La memoria política, una responsabilidad ciudadana

Si no somos capaces de hacerlo colectivamente, entonces jamás podremos forjar una comunidad política democrática, en donde no pueden caber las luchas a muerte entre enemigos, como lo llevamos haciendo hace ya más de medio siglo. De allí el sentido profundo de esta reflexión de Tzvetan Todorov[i], escritor, crítico y lingüista francés de origen búlgaro: “El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir”. Justamente para ello “La Paz Querida”, un colectivo de ciudadanas y ciudadanos de Cali, comprometidos con la paz política imprescindible para la democracia y el cumplimiento pleno del artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, ha invitado a la politóloga, investigadora y escritora Helena Uran Bidegain, para conversar sobre memoria y democracia. El conversatorio tendrá lugar en la Cinemateca de Cali este próximo martes 26 de mayo a las seis de la tarde, entrada libre, y esperamos contar con una nutrida asistencia, pues Helena ha publicado dos libros que arrojan luces sobre uno de los acontecimientos más tenebrosos de nuestra historia política reciente, que no podemos olvidar si queremos vivir democráticamente, como lo fue el asalto al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte de un comando del M-19, su posterior incineración y destrucción por la violencia excesiva y devastadora de la Fuerza Pública, que dejó un saldo de 98 víctimas mortales y un número de desaparecidos todavía por precisar, que oscila entre 11 y 20 personas.

En sus libros Mi vida y el Palacio, publicado en 2020 y el año pasado Deshacer los nudos, busca con rigor, valor y desgarradora sensibilidad esclarecer las oscuras circunstancias en que perdió la vida su padre, Carlos Horacio Uran, entonces magistrado auxiliar del Consejo de Estado, quien salió gravemente herido con vida del Palacio, pero inexplicablemente luego es encontrado su cuerpo sin vida en el interior del mismo. Por esos atroces hechos y la desaparición de otros rehenes, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de noviembre de 2014[ii], sin que la totalidad de la sentencia haya sido cumplida.

No más “Palacios de Justicia”.

En parte por ello, Helena se ha consagrado al esclarecimiento de lo acontecido, pero sobre todo porque sin una memoria política capaz de dar cuenta de tan aciaga fecha, precisando las responsabilidades políticas y las culpabilidades penales de sus máximos responsables, siempre estaremos expuestos a que hechos semejantes se repitan continuamente, como lamentablemente sigue sucediendo. Hoy, según el reciente informe del CIRC, Colombia vive la mayor catástrofe humanitaria del continente: “El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados. Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %”[iii]. Unas terribles cifras que nos demuestran que lo sucedido en el Palacio de Justicia no ha cesado, pues como bien lo señaló el entonces procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe: “En el Palacio de justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Y esa crisis continuó y se profundizó con la degradación del conflicto armado interno, al punto que, por su negación y una supuesta cruzada oficial contra el terrorismo, la Directiva 29 del 2005[iv] del ministerio de defensa, en cumplimiento de la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe, derivó en la comisión de más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”[v]. Para intentar contener esa violación sistemática de los derechos humanos y las masivas infracciones del DIH, Helena está promoviendo la “Fundación Carlos Uran, Memoria para la democracia”, y nos contará en el conversatorio sus principales metas y acciones en desarrollo.

La Memorializacion de instituciones del horror

Una de sus estrategias principales es la llamada “memorialización”, en palabras de Helena en reciente entrevista con la periodista Cecilia Orozco en este diario[vi], consiste “en que no se puede volver normal la naturalización del horror. La arquitectura y los espacios oficiales guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que sirvan para la pedagogía democrática. En el caso del Cantón Norte, no debemos seguir actuando como si nunca hubiera sucedido nada, como fueron los hechos ocurridos con ocasión de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en donde desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias personas. Allí, por ejemplo, debería fijarse una placa en que se consigne que en esas instalaciones se cometieron crímenes de lesa humanidad y que un número importante de víctimas fueron torturadas. El Museo del Florero tendría que dedicar un espacio importante a exposiciones y otras tareas pedagógicas para que se explique que fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos”. Para continuar conversando con Helena sobre esta estrategia y muchas más que eviten que el horror de la violencia política, tanto la de grupos ilegales, como la del entonces M-19, pero sobre todo la de las instituciones del Estado, que están para impedirla y contenerla, se nos convierta en algo cotidiano y normal en nuestras vidas, LA PAZ QUERIDA, los espera este martes 26 de mayo a las 6 de la tarde en la cinemateca de la Tertulia, entrada libre.

La paz política no se hace con milagros

Porque como sabiamente lo expresó José Saramago, el nobel portugués de literatura en 1998: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sin duda,precisamos una memoria firme y mucha responsabilidad democrática para votar el próximo domingo 31 de mayo, si queremos evitar atrocidades superiores a la sucedida el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando dejó de existir el Estado de derecho y la democracia, supuestamente en defensa de la Patria. Para superar el horror en que vivimos no necesitamos más héroes de la patria y más víctimas civiles como consecuencia de este infernal conflicto social y degradado conflicto armado, que ya arrastra incluso a comunidades indígenas como la Misak y Nasa a matarse por la disputa de la tierra, esa Pachamama que es de ambas comunidades. La convivencia política y la democracia no son un asunto milagroso. Nos bastaría con cumplir el artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y no dejarnos arrastrar a las urnas por el miedo, los fanatismos políticos, prejuicios sociales, el odio y las revanchas.

[i] https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/todorov.htm

[ii] https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf

[iii] https://www.radiosantafe.com/2026/05/13/el-desplazamiento-en-colombia-se-duplico-en-2025-por-el-recrudecimiento-de-la-violencia-cicr/

[iv] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005

[v] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-otros-15-miembros-del-ej%C3%A9rcito-por-falsos-positivos-en-la-Costa-Caribe.aspx

[vi] https://www.msn.com/es-co/noticias/other/de-espacios-de-violencia-a-centros-de-memoria-helena-ur%C3%A1n-opina-sobre-decisi%C3%B3n-de-la-jep/ar-AA21KQQf

Frente a este panorama, UCompensar desarrolló una respuesta concreta.

La práctica como punto de partida

La Fundación Universitaria Compensar lleva años trabajando con empresas de distintos sectores. De ese vínculo han surgido no solo profesionales capacitados, sino también diagnósticos reales, patrones identificados y necesidades recurrentes en la gestión empresarial. A partir de ese conocimiento acumulado nació Escala Empresarial.

La plataforma permite a las organizaciones realizar una evaluación integral en tres frentes estratégicos: finanzas, logística y sostenibilidad, y recibir en tiempo real, un diagnóstico de su situación y un plan de acción priorizado. Todo ello sin depender de procesos externos prolongados ni de grandes inversiones en consultoría.

Escala Empresarial: tres frentes, un plan de acción

Escala Empresarial utiliza inteligencia artificial entrenada en variables específicas de cada área para generar alertas y recomendaciones personalizadas:

• En el componente financiero, analiza flujo de caja, costos, endeudamiento y rentabilidad.
• En logística, evalúa la cadena de suministro, inventarios y eficiencia operativa para identificar cuellos de botella y sobrecostos.
• En sostenibilidad, mide el desempeño ambiental, social y operativo frente a los estándares vigentes.

El resultado es un plan de acción estructurado y aplicable directamente por los equipos de la organización, reduciendo la dependencia de intermediarios externos y facilitando la implementación de mejoras con los recursos disponibles.

“Los principales diferenciales son que brindamos a las empresas un servicio inmediato, potencializado con IA especializada. Una vez la empresa completa el cuestionario, los empresarios pueden conocer en tiempo real su situación y comenzar a tomar decisiones informadas, sin procesos prolongados”, explica Natalia Arbeláez, Directora de Innovación en UCompensar.

Escala Empresarial: validada con más de 60 empresas

Escala Empresarial no partió de supuestos teóricos. La plataforma fue validada con más de 60 empresas en sus tres áreas de evaluación antes de su lanzamiento, lo que permitió ajustar su enfoque y garantizar que las recomendaciones respondan a necesidades reales del sector productivo colombiano.

De esta manera, las pymes que representan la mayor parte de las unidades productivas del país, acceden a una herramienta de diagnóstico que anteriormente solo estaba al alcance de organizaciones con capacidad para financiar consultorías especializadas.

“Además de formar talento, buscamos entregar soluciones aplicables que ayuden a las empresas a crecer, ser más productivas y sostenibles”, señala Natalia Arbeláez.

Esta iniciativa refleja la evolución del modelo Universidad-Empresa de UCompensar: una institución que no se limita a la formación académica, sino que co-crea con el sector productivo, entiende sus retos y responde con herramientas concretas. Escala Empresarial es una expresión de ese compromiso, y posiciona a UCompensar como un actor activo en la discusión sobre competitividad, productividad y sostenibilidad empresarial en Colombia.

Conoce Escala Empresarial y realiza el diagnóstico gratuito de tu empresa escalaempresarial.ucompensar.edu.co

fuera un gobernante responsable, cosa que no es. En la agonía de su gobierno busca salir del
paso, dejando a su sucesor y al país, engrampado: en déficit, sobre endeudado y con la caja vacía.

“Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Tengo en mis manos un libro no apto para proxenetas, victimarios, puteros, compradores de sexo o personas con agenda “política”, social o económica de explotación sexual disfrazada de libertad, libre desarrollo de la personalidad o libre mercado. Este libro, cero moralista, no va contra las víctimas o sobrevivientes de la explotación sexual; no señor, no se confundan. Para ellas, enfoque de derechos y protección, muy a tono con la CEDAW y nuestro bloque de constitucionalidad. Va contra un sistema que normalizó la venta y compra de cuerpos y la explotación.

Un libro, pero también esta columna, que irritará a algunos constitucionalistas o juristas en línea regulatoria. ¿Regulación de qué? ¿De la explotación y llamar a eso “trabajo sexual” o “actividades sexuales pagas”. Tremenda doctrina se echan sin haber estado en una esquina del barrio Santa Fe de Bogotá o de esos lugares, incluso virtuales, donde la criminalidad, la mafia, el microtráfico, la adicción, el sadismo, la pobreza y el sistema patriarcal muestran su peor cara.

Sin duda, “Sobreviviente” irritará o será sometido a la quema “intelectual” y física por aquellos que nos venden el mundo webcam como la panacea de la autonomía. Tampoco es un libro para quienes se lucran del estado de prostitución o esclavitud al que someten a niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans, disidencias sexuales y más.

Un libro que me llevó a revisar nuevamente el Código Penal y toda la línea feminista y de protección de niños, niñas, mujeres, mujeres trans y más, que se ha consolidado, especialmente, en esta primera parte del siglo XXI. La prostitución no es un delito en Colombia y, aun si lo fuera, tampoco erradicaríamos esta crueldad de marras. Poco puede hacer un Código frente a la tremenda mafia y al capital que se mueve alrededor de estas actividades, algunas de ellas identificadas como explotación sexual en dicha normativa, que no logra aplicar de forma plena la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y que entró en vigor en 1981. Instrumento plenamente integrado en nuestro bloque de constitucionalidad.

Tipos penales sobre inducir o constreñir a la prostitución. ¿Cuántos y cuántas han hecho de esto su negocio de vida: proxenetas profesionales? Trata de personas con fines de explotación sexual, demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años, turismo sexual y muchos tipos más relacionados con este infinito mundo de crueldad del cual no escapa el Estado patriarcal que nos cobija.

“Sobreviviente” denota la clara agenda abolicionista de su autora, Claudia Yurley Quintero Rolón. Una agenda que ha tenido mujeres valientes desde la teoría, pero también desde el activismo contra ese mundo “prostituyente”. Abolir, pero sin criminalizar a las víctimas y sobrevivientes de explotación sexual, para quienes la ternura y las políticas de inclusión deben ser posibles: dignidad, trabajo, salud y acceso pleno al Estado social de derecho o de bienestar. Abolir, no regular la explotación bajo la supuesta idea de un trabajo sexual. Eso sí, criminalizar al comprador de sexo, al proxeneta y al delincuente de la trata.

“Quieren legalizar la prostitución bajo el falso argumento de proteger nuestros derechos. Pero lo que nosotras necesitamos no son derechos laborales para ser prostituidas; son derechos humanos para vivir con dignidad. (…) No queremos zonas de tolerancia, ni burdeles legales, ni empresarización del proxenetismo. No queremos que nos conviertan en cifras tributarias para enriquecer a quienes siempre nos explotaron. No queremos que el Estado nos abandone disfrazando su omisión de regulación. Queremos alternativas. Queremos oportunidades reales. Queremos que se cuestione la demanda. ¿Quiénes compran sexo? Prácticamente todos los hombres. Esa es la base del problema. Una sociedad que permite que el deseo masculino tenga más valor que la libertad femenina. Que justifica la compra de cuerpos como si fuera un derecho. Y que luego quiere maquillar esa violencia con contratos”.

Esas fueron las palabras de Claudia Yurley Quintero Rolón en una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional y que luego dio lugar a la Sentencia SU-062 de 2019, en la cual, según palabras de Claudia: “No solo negó la tutela a la propietaria de un burdel, sino que dejó claro que no existe un derecho a exigir que el Estado habilite zonas para explotar la prostitución”.

La misma voz que habló ante la Corte Constitucional decidió, desde la pluma, relatar la cruel experiencia del desplazamiento padecido, la huida con sus hijos y sin rumbo, la llegada a las frías ciudades y sus cinturones de miseria (“Bogotá, la ciudad que me tragó”), el ingreso al mundo de la explotación sexual para sobrevivir y superar el frío y el hambre, el carcelero, el proxeneta, el violento y violador que puede dormir, incluso, en la misma cama y al lado de sus hijos, el cuerpo explotado por años y décadas en plena sobrevivencia, la destrucción física a punta de comida precaria, adicciones y sustancias para sobrellevar el dolor, la morbilidad y las enfermedades, la mutación del cuerpo y la ayuda de las mujeres que poco a poco tocaron su puerta. Incluso el aliciente de algunas instituciones y servidores públicos que hacen la tarea por las víctimas, sin las cuales hubiese sido imposible huir de tamaño vejamen de vida al que están sometidas miles de mujeres que siguen en las calles, en las esquinas, en los antros de los proxenetas, secuestradas en casas o vigiladas por las pantallas. Luego vino el regreso al nombre, a la palabra y a la dignidad; la reconstrucción, la superación del dolor con los hijos, la terapia, mil veces la terapia, la construcción de caminos, el activismo y sus innumerables complejidades, envidias y acosos ascendentes, como ella los llama, y que la judicializaron por años, el premio Mujer Cafam, la creación de fundaciones y la consolidación de una marca activista que hoy le ha merecido un lugar en Colombia y en el mundo en la lucha contra la explotación sexual.

La autora describe a la red de mujeres: las “ali Hadas”. Sin ellas no hubiese salido de ese torbellino. No todas cuentan con la misma suerte. Con la mano amiga de Luz Marina Bernal, una de las valientes Madres de Soacha, y tantas otras que aparecen en ese escrito, volvió a tener su nombre de pila, su cuerpo, sus hijos, su proyecto de vida y su historia. De Cúcuta fue vomitada hacia un territorio de esperanza y sobrevivencia como Cazucá, y allí esas “ali Hadas” llegaron a darle un vaso de agua, la mano y amor. Todo un reconocimiento para ellas en ese escrito.

En fin, una vida que tuvo sentido el día en que entendió que su cuerpo y su mente estaban en plena creación de una agenda social y política de salvación para cientos y miles, pero también de una senda no exenta de enemigos. Y no es para menos: la lucha abolicionista, la construcción de alternativas, no para criminalizar a las mujeres vandalizadas, como ella las identifica, sino a quienes siguen sosteniendo la agenda “prostituyente” o proprostitución en Colombia, es profundamente peligrosa.

Esta psicóloga, terapeuta social y activista identifica tres caminos: el prohibicionista, donde, como ella lo relata, “el Estado se lava las manos castigando a quien está más abajo de la cadena y deja intacto al que compra y al que lucra”; el de la legalización o regulación, donde “el Estado se pone traje y corbata para administrar el mismo negocio. Se reparten licencias, se permiten burdeles, se abren zonas; a veces lo llaman trabajo sexual y prometen derechos laborales”; y un tercero, el abolicionista, más moderno en su criterio, donde “el esfuerzo grande no se invierte en recoger tasas ni en redactar reglamentos para locales, sino en construir salidas reales: ingresos de transición, vivienda, cupos de estudio, empleo, salud integral, cuidado para los hijos y regularización migratoria cuando aplique”.

La diferencia, según ella, en lo profundo, es la pregunta ética que cada camino responde. El prohibicionismo pregunta: “¿Cómo saco de mi vista lo que me incomoda?” y responde con policías. La legalización pregunta: “¿Cómo ordeno un mercado que ya existe?” y responde con licencias. El abolicionismo pregunta: “¿Cómo reduzco la violencia y la desigualdad que alimentan ese mercado?” y responde con derechos, con límites a quienes compran y con alternativas para quienes han sido empujadas allí.

No es fácil. Pero esta última alternativa comienza a abrirse paso en Colombia, lentamente, en amplios sectores del feminismo contemporáneo y en las voces de quienes sobrevivieron al horror y decidieron contar lo que muchos prefieren no mirar. “Sobreviviente” no es un libro cómodo. Tal como lo señala la prologuista, Ana Cristina Restrepo Jiménez: “No es una batalla contra la sexualidad; es una conversación seria sobre el poder. La abolición mira a los hombres y les habla claro: el deseo no es derecho. Comprar acceso al cuerpo de otra persona no es libertad sexual; es dominación con recibo”.

Un libro que confrontará a hombres, pero también a mujeres que hoy soportan el trabajo sexual desde el derecho y sus diversas aristas, las políticas públicas, la legislación, la doctrina y hasta la jurisprudencia. Un debate abierto sobre la ausencia de dignidad en el mundo de la violencia y la explotación sexual y las mentiras de la supuesta libertad o elección por la crueldad.

¿Cuántos y cuántas cambiarán, a partir de su lectura, la mirada sobre la supuesta libertad, autonomía y hasta el libre mercado de la crueldad y los cuerpos? El debate está abierto.

Nota: Bella edición de este texto y gran felicitación a las ilustradoras Sara Daniela Herrera Pereira y Mariana Hernández Useche (técnica en grafito sobre papel) y a Claudia Fernández Franco por el acompañamiento editorial realizado a la autora.

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En política exterior ocurre algo parecido. Además de vecinos, existen rutas. La geografía nos ubica en un lugar, pero la economía, la seguridad, las reglas internacionales y la historia diplomática van trazando caminos que los países recorren una y otra vez, quieran o no. Por eso, el antiquísimo adagio de que “todos los caminos conducen a Roma” sigue teniendo vigencia: nos recuerda que hay centros de gravedad que ordenan el mapa, condicionan las prioridades y obligan a tomar decisiones con sentido de realidad.

Así, en la Colombia de hoy, muchos caminos conducen —inevitablemente— a Washington. No por simpatía ideológica, ni por nostalgia de viejas alianzas, ni por simple costumbre diplomática. Conducen allí porque hay realidades estructurales que ningún gobierno puede borrar con discursos. Como muestra de ello, en 2024, Estados Unidos siguió siendo el principal destino de las exportaciones colombianas: US$14.337 millones FOB, equivalentes al 28,9% del total exportado, según cifras de la DIAN. También fue el principal país de origen de las importaciones colombianas, con US$16.465 millones CIF, equivalentes al 25,7% del total importado.

A esa dimensión económica se suma otra igual de decisiva: la cooperación en materia de seguridad, lucha contra las drogas, migración, justicia, inteligencia y fortalecimiento institucional. Durante décadas, Colombia ha sido una pieza central en la arquitectura de Washington para América Latina. Por eso, cuando en la relación emergen tensiones, el impacto no se queda simplemente en los comunicados diplomáticos ni en el peligroso alcance de  los micrófonos . Se siente en la cooperación judicial, en el intercambio de inteligencia, en las métricas antidrogas, en las visas, en la movilidad, en la confianza para la inversión, en la asistencia externa y en la coordinación regional.

El momento reciente, además, hace que esa realidad sea aún más delicada. La política exterior estadounidense frente al hemisferio occidental ha entrado en una fase más dura, más transaccional y más securitizada. Drogas, migración, crimen organizado y competencia geopolítica pesan hoy con fuerza particular en la agenda de Washington. La relación con Colombia ya no se mueve únicamente en el lenguaje tradicional de la “alianza histórica”, sino también en el de los costos, las certificaciones, las sanciones, las visas, los aranceles, la presión pública y los resultados medibles.

En otras palabras, Estados Unidos sigue siendo un socio fundamental, pero también un actor más impaciente, más pragmático y más dispuesto a recurrir a herramientas de presión. Esa combinación obliga a Colombia a actuar con mayor precisión. Ya no basta con repetir que somos aliados estratégicos. Tampoco sirve convertir cada desacuerdo en una batalla mediática. La relación bilateral exige algo más difícil: saber cuándo marcar límites, cuándo construir acuerdos y cuándo reconocer que la autonomía también requiere sentido de la realidad.

Todo esto no significa que Colombia no pueda —o incluso no deba— diversificar sus relaciones internacionales. Claro que debe hacerlo. Un país serio tiene que ampliar su red de socios, explorar nuevos mercados, fortalecer vínculos con Europa, Asia, América Latina, África y el mundo árabe, y construir una política exterior menos dependiente de una sola relación. Pero diversificar no es fantasear con que Estados Unidos deje de importar. Diversificar no puede ser una excusa para negar la realidad.

Hay un corredor que, una y otra vez, termina desembocando en Washington. Por eso, a pocas semanas de los comicios presidenciales, quien llegue a la Casa de Nariño tendrá que tener plena conciencia de dicha relación indisoluble y saberla manejar con sabiduría, disciplina y serenidad; con un sentido claro de lo negociable y lo no negociable; y, sobre todo, con cuidado institucional. En pocas palabras: el próximo gobierno no puede permitirse improvisar con Estados Unidos.

Ese será un desafío común para los tres nombres que hoy aparecen con mayor fuerza en el escenario electoral: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Cada uno representa un tono distinto, una lectura diferente del país y una manera particular de aproximarse al poder. Pero, más allá de lo que se diga en campaña, los tres tendrán que enfrentar la misma pregunta: ¿cómo convertir la relación con Washington en una oportunidad y no en un problema con el cual lidiar constantemente?

En este orden de ideas, si Iván Cepeda fuera electo presidente, su mayor reto sería evitar que la relación con Estados Unidos quedara atrapada en el reflejo de la confrontación. Cepeda ha construido buena parte de su trayectoria política en torno al discurso de la defensa de la paz, los derechos humanos, la soberanía y la crítica a cualquier forma de subordinación externa. Esa posición puede tener legitimidad en el debate democrático colombiano, pero exigiría una diplomacia particularmente fina para que la “dignidad” no termine convirtiéndose en aislamiento o, peor aún, en un conflicto interminable que deprede la economía y la estabilidad general del país.

Su prioridad, entonces, en el supuesto de que fuera electo presidente, debería ser construir una agenda de altísimo nivel técnico con Washington en oposición al cisma ideológico casi garantizado.  Y es que, aunque  para  algunos, tal vez aquellos más ideológicamente influenciados, pueda parecer paradójico, la cooperación bien negociada con Estados Unidos puede reforzar la soberanía. No porque Colombia entregue su agenda, sino porque fortalece las capacidades estatales en territorios donde hoy hay vacíos que suelen ser ocupados por actores armados, economías ilegales y redes transnacionales. En un eventual gobierno Cepeda, la cooperación con Estados Unidos no debería ser sinónimo de obediencia, sino una herramienta estratégica para sostener la seguridad, la justicia, el desarrollo rural, la sustitución productiva, la inteligencia financiera y la presencia institucional.

El riesgo, en su caso, sería convertir la relación bilateral en una secuencia de gestos simbólicos, respuestas emocionales y discursos de resistencia que pueden funcionar ante ciertos sectores de la opinión pública interna, pero que reducen la capacidad real de gobernar los desacuerdos. Washington no desaparece porque se le critique. Y, en el contexto actual, la confrontación pública puede acarrear graves costos. Un gobierno Cepeda necesitaría un canal directo, de las más altas capacidades técnicas y permanente entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño: no para ceder, sino para evitar que cada diferencia se transforme en crisis.

Ahora, si Paloma Valencia fuera presidenta, el punto de partida sería distinto. Su cercanía con el Centro Democrático y con el legado político de Álvaro Uribe le permitiría enviar a Washington un mensaje inicial de recomposición, continuidad en materia de seguridad, cooperación antidrogas y alineación democrática frente a los regímenes autoritarios de la región.

En política exterior, su prioridad debería ser recuperar la confianza sin caer en la nostalgia automática del pasado. No basta con decir que Colombia “vuelve a ser aliada” de Estados Unidos. La alianza debe actualizarse. Los Estados Unidos  de hoy no son exactamente los de Plan Colombia ni los de hace veinte años. Es un actor más polarizado, más impaciente y más dispuesto a medir sus relaciones por resultados concretos. Por eso, Valencia tendría que hablar el lenguaje de la seguridad, sí, pero también el de la institucionalidad democrática, de los derechos humanos, de la corresponsabilidad antidrogas y del desarrollo territorial.

Su oportunidad estaría en establecer una agenda creíble de cooperación: lucha contra organizaciones criminales, extradición, inteligencia financiera, control de fronteras, protección de líderes sociales, estabilización territorial, migración ordenada, inversión, transición energética pragmática y fortalecimiento de las capacidades estatales. Su riesgo sería confundir la cercanía ideológica con un cheque en blanco. Estados Unidos no tiene  necesariamente amigos permanentes; tiene intereses permanentes. Incluso con gobiernos afines, Washington exige resultados, métricas y coherencia práctica con sus prioridades estratégicas

Por último, si Abelardo de la Espriella fuera presidente, su punto de partida sería todavía más marcado: buscaría seguramente “sanar” la relación con Estados Unidos mediante un discurso fuerte de alineación en materia de seguridad, lucha contra el crimen, confrontación al narcotráfico y oposición frontal a los gobiernos autoritarios de la región. En un momento en el que Washington privilegia respuestas duras frente al crimen transnacional, ese estilo podría encontrar receptividad inicial y abrir algunos canales de diálogo.

Pero ahí estaría precisamente el mayor cuidado. Una cosa es recomponer la relación y otra, muy distinta, convertir la cercanía en una suerte de subordinación. Una cosa es cooperar con Estados Unidos y otra gobernar como si la agenda nacional pudiera tercerizarse. La relación bilateral no se administra con gestos, frases virales ni afinidades personales. Se administra con equipos técnicos, instituciones y una estrategia de cuidado absoluto y de rigor diplomático.

La prioridad de De la Espriella debería ser profesionalizar la relación y protegerla de la volatilidad mediática. Si un eventual gobierno suyo dependiera demasiado del tono personal, podría terminar atrapado en una diplomacia de adhesiones, aplausos y sobreactuaciones. Estados Unidos puede coincidir con un gobierno colombiano en materia de seguridad y, aun así, presionar con fuerza si considera que sus intereses no están suficientemente protegidos.

Su no negociable tendría que ser claro: la autoridad del Estado colombiano sobre su agenda interna. Cooperar con Estados Unidos tampoco puede significar renunciar a una lectura propia del interés nacional. El riesgo, en su caso, sería proyectar la imagen de un gobierno demasiado dispuesto a aceptar la agenda estadounidense sin procesarla institucionalmente a partir de las necesidades reales de Colombia.

En los tres escenarios, el mapa de fondo es similar: todos los caminos conducen a Washington. La diferencia está en cómo se recorre ese camino. Esto puede hacerse con una buena brújula —instituciones, agenda, métricas, límites, estrategia y rigor diplomático— o a la deriva, entre impulsos ideológicos, nostalgias, gestos mediáticos o cálculos coyunturales.

Y es que una relación madura, como la que Colombia ha construido históricamente con Estados Unidos, no debe ser ni sumisa ni hostil. Debe tramitar desacuerdos sin romper la comunicación, cooperar sin perder el centro y negociar con una idea clara de país.

Al final, el verdadero riesgo no es tener un vecino poderoso. El riesgo es creer que se puede gobernar ignorándolo. O, peor aún, improvisando frente a él. En política exterior, las crisis surgen cuando la diplomacia se subestima, la técnica cede ante el espectáculo y la estrategia se reemplaza por el impulso. Y entonces, como pasa con los vecinos, el conflicto termina por surgir tarde o temprano.

Roy Barreras habla de Colombia como si fuera un paciente crónico: un cuerpo que ha aprendido a convivir con el dolor sin resolver del todo sus causas. Después de meses recorriendo el país -de las periferias a los centros de poder— repite un diagnóstico que, aunque familiar, insiste en ser ignorado: las heridas siguen abiertas. En su relato aparecen las constantes conocidas : corrupción, desigualdad, violencia, pero también una preocupación menos evidente: la manera en que el país parece haberse acostumbrado a ellas.

Su posición actual es, en cierto sentido, incómoda. Ha estado cerca del poder —en el acuerdo de paz, en el arranque del gobierno Petro—, pero hoy se ubica en un lugar intermedio que él mismo defiende y que, en la práctica, tiene poca tracción política. Desde ahí, cuestiona tanto a la derecha como a la izquierda, y plantea una salida basada en la moderación y los acuerdos. Es una apuesta que contrasta con el clima predominante, donde los extremos no solo dominan la conversación, sino que parecen definir sus reglas.

Diego Aretz: Roy, muchas gracias por esta entrevista. Empiezo con una pregunta abierta, casi como una versión libre: después de todos estos meses recorriendo el país —no solo en la política sino también desde su libro, desde múltiples espacios, hablando con personas completamente distintas—, ¿cómo se siente hoy? Usted ha hablado con todo el país en los últimos meses. Si tuviera que apelar a su oficio y hacer una radiografía del país, ¿qué ve como médico?

Roy Barreras: Más que una radiografía, es una escanografía. Porque volví a recorrer Colombia en profundidad. Desde el sur de Nariño, Tumaco, hasta La Guajira; desde el Chocó hasta la Orinoquía. Y es un país profundamente bello, pero también profundamente adolorido.

Es un país que no ha podido superar ni sus violencias ni sus miserias. Y eso es doloroso. Yo soy, ante todo, médico, y mi oficio es sanar heridas. Y lo que veo son heridas profundas en el alma nacional, heridas viejas, crónicas.

Si usamos la metáfora médica, hay enfermedades crónicas: el narcotráfico, que es una tragedia histórica; la corrupción, que es endémica. Y esas enfermedades tienen solución, especialmente la corrupción, que depende de reformas estructurales que no se han hecho.

Pero, más allá del diagnóstico estructural, lo que escucho en la gente es angustia. Angustia por la inseguridad, miedo porque nadie responde por su salud, incertidumbre profunda en los jóvenes: dos millones de jóvenes que no saben qué va a pasar con su futuro, que no tienen garantizada ni la educación ni el empleo.

En el sector productivo ocurre algo similar. Desde el tendero del barrio —que también es empresario— hasta el gran inversionista, hay miedo. Miedo a la extorsión, a la inestabilidad, a no saber hacia dónde va el país.

Y todo esto está atravesado por una polarización extrema. Dos polos que se alimentan del miedo y del odio. De un lado, el miedo al comunismo; del otro, el miedo a una derecha represiva. Y cuando eso ocurre, el centro desaparece del escenario político.

Pero no desaparece de la realidad de la gente. Porque los problemas siguen ahí. Y hay un riesgo mayor: cualquiera de los dos extremos que gane puede profundizar la fractura nacional.

Un país fracturado, dividido por el odio, no puede resolver sus problemas. Si gana una derecha radical, habrá reacción social masiva. Si gana una izquierda radical sin moderación, habrá parálisis económica por falta de confianza.

Y sin economía activa, ¿con qué recursos se resuelven los problemas sociales? No se puede gobernar solo repartiendo subsidios. Hay que generar riqueza.

Por eso insisto: el país necesita un relato de confianza y de unidad. Ese es mi propósito. Y aún estamos a tiempo. Hoy hay cinco millones de colombianos indecisos. Son más que los votos de varias candidaturas. Si esos cinco millones se movilizan, pueden cambiar la historia electoral.

Usted decía hace unos meses, incluso en una portada de revista, que puede unir al país. Pero se lo pregunto como médico: si un paciente no quiere la cura, ¿qué hace el médico?

Depende del estado del paciente. Pero aquí hay algo clave: Colombia sí tiene cura. Yo sé lo que hay que hacer.

Sé que hay que reactivar la economía, por ejemplo, con un plan masivo de vivienda que puede generar millones de empleos. Sé que hay que impulsar la agroindustria, pero también profundizar la reforma agraria con titulación de tierras, porque hoy la mitad de los campesinos no tienen títulos y no pueden acceder al crédito.

Sé que hay que desarrollar el turismo, infraestructura, puertos, aeropuertos, trenes. Sé que hay que atraer inversión nacional y extranjera. Y sé que hay que recuperar sectores estratégicos que generan ingresos para financiar la deuda social.

También sé cómo hacer la paz, porque ya lo hice. La paz no es improvisación. Requiere un marco jurídico claro. Lo que ha fallado en la llamada “paz total” es precisamente eso: no hubo un marco legal sólido, y eso permitió que los grupos ilegales se fortalecieran.

La paz necesita primero seguridad, luego negociación con reglas claras.

Cuando habla de paz y la contrasta con la de 2016, en la que usted tuvo un papel muy relevante, surge otra pregunta: usted también es reconocido como uno de los grandes legisladores del país. Entonces, ¿quién tiene hoy el Congreso?

El Pacto Histórico es la minoría más grande, pero no tiene mayorías. Y eso es clave.

Hace cuatro años logramos algo distinto: construir una gran coalición de 74 senadores basada en confianza, diálogo y respeto. Eso permitió aprobar reformas importantes.

Hoy no existe esa gobernabilidad. Y cualquier presidente la va a necesitar. Para aprobar la reforma a la salud, una reforma tributaria, una reforma laboral, o una ley de sometimiento a la justicia.

La reforma a la salud es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. El método fue equivocado, hubo terquedad, y el resultado es que no hay reforma y el sistema está en crisis.

Hablemos del centro. De Fajardo, de Claudia López. ¿Cómo los interpreta hoy?

El centro ha sido débil y fragmentado. En la consulta reciente, entre todos apenas representamos cerca de dos millones de votos. Es muy poco.

Y me preocupa que algunos sectores del centro se estén dejando atraer por la derecha. Yo me mantengo en el centro, incluso si eso significa estar solo.

Porque moverse hacia los extremos implica retrocesos en derechos, en libertades, en la convivencia democrática.

Diego Aretz: Ese primer año del gobierno Petro, en el que usted jugó un papel importante, parecía un gran acuerdo nacional. ¿Por qué fracasa?

Porque ese acuerdo era, en esencia, un pacto liberal amplio. Pero tras la ruptura de la coalición, el gobierno se radicalizó.

Yo siempre fui claro: soy liberal socialdemócrata, no petrista. Apoyé ese proyecto por convicción, pero sin renunciar a mi independencia. Y esa independencia no fue bien recibida.

Hay una paradoja histórica: los grandes avances del país han sido producto de acuerdos —la Constitución del 91, la paz del 2016—, pero hoy esos acuerdos parecen negarse. ¿Por qué?

Porque los extremos desprecian el centro. Y sin centro no hay acuerdos posibles.

Hoy se alimenta el odio desde ambos lados. Y el odio es una fuerza política poderosa, pero destructiva.

Usted ha tenido poder, pero hoy está en una posición más solitaria. ¿Es un buen lugar para construir?

Es un buen lugar para la vida personal, pero difícil para la política. Colombia hoy está atrapada en los extremos.

Pero hay cinco millones de personas que no están ahí. Y esas personas pueden definir el rumbo del país.

Usted habló del odio como motor político. ¿Cómo se enfrenta eso?

Reconociendo que existe en ambos lados. Hay odio en la derecha, pero también en la izquierda.

Y hay algo importante: Colombia sigue siendo un país excluyente. Mi historia personal no es la regla, es la excepción. El poder sigue concentrado en élites.

Por eso mi apuesta es que más personas tengan oportunidades reales: educación, empleo, movilidad social.

Usted que ha logrado unir sectores diversos, le pregunto directamente: ¿se puede unir el centro en Colombia?

No se ha podido por los egos. Pero más importante que unir líderes es que voten los ciudadanos.

Si los indecisos votan masivamente, incluso en blanco, pueden generar un cambio político enorme.

Hay algo que me interesa profundizar, y es el papel de las emociones en la política actual. Usted ha hablado del miedo y del odio como motores. ¿Qué espacio le queda a la esperanza en un escenario así?

La esperanza siempre existe, pero hoy está debilitada. Las emociones negativas son más fáciles de movilizar. El miedo y el odio generan respuestas inmediatas, instintivas. La esperanza, en cambio, exige un ejercicio más racional, más paciente.

Sin embargo, cuando uno recorre el país, también encuentra esa esperanza. Está en la gente que sigue trabajando a pesar de todo, en los jóvenes que quieren estudiar, en los emprendedores que no se rinden, en las mujeres que sostienen a sus familias en condiciones muy difíciles.

Lo que pasa es que esa esperanza no tiene hoy una narrativa dominante. No está organizada políticamente. Y ahí hay una tarea enorme: convertir esa esperanza dispersa en una fuerza colectiva.

En ese sentido, ¿cree que las redes sociales han amplificado más el conflicto que las soluciones?

Sin duda. Las redes sociales han acelerado la polarización. Funcionan con algoritmos que premian el escándalo, la confrontación, el mensaje extremo.

Eso no quiere decir que sean malas en sí mismas, pero sí han cambiado la forma en que se construye la opinión pública. Hoy es más difícil sostener posiciones matizadas, porque lo matizado no genera viralidad.

Y la política necesita matices. Necesita deliberación, necesita escucha. Cuando todo se reduce a consignas, el debate se empobrece.

Usted ha mencionado varias veces la palabra “confianza”. ¿Cómo se reconstruye la confianza en un país que lleva décadas de fracturas?

Con hechos, no con discursos. La confianza no se decreta, se construye.

Se construye cumpliendo lo que se promete, generando reglas claras, respetando las instituciones, garantizando seguridad jurídica. Pero también se construye desde lo simbólico: reconociendo al otro, bajando el tono, evitando la descalificación permanente.

Un país donde todos se ven como enemigos no puede avanzar. Hay que volver a una cultura del respeto, incluso en la diferencia.

Usted ha hablado de ejecución, de hacer. ¿Cree que ese es hoy el principal déficit de la política colombiana?

Sí. Hay un exceso de discurso y un déficit de ejecución.

Colombia no necesita más diagnósticos, porque ya los tenemos. Sabemos cuáles son los problemas. Lo que falta es capacidad de gestión, de implementación, de llevar las ideas a la realidad.

Y eso implica equipos sólidos, experiencia, conocimiento del Estado. Gobernar no es improvisar. Gobernar es saber hacer.

Finalmente, le hago una pregunta más personal. Después de todo este recorrido, de los cargos que ha tenido, de las tensiones políticas, ¿qué lo sigue motivando a insistir?

Me motiva la convicción de que este país puede ser mejor. Me motiva la historia personal que tengo, que me recuerda todos los días de dónde vengo.

Y me motiva la responsabilidad. Cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer el Estado, de entender cómo funcionan las cosas, también tiene el deber de intentar mejorarlas.

No se trata solo de una aspiración política. Se trata de una responsabilidad con el país. Y mientras tenga esa convicción, voy a seguir insistiendo.

Quisiera llevarlo a un terreno más concreto. Cuando usted habla de reactivar la economía y generar confianza, ¿cuál sería la primera señal que daría un eventual gobierno suyo en los primeros cien días?

La primera señal tiene que ser de estabilidad y de reglas claras. Un mensaje inequívoco a los inversionistas, nacionales e internacionales, de que Colombia es un país confiable, donde se respetan los contratos y las instituciones.

Pero esa señal no puede quedarse en lo económico. Tiene que ser también social. Los primeros cien días deben mostrar resultados en empleo, en reactivación de sectores clave como la construcción, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Y hay un tema fundamental: la seguridad. Sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay empleo. Por eso, recuperar el control territorial del Estado es una prioridad inmediata.

Usted ha sido crítico del manejo de la seguridad en los últimos años. ¿Qué haría distinto?

Lo primero es entender que la seguridad y la paz no son opuestas. Son complementarias.

No puede haber negociación sin autoridad del Estado. Y no puede haber autoridad sin legitimidad. Eso implica fortalecer la Fuerza Pública, pero también garantizar que actúe dentro de la ley.

Y, al mismo tiempo, establecer reglas claras para cualquier proceso de sometimiento o negociación. No puede haber zonas grises. La ambigüedad solo beneficia a los grupos ilegales.

Hay un tema que atraviesa todo esto y es la desigualdad. Usted ha insistido en la inclusión social, pero también en la necesidad de crecimiento económico. ¿Cómo se equilibran esas dos dimensiones?

Esa es la clave del desarrollo. No hay contradicción entre crecimiento e inclusión. Al contrario, se necesitan mutuamente.

Sin crecimiento no hay recursos para financiar políticas sociales. Pero sin inclusión, el crecimiento no es sostenible.

Por eso hablo de un modelo de desarrollo equilibrado: que genere riqueza, pero que también la distribuya de manera más justa. Que promueva la iniciativa privada, pero que garantice oportunidades para todos.

En ese equilibrio, ¿qué papel juega el Estado?

Un Estado fuerte, pero no asfixiante. Un Estado que regule, que garantice derechos, que corrija desigualdades, pero que no sustituya la iniciativa de la sociedad.

El Estado no puede hacerlo todo, pero tampoco puede abandonar a la gente. Tiene que encontrar ese punto de equilibrio.

Última pregunta. Más allá de gobernar, un estadista propone un relato. ¿Cuál es el suyo?

Confianza y unidad.

Confianza para que la economía funcione, para que haya inversión y empleo. Unidad para cerrar la fractura nacional.

Coincido con la necesidad de justicia social, pero no basta con el discurso. Hay que ejecutar.

Mi mensaje es claro: que los colombianos participen, que no dejen que los extremos decidan por ellos. Todavía estamos a tiempo.

Quisiera empezar por lo esencial: ¿dónde estaba Colombia hace cuatro años y dónde está hoy en materia de política exterior?

Guillermo Fernández de Soto:
Es una muy buena pregunta para empezar porque obliga a mirar continuidad y ruptura. Durante décadas, Colombia tuvo una política exterior que, con diferencias entre gobiernos, funcionaba como una política de Estado. Eso significa algo muy concreto: había consensos básicos sobre los intereses nacionales y sobre cómo defenderlos en el escenario internacional.

No era una política perfecta, pero sí tenía una característica fundamental: la estabilidad. Existían espacios institucionales —como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores— donde se discutían los temas estratégicos. Había diálogo entre distintos sectores, había consulta, había continuidad.

Ese modelo se fue erosionando, y en los últimos años lo que vemos es una ruptura más profunda. Se abandonó la práctica del consenso, se debilitó la institucionalidad y se optó por una política exterior mucho más personalista.

Y esto tiene consecuencias. En política internacional, la confianza no se decreta, se construye. Y se construye con coherencia, con previsibilidad, con seriedad. Cuando un país pierde esos atributos, pierde capacidad de influencia.

Colombia, que había logrado una presencia importante en organismos internacionales, hoy tiene una participación más débil. No es que haya desaparecido, pero claramente ha perdido peso relativo. Y eso impacta directamente la defensa de sus intereses.

Andrés Rugeles:
Yo agregaría dos elementos clave para entender el momento actual. El primero es la trayectoria. Colombia había construido, a lo largo de décadas, una reputación internacional importante. Esa reputación no dependía de un gobierno en particular, sino de una acumulación de prácticas, decisiones y participación en escenarios multilaterales.

Esa trayectoria entró en crisis.

El segundo elemento es lo que denominamos en el libro la pentacrisis. Tradicionalmente se hablaba de cuatro crisis internas: fiscal, salud, energía y seguridad. Nosotros proponemos una quinta: la crisis internacional.

La política exterior también está en crisis. Perdió el consenso, dejó de ser una política de Estado, se debilitó la carrera diplomática y se redujo la capacidad de acción internacional.

Esto no ocurre en el vacío. Coincide con un deterioro en seguridad —con indicadores preocupantes— y con un desafío estructural en desarrollo. América Latina está rezagada frente a metas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Colombia no es la excepción.

Por eso proponemos una recalibración estratégica hacia 2050. Y en esa recalibración hay algo importante: recuperar la lógica de los consensos globales, como ocurrió con los ODS. Ese es un aprendizaje fundamental.

Diego:
El libro tiene un tono crítico, pero también propone. No es un diagnóstico pesimista, sino una invitación a corregir el rumbo. Hay una idea de que Colombia sí puede hacerlo mejor.

Andrés Rugeles:
Exactamente. El libro parte de un diagnóstico, pero no se queda ahí. Propone caminos. Y lo hace desde una combinación que consideramos valiosa: rigor académico y experiencia práctica.

Muchas veces los análisis se quedan en la teoría o, por el contrario, en la experiencia sin marco conceptual. Aquí tratamos de unir ambas dimensiones: entender y actuar.

Diego:
Hay un tema central que atraviesa todo esto: la diferencia entre política de gobierno y política de Estado. Puede sonar técnico, pero es clave. ¿Cómo explicarlo de forma sencilla?

Guillermo Fernández de Soto:
La diferencia es profunda, aunque puede explicarse de manera simple. Las políticas de gobierno responden al corto plazo, a las prioridades del gobierno de turno. Las políticas de Estado responden al largo plazo y al interés nacional.

En política exterior, esto es crucial porque los procesos internacionales son largos. Las relaciones entre países no se construyen ni se destruyen en cuatro años. Requieren continuidad, coherencia y acumulación de confianza.

Por eso también impulsamos la creación del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI). Surgió de una inquietud concreta: el creciente interés de los jóvenes por los temas internacionales y, al mismo tiempo, la falta de espacios accesibles para formarse y participar.

Encontramos algo interesante: sí hay conocimiento, sí hay bibliografía, pero no siempre está conectada con nuevas generaciones. El CORI busca precisamente eso: abrir espacios, generar discusión, producir contenido en un lenguaje claro.

Y hay un principio que defendemos con firmeza: la política exterior no puede ideologizarse. Cuando se convierte en un instrumento ideológico, pierde eficacia y credibilidad.

Andrés Rugeles:
Si uno mira los países que han logrado avances sostenidos —en desarrollo, en inserción internacional— encuentra un patrón común: construyen políticas de Estado.

Son países que piensan en el largo plazo. Que se preguntan qué quieren ser en 2050, incluso más allá.

Además, el mundo actual exige entender las megatendencias. El ascenso de Asia, el cambio climático, la revolución tecnológica, las transformaciones demográficas. Son procesos estructurales, irreversibles.

Un país que no se prepara para esas dinámicas queda rezagado.

Diego:
Vivimos un momento de desorden global. Tensiones geopolíticas, conflictos abiertos, cuestionamientos al sistema internacional. ¿Qué debería hacer Colombia en ese contexto?

Guillermo Fernández de Soto:
Hay un concepto clave: el multilateralismo.

Colombia ha sido históricamente un actor activo en ese sistema. Ha participado en la construcción de soluciones colectivas y ha tenido presencia relevante en distintos escenarios.

El multilateralismo tiene limitaciones, por supuesto. Pero sigue siendo esencial. Sin él, el mundo sería mucho más inestable.

Incluso con sus fallas, ha permitido coordinar acciones, establecer reglas y evitar conflictos mayores. La alternativa —un mundo sin reglas— sería mucho más peligrosa.

Andrés Rugeles:
Hay una idea que resume bien esto: “Es mejor ir en convoy que solos”.

Para un país como Colombia, es fundamental actuar junto a otros. No tiene el peso suficiente para influir de manera aislada en las grandes dinámicas globales.

Y además estamos en una transición. No sabemos exactamente hacia qué tipo de orden mundial vamos, pero sí sabemos que hay tensiones claras entre visiones unilateralistas y multilateralistas.

El libro toma una posición clara: Colombia debe apostar por el multilateralismo. Porque en un escenario dominado por el unilateralismo, Colombia tiene mucho que perder.

Diego:
Voy a plantear una pregunta directa: ¿cómo puede Colombia tener buenas relaciones con China sin afectar su relación con Estados Unidos?

Andrés Rugeles:
Esa es una de las preguntas centrales de la política exterior contemporánea. Y la respuesta está en dos principios: visión global y autonomía estratégica.

Colombia debe tener relaciones constructivas con todos los actores relevantes, pero defendiendo sus propios intereses. Eso implica evitar alineamientos automáticos.

La historia demuestra que es posible. Colombia ha logrado, en distintos momentos, mantener relaciones positivas con países que tienen tensiones entre sí.

Ahora bien, también hay realidades que no se pueden ignorar. Estados Unidos es el principal socio de Colombia en múltiples dimensiones: comercio, inversión, seguridad, migración.

Esa relación es estratégica y debe ser cuidada. Pero eso no impide desarrollar otras relaciones. La clave es complementar, no sustituir.

Diego:
En ese contexto, ustedes proponen un “Plan Colombia 2.0”. Es una idea potente y también polémica. ¿Qué significa hoy?

Guillermo Fernández de Soto:
El Plan Colombia original fue un esfuerzo integral que combinó seguridad, fortalecimiento institucional y desarrollo social, con apoyo internacional.

Permitió modernizar capacidades del Estado, recuperar control territorial y generar confianza internacional. Fue posible gracias a un amplio consenso interno y respaldo externo.

Hoy el contexto es distinto, pero los desafíos son incluso más complejos. El crimen organizado transnacional se ha diversificado: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, delitos ambientales.

Un Plan Colombia 2.0 implicaría actualizar esa estrategia: cooperación internacional renovada, fortalecimiento institucional y un componente social sólido.

Andrés Rugeles:
Y añadiría algo fundamental: dimensión regional.

Estos problemas no son exclusivamente colombianos. Son redes transnacionales. Por eso requieren respuestas coordinadas entre países.

Hablamos de corresponsabilidad. Todos los actores —productores, de tránsito, consumidores— tienen un rol en la solución.

Diego:
Pasemos a la institucionalidad. ¿Qué ha pasado con la carrera diplomática y cómo se puede recuperar?

Andrés Rugeles:
Hay un fenómeno que afecta a todo el Estado: la alta rotación de funcionarios. Eso debilita la capacidad institucional porque no hay continuidad.

En política exterior, eso tiene un impacto especialmente fuerte.

Guillermo Fernández de Soto:
Además, ha habido un discurso que deslegitima el servicio exterior. Eso afecta la moral de quienes representan al país.

Y aun así, muchos funcionarios han seguido cumpliendo su labor con profesionalismo.

La recuperación pasa por fortalecer la institucionalidad: respetar la carrera diplomática, profesionalizarla, darle estabilidad y reconocimiento.

Andrés Rugeles:
El libro propone varias acciones concretas: revitalizar el servicio exterior, reactivar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y lanzar una nueva misión de política exterior.

El consenso no aparece por sí solo. Hay que construirlo deliberadamente.

Diego:
Para cerrar, una pregunta necesaria: ¿hay algo positivo que reconocer del gobierno actual en política exterior?

Andrés Rugeles:
Sí, y es importante decirlo. Hay un interés por ampliar la política exterior hacia el sur global.

Eso es valioso y debe mantenerse. Colombia tiene oportunidades importantes en ese espacio en términos de cooperación, intercambio y posicionamiento.

El punto es cómo se hace. No debe plantearse como una sustitución de relaciones tradicionales, sino como un complemento.

Diego:
Entonces, ¿cuál sería la invitación final?

Andrés Rugeles:
La invitación es a pensar globalmente y actuar estratégicamente. A construir una política exterior que sea verdaderamente de Estado: con visión de largo plazo, basada en consensos y orientada a defender los intereses nacionales.

Diego:
Hay algo que atraviesa toda esta conversación y que me gustaría profundizar un poco más antes de cerrar, y es el tema de la credibilidad internacional. Porque más allá de los conceptos —multilateralismo, autonomía estratégica, política de Estado— al final todo se traduce en una pregunta muy concreta: ¿confían o no confían los demás países en Colombia?

Y ahí hay algo interesante, porque la credibilidad no es un discurso, es una acumulación de comportamientos. Es consistencia en el tiempo. Es previsibilidad. Es también la capacidad de cumplir lo que se promete.

¿Cómo se reconstruye esa credibilidad cuando se ha deteriorado?

Guillermo Fernández de Soto:
Esa es una pregunta fundamental. La credibilidad, como usted bien lo dice, no se decreta. Se construye. Y toma tiempo.

Se construye a partir de decisiones coherentes, de mensajes claros, de una conducta internacional que sea predecible. Los países observan, comparan, evalúan. Y cuando perciben cambios abruptos, contradicciones o falta de continuidad, naturalmente se vuelven más cautelosos.

Recuperar la credibilidad implica volver a los principios básicos: seriedad, consistencia y respeto por los compromisos internacionales. Implica también reconstruir canales de diálogo que se han debilitado.

Y hay algo muy importante: la credibilidad no solo se construye hacia afuera, también se construye hacia adentro. Si no hay consenso interno, es muy difícil proyectar una imagen sólida hacia el exterior.

Andrés Rugeles:
Yo añadiría un elemento adicional: la credibilidad hoy está profundamente conectada con la capacidad de ejecución. No basta con tener buenas ideas o buenos discursos. Lo que cuenta es la capacidad de implementar políticas, de mostrar resultados.

En el escenario internacional, los países valoran a aquellos socios que son confiables no solo en lo que dicen, sino en lo que hacen.

Por eso el libro insiste tanto en la institucionalidad. Sin instituciones fuertes, es muy difícil sostener una política exterior consistente en el tiempo.

Diego:
Y ahí entra otro punto que me parece interesante: la relación entre política interna y política exterior. A veces se habla de ellas como si fueran mundos separados, pero claramente no lo son.

Andrés Rugeles:
Totalmente. La política exterior es, en gran medida, una extensión de la política interna. Un país que tiene problemas estructurales no resueltos —en seguridad, en desarrollo, en gobernabilidad— va a reflejar esas tensiones en su acción internacional.

Por eso hablamos de la pentacrisis. No es posible aislar la política exterior de lo que ocurre internamente. Todo está conectado.

Guillermo Fernández de Soto:
Y en ese sentido, la política exterior puede ser también una herramienta para apoyar soluciones internas. No es solo un reflejo, es también un instrumento.

Colombia ha tenido momentos en los que utilizó su política exterior de manera estratégica para fortalecer procesos internos, para atraer cooperación, para posicionar agendas.

Eso es algo que hay que recuperar: entender la política exterior no como un escenario de discurso, sino como un instrumento concreto al servicio del país.

Diego:
Hay una última idea que me gustaría dejar sobre la mesa, y es la del tiempo. Porque muchas de las cosas que ustedes plantean —consenso, institucionalidad, reputación— no se construyen rápidamente.

En un entorno político donde todo es inmediato, donde todo se mide en ciclos cortos, ¿cómo se vuelve a introducir esa lógica de largo plazo?

Andrés Rugeles:
Ese es uno de los grandes desafíos. Volver a introducir el largo plazo en la toma de decisiones.

Y eso requiere liderazgo, pero también requiere pedagogía. Explicar por qué ciertas decisiones no tienen resultados inmediatos, pero son necesarias.

Requiere también construir acuerdos amplios. Porque el largo plazo solo es posible si hay continuidad, y la continuidad solo es posible si hay consenso.

Guillermo Fernández de Soto:
Al final, se trata de algo muy sencillo pero muy profundo: pensar en el país más allá del gobierno de turno.

Si logramos recuperar esa lógica, es posible reconstruir no solo la política exterior, sino también la confianza, la credibilidad y la capacidad de Colombia para actuar en el mundo con seriedad.

La mayor dificultad para realizar los debates entre los candidatos presidenciales es el riego de convertirlos en una debacle nacional. Más aún en medio de esta oleada del terror, desatada al parecer por Iván “Mordisco” al mando del “Estado Mayor Central de las Farc” en retaliación a las acciones de la Fuerza Pública en su contra, que lo ha puesto contra las cuerdas. Y la forma más expedita de hacerlo es impidiendo la participación en los debates de aquellos candidatos que no aparecen como favoritos en el actual tinglado de la política nacional. De esta forma, la agenda política del futuro y la suerte de todos los colombianos quedará en manos de la confrontación entre dos proyectos que se disputan no solo las próximas elecciones, sino la vida y muerte de las próximas generaciones. Lo que está en juego es mucho más que la definición de un temario, el orden para abordarlo, la identidad y competencia del moderador. Lo que realmente está en juego es la capacidad para deliberar de todos los colombianos, no solo de tres, cuatro o trece candidatos, cuya participación en los debates está condicionada, casi que atrofiada, por su obsesión de ganar las elecciones, no tanto por la búsqueda de soluciones a los principales desafíos y conflictos que como sociedad enfrentamos. Conflictos que por su complejidad ninguna candidatura o partido podrá resolver solo, en gran parte porque todos son más o menos responsables de su existencia, persistencia y degradación, así traten de atribuirle toda la culpa al contrario y a su contradictor de turno. Tal será el principal objetivo en desarrollo de los debates, si llegan a realizarse teniendo como telón de fondo este terror que impide pensar con responsabilidad y libertad, más allá de buscar un solo responsable del mismo. Cada candidatura Intentará demostrarnos que tiene la fórmula mágica para hacer en los próximos cuatro años en la Casa de Nariño lo que ningún partido o líder político ha podido hacer durante toda su vida política: la paz con justicia social, un desarrollo económico incluyente, en función de las mayorías, una gestión pública sin depredar los recursos del erario y sin devastar nuestra portentosa biodiversidad para favorecer intereses de empresas nacionales e internacionales. Ojalá los debates sirvieran al menos para revelarnos las fortalezas y debilidades de cada candidatura frente a los anteriores desafíos. Pero es probable que suceda todo lo contrario, pues la obsesión de cada aspirante a la presidencia será intentar demostrarnos que sus contendores son los únicos responsables de la actual debacle y que sólo su candidatura y su partido ha estado a la altura de esos desafíos y cuenta con el programa para resolverlos en los próximos cuatro años. Cuando sabemos que esta terrible realidad los supera a todos. Escucharemos a más de un salvador que, emulando la vulgaridad y brutalidad de Trump, dirá que todo se resuelve con más plomo, dinamitando al país como hoy lo hace alias Mordisco y su banda narcocriminal para defender su emporio de cocaína parapetado supuestamente en objetivos políticos. Objetivos que a la postre coronará si vamos a las urnas muertos de miedo y entregamos nuestro juicio y voto sin reflexionar, olvidando que el miedo nunca es inocente y en estas circunstancias sería un pésimo consejero.

Una feria de vanidades y disfraces

Esa obsesión, puede llevar a todas las candidaturas a comportarse en el set televisivo como actores de un show para conquistar la sintonía y el voto de la mayoría de electores el próximo 31 de mayo. La meta será obtener ese día la mitad más uno de los votos, poco importa cómo se logre, así sea azuzando el miedo, para evitar un incierto segundo tiempo. Entonces cada candidatura desplegará todos sus recursos para vencer y demostrarnos no solo que es la mejor, más preparada, más honesta y competente para gobernar, sino que además es moralmente intachable y superior a todas sus demás competidoras. Así veremos que entran en un combate para lograr desacreditar rápidamente, en primer round, a sus adversarios. Nos dirán que sus vidas son un libro abierto, mostrándonos sus mejores páginas y ocultándonos las más turbias y comprometedoras. Y, en ese esfuerzo, no faltará quien dirá que no es político, aunque aspira a ser presidente. Muy difícil entender cómo gobernará si desprecia tanto con quienes tendrá que hacerlo, los congresistas y demás servidores públicos electos. ¿Lo hará sin contar con su apoyo y gobernará a punta de decretos? ¿Declarará inmediatamente la conmoción interior y cerrará el Congreso? Si tales son las propuestas salvadoras no hay duda que nos devorará el tigre de la arbitrariedad y la ambición.

¿Transparencia o apariencia en el set?

En fin, corremos el riesgo de presenciar una feria de vanidades y disfraces, en donde relucirá todo menos la transparencia que cada candidatura pregona. Predominará la apariencia o incluso hasta la “tramparencia”, adornada con bellos abalorios y fantasías programáticas como la paz, la seguridad, la equidad, la solidaridad y hasta la felicidad. Todas y todos se empeñarán en lucir el traje más adecuado para gustar al mayor número de espectadores-electores y ocultar sus defectos, secretas intimidades, amistades y verdaderas identidades. Sobre todo, se cuidarán de que no veamos tras bastidores quiénes son los diseñadores y financiadores de su eventual traje presidencial. En verdad, es muy difícil comprender el cambio de discursos, identidades y personalidades que la mayoría de candidatos experimentan durante las campañas electorales. Al desfilar por la pasarela de las plazas públicas y aparecer en los sets televisivos sufren una especie de metamorfosis acelerada para ganar las elecciones. ¿Cómo hacer para no caer bajo ese embrujo y evitar que las urnas sean esa insondable caja de pandora donde quedan refundidas todas nuestras esperanzas hasta las próximas elecciones? Esa caja de la cual empiezan a salir todos los males cuando comienzan a gobernar desde la Casa de Nariño y se los achacan a su anterior inquilino. Quizá una forma de hacerlo sea aprendiendo a deliberar en lugar de solo debatir.

Deliberar, más que debatir

La principal diferencia entre deliberar y debatir, es que la deliberación busca persuadir y convencer, mientras el debate solo combatir y vencer. La deliberación promueve el examen y la investigación de los problemas y más graves conflictos, busca las causas o factores estructurales y coyunturales que los generan, sin eludir la propia responsabilidad en su desarrollo e identificar a sus principales responsables por acción u omisión. En el debate sucede todo lo contrario, la atención se centra en las consecuencias de los conflictos y problemas, eximiéndose cada candidatura de toda responsabilidad personal o partidista en el surgimiento de los mismos para atribuirla exclusivamente a los demás contendores. En la deliberación prima la argumentación con fundamento en evidencias y hechos comprobados, mientras que en el debate predomina la descalificación personal del adversario con suspicacias y acusaciones sin sustento en hechos, apelando al estímulo de prejuicios, estereotipos, miedos y pasiones viscerales como el odio y la venganza. La deliberación promueve soluciones y eventuales acuerdos en medio de las diferencias, su lógica es la concertación. En el debate sucede todo lo contrario, pues se busca imponer decisiones al adversario, su lógica es la confrontación y no la conciliación.

Deliberar sin miedo

En últimas, el debate impide y pervierte el diálogo y la deliberación esclarecedora, pues lo que predomina es la polémica para vencer al adversario y no la búsqueda conjunta de soluciones concertadas a los más graves problemas y sangrientos conflictos. Conflictos que ya no son tanto político-militares como criminales, no solo domésticos sino internacionales, (intermésticos) como lo es el narcoterrorismo de nuevo camuflado con objetivos políticos, tal como lo hizo con éxito Pablo Escobar en la coyuntura constituyente. El debate puede profundizar la debacle política nacional e imposibilitar la deliberación necesaria para salir de la actual carnicería, pues seguro radicalizará los fanatismos ideológicos y los prejuicios políticos, que llevará a muchos a buscar salvadores providenciales a imagen y semejanza de profetas armados que prometen salvarnos y en lugar de avanzar hacia paz terrenal nos acercarán rápidamente a la paz eterna. De esta forma el debate afianza las identidades y comportamientos propias de facciones y tribus políticas envueltas en pugnas interminables que culminan en persecuciones, cacería de brujas y ejecuciones extrajudiciales. Sucede todo lo contrario con la deliberación, pues ella nos permite pensar y conversar para liberarnos de certezas ideológicas inmodificables, de prejuicios atávicos inconscientes como el racismo, el clasismo y el sexismo, que siempre nos han impedido forjar una comunidad política entre iguales, vitalmente democrática. Quizá así algún día, ojalá más próximo que lejano, dejemos de ser “esa federación de rencores y archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”, como premonitoriamente lo advirtió Belisario Betancur en su discurso de posesión presidencial en 1982. ¿Será que 44 años después reincidiremos y continuaremos viviendo y muriendo bajo la violencia y la injusticia? ¿Seguiremos depositando en las urnas sufragios fúnebres en lugar de votos por la vida, la justicia, la paz y la convivencia democrática? Solo deliberando como ciudadanos lo podremos lograr, no como simple electores emocionalmente manipulados depositando nuestros miedos en las urnas, independientemente si se realizan o no los debates entre todos los candidatos presidenciales. No solo tres o cuatro candidaturas merecen ser escuchadas. Si ni siquiera entre todos ellos se reconocen como iguales, lo más probable es que escuchemos una limitada y estridente cacofonía en lugar de una amplia y clara polifonía, que es lo que más precisamos en medio del estruendo mortal de las bombas y los cilindros que hoy aturden nuestro juicio.  

“El ciudadano promedio no evade por codicia, sino por desilusión”: Nathalia Barón, economista colombiana.

“El dinero sin un propósito se convierte en avaricia”, dice Nathalia Barón, una economista colombiana especializada en Programación Neurolingüística (PNL). Desde el coaching, se dedica a transformar la mentalidad y el comportamiento financiero de las personas. Está convencida de que existen las herramientas para romper lo que ella llama “patrones de escasez, culpa o miedo económico”.

De acuerdo con la experta, existen cuatro tipos de personas según su comportamiento frente al dinero: Los gastadores (compran sin límite, en su mayoría cosas que no necesitan). Los ahorradores (guardan el dinero motivados por el miedo a perderlo y esto los aleja del disfrute del mismo). Los indiferentes (dejan el manejo del dinero en manos de terceros, lo cual los hace vulnerables a decisiones ajenas que no siempre son las correctas). Y los temerosos (asocian el dinero con algo malo).

Bajo su propia marca, Dinero Consciente, esta bogotana creó una metodología que integra economía conductual, neurofinanzas y PNL aplicada. “Utilizamos técnicas de PNL, modelos de coaching y principios de neuroeconomía para reentrenar la mente en la toma de decisiones financieras conscientes”, afirma.

Según ella, es posible construir una cultura económica saludable “donde el dinero no sea un factor de estrés, sino una herramienta de bienestar y libertad”.

¿Qué significa el término “dinero consciente”?

Significa comprender que el dinero es una consecuencia, no una causa. Refleja nuestra mentalidad, nuestras emociones y nuestros hábitos. El 70% de las decisiones económicas son emocionales; por eso, sin inteligencia emocional no existe inteligencia financiera. Y a un cambio emocional lo precede un cambio mental, entonces allí comienza todo.

En la práctica, ¿Cómo podemos reprogramar nuestros pensamientos en torno al dinero?

La ciencia ha demostrado cómo funciona el cerebro y cómo influye nuestro lenguaje en el proceso de programación mental. Alguien que hackea su mente con un nuevo sistema de creencias sobre el dinero y la prosperidad con certeza puede esperar un resultado diferente en su realidad económica personal. Por ejemplo: “el dinero fluye a mí”, “soy muy bueno manejando mi dinero”, “el dinero siempre me alcanza”, “el dinero se multiplica en mis manos”, etcétera. Son algunos ejemplos de una programación para la prosperidad. 

¿Usted cree en el concepto de igualdad social?

Creo en la igualdad de oportunidades mentales y estructurales. La verdadera equidad no se logra solo con redistribución económica, sino con educación de calidad y transformación estructural del sistema de creencias. Sin un cambio mental, cualquier ayuda externa se diluye en el tiempo y se vuelve una interferencia para quien la recibe.

¿Qué opina de la frase “Los pobres son pobres porque quieren”?

Es una afirmación falsa y simplista. La pobreza no es una elección consciente; es una consecuencia de carencias estructurales y emocionales, motivadas por el sistema y por la historia familiar.

En nuestras mediciones, el 78% de las personas que pasan por procesos de reeducación financiera y mental reportan mejoras sostenidas en ingresos y hábitos económicos en los primeros seis meses.
La pobreza no se combate con subsidios, sino con herramientas que le devuelvan a la persona su autonomía a la hora de crear dinero y le enseñen a manejarlo de manera consciente.

¿Generar riqueza o redistribuir la que ya existe?

Ambas son necesarias, pero ninguna funciona sin educación económica y bienestar emocional. Generar sin consciencia produce desigualdad; redistribuir sin criterio genera dependencia. El punto medio es una sociedad mentalmente preparada para prosperar.

El otro día le escuché la expresión “trauma colectivo”. ¿A qué se refiere?

Es el conjunto de creencias culturales que asocian el dinero con abuso, culpa o peligro. Durante generaciones se enseñó que el dinero corrompía. Ese trauma social condiciona las decisiones financieras y frena el desarrollo. Sanar la relación emocional con el dinero restituye la confianza. Sin confianza, ninguna economía puede crecer.

¿Colombia puede reducir la desigualdad generando riqueza?

Sí, si genera también nuevos marcos mentales. No se trata solo de productividad, sino de estructura de pensamiento. La evidencia muestra que cuando las personas aprenden a tomar decisiones desde la expansión y no desde el miedo, aumentan su estabilidad económica más rápido.

¿Cómo pedirle a una persona que nació pobre pensar en prosperidad?

No se le pide: se le enseña. El cambio empieza en el lenguaje, luego en los hábitos. En comunidades rurales que hemos acompañado, un 60% de las mujeres logró iniciar un negocio en menos de un año después de reprogramar su mentalidad de supervivencia hacia una de progreso. Yo misma soy resultado del proceso que ahora promuevo, pues mi realidad económica en la infancia fue de dificultad y lucha.

¿Prosperidad significa lo mismo para todos los estratos?

Sí. Prosperar no es tener más, sino vivir sin miedo, tener lo suficiente y aprender a crear dinero siendo contribución para el otro, es decir, desde el propósito. He visto el mismo miedo frente al dinero en diferentes estratos sociales y niveles educativos, por eso sé que el aprendizaje con el dinero es el mismo para todos, solo que en proporciones numéricas diferentes. La prosperidad real se construye desde un nuevo nivel de consciencia que empieza en lo individual antes que en lo colectivo.

¿Qué opina de la justicia redistributiva y la evasión fiscal?

La redistribución es necesaria, pero no desde el dar dinero a otros, sino desde crear el entorno para que lo aprenda a generar. Esto requiere confianza institucional. La evasión no es solo corrupción: es una respuesta cultural a la desconfianza. El ciudadano promedio no evade por codicia, sino por desilusión. Necesitamos un nuevo contrato social basado en transparencia, educación y ética pública.

¿Dinero y felicidad van de la mano?

El dinero da libertad, pero no propósito. Sin propósito, se convierte en avaricia. En contraste, el dinero con propósito se vuelve una herramienta de progreso consistente.

“La política económica debe incluir educación emocional, alfabetización financiera y desarrollo humano”: Nathalia Barón.

¿Deberían los políticos hablar más de generación de riqueza?

Sí, pero acompañada de consciencia y crecimiento personal para sostenerla. La política económica debe incluir educación emocional, alfabetización financiera y desarrollo humano. Lo que hoy se entiende sobre educación financiera está muy lejos de ser suficiente para el propósito para el que se está usando. No hay reforma fiscal que compense una cultura que desconfía del progreso y una sociedad que siga habitando en la mentalidad del asistencialismo.

¿Qué tipo de liderazgo necesita hoy Colombia para cambiar esa mentalidad?

Un liderazgo ético, emocionalmente maduro y basado en evidencia. Dirigir no es solo administrar recursos: es gestionar mentalidades. Un país prospera cuando sus líderes entienden que la economía no se sostiene con leyes, sino con un nuevo nivel de consciencia colectiva. El trabajo conjunto entre educación económica, cambio mental y sanación emocional tiene un impacto real y medible sobre el bienestar y la productividad.

Soy de los que cree que el país debería conversar más sobre riqueza. ¿Por qué no lo estamos haciendo?

Porque aún cargamos la herencia cultural de ver la riqueza como algo moralmente sospechoso. Pero hablar de dinero es hablar de desarrollo, dignidad y libertad. La conversación pendiente no es económica: es educativa. Cuando las personas sanan emocionalmente su relación con el dinero, su entorno prospera con ellas siempre.

Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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