Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Espero contar con la comprensión y venia de mis eventuales lectores, pues voy a incurrir en la impudicia de citarme. Es más, de autoplagiarme, retomando apartes de una columna que escribí hace un año con motivo del día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas que, como sabemos, se celebra oficialmente cada año el 9 de abril. Entonces titulé esa columna con una pregunta que conserva plena validez y vigencia: “Colombia ¿Entre la victimización eterna y la reconciliación imposible?”[i]. Dicho interrogante conserva una dolorosa y grave vigencia, pues según el reciente informe de las Naciones Unidas, durante los últimos 4 años han sido asesinados 410 defensores de derechos humanos y líderes sociales y de acuerdo con el Registro Único de Victimas (RUV)[ii], ya sobrepasamos el escandaloso número de 10.269.759 víctimas del conflicto armado. Semejante estadística de violencia y horror es inconcebible en un régimen que se proclama democrático y que cada cuatro años celebra desde 1957 una “normal e ininterrumpida elección más”. Así llevamos 69 años entre urnas y tumbas. Una realidad política tan contradictoria e insostenible solo es posible en un Estado cacocrático, no en uno de derecho y democrático, carcomido por la impunidad y la mutua complicidad de sus sucesivos gobernantes que hacen de las elecciones una coartada perfecta para justificar una gobernabilidad más o menos ilegal y criminal. Pero también nos retrata como una sociedad éticamente insolidaria e insensible, muy poco o casi nada democrática, que contemporiza con la violencia según los intereses económicos y las simpatías partidistas de cada quien, pues muchos no reconocen la existencia, el sufrimiento y el desamparo en que viven millones de colombianos. La consideran una “narrativa” anodina, parte del paisaje, que no los afecta personalmente, hasta el día que se convierten en víctimas y ya es demasiado tarde. Es decir, desconocen a millones de compatriotas su igual condición de ciudadanos con derechos al goce pleno de sus vidas, libertades y bienes, arrebatados y conculcados impunemente por una frondosa criminalidad organizada y la incapacidad estatal para combatirla con legalidad y desarticularla con eficacia. Ya nos acostumbramos a esta “democracia” de víctimas irredentas y victimarios impunes, bien en nombre de la “seguridad democrática” uribista, la “paz con legalidad” de Duque e incluso la “Paz Total” de Petro, siempre y cuando podamos votar y sobre todo nuestro partido y candidatos ganar.

Maniqueísmo político en campaña

Y si a la anterior crisis humanitaria histórica sumamos ahora la peligrosa tensión polarizadora y maniquea entre las candidaturas presidenciales del Pacto Histórico y el Centro Democrático, en cabeza de Iván Cepeda con Aida Quilcué y de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, seguiremos extraviados en este infernal laberinto de acusaciones y deslegitimaciones, en donde cada parte sindica a la otra de los peores crímenes en nombre y la memoria de sus respectivas víctimas. Ya hasta se apela a una masculinidad homofóbica contra Oviedo, como lo hace la campaña de Abelardo. Así las cosas, la memoria y las víctimas se convierten en un pulso de narrativas y de cifras en busca del mayor número de votos. Entonces la política y las campañas en curso son rehenes del odio y de cuentas pasadas por cobrar, poco importa conocer las complejidades de lo sucedido y el alcance de las responsabilidades personales. Cada campaña reivindicará la memoria de sus víctimas, sus sufrimientos, vejaciones y verdades, con la absoluta certeza de ser moralmente superior a la de la contraparte en competencia y demostrar que sus propias víctimas tienen mayor categoría y dignidad que las del contrario. ¿Será más grave el secuestro de la guerrilla que el asesinato o la desaparición forzada de los “paras” o los cometidos por miembros de la fuerza pública? ¿El reclutamiento forzado de niños y niñas por las Farc o su bombardeo por parte del Ejército? ¿Las masacres perpetradas por los “paras”, las “guerrillas” o los “falsos positivos” oficiales? Sin duda, toda gradación y clasificación de las víctimas es una mayor degradación de su identidad y dignidad. Pero en el horizonte de cada campaña lo que importa es ganar la presidencia mediante la demonización y deslegitimación del contrario, proyectándolo como el único y principal responsable de la hecatombe actual y ser la encarnación de un criminal irredimible a quien no se le puede permitir por ningún motivo que tenga derecho a gobernar. Su tenebroso pasado de crímenes de lesa humanidad e impunidad anula su derecho a gobernar en el futuro. Su historia partidista o personal le niega de plano el ejercicio de la política y su pasado delictivo la posibilidad de un futuro diferente al de la cárcel y el repudio social. Argumentan que solo los considerados “ciudadanos de bien” tendrán derecho a elegir y gobernar, pues supuestamente sus líderes y ellos mismos nunca han tenido responsabilidad política, ni social y menos militar alguna con ese horripilante pasado de violencia. Basta recordar e imitar esa ejemplar reconciliación del Frente Nacional entre los máximos líderes de ambos partidos después de la tenebrosa Violencia de los años cuarenta y cincuenta, cuyo número de víctimas y principales protagonistas fue conveniente olvidar. Pareciera que somos incapaces de emitir un juicio político responsable sobre el pasado, más allá de nuestras simpatías partidistas de origen familiar, de clase, étnico o creencias religiosas. Somos maestros del maniqueísmo, pues solo los del otro partido son corruptos y criminales. En contraste, en nuestro partido solo hay candidatos virtuosos y de bien predestinados para gobernar con credenciales impolutas y un pasado ejemplar, propio de aristócratas. El resto, es una plebe de igualados y populistas que carecen de competencia para gobernar, camuflados en organizaciones de montonera con siglas políticas e históricas pretenciosas.

Una disputa horrorosa

Así llegamos a la actual disputa de las cifras del horror, que ya circulan velozmente por las redes sociales, pero también entre las mismas campañas. El Pacto Histórico exhibe los más de 6.400 “falsos positivos” de la “seguridad democrática” uribista y el Centro Democrático riposta con más de 18.000 niños y niñas reclutados por las Farc[iii], sindicando a Iván Cepeda de cómplice de semejante atrocidad, como si él hubiese sido comandante guerrillero y hasta abusador sexual. Incluso se revive el nombre de su padre, Manuel Cepeda Vargas, para asociarlo a un frente guerrillero de las Farc-Ep que se lo apropió y actuó criminalmente, mancillando así la memoria y actividad democrática de su padre como senador de la Unión Patriótica, quien fuera asesinado por agentes del Ejército nacional[iv]. Y en esa deriva maniqueísta del pasado se atribuyen con vehemencia y facilidad responsabilidades personales absolutas, sin un análisis riguroso del contexto histórico. Así aparece el abuelo de Paloma, el expresidente Guillermo León Valencia, como el único responsable oficial de la “operación soberanía”, que terminó engendrando a las Farc en 1964 en Marquetalia. Se omite la beligerante campaña del entonces senador Álvaro Gómez Hurtado contra las llamadas “repúblicas independientes”, el respaldo casi monolítico de los dos partidos tradicionales, los gremios y el contexto de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que propiciaron esos bombardeos y no atendieron fundamentales reivindicaciones sociales y reformas propuestas por los campesinos.

Un peligro inminente

Pero esa escalada de sindicaciones históricas es mucho más peligrosa, irresponsable y grave cuando se vive en presente y se lanzan acusaciones temerarias en desarrollo de la actual campaña, como la del expresidente Uribe contra Cepeda[v] al señalarlo de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo con el senador Miguel Uribe Turbay. Así se deslegitima de plano el debate electoral, pues se estigmatiza y señala a un adversario democrático, en este caso a Iván Cepeda, de ser un potencial criminal y el acusador se reviste con las prendas y la identidad de una futura víctima objeto de persecución y amenazas mortales. Con toda la razón, el candidato y senador Cepeda emplazó al expresidente Uribe a formular una denuncia penal en su contra y aportar las pruebas que tiene para tan grave sindicación. Es inadmisible promover en la actual campaña esa deriva de confrontación entre Cepeda y Paloma, quienes no pueden caer en esa trampa del pasado, salvo que pretendan gobernar con esa pesada carga de rencores y horrores y así perpetuar nuestra vida política como una disputa interminable entre víctimas irredentas y victimarios impunes. En adelante voy a autoplagiarme y retomaré lo que escribí hace un año, citando la célebre “Oración por la paz” de Jorge Eliecer Gaitán.

Una memoria para la democracia

“El próximo 9 de abril, oficialmente es el “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas” [i]. Una fecha memorable y dolorosamente actual porque en Colombia parece que nunca mueren las víctimas, pues vivimos en medio de una victimización incesante y permanente, cotidiana, cuyo origen histórico es casi imposible precisar. Es como si las víctimas fueran un signo de nuestra identidad nacional y del paisaje político. Desde luego, tampoco mueren los victimarios porque ellos siempre están asistidos de “buenas razones” y de una conciencia libre de toda sospecha y responsabilidad para cometer sus crímenes impunemente, generación tras generación. Algunos lo hacen en nombre del Estado, la Democracia, la Patria y la Seguridad, otros en nombre de la Justicia, la Revolución y hasta la Liberación Nacional. Todas palabras con mayúscula, como la magnitud de sus crímenes, tras los cuales ocultan la defensa de privilegios intocables, venganzas personales, ideologías fundamentalistas y hasta codicia sin límites. Pero hubo un hombre que intentó detener esa sangría interminable hace ya casi 80 años, Jorge Eliecer Gaitán, en un célebre discurso, casi olvidado, que se conoce como la “Oración por la Paz” [ii], pronunciada en la plaza Bolívar de Bogotá el 7 de febrero de 1948. Lamentablemente fue asesinado dos meses y dos días después en inmediaciones de la misma plaza.

La Oración por la Paz

Una oración muy pertinente para los próximos días de semana santa, pues contiene la principal clave para que los colombianos pongamos fin a esta victimización interminable e intentemos, 78 años después de su magnicidio, una reconciliación política auténtica, amplia, estable y duradera, que empieza por el reconocimiento que todos tenemos a la política sin apelar a la violencia verbal y exacerbante del odio que antecede a la directa y letal de las armas. Esa clave la encontramos en el siguiente aparte de la oración, dirigida a la conciencia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez, quien no la atendió: “Señor presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad”.  Esa petición es, ni más ni menos, la esencia de la democracia y si se hubiera atendido no estaríamos ahora naufragando en este mar de violencias degradadas, donde la política se mezcla inextricablemente con el odio, la venganza y la codicia”. Hasta aquí mi autoplagio del pasado. Ahora, vuelvo al presente.

¿De la victimización reciproca a la reconciliación política?

Es de esperar, entonces, que esta campaña en curso, con protagonistas como Cepeda, Quilcué y Paloma, con tanto peso histórico de sus antepasados en sus identidades y memorias, transiten no solo por “cauces de constitucionalidad” y legalidad, sino sobre todo que nos presenten horizontes de futuro. Que no pretendan hacer un imposible ajuste de cuentas político y mucho menos social con el pasado, azuzados por quienes saben más odiar que gobernar. Que se inspiren en estadistas y líderes como Gandhi y Mandela y nos propongan nuevos horizontes políticos, sociales y económicos para la reconciliación nacional. Horizontes que impidan la perpetuación de más generaciones de víctimas irredentas, sin derecho a su vida, identidad, verdades y reivindicaciones de equidad, pero sobre todo sin más victimarios impunes. Victimarios presentes en todo el espectro político, incapaces de reconocer sus responsabilidades y todavía empeñados en hacer campaña y gobernar en “modo guerra”, negando el valioso trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Porque sin el reconocimiento de todas las verdades, por dolorosas que sean y de sus principales responsables, nunca serán posibles una justicia reparadora y menos la reconciliación política.  Como sabiamente lo dijo el nobel de literatura José Saramago: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sentencia que todos deberíamos tener en cuenta en desarrollo de esta tensa y crispante campaña presidencial para valorar la madurez y prudencia de todas y todos los aspirantes, sus fórmulas vicepresidenciales y así decidir nuestro voto con memoria y responsabilidad democrática, en solidaridad con todas las víctimas y repudio político y condena ética de todos sus victimarios, sean institucionales o ilegales, insurgentes o contrainsurgentes.  

[i] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/colombia-entre-la-victimizacion-eterna-y-la-reconciliacion-imposible/

[ii] https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/

[iii] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-establece-que-al-menos-18.667-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-fueron-reclutados-por-las-Farc-EP.aspx

[iv] https://www.infobae.com/colombia/2025/04/16/asi-fue-el-asesinato-de-manuel-cepeda-vargas-el-padre-del-senador-ivan-cepeda-gustavo-petro-anuncio-la-recaptura-del-exmilitar-condenado-por-el-crimen/

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-23/el-camino-a-las-elecciones-presidenciales-colombia-2026-en-vivo.html

Estos cargos de representación popular constituyen la rama legislativa del Estado Social de Derecho y desde el punto de vista constitucional son los representantes del pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.

Desafortunadamente el prestigio de varios congresistas de la República está minado por prácticas clientelistas y corruptas, por ejemplo, como las que se presentan actualmente por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A partir de las declaraciones de Olmedo López se desencadenaron las capturas del representante Andrés Calle y del expresidente del Congreso Iván Name. La Corte Suprema de Justicia adelanta procesos contra Liliana Bitar y Wadith Manzur del Partido Conservador; Julián Peinado y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal; Karen Manrique (Citrep Arauca), Julio Chagui Flórez del partido de la U; Martha Peralta del Pacto y Juan Diego Muñoz del partido Verde. De estos dirigentes, Manzur busca la reelección en el senado.

Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, de los 1.078 candidatos al senado, 76 tienen investigaciones legales; en gran parte, pertenecen a partidos tradicionales como el Liberal, El Conservador, la U y Cambio Radical. El Pacto Histórico y el Centro Democrático también tienen algunos candidatos con estos problemas.

Además de esta lamentable situación, al considerar las propuestas de los candidatos y las candidatas a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, son pocos los que se comprometen a impulsar proyectos de ley que contribuyan a enfrentar la crisis ambiental que padecemos como humanidad, la cual amenaza todas las formas de vida y compromete seriamente el futuro de las próximas generaciones.

El tema ambiental no es un asunto menor y no debe marginalizarse a la hora de decidir por quién votar en las elecciones del 8 de marzo. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen dos opciones de elección: la primera apoyar una lista cerrada de un partido político; y la segunda apoyar a un candidato o candidata específico. Cada una de estas opciones tienen aspectos a favor y en contra.

Apoyar una lista cerrada expresa el compromiso con un proyecto y colectividad política que tiene una agenda establecida de acuerdo con principios, programas y estrategias construidas históricamente. Sin embargo, en las listas se pueden ocultar candidatos con problemas legales. Por ejemplo, José Vicente Carreño, del Centro Democrático busca reelegirse al Senado, aunque tiene investigaciones por desaparición forzada y presunto tráfico de influencias. César Lorduy y Didier Lobo, de Cambio Radical, también tienen investigaciones judiciales. David Racero, del Pacto Histórico, ha estado involucrado en situaciones preocupantes asociadas al presunto mal manejo de recursos públicos.

Apoyar directamente a un candidato o candidata permite examinar con mayor detalle su formación, experiencia y trayectoria política, así como la coherencia de sus propuestas y la viabilidad llevarlas a cabo.

Listas cerradas y el compromiso ambiental

Para las elecciones de este 8 de marzo, las colectividades Pacto Histórico, Oxígeno, Con Toda para Colombia, Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, han optado por presentar sus candidatos en listas cerradas, en las cuales los electores solo escogen la colectividad y no a un  candidato específico. Según el número de votos que obtengan, estas listas lograrán un determinado número de curules en el Senado o en la Cámara.

De estas colectividades políticas, puede afirmarse que los partidos y movimientos que constituyen el Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, en su mayoría, no tienen una preocupación relevante por atender los problemas complejos de la crisis ambiental. Estos se expresan en la destrucción de los patrimonios naturales del país, la inclemente deforestación, la contaminación química de la atmósfera, el suelo y el agua, la destrucción de la biodiversidad y diversidad cultural, el cambio climático, entre otros problemas que configuran esta crisis.

La agenda política de estas colectividades centra su atención en la idea de progreso y desarrollo económico capitalista como promesa para alcanzar la justicia, el bienestar y la equidad. Sin embargo, diversos trabajos académicos sobre la crisis ambiental señalan que uno de los problemas estructurales se asocia a este mito, pues el crecimiento económico no ha garantizado la superación de la pobreza y la justicia social, por el contrario, ha sobrepasado los límites ecológicos del planeta para la conservación de sus equilibrios, al sostener dicho desarrollo en función del extractivismo de la naturaleza.

Aunque el partido Oxígeno incluye en su agenda la protección del agua y de los páramos, líderes destacados de este movimiento como Enrique Peñalosa han demostrado todo lo contrario en su gestión. Peñalosa promovió la construcción longitudinal de la avenida Aló, que continuaba  fragmentando la red de vida de los humedales de Bogotá y, lo más grave, ponía en peligro la reserva Van der Hammen, uno de los patrimonios naturales de la ciudad que, junto con los cerros orientales, resiste las amenazas del crecimiento urbanístico incontrolado e insostenible.

El Pacto Histórico presenta avances en el terreno ambiental expresados en propuestas concretas que han promovido para avanzar en la necesaria (aunque aún insuficiente) transición energética. Se ha comprometido con detener la búsqueda de petróleo en el país y fomentar otras formas de energía como la eólica. Aunque la emisión de gases de efecto invernadero por uso de fuentes fósiles en Colombia es mínima en comparación con la de países como China, Estados Unidos, India, Rusia o la Unión Europea, esto no nos exime de nuestra responsabilidad ética con el planeta. Por lo tanto, por pequeño que pueda ser nuestro aporte, debemos contribuir con la mitigación del cambio climático, que ya nos afecta con las alteraciones en los periodos y frecuencia de las lluvias, impacto en los ecosistemas marinos, aceleración del retroceso de los glaciares y pérdida significativa de la biodiversidad.

Colombia no emite significativamente gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles; sin embargo, sí contribuye al problema con el uso inadecuado del suelo, las prácticas ganaderas en vastos territorios nacionales y, sobre todo la deforestación que se intensifica en nuestros bosques tropicales. Estos proveen de agua a los páramos, los cuales, a su vez, abastecen a todos los capitalinos y además constituyen importantes sumideros de carbono, aportando de esta forma a mitigar el cambio climático.

Sin trabajar en específico por el tema climático, Esmeralda Hernández del Pacto Histórico desde su actuación en el Senado, abraza la causa ambiental y aspira de nuevo a reelegirse ocupando la novena posición de la lista del Pacto. En su trayectoria política, se destaca por ser la autora del proyecto de Ley No Más Olé, que recoge las demandas del movimiento animalista en Colombia en contra del maltrato y el sufrimiento animal. También logró la aprobación de la Ley humedales para protegerlos y la Ley del rescate animal que son los que más sufren los efectos de las emergencias naturales o antrópicas como los incendios forestales.

Por otro lado, Yaini Contreras ocupa la posición 17 en la lista cerrada del Pacto al Senado y su condición de lideresa indígena del Pueblo Zenú en Córdoba y Sucre, le otorga un valor especial en el campo ambiental. Específicamente ha participado en la Asociación de Productores Indígenas Agroecológicos que se constituye con un referente en la promoción de prácticas responsables con la madre tierra.

Voto preferente por candidato

Elegir directamente a un candidato o candidata al Congreso de la República facilita la toma de decisión con responsabilidad y compromiso ético, ya que posibilita centrar la atención en el análisis de la formación y la trayectoria política de quien será elegido. Es posible corroborar si está inmerso en alguna investigación judicial o si ha hecho parte de escándalos políticos o situaciones que comprometan su idoneidad y transparencia. No es lo mismo votar por una lista cerrada que puede esconder candidatos cuya reputación ha sido cuestionada con evidencias consistentes o camuflar a aquellos que no tienen una amplia trayectoria con comunidades. Estas postulaciones pueden obedecer a intereses particulares de grupos o familias de poder, independientemente del partido, sea este de izquierda, derecha o centro.

Gran parte de las personas que aspiran al Senado y a la Cámara no tienen propuestas o experiencias ambientales significativas, lo que evidencia que esta problemática aún está marginalizada de la política legislativa. Predomina así un pensamiento antropocéntrico que desconoce la naturaleza como sujeto de derechos y la instrumentaliza para obtener recursos y beneficios, sin evaluar los costos e implicaciones a corto, mediano y largo plazo.

En realidad, los seres humanos somos naturaleza y dependemos de ella, por lo tanto, todas las acciones que generamos sobre esta también repercuten en nuestras vidas y bienestar. Por esa razón, la concepción moderna de una supuesta superioridad humana para controlar, domesticar, manipular, explotar y apropiar todo lo existente en la naturaleza se derrumba frente a los efectos de la crisis climática que cada vez golpeará con mayor contundencia los distintos asentamientos humanos.

Dentro de los pocos candidatos o candidatas que incorporan en sus idearios la agenda ambiental, encontramos a Carolina Agudelo por el Nuevo Liberalismo, ella es aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá, además de proponer proyectos de ley para la autonomía económica de las mujeres y el reconocimiento salarial de los docentes que trabajan con la primera infancia en el sector privado, también propone un eficiente control político al fallido modelo de manejo de residuos sólidos producidos en Bogotá. Se conoce que, aproximadamente más del 50% de estos residuos son orgánicos y no se aprovechan, aumentando el problema insostenible de los rellenos sanitarios, siendo necesario la construcción de un nuevo modelo que los aproveche en toda la cadena de valor y que se abra paso a la generación de energía a partir de procesos de transformación sustentable.

Julia Miranda Londoño también del Partido Nuevo Liberalismo es candidata a la Cámara y se destaca por su trayectoria política en temas ambientales, fue autora de varios proyectos de ley en esta materia, destacándose la generación de medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares contaminantes, la conservación de humedales, las condiciones especiales para el transporte de fauna silvestre rescatada,  la prohibición de prácticas de entrenamiento cruel con animales, la enseñanza de las sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo, el reconocimiento del desplazamiento forzado por causas climáticas, entre otros temas. 

Andrea Padilla Villarraga del Partido Alianza Verde, actualmente es senadora y aspira a reelegirse, se destaca por la autoría de proyectos de ley sobre la prohibición de prácticas de entretenimiento cruel con animales, la promoción al reconocimiento de personas cuidadoras y rescatadoras de animales domésticos. Ha buscado que los zoológicos, acuarios y aviarios se constituyan en espacios de refugio y ha impulsado la protección de la Amazonia y el reconocimiento del desplazamiento humano por el cambio climático, entre otros asuntos.

Duvalier Sánchez Arango es de la misma colectividad de Andrea Padilla, se desempeña como representante a la Cámara por la circunscripción del Valle del Cauca y aspira al Senado en estas elecciones. Se destaca por la acción climática y la movilidad sostenible, al promover la protección del medioambiente a partir del uso de la bicicleta como transporte alternativo y ha buscado la protección del campesinado como sujeto especial de protección constitucional.

Nuestro ejercicio democrático en la elección popular de los nuevos representantes a la Cámara y al Senado implica un gran responsabilidad política y ética con el futuro del país y sus regiones. Por esa razón, debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros.

Además de evaluar las propuestas en términos de los aspectos sociales más sentidos, también analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares. Como se diría en la lengua indígena más hablada de nuestra américa, la lengua Quechua: “La tierra es nuestra herencia, debemos protegerla para las futuras generaciones”. “La naturaleza es nuestra vida, debemos protegerla”.

Debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros. También analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares.

@LeoMartinezUPN

Universidad Pedagógica Nacional, Colombia/ / Universidad de San Isidro, Argentina

El pasado 3 de febrero se celebró el 97 cumpleaños de Jorge Camilo Torres Restrepo y el 15 de febrero se conmemoraron los 60 años de su paso a la inmortalidad. El sacerdote–sociólogo colombiano se convirtió en el primer colombiano universal a raíz de su decisión última de unirse a las filas rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) convirtiéndose en el “cura guerrillero”.

Camilo Torres ha vuelto a estar en el centro de la opinión nacional por la identificación y posterior entrega de sus restos mortales al padre Javier Giraldo Moreno, justo el 15 de febrero del año en curso, después de que el difunto general Álvaro Valencia Tovar decidiera ocultarlos y desaparecerlos desde el mismo día de su muerte, incurriendo en un crimen de guerra y de lesa humanidad, en una mezcla de alevosía y premeditación, con la complicidad, complacencia y/o connivencia del establecimiento político, económico, eclesiástico y castrense.

Ciertamente, la decisión y acción de Valencia Tovar merecería una reflexión seria y profunda, y, a su lado, una explicación de por qué Camilo Torres se puede y debe considerar y reconocer como una víctima de desaparición forzada. No obstante, en esta ocasión prefiero proponer dos grandes desafíos que deben enfrentarse para comprender cabalmente su vida–obra y sugerir algunas coordenadas de ésta.

Dos grandes desafíos

Desde el mismo día de su muerte y desaparición Camilo se convirtió y consolidó como un mito. Esto no es malo porque los pueblos necesitan sus mitos. Lo que conviene es considerar el sentido que reviste tal mitología.

El mainstream de la literatura disponible acerca de él, sobre todo la que se produjo durante las primeras dos décadas después de su muerte (1966–1986), convirtió la figura del “cura guerrillero” en lo que llamo un mito–fetiche, es decir, una figura mesiánico–militarista que reduce la experiencia de Camilo a un solo momento de su vida (su vinculación a la lucha armada), haciendo de ese pedazo un discurso que pretende explicar la totalidad de su vida–obra, aunque niegue tal reduccionismo, y que termina opacando otras facetas y dimensiones.

A la larga, el mito–fetiche construye un “ídolo” a medida ante el cual solo quedan dos opciones posibles. La primera es rendir un culto obsecuente e irreflexivo que conduce a aceptar como “dogmas” sus postulados y decisiones, exaltando sus dotes militares como “guerrillero ejemplar”, “comandante en jefe” u otras definiciones. En ella han incurrido sectores opositores del statu quo, incluidas facciones de izquierdas. La segunda, es abjurar y apostatar rechazando totalmente cualquiera de sus gestos, viendo como una contradicción lo que en realidad es una paradoja, etiquetándolo como “asesino” o “criminal” (con el desparpajo propio del tiempo de la posverdad que no requiere de pruebas). En ella han incurrido sectores del establecimiento colombiano (político, religioso y académico).

Por cualquiera de las dos vías, el mito–fetiche del “cura guerrillero” no sirve para recuperar la profundidad de la experiencia de Camilo, impide la comprensión cabal de su vida–obra y no alimenta con su savia las luchas populares.

Así pues, sugiero abandonar la identificación del “cura guerrillero” con el mito–fetiche, para comprenderlo como un mito–símbolo. Este giro interpretativo no niega su condición insurgente, ni busca una desodorización histórica, por considerar “mala” o “equivocada” su decisión última; más bien, apunta a comprender que su vinculación con la lucha armada es producto de un devenir coherente de su trayectoria, decisiones, comprensión del mundo y posicionamiento en su actuar.

Como se sabe, la palabra símbolo proviene del griego symbolon, que tiene el prefijo sin– (con, juntamente) y el sufijo –ballein (lanzar, arrojar, tirar) que significa lanzar conjuntamente y reunir. En sus orígenes, se consideraba al símbolo como un objeto que estaba partido en dos y cuyas partes eran conservadas por personas distintas, y que al unirlas les permitía ser reconocidas como portadoras de un compromiso o una deuda. Luego aparece el symbolum (que se traduce como “signo” o “contraseña”) y con el tiempo devino en un tipo de elemento que representa una entidad, una idea o una condición, siendo sinónimo de distintivo, insignia, ícono o emblema.

Paul Ricouer, Joseph Campbell y Mircea Eliade, entre otros, nos enseñan que los mitos, en tanto símbolos, revisten de fuerza explicativa profunda, capacidad de condensación y síntesis poderosa, y, en ocasiones, de sacralidad trascendente. Así pues, todas, todos y todes podemos disputar y discutir el sentido del mito–símbolo e, incluso, otorgarle un nuevo significado, lo cual es muy provechoso para las luchas populares y las tareas revolucionarias por la emancipación.

El segundo desafío está en destruir los moldes explicativos de la vida–obra de Camilo. En su obra Hacia una destrucción de la historia de la ética, Enrique Dussel señala que “destruir” no se refiere a lo que el sentido común asocia, es decir, no alude a la pulverización, reducción a pedazos o aniquilamiento. Más bien, acudiendo a la etimología, enseña que el verbo “destruir” está compuesto por el sufijo “–struo” que significa juntar, hacinar, amontonar, y es antecedido por el prefijo “De–” que es justamente su negación. Así, “destruir” es sinónimo de desatar, desarticular, desmontar y separar una estructura para poder rearmarla. En el caso de la vida–obra de Camilo es necesario de–struir los tres moldes interpretativos canónicos.

Al primero lo llamaré molde–escalera pues presenta la vida–obra como un camino lineal que va del sacerdocio a la sociología y de allí a la dirigencia política y la lucha guerrillera, siendo esta última el “eslabón más alto que puede alcanzar la humanidad”, al decir del Che Guevara. El molde–escalera se articula estrechamente con el mito–fetiche. Por ello, conviene más comprender su devenir en períodos coherentes que den cuenta de sus procesos articulados.

En segundo lugar, está el molde–pozo, que concibe los “campos” – en el sentido de Bourdieu– de su vida–obra como compartimientos estancos. Las fronteras internas de la vida–obra de Camilo son impuras y barrosas, pues siempre se mezclan las reflexiones–acciones teológicas, sociológicas y políticas. Por ello, en su lugar, sugiero comprender su vida–obra como un conjunto de vasos comunicantes o como un estuario.

El tercero lo defino como molde–libresco, que le niega a Camilo la condición de vida–obra por considerar que una “obra” se reduce a la producción de conocimiento escrito, que en nuestro tiempo alude a artículos académicos, capítulos y, sobre todo, libros. Desde esos criterios, pues sus aportes son bastante magros, y lo mismo podría decirse de Jesús de Nazaret, Sócrates y muchos pueblos indígenas; incluso, el propio Antonio Gramsci no escribió ni un solo libro. Así pues, en su lugar, conviene seguir al propio Gramsci, quien recomendaba que la obra de Lenin se comprendía en la articulación entre lo que dijo y lo que hizo, es decir, la praxis; y, a su lado, las de Orlando Fals Borda, quien retomaba de las comunidades pescadoras del río San Jorge, en el caribe colombiano, la idea de articular el pensamiento y el sentimiento, esto es, el sentipensar.

La obra de Camilo se halla en el cruce de caminos entre la praxis y el sentipensar dando lugar al neologismo de sentipraxis que tiene como sustrato la radicalidad de la coherencia y el compromiso. Debe comprenderse como un devenir o un estar–siendo, un entramado que hilvana los principios de complejidad (Morin), totalidad (Marx) y exterioridad (Levinas y Dussel).

El hilo conductor

Al superar los dos desafíos (la figura del “cura guerrillero” como mito–fetiche y los tres moldes explicativos), se revela el hilo conductor de la vida–obra de Camilo: su condición de educador, de pedagogo. En efecto, su vida–obra está atravesada por una sentipraxis que lo convierte en un maestro de las masas populares que, al igual que Frantz Fanon y Paulo Freire, fue educado por su pueblo en los procesos de lucha social y transformación subjetiva. Su condición de educador/pedagogo se deriva de su sentipraxis pedagógica o educativa, dependiendo desde donde se lo vea.

Desde la filosofía latinoamericana de Enrique Dussel (en su libro La pedagógica latinoamericana), podemos verla como sentipraxis pedagógica, ya que alude a un proceso colectivo de enseñanza–aprendizaje y que reivindica la cultura, la espiritualidad y la historia popular, cuya clave está en escuchar la voz de la otredad e inclinarse ante su presencia. Aquí lo pedagógico no alude a la pedagogía, ni se circunscribe a ella, en el sentido de ser una ciencia de la enseñanza y el aprendizaje y, por tanto, no se reduce al aula, como su espacio tradicional y privilegiado.

Por su parte, desde el campo educativo y de las pedagogías críticas (véanse el brasilero Dermeval Saviani y los colegas chilenos Fabián Cabaluz y Cristian Olivares Gatica), se la puede definir como sentipraxis educativa, como una práctica social que busca incidir en la subjetividad para transformar la realidad sociohistórica o (re)producirla, donde el propósito central es convencer y no vencer. En este caso, también se trata de un fenómeno que excede lo estrictamente técnico–pedagógico y trasciende las aulas.

La sentipraxis pedagógica o educativa de Camilo mantiene una estrecha relación dialéctica con la política, con la intervención en las cuestiones públicas, con la interpelación a las instituciones de todos los niveles, y establece ese intercambio dinámico entre el poder de la verdad y la verdad del poder, lo mismo en el poder instituido como en el instituyente.

Ahora bien, esta sentipraxis se expresa a través de tres tipos de magisterios, entendiendo por magisterio el oficio del magíster, del maestro o maestra: el institucional, el social–popular y el revolucionario.

En sus magisterios, Camilo se desenvuelve en la educación formal como en la educación popular, casi en paralelo, aportando elementos a cada una de ellas. Así, en la educación formal, articuló de manera decidida y nítida la docencia, la investigación y la extensión, es decir, el escritorio y el territorio para producir conocimientos situados de la realidad, en los que se combinen el diálogo y la interculturalidad con el pensamiento propio y creativo de cuño anticolonial, y no sólo descolonial.

Una gran síntesis de esta perspectiva fue la creación del Movimiento Universitario y Profesional de promoción de la Comunidad (MUNIPROC), que desarrolló sus acciones principalmente en el barrio de Tunjuelito y que le hizo acreedor al Premio Nacional de Beneficencia “Alejandro Angel Escobar”, que reconoció el valor científico y social de su enfoque pedagógico. Asimismo, su presidencia del Consejo Interfacultades para el Desarrollo de la Comunidad de la Universidad Nacional, en el que canalizó el conocimiento de diversas disciplinas hacia la solución de problemas comunitarios, en un horizonte cercano a lo que hoy se conoce como extensión universitaria crítica (o solidaria).

En cuanto a la educación popular, si se entiende como un proceso que busca apoyar a los sectores populares en sus caminos de concientización y organización para que transformen sus realidades, pues justamente Camilo promovió la triada conciencia–organización–acción. Estaba convencido que el fundamento de todo era la conscientización, es decir, la toma de conciencia de la condición de sujetidad histórica de las clases populares.

La educación popular es, en esencia, una educación del pueblo, y puede hacerse desde espacios institucionales formales, aunque en el devenir de la historia se haya hecho privilegiadamente desde afuera. Nada impide una praxis y no se niegan las instituciones, pero tampoco se desconocen su rigidez y cristalización. De allí que lo interesante es que en sus formas de educación popular él usa las instituciones como plataforma o catapulta para articularse con las comunidades con miras a la transformación radical. Por ello, sus experimentos más notables son, primero surgidos desde adentro de las instituciones, como el MUNIPROC y la Unidad de Acción Rural de Yopal (UARY) y luego el Frente Unido del Pueblo (FUP) y su paso al ELN.

La sentipraxis educativa o pedagógica de Camilo Torres parte de dos principios: el principio material de la vida, pues busca comprender y ayudar a resolver los problemas que impiden el devenir de la vida misma de las personas, ya sea que nieguen la vida de la manera que sea porque, para estos fines, lo mismo vale matar que dejar morir; y el principio del Amor Eficaz, que lejos de cualquier sentimentalismo, se trata de una ética radical de la alteridad y de un criterio de definición (en los sentidos dados por Enrique Dussel y Franz Hinkelammert) que, por definición, asume una fe antropológica: creer en la otredad es el criterio para crear junto a la otredad.

Siguiendo la pista de connotados autores colombianos, como Orlando Fals Borda, Mario Peresson, Miguel Ángel Quiroga Gaona, Fernando Torres Millán y Néstor Camilo Garzón, y tomando nota atenta de que Paulo Freire alude a Camilo en sus dos obras fundamentales (Pedagogía del oprimido y Pedagogía de la esperanza), puede considerarse que su sentipraxis educativa o pedagógica se constituye en antecedente, prototipo o prefiguración de lo que años después de su muerte adoptó los nombres de Educación Popular (propiamente dicha) e Investigación–Acción Participativa (IAP).

A manera de cierre

Justamente, en la intersección entre educador popular e investigador militante está el núcleo de su rol como dirigente revolucionario y es allí donde pueden buscarse las claves explicativas de su condición de intelectual orgánico integral (al decir de Gramsci) y referente insoslayable de la política de la liberación indo–afro–latinoamericana.

Al mismo tiempo, de allí pueden recuperarse su condición de pensador crítico radical de todas las instituciones (iglesia, estado, academia) y sus aportes sustantivos a la teoría y práctica del cambio social revolucionario: su sentido del poder, su comprensión plural de la sujetidad histórica protagónica y su perspectiva de la organización que invierte la pirámide tradicional para dejar, en esta nueva geometría, a las bases arriba de las dirigencias, devolviéndoles a aquellas su lugar de protagonistas del cambio y a éstas su papel de servidoras obedienciales de la lucha popular que se enfrentan a todo tipo de fetichismo y corrupción del poder, comenzando por el burocratismo.

Desde este punto de vista, Camilo se ubica en el corazón del pensamiento crítico continental de cuño liberacionista, aportando elementos centrales también para la Teología de la Liberación y el (eco)socialismo Raizal. Parafraseando el preámbulo del Manifiesto Comunista, puede decirse: “Un fantasma recorre el pensamiento crítico de nuestro continente. El fantasma de Camilo”.

Referencia bibliográfica:

Torres, Restrepo, Camilo. (2025). Cristianismo y revolución. 2a ed. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Herrera Farfán, Nicolás. (2023). El profeta A(r)mado. Camilo Torres Restrepo. Biografía mínima. Bogotá: Editorial Laboratorio Educativo.

Umaña Luna, Eduardo. (2003). Camilo y el nuevo humanismo. Paz con justicia social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El primer semestre de 2025 fue muy trágico para los defensores de derechos humanos en Colombia. Entre enero y junio de este año asesinaron a 78 activistas -una cada casi dos días y medio- y se registró un total de 342 agresiones individuales cometidas en contra de 308 defensores de derechos humanos. En algunos casos, varias personas fueron víctimas de más de un tipo de agresión en un mismo hecho.

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En relación con el mismo período de 2024, el total de agresiones registradas mostró una leve disminución del 3 % (diez hechos menos). Muchos de estos hechos de violencia tuvieron lugar en escenarios de crisis humanitaria que aparecieron o se agravaron durante el primer semestre de 2025.

Estas cifras salen del informe semestral del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) del Programa Somos Defensores. Según estos datos, la cifra de asesinatos en este periodo (78) representa un preocupante incremento del 20 % en la violencia letal desplegada contra defensores colombianos respecto al primer semestre de 2024.

En el informe sobresalen los hechos ocurridos en el suroccidente de Colombia, que concentra el 46 % de los homicidios, y especialmente en la región de Nariño, que registró un incremento del 500 % en los asesinatos respecto al primer semestre de 2024, pese a albergar dos de los principales escenarios de diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro y grupos armados en busca de la paz: los bloques Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

En los primeros seis meses de este año, también se registró un aumento del 6 % en los eventos de conflictividad social respecto al mismo periodo del año pasado. La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 1834 sucesos de este tipo en 395 municipios y, además, identificó que “los mayores aumentos de un período a otro se observaron en conflictos por el incumplimiento del acuerdo para la finalización del conflicto armado”.

“En numerosos territorios donde las personas ejercieron el derecho a defender derechos, ocurrieron igualmente confrontaciones entre actores armados legales o ilegales que cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Ejemplo de ello son las restricciones a la movilidad, el desplazamiento forzado y el confinamiento”, dice parte del informe.

Astrid Torres, coordinadora de la ONG Programa Somos Defensores y miembro de la red de la organización internacional Global Witness, explicó a Mongabay Latam que el documento analiza también 175 amenazas, 30 desplazamientos forzados, 22 atentados y 14 desapariciones forzadas de defensores, entre otros hechos violentos dirigidos contra quienes defendieron derechos durante el primer semestre de este año.

Las regiones más violentas

Los departamentos que concentraron la mayoría de los casos siguen siendo el Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %. Le siguen Norte de Santander y Valle del Cauca, que, comparados con el primer semestre de 2024, tuvieron un incremento del 78 % y 114 %, respectivamente. Mientras que la ciudad de Bogotá concentró casi una décima parte de las agresiones registradas en todo el país y cada vez es un escenario más difícil para la defensa de derechos.

“Los liderazgos que concentran la mayoría de agresiones continúan siendo los mismos del semestre anterior y además conservan el mismo orden”, destacó Torres, quien enumeró las vulneraciones: primero están los defensores indígenas, que reúnen el 28 % de los casos registrados en el primer semestre de este año. Le sigue la defensa comunitaria con el 23 %, el comunal (urbano) con el 14 % y el campesino con el 8 %.

Luego se encuentran dos sectores que, comparados con los seis primeros meses de 2024, presentaron un incremento significativo: el sindical, que con 30 casos más aumentó en un 900 %, y el ambiental, que con 17 agresiones más tuvo un incremento del 31 %.

“En Colombia seguimos sin una política estatal y de emergencia efectiva capaz de proteger estos liderazgos que ya están advertidos y que también ya están en riesgo, esa es la complejidad”, cuestionó Torres.

Mongabay Latam no obtuvo una respuesta del Gobierno de Colombia para conocer su percepción sobre la violencia contra los defensores de ese país. Se envió un pedido de solicitud al Ministerio de Justicia, pero no hubo respuesta.

La Corte Constitucional de Colombia concluyó la semana pasada que existen entidades públicas colombianas que vulneran los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal. Este tribunal analizó la tutela presentada por una líder indígena víctima de desplazamiento y amenazas y del homicidio de su cónyuge, ocurrido en 2024.

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La Corte constató que, a pesar de los riesgos persistentes, la Unidad Nacional de Protección (UNP) modificó su esquema de protección reduciendo las medidas previamente otorgadas. La Corte consideró que la actuación administrativa careció de motivación suficiente y desconoció el enfoque diferencial de género y etnicidad que exige la jurisprudencia. En consecuencia, ordenó restablecer el esquema original e impartió instrucciones para reforzar la protección del núcleo familiar de la accionante.

Un segundo caso corresponde a un líder indígena que alegó amenazas de grupos armados por su trabajo comunitario. En su caso, la Corte declaró improcedente la acción de tutela por no haberse agotado los mecanismos ordinarios, aunque reiteró que la población defensora de derechos humanos requiere especial atención del Estado.

Actores desconocidos

El documento del Programa Somos Defensores también muestra que en la mayoría de los casos la presunta responsabilidad de las agresiones se continúa atribuyendo a autores desconocidos, que actuaron en el 40 % de los hechos. Les siguen los grupos post acuerdo de paz, con el 26 %. Luego están el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras paramilitares, con 12 % cada uno.

Con respecto a las mujeres defensoras de derechos humanos, en el primer semestre del año se dirigieron 83 agresiones en contra de 74 personas: la amenaza (con 53 hechos) fue la más recurrente, seguida de los asesinatos (con diez hechos), los desplazamientos forzados (ocho hechos), los atentados (seis hechos), la desaparición forzada (tres hechos) y los secuestros (tres hechos).

Este documento también detecta regiones donde las labores de los liderazgos se vieron directamente afectadas por escenarios de crisis humanitaria y la presencia de despliegue militar y grupos armados ilegales. En este último caso se muestra que continúa la confrontación armada y las disputas de control territorial, la degradación de métodos de guerra que afectan directamente a quienes ejercen liderazgos y un silencio de las agresiones cotidianas en territorios donde se han expandido y consolidado los grupos armados, como sucede con el Clan del Golfo-Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Desde el Programa Somos Defensores se manifiesta preocupación por la militarización de los territorios y los nexos denunciados entre la fuerza pública con grupos armados ilegales”, se afirma en el documento. Además, la organización presentó un análisis crítico sobre la fragmentación de la política de paz total del Gobierno nacional y las interrogantes que existen de cara al futuro, haciendo énfasis en los procesos que se están dando en Nariño y Catatumbo, dice el informe.

Mientras, la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia, entidad encargada de la protección de los derechos humanos en ese país, reveló que en los primeros cinco meses del año hubo 81 asesinatos de personas defensoras y liderazgos sociales en el país. Estas cifras incluyen a defensores del ambiente, pero también a líderes políticos y miembros del Estado.

Esta entidad sostiene que para su registro contrasta información con organizaciones sociales y la Fiscalía General de la Nación. Para los primeros tres meses del año, la institución reportó 41 casos, cifra similar a la reportada por Somos Defensores.

“En Colombia, el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos sigue siendo un gran desafío, a pesar de los avances obtenidos en espacios como el Seminario Nacional de concertación de la Política Pública Integral de Garantías. Si bien allí se propició un espacio de diálogo con vocerías de todo el país, aún no hay medidas eficaces para preservar la vida de quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos”, afirmó Juan Manuel Quinche, responsable del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH).

Imagen principal: la organización Programa Somos Defensores contabilizó 78 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre de 2025. Foto: cortesía Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hace unas semanas Toc Talk me invitó a ver “Noviembre”, película de Tomás Corredor que revive la memoria de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Desde hace unos años no leo nada previamente sobre películas o series, así que no tenía ningún contexto. Sin embargo, cuando llegamos con mi esposo a la proyección alcancé a escuchar algo del grupo focal que acababa de ver la película.

“Prepárate para llorar”, me dijo Andrés Páramo.

Hice mi mejor esfuerzo para no escuchar los comentarios de la gente que había visto la película, gente de mi generación. Esto suena un detalle menor, pero no. En mi grupo focal había muchos jóvenes que no tenían mucho contexto del Palacio y pues… bueno, eso marca la diferencia en cómo te acercas a la historia.

Debo decir que “Noviembre” me gustó mucho. Es de las buenas historias que he visto este año. Me encanta que trasciende la discusión del bueno y el malo y se queda en unos tonos de grises donde reina la humanidad en escenas donde se comparten unas pastas para el dolor, el duelo o el miedo.

 “Noviembre” abre una nueva discusión sobre el Palacio de Justica desde el Estado, pero también desde los ciudadanos. Puede ser que desde el periodismo la información se quede en números, más que en historias, pero también es debatible el poco interés que tenemos por acercarnos a nuestros acontecimientos nacionales.

Precisamente, al ver esta película recordé que hace un par de años vi la exposición “Huellas de desaparición. Los casos de Urabá, Palacio de Justicia y Territorio Nukak”, el resultado del proyecto de investigación realizado desde marzo de 2019 por la Comisión de la Verdad y por Forensic Architecture, agencia de investigación con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres. Es el primer avance de hallazgos investigativos de la Comisión de la Verdad.

Esta exposición se pudo ver entre el 2021 y 2022 en el Museo Miguel Urrutia de Bogotá, MAMU, y dejó claro algo: desaparición es una constante en Colombia; pero hay diversas desapariciones. En el caso del Palacio de Justicia se enfocaron en la desaparición forzada de personas. En Urabá se centraron en la desaparición de la tierra, los paisajes, las fincas y la vida campesina: y en el Amazonas se concentraron en la desaparición del ecosistema y las formas de vida del pueblo Nukak.

Películas como “Noviembre” vienen a remover mi memoria. ¿Qué tan pequeña estaba cuando ocurrió la toma y retoma del Palacio de Justicia? ¿Por qué, a pesar de haber trabajado en El Espectador, este tema es tan lejano para mí? ¿Por qué una exposición y una película tocan mis fibras más que el informe noticioso?

¡Qué maravilla lo que hace el arte en mi!

“Noviembre” se estrena este 2 de octubre en salas de cine en Colombia.

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte

Límites de la JEP

Lo que probablemente esté fuera del alcance de la JEP será poder impartir una justicia plena y castigar los numerosos crímenes de lesa humanidad y a sus presuntos responsables, pues las Sanciones Propias y los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR)[ii] que impondrá no colmarán las expectativas de justicia de los familiares y sobrevivientes de las víctimas. En esos contextos de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos e infracciones continúas del Derecho Internacional Humanitario sucede que “es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”, como bien lo anotó Hannah Arendt, refiriéndose a los crímenes de lesa humanidad cometidos por los nazis. Crímenes que, guardadas las distancias cuantitativas e ideológicas, son similares a los cometidos por todos los actores armados ilegales y hasta institucionales en desarrollo de nuestro interminable y degradado conflicto armado interno. Un conflicto que dejó hace años de ser doméstico, pues sus dimensiones son cada vez más internacionales y lo han convertido en un conflicto “armado interméstico”[iii], que no podremos resolver solos los colombianos por su mayor imbricación con economías ilícitas y organizaciones criminales internacionales.

Ayer víctimas, hoy victimarios

Lo anterior acontece porque en el siempre disputado, nunca armonioso y menos bucólico campo de la política, sea nacional o internacional, las víctimas de ayer suelen convertirse en los victimarios del presente. En la política internacional basta mirar las atrocidades de Netanyahu y el ejército israelí contra la población civil palestina en Gaza y Cisjordania, comparables en ignominia y crueldad con las cometidas por los nazis en desarrollo de la llamada “Solución Final”[iv]. Esas atrocidades perpetradas todos los días contra los gazatíes ofenden, desconocen, niegan y hasta degradan la memoria de los millones de judíos asesinados por los nazis, que unánimemente las rechazarían, con mayor razón si en forma cínica, como lo hace Netanyahu, apela a la Shoah[v] y enarbola la bandera del Estado israelí en nombre de un sionismo anacrónico y criminal. Ya lo advertía con aterradora lucidez Arendt en mayo de 1946 en su artículo titulado “El Estado judío: cincuenta años después”: “No sé -ni quiero saber- qué sería de los judíos de todo el mundo y de la historia judía en el futuro si topamos con una catástrofe en Palestina”. Esa catástrofe humanitaria está sucediendo y probablemente los más de seis millones de judíos exterminados en campos de concentración y ejecuciones sumarias hoy se levantarían y dirían: “NO en mi nombre”, pues verían de nuevo como la franja de Gaza ha sido convertida en un Auswichtz[vi] a cielo abierto a la vista de todo el mundo. Un Auswichtz con la complicidad de Trump, que pretende convertirla en la “Riviera del Oriente Medio”[vii]  y la indolencia criminal de la mayoría de jefes de Estado que hoy rigen los destinos de Europa y cuyos antecesores miraban hacia todos los lados y vieron demasiado tarde los campos de exterminio. Hoy, casi todos los actuales jefes de estado de la Unión Europea, excepto Pedro Sánchez[viii], hacen todavía algo más vergonzoso y criminal: cierran los ojos, se tapan los oídos, traicionan su conciencia y respaldan a Netanyahu en aras de una realpolitik cuyo nombre es genocidio[ix]  pues somete a los gazatíes a un cerco de hambre y ya más de 875 han sido asesinados cuando esperaban reclamar paupérrimas raciones para sobrevivir, según reporte de Naciones Unidas[x]. Asesinatos que se repiten periódicamente. Semejante horror acontece frente a nosotros. Todos los días lo vemos y escuchamos en las pantallas del televisor, lo leemos en diarios que nos informan, con una letanía legitimadora del genocidio, para convencernos que la respuesta del Estado israelí es proporcional, justa y necesaria. Pero lo que vemos son las ruinas de Gaza y más de 55.000 gazatíes[xi] asesinados por ese supuesto “Estado democrático israelí” al mando de Netanyahu, un cacócrata[xii] que prolonga el genocidio para eludir la justicia y no ser condenado por los cargos de “de soborno, fraude y abuso de confianza por parte de él y de aliados políticos cercanos dentro de su círculo íntimo durante su cuarto y quinto mandatos como primer ministro de Israel”[xiii].

Nuestra histórica responsabilidad

Así como ayer millones de colombianos también veíamos en los telediarios las masacres de campesinos, indígenas y negros a manos de grupos paramilitares, que desolaron los campos con cerca de 205.028 víctimas mortales, en nombre de la seguridad, la libertad y la democracia. Pero, luego de un corte de comerciales, escuchábamos y veíamos noticias sobre otras masacres de retaliación cometidas por las guerrillas, con 122.813 víctimas mortales. Además de sus miles de secuestros, 20.223, y millonarias extorsiones, pero ahora en nombre del “pueblo y la justicia social”. Hasta llegar a los inverosímiles y macabros hallazgos de más de 6.000 jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales[xiv] o “falsos positivos” en desarrollo de la directiva 29 de 2005[xv], supuestamente en defensa de la institucionalidad democrática para vencer el terrorismo y matar “la culebra de las Far”[xvi]. Directiva firmada por Camilo Ospina, ministro de defensa del presidente Álvaro Uribe Vélez, siempre atento y diligente para que se cumplieran sus órdenes, pero que en este caso apenas se dio cuenta de lo sucedido después de más de 6.000 asesinatos. Ejecuciones que incluso en un principio negó con su cínica expresión “no estarían recogiendo café”[xvii], referida a los jóvenes de Soacha, sacrificados por miembros de la Fuerza Pública, quienes hoy ya han reconocido esos crímenes ante la JEP. Se entiende, entonces, los motivos del expresidente para negar la existencia de la CEV y mucho más las investigaciones y decisiones de la JEP.

Primera Verdad en vilo: Ninguna violencia contra civiles inermes es legítima

Por eso, la primera verdad que nos reveló con pruebas irrefutables el informe final de la CEV es que mientras los protagonistas de la violencia política tengan respaldo y apoyo de parte significativa de civiles, más allá de sus identidades como grupos terroristas, insurgentes, guerrilleros o, por el contrario, como grupos paramilitares o autodefensas que cometieron crímenes en asocio con miembros de la Fuerza Pública,  nuestro conflicto continuará ensañándose mortalmente contra más civiles inermes, sus líderes y comunidades. Esa dolorosa y sangrienta verdad todavía está en vilo y se encuentra muy lejos de ser reconocida por quienes han convertido la violencia en su señal de identidad y hasta de orgullo, bien porque son mercaderes de lo ilegal o mercenarios al servicio del mejor postor. Pero también es todavía desconocida por numerosos civiles y sus líderes que levantan la guerra como bandera y divisa en nombre del orden, la seguridad y hasta la defensa de la “democracia”, en busca de votos para las próximas elecciones. Todos ellos, más allá de la derecha, el centro o la izquierda, son instigadores del miedo y el odio y llaman a exterminar a sus enemigos con la mejor buena conciencia. Muchos se autodenominan “ciudadanos de bien”, emulan e imitan a figuras internacionales que solo saben amenazar, encarcelar, deportar, torturar, desaparecer y eliminar a los supuestos enemigos de la patria. Esos líderes mesiánicos, en realidad mefistofélicos, están plenamente seguros de su superioridad moral y se consideran predestinados a defender el pueblo, la libertad, la seguridad y la propiedad en nombre de la “democracia”. Esa verdad, la de la ilegitimidad de toda violencia contra civiles inermes está en vilo y es imperioso defenderla y salvarla de tantos precandidatos y sus seguidores que hoy la desprecian, pues ellos suelen convertir las urnas en un depósito de sufragios en lugar de votos y sepultan la “democracia” en profundas fosas comunes.

Dos verdades políticas vitales en vilo

Las otras dos verdades que están en vilo y se encuentran a punto de desaparecer son el aprendizaje de la convivencia y la paz democrática (artículo 22 de la Constitución: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”) junto a la deliberación y participación ciudadana decisorias en los asuntos públicos (artículos 3, 40 y 103, CP), hoy puestas en duda por muchos de quienes ayer promovieron la séptima papeleta e irónicamente ahora apelan a la Constitución para acallar y negar la expresión ciudadana. Sin esas dos verdades políticas vitales y exigentes jamás podremos forjar una democracia y el artículo primero de la Carta, el Estado Social de derecho en todo el territorio nacional. Un Estado con su correlato de iguales oportunidades para una vida digna de todos los colombianos mediante el ejercicio y goce de sus derechos fundamentales a la salud, el trabajo digno, la educación, un techo y la seguridad social. Sin esos derechos nunca forjaremos y tendremos una democracia de verdad, que en la realidad promueva, protega y exalte la vida de sus habitantes, sin discriminación alguna, y cuente sus cabezas y votos en las urnas en lugar de cortarlas a sus líderes sociales y opositores políticos, como nos sigue sucediendo desde hace más de 60 años. Durante estos tres años esas tres verdades han estado y continúan en vilo. Depende de nuestra responsabilidad ciudadana que no desaparezcan, como sucedió con 121.768 colombianos entre 1985 y 2016, según las cuentas de la CEV[xviii] sobre la desaparición forzada en desarrollo del conflicto armado. ¿Podremos entre todos, en lugar de seguir insultándonos por redes sociales y dividiéndonos visceralmente entre derecha e izquierda o “paracos” contra “mamertos”, ponernos a conversar y deliberar para buscar y rescatar viva y libre a nuestra desaparecida democracia?

[i] https://www.comisiondelaverdad.co/

[ii] https://www.jep.gov.co/Paginas/ABC-de-las-Sanciones-Propias-que-impondr%C3%A1-la-JEP.aspx

[iii] https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2017000100005

[iv] https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_final

[v] https://aboutholocaust.org/es/facts/cual-es-la-diferencia-entre-holocausto-y-shoah

[vi] https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Auschwitz

[vii] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-plan-de-trump-y-netanyahu-para-convertir-gaza-en-la-riviera-de-oriente-medio/

[viii] https://efe.com/mundo/2025-05-28/sanchez-von-der-leyen-israel-gaza/

[ix] https://aboutholocaust.org/es/facts/que-es-un-genocidio

[x]https://www.diariolibre.com/mundo/europa/2025/07/15/onu-dice-875-personas-murieron-en-gaza-al-intentar-buscar-comida/3183119

[xi] https://www.france24.com/es/medio-oriente/20250617-el-ej%C3%A9rcito-israel%C3%AD-mata-a-m%C3%A1s-de-50-gazat%C3%ADes-mientras-buscaban-ayuda-humanitaria

[xii] https://hoy.com.do/cacocracia-una-amenaza-latente-para-los-derechos-humanos-y-la-democracia/

[xiii] https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_contra_Benjam%C3%ADn_Netanyahu

[xiv] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx

[xv] https://www.comisiondelaverdad.co/la-directiva-permanente-numero-29-de-2005

[xvi] https://www.redalyc.org/pdf/308/30854700016.pdf

[xvii] https://www.youtube.com/watch?v=9QEXKj3UT5g

[xviii] https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final

Colombia es un país que delira. Y delira con delirios de pequeñez, no de grandeza, creando sus propias narrativas y creyéndoselas. La pequeñez de una clase política que antepone los privilegios de unos pocos —eso que llaman establecimiento, aunque en inglés suena más bonito: establishment—sobre las grandes reformas sociales que mueren ahogadas entre palabras vanas y ociosas.

Hay una frase para los anaqueles de nuestra historia vergonzosa: “No se puede acudir al pueblo sin el permiso del Senado, y el Senado no lo dio”. Que lo haya dicho el propio presidente de esa Corporación, el político conservador Efraín Cepeda, sólo significa una cosa: que en Colombia sí hay una dictadura y esa dictadura se ejerce hoy desde el Congreso de la República: allá se ordena lo que los ciudadanos pueden o no pueden hacer. ¡Publíquese y cúmplase!

Eso es Colombia: un país sin remedio, atascado adrede en discusiones y en frases grandilocuentes que rellenan espacios en los periódicos y los noticieros para justificar su existencia, una nación que nunca va para ningún lado porque el ideal de progreso está borrado de la psique colectiva, que se conforma con el presente inmediato: hoy, esta hora, este minuto, antes del reality o del partido de la Selección. Mañana Dios verá. O proveerá. Y como dejamos todo en manos de la Divina providencia, hasta las reformas sociales van muriendo sin haber nacido, o nacen defectuosas, porque Dios tampoco tiene afán, menos desde que lo sacaron a empellones de la Constitución cuando se declaró a Colombia como un Estado laico.  

“Una nación no planeada ni deseada”, que así la describió el historiador Enrique Serrano. Una sociedad que, tras dos siglos de vida republicana, sigue en “obra negra”, porque nada hemos aprendido tan bien como a embolatar las transformaciones que la casa necesita.

De una amena conversación con un amigo escritor concluí que los ricos se repelen entre sí, pero, al final del día, se toleran y se buscan cuando se trata de defender intereses comunes. Lo mismo puede decirse de las élites políticas de Colombia, que entienden perfectamente que defender la democracia es defender primeramente a los ricos y su nivel de ingreso y, lo que queda, si queda, que nunca queda, es para los demás.

Para que quede alguito en bolsillos distintos a los mismos se necesitan las reformas sociales. Pero en Colombia defender la democracia significa otra cosa. Significa diseñar una reforma laboral que no afecte a los que más tienen. En su libro ¿Por qué fracasa Colombia?, Serrano lo define así: “…hagamos lo que es necesario, pero no mucho más, planeemos lo que nos resuelva nuestras necesidades a corto plazo, pero todavía no lo del largo plazo. Respetemos a los que están en el curubito. (…) sufrir por anticipado enormes privaciones como resultado de lo que podrá ser dentro de 30 o 50 años no vale la pena”.

Y como todo queda en ahí vemos, estos políticos se mueren dejándonos como única herencia a sus hijos, nietos o sobrinos para asegurar sus legados y privilegios. Por tal razón, la palabra cambio no les interesa, no figura en sus conversaciones de alto turmequé. Los une el mismo cordón umbilical: el delirio compartido de creer que siempre hay alguien queriendo quitarles lo que les pertenece desde siempre (en muchísimos casos por herencia, sin mayor esfuerzo, no siempre producto de una vida de sacrificios).  

“… las hijas de la oligarquía, como usted, tienden a ser más bonitas porque trabajan menos y se alimentan mejor”: Antonio Caballero en su novela Sin remedio.

No más repasemos qué apellidos figuran en el sonajero presidencial o se mantienen vigentes en la escena política: Uribe Turbay (Miguel), nieto de Julio César; Valencia (Paloma), nieta de Guillermo León; Vargas Lleras (Germán), nieto de Carlos Lleras y primo segundo de Alberto Lleras; Gómez Martínez (Enrique), sobrino de Álvaro Gómez, que era hijo de Laureano Gómez; Santos Juan Manuel, sobrino del doctor Eduardo; Pastrana (Andrés), hijo de Misael, y así sucesivamente, para no aburrirlos con las genealogías criollas.

“Para ser parte de las élites es preciso contar con capital relacional. (…) Si los colegios y universidades donde van los hijos de las élites no reciben a quienes carecen de conexiones, entonces el poder se mantendrá en las mismas familias. Esto ha pasado en Colombia durante siglos”, señala Eduardo Lora en Los colombianos somos así. Es decir, el capital relacional es apenas la disculpa para salvaguardar los pesos del capital real, y las élites garantizan a perpetuidad la solvencia de sus apellidos casándose entre ellos, ya sin necesidad de la odiosa dote, porque para eso están hoy las capitulaciones o acuerdos prenupciales. Un rico es rico porque no deja nada al azar. Los asuntos de linaje no son una preocupación para los pobres. Un pobre se conforma con llenar el buche, no la alcancía.

No sé si eso explique el hecho de que el expresidente Juan Manuel Santos, agazapado, le venda el alma al diablo (léase, Álvaro Uribe, su más íntimo enemigo, aquel al que desobedeció luego de darle la bendición presidencial), al proponerle esta semana unirse para “defender la democracia”, como si fueran los Superamigos.

En este pulso político pierden los ciudadanos porque las reformas sociales pasaron a un segundo plano.

Se está poniendo en evidencia el expresidente Nobel, pues defender la democracia significa, ni más ni menos, que apostar por un candidato propio. Creo que más temprano que tarde sabremos si Santos se la jugará por una ficha de la centro-derecha, que podría ser la señora Claudia López, o una de la derecha propiamente dicha, que podría ser su ex pupilo Germán Vargas Lleras, lo que suena más lógico por aquello de la solidaridad de casta: honrar los apellidos con pedigrí, devolverles el poder a los cachacos con alcurnia y, en últimas, quitarle la posibilidad a Petro de inclinar la balanza hacia la izquierda o hacia la centro-izquierda. Ocho partidos no necesitaron de plenarias, comisiones ni proposiciones para salir en bandada a “defender la democracia” de un posible golpe de Estado, el nuevo argumento delirante de quienes ansían despiertos el poder. En este pulso político pierden los ciudadanos porque las reformas sociales pasaron a un segundo plano.

Y ¿Dónde estaba el doctor Santos cuando su en ese entonces jefe encontró a quienes hicieran el favor de voltear por él la Constitución de Colombia para poderse reelegir en el cargo? Pusieron patas arriba la democracia y él andaba calladito —como aplicado funcionario en el Ministerio de Defensa, donde aquel lo puso—, frotándose las manos como su seguro sucesor para, finalmente, aplicarle a Uribe la de Judas a Cristo. El propio Uribe lo llamó traidor y mentiroso, y ahora el traidor y mentiroso busca la redención, pescando en río vuelto para asegurarse su buena pesca electoral.

Con su aura de zorro político, el llamado de Santos a defender la democracia no es gratuito. Mucho me temo que jugará con candidato propio, con nombre de mujer, que, si es la que el oráculo me sopló al oído, entonces podría haber, por primera vez en la historia de Colombia, no una sino dos mujeres gobernando en palacio, siempre y cuando el Nobel de Paz juegue bien sus cartas, sin santurronerías.  Falta ver si este país machista, a ratos más chistoso, tolera una sobredosis de estrógenos en la Casa de Nariño.

¿En qué momento la enmohecida clase política convirtió hábilmente la necesidad imperiosa de una reforma laboral en un llamado a salvar la democracia?

Pero perdón, ¿de qué democracia estamos hablando?

Si al pueblo no se le puede consultar sobre los problemas que lo aquejan, siguiendo instrucciones del doctor Cepeda, entonces, ¿Cómo es eso de que el pueblo es soberano? ¿Soberano para qué? En Colombia sólo hay una soberana verdad: el papel lo aguanta todo y, por lo visto, la Constitución también.

Hay que defender la democracia, aunque sea imperfecta, dicen.

Yo creo que no existan las democracias imperfectas, del mismo modo que no existen las dictaduras imperfectas. Esa es una disculpa típicamente colombiana para justificar los desmadres de una clase política vetusta, —“momificados notables” fue uno de los apelativos que usó Antonio Caballero alguna vez—, incapaz de reformarse a sí misma (no se bajaron el sueldo y nadie chistó), pero sagaz a la hora de sabotear las reformas sociales en los términos en que las presentó el gobierno para cumplir sus promesas de campaña. Señores: La democracia no es (solamente) abrir las urnas cada cuatro años. Ese es el espectáculo colorido de la democracia, cosa bien distinta.

“La democracia representativa es un sistema de gobierno en el cual el poder político reside en el pueblo. (…) En una verdadera democracia se protegen los derechos individuales y se promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas”, dice Eduardo Lora, autor del libro Los colombianos somos así.

En la Colombia de este primer cuarto de siglo existe un gobierno legitimado en las urnas, no una dictadura impuesta a las malas. Lo que hay son unas élites políticas anquilosadas que, desde el Frente Nacional, aprendieron a alinearse para quitarse la caspa de encima, la propia y la ajena.

En Historia de Colombia y sus oligarquías, Antonio Caballero relató lo que le hicieron al valiente Alfonso López Pumarejo cuando quiso dárselas de progre con su Revolución en Marcha: entre otras, propuso una reforma laboral, una reforma agraria y una reforma tributaria que en su segundo gobierno (1944), “por primera vez puso a los ricos a pagar impuesto de renta y patrimonio, como suma a los que ya pagaban los pobres”, según cuenta Caballero en su libro.    

Y sigue: “… su Partido Liberal (…) no estaba preparado para eso: seguía siendo mayoritariamente un partido caciquil de gamonales, abogados y terratenientes, como en los tiempos de Murillo Toro o el general Santander. Por eso López mismo, mediada su administración, tuvo que anunciar una pausa en las reformas. Pues pese a tener un Congreso hegemónicamente liberal —el jefe conservador Laureano Gómez había ordenado la abstención electoral de su partido— este estaba hecho de liberales de muy distintos matices… (…) Así que las reformas anunciadas no pasaron del papel a la realidad de los hechos”.

Había dicho el expresidente López Pumarejo, a quien su hijo, Alfonso López Michelsen, llamó “un burgués progresista”: “El deber del hombre de Estado es efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por medios violentos”.

Estamos hablando de hace 90 años. No hay ninguna diferencia con lo que pasa hoy. Es como si Gustavo Petro fuera la reencarnación del mismísimo López Pumarejo. Dentro de cien años la historia será la misma y los apellidos que la escriban también.

“Los colombianos pasaron de matarse por razones políticas a ignorar la política”: Eduardo Lora, economista bogotano, en Los colombianos somos así.

Un país que observa apático su presente, menos le va a interesar verse en el espejo de su pasado. Si la historia de Colombia parece la misma es porque la escriben los mismos, cuidándose de que nada cambie, porque cualquier reforma profunda significa incomodarlos a ellos, asaltar de mala fe sus privilegios y sus bolsillos, amenazar su statu quo. Bajo esa óptica, la igualdad, el valor supremo de las naciones genuinamente democráticas, no pasa de ser la figura decorativa de nuestra Carta Magna, a la que invocan de tanto en tanto, como el creyente que abre la Biblia para pedirle favores a Dios.

Les molesta que Petro haya anunciado su intención de materializar la consulta popular por decreto, pero muy rápido se nos olvidó que si llegamos al clímax del cuento fue gracias a un Congreso de la República ineficiente que se cerró a la banda para negar las reformas, no discutiéndolas. ¿Por qué nadie cuestiona la dictadura velada que oficia desde el Capitolio Nacional?

Tildar a Petro de dictador, como lo hacen congresistas y opinadores de la talla de Daniel Samper Ospina, además de demencial, es desconocer lo que significa una dictadura o incluso una semi-dictadura, que la hubo en tiempos de Julio César Turbay Ayala, el señor liberal que, usando la arenga anticomunista, inventó enemigos de la nación para imponer su Estatuto de Seguridad, con lo cual los allanamientos sin orden judicial, las detenciones arbitrarias,  la tortura y la desaparición forzada fueron el pan de cada día; o mucho antes los gobiernos tiránicos de Laureano Gómez y Mariano Ospina, los señores conservadores que abonaron con sangre el terreno de lo que luego llamarían Frente Nacional, aquella cobija bipartidista que se repartió el país democráticamente. O en este siglo, las ejecuciones extrajudiciales (los falsos positivos durante los ochos años de la era Uribe, a expensas del Estado, antes y después de estos crímenes), la canalla normalización de la muerte como moneda de recompensa, premio perverso a los “resultados efectivos” en la lucha contra la guerrilla, usando inocentes para acomodar las cifras de las (falsas) bajas en combate.

Llamar dictador a Petro es saltarse muchas páginas de nuestro pasado atroz, y las redes sociales quedarán para la posteridad como ese testigo fiel de nuestra ignorancia atrevida. Un baño de literatura, la lectura siquiera de las sinopsis sobre la novela de la dictadura, y las múltiples obras que componen este subgénero, empezando por El otoño del patriarca, de García Márquez, les permitiría entender que el mundo no comienza ni termina en sus trinos. ¡Dejen a Petro terminar su periodo o se les complicará la úlcera!

La misma noche en que Petro anunció  la consulta popular por decreto, consciente de que la oposición se le vendría encima, también anunció tres millones de bonos pensionales para los adultos mayores de Colombia. Más allá de los medios públicos, la noticia no figuró en los medios nacionales. Es decir, antes había censura de prensa, como ocurrió durante el gobierno del general Rojas Pinilla; ahora la prensa clasifica o descalifica las noticias, escogiendo del discurso del presidente lo que pueda servir a otros propósitos. 

¿Hay en Colombia un peligroso afán de anular mediáticamente a la izquierda colombiana en la figura de Gustavo Petro?

Como los escándalos venden, nos llega una tercera carta del doctor Álvaro Leyva porque las dos anteriores, al parecer, no surtieron los efectos deseados. Genera suspicacia leer la parte donde el ex canciller, de 82 años, le dice al presidente, de 65 años, que es hora de irse. Lo ataca de nuevo sin pruebas, invade su privacidad de manera ruin y olvida que se irá el 7 de agosto de 2026.

¿Para dónde debe irse si cuando desaparece un par de horas ya les hace falta? La carta más bien parece las memorias resumidas que nadie ha escrito sobre el doctor Leyva, a quien, a su turno, le sacarán su propio memorial de agravios, con la fortuna, para él, de que ya no tendrá que pedir disculpas, rendir cuentas o hacer aclaraciones, lo que sea que corresponda a su larguísima carrera de hombre público, otro apellido ilustre en el firmamento político. Viajó tanto por el mundo el exministro y excandidato presidencial (a juzgar por el recuento minucioso de su infumable carta de 15 páginas, escrita desde Varsovia), que no entiende uno a qué horas sacó tiempo para ganarse la vida. “Nadé en el Golfo de Hammamet”, dijo.

Al país lo tienen embobados con las formas (consulta popular si o consulta popular no), cuando el tema de fondo es la reforma laboral que salió de la Comisión IV del Senado. Su ponente, la senadora Angélica Lozano, quien ya debe estar ensayando su papel de posible Primera Dama de la Nación, salió feliz a dar la noticia, sin decir ni mú sobre el artículo que privilegia el pago por horas, el famoso trabajo a destajo que destaja sin compasión la dignidad de los trabajadores. ¿Por qué editorialistas y columnistas no se han pronunciado sobre este mico contra la clase trabajadora?

Lo que ha existido en Colombia, más que una democracia robusta, de la que podamos sentirnos orgullosos, son gobiernos sucesivos de las élites políticas y económicas que cada cuatro años cambiaban sí pero de rostro únicamente, hasta que la elección de Gustavo Petro corrigió esa deformación, haciendo ver, por primera vez en dos siglos, que la democracia real se sustenta en la alternancia del poder entre contrarios, no con los mismos. 

La izquierda colombiana no es Petro, pero las élites políticas, de manera hábil, apelan a su vida privada para ponerlo en el centro de sus discursos como el monstruo a derrotar. Llevan tres años alimentado la Petrofobia.

La animosidad contra el presidente encubre el afán de anular a las fuerzas progresistas, otra vez, y por ahora mediáticamente, lo que sea que eso signifique en estos tiempos confusos y de tanto ruido, y teniendo como triste referente el genocidio que la antecede.

Lastimosamente, los intelectuales de izquierda brillan por su ausencia. No hay una réplica a la senadora María Fernanda Cabal, hoy precandidata presidencial, por llamarlos izquierdópatas, un término que solo existe en su imaginación para tratar como enfermos a quienes piensan distinto a ella. No es la única que hace declaraciones ofensivas.  Durante la convención de banqueros en Cartagena, Enrique Peñalosa llamó a Gustavo Petro guerrillero primero y ex guerrillero después, anulando su condición de Jefe de Estado.

¿Conclusión? Lo que venga de aquí en adelante es algo que nadie está en condiciones de anticipar, más es evidente que las élites políticas, hoy exiliadas del poder Ejecutivo, no descansarán hasta que uno de los suyos, obediente y sin ánimo reformista, recupere el solio de Bolívar (Simón).

El escalamiento del conflicto armado y las disputas territoriales para el control de actividades ilegales siguen complicando el panorama de los líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia. Este 10 de abril, la organización Somos Defensores publicó el informe Sin Protección, en el que revela que durante 2024 se presentaron 727 agresiones contra 655 defensores.

Dentro de la categoría de agresiones, la organización considera los asesinatos, los atentados, las amenazas, los desplazamientos forzados, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los robos de información, los secuestros, las judicializaciones, las torturas y las agresiones sexuales. Los hechos violentos de mayor ocurrencia fueron las amenazas (56 %), seguidas de los asesinatos (22 %), los atentados (9 %), los desplazamientos forzados (6 %) y los secuestros (3.3 %).

En 2024 se presentó una disminución del 5 % sobre el total de agresiones en comparación con 2023 (38 hechos menos). Los asesinatos estuvieron entre las agresiones que presentaron una reducción, al pasar de 168 en 2023 a 157 en 2024.

Sin embargo, el informe destaca que la disminución es poco representativa y no se puede interpretar como una mejora en cuanto a la situación de riesgo. De hecho, el peligro para los defensores es generado en gran medida por el accionar de los grupos armados ilegales que durante el año pasado decidieron agudizar las agresiones y sumir al país en un ambiente de violencia exacerbada. Así, se han ido postergando los procesos de negociación en busca de la paz que se llevan a cabo con el Gobierno Nacional.

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La violencia detrás de las cifras

“Si desmenuzamos esta cifra [727] y conocemos las historias de las víctimas, encontramos que ha aumentado el temor, también el silencio, y que tanto el conflicto armado como el crimen organizado se han transformado profundamente, sin que el Gobierno Nacional y demás instituciones del Estado desplieguen acciones preventivas”, señala el documento.

Para Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, el silenciamiento de los líderes y lideresas tiene un efecto directo en la capacidad de mostrar y evidenciar lo que realmente está pasando en los territorios.

“Más allá de eso, el silencio de líderes y lideresas es también una estrategia para salvaguardar su vida. Es un impacto al tejido social y a los procesos organizativos”, comenta Torres, y agrega que “se va extinguiendo la posibilidad de lograr transformaciones reales, sobre todo para los contextos de enorme desigualdad y vulneración, que es donde acontecen principalmente estos silenciamientos”.

Al igual que los asesinatos, las amenazas también descendieron, al pasar de 436 en 2023 a 404 en 2024. Sin embargo, agresiones como los desplazamientos forzados aumentaron a 44 cuando en 2023 se registraron 35. Es decir, hubo un incremento del 26 %. Por su parte, los secuestros se triplicaron al pasar de 8 a 24 casos.

“Es preocupante el aumento de los casos de desaparición forzada y secuestro como hechos previos al asesinato”, señala el informe. En el caso del desplazamiento forzado, los expertos aseguran que implica el desarraigo y es un golpe directo no sólo al líder y a su familia, sino a los procesos organizativos, que se van quedando sin sus voceros y donde muchas veces el miedo y el terror impiden que surjan nuevas vocerías.

En 2024 las noticias nacionales no sólo registraron casos de desplazamiento sino de confinamiento debido al conflicto armado y a las órdenes de los grupos ilegales para que nadie salga o entre de los territorios. Esta situación se ha vivido fuertemente en el departamento de Chocó.

Si bien el informe no incluye cifras sobre este tema, Torres asegura que los líderes y lideresas que están confinados no pueden hacer su ejercicio de defensa y no pueden hacer nada por sus comunidades.

La coordinadora de Somos Defensores menciona que antes los líderes abogaban ante los grupos armados para poder entrar alimentos a las zonas confinadas o para garantizar la atención médica de las personas que lo necesitaran. Sin embargo, esto cada vez ocurre menos porque los territorios tienen minas de explosivos. “Con el confinamiento muchas veces se limita totalmente el ejercicio del derecho a defender derechos”, dice Torres.

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Presos de los grupos armados

A finales de marzo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó su informe Retos Humanitarios 2025 sobre la situación que se vive en Colombia. Allí aseguran que el confinamiento de comunidades se agravó de manera significativa y alcanzó proporciones críticas, ya que, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 88 874 personas estuvieron confinadas en 2024, lo que representó un incremento del 89 % frente al año anterior.

El CICR destaca que la restricción del movimiento limitó el acceso de las comunidades a alimentos, servicios de salud, educación y otros servicios básicos. Además, el informe resalta que el desplazamiento continuó siendo una de las principales consecuencias de los conflictos armados, pues 41 228 personas se vieron obligadas a desplazarse masivamente.

“La intensificación de los enfrentamientos armados, el mayor control de los actores armados sobre las comunidades y la creciente falta de respeto por el derecho internacional humanitario profundizaron aún más esta crisis”, dice Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia.

Hamilton asegura que desde el CICR, al igual que desde otras organizaciones humanitarias, siguen trabajando para reducir los riesgos y atender las consecuencias de los conflictos armados, pero que ningún esfuerzo humanitario puede sustituir el compromiso de las partes de respetar las normas del derecho internacional humanitario.

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Las zonas más críticas

Las 727 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos durante 2024 ocurrieron en Bogotá Distrito Capital y en 28 de los 32 departamentos del país.

Los diez departamentos que concentraron la mayor ocurrencia de hechos violentos fueron Cauca (197), Antioquia (81), Valle del Cauca (67), Norte de Santander (48), Santander (42), Cesar (37), Bogotá (37), Arauca (29), Magdalena (27) y Bolívar (23). En estos departamentos ocurrieron 588 agresiones, equivalentes al 81 % del total registrado por Somos Defensores.

Cauca lleva varios años siendo el departamento más peligroso para los liderazgos, en gran medida porque su ubicación en la región pacífica es geoestratégica para actividades como el narcotráfico y el paso de armas y grupos ilegales. “Se han exacerbado los enfrentamientos con ocasión de la presencia de los actores armados ilegales, que han convertido varias regiones en campos de batalla, donde los liderazgos, en su mayoría indígenas, arriesgan a diario su vida en defensa del territorio en su integralidad”, indica el informe.

En Cauca ocurrieron 197 de las agresiones registradas en 2024 y 144 corresponden a liderazgos indígenas, los cuales fueron víctimas de 12 asesinatos, 107 amenazas, 19 atentados, una desaparición forzada, cuatro secuestros y un desplazamiento forzado.

El departamento de Valle del Cauca también se ubica en la región Pacífica y ha sufrido un recrudecimiento de la violencia en contra de sus líderes: 18 asesinatos ocurrieron en este territorio.

Walter Ágredo es miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), una organización que tiene como objetivo instar al Estado a respetar la democracia y los derechos humanos. Ágredo trabaja en Valle del Cauca y asegura que en su departamento han entrado a operar grupos armados que antes del Acuerdo de Paz con las FARC no tenían presencia. Esto se debe, según comenta, a que este territorio también es parte de una ruta importante para las actividades de los grupos armados.

“Las comunidades dicen que la situación ha empeorado porque antes se podía mantener un diálogo sobre las vulneraciones de derechos humanos con las estructuras armadas, que tenían un mando y una cabeza visible”, dice Ágredo. La diferencia, añade, es que los armados ahora no tienen una jerarquía organizacional, ni premisas políticas o líneas éticas claras.

El informe de Somos Defensores destaca que el departamento de Nariño (también el Pacífico), que en las cifras de 2023 aparecía en tercer lugar con 67 agresiones, descendió al puesto 13 en 2024 con 14 casos, lo que equivale a una reducción del 79 %. “Esto puede estar asociado con el silenciamiento de zonas como el occidente y la cordillera de este departamento, así como con la estrategia del Gobierno Nacional de adelantar diálogos regionales con los grupos postacuerdo [aquellos conocidos como disidencias de las FARC] y el ELN”, plantea el informe.

Esto último podría considerarse como un logro que también proviene de las fracturas y divisiones internas que están teniendo estos grupos. De hecho, el presidente Gustavo Petro al enterarse del fraccionamiento de la Segunda Marquetalia (una disidencia de las FARC) en noviembre pasado señaló que “esta división en los grupos violentos es un avance en la paz”.

Sin embargo, Somos Defensores advierte que en un mediano plazo podría provocar un recrudecimiento de la violencia debido al rearme de los grupos y a las disputas armadas con estructuras de más capacidad como el ELN.

Astrid Torres es enfática al indicar que es peligroso que el Gobierno tenga la idea de que las atomizaciones o fragmentaciones de los grupos armados pueden contribuir a la paz, cuando se ha visto que eso no es así. “Es algo muy contradictorio”, asegura.

Ágredo coincide con Torres y asegura que las comunidades tienen “una preocupación por la multiplicación de actores armados a partir de la firma del Acuerdo de Paz”. Para él, las agresiones las sufren todas las personas de las comunidades, pero se centran en los hombres y mujeres que asumen liderazgos. “Han aumentado las amenazas, los desplazamientos y los seguimientos. En el caso de las mujeres se ha vuelto común que las amenacen con matar a sus hijos o con violarlas y ultrajarlas”, dice.

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Los agresores

El liderazgo más afectado en Colombia durante 2024 fue el indígena, con 195 agresiones, de las cuales el 74 % se dieron en el departamento de Cauca. Le siguen el liderazgo comunal (157), el comunitario (109), el campesino (83), el de víctimas (45) y el de derechos humanos (39).

Torres menciona que la agresión al liderazgo comunal, representados en juntas de acción comunal formadas por vecinos que se unen para resolver problemas y promover el desarrollo de su comunidad, aumentó un 40 %.

Otro de los puntos que se destaca dentro del reporte de Somos Defensores es que en 268 (37 %) de los hechos violentos en contra de los líderes se desconoce quién fue el agresor. En segundo lugar aparecen los paramilitares como responsables de 177 agresiones, los grupos armados pos acuerdo de paz con las FARC fueron señalados en 160 casos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 42.

El informe eleva su preocupación por casos en los que se desconoce quiénes son los agresores porque esto se relaciona con el aumento de los niveles de impunidad en las investigaciones. “A los autores desconocidos se les atribuyen 134 amenazas, 61 asesinatos, 43 atentados, dos torturas, siete desapariciones forzadas, seis secuestros, cinco robos de información y 10 desplazamientos forzados”, menciona el documento.

Y es que según cifras de la Fiscalía de Colombia, entre 2016 y 2024, se recibieron 1322 casos por homicidios contra defensores, de los cuales sólo 227 han llegado a sentencias sancionatorias (17 %).

“Esto nos muestra que seguimos en un alto nivel de impunidad. Además, ¿qué pasa con los asesinatos de personas defensoras que ocurrieron antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016? Todos siguen en la impunidad porque nadie nos muestra cifras de eso”, asegura Torres.

El último gran llamado que hace el informe de Somos Defensores es para que todas las instituciones del Estado que tengan relación con temas que involucren a los defensores trabajen coordinadamente. No sólo se trata de reconocer la presencia de riesgos, sino de generar respuestas estructurales a los contextos de agresiones, sostiene el documento. “Si bien esto ha sido documentado y recomendado en las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, las instituciones del Estado no han presentado una respuesta oportuna, dando lugar a la materialización de numerosos riesgos advertidos previamente”.

*Imagen principal: velorio de dos indígenas de la etnia awá, en Nariño (Colombia). Foto: Asociación Minga

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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