reformas. En tanto, los centros tienen soluciones pero no votos.

Equilibrar idealismo y pragmatismo es difícil. Pero toca. El voto por convicción y el voto útil. Los dos candidatos que alientan la esperanza y siembran las semillas de movimientos políticos social demócratas no tienen, a estas alturas, posibilidades. Lo que pinta escenarios muy incómodos para el duelo final: Cepeda versus Abelardo o Cepeda versus Paloma. Terribles opciones para muchos. Pero es lo que hay. 

A mi juicio, debido a la experiencia vivida con este gobierno, la izquierda tiene serias limitaciones para estar a cargo del intrincado aparato estatal y los recursos públicos. Prefiere distribuir riqueza que crearla. Sabe discursear pero no ejecutar con impecabilidad. El centro derecha tiene tecnocracia conocedora de la gestión pública pero adolece de sensibilidad social y ánimos de reformas serias. La ultraderecha … ¡mmm! … habría que taladrar mucho para hallar algo de valor.

Con no poca vacilación diría que estamos impelidos a escoger El Mal Menor. Y de todas maneras queda la alternativa de un airado e infructuoso voto en blanco.

“Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Tengo en mis manos un libro no apto para proxenetas, victimarios, puteros, compradores de sexo o personas con agenda “política”, social o económica de explotación sexual disfrazada de libertad, libre desarrollo de la personalidad o libre mercado. Este libro, cero moralista, no va contra las víctimas o sobrevivientes de la explotación sexual; no señor, no se confundan. Para ellas, enfoque de derechos y protección, muy a tono con la CEDAW y nuestro bloque de constitucionalidad. Va contra un sistema que normalizó la venta y compra de cuerpos y la explotación.

Un libro, pero también esta columna, que irritará a algunos constitucionalistas o juristas en línea regulatoria. ¿Regulación de qué? ¿De la explotación y llamar a eso “trabajo sexual” o “actividades sexuales pagas”. Tremenda doctrina se echan sin haber estado en una esquina del barrio Santa Fe de Bogotá o de esos lugares, incluso virtuales, donde la criminalidad, la mafia, el microtráfico, la adicción, el sadismo, la pobreza y el sistema patriarcal muestran su peor cara.

Sin duda, “Sobreviviente” irritará o será sometido a la quema “intelectual” y física por aquellos que nos venden el mundo webcam como la panacea de la autonomía. Tampoco es un libro para quienes se lucran del estado de prostitución o esclavitud al que someten a niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans, disidencias sexuales y más.

Un libro que me llevó a revisar nuevamente el Código Penal y toda la línea feminista y de protección de niños, niñas, mujeres, mujeres trans y más, que se ha consolidado, especialmente, en esta primera parte del siglo XXI. La prostitución no es un delito en Colombia y, aun si lo fuera, tampoco erradicaríamos esta crueldad de marras. Poco puede hacer un Código frente a la tremenda mafia y al capital que se mueve alrededor de estas actividades, algunas de ellas identificadas como explotación sexual en dicha normativa, que no logra aplicar de forma plena la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y que entró en vigor en 1981. Instrumento plenamente integrado en nuestro bloque de constitucionalidad.

Tipos penales sobre inducir o constreñir a la prostitución. ¿Cuántos y cuántas han hecho de esto su negocio de vida: proxenetas profesionales? Trata de personas con fines de explotación sexual, demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años, turismo sexual y muchos tipos más relacionados con este infinito mundo de crueldad del cual no escapa el Estado patriarcal que nos cobija.

“Sobreviviente” denota la clara agenda abolicionista de su autora, Claudia Yurley Quintero Rolón. Una agenda que ha tenido mujeres valientes desde la teoría, pero también desde el activismo contra ese mundo “prostituyente”. Abolir, pero sin criminalizar a las víctimas y sobrevivientes de explotación sexual, para quienes la ternura y las políticas de inclusión deben ser posibles: dignidad, trabajo, salud y acceso pleno al Estado social de derecho o de bienestar. Abolir, no regular la explotación bajo la supuesta idea de un trabajo sexual. Eso sí, criminalizar al comprador de sexo, al proxeneta y al delincuente de la trata.

“Quieren legalizar la prostitución bajo el falso argumento de proteger nuestros derechos. Pero lo que nosotras necesitamos no son derechos laborales para ser prostituidas; son derechos humanos para vivir con dignidad. (…) No queremos zonas de tolerancia, ni burdeles legales, ni empresarización del proxenetismo. No queremos que nos conviertan en cifras tributarias para enriquecer a quienes siempre nos explotaron. No queremos que el Estado nos abandone disfrazando su omisión de regulación. Queremos alternativas. Queremos oportunidades reales. Queremos que se cuestione la demanda. ¿Quiénes compran sexo? Prácticamente todos los hombres. Esa es la base del problema. Una sociedad que permite que el deseo masculino tenga más valor que la libertad femenina. Que justifica la compra de cuerpos como si fuera un derecho. Y que luego quiere maquillar esa violencia con contratos”.

Esas fueron las palabras de Claudia Yurley Quintero Rolón en una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional y que luego dio lugar a la Sentencia SU-062 de 2019, en la cual, según palabras de Claudia: “No solo negó la tutela a la propietaria de un burdel, sino que dejó claro que no existe un derecho a exigir que el Estado habilite zonas para explotar la prostitución”.

La misma voz que habló ante la Corte Constitucional decidió, desde la pluma, relatar la cruel experiencia del desplazamiento padecido, la huida con sus hijos y sin rumbo, la llegada a las frías ciudades y sus cinturones de miseria (“Bogotá, la ciudad que me tragó”), el ingreso al mundo de la explotación sexual para sobrevivir y superar el frío y el hambre, el carcelero, el proxeneta, el violento y violador que puede dormir, incluso, en la misma cama y al lado de sus hijos, el cuerpo explotado por años y décadas en plena sobrevivencia, la destrucción física a punta de comida precaria, adicciones y sustancias para sobrellevar el dolor, la morbilidad y las enfermedades, la mutación del cuerpo y la ayuda de las mujeres que poco a poco tocaron su puerta. Incluso el aliciente de algunas instituciones y servidores públicos que hacen la tarea por las víctimas, sin las cuales hubiese sido imposible huir de tamaño vejamen de vida al que están sometidas miles de mujeres que siguen en las calles, en las esquinas, en los antros de los proxenetas, secuestradas en casas o vigiladas por las pantallas. Luego vino el regreso al nombre, a la palabra y a la dignidad; la reconstrucción, la superación del dolor con los hijos, la terapia, mil veces la terapia, la construcción de caminos, el activismo y sus innumerables complejidades, envidias y acosos ascendentes, como ella los llama, y que la judicializaron por años, el premio Mujer Cafam, la creación de fundaciones y la consolidación de una marca activista que hoy le ha merecido un lugar en Colombia y en el mundo en la lucha contra la explotación sexual.

La autora describe a la red de mujeres: las “ali Hadas”. Sin ellas no hubiese salido de ese torbellino. No todas cuentan con la misma suerte. Con la mano amiga de Luz Marina Bernal, una de las valientes Madres de Soacha, y tantas otras que aparecen en ese escrito, volvió a tener su nombre de pila, su cuerpo, sus hijos, su proyecto de vida y su historia. De Cúcuta fue vomitada hacia un territorio de esperanza y sobrevivencia como Cazucá, y allí esas “ali Hadas” llegaron a darle un vaso de agua, la mano y amor. Todo un reconocimiento para ellas en ese escrito.

En fin, una vida que tuvo sentido el día en que entendió que su cuerpo y su mente estaban en plena creación de una agenda social y política de salvación para cientos y miles, pero también de una senda no exenta de enemigos. Y no es para menos: la lucha abolicionista, la construcción de alternativas, no para criminalizar a las mujeres vandalizadas, como ella las identifica, sino a quienes siguen sosteniendo la agenda “prostituyente” o proprostitución en Colombia, es profundamente peligrosa.

Esta psicóloga, terapeuta social y activista identifica tres caminos: el prohibicionista, donde, como ella lo relata, “el Estado se lava las manos castigando a quien está más abajo de la cadena y deja intacto al que compra y al que lucra”; el de la legalización o regulación, donde “el Estado se pone traje y corbata para administrar el mismo negocio. Se reparten licencias, se permiten burdeles, se abren zonas; a veces lo llaman trabajo sexual y prometen derechos laborales”; y un tercero, el abolicionista, más moderno en su criterio, donde “el esfuerzo grande no se invierte en recoger tasas ni en redactar reglamentos para locales, sino en construir salidas reales: ingresos de transición, vivienda, cupos de estudio, empleo, salud integral, cuidado para los hijos y regularización migratoria cuando aplique”.

La diferencia, según ella, en lo profundo, es la pregunta ética que cada camino responde. El prohibicionismo pregunta: “¿Cómo saco de mi vista lo que me incomoda?” y responde con policías. La legalización pregunta: “¿Cómo ordeno un mercado que ya existe?” y responde con licencias. El abolicionismo pregunta: “¿Cómo reduzco la violencia y la desigualdad que alimentan ese mercado?” y responde con derechos, con límites a quienes compran y con alternativas para quienes han sido empujadas allí.

No es fácil. Pero esta última alternativa comienza a abrirse paso en Colombia, lentamente, en amplios sectores del feminismo contemporáneo y en las voces de quienes sobrevivieron al horror y decidieron contar lo que muchos prefieren no mirar. “Sobreviviente” no es un libro cómodo. Tal como lo señala la prologuista, Ana Cristina Restrepo Jiménez: “No es una batalla contra la sexualidad; es una conversación seria sobre el poder. La abolición mira a los hombres y les habla claro: el deseo no es derecho. Comprar acceso al cuerpo de otra persona no es libertad sexual; es dominación con recibo”.

Un libro que confrontará a hombres, pero también a mujeres que hoy soportan el trabajo sexual desde el derecho y sus diversas aristas, las políticas públicas, la legislación, la doctrina y hasta la jurisprudencia. Un debate abierto sobre la ausencia de dignidad en el mundo de la violencia y la explotación sexual y las mentiras de la supuesta libertad o elección por la crueldad.

¿Cuántos y cuántas cambiarán, a partir de su lectura, la mirada sobre la supuesta libertad, autonomía y hasta el libre mercado de la crueldad y los cuerpos? El debate está abierto.

Nota: Bella edición de este texto y gran felicitación a las ilustradoras Sara Daniela Herrera Pereira y Mariana Hernández Useche (técnica en grafito sobre papel) y a Claudia Fernández Franco por el acompañamiento editorial realizado a la autora.

https://www.youtube.com/@LoslentesdeLiliana

La película, dirigida por Andrés Ruiz Zuluaga y por estos días en salas de cine del país, sigue durante 14 años la vida de varias familias colombianas en distintas regiones. Basada en una investigación de la Facultad de Economía de Universidad de los Andes sobre pobreza y movilidad social, el documental tiene algo perturbador: el tiempo. Ver pasar más de una década frente a la pantalla obliga a entender que la desigualdad no es un accidente momentáneo ni una cifra abstracta. Es una estructura que se hereda, se reproduce y, muchas veces, se naturaliza.

Hay algo especialmente interesante —y también revelador— en el origen mismo de la película. Que una investigación sobre desigualdad nazca desde una universidad históricamente asociada al privilegio en Colombia abre preguntas necesarias sobre el papel de la academia en un país tan fragmentado socialmente. ¿Cómo se estudian las brechas sociales desde instituciones que también hacen parte de esa realidad? ¿Hasta dónde el conocimiento académico logra traducirse en transformaciones concretas y no solamente en diagnósticos distantes sobre el país?

Mientras veía el documental pensaba constantemente en eso. En la distancia entre los papers, las estadísticas y las vidas reales que aparecen en pantalla. En cómo durante décadas Colombia ha producido diagnósticos brillantes sobre pobreza, violencia y exclusión, mientras las brechas siguen ahí, casi intactas, cambiando apenas de forma.

Por eso terminé visitando la rectoría de Raquel Bernal. Quería entender qué ocurre cuando una economista acostumbrada a trabajar con datos termina enfrentándose a las historias concretas detrás de esos números. Y también quería hablar con la primera mujer rectora en la historia de Los Andes sobre algo más amplio: la relación entre conocimiento, poder y desigualdad en Colombia.

La conversación rápidamente dejó de ser una entrevista sobre cine. Terminó convirtiéndose en una discusión sobre las dos Colombias que siguen coexistiendo sin tocarse del todo: la urbana y la rural, la privilegiada y la excluida, la que habla de innovación e inteligencia artificial y la que todavía no tiene acceso digno a educación o salud básica.

Y quizás ahí está la mayor fuerza de El Juego de la Vida: en recordarnos que la desigualdad no es solamente un problema económico. También es una forma de acostumbrarnos a que millones de personas vivan vidas mucho más difíciles dependiendo únicamente de la cuna que les tocó.

Diego:
Muchas gracias, rectora Raquel, por esta entrevista. Quiero comenzar por ese ejercicio de llevar la universidad y la academia a un espacio más público, más cercano al cine y al documental, como una forma de salir un poco de ese lugar donde a los académicos siempre se les imagina encerrados en un cubículo. ¿Este documental hace parte de algo más grande que usted está intentando impulsar desde la Universidad de los Andes?

Raquel Bernal:
Sí, totalmente. El documental es apenas una parte de un propósito mucho más amplio. En las universidades pasan cosas maravillosas: producimos conocimiento, hacemos investigación, emprendimiento, proponemos soluciones de política pública. Pero creo que cada vez tenemos más la responsabilidad de demostrarle a la sociedad el valor que agregamos.

Las universidades, especialmente en el norte global, están viviendo una crisis de legitimidad. En Estados Unidos, por ejemplo, el endeudamiento estudiantil es enorme y, además, muchos jóvenes ya están enfrentando dificultades para encontrar trabajo por los cambios tecnológicos y el impacto de la inteligencia artificial. Entonces, aunque las universidades generan muchísimo valor, no siempre sabemos comunicarlo.

Esa es una de mis grandes preocupaciones. Aquí tenemos una densidad de capital humano impresionante: el 76% de nuestros profesores tienen doctorado, muchos formados en universidades de altísimo nivel. Todo eso debería traducirse en mejoras concretas para el país, para las comunidades, para la democracia, para las empresas y para las organizaciones sociales.

Estamos tratando de encontrar maneras de sacar ese conocimiento fuera del campus. El documental es una de esas formas, pero no la única. Lo importante es que lo que ocurre dentro de la universidad también beneficie a Colombia.

Diego:
Uno de los temas que más ha marcado su trayectoria como investigadora ha sido la desigualdad. Y es interesante porque la Universidad de los Andes ha producido muchísimos estudios sobre desigualdad, especialmente desde la Facultad de Economía, y al mismo tiempo es vista como una de las universidades más privilegiadas del país. ¿Cómo entiende usted esa relación?

Raquel Bernal:
Primero habría que preguntarse qué significa exactamente “privilegiada”. Si hablamos de que históricamente ha atendido a estudiantes de altos ingresos, sí, eso ha sido cierto. Pero también es importante contar cómo ha cambiado la universidad.

Desde el programa Ser Pilo Paga, por ejemplo, la composición estudiantil cambió dramáticamente. Llegamos a tener cerca de un 40% de estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Eso transformó profundamente la experiencia universitaria.

Cambió la manera de aprender y de convivir. Los estudiantes no becados comenzaron incluso a modificar sus patrones de consumo para incluir a sus compañeros becados: escoger restaurantes donde todos pudieran ir, pensar de otra manera la vida cotidiana. La universidad se convirtió en una especie de laboratorio de igualdad y de convivencia.

Y eso fue muy poderoso. Claro, para los estudiantes becados el cambio era enorme, pero también transformaba a quienes venían de contextos más privilegiados. Les permitía cuestionar sesgos de clase y entender mejor el país.

Con la desaparición de ese programa, esa diversidad social ha ido disminuyendo y esa es una de mis mayores preocupaciones como rectora. Porque comprobamos que el aprendizaje es mucho más significativo cuando dentro del campus está representada la sociedad real.

Hoy la universidad invierte recursos importantes en becas, cerca de 140.000 millones de pesos al año entre operación y filantropía, pero sigue siendo insuficiente. Tenemos 18.000 estudiantes de pregrado y los becados siguen siendo una proporción pequeña.

Sin embargo, justamente porque tenemos ciertos privilegios institucionales, creo que tenemos la responsabilidad de estudiar la desigualdad y de proponer soluciones. El conflicto armado, los millones de víctimas y buena parte de los dolores de este país están profundamente ligados a la desigualdad socioeconómica.

Entonces sentimos la obligación de usar nuestras capacidades para entender esos problemas y producir políticas públicas que ayuden a transformarlos.

Diego:
Y ahí hay algo interesante: la universidad que representa ciertos privilegios también se convierte en un lugar donde se estudia cómo romper esas barreras.

Raquel Bernal:
Sí, y creo que hay algo muy importante en el modelo educativo de Los Andes. Nosotros nacimos inspirados en la educación liberal estadounidense, y eso no tiene nada que ver con partidos políticos. Se trata de formar para la vida, para la ciudadanía y para la democracia.

Aquí nos importa muchísimo que los estudiantes no solo sean buenos ingenieros, abogados o economistas, sino buenos ciudadanos.

Por eso existe un componente compartido del currículo donde estudiantes de todas las carreras toman cursos sobre temas muy distintos: cine, ciencia, historia, género, democracia. Queremos que entiendan el país en el que viven y se pregunten cuál es su lugar dentro de él.

Esa formación más amplia es fundamental en un país tan desigual como Colombia.

Diego:
Hablemos del documental. Más allá de lo que ya se ha dicho públicamente, me interesa saber qué le pasó a usted cuando lo vio terminado. Porque una cosa es hacer investigación, escribir papers, analizar estadísticas, y otra muy distinta es ver esas historias en pantalla.

Raquel Bernal:
Fue muy fuerte. Yo llevo más de 20 años investigando desde la econometría, trabajando con datos, estadísticas y modelos. Siempre detrás de un computador analizando información de personas reales, pero sin ver necesariamente sus rostros.

Cuando veo el documental y aparecen las historias, los sueños, las frustraciones, los dolores, me doy cuenta de que a mi investigación le faltaba algo muy importante: corazón.

Uno no puede interpretar los datos plenamente si no entiende las vidas que hay detrás. Y eso me transformó.

Desde que empezó este proyecto —la Encuesta Longitudinal Colombiana, la ELCA— comenzamos a documentar también visualmente a las familias. Andrés, el periodista de la Facultad de Economía, nos seguía con fotos y videos. Al principio parecía simplemente un registro de archivo, pero poco a poco entendí que esas imágenes mostraban dimensiones humanas que los números no alcanzaban a capturar.

Eso cambió mi manera de investigar. Empecé a hacer más trabajo cualitativo, a conversar más con las familias, a visitar territorios, a acompañar programas en terreno.

Mi área de investigación es primera infancia, y durante muchos años diseñábamos intervenciones desde Bogotá creyendo que entendíamos perfectamente las realidades del país. Después entendí que había que escuchar mucho más.

También cambió mi relación con el Estado. Antes llegaba como la académica que venía a decir qué había que hacer. Ahora trabajo más desde la pregunta: “¿Qué necesitan ustedes de mí? ¿Cómo puedo ayudar?”

Eso implica construir conjuntamente, reconocer que el conocimiento no está solo en la universidad.

Diego:
Es decir, pasar de una universidad que habla desde arriba a una universidad que escucha.

Raquel Bernal:
Exactamente. Creo que la academia a veces ha sido muy pedante. Aquí se producen cosas extraordinarias, tenemos científicos e investigadores increíbles, pero eso no significa que tengamos siempre la respuesta correcta.

Hoy para mí es muy importante trabajar desde la coconstrucción: con comunidades, con el Estado, con organizaciones sociales. No llegar diciendo “yo sé”, sino preguntar “cómo podemos construir juntos”.

Y eso es mucho más difícil, porque implica negociar, ceder, escuchar, cambiar.

Pero creo que esa es la universidad que Colombia necesita.

Diego:
Hay algo muy potente en el documental y es la presencia de las mujeres. Las madres, las abuelas, las cuidadoras. Mujeres que sostienen la vida.

Y eso me lleva inevitablemente a preguntarle por usted como primera rectora mujer de la Universidad de los Andes. ¿Cómo ha sido ocupar ese lugar?

Raquel Bernal:
El documental muestra algo que me impresionó muchísimo cuando lo vi completo: las mujeres aparecen casi como superheroínas. Son las cuidadoras, las que sostienen a las familias, las que hacen sacrificios enormes para que los hijos puedan salir adelante.

Y eso conecta también con mi propia experiencia.

Yo crecí en un hogar muy progresista. Mi papá siempre me dio alas. Crecí sintiéndome igual a mis hermanos, jugando lo mismo, creyendo que podía hacer cualquier cosa.

Después entré a la economía, que históricamente ha sido una disciplina muy masculina, y ahí sí tocó empezar a abrir espacios.

Pero curiosamente el momento en el que más he sentido el machismo ha sido ahora, llegando a la rectoría.

Diego:
¿Más ahora que antes?

Raquel Bernal:
Sí. Porque es llegar al cargo más alto que he tenido.

Los órganos de gobierno universitario siguen siendo mayoritariamente masculinos y de generaciones mayores. Y aunque trato de entender que vienen de otras épocas y otras formas de ver el mundo, sí siento que la vara con la que me miden es distinta.

Y además existen también los micromachismos, incluso desde otras mujeres.

Eso ha sido duro. Yo nunca había sentido algo tan evidente hasta llegar aquí.

Diego:
¿Como una resistencia a una mujer en el poder?

Raquel Bernal:
Más que resistencia, yo diría que hay miedo o desconocimiento. La universidad tuvo 23 rectores hombres antes que yo. Había una idea muy clara de cómo se comporta un rector. Y de pronto aparece una mujer que lidera distinto.

Y yo he tomado una decisión muy consciente: no quiero transformarme para encajar. No quiero volverme una versión masculina del liderazgo.

Quiero liderar desde quien soy. Desde mi sensibilidad, desde mi manera de reaccionar, incluso desde la vulnerabilidad.

A veces lloro. A veces respondo distinto. Y creo que eso desconcierta porque rompe ciertas expectativas.

Pero para mí es importante hacerlo, porque también siento que esta rectoría puede ser un mensaje para muchas mujeres en Colombia. Como decirles: sí es posible.

Diego:
Y además le toca liderar en un momento de transformación enorme para las universidades.

Raquel Bernal:
Sí, estamos viviendo cambios profundísimos.

La inteligencia artificial, las transformaciones tecnológicas, la crisis de la democracia, el cambio climático, las tensiones geopolíticas… todo eso está cambiando la educación superior.

Además tenemos retos locales muy complejos: menos financiación para las universidades privadas, transición demográfica, cambios en el mercado laboral.

Cada vez es más claro que las personas tendrán que aprender durante toda la vida. Ya no existe la idea de estudiar una carrera y ejercerla igual durante cuarenta años.

Las personas tendrán que reinventarse constantemente, adquirir nuevas habilidades, adaptarse.

Entonces la universidad también tiene que transformarse.

Y eso implica cambiar la forma de enseñar. Ya no podemos tener clases de dos horas leyendo diapositivas. Hay que trabajar más con comunidades, con empresas, con proyectos reales.

El reto es que no existe un punto final. No sabemos exactamente hacia dónde vamos. Lo único seguro es que debemos seguir cambiando.

Diego:
¿Y usted usa inteligencia artificial en su trabajo?

Raquel Bernal:
Todo el tiempo. Ya es una herramienta indispensable.

Mis hijos la usan con total naturalidad. Para ellos será tan normal como la electricidad o internet.

Claro, dentro de las universidades todavía hay debates. Hay profesores que piensan que es una moda y otros que creen que debemos incorporarla de inmediato.

Pero no tengo duda de que transformará completamente la educación.

Diego:
Quiero preguntarle por la educación en Colombia hoy. ¿Cómo ha visto este gobierno en esa materia?

Raquel Bernal:
Con mucha preocupación.

Siento que la educación desapareció del gran debate nacional. Y no hablo solamente del gobierno; en general, cuando uno escucha discusiones públicas o foros empresariales, la educación ya no ocupa el lugar central que debería.

Y eso es gravísimo porque la educación de calidad sigue siendo el principal motor de movilidad social.

Yo lo veo todos los días con estudiantes becados. Jóvenes que nacieron en contextos de enorme vulnerabilidad y cuya vida cambia radicalmente gracias a la educación.

En este gobierno, además, se abandonó en gran medida la política de primera infancia, y eso me duele profundamente.

Porque si uno invierte de verdad en los niños pequeños, las brechas sociales podrían reducirse desde el origen.

Los niños no votan, y eso hace muy difícil políticamente priorizarlos. Es más visible inaugurar un colegio que fortalecer la calidad educativa o el desarrollo infantil temprano.

También ha habido una relación muy ideologizada con lo privado. Y en educación superior Colombia históricamente ha funcionado gracias a un sistema mixto: universidades públicas y privadas ampliando cobertura.

Hoy no veo que estén aumentando suficientemente los cupos ni en el sistema público ni en el privado.

Y eso es especialmente grave cuando tenemos millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Porque esos jóvenes serán los líderes del país dentro de diez o quince años.

Diego:
Si tuviera que ponerle una calificación al gobierno en educación, ¿qué nota le pondría?

Raquel Bernal:
Cuatro sobre diez.

Diego:
Eso es perder.

Raquel Bernal:
Sí, es perder.

Diego:
Quiero volver al tema de la desigualdad. Usted ha dedicado gran parte de su vida a estudiarla. ¿Qué cree que estamos pasando por alto cuando hablamos hoy de desigualdad en Colombia?

Raquel Bernal:
Creo que a veces olvidamos que, aunque el país ha mejorado en muchos indicadores, las brechas profundas siguen intactas.

Hemos mejorado en escolaridad, en salud infantil, en acceso a educación superior, en mortalidad infantil. Incluso el coeficiente de Gini venía mejorando antes de la pandemia.

Pero las diferencias entre quienes nacen en contextos privilegiados y quienes nacen en pobreza siguen siendo enormes.

Y hay una fractura que para mí es central: la distancia entre lo urbano y lo rural.

Ahí se cruzan casi todos los problemas del país: desigualdad, conflicto armado, ausencia del Estado, falta de oportunidades.

Lo que muestra el documental es precisamente esa “lotería de la cuna”. El lugar donde uno nace sigue definiendo buena parte de su destino.

Si una persona nace en un territorio sin acceso a salud, educación de calidad, seguridad o empleo, tiene muchísimo más difícil construir un proyecto de vida.

Y eso no solo afecta a esas regiones. También afecta a las ciudades, a la democracia, a la convivencia nacional.

Seguimos siendo un país de dos Colombias que muchas veces ni siquiera se escuchan entre sí.

Por eso creo que necesitamos un gran acuerdo nacional sobre el país que queremos construir en veinte años.

¿Vamos a apostar por empleos verdes? ¿Por industrias basadas en biodiversidad? ¿Por tecnología? ¿Por minería? ¿Cuál es el horizonte común?

Porque sin un proyecto colectivo es muy difícil que la educación, la política pública y las instituciones trabajen hacia el mismo lado.

Y además necesitamos volver a escucharnos. Ese es quizá uno de los mayores problemas del país hoy: no estamos hablando realmente entre nosotros.

Diego:
Hay una idea que atraviesa el documental y también muchas de sus respuestas: la sensación de que en Colombia la vida depende demasiado del lugar donde uno nace. ¿Usted cree que todavía tenemos margen para cambiar eso o ya hay una especie de resignación colectiva?

Raquel Bernal:
Yo creo que sí hay margen, pero necesitamos una conversación mucho más honesta como país. A veces hablamos de meritocracia como si todos arrancáramos desde el mismo lugar y eso no es cierto. Hay niños que nacen rodeados de libros, con buena alimentación, con padres que tuvieron educación superior, con redes de apoyo, con estabilidad emocional. Y hay otros que nacen en territorios donde ni siquiera hay presencia básica del Estado. Entonces claro, el punto de partida importa muchísimo.

Y eso no significa negar el esfuerzo individual. El esfuerzo importa, por supuesto. Lo veo todos los días en estudiantes que hacen cosas extraordinarias. Pero también tenemos que reconocer que hay desigualdades estructurales enormes que condicionan las oportunidades.

Por eso me preocupa cuando en Colombia simplificamos tanto las discusiones. Decimos “el que quiere puede” y no siempre es así. Hay gente que quiere muchísimo y aun así tiene obstáculos gigantescos. Entonces, si queremos una sociedad más justa, tenemos que empezar por reconocer esas diferencias de origen.

Diego:
Y ahí el documental funciona casi como una prueba emocional de eso.

Raquel Bernal:
Sí, porque el documental logra algo muy difícil: ponerle rostro humano a fenómenos que normalmente vemos en tablas o estadísticas. Cuando uno habla de movilidad social o desigualdad, muchas veces la conversación se vuelve técnica, distante. Pero aquí aparecen las emociones, los miedos, los sacrificios familiares, las pequeñas decisiones que terminan cambiando una vida.

A mí me impactó mucho ver cómo las familias toman decisiones durísimas para que los hijos tengan oportunidades. Madres que renuncian a todo, abuelos que sostienen hogares completos, jóvenes que migran solos a ciudades donde no conocen a nadie. Ahí uno entiende que detrás de cada cifra hay historias profundamente humanas.

Y también entendí algo importante: la desigualdad no solamente limita ingresos. Limita imaginación. Hay personas que ni siquiera pueden imaginar ciertos futuros porque nunca han visto esos caminos posibles cerca suyo. Entonces, cuando alguien logra entrar a una universidad, viajar, aprender otro idioma o acceder a ciertos espacios, no cambia solamente su ingreso futuro; cambia también su manera de pensar el mundo y de pensarse a sí mismo.

Por eso sigo creyendo tanto en la educación. Porque la educación amplía horizontes. Y cuando una persona amplía sus horizontes, también transforma la vida de quienes vienen detrás.

Hace un par de años, más exactamente en el 2019, mientras cursaba mi Maestría en Investigación Musical, estaba al mismo tiempo leyendo el libro “¿Por qué fracasan los países?” de Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012). Aunque es un libro que no tiene en lo absoluto nada que ver con educación, o con música y Arte, el impacto que generó este libro en mí fue profundo, no solo por su análisis sobre las causas del éxito o fracaso de las naciones, sino porque, al mismo tiempo que me formaba como investigador, me llevó a cuestionar de manera constante el rol de la educación dentro de la sociedad y, de manera más específica, el lugar que ocupa la educación artística en los procesos de transformación social.

El desarrollo de los países

La tesis central de Acemoglu y Robinson plantea que las diferencias entre países no radican en factores geográficos o culturales, sino en la manera en que se han configurado sus instituciones políticas y económicas.

A través de ejemplos como el de ”Nogales”, una ciudad dividida entre Estados Unidos y México, los autores evidencian cómo dos territorios con características similares pueden ofrecer condiciones de vida radicalmente distintas dependiendo de la solidez y naturaleza de sus instituciones.

Este planteamiento permite comprender que el desarrollo no es una casualidad, sino el resultado de decisiones históricas que han favorecido modelos inclusivos o, por el contrario, estructuras extractivas que perpetúan la desigualdad.

En el contexto colombiano

En el caso de América Latina, y particularmente en Colombia, estas reflexiones encuentran un eco evidente. Tal como lo expone mi análisis previo, las decisiones políticas y estructurales han limitado históricamente las oportunidades de desarrollo, afectando ámbitos fundamentales como la educación, la ciencia y la innovación.

Sin embargo, dentro de este panorama surge una reflexión aún más profunda: si las instituciones son determinantes en el desarrollo de las sociedades, ¿qué tipo de formación necesitan los ciudadanos para construir instituciones más justas, inclusivas y equitativas? Es en este punto donde la educación artística y la cultura adquieren un papel fundamental.

La educación artística no puede seguir siendo entendida como un componente accesorio dentro del sistema educativo. Por el contrario, constituye un espacio esencial para el desarrollo de capacidades humanas que son indispensables en la construcción de sociedad.

A través del arte, los individuos aprenden a pensar de manera crítica, a interpretar su contexto, a cuestionar las realidades establecidas y a proponer nuevas formas de comprender el mundo. Estas habilidades son coherentes con la necesidad de formar ciudadanos capaces de participar activamente en la transformación de sus entornos.

La cultura artística como reconstrucción del tejido social

Tal como lo evidencia la historia latinoamericana, los procesos de colonización no solo implicaron la explotación de recursos, sino también la fragmentación de identidades culturales y la imposición de estructuras de poder que aún hoy tienen repercusiones. En este sentido, el arte y la cultura se convierten en herramientas de resistencia, memoria y reconstrucción. Permiten a las comunidades recuperar sus narrativas, fortalecer su identidad y generar espacios de encuentro que contrarresten las dinámicas de exclusión.

Desde esta perspectiva, la educación artística se articula directamente con la construcción de instituciones inclusivas, tal como lo plantean Acemoglu y Robinson (2012). Una sociedad que promueve el pensamiento creativo, la sensibilidad social y la capacidad de diálogo está mejor preparada para cuestionar estructuras injustas y proponer alternativas de cambio.

En otras palabras, el arte no solo forma artistas, sino ciudadanos con la capacidad de imaginar y construir nuevas realidades.

Espacios de transformación

Además, en contextos donde la desigualdad y la falta de oportunidades han generado escenarios de violencia o fragmentación social, las prácticas artísticas se consolidan como espacios de transformación.

La música, el teatro, la danza y las artes plásticas y visuales, permiten canalizar emociones, generar sentido de pertenencia y construir comunidad. Estos procesos son fundamentales para reconstruir el tejido social, especialmente en países que, como Colombia, han enfrentado profundas heridas históricas.

En consecuencia, pensar en el desarrollo de una nación implica necesariamente replantear el lugar de la educación artística dentro de los sistemas educativos.

No se trata únicamente de formar en habilidades técnicas, sino de reconocer el arte como un medio para fortalecer la conciencia social, la empatía y el pensamiento crítico. Invertir en educación artística y cultural es, en este sentido, una apuesta por el desarrollo humano y la transformación social.

Finalmente, si bien las decisiones políticas pueden limitar o ampliar las oportunidades de una sociedad, es en la educación donde se siembran las bases para el cambio. La formación de ciudadanos críticos, sensibles y creativos es un paso indispensable para construir instituciones más justas y equitativas.

En este camino, la educación artística y la cultura no son elementos secundarios, sino pilares fundamentales para reconstruir una sociedad que, a pesar de sus dificultades históricas, aún tiene la posibilidad de reinventarse desde el conocimiento, la creatividad y la participación colectiva.

Bibliografía

Asemoglu & Robinson (2012), ¿Por qué fracasan los países? – Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Bogotá, Editorial Planeta Colombiana.

Cuando abrí mi Facebook a finales de enero, en mi feed estaba la avalancha de videos de soldados regulares festejando porque su bonificación mensual les llegó por un salario mínimo. Estaban emocionados. ¡Felices! Celebrando el valor de su bonificación. Antes nadie les había pagado de forma digna. En los videos bailan, tienen sonrisas que parecen soles. Verlos me provocó una pequeña inundación lagrimal.

Uno de ellos soltó con una sonrisa iluminadora: “Te amo, Petro”, de manera espontánea, sin ironía, sin malicia ni cálculo político. En ese “Te amo, Petro” solo había gratitud auténtica por lo que significa que su trabajo no sea invisible.

Por primera vez en la historia colombiana, recibían un salario mínimo legal vigente por prestar su servicio militar. En un video un soldado pregunta: ¿Cuánto es? Otro responde, con una sonrisa de oreja a oreja, los ojos aguados y tono de asombro: “1.750.905 pesos”.

Esta cifra significa para ellos mucho más, es:

Dignidad monetizada.

Dignidad reconocida.

Eso se llama dignidad social.

Los soldados regulares del Ejército y la Fuerza Aérea, infantes de marina de la Armada y auxiliares de la Policía Nacional, a partir de este año no recibirán como bonificación una limosna institucional, sino el valor de un salario digno y decente.

¿Por qué esto es histórico? La bonificación que recibían los solados, antes de 2026, era una fracción miserable del salario mínimo legal vigente —30 % hasta antes de 2024, luego 50 % en 2024 y 70 % en 2025— lejos de lo que un trabajador normal recibe. Y hoy esa barrera se rompió: con ese SMLV ($1.750.905) se reconfigura la relación entre ciudadano y Estado para miles de jóvenes (esto lo explicaré más a fondo en próximos párrafos).

Pero esto va más allá de la dignidad, toca otras esferas ciudadanas. Genera una transformación estructural en la manera como el Estado reconoce el trabajo de los jóvenes que salen del colegio sin saber qué hacer con sus vidas.

Hoy podemos afirmar que se abrió para muchos jóvenes un horizonte distinto, principalmente en zonas rurales y poblaciones con altos niveles de pobreza. Los jóvenes salen del colegio para dar un salto al vacío. Surge la pregunta aterradora: “¿y ahora qué?”, sin posibilidad de un empleo formal, con pocas oportunidades de educación superior. Muchos se quedan en el limbo de la informalidad o, peor, en el círculo de la violencia.

Esta bonificación con el valor de un salario mínimo es realmente una política pública con consecuencias profundas sobre el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales.

El economista Gary S. Becker en 1968 publicó en el Journal of Political Economy el artículo académico Crime and Punishment: An Economic Approach, del que nació la moderna economía del crimen. Durante gran parte del siglo XX el crimen se explicaba desde la sociología y la psicología. El comportamiento criminal se debía a una desviación patológica, una enfermedad mental; también era producto de la alienación social o de deficiencias mentales individuales. Entonces, desde ese ángulo, el crimen es un destino escrito o una reacción irracional, no una elección.

Pero Becker plantea una idea incomoda y definitivamente revolucionaria pero útil para la política pública y para entender la génesis del crimen: que la lógica del llamado “costo de oportunidad” también funciona cuando alguien decide delinquir.

Muchas decisiones —incluidas las criminales— se toman dependiendo de qué tan grande sea el beneficio. Las personas, consciente o inconscientemente, comparan lo que pueden ganar con lo que pueden perder al cometer un delito.

Para que el crimen resulte atractivo, lo que se consiga ilegalmente debe ser más y mejor que lo que se puede obtener por la vía legal.

Entonces, el delito se convierte en una elección económica: las personas eligen delinquir cuando sienten que es la salida más rápida y sencilla para obtener eso que necesitan. Son más propensas a delinquir cuando creen que cometer el delito le dará una “ganancia” mayor que usar su tiempo y esfuerzo en actividades legales.

¿Cómo funciona eso en la ciencia económica?

La matemática del modelo de Becker está basada en la teoría de la utilidad esperada de los señores Von Neumann y Morgenstern. Ya sabemos que la teoría de Becker dice que las personas toman decisiones pensando —la mayoría de las veces de manera inconsciente e intuitiva— en lo que pueden ganar y en lo que pueden perder.

Pero esta elección delictiva se hace en medio de la incertidumbre, porque nadie sabe con seguridad si le va a salir bien la vuelta o si va a terminar descubierto y capturado.

Von Neumann y Morgenstern resumen esto en una fórmula que, aunque parece difícil y compleja, representa algo muy cotidiano:

E(Uⱼ) = pⱼ Uⱼ(Yⱼ – fⱼ) + (1 – pⱼ) Uⱼ(Yⱼ)

Se las traduzco:

E(Uⱼ) es lo que la persona espera “ganar” o sentir al final de su decisión.

pⱼ es qué tanta probabilidad cree que tiene de ser capturado y condenado.

Yⱼ es lo que gana con el delito: “el botín” y, a su vez, esa sensación de poder o de salida rápida de la pobreza.

fⱼ es lo que perdería si lo atrapan: multas, cárcel (su libertad), que se reduce a tiempo de vida perdido, vergüenza social…

Y Uⱼ representa cómo cada quien enfrenta el riesgo —hay quienes se lanzan sin paracaídas y sin miedo y quienes no—.

Esta fórmula matemática es la comparación (consciente o inconsciente) que las personas hacen: lo que quieren ganar con el delito frente a lo que ganarían quedándose en lo legal —para el caso de los jóvenes: un horizonte nublado—.

Becker no ve el crimen como una enfermedad mental o un arrebato irracional, sino como alguien que decide meterse en un negocio peligroso. Si el premio parece grande y el riesgo pequeño, la gente se arriesga. Si el castigo es alto o la probabilidad de caer es grande, la idea deja de ser atractiva.

Por eso, cuando aumenta la presencia policial (sube p) o cuando endurecen las penas (sube f), en teoría el delito se vuelve menos atractivo. Pero esto no es suficiente y debe ir acompañado de políticas públicas sociales.

Aquí entra el economista Isaac Ehrlich, que amplió y profundizó la teoría de Becker. En 1973 publicó, también en el Journal of Political Economy, el artículo investigativo Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation. Allí nos dice que cada persona reparte su tiempo como puede, inconscientemente arma un pequeño plan de vida con lo poco que tiene a mano.

Según su Ehrlich, cada persona divide su tiempo (t) entre tres cosas:

• El tiempo en actividades legales (tₗ): trabajo honrado, buscar empleo, estudiar, trabajo informal para sobrevivir —todo lo que da ingresos seguros o medio seguros (Wₗ).

• El tiempo en actividades ilegales (tᵢ): delincuencia, meterse en vueltas raras, narcotráfico, bandas criminales, guerrillas, paras —que pueden dejar plata rápida (Wᵢ), pero también cárcel y problemas (Fᵢ).

• Y el tiempo de ocio (t𝚌): en el que están sin hacer nada o sin hacer mucho, esperando que el futuro les cambie con oportunidades que surjan.

Ehrlich lo explica como si cada joven intenta “invertir” su tiempo donde cree que le va a rendir más.

Ahora traduzcamos esto a la actual realidad colombiana:

Un joven se gradúa de bachiller: no consigue trabajo, no puede ingresar a la universidad, su familia tiene necesidades, pasan hambre, pasa días enteros sin hacer nada productivo, nadie lo contrata o, cuando lo hacen, es con un pago miserable. Su ingreso legal (Wₗ) es casi cero. En ese escenario, para el joven dedicar tiempo a lo legal no parece el camino que muestre un horizonte para salir adelante.

Ahí es cuando aparecen los grupos ilegales, las bandas criminales, el narcotráfico, ofreciendo plata rápida, pertenencia a un grupo, una salida —así sea peligrosa— frente a una vida sin horizonte, sin oportunidades.

Para muchos jóvenes, no es que el crimen sea bueno. Simplemente es mejor que no tener nada.

Y por eso Ehrlich demuestra que cuando el ingreso legal es muy bajo, el costo de meterse en lo ilegal desaparece. Coloquialmente: cuando trabajar honradamente no da para vivir, delinquir empieza a verse como una alternativa.

Ahora viene lo interesante que está pasando con la bonificación de los soldados bachilleres y auxiliares de policía:

Cuando el Gobierno sube el ingreso legal —cuando convierte el valor de bonificación miserable en un SMLV para quienes prestan servicio militar— cambia completamente ese cálculo del costo de oportunidad.

Aparece entonces una opción concreta para miles de jóvenes que hoy están sin estudiar ni trabajar, sin rumbo claro: entrar al Ejército como soldado regular o bachiller o a la Policía como auxiliar.

Ya no van a arriesgar su vida, ni van a pasar trabajos por una miseria, sino para recibir un salario mínimo digno durante su tiempo de servicio; con ese ingreso van a progresar ellos y ayudar a sus familias.

Eso, en términos de Ehrlich, significa que el Wₗ —el ingreso legal— deja de ser casi cero y se vuelve una alternativa real de vida.

Y cuando eso ocurre, pasan dos cosas:

Primero: el tiempo que a los jóvenes antes se les iba a la nada o a la delincuencia empieza a moverse hacia lo legal. Trabajar para el Estado ya no parece perder el tiempo, sino un horizonte claro y una oportunidad.

Segundo: disminuye la necesidad de buscar plata rápida y peligrosa.

Ser soldado o auxiliar de policía ahora sí paga. Entonces, muchos jóvenes que hoy están sin futuro van a preferir ponerse el uniforme de nuestro Ejército y nuestra Policía antes que meterse en una banda criminal o en el narcotráfico.

Esto no solo beneficia a los jóvenes y a sus familias. Hace algo que Colombia necesita: le quita al crimen una de sus principales fuentes de reclutamiento.

El reclutamiento y uso de niños y jóvenes por grupos armados, narcotráfico y bandas criminales es un fenómeno que persiste gracias la desigualdad. Y que permite control territorial de las bandas criminales, paramilitares, narcos… además de coerción, vulnerabilidad social y ausencia estatal.

Y genera algo más: estos jóvenes que entran a prestar su servicio en el Ejército y la Policía por necesidad económica terminan encontrando un horizonte, un proyecto de vida, quedándose en las Fuerzas Públicas, que, por cierto, desde 2024 el ingreso es gratuito. Así se profesionalizan, construyendo una estabilidad y un futuro.

Becker y Ehrlich, por supuesto, no hablaban de Colombia. No hicieron estas teorías pensando en un país suramericano. Pero la teoría de cada uno explica perfectamente por qué políticas como esta —pagar dignamente el servicio militar— pueden tener efectos enormes a mediano plazo en un país como el nuestro, con la violencia y el reclutamiento juvenil tan arraigados.

Decisiones gubernamentales como esta no atacan el crimen solo con más castigo.

Lo atacan donde más duele: en la falta de oportunidades.

¿La transformación es inmediata? No. ¿Es determinista? No. ¿Funciona como una varita mágica? Tampoco. Pero produce cambios sociales positivos a mediano y largo plazo. El Estado acaba de abrir una opción legal, inmediata y pagada dignamente para jóvenes que salen del colegio sin alternativas. Es la transformación del horizonte vital de cada joven que elige servir en nuestra Fuerza Pública: dejan de deambular sin rumbo ni expectativas.

Son 18 meses con ingreso equivalente al mínimo, permitiendo que construyen un proyecto de vida y aprendiendo disciplina. Eso que llamamos “decisiones políticas” son, muchas veces, rutas disponibles. Y el gobierno de Petro acaba de abrir una ruta legal y con futuro para progresar a miles de jóvenes.

Y si tú estás leyendo esto y aún te preguntas: “¿y eso qué tiene que ver con la seguridad?” te respondo:

Primero: menos jóvenes disponibles para las economías ilegales y el reclutamiento forzoso, porque una parte de ellos verá en el Ejército y la Policía una fuente de progreso, una manera de construir su vida. Y eso, a mediano plazo, reduce el reclutamiento en los lugares de mayor pobreza.

Segundo: esta bonificación equivalente al SMLV hace más atractivo entrar y permanecer en el Ejército y la Policía. Si más jóvenes entran como bachilleres, algunos intentarán quedarse, pasar a profesionalizarse y construir carrera. Esto va a aumentar el número de miembros de las Fuerzas Públicas, lo que mejora las capacidades y aumenta la presencia en los territorios.

Y era inaceptable que se les diera una miseria de bonificación por servicio a jóvenes —casi todos pobres— sin pagarles como a cualquier persona que trabaja. La dignidad no es un discurso. También es una cifra en la cuenta bancaria.

El bienestar y la moral de nuestras Fuerzas Públicas no se suben con elogios en redes sociales, ni con eslóganes acompañados de saludos militares. Que los soldados regulares y auxiliares de policía ganen dignamente es estar verdaderamente firmes con y por la patria. Los otros usos que le dan a la expresión actualmente hacen parte del guion cómico y cínico que usa, histriónicamente, alguien que codicia la presidencia de este país.

¿Falta medir impactos? Sí. Las estadísticas juiciosas y reales no nacen en un mes. Pero lo que si puedo afirmar —con convicción— es que cuando la política está orientada a la dignidad y no al castigo, quedan positivas herencias silenciosas: un país donde algunos jóvenes no entrarán a la violencia porque, por primera vez, el Estado les ofreció una alternativa pagada y concreta. Eso es realmente construir un país sin desigualdad.

Les cuento la historia real de este aumento para que no sigan como zombis a las momias politiqueras actuales que se atribuyen logros ajenos:

 La ley 1861 de 2017 decía que todo joven que prestara el servicio militar tenía derecho a una bonificación mensual del 30% del salario mínimo.

Pero —porque en Colombia siempre hay un “pero”— el Congreso dejó una puertica medio abierta, por supuesto con su trampa: esa bonificación podía subir hasta el 50%, siempre y cuando hubiera plata.

En versión colombiana:

“Te vamos a pagar más… si sobra presupuesto”. ¿Y qué creen? Nunca hubo plata… hasta que llegó Petro.

El 30 % era un derecho automático. El 50 % era una ilusión bonita, pero falsa, amarrada a una sentencia de muerte: “sujeto a disponibilidad presupuestal”, es decir: “algún día, tal vez”.

¿Y qué pasó durante años? Entre 2017 y 2022 la bonificación nunca pasó de ese 30 %. Para 2022, un soldado y un auxiliar de policía recibían alrededor de 300 mil pesos mensuales.

Con eso debían cubrir la comunicación con su familia, el transporte en los permisos, sus cosas de aseo y todos los gastos personales necesarios… y, la gran mayoría de veces, eran las familias (casi siempre de bajos ingresos) las que terminaban mandando plata, con un esfuerzo increíble, para sostener al hijo que estaba “sirviendo a la patria”.

Ni Juan Manuel Santos ni Iván Duque quisieron invertir en mejorar la calidad de vida de estos jóvenes subiendo al 50 % la bonificación.

Hasta que llegó Gustavo Petro y cambió esto.

Llevó al Congreso una adición al Presupuesto General de la Nación —la Ley 2299 de 2023— donde, entre muchas cosas, aumentó el presupuesto para dignificar a la base de la Fuerza Pública, los soldados regulares, los auxiliares de policía… El Ministerio de Defensa expidió el Decreto 1557 de 2023 y, aplicando la ley 1861 de 2017— que ningún presidente ni ministro quiso aplicar— subió la bonificación al 50% del salario mínimo.

Petro no estaba inventando nada nuevo. No era populismo. Estaba pensando en el bienestar de las tropas. Pensó en el futuro de todos esos jóvenes y, para ello, usó el máximo que la ley permitía… por primera vez.

Pero el 50 % no es suficiente. Si de verdad se quiere dignificar a la Fuerza Pública, esos jóvenes que trabajan para Colombia prestando su servicio militar merecen que se les pague, como bonificación, el valor de un SMLV, como a cualquier ciudadano colombiano. Pero la Ley 1861 de 2017 no lo permitía: había que cambiar la ley.

Así que en 2024 se presentó y aprobó la Ley 2384, y el aumento de la bonificación fue paulatino hasta llegar al 100 % del salario mínimo.

Gustavo Petro entró como presidente con la firme intención de mejorar la vida de todos esos jóvenes soldados y auxiliares de policía. Y no en discurso, sino en hechos.

Lo primero: hizo efectivo el aumento del 50 % que permitía la ley vigente desde 2017.

Lo segundo: presentó una nueva ley. Aprobada, subió al 70 % en 2025. Y este 2026 inició con el salario mínimo completo. Cada sonrisa, cada baile, cada festejo de nuestros jóvenes soldados y policías alegra el alma de todos aquellos que entendemos lo que esto significa para cada joven, para las familias y para la sociedad. Y como dijo un soldado: “Te amo, Petro”. Sí: yo también digo “Te amo, Petro” cuando logra cosas como estas.

El significado de esos $1.750.905 pesos es el inicio de una transformación social… es lo más lejano a una medida populista o a querer “comprar a los soldados”. Es darles el valor, la dignidad y los derechos que merecen, que les pertenecen, y que todos esos politiqueros les negaron por años.

Es importante entender la dimensión del cambio:

En 2022: unos $300.000.

En 2026: $1.750.905.

El aumento real es de más del 400%. Logrado por Gustavo Petro.

El servicio militar dejó de ser una carga económica para las familias pobres y pasó a ser, por primera vez, una fuente real de ingresos para los soldados y sus familias.

Aquí no hay un detalle menor: más del 80 % de los jóvenes que prestan servicio vienen de los estratos 1, 2 y 3. Es decir: de los hogares más vulnerables del país. Los estratos altos prácticamente no aparecen en las cifras.

Cada vez que se negaba el aumento, no se estaba “cuidando el presupuesto”: se le estaba quitando recursos directos a las familias más pobres cuyos hijos ponen el cuerpo en cuarteles, selvas y calles.

Paradójicamente —o no, en realidad no tiene nada de paradójico— es lo que podemos esperar de los políticos actuales: el principal opositor en 2017 y 2018 a cualquier aumento automático fue, adivinen, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, ¡oh sorpresa!, fue Mauricio Cárdenas Santamaría. Hoy precandidato presidencial, seguramente está muy preocupado por la justicia social, aunque, cuando pudo hacerlo, nunca le interesó el bienestar de los soldados regulares y auxiliares de policía.

Para Cárdenas, dignificar a jóvenes pobres que prestaban servicio al Estado no era una urgencia nacional. Era, más bien, un gasto incómodo.

Y ese “gasto incómodo” no solo lo evito Cárdenas.

Durante el gobierno de Iván Duque, sus “gloriosos” sucesores en Hacienda —Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo— tampoco movieron un dedo para activar el aumento del 30% al 50% que la misma ley permitía.

Ni hablar de los ministros de Defensa de turno —Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo y Diego Molano—, ni del entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, que se la pasa dando discursos vacíos sobre la dignidad, la moral y el honor de la tropa… Curiosamente, nunca dijo ni hizo nada cuando se trataba de mejorarle el ingreso real a esa misma tropa que tuvo bajo su mando.

Defender la dignidad en micrófonos era fácil.

Defenderla en el presupuesto no era difícil: simplemente no fue importante para ellos.

Subir la bonificación al 50 % era un atrevimiento. Para cada uno de ellos —presidentes de turno, ministros y comandantes— esos muchachos no lo merecían.

Pensar en pagarles un salario mínimo completo era, sencillamente, ciencia ficción, comedia o terror.

Según los cálculos hipócritas de ellos, subir la bonificación al 50 % para unos 80.000 o 100.000 jóvenes representaba “cientos de miles de millones de pesos” al año, que no eran necesarios y no encajaban con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Traducido:

Había dinero para muchas cosas, menos para los soldados y policías pobres.

A esto se sumó el coro político que nunca falta.

Desde Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, que sueñan con dirigir este país, y otros congresistas se dedicaron (en su momento) a deslegitimar cualquier intento de mejora salarial, tildándolo de “populismo”.  

No porque el dinero fuera innecesario — no lo decían de esa manera (es impopular y quita votos)—, sino porque, según ellos, que ocurrieran esos aumentos en esta época era una estrategia para “comprar la lealtad” de una Fuerza Pública inconforme. Omitiendo, posiblemente de manera intencional (démosles el beneficio de la duda), que ese aumento que hoy se materializó se logró desde 2024 con un incremento paulatino, para no afectar de golpe el presupuesto nacional.

Curiosa preocupación, ¿no creen? Durante años no les inquietó en lo más mínimo que esos jóvenes vivieran con una bonificación miserable; lo que sí les preocupó fue que el gobierno les pagara dignamente porque eso aumenta la popularidad del opositor. Comprobado: solo les importa el poder y la política, nunca el bienestar del pueblo.

Muchos discursos de honor. Puro bla bla bla. Les duele que el pueblo gane más para vivir mejor.