Llega el nuevo gobierno y quien tiene la probabilidad de administrar la educación pública en Colombia es una persona de confesión cristiana. Empiezan a surgir  algunas preguntas: ¿Cuál va a ser el direccionamiento de la educación religiosa desde la nueva política educativa? ¿La educación religiosa va a tener el criterio de obligatoria en el currículo escolar? ¿Hablar de educación laica es sinónimo de ateísmo y agnosticismo? ¿La educación va a tener preferencias y favorecimientos por el enfoque de la confesión cristiana? ¿Cambiará el calendario de fiestas religiosas?¿Quiénes defienden la educación laica, deberían ir a trabajar en los declarados días festivos religiosos? ¿Es lo mismo educación espiritual y educación religiosa?

La Constitución de 1991 declaró a Colombia como un Estado laico y pluralista. Esto generó choques jurídicos, por lo que la Corte Constitucional declaró exequibles (viables) muchos artículos del Concordato, siempre y cuando se interpreten bajo los principios de igualdad, libertad de cultos y separación de poderes (ver, por ejemplo, la Sentencia C-027/93)

Un Estado laico es aquel que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa (judaísmo, cristianismo no católico, catolicismo, islamismo, hinduismo, budismo). No reconoce ninguna religión oficial, mantiene una separación institucional con las iglesias y garantiza la plena libertad de culto, trato igualitario y derechos para todos los creyentes y no creyentes por igual

La Constitución Política de Colombia consagra el Artículo 19: Garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar su religión y difundirla, y ninguna religión es considerada oficial por el Estado. También el Artículo 18: Protege la libertad de conciencia. Nadie será molestado por sus convicciones ni obligado a actuar en contra de su conciencia.

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en Colombia, reglamenta en el Artículo 24, el derecho consagrado en la Constitución. Garantiza la asignatura, pero protege la libertad de conciencia y estipula que en colegios del Estado nadie puede estar obligado a recibir la educación religiosa.

La educación religiosa se puede impartir entre el sector público como en el privado. En las escuelas públicas, se rige por la estricta separación entre la Iglesia y el Estado, por lo que se enseña sobre religión de forma académica, pero sin promover credos. En el sistema privado, las instituciones imparten doctrina y valores específicos libremente.

Ahora bien, hablar de educación religiosa, implica prácticas educativas orientadas por una pedagogía pluralista y cultural, buscando como objetivo que los estudiantes puedan interpretar el fenómeno religioso en su contexto histórico, social y filosófico. Además de ayudarle a los estudiantes de provocar análisis curiosos y rigurosos de las creencias propias y diferentes. La pedagogía pluralista y cultural ha de buscar el diálogo interreligioso, la tolerancia, el respeto y la reflexión ética.

La educación religiosa es un área del conocimiento que busca el desarrollo integral y espiritual de la persona. A diferencia de la catequesis, que busca adoctrinar en una fe específica, esta materia tiene un enfoque pedagógico, cultural y pluralista para fomentar el diálogo interreligioso, el respeto y la reflexión ética

De otra parte, lo preocupante es interesar la reflexión por diferenciar la secularización del secularismo (o laicismo absoluto), ya que este último es una postura ideológica que busca erradicar la religión de la sociedad. En cambio, la secularización describe la transformación natural de cómo las sociedades modernas organizan su pensamiento y estructuras.

El teólogo Leonardo Boff, propone la religión como fuente de utopías regenadoras y libertarias. El lugar de la religión no está sólo en la razón, aunque posea una dimensión racional, sino en la inteligencia cordial, en el sentimiento oceánico, en esa esfera de lo humano donde surgen las utopías. Boff no duda que la religión puede hacer el bien mejor pero también puede hacer el peor mal. Hoy podríamos estar asistiendo a la enfermedad del fundamentalismo contaminando a sectores importantes de casi todas las religiones e iglesia. Hay una guerra religiosa. Frente a lo anterior invita al ecumenismo, una práctica que trasciende y se fundamenta en el reconocimiento de todas las creencias como caminos hacia un mismo Dios. Propone el diálogo interreligioso de todas las tradiciones espirituales unidas por el amor, la compasión, el cuidado integral de los más vulnerables y la defensa de la naturaleza.

Otra versión sobre el sentido de la educación religiosa, es la propuesta por el teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, sugiere un cristianismo sin religión, alejando la religión de rituales o consuelo personal. Su enfoque exige vivir para los demás, asumir la responsabilidad histórica y estar dispuesto al sacrificio.

El filósofo ateo Ernest Bloch afirma que lo importante es aprender a esperar. Sueña con un mundo digno donde vivir, lleno de calidez humana, que sea nuestro verdadero hogar y donde incluso nunca más haya hambre. Sugiere que se ayude al hombre a que muestre lo mejor de sí mismo. Además hay encontrar aquí mismo en la tierra una forma de afirmar la vida frente a la muerte: la sonrisa de un niño, la alegría de ayudar a un necesitado, las artes, la música, la entrada de un buque en un puerto, incluso toda la herencia de esperanza contenida en las religiones.

La educación religiosa ha de tener entre sus propósitos la educación espiritual, como la práctica educativa que busca en sus estudiantes, el desarrollo interior y trascendente más allá del conocimiento académico. Promueve el autoconocimiento, la reflexión profunda, y cultiva valores como la amistad, la empatía, la solidaridad, la compasión y la gratitud. Lo importante es conectar al individuo con su ser, con los demás y con el entorno

Byung-Chul Han, reclama la necesidad de preocuparnos por la dimensión espiritual, esta implica una atención profunda y una capacidad de contemplación que hoy están atrofiadas por el exceso y la aceleración en el rendimiento del trabajo y del ruido, además de la hiperconexión (redes sociales y plataformas). Para Han, lo sagrado y el sentido solo pueden recuperarse mediante el despojamiento del ego y una pausa en nuestra obsesión por el rendimiento

El teólogo Carlo María Martini, describe la espiritualidad como práctica de escucha frente a los signos de los tiempos, (realidad convulsionada y agitada por cambios profundos y acelerados que pueden afectar la vida, como modas, tendencias y expresiones tecnológicas, sociales, fanatismos ideológicos y culturales, ) que ayuden a discernir en las personas de distintas edades, buscando inquietar su corazón con preguntas existenciales profundas para que puedan hallar luz interior

Una de las preocupaciones de la clase de religión es procurar que los estudiantes hagan sus propias comprensiones sobre la existencia o no de Dios, hay que escucharlos y ayudarles a intensificar la reflexión sobre el silencio y la escucha, así como  a encontrar calma interior puesto qué es una necesidad espiritual sobre este mundo.

El desafío de la educación religiosa, es cómo provocar reacciones que activen en los estudiantes desde la más temprana edad, capacidades como prácticas de silencio, de meditación y de reflexión para promover el bienestar, la paz interior, la salud mental y el pensamiento crítico.

Propongo sobre la mesa de la conversación de la educación religiosa, la pregunta de Foucault: sabemos que existimos ¿Pero quiénes somos? 

1. La falacia del ahorro fiscal: el costo de desaparecer del mapa

En su agenda de austeridad resuena con fuerza la iniciativa de recortar drásticamente el presupuesto del sector público, y en esas cuentas figuraría el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la premisa de que las misiones diplomáticas y consulares representan un gasto “accesorio”. Señor presidente electo, la historia institucional nos demuestra que esa premisa produce un saldo deficitario.

En septiembre de 2002, el recién instalado gobierno de Álvaro Uribe Vélez aplicó una agresiva reducción presupuestal que condujo al cierre definitivo de 14 embajadas y 10 consulados. Plazas de alto valor estratégico y comercial como la Embajada en Indonesia, el Consulado en Singapur y oficinas consulares críticas en Alemania fueron clausuradas bajo el argumento de la urgencia fiscal. ¿El resultado real? Un vacío geopolítico inmediato. Perdimos interlocución directa en momentos en que el sudeste asiático consolidaba su auge económico, debilitando las aspiraciones colombianas de inserción en los mercados de la cuenca del Pacífico. La realidad fue tan contundente que el propio Estado colombiano se vio obligado, años después, a reabrir la Embajada en Yakarta y el Consulado en Singapur, incurriendo en elevados costos dobles de instalación y transmitiendo una señal de intermitencia e improvisación ante nuestros socios internacionales.

La presencia en Asia y África de países con ambiciones de liderazgo regional como Brasil o México es robusta, mientras que la de Colombia sigue siendo magra. La diversificación de nuestra red de misiones es el único mecanismo institucional capaz de salvaguardar los intereses nacionales cuando los virajes políticos de nuestros aliados tradicionales alteran las prioridades bilaterales. Las relaciones exteriores no pueden estructurarse sobre afinidades ideológicas transitorias. Por ello, la ruta correcta no es la clausura, sino el aprovechamiento estratégico de las misiones recientemente inauguradas, como las de Senegal y Etiopía. África Occidental, por ejemplo, se ha consolidado como un nodo crítico de tránsito en las redes transnacionales de criminalidad organizada y tráfico de sustancias hacia Europa; replegarse de allí es perder capacidad de inteligencia y cooperación en seguridad. El talento humano de la carrera diplomática destacado en esos destinos debe ser el vector para coadyuvar en seguridad y explorar mercados emergentes que potencias globales ya capitalizan.

2. La especialización funcional: por qué la Cancillería no es ProColombia

Su propuesta de condicionar la permanencia de una representación diplomática a la medición cuantitativa de sus “resultados comerciales” e inversión extranjera directa atraída parte de una confusión conceptual.

Desde la configuración institucional del Estado colombiano y la posterior escisión formal entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior (hoy MINCIT), el ordenamiento legal y constitucional ha preservado la especialización de sus funciones. Los objetivos de una embajada trascienden la balanza comercial: abarcan la cooperación técnica y científica, la interlocución política de alto nivel, la seguridad, la defensa, los convenios educativos y culturales, y la asistencia consular a la diáspora (en el caso de las secciones consulares). Los servicios exteriores de referencia global jamás evalúan la viabilidad de sus misiones bajo un criterio meramente corporativo, pues entienden que la solidez del vínculo político es la condición sine qua non para la viabilidad de los negocios.

Lo que su administración debe fortalecer no es la absorción de funciones, sino la sinergia interinstitucional. Esto se logra mediante la robustecida articulación entre la Cancillería y el MINCIT, potenciando la designación de consejeros económicos y comerciales de carrera y expandiendo las oficinas de ProColombia en el exterior. Durante mi experiencia como responsable de la agenda económica de la Embajada de Colombia en Francia, constatamos la efectividad de este esquema de complementariedad. Bajo la dirección estratégica de los jefes de misión Viviane Morales y Mauricio Vargas, la Embajada asumió la gestión político-diplomática y el soporte jurídico integral: impulsamos la culminación de los trámites para el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, gestionamos el convenio bilateral para la eliminación de la doble tributación y desplegamos gestiones frente a las autoridades locales para neutralizar narrativas proteccionistas que derivaban en barreras no arancelarias contra los productos colombianos.

En paralelo, la oficina de ProColombia en París operaba como el brazo ejecutor de la promoción activa: canalizaba el portafolio de inversión hacia sectores estratégicos en el territorio nacional, gestionaba la participación de operadores en ferias sectoriales y posicionaba la oferta exportable no tradicional. Éramos un engranaje de doble vía: la Embajada ejercía la defensa institucional del marco normativo y los acuerdos vigentes; ProColombia dinamizaba la gestión comercial y el posicionamiento de marca. Subordinar la diplomacia al rol operativo de promoción de mercados debilita el canal político y la inmunidad institucional que se requieren cuando surgen inevitables controversias comerciales o regulatorias entre Estados.

3. Delirios globalistas: el espejo roto del bolsonarismo

Finalmente, señor presidente electo, es imperativo advertir sobre los riesgos de adoptar posturas doctrinarias que interpretan el multilateralismo contemporáneo como una plataforma al servicio de agendas conspirativas globales o intereses partidistas internacionales.

Ese enfoque ya fue puesto a prueba en la región con consecuencias sumamente gravosas para el interés nacional de quien lo ejecutó. Durante la administración de Jair Bolsonaro en Brasil, la conducción de la tradicionalmente prestigiosa política exterior de Itamaraty fue encomendada a Ernesto Araújo, un funcionario de la tercera línea del escalafón diplomático cuyas credenciales previas carecían de experiencia en jefaturas de misión de alto nivel. Guiado por una visión dogmática que pretendía combatir un supuesto “marxismo cultural” y la influencia de las agendas de minorías en los foros multilaterales, el canciller Araújo implementó un repliegue ideológico que condujo al aislamiento internacional de su país.

La realidad forzó severas rectificaciones. El sesgo ideológico en la gestión diplomática de Araújo frente a socios estratégicos generó fricciones directas con el principal mercado comercial de Brasil, China, llegando incluso a comprometer el flujo y la importación de insumos médicos críticos durante la crisis sanitaria del COVID-19, un hecho que desencadenó una fuerte presión interna del propio Congreso y del sector agropecuario hasta forzar su renuncia.

De igual forma, la alineación dogmática afectó la política ambiental: los intentos iniciales de su sector político por suprimir la autonomía de la gestión ecológica y fusionar el Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura desataron un inmediato rechazo de la Unión Europea, paralizando por completo el proceso de ratificación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Fue el propio sector empresarial, exportador y el estamento técnico del Estado brasileño el que tuvo que operar para restablecer los canales de la diplomacia tradicional y detener el detrimento reputacional del país.

Colombia posee un peso geopolítico distinto al de Brasil; nuestro margen de maniobra es considerablemente más estrecho y nuestra dependencia del derecho internacional, de la cooperación multilateral y del consenso en los organismos multilaterales es de carácter estructural para viabilizar las políticas domésticas de seguridad, desarrollo y estabilidad económica. Romper con la tradición multilateral de la Cancillería colombiana por motivaciones ideológicas de coyuntura no constituye un acto de soberanía; representa un repliegue poco estratégico que reduce nuestra capacidad de influencia y nuestro margen de maniobra en un mundo en el que el derecho internacional ha sufrido los peores ataques.

Señor presidente electo, como funcionaria de carrera tengo claro que nuestro deber legal es articular las directrices de su gobierno con la lealtad irrestricta al Estado que la Constitución nos ordena como servidores públicos, aportando siempre la objetividad técnica que exige la defensa del interés nacional. Desde esta convicción profesional, sostengo que el diseño de la política exterior global del siglo XXI requiere menos discursos de barricada y un mayor apego al pragmatismo institucional, considerando con rigor la posición estratégica y las verdaderas aspiraciones de Colombia en el mundo.

*Las opiniones expresadas en el blog corresponden únicamente a los autores y no comprometen a la Asociación Diplomática y Consular de Colombia -ASODIPLO-, ni al Ministerio de Relaciones Exteriores.

**Ana Cristancho Rocha es consejero de carrera diplomática y consular y economista de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia en convenio el IHEAL- Sorbonne Nouvelle; MBA en Relaciones Internacionales de la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, candidata a Doctora en la Facultad de Derecho de la Université Côte d’Azur (Nice, Francia) adscrita al centro de estudios CERDACFF con un proyecto sobre la cooperación internacional frente a la criminalidad transnacional. Ha estado a cargo de la cooperación con Centroamérica y la seguridad regional; los escritorios de lucha contra el terrorismo, la corrupción y el lavado de activos en Bogotá; la asistencia consular a connacionales en Sao Paulo y las agendas de asuntos económicos, asuntos de la OCDE y seguridad pública en París.

Un operativo realizado por diferentes autoridades de Colombia ha revelado el alcance de una supuesta red de deforestación que operaba en el municipio de Mapiripán, en Meta, al norte de la Amazonía colombiana. Los involucrados están acusados de acaparamiento de tierras para la presunta instalación ilegal de ganadería y plantaciones de palma aceitera. Además de las implicaciones ambientales en los ecosistemas de la región, el caso por el que se investiga a empresarios, familiares de políticos y militares retirados ya ha provocado que altos funcionarios del país denuncien amenazas.

El pasado 10 de junio, las autoridades dieron a conocer que mediante un dispositivo en el que participaron la Policía de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se ejecutaron órdenes de captura contra 17 presuntos integrantes de esta red, entre ellos un exalcalde de Mapiripán.

Para Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, esta operación fue resultado de años de investigación y es solo la punta del iceberg de un caso que ha implicado el acaparamiento de 60 predios de baldíos, la deforestación de más de 52 000 hectáreas de bosque y la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales en una región estratégica que conecta la Amazonía con la Orinoquía.

Leer más | Colombia: los grupos armados son los grandes ausentes en el reporte oficial de deforestación

Si bien este proceso de pérdida de bosque en Mapiripán tiene cerca de 15 años, las autoridades ambientales comenzaron a investigar esta red en 2024, tras detectar las alertas de mayor deforestación a nivel nacional en esta región.

“Fuimos descubriendo que este era el caso más emblemático que iba a tener Colombia en su historia y toda América Latina respecto a una red criminal en la que uno de los delitos es deforestación, pero no el único”, dice la ministra Vélez a Mongabay Latam y agrega que esta operación implica también el supuesto acaparamiento ilegal de tierras baldías de la Nación, lavado de activos, ganadería sin trazabilidad y procesamiento de aceites de palma sin permisos ambientales.

Dicha investigación ha estado principalmente a cargo del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), una instancia en la que participan diversas instituciones del Gobierno y establece la política para enfrentar la deforestación en el país.

Sin embargo, el caso se ha complicado. Apenas dos días después del operativo, autoridades ambientales denunciaron amenazas directas de muerte y acciones de espionaje. Funcionarios cercanos al caso cuentan a Mongabay Latam que la que consideran la mayor investigación contra la deforestación que ha tenido Colombia se encuentra, para ellos, en la incertidumbre.

Leer más | Colombia: viaje a un refugio de biodiversidad en medio de la deforestación de Mapiripán

La acelerada deforestación en Mapiripán y sus huellas en Colombia

Mapiripán ha sido un constante foco rojo en la pérdida de bosque natural. Solo en 2024 este pequeño municipio registró el 5 % de la deforestación nacional y fue uno de los nueve núcleos activos identificados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ese año registró 6722 hectáreas, un aumento de más del 38 %, respecto a 2023.

Sin embargo, en los últimos 13 años Mapiripán ha perdido cerca de 74 000 hectáreas de bosque, un área similar al tamaño de Singapur, de acuerdo con Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del Ideam.

“Tenemos registros de una creciente dinámica de deforestación asociada a estas áreas. Originalmente esta área estaba casi en estado 100 % de conservación, teníamos áreas de deforestación muy pequeñas en 2013, unas 1900 hectáreas, pero esta superficie se ha ido incrementando. El pico de deforestación para este municipio ocurrió en 2021, cuando se deforestaron cerca de 11 000 hectáreas”, explica el especialista a Mongabay Latam.

Si bien Mapiripán ha tenido períodos de reducción, como en 2023, cuando registró poco menos de 4900 hectáreas deforestadas, en 2025 se incrementaron a cerca de 9000, de acuerdo con Cabrera.

Entre los principales motores de deforestación en esta región está la praderización, que hace que el bosque húmedo tropical, rico en biodiversidad, se transforme directamente en un área de pastos. La segunda causa es la ganadería extensiva y le siguen la apertura de vías ilegales y los cultivos de uso ilícito que se mantienen en la región.

Cabrera destaca la extensión de la ganadería y la apertura de vías ilegales para el caso de Mapiripán en los últimos años.

“El incremento del hato ganadero [ganado] en Mapiripán se ha dado específicamente en esta ventana de tiempo de los últimos 10 años, cuando se ha incrementado de forma importante, muy relacionado a ese incremento de estas áreas de deforestación acumuladas. Las áreas no se abandonan después de la deforestación, se mantienen ya transformadas en áreas de pastos. No hay recuperación, no hay restauración, no hay regeneración”, sostiene el especialista del Ideam.

En 2025, Mongabay Latam realizó un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio había un entramado de 11 ramales de vías que en ese momento sumaban 549 kilómetros.

Estas actividades están afectando bosques estratégicos que conectan la Amazonía colombiana con la Orinoquía y que son un corredor para especies de gran importancia ecosistémica y de los cuales también dependen comunidades.

Los impactos no solo ponen mayor presión a áreas protegidas cercanas, como los parques nacionales de Picachos, Tinigua, La Macarena, Nukak y Chiribiquete. También están presentando alteraciones en resguardos indígenas, como el caso de Alto Unuma, ubicado en los municipios de Cumaribo y Puerto Gaitan; y El Tigre, en Uribe, de acuerdo con Cabrera.

“En términos de áreas protegidas, se genera una mayor presión a las áreas de conservación que están en sus alrededores y no solamente parques nacionales. Ya se están viendo afectaciones de deforestación dentro de esos resguardos indígenas cuando antes no teníamos”, expone el especialista.

Leer más | Potreros, peajes ilegales y grupos armados: un desastre provocado por cinco vías ilegales en la Amazonía de Colombia

Un caso judicial por deforestación

De acuerdo con autoridades ambientales de Colombia que dialogaron con Mongabay Latam en las últimas horas, la CONALDEF ha sido la institución principal de la investigación contra esta supuesta red de deforestación. El organismo busca probar que hay un entramado criminal que se ha apoderado de terrenos rurales que no han tenido un dueño particular y son reservados por el Estado, conocidos como baldíos. Lo hacen para expandir zonas ganaderas y producción de palma de aceite.

De las 17 personas con órdenes de captura, a la mayoría se les detuvo por los supuestos delitos de deforestación y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Sin embargo, a algunos de los detenidos se les investiga también por presunto lavado de activos, acaparamiento de tierras y daño medioambiental. Del total de personas señaladas, dos de ellas se entregaron voluntariamente, de acuerdo con autoridades ambientales consultadas por este medio.

Personas cercanas a la investigación sostienen que lograr los arrestos contra los presuntos responsables ha sido particularmente difícil por la presión económica y el riesgo que implica procesar a altos perfiles involucrados.

“La norma penal de Colombia dice que la orden de captura la debe expedir el juez del lugar donde sucedieron los hechos. Eso sería en Mapiripán, donde solamente existe una jueza. Obviamente se declaró impedida por temas de seguridad, después se incapacitó para no expedir esa orden de captura”, explica a Mongabay Latam una de las personas que lidera la investigación en CONALDEF y que pide omitir su nombre por seguridad.

Tras lograr que un juez fuera del municipio emitiera las órdenes de captura y que las detenciones de 15 de los investigados (dos se entregaron voluntariamente) se realizaran, las autoridades sostienen que otra jueza encargada de una de las audiencias no legalizó la captura de ocho personas.

De acuerdo con fuentes del CONALDEF, las órdenes de captura se dividieron en dos audiencias. En una de ellas se validó la detención de siete personas, así como registros y allanamientos, mientras que en otra se resolvió no declarar legal la detención de otras ocho personas.

“Esta situación no es tan normal en el proceso penal porque si ya otro juez había emitido una orden de captura, lo único que tenía que validar era que se hubieran cumplido los requisitos formales de la captura. El caso quedó en un limbo. Algunos quedaron libres y otros quedaron con la legalización de la captura”, explica la fuente anónima.

Esto derivó en que la jueza de Villavicencio que no validó las capturas se declarara impedida y enviara el proceso de vuelta a Mapiripán, donde la jueza de la localidad se había incapacitado, por lo que no hay un juez que determine las medidas del caso, según la fuente consultada.

Una abogada experta en derecho penal ambiental en Colombia explica que si bien la legalización de la captura es un procedimiento que debe realizarse dentro de las 36 horas siguientes a la captura, el que no se haya legalizado no implica que se detenga el proceso judicial.

“Si el juez verifica que los procedimientos de captura no se llevaron a cabo de manera adecuada y que, en consecuencia, hubo afectación a las garantías constitucionales del procesado, ordenará su libertad inmediata”, explica la especialista, quien pide conservar el anonimato.

También explica que al no legalizar la captura, las personas quedan en libertad, pero continúan vinculadas a la investigación del caso.

“No existe una relación directa entre la libertad del capturado y la evidencia del proceso, pues los elementos probatorios que ya se encuentren bajo custodia de la Fiscalía, estarán protegidos para su utilización en juicio. La persona vinculada deberá continuar atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y de los jueces de la república, aun estando en libertad luego de no legalizada su captura”, dice la abogada a Mongabay Latam.

Para la experta, estas resoluciones no implican necesariamente algún tipo de estrategia que utilicen las personas señaladas en casos penales para desgastar el proceso judicial.

“La no legalización de captura no implica la detención del trámite, sino que se traduce en que aquel continuará, pero la persona estará afrontando el proceso sin privación de su libertad. La decisión de los jueces frente a las capturas depende exclusivamente del acatamiento a los procesos legales, lo que varía en cada caso en particular”, insiste.

Mongabay Latam se comunicó con la Fiscalía y no obtuvo respuestas sobre las razones por las cuales la juez de Villavicencio desestimó las ocho capturas. También intentó dar con los jueces que intervienen en el caso pero no fue posible ubicarlos.

Personal del CONALDEF que ha trabajado en la investigación sostuvo en diálogo con este medio que el caso contra esta red de deforestación se encuentra en riesgo no solo por la liberación de presuntos responsables, sino también por la validez de las pruebas recabadas.

“Es la primera investigación que se ha hecho en términos de deforestación, es la primera vez que se está probando un agravante que es el de acaparamiento de tierras, que no es fácil probarlo jurídicamente y que tiene un componente financiero internacional y nacional. Esos resultados van a ser muy importantes para el país”, advierte la fuente sobre el proceso judicial.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, una de las personas señaladas en el caso es Carlo Vigna Tagliante, director general de la empresa Poligrow, dedicada a la extracción de aceite de palma con una planta ubicada en Mapiripán.

Mongabay Latam contactó a la empresa de Poligrow para conocer su versión sobre los señalamientos en el caso. Sin embargo, la compañía descartó dar un posicionamiento ante la investigación en curso. También señaló que ni la empresa ni su personal fueron citados a las audiencias, al “no existir imputación alguna” en su contra hasta la fecha.

“Tenemos toda la tranquilidad de haber siempre operado respetando las normas legales y aplicando los más altos estándares de sostenibilidad que nos permitirán demostrar nuestro buen actuar”, sostuvieron en su respuesta.

Leer más | Ministra Irene Vélez: “La instrucción del presidente Petro fue superar el extractivismo” | ENTREVISTA

Denuncias de amenazas y espionaje contra autoridades ambientales

Autoridades ambientales aseguran que diferentes personas involucradas en la investigación del caso y el proceso judicial han recibido intimidaciones e incluso amenazas de muerte, entre ellos fiscales, abogados e incluso la ministra de Ambiente, quienes las recibieron simultáneamente mediante llamadas, mensajes y correos. Las intimidaciones llegaron tras las detenciones.

“Están intentando amedrentarnos para que no tomemos las decisiones que en el caso nos competen, peor aún, están explícitamente pidiendo que cerremos el caso”, dice Vélez a Mongabay Latam al hablar de las amenazas.

Vélez narra que el viernes 12 de junio exactamente a las 3:48 de la tarde, ella y personas cercanas a la investigación recibieron intimidaciones. Tras presentar la denuncia, la ministra sostiene que cerca de la medianoche detectó un artefacto de inteligencia en su apartamento.

“Hubo un despliegue de algo que creemos que se llama acoustic array que es un dispositivo de grabación y de emisión de sonido que se desplegó sobre mi balcón. Es un dispositivo tecnológico que se utiliza para inteligencia”, explica la ministra.

Pese a que presentó la denuncia ante la Fiscalía y a que cuenta con un esquema de seguridad, Vélez dice que vive un ambiente de gran vulnerabilidad por su trabajo institucional.

“Uno siente que el poder que está detrás de esto es tan grande que las medidas, a pesar de que somos el Estado, parecieran insuficientes para garantizar nuestra seguridad. Me parece difícil de creer que esto le pase a un ministro en un país democrático”, dice a este medio.

La ministra de Ambiente asegura que buscarán principalmente salvar el caso y que puedan continuar el proceso judicial para dar a conocer las pruebas sobre la presunta red de deforestación.

“Estamos hablando de por lo menos cuatro países involucrados en el lavado de activos, donde operan algunas compañías. Es un crimen organizado internacional. La responsabilidad que tenemos con nuestra Amazonía y Orinoquía es proteger el bosque, pero también asegurar que este tipo de crímenes ambientales adquieran una relevancia internacional”, advierte Vélez.

*Imagen principal: las imágenes de satélite dejan ver cómo las vías se van extendiendo y arrasando con la selva de Mapiripán. Foto: Google Earth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

En este momento conviene recordar que la grandeza de una democracia se mide tanto por la conducta de quienes asumen el triunfo como por la manera en que los demás asimilan la derrota. El escrutinio y los recursos electorales forman parte, por supuesto, de las garantías del sistema y deben ejercerse plenamente. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre acudir a las instituciones con evidencias concretas y sembrar, como estrategia política, una sospecha generalizada sobre la legitimidad de todo el proceso. Las autoridades electorales, los testigos de las campañas y las misiones nacionales e internacionales de observación acompañaron la elección y ofrecieron un parte general de tranquilidad. Sería, por tanto, gravísimo sentar el precedente de que un resultado solo se reconoce cuando favorece a un determinado sector.

Reconocer un resultado adverso no significa abandonar las convicciones ni renunciar al control político, sino aceptar que las diferencias se tramitan mediante el derecho, la oposición y el debate público. Quienes no obtuvieron el respaldo mayoritario tienen ahora el deber de ocupar un espacio esencial: el del contrapeso democrático. Este será un paso necesario para avanzar hacia la estabilidad democrática del país.

Sin embargo, la responsabilidad principal ante el país recaerá en quien gobernará durante los próximos cuatro años. El estrecho resultado electoral demuestra que, junto al país que respaldó el nuevo rumbo, existe otro, prácticamente equivalente en número de votos, que expresó una visión distinta sobre el futuro de Colombia. Reconocer su existencia, sus preocupaciones y sus expectativas será fundamental.

El nuevo presidente electo tendrá que gobernar para quienes celebran su victoria, para quienes la observan con expectativa y también para quienes votaron en su contra. Así como los derrotados deben reconocer la voluntad expresada en las urnas, el vencedor tendrá la obligación de no interpretar el resultado como un cheque en blanco, menos aún en las profundas tensiones políticas que atraviesa actualmente el país.

Esa responsabilidad se hará especialmente visible en el Congreso. La composición del Senado y la Cámara de Representantes no le otorgará automáticamente una mayoría al nuevo Gobierno. Cada reforma relevante exigirá diálogo y la construcción de acuerdos. La gobernabilidad será uno de los mayores desafíos del próximo cuatrienio y no podrá sostenerse exclusivamente en negociaciones burocráticas ni en coaliciones improvisadas en torno a cada votación.

El país necesitará, entonces, consensos programáticos y amplios sobre asuntos esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional, la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Construir esos acuerdos no significará renunciar al programa elegido por la ciudadanía, sino comprender que las transformaciones duraderas, en una sociedad pluralista y profundamente dividida, rara vez pueden imponerse desde una sola orilla.

Esa voluntad de concertación deberá estar acompañada por una administración capaz de convertir las decisiones políticas en resultados concretos. El nuevo Gobierno llega con un mensaje contundente y una oportunidad invaluable para recuperar la confianza ciudadana, restablecer el orden y devolverle a la administración pública su capacidad de ejecución. Para que esa visión trascienda el discurso y se convierta en realidad, la arquitectura gubernamental deberá sustentarse en un equipo excepcional.

La conformación del gabinete será una de sus primeras y más reveladoras decisiones. Colombia necesitará ministros y altos funcionarios con las más altas calidades académicas, técnicas, profesionales y éticas. No bastará con premiar la lealtad. El momento histórico exigirá conocimiento sectorial, experiencia administrativa, independencia de criterio, integridad comprobada y capacidad para generar resultados.

En esa arquitectura, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, podrá desempeñar un papel fundamental. Su trayectoria académica, su conocimiento de la economía y su experiencia en la administración pública pueden contribuir a traducir las prioridades políticas en decisiones técnicamente responsables. Una Presidencia impulsada por el liderazgo y la autoridad, acompañada por el rigor técnico y la capacidad gerencial, puede constituir una fórmula prometedora.

No obstante, el éxito del Gobierno no dependerá de una sola figura. Ese estándar de idoneidad deberá extenderse a todo el gabinete, a las entidades descentralizadas, a las superintendencias y a la representación diplomática. Colombia no necesita sustituir una improvisación por otra, sino construir un Estado que combine orientación política con evidencia, capacidad de ejecución con responsabilidad fiscal y autoridad con respeto por los procedimientos.

A esa exigencia de idoneidad deberá sumarse la coherencia. El presidente tendrá que ser fiel a su palabra, y la ciudadanía tendrá derecho a exigir correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y lo ejecutado desde el Gobierno. Cuando alguna propuesta deba modificarse por razones fiscales, jurídicas o institucionales, será indispensable explicarlo con transparencia.

Sobre esa base, uno de los frentes prioritarios será la recuperación de la seguridad. El país espera resultados frente al fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la extorsión y la pérdida de control territorial. Recuperar la autoridad estatal requerirá inteligencia, coordinación institucional, presencia efectiva en los territorios y una estrategia que articule seguridad, justicia y oportunidades económicas.

De manera paralela, será urgente recuperar la confianza en la economía. El nuevo Gobierno deberá generar condiciones para la inversión, proteger la estabilidad fiscal, impulsar la productividad y reconstruir una relación de confianza entre el Estado, el sector privado y los territorios. El crecimiento no podrá concebirse como una simple abstracción estadística: deberá traducirse en empleo formal, movilidad social y oportunidades reales para las regiones históricamente más rezagadas.

Tanto en materia de seguridad como en la conducción económica, el ejercicio del poder requerirá una profunda sabiduría republicana. Recuperar la autoridad no implica desconocer la crítica, debilitar el pluralismo ni ignorar que, en la orilla contraria, existen preocupaciones legítimas sobre el futuro de la nación. Gobernar con sentido de Estado supone ejercer el poder con firmeza, pero también con límites claros, respeto institucional y conciencia de la diversidad del país.

Esa misma madurez deberá reflejarse tempranamente en la política exterior. La intención manifestada por el presidente electo de sanar y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos constituye un punto de partida pragmático y necesario, dada la importancia de ese país para el comercio, la seguridad, la inversión y buena parte de la cooperación internacional de Colombia.

Al mismo tiempo, el país necesitará una política exterior profesional, diversificada y estable, capaz de defender el interés nacional, reconstruir alianzas y ampliar su presencia en otras regiones. Las relaciones internacionales no pueden seguir dependiendo de afinidades ideológicas, impulsos personales ni de controversias dirimidas en redes sociales. Para avanzar en esa dirección será indispensable reconstruir las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia no puede seguir desmantelando su servicio exterior en nombre de las ideologías de turno y crear condiciones para que los mejores talentos de las regiones puedan formarse, ingresar a la carrera diplomática y representar al país con excelencia, nivelando por lo alto y no por lo bajo el servicio exterior.

Pero la proyección internacional de Colombia no dependerá únicamente del cuidado de sus relaciones exteriores. También estará determinada por su capacidad para educar, producir conocimiento, innovar y formar el talento que las transformaciones productivas y científicas contemporáneas demandan. Por ello, la recuperación del país deberá sustentarse en una gran apuesta nacional por la educación, la ciencia y el conocimiento.

Colombia no podrá resolver sus problemas de productividad, desigualdad, violencia y debilidad institucional mientras la educación continúe tratándose como un sector aislado y no como el fundamento de su desarrollo. El nuevo Gobierno tendrá que reducir las profundas brechas entre territorios, mejorar la calidad en todos los niveles y garantizar que el origen social o el lugar de nacimiento no sigan determinando las posibilidades de cada ciudadano.

Esta apuesta exigirá dignificar la profesión docente, fortalecer las instituciones educativas y construir una formación que responda a los grandes desafíos sociales, culturales, científicos y productivos del país. Colombia necesita una educación que no solo prepare para el trabajo, sino que forme ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar en la vida democrática, convivir con la diferencia y contribuir a la transformación de sus comunidades.

En ese horizonte, la ciencia, la tecnología y la innovación deberán dejar de ocupar un lugar periférico en las decisiones del Estado. Un país que no produce conocimiento queda condenado a depender de las soluciones, tecnologías y prioridades definidas por otros. Fortalecer la investigación, respaldar el talento nacional y articular las capacidades de las universidades, las empresas, el Estado y los territorios será indispensable para diversificar la economía, enfrentar los cambios tecnológicos y construir una verdadera sociedad del conocimiento.

Todas las universidades, en el marco de un sistema mixto de educación superior revitalizado, deberán desempeñar un papel central en este propósito. Estas no son únicamente espacios de formación profesional, sino instituciones capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación, fortalecer la cultura democrática y conectar los territorios con oportunidades nacionales e internacionales. Convertirlas en aliadas estratégicas permitirá que la transformación del país no se concentre en unas pocas ciudades, sino que nazca también de las capacidades, los saberes y las aspiraciones de sus regiones.

El Gobierno electo tiene, en suma, una oportunidad excepcional para corregir el rumbo, recuperar la confianza y fortalecer el Estado. Pero recibe también un país dividido, con enormes desafíos en materia de seguridad, productividad, desigualdad, conocimiento y presencia territorial. Su éxito no dependerá únicamente de la firmeza de sus decisiones, sino de su capacidad para construir consensos, conformar un equipo de las más altas capacidades y gobernar más allá de quienes depositaron su voto en él.

En este orden de ideas, el nuevo rumbo de Colombia deberá sostenerse en la autoridad, pero también en la sensatez; en la técnica, pero también en la sensibilidad social; en la convicción, pero también en el respeto por la diferencia. Solo así será posible consolidar instituciones sólidas y resguardar ese delicado y complejo sistema que sostiene nuestra democracia.

Años después volví a encontrarlo en Villa de Leyva. Nos vimos en el marco del Festival de Letras, donde una selección de sus fotografías formaba parte de una exposición abierta al público. En una sala de piedra que mira las montañas que ascienden hacia el páramo, sus imágenes dialogaban con visitantes, lectores y curiosos que se detenían frente a escenas llegadas desde Etiopía, Myanmar o la Amazonía colombiana. Pero fue más tarde, lejos de la exposición y de las conversaciones propias de cualquier festival, cuando entendí mejor quién era el hombre detrás de aquellas fotografías.

Nos sentamos en su casa, también abierta hacia las montañas de Villa de Leyva. La luz de la tarde comenzaba a cambiar sobre los tejados del pueblo y la conversación regresó naturalmente a los temas de aquella travesía por el Güejar. Hablamos de viajes, de libros, de fotografía, de memoria y de las personas que uno encuentra en el camino. Mientras escuchaba sus historias y observaba algunas de sus imágenes fuera del contexto formal de la exposición, comprendí que ambas cosas —el hombre y la obra— estaban unidas por una misma búsqueda. Lo que Xavier Kara persigue con su cámara no son lugares extraordinarios. Lo que busca son momentos en los que el tiempo deja de correr y se vuelve visible.

Vivimos en una época obsesionada con la inmediatez. Nunca antes la humanidad había producido tantas imágenes y probablemente nunca antes las había olvidado con tanta rapidez. Fotografiamos todo: lo que comemos, lo que pensamos, los lugares que visitamos, las personas con las que compartimos una tarde. Millones de imágenes nacen cada día para desaparecer pocas horas después bajo el peso de nuevas imágenes. En medio de esa avalancha visual, encontrarse con la obra de Xavier Kara resulta una experiencia extraña porque sus fotografías parecen provenir de otro ritmo. Son imágenes que no exigen ser consumidas. Exigen ser contempladas.

Quizás por eso permanecí más tiempo del habitual frente a ellas. Algo en esas fotografías obligaba a desacelerar la mirada. No había espectacularidad ni artificio. No parecían concebidas para impresionar. Parecían concebidas para observar. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Impresionar es relativamente sencillo. Basta con sorprender. Observar, en cambio, requiere paciencia. Requiere atención. Requiere una disposición que se ha vuelto cada vez más escasa en un mundo gobernado por las distracciones.

La exposición presentada durante el Festival de Letras ofrecía una magnífica puerta de entrada a ese universo. Sin embargo, las fotografías adquirían una dimensión diferente después de conversar con su autor. Lo que en las paredes parecía una colección de imágenes tomadas en distintos continentes revelaba, en la conversación, una coherencia mucho más profunda. Cada fotografía era una estación de un mismo viaje intelectual y humano. No importaba si el escenario era una iglesia excavada en la roca en Etiopía, una ciudad perdida entre la niebla de Myanmar o una montaña amazónica en Colombia. Todas parecían responder a una misma pregunta: ¿qué cosas merecen ser conservadas cuando el mundo cambia?

Más tarde, conversando con Kara, comprendí que esa impresión inicial no era accidental. Me dijo algo que terminó convirtiéndose en la clave para entender toda la exposición. “Me considero un humanista. La fotografía me da una forma de tender puentes entre culturas”. La frase podría pasar desapercibida en una conversación cualquiera, pero en realidad contiene una visión completa del mundo. Porque lo que aparece una y otra vez en sus fotografías no son las diferencias entre las personas sino aquello que comparten. No importa si la imagen fue tomada en Etiopía, Colombia o Myanmar. Lo que interesa no es el exotismo del lugar sino la humanidad de quienes lo habitan.

Eso es precisamente lo que distingue a los grandes viajeros de los simples coleccionistas de destinos. Hay quienes recorren el mundo acumulando fotografías como quien acumula estampillas. Regresan con miles de imágenes y muy pocas preguntas. Xavier Kara parece pertenecer a una tradición distinta. Después de haber viajado por cinco continentes, sus fotografías transmiten menos fascinación por la diferencia que curiosidad por los puntos de encuentro. Hay en ellas una búsqueda constante de aquello que une a los seres humanos más allá de la geografía, la religión o la historia.

Hay algo más que me llamó la atención al conversar con él. A diferencia de muchos fotógrafos contemporáneos, Xavier Kara no habla del viaje como una conquista. No hay en su discurso la épica del explorador ni la ansiedad de quien necesita coleccionar lugares para justificar una identidad. Más bien habla del viaje como una forma de aprendizaje. Como una manera de descentrarse. Como un ejercicio permanente de humildad. Tal vez por eso sus fotografías producen una sensación tan poco frecuente en nuestros días: la sensación de que quien sostiene la cámara está dispuesto a escuchar.

Escuchar es una palabra importante. Durante siglos los viajeros occidentales recorrieron el mundo convencidos de que su tarea consistía en describirlo. Eran observadores que llegaban con respuestas. Los mejores viajeros, sin embargo, han sido siempre aquellos que llegaban con preguntas. Pienso en Ibn Battuta recorriendo el mundo islámico durante casi treinta años. Pienso en Alexander von Humboldt intentando comprender las conexiones invisibles entre geografía, naturaleza y cultura. Pienso incluso en Bruce Chatwin, para quien viajar era una forma de interrogar el deseo humano de movimiento. Lo que une a esas figuras no son las distancias recorridas sino la curiosidad intelectual con la que enfrentaron el mundo.

Las fotografías de Kara parecen nacer de esa misma tradición. No intentan demostrar nada. No buscan confirmar teorías previas. Son el resultado de una atención sostenida hacia aquello que aparece delante de la cámara. Quizás por eso transmiten una serenidad poco habitual. Vivimos rodeados de imágenes que nos dicen qué debemos sentir. Imágenes que buscan indignarnos, emocionarnos o sorprendernos de manera inmediata. Las fotografías de Kara operan de otra forma. Nos ofrecen espacio para pensar. Nos permiten entrar en ellas sin imponernos una conclusión.

Mientras observaba sus retratos etíopes recordé una frase de Ryszard Kapuściński que siempre me ha acompañado. Decía que para ejercer cualquier oficio relacionado con las personas hay que ser, ante todo, buena persona. Puede sonar ingenuo en una época dominada por el cinismo, pero sigue siendo una observación extraordinariamente lúcida. Uno termina viendo el mundo según la calidad de su atención moral. Y la fotografía, como la literatura o el periodismo, termina revelando tanto sobre quien mira como sobre aquello que es mirado.

Quizás por eso la palabra humanismo aparece una y otra vez cuando uno intenta describir la obra de Xavier Kara. Un humanismo que no nace de los discursos sino de la observación. Que no consiste en proclamar principios abstractos sino en reconocer la dignidad de las personas, de las culturas y de los paisajes que aparecen frente al lente. En tiempos de polarización, de identidades enfrentadas y de relatos que insisten en subrayar aquello que nos separa, resulta refrescante encontrarse con una obra construida sobre la convicción opuesta: la idea de que el mundo es más grande que nuestras diferencias y de que todavía es posible encontrar puntos de encuentro entre seres humanos que nacieron a miles de kilómetros de distancia y bajo tradiciones completamente distintas.

Esa búsqueda aparece de manera particularmente poderosa en las imágenes tomadas en Lalibela, Etiopía. En una de ellas observamos las manos de un hombre sosteniendo un antiguo manuscrito escrito en ge’ez, la lengua sagrada de la Iglesia Ortodoxa Etíope. En otra, un anciano inclina el rostro sobre aquellas páginas desgastadas por siglos de uso. Lo interesante es que las fotografías nunca caen en la tentación de convertir la escena en una curiosidad antropológica. No estamos observando una rareza cultural. Estamos observando algo mucho más universal: la relación entre una persona y aquello que considera sagrado.

Mientras contemplaba esas imágenes pensé que las civilizaciones sobreviven gracias a personas como aquellas. No necesariamente gracias a los grandes conquistadores o a los protagonistas de los libros de historia, sino gracias a quienes dedican su vida a custodiar una tradición. Un monje copiando manuscritos medievales. Un bibliotecario protegiendo documentos durante una guerra. Un abuelo transmitiendo historias familiares a sus nietos. Un sacerdote etíope leyendo palabras escritas hace siglos. La historia humana es también la historia de quienes mantienen viva una llama para que otros puedan encontrarla después.

Algo parecido ocurre con la extraordinaria fotografía de una joven sosteniendo una vela durante la celebración del Genna, la Navidad etíope. La imagen está construida alrededor de una paradoja elemental: la oscuridad domina el encuadre, pero es la pequeña llama la que termina capturando toda nuestra atención. En tiempos donde la grandilocuencia suele imponerse sobre la sutileza, la fotografía parece recordarnos una verdad antigua: muchas veces basta una pequeña luz para desafiar a toda la noche. Las grandes tradiciones espirituales de la humanidad han comprendido siempre esa idea. También la literatura. También la filosofía.

La misma sensibilidad aparece cuando Kara dirige la cámara hacia los Cerros de Mavecure. He visto muchas fotografías de ese lugar extraordinario en la Amazonía colombiana, pero pocas consiguen transmitir lo que realmente significa encontrarse frente a esas montañas. Sabemos que son algunas de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. Sabemos que han permanecido allí durante más de mil millones de años. Sin embargo, conocer el dato geológico no equivale a comprenderlo. La fotografía de Kara logra algo más difícil. Nos hace sentir el peso del tiempo. Nos obliga a confrontar nuestra propia escala frente a una realidad infinitamente más antigua que nosotros.

Quizás por eso una de las frases de la muestra quedó resonando en mi memoria. Refiriéndose a Mavecure, Kara escribe que la naturaleza no aparece allí como telón de fondo sino como protagonista. La observación parece sencilla, pero en realidad cuestiona una de las ideas más arraigadas de la modernidad: la noción de que el ser humano ocupa siempre el centro de la historia. Frente a esas montañas comprendemos lo contrario. Somos apenas visitantes temporales en una historia mucho más larga que la nuestra.

Esa misma reflexión atraviesa sus imágenes de Mrauk-U, la antigua ciudad de Myanmar cuyos templos emergen entre la niebla como recuerdos materializados. Hay lugares que parecen existir simultáneamente en el pasado y en el presente. Lugares donde la historia no ha desaparecido sino que continúa respirando bajo distintas formas. Las fotografías de Kara capturan precisamente esa sensación. No muestran una ciudad despertando. Muestran una ciudad soñando.

Conversando con él descubrí que buena parte de su formación ocurrió en Londres, donde fue miembro de la Ealing Photographic Society, fundada en 1890 y considerada una de las sociedades fotográficas más antiguas del mundo. Allí desarrolló muchas de sus habilidades técnicas. Sin embargo, sería un error atribuir el valor de su obra únicamente al dominio del oficio. La técnica es indispensable, pero nunca suficiente. Lo que distingue a una fotografía memorable de una fotografía correcta es la mirada que existe detrás de la cámara.

Y la mirada de Xavier Kara está profundamente influenciada por una tradición que reconoce en Sebastião Salgado, Fan Ho, Henri Cartier-Bresson, Nereo López y Jimmy Nelson algunas de sus principales referencias. Hay algo que une a todos esos nombres. Ninguno utilizó la cámara únicamente para registrar lo que veía. Todos intentaron comprender algo sobre la condición humana. Todos entendieron que una fotografía podía ser también una forma de conocimiento. Una manera de interrogar el mundo.

Antes de despedirnos, Kara mencionó una frase de Marco Aurelio que considera una guía personal: “Recibe sin gloria. Pierde sin preocupación”. Pensé entonces que existe algo profundamente estoico en su trabajo. Sus imágenes no parecen desesperadas por llamar la atención. No buscan el aplauso inmediato ni el impacto efímero. Se limitan a permanecer. Como permanecen las montañas. Como permanecen los libros antiguos. Como permanecen las ciudades que sobreviven a los imperios y las tradiciones que sobreviven a los siglos.

Salí de su casa cuando comenzaba a caer la tarde sobre Villa de Leyva. Las montañas seguían allí, inmóviles, observando desde la distancia. Recordé entonces aquella travesía por el Güejar años atrás. Después de todo, quizás nunca dejamos de cruzar ese río. Algunos lo hacen con una cámara, otros con libros, otros simplemente conversando. Lo importante no es la orilla a la que se llega. Es la forma en que se recorre el camino. Porque viajar, en el fondo, es una manera de estar en el mundo. Una forma de vivir.

Aunque es pertinente señalar que este marchitamiento institucional no es exclusivo de los escenarios diplomáticos —pues hemos visto cómo otras carteras han sufrido una alarmante fuga de capacidades técnicas, una realidad de la que me ocuparé en futuras entradas—, hoy resulta imperativo poner la lupa exclusivamente sobre el Palacio de San Carlos. Allí ha primado una diplomacia de micrófono, dominada por discursos altamente ideologizados que se agotan en su propia retórica y han dejado a la deriva a una de las instituciones más críticas para la proyección y la seguridad de la nación.

La política exterior colombiana ha caído en la trampa del activismo gubernamental, sacrificando en el camino la institucionalidad y la visión de Estado y el respeto por el mérito. Allí, hemos visto cómo, de manera sistemática, embajadas y consulados se han convertido en moneda de cambio para llegar a acuerdos políticos, ignorando la necesidad de privilegiar trayectorias diplomáticas y capacidades técnicas y profesionales. Esta es, particularmente,  una realidad que ha encendido las alarmas de los propios expertos y de quienes sostienen el ministerio por dentro.

Desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO), su dirigencia ha tenido que salir al paso no solo para rechazar los proyectos que buscan reducir los requisitos para nombrar diplomáticos, sino para exigir que se detengan las insubsistencias masivas de personal capacitado. Como bien lo ha señalado el sindicato ante las afirmaciones estigmatizantes del Ejecutivo: la carrera diplomática no se hereda ni es de una rosca, se gana por concurso público. A esto se suman los constantes y vergonzosos fallos del Consejo de Estado, que ha tenido que anular un sinnúmero de nombramientos por la flagrante ausencia de los requisitos mínimos exigidos por la ley.

Cuando la dirección de una entidad se enfoca casi exclusivamente en sostener una narrativa ideológica, la base operativa, por supuesto, colapsa. Uno de los ejemplos de esta parálisis administrativa ha sido la crisis de los pasaportes. Más allá de si la expedición de las libretas logra estabilizarse a tropezones, lo que durante años operó como un modelo de eficiencia estatal fue sometido a un nudo ciego de improvisación jurídica, advertido repetidamente por la Contraloría y la Procuraduría. El país presenció una escena, a todas luces, preocupante: la enorme exposición a demandas millonarias derivadas de la accidentada salida de Thomas Greg & Sons, el letargo de la Imprenta Nacional para asumir un proceso técnico complejo y la limitada capacidad de maniobra internacional en la coyuntura. Esta debacle es la radiografía perfecta de lo que ocurre cuando se subordina el rigor técnico y la planeación al capricho político de turno.

A nivel internacional, el costo de esta improvisación es incalculable. Al supeditar nuestras relaciones internacionales a las afinidades ideológicas de turno, Colombia ha ido cediendo aceleradamente en su estatus histórico de país serio y líder en los escenarios multilaterales. Una Cancillería desprovista de su cuerpo técnico pierde la memoria institucional necesaria para navegar crisis complejas. Por ello, el diagnóstico del desastre debe dar paso urgente a la hoja de ruta de la reconstrucción. El próximo presidente heredará un ministerio profundamente golpeado y la política exterior del próximo cuatrienio requerirá una agenda de choque, contundente y audaz, para devolverle a la diplomacia su carácter de Estado.

El pilar fundacional de esta hoja de ruta debe ser la consagración de la política exterior colombiana como una verdadera política de Estado, completamente blindada ante los ánimos y vaivenes del gobierno de turno. Aunque la Cancillería cuenta en su base con un cuerpo de planta sumamente capaz, riguroso y preparado, la ausencia histórica de un marco inviolable a largo plazo fue la grieta que permitió el preocupante escenario actual. Fue precisamente esa falta de lineamientos estrictos lo que permitió que la diplomacia cediera en su operatividad técnica y tomara cada vez más espacio la legitimación ideológica de las erráticas decisiones internacionales del Ejecutivo. Esa vulnerabilidad institucional debe cerrarse definitivamente. Colombia no puede seguir reinventando su rumbo en el mundo con cada ciclo electoral; se requiere un consenso que fije líneas rojas que ningún mandatario pueda cruzar.

Con ese blindaje institucional como base, la primera tarea es rectificar de inmediato del rumbo geopolítico, empezando por recomponer y madurar nuestra relación con los Estados Unidos. La próxima administración debe desterrar la retórica anacrónica que reduce nuestro vínculo con Washington a un antagonismo ideológico. Necesitamos una diplomacia pragmática que reconozca a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial y aliado estratégico, elevando la agenda a temas de transición energética real, transferencia tecnológica y seguridad transnacional, sin complejos, pero, a la vez,  sin sumisiones. En esa misma línea, Colombia debe recuperar su vocación de liderazgo en América Latina. En este contexto, el próximo gobierno tendrá que retomar un rol de estabilización que impulse una integración basada en intereses comerciales, de infraestructura y de defensa democrática, y no en clubes políticos que se desmoronan con cada elección vecinal.

Pero la transformación más profunda debe darse, será, seguramente, de puertas para adentro: la política exterior colombiana tiene que dejar de ser un monopolio exclusivo de los pasillos diplomáticos en Bogotá. El próximo presidente debe apostar por una verdadera descentralización de la cooperación internacional y la interacción diplomática, instalando capacidades de base en los territorios. No se trata de permitir una diplomacia fragmentada, sino de dotar a las regiones de herramientas técnicas y de negociación para que asuman un rol protagónico en la diplomacia pública. Los territorios deben ser capaces de salir al mundo para gestionar recursos, buscar mercados y forjar alianzas directas.

Ya existen ejemplos tangibles de esta visión que demuestran que no es una utopía académica. Un caso verdaderamente emblemático y cercano es el de la Universidad del Quindío, que ha asumido con éxito un rol inédito como agencia de diplomacia pública. Al conectar el conocimiento con las necesidades de su entorno territorial, la institución se ha convertido en uno de los principales puntos de conexión entre el mundo y la región. A través de la gestión de proyectos de cooperación internacional, dicha institución ha demostrado que cuando se instalan capacidades técnicas a nivel local, se abren puertas de desarrollo que la burocracia centralizada suele ignorar. Este modelo de articulación, en el que la academia se convierte en el motor de la internacionalización regional, es una fórmula que el Estado podría replicar en todo el país.

El desafío que enfrentará quien llegue a la Casa de Nariño es enorme, pero la reconstrucción es posible porque no se parte de cero. En la Cancillería permanece una base profesional seria, rigurosa y comprometida: diplomáticos de carrera que, incluso en medio de la incertidumbre institucional, han contribuido a sostener la continuidad del servicio exterior colombiano. Ese capital humano debe ser el punto de partida para reconstruir la entidad. Recomponer la Cancillería no significa únicamente restituir el valor de la carrera diplomática y consular —aunque ello es indispensable y debe contar con garantías estatutarias sólidas—. También implica recuperar una visión de Estado que entienda la diplomacia como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, capaz de proyectar al país con coherencia, previsibilidad y sentido territorial. Solo sobre la base del mérito, de la experiencia técnica y de una orientación internacional seria, Colombia podrá dejar atrás la improvisación y recuperar una voz respetada, confiable y protagónica en el escenario global.

Las elecciones y la Selección

Y lamentablemente ya hemos llegado a tal extremo. De trasladarse semejante división al interior de los jugadores de la Selección, serán eliminados en la primera ronda del mundial, probablemente con autogoles, pues ya no serán un equipo sino 11 en disputa de ser el mejor jugador y harán un espectáculo deplorable. Su juego será deslucido y rastrero, como sucede en las campañas políticas, con sus líderes enfrentados, cada uno tratando de eliminar al otro y vencerlo, con jugaditas más o menos sucias, para luego sus seguidores vanagloriarse y como vulgares hinchas humillar y provocar a los vencidos. Si esto llega a suceder el próximo 21 de junio, toda Colombia perdería, no solo por el jolgorio de los ganadores y la frustración de los derrotados, que probablemente se expresará en las calles, sino porque durante los próximos 4 años difícilmente quien sea presidente podrá simbolizar la unidad nacional. Será un presidente que gobernará en primer lugar para su fanaticada y sus intereses, que lo eligió rabiosamente contra el resto de los colombianos. Estará tentado a cobrar revancha en lugar de gobernar para todos los colombianos y colombianas, como exige la Constitución. La cancha de la gobernabilidad, sus decisiones y beneficios serán para los ganadores y el resto quedará por fuera. Serán cuatro años de un juego de suma cero, contra casi la otra mitad de colombianos perdedores. Y si a ese hipotético escenario se suma una derrota de la selección frente a Uzbequistán el 17 de junio, estaríamos doblemente eliminados. Primero en el terreno de la convivencia política y luego de las canchas del mundial de fútbol. La única forma de evitar que sucedan esos desenlaces es tomándonos en serio ambos juegos, respetando las reglas de ambas actividades y jugando limpio, aceptando los resultados y respetando la integridad de todos los jugadores. En la política, permitiendo que los ciudadanos voten libremente y a conciencia, sin intimidarlos con las armas o infundiéndoles miedos y odios, pregonando catástrofes infundadas si el adversario llega a ganar o prometiendo milagros si se es favorecido en las urnas. Si se juega con semejantes artimañas, se estimulará peligrosamente la polarización, tanto durante la campaña y mucho más desde el gobierno, cuando en lugar de milagros lo que habrá será mayor frustración y desesperación por su no realización. Con mayor razón cuando esos milagros se anuncian que tendrán lugar en 9 meses, plazo en el que Abelardo dice acabará con el narcotráfico y la Coca en el país, superando así no solo a la “Paz Total”, sino todos los esfuerzos de los anteriores presidentes por poner fin al conflicto armado desde hace más de 50 años. Suena muy parecido a Trump y su inverosímil meta de poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Entonces no tendríamos una “Patria Milagro” sino una Nación malograda, más dividida y fragmentada. Pero no especulemos a mediano plazo sino en el inmediato y preguntémonos si nuestra Selección no le gana a Uzbequistán el próximo 17 de junio y corre el riesgo de ser eliminada en primera ronda, pues luego jugará con el Congo el 23 y Portugal el 27, encuentros más difíciles e inciertos ¿Con qué animo saldrían millones a votar con la camiseta de la selección?

Entre la Política y el Fútbol

La política, desde luego, es más importante que el fútbol. Es el juego del poder, el que nos afecta a todos, para bien o para mal, y nadie puede eludirla o ponerse a salvo de sus consecuencias. Nos define desde la cuna hasta la tumba. Es el picado de la vida, donde millones están casi que eliminados por el lugar donde nacen, que les marca sus oportunidades para llevar una vida decorosa u oprobiosa, en dónde vivirán y hasta cómo y cuándo morirán. Por esa sencilla razón nadie puede ser apolítico. Y quienes se precian de serlo y repudian a todos los políticos por corruptos y tramposos, terminan votando por outsiders que se aprovechan de su ingenuidad. Dichos Outsiders una vez electos suelen ser todavía peores que los políticos anteriores, ya que convierten el Estado y las instituciones públicas en sucursales de sus negocios familiares y de sus socios corporativos, con el pretexto de trasladar su éxito empresarial al sector público, como hizo Trump con Elon Musk y actualmente con su yerno, todo bajo el pretexto de America First y la grandeza de MAGA. Lo mismo hace Milei en Argentina con su hermana y por eso más de uno de sus ministros y asesores han estado envueltos en escándalos de corrupción. Todo eso sucede porque estos outsiders que, hábilmente se proyectan en sus campañas como antipolíticos y exitosos empresarios, pregonan que la ley nada tiene que ver con la ética y mucho menos el Estado con la justicia social, pues todo depende de la competencia en el mercado, de la vanagloriada libertad personal y de la supuesta meritocracia para triunfar. Semejantes cuentos los utilizan para subordinar en su toma de decisiones lo público a lo privado. Es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que es consubstancial a la democracia y el Estado Social de derecho, la protección y defensa de los derechos fundamentales de todas las personas y la prevalencia del interés general sobre el particular.

Contra la polarización, cumplir la Constitución

En nuestro caso, el artículo 1 define a Colombia como un Estado Social de derecho “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. En otras palabras, la Constitución es el campo de juego de la política, determina los límites y competencias de los gobernantes, sus funciones, relaciones con los ciudadanos y la sociedad en su conjunto. Por eso, nada mejor para evitar la polarización que cumplir la Constitución, empezando obviamente por quienes aspiran a los más altos cargos, como la Presidencia de la República y el Congreso. Si la cumplen cabalmente y no abusan de ella, interpretándola y aplicándola para favorecer a sus copartidarios, patrocinadores y socios, no habrá lugar a polarización social o política alguna. Pero si hacen lo contrario, obviamente la polarización será inevitable, pues cuando esos gobernantes en lugar de “promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados”, como lo ordena su artículo 13, se dedican desde la Presidencia y el Congreso a favorecer intereses minoritarios a través de incentivos y subsidios públicos, entonces es como ganar un partido en el mundial con la ayuda del árbitro, anotando goles fuera de lugar y hasta con la “mano de Dios”, como lo hizo Maradona contra Inglaterra en México en el mundial de 1986. En esos casos habrá posibilidades de mucha más polarización si la dignidad humana es desconocida en función del género al que se pertenece y se tiene actitudes misóginas y homofóbicas, pero sobre todo cuando no se adoptan medidas a favor de grupos discriminados o marginados y sí de minorías privilegiadas. Por eso no hay mejor antídoto contra la polarización que cumplir la Constitución, no solo por parte de los gobernantes, sino también de todos nosotros, como ciudadanos. De allí que Jürgen Habermas afirmará que el único patriotismo y nacionalismo que se debe estimular es el constitucional.

Patriotismo constitucional

Y nuestra Carta lo hace muy bien en dos artículos. El 22 que nos dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, por lo cual es un sinsentido afirmar que solo con la guerra y más “héroes de la patria” es posible alcanzarla y para ello estimular una atmósfera de confrontación con tigres que supuestamente devorarán a los “corruptos” y, todavía peor, “destriparán” a quienes sean de “izquierda”, considerados enemigos de la Patria. Todo lo contrario prescribe el artículo 95 que, entre los nueve deberes que enaltecen nuestra condición de colombianos, destaca los siguientes como esenciales: 1- “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”; 4- “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”; 6- “propender por el logro y mantenimiento de la paz”; 8- “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano” y 9- “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”. En conclusión, para no caer en la polarización, bastaría que todos cumpliéramos la Constitución, empezando por quien resulte electo presidente el próximo 21 de junio. Por eso carece de sentido promover otra Asamblea Constituyente si aún estamos en mora de cumplir artículos como el citado. Lo que necesitamos con urgencia es una gobernabilidad democrática constituyente, en lugar de inciertos procesos y asambleas constituyentes que apelan a un fantasmagórico poder popular constituyente, cuyas reivindicaciones y justas aspiraciones sociales solo podrán ser realizados con programas y políticas públicas concertadas entre todos los intereses económicos y sociales relevantes. Empezando con los intereses y las reivindicaciones más dispersas e inorgánicas de la economía informal y popular hasta los más robustos y poderosos de las grandes empresas, teniendo como horizonte el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, en lugar de su desmantelamiento.

Por el cumplimiento de la Constitución

Por eso es una buena noticia que el candidato Iván Cepeda haya desistido de la aventura constituyente y se concentre en el desarrollo y cumplimiento en la vida real de la Constitución nominal que tenemos. Si lo hace con coherencia y sin exclusiones o hegemonismo partidista, ya no habrá espacio alguno para la polarización política y social en tanto todos los colombianos nos sentimos reflejados y protegidos por la Constitución, siempre y cuando  se cumplan sus principios y valores democráticos enunciados desde su preámbulo: “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.  Una integración hoy amenazada por la estrategia de Trump y su “Escudo de las Américas”, diseñado en función de MAGA y AMERICA FIRST, que desconoce nuestras prioridades como subcontinente, desde México hasta la Patagonia, como son la paz, la conservación y explotación de nuestras riquezas y portentosa biodiversidad, junto a la pluralidad étnica de nuestras identidades y numerosos pueblos del SUR en busca de mayor justicia social y autodeterminación política colectiva.

Gerente Colegio Bilingüe José Max León.

Tras unas semanas después de la segunda versión del Foro “Rompamos el silencio” en la Universidad EAN me atrevo a resaltar ciertos aspectos. De entrada: gracias por la paciencia a quien esperaron estas palabras y también a quienes se están tomando el tiempo de leerlas. En la era del inmediatismo y el afán, del exceso de confianza que le tenemos a los resúmenes y las conclusiones que realizan las nuevas tecnologías, siento un privilegiado al tener unos minutos de su atención. 

Este texto es un acta sobre lo que se discutió ese día; es, ante todo, un gesto de agradecimiento a todos los que participaron, bien fuera como parte de la organización, como asistentes (presenciales y virtuales), como panelistas o como moderadores.

No es tampoco un resumen, sino más bien una hoja de ruta (quizás demasiado personal) para lo que considero es el paso a seguir de una alianza de carácter interinstitucional que se viene gestando desde hace algunos años y que resulta más relevante que nunca.

Porque, si bien el principal propósito de cualquier colegio es el bienestar de los estudiantes y de sus familias, el Colegio Bilingüe José Max León se enorgullece de “correr la milla extra” al animar a toda la sociedad a reconocer el acoso escolar como expresión y origen de buena parte de la violencia que ocurre en Colombia. Muchos antes de que fuéramos el primer colegio en latinoamérica en ser reconocido como una institución antibullying de acuerdo al modelo italiano NPR/PdR 42:2018 hemos promovido que las voces de las nuevas generaciones de colombianos tengan protocolos, garantías y claridad sobre cuáles son sus derechos y responsabilidades frente a un fenómeno que nos obliga a reevaluar las formas de nuestra educación. Requerimos del esfuerzo y la colaboración de todos los que componen el ecosistema para garantizar que este primer encuentro siga generando frutos.

El Foro “Rompamos el silencio”como un punto de partida

Este fue el llamado abierto a aquellos integrantes de la sociedad que se sienten incómodos con la normalización de la violencia. Este evento superó las expectativas de muchos y logró ofrecer un ápice de esperanza dentro de los esfuerzos por mejorar la realidad nacional y, sobre todo, de encontrar en otras personas e instituciones un reflejo de sus frustraciones y de sus fortalezas.

El primer resultado de la integración que causó la iniciativa del Colegio Bilingüe José Max León es “El Efecto E”, un proyecto del diario El Espectador que, definida por su director Fidel Cano, una campaña que busca articular actores educativos, empresariales, institucionales y sociales para visibilizar este fenómeno desde una mirada más amplia.

Con esto, el diario más importante de Colombia, pretende hacer un contrapeso de optimismo a la era que la autora argentina Mariana Enriquez define como la de las tres As: ansiedad, angustia y apatía. Siempre desde su agudísima puntería y la profundidad de sus reflexiones, Cano definió el “Efecto E” como la manera de El Espectador sirve de megáfono para que, fruto de los diálogos del foro y de futuros eventos y reflexiones, a las tres As identificadas por enríquez, se le puedan anteponer salvavidas como: Empatía (esa capacidad de comprender y sentir lo que viven otras personas), Esperanza (o la confianza en la posibilidad de construir algo mejor), Encuentro (disposición a construir vínculos humanos significativos) y, por supuesto, el Estudio (dedicación con amor al aprendizaje y al conocimiento), Elegancia moral (nobleza de conducta y respeto hacia los demás), entre otros.

Me alegró muchísimo que la referencia que hice a la obra de la filósofa Anne Dufourmantelle resonara en buena parte de las intervenciones. Por el vínculo estrecho que he construido con ciertas comunidades del Vaupés, me sentí muy identificado cuando la Rectora de la Universidad EAN retomó la idea de un currículo basado en “La Dulzura” para honrar las dinámicas sociales de nuestros pueblos ancestrales, sobre todo en el momento sagrado del encuentro en los centros de pensamiento, en el que se instala el acuerdo de usar “la palabra dulce”, generalmente mediado por el uso del mambe que garantiza la escucha atenta y las intervenciones prudentes y siempre pacíficas.

Y pude ver que otros panelistas también señalaban la necesidad de liberar a “la dulzura” de tantas capas de cursilería y simpleza con la que por tantas vías la han tratado de opacar.

La necesidad de respetar y reconocer la vulnerabilidad de quienes son afectados por estas violencias relacionales se origina también en reconocer que quienes son victimarios o acosadores también pueden tener una noción desfigurada del poder de la dulzura. Dufourmantelle argumentaba que la vulnerabilidad es parte de la condición humana y que, en lugar de ignorarla, deberíamos utilizarla como una base para desarrollar empatía y solidaridad. La dulzura no es abrazar al otro sin condiciones, sino reconocer que ese otro está tan habitado por fortalezas como por debilidades. Y que, así como las fortalezas nos dan oportunidades para combinar fuerzas, las vulnerabilidades nos pueden unir en una equivalencia también apta para desarrollar soluciones e innovaciones.

El cambio cultural que promueve el Colegio Bilingüe José Max León empezó con esta alianza entre medios, educación y sociedad, pero cualquier camino en esta dirección debe partir de la disposición de entender al ser humano con nuevas prolongaciones de su sentido.

Tomó mucho tiempo entender que las personas son seres integrales, habitados por muchos tipo de inteligencia y que su desarrollo depende lo bien articulados que crezcan emociones, lógicas, sentimientos, habilidades, hábitos, entre otros…ahora, la tecnología  y la evolucionada complejidad de las relaciones nos obligan a pensar en las personas como seres que habitan de manera cada vez más inevitable ese universo expansivo que es la virtualidad.

Como dice el Rector Javier Albornoz, el bullying es un fenómeno que cambia su forma y, si no ofrecemos guías, prevención y acompañamiento, puede encontrarse cómodo en cualquier lugar donde haya relaciones humanas. Cualquier esfuerzo contra el bullying y el acoso debe considerar el multiverso que habitan los seres humanos, al menos los que están bajo nuestra responsabilidad durante sus años de formación y, dentro de este marco, ni la familia, ni la escuela ni ningún ámbito laboral puede desconocer que el ciberbullying es ese entorno inhóspito y sin ley por el cual se mueve buena parte de las dinámicas sociales y donde la violencia ha asentado una de sus centrales de operación.

Ese nuevo humano que debemos formar a partir del reconocimiento y la aceptación de todas sus ramificaciones debe tener en cuenta las dimensiones que abarca en educación, convivencia en todos sus ámbitos (pero que se nutre desde el hogar, sea cual sea su forma), la restauración como parte de una dinámica constante, el papel de los medios de comunicación como centro de formación pública, la salud mental como eje de la productividad y el bienestar de un país, entre otros.

Romper el silencio exige prevención desde cualquier ámbito

Para esto las empresas, como las que conforman el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES), reconocen que las empresas también tienen una responsabilidad en romper cadenas de violencia. Aquellos liderazgos tóxicos muchas veces nacen de dinámicas no corregidas durante infancia y adolescencia y se pueden tratar en el marco de la seguridad y salud en el trabajo para garantizar el desarrollo de las empresas de la mano de un bienestar emocional y mental de sus trabajadores y de sus nichos familiares.

Una sociedad verdaderamente humana debe poder mirar el dolor sin convertir automáticamente al otro en monstruo. Esta base de la justicia restaurativa tiene sus bases en los protocolos que fija el Colegio Bilingüe José Max León para que el victimario no sea estigmatizado y tenga oportunidad y derecho a una segunda oportunidad. Así mismo, por el bien del conjunto social y la dignidad de los individuos, el dolor no puede convertirse en capital para anular a otros bajo el rótulo simplista y silenciador de “víctima”. No basta con reconocer, honrar y tratar de reparar su dolor del pasado, sino de valorar y aprender de sus cicatrices y de su poder de sanarse a sí mismos y a otros. Así, tanto los causantes del acoso como sus dolientes tienen un papel activo en la misión de darle a un grupo social una segunda oportunidad sobre la tierra. 

En los próximos días se pactarán nuevos pasos hacia la dirección que ya anticipamos: la puesta en marcha de un “Observatorio contra el acoso escolar y universitario”.

Aquí esperamos reunir buena parte del trabajo de los ponentes del foro, así como iniciativas académicas previas, para que podamos sumar conocimientos y reflexiones. El próximo foro deberá mostrar algunos resultados y nuevas voces que también quieran sumarse al llamado.

Ya rompimos el silencio…
ahora vamos a construir con las nuevas voces.