Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

Leer más | Colombia: la deforestación aumentó 6 % en la Amazonía durante 2025 | INFORME

Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

Leer más | Investigadores awá: el equipo que une ciencia y ancestralidad para proteger la selva en Colombia

Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

Leer más | Colombia: ONU verificó 972 asesinatos de defensores de derechos humanos desde el Acuerdo de Paz

Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Es una pregunta pertinente, aunque pueda parecer absurda, pues se presume que la condición sine qua non para el desarrollo democrático de una campaña electoral es que todos los participantes en ella se reconozcan legítimamente como adversarios. En palabras del recientemente fallecido filósofo Jürgen Habermas, que se reconozcan como “interlocutores válidos”, en lugar de hacerlo como enemigos irreconciliables entre sí. No deberían tratarse entre ellos como una amenaza para la propia existencia y menos para la convivencia social. Pero esto último es lo que está sucediendo en la actual campaña por la Presidencia de la República en Colombia. Algo inaudito y hasta inverosímil, pues los tres aspirantes que puntean en las encuestas de opinión, Iván Cepeda, filósofo, Paloma Valencia, abogada y Abelardo de la Espriella, también abogado, seguro leyeron con juicio en sus carreras el ensayo de Habermas “¿Es posible la legitimidad por vía de legalidad?”, piedra angular de todo régimen democrático. Aunque dudo que Abelardo, sumergido en el derecho penal para la posterior defensa de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, haya tenido tiempo para leerlo. Pero le convendría hacerlo ahora, para que comprenda que es imposible disociar la política y la legalidad de la ética pública en su dimensión de principios y valores compartidos para la justicia y la convivencia social, sin caer en el absurdo de apelar a la imagen depredadora de un tigre y enarbolar un saludo militar supuestamente para “salvar a la Patria”. ¿Tendrá algún sentido civilizador, legal y democrático asociar la Patria con tigres y guerreros? ¿No será lo propio de la ley de la selva y del más fuerte, como lo está haciendo Trump en el actual caos internacional?

Deslegitimar y demonizar al contrario para ganar

Pero esta campaña, tal como está discurriendo, en lugar de serlo para la legitimación democrática se está convirtiendo en una pugna por la deslegitimación mutua entre estos tres candidatos y arrasar así con el más mínimo vestigio de democracia. Es decir, para invisibilizar e impedir vislumbrar el espíritu de la democracia, ya que su cuerpo está desaparecido junto a las más de 135.396 personas dadas por desaparecidas en desarrollo del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, según el portal de datos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UNDPD)[i].  Las tres candidaturas se encuentran atrapadas en el “modo guerra” de hacer política y parecen no comprender que el principio fundacional y existencial de la democracia es la práctica de la política como deliberación y controversia sin violencia, según manda el artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Causa perplejidad, estupor y hasta miedo que quienes aspiran a la presidencia y la jefatura del Estado sean incapaces de estar a la altura de ese artículo constitucional, sin cuyo cumplimiento irrestricto no puede existir reconciliación política y mucho menos una verdadera democracia. Ya lo había expresado con lucidez filosófica y contundencia política el maestro Norberto Bobbio: “La democracia solo comienza en el momento –que llega después de mucho luchar—en que los adversarios se convencen de que el intento de eliminar al otro es mucho más oneroso que convivir con él”. Y no hay duda, por la pugnacidad que predomina entre ellos, que cada uno está empeñado en eliminar la legitimidad democrática del contrario. Lo hacen, obviamente desde el discurso, pero parecen olvidar que la violencia simbólica y retórica, cargada de animosidad contra quien es considerado enemigo, antecede a la violencia letal. Por eso están empecinados en la utilización de la memoria, buscando en el pasado las actuaciones y afinidades políticas de cada uno de ellos, incluso en las ejecutorias de sus padres y ancestros, para estigmatizarse y deslegitimarse mutuamente como aspirantes a la presidencia.

De la filiación a la afiliación política.

Quizá ello tenga que ver precisamente con sus historias personales y familiares. En el caso de Paloma Valencia, nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), quien como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordenó la “Operación Soberanía”[ii] y el bombardeó a Marquetalia, mito fundacional para el surgimiento de las Farc. Iván Cepeda, hijo del entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994 por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército nacional[iii]. Indirectamente también es el caso de Abelardo de la Espriella, pues su principal escudero y beligerante alfil, Enrique Gómez Martínez, es nieto del expresidente conservador Laureano Gómez y sobrino del asesinado exsenador Álvaro Gómez Hurtado, promotor de la “Operación Soberanía” contra las que llamaba “Repúblicas Independientes”. Se presenta así en estas tres candidaturas una estrecha relación entre filiación y afiliación política, que se proyecta con intensidad emocional y confrontación política creciente entre ellos y, lo que es más censurable e inadmisible, con su actual utilización irresponsable y sectaria. A tal punto que el expresidente Álvaro Uribe sindica a Iván Cepeda de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo contra el senador Miguel Uribe Turbay. A su vez Cepeda relaciona a Uribe y su fulgurante carrera política con el surgimiento de los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia[iv]. Y, para completar, desde la campaña de Abelardo, Enrique Gómez señala irónicamente: “Por más que miro, no veo al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y eso que el señor le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe. ¿Sí será eso lo que necesita Colombia? ¿o necesita la independencia del Tigre?”[v]. Desde luego que Colombia no es un zoológico para necesitar otro presidente “cargado de tigre”, mucho menos que los ciudadanos vayan a las urnas con su fiereza o llenos de rencor y deseos de revancha como sucede en las redes sociales entre quienes, por carecer de argumentos, solo se cruzan insultos y descalificaciones llamando “mamerto” o “paraco” a quien piensa distinto o no apoya incondicionalmente a su candidato o candidata.

No más “mesías” electorales y “salvadores nacionales”

Causa vergüenza el fanatismo, sectarismo e ignorancia que inunda las redes sociales por estos días, estimuladas por bodegas de dichas campañas. Pero lo peor y más preocupante es esa falsa superioridad moral que cada candidato y campaña esgrime con la absoluta certeza de que posee en su mente y manos la salvación de Colombia. Que su partido y aliados son un dechado de virtudes y sabiduría. Que, si no los respaldamos en las urnas, todos estaremos condenados al infierno de la guerra y la exclusión social. Candidaturas incapaces de la más mínima autocrítica, mucho menos de reconocer sus errores y horrores pasados y sus limitaciones presentes, porque están convencidas de su misión salvífica y solo si cada uno proyecta ese carisma de líderes y lideresas providenciales, destinados a satisfacer nuestras necesidades y hacernos felices, podrá ganar las elecciones. En ese sentido, más que demagogos son taumaturgos de futuras catástrofes, cuando desde el gobierno incumplan sus promesas de pan, paz, seguridad, ríos de miel y reinos de reconciliación. Porque cuando ya estén en sus altos cargos en el Ejecutivo comprobarán amargamente que no son tan poderosos y sí bastante impotentes. Comprobarán que son rehenes de los poderes de facto e intereses más o menos legales o abiertamente ilegales que los encumbraron a esas posiciones, con los cuales hicieron alianzas y sellaron compromisos tras bambalinas y se convirtieron así en sus testaferros y mandaderos. Eso sí, unos testaferros bien remunerados y protegidos por una tramoya de instituciones y rituales de una Constitución que juraron cumplir, pero parece que ignoran, no pueden o son incapaces de honrarla. Si ahora como candidatos no cumplen el artículo 22 y hacen de la campaña política una coartada perfecta para combatirse entre sí, qué no harán cuando tengan en sus manos el poder de gobernar y hasta de hacer la guerra contra los que consideran sus “enemigos”.

¡Lean y cumplan la Constitución!

Por eso, especialmente a estas tres candidaturas les conviene, en medio de las descalificaciones y deslegitimaciones que mutuamente se lanzan y cruzan durante esta campaña, tener presente además del citado artículo 22, el 188 de la Carta, que reza: “El presidente de la República simboliza la unidad nacional…y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. La pregunta obvia es ¿Cómo lo harán si en tanto candidatos y candidatas están empecinados en fragmentar y antagonizar a los colombianos, dividiéndonos absurdamente entre “ciudadanos de bien” contra “terroristas”; “paracos” contra “mamertos”; “oligarcas” contra “plebeyos” y hasta supuestos “patriotas demócratas” contra “peligrosos comunistas”? Una pregunta valida para todas las candidaturas, pero especialmente para estas tres por contar con el mayor apoyo en las encuestas. Es, en primer lugar, una pregunta vital y urgente para todos nosotros como ciudadanía, pues tenemos la responsabilidad de estar a la altura de los principios, valores y metas de la Constitución de 1991, entre las que figuran la “paz política, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general” según su artículo 1 y especialmente el 95: “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla” y para ello“defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. ¿Seremos capaces de hacerlo en las próximas elecciones? Y quien llegue a la Casa de Nariño ¿Será capaz de cumplir la Constitución, promover la reconciliación política nacional o continuará profundizando otros cuatro años la confrontación y degradación nacional en que estamos desde tiempos inmemoriales?

[i] https://datos.unidadbusqueda.gov.co/

[ii] https://www.elespectador.com/politica/la-historia-de-una-carta-que-pudo-haber-evitado-el-conflicto-armado-en-colombia-article-599330/

[iii] https://www.lanacion.com.co/cayo-en-neiva-el-asesino-del-papa-del-senador-ivan-cepeda/

[iv] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-31/alvaro-uribe-e-ivan-cepeda-calientan-su-enfrentamiento-tras-el-mitin-del-candidato-del-pacto-historico-en-medellin.html

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-04-02/se-ahonda-la-fractura-en-la-derecha-colombiana-el-ultra-enrique-gomez-arremete-contra-paloma-valencia-y-alvaro-uribe.html?event_log=oklogin

Espero contar con la comprensión y venia de mis eventuales lectores, pues voy a incurrir en la impudicia de citarme. Es más, de autoplagiarme, retomando apartes de una columna que escribí hace un año con motivo del día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas que, como sabemos, se celebra oficialmente cada año el 9 de abril. Entonces titulé esa columna con una pregunta que conserva plena validez y vigencia: “Colombia ¿Entre la victimización eterna y la reconciliación imposible?”[i]. Dicho interrogante conserva una dolorosa y grave vigencia, pues según el reciente informe de las Naciones Unidas, durante los últimos 4 años han sido asesinados 410 defensores de derechos humanos y líderes sociales y de acuerdo con el Registro Único de Victimas (RUV)[ii], ya sobrepasamos el escandaloso número de 10.269.759 víctimas del conflicto armado. Semejante estadística de violencia y horror es inconcebible en un régimen que se proclama democrático y que cada cuatro años celebra desde 1957 una “normal e ininterrumpida elección más”. Así llevamos 69 años entre urnas y tumbas. Una realidad política tan contradictoria e insostenible solo es posible en un Estado cacocrático, no en uno de derecho y democrático, carcomido por la impunidad y la mutua complicidad de sus sucesivos gobernantes que hacen de las elecciones una coartada perfecta para justificar una gobernabilidad más o menos ilegal y criminal. Pero también nos retrata como una sociedad éticamente insolidaria e insensible, muy poco o casi nada democrática, que contemporiza con la violencia según los intereses económicos y las simpatías partidistas de cada quien, pues muchos no reconocen la existencia, el sufrimiento y el desamparo en que viven millones de colombianos. La consideran una “narrativa” anodina, parte del paisaje, que no los afecta personalmente, hasta el día que se convierten en víctimas y ya es demasiado tarde. Es decir, desconocen a millones de compatriotas su igual condición de ciudadanos con derechos al goce pleno de sus vidas, libertades y bienes, arrebatados y conculcados impunemente por una frondosa criminalidad organizada y la incapacidad estatal para combatirla con legalidad y desarticularla con eficacia. Ya nos acostumbramos a esta “democracia” de víctimas irredentas y victimarios impunes, bien en nombre de la “seguridad democrática” uribista, la “paz con legalidad” de Duque e incluso la “Paz Total” de Petro, siempre y cuando podamos votar y sobre todo nuestro partido y candidatos ganar.

Maniqueísmo político en campaña

Y si a la anterior crisis humanitaria histórica sumamos ahora la peligrosa tensión polarizadora y maniquea entre las candidaturas presidenciales del Pacto Histórico y el Centro Democrático, en cabeza de Iván Cepeda con Aida Quilcué y de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, seguiremos extraviados en este infernal laberinto de acusaciones y deslegitimaciones, en donde cada parte sindica a la otra de los peores crímenes en nombre y la memoria de sus respectivas víctimas. Ya hasta se apela a una masculinidad homofóbica contra Oviedo, como lo hace la campaña de Abelardo. Así las cosas, la memoria y las víctimas se convierten en un pulso de narrativas y de cifras en busca del mayor número de votos. Entonces la política y las campañas en curso son rehenes del odio y de cuentas pasadas por cobrar, poco importa conocer las complejidades de lo sucedido y el alcance de las responsabilidades personales. Cada campaña reivindicará la memoria de sus víctimas, sus sufrimientos, vejaciones y verdades, con la absoluta certeza de ser moralmente superior a la de la contraparte en competencia y demostrar que sus propias víctimas tienen mayor categoría y dignidad que las del contrario. ¿Será más grave el secuestro de la guerrilla que el asesinato o la desaparición forzada de los “paras” o los cometidos por miembros de la fuerza pública? ¿El reclutamiento forzado de niños y niñas por las Farc o su bombardeo por parte del Ejército? ¿Las masacres perpetradas por los “paras”, las “guerrillas” o los “falsos positivos” oficiales? Sin duda, toda gradación y clasificación de las víctimas es una mayor degradación de su identidad y dignidad. Pero en el horizonte de cada campaña lo que importa es ganar la presidencia mediante la demonización y deslegitimación del contrario, proyectándolo como el único y principal responsable de la hecatombe actual y ser la encarnación de un criminal irredimible a quien no se le puede permitir por ningún motivo que tenga derecho a gobernar. Su tenebroso pasado de crímenes de lesa humanidad e impunidad anula su derecho a gobernar en el futuro. Su historia partidista o personal le niega de plano el ejercicio de la política y su pasado delictivo la posibilidad de un futuro diferente al de la cárcel y el repudio social. Argumentan que solo los considerados “ciudadanos de bien” tendrán derecho a elegir y gobernar, pues supuestamente sus líderes y ellos mismos nunca han tenido responsabilidad política, ni social y menos militar alguna con ese horripilante pasado de violencia. Basta recordar e imitar esa ejemplar reconciliación del Frente Nacional entre los máximos líderes de ambos partidos después de la tenebrosa Violencia de los años cuarenta y cincuenta, cuyo número de víctimas y principales protagonistas fue conveniente olvidar. Pareciera que somos incapaces de emitir un juicio político responsable sobre el pasado, más allá de nuestras simpatías partidistas de origen familiar, de clase, étnico o creencias religiosas. Somos maestros del maniqueísmo, pues solo los del otro partido son corruptos y criminales. En contraste, en nuestro partido solo hay candidatos virtuosos y de bien predestinados para gobernar con credenciales impolutas y un pasado ejemplar, propio de aristócratas. El resto, es una plebe de igualados y populistas que carecen de competencia para gobernar, camuflados en organizaciones de montonera con siglas políticas e históricas pretenciosas.

Una disputa horrorosa

Así llegamos a la actual disputa de las cifras del horror, que ya circulan velozmente por las redes sociales, pero también entre las mismas campañas. El Pacto Histórico exhibe los más de 6.400 “falsos positivos” de la “seguridad democrática” uribista y el Centro Democrático riposta con más de 18.000 niños y niñas reclutados por las Farc[iii], sindicando a Iván Cepeda de cómplice de semejante atrocidad, como si él hubiese sido comandante guerrillero y hasta abusador sexual. Incluso se revive el nombre de su padre, Manuel Cepeda Vargas, para asociarlo a un frente guerrillero de las Farc-Ep que se lo apropió y actuó criminalmente, mancillando así la memoria y actividad democrática de su padre como senador de la Unión Patriótica, quien fuera asesinado por agentes del Ejército nacional[iv]. Y en esa deriva maniqueísta del pasado se atribuyen con vehemencia y facilidad responsabilidades personales absolutas, sin un análisis riguroso del contexto histórico. Así aparece el abuelo de Paloma, el expresidente Guillermo León Valencia, como el único responsable oficial de la “operación soberanía”, que terminó engendrando a las Farc en 1964 en Marquetalia. Se omite la beligerante campaña del entonces senador Álvaro Gómez Hurtado contra las llamadas “repúblicas independientes”, el respaldo casi monolítico de los dos partidos tradicionales, los gremios y el contexto de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que propiciaron esos bombardeos y no atendieron fundamentales reivindicaciones sociales y reformas propuestas por los campesinos.

Un peligro inminente

Pero esa escalada de sindicaciones históricas es mucho más peligrosa, irresponsable y grave cuando se vive en presente y se lanzan acusaciones temerarias en desarrollo de la actual campaña, como la del expresidente Uribe contra Cepeda[v] al señalarlo de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo con el senador Miguel Uribe Turbay. Así se deslegitima de plano el debate electoral, pues se estigmatiza y señala a un adversario democrático, en este caso a Iván Cepeda, de ser un potencial criminal y el acusador se reviste con las prendas y la identidad de una futura víctima objeto de persecución y amenazas mortales. Con toda la razón, el candidato y senador Cepeda emplazó al expresidente Uribe a formular una denuncia penal en su contra y aportar las pruebas que tiene para tan grave sindicación. Es inadmisible promover en la actual campaña esa deriva de confrontación entre Cepeda y Paloma, quienes no pueden caer en esa trampa del pasado, salvo que pretendan gobernar con esa pesada carga de rencores y horrores y así perpetuar nuestra vida política como una disputa interminable entre víctimas irredentas y victimarios impunes. En adelante voy a autoplagiarme y retomaré lo que escribí hace un año, citando la célebre “Oración por la paz” de Jorge Eliecer Gaitán.

Una memoria para la democracia

“El próximo 9 de abril, oficialmente es el “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas” [i]. Una fecha memorable y dolorosamente actual porque en Colombia parece que nunca mueren las víctimas, pues vivimos en medio de una victimización incesante y permanente, cotidiana, cuyo origen histórico es casi imposible precisar. Es como si las víctimas fueran un signo de nuestra identidad nacional y del paisaje político. Desde luego, tampoco mueren los victimarios porque ellos siempre están asistidos de “buenas razones” y de una conciencia libre de toda sospecha y responsabilidad para cometer sus crímenes impunemente, generación tras generación. Algunos lo hacen en nombre del Estado, la Democracia, la Patria y la Seguridad, otros en nombre de la Justicia, la Revolución y hasta la Liberación Nacional. Todas palabras con mayúscula, como la magnitud de sus crímenes, tras los cuales ocultan la defensa de privilegios intocables, venganzas personales, ideologías fundamentalistas y hasta codicia sin límites. Pero hubo un hombre que intentó detener esa sangría interminable hace ya casi 80 años, Jorge Eliecer Gaitán, en un célebre discurso, casi olvidado, que se conoce como la “Oración por la Paz” [ii], pronunciada en la plaza Bolívar de Bogotá el 7 de febrero de 1948. Lamentablemente fue asesinado dos meses y dos días después en inmediaciones de la misma plaza.

La Oración por la Paz

Una oración muy pertinente para los próximos días de semana santa, pues contiene la principal clave para que los colombianos pongamos fin a esta victimización interminable e intentemos, 78 años después de su magnicidio, una reconciliación política auténtica, amplia, estable y duradera, que empieza por el reconocimiento que todos tenemos a la política sin apelar a la violencia verbal y exacerbante del odio que antecede a la directa y letal de las armas. Esa clave la encontramos en el siguiente aparte de la oración, dirigida a la conciencia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez, quien no la atendió: “Señor presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad”.  Esa petición es, ni más ni menos, la esencia de la democracia y si se hubiera atendido no estaríamos ahora naufragando en este mar de violencias degradadas, donde la política se mezcla inextricablemente con el odio, la venganza y la codicia”. Hasta aquí mi autoplagio del pasado. Ahora, vuelvo al presente.

¿De la victimización reciproca a la reconciliación política?

Es de esperar, entonces, que esta campaña en curso, con protagonistas como Cepeda, Quilcué y Paloma, con tanto peso histórico de sus antepasados en sus identidades y memorias, transiten no solo por “cauces de constitucionalidad” y legalidad, sino sobre todo que nos presenten horizontes de futuro. Que no pretendan hacer un imposible ajuste de cuentas político y mucho menos social con el pasado, azuzados por quienes saben más odiar que gobernar. Que se inspiren en estadistas y líderes como Gandhi y Mandela y nos propongan nuevos horizontes políticos, sociales y económicos para la reconciliación nacional. Horizontes que impidan la perpetuación de más generaciones de víctimas irredentas, sin derecho a su vida, identidad, verdades y reivindicaciones de equidad, pero sobre todo sin más victimarios impunes. Victimarios presentes en todo el espectro político, incapaces de reconocer sus responsabilidades y todavía empeñados en hacer campaña y gobernar en “modo guerra”, negando el valioso trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Porque sin el reconocimiento de todas las verdades, por dolorosas que sean y de sus principales responsables, nunca serán posibles una justicia reparadora y menos la reconciliación política.  Como sabiamente lo dijo el nobel de literatura José Saramago: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sentencia que todos deberíamos tener en cuenta en desarrollo de esta tensa y crispante campaña presidencial para valorar la madurez y prudencia de todas y todos los aspirantes, sus fórmulas vicepresidenciales y así decidir nuestro voto con memoria y responsabilidad democrática, en solidaridad con todas las víctimas y repudio político y condena ética de todos sus victimarios, sean institucionales o ilegales, insurgentes o contrainsurgentes.  

[i] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/colombia-entre-la-victimizacion-eterna-y-la-reconciliacion-imposible/

[ii] https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/

[iii] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-establece-que-al-menos-18.667-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-fueron-reclutados-por-las-Farc-EP.aspx

[iv] https://www.infobae.com/colombia/2025/04/16/asi-fue-el-asesinato-de-manuel-cepeda-vargas-el-padre-del-senador-ivan-cepeda-gustavo-petro-anuncio-la-recaptura-del-exmilitar-condenado-por-el-crimen/

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-23/el-camino-a-las-elecciones-presidenciales-colombia-2026-en-vivo.html

Coordinadora del Programa Alternativas al Desarrollo / Abogada colombiana especializada en derecho ambiental, justicia climática y litigio estratégico

Desde el 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Grupo BID) trabaja en la actualización de su Estrategia de Relacionamiento con la Sociedad Civil, cuya última versión fue adoptada en 2018. La revisión no es un asunto menor: ocurre en un momento en el que los desafíos del desarrollo en América Latina y el Caribe son cada vez más complejos y en el que la participación ciudadana resulta clave para que las decisiones y los proyectos que se lleven a cabo cuenten con la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil así como de las comunidades. 

Contexto de la estrategia de relacionamiento del BID con la sociedad civil:

En el año 2018 el BID adoptó su Estrategia de relacionamiento del Grupo BID- Sociedad Civil, la cual estableció como uno de sus objetivos principales la necesidad de apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional y de participación de la sociedad civil a fin de  disponer de  mejores capacidades en el diseño e implementaciones de agendas de desarrollo de los países. 

No obstante, dicha estrategia ha resultado insuficiente. A pesar de la adopción de un Plan de Acción para su implementación, persisten desafíos significativos en materia de participación de la sociedad civil, acceso a la información y efectiva incorporación de las recomendaciones y aportes realizados por las organizaciones. Estas limitaciones se reflejan en las distintas instancias de toma de decisión del Banco —ya sea en políticas, planes o proyectos—, evidenciando la falta de alineación interna necesaria para garantizar un relacionamiento efectivo, amplio y consciente con la sociedad civil.

Estas preocupaciones han sido reiteradas en múltiples ocasiones por organizaciones de la sociedad civil, en particular por aquellas que integran el Grupo de Trabajo sobre el BID, del cual Ambiente y Sociedad participa activamente.

Reuniones anuales BID- Asunción Paraguay, marzo 2026

Durante las reuniones anuales del BID realizadas entre el 11 y el 14 de marzo de 2026 en Asunción, Paraguay, más de 70 organizaciones de la sociedad civil de toda la región participamos en un taller de trabajo destinado a discutir el futuro de la relación entre el Grupo BID y la sociedad civil. El encuentro abordó temas centrales como el acceso a la información, los mecanismos de participación y las condiciones necesarias para que el diálogo entre el Banco y la sociedad civil sea realmente significativo.

Para orientar estas discusiones se presentó un diagnóstico preliminar elaborado por la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la American University. El diagnóstico identificó algunas de las principales dificultades, que actualmente enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en su interacción con el Banco. Entre ellas destacan el desconocimiento generalizado de la existencia de la estrategia de relacionamiento, la falta de claridad sobre los procesos de participación en la adopción de planes de acción, políticas y proyectos, así como limitaciones en el acceso a la información, tanto para los funcionarios del Banco como para las propias organizaciones. A esto se suman restricciones internas dentro de la institución, como los tiempos limitados para los procesos participativos, la escasez de personal y la existencia de prioridades institucionales contrapuestas.

Estos desafíos fueron reconocidos públicamente por el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, quien durante su discurso de apertura en el Foro de Sociedad Civil señaló que, así como la región y el Banco han cambiado desde 2018, también lo ha hecho la sociedad civil. En ese contexto, afirmó que esta ya no debe ser vista únicamente como un actor externo, sino como un aliado estratégico.

Este reconocimiento, aunque positivo y bien recibido, plantea un desafío mayor: que la relación entre el BID y la sociedad civil trascienda lo simbólico. Desde diversos espacios de la sociedad civil, Ambiente y Sociedad, junto con el Grupo de Trabajo sobre el BID hemos reiterado la importancia de garantizar participación temprana y bien informada partiendo de la base de que no son meramente procedimientos sino que se tratan de derechos de acceso reconocidos por tratados internacionales. Solo así será posible asegurar una participación efectiva y evitar que los procesos de consulta se conviertan en un mero trámite formal, sin incidencia real en las decisiones estratégicas.

¿Qué debería incluir la nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID?

En un momento en el que se presentan  acciones preocupantes de reducción del espacio cívico en diversos países de la región, resulta más necesario que nunca fortalecer un diálogo temprano, informado y constante que permita generar resultados verdaderamente transformadores. La nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID debe incluir mecanismos claros, inclusivos y transparentes que garanticen la participación temprana y efectiva de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de los proyectos, planes o políticas que se estén promoviendo. Esto implica no solo abrir espacios formales de consulta, sino también asegurar que las contribuciones recibidas sean debidamente consideradas e incorporadas en la toma de decisiones.

La estrategia debe reconocer que los derechos de acceso a la información y a la participación deben ser garantizados en los procesos que se desarrollen por parte del BID. Esto se traduce en  acceso oportuno a la información, participación temprana y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan evaluar de manera continua la calidad del diálogo y sus resultados. Sin esto, nunca habrá un escenario de confianza entre la sociedad civil y el Grupo BID . Además, el Banco deberá asegurarse de que esto aplique para todas las ramas de su institución tanto la pública como la privada; el estándar debe ser el mismo para todos. 

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

Leer más | Elecciones en Perú: las propuestas sobre minería ilegal en los planes de gobierno son pobres y sin estrategias claras, plantean expertos

“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

Leer más | Guardianes de la Trocha: la banda que se disputa el oro y siembra el terror en La Pampa peruana

Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

Leer más| Viaje al corazón del crimen en Perú: la destrucción que dejan mafias de oro y madera en comunidades del río Santiago

Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

Leer más | Perú: así funciona el sistema de extorsiones, amenazas y asesinatos que devasta los bosques en La Pampa

Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

San Sebastián de Mariquita está de moda.

No es una moda pasajera ni fruto del azar. Hay lugares que conservan una memoria profunda, como si el tiempo hubiera decidido quedarse a vivir en ellos.

José Celestino Mutis, no nació en Mariquita, pero el médico, botánico y sacerdote, venido de España por encargo del rey Carlos III, pasó casi ocho años de su vida estudiando la flora del Nuevo Reino de Granada. En estas tierras enseñó a los jóvenes criollos el arte de observar la naturaleza y de traducirla en dibujos minuciosos: hojas, flores, tallos, semillas, todo debía ser registrado con la precisión del científico y la sensibilidad del artista.

A comienzos de este 2026, la directora del Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid, María-Paz Martín, recorrió los mismos caminos por donde caminó Mutis. La científica española visitó Mariquita atendiendo una invitación de Funbotánica (Fundación Segunda Expedición Botánica), que dirige el periodista y abogado Guillermo Pérez Flórez, entidad que trabaja por la preservación del legado científico y cultural del sabio gaditano. Durante su recorrido visitó el bosque que hoy lleva el nombre de Mutis y las calles donde se gestó una de las aventuras científicas más extraordinarias de América. Al final del recorrido, ella dijo algo que parecía más una intuición que una afirmación académica:

“Me sorprende que, 250 años después, Mutis siga presente en el corazón de la gente que conoce su vida y su obra”.

Hay algo en Mariquita que sugiere esa presencia.

Cierro los ojos e imagino al sabio rodeado por niños criollos que escudriñan la tierra, buscan flores entre la humedad del bosque tropical o recolectan hierbas para estudiarlas. Luego las dibujan, las secan o simplemente las contemplan, como quien sostiene entre sus manos un fragmento del universo. Una hoja basta: venas, limbos y pecíolos convertidos en cartografía de la vida.

Ese legado viajó a España. En el Real Jardín Botánico de Madrid se conservan 7.206 láminas de la Real Expedición Botánica: algunas a color, otras en blanco y negro o sepia. Son el testimonio de 33 años de exploración científica. Las obras llegaron a la península en 1816, ocho años después de la muerte de Mutis, y hoy siguen asombrando a botánicos e historiadores.

Foto: cortesía Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima (Fredy Andrés Londoño)

Ahora bien, Mariquita no vive únicamente de su pasado. La ciudad también respira presente y futuro a través de sus frutas.

Reconocida por el mangostino, el mango mariquiteño, el zapote, el aguacate cuello de botella, el mamey, el banano o el carambolo, la población ha sido confirmada oficialmente como Capital Frutera de Colombia mediante la resolución 8790 del 10 de febrero de 2026 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La primera vez que visité Mariquita quedé maravillado con los jugos que el visitante encuentra en cualquier esquina. Es imposible no detenerse ante una vitrina llena de colores: naranjas, amarillos, verdes, púrpuras. Pero hay uno que domina la escena: el mangostino.

Es el fruto insignia del municipio, la reina de las frutas. Su sabor es difícil de describir. En él aparece el umami, ese quinto sabor que la ciencia reconoció después del dulce, el ácido, el amargo y el salado. Es un gusto profundo, casi misterioso, que permanece largo tiempo en el paladar.

Hoy el mangostino no solo se come fresco o en jugo. El comercio local lo ha transformado en yogures, paletas, encurtidos y postres que atraen cada vez más visitantes.

La historia del fruto es tan singular como su sabor.

Imágenes: cortesía Alcaldía de Mariquita.(Luis Eduardo Chavarro)

Originario del sudeste asiático, fue descubierto en la península de Malasia. Durante siglos fue considerado “el árbol más difícil de cultivar del mundo”, debido a las exigencias de clima y suelo que requiere. Llegó a Mariquita en el siglo XIX, traído por compañías inglesas que explotaban las minas de oro de la región. En el suelo y en el subsuelo del norte del Tolima encontró lo que buscaba.

En los suelos de ceniza volcánica y bajo el clima cálido y húmedo del valle del Magdalena, el mangostino prosperó. Primero fueron unos pocos árboles cerca de las minas. Luego se multiplicaron. Hoy adornan el paisaje.

“Los árboles de mangostino se encuentran incluso en los patios de las casas antiguas. Forman parte de nuestra cultura mariquiteña”, dice el ingeniero agrónomo Uber Villalba Patiño, de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La alcaldesa Marta Lucía Amaya lo confirma con una memoria personal: en su casa crecen dos árboles de mangostino y recuerda que de niña jugaba alrededor de ellos en el patio de la casa de sus padres.

La denominación de origen que acaba de otorgar la SIC refuerza esa identidad.

La etiqueta delimita una región de aproximadamente 200 hectáreas que incluye a San Sebastián de Mariquita, Armero-Guayabal, Falan, Palocabildo, Honda y Fresno, territorios donde los suelos volcánicos y las variaciones térmicas crean condiciones ideales para el cultivo.

Detrás de estos logros están la Alcaldía de Mariquita, el Centro de Productividad del Tolima (CPT), Asomangostino y la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, entidad facultada por la SIC para autorizar el uso de la Denominación de Origen “Mangostino de Mariquita”.

El mangostino es el fruto insignia de Mariquita, la reina de las frutas.

Foto: cortesía Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima (Fredy Andrés Londoño).

Hoy existen más de 200 productores y la producción anual ronda las 1.500 toneladas. La mitad se consume en Colombia; la otra parte viaja hacia Europa y Canadá.

El mangostino, sin embargo, exige paciencia. El árbol tarda doce años en dar fruto, pero puede vivir hasta 150 años.

La cosecha se realiza entre diciembre y febrero, y el proceso sigue siendo manual. “Se hace de forma artesanal para preservar las condiciones físicas y organolépticas del fruto”, explica Villalba. Luego vienen las etapas de clasificación, selección y almacenamiento en frío que garantizan su calidad.

A finales de abril, la Superintendencia de Industria y Comercio realizará en Mariquita una reunión con productores, autoridades locales y actores del sector agroindustrial para explicar los alcances y beneficios de la marca colectiva “Mariquita Capital Frutera de Colombia” y de la denominación de origen “Mangostino de Mariquita”, herramientas que buscan fortalecer la economía regional y abrir nuevas oportunidades en los mercados nacionales e internacionales.

En Mariquita el mangostino ha alcanzado incluso una dimensión simbólica. El Palacio Municipal lleva por nombre El Mangostino, y cada agosto, coincidiendo con el aniversario del municipio, se celebra el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, que en 2026 llega a su edición número treinta y uno.

En Mariquita conviven el pasado y el presente. Mutis sigue caminando por sus calles. Los árboles siguen dando fruto. Y el visitante solo tiene que cerrar los ojos para sentir que, en algún rincón del bosque, el sabio todavía observa una hoja como si fuera el mapa secreto para descubrir el mundo.

Atendieron la visita el gerente agrícola de Ingenio Manuelita, Luis Guillermo Amú Caicedo; la jefa de Recursos Hídricos, Isabel Cristina Fragozo; la jefa de Tecnología Agrícola y Compost, Lina Paola Álvarez, y la jefa de Gestión Social y Comunicaciones, Luisa Fernanda González Cabal.

Los académicos visitantes fueron Raúl Antonio Díaz Pacheco y Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira; Nohra Rodríguez, de la Universidad del Valle, y Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca.

Por parte de la Fundación Color de Colombia estuvo su director, Daniel Mera Villamizar.

A partir de las respuestas de los profesores, que pueden leerse más abajo, este es un resumen por cada pregunta, generado con Inteligencia Artificial (ChatGPT).

Sobre cambio tecnológico

Los académicos coinciden en que el principal valor formativo del Ingenio Manuelita radica en la convergencia entre trayectoria histórica e innovación tecnológica contemporánea.

Destacan, por un lado, la importancia de comprender la evolución tecnológica del ingenio y su impacto en productividad, eficiencia y bienestar laboral, y, por otro, la incorporación de herramientas de agricultura de precisión basadas en datos, digitalización en tiempo real y análisis computacional para la toma de decisiones.

Esta modernización se complementa con prácticas de economía circular y bioinsumos, así como con sistemas tecnificados de fertirriego, configurando un modelo de agroindustria que transita de la intensividad en recursos hacia la eficiencia, la sostenibilidad y la gestión inteligente.

• Sobre retos en productividad y sostenibilidad

En cuanto a los desafíos futuros, existe un consenso en que la sostenibilidad constituye el eje crítico, aunque inseparable de la productividad.

Los académicos subrayan la necesidad de aumentar la producción por hectárea reduciendo simultáneamente el uso de recursos, especialmente en un contexto de cambio climático que impone variabilidad hídrica, eventos extremos y presión sobre los suelos.

A ello se suman retos logísticos y de gestión que exigen enfoques sistemáticos de mejora continua, así como la urgencia de garantizar el relevo generacional en el campo.

En conjunto, se plantea la transición hacia sistemas productivos resilientes, eficientes y ambientalmente responsables.

Sobre oportunidades de cooperación

Finalmente, en materia de cooperación academia-empresa, las respuestas convergen en señalar un amplio campo de articulación centrado en la investigación aplicada, la extensión tecnológica y la formación de talento humano pertinente.

Se identifican oportunidades en el desarrollo de soluciones para manejo hídrico, adaptación climática, agricultura digital y optimización de cadenas productivas, así como en la transferencia de conocimiento hacia productores, especialmente pequeños proveedores.

Asimismo, se resalta el papel transversal de la responsabilidad social y la necesidad de integrar programas académicos de diversas disciplinas para responder a las demandas reales del sector, consolidando un ecosistema de innovación con impacto territorial.

Sobre cambio tecnológico

A la pregunta de “¿qué cambio tecnológico de Ingenio Manuelita cree que los estudiantes deberían conocer en primer lugar en el pregrado?”, los académicos respondieron:

Raúl Antonio Díaz Pacheco, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Administración.

“En mi opinión un estudiante de primer semestre de pregrado debe conocer la línea de tiempo del avance tecnológico del Ingenio Manuelita y su impacto en indicadores de productividad, eficiencia del recurso humano y calidad de vida del operario”.

• Nohra Rodríguez, de Universidad del Valle: miembro del comité del programa de Agroindustria y coordinadora de la maestría en biotecnología.

“Un cambio tecnológico clave es la integración de tecnologías digitales en los procesos productivos, especialmente el uso de datos para optimizar la eficiencia agrícola e industrial.

También la inclusión de tecnologías ancestrales como el uso de bioinsumos, compostaje y producción circular”.

Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca: coordinador del pregrado de ingeniería agroindustrial de la sede de Santander de Quilichao.

“Hay novedades tecnológicas actuales en la cosecha y siembra que están involucrando avances en el manejo de imágenes y análisis de datos en computador que permiten precisar más las dosificaciones de nutrientes en suelo y también el manejo de las malezas.

Así también la digitalización de la información en tiempo real que tiene para la planificación del riego constituye herramientas y aplicaciones con impactos significativos en términos de sostenibilidad y economía agroindustrial en la cosecha y siembra”.

• Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: profesor asociado del Departamento de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“El cambio tecnológico más relevante es la integración de sistemas de fertirriego tecnificado con gestión eficiente de recursos.

Este aspecto demuestra cómo la agricultura moderna pasa de ser intensiva en recursos a ser eficiente, digitalizada y ambientalmente responsable“.

Retos en productividad y sostenibilidad

Frente a la pregunta de “en productividad o en sostenibilidad, ¿qué le pareció más retador hacia el futuro?“, estas fueron las respuestas de los académicos:

Raúl Antonio Díaz Pacheco, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Administración.

“Respecto de la sostenibilidad el reto está en mantener el campo activo para el cultivo de la caña; en productividad incrementar la producción de caña por hectárea al mismo tiempo que disminuye el uso de los recursos, en especial los no renovables.

Además, garantizar un relevo generacional que beneficie al personal que termina su vida laboral y a los que la inician”.

• Nohra Rodríguez, de Universidad del Valle: miembro del comité del programa de Agroindustria y coordinadora de la maestría en biotecnología.

“El mayor reto hacia el futuro es equilibrar productividad con reducción de impactos ambientales, especialmente en el uso eficiente de agua y energía en contextos de cambio climático”.

Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca: coordinador del pregrado de ingeniería agroindustrial de la sede de Santander de Quilichao.

“Dadas las características y día a día de la cosecha y siembra en el ingenio, sin lugar a duda hay grandes retos a futuro en términos de sostenibilidad.

Esto también supone desafíos logísticos, de planificación y de gestión de los recursos que permanentemente deberán estar sujetos a un ciclo PHVA en términos de calidad del manejo de este proceso”.

• Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: profesor asociado del Departamento de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“Hacia el futuro, el mayor reto está en la sostenibilidad, más que en la productividad.

Aunque la productividad de la caña ha mejorado con tecnologías como el riego tecnificado y la agricultura de precisión, el cambio climático introduce variabilidad hídrica, eventos extremos y presión sobre los suelos, lo que exige sistemas productivos resilientes y adaptativos”.

Oportunidades de cooperación

En relación con la pregunta de “¿dónde ve más oportunidades de cooperación academia-empresa a la luz de lo observado en Ingenio Manuelita: investigación, apropiación y extensión tecnológica, formación pertinente de talento humano, responsabilidad social?”, los académicos opinaron así:

Raúl Antonio Díaz Pacheco, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Administración.

“La Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, identificó oportunidades de cooperación academia-empresa en temas como la generación de valor en el proceso de transformación de la caña de azúcar y tecnificación del pequeño proveedor.

También en mejoramiento de procesos de la cadena de suministro, formación pertinente de talento humano en ciencias agropecuarias, agroindustria, gestión y diseño de las organizaciones.

• Nohra Rodríguez, de Universidad del Valle: miembro del comité del programa de Agroindustria y coordinadora de la maestría en biotecnología.

“Veo grandes oportunidades en el trabajo colaborativo para el desarrollo de investigaciones aplicadas y en la formación de talento humano, articulando necesidades reales de la industria con procesos académicos de pregrado y posgrado que impulsen innovación y transferencia tecnológica”.

Jorge Luis Sánchez Ortega, de la Universidad del Cauca: coordinador del pregrado de ingeniería agroindustrial de la sede de Santander de Quilichao.

“La universidad podría impactar de manera positiva y contribuir de manera transversal en todos los segmentos de necesidades de los ingenios azucareros: investigación, apropiación del conocimiento, proyección social y capacitación de personal interno y externo.

Lo anterior es posible dada la gran oferta de programas educativos en nuestro caso de la Universidad del Cauca, comenzando por la misma Ingeniería Agroindustrial, programas asociados a la rama de la administración de empresas y contables , humanidades, entre otras”.

• Carlos Mario Zuluaga, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: profesor asociado del Departamento de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“Las mayores oportunidades de cooperación se concentran en la investigación aplicada y la extensión tecnológica, articuladas con la formación de talento humano.

En investigación, desarrollar soluciones en manejo hídrico, adaptación al cambio climático, suelos y agricultura digital.

En extensión, la academia puede ayudar a transferir estas innovaciones a los agricultores.

La responsabilidad social también es importante, pero como eje transversal: proyectos con comunidades rurales, eficiencia productiva con inclusión y sostenibilidad territorial.

Para la academia es fundamental que esta cooperación esté acompañada con la formación de estudiantes de pregrado y posgrado”.

Lo que sigue: pequeños productores en cadenas agroindustriales

En desarrollo del objetivo estratégico tres (de tres) misional de Fundación Color de Colombia: Empoderamiento económico y calidad de vida, se adelanta un interés en torno a pequeños productores de varios cultivos en el Pacífico y el Caribe y su relación con agroindustrias.

Por eso, se proyecta un Coloquio académico regional para el segundo semestre centrado en dos capítulos del libro “Competir en la Agroindustria: Estrategias Empresarias y Políticas Públicas para los Desafíos del Siglo XXI”, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Los capítulos son: 4 (Las empresas tractoras) y 5 (La asociatividad como estrategia de inserción internacional en mercados de agroalimentos de alto valor).

“Las llamadas “empresas tractoras” permiten a pequeños productores integrarse a las cadenas agroalimentarias globales”.

El Coloquio acogerá a docentes y estudiantes de carreras afines de distintas universidades del Valle del Cauca y el Cauca, y a expertos de la industria.

Entre los estudiantes habrá invitados que son beneficiarios de la Fundación Corazón de Caña, y entre los pequeños productores, líderes de cañicultores de varios municipios que tienen contratos con ingenios.

Los interesados pueden escribir a mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org

El tema fundamental de la filosofía es la razón

En la Introducción de su monumental Teoría de la acción comunicativa nos dice Habermas: “el tema fundamental de la filosofía es la razón” (Habermas, 2018, p. 23). Pero ¿Cómo la concibe? La razón para Habermas es, básicamente, un procedimiento, un predicado, es una razón intersubjetiva, dialógica. No es una razón objetiva, dada, que gobierna ciertos ámbitos de realidad como pensaban Horkheimer o los estoicos. La razón tiene que ver “con la forma en que sujetos capaces de lenguaje y acción hacen uso del conocimiento”, en la manera como lo emplean, lo usan. De ahí que tanto ‘las personas’ como sus ‘manifestaciones simbólicas’, es decir, expresiones lingüísticas, comunicativas, no comunicativas, pueden ser racionales. Podemos predicar de las personas que portan un saber, así como de las acciones que agencian y que se dirigen a un fin, que tienen un telos, que busca un éxito en la ejecución de esta, etc., que son racionales solo si pueden justificarlos. Debo poder justificar una opinión (la pretensión de verdad que tengo al emitirla), por ejemplo, pero también mis acciones teleológicas y la eficiencia de los medios que he elegido para alcanzar un fin determinado.

Así, el sujeto capaz de lenguaje y acción puede enunciar algo o manifestar algo de tal forma que la racionalidad de esa emisión (lingüística, por ejemplo) o de una acción depende de “su susceptibilidad de crítica o fundamentación” (Habermas, 2018, p. 32). Desde luego, la fundamentación se basa en la argumentación, en dar razones y en poder defender mi pretensión de verdad sobre estados de cosas en el mundo, hechos; o de justificar mis pretensiones de éxito de la acción al poder dar cuenta de la relación fin/medio. Debo poder justificar argumentativamente proposiciones que enuncian un saber sobre un estado de cosas en el mundo, o proposiciones sobre un saber en torno a las acciones teleológicas que efectuó para lograr fines de manera exitosa, aludiendo, por ejemplo, a las reglas seguidas.

 Pero también tienen pretensiones de validez, es decir, son susceptibles de fundamentar a) normas que rigen la interacción social, y b) distintas vivencias como deseos o sentimientos, al igual que c) expresiones evaluativas, si bien estas últimas no tienen el mismo grado de universalidad que las expresiones constatativas de los hechos del mundo objetivo.

En el caso de las normas, se tiene pretensión de rectitud o corrección lo cual es fundamental en los casos de las normas sociales, mecanismos de control, la moral, la ética, el derecho; y en el caso de las vivencias quien enuncia tiene pretensiones de veracidad o credibilidad al enunciar estados subjetivos a los cuales él tiene un acceso privilegiado. En todos estos casos, es posible argumentar y contra-argumentar de tal manera que el resultado siempre será mediado por la deliberación racional. La pretensión de verdad se tiene sobre el mundo objetivo; la de corrección, sobre el mundo social; y la de veracidad, sobre el mundo subjetivo. Ahora, de todas formas, es necesario tener en cuenta que en las pretensiones de validez enunciadas:

Cualquiera que participe en una argumentación demuestra su racionalidad o su falta de ella por la forma en que actúa y responde a las razones que se le ofrecen en pro o en contra de lo que está en litigio. Si se muestra abierto a los argumentos, o bien reconocerá la fuerza de esas razones que se le dan, o tratará de responder a ellas, y em ambos casos se estará enfrentando a ellas de forma racional. Pero si se muestra sordo a los argumentos, o bien ignorará las razones contrarias a su pretensión, o bien replicará con aserciones dogmáticas. Y ni en uno o en otro caso estará enfrentándose racionalmente a los asuntos que están en discusión. (Toulmin citado por Habermas, 2018, p. 42)

Estas premisas le permiten a Habermas introducir el concepto de racionalidad comunicativa que implica “la capacidad de aunar sin coacciones [de manera libre] y de generar consensos que tiene un habla argumentativa en que diversos participantes superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista” (p. 34), de tal manera que comparten unas convicciones racionalmente motivadas sobre el mundo objetivo y sobre la intersubjetividad del contexto donde desarrollan sus vidas. La racionalidad aquí implica el entenderse en algo sobre el mundo “al menos con otro participante en la comunicación” (p. 39), pero también permite “coordinar las acciones sin recurrir a la coerción y de solventar consensualmente los conflictos de la acción”, cuando hay disonancias, diferencias o desacuerdos profundos sobre el contexto, la acción o sus posibilidades de ejecución. Es decir, si se presenta un desacuerdo, se activa el dialogo y la negociación para llegar a un acuerdo y así solventar la situación concreta.

 Desde luego, hay que preguntarse por las condiciones que han de cumplirse para que se pueda alcanzar ese consenso, específicamente, el horizonte desde el cual es posible. Y es aquí donde entra el concepto de mundo de la vida de Edmund Husserl, retomado y profundizado por Habermas. Husserl (2008) lo había definido como “el mundo como efectivamente dado permanentemente a nosotros en nuestra concreta vida mundana” (p. 94), donde se da nuestra experiencia corporal, y fuente de toda pregunta práctica y teórica, el mundo donde habitamos en actitud natural, pre-científica. Ese mundo nos es co-dado, se nos presenta como evidente, se da por sentado, en él vivimos la vida cotidiana, pensamos; es un mundo comunicativamente estructurado, que se nos presenta con un sentido, es el contexto común de las vidas de los hablantes, implica un saber de fondo compartido intersubjetivamente por la comunidad de comunicación, en él los hablantes hablan de acuerdo con esquemas de expresión compartidos y reconocibles.

En El discurso filosófico de la modernidad Habermas (2010) dice que el mundo de la vida:

constituye un contexto para los procesos de entendimiento y les proporciona también los recursos necesarios. El mundo de la vida constituye un horizonte y ofrece a la vez una provisión de autoevidencias culturales, de la que los participantes en la interacción toman para sus tareas interpretativas pautas de interpretación a las que asiste el consenso de todos…es algo co-dado. (p. 325). 

Este es necesario para definir las condiciones del mundo sobre el que deseo intervenir y donde pienso desarrollar la acción, en fin, donde se va a actuar.

¿Cómo concibe el lenguaje y qué es la acción comunicativa?

Ahora, pero ¿qué se entiende por acción comunicativa? Para esclarecerlo se hace necesario, primero, aludir a la concepción del lenguaje que asume Habermas, a eso que se popularizó como “giro lingüístico” y que está a la base de su teoría de la comunicación. Esta no es esencialmente la transmisión de información, sino que comporta toda una concepción del lenguaje. En este sentido, el filósofo alemán parte de la filosofía analítica y retoma ideas que van desde los juegos del lenguaje de Wittgenstein hasta los actos de habla de John Searle y los aportes de John L. Austin. Estas teorías van acompañadas de elaboraciones realizadas por Karl Otto Apel sobre la pragmática trascendental y la comunidad ideal de comunicación. Lo que interesa resaltar aquí es que Habermas asume que el lenguaje tiene una racionalidad inmanente, intrínseca, que está abocado al entendimiento, que es intersubjetivo y que, efectivamente, hacemos cosas con palabras. El lenguaje es un “hacer diciendo”. Es decir, Habermas asume el lenguaje en su dimensión pragmática, en su uso en contextos determinados. El lenguaje tiene varias funciones, entre ellas, “dar órdenes y actuar siguiendo órdenes, describir un objeto por su apariencia […] enunciar y comprobar una hipótesis […] solicitar, agradecer, maldecir, saludar, rezar”, entre otras cosas. Por eso, para Wittgenstein, y es algo que asume Habermas, “hablar la lengua es parte de una actividad o una forma de vida” (Wittgenstein, 2017, pp. 62-63). El lenguaje es, entonces, acción. Con él navego en el mundo, medio [de mediar] la producción del conocimiento, lo trasmito, me comunico, pero también con él produzco mundo, creo realidades.

Decía Searle (1986): “si mi concepción del lenguaje es correcta, una teoría del lenguaje forma parte de la teoría de la acción, simplemente porque hablar un lenguaje es una forma de conducta gobernada por reglas” (p. 26). Estas ideas que se remontan al segundo Wittgenstein están presentes en el filósofo de la segunda Escuela de Fráncfort, de ahí surgirá una acción comunicativa como procedimiento, formal, donde el objetivo es llegar a consensos, acuerdos, entendimientos y de donde Habermas derivará, en dialogo con las ciencias sociales, especialmente con la sociología (Durkheim, Mead, Weber, Parsons, Luhmann), y en una de las síntesis más ambiciosas del pensamiento del siglo XX, una teoría social y política complejas y plenamente articuladas. 

Esclarecida brevemente la teoría del lenguaje, pasemos al de acción comunicativa.  Habermas da una definición en los siguientes términos:

Hablo, en cambio, de acciones comunicativas cuando los planes de acción de los actores implicados no se coordinan a través de un cálculo egocéntrico de resultados, sino mediante actos de entendimiento. En la acción comunicativa no se orientan primariamente al propio éxito; antes persiguen sus fines individuales bajo la condición de que sus respectivos planes de acción puedan armonizarse entre sí, sobre la base de una definición compartida de la situación. De ahí que la negociación de las definiciones de la situación sea un componente esencial de la tarea interpretativa que la acción comunicativa requiere. (2018, p. 331).

Aquí Habermas deslinda la “acción comunicativa” de la “acción instrumental” y de la “acción estratégica”. En la instrumental orientada al éxito se da la observancia de reglas técnicas y de su eficacia sobre un estado de cosas o sucesos; y en la acción estratégica, que de suyo es acción social, se observan reglas de elección racional evaluando el grado de influencia sobre un oponente, es decir, en ésta puedo perseguir mi propio beneficio sobre los otros. La acción estratégica es perfectamente egoísta, mientras en la acción comunicativa se busca el acuerdo. La acción, que exige mínimo dos agentes, requiere también una negociación en torno a la “definición de una situación específica” a ser superada. En el ejemplo del albañil que pone Habermas en su libro, es claro que el más veterano posee ascendencia sobre el más joven y por eso lo puede mandar a traer la cerveza para el almuerzo, pero el joven bien puede decir que la cervecería queda lejos y que él no desea cerveza, sino agua, con lo cual se replantea la situación (Habermas, 2018, p. 599 ss.).  Es esto lo que hace que la acción social esté abocada a la comunicación. Esta es necesaria y constitutiva.

La acción implica un comportamiento significativo, con sentido, inteligible por los agentes o un espectador, tiene un telos. Por eso afirmar que la acción tiene sentido es “dar a entender que la acción social exhibe una racionalidad intrínseca que el agente debe poder justificar” (Grondin, 1990, p. 20; Hoyos, 1986). 

Para finalizar, es necesario decir que la acción comunicativa le permite a Habermas superar las aporías de la primera Escuela de Fráncfort (Wiggershaus, 2009)  donde la modernidad racional que prometió la liberación desembocó en dominio y falta de libertad, pues no solo permite ampliar el concepto de razón invalidado por Adorno y Horkheimer (2009) quienes asimilaron razón y cosificación desde “el proceso mismo de hominización” (Habermas, 2018, p. 417), sino que posibilita plantear un paradigma positivo que permite salvar la modernidad misma. Para Habermas, la racionalidad comunicativa lleva a la superación de la filosofía de la conciencia, solipsista, monadológica, autorreferencial, donde el sujeto (agente) actúa y domina el mundo. Recodemos que esa razón dominadora había sido teorizada por Nietzsche, Horkheimer, Adorno y Heidegger. Marcuse sintetiza bien el concepto de razón instrumental derivado de una filosofía de la conciencia cuando dice:

el ego que emprendió la transformación racional del medio ambiente humano y natural se reveló así mismo como un sujeto esencialmente agresivo, ofensivo, cuyos pensamientos y acciones están proyectados para dominar a los objetos. Era un sujeto contra un objeto […] Las naturalezas (tanto la suya como la del mundo exterior) fueron dadas al ego como algo contra lo que tenía que luchar, a lo que tenía que conquistar e, inclusive, violar -tales eran los requisitos de la autopreservación y desarrollo (Marcuse, 1969, p. 109).

 Si la razón subjetiva, instrumental, implicó un afán de domar el mundo, escudriñar y revelar sus secretos, y si en ese proceso el humano mismo quedó incluido como objeto, la racionalidad comunicativa permite superar el paradigma de conocimiento de objetos y sustituirlo por un “paradigma del entendimiento intersubjetivo” (Habermas, 2010, p. 323), donde mi relación con el mundo y conmigo mismo está mediada por el otro, es decir, el ego es mediado por un alter que lo reconoce, lo cual permite relativizar mis puntos de vista y mis propias posiciones personales. En pocas palabras, el paradigma del entendimiento permite un control intersubjetivo de la verdad y una coordinación racional de la acción que al superar el paradigma cosificador y dominador de la razón, facilita pensar en la construcción de una sociedad de ciudadanos libres.

La teoría de la acción comunicativa cuestiona, entonces, ese “apresurado adiós a la modernidad” de la primera Escuela, pero también de los posmodernos (Habermas, 2010, p. 328) y, también, pretende superar los problemas de legitimación de las instituciones políticas en el capitalismo tardío; es la herramienta por medio del diálogo, el entendimiento y el consenso, de la reconstrucción del derecho y de la democracia en las sociedades complejas y multiculturales actuales (Habermas y Rawls, 1998). Así, la racionalidad comunicativa se encarna como praxis en la historia, en las instituciones, en la acción social, en el lenguaje y en el cuerpo. En esto, a pesar de varias limitaciones a las que no me puedo referir aquí, está el valor de sus aportes a la filosofía contemporánea.

Referencias

Grondin, Jean. (1990). “Racionalidad y acción comunicativa”. Ideas y valores, 83-84

Guerra, María. (2016).  Jürgen Habermas. La apuesta por la democracia. Buenos Aires: EMSE EDDAP SL.

Habermas, Jürgen (2010). El discurso filosófico de la modernidad. Buenos Aires: Katz editores. 

Habermas, Jürgen y Rawls, John. (1998). Debate sobre liberalismo político. Barcelona: Paidós.

Habermas, Jürgen. (2018). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Trotta 

Horkheimer, Max y Adorno, Theodor. (2009). Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta.

Hoyos, Guillermo. (1986). “Comunicación y mundo de la vida”. Ideas y valores, 71-72, pp. 73-105.  

Husserl, Edmund. (2008). La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Buenos Aires, Prometeo.

Marcuse, Herbert. (1969). Eros y civilización. Barcelona: Seix barral.

Pachón, Damián. (2025). “Habermas y la primera Escuela de Frankfurt: de la crítica de la razón a la acción comunicativa y la teoría social”. En Crítica, psicoanálisis y emancipación. El pensamiento de Herbert Marcuse, (p. 211-227). 3a ed., ampliada. Bogotá: Desde abajo.

Searle, John. (1986).  Actos de habla. Madrid: Cátedra. 

Wiggershaus, Rolf. (2009). La Escuela de Fráncfort. México: Fondo de Cultura Económica, Universidad Autónoma Metropolitana.

Wittgenstein, Ludwig. (2017). Investigaciones filosóficas, Madrid: Trotta. 

La protección de los páramos de Colombia —ecosistemas de alta montaña tropical estratégicos para regular y proveer agua— entró en una nueva etapa, luego de que el Gobierno nacional terminó una consulta pública para definir qué actividades agropecuarias de bajo impacto pueden realizarse en estos complejos. Con este proceso, el Ministerio de Ambiente busca establecer las reglas para delimitar prácticas en territorios altamente frágiles.

Sin embargo, la protección o regulación de qué se puede hacer y qué no en los páramos históricamente ha generado tensión, pues mientras algunas actividades agrícolas y ganaderas representan un impacto para estos ecosistemas, comunidades campesinas han abogado por sus derechos y por el sustento de sus hogares.

Colombia tiene el 50 % de los páramos del mundo, con 37 complejos en el territorio, los cuales proveen el 70 % del agua potable nacional, actúan como santuarios naturales de la biodiversidad y juegan un papel clave contra la crisis climática como grandes sumideros de carbono.

Hay un consenso en que estos ecosistemas deben ser protegidos, sin embargo, las reglas, la implementación y la gobernanza para su cuidado son temas que aún están por definirse. Especialistas, campesinos, organizaciones y autoridades consultadas por Mongabay Latam explican los retos y oportunidades para garantizar la protección de los páramos y de quienes habitan en ellos.

Leer más | Páramos, manglares, humedales, turberas y pastos marinos: los héroes invisibles contra la crisis climática

De la prohibición a permitir algunas actividades en los páramos

Entre las principales amenazas contra los páramos están la ganadería, la agricultura a gran escala y la minería. La propuesta que autoridades ambientales desarrollaron, junto con el Ministerio de Agricultura, y que sometió a consulta pública incluye criterios como la conservación de cobertura vegetal, manejo sostenible del agua y suelo, la prevención de erosión, prácticas agroecológicas y protección de la biodiversidad.

Este proceso responde a un artículo de la Ley 1930 de 2018, que permite —bajo estándares estrictos— actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos, luego de años de prohibición que provocó conflicto entre los intereses de conservación con las actividades de comunidades.

Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, destaca que la metodología propuesta no se concentra en las actividades que se realizan, sino en sus impactos en la calidad del agua o en la diversidad y en cómo medirlos.

“Si los impactos son altos, bajos o medios, acorde a la legislación, se determina si el tipo de actividad puede o no ser realizada. También se priorizan diferentes aspectos del páramo, hay unos que están completamente protegidos, mientras otros sectores se consideran más resilientes a las actividades humanas y permiten un poco más de actividad”, explica.

Sin embargo, Benavides también destaca desafíos para esta reglamentación en los páramos, pues más allá de que hay un reconocimiento en la elaboración de la norma, dice que no cuenta con indicadores sólidos para determinar objetivamente las actividades de un bajo impacto ambiental.

“La manera en que está escrita no tiene indicadores cuantitativos claros, son muy de opinión y puede haber escenarios donde si el personal técnico que hace la evaluación tiene un conflicto de intereses o no tiene capacidad técnica suficiente o el día no es el adecuado, porque no se especifica la temporalidad de estos monitoreos, se pueden tomar decisiones no tan acertadas”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Tras el cierre de la consulta pública, la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Colombia, Natalia María Ramírez Martínez, señala que durante el ejercicio se recibieron cerca de 160 comentarios de diferentes actores, como corporaciones ambientales, comunidades indígenas y organizaciones civiles.

“Ahora estamos con mesas de trabajo conjuntas con Agricultura para identificar cómo o en qué se debe ajustar esta propuesta normativa. Aún no hemos culminado el análisis y el balance de estos comentarios. Tenemos dos semanas para realizarlo y llegar a una resolución que recoja toda la participación incidente”, dice la funcionaria a Mongabay Latam.

Para Paola Echeverri, coordinadora regional de Andes en WWF Colombia, la reglamentación propuesta por autoridades permitirá tener un diagnóstico inicial en las diferentes regiones de páramos para entender mejor los diferentes impactos de ciertas actividades agropecuarias en los ecosistemas.

“El foco es diferenciar la agricultura intensiva de la agroecología de bajo impacto y garantizar la permanencia de los habitantes tradicionales que toda la vida han estado allí, permitir que estén en esas zonas y promover esos medios de vida que tienen, pero regulando esas actividades”, señala la especialista.

Como organización que colaboró en el proceso de consulta, la integrante de WWF también advirtió en el ejercicio la necesidad de mecanismos financieros y de monitoreo para dar seguimiento a la reglamentación propuesta.

“No solamente no basta sacar normas, sino que cada uno de esos procesos normativos debe ir acompañado de un mecanismo financiero que permita su implementación, pero además de un mecanismo de monitoreo que permita ver en el tiempo cuál ha sido el impacto o las contribuciones de la aplicación de esas normas”, sostiene.

De acuerdo con la especialista, estos mecanismos permitirán armar una línea base y también ofrecer mejores condiciones para que quienes dependan de actividades críticas en los páramos puedan reconvertir o sustituir sus oficios, especialmente en ganadería y cultivo de papa, que es el más común en los páramos.

Benavides también coincide en la necesidad de incluir mecanismos de transparencia en el proceso para mejorar la implementación de la norma.

“La autoridad ambiental tiene que fortalecer su mecanismo de transparencia y de capacidad técnica para hacer evaluaciones que sean creíbles, porque si estas evaluaciones van en contra de las percepciones de las personas o de otras visiones técnicas se genera un problema de gobernanza al no tener una autoridad, un respaldo técnico con otras metodologías”, agrega.

Leer más | Colombia: comunidades y científicos restauran páramos fundamentales para enfrentar la crisis climática

“Aspiro a vivir dignamente en el páramo”

Alejandro Alméciga Castro es campesino y guía ecoturístico en el Páramo de Chingaza, situado en la cordillera oriental, en los departamentos de Cundinamarca y Meta, y clave para el abastecimiento de agua para Bogotá, la capital colombiana.

Para Alméciga, es importante que haya una regulación clara en las actividades que puede haber dentro de los páramos, pues reconoce que son muy frágiles e importantes, pero que en su cuidado se ha desplazado a las comunidades campesinas.

“El campesino realmente no tiene una garantía de que sus derechos se sostengan, se ve muy vulnerado porque literalmente está perdiendo su tierra de una manera, diría, legal. Están sacando comunidades para engrosar las filas de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Están engrosando los cinturones de pobreza”, dice el Alméciga a Mongabay Latam.

El campesino, quien paulatinamente ha transitado más hacia el ecoturismo dentro de la región, insiste en que debe haber una administración con las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

“No hay una gobernanza, no hay una socialización clara, una participación activa de la comunidad paramuna en la forma en que se está planteando la Ley de Páramos”, advierte.

Cuenta, por ejemplo, que cuando se declaró el Parque Nacional Natural Chingaza, en 1977, no hubo un proceso de socialización con las comunidades que estaban dentro del páramo.

“Una noche nos acostamos siendo legales y a la noche siguiente, cuando se declaró como Parque Nacional Natural Chingaza, amanecimos como colonos y como invasores, siendo propietarios éramos intrusos en un territorio donde las comunidades llevan más de 150 años establecidas”, sostiene el habitante del municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Alméciga dice que no estaba enterado del proceso de consulta anunciado por el Ministerio de Ambiente para la limitación de actividades. Sin embargo, considera que sí debe haber un cambio para la conservación de estos ecosistemas.

«Estamos haciendo un cambio de vocación de ganadería extensiva por turismo de naturaleza y conservación. No debería haber actividad económica aparte del turismo de naturaleza, investigativo, el trabajo con universidades, que la comunidad tenga acceso a esos recursos y a un sistema de pagos por servicios ambientales”, sostiene el campesino y guía.

Incluso, comenta que tarde o temprano, las actividades agropecuarias deben salir de ciertos páramos con una compra justa y alternativas para subsistir.

“Yo sí aspiro a vivir dignamente este territorio que tengo, no ser desplazado, no ser sacado por el Estado, pero que viva dignamente, eso es lo que quiere la mayoría de habitantes de Páramo”, afirma.

Benavides señala que los páramos también han convivido históricamente con algunas actividades humanas, por lo que suspender todo uso en estos territorios puede ser perjudicial.

“Son comunidades que llevan 100, 200 años usando la tierra de la misma manera y que la norma les caiga encima sin una transición es muy difícil”, advierte.

El profesor advierte que hay regiones críticas en el país, donde la implementación de esta reglamentación será un reto “gigante”, como en el Complejo de Páramos Las Hermosas, el segundo más extenso de Colombia, o el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo.

Benavides advierte que a la hora de ejercer la norma, el desafío será un conflicto por lo que también pide echar mano de herramientas que ya existen y fortalecer la transición de comunidades.

“Hay que pagar costos de oportunidad, costos de transición, programas de reeducación, de reasentamiento, porque no se puede sencillamente sacar a la gente bajo una norma. Hay unos instrumentos, lo que falta es fortalecerlos a través de inversiones específicas”, sostiene.

Leer más | Nueva ley contra la minería en los páramos colombianos podría generar una primera demanda

Participación comunitaria es clave

Echeverri destaca casos de éxito en la conservación de páramos como los del Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado entre los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas, y donde se logró la restauración de 258 hectáreas que forman parte de cerca de 7000 que estaban críticamente degradadas.

“Se han hecho trabajos para vincular un sistema como el desarrollo del ecoturismo o turismo de naturaleza, promover la sustitución de unas actividades productivas y que permite también generar ingresos a esas comunidades”, explica la especialista.

Además, agrega que se han promovido viveros comunitarios con especies nativas de páramos como el frailejón, planta emblemática de estos ecosistemas.

También menciona la dificultad para sustituir una actividad productiva de un día para otro. “Sustituir la ganadería por una actividad de bajo impacto requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos para establecer esos procesos”, expone.

Ramírez dice que se trata de una oportunidad para que las autoridades trabajen en el territorio con las comunidades.

“Debemos tener apertura conjuntamente en las visiones hacia una conservación del ecosistema, hacia un uso sostenible, mirar lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. El diálogo es fundamental, no partir de posiciones rígidas que van a afectar el mismo desarrollo y la inversión de recursos en el manejo de gestión, no solo de las comunidades, sino del resto de la población que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos del páramo”, reconoce.

En tanto, Benavides señala que más allá de la reglamentación que se decida, hay un avance en la protección de los páramos a nivel cultural entre la población.

“Muchos de estos páramos ahora están en parques nacionales, parques regionales, áreas protegidas y la gente se cuida de su intervención. Hay un camino ganado muy grande en su protección, que es una parte de la cultura ciudadana. Ahora hay un camino diferente, más legal, un desafío diferente”, sostiene.

Imagen principal: los campesinos han convivido durante siglos con los páramos, que representan menos de 3 millones de hectáreas en un país de 115 millones de hectáreas, pero pueden albergar el 20 % del carbono del país. Foto: Gobernación de Boyacá.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En demasiadas organizaciones, el liderazgo se ha ido confundiendo con protagonismo. Se valora al directivo visible, al que habla más fuerte, al que ocupa el centro de la escena. Sin embargo, en un entorno empresarial marcado por la complejidad, la incertidumbre y la velocidad del cambio, esa confusión no solo es un error conceptual: es un riesgo estratégico.

El protagonismo pone el foco en la persona; el liderazgo auténtico lo pone en el propósito y en la capacidad colectiva. El primero busca reconocimiento inmediato; el segundo construye resultados sostenibles. El líder protagonista necesita ser visto; el líder verdadero necesita que las cosas sucedan, incluso cuando nadie lo está mirando.

En la alta dirección, esta diferencia es crítica. Cuando el liderazgo se ejerce desde el ego, las conversaciones se empobrecen, las decisiones se concentran y el talento se retrae. Los equipos dejan de pensar para empezar a obedecer. Se protege la imagen personal, pero se debilita la organización. El protagonismo genera dependencia; el liderazgo genera capacidad.

Aquí el rol del CEO es determinante. Reconocer cuándo sus directivos no están buscando protagonismo, sino formando nuevos líderes, es una señal cultural poderosa. Ese comportamiento no solo debe ser valorado, sino explícitamente recompensado. Que un líder no busque el centro del escenario no es un rasgo individual aislado; es una cultura que se construye deliberadamente, con el ejemplo y con sistemas de reconocimiento coherentes. Las organizaciones que premian el impacto duradero, y no la visibilidad personal, envían un mensaje claro sobre el tipo de liderazgo que esperan y necesitan.

El liderazgo real exige renuncias conscientes. Implica escuchar más de lo que se habla, preguntar más de lo que se afirma y aceptar que las mejores ideas no siempre provienen del cargo más alto. Esto no es debilidad ni pérdida de poder; es una forma más sofisticada de ejercerlo. La autoridad que no necesita exhibirse es, paradójicamente, la más sólida.

Los líderes que entienden esto construyen organizaciones más resilientes. No buscan ser imprescindibles, sino desarrollar criterio en otros. No acumulan decisiones, sino que expanden capacidad. No forman seguidores, forman líderes. Y en lugar de dejar vacíos cuando se van, dejan sistemas que funcionan mejor sin ellos.

En tiempos de transformación, la alta dirección enfrenta un dilema silencioso: elegir entre ser protagonista en el corto plazo o arquitecto del largo plazo. El primero ofrece visibilidad; el segundo, legado. El primero alimenta el ego; el segundo fortalece la organización.

Hoy, más que nunca, las empresas necesitan líderes que entiendan que el liderazgo no se mide por cuántas veces hablan en una reunión, sino por la calidad de las conversaciones que habilitan. No por el foco que atraen, sino por el rumbo que sostienen. Porque al final, el verdadero liderazgo no ocupa el escenario: construye futuro.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA