Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Contexto

Senador y candidato Iván Cepeda: le escribo desde mi lugar como ciudadana y educomunicadora que se niega a aceptar la decadencia del diálogo público y la ilusión de la autocrítica que hoy parece inexistente en su sector. Usted invita al centro a votar por su propuesta; sin embargo, resulta difícil confiar en una alternativa política que se niega a reconocer sus propias fallas. Recientemente, usted utilizó sus redes para tildar de “hipócritas” a quienes se escandalizan por las fiestas en las cárceles, recordándonos las tierras compradas y las masacres ordenadas por otros en el pasado. Ese mensaje es la confirmación de una metodología que el país ya no tolera: la evasión sistemática mediante el señalamiento de las atrocidades ajenas para justificar las indignidades del presente.

¿Acaso esto es una competencia para ver quién cometió los crímenes más atroces? Como sostiene la politóloga Chantal Mouffe en su obra La paradoja democrática: “La política se desnaturaliza cuando el conflicto de ideas se desplaza hacia un registro moralista de ‘buenos contra malos'”. Reducir la política a un show moral donde solo se exponen las culpas históricas del otro es destruir el tejido democrático y anular la figura del adversario legítimo.

La investidura no es un refugio: El secuestro de la izquierda colombiana

Usted debería, por ética, responder como el candidato que es a las preguntas que se le hacen. Existe una obligación moral y política de dar su opinión sobre la fiestecita en la cárcel, idéntica en su simbología de burla institucional a la época de Pablo Escobar. Me genera profunda tristeza que usted le haya entregado su marca personal al petrismo, imitando la metodología de Gustavo Petro de mencionar los crímenes y delitos ajenos cada vez que se le cuestiona a él. Ya no vemos al candidato de rigor con pensamiento propio; ahora muestra una absoluta tibieza que hoy es evidente en su propia candidatura.

A mi juicio, Gustavo Petro logró secuestrar la izquierda colombiana de la mano de aliados que históricamente trabajaron a la derecha. Gustavo Bolívar afirmó en su momento que para ganar había que hacer pactos con “Dios y con el diablo”, confirmando que Petro tuvo que ceder mínimos no negociables para llegar al poder. La historia reciente reafirma que ni la derecha ni la izquierda están libres de esos pactos. Como argumenta la politóloga Nadia Urbinati en Democracia discursiva, la representación exige una rendición de cuentas constante. Resulta inadmisible que ante cada pregunta se siga la táctica de Gustavo Petro de hablar de los delitos de los otros para omitir las responsabilidades propias.

Inclusión frente a No exclusión: El compromiso con la formación

Dentro de este escenario, es imperativo hablar de su propuesta de fórmula vicepresidencial. Reconozco la grandeza de la senadora Aída Quilcué, su liderazgo histórico y su admirable recorrido. Inclusión es que una indígena tenga la posibilidad de entrar al poder. La No exclusión significa garantizar que esa persona reciba las herramientas para alcanzar el nivel profesional, intelectual y cognitivo que exige ese cargo.

Desde la interculturalidad crítica, le hablo a usted y le hablo a ella; lo hago justamente por respeto a su trasegar, a la mujer que es y a lo que representa. Nadie debería ejercer el poder partidista sin haberse esforzado por salir del empirismo y fortalecerse desde lo estructural. Durante todos estos años en el legislativo, ella ha recibido la paga de su honorable trabajo con dinero de los contribuyentes; ese recurso público le dio la posibilidad de estudiar y trabajar simultáneamente, tal como lo hacen cientos de mujeres y miles de obreros en Colombia para sacar adelante sus propios proyectos de vida y los de sus familias. Cosa que no ha hecho.

Me angustia una vicepresidenta que no esté a la altura de las necesidades de la nación en caso de tener que ejercer como presidenta. La función de esa figura es quedar a cargo cuando quien preside se ausenta; cosa que no ha sucedido en este gobierno, donde Francia Márquez nunca fue delegada para esa función. Deseo dejar claro que no estoy en contra de que alguien sin estudios previos acceda a su derecho de ser elegido; tampoco pretendo que no se validen sus activismos, sus trabajos endógenos o su trascendencia en la ciudadanía. Lo que sostengo es que, una vez se ha llegado al poder, el deber ético es capacitarse e instruirse.

No hay una ley que obligue a ningún político a estudiar una vez llega al cargo. Qué tristeza que tenga que ser por ley; ojalá existiera un artículo que obligue a quienes llegan al poder a formarse para responder a la confianza del pueblo. No pusimos líderes para que nos gobiernen desde la ignorancia. Queremos que nuestros líderes, hombres y mujeres que conocen las realidades de las bases, lleguen a transformar el poder con herramientas y procesos idóneos. Esto se lo diría a cualquier persona de cualquier etnia, color o raza; hablo desde la interculturalidad crítica como activista y como mujer que proviene de las desventajas sociales. La formación es fundamental. El mensaje que se da cuando los líderes no se educan es que la mejora en la educación no importa. ¿Para qué fortalecer la educación en un país si no se necesita para gobernar?

El centro: huérfano de representación y cansado del espectáculo

Resulta profundamente hipócrita de su parte dedicarse a señalar los crímenes de otros en plena campaña mientras continúa en el ejercicio del poder partidista dentro del senado. Allí usted no solo debe estar ejerciendo su trabajo, sino abriendo diálogos de fondo más allá de las atrocidades históricas; el poder también debe ser la capacidad de accionar coherentemente. Es contradictorio que critique a los políticos de oficio por no ofrecer mucho, mientras usted imita esa misma conducta: se niega a dar debates, se dedica a pontificar sobre lo humano y lo divino, y no nos permite entender qué quiere hacer como presidente de manera diferenciada.

Usted debería darnos la altura que lo caracterizaba antes de ser petrista y alejarse de esa superioridad moral desde la cual parece negarse a dialogar con quienes considera inferiores intelectuales. Al evadir el debate, nos niega la oportunidad de elegir a conciencia y de saber si usted defenderá todos los procesos ejecutivos de este gobierno. El centro siempre ha tomado decisiones responsables; algunos han votado hacia la izquierda, otros a la derecha, y siempre nos han mantenido huérfanos de representación partidista. Quieren nuestros votos, mas no quieren nuestra veeduría y control político. Colombia no necesita un show de superioridad ni un espejo retrovisor eterno; necesita propuestas nuevas para un futuro en democracia.

A todas las personas: la derecha y la izquierda quieren que la gran mayoría no salga a votar o que lo hagamos movidos por el enojo. Sin información veraz y contrastada, no podemos darles ese gusto. Salgan a votar a conciencia; revisen trayectorias en esta era de sobreinformación donde no podemos dar nada por sentado.

¿Estamos dispuestos a permitir que el silencio entregue el poder a quienes solo saben responder mirando hacia atrás?

Colofón: Cartas a las candidaturas: Un ejercicio de veeduría ciudadana. Esta es mi primera entrega de un especial de cartas que haré a diferentes candidaturas presidenciales, aunque será imposible escribirle a cada una de ellas. Aclaro que esta serie de textos nace de mi lugar de enunciación como mujer demócrata, a título personal, desde la interculturalidad crítica y la educomunicación. Durante la semana estaré confrontando las posturas éticas de quienes aspiran al poder desde la razón y la responsabilidad civil.

Colombia y su futuro.

Cada 13 de octubre en Tobuna, una localidad de la selva misionera, se celebra la Fiesta del Loro Pecho Vinoso. Durante esa jornada, las 120 familias de la zona participan en eventos deportivos, festivales artísticos y ferias gastronómicas. Todo gira en torno a esta colorida ave que no existe en ninguna otra parte de Argentina.

En este pueblo es común ver al loro retratado en carteles, pinturas y camisetas como símbolo de identidad local. Pero no siempre fue así. Veinte años atrás, cuando llegaron los primeros científicos del Proyecto Selva de Pino Paraná, muchos ejemplares estaban en las casas como mascotas. Algunos agricultores de la zona notaron que cada vez era más difícil toparse con ellos en la vida silvestre.

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“El loro siempre vivió en estos bosques, pero empezamos a ver que estaba bajando la población por el mascotismo y los desmontes. Y estos animales necesitan refugio y alimento natural. Había que hacer algo”, recuerda Getulio González, productor local de maíz, tabaco y yerba mate.

La preocupación entre los vecinos aumentó cuando supieron que sus terrenos eran el último enclave que les quedaba a estas aves en todo el país.

Ante la escasa bibliografía existente, las investigaciones del Proyecto Selva de Pino Paraná dieron a conocer la situación crítica del loro pecho vinoso (Amazona vinacea). Gracias a esta revisión, la especie fue categorizada En Peligro Crítico a nivel nacional, mientras que a nivel global se encuentra En Peligro, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En estas poco más de dos décadas (2005-2026), a partir de tareas de manejo como protección de nidos y la reforestación de árboles nativos —principalmente del pino paraná (Araucaria angustifolia)— se estabilizó la población del ave y se impulsó un progresivo crecimiento de su población.

El pino paraná es un árbol de gran porte que sirve de refugio y nidificación. Sus frutos carnosos alimentan a esta ave mediana (de entre 30 a 36 centímetros de longitud), que al consumir principalmente frutos de flora nativa cumple un rol biológico relevante en la dispersión de semillas.

Adicionalmente, en 2024 la ONG Aves Argentinas diseñó e implementó un programa en territorio para promover nidos artificiales que reduzcan la competencia con otras aves y darle protección y sostenibilidad a las poblaciones del loro amenazado.

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Un tesoro del bosque atlántico

El primer conteo en el que participó el Proyecto Selva de Pino Paraná, en 2005, registró 163 ejemplares en Tobuna y otros pequeños parajes del departamento de San Pedro, en la provincia de Misiones. La situación alertó a los expertos, ya que durante la primera mitad del siglo XX, el loro pecho vinoso habitó gran parte de Misiones y su población podía contarse en miles. La profunda pérdida de hábitat del bosque atlántico (actualmente sólo queda el 14 % del ecosistema original) empujó a la especie a parajes reducidos donde aún quedan bosques de pino paraná.

El censo también puso en números el nivel de reducción que Getulio González y otros vecinos ya venían advirtiendo.

Y es que debido a la llamativa coloración del ave, pecho violáceo (de ahí su nombre), frente roja y nuca turquesa, fue víctima habitual de extracciones directas para el mascotismo y el comercio ilegal.

“A fines de diciembre solían extraerse pichones, ya sea para tenerlos en casa o para venderlos a alguien que venía a buscarlos de Brasil [Tobuna está ubicado a sólo 35 kilómetros de la frontera]”, recuerda Rodrigo Fariña, uno de los miembros fundadores del Proyecto Selva de Pino Paraná y actual coordinador del Proyecto Bosque Atlántico de la ONG Aves Argentinas.

Según Fariña, entre 2003 y 2004 se encontraron más de 40 loros en cautiverio en Tobuna y sus alrededores, muchos de ellos capturados desde pichones. Fue con estos ejemplares que los científicos empezaron a describir y estudiar la especie.

Mientras se conocían aspectos de su dieta y etapa reproductiva, se fueron gestando campañas para estimular la identificación, promover la conservación y reducir el mascotismo. No sólo visitaron hogares, sino que durante más de cinco años científicas del proyecto, como Bianca Bonaparte y Kristina Cockle, trabajaron con docentes de las escuelas de la zona. Nadie hablaba del loro pecho vinoso en las aulas. Para 2012, nueve de cada diez maestros reportaron haber usado esta ave como ejemplo de especie amenazada en sus clases.

El cambio cultural alcanzó un hito en agosto de 2019, cuando se declaró al loro pecho vinoso como Monumento Natural Provincial en Misiones. Esta norma apunta a frenar la caza, comercialización y tenencia del ave. Además, implica sanciones para quienes la incumplan, como multas económicas, inhabilitaciones para cazar y decomiso de bienes y ejemplares.

La bióloga Sofía Zalazar coordina desde 2024 el programa de conservación de esta especie que impulsa Aves Argentinas y comenta que si bien las extracciones disminuyeron significativamente, aún se topan con casos que demuestran que el trabajo educativo debe sostenerse.

“Este año una familia se nos acercó y nos entregó voluntariamente su loro, que ya tenía más de un año con ellos. Eso quiere decir que todavía hay saqueo de pichones”, apunta Zalazar.

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El desafío reproductivo: la escasez de nidos

Cada tarde, después de faenar la tierra, Getulio González camina a sus terrenos, donde aún crece bosque nativo. A inicios de siglo, en un área de 10 hectáreas, plantó semillas de pino paraná. Hoy, gracias a estos árboles gigantes de 20 metros de alto, aún es posible escuchar los cantos de los loros pecho vinoso.

El escenario no es uniforme en el resto de la localidad. “En las grandes propiedades los árboles ya no existen. Con las topadoras tumbaron todo”, cuenta González sobre los proyectos madereros industriales. Aunque el mensaje de la conservación cada vez ha calado más en la vida de los agricultores, en momentos de crisis económica, como cuando baja el precio del kilo de yerba mate, algunos productores han recurrido a la tumba de árboles para sembrar otros cultivos y poder sobrevivir.

Esta combinación de factores ha reducido históricamente la cantidad de árboles en los que los loros instalan sus nidos.

De hecho, los estudios realizados durante la década de 2000 por el Proyecto de Selva Pino Paraná permitieron conocer las características del proceso de nidificación de la especie. Estos loros eligen árboles de gran porte como el pino paraná, ya que usan cavidades ubicadas en partes altas, a 20 metros del suelo y que pueden llegar a tener 90 centímetros de profundidad.

“Cuando se pierden estos árboles se reduce la cantidad de cavidades y empieza una competencia más intensa con otros loros, pero también con otras aves, abejas y zarigüeyas que los utilizan. Con pocos huecos se hace difícil sacar adelante los pichones”, refiere la bióloga Sofía Zalazar, de Aves Argentinas.

Los loros pecho vinoso pueden poner hasta cuatro huevos, pero sólo tienen una nidada al año y el éxito reproductivo es bajo. Muchas veces las parejas fracasan o logran sacar adelante apenas un pichón.

Para impulsar el aumento poblacional de la especie, en 2024 Aves Argentinas instaló una estación biológica en Tobuna.

Un día, Zalazar y otros científicos llegaron a la casa de Getulio González con cajas rectangulares. Estos dispositivos, hechos de plástico reciclado y madera, tienen un orificio en la parte superior para funcionar como nidos artificiales que aumenten la oferta de cavidades.

“Obviamente hay otras especies que las pueden utilizar. Eso también es positivo, ya que así se reduce la competencia por otros huecos [naturales]”, apunta Zalazar.

En las chacras de González se colocaron 15 cajas nido en árboles de gran porte que no tenían cavidades o en zonas que los loros ya habían usado antes para nidificar. En 2025, en todo Tobuna se colocaron 40 cajas y para la temporada 2026 se busca sumar 100 más.

Los científicos también entendieron que no bastaba con ampliar el número de cavidades. Había que garantizar el crecimiento de los pichones en los nidos naturales. Bajo esa misión se conformaron guardianías con biólogos, técnicos, voluntarios y las mismas familias productoras.

Durante la etapa reproductiva, entre septiembre y diciembre de cada año, Getulio González está atento a si alrededor de los árboles que poseen nidos rondan abejas, tucanes o zarigüeyas que pueden comerse los huevos. Aunque el equipo científico se instala durante varios días cerca de los nidos, son los productores como González quienes actúan como los primeros guardianes de los pichones.

Ante cualquier amenaza, los locales informan a la estación científica, que envía expertos para revisar y, si es necesario, realizar tareas de mantenimiento en los nidos. “Tapamos agujeros por donde entra agua, extraemos parásitos externos, también hemos implementado anillos de acero rodeando los troncos de los árboles para evitar que suban predadores. El objetivo es que la mayor cantidad posible de pichones logre salir de los nidos”, refiere Fariña.

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La reforestación de pino paraná que ayuda al loro pecho vinoso

Las primeras luces del 8 de septiembre de 2009 dejaron ver una postal devastadora en Santa Rosa, un pequeño paraje a 10 kilómetros de Tobuna. Al amanecer se pudo dimensionar el impacto causado por el tornado F4 que había sacudido la selva durante la noche previa.

Los vientos se llevaron once vidas humanas, casas, ganado y cultivos. Decenas de árboles fueron arrancados del bosque nativo, como si una topadora hubiera pasado por encima.

En la reconstrucción del lugar, los vecinos no sólo levantaron sus viviendas, también consideraron la restauración de su hogar mayor: el monte. Ante el panorama desolador, Abilio Rodríguez se preguntó por los loros pecho vinoso. “Con el tornado, las cortinas de bosque desaparecieron, los pinos que eran sus refugios ya no estaban. ¿Qué sería de ellos?”, se preocupó entonces.

A las pocas semanas se juntaron 25 familias y decidieron plantar pinos paraná y otros árboles nativos para recuperar algo de lo perdido. En 2010, con apoyo del Proyecto Selva de Pino Paraná, sembraron los primeros 523 plantines.

Con el pasar del tiempo se sumaron otras familias, incluyendo algunas de parajes vecinos. Rodríguez fue uno de los pioneros en esa iniciativa. “Los vecinos me fueron preguntando dónde conseguir arbolitos. La gente se fue interesando cada vez más en el proyecto”, menciona.

Entre 2010 y 2024, unas 90 familias plantaron 3926 ejemplares de especies nativas en sus chacras y escuelas. Además de los pinos paraná, crecieron grapia (Apuleia leiocarpa), pitanga (Eugenia uniflora), yaboticaba (Plinia trunciflora), entre otras especies.

Hoy los árboles lucen altos y dan frutos cada temporada. Sin embargo, para Rodríguez lo más reconfortante es ver el hábitat del loro reverdecer. “Donde hay araucarias [pinos paraná], hay loros. Al conservar a uno, conservas al otro. Por eso seguimos recuperando bosques”, dice con satisfacción.

Las diferentes acciones ejecutadas en estas dos décadas —estudios, campañas socioeducativas, regulación legal, protección y ampliación de nidos, reforestación— permitieron estabilizar la escasa población de loros pecho vinoso. A partir de los conteos realizados entre 2007 y 2025 se evidencia una tendencia positiva en la selva de Misiones.

“Los conteos de a poquito van dando números más altos. En paralelo, se fueron viendo muchos cambios en la relación de los vecinos con el loro. Hoy es una especie que identifican y de la que sienten orgullo”, menciona Zalazar.

Mientras que en 2005 se identificaron 163 ejemplares, para 2016 ya se reportaron 252 individuos. Tras ese estudio, por falta de recursos, los conteos se interrumpieron.

En 2025, Aves Argentinas junto con otras instituciones, tanto gubernamentales como particulares, reactivaron las mediciones y llevaron a cabo un conteo trinacional (incluyendo las áreas de distribución de la especie en Brasil y Paraguay).

Este estudio se realizó a fines de marzo de ese año, cuando los loros pecho vinoso, tras la etapa reproductiva, se reúnen en bandadas para transitar el otoño y el invierno. Se realizaron durante tres días en los dormideros previamente identificados y, para evitar el doble conteo, el proceso se realizó de forma simultánea en cada sitio. Se contabilizaron 323 individuos sólo en Argentina.

Rodrigo Fariña asegura que si bien hay un crecimiento visible en el campo, los conteos también fueron mejorando su metodología y logística (mayor número de observadores). Ahora se encuentran planificando el nuevo conteo anual.

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Los desafíos de rehabilitar los loros que fueron mascotas

La mayoría de los ejemplares de loro pecho vinoso rescatados del mascotismo o del tráfico ilegal llegan al Centro de Rescate y Conservación Güirá Oga, una organización de Fundación Azara que trabaja en conjunto con Aves Argentinas. Allí entran en cuarentena y después de una revisión sanitaria arranca un proceso de recuperación que suele extenderse por más de un año.

El médico veterinario Dante Di Nucci ha recibido muchos loros con problemas nutricionales y físicos. “Vienen con dietas deficientes. Les dan semillas de girasol que les generan adicción y son dañinas para el hígado. Lograr que se alimenten sano toma tiempo”, sostiene.

Con los primeros ejemplares recuperados, en la década de 2010, se conformó un plantel reproductivo. “Tenemos varias parejas y todos los años reproducimos para aumentar el número de pichones y en un futuro poder liberar una bandada”, cuenta Di Nucci. Según el especialista, se necesita al menos un grupo de cinco individuos aptos para hacer una liberación definitiva.

Actualmente, vienen trabajando con una decena de ejemplares, entre rescatados y nacidos en cautiverio. Conforme avanza la preparación se modifican dietas para que el ave deje el alimento vinculado al humano y logre reconocer el alimento que va a tener que conseguir en vida libre.

Otro punto clave es lograr que recuperen o adquieran la capacidad de volar. Se realizan ejercicios de musculación, que inician en espacios reducidos y progresivamente van pasando a lugares de mayor superficie. Llegan hasta jaulones de 25 metros de largo, donde culminan su preparación de vuelo.

Se espera poder realizar una primera liberación este año, pero Di Nucci afirma que al final “los tiempos reales te los marcan los mismos animales”.

Para este año también hay expectativa en la recopilación de información de los transmisores colocados en cinco pichones. Con este seguimiento satelital, Aves Argentinas busca estudiar los usos de hábitat de los loros.

“Eso nos va a generar un montón de información, sobre todo cuando esos juveniles empiecen a crecer, para ver qué manchones de selva utilizan y son prioritarios para la conservación de la especie”, refiere Fariña.

En el bosque germina también otra conciencia. Los niños de Tobuna y sus alrededores conformaron un Club de Naturaleza junto con científicos de la estación biológica de Aves Argentinas. Este grupo realiza observación de aves con binoculares, senderismo, técnica de trepa (para colocar cajas nido) y se estimula la valoración de la selva misionera.

Getulio González los recibe cada mes para que recorran sus terrenos y vean a los loros vinosos que viven en los pinos paraná. “Que conozcan lo que tenemos en nuestros bosques. Si nosotros no los cuidamos, ¿quién lo hará?”, concluye.

*Imagen principal: el loro pecho vinoso habita en los árboles de pino paraná. Foto: cortesía Marc Estornell.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo Ocaña en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A casi dos meses del derrame de petróleo ocurrido en aguas del Golfo de México sus remanentes persisten en zonas costeras del país, sin embargo aún hay vacíos de información sobre el origen de la contaminación. Ante este escenario, los análisis científicos y satelitales permiten reconstruir una parte del incidente y sus alcances.

El conocimiento que tienen las comunidades pesqueras y las acciones de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil también han contribuido a entender qué provocó que el derrame se dispersara a lo largo de más de 900 kilómetros de costa e impactara en las economías y biodiversidad de la región, de acuerdo con el monitoreo de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Especialistas, representantes de comunidades y ambientalistas consultados por Mongabay Latam identifican las inconsistencias y algunos aciertos en la información difundida por el gobierno de México para explicar este nuevo derrame en el mar.

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El origen del derrame y las omisiones de autoridades

Imágenes y análisis satelitales detectaron el derrame desde el pasado 6 de febrero en la zona de Cantarell, un campo de alta explotación petrolera en las aguas del estado de Campeche.

Para Abigail Uribe Martínez, científica del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se trató de un derrame breve pero de alcances prolongados, pues aunque inició en los primeros días de febrero, las corrientes marinas y las condiciones del clima provocaron la llegada de hidrocarburo a zonas costeras hasta el 1° de marzo.

“La fuga hace mucho tiempo que ya está cerrada. Lo que tenemos son los remanentes de lo que salió. Es posible que [el derrame] no haya durado ni una semana. La primera vez que vimos petróleo en esa zona fue el 7 de febrero y la última vez fue el 15 de febrero”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Estas fechas coinciden con los reportes de organizaciones civiles, que usando también imágenes satelitales denunciaron que entre el 7 y el 14 de febrero, un buque especializado en reparación de ductos permaneció sobre uno de los oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras había “una gran mancha de petróleo en la zona”.

Este grupo de más de 30 organizaciones —entre ellas el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)— dieron a conocer imágenes satelitales que mostraban una embarcación cercana a la plataforma petrolera Abkatún.

De acuerdo con el reporte, para el 13 de febrero el derrame era visible y mostraba al menos cinco embarcaciones que realizaban labores de contención, “una de ellas usando chorros de agua típicos de acciones para controlar derrames”.

También coincide con la investigación realizada por el periódico El País, que dio a conocer que este buque contratado por Pemex para la reparación de ductos submarinos, llamado Árbol Grande, pasó 200 horas sobre un oleoducto que conecta el campo de Cantarell con la terminal marítima de Dos Bocas, rodeado de otras embarcaciones y sobre una mancha aceitosa en el mar.

Plataformas de monitoreo satelital, como Global Fishing Watch, permiten identificar que la embarcación Árbol Grande se movilizó desde el 6 de febrero hacia la zona del derrame, donde permaneció hasta el 18 de febrero.

Al respecto, Pemex sostuvo que la embarcación Árbol Grande es una de 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística que prestan servicios permanentes en el Golfo de México realizando “inspecciones preventivas en plataformas y embarcaciones especializadas de atención de derrames”.

En tanto, las autoridades federales emitieron información sobre el origen del derrame hasta el pasado 26 de marzo en una conferencia de prensa, donde dijeron haber identificado tres fuentes de contaminación que incluía el vertimiento ilegal de un buque (de entre 13 embarcaciones que se encontraban en la zona), así como de dos chapopoteras que son emanaciones naturales de hidrocarburo.

Sin embargo, este grupo interinstitucional, ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el derrame, omitió información sobre las fechas del vertimiento en febrero, así como de la embarcación responsable que aún no ha sido identificada.

Alejandra Jiménez, ambientalista e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que hay vacíos de información en la versión oficial para explicar qué provocó el derrame y una reacción tardía para contener la falla.

“Hay instrumentos científicos y técnicos que pudieron haber ayudado a informar y que no se usaron, por ejemplo las imágenes satelitales. Nos parece que se reservaron muchísima información que no han hecho pública y eso habla de que hay algo que no quieren que se sepa”, dice la ambientalista a Mongabay Latam.

Este medio intentó contactar a dependencias del grupo interinstitucional, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tener su versión sobre la falta de información en el origen del derrame. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

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Chapopoteras naturales, una respuesta constante a los derrames

El Golfo de México tiene cientos de emanaciones naturales de hidrocarburo conocidas como chapopoteras, sin embargo no todas se expresan igual y las más conocidas tienen huellas que logran identificarse, de acuerdo con la científica Abigail Uribe, quien ha estudiado la forma que se reflejan en la superficie.

La chapopotera de Cantarell nace de fisuras en el piso oceánico y forma una huella que la especialista describe como de “garra de león”, con unas líneas paralelas que salen de varios puntos.

“Esta huella de garra es muy característica en esas emanaciones y además una característica importante es que su extensión suele ser muy corta. Un gran porcentaje es de unos cuantos kilómetros, dos o cinco kilómetros. Eventualmente, bajo condiciones que no tenemos del todo claras, puede llegar a ser mucho más larga, de 30 o 50 kilómetros”, describe Uribe.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo que la principal fuente de contaminación por el derrame en el Golfo de México es la chapopotera de Cantarell, aunque sin mostrar evidencia que comprobara este fenómeno. “Estas chapopoteras tienen una emanación permanente natural. Sin embargo se ha detectado un mayor flujo de contaminantes en el último mes”, dijo en conferencia de prensa.

Al respecto, la especialista señala que a inicios de 2026 la chapopotera de Cantarell sí tuvo emanaciones intensas, pero también explica que el origen de las emanaciones entre febrero y marzo también se ha podido mapear y están más asociadas a los ductos petroleros.

“Sabemos muy bien el origen de Cantarell, lo tenemos perfectamente mapeado. Hay orígenes que no necesariamente son de la chapopotera y están más bien asociados a infraestructura petrolera. Aquí el origen está mucho más cerca de ductos, pozos, plataformas”, dice a Mongabay Latam.

La especialista también precisa que es común que las emanaciones de la chapopotera de Cantarell se mezclen con incidentes en plataformas y ductos, lo que dificulta diferenciar las fuentes de contaminación.

La presidenta Sheinbaum insistió este 31 de marzo en que no se ha encontrado evidencia de fugas en los ductos de Pemex, pero dijo que se revisan las instalaciones de la empresa estatal.

“Estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de las instalaciones. Hasta ahora, no ha habido una fuga. Si se llegara a ver que hay una fuga, se informaría y se entraría a la reparación”, expuso la mandataria.

Esta no es la primera vez que las autoridades atribuyen los derrames petroleros a las emanaciones naturales en el mar. En 2025, Mongabay Latam y Data Crítica revelaron que la mayor parte de los vertimientos no se reportan. Solo entre 2018 y 2024, especialistas identificaron, mediante el análisis de imágenes satelitales, un subregistro oficial de casi el 60 % de estos incidentes en instalaciones petroleras.

Leer más | Pescadores ya sienten el impacto económico por el derrame de petróleo en el Golfo de México

Afectaciones costeras y responsables sin identificar

El derrame petrolero llegó en el peor momento para las comunidades costeras del Golfo de México, principalmente de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde no solo viven de la pesca, sino también del turismo que llega en el periodo vacacional de Semana Santa.

Eunices Contreras Sánchez, secretaria de la cooperativa Punta del Salado, ubicada en la comunidad de Olapa, municipio de Mecayapan, Veracruz, sostiene que desde el 2 de marzo que llegaron los primeros remanentes de petróleo a la costa no han dejado de limpiar las playas.

“Los pescadores intentaban sacar el crudo, pero se desvanecía en las manos, venía casi líquido y no se podía manejar. Provocó afectación en la zona hacia las redes, en la costa, se quedó entre los arrecifales. Cuando los pescadores quisieron ir a sacar sus artes de pesca ya estaban dañados”, cuenta Contreras.

Las organizaciones civiles que denunciaron el derrame también señalaron un retraso en activar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, el cual obliga a notificar el incidente de forma inmediata, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional.

“Todo indica que hubo un derrame, que no fue una chapopotera y que fue un ducto de Pemex. Nos preocupa muchísimo porque dentro de este mecanismo de atención a derrames, el plan marca que es responsabilidad de quien contamina”, expone Jiménez.

La defensora destaca principalmente la respuesta de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA) que ha realizado 11 recorridos de supervisión en los municipios afectados y ha emitido cinco requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos, sin que hasta ahora se sepa quién o quiénes son los responsables del derrame.

“La Agencia es central para atender todo lo que tiene que ver con cuidado al medioambiente en el sector hidrocarburos y nos preocupa que no tenga un papel importante en un caso al que se le ha dado muchísima difusión y del cual hay muchísima evidencia”, afirma.

Aunque el Grupo Interinstitucional ha informado la recolección de 430 toneladas de hidrocarburo y acciones de limpieza en 223 kilómetros de playa, la ambientalista advierte que no se están contemplando los impactos sostenidos a las comunidades costeras y a ecosistemas claves como los arrecifes.

“Hay familias independientes de pescadores que todavía no reciben atención. Hay afectaciones a la fauna y al Sistema Arrecifal, un Área Natural Protegida desde 1992, y ha habido descuido por parte de las autoridades para aplicar los mecanismos necesarios para proteger esa zona, indispensable para todo el Golfo de México, que protege de los huracanes y de los eventos climáticos”, expone.

Contreras sostiene que en 35 años de actividad pesquera en Olapa este derrame ha sido el de mayor magnitud en la localidad.

“Ya fue controlado [el derrame], pero uno camina por la playa y te manchas. Hemos hecho mucha limpieza porque es nuestra área de trabajo y aun así nos sigue manchando”, dice la pescadora a Mongabay Latam.

Incluso, sostiene que de tanta experiencia con derrames en el Golfo, los pescadores ya saben la reacción de los peces cuando hay un vertimiento. “El pescado cuando nota el peligro se aísla, se guarda. En este caso, percibe el olor, se guarda y eso ha perjudicado en esta temporada al sector”, explica.

Contrera pide dejar de minimizar los impactos del derrame en los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras para subsistir.

*Imagen principal: el derrame ya impactó a lo largo de 900 kilómetros de costa en el Golfo de México. Foto: cortesía Eunices Contreras Sánchez.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hablo de las denuncias y señalamientos por acoso sexual en los que se menciona a periodistas de gran reconocimiento en la opinión pública, quienes han desarrollado una carrera exitosa y gozan de buena credibilidad.

Este debate es molesto, especialmente para quienes rompieron el silencio y decidieron manifestar públicamente su incomodidad por sentirse víctimas de esta inadecuada forma de actuar de quienes ostentan cierto grado de poder en los medios de comunicación —un hecho que no podemos negar, por mucho que nos duela a quienes hacemos parte del universo del periodismo—, porque resulta además injusto para quienes sienten afecto por las personas involucradas.

No solo los pone a dudar, sino que también los deja bajo la mirada de los amigos de la víctima, quienes empiezan a señalarles de avalar estas prácticas.

¿En qué momento llegamos a esto? Es posible que la misma industria de la información en Colombia, al dejarse influenciar por la tendencia de poner frente a las cámaras y micrófonos a mujeres y hombres con determinadas características físicas, haya contribuido a ello.

Esto hace que los periodistas luzcan no como profesionales en el oficio, sino como si se tratara de modelos caminando en una pasarela o de un concurso de belleza. No nos digamos mentiras: esto alimenta el morbo de personas con cierto grado de poder, que se aprovechan de quienes tienen la necesidad de asegurarse un trabajo y de escalar en su nivel profesional.

Cuando esto sucede y se da a conocer públicamente de manera involuntaria e inmediata, divide a la sociedad, porque se genera una discusión entre quienes creen y quienes no creen. Es decir, pone a las personas en la incómoda situación de tener que tomar partido.

Se han conocido señalamientos en redes sociales contra periodistas que han hecho carrera en medios privados y gozan de gran reconocimiento en la opinión pública, y también contra el gerente de RTVC, Hollman Morris. Todos estos casos han desatado la conformación de dos “ejércitos”: quienes creen y quienes no creen.

Quienes creen se ponen del lado de la persona que asegura ser la víctima y juzgan con dureza al supuesto victimario. Por su parte, quienes no creen se ubican al lado de la persona señalada y la defienden con vehemencia, incluso enfrentándose verbalmente en redes sociales con la contraparte.

Ya hemos visto a quienes celebran el retiro de presentadores y periodistas de los medios privados que están inmersos en este escándalo, sin darles el beneficio de la duda y sin pensar en el daño reputacional que se les podría causar en caso de que la investigación arroje resultados a su favor.

También vemos la publicación de una carta firmada por un grupo de mujeres que piden al presidente de la República, Gustavo Petro, no retirar del cargo de gerente de RTVC a Hollman Morris hasta que haya un veredicto por parte de la justicia. “El señor Morris no ha sido sancionado, ni penal, ni disciplinaria, ni fiscalmente, por actos de acoso sexual, acoso laboral ni detrimento patrimonial del Estado”, recuerda la carta en uno de sus apartes.

Del otro lado, están quienes piden su salida inmediata y lo juzgan sin considerar que, al igual que en los casos anteriores, la justicia podría determinar su inocencia.

El acoso sexual existe, eso es cierto, es innegable. Lo digo porque lo he visto en empresas privadas donde trabajé en el área administrativa, en medios de comunicación y también en ONGs de izquierda que, irónicamente, tienen como misión la defensa de los derechos humanos.

Por lo general, las víctimas son mujeres que llegan con el ánimo de crecer profesionalmente y, a las pocas semanas de ser contratadas, se ven asediadas por hombres con poder. Vale decir también que se han visto casos de acoso hacia hombres, sin que estos puedan decir “esta boca es mía”, porque ahí no hay quien les crea.

¿Qué hacer en estos casos? Lo mejor sería informarse y preguntar por cada situación en particular, porque he visto que en ocasiones se trata de simples coqueteos o piropos que hoy en día pueden considerarse inapropiados y, en algunos casos, ser catalogados como acoso. Pero, por supuesto, también puede existir un interés real de aprovecharse de una persona en condición de vulnerabilidad; ahí es donde la justicia debe actuar.

Lo más importante es permitir que las investigaciones sigan su curso y que determinen si existe o no culpabilidad.

Nota recomendada: No mienta senadora Paloma Valencia, no mienta

Las alertas surgieron durante la más reciente asamblea de accionistas, donde socios minoritarios detectaron inconsistencias al ejercer su derecho de inspección. Según denunciaron, pese a restricciones en el acceso a documentos, lograron identificar una compleja situación financiera en la que la empresa dependería de préstamos de compañías vinculadas y de ingresos no operacionales.

En el centro de la controversia aparece el gerente Martín Nova, señalado por presuntamente autorizar bonificaciones por productividad en medio de una caída en las ventas. Fuentes cercanas indican que la compañía ha compensado su bajo desempeño comercial mediante el arrendamiento de activos, algunos vinculados a socios mayoritarios.

Otro punto clave es la relación con una empresa asociada en Barrancabermeja, desde donde se habrían otorgado préstamos a la matriz. En este contexto, la multinacional Toyota habría restringido el suministro de vehículos, lo que habría impactado directamente en la disminución de ventas.

Además, se investiga la ocupación de un predio en Bucaramanga con orden judicial de demolición no ejecutada, pese a inversiones recientes. Los denunciantes cuestionan también la inacción de la junta directiva, presuntamente cercana a la gerencia, mientras avanza la investigación del ente de control.

Nota recomendada: No mienta senadora Paloma Valencia, no mienta

Si el actual primer ministro británico perteneciera a la especie de los que creen tener siempre la razón y además el derecho a calificar a los demás como les venga en gana, podría decir que Trump no es Franklin Delano Roosevelt, contraparte americana de Churchill y aliado en el invento de la “relación especial” que desde la Segunda Guerra Mundial caracterizó la amistad entre el Reino Unido y los Estados Unidos. 

Aparte del origen cultural, histórico y lingüístico compartido entre sus dos países, Churchill y Roosevelt tenían afinidades en cuanto a su abolengo distinguido, su educación y su integridad personal y política, además de un entrenamiento comprobado en el manejo de las cosas públicas. Condiciones personales de ancestro, afinidad y cercanía ausentes en el caso de Starmer y Trump: el primero abogado, parlamentario y exitoso fiscal, y el segundo hombre de negocios inmobiliarios, concursos de belleza, casinos, hoteles, y campos de golf.

No es posible apreciar el contenido y la calidad de la relación entre los gobernantes británico y estadounidense de hoy sin darle una mirada al contexto político e institucional que, en el caso de cada uno, enmarca sus actuaciones. Starmer vive la realidad cotidiana de un sistema político fundamentado en la discusión parlamentaria permanente, frente a una oposición institucionalizada, ejercida con rigor y dureza apoyados no solamente en proyectos políticos diferenciados, sino en la existencia de un “gabinete en la sombra” que debe recibir toda la información necesaria para estar listo a asumir el poder en el término de horas, si fuese necesario. 

Cada miércoles al medio día, todo primer ministro británico debe concurrir personalmente a responder preguntas en el seno de la Cámara de los Comunes. Allí debe demostrar su conocimiento del Estado, el sentido que tiene el funcionamiento de su gobierno, la orientación de su política interna y exterior, y todo cuanto se les pueda ocurrir a los miembros de esa cámara habitada por representantes elegidos que se mantienen en contacto con sus electores para recoger sus sentimientos y hacerlos públicos. Para completar, el jefe del gobierno no puede nombrar simplemente a sus amigos o socios de su vida privada en el gabinete, pues para formar parte de ese equipo es indispensable ser miembro del parlamento. Y no puede haber gobierno si el primer ministro no cuenta con mayoría parlamentaria, de manera que en el momento en que la pierda, se tiene que ir.

El contraste con los Estados Unidos de nuestros días no puede ser más elocuente. La venerada Constitución de 1787 es mucho más joven que las normas que dieron origen a la democracia británica, que datan de la Carta Magna de 1215, cuando se estableció que el rey estaba sujeto a la ley. Pero en todo caso no es otra cosa que la consagración expresa de un Estado de Derecho, con libertades, responsabilidades y factores de equilibrio que nadie se había atrevido a desconocer. 

Justamente ahora se ha venido a hacer evidente que esa constitución, a la que se refieren con justificado orgullo los estadounidenses, confiaba en la continuidad de un estereotipo elevado de presidente de la Unión. Es decir que el gobierno federal estuviese en manos de alguien caracterizado por el respeto a esa ley de leyes que cada presidente jura cumplir y defender, el manejo juicioso de las herramientas del poder, la atención prioritaria a la preservación del Estado de Derecho, y el respeto total de las fronteras entre ramas del poder, así como entre el gobierno federal y los estatales. Algo que no se aprecia con esa nitidez bajo el modo de ejercicio de la presidencia actual de los Estados Unidos. 

Esto quiere decir que no es fácil ni exigible políticamente la coincidencia entre un presidente que ejerce su mandato a su manera, sin detenerse demasiado en “detalles” institucionales, y un primer ministro que ejerce el suyo de manera rigurosa dentro de una de las organizaciones institucionales democráticas más antiguas del mundo. 

Trump ha demostrado que no tiene reatos en lanzarse a una guerra de proporciones y consecuencias muy graves sin notificación previa ni autorización del Congreso, con expresiones erráticas sobre las causas y los objetivos de la “excursión”, y encima de todo exigir con aire de dueño del mundo que los aliados históricos de los Estados Unidos le acompañen en su aventura. ¡Justamente por eso no le sería posible convencer y manejar un Churchill!

Tal vez quien hubiera convenido más a Trump habría sido un Tony Blair. En el Reino Unido nadie olvida que, con motivo del ataque a Irak, sobre el supuesto, que resultó después falso, de la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Sadam Hussein, Blair corrió a participar en el asalto y después en la administración imperial de Mesopotamia, con resultados de los que todavía tienen de qué lamentarse todas las partes. 

Churchill y Roosevelt fueron aliados políticos y llegaron a ser amigos personales, pero ninguno de ellos se caracterizó por tratar de subordinar al otro y mucho menos tratarlo de manera irrespetuosa, como si tuviera la exclusividad de la prerrogativa de calificarlo y jugar burlonamente ante el público con las palabras para sentirse superior. Quien así hubiera actuado se habría desprestigiado para siempre, y habría sentido horror de ser celebrado como “mangas” de barrio. 

Y no es que hubieran faltado desacuerdos, inclusive profundos, entre esos dos líderes de verdadera talla mundial. Como fue el caso de la presión de Roosevelt en favor del desmonte del esquema colonial del Imperio Británico como garantía del paso a una nueva era en la configuración del mundo. Propuesta que afectaba el que para Churchill era el logro más grande de la Gran Bretaña en la historia mundial. Imperio en el que había nacido y en cuya administración y sostenimiento había participado con una mezcla de política y armas en la mano. Pero jamás esa diferencia fue motivo de comportamiento desobligante o irrespetuoso, como tampoco dificultades mayores la admiración de Roosevelt por Stalin, no compartida en la misma proporción por Churchill.

Trump y Churchill difícilmente habrían podido ser amigos. Para ello habría sido necesaria la existencia de motivos de admiración mutua, sobre la base común de la integridad demostrada por cada quién. En gracia de discusión, Churchill, al haber recibido la solicitud de Trump de entrar en la guerra actual contra Irán, habría hecho valer su condición de estratega y guerrero en condición de militar o de periodista en las guerras de la independencia de Cuba, en batallas libradas para el Imperio en la India y en Sudáfrica, en la debacle de los Dardanelos y otros episodios de la Primera Guerra Mundial, así como en la invención de los tanques de Guerra, en su momento el avance más grande de la tecnología bélica, para rematar en la epopeya de la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración del mundo.

Vale la pena imaginar cómo habría sido la expresión de Winston Churchill, consumado lector y Premio Nobel de Literatura, curtido en campos de batalla donde se distinguió por osadía y audacia, al ser invitado por un empresario de inmuebles que se precia de no leer y evadió el servicio militar pero se cree el jefe de la manada, a emprender una guerra, con los argumentos expuestos al calor de su ego superlativo, precisamente en Irán, donde los británicos tuvieron tanta influencia en la estructuración de la explotación petrolera y en la política en el Siglo XX, y cuyas complejidades geográficas y culturales son particularmente exigentes. 

Los británicos no han sido ajenos a los chistes de Trump respecto de Starmer, quien ha manejado el bullying con decoro de caballero. Entre los comentaristas de actualidad ha habido quien recuerde que la alianza con los Estados Unidos no ha sido necesariamente incondicional. El primer ministro Harold Wilson mantuvo en su momento al Reino Unido fuera de la Guerra de Vietnam, a pesar de las presiones de Dean Rusk. En la misma lógica esperan que Starmer pase a la historia como alguien que fue capaz de mantener al país al margen de “una invitación a fiesta de karaoke en un lodazal”.

En Londres entienden que si bien los gobiernos tienen la obligación de pretender que los Estados Unidos obran con responsabilidad, la gente del común se puede separar de esa pretensión. Razón por la cual desde diferentes rincones se cuestiona la seriedad de los argumentos expuestos, y cambiados a cada rato, para el desencadenamiento de esta guerra asimétrica por definición y llena de sorpresas, como la de comenzar todo con el exterminio aparentemente aséptico de los gobernantes del país atacado. 

Las alianzas se deben construir sobre valores y compromisos comunes, y las guerras emprendidas en compañía exigen propósitos previamente acordados. Nadie tiene obligación de salir corriendo a participar en un asalto que se le ocurrió a otro, que exige ayuda e insulta a quien no la preste para luego repudiarlo por innecesario, al tiempo que anuncia a su conveniencia propósitos y hechos que no siempre coinciden con la realidad. Motivos suficientes para que sea risible la referencia de este momento a la figura de Winston Churchill, como si con su bagaje de gobernante y estratega hubiese estado dispuesto a entrar bajo el mando errático de Donald Trump.

Hoy, esa misma metáfora se impone en la escena nacional tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. No basta con identificar a los autores materiales e intelectuales —la Segunda Marquetalia ha sido señalada en las investigaciones—; hay una responsabilidad política que atraviesa a quienes gobiernan y a quienes integran la coalición legislativa. No se trata de buscar un chivo expiatorio, sino de reconocer que los hechos no ocurren en el vacío: son el resultado de cadenas de decisiones, omisiones y errores acumulados.

Cuando un crimen político de esta magnitud se consuma, no es porque “algo salió mal” de forma aislada. Es la suma de eslabones débiles: políticas mal calibradas, nombramientos cuestionables, negligencias administrativas y, sobre todo, la normalización de riesgos que debieron haberse previsto y corregido. La paz no se construye con atajos ni con gestos simbólicos; exige rigor, controles y coherencia entre fines y medios.

En ese sentido, hay dos responsabilidades que conviene subrayar. La primera es la de una política de paz que, en su afán por cerrar ciclos, abrió demasiadas puertas sin garantizar condiciones mínimas de seguridad institucional. Negociar con actores que mantienen vínculos con el crimen organizado o que no han demostrado una voluntad clara de desmovilización implica riesgos que deben ser gestionados con prudencia técnica y política.

La segunda es la del propio gobierno al otorgar estatus o cargos a personas con antecedentes penales o vínculos probados con actividades ilícitas: si se desconoció esa información fue un error grave; si se conocía y se actuó con indiferencia, la omisión es aún más grave.

Aceptar la responsabilidad política no es un acto de derrota; es, por el contrario, un acto de honestidad cívica. Reconocer que las apuestas por la paz tuvieron resultados parciales o equivocados no equivale a renegar del objetivo de terminar el conflicto, sino a exigir que las estrategias sean replanteadas con seriedad técnica y con la prioridad de proteger la vida y la institucionalidad.

Colombia no necesita, en este momento, más polarización entre derechas e izquierdas. Necesita un diagnóstico claro y desapasionado sobre qué funcionó y qué no en las políticas de paz; necesita controles efectivos y una política de seguridad que no dependa de improvisaciones ni de consignas. La ilusión del fin del conflicto no puede convertirse en excusa para relajar las exigencias institucionales propias del Estado de derecho.

No podemos permitir que la victoria de un grupo armado se convierta en la derrota de la democracia. La respuesta del Estado debe ser proporcional: investigación rigurosa, capturas y, sobre todo, reformas que cierren las brechas que permitieron el crimen.

La paz total no se decreta; se construye con condiciones. Y cuando esas condiciones faltan, el país debe estar dispuesto a corregir el rumbo, asumir responsabilidades y volver a poner la vida y la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo político. Solo así la frase “el tubo tuvo la culpa” dejará de ser una metáfora útil y se convertirá en una lección aprendida.

Si el actual primer ministro británico perteneciera al género de los que creen tener siempre la razón y además el derecho a calificar a los demás como les venga en gana, podría decir que Trump no es Franklin Delano Roosevelt, contraparte americana de Churchill y aliado en el invento de la “relación especial” que desde la Segunda Guerra Mundial caracterizó la amistad entre el Reino Unido y los Estados Unidos. 

Aparte del origen cultural, histórico y lingüístico compartido entre sus dos países, Churchill y Roosevelt tenían afinidades en cuanto a su abolengo, su educación y su integridad personal y política, además de un entrenamiento comprobado en el conocimiento de las cosas públicas. Afinidad y cercanía ausentes en el caso de Starmer y Trump: Sir Keir abogado, parlamentario y exitoso fiscal, y Donald hombre de negocios inmobiliarios, concursos de belleza, casinos, hoteles, y campos de golf.

No es posible apreciar el contenido y la calidad de la relación entre los gobernantes británico y estadounidense de hoy sin darle una mirada al contexto político e institucional que, en el caso de cada uno, enmarca sus actuaciones. Starmer vive la realidad cotidiana de un sistema político fundamentado en la discusión parlamentaria permanente, frente a una oposición institucionalizada, ejercida con rigor y dureza apoyados no solamente en proyectos políticos diferenciados, sino en la existencia de un “gabinete en la sombra” que debe recibir toda la información necesaria para estar listo a asumir el poder en el término de horas, si fuese necesario. 

Cada miércoles al medio día, todo primer ministro británico debe concurrir personalmente a responder preguntas en el seno de la Cámara de los Comunes. Allí debe demostrar su conocimiento del Estado, el sentido que tiene el funcionamiento de su gobierno, la orientación de su política interna y exterior, y todo cuanto se les pueda ocurrir a los miembros de esa cámara habitada por representantes elegidos que se mantienen en contacto con sus electores para recoger sus sentimientos y hacerlos públicos. Para completar, el jefe del gobierno no puede nombrar simplemente a sus amigos en el gabinete, pues para formar parte de ese equipo es indispensable ser miembro del parlamento. Y no puede haber gobierno si el primer ministro no cuenta con mayoría parlamentaria, de manera que en el momento en que la pierda, se tiene que ir.

El contraste con los Estados Unidos de nuestros días no puede ser más elocuente. La venerada Constitución de 1787 es mucho más joven que las normas que dieron origen a la democracia británica, que datan de la Carta Magna de 1215, cuando se estableció que el rey estaba sujeto a la ley, y no es otra cosa que la consagración de un Estado de Derecho, con libertades, responsabilidades y factores de equilibrio que nadie se debería atrever a desconocer. 

Justamente ahora se ha venido a hacer evidente que esa constitución, a la que se refieren con justificado orgullo los estadounidenses, confiaba en la continuidad inmodificable de un estereotipo de presidente de la Unión. Es decir que el gobierno federal estuviese en manos de alguien caracterizado por el respeto a esa ley de leyes que cada presidente jura cumplir y defender, por el manejo juicioso de las herramientas del poder, la atención prioritaria a la preservación del Estado de Derecho, y el respeto total de las fronteras establecidas entre ramas del poder, así como entre el poder federal y los estatales. Algo que no se aprecia con esa nitidez bajo el modo de ejercicio de la presidencia actual de los Estados Unidos. 

Esto quiere decir que no es fácil ni exigible políticamente la coincidencia entre un presidente que ejerce su mandato a su manera, sin detenerse demasiado en “detalles” institucionales, y un primer ministro que ejerce el suyo de manera rigurosa dentro de una de las organizaciones institucionales democráticas más antiguas del mundo. 

En otras palabras, Trump no tiene reatos en lanzarse a una guerra de proporciones y consecuencias muy graves sin notificación previa ni autorización del Congreso, con expresiones erráticas sobre las causas y los objetivos de la “excursión”, y encima de todo exigir con aire de dueño del mundo que los aliados históricos de los Estados Unidos le acompañen en su aventura. ¡Justamente para eso no sería posible convencer y manejar un Churchill!

Tal vez quien hubiera convenido más a Trump habría sido un Tony Blair. En el Reino Unido nadie olvida que, con motivo del ataque a Irak, sobre el supuesto, que resultó después falso, de la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Sadam Hussein, Blair corrió a participar en el asalto y después en la administración imperial de Mesopotamia, con resultados de los que todavía tienen de qué lamentarse todas las partes. 

Churchill y Roosevelt fueron aliados políticos y llegaron a ser amigos personales, pero ninguno de ellos se caracterizó por tratar de subordinar al otro y mucho menos tratarlo de manera irrespetuosa, como si tuviera la exclusividad de la prerrogativa de calificarlo y jugar ante el público con las palabras para sentirse superior. Quien así hubiera actuado se habría desprestigiado para siempre, y habría sentido horror de ser celebrado como “mangas” de barrio. 

Y no es que hubieran faltado desacuerdos, inclusive profundos, entre esos dos líderes de verdadera talla mundial. Como fue el caso de la presión de Roosevelt en favor del desmonte del esquema colonial del Imperio Británico como garantía del paso a una nueva era en la configuración del mundo. Propuesta que afectaba el que para Churchill era el logro más grande de la Gran Bretaña en la historia mundial. Imperio en el que había nacido y en cuya administración y sostenimiento había participado con una mezcla de política y armas en la mano. Pero jamás esa diferencia fue motivo de comportamiento desobligante o irrespetuoso, como tampoco dificultades mayores la admiración de Roosevelt por Stalin, no compartida en la misma proporción por Churchill.

Trump y Churchill difícilmente habrían podido ser amigos. Para ello habría sido necesaria la existencia de motivos de admiración mutua, sobre la base común de la integridad demostrada por cada quién. En gracia de discusión, Churchill, al haber recibido la solicitud de Trump de entrar en la guerra actual contra Irán, habría hecho valer su condición de estratega y guerrero en condición de militar o de periodista en las guerras de la independencia de Cuba, en batallas libradas para el Imperio en la India y en Sudáfrica, en la debacle de los Dardanelos y otros episodios de la Primera Guerra Mundial, así como en la invención de los tanques de Guerra, en su momento el avance más grande de la tecnología bélica.

Vale la pena imaginar cómo habría sido la expresión de Winston Churchill, consumado lector y Premio Nobel de Literatura, curtido en campos de batalla donde se distinguió por osadía y audacia, al ser invitado por un empresario de inmuebles que se precia de no leer y evadió el servicio militar pero se cree el jefe de la manada, a emprender una guerra, con los argumentos expuestos al calor de su ego superlativo, precisamente en Irán, donde los británicos tuvieron tanta influencia en la estructuración de la explotación petrolera y en la política en el Siglo XX, y cuyas complejidades geográficas y culturales son particularmente exigentes. 

Los británicos no han sido ajenos a los chistes de Trump respecto de Starmer, quien ha manejado el bullying con decoro de caballero. Entre los comentaristas de actualidad ha habido quien recuerde que la alianza con los Estados Unidos no ha sido necesariamente incondicional. El primer ministro Harold Wilson mantuvo en su momento al Reino Unido fuera de la Guerra de Vietnam, a pesar de las presiones de Dean Rusk. En la misma lógica esperan que Starmer pase a la historia como alguien que fue capaz de mantener al país al margen de “una invitación a fiesta de karaoke en un lodazal”.

En Londres entienden que si bien los gobiernos tienen la obligación de pretender que los Estados Unidos obran con responsabilidad, la gente del común se puede separar de esa pretensión. Razón por la cual desde diferentes rincones se cuestiona la seriedad de los argumentos expuestos, y cambiados a cada rato, para el desencadenamiento de esta guerra asimétrica por definición y llena de sorpresas, como la de comenzar todo con el exterminio aparentemente aséptico de los gobernantes del país atacado. 

Las alianzas se deben construir sobre valores y compromisos comunes, y las guerras emprendidas en compañía exigen propósitos previamente acordados. Nadie tiene obligación de salir corriendo a participar en un asalto que se le ocurrió a otro, que exige ayuda e insulta a quien no la preste para luego repudiarlo por innecesario, al tiempo que anuncia a su conveniencia propósitos y hechos que no siempre coinciden con la realidad. Motivos suficientes para que sea risible la referencia de este momento a la figura de Winston Churchill, como si con su bagaje de gobernante y estratega hubiese estado dispuesto a entrar bajo el mando errático de Donald Trump.

Coordinadora del Programa Alternativas al Desarrollo / Abogada colombiana especializada en derecho ambiental, justicia climática y litigio estratégico

Desde el 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Grupo BID) trabaja en la actualización de su Estrategia de Relacionamiento con la Sociedad Civil, cuya última versión fue adoptada en 2018. La revisión no es un asunto menor: ocurre en un momento en el que los desafíos del desarrollo en América Latina y el Caribe son cada vez más complejos y en el que la participación ciudadana resulta clave para que las decisiones y los proyectos que se lleven a cabo cuenten con la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil así como de las comunidades. 

Contexto de la estrategia de relacionamiento del BID con la sociedad civil:

En el año 2018 el BID adoptó su Estrategia de relacionamiento del Grupo BID- Sociedad Civil, la cual estableció como uno de sus objetivos principales la necesidad de apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional y de participación de la sociedad civil a fin de  disponer de  mejores capacidades en el diseño e implementaciones de agendas de desarrollo de los países. 

No obstante, dicha estrategia ha resultado insuficiente. A pesar de la adopción de un Plan de Acción para su implementación, persisten desafíos significativos en materia de participación de la sociedad civil, acceso a la información y efectiva incorporación de las recomendaciones y aportes realizados por las organizaciones. Estas limitaciones se reflejan en las distintas instancias de toma de decisión del Banco —ya sea en políticas, planes o proyectos—, evidenciando la falta de alineación interna necesaria para garantizar un relacionamiento efectivo, amplio y consciente con la sociedad civil.

Estas preocupaciones han sido reiteradas en múltiples ocasiones por organizaciones de la sociedad civil, en particular por aquellas que integran el Grupo de Trabajo sobre el BID, del cual Ambiente y Sociedad participa activamente.

Reuniones anuales BID- Asunción Paraguay, marzo 2026

Durante las reuniones anuales del BID realizadas entre el 11 y el 14 de marzo de 2026 en Asunción, Paraguay, más de 70 organizaciones de la sociedad civil de toda la región participamos en un taller de trabajo destinado a discutir el futuro de la relación entre el Grupo BID y la sociedad civil. El encuentro abordó temas centrales como el acceso a la información, los mecanismos de participación y las condiciones necesarias para que el diálogo entre el Banco y la sociedad civil sea realmente significativo.

Para orientar estas discusiones se presentó un diagnóstico preliminar elaborado por la Escuela de Servicio Internacional (SIS) de la American University. El diagnóstico identificó algunas de las principales dificultades, que actualmente enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en su interacción con el Banco. Entre ellas destacan el desconocimiento generalizado de la existencia de la estrategia de relacionamiento, la falta de claridad sobre los procesos de participación en la adopción de planes de acción, políticas y proyectos, así como limitaciones en el acceso a la información, tanto para los funcionarios del Banco como para las propias organizaciones. A esto se suman restricciones internas dentro de la institución, como los tiempos limitados para los procesos participativos, la escasez de personal y la existencia de prioridades institucionales contrapuestas.

Estos desafíos fueron reconocidos públicamente por el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, quien durante su discurso de apertura en el Foro de Sociedad Civil señaló que, así como la región y el Banco han cambiado desde 2018, también lo ha hecho la sociedad civil. En ese contexto, afirmó que esta ya no debe ser vista únicamente como un actor externo, sino como un aliado estratégico.

Este reconocimiento, aunque positivo y bien recibido, plantea un desafío mayor: que la relación entre el BID y la sociedad civil trascienda lo simbólico. Desde diversos espacios de la sociedad civil, Ambiente y Sociedad, junto con el Grupo de Trabajo sobre el BID hemos reiterado la importancia de garantizar participación temprana y bien informada partiendo de la base de que no son meramente procedimientos sino que se tratan de derechos de acceso reconocidos por tratados internacionales. Solo así será posible asegurar una participación efectiva y evitar que los procesos de consulta se conviertan en un mero trámite formal, sin incidencia real en las decisiones estratégicas.

¿Qué debería incluir la nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID?

En un momento en el que se presentan  acciones preocupantes de reducción del espacio cívico en diversos países de la región, resulta más necesario que nunca fortalecer un diálogo temprano, informado y constante que permita generar resultados verdaderamente transformadores. La nueva estrategia de relacionamiento del Grupo BID debe incluir mecanismos claros, inclusivos y transparentes que garanticen la participación temprana y efectiva de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de los proyectos, planes o políticas que se estén promoviendo. Esto implica no solo abrir espacios formales de consulta, sino también asegurar que las contribuciones recibidas sean debidamente consideradas e incorporadas en la toma de decisiones.

La estrategia debe reconocer que los derechos de acceso a la información y a la participación deben ser garantizados en los procesos que se desarrollen por parte del BID. Esto se traduce en  acceso oportuno a la información, participación temprana y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan evaluar de manera continua la calidad del diálogo y sus resultados. Sin esto, nunca habrá un escenario de confianza entre la sociedad civil y el Grupo BID . Además, el Banco deberá asegurarse de que esto aplique para todas las ramas de su institución tanto la pública como la privada; el estándar debe ser el mismo para todos.