Antono Gramsci dijo: “Hay dos tipos de políticos: los que luchan por la consolidación de la distancia entre gobernantes y gobernados y los que luchan por superar esta distancia”. Cepeda, con sus más y sus menos, pertenece a la segunda clase.

Puede que no sea el candidato más carismático, pero es una persona auténtica, no un personaje prefabricado para el espectáculo electoral. Porque una elección presidencial no es el reinado de Miss Simpatía. No grita en los mítines, porque entiende que tampoco se trata de una competencia de decibeles, ni se le ve desesperado lanzando globos al aire. Es reflexivo, dicen sus detractores y yo les creo.

Necesitamos un presidente que conozca la historia de este país y que el país todo le quepa en la cabeza, no en la bragueta de Abelardo, el candidato que inauguró la sexpolítica como estrategia electoral en Colombia y a costa de humillar a las mujeres en público; no sabemos si en privado también. Si Cepeda no gana en primera vuelta y Sergio Fajardo logra una votación importante (supongamos un millón de votos o más), aun perdiendo podría inclinar la balanza en segunda vuelta a favor del candidato del Pacto Histórico, porque Fajardo ya advirtió como muchos otros que la democracia peligra si gana De La Espriella.

Iván Cepeda es él y su historia personal y familiar, que se resume en los dolores de una nación atribulada: persecución, exilio y, finalmente, el asesinato infame de su padre en 1994. Iván tenía 31 años y era profesor de filosofía en la Universidad Javeriana.

Como senador, tuvo el valor civil de pararse en la raya ante un intocable como Álvaro Uribe, hasta casi ponerlo tras las rejas.

Con todo, ha demostrado que tiene las condiciones para llegar a acuerdos con el distinto ideológicamente. Así lo reconoció, por ejemplo, José Félix Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, personajes del establecimiento.

Y en eso consiste el pluralismo y las libertades: en escuchar lo que piensa el otro, en tender un mismo puente para que dos contrarios pueden atravesarlo, sin que ninguno caiga al río. Lo demás se llama autoritarismo: gobernar para unos como si los demás no existieran.

Fue lo que pasó con la izquierda durante todo el siglo anterior. La quisieron borrar del mapa; no pudieron, pero a muchos de los suyos los mataron y otros se refugiaron fuera de Colombia para salvar el pellejo.

“La historia enseña pero no tiene alumnos”: Antonio Gramsci, filósofo italiano.

Como político, su labor no se ha limitado a una silla en el Congreso. A través del Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado), asumió como propias las causas ajenas.

Con su posible llegada a la Casa de Nariño—en primera o segunda vuelta—, Cepeda reivindica la memoria de los que murieron en el intento. Reclamando justicia para su padre, se puso de parte de las otras víctimas tras el infame exterminio de la Unión Patriótica. Perdió amigos en ese genocidio político; entre ellos, el candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa.  Aunque el país da por superado ese episodio de guerra sucia, de vez en cuando aparece alguien prometiendo destripar (otra vez) a la izquierda. Hoy se hace un matoneo digital sistemático contra el progresismo en la figura de Cepeda, incluso desde ciertos medios de comunicación afines al establishment, como El Colombiano, Semana o El Heraldo.

Durante el sepelio de Manuel Cepeda, en el Cementerio Central de Bogotá, la gente comentaba que cuatro años atrás (1990) se vio una romería semejante cuando un adolescente de dieciséis años acribilló a Bernardo Jaramillo dentro del aeropuerto El Dorado y en presencia de los 16 escoltas del DAS, que el gobierno le había asignado al candidato presidencial de la UP. Los otros dos magnicidios corresponden a Jaime Pardo Leal (1987) y Carlos Pizarro (1990). A Pardo Leal lo mataron dentro de su vehículo, cuando regresaba de su finca a Bogotá, delante de sus hijos y su esposa Gloria; cayó baleado sobre el hombro de ella. A Pizarro lo acribillaron en pleno vuelo dentro de un avión de Avianca que cumplía la ruta Bogotá-Barranquilla.

Mi voto por Cepeda es un voto por los que quisieron gobernar pero no pudieron. Y no pudieron porque los quitaron del camino a las malas. También es un voto por los sobrevivientes, como mi amiga Gladys y su hija que, 40 años después, aún siguen esperando que alguien les diga dónde está el cuerpo de su padre y abuelo, Faustino López, víctima de desaparición forzada en 1984.

Iván Cepeda creció en el conjunto residencial Banderas (localidad de Kennedy en Bogotá). Muy cerca de allí mataron a su padre, el periodista Manuel Cepeda, en agosto de 1994, un mes después de asumir como senador de la República.

Quienes critican a la izquierda porque no sabe gobernar, deben saber que nunca había gobernado en Colombia. Si gana, Cepeda tiene el reto de corregir todo lo que hizo mal Gustavo Petro y honrar lo que salió bien. Alrededor de un 30% de colombianos se declaran hoy de izquierda, progresistas o socialdemócratas. El Pacto Histórico tiene por delante el reto de aumentar el número de conversos. Dos siglos después, la izquierda ya no es la convidada de piedra.

Mi voto por Cepeda es un voto por la paz; no pensando en quienes vivimos una vida relativamente tranquila en la ciudad, sino en los millones de colombianos que en los territorios están a la buena de Dios.

Cepeda tiene el sentido común de las cosas: toca sentarse a negociar con los criminales para acallar el lenguaje de las balas o ¿hasta cuándo nos vamos a seguir matando? Lo que es un decir, porque los muertos y las lágrimas los ponen otros. Es simple: la paz se hace con los malos, no con los buenos. La paz se hace también por aquellos que no han nacido. Merecen que se les ofrezca algo mejor, o mejor no traerlos a sufrir.

Al candidato del Pacto Histórico lo critican por leer papelitos. Y cuando lee las hojitas, que son varias hojas, transmite la serenidad de quien escribe discursos religiosamente a las 4:00 de la mañana. Sí, es un bicho raro, porque ya nadie escribe discursos. Los políticos de ahora van diciendo lo primero que se les cruza por la cabeza.

Es sereno hasta cuando lo insultan tratándolo de guerrillero, sin serlo, ni hoy ni ayer. Alguien a cuyo padre mataron a plena luz del día y que perdió a su madre, Yira Castro, (ella tenía 39 años, Iván 18), a causa de un tumor inoperable, sabe que en la vida hay cosas peores que un insulto. Ambos eran periodistas.

Cepeda mide sus palabras. No sufre de incontinencia verbal como otros candidatos. Luce tranquilo en la tarima, alejado de vanidades y banalidades; en medio de tanto show mediático, esa es su virtud. En su discurso prima el rigor sobre la emoción, sin pecar de superioridad intelectual.

Es verdad que ninguno de los tres candidatos punteros tiene experiencia gobernando antes, pero también es verdad que Cepeda representa mejor que nadie a esa Colombia excluida. Creció en barrios populares, allá donde se crían los que han pasado necesidades, el país de los que malviven.

Cepeda se comporta como ese profesor que escucha y deja hablar a los demás; con esa genuina sensibilidad, podría llevar a Colombia hacia un nuevo contrato social entre ricos y pobres como primer remedio contra la desigualdad.

Cepeda es filósofo como Paloma, pero a él se le nota más. De hecho, siendo empático, tiene más de filósofo que de político. Pero somos un país demasiado superficial para tomarnos en serio a los filósofos. Su revolución ética, con la verdad y los pobres como su centro de gravedad, nos habla de la conversación pendiente en el país de la trampa y el cómo voy yo ahí.

Cuando hablan de Cepeda como el heredero del continuismo, significa que es el único que puede continuar las reformas sociales que emprendió Petro con relativo éxito, sin riesgo a que la clase trabajadora pierda los beneficios que les entregó este gobierno, como un aumento generoso del salario mínimo y la restitución de derechos laborales.  

En un perfil sobre Cepeda, Juanita León, directora de La Silla Vacía usó la frase de una fuente para describir al candidato: “Su cuerpo amenaza ruina”, pero luego la eliminaron del texto, quizás porque, tarde, cayeron en la cuenta de su carácter odiosamente ofensivo. Y así, muchas cosas se dicen sobre él para descalificarlo.

Lo llaman comunista sin ser comunista. No reniega de su pasado como militante de las juventudes comunistas y ya aclaró porqué dejó de serlo. A quién no conozca la biografía de Iván Cepeda, le recomiendo este perfil del portal Casa Macondo.

“…dejó atrás el socialismo —y mucho más lejos al comunismo— para pasar a un progresismo democrático en el que lo público debía conversar con lo privado. En la intimidad de su familia, aquel cambio de arquetipo fue una rebelión frente al padre, una época de separación silenciosa en el plano de las ideas, pero que jamás derivó en un distanciamiento físico”, escribe Pacho Escobar.

El domingo votaré por él y por Aída Quilcué, una viuda de la guerra como tantas, la mujer que nos recuerda que indios somos todos, porque está en nuestra sangre, así esté mezclada.

El domingo votaré por defender derechos, no privilegios. 

No conozco a Iván Cepeda, pero estoy seguro de que nunca —ni de niño, ni de joven, ni ahora de adulto—, soñó con ser presidente. De ser él el escogido este domingo o después, podrá decirse que no buscó el poder, pero el poder terminó encontrándolo.  

Campañas sin memoria

En efecto, en estas campañas se está perpetuando el vicio original del maniqueísmo partidista, que deriva en sectarismo y fanatismo ideológico, pues cada candidato señala y descalifica a sus adversarios como los únicos responsables de todos los males existentes y se exime, en busca de votos para sí, de su propia responsabilidad y autocrítica por la persistencia histórica de tantos males. Entonces todos sus demás competidores son los responsables de la corrupción, la violencia y la exclusión social, salvo obviamente él mismo, que no tiene ninguna responsabilidad, pues en su propaganda política aparece como ejemplo de pulcritud, coherencia democrática y ser “un libro abierto” al escrutinio de toda la ciudadanía. Así, cada candidato y candidata esconde alguna parte de su pasado y de su responsabilidad con el presente y se esfuerza por mostrarse como un triunfador o una ganadora de múltiples batallas en las que nunca participó. Desde la batalla contra la exclusión social, el racismo, el machismo, la ilegalidad y la corrupción. Pero, sobre todo, la más urgente, la batalla contra la criminalidad y sus relaciones cada vez más estrechas y ocultas con la política, que suele expresarse en coaliciones tras bastidores. Unas veces con grupos armados de extrema derecha, como los narcoparamilitares de las AUC, en otras ocasiones con la extrema izquierda de la guerrilla, pero también con el narcotráfico o contando con la generosa financiación en sus campañas electorales de poderosos banqueros como los Gilinski, Sarmiento Angulo o grandes empresas internacionales como Odebrecht. Lo grave es que toda esa tramoya de ilegalidades solo venimos a conocerlas al final de cada gobierno, con sus respectivos escándalos de corrupción y violación de los topes en sus campañas presidenciales.

Simulando Democracia

Es negando o simplemente ignorando todo lo anterior, que hemos sacralizado la gloria de ser la “democracia” más estable y profunda de Latinoamérica. Una gloria que desde luego no merecemos, parafraseando a Gabo, pues somos también la “democracia” más profunda en fosas comunes, magnicidios de candidatos, ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, desplazamientos, secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Una violenta saga que ha perpetuado por generaciones y por más de medio siglo la existencia de millones de víctimas sin verdad, justicia y reparación a manos de grupos paramilitares, guerrillas, carteles del narcotráfico y agentes de la Fuerza Pública, bajo gobiernos de todos los espectros políticos y partidistas, conservadores, liberales y progresistas, camuflados bajo innumerables siglas y hasta en nombre de un “número significativo de ciudadanos”. Y en estas elecciones un candidato lo hace bajo la impronta y fiereza de un tigre que devorará supuestamente a los corruptos, así él mismo haya sido un exitoso defensor penalista de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán, Alex Saab y además asesor legal de connotados criminales de lesa humanidad como los comandantes de las AUC. Más le valdría al outsider Abelardo haber escogido otra mascota más dócil, pues podría confundirse el felino en esa cacería de corruptos y hasta llegar a devorarlo.Y todo ello ha sucedido y sigue pasando, para mayor estupor y vergüenza, junto a innumerables victimarios institucionales, legales e ilegales que periódicamente participan en elecciones, se disputan el control del Estado o se reeligen para ser inmunes, rodeados de cientos de escoltas, y celebran jubilosamente sus triunfos electorales sin la más mínima consideración humanitaria y vergüenza ante millones de víctimas. Por eso resulta un eufemismo hablar ahora de polarización política, pues lo que ha prevalecido durante décadas es la desolación y victimización de los civiles en nombre de sectarismos partidistas y hegemonismos de clase, generadores de exclusión social, racismo, clasismo y machismo.

Perplejidad ciudadana

De allí que, si como ciudadanos sometiéramos todas las candidaturas a un riguroso examen ético de su pasado y presente, más allá de nuestras simpatías personales, ideológicas y económicas, es probable que muchos ciudadanos se inclinarían por el voto en blanco o incluso por la abstención. Les ganaría la perplejidad y el escepticismo ante una estabilidad institucional generadora de tanto horror e iniquidad en nombre de una democracia que utiliza las elecciones como una coartada perfecta para gobernar impunemente. Una estabilidad institucional de la que hacen apología permanente casi todos los políticos profesionales en nombre de una supuesta separación de las ramas del poder público y su falaz trinidad de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Pero, también, una mayoría de connotados juristas que cantan loas al Estado de derecho y la civilidad, pero olvidan la masacre del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 para “defender y salvar la democracia” –como nos lo recordó Helena Uran– además de respetables académicos, politólogos y sociólogos que elevan a un altar sagrado la Constitución del 91, máxima expresión de la “democracia participativa”, así ella sea incapaz de garantizar la libertad de miles de ciudadanos para votar en cientos de municipios el próximo domingo.

Pandemónium democrático

El siguiente es el democrático paisaje político en que se desenvuelven estas elecciones: “El Comité Internacional de la Cruz Roja registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas”.  El CICR aseguró que el país enfrentó en 2025“el nivel más grave de la última década”, no solo por la intensidad de los combates, sino por la manera en que se desarrollaron las hostilidades y el impacto que tuvieron sobre la población civil”, todo lo anterior, que cruel ironía, en búsqueda de la “Paz Total”.

Una democracia sin víctimas ni victimarios

Estamos, pues, ante la mayor catástrofe humanitaria del continente y son las víctimas las que nos deberían interpelar y nos reclaman responsabilidad al votar, más allá de las disputas emocionales y narcisistas entre los candidatos, para evitar así caer en una falsa polarización entre derecha, izquierda o centro. Porque la polarización que nos diezma como ciudadanos e impide la existencia real de la convivencia democrática es aquella que nos divide entre un bando creciente de víctimas y un número cada vez más indolente de electores que solo piensa en su seguridad y prosperidad. Es esa división, la que puede llevar a muchos a votar pensando solo en sus derechos y heredad, para gozar por siempre y sin límites de su propiedad y seguridad, por encima de los derechos sociales de millones de víctimas a quienes históricamente se les ha negado su plena ciudadanía, es decir, el derecho a tener derechos. Empezando por el fundamental a una vida digna sin estar sometidas a la violencia del hambre, la ignorancia, la exclusión social, el miedo, las enfermedades, el confinamiento y la discriminación en razón de su estrato social, color de piel y orientación sexual.

La urgencia de una memoria democrática

Son esas graves y masivas exclusiones las que también nos reclama una memoria para la democracia, pues ésta no puede existir si por generaciones el Estado prolonga una institucionalidad incapaz de poner fin a esa vulneración interminable de derechos y niega a millones de colombianos una vida digna y además prolonga la impunidad de victimarios reacios a responder por semejante injusticia e iniquidad, rodeados de seguridad, privilegios económicos y sociales. Como bien lo resaltó Helena, si seguimos pensando que la memoria es un asunto exclusivo de las víctimas y no una responsabilidad de todos para poner fin a la victimización, así ella sea ajena a nuestras vidas personales y familiares o acontezca en un orden y ámbito que no nos afecta, por ser político, social, económico, de género, académico, religioso, racial o etario, entonces difícilmente podremos convivir en un futuro mediato en paz, con seguridad y democráticamente.

Por una democracia al alcance de los niños

Por eso vale la pena, una vez más, citar la Proclama Por un País al alcance de los niños, para evitar que la infancia siga siendo reclutada y asesinada[i], como ha sucedido en el Guaviare en la disputa por economías ilegales entre bandas criminales de las autodenominadas disidencias de las Farc. Escribió el nobel en ese prólogo para la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, más conocida como la Misión de Sabios y denominada “Colombia, al filo de la oportunidad“, en julio de 1994: “Tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos mientras el cuarenta por ciento de la población malvive en la miseria, y nos ha fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad: queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos como sea: aun contra la ley. Conscientes de que ningún gobierno será capaz de complacer esta ansiedad, hemos terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y de un individualismo solitario por el que cada uno de nosotros piensa que sólo depende de sí mismo. Razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos, y cuál es la cara con que queremos ser reconocidos en el tercer milenio”.

Un domingo crucial

Ha sido precisamente esa compulsión la que nos ha conducido hasta aquí y explica porque el próximo domingo 31 la disputa por la presidencia de la República se dará solo entre tres candidatos en lugar de cinco, como debería ser. Entre quien pretende representar millones de víctimas, Iván Cepeda, y quienes parecen que todavía no han tomado conciencia, como Abelardo y Paloma, de que una verdadera democracia no puede existir solo defendiéndola con sangre y fuego de las “ratas” o con un tigre suelto para proteger a ultranza un sistema sustentado en exclusiones y taras como el clasismo, el racismo, el machismo, la misoginia y la homofobia, apelando para ello a creencias religiosas, prejuicios sociales atávicos absurdos y miedos personales infundados para llevar a las urnas a quienes llaman “ciudadanos de bien”. Con razón decía Belisario hace ya más de 40 años que si no “dejamos de ser una federación de rencores y un archipiélago de egoísmo, nunca podremos ser una fraternidad de iguales” o, al menos, aspirar a vivir humanamente en una sociedad donde no se mate supuestamente en defensa de la democracia y mucho menos por la búsqueda de más derechos y justicia social.

Eso es lo que está en juego el próximo domingo, una incierta transición hacia una auténtica democracia o una rápida consolidación de la cacocracia, el gobierno de quienes roban con destreza la confianza ciudadana en las urnas, recortan los derechos sociales de las mayorías y minan los principios fundamentales de la Constitución del 91: el Estado Social de derecho, las libertades públicas, el derecho y deber a la paz política (artículo 22) la igualdad y dignidad de todo ser humano (artículo 1), para salvaguardar a su favor la mercadocracia y sus ídolos venerados de seguridad, estabilidad jurídica y confianza inversionista, tres “huevitos”, bajo los cuales ocultan su codicia y prepotencia sin límites los mismos de siempre, los líderes del País Político contra los nadies del País Nacional[ii], como bien saben hacerlo y quieren que nunca cambie.

[i] https://caracol.com.co/2026/05/28/mindefensa-advierte-que-habria-menores-entre-muertos-por-combates-de-disidencias-farc-en-guaviare/

[ii] https://intervencionycoyuntura.org/el-pais-politico-y-el-pais-nacional/

En el pabellón Colombia de la FILBo, donde casi todos los estands parecen competir por el brillo o por la velocidad de la atención, hay uno que eligió otra cosa: escuchar. No es una metáfora de catálogo editorial. Está escrito incluso en la entrada, como una declaración de intenciones y también como una advertencia moral: “El territorio habla, el centro escucha”. El lema del Centro Nacional de Memoria Histórica no aparece allí como un eslogan institucional sino como una suerte de respiración lenta en medio del ruido de la feria.

El estand no tiene puertas simbólicas. No obliga al visitante a entrar: lo recibe abierto, como si quisiera desmontar la vieja solemnidad estatal que tantas veces convirtió la memoria en un trámite o en un mausoleo. Uno puede atravesarlo casi sin darse cuenta, y quizás allí esté uno de sus mayores aciertos. En un país acostumbrado a que la violencia tenga oficinas, expedientes y sellos, el CNMH decidió construir un espacio sin bordes duros. Un lugar donde la conversación parece más importante que la exhibición.

Pase varios días en ese stand, algo que francamente nunca había hecho en una feria del libro. Era un ángulo curioso de esa fiesta cultural, completamente opuesto a los otros lugares donde suelo estar como moderador, entrevistador o invitado. Mientras el resto de Corferias se movía al ritmo de las filas, las cámaras, los lanzamientos y los autores de moda, allí el tiempo parecía funcionar distinto. La gente no pasaba únicamente a mirar: se quedaba.

Y eso llamaba profundamente la atención.

Personas de todo tipo preguntaban por la memoria de su propio país. Jóvenes universitarios, familias completas, adultos mayores, estudiantes de colegio, visitantes que parecían haber llegado por azar. La belleza del estand atraía precisamente por una lógica muy curiosa: en Colombia la memoria suele asociarse únicamente a lo difícil, a la guerra, a la tragedia, al expediente doloroso. Pero allí la memoria aparecía también ligada a las resistencias, a la maravilla obstinada de seguir construyendo sociedad después de tanto.

En la FILBo, donde las personas cargan bolsas llenas de novedades editoriales y buscan firmas de autores como quien colecciona pequeñas inmunidades contra la realidad, el estand del Centro opera de otra manera: no vende olvido rápido. Propone permanencia.

Lo primero que llama la atención son los colores. No hay negros dramáticos ni rojos de denuncia explícita. Tampoco el minimalismo frío que domina tantos espacios culturales contemporáneos. La diseñadora Susana Carrié eligió tonos tierra, colores orgánicos, texturas que recuerdan fibras, tintes naturales, barro húmedo, madera expuesta, telas campesinas. Hay algo deliberadamente antiurbano en la composición visual del espacio. Como si el estand quisiera traer adentro de Corferias una temperatura distinta del país.

Carrié lo explica con una precisión casi artesanal: la paleta se inspiró “en algunos colores de la tierra, de los textiles y tintes orgánicos y de la naturaleza en general”. Y eso se nota. No es una estética decorativa sino territorial. Colombia aparece allí menos como nación abstracta que como acumulación de geografías heridas.

En el centro del recorrido hay una línea de tiempo sobria, montada sobre tubos de cartón en crudo. Nada reluce demasiado. La memoria aquí no fue diseñada para el espectáculo. Quizá por eso conmueve más. Los materiales parecen querer desaparecer para dejar hablar las historias. En otro punto emergen unos rostros enfrentados, casi totémicos, donde la biodiversidad étnica y cultural del país adquiere forma visual. Son figuras que observan al visitante tanto como el visitante las observa a ellas. En una feria donde casi todo busca seducir, estas piezas parecen interrogar.

Y sin embargo, hay una ruptura deliberada en esa gama de tierras: un tapete naranja intenso que invade el ingreso y la zona de juego infantil. El color estalla como una llamarada. Carrié dice que fue pensado para atraer al público infantil, para señalar el espacio lúdico donde se desarrollan talleres y actividades. Pero el efecto es más profundo. El naranja funciona como una irrupción de futuro dentro de una narrativa marcada por el duelo. Allí los niños dibujan, juegan, construyen jardines simbólicos de memoria, participan en cartografías afectivas, exploran archivos como pequeños arqueólogos emocionales.

Hay algo profundamente político en esa escena.

Porque el CNMH entendió algo fundamental: la memoria que no logra conversar con la infancia termina convertida en archivo muerto.

Mientras camino por el estand, escucho fragmentos de conversaciones simultáneas. Una mujer explica a otra quién fue Kimy Pernía Domicó. Un estudiante hojea un informe sobre Córdoba. Una niña escribe algo en una flor de papel para el “Jardín de la memoria”. Más allá, alguien escucha un pódcast en la Sala Escucha, ese pequeño entorno inmersivo donde suenan las producciones radiales hechas directamente por comunidades de los territorios.

Hablé con muchas personas durante esos días. Algunos contaban historias de sus familias. Otros preguntaban por un dato concreto, por un nombre, por una fecha, por un informe específico. Muchos simplemente se sentaban a hojear libros durante largos ratos, como si buscaran algo difícil de nombrar. Las familias, especialmente, parecían conectarse con el espacio de una manera distinta. Había padres explicando a sus hijos episodios del país que quizás nunca habían sabido cómo contarles.

Y uno terminaba preguntándose si acaso Colombia quiere buscar su memoria, pero no en lenguajes institucionales. Quizá en lenguajes poéticos.

No en vano el libro más importante de nuestra sociedad se llama Cien años de soledad. ¿Qué otra cosa es esa novela sino una inmensa obsesión colectiva por la memoria, por lo que hemos sido, por lo que nos ha sucedido, por aquello que intentamos recordar antes de que el tiempo termine borrándolo?

La Sala Escucha probablemente sea uno de los lugares más silenciosamente radicales del estand.

En un país que lleva décadas produciendo discursos sobre las víctimas, el CNMH parece intentar algo más difícil: permitir que hablen sin traducción intermediaria. Las voces que salen de los audífonos no tienen la dicción homogénea de los estudios de radio bogotanos. Hay acentos atravesados por río, montaña, costa, selva. La escucha se vuelve un acto físico. Uno entiende rápidamente que la memoria sonora tiene una capacidad distinta para perforar defensas. La voz humana conserva algo que la escritura pierde: respiración, miedo, pausa, temblor.

Pamuk escribió alguna vez que los museos verdaderos no organizan objetos sino emociones del tiempo. Este espacio parece construido bajo esa intuición.

No organiza únicamente documentos del conflicto armado colombiano. Organiza maneras de aproximarse al dolor sin convertirlo en mercancía emocional.

Eso se percibe también en la programación. No hay aquí una obsesión por cubrirlo todo ni por representar todas las tragedias nacionales en formato de agenda cultural. La selección fue producto —según explican desde el Centro— de una concertación entre distintas direcciones misionales de la entidad. No se trata de una línea única de relato sino de múltiples entradas a la memoria reciente del país.

Por eso conviven talleres infantiles con conversatorios sobre desaparición forzada, lanzamientos editoriales con ejercicios de cartografía comunitaria, archivos orales con teatro, pedagogía con justicia restaurativa.

La memoria aparece entonces no como una pieza fija sino como un organismo vivo.

Algunas actividades resumen especialmente bien el espíritu del espacio. “La palabra que repara”, por ejemplo, reúne experiencias de justicia restaurativa impulsadas junto a la JEP. No se trata simplemente de hablar sobre víctimas y victimarios sino de explorar cómo la palabra puede convertirse en un territorio de reconstrucción. En otro conversatorio, dedicado a los diez años de la Cátedra de Paz, la pregunta central parece atravesar todo el proyecto del estand: ¿cómo enseñar el conflicto armado sin normalizarlo?

Hay también una insistencia notable en los archivos.

En tiempos donde la información circula a velocidades digitales y donde la verdad parece fragmentarse en versiones instantáneas, el CNMH insiste en el valor material de conservar. Talleres sobre archivos personales, documentos desclasificados, archivos orales, acervos comunitarios: todo apunta a la misma idea. Un país sin archivos termina condenado a depender de la versión del más fuerte.

Quizá por eso uno de los espacios más conmovedores de la programación sea el dedicado a “Archivos en resistencia”, donde se dialoga sobre desaparición forzada a partir del Colectivo 82 colombiano y el caso Ayotzinapa en México. Allí la memoria deja de ser únicamente conmemoración y se vuelve también investigación criminal, búsqueda obstinada, prueba contra el olvido.

Pero el estand no se instala únicamente en el pasado. Hay una voluntad permanente de discutir el presente colombiano. Conversatorios sobre violencia contra movimientos políticos, transformaciones del conflicto después de los acuerdos de paz, memoria ambiental, territorios y Paz Total muestran que el Centro intenta escapar de la tentación museográfica de congelar la violencia como si perteneciera únicamente a otra época.

En realidad, lo que el estand pone en escena es algo más incómodo: que el conflicto colombiano no ha terminado de convertirse en pasado.

Quizá por eso Córdoba ocupa un lugar especial dentro de la programación. El homenaje al departamento funciona casi como un eje narrativo subterráneo del estand. Informes sobre el Bloque Córdoba, discusiones sobre Santa Fe de Ralito, memorias ambientales, archivos territoriales: todo compone una especie de radiografía fragmentada de una región donde la violencia paramilitar dejó marcas profundas y todavía insuficientemente narradas.

Ahí está quizá la verdadera apuesta del espacio.

No se trata únicamente de recordar lo ocurrido. Se trata de preguntarse qué hacemos con eso mientras seguimos viviendo.

En algún momento de la tarde me detengo frente a uno de los micrófonos abiertos donde víctimas y funcionarios leen textos relacionados con memoria histórica y derechos humanos. La escena tiene algo frágil. En una feria dominada por la velocidad del consumo cultural, alguien decide leer en voz alta un fragmento sobre desaparición, desplazamiento o resistencia campesina. Y algunas personas se detienen. Otras siguen caminando. Algunas escuchan apenas unos segundos antes de irse.

Pero incluso esa fragilidad parece importante.

Porque el estand no intenta producir unanimidad emocional. No busca obligar al visitante a conmoverse. Más bien abre la posibilidad de una conversación pública donde la memoria no aparezca como imposición moral sino como experiencia compartida.

Tal vez por eso el diseño abierto resulta tan coherente con el concepto institucional. El territorio habla, el centro escucha. La frase adquiere sentido espacial. El visitante no atraviesa puertas ceremoniales ni corredores oscuros preparados para una experiencia inmersiva controlada. Aquí uno entra como entra a una plaza o a una conversación.

Y quizá esa sea la gran diferencia.

Muchos espacios sobre memoria en el mundo terminan convirtiendo el dolor en escenografía. Este estand parece intentar lo contrario: devolverle humanidad cotidiana.

Incluso en los detalles más pequeños aparece esa búsqueda. Los juegos colaborativos como Cosechas de memoria y verdad, las coplas campesinas, los jardines simbólicos, las conversaciones sobre naturaleza y territorio como víctimas del conflicto. Todo insiste en una memoria menos monumental y más comunitaria.

No una memoria vertical sino horizontal.

Mientras cae la tarde sobre Corferias y la feria empieza lentamente a vaciarse, el estand mantiene una especie de temperatura humana extraña. No parece agotarse con el paso de las horas. Quizá porque allí la gente no entra solamente a consumir contenidos culturales sino a reconocerse. O a intentar hacerlo.

Pienso entonces en algo que decía Pamuk sobre los museos pequeños: que su verdadera fuerza consiste en acercar las grandes historias nacionales a la escala íntima de las personas comunes. El espacio opera exactamente así. Toma la enorme maquinaria abstracta del conflicto armado colombiano y la devuelve a la dimensión concreta de las voces, los archivos familiares, los relatos locales, las fotografías, las canciones, los dibujos infantiles.

La memoria deja de ser una categoría jurídica o académica y recupera algo esencialmente humano: la necesidad de contar lo vivido antes de que desaparezca.

En Colombia, donde tantas veces el lenguaje oficial ha intentado domesticar el horror mediante cifras, el estand del CNMH propone otra velocidad narrativa. Más lenta. Más abierta. Más vulnerable también.

Y quizás allí resida su valor más profundo.

Porque escuchar de verdad siempre implica el riesgo de transformarse.

Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Espero contar con la comprensión y venia de mis eventuales lectores, pues voy a incurrir en la impudicia de citarme. Es más, de autoplagiarme, retomando apartes de una columna que escribí hace un año con motivo del día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas que, como sabemos, se celebra oficialmente cada año el 9 de abril. Entonces titulé esa columna con una pregunta que conserva plena validez y vigencia: “Colombia ¿Entre la victimización eterna y la reconciliación imposible?”[i]. Dicho interrogante conserva una dolorosa y grave vigencia, pues según el reciente informe de las Naciones Unidas, durante los últimos 4 años han sido asesinados 410 defensores de derechos humanos y líderes sociales y de acuerdo con el Registro Único de Victimas (RUV)[ii], ya sobrepasamos el escandaloso número de 10.269.759 víctimas del conflicto armado. Semejante estadística de violencia y horror es inconcebible en un régimen que se proclama democrático y que cada cuatro años celebra desde 1957 una “normal e ininterrumpida elección más”. Así llevamos 69 años entre urnas y tumbas. Una realidad política tan contradictoria e insostenible solo es posible en un Estado cacocrático, no en uno de derecho y democrático, carcomido por la impunidad y la mutua complicidad de sus sucesivos gobernantes que hacen de las elecciones una coartada perfecta para justificar una gobernabilidad más o menos ilegal y criminal. Pero también nos retrata como una sociedad éticamente insolidaria e insensible, muy poco o casi nada democrática, que contemporiza con la violencia según los intereses económicos y las simpatías partidistas de cada quien, pues muchos no reconocen la existencia, el sufrimiento y el desamparo en que viven millones de colombianos. La consideran una “narrativa” anodina, parte del paisaje, que no los afecta personalmente, hasta el día que se convierten en víctimas y ya es demasiado tarde. Es decir, desconocen a millones de compatriotas su igual condición de ciudadanos con derechos al goce pleno de sus vidas, libertades y bienes, arrebatados y conculcados impunemente por una frondosa criminalidad organizada y la incapacidad estatal para combatirla con legalidad y desarticularla con eficacia. Ya nos acostumbramos a esta “democracia” de víctimas irredentas y victimarios impunes, bien en nombre de la “seguridad democrática” uribista, la “paz con legalidad” de Duque e incluso la “Paz Total” de Petro, siempre y cuando podamos votar y sobre todo nuestro partido y candidatos ganar.

Maniqueísmo político en campaña

Y si a la anterior crisis humanitaria histórica sumamos ahora la peligrosa tensión polarizadora y maniquea entre las candidaturas presidenciales del Pacto Histórico y el Centro Democrático, en cabeza de Iván Cepeda con Aida Quilcué y de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, seguiremos extraviados en este infernal laberinto de acusaciones y deslegitimaciones, en donde cada parte sindica a la otra de los peores crímenes en nombre y la memoria de sus respectivas víctimas. Ya hasta se apela a una masculinidad homofóbica contra Oviedo, como lo hace la campaña de Abelardo. Así las cosas, la memoria y las víctimas se convierten en un pulso de narrativas y de cifras en busca del mayor número de votos. Entonces la política y las campañas en curso son rehenes del odio y de cuentas pasadas por cobrar, poco importa conocer las complejidades de lo sucedido y el alcance de las responsabilidades personales. Cada campaña reivindicará la memoria de sus víctimas, sus sufrimientos, vejaciones y verdades, con la absoluta certeza de ser moralmente superior a la de la contraparte en competencia y demostrar que sus propias víctimas tienen mayor categoría y dignidad que las del contrario. ¿Será más grave el secuestro de la guerrilla que el asesinato o la desaparición forzada de los “paras” o los cometidos por miembros de la fuerza pública? ¿El reclutamiento forzado de niños y niñas por las Farc o su bombardeo por parte del Ejército? ¿Las masacres perpetradas por los “paras”, las “guerrillas” o los “falsos positivos” oficiales? Sin duda, toda gradación y clasificación de las víctimas es una mayor degradación de su identidad y dignidad. Pero en el horizonte de cada campaña lo que importa es ganar la presidencia mediante la demonización y deslegitimación del contrario, proyectándolo como el único y principal responsable de la hecatombe actual y ser la encarnación de un criminal irredimible a quien no se le puede permitir por ningún motivo que tenga derecho a gobernar. Su tenebroso pasado de crímenes de lesa humanidad e impunidad anula su derecho a gobernar en el futuro. Su historia partidista o personal le niega de plano el ejercicio de la política y su pasado delictivo la posibilidad de un futuro diferente al de la cárcel y el repudio social. Argumentan que solo los considerados “ciudadanos de bien” tendrán derecho a elegir y gobernar, pues supuestamente sus líderes y ellos mismos nunca han tenido responsabilidad política, ni social y menos militar alguna con ese horripilante pasado de violencia. Basta recordar e imitar esa ejemplar reconciliación del Frente Nacional entre los máximos líderes de ambos partidos después de la tenebrosa Violencia de los años cuarenta y cincuenta, cuyo número de víctimas y principales protagonistas fue conveniente olvidar. Pareciera que somos incapaces de emitir un juicio político responsable sobre el pasado, más allá de nuestras simpatías partidistas de origen familiar, de clase, étnico o creencias religiosas. Somos maestros del maniqueísmo, pues solo los del otro partido son corruptos y criminales. En contraste, en nuestro partido solo hay candidatos virtuosos y de bien predestinados para gobernar con credenciales impolutas y un pasado ejemplar, propio de aristócratas. El resto, es una plebe de igualados y populistas que carecen de competencia para gobernar, camuflados en organizaciones de montonera con siglas políticas e históricas pretenciosas.

Una disputa horrorosa

Así llegamos a la actual disputa de las cifras del horror, que ya circulan velozmente por las redes sociales, pero también entre las mismas campañas. El Pacto Histórico exhibe los más de 6.400 “falsos positivos” de la “seguridad democrática” uribista y el Centro Democrático riposta con más de 18.000 niños y niñas reclutados por las Farc[iii], sindicando a Iván Cepeda de cómplice de semejante atrocidad, como si él hubiese sido comandante guerrillero y hasta abusador sexual. Incluso se revive el nombre de su padre, Manuel Cepeda Vargas, para asociarlo a un frente guerrillero de las Farc-Ep que se lo apropió y actuó criminalmente, mancillando así la memoria y actividad democrática de su padre como senador de la Unión Patriótica, quien fuera asesinado por agentes del Ejército nacional[iv]. Y en esa deriva maniqueísta del pasado se atribuyen con vehemencia y facilidad responsabilidades personales absolutas, sin un análisis riguroso del contexto histórico. Así aparece el abuelo de Paloma, el expresidente Guillermo León Valencia, como el único responsable oficial de la “operación soberanía”, que terminó engendrando a las Farc en 1964 en Marquetalia. Se omite la beligerante campaña del entonces senador Álvaro Gómez Hurtado contra las llamadas “repúblicas independientes”, el respaldo casi monolítico de los dos partidos tradicionales, los gremios y el contexto de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que propiciaron esos bombardeos y no atendieron fundamentales reivindicaciones sociales y reformas propuestas por los campesinos.

Un peligro inminente

Pero esa escalada de sindicaciones históricas es mucho más peligrosa, irresponsable y grave cuando se vive en presente y se lanzan acusaciones temerarias en desarrollo de la actual campaña, como la del expresidente Uribe contra Cepeda[v] al señalarlo de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo con el senador Miguel Uribe Turbay. Así se deslegitima de plano el debate electoral, pues se estigmatiza y señala a un adversario democrático, en este caso a Iván Cepeda, de ser un potencial criminal y el acusador se reviste con las prendas y la identidad de una futura víctima objeto de persecución y amenazas mortales. Con toda la razón, el candidato y senador Cepeda emplazó al expresidente Uribe a formular una denuncia penal en su contra y aportar las pruebas que tiene para tan grave sindicación. Es inadmisible promover en la actual campaña esa deriva de confrontación entre Cepeda y Paloma, quienes no pueden caer en esa trampa del pasado, salvo que pretendan gobernar con esa pesada carga de rencores y horrores y así perpetuar nuestra vida política como una disputa interminable entre víctimas irredentas y victimarios impunes. En adelante voy a autoplagiarme y retomaré lo que escribí hace un año, citando la célebre “Oración por la paz” de Jorge Eliecer Gaitán.

Una memoria para la democracia

“El próximo 9 de abril, oficialmente es el “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas” [i]. Una fecha memorable y dolorosamente actual porque en Colombia parece que nunca mueren las víctimas, pues vivimos en medio de una victimización incesante y permanente, cotidiana, cuyo origen histórico es casi imposible precisar. Es como si las víctimas fueran un signo de nuestra identidad nacional y del paisaje político. Desde luego, tampoco mueren los victimarios porque ellos siempre están asistidos de “buenas razones” y de una conciencia libre de toda sospecha y responsabilidad para cometer sus crímenes impunemente, generación tras generación. Algunos lo hacen en nombre del Estado, la Democracia, la Patria y la Seguridad, otros en nombre de la Justicia, la Revolución y hasta la Liberación Nacional. Todas palabras con mayúscula, como la magnitud de sus crímenes, tras los cuales ocultan la defensa de privilegios intocables, venganzas personales, ideologías fundamentalistas y hasta codicia sin límites. Pero hubo un hombre que intentó detener esa sangría interminable hace ya casi 80 años, Jorge Eliecer Gaitán, en un célebre discurso, casi olvidado, que se conoce como la “Oración por la Paz” [ii], pronunciada en la plaza Bolívar de Bogotá el 7 de febrero de 1948. Lamentablemente fue asesinado dos meses y dos días después en inmediaciones de la misma plaza.

La Oración por la Paz

Una oración muy pertinente para los próximos días de semana santa, pues contiene la principal clave para que los colombianos pongamos fin a esta victimización interminable e intentemos, 78 años después de su magnicidio, una reconciliación política auténtica, amplia, estable y duradera, que empieza por el reconocimiento que todos tenemos a la política sin apelar a la violencia verbal y exacerbante del odio que antecede a la directa y letal de las armas. Esa clave la encontramos en el siguiente aparte de la oración, dirigida a la conciencia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez, quien no la atendió: “Señor presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad”.  Esa petición es, ni más ni menos, la esencia de la democracia y si se hubiera atendido no estaríamos ahora naufragando en este mar de violencias degradadas, donde la política se mezcla inextricablemente con el odio, la venganza y la codicia”. Hasta aquí mi autoplagio del pasado. Ahora, vuelvo al presente.

¿De la victimización reciproca a la reconciliación política?

Es de esperar, entonces, que esta campaña en curso, con protagonistas como Cepeda, Quilcué y Paloma, con tanto peso histórico de sus antepasados en sus identidades y memorias, transiten no solo por “cauces de constitucionalidad” y legalidad, sino sobre todo que nos presenten horizontes de futuro. Que no pretendan hacer un imposible ajuste de cuentas político y mucho menos social con el pasado, azuzados por quienes saben más odiar que gobernar. Que se inspiren en estadistas y líderes como Gandhi y Mandela y nos propongan nuevos horizontes políticos, sociales y económicos para la reconciliación nacional. Horizontes que impidan la perpetuación de más generaciones de víctimas irredentas, sin derecho a su vida, identidad, verdades y reivindicaciones de equidad, pero sobre todo sin más victimarios impunes. Victimarios presentes en todo el espectro político, incapaces de reconocer sus responsabilidades y todavía empeñados en hacer campaña y gobernar en “modo guerra”, negando el valioso trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Porque sin el reconocimiento de todas las verdades, por dolorosas que sean y de sus principales responsables, nunca serán posibles una justicia reparadora y menos la reconciliación política.  Como sabiamente lo dijo el nobel de literatura José Saramago: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos vivir”. Sentencia que todos deberíamos tener en cuenta en desarrollo de esta tensa y crispante campaña presidencial para valorar la madurez y prudencia de todas y todos los aspirantes, sus fórmulas vicepresidenciales y así decidir nuestro voto con memoria y responsabilidad democrática, en solidaridad con todas las víctimas y repudio político y condena ética de todos sus victimarios, sean institucionales o ilegales, insurgentes o contrainsurgentes.  

[i] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/colombia-entre-la-victimizacion-eterna-y-la-reconciliacion-imposible/

[ii] https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/

[iii] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-establece-que-al-menos-18.667-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-fueron-reclutados-por-las-Farc-EP.aspx

[iv] https://www.infobae.com/colombia/2025/04/16/asi-fue-el-asesinato-de-manuel-cepeda-vargas-el-padre-del-senador-ivan-cepeda-gustavo-petro-anuncio-la-recaptura-del-exmilitar-condenado-por-el-crimen/

[v] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-03-23/el-camino-a-las-elecciones-presidenciales-colombia-2026-en-vivo.html

Estos cargos de representación popular constituyen la rama legislativa del Estado Social de Derecho y desde el punto de vista constitucional son los representantes del pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.

Desafortunadamente el prestigio de varios congresistas de la República está minado por prácticas clientelistas y corruptas, por ejemplo, como las que se presentan actualmente por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A partir de las declaraciones de Olmedo López se desencadenaron las capturas del representante Andrés Calle y del expresidente del Congreso Iván Name. La Corte Suprema de Justicia adelanta procesos contra Liliana Bitar y Wadith Manzur del Partido Conservador; Julián Peinado y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal; Karen Manrique (Citrep Arauca), Julio Chagui Flórez del partido de la U; Martha Peralta del Pacto y Juan Diego Muñoz del partido Verde. De estos dirigentes, Manzur busca la reelección en el senado.

Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, de los 1.078 candidatos al senado, 76 tienen investigaciones legales; en gran parte, pertenecen a partidos tradicionales como el Liberal, El Conservador, la U y Cambio Radical. El Pacto Histórico y el Centro Democrático también tienen algunos candidatos con estos problemas.

Además de esta lamentable situación, al considerar las propuestas de los candidatos y las candidatas a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, son pocos los que se comprometen a impulsar proyectos de ley que contribuyan a enfrentar la crisis ambiental que padecemos como humanidad, la cual amenaza todas las formas de vida y compromete seriamente el futuro de las próximas generaciones.

El tema ambiental no es un asunto menor y no debe marginalizarse a la hora de decidir por quién votar en las elecciones del 8 de marzo. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen dos opciones de elección: la primera apoyar una lista cerrada de un partido político; y la segunda apoyar a un candidato o candidata específico. Cada una de estas opciones tienen aspectos a favor y en contra.

Apoyar una lista cerrada expresa el compromiso con un proyecto y colectividad política que tiene una agenda establecida de acuerdo con principios, programas y estrategias construidas históricamente. Sin embargo, en las listas se pueden ocultar candidatos con problemas legales. Por ejemplo, José Vicente Carreño, del Centro Democrático busca reelegirse al Senado, aunque tiene investigaciones por desaparición forzada y presunto tráfico de influencias. César Lorduy y Didier Lobo, de Cambio Radical, también tienen investigaciones judiciales. David Racero, del Pacto Histórico, ha estado involucrado en situaciones preocupantes asociadas al presunto mal manejo de recursos públicos.

Apoyar directamente a un candidato o candidata permite examinar con mayor detalle su formación, experiencia y trayectoria política, así como la coherencia de sus propuestas y la viabilidad llevarlas a cabo.

Listas cerradas y el compromiso ambiental

Para las elecciones de este 8 de marzo, las colectividades Pacto Histórico, Oxígeno, Con Toda para Colombia, Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, han optado por presentar sus candidatos en listas cerradas, en las cuales los electores solo escogen la colectividad y no a un  candidato específico. Según el número de votos que obtengan, estas listas lograrán un determinado número de curules en el Senado o en la Cámara.

De estas colectividades políticas, puede afirmarse que los partidos y movimientos que constituyen el Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, en su mayoría, no tienen una preocupación relevante por atender los problemas complejos de la crisis ambiental. Estos se expresan en la destrucción de los patrimonios naturales del país, la inclemente deforestación, la contaminación química de la atmósfera, el suelo y el agua, la destrucción de la biodiversidad y diversidad cultural, el cambio climático, entre otros problemas que configuran esta crisis.

La agenda política de estas colectividades centra su atención en la idea de progreso y desarrollo económico capitalista como promesa para alcanzar la justicia, el bienestar y la equidad. Sin embargo, diversos trabajos académicos sobre la crisis ambiental señalan que uno de los problemas estructurales se asocia a este mito, pues el crecimiento económico no ha garantizado la superación de la pobreza y la justicia social, por el contrario, ha sobrepasado los límites ecológicos del planeta para la conservación de sus equilibrios, al sostener dicho desarrollo en función del extractivismo de la naturaleza.

Aunque el partido Oxígeno incluye en su agenda la protección del agua y de los páramos, líderes destacados de este movimiento como Enrique Peñalosa han demostrado todo lo contrario en su gestión. Peñalosa promovió la construcción longitudinal de la avenida Aló, que continuaba  fragmentando la red de vida de los humedales de Bogotá y, lo más grave, ponía en peligro la reserva Van der Hammen, uno de los patrimonios naturales de la ciudad que, junto con los cerros orientales, resiste las amenazas del crecimiento urbanístico incontrolado e insostenible.

El Pacto Histórico presenta avances en el terreno ambiental expresados en propuestas concretas que han promovido para avanzar en la necesaria (aunque aún insuficiente) transición energética. Se ha comprometido con detener la búsqueda de petróleo en el país y fomentar otras formas de energía como la eólica. Aunque la emisión de gases de efecto invernadero por uso de fuentes fósiles en Colombia es mínima en comparación con la de países como China, Estados Unidos, India, Rusia o la Unión Europea, esto no nos exime de nuestra responsabilidad ética con el planeta. Por lo tanto, por pequeño que pueda ser nuestro aporte, debemos contribuir con la mitigación del cambio climático, que ya nos afecta con las alteraciones en los periodos y frecuencia de las lluvias, impacto en los ecosistemas marinos, aceleración del retroceso de los glaciares y pérdida significativa de la biodiversidad.

Colombia no emite significativamente gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles; sin embargo, sí contribuye al problema con el uso inadecuado del suelo, las prácticas ganaderas en vastos territorios nacionales y, sobre todo la deforestación que se intensifica en nuestros bosques tropicales. Estos proveen de agua a los páramos, los cuales, a su vez, abastecen a todos los capitalinos y además constituyen importantes sumideros de carbono, aportando de esta forma a mitigar el cambio climático.

Sin trabajar en específico por el tema climático, Esmeralda Hernández del Pacto Histórico desde su actuación en el Senado, abraza la causa ambiental y aspira de nuevo a reelegirse ocupando la novena posición de la lista del Pacto. En su trayectoria política, se destaca por ser la autora del proyecto de Ley No Más Olé, que recoge las demandas del movimiento animalista en Colombia en contra del maltrato y el sufrimiento animal. También logró la aprobación de la Ley humedales para protegerlos y la Ley del rescate animal que son los que más sufren los efectos de las emergencias naturales o antrópicas como los incendios forestales.

Por otro lado, Yaini Contreras ocupa la posición 17 en la lista cerrada del Pacto al Senado y su condición de lideresa indígena del Pueblo Zenú en Córdoba y Sucre, le otorga un valor especial en el campo ambiental. Específicamente ha participado en la Asociación de Productores Indígenas Agroecológicos que se constituye con un referente en la promoción de prácticas responsables con la madre tierra.

Voto preferente por candidato

Elegir directamente a un candidato o candidata al Congreso de la República facilita la toma de decisión con responsabilidad y compromiso ético, ya que posibilita centrar la atención en el análisis de la formación y la trayectoria política de quien será elegido. Es posible corroborar si está inmerso en alguna investigación judicial o si ha hecho parte de escándalos políticos o situaciones que comprometan su idoneidad y transparencia. No es lo mismo votar por una lista cerrada que puede esconder candidatos cuya reputación ha sido cuestionada con evidencias consistentes o camuflar a aquellos que no tienen una amplia trayectoria con comunidades. Estas postulaciones pueden obedecer a intereses particulares de grupos o familias de poder, independientemente del partido, sea este de izquierda, derecha o centro.

Gran parte de las personas que aspiran al Senado y a la Cámara no tienen propuestas o experiencias ambientales significativas, lo que evidencia que esta problemática aún está marginalizada de la política legislativa. Predomina así un pensamiento antropocéntrico que desconoce la naturaleza como sujeto de derechos y la instrumentaliza para obtener recursos y beneficios, sin evaluar los costos e implicaciones a corto, mediano y largo plazo.

En realidad, los seres humanos somos naturaleza y dependemos de ella, por lo tanto, todas las acciones que generamos sobre esta también repercuten en nuestras vidas y bienestar. Por esa razón, la concepción moderna de una supuesta superioridad humana para controlar, domesticar, manipular, explotar y apropiar todo lo existente en la naturaleza se derrumba frente a los efectos de la crisis climática que cada vez golpeará con mayor contundencia los distintos asentamientos humanos.

Dentro de los pocos candidatos o candidatas que incorporan en sus idearios la agenda ambiental, encontramos a Carolina Agudelo por el Nuevo Liberalismo, ella es aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá, además de proponer proyectos de ley para la autonomía económica de las mujeres y el reconocimiento salarial de los docentes que trabajan con la primera infancia en el sector privado, también propone un eficiente control político al fallido modelo de manejo de residuos sólidos producidos en Bogotá. Se conoce que, aproximadamente más del 50% de estos residuos son orgánicos y no se aprovechan, aumentando el problema insostenible de los rellenos sanitarios, siendo necesario la construcción de un nuevo modelo que los aproveche en toda la cadena de valor y que se abra paso a la generación de energía a partir de procesos de transformación sustentable.

Julia Miranda Londoño también del Partido Nuevo Liberalismo es candidata a la Cámara y se destaca por su trayectoria política en temas ambientales, fue autora de varios proyectos de ley en esta materia, destacándose la generación de medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares contaminantes, la conservación de humedales, las condiciones especiales para el transporte de fauna silvestre rescatada,  la prohibición de prácticas de entrenamiento cruel con animales, la enseñanza de las sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo, el reconocimiento del desplazamiento forzado por causas climáticas, entre otros temas. 

Andrea Padilla Villarraga del Partido Alianza Verde, actualmente es senadora y aspira a reelegirse, se destaca por la autoría de proyectos de ley sobre la prohibición de prácticas de entretenimiento cruel con animales, la promoción al reconocimiento de personas cuidadoras y rescatadoras de animales domésticos. Ha buscado que los zoológicos, acuarios y aviarios se constituyan en espacios de refugio y ha impulsado la protección de la Amazonia y el reconocimiento del desplazamiento humano por el cambio climático, entre otros asuntos.

Duvalier Sánchez Arango es de la misma colectividad de Andrea Padilla, se desempeña como representante a la Cámara por la circunscripción del Valle del Cauca y aspira al Senado en estas elecciones. Se destaca por la acción climática y la movilidad sostenible, al promover la protección del medioambiente a partir del uso de la bicicleta como transporte alternativo y ha buscado la protección del campesinado como sujeto especial de protección constitucional.

Nuestro ejercicio democrático en la elección popular de los nuevos representantes a la Cámara y al Senado implica un gran responsabilidad política y ética con el futuro del país y sus regiones. Por esa razón, debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros.

Además de evaluar las propuestas en términos de los aspectos sociales más sentidos, también analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares. Como se diría en la lengua indígena más hablada de nuestra américa, la lengua Quechua: “La tierra es nuestra herencia, debemos protegerla para las futuras generaciones”. “La naturaleza es nuestra vida, debemos protegerla”.

Debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros. También analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares.

@LeoMartinezUPN

Universidad Pedagógica Nacional, Colombia/ / Universidad de San Isidro, Argentina

El pasado 3 de febrero se celebró el 97 cumpleaños de Jorge Camilo Torres Restrepo y el 15 de febrero se conmemoraron los 60 años de su paso a la inmortalidad. El sacerdote–sociólogo colombiano se convirtió en el primer colombiano universal a raíz de su decisión última de unirse a las filas rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) convirtiéndose en el “cura guerrillero”.

Camilo Torres ha vuelto a estar en el centro de la opinión nacional por la identificación y posterior entrega de sus restos mortales al padre Javier Giraldo Moreno, justo el 15 de febrero del año en curso, después de que el difunto general Álvaro Valencia Tovar decidiera ocultarlos y desaparecerlos desde el mismo día de su muerte, incurriendo en un crimen de guerra y de lesa humanidad, en una mezcla de alevosía y premeditación, con la complicidad, complacencia y/o connivencia del establecimiento político, económico, eclesiástico y castrense.

Ciertamente, la decisión y acción de Valencia Tovar merecería una reflexión seria y profunda, y, a su lado, una explicación de por qué Camilo Torres se puede y debe considerar y reconocer como una víctima de desaparición forzada. No obstante, en esta ocasión prefiero proponer dos grandes desafíos que deben enfrentarse para comprender cabalmente su vida–obra y sugerir algunas coordenadas de ésta.

Dos grandes desafíos

Desde el mismo día de su muerte y desaparición Camilo se convirtió y consolidó como un mito. Esto no es malo porque los pueblos necesitan sus mitos. Lo que conviene es considerar el sentido que reviste tal mitología.

El mainstream de la literatura disponible acerca de él, sobre todo la que se produjo durante las primeras dos décadas después de su muerte (1966–1986), convirtió la figura del “cura guerrillero” en lo que llamo un mito–fetiche, es decir, una figura mesiánico–militarista que reduce la experiencia de Camilo a un solo momento de su vida (su vinculación a la lucha armada), haciendo de ese pedazo un discurso que pretende explicar la totalidad de su vida–obra, aunque niegue tal reduccionismo, y que termina opacando otras facetas y dimensiones.

A la larga, el mito–fetiche construye un “ídolo” a medida ante el cual solo quedan dos opciones posibles. La primera es rendir un culto obsecuente e irreflexivo que conduce a aceptar como “dogmas” sus postulados y decisiones, exaltando sus dotes militares como “guerrillero ejemplar”, “comandante en jefe” u otras definiciones. En ella han incurrido sectores opositores del statu quo, incluidas facciones de izquierdas. La segunda, es abjurar y apostatar rechazando totalmente cualquiera de sus gestos, viendo como una contradicción lo que en realidad es una paradoja, etiquetándolo como “asesino” o “criminal” (con el desparpajo propio del tiempo de la posverdad que no requiere de pruebas). En ella han incurrido sectores del establecimiento colombiano (político, religioso y académico).

Por cualquiera de las dos vías, el mito–fetiche del “cura guerrillero” no sirve para recuperar la profundidad de la experiencia de Camilo, impide la comprensión cabal de su vida–obra y no alimenta con su savia las luchas populares.

Así pues, sugiero abandonar la identificación del “cura guerrillero” con el mito–fetiche, para comprenderlo como un mito–símbolo. Este giro interpretativo no niega su condición insurgente, ni busca una desodorización histórica, por considerar “mala” o “equivocada” su decisión última; más bien, apunta a comprender que su vinculación con la lucha armada es producto de un devenir coherente de su trayectoria, decisiones, comprensión del mundo y posicionamiento en su actuar.

Como se sabe, la palabra símbolo proviene del griego symbolon, que tiene el prefijo sin– (con, juntamente) y el sufijo –ballein (lanzar, arrojar, tirar) que significa lanzar conjuntamente y reunir. En sus orígenes, se consideraba al símbolo como un objeto que estaba partido en dos y cuyas partes eran conservadas por personas distintas, y que al unirlas les permitía ser reconocidas como portadoras de un compromiso o una deuda. Luego aparece el symbolum (que se traduce como “signo” o “contraseña”) y con el tiempo devino en un tipo de elemento que representa una entidad, una idea o una condición, siendo sinónimo de distintivo, insignia, ícono o emblema.

Paul Ricouer, Joseph Campbell y Mircea Eliade, entre otros, nos enseñan que los mitos, en tanto símbolos, revisten de fuerza explicativa profunda, capacidad de condensación y síntesis poderosa, y, en ocasiones, de sacralidad trascendente. Así pues, todas, todos y todes podemos disputar y discutir el sentido del mito–símbolo e, incluso, otorgarle un nuevo significado, lo cual es muy provechoso para las luchas populares y las tareas revolucionarias por la emancipación.

El segundo desafío está en destruir los moldes explicativos de la vida–obra de Camilo. En su obra Hacia una destrucción de la historia de la ética, Enrique Dussel señala que “destruir” no se refiere a lo que el sentido común asocia, es decir, no alude a la pulverización, reducción a pedazos o aniquilamiento. Más bien, acudiendo a la etimología, enseña que el verbo “destruir” está compuesto por el sufijo “–struo” que significa juntar, hacinar, amontonar, y es antecedido por el prefijo “De–” que es justamente su negación. Así, “destruir” es sinónimo de desatar, desarticular, desmontar y separar una estructura para poder rearmarla. En el caso de la vida–obra de Camilo es necesario de–struir los tres moldes interpretativos canónicos.

Al primero lo llamaré molde–escalera pues presenta la vida–obra como un camino lineal que va del sacerdocio a la sociología y de allí a la dirigencia política y la lucha guerrillera, siendo esta última el “eslabón más alto que puede alcanzar la humanidad”, al decir del Che Guevara. El molde–escalera se articula estrechamente con el mito–fetiche. Por ello, conviene más comprender su devenir en períodos coherentes que den cuenta de sus procesos articulados.

En segundo lugar, está el molde–pozo, que concibe los “campos” – en el sentido de Bourdieu– de su vida–obra como compartimientos estancos. Las fronteras internas de la vida–obra de Camilo son impuras y barrosas, pues siempre se mezclan las reflexiones–acciones teológicas, sociológicas y políticas. Por ello, en su lugar, sugiero comprender su vida–obra como un conjunto de vasos comunicantes o como un estuario.

El tercero lo defino como molde–libresco, que le niega a Camilo la condición de vida–obra por considerar que una “obra” se reduce a la producción de conocimiento escrito, que en nuestro tiempo alude a artículos académicos, capítulos y, sobre todo, libros. Desde esos criterios, pues sus aportes son bastante magros, y lo mismo podría decirse de Jesús de Nazaret, Sócrates y muchos pueblos indígenas; incluso, el propio Antonio Gramsci no escribió ni un solo libro. Así pues, en su lugar, conviene seguir al propio Gramsci, quien recomendaba que la obra de Lenin se comprendía en la articulación entre lo que dijo y lo que hizo, es decir, la praxis; y, a su lado, las de Orlando Fals Borda, quien retomaba de las comunidades pescadoras del río San Jorge, en el caribe colombiano, la idea de articular el pensamiento y el sentimiento, esto es, el sentipensar.

La obra de Camilo se halla en el cruce de caminos entre la praxis y el sentipensar dando lugar al neologismo de sentipraxis que tiene como sustrato la radicalidad de la coherencia y el compromiso. Debe comprenderse como un devenir o un estar–siendo, un entramado que hilvana los principios de complejidad (Morin), totalidad (Marx) y exterioridad (Levinas y Dussel).

El hilo conductor

Al superar los dos desafíos (la figura del “cura guerrillero” como mito–fetiche y los tres moldes explicativos), se revela el hilo conductor de la vida–obra de Camilo: su condición de educador, de pedagogo. En efecto, su vida–obra está atravesada por una sentipraxis que lo convierte en un maestro de las masas populares que, al igual que Frantz Fanon y Paulo Freire, fue educado por su pueblo en los procesos de lucha social y transformación subjetiva. Su condición de educador/pedagogo se deriva de su sentipraxis pedagógica o educativa, dependiendo desde donde se lo vea.

Desde la filosofía latinoamericana de Enrique Dussel (en su libro La pedagógica latinoamericana), podemos verla como sentipraxis pedagógica, ya que alude a un proceso colectivo de enseñanza–aprendizaje y que reivindica la cultura, la espiritualidad y la historia popular, cuya clave está en escuchar la voz de la otredad e inclinarse ante su presencia. Aquí lo pedagógico no alude a la pedagogía, ni se circunscribe a ella, en el sentido de ser una ciencia de la enseñanza y el aprendizaje y, por tanto, no se reduce al aula, como su espacio tradicional y privilegiado.

Por su parte, desde el campo educativo y de las pedagogías críticas (véanse el brasilero Dermeval Saviani y los colegas chilenos Fabián Cabaluz y Cristian Olivares Gatica), se la puede definir como sentipraxis educativa, como una práctica social que busca incidir en la subjetividad para transformar la realidad sociohistórica o (re)producirla, donde el propósito central es convencer y no vencer. En este caso, también se trata de un fenómeno que excede lo estrictamente técnico–pedagógico y trasciende las aulas.

La sentipraxis pedagógica o educativa de Camilo mantiene una estrecha relación dialéctica con la política, con la intervención en las cuestiones públicas, con la interpelación a las instituciones de todos los niveles, y establece ese intercambio dinámico entre el poder de la verdad y la verdad del poder, lo mismo en el poder instituido como en el instituyente.

Ahora bien, esta sentipraxis se expresa a través de tres tipos de magisterios, entendiendo por magisterio el oficio del magíster, del maestro o maestra: el institucional, el social–popular y el revolucionario.

En sus magisterios, Camilo se desenvuelve en la educación formal como en la educación popular, casi en paralelo, aportando elementos a cada una de ellas. Así, en la educación formal, articuló de manera decidida y nítida la docencia, la investigación y la extensión, es decir, el escritorio y el territorio para producir conocimientos situados de la realidad, en los que se combinen el diálogo y la interculturalidad con el pensamiento propio y creativo de cuño anticolonial, y no sólo descolonial.

Una gran síntesis de esta perspectiva fue la creación del Movimiento Universitario y Profesional de promoción de la Comunidad (MUNIPROC), que desarrolló sus acciones principalmente en el barrio de Tunjuelito y que le hizo acreedor al Premio Nacional de Beneficencia “Alejandro Angel Escobar”, que reconoció el valor científico y social de su enfoque pedagógico. Asimismo, su presidencia del Consejo Interfacultades para el Desarrollo de la Comunidad de la Universidad Nacional, en el que canalizó el conocimiento de diversas disciplinas hacia la solución de problemas comunitarios, en un horizonte cercano a lo que hoy se conoce como extensión universitaria crítica (o solidaria).

En cuanto a la educación popular, si se entiende como un proceso que busca apoyar a los sectores populares en sus caminos de concientización y organización para que transformen sus realidades, pues justamente Camilo promovió la triada conciencia–organización–acción. Estaba convencido que el fundamento de todo era la conscientización, es decir, la toma de conciencia de la condición de sujetidad histórica de las clases populares.

La educación popular es, en esencia, una educación del pueblo, y puede hacerse desde espacios institucionales formales, aunque en el devenir de la historia se haya hecho privilegiadamente desde afuera. Nada impide una praxis y no se niegan las instituciones, pero tampoco se desconocen su rigidez y cristalización. De allí que lo interesante es que en sus formas de educación popular él usa las instituciones como plataforma o catapulta para articularse con las comunidades con miras a la transformación radical. Por ello, sus experimentos más notables son, primero surgidos desde adentro de las instituciones, como el MUNIPROC y la Unidad de Acción Rural de Yopal (UARY) y luego el Frente Unido del Pueblo (FUP) y su paso al ELN.

La sentipraxis educativa o pedagógica de Camilo Torres parte de dos principios: el principio material de la vida, pues busca comprender y ayudar a resolver los problemas que impiden el devenir de la vida misma de las personas, ya sea que nieguen la vida de la manera que sea porque, para estos fines, lo mismo vale matar que dejar morir; y el principio del Amor Eficaz, que lejos de cualquier sentimentalismo, se trata de una ética radical de la alteridad y de un criterio de definición (en los sentidos dados por Enrique Dussel y Franz Hinkelammert) que, por definición, asume una fe antropológica: creer en la otredad es el criterio para crear junto a la otredad.

Siguiendo la pista de connotados autores colombianos, como Orlando Fals Borda, Mario Peresson, Miguel Ángel Quiroga Gaona, Fernando Torres Millán y Néstor Camilo Garzón, y tomando nota atenta de que Paulo Freire alude a Camilo en sus dos obras fundamentales (Pedagogía del oprimido y Pedagogía de la esperanza), puede considerarse que su sentipraxis educativa o pedagógica se constituye en antecedente, prototipo o prefiguración de lo que años después de su muerte adoptó los nombres de Educación Popular (propiamente dicha) e Investigación–Acción Participativa (IAP).

A manera de cierre

Justamente, en la intersección entre educador popular e investigador militante está el núcleo de su rol como dirigente revolucionario y es allí donde pueden buscarse las claves explicativas de su condición de intelectual orgánico integral (al decir de Gramsci) y referente insoslayable de la política de la liberación indo–afro–latinoamericana.

Al mismo tiempo, de allí pueden recuperarse su condición de pensador crítico radical de todas las instituciones (iglesia, estado, academia) y sus aportes sustantivos a la teoría y práctica del cambio social revolucionario: su sentido del poder, su comprensión plural de la sujetidad histórica protagónica y su perspectiva de la organización que invierte la pirámide tradicional para dejar, en esta nueva geometría, a las bases arriba de las dirigencias, devolviéndoles a aquellas su lugar de protagonistas del cambio y a éstas su papel de servidoras obedienciales de la lucha popular que se enfrentan a todo tipo de fetichismo y corrupción del poder, comenzando por el burocratismo.

Desde este punto de vista, Camilo se ubica en el corazón del pensamiento crítico continental de cuño liberacionista, aportando elementos centrales también para la Teología de la Liberación y el (eco)socialismo Raizal. Parafraseando el preámbulo del Manifiesto Comunista, puede decirse: “Un fantasma recorre el pensamiento crítico de nuestro continente. El fantasma de Camilo”.

Referencia bibliográfica:

Torres, Restrepo, Camilo. (2025). Cristianismo y revolución. 2a ed. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Herrera Farfán, Nicolás. (2023). El profeta A(r)mado. Camilo Torres Restrepo. Biografía mínima. Bogotá: Editorial Laboratorio Educativo.

Umaña Luna, Eduardo. (2003). Camilo y el nuevo humanismo. Paz con justicia social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El primer semestre de 2025 fue muy trágico para los defensores de derechos humanos en Colombia. Entre enero y junio de este año asesinaron a 78 activistas -una cada casi dos días y medio- y se registró un total de 342 agresiones individuales cometidas en contra de 308 defensores de derechos humanos. En algunos casos, varias personas fueron víctimas de más de un tipo de agresión en un mismo hecho.

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En relación con el mismo período de 2024, el total de agresiones registradas mostró una leve disminución del 3 % (diez hechos menos). Muchos de estos hechos de violencia tuvieron lugar en escenarios de crisis humanitaria que aparecieron o se agravaron durante el primer semestre de 2025.

Estas cifras salen del informe semestral del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) del Programa Somos Defensores. Según estos datos, la cifra de asesinatos en este periodo (78) representa un preocupante incremento del 20 % en la violencia letal desplegada contra defensores colombianos respecto al primer semestre de 2024.

En el informe sobresalen los hechos ocurridos en el suroccidente de Colombia, que concentra el 46 % de los homicidios, y especialmente en la región de Nariño, que registró un incremento del 500 % en los asesinatos respecto al primer semestre de 2024, pese a albergar dos de los principales escenarios de diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro y grupos armados en busca de la paz: los bloques Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

En los primeros seis meses de este año, también se registró un aumento del 6 % en los eventos de conflictividad social respecto al mismo periodo del año pasado. La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 1834 sucesos de este tipo en 395 municipios y, además, identificó que “los mayores aumentos de un período a otro se observaron en conflictos por el incumplimiento del acuerdo para la finalización del conflicto armado”.

“En numerosos territorios donde las personas ejercieron el derecho a defender derechos, ocurrieron igualmente confrontaciones entre actores armados legales o ilegales que cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Ejemplo de ello son las restricciones a la movilidad, el desplazamiento forzado y el confinamiento”, dice parte del informe.

Astrid Torres, coordinadora de la ONG Programa Somos Defensores y miembro de la red de la organización internacional Global Witness, explicó a Mongabay Latam que el documento analiza también 175 amenazas, 30 desplazamientos forzados, 22 atentados y 14 desapariciones forzadas de defensores, entre otros hechos violentos dirigidos contra quienes defendieron derechos durante el primer semestre de este año.

Las regiones más violentas

Los departamentos que concentraron la mayoría de los casos siguen siendo el Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %. Le siguen Norte de Santander y Valle del Cauca, que, comparados con el primer semestre de 2024, tuvieron un incremento del 78 % y 114 %, respectivamente. Mientras que la ciudad de Bogotá concentró casi una décima parte de las agresiones registradas en todo el país y cada vez es un escenario más difícil para la defensa de derechos.

“Los liderazgos que concentran la mayoría de agresiones continúan siendo los mismos del semestre anterior y además conservan el mismo orden”, destacó Torres, quien enumeró las vulneraciones: primero están los defensores indígenas, que reúnen el 28 % de los casos registrados en el primer semestre de este año. Le sigue la defensa comunitaria con el 23 %, el comunal (urbano) con el 14 % y el campesino con el 8 %.

Luego se encuentran dos sectores que, comparados con los seis primeros meses de 2024, presentaron un incremento significativo: el sindical, que con 30 casos más aumentó en un 900 %, y el ambiental, que con 17 agresiones más tuvo un incremento del 31 %.

“En Colombia seguimos sin una política estatal y de emergencia efectiva capaz de proteger estos liderazgos que ya están advertidos y que también ya están en riesgo, esa es la complejidad”, cuestionó Torres.

Mongabay Latam no obtuvo una respuesta del Gobierno de Colombia para conocer su percepción sobre la violencia contra los defensores de ese país. Se envió un pedido de solicitud al Ministerio de Justicia, pero no hubo respuesta.

La Corte Constitucional de Colombia concluyó la semana pasada que existen entidades públicas colombianas que vulneran los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal. Este tribunal analizó la tutela presentada por una líder indígena víctima de desplazamiento y amenazas y del homicidio de su cónyuge, ocurrido en 2024.

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La Corte constató que, a pesar de los riesgos persistentes, la Unidad Nacional de Protección (UNP) modificó su esquema de protección reduciendo las medidas previamente otorgadas. La Corte consideró que la actuación administrativa careció de motivación suficiente y desconoció el enfoque diferencial de género y etnicidad que exige la jurisprudencia. En consecuencia, ordenó restablecer el esquema original e impartió instrucciones para reforzar la protección del núcleo familiar de la accionante.

Un segundo caso corresponde a un líder indígena que alegó amenazas de grupos armados por su trabajo comunitario. En su caso, la Corte declaró improcedente la acción de tutela por no haberse agotado los mecanismos ordinarios, aunque reiteró que la población defensora de derechos humanos requiere especial atención del Estado.

Actores desconocidos

El documento del Programa Somos Defensores también muestra que en la mayoría de los casos la presunta responsabilidad de las agresiones se continúa atribuyendo a autores desconocidos, que actuaron en el 40 % de los hechos. Les siguen los grupos post acuerdo de paz, con el 26 %. Luego están el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras paramilitares, con 12 % cada uno.

Con respecto a las mujeres defensoras de derechos humanos, en el primer semestre del año se dirigieron 83 agresiones en contra de 74 personas: la amenaza (con 53 hechos) fue la más recurrente, seguida de los asesinatos (con diez hechos), los desplazamientos forzados (ocho hechos), los atentados (seis hechos), la desaparición forzada (tres hechos) y los secuestros (tres hechos).

Este documento también detecta regiones donde las labores de los liderazgos se vieron directamente afectadas por escenarios de crisis humanitaria y la presencia de despliegue militar y grupos armados ilegales. En este último caso se muestra que continúa la confrontación armada y las disputas de control territorial, la degradación de métodos de guerra que afectan directamente a quienes ejercen liderazgos y un silencio de las agresiones cotidianas en territorios donde se han expandido y consolidado los grupos armados, como sucede con el Clan del Golfo-Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Desde el Programa Somos Defensores se manifiesta preocupación por la militarización de los territorios y los nexos denunciados entre la fuerza pública con grupos armados ilegales”, se afirma en el documento. Además, la organización presentó un análisis crítico sobre la fragmentación de la política de paz total del Gobierno nacional y las interrogantes que existen de cara al futuro, haciendo énfasis en los procesos que se están dando en Nariño y Catatumbo, dice el informe.

Mientras, la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia, entidad encargada de la protección de los derechos humanos en ese país, reveló que en los primeros cinco meses del año hubo 81 asesinatos de personas defensoras y liderazgos sociales en el país. Estas cifras incluyen a defensores del ambiente, pero también a líderes políticos y miembros del Estado.

Esta entidad sostiene que para su registro contrasta información con organizaciones sociales y la Fiscalía General de la Nación. Para los primeros tres meses del año, la institución reportó 41 casos, cifra similar a la reportada por Somos Defensores.

“En Colombia, el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos sigue siendo un gran desafío, a pesar de los avances obtenidos en espacios como el Seminario Nacional de concertación de la Política Pública Integral de Garantías. Si bien allí se propició un espacio de diálogo con vocerías de todo el país, aún no hay medidas eficaces para preservar la vida de quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos”, afirmó Juan Manuel Quinche, responsable del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH).

Imagen principal: la organización Programa Somos Defensores contabilizó 78 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre de 2025. Foto: cortesía Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hace unas semanas Toc Talk me invitó a ver “Noviembre”, película de Tomás Corredor que revive la memoria de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Desde hace unos años no leo nada previamente sobre películas o series, así que no tenía ningún contexto. Sin embargo, cuando llegamos con mi esposo a la proyección alcancé a escuchar algo del grupo focal que acababa de ver la película.

“Prepárate para llorar”, me dijo Andrés Páramo.

Hice mi mejor esfuerzo para no escuchar los comentarios de la gente que había visto la película, gente de mi generación. Esto suena un detalle menor, pero no. En mi grupo focal había muchos jóvenes que no tenían mucho contexto del Palacio y pues… bueno, eso marca la diferencia en cómo te acercas a la historia.

Debo decir que “Noviembre” me gustó mucho. Es de las buenas historias que he visto este año. Me encanta que trasciende la discusión del bueno y el malo y se queda en unos tonos de grises donde reina la humanidad en escenas donde se comparten unas pastas para el dolor, el duelo o el miedo.

 “Noviembre” abre una nueva discusión sobre el Palacio de Justica desde el Estado, pero también desde los ciudadanos. Puede ser que desde el periodismo la información se quede en números, más que en historias, pero también es debatible el poco interés que tenemos por acercarnos a nuestros acontecimientos nacionales.

Precisamente, al ver esta película recordé que hace un par de años vi la exposición “Huellas de desaparición. Los casos de Urabá, Palacio de Justicia y Territorio Nukak”, el resultado del proyecto de investigación realizado desde marzo de 2019 por la Comisión de la Verdad y por Forensic Architecture, agencia de investigación con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres. Es el primer avance de hallazgos investigativos de la Comisión de la Verdad.

Esta exposición se pudo ver entre el 2021 y 2022 en el Museo Miguel Urrutia de Bogotá, MAMU, y dejó claro algo: desaparición es una constante en Colombia; pero hay diversas desapariciones. En el caso del Palacio de Justicia se enfocaron en la desaparición forzada de personas. En Urabá se centraron en la desaparición de la tierra, los paisajes, las fincas y la vida campesina: y en el Amazonas se concentraron en la desaparición del ecosistema y las formas de vida del pueblo Nukak.

Películas como “Noviembre” vienen a remover mi memoria. ¿Qué tan pequeña estaba cuando ocurrió la toma y retoma del Palacio de Justicia? ¿Por qué, a pesar de haber trabajado en El Espectador, este tema es tan lejano para mí? ¿Por qué una exposición y una película tocan mis fibras más que el informe noticioso?

¡Qué maravilla lo que hace el arte en mi!

“Noviembre” se estrena este 2 de octubre en salas de cine en Colombia.

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte