Antes de que los creadores de contenido fueran reconocidos como una industria, Sebastián Giraldo ya entendía el poder que tendrían para transformar la comunicación, los negocios y la manera de construir influencia.

Su historia empresarial comenzó mucho antes de las redes sociales. Giraldo desarrolló proyectos en turismo, educación, entretenimiento y tecnología; desde una agencia de viajes especializada en excursiones de prom y un colegio campestre hasta eventos y una plataforma digital enfocada en la construcción de comunidades.

Fue precisamente observando los cambios en la sociedad cuando identificó una transformación que terminaría marcando su carrera: el poder de comunicar estaba dejando de pertenecer exclusivamente a los grandes medios.

“Entendí que el celular era la nueva televisión, la nueva radio y las nuevas revistas, y que se convertiría en un gran poder social”, afirma.

Mientras muchos todavía veían fotografías, videos y seguidores, Giraldo entendió que detrás de cada creador podía existir una marca, una empresa, una comunidad y una nueva forma de influencia social. También vio una industria que avanzaba mucho más rápido que su propia estructura: había talento y grandes audiencias, pero faltaban profesionalización, reconocimiento, representación y oportunidades.

De los seguidores comenzó entonces a vislumbrar la construcción de una verdadera industria. De esa visión nació Instafest Awards, en un momento en el que los creadores digitales ya movilizaban grandes comunidades, pero todavía no contaban con escenarios que reconocieran profesionalmente su trabajo.

Lo que comenzó como una premiación evolucionó hacia un ecosistema de visibilidad, relacionamiento y oportunidades alrededor de la creación de contenido. Según cifras de la organización, Instafest ha alcanzado un impacto digital de 694 millones, extendiendo además su presencia a diferentes países.

Con los años, la visión de Giraldo también trascendió los premios. Impulsó CREACODI, que hoy reúne, según la organización, a 42.000 creadores de contenido en 32 seccionales; con el propósito de contribuir a su representación, profesionalización y discusión de asuntos como derechos, deberes y protección de menores.

Posteriormente llegó Wefu Corporation, una apuesta que amplía su mirada hacia el papel de la tecnología en la construcción de nuevas formas de comunidad. Tres proyectos distintos que Giraldo resume bajo una misma evolución: “Instafest nació para reconocer, CREACODI para representar y Wefu para imaginar y construir nuevas posibilidades”.

Después de años trabajando junto a creadores, conectándolos con oportunidades y participando en la evolución de esta industria, medios y miembros de la comunidad comenzaron a llamarlo “el influencer de los influencers”, un reconocimiento que refleja el lugar que ha construido dentro del ecosistema digital.

Pero Giraldo asegura que su lugar nunca ha estado en competir por sus audiencias, sino en construir plataformas para que otros puedan crecer.

“Mientras algunos ven seguidores, nosotros intentamos ver seres humanos, profesionales, empresarios y agentes de transformación”.

Esa visión también cambió su manera de entender su propio trabajo. Lo que comenzó alrededor de eventos y entretenimiento terminó convirtiéndose en algo mucho más grande.

“Cuando comprendes que estás construyendo un ecosistema, empiezas a pensar en personas, instituciones, empresas y oportunidades. Cuando piensas en propósito, mides el éxito en legado”.

Hoy su visión apunta a llevar los proyectos construidos desde Colombia hacia Latinoamérica y posteriormente al mundo, mientras continúa trabajando por una industria digital más profesional, responsable y consciente. Y después de años inmerso en tecnología, audiencias e influencia, su próximo propósito parece paradójico pero contundente: humanizar la tecnología.

Para Sebastián Giraldo, el futuro no consiste únicamente en alcanzar a más personas, sino en lograr que todo ese alcance tenga propósito.

“La influencia verdadera no consiste en que muchas personas te conozcan. Consiste en que muchas personas confíen en lo que estás construyendo”.

Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Meet hace parte de una serie (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

María José de la Hoz, directora de Centro de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad de Cartagena designó a las profesionales Yulissa Martínez y Valeria Sarmiento para ofrecer la inducción a interesados de todos los municipios de Bolívar y del Caribe.

La charla mostrará la oferta de pregrados, las vías de admisión (regular y cupos especiales), puntajes de Saber 11 de referencia por programa, políticas de bienestar universitario.

Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace: https://meet.google.com/rmz-ptip-jru

Universidad casi bicentenaria con acreditación de alta calidad

La casi centenaria (fue fundada en 1827) Universidad de Cartagena ofrece:

• 27 pregrados presenciales
• 7 pregrados a distancia en seis sedes regionales (centros tutoriales)
• más de 3.000 cupos en pregrado por semestre
• de los cuales alrededor de 225 se asignan por vías especiales

Dado que más de la mitad de los cupos especiales no logran ser utilizados, desde la sociedad civil la Fundación Color de Colombia apoya los esfuerzos de difusión de las oportunidades de acceso a educación superior de calidad.

Por el Acuerdo 66 de 2024, la Universidad de Cartagena asigna cupos especiales a los siguientes grupos de bachilleres:

• Comunidades indígenas
• Comunidades negras
• San Andrés, Providencia y Santa Catalina
• Sur de Bolívar
• Víctimas del conflicto armado
• Zona insular de Cartagena
• Mejores bachilleres del departamento de Bolívar
• Reincorporados
• Mejores bachilleres del Distrito de Cartagena

Cupos especiales para el sur de Bolívar

El Acuerdo 66/2024 establece tres cupos para Medicina, tres para Derecho, un (1) cupo para el resto de los programas de pregrado (en modalidad a distancia
en Cartagena y en modalidad presencial), y un (1) cupo para los centros tutoriales de Mompox y Magangué entre los programas a distancia.

Son dos los requisitos específicos que deben cumplir los aspirantes: 1) certificado de estudios de los grados 10° y 11 ° de una Institución Educativa ubicada
en el Sur- Sur de Bolívar, y 2) certificado de residencia expedido por el alcalde municipal.

Los municipios del sur de Bolívar focalizados por la Universidad de Cartagena son:

• Achí, Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, Cicuco
• El Peñón, Hatillo de Loba, Margarita, Montecristo, Morales, Norosí
• Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Fernando, San Jacinto del Cauca
• San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití
• Talaigua Nuevo, Tiquisio

El acceso de los bachilleres de las zonas rural e insular de Cartagena

Por Acuerdo 66, los bachilleres de los colegios de la zona insular tienen cuatro (4) cupos al año, dos por semestre, y los de la zona rural no tienen cupos especiales.

Sin embargo, estos bachilleres podrían presentarse por las otras categorías de beneficiarios, como comunidades negras o víctimas, si cumplen los requisitos.

Los bachilleres de las 10 instituciones educativas de los siguientes corregimientos de la zona insular pueden usar la vía especial de admisión:

• Isla de Barú (corregimientos de Ararca, Santa Ana y Barú)
• Isla de Tierra Bomba (corregimientos de Tierra Bomba, Punta Arena, Caño del Oro y Bocachica)
• Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo que incluye a Isla Grande, Islas del Rosario, Santa Cruz de Islote e Isla Fuerte.

Las instituciones educativas de la zona rural invitadas a la charla de Admisiones de la Universidad de Cartagena son:

• IE Arroyo de Piedra
• IE Puerto Rey
• IE de Tierra Baja
• IE de Pontezuela
• IE de Leticia
• IE Manzanillo del Mar
• IE de Bayunca
• IE José María Córdoba de Pasacaballos
• IE Nueva Esperanza Arroyo Grande
• IE Técnica de Pasacaballos
• IE Nuestra Señora del Buen Aire
• IE de la Boquilla

El pin de inscripción es costoso, $205.000, y es una de las barreras que se enfrentan.

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad, sea ganando beca privada o cupo en estatal acreditada, mejor preparados para ese ciclo de vida crucial.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas y co-cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, acercamiento al mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

La agenda es amplia, pero más allá de la cantidad de actividades, lo que llama la atención es la visión que parece atravesarla. Durante años, la memoria en Colombia estuvo asociada principalmente a la reconstrucción de hechos violentos, a la elaboración de informes y a la preservación de archivos. Todas esas tareas siguen siendo indispensables. Sin verdad documentada no existe posibilidad de comprensión ni de justicia. Sin embargo, la programación que el Centro llevará a Medellín sugiere una apuesta más amplia: convertir la memoria en una conversación pública capaz de involucrar a sectores de la sociedad que tradicionalmente no participan de estos debates.

Esa intención aparece desde el primer día. El viernes 11 de septiembre se abrirán espacios como “Cartografía por la memoria”, un taller dirigido a jóvenes que propone explorar cómo los lugares guardan historias, emociones y recuerdos a través del dibujo y la construcción colectiva de mapas. Ese mismo día se presentará el pódcast Lenguajes de la memoria: afectaciones a metaleros en el marco del conflicto armado en Medellín (1990-2000), una propuesta que recupera testimonios de quienes encontraron en la música una forma de resistencia frente a las distintas expresiones de violencia que marcaron la ciudad durante las últimas décadas.

La elección de Medellín para este tipo de reflexiones no es casual. La ciudad ha sido protagonista de algunos de los capítulos más complejos de la historia contemporánea colombiana. Ha conocido el impacto del narcotráfico, la confrontación armada, las violencias urbanas y las fracturas sociales que dejaron profundas huellas en miles de familias. Pero también ha sido un laboratorio de iniciativas comunitarias, procesos culturales y apuestas educativas que han demostrado que la memoria puede convertirse en una herramienta para reconstruir tejido social. Hablar de memoria en Medellín implica necesariamente hablar de las heridas que dejó la violencia, pero también de las múltiples formas de resistencia que surgieron para enfrentarla.

Uno de los ejes centrales de la programación será el ciclo de conversaciones denominado “El valor de las voces”, en el que participará el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’Mar Córdoba Salamanca. Los encuentros reunirán a víctimas de distintas experiencias, desde mujeres afectadas por el reclutamiento y la violencia sexual hasta Sofía Gaviria Correa y representantes de la fuerza pública.

Más allá de los nombres propios, estos espacios reflejan una idea fundamental: la memoria colombiana no puede construirse desde una sola experiencia ni desde una única mirada. La historia reciente del país está compuesta por relatos diversos, a veces dolorosamente distintos entre sí, que exigen ser escuchados con la misma disposición para comprender. En una época donde la polarización suele empujar a los ciudadanos a escuchar únicamente aquello que confirma sus propias convicciones, la apuesta por reunir voces diferentes adquiere un valor especial.

En ese contexto también puede leerse el trabajo que viene impulsando D’Mar Córdoba al frente del CNMH. Más allá de las responsabilidades administrativas propias de cualquier dirección institucional, la programación de Medellín deja ver una intención clara de acercar el Centro a públicos más amplios y de fortalecer su presencia en espacios donde la memoria dialoga con la cultura, la educación y la ciudadanía. No se trata únicamente de presentar investigaciones o publicar informes. Se trata de lograr que esos contenidos encuentren nuevos interlocutores y que la conversación sobre el pasado llegue a escenarios donde normalmente no se produce.

Quizás uno de los ejemplos más interesantes de esa visión sea el lanzamiento de La naturaleza y el territorio como víctimas: relatos de memoria histórica ambiental, programado para el sábado 12 de septiembre. La investigación inaugura una nueva línea de trabajo que invita a reflexionar sobre los impactos del conflicto armado en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos. Durante años, las discusiones sobre memoria se concentraron principalmente en las afectaciones humanas, algo completamente comprensible dada la magnitud del sufrimiento causado por la violencia. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que la guerra también transformó ríos, bosques, montañas y formas de vida enteras. Reconocer esas afectaciones permite ampliar nuestra comprensión de lo ocurrido y conectar la memoria con desafíos contemporáneos como la protección ambiental y los derechos de las comunidades rurales.

La programación también dedica una atención especial a los niños, niñas y jóvenes. Habrá talleres como Fotovoces, El jardín de la memoria, Exploradores de la memoria, Los viajes del colibrí y Mi memoria, mi museo, actividades que buscan acercar la reflexión sobre el pasado a nuevas generaciones mediante herramientas creativas y participativas.
Y quizás allí se encuentre una de las preguntas más importantes para cualquier política pública de memoria en la actualidad. ¿Cómo transmitir la historia de la violencia a quienes no la vivieron directamente? Millones de colombianos nacieron después de algunos de los episodios más intensos del conflicto armado y observan esos acontecimientos desde una distancia temporal cada vez mayor. Para ellos, la memoria no puede limitarse a una colección de fechas o acontecimientos. Necesita encontrar nuevos lenguajes, nuevas formas de narración y nuevas experiencias que permitan comprender por qué recordar sigue siendo relevante.

La agenda de Medellín parece consciente de ese desafío. Por eso incorpora actividades que exploran la memoria desde la fotografía, la música, la literatura, la educación, los archivos comunitarios e incluso la gastronomía. Uno de los conversatorios más llamativos lleva por título ¿A qué sabe la memoria?, una invitación a reflexionar sobre cómo los alimentos, las recetas y los espacios compartidos alrededor de la mesa también forman parte de las historias que una comunidad decide preservar.

De igual manera, la programación incluye espacios sobre museos escolares, archivos de derechos humanos, bibliotecas, centros de documentación y experiencias barriales de construcción de memoria. Todos ellos comparten una misma convicción: la memoria no pertenece exclusivamente a las instituciones. También pertenece a las comunidades, a los barrios, a las escuelas y a las organizaciones que durante años han trabajado para preservar sus propias historias.
Uno de los momentos más esperados llegará el 19 de septiembre con el lanzamiento de Verdades pendientes. Paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, una investigación que analiza cinco décadas de violencia en la región y pone en el centro las voces, los daños y las demandas de las víctimas. La elección de este escenario para presentar el informe tiene una fuerza simbólica evidente. Medellín sigue siendo un territorio donde la discusión sobre la paz urbana continúa abierta y donde las preguntas sobre las causas, consecuencias y transformaciones de la violencia mantienen plena vigencia.

El título del informe resume bien uno de los grandes desafíos de la memoria colombiana: todavía existen verdades pendientes. Persisten preguntas sobre responsabilidades, impactos, silencios y consecuencias que siguen reclamando atención. La memoria no existe para ofrecer respuestas definitivas a todos esos interrogantes, pero sí para evitar que desaparezcan de la conversación pública.

La elección de Medellín para presentar este informe también invita a una reflexión más amplia sobre la relación entre memoria y ciudad. Durante mucho tiempo, buena parte de los debates sobre el conflicto armado colombiano se concentraron en los territorios rurales, donde ocurrieron algunas de las mayores tragedias de la guerra. Sin embargo, las ciudades también cargan memorias profundas de la violencia. Medellín es quizás el mejor ejemplo de ello. Aquí confluyeron fenómenos asociados al narcotráfico, al conflicto armado, al desplazamiento forzado y a las distintas expresiones de criminalidad urbana que transformaron barrios enteros y marcaron la vida de varias generaciones.

Hablar de paz urbana en Medellín no significa únicamente analizar cifras de violencia o estudiar la presencia de actores armados. Significa escuchar las historias de quienes han vivido esas transformaciones desde sus comunidades, comprender cómo las dinámicas de la violencia afectaron la vida cotidiana y reconocer los esfuerzos colectivos que permitieron resistir en medio de circunstancias extremadamente difíciles. En ese sentido, la memoria se convierte en una herramienta para leer la ciudad desde abajo, desde las experiencias de sus habitantes y no solamente desde las decisiones institucionales o los grandes acontecimientos que suelen ocupar los titulares.

La programación del Centro Nacional de Memoria Histórica parece entender esa necesidad de conectar los grandes relatos nacionales con las historias locales. Por eso resulta significativo que varios de los eventos programados incluyan experiencias comunitarias, archivos barriales, iniciativas educativas y procesos culturales surgidos en los propios territorios. Más que presentar una memoria cerrada o definitiva, la agenda propone un diálogo permanente entre las investigaciones del Centro y las memorias construidas por las comunidades.

Algo similar ocurre con los lanzamientos editoriales previstos para los últimos días de la feria. Obras como ¿Quiénes son las verdaderas heroínas y los verdaderos héroes en el Oriente antioqueño? o la colección Relatos pal desolvido reflejan un esfuerzo por acercar los hallazgos de la investigación histórica a públicos más amplios mediante formatos narrativos accesibles. No es una apuesta menor. Uno de los grandes desafíos de cualquier institución dedicada a la memoria consiste precisamente en encontrar formas de comunicar conocimientos complejos sin perder rigor, pero también sin quedar encerrados en círculos académicos o especializados.

Al revisar el conjunto de actividades, aparece una idea que atraviesa toda la programación: la memoria no es solamente una tarea de preservación del pasado. También es una forma de construir ciudadanía. Recordar implica reconocer experiencias diversas, escuchar voces que históricamente han permanecido al margen de las grandes narrativas y fortalecer la capacidad de una sociedad para comprenderse a sí misma. Esa parece ser, en última instancia, la conversación que el CNMH quiere llevar a Medellín durante estos diez días.

Quizás por eso la presencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en la Fiesta del Libro trasciende el ámbito cultural. Lo que está en juego no es únicamente la difusión de investigaciones o publicaciones. Lo que está en juego es la posibilidad de seguir construyendo espacios donde el país pueda escucharse a sí mismo, reconocer la diversidad de sus experiencias y reflexionar sobre las lecciones que deja su historia reciente.

En tiempos marcados por la inmediatez, las redes sociales y la fragmentación de los debates públicos, resulta valioso que una institución pública insista en la importancia de escuchar, dialogar y comprender. Esa parece ser la apuesta que recorre la programación del CNMH en Medellín y, al mismo tiempo, una de las características más visibles del momento que vive la entidad bajo la dirección de D’Mar Córdoba.

La memoria, al fin y al cabo, no es un ejercicio destinado a inmovilizar a una sociedad en el pasado. Es una herramienta para comprender el presente y pensar el futuro. Y si algo deja claro esta programación es que el Centro Nacional de Memoria Histórica quiere que esa conversación ocurra cada vez más allá de los archivos, más allá de los expertos y más cerca de los ciudadanos.

1º. El ser humano hace la historia, puede cambiar la realidad en la que vive, tal como pensó Gramsci, quien sostuvo: “La historia como acaecimiento es pura actividad práctica”, es decir, la voluntad colectiva, común, produce transformaciones, no solo en el nivel económico, sino en el nivel cultural, intelectual y moral. Tener conciencia de la historia como creación típicamente humana es un punto de partida fundamental para evitar la indiferencia, la resignación, el conformismo y la claudicación ante el presente, pues el porvenir siempre es abierto. El materialismo histórico o, lo que es lo mismo, la filosofía de la praxis, concibe al humano como un protagonista de su propia historia. Es una filosofía o concepción elaborada del mundo que, por medio de la acción política, deviene historia viva. De esta manera se rechaza el optimismo neoliberal del fin de la historia que paraliza el pensamiento y la acción y que pretende inculcarnos la idea del fin del futuro.

2º. El análisis debe partir de “lo que hay”, del mundo que se tiene, de la situación de la infraestructura con sus relaciones de producción, situación económica, grupos de interés, empresas, etc., sin caer en el determinismo económico, pues, en estricto sentido, la disputa por la economía ya es una disputa política. Gramsci decía: “Lo que determina la acción política no es la estructura económica, sino la interpretación que se dé de esta y de las llamadas leyes que rigen su desarrollo. Estas leyes no tienen nada de común con las leyes naturales”. El sujeto no está determinado por su posición de clase, no es ésta la que le otorga la autoconciencia, pues el sujeto político no se constituye como tal antes del conflicto político, sino justamente gracias a él. Igualmente, “lo que hay” requiere pensar en las fuerzas políticas, sus intereses, sus luchas, las tendencias hegemónicas, las ideologías; así como en la correlación de las fuerzas militares y la geopolítica.

3. La política consiste en una batalla intelectual, cultural y moral que disputa el sentido común (opiniones, creencias, supersticiones, prejuicios, valoraciones, certezas, en fin, la concepción del mundo de la gente) de la sociedad. El sentido común es generalmente conservador, contiene visiones retrógradas del mundo, es un abecedario mental con el que nos movemos en la realidad, con el que la interpretamos; el sentido común es misoneísta, pero puede contener un núcleo crítico, un buen sentido que se manifiesta en nuestras prácticas, muchas veces en contra del sentido común dominante. Ahora, la lucha cultural consiste en una guerra de posiciones donde se va avanzando en el terreno de la sociedad civil, conquistando lugares, derrumbando sus fortificaciones, conquistando porciones de sentido, tomando ideológicamente a la sociedad. Desde luego, como toda batalla, implica luchar contra la cultura del adversario. Y en esa tarea el análisis de sus discursos ideológicos, de su literatura, de su propaganda, de los contenidos de la radio, de la televisión, del cine, de su teatro y hasta de sus fiestas etc., es fundamental. Hoy, básicamente, la sociedad es un campo de batalla por la conquista de la atención y en la búsqueda del consentimiento de las grandes más. Y en esa tarea llegar a las masas a través de los artefactos culturales es clave, es imperioso e implica un trabajo permanente.  

4. En la lucha por conquistar el sentido común se requiere partir de lo “que hay”, criticarlo, elaborarlo y “superarlo” en una visión nueva de sociedad (o nueva concepción del mundo) que se debe difundir y consolidar por medio de la propaganda, la discusión, la seducción, la persuasión, el trabajo cultural, etc. Como ha dicho Boaventura de Sousa Santos: “esa lucha tiene lugar en la educación formal y en la promoción de la educación popular, en los medios de comunicación, en el apoyo a los medios alternativos, en la investigación científica, en la transformación curricular de las universidades, en las redes sociales, en la actividad cultural, en las organizaciones y movimientos sociales, en la opinión pública y en la opinión publicada. A través de ella se construyen nuevos sentidos y criterios de evaluación de vida social y de la acción política”. Entonces, se trata de vencer, superar el sentido común hegemónico, dominante, elevarlo al concepto, esclarecerlo, y construir una nueva filosofía democrática que, con la mediación de los intelectuales, pretenda convertirse en un nuevo sentido común que, a la vez, se convierta en “norma de vida”, que devenga acción práctica cotidiana.

Por ello, hay que dialogar con la cultura popular, extraer de ella sus puntos críticos, emancipadores, positivos, que contribuyan a la pelea por la conquista de la hegemonía. Pero debe tenerse en cuenta que destruir el sentido común de la clase dirigente, oligárquica, señorial, aristocrática, corrupta, etc., y cambiarlo por una concepción del mundo que defienda lo común (tierra, agua, aire, conocimiento, intereses colectivos) toma tiempo, y requiere trabajo con las “gentes sencillas”. Se trata de un humanismo plebeyo como dice Luciana Cadahia. Para lograrlo, es necesario el trabajo social, la militancia, la educación popular, el trabajo en cultura política, pues las ideas progresistas, novedosas, etc., no ganan la aprobación de la gente de un momento a otro.

5. Sustituir una vieja concepción del mundo, por ejemplo, la neoliberal, basada en el darwinismo social, el exitismo, el egoísmo, la competencia, la destrucción de la naturaleza, la mecanización de los procesos vitales en la sociedad del frenesí, etc., requiere deconstruirla y sustituirla por un nuevo sentido común, que, por ejemplo, esté afincado y constituido por otros valores y prácticas. Se trata de una rebelión de los instintos vitales contra la tanatopolítica que devasta y arruina nuestro mundo. En esas luchas se puede recoger y aprender de la tradición, recoger los sedimentos revolucionarios y los restos de libertad y dignidad aún no realizados en la historia de las luchas emancipatorias, como pensaron algunos miembros de la Escuela de Frankfurt y en nuestro medio colombiano Orlando Fals Borda.

6. Lo anterior exige la política. El fin de esta es crear una nueva hegemonía, materializarla, mantenerla y reproducirla. Solo así se crea una nueva sociedad. La política es el arte de seducir y convencer para que los nuevos intereses de un grupo o partido se impongan en la mayoría de la sociedad y reciban el respaldo de la gente. En eso consiste que una determinada idea, visión del mundo o programa político se torne hegemónico. La hegemonía es el paso de lo particular y de los intereses económicos-corporativos a una universalidad que recoge esos intereses y los identifica con los de toda la sociedad, de tal manera que la mayoría los asuma como propios. Por eso, no hay hegemonía sin universalización de posturas emancipatorias. Ahora, la contienda por el poder y por ganar la dirección de la sociedad se da no solo a nivel de la sociedad política (parlamentos, sistema electoral, poder ejecutivo) sino especial y principalmente en el campo de la sociedad civil, es decir, en las organizaciones políticas, sindicales, educativas, grupos ambientales, movimientos pro LGBTI, grupos religiosos, movimientos culturales e intelectuales, organizaciones u ONG´s en defensa de los derechos humanos. La sociedad civil es, entonces, el campo de batalla ideológica por la obtención del consentimiento y el consenso.

7º. En la lucha antagónica por la hegemonía es fundamental el papel de los intelectuales, de los estratos más conscientes, en pleno contacto con la sociedad. Es así como se puede elaborar, en la retroalimentación con los sectores subalternos, una visión más coherente y sistemática de la realidad. Por eso, los intelectuales son fundamentales en la construcción de la ideología, entendida no como falsa conciencia, sino como un conjunto o sistema de ideas que encarnan una visión específica de sociedad. Esas ideologías tienen poder de identificación y de movilización de afectos en pro de la construcción de una nueva concepción del mundo. Aquí, la ideología es el cemento o pegante que cohesiona a los grupos que representan las alternativas políticas. Sin ideología no hay, entonces, hegemonía.  Y esta hegemonía presupone la ideología, implica la creación de “un bloque social” no solo como sujeto político, sino como una unidad intelectual y moral donde teoría y práctica han convergido, donde se da esa unidad. Eso ocurre cuando la gente encarna una concepción del mundo, lo vive y lo materializa en sus prácticas cotidianas. 

8. La construcción de hegemonías es una tarea permanente, pues esta nunca es absoluta, ni totalizante, de tal manera que no clausura lo social, ni totaliza la realidad; mucho menos elimina una de las características fundamentales de las sociedades actuales: el conflicto y el antagonismo. Aquí no hay paraísos, ni fin de la historia, solo un devenir conflictivo de lo social. El objetivo es construir un nuevo orden donde haya un nuevo bloque dirigente, producto de una voluntad colectiva nacional-popular que es, a la vez, una unidad intelectual y moral como nueva forma de vida.

9. El pensamiento de Gramsci no es un dogma, ni un catálogo de conceptos o recetas para el cambio social. No. Es una caja de herramientas útiles donde es lo real-concreto y su análisis el que enriquece la teoría y, ésta, a su vez, permite ampliar la comprensión de la realidad favoreciendo la praxis colectiva. Importante es resaltar el gran papel que Gramsci le da a lo político sobre lo económico, su antideterminismo y anti-economicismo, su crítica de la toma del poder, la reciprocidad dialéctica entre estructura y superestructura, la relevancia de la cultura y el trabajo cultural, el papel dado a la lucha, el conflicto y el antagonismo social, la importancia de articular una visión de mundo con un nuevo lenguaje político que conquiste a las grandes mayorías para así construir otro mundo posible. Es por estas razones que Gramsci está de vuelta.

La directora de Vive UniValle, Claudia Milena Muñoz, será la encargada de presentar la oferta de pregrados, sedes regionales, la admisión regular, admisión por condiciones de excepción, consulta de puntajes de referencia, apoyos socio-económicos y el paso a paso de la inscripción.

Vive UniValle es una iniciativa con un concepto innovador para atraer todavía más talentos.

Aunque virtual, no será la misma experiencia de aproximación a UniValle para estudiantes, acudientes y docentes de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó interesados en la convocatoria de 2027-1.

El Meet hace parte de una serie (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace: https://meet.google.com/frz-fffv-vpk o verla en este canal: https://youtube.com/@divulgaciondelaofertaacademica?si=D8C45Ko0V_aL9SCo

Una universidad con acreditación institucional de alta calidad

Con 81 años de fundada, la Universidad del Valle es una de las principales universidades públicas de Colombia.

En diez Facultades ofrece 79 pregrados.

• Facultad de Artes Integradas (13 pregrados)
• Ciencias Naturales y Exactas (6)
• Ciencias de la Administración (9)
• Salud (8)
• Ciencias Sociales y Económicas (2)
• Humanidades (11)
• Ingeniería (18)
• Psicología (2)
• Educación y Pedagogía (8)
• Derecho y Ciencia Política (2)

Nueve sedes regionales

Que ofrecen 96 programas académicos (incluyendo tecnologías).

• Seccional Buga (12)
• Seccional Pacífico (Buenaventura): 14
• Seccional Palmira (16)
• Seccional Zarzal (11)
• Sede Caicedonia (6)
• Sede Cartago (7)
• Sede Norte del Cauca (10)
• Sede Tuluá (10)
• Sede Yumbo (10)

Condiciones de excepción en admisión

Entre las nueve condiciones de excepción para aplicar a UniValle, destacamos tres:

• la de Comunidades Afrocolombianas, por la cual se asigna 8% del cupo de cada programa académico, adicionales al cupo establecido.
• la de Población Desplazada, con 2% del cupo de cada programa académico, también adicionales.
• la de Municipios de difícil acceso o con problemas de orden público: un [1] cupo por programa académico, adicional.

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad, sea ganando beca privada o cupo en estatal acreditada, mejor preparados para ese ciclo de vida crucial.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas y co-cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, acercamiento al mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

Hay historias que llegan a Bogotá después de recorrer un camino mucho más largo. El pasado 3 de septiembre, una delegación del Cabildo Indígena Páez de Jerusalén, en Santander de Quilichao, Cauca, llegó al Centro Nacional de Memoria Histórica con una preocupación que tiene la dimensión de una pregunta y la urgencia de una alarma: ¿qué ocurre cuando los jóvenes de una comunidad indígena vuelven a ser el objetivo de los grupos armados?

La delegación estuvo encabezada por la lideresa indígena y defensora de derechos humanos Diana Socorro Perafán, acompañada por el gobernador del cabildo, Julián Mensa; el fiscal, Mauricio Mensa; el abogado y asesor legal José Jairo Collazos; la alcaldesa, Dioselina Secué, y la integrante de la comunidad Ana Correa. Fueron recibidos por el director general del CNMH, D’Mar Córdoba Salamanca.

El motivo de la reunión fue exponer la situación que, según los representantes del cabildo, atraviesa actualmente la comunidad, particularmente por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas que operan en el Cauca.

La preocupación no era solamente una cifra. Perafán contó que pocos días antes la comunidad había tenido que recibir el cuerpo de un joven que murió en combate en el Guaviare y que, según su testimonio, había sido reclutado en el Cauca por una estructura disidente de las antiguas FARC.

“No son combatientes voluntarios”, afirmó la lideresa.

Según Perafán, el fenómeno afecta de manera particular a comunidades indígenas y existe un riesgo que podría alcanzar a más de 15.000 menores de los territorios que representa. Su denuncia es que algunos jóvenes son sacados de los resguardos y posteriormente terminan en diferentes estructuras armadas.

El relato de la comunidad plantea así una paradoja dolorosa: territorios en los que durante décadas se ha hablado de autonomía, identidad y protección de los pueblos indígenas siguen enfrentando la posibilidad de que sus niños y adolescentes sean incorporados a una guerra que no escogieron.

Durante la reunión apareció además otro elemento que, según los representantes del cabildo, está agravando la situación: la persecución contra indígenas cristianos y evangélicos.

Perafán aseguró que algunos miembros de estas comunidades son señalados por los grupos armados como opositores políticos y que existen amenazas de muerte y órdenes de captura en contra de líderes. Según su denuncia, más de 30.000 indígenas cristianos y evangélicos del suroccidente colombiano estarían en riesgo de terminar involucrados en un conflicto ajeno a sus comunidades.

Son afirmaciones que deberán ser contrastadas y documentadas por las autoridades correspondientes, pero que para quienes llegaron a Bogotá constituyen una realidad cotidiana.

La propia Perafán manifestó además sus diferencias con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización a la que cuestionó por considerar que se habría alejado de principios que, en su opinión, deberían estar concentrados en la resistencia, la cultura y la unidad de los pueblos indígenas.

La acusación es especialmente sensible en un departamento donde la relación entre las comunidades indígenas, el Estado y los grupos armados ha estado marcada durante décadas por la disputa territorial y política.

Durante la conversación también aparecieron historias más antiguas, que muestran que la violencia contra los dirigentes comunitarios no comenzó con las actuales estructuras armadas.

El abogado José Jairo Collazos recordó amenazas contra su vida que, según relató, se remontan a 1986. También habló de la existencia de presuntas fosas comunes en el resguardo de Vilachí.

La alcaldesa Dioselina Secué contó la historia de su hijo, cuya muerte ocurrió años después de que ella hubiera acudido a la Fiscalía para denunciar situaciones relacionadas con la violencia. Su intervención estuvo acompañada de otras preocupaciones menos visibles, pero igualmente determinantes para la vida cotidiana: las dificultades educativas y la falta de infraestructura.

Para el gobernador Julián Mensa, la discusión también pasa por la posibilidad de construir un proyecto de vida distinto para los jóvenes. Defendió un plan de vida para el cabildo basado en sus principios religiosos y alejado de los cultivos ilícitos, al tiempo que denunció la persecución contra maestros y dirigentes comunitarios.

Su compañero de delegación, el fiscal Mauricio Mensa, planteó una idea sencilla frente a un problema complejo: educación, deporte y cultura como herramientas para impedir que los grupos armados terminen convirtiendo a los jóvenes en parte de la guerra.

Ana Correa puso sobre la mesa otro problema estructural: la tierra. Según explicó, la comunidad no cuenta con suficientes tierras productivas y por eso pidió la intervención del Ministerio de Educación y de la Agencia Nacional de Tierras.

Porque detrás del reclutamiento hay también una disputa por las posibilidades de futuro. Un adolescente que no encuentra escuela, tierra, empleo, deporte o espacios culturales tiene menos alternativas frente a quienes llegan a su territorio ofreciendo dinero, pertenencia, poder o simplemente una salida.

La reunión terminó con un compromiso institucional: documentar lo que está ocurriendo en el territorio.

D’Mar Córdoba Salamanca señaló que uno de los retos del Centro Nacional de Memoria Histórica durante esta vigencia es precisamente fortalecer el trabajo territorial y recoger las memorias de comunidades que han vivido distintas formas de violencia.

El reclutamiento forzado, las denuncias de persecución religiosa y las dificultades relacionadas con el acceso a la tierra aparecen, en ese sentido, como algunos de los asuntos que la entidad busca documentar.

Pero para una comunidad como la de Jerusalén la memoria no es solamente un asunto del pasado. El joven cuyo cuerpo regresó recientemente desde el Guaviare pertenece a una historia que todavía está ocurriendo.

Por eso la pregunta que llevaron hasta el Centro Nacional de Memoria Histórica no se refiere únicamente a cómo recordar lo que sucedió durante el conflicto armado. También plantea cómo impedir que una nueva generación de niños y jóvenes termine convertida en parte de él.

En el Cauca, la memoria parece tener todavía una tarea pendiente: llegar a tiempo.

Y es precisamente en medio de esa tragedia que comienza a desvanecerse de la conversación pública donde se libra otra, todavía menos visible: la de la educación superior en las regiones golpeadas por el sismo. Mientras la atención se concentró inmediatamente —con toda razón— en las viviendas destruidas, en las víctimas, en la recuperación de la infraestructura, del comercio y de la actividad económica, el daño sufrido por las universidades corre el riesgo de convertirse en una simple nota al pie. Sería un error de fondo dejar que así ocurra.

Porque en departamentos como el Quindío la educación superior no es un servicio más entre muchos: es uno de los motores capaces de modificar el destino de miles de familias. Instituciones como la Universidad del Quindío abren posibilidades de movilidad social para jóvenes que difícilmente encontrarían otra vía semejante para transformar sus trayectorias de vida. En 2024, el departamento registró una tasa de cobertura bruta en educación superior del 68,72 %, frente al 57,53 % nacional. A ello se suma el efecto que ha tenido la política de gratuidad en las instituciones públicas. Son cifras que recuerdan algo esencial: nuestras universidades cumplen una función social que no cabe entera en las matrículas, los edificios o los presupuestos.

Sobre ese tejido fundamental para el desarrollo de la región cayó el terremoto. En la Universidad del Quindío, cerca del 60 % de las edificaciones presentó algún tipo de afectación, principalmente en elementos no estructurales, y las estimaciones preliminares sitúan en unos $120.000 millones los recursos que podría demandar la recuperación de la infraestructura, sin incluir todavía equipos, mobiliario y otros bienes afectados.

El daño no se detuvo en el Quindío. En la Universidad Tecnológica de Pereira, un balance técnico determinó que el 63 % del área construida del campus —65.965 metros cuadrados— quedó fuera de servicio, aunque ello no equivalía necesariamente a daño estructural. A escala regional, ASCUN ha identificado 21 instituciones con sedes afectadas y cerca de 121.500 estudiantes cuyas actividades se alteraron por cierres o migración a la virtualidad. No estamos, entonces, ante el problema particular de una o dos universidades.

Pero incluso esa medición se queda corta si entendemos la afectación apenas como suspensión de clases. Pasar de la presencialidad a la virtualidad salva parte de la actividad académica, pero la presta en otras condiciones. La universidad es también conectividad, computadores, bibliotecas, laboratorios, talleres, escenarios de práctica, espacios de estudio y redes de apoyo. Para muchos estudiantes, buena parte de esa infraestructura solo está disponible cuando llegan al campus.

La brecha digital lo hace todavía más evidente. En 2024, apenas el 41,9 % de los hogares de centros poblados y zonas rurales dispersas tenía conexión a internet. En Chocó, uno de los departamentos más golpeados por el sismo, la proporción era del 28,7 %; en Quindío, del 63,4 %. Y aun esas cifras incluyen conexiones mediante planes de datos móviles o recargas, que rara vez soportan varias horas diarias de clase. La continuidad formal del calendario académico, por tanto, no siempre equivale a continuidad efectiva del derecho a estudiar.

Detrás de esas cifras hay historias que rara vez caben en un balance oficial. Para una familia campesina o de un barrio popular que ha hecho de la universidad uno de los principales caminos de ascenso social, un semestre alterado es mucho más que un contratiempo administrativo. Puede significar asumir el costo de una conexión que antes no se necesitaba, conseguir un computador que no existe en casa o seguir desde un teléfono celular una clase pensada para un aula. A ello se suman un ingreso que se demora, un empleo que se posterga, una beca que entra en incertidumbre.

Para un joven cuya permanencia depende de un equilibrio económico siempre frágil, una alteración prolongada de esas condiciones puede terminar en abandono definitivo. Y cuando eso ocurre entre cientos o miles de estudiantes, lo que se interrumpe no es únicamente una trayectoria individual: se afecta la capacidad futura de una región para formar a sus propios médicos, maestros, ingenieros y servidores públicos. La reconstrucción física, por urgente que sea, no bastará si esas trayectorias no logran retomar su curso.

Ahí aparece el contraste que merece mayor atención pública. No existe todavía una política integral y financiada de recuperación de la educación superior. No ha habido anuncios de una bolsa extraordinaria de recursos destinada a reconstruir las instituciones afectadas, ni un mecanismo nacional de financiación con criterios públicos de priorización, cronograma y responsables definidos. Tampoco una estrategia para hacer seguimiento al riesgo de deserción universitaria asociado a la emergencia.

Para la educación preescolar, básica y media, en cambio, el Ministerio cuenta con recursos identificados, diagnósticos, una estructura de ejecución y fechas. Para la educación superior no hay instrumentos equivalentes. De ahí que valga la pena insistir en tres frentes.

El primero es financiero. La reconstrucción de la infraestructura universitaria no puede quedar librada a las pólizas de cada institución, a sus recursos propios o a su capacidad individual para buscar cooperación. Se necesita un mecanismo extraordinario de financiación nacional, con criterios transparentes de asignación, cronogramas verificables y rendición pública de cuentas.

El segundo es la permanencia estudiantil. Los alivios del ICETEX son importantes, pero solo alcanzan a quienes tienen obligaciones con esa entidad. Y garantizar la permanencia exige mucho más que dejar abierta una matrícula: implica asegurar condiciones reales para continuar —conectividad, equipos, apoyos económicos y psicosociales— y, cuando la naturaleza de la formación lo demanda, acceso a laboratorios, talleres y prácticas que difícilmente se sustituyen desde una pantalla. La emergencia afecta también a estudiantes cuyas familias perdieron vivienda, ingresos o estabilidad, y el acompañamiento debe sostenerse el tiempo suficiente para que una afectación temporal no se vuelva definitiva.

El tercero es el seguimiento. La educación superior necesita una hoja de ruta tan concreta como la que ya empieza a existir para las escuelas. Saber cuántos edificios resultaron afectados o cuántos estudiantes reciben alguna forma de clase es apenas el comienzo. Hay que saber en qué condiciones están estudiando, cuántos no regresaron, cuántos aplazaron su semestre, cuántos perdieron sus medios de sostenimiento y qué se está haciendo para que no desaparezcan del sistema.

Debemos evitar, además, otra forma de olvido: creer que la solidaridad inicial puede sustituir una política pública. La respuesta del propio sistema universitario ha sido extraordinaria. Universidades públicas y privadas han puesto a disposición capacidades técnicas, espacios y alternativas de continuidad académica. Pero la solidaridad entre instituciones no puede convertirse en el mecanismo permanente de financiación de una reconstrucción de la que el Estado es corresponsable, sobre todo en lo relativo a las instituciones de carácter público.

Reconstruir las universidades y el delicado tejido social que sostienen —con la misma urgencia y el mismo criterio de gestión del riesgo con que se reconstruyen las viviendas y las escuelas— es evitar que al terremoto físico del 10 de agosto se sume otro, más lento y silencioso: el de una generación de estudiantes que terminó quedándose en el olvido.

La coordinadora del Área de Admisiones de UniValle, Ludmila Medina Monroy, será la encargada de presentar la oferta de pregrados, sedes regionales, la admisión regular, admisión por condiciones de excepción, consulta de puntajes de referencia, apoyos socio-económicos y el paso a paso de la inscripción.

El Meet hace parte de una serie (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace.

Una universidad con acreditación institucional de alta calidad

Con 81 años de fundada, la Universidad del Valle es una de las principales universidades públicas de Colombia.

En diez Facultades ofrece 79 pregrados.

• Facultad de Artes Integradas (13 pregrados)
• Ciencias Naturales y Exactas (6)
• Ciencias de la Administración (9)
• Salud (8)
• Ciencias Sociales y Económicas (2)
• Humanidades (11)
• Ingeniería (18)
• Psicología (2)
• Educación y Pedagogía (8)
• Derecho y Ciencia Política (2)

Nueve sedes regionales

Que ofrecen 96 programas académicos (incluyendo tecnologías).

• Seccional Buga (12)
• Seccional Pacífico (Buenaventura): 14
• Seccional Palmira (16)
• Seccional Zarzal (11)
• Sede Caicedonia (6)
• Sede Cartago (7)
• Sede Norte del Cauca (10)
• Sede Tuluá (10)
• Sede Yumbo (10)

Condiciones de excepción en admisión

Entre las nueve condiciones de excepción para aplicar a UniValle, destacamos tres:

• la de Comunidades Afrocolombianas, por la cual se asigna 8% del cupo de cada programa académico, adicionales al cupo establecido.
• la de Población Desplazada, con 2% del cupo de cada programa académico, también adicionales.
• la de Municipios de difícil acceso o con problemas de orden público: un [1] cupo por programa académico, adicional.

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad, sea ganando beca privada o cupo en estatal acreditada, mejor preparados para ese ciclo de vida crucial.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas y co-cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, acercamiento al mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

De allí viene buena parte del lenguaje político contemporáneo: la disputa por la familia, la religión, el sexo, el género, la nación, la educación, el lenguaje. Todo parece convertirse en una batalla cultural.

Pero quizá Colombia debería hacerse una pregunta distinta: ¿cuál ha sido, en realidad, nuestra gran batalla cultural?

Para responderla habría que volver mucho más atrás que Gramsci.

Habría que volver a Nariño.

Y a Santander. Y a los hombres que, con todas sus contradicciones, comenzaron a imaginar una república en este territorio. No fueron liberales en el sentido partidista que adquiriría la palabra décadas después, y sería un error convertirlos retrospectivamente en militantes de un liberalismo contemporáneo. Pero buena parte de aquella generación estaba atravesada por las ideas de la Ilustración, el republicanismo, la libertad y la ruptura con la autoridad absoluta.

Había una pregunta enorme detrás de la Independencia: ¿quién debía tener la última palabra sobre nuestras vidas?

Durante siglos, la respuesta había estado en el rey, en la Iglesia, en la tradición, en la jerarquía. La modernidad política introdujo otra posibilidad: que los ciudadanos pudieran deliberar, disentir y construir sus propias instituciones.

Colombia no resolvió bien esa pregunta. La hemos respondido muchas veces con guerras.

Pero tampoco la respondió siempre con guerras.

Esa es una parte de nuestra historia que convendría recordar.

Nuestra democracia ha sido imperfecta, violenta, excluyente y, durante largos periodos, profundamente cerrada. Colombia fue durante buena parte de su historia una sociedad mayoritariamente católica, y el peso de la Iglesia en la vida pública fue enorme. El pluralismo religioso que hoy damos por descontado no existió siempre en las condiciones actuales.

Precisamente por eso la Constitución de 1991 constituye una de nuestras grandes victorias culturales.

No solamente porque cambió instituciones. Cambió la idea de lo que podía ser Colombia.

La Carta reconoció la libertad de conciencia, la libertad de cultos y la igualdad de las distintas confesiones ante la ley. El artículo 19 es extraordinariamente claro: toda persona puede profesar y difundir libremente su religión y todas las iglesias son igualmente libres ante la ley.

Y hay algo hermoso en la consecuencia de esa decisión.

Gracias a esa libertad, hoy las iglesias cristianas —incluidas aquellas que no pertenecen a la tradición católica— pueden predicar, organizarse, abrir templos, formar comunidades, participar en la conversación pública y tratar de convencer a millones de colombianos.

Pueden incluso hacer política.

Y pueden hacerlo precisamente porque vivimos en un Estado que no les impone una religión oficial.

Esa es la paradoja que a veces olvidamos: la libertad religiosa no protege solamente a quienes piensan como nosotros. Protege también a quienes tienen ideas que nos incomodan.

La libertad es eso.

Y por eso cuesta entender que una parte del progresismo colombiano, que tanto ha defendido —con razón— la diversidad, la pluralidad y las libertades individuales, no siempre haya sabido reconocer que muchas de esas conquistas están inscritas en la arquitectura liberal de la Constitución de 1991.

La diversidad no nació ayer.

No la inventó el progresismo.

Tampoco la inventó la derecha.

Es el resultado de una tradición constitucional que permitió que colombianos muy diferentes pudieran existir dentro de la misma República.

Un colombiano puede ser católico. Otro puede ser evangélico. Otro judío. Otro musulmán. Otro ateo. Otro puede no saber muy bien qué cree. Todos tienen el mismo derecho a vivir de acuerdo con su conciencia.

Y eso incluye el derecho a intentar convencer al otro.

Ahí está, quizás, la verdadera batalla cultural.

No consiste en lograr que todos pensemos igual.

Consiste en construir una sociedad donde podamos pensar radicalmente distinto sin matarnos por ello.

Esto puede parecernos una obviedad en 2026. No lo es.

Colombia tiene una larga historia de guerras políticas. Liberales contra conservadores. Guerrillas contra el Estado. Paramilitares contra guerrillas. Narcotráfico contra instituciones. Y demasiadas veces la política terminó convirtiéndose en una justificación para la violencia.

Por eso uno de los grandes logros colombianos no es haber eliminado el conflicto. No lo hemos hecho.

Es haber conseguido, en distintos momentos, que una parte sustancial de nuestros conflictos políticos pueda resolverse mediante elecciones, congresos, tribunales, periódicos, universidades, libros, debates y urnas.

Es decir: que las ideas puedan enfrentarse sin que necesariamente se enfrenten las armas.

Esa batalla la hemos ganado muchas veces.

Y deberíamos sentir orgullo de ello.

Hoy, además, buena parte de la violencia que permanece en Colombia tiene cada vez menos que ver con grandes proyectos ideológicos y cada vez más con economías criminales, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, control territorial y rentas ilícitas. Los datos más recientes muestran casi 30.000 integrantes de estructuras armadas y delincuenciales en el país, con organizaciones cuyo poder está estrechamente ligado al control de economías ilegales.

Eso no significa que toda nuestra violencia haya perdido contenido político. El ELN y algunas disidencias conservan discursos ideológicos. Pero sería difícil negar que el crimen organizado y las economías ilegales tienen hoy un peso enorme en la explicación de la violencia.

Y eso también es una batalla cultural: conseguir que el narcotraficante, el extorsionista, el comandante armado y el corrupto dejen de aparecer como alternativas de poder y vuelvan a ser entendidos por la sociedad como lo que son: enemigos de la libertad.

Por eso me interesa menos la batalla cultural de Laje que la pregunta que hay detrás de ella.

¿Batalla cultural para qué?

Si se trata de conquistar universidades, medios de comunicación, iglesias, redes sociales y escuelas para imponer una nueva ortodoxia, no me interesa demasiado. Ya hemos tenido demasiadas ortodoxias.

Pero si se trata de defender una cultura política en la que el ciudadano pueda creer, disentir, rezar, no rezar, votar por la izquierda, votar por la derecha, cambiar de opinión, criticar al presidente, defender al presidente, escribir un libro, fundar una iglesia, abrir un periódico, marchar, protestar y convencer a los demás sin tener que pedir permiso al poder, entonces sí: esa batalla vale la pena.

Y hay señales recientes que deberían ser recibidas con atención.

El presidente Abelardo de la Espriella, por ejemplo, ha dicho que no buscará la reelección y, ya en la Presidencia, fue explícito en que durante su Gobierno no se abrirá camino a una Asamblea Constituyente. También se comprometió a entregar el poder en 2030 a quien resulte elegido en las urnas.

Hay que señalarlo.

No porque un presidente haya dicho algo correcto debamos dejar de criticarlo. Precisamente al contrario: una democracia madura debe ser capaz de reconocer un gesto institucional.

Y hay otros gestos que merecen atención.

Hace pocos días, Viviane Morales contó públicamente que se reunió con Brigitte Baptiste y directivos de la Universidad EAN para buscar colaboración en materia educativa después del terremoto.

Puede parecer una pequeña noticia.

No lo es.

Durante años hemos aprendido a mirar a determinadas personas como enemigos culturales. Morales y Baptiste pertenecen a mundos que, en la conversación política colombiana, han sido presentados muchas veces como incompatibles.

Pero allí estaban hablando.

No estaban renunciando a sus convicciones. No tenían que hacerlo.

Simplemente estaban descubriendo algo elemental: una República no exige que sus ciudadanos tengan las mismas ideas. Exige que puedan convivir con ellas.

Esa debería ser nuestra batalla cultural.

No que Colombia deje de ser católica para convertirse en progresista.

Ni que deje de ser progresista para convertirse en conservadora.

Ni que las iglesias desaparezcan de la esfera pública.

Ni que el Estado adopte una religión.

Ni que las convicciones religiosas sean expulsadas de la conversación democrática.

Ni que las nuevas identidades sean prohibidas.

Ni que las viejas tradiciones sean ridiculizadas.

La batalla consiste en algo más difícil: hacer que todas ellas quepan dentro de una misma República.

Colombia ha avanzado mucho en eso.

La Constitución de 1991 no fue solamente un cambio jurídico. Fue una declaración de confianza en que la sociedad colombiana podía ser plural sin dejar de ser una sola nación.

Por eso quizá deberíamos agradecer un poco más aquello que hemos construido.

Agradecer que hoy un sacerdote pueda predicar, que un pastor pueda abrir una iglesia, que un ateo pueda burlarse de Dios, que una persona LGBT pueda vivir públicamente su identidad, que un conservador pueda defender la familia tradicional, que un progresista pueda cuestionarla, que un periodista pueda escribir sobre lo que desee y que un ciudadano pueda votar por quien quiera.

Todo eso forma parte de la misma victoria.

La libertad no consiste en que ganen nuestras ideas.

Consiste en que nuestras ideas tengan derecho a intentar ganar.

Y quizá esa sea la verdadera batalla cultural que Colombia ha venido librando desde Nariño hasta 1991 y hasta nuestros días: conseguir que, finalmente, las ideas y las palabras valgan más que las armas.

Esa guerra todavía no la hemos ganado definitivamente.

Pero, a diferencia de tantas otras, vale la pena seguir peleándola.